VEREDICTO

La oficina en Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer tiene el placer de anunciar los ganadores del Concurso. En esta ocasión, la temática versó en torno al “Populismo en América Latina”, un hecho que requiere de nuestra atención y que ha generado amplios debates en todo el mundo.

Agradecemos a los más de 100 participantes de toda Iberoamérica. Jóvenes que apostaron por este espacio de discusión de ideas y que sumaron diversos puntos de vista que sin duda son muy valiosos para el fomento de la cultura democrática en la región.

Ganadora:

LAURA TORO (Colombia, 22 años)

Artículo: “El populismo y la política de la salvación en América Latina”

Menciones especiales:

OSCAR CANSECO (Bolivia, 29 años)

Artículo: “Populismo latinoamericano y asedio a la dignidad”

BENJAMIN ARANO (Argentina, 29 años)

Artículo: “El retorno del populismo. Juventud repolitizada y ciudadanía radicalizada”

MARÍA EUGENIA REY (Venezuela, 23 años)

Artículo: “Sobre las posibilidades no populistas de lidiar con la deriva posmoderna”

Tomando en cuenta el alto nivel de los textos recibidos, la Mesa de Redacción de Diálogo Político informa que estará haciendo contacto con diversos participantes de esta instancia para invitarlos a integrar nuestra de red de autores en América Latina.

El jurado estuvo integrado por:

KRISTIN WESEMANN (Alemania)

MANFRED STEFFEN (Uruguay)

GUILLERMO TELL AVELEDO (Venezuela)

AGUSTINA CARRIQUIRY (Uruguay)

JOSÉ CEPEDA (Colombia)

CARLOS CASTILLO (México)

ALEJANDRO COTO (Uruguay)

ANGEL ARELLANO (Venezuela)

El gobierno de Cambiemos y Mauricio Macri ha emprendido un plan de ajustes para reflotar la economía argentina. Una de las medidas centrales en la agenda es la reforma previsional a la que se opone el kirchnerismo con manifestaciones de calle. A continuación el testimonio de una joven y debutante diputada nacional.

La Argentina hace tiempo dio vuelta la página de una etapa difícil en su historia, cuando la democracia era frágil y la violencia, como instrumento de fuerza para presionar al poder, estaba a la orden del día.

Con el retorno definitivo del orden constitucional en el año 1983, comenzó un nuevo tiempo y desde allí los argentinos nos comprometimos a no volver nunca más a esos años oscuros en los que unos pocos pretendían dirigir por la fuerza los destinos políticos del país.

A lo largo de la última década se han visto intentos por parte de sectores minoritarios que buscan utilizar formas violentas como medio de coerción de la voluntad de las autoridades legítimamente constituidas.

Es así como la Argentina todavía soporta algunos cortes de calles y protestas que dañan el espacio público, disfrazadas de manifestaciones sobre reclamos sociales, tal como hemos podido observar en los últimos días en las calles de Buenos Aires. Desafortunadamente esos sectores políticos, que no tuvieron el voto mayoritario de la población e incluso cuentan con un importante rechazo popular que contribuyó a engrosar el caudal de votos hacia Cambiemos, hoy apañan y fomentan esos actos de barbarie.

El lunes 18 de diciembre fue mi debut como diputada nacional. La primera sesión de varias que me esperan en los próximos cuatro años de legislatura. En dicha sesión, ni bien se vivieron los incidentes en las afueras del Congreso de la Nación por parte de esos grupos violentos, la diputada Elisa “Lilita” Carrió, líder del espacio que integro dentro de Cambiemos, se vio obligada a recordarles a los sectores políticos que perdieron las elecciones y que estuvieron detrás de los desmanes, que “no se gana con violencia lo que se perdió en las urnas”. Esos políticos desde sus bancas especularon con los incidentes para frustrar el tratamiento de una Ley que reforma el sistema previsional y es de gran importancia para la ciudadanía. No lo lograron. La democracia y la legalidad nuevamente ganaron.

Esos diputados que especularon con despertar el fantasma del helicóptero de De la Rúa[1], los mismos que en 2001 hicieron todo a su alcance para acelerar el golpe a un gobierno débil pero elegido democráticamente por el pueblo, fantasearon con la violenta idea de volver a repetir la historia. Esta vez excusándose oponiéndose a una Ley propuesta por el Ejecutivo que busca remediar grotescos errores arrastrados durante años de malas decisiones tomadas por quienes hoy están sentados en las bancas de la disidencia. Los mismos piromaníacos que incendiaron la casa, hoy son quienes se quejan del olor a humo.

La Ley en cuestión[2], aprobada ya por el Congreso Nacional, modifica el cálculo de actualización permanente de las jubilaciones y pensiones, asegurando que siempre estarán protegidas de la inflación y garantizando a los jubilados que aportaron toda su vida y hoy cobran el monto mínimo que sus haberes, que la retribución nunca sea inferior al 82% del salario mínimo vital y móvil. Esa es la Ley que unos pocos no querían debatir e intentaron sin éxito frustrar por medios violentos.

El pueblo argentino es un pueblo de paz y tiene claro que no volverá a los tiempos en donde la violencia de unos pocos pueda anteponerse a las instituciones y a la democracia.

Sobre los hechos de violencia, deberá actuar la Justicia y así lo está haciendo. Para lo demás, las instituciones democráticas en el país seguirán siendo la vía a través de la cual los argentinos seguiremos decidiendo nuestro destino.

[1]    Más detalles en https://www.infobae.com/politica/2017/12/20/la-dramatica-caida-de-de-la-rua-y-el-papel-de-alfonsin-duhalde-y-cavallo/

[2]    Leer más en http://www.lanacion.com.ar/2092710-reforma-previsional-diputados-sanciono-la-ley-tras-una-jornada-de-violencia

Lucila Lehmann |

Dirigente de Cambiemos. Diputada de la Nación Argentina por la Provincia de Santa Fe. Miembro de la Red Latinoamericana por la Democracia.

Se armó un festín de contratos y coimas, en un ambiente político de autoritario control total de la estructura estatal y una abundante disponibilidad de recursos económicos. Pero llegó a tal la desmesura que, pese a todos los recaudos para favorecer el encubrimiento y la impunidad, fue imposible detener la investigación y las sanciones.

Desde el inicio del gobierno de la que calificaron con la alegoría de revolución de «ciudadanos» de corazones ardientes y manos limpias, el presidente Correa empezó un cuidadoso armaje constitucional, legal y administrativo para contratar, pagar sin controles y no rendir cuentas efectivas ni a las autoridades de control, judiciales y administrativas, y menos a la opinión pública. Reformas legales y decisiones políticas que crearon condiciones estructurales para la corrupción.

Impelido por la urgencia de realizar obras de infraestructura y gasto clientelar, justificó romper los controles del uso del dinero fiscal, para contratar y ejecutar presupuestos rápidamente. Durante los primeros meses de gobierno recurrió a abundantes declaratorias de estado de emergencia (figura constitucional que crea un estado de excepción de libertades individuales y control de cuentas por guerra o catástrofes naturales). Obras grandes y pequeñas se contrataron directamente, sin concursos o controles previos.

