«Señor Schuman, ¿acaso esto no es un salto hacia lo desconocido?». La respuesta fue digna del legendario laconismo del ministro: «Sí».

Cuando el solemne, breve y austero acto hubo finalizado (no se llamó a las cámaras, y hubo de repetirse para contar con las imágenes de las que hoy disponemos), todavía en el Salón del Reloj del Quai d’Orsay, mientras las negras nubes de mayo parecían querer evocar Raglan Road, el poema de Patrick Kavanagh, un periodista se acercó al ministro de Asuntos Exteriores, que permanecía absorto en sus pensamientos, y le formuló una pregunta directa: «Señor Schuman, ¿acaso esto no es un salto hacia lo desconocido?». La respuesta fue digna del legendario laconismo del ministro: «Sí».

La Declaración de 9 de mayo de 1950, pronunciada por Robert Schuman en nombre de los gobiernos francés y alemán presididos por antiguos resistentes llamados Georges Bidault y Konrad Adenauer, e inmediatamente adoptada por la Italia de Alcide de Gasperi, el Luxemburgo de Pierre Dupong y Joseph Bech, la Bélgica de Gastón Eyskens, todos cristiano-demócratas, y los Países Bajos del laborista Willem Drees, que gobernaba en coalición con los cristiano-demócratas de Louis Bell, representaba la conjugación de las energías de las potencias, apenas cinco años antes envueltas en una guerra terrible, a favor de la instauración de la paz, la unidad, las libertades y la justicia en toda Europa.

Apenas restan dos semanas para que las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019 sometan a un severo examen el salto de Adenauer y Schuman a, en efecto, una plenitud de los derechos y libertades, una cohesión social y una integración hasta entonces desconocidas en Europa. Pero la democracia, decía Schuman, es una creación continua, que se sabe siempre perfectible, frente a un totalitarismo que «mantiene la ilusión de poseer la verdad no solamente completa, sino inmediata y definitiva». Y el totalitarismo, en su contemporánea mutación extremista, populista, racista, xenófoba y nacionalista, ha regresado con su dogmatismo de lo inmediato frente a la humildad del humanismo de la razón práctica.

Alcide de Gasperi mantenía que «la vida es un trabajo que necesita hacerse de pie». Europa, creación continua de la historia, es decir, de los seres humanos, como la propia democracia, se hizo y se hace de pie. Y de pie deberá trabajar si quiere, una vez más, sobreponerse a la barbarie.

Contrariamente a todos los temores y a una cobertura informativa negativa, especialmente en los medios alemanes, tanto antes de las elecciones como desde que el presidente Bolsonaro asumió el cargo el 1 de enero de 2019, las instituciones de la cuarta democracia más grande del mundo están en buen estado, al menos hasta este momento.

No se ha establecido una dictadura (militar) en Brasil, ni tampoco un régimen fascista. La plena libertad de prensa y de opinión está plenamente garantizada, como lo muestra la cobertura crítica local. Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales siguen trabajando normalmente, sin restricciones por parte del gobierno.

De la campaña electoral al modo de gobierno

El 28 de octubre de 2018, el día de la segunda vuelta, todo Brasil contuvo la respiración. Bajo el lema “Brasil sobre todo y Dios sobre todos” el evangélico glorificador de la dictadura Jair Messias Bolsonaro, del pequeño Partido Social Liberal (PSL) consiguió en el primer intento llegar al palacio presidencial Planalto, sin haber ocupado nunca un cargo electoral ejecutivo en su vida. Terminaba de esta forma una época de aproximadamente 30 años, en la que el centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), hasta hoy fuertemente influenciado por Fernando Henrique Cardoso, y por otro lado el izquierdista Partido de los Trabjadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, se habían alternado en el poder.

El ascendente político de 63 años en su pasado como diputado del Congreso no había llamado la atención por sus propuestas legislativas concretas, aunque sí con sus innumerables declaraciones polémicas, insultantes y contradictorias. Había pertenecido a nueve partidos del espectro de la derecha. Sin embargo, muchos brasileños lo percibieron con gratitud como una alternativa prometedora, como un candidato más allá del establishment político, profundamente enredado en escándalos de corrupción.

Incluso antes de que el Trump tropical, como también se le llama a Bolsonaro, se mudara a Planalto el 1 de enero de 2019, muchos observadores y analistas vieron la cuarta democracia más grande del mundo ya condenada al fracaso. Incluso después de cuatro meses en el cargo, los titulares negativos siguen dominando en el país y en el extranjero. Y se acumulan posts en Facebook y tuits del presidente y de su clan familiar incompatibles con la dignidad del cargo presidencial.

Sin embargo, un examen más detenido de la acción gubernamental real o de las medidas concretas iniciales debe conducir a una evaluación más diferenciada de la situación. En primer lugar, el presidente Bolsonaro ha logrado formar un gabinete respetable e iniciar importantes proyectos de reforma. La economía también le da muy buenas notas. Por ejemplo, André Clark, CEO de Siemens en Brasil, dice: «La cooperación entre el gobierno y los empresarios es muy buena y eficiente».

Un gabinete heterogéno pero potente

El nuevo gabinete brasileño está conformado por tres alas muy diferentes. La primera son tecnócratas reformistas. Aquí el presidente consiguió aceptación sobre todo por el nombramiento de Paulo Guedes como ministro de Economía, un Chicago boy especialista en mercados financieros, y del ministro de Justicia Sergio Moro, el investigador en temas de corrupción más conocido, tanto a nivel nacional como internacional.

La segunda ala está formada por antiguos generales que, contrariamente a los temores de los medios de comunicación y a los agitados reflejos defensivos, especialmente de la izquierda, han desempeñado un papel positivo y equilibrador desde el 1 de enero de 2019. El vicepresidente Hamilton Mourao, en particular, fue capaz de detectar y corregir muchos de los fallos del presidente, en parte debidos a su mal estado de salud (Bolsonaro había sido víctima de un ataque con cuchillo en la campaña electoral y tuvo que ser operado varias veces).

Tampoco la tercera ala, llamada ideológica, puede ser definida como inaceptable o desastrosa. Las conversaciones personales en la capital Brasilia, por ejemplo, con la ministra evangélica para la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, han llevado a una impresión más diferenciada.

Con su equipo de gobierno sorprendentemente fuerte, el jefe de Estado Bolsonaro no sólo debe ahora impulsar consecuentemente las reformas que se necesitan con urgencia, sino también aplicarlas rápidamente y obtener resultados tangibles. ¡Porque Brasil se enfrenta a inmensos desafíos!

En los primeros cuatros meses el gobierno ha tenido un buen comienzo. Para frenar el terrible déficit presupuestal y la creciente deuda pública, Bolsonaro hizo una prioridad de la reforma del sistema de seguridad social, que había sido retrasada por los gobiernos anteriores,. El 20 de febrero presentó a la Cámara de Representantes la propuesta redactada por Paulo Guedes, que todos los economistas consideran como el elemento de ajuste central para la reestructuración del presupuesto estatal. El sistema de reparto, que existe desde 1990, se convertirá en un sistema financiado. Tanto la edad de jubilación como los años de cotización deberán aumentar.

La reforma, que es vital para la supervivencia del gobierno y, en general, decisiva para la viabilidad futura de Brasil, requiere de una reforma de la Constitución. A pesar de que la mayoría de los partidos de centroderecha ven la reforma con buenos ojos, el gobierno, que no tiene mayoría en ambas cámaras, deberá buscar apoyo en otros partidos para lograr la mayoría de 3/5 requerida en el Congreso. Después de ciertas dificultades iniciales, Bolsonaro parece haber reconocido esto y ahora está mostrando mayor liderazgo que en las primeras semanas de su mandato. Aquí, aunque lentamente, se está produciendo una primera transformación de provocador a político.

En la lucha contra la corrupción sistémica y el crimen organizado, así como para fortalecer el estado de Derecho, el gobierno ya había enviado al Congreso el día anterior un paquete de 14 leyes elaborado por el ministro Sergio Moro, el llamado Pacote anticrimen. Entre otras cosas, prevé la penalización de los fondos negros, la llamada caixa 2. Del mismo modo, los condenados en segunda instancia deberán cumplir la pena de prisión, aunque sin sentencia firme, una novedad no solo en el sistema judicial brasileño.

Al mismo tiempo, Moro está trabajando en una estrategia para restaurar la seguridad pública en el país, que cuenta con más de 60.000 (!) muertes violentas por año. Sin embargo, a este objetivo se opone diametralmente la liberalización de la posesión de armas decretada por el presidente en enero. El Instituto de Economía Aplicada (IPEA), que depende del Ministerio de Economía, muestra en varios estudios que el aumento de la tasa de asesinatos está relacionado con el número de armas en circulación.

Política exterior todavía sin brújula

Las idas y venidas del canciller Ernesto Araújo, principal exponente del ala ideológica del gabinete, causaron confusión y titulares negativos durante los primeros cuatros meses. Muchas de sus opiniones y anuncios se oponen fuertemente al tradicional enfoque multilateral y moderador de Brasil. Al igual que el presidente, Araújo también apuesta a un rumbo fuertemente nacional.

En enero Brasil se retiró del Pacto Mundial sobre la Migración, de la ONU. Sin embargo, el retiro del Acuerdo sobre Cambio Climático de París, anunciado durante la campaña electoral, todavía no se ha producido y actualmente no está claro qué será de él. En la discusión sobre el cambio climático el canciller ve una teoría de conspirativa de la izquierda y habla del marxismo cultural cuyo objetivo es aumentar la regulación estatal. Las instituciones internacionales también utilizarían el cambio climático como pretexto para regular Estados soberanos como Brasil e interferir en sus asuntos internos. El objetivo inicial de trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén fue dejado sin efecto por el gobierno después del viaje de tres días de Bolsonaro a Israel. Sin embargo, tras la visita gubernamental del presidente a Washington a mediados de marzo, es probable que las relaciones de Brasil con los Estados Unidos se estrechen en el futuro.

Incluso después de cuatro meses en el cargo, el presidente y su entorno inmediato, especialmente el ministro de Asuntos Exteriores, todavía tienden a estar en modo de campaña electoral, a pesar de que algunas mejoras se están haciendo evidentes lentamente. Lo mismo, sin embargo, se aplica a la oposición, que se vio sacudida por la derrota electoral y que hasta ahora se ha concentrado principalmente en polarizar a la sociedad y despertar temores. Esto vale sobre todo para el Partido de los Trabajadores (PT) que, aun después de las elecciones de octubre de 2018 está ocupado celebrando como héroe a su antiguo ícono, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a más de 12 años de prisión por delitos de corrupción y encarcelado, y tratando de asegurar su pronta liberación. El trabajo de oposición constructivo y orientado a temas parece diferente.

Resumen: La democracia brasileña parece consolidada

En contra de todos los temores y de una cobertura informativa negativa, sobre todo en los medios alemanes, tanto antes de las elecciones como desde que asumió el presidente Bolsonaro el 1 de enero de 2019, las instituciones de la cuarta democracia más grande del mundo están en buen estado. No se ha establecido una dictadura (militar) en Brasil, ni tampoco un régimen fascista. Brasil sigue disfrutando de plena libertad de prensa y de opinión, como lo muestra la cobertura crítica local. Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales siguen trabajando normalmente, sin restricciones del gobierno.

Una «medida provisoria» del presidente, anunciada el 2 de enero de 2019 al inicio llamó la atención, pero desde este día pasó poco. Esta medida define la estructura y las responsabilidades del nuevo gabinete y asigna a la Secretaría de Gobierno de la Presidencia, encabezada por el general Carlos Alberto dos Santos Cruz, la autoridad para supervisar, coordinar, evaluar y acompañar las actividades de las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales en el Brasil. Se han recortado los recursos estatales a algunas organizaciones, pero este es un derecho de todos los gobiernos.

Las dos reformas presentadas ya a pocas semanas de la asunción del mando son muy prometedoras para la viabilidad de Brasil y el fortalecimiento del Estado de derecho. Sobre todo, tienen el potencial de poner fin a años de estancamiento político y finalmente abrir nuevas posibilidades de acción.

La legitimidad del gobierno en el tiempo dependerá tanto de la aplicación de las reformas y la solución de los problemas estructurales como de la permanencia de los dos superministros Guedes y Moro. Mientras que el ala reformista trabaja activamente para implementar las reformas de política economía e interior, la política exterior sigue buscando una brújula clara. Queda por ver cuál de las tres alas del gabinete prevalecerá a largo plazo. En vez de prejuzgarlo o incluso insultarlo, habría que evaluar al nuevo gobierno de Brasil por sus acciones.

Lo que es seguro es que Brasil, como la cuarta democracia más grande, la novena economía más grande y el quinto país más grande del mundo en términos de población y superficie, además de contar con gran parte de la selva amazónica, la mayor selva tropical del mundo, y también como miembro del G-20, es un socio extraordinariamente importante para Alemania. Solo por esta razón, se recomienda un trato justo y constructivo para con la administración de Bolsonaro.

Traducción: Manfred Steffen y Julia Beneke, de la oficina Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer

Las situaciones de Nicaragua y Venezuela requieren el replanteamiento de cuál ha sido la dimensión internacional de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en el derecho interno de cada Estado.

El debate iniciado en la OEA, a propósito de Nicaragua, es aplicable a la dictadura venezolana y, muy importante, al futuro de las democracias latinoamericanas.

Las dictaduras de Nicaragua y Venezuela han generado un hecho positivo: obligar a repensar los derechos humanos para una época globalizada. Y hacerlo en el sentido que reclamaba Norberto Bobbio: derechos que tengan un reconocimiento positivo —y no meramente declarativo— en los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, ámbitos en los que habrán de protegerse y garantizarse para su realización efectiva.

El pasado viernes 24 de abril, el Consejo Permanente de la OEA inició la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra de la dictadura de Daniel Ortega, proceso que se interrumpiría solamente si el régimen y la Alianza Cívica opositora llegan a un acuerdo político que comprenda liberación de presos políticos y la celebración de elecciones anticipadas. La fecha clave para dilucidarlo es el 26 de junio cuando se reúna la Asamblea General de Cancilleres latinoamericanos en Medellín, Colombia.

Días después, desde el jueves 2 de mayo, varios países de la OEA están preparando una resolución para condenar la «injerencia» en Venezuela de los gobiernos de Cuba, China y Rusia que respaldan al régimen de Nicolás Maduro. A nadie escapa que la intervención con diversos grados de injerencia de las superpotencias —incluido Estados Unidos—, más el régimen parásito cubano, agregan complejidad al análisis de la responsabilidad de Maduro y Ortega por su violación al derecho internacional humanitario (DIH).

Distintas estimaciones sitúan en más de 20.000 los cubanos diseminados en diferentes estructuras venezolanas. Específicamente, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió el 1.º de mayo a la existencia de unos 2500 en tareas de inteligencia y contrainteligencia militar. Otras fuentes ubican en 100 el número de asesores rusos que apoyan al régimen. El apoyo chino se visualiza, dentro de la opacidad generada por la ausencia de controles democráticos en esos vínculos, en función de intereses económicos.

Las situaciones de Nicaragua y Venezuela requieren el replanteamiento de cuál ha sido la dimensión internacional de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en el derecho interno de cada Estado.

No se puede seguir exclusivamente a la expectativa de los cambiantes discursos de los cancilleres americanos y sus chicanas argumentales, como recientemente se pudo constatar en la representación mexicana tras la asunción de un nuevo presidente en ese país.

Tabaré Vázquez llamó a los marines. A Uruguay le cabe también su cuota parte en esa pantomima. El gobierno de Tabaré Vázquez en 2006 no dudó en solicitar ayuda al Pentágono en caso de que la administración Kirchner incrementara sus hostilidades contra Uruguay además de bloquear durante años los puentes que unen ambos países. Vázquez lo confesó cinco años después, cuando reconoció haber pedido apoyo diplomático al gobierno estadounidense presidido por George W. Bush para neutralizar la amenaza argentina.

Pero en esta segunda administración Vázquez enarbola equivocadamente el principio de la no intervención para el caso venezolano.

Tampoco es saludable para la democracia latinoamericana seguir cediendo la derecha a la administración Trump que —debe admitirse— ha hecho punta en la exigencia del retorno a la democracia en los casos de Venezuela y Nicaragua, por más que la impulsen intereses diferentes y hasta opuestos al conjunto de Estados representados en la OEA.

Se impone atender a los expertos que han dedicado años al estudio de los derechos humanos.

No es intervención. Jaime Aparicio Otero, exjefe de la misión del Centro Carter para las elecciones en Nicaragua, afirmó el pasado 24 de abril ante los miembros del Consejo Permanente de la OEA, que «defender la democracia no constituye una intervención en los asuntos internos de América Latina, sino que es un compromiso de defender los derechos humanos».

«Cuando un Estado como el de Nicaragua se convierte en Estado delincuencial es necesario intervenir; la ruptura democrática es incompatible con la convivencia democrática», agregó Otero.

En la misma sesión Harold Rocha, presidente del Centro Nicaragüense-Americano por la Democracia, demostró que «ningún Estado democrático reprime a sus ciudadanos cuando ejercen sus derechos humanos», luego de reseñar las numerosas violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en el país centroamericano. Lo hizo a partir de dos informes de la CIDH, otro de Amnistía Internacional, así como uno más de Human Rights Watch (HRW). «Para superar esta difícil situación los instrumentos del Sistema Interamericano de Derecho (SID), cobran especial importancia», afirmó.