Se reformaron las leyes de contratación pública, para que las declaratorias de emergencia fueran competencia de cada entidad y así excepcionar los contratos de concursos. Se emitió una llamada Ley de Comunicación que amordazó a los medios de comunicación que autocensuraron su página editorial y abandonaron la investigación de corrupción. Convirtieron al contralor (juez de cuentas), quien fue ya sentenciado por corrupción, en pieza crucial de encubrimiento. La facultad fiscalizadora del Parlamento fue anulada por el encubrimiento activo de asambleístas abyectos «al proyecto» que archivaron toda denuncia. Se introdujeron informes de procedibilidad para abrir denuncias por peculado, para represar su avance. Y se tomó control total de jueces y fiscales para que fueran los denunciantes quienes recibieran sanciones por «denuncia maliciosa». Los veedores de los contratos suscritos con el hermano de Correa fueron sentenciados a prisión, por afirmar que estos fueron conocidos por el presidente; los periodistas que coescribieron un libro (El Gran Hermano), en el que documentaron el tráfico de influencias para jugosos contratos en favor de Fabricio Correa, fueron sentenciados por difamación. Lo propio hicieron con el periodista Fernando Villavicencio y el exasambleísta Kléver Jiménez, que portan sendos grilletes electrónicos como medida alterna a la detención preventiva mientras ventilan procesos judiciales incoados en su contra por difamación. Ellos han documentado y denunciado actos multimillonarios de corrupción en el área petrolera.

Correa encargó a su amigo de la infancia Jorge Glas, como ministro plenipotenciario y luego como vicepresidente, el control centralizado de toda la contratación con recursos fiscales en carreteras, petróleo, generación eléctrica y reconstrucción por daños producidos por la naturaleza. En todas las áreas se pusieron en vigencia las normas legales creadas para excluir de controles a la contratación. Las contrapartes privadas fueron escogidas directamente, sin concurso. Glas operó con la sensación de impunidad que ofrecen las que he calificado como condiciones estructurales para la corrupción, por el control judicial y por la anulación de toda forma de fiscalización política o administrativa.

Se armó un festín de contratos y coimas en este ambiente político de autoritario control total de la estructura estatal y una abundante disponibilidad de recursos económicos por los altos precios del petróleo, elevadas recaudaciones tributarias y una descomunal deuda pública que bordea el 60 % del PIB, cinco veces más alta que el saldo de deuda al inicio del correísmo. No obstante que se ha destapado la corrupción en la contratación con la empresa Odebrecht, faltan por auditarse alrededor del 93 % de los recursos comprometidos con otras compañías constructoras, principalmente chinas. No hay precedente tan vergonzoso para el Ecuador que un vicepresidente preso, que se niega a renunciar, alrededor de doce exministros enjuiciados o presos, el contralor sentenciado y prófugo.

La corrupción llegó a tal desmesura que, pese a todos los recaudos para favorecer el encubrimiento y la impunidad, fue imposible detener investigación y sanciones, aunque débiles aún, debido a la presión de la opinión pública, a la incansable acción de periodistas que activaron portales digitales para exponer denuncias y opinión sin riesgo de sanciones económicas pero con elevados riesgos de integridad personal. Así se ha forzado a que el inaugurado gobierno de Lenin Moreno, copartícipe del correísmo, muestre un talante diferente frente al trabajo de los medios de comunicación y en relación con la administración de justicia. Pero, sin duda, fue la información originada en las investigaciones realizadas por fiscales brasileños y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo que otorgó herramientas para forzar la investigación interna. Habría sido injustificado y tenebroso que el fiscal general, quien fue asesor personal y confeso devoto del expresidente Correa, con la contundente información obtenida de asistencias penales transnacionales, se negara a indiciar al vicepresidente Glas.

El golpe político a Correa ha sido devastador, en el enfrentamiento con su sucesor Lenin Moreno por el control del poder y del movimiento político. Moreno ha aprovechado el escándalo en torno a Glas para crear contraste y elevar su popularidad entre el anticorreísmo, denunciando la corrupción en el gobierno de Correa. Pero no ha avanzado más que en la contratación con Odebrecht, pues de hacerlo podría golpear a sus aliados, anteriores funcionarios del correísmo, quienes ya han recibido acusaciones. La consulta convocada por el presidente Moreno concluirá con la intención de Correa de regresar al poder, lo que reduce la influencia de este y abre la posibilidad, que ya anticipó, de que las investigaciones suban de grado y se demuestre que el control total que ejerció durante su presidencia le pasará no solamente descrédito político sino penal.

Diego Ordóñez Guerrero | @diegoordonezg
Abogado y analista político

En marzo del 2016 se presentó en el Museo de Etnografía y Folklore de la ciudad de La Paz, Bolivia, el libro “Las raíces conservadoras bajo las apariencias radicales en América Latina”, escrito por el Dr. Hugo Celso Felipe Mansilla. Junto al autor, al Dr. Rodolfo Santivañez y gracias a la invitación del director de Rincón Ediciones, estuvimos comentando esta obra que reseñamos:

América Latina tal como menciona el autor tiene fuertemente cimentados dos tradiciones: la primera, la tradición precolombina en la cual el colectivismo y el autoritarismo formaban parte de su estructura; sin embargo, para gran parte del imaginario de la población estas civilizaciones indígenas se encuentran muy idealizadas donde sus hábitos y modos de organización son de un gran respeto a la paz y al medio ambiente; la segunda, la tradición ibero-católica la cual en el nuevo mundo tuvo una actitud bastante laxa con su aporte hacia la filosofía y la teología, empero, las artes y la música fueron explotadas con éxito.

Bajo este escenario Latinoamérica tanto en el período colonial como en el republicano se mueve bajo prácticas autoritarias, colectivistas y la necesidad de un caudillo quien tiene la capacidad de seducir a las masas. Los discursos de estos regímenes tienen como principal característica dicotomías simples las cuales dejan en claro quiénes son los buenos y patriotas, y quienes son los malos y antipatriotas. También, tienen la habilidad de crear la ilusión de que las masas toman las decisiones importantes del Estado. Nicolás Maquiavelo mencionaba que los príncipes autoritarios tienen la capacidad de llamar a asambleas, convenciones, conferencias y reuniones en las cuales la población cree muy ingenuamente que toman las decisiones supremas para su futuro eligiendo entre las opciones que les da el príncipe autoritario. Tristemente, la población no tiene la capacidad de darse cuenta que está siendo utilizada para fines distintos como ser las ansias de poder de los gobernantes. Estas clases dirigentes con rasgos radicales en sus discursos terminan suplantando a las viejas élites haciendo grandes fortunas a partir del control del gobierno.

Estos procesos “revolucionarios” son interesantes en el campo de la retórica, empero, jamás tienen la capacidad de cambiar la realidad. Un claro ejemplo es la revuelta de monjes anabaptistas de Müster en 1534 a la cabeza de Jan van Leiden. La revuelta comienza por el abuso de la aristocracia sobre la población y Jan van Leiden con un discurso con características místico-sensuales: igualdad entre los hombres y puritanismo religioso siembra las bases de la nueva sociedad. Siguiendo las ideas de Platón se implantó el pensamiento único y se condenó a muerte a todos aquellos que pensaban diferente (expulsión de los poetas). Muy rápidamente la nueva élite hizo grandes fortunas, adoptó un modo de vida lleno de lujos y para cumplir sus caprichos explotó a la población. La irracionalidad llevada a cabo para crear al “nuevo hombre” llegó a excesos como por ejemplo, que Leiden tenía un pequeño harem de dieciséis doncellas para goce propio. Estos abusos terminaron cuando la misma población abrió las puertas de la ciudad a los ejércitos de la aristocracia para retomar el poder.

Los regímenes populistas en América Latina no distan mucho del macabro escenario de Müster en 1534. Las tradiciones colectivistas de gran parte de América las cuales se encuentran fuertemente arraigadas no aceptan el accionar y el pensamiento individual. Siendo peligroso para estos regímenes que los individuos logren su singularidad y empiece a florecer la inteligencia creativa. El Dr. H. C. F. Mansilla en ejercicio de su singularidad y con una actitud humilde como el dudar y el desencanto nos da una mirada diferente de los latinoamericanos, que posiblemente no sea del agrado de muchos ya que no sigue con la retórica convencional a las cuales nos encontramos acostumbrados.