«No existe soberanía ni autodeterminación sin democracia. No existe impedimento para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua cuando hay una ilegitimidad de origen, imposición del estado de terror, ruptura de los compromisos democráticos», subrayó otra de las expositoras en esa instancia, Haydée Castillo Flores, ex presa política y defensora de los derechos humanos. La experta nicaragüense también reclamó el cese de préstamos desde el FMI, BID y BM «a un régimen que está reprimiendo a su ciudadanía».

No son Estados de derecho. «Es bien conocido que en Nicaragua no existe el Estado de derecho, no hay independencia de poderes. El poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral están todos controlados y manipulados por el dúo Ortega-Murillo», dijo en la sesión otro de los académicos invitados a exponer, el profesor adjunto de la Universidad George Washington, Rubén Perina.

El experto agregó que varios medios de comunicación «están bajo su control, y los que no, son acosados y perseguidos», lo que «le ha permitido a Ortega aumentar su poder personal de caudillo y así modificar la Constitución».

Desde abril de 2018 la dictadura de Ortega deja más de 320 muertos y casi 600 presos políticos.

Venezuela es un calco de lo que se verifica en Nicaragua. El pasado 30 de abril se inició una nueva fase de la oposición, empeñada en el cese de la usurpación de Maduro que dé paso a lecciones libres, sin candidatos proscriptos, con supervisión internacional.

Nuevos derechos. Por eso el debate iniciado en la OEA a propósito de Nicaragua aplica para la dictadura venezolana y, muy importante, aplica para el futuro de las democracias latinoamericanas. Democracias, como es proverbial, ya de por sí sacudidas por fuertes inequidades, a lo que se suma una migración venezolana que supera los tres millones de desplazados hacia países limítrofes; la migración centroamericana hacia Estados Unidos, con visos de africanizar esa región; y la corrupción escandalosa que, si bien ha derrumbado gobiernos de todo signo, no cede.

Así como los fenómenos de integración regional modifican instituciones de derecho existentes y crea otras nuevas que responden a las necesidades que van más allá de las fronteras nacionales, también en el plano del derecho internacional humanitario se hace necesario avanzar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tribunales penales internacionales consideran que la aplicación del DIH dependerá del análisis de hechos específicos y no de invocaciones abstractas.

Hay que repasar la evolución del concepto derechos humanos para asumir que se trata de un proceso en curso.

La primera etapa de protección de los derechos humanos fue la consagración de los derechos y libertades en normas legales contra la arbitrariedad del monarca, como bien señala el especialista colombiano Tomás F. Serrano. Una segunda etapa sería la incorporación de los derechos y libertades individuales a las constituciones nacionales superando la voluntad de los poderes ejecutivo y legislativo. Y una tercera etapa la constituye esta internacionalización de los derechos humanos mediante tratados y convenios internacionales protegidos por organismos supranacionales que ponen a salvo esos derechos cuando las dictaduras avasallan las constituciones y a sus conciudadanos.

Publicado en el portal Análisis Político, de CADAL, el 4 de mayo de 2019

El conflicto por el futuro democrático de Venezuela ha avanzado en la lógica planteada por la estrategia del liderazgo emergente de Juan Guaidó y la unidad parlamentaria: una acción militar en apoyo al cambio y a la Constitución. La resistencia del régimen pareciera indicar que esta puerta se cierra, pero la realidad tiene complejos matices.

«Si atacas al rey, debes acabarlo», recordaba en la carta a un joven pupilo el poeta Ralph Waldo Emerson. Al ver a Nicolás Maduro sobrevivir otro día, flanqueado del liderazgo militar, este consejo podía haber retumbado en la mente del líder del movimiento democrático Juan Guaidó. Tras horas de rumores y tensión, agravadas por la autocensura en medios masivos, muchos venezolanos pasaron de un amanecer esperanzado a una nueva frustración.

Los detalles de la acción liderada por Guaidó junto con oficiales medios de la Guardia Nacional han recibido fragmentaria especulación periodística: no sabemos si el intento falló porque tuvo que ser adelantado preventivamente, por exceso de audacia por errores de planificación, por falta de apoyos esperados o delaciones inoportunas. Tampoco conocemos aún los detalles de los entretelones de cálculo, presiones e intereses inmediatos que animaron a los actores en contienda, y es inevitable que estos sean revisados de distinto modo en una óptica crecientemente polarizada, propaganda y contrapropaganda. Lo cierto es que el movimiento no había logrado el resultado esperado, dando evidencias de las limitaciones y contradicciones operativas en su centro.

Las posiciones políticas de los dos principales líderes nacionales aparecen atrincheradas en torno a un equilibrio catastrófico, en la cual solo una acción extraordinaria pareciera poder romper el ciclo dramático de audaces manifestaciones, cruel represión y muerte sin un resultado político distinto a la resistencia y la entropía. Tanto Juan Guaidó, quien ha hecho continuos llamados a la fuerza armada, como Nicolás Maduro, quien se arropa en el apoyo del alto mando, han mostrado que dependen de la decisión armada (activa o inactiva) para poder definir el destino de las aspiraciones que encarnan. Esto aún sin referirnos a los dilemas estratégicos y las disputas crecientes en sus respectivos entornos.

Así, el factor de la decisión militar venezolana cobra una saliencia inocultable. De ser simplemente socios del Estado-PSUV, se refuerza su rol político en los meses o años por venir, y pareciera que emerge una conciencia autónoma de ese papel, con todas las dramáticas implicaciones que ello tiene en la tradición latinoamericana, y con las presiones internas que a lo largo de la estructura militar venezolana tendría la continuación inalterada del statu quo. No sabemos aún si este será un mal necesario para la restauración democrática, o un mal absoluto con la imposición de un tutelaje permanente, o la apertura de un conflicto interno en el cual las viejas posiciones políticas sean avasalladas por la violencia.

Dos factores complican el juicio coyuntural. Por una parte, aunque la manifestación política del conflicto —la disputa por los ilegítimos comicios de 2018— es su aspecto más saliente, lo cierto es que el problema venezolano tiene como origen el agotamiento dramático del rentismo petrolero y sus consecuencias económicas y sociales. La devastación nacional apenas se ve mitigada por los efectos residuales del desarrollo alcanzado el siglo pasado pero que ya dan muestras de un profundo e irreversible deterioro humano, social y civilizatorio. Ante esto, la situación de poder presente es incapaz de dar respuestas satisfactorias.

Por otro lado, en torno al conflicto venezolano se teje una madeja de preocupación de alcance global donde las aspiraciones estadounidenses, los intereses chinos y las acciones rusas y cubanas empujan hacia una resolución no local agotada la presión diplomática, y posiblemente fuera de la ruta electoral y de esfuerzos multilaterales esbozados por las alertas democráticas de la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto sobre Venezuela.

Este panorama es desalentador, por cuanto el justo y urgente reclamo de más democracia y mejor calidad de vida de millones de venezolanos no logra tener el cauce institucional que debe tener, y porque esta política de borde asoma terribles posibilidades. La dictadura venezolana se encuentra más débil de lo que parece, pero la tenaz alternativa democrática se halla también elusiva. Quizás sea esta la oportunidad de que los líderes políticos, incluyendo al sector militar, superen sus aspiraciones máximas hacia una salida acordada que cumpla la aspiración de todo el país.

La sociedad de la información y los símbolos icónicos de la cultura pop pueden ser grandes aliados para transportar conceptos fundamentales para forjar ciudadanía en los niños y adolescentes de hoy y a partir de sus amadas e inseparables pantallas.

Polémicos resultados electorales recientes en el mundo, hacen cuestionar el pensamiento ciudadano actual, la valoración de la democracia y la comprensión de esta para el colectivo. Entender hoy por hoy que los derechos fundamentales son el corazón de la democracia y que estos, a su vez, no pertenecen a ningún partido o ideología, no es algo tan sencillo. La gran pregunta es cómo hacer que los valores democráticos sean internalizados por el cuerpo electoral, antes de que sea tarde.

La educación cívica aparece directa o indirectamente en la vida escolar. En muchos casos, la trascendencia de esos contenidos no es comprendida por los estudiantes. Trabajo importante hacen diversos think tanks captando público joven, nuevos integrantes del cuerpo electoral que en ocasiones se acercan a la comprensión de los fenómenos políticos cuando ya se encuentran coqueteando con alguna filiación partidaria.

El mejor momento para forjar cultura democrática es la infancia. La pregunta es cómo lograr que los chicos se interesen genuinamente por temas como los sistemas de gobierno, los derechos humanos, el funcionamiento de la democracia, entiendan esos conceptos y así desarrollen su pensamiento crítico. ¿Es realmente una quimera?

Hoy tenemos una sociedad con reglas distintas. La información disponible en internet, las redes sociales y las plataformas de streaming permiten el acceso y consumo de contenido diverso por múltiples vías. Nuestros hijos, desde edad temprana, están inmersos en la red, bombardeados digitalmente. Vivimos desconcertados por la capacidad de los chicos de mimetizarse con los dispositivos digitales, alejándose del esplendor de un día lindo o de la dinámica de las comunicaciones interpersonales. Pero ¿acaso esto es tan malo?

La rapidez en el consumo de contenidos y el acceso a estos por libre demanda es cuando menos un medio diferente y llamativo para presentar, a través de distintos insumos, situaciones que reflejan temas absolutamente vinculados con los valores democráticos, con el funcionamiento de las sociedades libres y con los derechos humanos. El reto es encontrar esa identidad en el contenido que interesa a nuestros pequeños, compartir ese espacio de entretenimiento con ellos y generar intercambios de ideas a partir de ahí, transportando conceptos complejos a su nivel de comprensión y usando las metáforas que se nos presentan.

Estrategias de cineforo, charlas TED, debates sobre contenidos colgados por youtubers o alguna publicación viral pueden ser vehículos idóneos para llevar a los votantes de mañana el conocimiento necesario para forjar pensamiento crítico desde hoy. Son perfectos puertos de entrada para instalar las ideas básicas y sembrar la maravillosa curiosidad por las ideas detrás del entretenimiento que consumen.

Los personajes creados por Stan Lee son perfectos para esto. Hablar de diversidad a partir de los X-men, o de totalitarismo desde la saga Star Wars, incluso de democracia representativa y parlamentarismo (con los episodios I, II y III). La reciente segunda parte de Animales fantásticos, basada en la obra de J.K. Rowling, ofrece un insumo ideal para hablar de populismo a partir del discurso de Grindelwald con el que suma un buen número de magos a su supuesta causa, diciendo lo que muchos quieren oír, generando empatía mientras busca culpables ajenos, omitiendo explicar con claridad cómo él va a lograr materializar esa realidad soñada.

¿No son acaso un tuit o un post de Instagram los medios ideales para hablar de libertad de expresión, derecho a la información, tolerancia y fake news? ¿O los juegos en red el contexto perfecto para enseñar la importancia de la protección de datos personales? ¿Un meme ofensivo no sirve para hablar de dignidad y derecho al honor?

Hacer siempre lo mismo para esperar resultados distintos es cosa de tontos. Quizá sea tiempo de empezar a hacerlo distinto, para intentar obtener a mediano plazo una cultura democrática más sólida, desde mucho antes de estar llamados a votar. Ejercer ciudadanía es un enorme poder y, como bien dijo Stan Lee, «un gran poder conlleva una gran responsabilidad».

El 19 de abril de 2018 estudiantes nicaragüenses se lanzaron a las calles para protestar contra el régimen de Daniel Ortega por temas sociales y medioambientales. Los campesinos protestaban por la construcción de un canal interoceánico.

El pueblo en general despertó en apoyo a esta rebelión cívica de los estudiantes. Como reacción inmediata el gobierno desató, como nunca antes, una represión sangrienta haciendo uso de la policía, fuerzas de choque, paramilitares, francotiradores y mercenarios cubanos contra los jóvenes.

Esos ataques causaron 580 muertos, 4000 heridos y 800 detenidos, así como muchos desaparecidos y 50.000 exiliados. El país se viene paralizando, afectando la economía y la gobernabilidad. Esto generó una reacción de denuncia tanto al interior del país como en el exterior, que ha catalogado al régimen de Ortega como violador masivo de los derechos humanos, y autor de crímenes de lesa humanidad.

A un año de estos hechos es importante analizar la situación y plantearse los logros, fallas y perspectivas de esta lucha.

Logros

Se ha mostrado al mundo la naturaleza del régimen Ortega-Murillo, pasando de «socialista, solidario y cristiano», a represivo, sangriento y violador masivo de los derechos humanos.

Se ha llevado al gobierno a un profundo nivel de ingobernabilidad al generarse un amplio rechazo nacional e internacional.

Se ha conformado un amplio movimiento cívico que puede derrocar a una dictadura con medios pacíficos. Son logros concretos:

a) La formación y funcionamiento de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que obligó al gobierno a sentarse a la mesa del diálogo.

b) La formación de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, que trata de funcionar como núcleo de organización y orientación de la lucha cívica.

c) La aparición y desarrollo del movimiento autoconvocado que ha alcanzado algunos niveles de coordinación.

d) El papel activo de los organismos nacionales de defensa de los derechos humanos, que ha provocado las represalias del régimen obligando a varios de sus dirigentes a salir al exilio.

e) Las dimensiones alcanzadas por el movimiento del exilio, fuerza viva en esta lucha por la democracia.

f) El papel de la empresa privada, y su organismo principal el COSEP, que se ha retirado de su pacto con el régimen.

g) El papel de denuncia de los organismos internacionales de derechos humanos: CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el organismo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, etc.

h) El papel de la Organización de Estados Americanos (OEA), en posición clara de lucha por la democracia.

i) El papel de los organismos del continente europeo: La Unión Europea (UE), y el Parlamento Europeo.

j) El papel de los países como el Grupo de Lima, Centroamérica, los Estados Unidos, el Canadá y las democracias sudamericanas.

k) El formidable apoyo de la diáspora histórica nicaragüense, a partir de abril del 2018, a la lucha por la democracia.

Fallas

1. También es importante mencionar fallas, como:

2. Excesiva espontaneidad en momentos dados del movimiento cívico de protesta.

3. Ciertas equivocaciones en la estrategia y tácticas de las protestas.

4. Fallas para el funcionamiento óptimo de la Alianza Cívica, y también de la UNAB.

5. Lentitud en la actuación de la OEA, la UE y otros organismos internacionales.

6. Lentitud en la actuación de los países estratégicos como Estados Unidos.

7. Fallas que inciden en la insuficiencia de la lucha cívica, especialmente por falta de una mejor planificación y organización.

Perspectivas

Las perspectivas de la lucha están entrelazadas con:

a) la problemática venezolana y su solución. Ortega se inspira en Maduro para aferrarse al poder;

b) el perfil del régimen orteguista continúa siendo de sangriento represor, que lo descalifica en su legitimidad como gobierno;

c) el aumento de la presión internacional y sus sanciones, lo que es necesario para obligar a Ortega a buscar una solución pacífica;

d) los resultados del diálogo nacional, cuyo punto clave deberá ser el anuncio de elecciones adelantadas, y no esperar hasta 2021.

e) una planificación de la lucha que tome en cuenta todas las fuerzas y factores señalados anteriormente.

Los socialcristianos continuamos luchando cívicamente al lado del pueblo y de sus aspiraciones de libertad, justicia y democracia.

Este artículo es una síntesis del documento de igual nombre que emitió la organización Voluntad Humanista Social Cristiana en Managua, Nicaragua, el 23 de abril de 2019.

Frente una gran frustración ciudadana, nuestro continente muestra ejemplos tanto positivos como negativos en la lucha contra la corrupción. El desafío: revalorizar la política.

Es fácil entender la cólera ciudadana al movilizarse bajo los gritos de «Son todos ladrones» cuando reconocemos que nuestro continente no logra avanzar en la lucha contra la corrupción. Lo que se palpa en ánimo social se refleja en el último informe de Transparency International, que señala cómo América, manteniendo en el 2018 por tercer año consecutivo un puntaje promedio de 44 puntos (siendo 0 y 100 lo peor y mejor, respectivamente), se encuentra estancada en materia anticorrupción. Los países mejor ubicados no son una sorpresa, con Canadá (81), Estados Unidos (71) y Uruguay (70) en el podio. Al igual que tampoco lo son los que ostentan los peores lugares: Venezuela (18), Haití (20) y Nicaragua (25).

Es tremendamente valiosa la relación que Transparency International marca entre el aumento de la corrupción y el debilitamiento de la calidad democrática. Entre ambas se genera un círculo vicioso en el que la corrupción debilita a las instituciones democráticas dando más oportunidades a la corrupción para florecer y quedar impune.

Con esto en mente, no son de extrañar los pobres resultados de muchos países americanos, teniendo en cuenta el retroceso que estos tuvieron en sus sistemas democráticos a manos de lo que Transparency International considera «liderazgos populistas y autoritarios». Metiendo en la misma categoría a personajes como Jair Bolsonaro, Donald Trump y Nicolás Maduro, se los considera como artífices de una nueva manera de hacer política que se extiende a lo largo de la región.

Esta nueva ola de gobernantes tienden a toda una gama de actitudes entre las que se encuentran las dirigidas a socavar cualquier control que se les pueda imponer, desde los medios de comunicación hasta las organizaciones de la sociedad civil, y proponer soluciones simplistas de mano dura a problemas tremendamente complejos como lo es la corrupción.

Estamos mal, pero tampoco todo es oscuro. Transparency International señala tres países que con sus mejoras anuales dan esperanzas de un futuro regional con menor corrupción. Este grupo está integrado por Ecuador, El Salvador y Argentina. Los dos primeros casos mejoraron durante el año pasado dos puntos, llegando a 34 y 35 respectivamente (aunque siguen siendo puntajes demasiado bajos). En relación con Argentina, ahora tiene una puntuación de 40, mejorando un punto desde el año pasado y ocho si contamos desde el cambio de gobierno desde 2015. Lo que tienen en común estos tres países son a su poder judicial emprendiendo investigaciones de alto calibre contra figuras muy importantes, pero habrá que ver si con el correr del tiempo se puede garantizar la independencia de los jueces (tal vez algo demasiado optimista para la Argentina) y el acceso a la información por parte de los medios de comunicación y la sociedad civil.

Para cerrar, retomemos las palabras de inicio: «Son todos ladrones». No todos lo son, ni siquiera la mayoría lo es. Es más, muchos se arriesgan todos los días para luchar contra la parasitaria corrupción que condena a sus países a un constante subdesarrollo. La solución al problema de la corrupción, ya sea aprobando legislación anticorrupción, fortaleciendo el poder judicial, o votando por determinado candidato, solo puede ser una solución que venga de la política. La política puede estar plagada de corrupción, pero es la misma política la única que puede erradicarla para siempre.

El 11 de marzo visitó las oficinas de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo Stefan Reith, director de la KAS para América Latina. Se refirió a la importancia del multilateralismo y la cooperación entre Europa y América Latina, qué papel busca desempeñar la KAS en el contexto actual, y comentó sobre el rol que cumplen los nuevos líderes políticos en la promoción de la democracia en la región.

¿En qué temáticas es prioritario que Europa y América Latina cooperen en los próximos años?

Hay una buena gama de temas en los que se puede cooperar. Lo que estamos haciendo en la KAS en Berlín es tratar de sensibilizar a los políticos que llevan la política exterior en Alemania y en la Unión Europea para centrarse más en América Latina. Esto es porque vemos en el contexto internacional distintas tendencias; hay una nueva competencia de sistemas: democracias contra sistemas autoritarios, libre comercio contra proteccionismo y unilateralismo contra multilateralismo. En este contexto vemos cómo América Latina con sus democracias —una región con bastante democracia—, más allá de todos los desafíos que todavía puede tener, es un socio natural de Europa, y desde ahí se puede trabajar conjuntamente. Se refleja ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Venezuela; donde se ve exactamente que sistemas autoritarios están apoyando al régimen de Maduro y las democracias están apoyando al presidente interino, y a partir de ahí se puede sumar un montón de temas. Pueden ser temas de economía, libre comercio sostenible —una cosa es el comercio internacional y otra cosa es el comercio internacional sostenible—, que tenga en cuenta cuestiones sociales, derechos laborales, medioambiente, cambio climático y un sinfín de otras temáticas.

¿Qué puede aportar la KAS para fortalecer el vínculo entre ambas regiones y la democracia?

Tenemos once oficinas en América Latina y cuatro programas tradicionales que trabajan en toda la región. Llevamos delegaciones de América Latina a Alemania para fortalecer el intercambio, y también delegaciones de Alemania a América Latina. La idea es que haya un intercambio de experiencias, discusiones y debates públicos sobre temas que se mueven aquí y sobre los que hay intereses comunes. En política, por ejemplo, si nos enfocamos en un tema como medioambiente, entonces que haya políticos que llevan el tema en Alemania y también en países de América Latina que puedan juntarse y buscar la mejor solución; que puedan tener un intercambio sobre mejores prácticas.

¿Cuáles son las prioridades de la KAS en América Latina?

Las prioridades de la Fundación Konrad Adenauer para América Latina se reflejan en los programas regionales que tenemos. El tema de la democracia es clave. En la KAS pensamos que no hay desarrollo sostenible sin democracia, y no hay democracia sin un sistema de partidos pluralistas, un sistema de partidos políticos que apoye la democracia. Trabajamos con partidos políticos aliados, de la familia de los partidos de tradición demócrata cristiana para hacer capacitación con políticos. Trabajamos con las nuevas generaciones de políticos para que sean responsables, que escuchen y busquen soluciones para los ciudadanos. Para que no sean políticos elitistas.

Luego hay otros ejes temáticos, como la economía y políticas públicas de todo tipo: salud, educación. Depende de cada país y dónde estén sus intereses, dónde los políticos quieran tener un intercambio de experiencias. Un tema central en América Latina es la cuestión del Estado de derecho, transparencia y anticorrupción. Hay un programa regional de la KAS en Colombia que se dedica a eso y que trabaja en toda la región. Otro tema peculiar es la participación de la población indígena en América Latina, para que también tenga un papel en la vida pública, en la vida económica y en la vida política.

¿Qué papel cumplirán los líderes jóvenes en los procesos de cooperación entre ambas regiones? ¿Cómo se puede contribuir a su formación?

Trabajamos mucho con los jóvenes políticos, que tienen muchísima energía, nuevas ideas y trabajan con nuevas tecnologías. En muchos países hoy vemos que la gente se cansa de la vieja política elitista, que descuida a la sociedad, que tiene sus viejas reglas, que no escucha a la población y no trabaja para cumplir sus demandas. Vale la pena trabajar con las nuevas generaciones, con los futuros líderes políticos tomadores de decisiones. Ese es el foco que tenemos en la fundación.

Hace cien semanas iniciábamos nuestro boletín con la ilusión de enriquecer el debate democrático, fortalecer la política y, ante todo, construir puentes. Saludamos a nuestros lectores y amigos, a las publicaciones colegas y recordamos con emoción y agradecimiento a Claudio Agurto, del Centro Democracia y Comunidad de Chile.

Propuestas populistas o antisistema inquietan el escenario político en Europa y en Latinoamérica. Las empresas encuestadoras erran en sus pronósticos y los comentaristas no encuentran explicación para estos fenómenos sorprendentes.

¿Por qué tantos ciudadanos optan por los extremos políticos? ¿Se están muriendo las democracias? ¿Se extinguen los partidos políticos en los que se apoyaban? ¿Se termina la confianza en el progreso basado en el desarrollo? ¿Será verdad que el orden mundial liberal es frágil y que está retornando la ley de la selva? [1]

La modernidad prometió certezas fundadas en la confianza en una combinación virtuosa de progreso económico y tecnológico, y de gobernantes emanados de actos electorales libres. Algún día habría una solución para cada problema y un gobernante capaz de administrar las crisis y ofrecer un futuro venturoso.

Sin embargo, las nuevas complejidades desafían al andamiaje institucional y ponen en jaque la sensación de protección, de confianza en el futuro. El irrefrenable avance de la ciencia y la constante innovación tecnológica no trasmiten seguridad sino más bien desconcierto. El comienzo del siglo XXI está signado por la incertidumbre. Las causas son fenómenos emergentes y relativamente imprevistos como el cambio climático, las tecnologías disruptivas y su correlato de pérdida de puestos de trabajo, las migraciones masivas, la nueva inseguridad. Da la impresión de que las instituciones estatales, las de la democracia, llegan tarde y corren tras las crisis. Por un lado, el avance tecnológico, que indudablemente permitió mejorar la vida en muchos aspectos, tiene un correlato de crisis ambientales y emergencia de nuevos problemas. Por otro lado, los partidos políticos son desafiados por movimientos surgidos a partir de ciudadanos disconformes y seguidores de líderes carismáticos. La promesa de soluciones radicales y definitivas y la comunicación directa entre el líder y cada ciudadano proponen sustituir las organizaciones que hasta ahora eran el fundamento de la democracia.

En este contexto incierto, se constata una merma en la participación en elecciones y la consecuente pérdida de legitimidad de los gobiernos que provienen de estas. Los numerosos escándalos de corrupción aumentan la desazón de los electores y los hacen más sensibles a ofertas populistas. En los últimos años se produjeron resultados preocupantes en elecciones nacionales y consultas populares. Muchas veces los comentaristas políticos y las encuestas erraron en sus pronósticos. En vez del resultado aparentemente razonable y responsable, surgen resultados que no auguran políticas responsables.

La democracia muere cuando se destruyen sus fundamentos formales, sus reglas de juego. Pero también desaparece cuando se convierte al otro en un enemigo a ser destruido, cuando se limita su libertad de expresión, cuando no se tienen en cuenta infinidad de reglas de convivencia basadas en la experiencia, en la cultura democrática. No alcanza con votar, pero este acto es indispensable para dar legitimidad a los administradores de la cosa pública. Los nuevos desafíos requieren de una nueva ciudadanía, informada y comprometida con lo público y con el futuro.

La historia nos puede dar pista: hace cuatro siglos se iniciaba la guerra de los Treinta Años. En ella las fidelidades religiosas, nacionales y los meros intereses geopolíticos trazaron líneas de conflicto, confusas y cambiantes que sometieron a los habitantes de aquella Europa central a una vida llena de penurias. A partir de la Paz de Westfalia se fundó una forma de convivencia basada en el concepto de soberanía. Pero dicho acuerdo parece no alcanzar, en un mundo interconectado y complejo sometido a tantas emergencias.

Tal vez la incertidumbre sobre el presente haga al ciudadano del mundo actual más sensible a la oferta populista. Tal vez el temor frente a un futuro imprevisible nos dé claves sobre los comportamientos también imprevisibles de tantos electores.

Desde la plataforma Diálogo Político queremos despertar el interés por la política, identificar transformaciones y contribuir a colocar en la agenda temas relevantes. Pero probablemente lo más importante sea el intento renovado de construir puentes, tanto entre Europa y Latinoamérica como entre disciplinas y saberes, tanto entre lo público y lo privado como entre los ciudadanos.

Hace cien semanas nos propusimos un boletín semanal con una selección de notas, reportajes y noticias. Hoy renovamos la invitación a la reflexión y el debate, y, ojalá, al fortalecimiento de la democracia.

Nota

[1] The liberal world order is fragile and impermanent. Like a garden, it is ever under siege from the natural forces of history, the jungle whose vines and weeds constantly threaten to overwhelm it. (Kagan, Robert. 2018. The Jungle Grows Back. Knopf Doubleday Publishing Group, edición de Kindle.)

El reciente índice de The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index para 2018 confirmó al Uruguay como la democracia plena con mayor desarrollo en América Latina. Este ranking basado en indicadores relacionados a la participación política, libertades civiles, cultura democrática, funcionamiento del gobierno y procesos electorales, que establecen una valoración del cero al diez, ubicó al pequeño del Sur con 8,38 puntos, en el puesto 15 de las 20 democracias plenas del mundo.

Este anuncio, que fue recibido con beneplácito por la clase política uruguaya, sirve de espaldarazo para que el país se plantee metas a largo plazo acompañado de su arquitectura institucional fuertemente afianzada en valores republicanos tradicionales y en un sólido sistema de partidos que destaca entre los más antiguos. Sin embargo, a pesar de que Uruguay cuenta con esta calificación que lo distancia enormemente de las democracias del vecindario, y que solo consigue parecido con Costa Rica, que está detrás con 8,07 puntos del ranking, tiene diversos retos en su agenda que han venido marcando el debate político a medida que se acercan las elecciones internas partidarias fijadas para el 24 de junio de 2019.

El Frente Amplio (FA), coalición progresista que aglutina a casi toda la izquierda y centroizquierda uruguaya, ha gobernado ininterrumpidamente los últimos 15 años con mayorías parlamentarias y un apoyo popular relevante fundamentalmente en Montevideo, capital que cuenta con la mitad de la población del Uruguay. En el interior, el FA cuenta con 6 de las 19 intendencias departamentales; el Partido Nacional, principal referente de la oposición con 12; y el Partido Colorado con una. No obstante, el contexto para el próximo evento electoral que decidirá la Presidencia, Vicepresidencia y la formación de ambas cámaras del Parlamento nacional, es el menos alentador para el oficialismo desde llegó al poder en 2005. Ante eso, la oposición se ha plantado con una agenda crítica y generando una movilización de la opinión pública alrededor de temas difíciles de responder por parte del gobierno.

De cara a las internas partidarias

El oficialismo ha votado un plan conjunto de gobierno para el periodo 2020-2025 y cuatro candidatos se disputan la interna: el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez; la exministra de Industria y Energía, Carolina Cosse; el exministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara; y el líder del sindicato de trabajadores de la construcción, Óscar Andrade. Luego de que se confirmara que el expresidente José Mujica no competiría en la interna frenteamplista, y que quedara descartada la participación del exvicepresidente y actual ministro de Economía Danilo Astori, por primera vez en 15 años ninguno de los grandes referentes de la coalición progresista correrá en la interna.

La oferta opositora al gobierno es sumamente diversa; sin embargo, son pocos los que se perfilan como reales contendores a relevar a la administración progresista. Haré un repaso por los principales nombres en la palestra. El Partido Nacional (PN), principal referente, cuenta con la candidatura de su anterior contendor, el senador Luis Lacalle Pou, que aglomera nuevamente un apoyo destacable en la interna de su organización. Le sigue el senador Jorge Larrañaga, quien acompañó como candidato a vicepresidente al anterior en la fórmula que compitió en 2014. Los dos mencionados concentran la atención de la interna nacionalista, pero existen otras figuras que se presentaron a la primaria: el exdiputado Carlos Lafigliola, el intendente del departamento de Maldonado, Enrique Antía, y el empresario Juan Sartori, que acaba de sumar el apoyo de la excandidata Verónica Alonso.

En el Partido Colorado (PC), la interna se encuentra disputada por el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, el economista Ernesto Talvi y el senador Jorge Amorín Batlle, con una actuación sobresaliente del primero toda vez que su popularidad lo ha posicionado como una opción con grandes expectativas de triunfo. El Partido Independiente (PI), que congrega a exdirigentes demócratas cristianos y socialdemócratas que operan principalmente en el Poder Legislativo, lleva nuevamente la candidatura del senador Pablo Mieres, recientemente separado de la coalición La Alternativa, una plataforma creada en noviembre de 2018 por el PI, los sectores ex-PC Batllistas Orejanos y Avanza País, y Navegantes, integrado por dirigentes ex-FA.

El resto de los partidos que han presentado candidaturas son: el Partido de la Gente (PG) con el empresario Edgardo Novick; el Partido Ecologista Radical Intransigente con el dirigente de izquierda Carlos Vega; el Partido de los Trabajadores con el sindicalista Rafael Fernández; el Partido Asamblea Popular (alianza de sectores radicales de izquierda Unidad Popular) con el profesor e historiador Gonzalo Abella; y Cabildo Abierto, recientemente fundado y que lleva la postulación del polémico militar Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército destituido por el presidente Vázquez a principios de abril de este año.

El diálogo Sanguinetti-Lacalle Pou

En diciembre de 2018, Sanguinetti, quien no había anunciado formalmente su candidatura, distinguió a Luis Lacalle Pou luego de una reunión entre ambos, como «prepresidente». El hecho no pasó bajo la mesa y generó diversos comentarios en la prensa y en la esfera política. Sanguinetti dejaba entrever que su sector dentro del PC podría conseguir un eventual acuerdo con el senador nacionalista. En marzo de 2019, el dos veces presidente del Uruguay anunció formalmente su candidatura en la interna colorada y se posicionó rápidamente como favorito. No ha sido muy difícil para analistas y observadores aventurar una hipótesis de posible coalición entorno a la figura de ambos dirigentes para suplir al FA en el poder. No obstante, para esta definición hace falta el resultado final de las internas partidarias el próximo 30 de junio.

Los outsiders

Aun en el republicanismo uruguayo existen las candidaturas outsiders y, más allá de ser testimonio del momento, buscan abrirse un espacio en el sistema político como expresión de un sector de la población que no comulga con los partidos o con la vieja política. Así, el empresario Juan Sartori, que ha confesado no haber votado nunca en una elección dentro de su país, donde además la Constitución establece el voto obligatorio, ingresó al PN para presentar su candidatura, cumpliendo con los requisitos exigidos y logrando una visibilidad notoria en la prensa que lo ha llevado a generar incomodidades y controversias en su nueva organización política.

Por otro lado está el empresario Edgardo Novick quien, siendo ajeno al tradicionalismo partidario, pudo competir por el cargo de intendente de Montevideo en 2015 con el Partido de la Concertación y que ahora desde el PG busca ganar espacio. Ambos tienen la intención de conseguir bancas en el Parlamento para su sector y, de lograrlo, pueden terminar generando nuevas dinámicas en las Cámaras incorporando nuevos grupos a la discusión y los acuerdos. Por último se sumó Manini Ríos a este grupo de candidatos fuera del sistema de partidos tradicionales. Este hecho ha traído vientos de diversas latitudes en un país donde el recuerdo de la dictadura militar sigue presente.

El oficialismo ante la elección

Algunos puntos que considero prioritarios para comprender el escenario planteado en el marco de las primarias: desgaste de la gestión de gobierno, escasa oferta programática electoral oficialista, contexto económico complejo, aparición de nuevas figuras y el papel del gobierno uruguayo en la crisis política y humanitaria de Venezuela.