Jorge Roberto Marquez Meruvia
Politólogo, columnista de opinión de: El Diario, Los Tiempos y El Día

Ficha técnica:
Las raíces conservadoras bajo las apariencias radicales en América Latina
Hugo Celso Felipe Mansilla
Rincón Ediciones, La Paz, 2016
288 pp.
ISBN 978- 9997456687

Venezuela, un país que vive entre la ficción y la crisis, ha moldeado su cultura en base a falsedades, irrealistas, ficción, subestimaciones o exageraciones. El historicismo mitificador de la égida independentista y otros tantos hechos manoseados por el populacho, relator de la nación victoriosa del siglo XIX, ha narrado en kilómetros de tinta que permanece fresca en el subconsciente de la sociedad, un antecedente majestuoso que nos obliga a construir un presente igual o más glorioso, aun cuando el Estado promueva, basado en una peculiar interpretación de esos mitos, un proyecto totalmente distinto que ha colocado a la Patria de Bolívar en la penuria y la precariedad.

Fernando Yurman, psiquiatra argentino llegado a Venezuela en 1976, se aventuró en describir el perfil sociológico del país. Echando mano de su experiencia clínica y docente, se interna con párrafos de minuciosa confección en el retrato de la fábula que somos como

El libro “La identidad suspendida”, editado por Alfa en mayo de 2008 para su Colección Trópicos, es una aproximación al diagnóstico nacional desde el lente de un psicoanalista. Yurman, autor además de “Crónica del anhelo” (Monte Ávila, 2005), entre otras obras, examina los rasgos de la sociedad que lo recibió en tiempos de bonanza petrolera, un hecho que marcó la fábula de la abundancia permanente y necesaria: “configuró una economía rentista, aseguró sordamente la preeminencia del carácter distributivo sobre el productivo, la expectativa fantaseada de la fortuna divina, y la función de un padre imaginario providencial sobre la práctica transformadora cotidiana” (Yurman, 2008:58).

Además, la refundación del Estado impulsada por la Revolución Bolivariana, consolida la sobre-estimulación de dos elementos característicos de nuestro devenir histórico: el paternalismo y el reclamo difuso de una sociedad que no se encuentra con el progreso:

En un gesto bizarro, revelador, la República de Venezuela fue rebautizada República Bolivariana de Venezuela. El hijo funda el origen, y define al padre. Como un padre de sí mismo, este gesto sustituye al padre en el acto de nombrarse. De ahí deriva que la norma y el impulso sean lo mismo, que el Superyó esté tomado por una debilidad estructural, la pulsión invade la razón y se disfraza. (Ibíd.:91)

El reclamo, es decir, la demanda de recursos por venta de hidrocarburos que edificó la creencia de que Venezuela estaba llamada a ser un territorio de riquezas y excesos sin que esto se produjera a partir del trabajo y el esfuerzo nacional, no ha tenido, de acuerdo con el escritor, ninguna precisión ideológica que transformara los recursos del petróleo en la fijación de un proyecto específico. Según Yurman, “nacido de una coyuntura parcial, el reclamo se vertebró de modo difuso hacia un poder responsable más difuso aún. El núcleo de la acción seguía irreductiblemente enigmático. La explicación política utilizó el enigma, no lo esclareció” (Ibíd.:

El caudillo, el liderazgo mesiánico, las promesas del populismo y la inacabada materialización de un país incluyente en el que se reconozcan todos los sectores, han sido factores invitados por una sociedad propensa a recibirlos. Para explicar esta situación, el escritor cita a historiadores que han estudiado a fondo nuestra experiencia social: Germán Carrera Damas, Luís Castro Leiva, Elías Pino Iturrieta, Inés Quintero y otros. “Casi con el mismo vértigo con que se configura un trauma, con los mismos rápidos esbozos sensoriales de una alucinación, se desencadenó el ‘temple’ ideológico de Venezuela con el bolivarianismo actual” (Ibíd.:89). Fenómenos como los nuevos ricos del chavismo, la incoherencia del liderazgo gobernante y la “magia” de la imaginación y el simbolismo, son asuntos que atiende

El psiquiatra sienta a Venezuela en el diván para invadirla, recorrerla y diagnosticar la enfermedad, sus causas, síntomas y consecuencias. Estudia el alma, se adentra en el subconsciente patrio citando infinidad de plumas que enriquecen sus líneas. Borges, Ramos Sucre, García Márquez, Weber, Popper, Hobbes, Schmitt, y el siempre necesario Freud, son nombres que no han faltado en estas páginas. La pintura, la música, las letras: artes con las que el autor recrea ejemplos para ilustrar sus planteamientos. Yurman hace del psicoanálisis una herramienta para estudiar la cultura ciudadana, los valores y antivalores, el amor por los mitos y el rito a la farsa del país “sobre-historizado” (o sobre-idealizado) que tiene como paciente.

Ángel Arellano | @angelarellano
Doctorando en Ciencias Políticas. Integrante del Centro de Formación para la Democracia

Ficha técnica:
La identidad suspendida
Fernando Yurman
Editorial Alfa, Caracas, 2008
203 pp.
ISBN 978-9803542450

La definición de las candidaturas en el plano federal y en el local será fácil para la mayoría de los partidos, compleja en el caso de Acción Nacional, de larga raigambre democrática en sus procesos internos.

El 14 de diciembre inició formalmente el periodo de precampañas en el que los partidos políticos mexicanos elegirán a sus representantes para los comicios del 1 de julio de 2018. En la elección se disputarán, además de la presidencia, la renovación de las dos cámaras del Congreso federal —Diputados y Senadores—, nueve gubernaturas con sus respectivos congresos y ayuntamientos —Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán—, y diversos cargos locales, para sumar un total de 3326 procesos de elección popular.

Una contienda que, por su dimensión, no es solamente un reto inédito para los organismos electorales sino también para los propios partidos, que deberán decidir qué perfiles ocuparán cada una de esas candidaturas. Será también, cabe añadir, la primera vez que ninguna de las fuerzas políticas acudirá solo a la elección: todos los partidos han formado alianzas que plantean nuevos escenarios para la historia de la democracia en México.

Por lo que toca al gobernante Partido Revolucionario Institucional, acudirá a las urnas coaligado con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza; la definición de candidaturas de este caso será, no obstante, sin mayor conflicto, pues la verticalidad y el corporativismo que distinguen al PRI pueden garantizar que las dos agrupaciones que le acompañan obtengan votos suficientes para asegurar su permanencia y recursos como partidos nacionales, amén de algún escaño, alcaldía e inclusive gubernatura —como ocurre actualmente en Chiapas con los verdes— que ceda el priismo.

La alianza que encabeza, por su parte, Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia es de características similares. Su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acudirá a las elecciones de 2018 aliado con la izquierda radical del Partido del Trabajo y con el ultraconservador Partido Encuentro Social, amalgama que sorprendería a cualquiera pero que se justifica por las mismas características que la que encabeza el PRI: los cuantiosos recursos que trae consigo mantener el registro como partido a nivel federal.

En ambos casos será la voluntad del líder o del partido la que sustituya la democracia interna y decida la repartición de probables candidaturas entre los aliados.

La alianza que registraron el Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) es, por su parte, un esfuerzo que ha tomado meses de acuerdos, discusiones, incluso rupturas al interior de esas fuerzas políticas y no pocas críticas o aplausos de parte de la opinión pública.

Si bien tanto el PRD como MC han reconocido que el ya registrado como precandidato a la presidencia de México y líder nacional panista hasta el pasado 9 de diciembre, Ricardo Anaya, será a quien respalden, es el propio PAN el que aún debe completar su proceso interno de elección tanto para ese cargo como para los miles que habrán de disputarse.