1. Desgaste de la gestión de gobierno

El 2018 cerró con una disminución considerable en la popularidad de la fuerza política gobernante, cuatro puntos porcentuales por debajo del Partido Nacional que gozaba de un 34%. Salvo el Partido Colorado (11%), el resto de las organizaciones con candidatos presidenciales (Partido Independiente, Partido de la Gente y Unidad Popular) sumaban apenas 5% entre todos. En marzo de 2019 el FA tuvo una ligera recuperación; sin embargo, no existen grandes diferencias con su principal contendor. En el actual momento las internas partidarias tienen referentes claros, y, aunque los segundos lugares han tenido movimiento, las diferencias en los sondeos permiten inferir que los líderes podrían mantenerse como favoritos hasta junio: el senador Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional, el intendente de Montevideo Daniel Martínez en el Frente Amplio y el expresidente Julio María Sanguinetti en el Partido Colorado. Sin embargo, en medio de este marco de referencia que permite tener un panorama más o menos claro de la primera ronda presidencial, el gobierno luce desgastado: el 20 de diciembre de 2018, una encuesta realizada por Equipos Consultores mostró que la desaprobación del gobierno de Tabaré Vázquez estaba en 51%. Los números pueden variar pero lo cierto es que la administración ha tenido diversos retos que la someten a un constante examen en la opinión pública: el incremento de la inseguridad (las rapiñas aumentaron un 54% y los homicidios un 46%) y la desaceleración económica materializada en el cierre de importantes empresas en Uruguay son situaciones complejas que han incrementado la crítica desde la oposición y diversos sectores de la sociedad. Si bien el gobierno ha organizado algunas iniciativas para afrontarlas, las respuestas son consideradas insuficientes por los bandos adversos, que insisten en solicitar la renuncia del ministro del Interior [1] y la reforma del plan económico. Ante esto último, la respuesta del presidente ha sido muy elocuente: «Es la evolución natural de cualquier país; hay empresas que terminan su vida útil y cierran». Dentro de la fuerza política también se reconocen los problemas. Martínez, el favorito para la interna frentista, lo ha dicho en público: «En Uruguay, en los últimos 25 años, ha crecido permanentemente la inseguridad, las rapiñas; ha habido piquitos de disminución frente a medidas puntuales. Pero la tendencia en la nube de puntos, en la asíntota, es que ha habido un crecimiento permanente».

2. Escasez de innovación en la oferta programática

Algunos compromisos centrales en el plan de gobierno nacional 2015-2020 no fueron cumplidos. Los más cuestionados son el no incremento de los impuestos que, al contrario, han aumentado considerablemente en este lustro, ubicando a Uruguay como uno de los países más caros de la región, y la promesa de invertir el 6% del PBI en educación dentro del llamado «cambio del ADN de la educación». Sobre esto último, durante el periodo no solo no se llegó al 6% que se mantuvo en el reclamo de sectores sindicales, docentes y estudiantiles, sino que los indicadores de desempeño educativo de Uruguay, fundamentalmente en primaria y secundaria, muestran números preocupantes (60% de deserción en secundaria, por ejemplo). En ese sentido, la oferta programática del gobierno ha estado enfocada en preservar los logros de la agenda de derechos aprobada en los primeros años del FA; empero, en la actualidad se evidencia una escasez en la chispa de antaño para potenciar adhesiones y proponer innovaciones. Ahí se ha anclado parte del discurso de la oposición: el gobierno «se quedó sin agenda». Un ejemplo claro es la disposición oficial a rehabilitar una parte de la línea de transporte férreo, gasto público mediante, para la instalación de una segunda megaplanta de producción de celulosa de la finlandesa UPM como única macropropuesta para la creación de puestos de empleo. Por el contrario, existen resistencias de movimientos ambientalistas y vecinales que no apoyan la idea y plantean al gobierno un escenario de conflicto lleno de complejidades.

3. Contexto económico

Aunque el desempeño económico de Uruguay ha sido positivo en los últimos años, con un crecimiento que resalta en medio de la difícil situación que atraviesa el vecindario y un sistema financiero estable que ha mantenido los indicadores macroeconómicos controlados, existen tres elementos preocupantes para el gobierno: deterioro del empleo (desempleo en 8,7%), poca inversión privada (crecimiento del PBI previsto en 1,9%) y elevado déficit fiscal (4% del PBI, el mayor en un par de décadas). Este panorama exige al Ejecutivo pensar en medidas que le permitan subsanar el déficit e impulsar el empleo y la inversión. El año electoral inició y al momento poco se ha dicho al respecto. Uruguay es considerado como un país muy caro. El alto costo del combustible, la carga impositiva sobre las personas y las empresas, el elevado gasto público y el incremento de la deuda pública son discusiones que afloran en las internas partidarias y que seguramente estarán en el centro de la campaña.

Dos ejemplos transparentes de las dificultades en el país son el descenso del turismo y la crisis del agro, los dos sectores más importantes en términos de ingreso. El cierre de algunos vuelos desde y hacia Montevideo que han decidido algunas aerolíneas por considerar baja la rentabilidad de operar en Uruguay en virtud de los altos precios, y el surgimiento de un movimiento social diverso (Un Solo Uruguay o autoconvocados), que reclama mejoras económicas para la producción en el campo, son signo del momento.

4. Nuevas figuras en la escena política

Como es previsible en el preámbulo de una campaña electoral, nuevas figuras se muestran como opción. Algunos outsiders; otros, partidos nuevos e independientes. Se amplía la oferta electoral: en el lado oficial compiten dos exministros, un dirigente sindical y el actual intendente de Montevideo; en la carrera de la oposición hay senadores, diputados, un intendente, un expresidente, un empresario devenido en político que incursiona por primera vez en la candidatura presidencial con plataforma propia [Partido de la Gente], un militar retirado y un joven millonario que se afilió al Partido Nacional para competir. En el marco de esta elección también aparecen los movimientos sociales, no como promotores de candidaturas (al menos no todavía) pero sí como movilizadores de la sociedad en torno a una causa puntual. En esto último, encontramos a Un Solo Uruguay, que congrega a las asociaciones rurales, cámaras empresariales vinculadas a la actividad agrícola y otros rubros que operan en el campo. Este movimiento crítico con el gobierno es el que ha tenido mayor prensa e impacto en la opinión pública desde su creación el 23 de enero de 2018. No obstante, Uruguay, una de las democracias con un sistema de partidos de los más antiguos del mundo, filtra a los favoritos en tres organizaciones tradicionales: Partido Nacional, Frente Amplio y Partido Colorado. Como hemos afirmado en un texto anterior, no será en esta elección donde se vea un despunte de alguna figura ajena al sistema [2]. La novedad de la elección reside en el rol que juegan las redes sociales. Si bien ya en la campaña de 2014 hubo un uso importante de este canal, en la actualidad es requisito indispensable tener un apoyo en el mundo digital que permita a los candidatos difundir sus mensajes en medio del océano de opiniones provenientes de todos los sectores de la sociedad. [3]

5. Crisis de Venezuela

Las posiciones con respecto al rol del Estado uruguayo ante la crisis política y humanitaria que vive Venezuela es un tema que ha ganado relevancia de primer orden y que no solo genera una división oposición-gobierno, sino que dentro de la fuerza política oficial muestra divergencias sobre el papel de Uruguay cuando todo el continente, salvo Bolivia, Nicaragua, Cuba y México, han decidido participar activamente en la condena al régimen de Nicolás Maduro y el apoyo al gobierno interino declarado por la Asamblea Nacional. Sectores del Frente Amplio apoyan a Maduro, otros lo critican pero prefieren una posición neutral, y otros no lo critican y solo respaldan los comunicados oficiales. El gobierno ha tenido varias posturas. El pasado 6 de febrero apoyó el Mecanismo de Montevideo, una propuesta conjunta con México para impulsar un diálogo sin condiciones entre las partes en pugna en Venezuela. Un día después suscribía el acuerdo del Grupo de Contacto establecido con la Unión Europea, en el que se hablaba del proceso de diálogo pero con la condición de convocar elecciones y libres y con garantías. Varias jornadas después, el presidente Vázquez se reunía, sin presencia de la Cancillería, con su par argentino Mauricio Macri para reiterar lo acordado con la UE. Las idas y vueltas sobre el tema Venezuela, tan seguido por la prensa y por la conversación política uruguaya, suma peso al gobierno.

Sin duda, quien gane las elecciones presidenciales tendrá la responsabilidad de formular un plan de acción con reformas que permitan lidiar con varias tareas pendientes como el déficit fiscal, las mejoras en el sistema educativo, la inseguridad y los macroproyectos económicos como el de la eventual instalación de la segunda planta industrial de UPM.

Las internas de cada partido son el escenario para la movilización de la militancia y de aquellos ciudadanos que, motivados por un actor político, acuden a votar. A diferencia del resto de las elecciones en Uruguay, estas no son obligatorias, y ponen a prueba la maquinaria de las organizaciones en la capital y en el interior del país. Algunos analistas afirman que la competencia será muy reñida y que, en virtud de eso, es probable que las encuestas terminen equivocándose.

Notas

[1] Eduardo Bonomi es ministro del Interior desde marzo de 2010. Exdirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, participó en la primera administración de Tabaré Vázquez (2005-2009) como ministro de Trabajo.

[2] Arellano, A. (2018). Sociedad y partidos políticos: ¿divorcio o relación en picada?, Diálogo Político, 2018-1, pp. 114-123. con versiones en alemán e inglés publicadas en Auslandsinformationen (nov. 2018).

[3] Destacamos la aplicación móvil VotoUy, proyecto desarrollado por la Fundación Konrad Adenuaer con el apoyo de la Universidad de la República, la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de Montevideo, para seguir el pulso de las internas y las elecciones nacionales.

Nunca antes había sentido de manera tan personal la tarea de escribir acerca de un libro; quiero decir, tan autobiográfica. Mientras leía Florecer lejos de casa pensaba en cómo estos relatos me conectaron con las historias de los otros (como venezolana, como latinoamericana y, sobre todo, como emigrante). Leerlos mientras vivo en Santiago me enseñó a ver en cada extranjero la necesidad común de comprendernos, porque a la larga todos emigramos con el mismo anhelo de hallar mejores oportunidades para construir una nueva vida. Lo que leerán a continuación es en parte mi experiencia como lectora de los catorce testimonios que hallarán en este libro, también es una suerte de juego interactivo con los autores y, lo más importante para mí: es el resultado de haberle robado a la cotidianidad minutos para leer, pensar, escribir y corregir. Florecer lejos de casa fue mi primera lectura como emigrante y esta reseña lo primero que escribí. ¡Ahí les va!

Si hubiese leído la edición digital de Florecer lejos de casa (2018) cuando aún estaba en Venezuela, mi experiencia sería la del lector testigo reviviendo estos testimonios —imaginariamente— en cada familiar y amigo de los que se fueron antes de noviembre. Sin embargo, las circunstancias —y por ende la lectura— resultaron distintas. Los catorce relatos y las 206 páginas de este libro publicado por la fundación Konrad Adenauer Stiftung han acompañado y atravesado los 92 días que llevo como emigrante en Santiago de Chile.

Todavía estaba en mi país cuando supe que presentarían, el 19 de noviembre, Florecer lejos de casa en Santiago. Al instante, cotejé mi fecha de viaje… ¡Coincidían! Entonces emigré con la certeza de asistir. Ansiaba des-cubrir la dinámica cultural de la ciudad cuyos trenes viajan hacia el sur; visitar museos, librerías, parques, bibliotecas (en el fondo ya tenía planes…). Llegué el 10 y apenas nueve días después mi realidad era otra. Tras haber trabajado durante toda la madrugada en una distribuidora de perfumes, a duras penas podía mantenerme despierta durante el regreso a casa. Aún conservo en mi memoria las expresiones de las personas que nos miraban —con curiosidad y asombro— a más de 20 emigrantes cabeceando acompasadamente en la misma micro todas las mañanas.

Fue así como las jornadas de parking me impidieron asistir a la presentación, también me perdí la oportunidad de obtener un ejemplar físico y lo que más deseaba: escuchar, ver y percibir a quienes están registrando la diáspora venezolana: esta que vivo y leo simultáneamente. Sin embargo, gracias al gesto impulsivo de escribir a la cuenta @florecerlejosdecasa, a su inmensa amabilidad y a la de @kas_chile, días más tarde obtuve mi propio ejemplar.

Puedo decirles que esta lectura cambió para siempre mi manera de entender los múltiples matices que constituyen la experiencia del emigrante.

Incluso hoy día sigue siendo clave para digerir tanto andar y tanto gesto venezolano que me topo en el ascensor, en las bodegas, en el trabajo, en las micros, plazas, paradas, estaciones, parques, en fin; en la ciudad entera. Sin lugar a dudas, Florecer lejos de casa trastocó mis ideas sobre la diáspora (esa multiplicidad de rostros que vi reunidos el 23 de enero en la Plaza Baquedano, aplaudiendo y cantando el himno, convencidos de poder participar del mínimo cambio que se esté gestando en Venezuela).

Como lectora, pienso que estos relatos nos permiten construir puntos de fuga entre un emigrante y otro, convirtiéndonos a todos en una suerte de manglar que nunca acaba de extenderse. Página tras página, la sensación es la de estar tejiendo redes imaginarias que nos hablan acerca del relato inconcluso de esta ola migratoria, cuyos primeros atisbos se dejaron ver en el 2001 y actualmente tiene claros gestos de tsunami que anda a pies, como lo muestra José R. Guzmán en Comida, calle y comedia. Los testimonios de Florecer lejos de casa funcionan como canales de comunicación creados para hablar sobre esta extraña sensación de exilio e insilio en la que vivimos todos; esta extraña dualidad de estar dentro y fuera a la misma vez, porque quienes siguen en el país viven la diáspora tanto como vivimos la crisis quienes ya nos fuimos, como canta Reymar Perdomo.

Siempre que hallé asiento en la 409 o en la B12, los testimonios de Salvador Passalacqua, Tamara Taraciuk, Jefferson Díaz, Alexis Castillo, Ángel Arellano, Carolina Acosta-Alzuru, Gisela KozakRovero, Manuel Llorens, Paola Soto, Mireya Tabuas, Maru Rodríguez, Hensli Rahn, Eduardo Sánchez Rugeles, Héctor Torres y el Cruz-Diez desmembrado de Guillermo Tell Aveledo, hicieron las veces de ventanas a través de las cuales mirar mi realidad aumentada, una realidad capaz de penetrar y trascender la individualidad de cada uno.

Así, me sorprendí alineando molinos de viento en la carrera novena de Bogotá, mientras me preguntaba si acaso Salvador también los confundiría con gigantes. En la página 39 me transformé en el cliché inmigrante que todos esbozamos al pisar otra tierra y a partir de la página 25 fui el rostro abatido del país pasado que Tamara reconoce en esta extraña sensación de exilio.

Páginas más adelante me descubrí en un despecho literario semejante al de Jefferson, extrañando mis libros e imaginando cómo sería mi presente si las circunstancias que nos hacen escribir esto no existieran; pero al instante, como él y como todos, entendí que «los minutos del que emigra se constituyen en recuerdos y que de nada sirve darle cuerda al reloj» ni mucho menos alucinar gigantes donde hay simples molinos fabricados en replay.

En la página 51 empecé a respirar profundo con Alexis, me di cuenta de que ahora tengo más paciencia, me siento más fuerte y poco a poco aprendo a superar la impuntualidad que venía instalada en el ADN venezolano. Con Ángel fui capaz de mirar hacia la ciudad y comprender que todos hemos tenido que asumir esta nueva realidad, aunque con distintos decibeles de nostalgia y llanto, pero con la misma necesidad de ampliar nuestra disposición para reinventarnos. Leer a Carolina Acosta-Alzuru me dolió un tanto más, porque saberme emigrante supuso verme a la intemperie, muchas veces desamparada e indefensa. Además, tuve que asimilar que irse no es la ausencia de problemas, sino tener problemas distintos.

Gisela Kozak me noqueó con la impotencia que me genera la imagen empobrecida, oxidada y escarapelada de las fachadas, vallas, calles y bolsillos de mi país; esa faz de negocio saqueado y quebrado que dejó el socialismo. Sin embargo, al final de su texto hallé un respiro. Me refiero al trazo de un futuro en blanco que me condujo expectante hasta Manuel Llorens, quien me dijo: «soy uno más de una masa imprecisa de venezolanos, cuyo deber es florecer». Y justo cuando empezaba a dudar de las razones por las que me fui, Paola Soto me recordó que queríamos «crecer, mirar el mundo de afuera para entender cómo funciona y cuáles son nuestros puntos en común como sociedad, cómo vive la gente, cómo puedo ser un instrumento útil»; es decir, todo lo opuesto a esa masa amorfa carente de ciudadanía, que el Estado corrupto bautizó con el manoseado eslogan del hombre nuevo.

Mireya Tabuas me hizo aterrizar nuevamente en Santiago de Chile y sentir cómo las aguas del Caribe y el Pacífico empiezan a tocarse. Con voz cálida, Maru Rodríguez se acercó y me dijo: «pronto todos estos espacios empezarán a cobrar otros significados para ti, se llenarán de recuerdos y emociones que poco a poco apaciguarán las dudas». En la página 160 quedé aturdida al saberme en Alemania, donde Hensli Rahn me explicó que la migración también es conocida como circulación de cerebros y por primera vez pensé en mí misma como un tumulto de órganos andante. Mientras seguía con esa imagen en la cabeza, el mismo Rahn me dio una vuelta de tuerca, convirtiéndome en una cifra dentro de las incuantificables remesas que representan la supervivencia de nuestros familiares en Venezuela.

Eduardo Sánchez Rugeles me puso en jaque con un análisis FODA para conocer mis fortalezas y debilidades dentro de mercados altamente competitivos… La pregunta de la mayoría de los profesionales que emigramos es: ¿cuándo y cómo podré ejercer? ¿Sabré hacer valer mis conocimientos, los seis años en pregrado, los otros tres en posgrado? ¿Acaso hallaré mi valía? En la página 180, el reto individual es tan amplio como la necesidad de concretar saberes y experiencias que a largo plazo nos ayudarán a contribuir con la reconstrucción de Venezuela. A partir de la 182 y hasta la 195, obtuve un pasaje de vuelta para cuestionarme con Héctor Torres qué tanto nos costaba haber sido mejores, por qué no pudimos evitar el rostro desolado de las autopistas y veredas.

Me quedo en silencio preguntándome cuándo volveré a estar frente a la casa de mi abuela, que aún me espera y hasta aprendió a usar WhatsApp para no sentirse tan lejos ni dejarme tan sola. Al final, coincido con Torres: emigrantes o no, todos somos extranjeros. Nos quedemos o no, regresemos o no; ninguno volverá a ser el mismo.

Ahora, cuando nos veo, pienso en el testimonio inédito que somos cada uno, el recuerdo latente de una travesía —casi siempre dolorosa— que empezó cuando salimos de casa y se extiende aún hacia este destino incierto, hacia este espacio en el cual intentamos sedimentarnos. También creo que, a pesar de las distancias, los venezolanos no dejamos de ser consecuencia, evidencia y a veces causa de la convulsión que es hoy nuestro país. Por eso lo que más deseo es que en este doble exilio, dentro y fuera de la geografía llamada Venezuela, aprendamos lo que implica el ejercicio de la ciudadanía, el valor de lo civil y de la acción constante y consecuente que nos permitirá construirnos un país con instituciones coherentes y libres. Sin héroes ni villanos del siglo XXI, sólo a punta de ciudadanos.

Para que no olvidemos quiénes nos hicieron caminar tanto (como dijo Nelson Bustamante), van estos relatos que, al leerlos, nos impregnan con la necesidad de escribir y expandir —con nuestra experiencia— el testimonio que todos los venezolanos estamos siendo.

¡No dejen de leerlo!

Aquí les dejo el link de descarga

Ficha técnica

Florecer lejos de casa. Testimonios de la diáspora venezolana
Ángel Arellano (coord.)
Montevideo, Fundación Konrad Adenauer, 2018
206 pp.
ISBN: 978-9974-8440-8-7

Uno de los mitos más difundidos de la revolución comunista en Cuba es el que se vanagloria del sistema de salud en la isla.

El milagro sanitario revolucionario habría producido grandes logros como la reducción de la mortalidad materna e infantil, mejoras en la prevención de enfermedades y resultados positivos en el control de dolencias crónicas, como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Basándose en este mito, el régimen castrocomunista se convirtió en un exportador de misiones médicas a Latinoamérica y África. La dictadura comunista cubana presenta estas misiones como iniciativas de solidaridad y cooperación internacional, pero existen evidencias suficientes de que ellas son, ante todo, un negocio que le provee divisas duras al régimen, y que su cacareado impacto positivo ha sido exagerado por una maquinaria de propaganda.

El caso venezolano es una muestra de ambas cosas: el negocio que representa la supuesta «solidaridad» cubana y la pobreza de sus resultados en salud. El fallecido presidente Hugo Chávez lanzó en 2003 la famosa Misión Barrio Adentro (MBA), concentrada en la atención primaria en salud con ayuda de supuestos médicos cubanos. El gobierno venezolano pagaba por esas misiones médicas y otras ayudas (incluyendo en deportes, educación y cooperación militar y de inteligencia) con 100.000 barriles de petróleo diarios (ahora sigue enviando unos 50.000 barriles diarios, según ciertas fuentes). Algunos investigadores aseguran que la MBA, en la que habrían participado 33.000 trabajadores de salud cubanos, permitió al gobierno venezolano confrontar algunas inequidades de salud combinando las perspectivas teóricas de la medicina social y la epidemiologia crítica con los saberes populares dentro de las comunidades afectadas.

Pero el balance de la MBA no es del todo positivo. Este programa contribuyó a una mayor fragmentación del sistema de salud e impactó negativamente sobre el financiamiento global y la organización del sistema nacional de salud propuesto en la Constitución aprobada en 1999. El sociólogo Jorge Díaz Polanco, profesor en la Universidad Central de Venezuela, ha calificado a la MBA como «la gran estafa en materia sanitaria». El académico ha dicho que «la Misión Barrio Adentro durante el gobierno de Hugo Chávez fue vista como una medicina para pobres y terminó siendo una pobre medicina». En un detallado estudio que hizo sobre la MBA, el profesor Díaz Polanco señaló la paradoja existente entre el volumen del gasto en salud (se estima que la misión cubana le costó al gobierno venezolano más de 40.000 millones de dólares) y los magros resultados obtenidos, en comparación con otros momentos históricos y con otros países. Según Díaz Polanco, la MBA no logró resolver los principales problemas de salud que enfrenta la sociedad venezolana, entre ellos, la ausencia de un Sistema Público Nacional de Salud, a pesar del mandato constitucional de 1999.

El médico venezolano Gustavo Villasmil, quien fuera secretario de Salud del estado Miranda durante la administración de Henrique Capriles, ha denunciado en un comentario difundido en Facebook, la complicidad de la Organización Panamericana de Salud (OPS), oficina de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, en disfrazar los pobres resultados de la misión médica cubana en Venezuela:

Fueron muchos los años durante los que la comunidad médica venezolana denunció, cifras en mano, la tragedia sanitaria que estaba dejando a su paso la llamada Misión Barrio Adentro a la que la burocracia internacional adscrita a ese organismo (la OPS) cubrió de loas. Para muestra quedó el documento oficial titulado Barrio Adentro: derecho a la salud e inclusión social en Venezuela, publicado en julio de 2006. Ciento cincuenta y dos páginas de «paja» elogiando una política que se saldó para los venezolanos con la friolera de 34 millardos de dólares transferidos al régimen de La Habana por concepto de «servicios médicos» y con un millón de muertos en 20 años de chavismo, conforme los cálculos realizados entre otros por el profesor (Ricardo) Hausmann en Harvard.

Evaluaciones más recientes de las condiciones sociales, sanitarias y económicas de los venezolanos desmantelan el mito de la cooperación médica cubana y de los supuestos beneficios de la MBA para los más pobres. El médico e investigador de la Universidad Simón Bolívar, Marino González, ha apuntado que todos los indicadores sociales y de salud se han deteriorado en el país. Los datos, dijo González en un artículo, «ilustran con nitidez el profundo deterioro de las condiciones de vida que han experimentado los venezolanos a lo largo de estas décadas, pero especialmente en los últimos cuatro años».

Un estudio, en el que participó González junto con otros investigadores, concluyó que Venezuela tiene el peor desempeño en mortalidad materna en las Américas desde 1998 (solo superado por Cuba), la peor desprotección financiera de salud en el hemisferio, la mayor privatización de financiamiento de la salud en la región en el siglo XXI y una tendencia a mayor deterioro debido a la hiperinflación, empobrecimiento de la población, deterioro de los servicios y la infraestructura (i.e. cortes constantes de electricidad y de agua corriente), falta de medicamentos e insumos médicos, destrucción de la red de hospitales públicos y aumento de la desnutrición en niños, adultos y ancianos, como ha sido reportado por UNICEF.

La guinda que sirve para desmontar el mito de la «solidaridad» desinteresada de las misiones cubanas en Latinoamérica la puso el académico y columnista Héctor Schamis en un artículo titulado «Mais Médicos», en el que denuncia el tráfico de personas, la explotación, trabajo forzoso y la corrupción vinculados con la cooperación sanitaria de Cuba con Brasil en la época del presidente Lula. Schamis da cuenta de la demanda interpuesta por varios médicos cubanos en un juzgado en Miami, en la que acusan a la OPS de haber facturado más de 75 millones dólares desde 2013 mientras endosaba y administraba los contratos que la empresa Sociedad Mercantil Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC ) firmó con el gobierno brasilero.

Al parecer no todo es cooperación y solidaridad internacionalista en las misiones cubanas en el mundo. Es también por el maldito parnés capitalista, como habría dicho un andaluz.

Este jueves 17 abril se ha hecho público el informe (casi) completo del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa.

El Departamento de Justicia ha publicado una versión editada de las casi 400 páginas que componen la investigación que durante dos años realizó el fiscal especial y en la que no se hallaron pruebas de que el actual presidente de Estados Unidos o su equipo de campaña hubiesen conspirado con Moscú durante las elecciones presidenciales del 2016, con el fin de favorecer la victoria del republicano. La decisión de publicar el informe (y/o editarlo en sus partes más sensibles, alegando motivos de seguridad nacional) recayó sobre el fiscal general William Barr, quien en una carta enviada al Congreso hace algunas semanas resumía los resultados de la investigación, queriendo dar por zanjada así una discusión que ha mantenido en vilo a la familia política y a los medios de comunicación de Estados Unidos por dos largos años.

Por su parte, los demócratas han venido exigiendo la publicación del informe en su totalidad, alegando que la investigación no se pronunciaba sobre la posible obstrucción de la justicia que hubiese podido cometer Donald Trump. Los medios de comunicación más influyentes y la oposición demócrata argumentan que, en último término, es al público a quien le corresponde hacerse una opinión sobre la investigación, que es la sociedad la que debe determinar si la conspiración rusa tuvo lugar o no (pues la narrativa de su injerencia en las elecciones los mismos medios se han encargado de que ya nadie la ponga en duda).

En este asunto político, como en casi todos los otros problemas que competen a la actualidad norteamericana, la sociedad se encuentra enconadamente dividida. Para el presidente norteamericano y sus medios de comunicación aliados, las conclusiones del informe lo exoneraron por completo, amén de reafirmarlo en su idea de la caza de brujas a la que ha sido sometido. Para los demócratas y los medios de comunicación más influyentes del ala liberal (Washington Post, New York Times, etc.) la batalla aún no está perdida y cuando menos resulta alarmante la injerencia de un gobierno extranjero en los procesos democráticos del país.

Para quien observa los asuntos de un país que le son extranjeros, la trama rusa y la persistencia con la que se ha hablado de ello en la prensa (no ha pasado una semana sin que se relataran hasta los últimos pormenores del avance la investigación, sus posibles conclusiones y los usos o consecuencias que traería consigo) apuntan hacia otra dirección: la incapacidad de la clase política (demócratas y republicanos por partes iguales) de explicarse la victoria presidencial de Donald Trump (y su más que plausible reelección). Y no es que el impacto de su victoria sea de tal magnitud que a dos años de las elecciones aún se sientan los ecos del cachetazo, o que él mismo se encargue de recordárnoslo a golpe de exacerbados tuits cada día… es que la élite política y mediática no se ha detenido a pensar siquiera en ello y han recurrido, en cambio, a la siempre asequible narrativa del enemigo externo para explicar los fenómenos problemáticos que vive un país: «(el) Rusiagate se convirtió en una conveniente explicación de reemplazo que absolvía a un establishment político incompetente por su complicidad en lo que sucedió en 2016, y no solo por el hecho de no verlo venir».

El problema de recurrir al Rusiagate para desviar la atención de lo que está pasando realmente (Trump, su retórica de odio y violencia y la atmósfera de posverdad que hoy parece infestarlo todo, los cuales son síntoma y no causa de problemas de fondo) y dirigirla hacia lo que se querría que sucediese (por ejemplo, el sueño húmedo del impeachment por parte del ala más radical liberal) no son simples e ingenuas taras de los medios de comunicación, sino que tienen consecuencias graves —más allá del desprestigio y la desconfianza, de por sí preocupante— hacia el cuarto poder entre la población norteamericana.

Para Stephen F. Cohen, profesor de la Universidad de Nueva York y experto en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, el Rusiagate ha minado la confianza en la legitimidad de las elecciones democráticas norteamericanas en general y en el sistema político bipartita en particular, pues finalmente una potencia extranjera es capaz de influir y manejar a su antojo el proceso fundacional de toda democracia, sus elecciones (y sus campañas políticas): «Los costos reales del Rusiagate no son los 25 o 40 millones de dólares que se calcula se han gastado en la investigación de Mueller, sino el daño corrosivo que ha causado a las instituciones de la democracia estadounidense, un daño realizado no por un supuesto eje Trump-Putin, sino por quienes han perpetrado la trama rusa». [1]

Recurrir al agente extranjero, los bárbaros que esperan a las puertas de nuestra civilización, para «explicar» por qué llegamos donde estamos, es un recurso político sin ideología. La xenofobia es aquí rusófoba, [2] pero otras veces —y en otras democracias— ha sido antisemita, gringa o islamofóbica. Es una amenaza inventada que nos exculpa en todo caso de mirarnos al espejo y encontrar que muchas de las causas de nuestros males son los propios demonios que hemos convocado y dejado escampar a sus anchas.

Notas

[1] Publicado el 27 de marzo de este año en el portal The Nation, acá el texto del profesor Cohen sobre los costes políticos de la trama rusa, del que extraigo la cita anotada.

[2] Yasha Levin es un periodista norteamericano de origen ruso y ha seguido críticamente el tema de la trama rusa en algunos de sus textos de opinión, como por ejemplo este sobre el racismo respetable que liberales y demócratas han alentado con el Rusiagate.

Jair Bolsonaro se convirtió en presidente con una victoria impulsada por un discurso xenófobo, misógino y agresivo que ha puesto en cuestión la voluntad del nuevo presidente de proteger los derechos humanos en Brasil. Este país cuenta entre sus desafíos altos niveles de homicidios, violencia doméstica, olas de migraciones venezolanas, xenofobia, ataques a activistas, acoso y una corrupción endémica.

Brasil es un país democrático donde el presidente y los miembros de una legislatura bicameral son electos de manera libre y justa a través de elecciones competitivas y un discurso público vibrante. Con este marco de ejercicio, a principios de este año Jair Bolsonaro se convirtió en presidente con una victoria impulsada por un discurso xenófobo, misógino y agresivo que ha puesto en cuestión la voluntad del nuevo presidente de proteger los derechos humanos en Brasil. Este país cuenta entre sus desafíos altos niveles de homicidios, violencia doméstica, olas de migraciones venezolanas, xenofobia, ataques a activistas, acoso y una corrupción endémica; cuestiones contempladas en detalle por los informes EPU (examen periódico universal) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Según el tercer informe EPU, Brasil, a la fecha, ha ratificado la mayor parte de los instrumentos de derechos humanos y ha incorporado sus principios a la legislación nacional. Para sumar, en el 2015 se celebró en Brasilia la primera reunión regional para América Latina y el Caribe en el contexto del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Sin embargo, desde el segundo ciclo de informes se espera que ratifique instrumentos pendientes.

El Consejo de Derechos Humanos viene denunciando en sus informes EPU el uso de tortura para obtener confesiones de sospechosos y maltratos a los detenidos (primer ciclo en el 2008); la prevalencia de homicidios en prisiones, acusaciones de tortura y condiciones inhumanas inadmisibles (segundo ciclo en el 2012); y la violencia generalizada de la policía militar y las fuerzas de seguridad con un alto componente racial (tercer ciclo en el 2017). Uno de los hechos más preocupantes que contribuyen a agravar la violencia generalizada es la conducta policial. El último informe de Human Rights Watch sostiene que aunque algunas ejecuciones por parte de la policía son en defensa propia, la mayoría pasan a ser extrajudiciales. Para peor, en 2017 una ley autorizó a que los procesos contra integrantes de las fuerzas armadas se trasladaran a la justicia militar cuando (conforme al derecho internacional), tanto las ejecuciones extrajudiciales como las violaciones a derechos humanos por policías y militares, deben ser investigadas por tribunales ordinarios. El último informe de Freedom in the World  denuncia el involucramiento de la policía en casos de abuso y corrupción llevando a un alto nivel de homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad.

La decisión del expresidente Temer de trasladar la responsabilidad por la seguridad pública y las cárceles en el estado de Río de Janeiro al ejército resultó en un elevado número de homicidios. En el marco de esta decisión se encuentra el homicidio de Marielle Franco (concejala y defensora de derechos humanos; portavoz de la comunidad LGBT) y su chofer, crimen que hasta el momento no ha generado ningún arresto. Para Freedom in the World 2019, este asesinato desincentiva la participación política dada la creciente discriminación y violencia contra la comunidad LGBT, la cual sufre uno de los niveles más elevados de violencia del país, agravada por la reciente elección de Bolsonaro.

La amenaza y persecución a los periodistas de investigación no es poco común. El Alto Comisionado denunció la falta de pluralismo en los medios y la falta de una ley sobre libertad de información en el segundo ciclo del EPU; en el tercero alarmó sobre la intervención del gobierno en la administración del organismo público de radiodifusión brasileño. Según el informe Freedom in the World dos periodistas radiales fueron asesinados por sus declaraciones e investigaciones: Jefferson Pureza Lopes, asesinado en enero de 2018, y Jairo de Sousa, asesinado en junio del mismo año. Human Rights Watch reconoció la persecución y agresión a periodistas el día de las elecciones.

El segundo ciclo EPU felicitó a Brasil por la sanción de la Ley Maria da Penha sobre la violencia doméstica y familiar contra la mujer en el año 2006. Sin embargo, le expresó su preocupación de la falta de personal especializado en estos temas. Apoyando esto, Human Rights Watch sostiene que la ley está incompleta y que al día de la fecha hay más de 1,2 millones de causas de violencia doméstica pendientes en los tribunales. En 2017, 4539 mujeres fueron asesinadas y solo 1133 de esas muertes fueron registradas como femicidios. A los femicidios se suma la muerte de mujeres que se someten a abortos clandestinos que, de no morir, corren peligro de penas de hasta tres años de cárcel debido a la ilegalidad de la intervención voluntaria del embarazo. En los tres informes EPU, el Alto Comisionado denunció los abortos clandestinos como una de las principales causas de muerte entre las mujeres. A esto se suma la esterilización forzosa y sin consentimiento libre e informado, las altas tasas de embarazo precoz y la elevada tasa de mortalidad.