Este es el punto más sensible de esa alianza. El registro de Anaya contó con el respaldo casi unánime de los principales liderazgos de Acción Nacional, tanto gobernadores como presidentes del partido en los estados, lo que genera escasos incentivos para que quienes han declarado su intención de competir por esa candidatura participen en un proceso claramente inclinado hacia uno de los competidores.

En ese sentido, también será complejo decidir las candidaturas a diputaciones, senadurías, estados y municipios, pues si bien ha comenzado ya el reparto entre dirigencias de los tres partidos, existe inconformidad entre la militancia y los liderazgos regionales panistas, que se han construido a lo largo de los últimos seis años y que tienen tanto en el PRD o en MC a históricos rivales electorales.

El riesgo de un proceso que no cuente con legitimidad democrática podría derivar en que tanto los militantes como los simpatizantes de Acción Nacional no reconozcan en sus probables candidatos a perfiles que merezcan el voto. Esto podría acarrear una fuga de electores hacia otras opciones —partidistas o de posibles candidaturas independientes, como la de Margarita Zavala, aún por concretarse— o hacia el abstencionismo, ambos motivos habituales de las derrotas de ese partido en pasadas elecciones.

Las alianzas que competirán en la elección de 2018 no aseguran hasta el momento el triunfo para nadie y, si bien las que encabezan el Morena y el PRI harán uso del autoritarismo y el corporativismo para sustentar a sus candidatos, la que ha construido el PAN aún tiene enormes retos por delante.

Esto retos son, sin duda, los que podrían diferenciar una forma de hacer política que México ha arrastrado durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, y otra apegada a los valores democráticos que son, también durante ese tiempo, los que han distinguido y enorgullecido al Partido Acción Nacional.

Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional, Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista Bien Común

El patrimonio, como el legado que recibimos del pasado, importa por su presencia viva en el presente. Se nutre de la materialidad de sus testimonios, del sistema de costumbres, rituales y creencias inmateriales que vivieron con nuestros antepasados. Con ellos construimos —en buena medida— nuestra cultura. A ella contribuyen los grupos inmigrantes en circunstancias tan especiales como es su partida, ya no solo de su tierra sino de este mundo.

«Músico toca una y otra vez esas lindas canciones de mi patria.»
Epitafio escrito en alemán en la estela funeraria de la familia Bayer
en el Cementerio Británico de Montevideo, del escultor José Belloni.

Si en esa realidad observamos el movimiento de las personas inmigrantes, veremos que el tener un lugar en este mundo es hoy una situación totalmente contemporánea, y donde morir —es decir, contar con un espacio digno para el descanso eterno— es tanto más importante que un lugar donde vivir en esa tierra adoptiva, de otro lenguaje y raíces sociales a la que integrarse.

Por eso importa ver estas vidas también desde el espacio ritual y funerario de los cementerios, no solo por todo lo que tienen para decir desde ese silencio eterno, sino como refugio de esas expectativas que fueron un día todo deseo de mejorar la vida —alejándose de todo lo que se amaba— y, finalmente, se escriben en la piedra, esculturas, cruces y en los epitafios, de múltiples maneras.

Los cementerios británicos fueron los primeros en dar lugar a los fallecidos de credos no católicos romanos. Incluyeron allí no solo a los ingleses sino a todo extranjero que no era identificado en su religión al momento de fallecer en el puerto o en una ciudad. Así se encuentran alemanes, franceses, chinos, griegos, rumanos, armenios y libaneses o árabes que venían a distintos puntos de América. Un caso referente está en Fray Bentos (Uruguay), con su fábrica Liebig’s que atrajo a miles de extranjeros que buscaban trabajo; Montevideo, por ser la capital portuaria del país, alojó y recibió a estos inmigrantes que comenzaban una nueva vida y sin mucha esperanza clara de volver a su tierra natal. Traían muy pocas pertenencias y una fuerte fe en su futuro.

Las guerras, cambios laborales e industriales y hambrunas de Europa de la segunda mitad del siglo XIX contribuyeron a la llegada de contingentes de distintos países con sus costumbres y prácticas sociales, que se reflejan claramente en los cementerios de disidentes o protestantes, como se les llamaron muchas veces en crónicas, y popularmente denominando a todos como de ingleses a secas y sin distinción. Esto ocurría en todo el mundo, porque eran los súbditos de Inglaterra quienes primero empezaban a conseguir estos predios para sus fallecidos en los lugares comerciales de asiento del Imperio. Eran necrópolis autorizadas por la Iglesia católica romana y los reyes locales para estas religiones y otras similares —anglicanos, metodistas, calvinistas y luteranos, entre ellos—, de manera de fueran lugares dignos de sus respetos y con todas las garantías legales.

En Uruguay los había en varias ciudades. En Montevideo, el Cementerio Británico, en sus dos ubicaciones en el tiempo. El predio inicial —de 1828 a 1885— estaba donde hoy se ubica la actual Intendencia del departamento; la segunda ubicación, en el Buceo, desde 1885 al día de hoy. Hubo otros en Colonia, Paysandú y Río Negro. Quedan pequeños cementerios de estancias o panteones en el campo, como en San Jorge, Durazno, por tomar algunos ejemplos. Es de particular destaque el caso de Nueva Helvecia y su Cementerio Evangélico, compartido por dos confesiones diferentes.

Una nueva mirada patrimonial a los cementerios.
Desde la vida al arte, de la historia a la memoria

Sin dudas que aquí hablamos de memorias y de historias de quienes vivieron sus realidades y circunstancias de vida, sin pensar en ser o hacer patrimonio. Nuestra mirada actual los valora como patrimonio vivo, por todo lo que nos enseñan desde un calificado entorno funerario. Se reflejan oficios y trabajos de ebanistas y marmolistas, campos de la enseñanza en símbolos y ejemplos artísticos, legados deportivos y personajes políticos. De las religiones que los acompañan hasta símbolos del tiempo y de la naturaleza, de su tierra natal y de su nuevo hogar.

La presencia de valiosas obras de arte por sus características formales es lo que se nos pone a la vista en una primera aproximación, tanto de talleres y autores extranjeros como nacionales o traídas de sus países de origen con sellos de empresas importantes y con las firmas de fábricas de escultores muy destacados de Europa. Han dejado así un testimonio material inmenso de su paso por el tiempo y otro del patrimonio inmaterial que trasmiten en silencio —que vale la pena tratar de comprender— sobre los ritos y costumbres que acompañaron cada despedida de un familiar o amigo.

Esta propuesta está presente para las generaciones futuras y para darle un sentido didáctico a la apreciación y entendimiento del contexto cultural que la generó. No debemos dar lugar al olvido, sino recuperar esos legados patrimoniales con respeto y ética. Debemos tener presente esta responsabilidad al hablar de quienes no están y de quienes seremos sus voces cuando se propongan un folleto o un recorrido temático.

La memoria de nuestros antepasados se encuentra escrita en los cementerios. Son la historia y la vida de lo que hoy somos.

En Europa, la Ruta de Cementerios Singulares de Unesco tiene unos 74 cementerios en 24 países hermanados. En Uruguay estamos trabajando con el patrimonio funerario en muchos departamentos. Invitamos a conocer lo que tienen para contarnos desde el trabajo que lleva adelante la Red Uruguaya de Cementerios y Sitios Patrimoniales, y desde las propuestas que van surgiendo en nuestros cementerios, refugios de la historia y resguardo de memorias.

Eduardo Montemuiño
Uruguayo. Arquitecto. Coordinador de la Red Uruguaya de Cementerios y Sitios Patrimoniales

La participación electoral de la ciudadanía en Chile, desde que se implementó el voto voluntario a partir del año 2012, no ha escapado al fenómeno de una drástica caída hacia la abstención, que se mantiene en casi un 50 % desde que se efectuó la inscripción automática.

Esta tendencia se mantuvo en las últimas elecciones, cuya primera vuelta se celebró el pasado 19 de noviembre. En tanto, para afrontar los avances que en Chile se han logrado las últimas décadas en cuanto a legitimidad y acceso al poder, se requiere todavía de una mayor participación democrática de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones políticas.

En este sentido, se consideró una sorpresa el resultado de la nueva coalición de izquierda en Chile, el Frente Amplio, que obtuvo un 20,27 % frente al 22 % del candidato oficialista Alejandro Guillier, a pesar de haberse posicionado más a la izquierda que el gobierno actual, enfatizando que tiene grandes diferencias con la posición oficialista en su concepción de gestión del Estado, que debería garantizar una mejor aplicación de los derechos sociales, especialmente en temas como el sistema de pensiones, la educación y la salud, para que sean gratuitas y de calidad, entre otros.

En segunda vuelta, gane Guillier o gane Piñera, será decisivo el apoyo de los votantes del Frente Amplio que, en forma inédita, obtuvo veinte diputados y un senador, se configuró como la tercera fuerza política del país y ha manifestado que no será parte del próximo gobierno sino oposición, como una nueva alternativa al clásico bipartidismo, que está en crisis de representación en Chile desde fines de los años noventa.

Esto también ha significado un giro en las posturas más conservadoras que se planteaban para la segunda vuelta electoral que se celebrará el 17 de diciembre, sobre todo para la derecha, que está representada por Sebastián Piñera. Este obtuvo un 36,6 % de los votos en la primera vuelta y tiene el apoyo del candidato José Antonio Kast, que obtuvo un 7,93% del electorado. Ambos han manifestado profundas discrepancias con el aumento de la gratuidad universitaria que hoy beneficia a alrededor de un 50% de estudiantes de menores ingresos. Para fomentar el crecimiento y volver a alcanzar un bienestar económico, la campaña de Piñera ha dado señales de apertura comercial y el diseño de políticas favorables a la inversión, las cuales deben equilibrarse con un crecimiento de la economía que sea más inclusivo y reduzca la desigualdad. No obstante, no ha definido con claridad cómo serán reasignados los fondos públicos destinados a programas sociales y ha indicado incluso que algunos podrían cerrarse.

En consecuencia, el país resolverá en segunda vuelta sobre seguir consolidando el Estado de derecho y la democracia, con un compromiso más sólido y renovado en favor de los derechos humanos, dotando al Estado de una mejor estructura institucional para defender lo que se ha ido conquistando a través de los gobiernos de la coalición de la Nueva Mayoría representados hoy por Michelle Bachelet. Logros que han tenido que ver con una reforma profunda al sistema de votación binominal, que impedía en la práctica la representatividad de minorías, colectivos y partidos independientes, una reforma tributaria, laboral y educacional, la unión civil entre personas del mismo sexo, la aprobación del aborto en tres casos especiales y el desarrollo de un extenso programa en materia de protección integral para los niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Por otra parte, la vuelta de la democracia en Chile permitió un nuevo dinamismo en su inserción en el contexto internacional, a nivel bilateral con la celebración de alrededor de 26 acuerdos de libre comercio con 64 países y a nivel multilateral con una activa presencia en otras organizaciones internacionales, en el contexto de un regionalismo abierto. Esto se refleja, por ejemplo, en su membresía en el Grupo de Río, la OMC, APEC, OCDE, ALADI, UNASUR, CELAC, y además como miembro asociado del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Estas instancias le han permitido diversificar y generar amplios consensos en materia de política exterior, más allá de una estrategia económica de apertura comercial, que necesita de respuestas globales que superan la liberalización del comercio —sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de equilibrar y diversificar la matriz productiva, basada todavía en el crecimiento cíclico de la economía chilena, dependiente en gran medida de la producción del cobre, del que es cuarto productor mundial—. Chile también es miembro de la Alianza del Pacífico (AP), mecanismo de integración regional que en los últimos años registra el crecimiento más bajo de su economía, socio junto a Colombia, México y Perú. Estos países han impulsado en forma conjunta variadas iniciativas de integración en comercio, inversiones, cooperación y movimientos de personas pero necesitan alcanzar amplios acuerdos para impulsar la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, ya que la integración de América Latina se considera imprescindible para garantizar el progreso no solo del país, sino de toda la región.

En tanto los candidatos destacan el rol de Chile en distintos foros y organizaciones internacionales, no se ha profundizado ni debatido lo suficiente a nivel nacional sobre los avances del país en materia de política exterior que se reflejan en el proceso de modernización de algunos de los tratados internacionales bilaterales y multilaterales suscritos: ello favorece sin duda el crecimiento de la economía, pero Chile necesita dotarse de mejor infraestructura y establecer nuevos corredores bioceánicos que permitan aprovechar las potencialidades de mantener una buena relación con los países vecinos.

En este contexto, el consenso y la cooperación regional también pueden considerarse como elementos centrales de la gobernanza global, a la que Chile no puede abstraerse y que se vería favorecida por el diseño de políticas públicas más sólidas. El informe global Governance 2025: At a Critical Juncture, elaborado conjuntamente por el European Union Institute for Security Studies y el National Intelligence Council de Estados Unidos, plantea el concepto de gobernanza global, «que incluye todas las instituciones, regímenes, procesos, asociaciones y redes que contribuyen a la acción colectiva y resolución de problemas a nivel internacional». Esta definición incluye acuerdos formales e informales, así como el papel de los actores no estatales en contextos transnacionales, que permitan una mayor representatividad de los ciudadanos, que la toma de decisiones favorezca un sistema de pesos y contrapesos más transparente y eficaz, que supere el déficit democrático que en ocasiones adolecen los procesos de integración regional y las organizaciones internacionales.

A estos efectos, es destacable la relación de afinidad que ha tenido Chile con la Unión Europea (UE), junto a otros países de América Latina, ya que ambas regiones comparten un acervo cultural común, basado en valores como la paz, la seguridad, con economías abiertas y sociedades más inclusivas, además del respeto al derecho internacional, base de su política exterior y de seguridad común. Esto también se ha visto reforzado en la modernización que actualmente se lleva a cabo sobre el Acuerdo de Asociación con Chile (2002), a través del diálogo político, cooperación al desarrollo e intercambio productivo, que incluirá nuevos objetivos en materia de comercio, servicios e inversiones, en concordancia con la agenda sobre el cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. En consonancia con estos objetivos, la UE ha sido uno de los inversores principales de América Latina y coopera en el apoyo a múltiples iniciativas de la región con el fin de eliminar la pobreza. Para ello, la UE contribuye a través de una colaboración multisectorial con actores como empresas e industrias, ONG ambientalistas y comunidades indígenas, con tecnologías innovadoras e infraestructura verde soluciones para comunidades vulnerables, que ayuden a cambiar las políticas en América Latina hasta 2021, en tres áreas prioritarias: política social, gobernabilidad democrática y la igualdad de género.

En este escenario electoral chileno permanecen pendientes estos desafíos. A pesar de los avances en materia de relaciones exteriores, se ha marcado una diferencia de criterios en materia de integración y diálogo a nivel latinoamericano. Los lineamientos de la Nueva Mayoría y los del Frente Amplio han coincidido en el giro estratégico de la Alianza del Pacífico, que debería reforzar su mirada hacia América Latina, y han resaltado el rol de UNASUR o CELAC, reforzando sus posiciones de liderazgo en la región. Ello además coincide con lo planteado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), que indica que el 77 % de los latinoamericanos está a favor de la integración económica en la región, por lo que hace falta una respuesta política más clara y precisa de los candidatos sobre el rol de Chile como actor global, para que siga participando activamente en los distintos procesos de integración latinoamericana y en temas convergentes como buena gobernanza, desarrollo sostenible, consumo y producción, inclusión social, cambios demográficos, salud pública, cambio climático, energías renovables y la explotación de recursos naturales, entre otros.