El primer informe EPU mostró preocupación sobre las dificultades para encontrar vivienda y empleo para los refugiados, lo que obstaculiza su integración en la sociedad. El segundo informe sumó consternación por la ley de 2010 que permite a las fuerzas militares de las fronteras registrar a las personas, advirtiendo la posibilidad de identificar a refugiados como migrantes ilegales. Por último, el tercer informe ratificó el ascenso de refugiados a 9077 personas así como también certificó el ascenso de solicitudes de asilo. El incremento de los refugiados y las solicitudes de asilo peligra en virtud de una ley del 2010 que permite a las fuerzas militares de fronteras registrar a personas y vehículos y practicar detenciones, llevando a que muchos refugiados sean interceptados como migrantes ilegales. En este marco, a lo largo de 2018 se han desatado episodios de hostigamiento y xenofobia en el estado de Roraima hacia los inmigrantes provenientes de Venezuela. Estas altas olas de migración han llevado a la creación de refugios de asistencia y planes para mejorar la protección e integrar a los refugiados. Sin embargo, Human Rights Watch sostiene que en los últimos años el CONARE no ha tomado ninguna decisión sobre las solicitudes de asilo de estos ciudadanos venezolanos.

Freedom in the World le otorga un ranking de libertad de 75/100 al país sudamericano. Puede que relativamente se encuentre en un nivel superior que otros países autoritarios del mundo, pero es de preocupar su estatus dentro de las declaradas democracias. La incertidumbre de la nueva presidencia pondrá bajo la lupa internacional la protección de los derechos humanos en Brasil, una vez más.

Publicado en el portal Análisis Político, de CADAL, el 12 de abril de 2019.

«Guárdate tu miedo y tu ira porque hay libertad, sin ira, libertad», cantaban los jóvenes españoles en 1976 en pleno periodo de transición sin saber muy bien qué les depararía un futuro al que miraban inquietos pero ilusionados. Hoy también estamos en transición. Una transición distinta a la de aquellos días pero con un denominador común: la incertidumbre.

Las transiciones no son necesariamente periodos de inestabilidad. Implican el agotamiento de un modelo y la necesidad de mutar hacia algo nuevo; algo que se adapte a los imperativos que rigen las transformaciones políticas y económicas de un mundo en constante transformación. No todo puede perdurar para siempre, pues eso conllevaría que no evolucionaríamos como sociedad y nuestro tejido acabaría erosionando. Al igual que los sistemas socioecológicos, la sociedad posee un carácter adaptativo. En esencia, el cambio es bueno. Como canta un uruguayo, «si quieres que algo se muera, déjalo quieto».

Hoy nos encontramos en transición. Sin embargo, no es la primera vez que la sociedad en su conjunto se enfrenta ante una época de cambios inciertos. Sin ir más lejos, hace 40 años, tanto en España como en América Latina, nuestros padres y abuelos se lanzaban temerosos hacia una transformación incierta que no sabían qué les depararía. La diferencia es que, mientras que en el pasado recibían esperanzados esa incertidumbre abrazando la conciliación, hoy, temerosos ante el cambio, confiamos en quienes pretenden enemistarnos y arrebatarnos el estandarte más valioso de nuestra historia: la democracia.

Para Alexis de Tocqueville la democracia, además de constituir una estructura política, también debía entenderse como un estado social. En medio de una época de transición y tensiones entre el conservadurismo del Antiguo Régimen y un liberalismo incipiente, Tocqueville miraba ilusionado hacia Estados Unidos, soñando con poder aplicar ese modelo que combinaba la igualdad con la libertad individual también en Europa. Hoy, la democracia está en crisis y los ánimos para defenderla parecen haberse escondido tras otras épicas de tintes populistas y nacionalistas.

Los que defendemos el centro somos tachados de monótonos e inapetentes por los defensores de los extremos, quienes hoy se postulan como los únicos merecedores de legitimidad. Sin embargo, ahora más que nunca es cuando los demócratas debemos unirnos e ingresar en este nuevo capítulo de la historia con seguridad. Por eso, desde Diálogo Político recibimos la incertidumbre de esta época de transición con esperanza y es bajo esta tónica que tuvo lugar hace unos días en Uruguay nuestro taller estratégico de redacción.

Queremos reafirmar el compromiso democrático

En esta nueva etapa de la historia se nos presenta gran oportunidad para reafirmar lo que como demócratas es nuestra responsabilidad. La democracia es una creencia militante y combativa. «La tradición democrática es activista», escuchamos en el debate ¿La democracia sigue vigente? donde presentamos la nueva edición de nuestra publicación. Así, como humanistas debemos movilizar nuestra identidad democrática y, para ello, debemos ser conscientes de que como ciudadanía, la combinación de unidad y pluralidad en los objetivos genera poder.

Buscamos la reflexión profunda

No pretendemos ser meros transmisores de información. No somos un medio de efemérides sino un canal que busca incitar la reflexión y el pensamiento crítico. Queremos formar mentes dispuestas a mirar con confianza ante la inseguridad de lo incierto. Buscamos cerebros inquietos. Aquí caben todos. Los jóvenes que se lanzan al abismo de la hoja en blanco por primera vez. Los que cantaban «libertad sin ira» en el 76. Los que somos testigos de cómo los extremistas crecen en las encuestas de nuestros países. Todos tenemos algo en común: amamos la democracia y no estamos dispuestos a dejarla caer. Tenemos la misión de sembrar la semilla de la inquietud en nuestros lectores y, para ello, nuestra arma es la pluma. Un arma que no dispara ira, solo conocimiento.

Apostamos por el centro

Mientras que los extremos crecen en intención de voto con discursos fervientes y provocadores, nosotros preferimos la moderación y la centralidad, aunque eso suponga que nos observen como neandertales. Adoptamos una postura moderada y, como aprendimos en el taller realizado en el Instituto SARAS, queremos ser un puente que una caminos diferentes pero al mismo tiempo los ayude a dialogar. Somos conciliadores y amparamos la libertad; una libertad que no es antónimo de igualdad, tal y como Tocqueville entendía la verdadera democracia. Queremos gritarle al centro que nosotros confiamos en él, que no hay razón para esconderse. Nuestro diálogo es político pero también consensual. Para nosotros, la política está en el centro y en el centro está la democracia.

No somos comerciantes de la desesperanza

Diálogo Político es una ventana a América Latina y, como tal, queremos que los que se asomen a ella encuentren motivos para la esperanza. Queremos que los que transiten nuestro puente lo hagan apreciando el paisaje y entendiendo que en la incertidumbre también cabe el entusiasmo. Nos lo demostraron en el pasado: «guárdate tu miedo y tu ira porque hay libertad» entonaban los españoles, «la alegría ya viene» gritaban los chilenos. ¿Por qué no rescatar ese ánimo también en esta, nuestra transición? Desde esta plataforma no queremos comerciar con la desesperanza sino enseñar que debemos vivir con alegría en el presente y confianza en el futuro.

Por eso, desde el equipo de redacción de esta publicación animamos a transitar nuestro puente. Un puente que une América Latina con Europa, a los jóvenes con los adultos, a la ciudadanía con la verdad. Esto es Diálogo Político, un espacio donde intercambiar reflexiones y recibir, sin ira, pero con libertad e ilusión, esta nueva época de transición. Bienvenidos a este puente de esperanza. ¡Viva la democracia!

* En memoria de Claudio Agurto, colega y compañero que nos ayudó a construir nuestro puente y nos enseñó a enfrentar la incertidumbre con alegría.

Europa como sinónimo de paz. Más que un mensaje es un mantra de todos los defensores del proyecto europeo. Un valor fundamental en estos tiempos de euroescepticismo impulsado por fuerzas políticas y movimientos ultraderechistas en todo el continente.

La paz o, aun mejor, «nunca más guerra y horror» es uno de los ejes conceptuales adoptados por la campaña de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de Merkel. Y no solo han elegido este tema, como lo han hecho otras fuerzas, sino que han decidido recurrir a una imagen con alta carga emotiva: El viejo Reichstag en ruinas.

Se trata de un montaje entre el pasado y el presente. Los horrores de la guerra y la importancia de la paz. Y a ello se agrega una frase potente que no solo termina por anclar el concepto sino que desliza un peligro latente, una amenaza: «La paz no se puede dar por hecho».

Los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky lo escribieron hace más de treinta años. Incluso al primero le valió un premio Nobel en Economía. Los seres humanos intentamos constantemente evitar el riesgo (risk aversion). De hecho, en sus estudios concluyen que tendemos a movilizarnos mucho más cuando aparece un riesgo que cuando surge una oportunidad.

La CDU ha jugado la carta del risk aversion. Las encuestas de intención de voto actuales indican que el partido de la canciller está en su peor momento histórico. Desde hace semanas no logra despegarse del 30%, unos 10 puntos por debajo de su media histórica. Las razones de esta caída las detallamos hace unos días en este post: La desunión en el partido de Merkel.

El resto de la campaña apela a otros issues típicos de los democristianos. Por un lado, el tema de la seguridad. Allí se pone el foco en el ciberterrorismo, algo innovador en la agenda de la CDU.

A la inseguridad se le suma una tercera amenaza que completa la tríada del peligro latente: el bienestar. ¿Está asegurado nuestro estilo de vida? La CDU se permite ponerlo en duda, de manera sutil pero sin rodeos.

En síntesis, el partido de la canciller Merkel construye un mensaje en el cual retoma los valores fundamentales, tal vez olvidados, sobre los que se levantó el proyecto europeo. Con esta estrategia, no obstante, también reconoce la existencia de voces potentes que intentan ponerlo en duda. Algo impensado hace algunos años, al menos en Alemania.

La CDU salió a jugar fuerte en esta elección.

Publicado el 13 de abril de 2019 en eleccionesenalemania.com

* Este artículo fue premiado con mención especial en el concurso de artículos breves «¿Por qué votan a los extremos? ¿Cómo fortalecer el centro político?» organizado por Diálogo Político en 2019.

Las primeras dos décadas del siglo XXI han sido testigos de un votante latinoamericano identificado y comprometido con candidatos y movimientos políticos caracterizados por su fuerte críticas y comportamiento contra el sistema democrático. Elegidos democráticamente, candidatos de izquierda y derecha han socavado el sistema de controles republicano en nombre de la mayoría electoral y han llevado a indeseables escenarios de autoritarismo y polarización política.

El éxito electoral de los extremos ha sido gracias a una serie de factores que involucran el funcionamiento del sistema democrático. Los ciudadanos prefieren la democracia sobre cualquier otro tipo de régimen político pero continuamente se quejan de su desempeño. Ellos no toleran que se les siga convocando a las urnas si la democracia no brinda un mejor acceso y provisión a los bienes y servicios públicos para que redunde en la calidad de vida. [1] También sienten que los partidos políticos permanecen alejados de ellos incumpliendo su función de representación política. No se contienen en decir ¡que se vayan todos! al decepcionarse de que sus representantes están coludidos con el fenómeno de la corrupción y actúan según sus intereses y no con los de sus electores.

¿Y cuál es la respuesta que encuentran ante semejante decepción? Los ciudadanos viran la mirada hacia opciones cercanas y disruptivas, como las de candidatos populistas que prometen mayor eficacia política para luchar contra la desigualdad, la inseguridad o la corrupción. Sin embargo, sus acciones ponen en riesgo la democracia liberal, un régimen diseñado para limitar el poder. Así, en la necesidad de un cambio rápido se incuba la tentación de socavar a la democracia con el populismo.

Con la entrada del populismo, la democracia deja de ser liberal para convertirse en delegativa (O’Donnell, 1994). Los votos otorgan una carta en blanco a los presidentes electos para actuar como únicos y exclusivos actores de la política de su país sobre el que recae la expectativa de los ciudadanos urgidos de soluciones rápidas. Para evitar las demoras de la democracia, los presidentes populistas deciden deshacerse de las normas de juego que les impiden cumplir con su electorado, y violan la división de poderes. Con partidos impedidos de realizar control político, los tribunales desatendiendo a las minorías y una ciudadanía sin voz, la maquinaria de la eficacia populista aplasta las instituciones democráticas en nombre de la mayoría electoral.

Lógicamente, el populismo de las campañas se traduce en autoritarismo a la hora de gobernar. Se instala en los países un ambiente de polarización política como consecuencia de los avances radicales del gobierno populista y una lógica política confrontativa de suma cero. Sobre el quiebre de las democracias, Mainwaring y Pérez Liñán (2014) sugieren que el radicalismo ha sido una fuente de inestabilidad en las democracias porque la imposición de altos costos de unos actores políticos sobre otros han abierto la puerta a elección de medios antidemocráticos para acceder y ejercer el poder. [2]

América Latina ha experimentado ejemplos de populismo con personajes carismáticos como Chávez o Fujimori, que, a fuerza de discurso y acciones intrépidas, desacreditaron la confianza en las instituciones de la democracia liberal. Sin límites a su poder, se dispusieron a cambiar la institucionalidad de sus países, polarizando y apelando a las mayorías electorales como única fuente de legitimidad política, vulnerando los espacios y derechos de la oposición.

Es así que, ante el arraigo de los extremos políticos, muchos han propuesto la emergencia ideológica del centro político. Se le ha definido como una mezcla programática de lo bueno que proponen la izquierda y la derecha, un intento de superar el antagonismo ideológico clásico. Sin embargo, aterrizando el concepto, el término centro político fue introducido al imaginario político por Anthony Downs (1957) como una categoría que denota el espacio donde se concentra la mayor cantidad de votantes y hacia el cual los partidos ubicados a los extremos se mueven para lograr más votos. La teoría del votante mediano demuestra el oportunismo electoral de los partidos ubicados en el espectro ideológico, pero nos da luces sobre una posible definición del centro político.

El centro político no es, entonces, una ideología. No existen partidos de centro. Por el contrario, sí lo son de centroizquierda o de centroderecha. Esto nos invita a plantearnos que el centro político más que una posición ideológica es una actitud ante la política.

La principal característica de los centristas de izquierda o de derecha es el respeto por las reglas de juego y los actores políticos de la democracia. En pocas palabras, el centrismo se define como una actitud de moderación política. Ellos respetan y apoyan a los partidos políticos como intermediarios vitales de la democracia, negándose a seguir a líderes que se atribuyen la verdad absoluta sobre la política. Tampoco pierden la confianza en la democracia liberal como sí lo hacen sus pares más extremos del espectro político, al punto de ser catalogados de tibios ante la resolución de problemas que aquejan a la sociedad.

Como antídoto ante el populismo, el centro debe robustecerse con el fin de fortalecer las instituciones. Es fundamental fortalecer los procesos de democracia interna dentro de los partidos con la promoción de procedimientos más transparentes y amplios a la sociedad civil, que permitan a estas organizaciones ofertar y retroalimentar sus plataformas programáticas de la mano de los ciudadanos. En la misma línea, los liderazgos deben renovarse para que las generaciones más jóvenes logren involucrarse y participar más activamente en política.

Como argumento final, es necesario considerar que el centro político debe ser una expresión de la sociedad sobre cómo debe ejercerse el poder. La sociedad da vida a los partidos y estos a su vez dan forma a las instituciones con las que se dirigirán los destinos de los países. Sin partidos moderados no habrá límites suficientemente fuertes a los pretendientes populistas que buscan, en nombre de la democracia, concentrar poder a expensas de las expectativas de los ciudadanos.

Bibliografía

Downs, A. (1957). «An economic theory of political action in a democracy», Journal of political economy, vol. 5, n.º 2, pp. 135-150.

O’Donnell, G. (1994). «Delegative democracy», Journal of democracy, vol. 5, n.º 1, pp. 55-69.

Pérez-Liñán, A., y Mainwaring, S. (2014). «La supervivencia de la democracia en América Latina (1945-2005)», América Latina Hoy, vol. 68, pp. 139-168.

Notas

[1] El último reporte de Latinobarómetro muestra que el 71% de los encuestados están insatisfechos con el desempeño de la democracia, a pesar de que el 65% de ellos están de acuerdo con la afirmación churchilliana de que «la democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno».

[2] Otra idea sugerida por los autores es que si los actores políticos no tienen preferencia normativa por la democracia, la democracia se desvaloriza como régimen político y posteriormente transita a regímenes autoritarios.

* Este artículo fue premiado con mención especial en el concurso de artículos breves «¿Por qué votan a los extremos? ¿Cómo fortalecer el centro político?» organizado por Diálogo Político en 2019.

La pregunta por el florecimiento del fenómeno del populismo en América Latina y en otros lugares del mundo puede hallar parte de su respuesta en otro interrogante: ¿cuáles son las demandas que canalizan los actores políticos populistas? Dado que, en general, el ascenso al poder de dichos actores se realiza por medio del sufragio, no sería extraño tener en cuenta que los ciudadanos eligen esa propuesta porque consideran que ese proyecto es capaz de satisfacer ciertas demandas o necesidades. Luego, ciertamente, el estilo populista tiende a exacerbar el mandato popular —real o ficticio— y a acercarse a ciertos extremos.

Las demandas que se encuentran en la génesis de los proyectos populistas podrían compendiarse en al menos dos categorías. Un grupo de demandas tiene que ver con la falta de satisfacción de derechos fundamentales. El contexto de estos requerimientos está dado por un esquema de profundas desigualdades, que pueden ser políticas, económicas, culturales o de oportunidades.

De este modo, un actor populista que asume este conjunto de reclamos tiende a mostrarse como el representante de una propuesta mesiánica que acabará con el contexto desigual. Para ello, procurará identificar como enemigo de los derechos del pueblo a todo actor o estructura institucional que suponga un obstáculo para la consecución de la voluntad del dirigente populista.