Ana María Moure
Abogada. Doctora en Derecho Europeo (Universidad de Alcalá, España y Universidad Tu Dresden, Alemania). Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile

Luego de una exitosa instancia de participación electoral juvenil, continuamos en el proceso de formación e integración de las comisiones de cada departamento, así como de la Comisión Nacional. Se vienen grandes desafíos para la juventud del Partido Nacional; uno de ellos es demostrar que somos la generación del cambio.

El 2 de setiembre del presente año se llevó adelante la tercera edición de las elecciones de jóvenes del Partido Nacional. Uno de sus objetivos fue continuar brindando espacios de participación a los jóvenes, para consolidar las estructuras internas de la Juventud y seguir potenciando y reafirmando la vocación de servir a la ciudadanía desde nuestro lugar, recogiendo los planteos de los jóvenes en los diferentes puntos del país.

Lo que generan estas instancias es maravilloso: crean puentes de esperanza, con un gran entusiasmo y compromiso de hacer, jóvenes que se unen por un mismo objetivo, el trabajar por el bien común, generando confianza, valorando la democracia y preparándonos cada vez más, con miras a que nuestro Partido Nacional sea gobierno.

Se inscribieron más de 500 listas para participar de estas elecciones a lo largo y ancho del país. El requisito era tener entre 14 y 29 años de edad y presentar cedula de identidad al momento de la votación.

Los jóvenes votaron una lista con los nombres de los candidatos a los congresos departamental y nacional, que son órganos deliberativos cuyo fin es encaminar los procesos de juventudes y designar a la Comisión Nacional (CNJ) y las 19 comisiones departamentales.

La Comisión Nacional de Jóvenes, que tengo el orgullo de formar parte como uno de sus quince miembros titulares, se conformó el pasado 18 de noviembre, en el Congreso Nacional de Jóvenes realizado en el departamento de Florida, con los congresales electos de todo el país.

Los nuevos integrantes de la Comisión Nacional son: Armando Castaingdebat (presidente), Aparicio Saravia, Victoria Meneses, Emiliano Metediera, Pamela Toribio, Federico Delgado, Nicolás Botana, Isabella Lazo, Sebastián López, Bruno Astengo, Stefanie Tolosa, Javier Álvarez, Rodrigo Núñez, Francisco Capandeguy y Manuel Ferrer, y sus respectivos suplentes.

Como directora de CNJ por el departamento de Durazno puedo expresar que la expectativa es trabajar para hacer realidad las demandas recibidas de los jóvenes de la ciudad y del interior.

Un punto de partida en común que tenemos con los demás compañeros de la Comisión es el de continuar trabajando en la descentralización para llegar a muchos puntos del país, para seguir escuchando, formando y respaldando a nuestros pares.

Es muy importante haber logrado que la juventud tenga este espacio de participación, porque es una oportunidad para poner sobre la mesa las ideas, inquietudes y expectativas de los compañeros. Cabe destacar que dos jóvenes de la Comisión Nacional nos representan con voz y voto en el Directorio del Partido Nacional.

La integración y conformación de la Comisión es una herramienta que tenemos para continuar trabajando y así hacer cada vez mejor a nuestro país, representando de la mejor manera a los 68.000 jóvenes que eligieron acompañarnos en estas elecciones y depositaron la confianza en cada una de las listas.

El gran desafío que tenemos es empoderar a los jóvenes mediante diferentes instancias de formación, recorrer diferentes puntos del país recibiendo las propuestas e inquietudes para llevarlas a la mesa de discusión.

Si bien el objetivo es ahondar en políticas juveniles, puedo decir que los jóvenes también se interesan por temas sociales en general, que son los que de igual manera los aquejan: mayores posibilidades de estudio, trabajo, vivienda, seguridad, salud son temas recurrentes y de gran preocupación.

La Comisión Nacional saliente realizó una muy buena gestión, lo que es digno de destacar y felicitar. Eso es lo que nos alienta como nueva Comisión, a seguir por el camino de la superación, aprendizaje, fusionándonos y generando una impronta sumamente favorable, producto de nuestros estilos de trabajo.

Este 2 de diciembre se conformó el primer Congreso Departamental de Jóvenes del país de esta nueva comisión elegida y fue en el departamento de Durazno. Luego de una moción presentada por congresales de todas las listas y votada por unanimidad, se designó la nueva Comisión Departamental de Jóvenes.

Es muy alentador ver cada vez más a nuevos jóvenes con vocación de servir y con entusiasmo de transmitir los ideales de nuestro Partido.

La Comisión Nacional se hizo presente en la designación, acompañando a las nuevas autoridades juveniles. A su vez, se contó con la presencia del intendente Carmelo Vidalín y de autoridades nacionales, quienes también brindaron un mensaje de apoyo y deseos de buena gestión a la nueva Comisión.

Para finalizar, quiero agradecer al intendente Carmelo Vidalín por habernos brindado la posibilidad de participar de estas elecciones y por el apoyo a cada una de las listas de forma igualitaria durante el desarrollo de la campaña. Me enorgullece representar a Durazno por el Espacio 41, sector que integro desde el año 2012. El saber agradecer y valorar debe ser un pilar fundamental en cada uno de nosotros.

La magia que genera la movilización en política es tan valorable dado que hace posible que los jóvenes que desean involucrarse lo hagan con la intención de charlar sobre temáticas que los aqueja, crear mecanismos de trabajo donde se unan el interior y la ciudad, donde innovar, con ideas de progreso que sean válidas incluso para zonas del país con realidades diferentes, cuyas situaciones se hace necesario atender.

Cuando los jóvenes nos involucramos en política logramos una interacción tal que hacemos nuestros los planteos que se nos hacen, y vemos cómo vamos colaborando para encontrar soluciones que, en definitiva, es lo que intentamos hacer cada vez que incursionamos en política.

Queremos demostrar que somos la generación del cambio. Es por eso que estamos más fuertes que nunca.

Isabella Lazo | @ilazo96
Estudiante de Contador Público en Universidad Católica del Uruguay. Suplente de edil departamental en Durazno. Directora de la Comisión Nacional de Jóvenes del Partido Nacional

¿Qué significa la democracia? Existe una multiplicidad de respuestas a esta pregunta, debido a que el concepto de democracia se encuentra en un proceso de constante mejoramiento, que necesita del aporte de variadas y nuevas interpretaciones.

Sin embargo, hay nociones centrales de las cuales debe partir cualquier definición o concepción de democracia: por una parte, es una forma de estructura jurídico-política de un Estado y, por otra, es la técnica por la cual un Estado encuentra legitimación —la votación—. En el caso de Bolivia, parecería que se reconoce únicamente el segundo significado. Se sostiene que el país aún se encuentra en una condición de democracia puesto que se realizan periódicamente elecciones. Si bien es irrefutable que el procedimiento de votación es una situación mínima para cualquier sistema democrático, ampararse únicamente en esto es vaciar de contenido a esa idea de democracia, es llevarla a un simple y peligroso electoralismo.

En concordancia con esta intención de reducir la democracia a únicamente el consumo electoral, recientemente en Bolivia se eligieron las autoridades del Poder Judicial mediante sufragio universal, un hecho único en el mundo. A tal punto ha llegado esa reducción a lo estrictamente electoral, por primacía de lo fáctico y estratégico, que los promotores de las elecciones judiciales la juzgan e una ampliación de la democracia en el país y una forma —la única— legitima de otorgar poder a los máximos representantes de la justicia. Esto sería cierto si se reconoce que la democracia ha sido limitada a su forma plebiscitaria.

Si limitamos la democracia a solamente un procedimiento espectacular (aquí siguiendo el interesante adjetivo usado por Guy Debord para referirse a las elecciones), dejando a un lado a los elementos éticos, jurídicos, políticos y estructurales, entonces podemos tener una falsa idea de democracia. Entramos a un universo donde desaparecen los límites jurídicos y morales y tiemblan las posibilidades del Estado de derecho. Confundidos, se abre la posibilidad de aprobar mediante voto cualquier medida, por ejemplo, la pena de ahorcamiento —a pesar de que esto podría ir en contra de la Constitución y sus principios, pero prevalecería la concepción de que al ser un proceso genuinamente democrático es mucho más importante que la Constitución—.

En las elecciones judiciales del 3 de diciembre, como se auguraba, los votos nulos superaron con creces al número de votos válidos. Mediante esta opción se expresó un descontento con el actual partido de gobierno, con su intención de repostular a Evo Morales en 2019 —pese a que en 2015, mediante un referéndum, fue rechazada una iniciativa de modificación de la Constitución que lo habilitaría nuevamente como candidato— y con el sistema de elección de las autoridades del Poder Judicial.

Este proceso electoral no debe analizarse solamente de forma coyuntural. Se debe ahondar en los problemas que se han dado en este modelo para elegir a los jueces de los más altos tribunales. ¿Es la falta de información respecto a los candidatos la mayar traba o lo es esa percepción de injerencia política que daña la imagen de idoneidad de los candidatos?

Lo que se sabe con certeza es que la elección de magistrados debería ser una tarea estrictamente técnica. Y por lo tanto, debería considerarse a juristas especializados, con suficientes estudios superiores y con una carrera específica en la administración de justicia. Cada silla debería aprobarse por consenso parlamentario, donde reside justamente la legitimidad en una democracia representativa. Lamentablemente, los pocos esfuerzos por cambiar este sistema de elección de jueces —que ya mostró problemas en 2011—, sumados a la intención de Evo Morales de repostularse desconociendo el resultado de un referéndum, muestran que en Bolivia la democracia ha entrado en un proceso de involución, en el que se la reduce a un papel demagógico y espectacular (electoral). Y muy pronto terminará en una forma vacía de contenido, dando paso a otro esquema que no respetará ninguna libertad ni derecho.

Camilo Quiroga Velasco | @CamiloQuirogaV1
Politólogo, Universidad Católica Boliviana, con mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Juan Pablo Chamon | @ChamonJp
Politólogo. Director de proyectos de LIBERA Bolivia

Los instrumentos de control utilizados por la dictadura venezolana no son de carácter represivo ni propagandísticos; son de carácter económico. Por eso pasan desapercibidos por analistas que intentan entender por qué la población ha apoyado y soportado el modelo chavista tantos años.

La inflación y la escasez generan hambre y sobre el hambre el gobierno venezolano construyó su tercer instrumento de control. En el año 2016 se crearon los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP).

Ahora conseguir comida es la tarea más importante del día a día del venezolano, así que el Gobierno decidió importar alimentos y venderlos subsidiados directamente en las casas de las familias venezolanas. De este modo reduce las colas en las calles y gana el agradecimiento de la gente que necesita la comida. Los CLAP son grupos del partido de gobierno que reparten bolsas y cajas de artículos de primera necesidad a bajos precios pero con criterios políticos. Es decir, la bolsa se le vende a quien se porte «bien». Protestar es motivo para que el Gobierno elimine el «derecho» a que lleguen las bolsas del CLAP a la comunidad donde sucedió la protesta. Así, la gente es reprimida por sus propios vecinos con la esperanza de que si se portan bien llegarán los CLAP a vender comida a sus casas. De este modo se cumple la famosa frase de León Trostky: «[…] en el socialismo, el que no obedezca no comerá».

La comida vendida mediante los CLAP es traída del extranjero, comprada a empresas vinculadas al grupo de poder del Gobierno con dólares preferenciales y a sobreprecio, por lo que además de ser un instrumento de control, al igual que el control de cambio y el control de precios, es un negocio multimillonario para el grupo gobernante.

Los CLAP generan otra red de corrupción, ya que el militante del partido que vende las bolsas y cajas del CLAP es quien tiene el poder de decidir, en última instancia, quién come, qué come y cuánto come. Además, tiene la oportunidad de vender los artículos por separado en el mercado negro, favorecer a sus familias, amigos y partidarios. Así, el CLAP consolida el ciclo de control pero además incluye al militante de base en el círculo de corrupción y complicidad.

Adicionalmente, en el año 2017 el gobierno lanzó el carnet de la Patria y presionó a empleados públicos y militantes del partido a obtenerlo sin explicar para qué funcionaría. En el fondo, es un carnet de afiliación política que identifica a las personas no como ciudadanas sino como «patriotas». El plan es convertir al carnet de la patria en un instrumento de control, que genere cierto grado de chantaje político como los tres anteriores pero que, a la vez, no se convierta en un arma de doble filo que incremente el descontento en las calles de Venezuela. Por eso las funciones del carnet se han ido anunciado poco a poco.

El Gobierno ha anunciado que el carnet de la patria es indispensable para optar por las bolsas y cajas del CLAP, así como para obtener otras ayudas y programas sociales, tales como útiles escolares, medicinas y otros programas gubernamentales. Vemos como una vez más es excluida la mayoría de la población venezolana y se privilegia desde el gobierno únicamente a quienes lo apoyan o se porten «bien», en este caso, a quienes el Gobierno identifica como patriotas, dejando sobreentendido que el resto de la población son antipatriotas y deben estar excluidos de toda ayuda o programa gubernamental, esto en el contexto de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de nuestro país.

Sin embargo, nuestro mayor temor es que el carnet se vuelva indispensable para hacer trámites en instituciones del Gobierno como partidas de nacimiento, pasaportes o incluso para votar. En ese caso, estaríamos frente a un intento de eliminación de los derechos políticos y de sometimiento masivo de la gran mayoría de la población.

El Gobierno avanzará en sus fines totalitarios hasta donde la ciudadanía y la comunidad internacional se lo permitan. Aún está por verse cuál será el futuro del carnet de la patria pero está claro que se está convirtiendo en un documento indispensable para obtener alimentos y productos de primera necesidad.

Esto es un breve esbozo de las medidas económicas que ha aplicado el gobierno chavista para convertirse en dictadura. Nos queda claro que, más que medidas económicas, son medidas diseñadas para ser utilizadas como instrumentos de control político, cada una como consecuencia de la anterior. Hay que ser ingenuo para pensar que los desastrosos resultados económicos y sociales del gobierno venezolano son producto de una mala gestión económica y no el resultado de un proyecto totalitario hecho para empobrecer y controlar a la población.

Cada uno de los instrumentos comentados anteriormente fueron vendidos por el Gobierno a la población como soluciones a grandes problemas, que él mismo fue generando. Por más pretensiones totalitarias que tenga, un gobierno jamás logrará sus objetivos si no controla el dinero, la propiedad y la dignidad de la gente. Estas fueron las herramientas usadas en Venezuela. Nuestro mayor deseo es que no puedan ser exportadas al resto del continente. Esta serie de artículo tiene como objetivo fundamental mantener alertas a nuestros vecinos de la región sobre los mecanismos que pueden ser utilizados para someter a un pueblo.