Otro grupo de demandas tiene que ver con la proliferación de casos de corrupción dentro de las estructuras públicas, y con ciertos déficits institucionales y de seguridad jurídica. El contexto de estos requerimientos está dado por cierta práctica política vinculada al uso de los recursos públicos con fines ilícitos o sectoriales en detrimento del desarrollo de la comunidad política en general y del crecimiento económico en particular.

Los actores populistas también pueden apropiarse de demandas sociales como las de la segunda categoría. La propuesta mesiánica, en este caso, tendrá que ver con la limpieza de las estructuras del Estado y el compromiso con cierto modelo económico para alentar el crecimiento. La construcción de un enemigo —elemento inherente al estilo populista— [1] tendrá que ver con todo aquello vinculado a la corrupción y a la inseguridad jurídica. Sin embargo, en ese esquema pueden caer también ciertos derechos como aquellos de tipo económico, social o cultural, o los de grupos minoritarios.

Los grupos de demandas identificados, así como su posible recepción por actores políticos populistas, tienden a expresarse de una manera polarizada. El populismo toma los legítimos reclamos y los canaliza hacia ciertos extremos donde la legitimidad de las demandas se funde con otros elementos. Frente a este fenómeno cabe un nuevo interrogante: ¿qué elemento normativo debería promoverse para responder a las legítimas demandas de la sociedad sin caer en extremos?

Una propuesta plausible tiene que ver con la puesta en valor de un ideal como el Estado de derecho. Precisamente, para las posiciones descritas precedentemente, el Estado de derecho no está exento de consideraciones negativas. El primero de los grupos aludidos ha catalogado al Estado de derecho como un elemento negativo, por cuanto la restricción al poder que este implica supone a su vez una restricción al ejercicio de un poder benevolente. [2] El segundo de los grupos asume que el Estado de derecho encarna, respalda y reproduce relaciones sociales desiguales. [3] Este segundo grupo justifica la reproducción de la desigualdad con base en su visión del Estado de derecho.

El Estado de derecho constituye un imperativo ético político que se basa en dos tipos de exigencias. Por un lado, que el modo en que la autoridad política expresa sus órdenes cumpla determinados requisitos formales, es decir, que sean accesibles, generales, claras, estables, no retroactivas. Por otro lado, que se garanticen ciertos principios institucionales como el acceso a la justicia o el cumplimiento de las normas legales por parte de los agentes oficiales.

De entre los modos en que el poder político puede ser ejercido, el Estado de derecho supone una diferencia bien específica: el poder ejercido bajo su sujeción es no manipulativo. Quienes tienen el poder público podrían echar mano de muchos métodos manipulativos para lograr sus cometidos, como la propaganda o la amenaza. Sin embargo, un poder no manipulativo trata a los ciudadanos como agentes de deliberación y decisión.

Precisamente entonces, cabe preguntarse por qué el poder debe estar sujeto a unos requerimientos como los del Estado de derecho. La respuesta se halla en torno al concepto de dignidad: las personas no pueden ser gobernadas de cualquier manera, porque son alguien y no algo. Este punto es crucial, porque supone que tanto las aspiraciones institucionales presentes en la sociedad se hallan vinculadas con las aspiraciones sustantivas como el respeto de los derechos fundamentales a través de una misma idea: la de dignidad humana. De tal modo, el Estado de derecho posee un sustrato que unifica los grandes grupos de demandas presentes en la sociedad. Difícilmente haya respeto de los derechos fundamentales sin sujeción al Estado de derecho, como —asimismo— la satisfacción del Estado de derecho pierde fuerza sin deferencia hacia los derechos fundamentales.

En esta línea, el poder no manipulativo que supone el Estado de derecho reúne al menos tres cualidades. Primero, es público, porque las exigencias formales de ese ideal requieren que toda decisión política se encuentre al alcance de los ciudadanos. Segundo, es racional, porque presupone que los ciudadanos son personas racionales capaces de decidir y deliberar con base en razones públicas. Tercero, es no paternalista, en el sentido que trata a los ciudadanos como adultos que se autodeterminan. [4] Estas cualidades chocan con el modelo de poder propuesto por el populismo, que oculta intereses sectoriales, posee componentes emocionales y trata a los ciudadanos como infantes políticos, que delegan el poder sin compromisos deliberativos. Por ello, la deferencia hacia el Estado de derecho —por parte de ciudadanos, partidos políticos y gobernantes— puede significar un valioso camino para resguardar a las comunidades de los discursos extremos.

Bibliografía

[1] Cf. Roberts, K. (1995). «Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case», World Politics, vol. 48, n° 1, pp. 82-116.

[2] Cf. Horwitz, M. (1977). «The Rule of Law: An Unqualified Human Good?», Yale Law Journal, vol. 86, p. 566.

[3] Cf. O’Donnell, G., (2010). Democracia, agencia y Estado. Buenos Aires: Prometeo, pp. 150-151.

[4] Cf. Celano, B. (2013). «Law as power. Two Rule of Law requirements». En Waluchow, W., y Sciaraffa, S. (eds.). Philosophical Foundations of the Nature of Law, Oxford: Oxford University Press, pp. 145 ss.

* Este artículo fue premiado con mención especial en el concurso de artículos breves «¿Por qué votan a los extremos? ¿Cómo fortalecer el centro político?» organizado por Diálogo Político en 2019.

La insatisfacción popular con la democracia desplaza los votos hacia los extremos, causando incluso la desaparición del centro. Así, se prepara el escenario para la aparición de outsiders, en su mayoría populistas a costa del detrimento democrático.

El Informe 2018 de la Corporación Latinobarómetro presenta un indicador sobre la satisfacción de los habitantes con la democracia en América Latina. De acuerdo con éste, la insatisfacción ha alcanzado una cifra preocupante, que pasó, de 51% en 2008, a 71% en 2018. Escenarios como estos propician la elección de candidatos que quiebran el establishment o más bien que dan espacio a los radicalismos. Entonces, debe entenderse por qué los extremos se convierten en la opción predilecta mientras el centro político agoniza.

El inicio del siglo XXI vino acompañado del giro a la izquierda latinoamericano. Para entenderlo es preciso conocer qué ocurrió previamente. A finales de 1980, la alta deuda externa, la inflación descontrolada y el bajo crecimiento económico fueron el común denominador en México, Brasil, Perú, Argentina, etc. Esto requirió de la implementación de políticas de ajuste neoliberal casi a nivel regional. Ese proceso estaba mayoritariamente a cargo de partidos del centro político. Los planes de ajuste económico incluían privatizaciones, liberalización del comercio exterior, reducción del tamaño del Estado, etc. Estas reformas efectivamente trajeron crecimiento económico y controlaron la inflación. No obstante, a nivel social y político se evidenció la falta de capacidad de adaptación de los partidos de centro, puesto que el plan de ajuste tuvo altos costos en desempleo y niveles de pobreza. De esta forma, el descontento social aumentó y se pedía la adopción de nuevas políticas económicas de ajuste y austeridad.

Frente a esta falta de adaptación del centro y de representación a las demandas de la población, surgieron políticos y partidos outsiders. Ante la inconformidad con el centro político, muchos dirían que la opción es por candidatos radicales para cambios radicales. Aquellos políticos outsiders son un factor de riesgo porque es allí donde se arraiga el individualismo y esa adoración casi religiosa a una única figura. María Esperanza Casullo y Flavia Freidenberg (2014) resumen el viraje a la izquierda en América Latina y el ingreso de outsiders al gobierno, en el cuadro siguiente.

Fuente: Casullo y Freidenberg (2014).

Es importante considerar lo antes expuesto porque ya no es una cúpula militar la que toma el poder, sino que, dentro del mismo sistema republicano, algunos personajes se han perpetuado después de contiendas electorales y han debilitado a las instituciones y con ello a la democracia representativa.

La polarización en el espectro político puede desencadenar dos posibles escenarios: el primero, unir contra el sistema a las fuerzas extremistas de izquierda y de derecha; el segundo, el enfrentamiento irreconciliable de los extremos, que podría resultar en el resurgimiento del fascismo y el comunismo, o de sociedad conservadora versus ruptura revolucionaria.

A veces entender a los partidos de centro y algo (centroizquierda y centroderecha) resulta difuso. El centro puede considerarse como esa tercera opción entre izquierda y derecha. En situaciones precrisis, el centro es ese espacio de compromiso que le quita toda representatividad a los extremos. Sin embargo, en momentos de crisis, el centro tiende a desaparecer y los extremos se fortalecen. Luis Verdesoto (1982), en su artículo «Democracia y centro político en América Latina», afirma que «los extremos personifican al proceso en deterioro y al nuevo proceso». En el nuevo equilibrio que se genere, el centro debe ganar espacio y no podrá ser igual al que era en el periodo de crisis y antes de esta. Es allí cuando debe adaptarse y proponer un proyecto modernizador que no deje de lado las necesidades económicas ni las demandas sociales.

Verdesoto menciona que los partidos de centro ofertan coherencia y eficiencia articulada a la coyuntura de la demanda popular. Por el contrario, el populismo es irracional por las demandas populares sobre las que se levanta y las expectativas que genera. Dice Verdesoto: «[El centro] racionaliza el discurso interpelador de la masa. La estructura del discurso centrista hace perder los atributos críticos a la demanda popular». Él propone que el centro político sea el «interlocutor de las demandas democráticas apropiadas por las masas a través de la oferta de proyectos modernizadores de la institucionalidad política y de reforma económica y social». A esto hay que sumarle un consenso pluriclasista, que permita alcanzar el equilibrio político.

Aclara Verdesoto que los partidos de centro no solo son espacios de alianzas, sino que ofrecen direccionamiento a la fracción del movimiento popular que se encuentra vinculada a la organización, para darle unidad ideológica y rol político. Un ejemplo de que el consenso pluriclasista y multipartidario es posible, es el caso de España con el llamado Pacto de la Moncloa en su transición democrática. En 1977, en las primeras elecciones después de la Guerra Civil, la Unión de Centro Democrático alcanzó la mayoría absoluta y formó el gobierno para la reconstrucción de España, estableciendo así los cimientos para la potencia económica mundial que es hoy.

En conclusión, los partidos de centro nacen para corregir los excesos de las principales corrientes políticas de extrema derecha y extrema izquierda. Su tarea es crear una zona de estabilidad en relación con la demanda y oferta social. Por ello, el consenso multipartidario es necesario, pero el desafío del centro político radica también en desarrollar una alta capacidad de adaptación y consideración a las presiones de varios sectores sociales que quizás no se sienten representados y buscarán cambios drásticos o quebrantamiento del statu quo en partidos que no sean los tradicionales.

Bibliografía

Casullo, M., y Freidenberg, F. (2014). «Cuando se vacía el centro: el ascenso de partidos y políticos outsiders en América Latina y Europa», El Diario.

Corporación Latinobarómetro (2018). Informe 2018.

Lagos, M. (2018). «Annus horribilis: El fin de la tercera ola de democracias. Latinobarómetro».

Noceda, M. (2017). «Los Pactos de la Moncloa, el acuerdo que cambió España hace 40 años», El País.

Ortega, M. (2018). «Polarización: Del centro político a los extremos: ¿hacia dónde va nuestra democracia?», Organización EsGlobal.

Verdesoto, L. (1982). «Democracia y centro político en América Latina». FLACSO.

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* Este artículo fue premiado con mención especial en el concurso de artículos breves «¿Por qué votan a los extremos? ¿Cómo fortalecer el centro político?» organizado por Diálogo Político en 2019.

Hace más de dos mil años, un famoso político griego tomaba la tribuna en el Cementerio del Cerámico en Atenas, para hacer las exequias de los caídos del primer año de la guerra del Peloponeso. Se refirió así a la forma de gobernar en la Antigua Grecia: «[…] Puesto que la administración se ejerce a favor de la mayoría, y no de unos pocos, a este régimen se le llama democracia […]». Respecto al ejercicio democrático, confesaba que los ciudadanos: «[…] no por el hecho de que cada uno esté entregado a lo suyo, su conocimiento de las materias políticas es insuficiente. Somos los únicos que tenemos más por inútil que por tranquila a la persona que no participa en las tareas de la comunidad». Esa era la Antigua Grecia.

Aquel era el llamado «Discurso fúnebre» de Pericles, rescatado por Tucídides en el libro II del relato de la Historia de la Guerra del Peloponeso (35‐46).

Es importante traer a colación las palabras de Pericles a la luz del debate que se presenta hoy en Latinoamérica y el mundo por el crecimiento de los extremos, las opciones más radicales tanto de la derecha como de la izquierda. Dicha discusión, que debe ser fundamental en las democracias liberales, apunta, primero, a hallar las razones de tal crecimiento y, luego, a formular alternativas políticas de contención y que sirvan para contrarrestarlo. Este artículo pretende hacer una propuesta para cada una de las líneas del debate.

Para empezar, es crucial tener claro que el crecimiento de los extremos se ha dado dentro del marco de la competencia democrática, se han adueñado de su lugar en el juego a votos, son los ciudadanos los que les han dado entrada y los han empoderado, a pesar del riesgo, discursivo y factual, que supone para las democracias mismas, sus instituciones y procedimientos. Este atentado a la democracia se debe, en buena parte, a que los gobiernos pospusieron por mucho tiempo cumplir con uno de los principios básicos de la democracia: ejercer la administración de los recursos a favor de la mayoría y no de unos pocos. Las mediciones del Latibarómetro (2018) sirven para reforzar este argumento, pues en 2018 el 79 % de los latinoamericanos aseguraron que se gobierna en favor de unos «cuantos grupos poderosos».

Los extremos se han aprovechado del fracaso de los políticos, de la política moderada en general, y se han vestido con capas discursivas prometiendo un resguardo efectivo de algunos bienes públicos de trascendencia nacional como el orden, la seguridad y el crecimiento económico, principales emblemas del fracaso de los moderados. En buena medida, los ciudadanos están eligiendo vivir bajo esa capa y les otorgan electoralmente el poder para hacerlo. Por supuesto, para ellos la democracia no se encuentra entre los bienes públicos a cuidar; pero, ¿a quién le importa? Al parecer, a los latinoamericanos no; el desencanto con la democracia sigue una tendencia al alza desde 2008, cuando las personas insatisfechas con esta eran un 51%, hasta el 2018, en que la cifra alcanza ea 71% (Corporación Latinobarómetro, 2018).

La poca participación de la gente, la falta de interés en los asuntos públicos, el desencanto popular ante el fracaso de los políticos y las consecuencias sobre la democracia no son temas nuevos. Veinticinco años atrás, Guillermo O’Donnell (1994) hablaba de las democracias delegativas, y afirmaba como principal característica que los ciudadanos estaban de acuerdo con que quien ganara la elección tendría el derecho a gobernar como considerara apropiado. Hemos recorrido un par de décadas, el debate continúa y no parece que vaya a terminar pronto. Se vuelve entonces necesario poner nuevas opciones sobre la mesa.

En atención a los hechos presentados, la alternativa que propongo es muy simple: volver a la raíz, a las bases enunciadas por Pericles en la citada ceremonia solemne, procurando dos cosas: la primera, utilizar el poder político que le queda a las fuerzas no extremas para generar mecanismos e instituciones que promuevan la participación ciudadana en asuntos de interés común, como la administración de los bienes públicos tangibles: la tierra y el agua, pero también los intangibles: los derechos humanos y la democracia; la segunda, que esas mismas fuerzas políticas utilicen los espacios de poder que todavía les quedan para generar política pública más cercana a las bases, que procure distribuir mejor los recursos materiales del Estado, mandando el mensaje de que son ellos quienes quieren dejar de gobernar para unos pocos.

Los dirigentes y partidos de centro deben reconocer que si la actual coyuntura política pone en riesgo a la democracia en sí, a ellos aun más; que la gente está dejando de creer en sus plataformas, se está alejando, y que la única forma de recuperar adeptos y poder político es volviendo a la raíz del sistema democrático: hacer política en la calle, involucrando a la sociedad civil, no solo a la que ya está organizada, sino sobre todo a la que no lo está. Los ciudadanos necesitan sentir cerca a sus políticos, verlos en la plaza, sentirse parte de la política, y estos partidos tienen que hacerlos parte de ella, de las decisiones. La gente, principalmente los jóvenes, no confía más en la política de copa y sofá, no da crédito a los comentaristas tradicionales, ni a los diarios, ni a la televisión o la radio. Está buscando nuevas formas de enterarse, de vincularse; las redes sociales se han vuelto un nicho para atacar, son un crisol de opiniones, un espacio de relacionamiento directo con potencial formativo. Las personas buscan nuevas formas de participar, de organizarse.

Para fortalecerse, las fuerzas de centro deben escuchar y canalizar estas inquietudes, y Pericles da la guía: «no cree(r) que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer». Dos mil años después, para rescatar a la democracia del peligro que suponen los extremos, hay que leer a Pericles a través de Tucídides, regresar a la plaza, hacer partícipes a los ciudadanos de la realidad política, volver a la raíz.

Bibliografía

Corporación Latinobarómetro (2018). Informe 2018. Banco de datos en línea.

O’Donnell, G. (1994). «Delegative Democracy». En Journal of Democracy, pp. 55-69.

Tucidides (2008). Historia de la Guerra del Peloponeso. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Zarazaga, R. (18.10.2018). «La dinámica del odio que acorrala a la democracia», La Nación.

*Este artículo fue premiado con mención especial en el concurso de artículos breves «¿Por qué votan a los extremos? ¿Cómo fortalecer el centro político?» organizado por Diálogo Político en 2019.

¿Por qué la gente prefiere los extremos? ¿Cómo fortalecer el centro político? Son dos preguntas que hoy están sobre la mesa y que guian la redacción de este artículo.

El célebre escritor norteamericano Mark Twain (1835-1910) decía que la historia no se repite, pero rima. Y quienes miran con ojo crítico los procesos históricos, y sobre todo políticos, deben estar atentos a cuando una serie de hechos y eventos comienzan a emitir fonemas similares a situaciones del pasado.

En la actualidad, al igual que en épocas anteriores, las democracias se fracturan y fracasan, esta vez no en manos de tiranos que capturan al Estado por medio de golpes militares o la vía armada, sino más bien por líderes electos, por presidentes (o primeros ministros) que dislocan la institucionalidad pervirtiendo los mecanismos que los condujeron al poder. Así, los enemigos de la clase política, estando incluso dentro de ella, han levantado banderas que interpelan a los desafectados e indignados, generando sintonía y vínculos expresados en votos. [1]

La democracia está en la encrucijada y los demócratas tienen un gran desafío, traducido en la defensa irrestricta de los valores de este sistema de gobierno y, con ello, de los derechos humanos. En esta dirección, frente a la emergencia de liderazgos con rasgos autocráticos y discursos polarizados, los actores moderados serán los llamados a generar una propuesta político-programática que concite el interés de la ciudadanía.

Peter Mair, en Gobernando el vacío, la banalización de la democracia occidental (2015), vaticinaba las consecuencias del desgaste de la tradicional democracia de partidos, argumentando que, debido a la creciente brecha entre gobernantes y gobernados (lo que ha derivado en partidos que han dejado de ser un vehículo movilizador entre demandas ciudadanas y soluciones de política pública), se ha facilitado la emergencia de discursos extremistas y populistas, de izquierda o de derecha, como alternativa paralela dentro del juego democrático.

En consecuencia, comienza a generarse un vacío que se cristaliza en desafección ciudadana hacia la clase política. En la misma línea, Daniel Innerarity, en La política en los tiempos de indignación (2016), declara que el problema de los indignados no tiene que ver con la política en sí misma, sino más bien con los malos políticos. La política lentamente ha dejado de expresarse en los espacios institucionales tradicionales y ha mutado hacia nuevas comunidades.

La promesa de la democracia liberal ha entrado en crisis y los populismos con rasgos autoritarios se levantan como opciones reales. En Europa, la crisis del Estado de bienestar, de la socialdemocracia, además de la resistencia a la globalización (defensa cultural), ha generado que discursos extremistas estén a la vanguardia. En América Latina, el mismo panorama tiene menos que ver con estos temas, pero sí con la corrupción en política, la captura de la institucionalidad por actores de interés, la falta de probidad y transparencia.

Con base en lo anterior, los discursos populistas cuentan con una estética que los dota de capacidad de alcanzar representación popular, distorsionando la realidad a través de la imposición de una nueva moral de lo bueno y lo malo. De este modo, la ciudadanía adopta estos discursos como opciones legítimas, lo que termina impactando en los procesos electorales y la elección de alternativas políticas.

Esta nueva moral le habla a la persona común con un relato compuesto por un lenguaje vinculado a la cotidianeidad, sin fórmulas alambicadas. Estas opciones se configuran como vía de solución a los problemas inmediatos de la población (falsas soluciones).

En este contexto, el desafío de fortalecer el centro está alineado con la defensa de la democracia. El reconocido jurista y filosofo italiano Norberto Bobbio, en Derecha e izquierda (1996), explicita que el centro asume un carácter vinculado a los intereses y valoraciones de los individuos, lo que implica que se esté pensando constantemente. En consecuencia, el centro político no es dogmático, sino más bien flexible y responde a estímulos que vienen desde los extremos. Desde una lógica dialéctica, el centro se constituye como la síntesis de una tesis y antítesis tensionadas entre sí, aprovechando las contradicciones manifiestas entre estas dos fuerzas en fricción, para levantar un discurso que se establece desde un estado de superación. Ello, solo si existen propuestas de centro al interior del juego democrático.

La construcción de un relato moderado es fundamental: propuestas atractivas y que hablen de cara a la ciudadanía, haciendo hincapié en que no existen respuestas fáciles a problemas complejos, principal falla de los discursos populistas (el todo lo puedo en política no existe).

Al final del día, fortalecer el centro político pasa por la generación de instancias de renovación política, donde las instituciones informales (reglas no escritas, principalmente culturales) operen en un nuevo lenguaje. Los problemas políticos, del estilo devolver la confianza a las personas, se resuelven con más y mejor política (y políticos).

Finalmente, Twain tiene un punto y es que, si bien la historia suena parecida, no necesariamente se repite, por lo que más allá de la emergencia de actores que reivindican discursos populistas y extremistas (como ya ocurrió en el siglo XX), siempre estará el centro político como alternativa de contención, ya que, tal como indica Bobbio, de los moderados es la democracia.

Nota

[1] Es el caso de Donald Trump (EUA), Matteo Salvini (Italia), Viktor Orban (Hungría), Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Venezuela), Jair Bolsonaro (Brasil), Marine Le Pen (Francia), Heinz-Christian Strache (Austria), entre otros.

* Este artículo obtuvo el primer premio en el concurso de artículos breves «¿Por qué votan a los extremos? ¿Cómo fortalecer el centro político?» organizado por Diálogo Político en 2019.

Las democracias de la región entraron en una crisis más profunda de lo que muchos imaginan. Múltiples causas llevaron a una situación compleja, pero no irreversible.

Al igual que sucede en Estados Unidos y en muchos países de Europa, América Latina de un momento a otro, casi sin darse cuenta, ingresó en un draconiano proceso de crisis política que dista en demasía de las situaciones de inestabilidad del siglo pasado. Hoy día, salvo excepciones condenadas por la mayoría del sistema político, la región dejó atrás golpes de Estado. Sin embargo, sufre cambios temerarios que no hay que subestimar. Dotar de legitimidad democrática a sectores extremistas puede transformarse en un túnel sin salida.

El último caso conocido por todos se dio en Brasil con el triunfo de Jair Bolsonaro, pero para entender este y tantos otros resultados, que hace algunos años hubieran sido inesperados, hay que retroceder en el tiempo. El reconocido politólogo italiano Giovanni Sartori [1] decía que «el único modo de resolver los problemas es conociéndolos». Nuestro sistema político debe tomar nota de cuáles son esos problemas, realizar un diagnóstico adecuado y sacar a las democracias de la terapia intensiva.

Si uno mirara desde un lugar donde no estuviera condicionado por ninguna opinión preexistente, rápidamente se preguntaría: ¿cómo llegamos a esto? A modo de síntesis comprensiva no hay que mirar al votante, que es quien hoy en día elige a los extremos, como el culpable. El voto no se define por un único componente aunque, en general, prevalezca la cuestión emocional. A la hora de elegir, una persona atraviesa diferentes procesos que la llevan a tomar la decisión definitiva. Por eso, hay que buscar las causas en el sistema político y no en los ciudadanos, que, por la razón que sea, son víctimas de quienes conducen dicho sistema.

La respuesta sencilla, y sin un análisis profundo de estas primeras líneas, podría ser que los espacios de extremos son claros y no dejan lugar a la duda a la hora de presentar sus plataformas políticas. Es cierto, pero eso sería observar una foto de la problemática y no la película completa. El malestar del ciudadano con el sistema político es previo al momento de la votación. La decisión que toma en los comicios es la consecuencia de un hartazgo de años.

Basta con desmenuzar lo que sucedió en Brasil. Tras ocho años de gobierno de Lula da Silva y una mejora destacable en los índices socioeconómicos, el país más importante de Sudamérica ingresó en un período de inestabilidad política que culminó hace algunos meses con la elección de Jair Bolsonaro. Entre la salida de Lula en 2011 y la elección del año pasado hubo múltiples denuncias de corrupción que terminaron con el gobierno de Dilma Rousseff y la asunción de un también cuestionado Michel Temer. El ciudadano brasileño no encontró respuestas a sus problemas cotidianos en ninguno de los partidos tradicionales que históricamente forman la política de su país. La consecuencia a esto fue volcarse a un candidato que se paró bien en un extremo del espectro ideológico y supo entusiasmar al votante desencantado con el sistema. Las causas pueden variar de acuerdo a la coyuntura de cada país, pero los resultados finales son similares.

Otro componente a tener en cuenta es la polarización. Nuestro sistema político regional eligió en los últimos años como una forma de construcción política a este concepto, que no hace otra que dañar a la democracia. La Argentina —al igual que muchos países de la región— hoy todavía convive con la lógica pueblo-elite o el nosotros-ellos que pregona Ernesto Laclau [2]. Esto puede tener un beneficio electoral, pero a largo plazo divide, enfrenta y opone a los diferentes actores, que deberían —aun con sus diferencias— trabajar en conjunto por y para el bien común. En escenarios polarizados, donde apenas existen dos opciones válidas opuestas y no hay lugar para espacios de centro, frente al descontento con estas, solo pueden surgir nuevas fuerzas que se paren en los extremos de las opciones que ya existen. Irrumpen con un discurso impío y de alto impacto como la solución a todos nuestros problemas.

Quien se ocupó principalmente de instalar en América Latina el concepto de la polarización fue el populismo, que sometió a la región en los últimos veinte años. Penetró de manera perspicaz, inteligente, con un relato idílico que tomaron muchos, luego de una tormentosa década de los noventa. El fracaso de un modelo determinado, sea cual sea, dispara inexorablemente consecuencias de todo tipo. Puntualizando en las políticas, cabe resaltar que el populismo de los 2000 en adelante no hubiera existido con un consenso de Washington exitoso. La misma lógica se aplica para la política de los extremos ante el colapso los líderes paternalistas y mesiánicos.

Nuestro sistema democrático debe volver a construir de una manera plural, con un horizonte acordado entre las distintas fuerzas políticas, fronteras para dentro de un país como en política exterior. La región convive con instancias diplomáticas en demasía donde podrían converger propuestas e intereses para abordar las problemáticas de manera democrática, respetando a las instituciones y teniendo al ciudadano como eje principal.

Una figura que está muy debilitada ante la opinión pública es el Parlamento. Su recuperación forma parte de este gran reto. Desde allí se dan los debates más plurales de una sociedad. Y, además, es el poder del Estado desde donde cualquier espacio del sistema político puede aportar soluciones. Quienes tienen la responsabilidad de legislar conviven con la necesidad de alcanzar acuerdos y consensos; es precisamente lo que hoy en día se necesita para recuperar el centro político.

El desafío es dejar atrás la mezquindad, la vocación de poder, y ofrecer alternativas reales y acordes a este siglo, para que quienes acuden a las urnas vuelvan a confiar en opciones con programas claros y no en personajes que apenas se aprovechan del descontento generalizado.

Notas:

[1] Giovanni Sartori, politólogo, pensador e investigador italiano. A lo largo de su carrera consiguió múltiples reconocimientos por su extensa obra. Fue autor de la frase: «El único modo de resolver los problemas es conociéndolos, saber que existen. El simplismo los cancela, y así, los agrava».

[2] Ernesto Laclau, filósofo y teórico político. En 2005 publicó el libro La razón populista, en el que desarrolla su teoría sobre los gobiernos populistas.

Mientras escribo esto, escucho las cacerolas al fondo y gente gritando en sus balcones porque nuevamente hay un apagón en Venezuela.

En medio de todo, pienso lo afortunada que soy por no estar en un centro hospitalario batallando entre la vida y la muerte. Pero también pienso que no es normal lo que estamos viviendo y me niego a acostumbrarme a que esto sea así.

Es miércoles 27 de marzo y hoy es la segunda vez en el día que se me va la luz. En muchas partes del país no hay energía eléctrica desde el lunes, y en otras, va y viene (tal es mi caso). Pero la realidad es que los venezolanos tenemos tres semanas viviendo del ¡llegó la luz!

Durante los dos apagones se han registrado al menos veinticinco muertes en centros hospitalarios por las fallas de energía. Esto sin contar a los venezolanos que no pudieron llegar al hospital, los que no se pudieron atender o los que perdieron su casa producto de un incendio porque la luz llegó y explotaron los electrodomésticos (como le pasó a mis padrinos).

Han sido días muy duros. Los pequeños empresarios han tenido que parar su trabajo y la administración pública solo ha trabajado diez días en un mes. Vivimos en un país paralizado por la falta de servicios, y miles siguen muriendo de mengua por la falta de alimentos y medicinas.

En medio de todo esto, ha surgido la esperanza. No en un hombre o un político; ha surgido la esperanza en un pueblo que se niega a creer que esta es la realidad, que esto es una forma de vivir.

El socialismo del siglo XXI y la Revolución bolivariana ya no son más que cuentos en los que nadie cree. Somos millones de venezolanos que queremos ver la libertad, millones de voces que hoy piden democracia. Pero hoy el régimen —que está más débil que nunca— quiere agotar ese sentimiento, quiere que perdamos la razón y que busquemos un culpable entre nosotros. Pues, a ellos, les decimos ¡no! No van a callarnos, no vamos a dejar de protestar, no vamos a dejar de creer que Venezuela va a cambiar.

Cuando me preguntan ¿por qué no te vas?, no encuentro un argumento válido para quedarme, pero barajo las cartas y al final sigo diciendo lo mismo: ¡Porque me niego a rendirme! Es la frase que nuestro hermano Juan Requesens nos regaló horas antes de ser secuestrado por la dictadura y que nos da aliento para seguir adelante. No nos rendimos, no nos acostumbramos y no nos callamos. Vamos a seguir insistiendo con que esto no es normal y que Venezuela será libre.

A quienes siguen afuera, pendientes de nosotros, ¡gracias! Porque son nuestra voz. A quienes estamos dentro, sigamos resistiendo. Que el régimen no quiebre nuestra alma, que no rompan nuestra mente, porque las batallas más duras se libran ahí.

Seguiremos resistiendo, con esperanza y con realidad, sabiendo que cada paso que damos es un paso más que la dictadura retrocede. Que cada protesta que hacemos es una luz que se enciende en medio de la oscuridad.

¿Por qué tantas figuras talentosas de las ciencias sociales y las humanidades, del periodismo y de la literatura han sentido atracción por la izquierda antiliberal? ¿Por qué metas tan sensatas como una mayor inclusión social y una mejor vida para las mayorías llevan a personas que disponen de información y educación a apoyar regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela, el de Miguel Díaz Canel en Cuba y el de Daniel Ortega en Nicaragua?

Tal como indica Edward Said en Representaciones del intelectual (1994), este se vale la palabra para intervenir en el debate público, desde su condición de hombre o mujer de letras, proveniente del mundo académico o reconocido en calidad de especialista. Su responsabilidad ética y política se evidencia al pensar en su influencia en el mundo cultural, en la educación y en los medios. Siendo así, ¿por qué tantas figuras talentosas de las ciencias sociales y las humanidades, del periodismo y de la literatura han sentido atracción por la izquierda antiliberal? ¿Acaso hacer uso de las libertades de expresión, creación y de pensamiento no implicaría su defensa a todo evento? ¿Por qué metas tan sensatas como una mayor inclusión social y una mejor vida para las mayorías llevan a personas que disponen de información y educación a apoyar regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela, el de Miguel Díaz Canel en Cuba y el de Daniel Ortega en Nicaragua?

Pareciera que la secularización de la vida social producto de la Ilustración condujo a una parte importante de la intelectualidad del siglo XX alrededor del mundo a convertir al marxismo en un sustituto de la religión. El marxismo se trataba de una teoría omnicomprensiva que le concedía al pensamiento un lugar preponderante en la política y se presentó a sí misma como una ciencia de la historia, en una época de prestigio de la actividad científica, capaz de analizar el pasado y el presente de la sociedad en función de su futura transformación. Semejante vocación prometeica sedujo a gente de genio en los cinco continentes hasta inducir incluso a la ceguera. Independientemente de la importancia y estatura intelectual de pensadores como Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, tan extraordinarias dotes no les impidieron colocarse al servicio de la propaganda del estalinismo, obviando así los hechos sobradamente probados de la dictadura de carácter policial que hizo estragos en la Unión Soviética. Numerosos académicos y pensadores de renombre alrededor del mundo hicieron exactamente lo mismo no solo con la extinta URSS, sino con China, Cuba o Venezuela. Semejante suspensión voluntaria del juicio contrasta con la crítica implacable a la que han sido sometidas las democracias liberales occidentales por quienes a su vez defienden regímenes autoritarios.

En el siglo XX pensadores, académicos, escritores y periodistas fueron seducidos por la izquierda; parte de ellos se distanció del comunismo en sus distintas versiones, no dejando por ello de perseguir la esperanza revolucionaria en cada nuevo experimento social en América Latina, Asia o África. Otros simplemente optaron por distanciarse política y filosóficamente de la izquierda no liberal para convertirse en sus críticos. A finales del siglo XX y en el siglo XXI, la izquierda antes marxista ha mutado en una despiadada crítica a Occidente, considerada en términos de imperialismo, racismo, voluntad de poder presentada como saber y en políticas identitarias suspicaces respecto al individuo y las libertades individuales.

La verdad y el conocimiento han sido sometidos a esta lógica, con lo cual las humanidades y las ciencias sociales viven un impasse producto de su sometimiento a una izquierda que está funcionando de manera hegemónica y excluyente. Un caso sobresaliente es el del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que funciona como el brazo académico del Foro de San Pablo, impidiendo así la necesaria pluralidad teórica, política y metodológica que debe privar en el mundo académico.