Marco González | @MarcoG222
Economista (Universidad Católica Andrés Bello, Caracas). Cursa Maestría en Economía Empresarial. Militante de Primero Justicia

Con la decisión de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, el presidente norteamericano puede desatar una reacción desestabilizadora a escala global, que perjudicará los prospectos de la democracia en el mundo.

Desde hace siete décadas, la política exterior de Estados Unidos ha buscado establecer un statu quo de paz y estabilidad entre el entonces naciente Israel y la comunidad palestina en su seno, ruta que se habría consolidado con los acuerdos de Oslo de 1993 y el reconocimiento de una solución que garantizase la coexistencia de dos Estados. La persistencia del conflicto en los últimos cinco lustros reta la viabilidad intrínseca de aquellos tratados, convertidos en la ortodoxia de la comunidad internacional sobre el tema pero no siempre respetados por Israel o Palestina.

Aunque en sus declaraciones ha apoyado el objetivo israelí de reconocimiento a la capitalidad de Jerusalén, Trump alegó que mantiene su apoyo a la «solución de dos Estados» —ante la cual había mostrado dudas en ocasiones anteriores—. La posición casi unánime de la comunidad internacional ha sido la de recordar la centralidad de ese principio en las negociaciones de paz, y admitir que esto es un duro golpe para el establecimiento de un acuerdo viable en el conflicto árabe-israelí. Pero Trump no está solo: profundiza sobre la declaración rusa del pasado abril —en la que Moscú apoyaba el establecimiento de la capital israelí en Jerusalén occidental— y empuja a Tel Aviv hacia un conservatismo radicalizado. Todo esto inspirado en un pretendido integrismo occidental propio del populismo de derechas que enarbola el mandatario estadounidense.

Trump se plantea a sí mismo como un negociador astuto, y había designado como mediador norteamericano en el Medio Oriente a su yerno Jared Kushner. Quizás se figura como un movimiento audaz que rompa el nudo gordiano tras ocho años de frustrantes vacilaciones sobre el tema por el gobierno de Obama. Pero la reacción inmediata, especialmente la indignación que esto produce en un mundo islámico que se adentra en una lucha por su liderazgo entre Irán y Arabia Saudita, anuncia una espiral de inestabilidad. Así mismo, la posibilidad de una violencia terrorista y militante de movimientos fundamentalistas sobre Occidente puede elevar la apuesta de los movimientos más autoritarios dentro de sus sistemas democráticos. Por un lado, se profundizará la acusación desde el mundo islámico de la hipocresía democrática en Occidente y, por otro, aumentarán los llamados de guerras santas desde la derecha alternativa.

En el mejor de los casos, la posición de Trump, dada la importancia de los Estados Unidos a escala global, perjudica las perspectivas de resolución de un conflicto que satisfaga lo más posible las demandas históricas de Israel y Palestina e inclina la balanza hacia una solución unilateral en la que una de las partes sea erradicada. La vulnerabilidad estratégica de Israel, única democracia consolidada de la región, puede sufrir un daño irreversible, tal como analiza urgentemente el diario Haaretz. ¿Puede Israel confiar en la templanza de un socio que ha vulnerado, incluso, sus secretos de inteligencia? ¿O acaso se verá arrastrada por una política exterior que ha abierto deliberadamente numerosos frentes de conflicto?

Para los latinoamericanos, esto no deja de ser relevante. No solo por las tendencias profundas de gobernanza global que se ven afectadas —más allá del tímido papel global de nuestra región—, especialmente en lo tocante al prestigio de la democracia en Occidente, y por la escalada de tensiones y violencia en un mundo con el cual estamos mucho más integrados, sino especialmente por la escala humana del conflicto: nuestros países son el hogar de comunidades judías y palestinas de variable importancia, y hay que ver este potencial sufrimiento con solidaridad de compatriotas.

El ideal de una solución que garantice la existencia de Palestina e Israel, aún inacabado, sigue siendo la mejor apuesta para una paz estable. Será difícil deshacer esta temeridad.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas

En Bolivia, el 28 de noviembre el Tribunal Constitucional Plurinacional dio luz verde a la cuarta reelección de Evo Morales.

La búsqueda del poder total por el populismo no tiene freno ni diferencia ideológica, ya que no importa que los gobernantes sean de izquierda o de derecha. El único proyecto que tienen es la toma del poder por el poder.

En su fallo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) menciona la aplicación preferente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser una norma más favorable sobre derechos políticos. Declara inconstitucionales cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (156, 168, 285.II y 298) y cuatro artículos de la Ley del Régimen Electoral (64 inc. d, 65 inc. b, 71 inc. c y 72 inc. b).

Al Gobierno parecen no importarle las cuestionantes que plantea dicho fallo: si un órgano estatal puede declarar la inaplicabilidad de la Constitución Política del Estado, ¿qué norma es realmente aplicable?, ¿cuál es el límite?, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Son preguntas que no tendrán eco ni respuesta de los órganos que administran el Estado boliviano. Tras el fallo, la ciudadanía encabezada por los jóvenes tomó las calles en protesta por la decisión, que desconoce que en el año 2016 un referéndum negó a las altas autoridades del país ir a una futura reelección. Bajo este peculiar escenario, el pasado 3 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones judiciales.

Para la oposición al régimen de Evo Morales, las elecciones del 3D tenían el carácter de un plebiscito donde una vez más los bolivianos le dirían que no a una cuarta reelección. Empero, más allá de la contundente victoria de los votos nulos, las actuales autoridades no parecen preocuparse por la baja legitimidad de los magistrados electos.

Este 3 de diciembre Bolivia vivió una simulación democrática. El fallo del TCP destruye el Estado de derecho y es la muestra clara de que el Órgano Ejecutivo domina a placer a los otros órganos que conforman el Estado: el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial. El cuarto componente, el Órgano Electoral Plurinacional, se encuentra supeditado a los otros tres órganos y puede sufrir una fuerte caída en su credibilidad e independencia, sean cuales fueren los resultados de las elecciones judiciales, y será el mayor perdedor del único proceso electoral en el mundo para la elección de las más altas autoridades judiciales, pues tendrá que afrontar las elecciones generales posiblemente siendo mal visto por gran parte de la población.

Simular que aún vivimos en una democracia es el arma principal de los populistas y el gobernante Movimiento Al Socialismo lo sabe. Nicolás Maquiavelo mencionaba en El Príncipe que un buen príncipe debe crear las condiciones para que el pueblo crea que toma las decisiones importantes y que elija entre las opciones que le da la autoridad al mando. Esto es lo que ha ocurrido en Bolivia el 3D. Los postulantes a magistrados fueron elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el partido gobernante tiene los 2/3 en ambas Cámaras. El 70% de ellos fueron funcionarios en distintas instituciones estatales. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) participó revisando las aptitudes académicas y las competencias de los postulantes; únicamente la Universidad Mayor de San Andrés se desmarcó de ese rol. El show fue armado e interpretado a la perfección y una vez más la oposición al régimen simplemente hizo acto de presencia frente al avance del proceso de cambio. Todos fueron fichas que el Gobierno movió magistralmente.

El gobierno boliviano demuestra cada vez más sus ambiciones totalitarias y tiene obnubilada a la población con el simulacro democrático y el supuesto Estado de derecho existente. Prefiere que las multitudes salgan a las calles a reclamar por la agonía de la democracia cada día que pasa; mientras tanto, el Gobierno sigue su avance hacia el poder total. El próximo golpe se dirige a la libertad de prensa, con el proyecto de ley n.° 414/2017-2018 sobre información responsable.

Jorge Roberto Márquez Meruvia | @JRMarquezM
Politólogo. Director de Gaceta Hoy y columnista de opinión de El Día y Los Tiempos, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

En el Perú, como en otros lugares, el escándalo de Lava Jato es, al mismo tiempo, una mala y buena noticia para la democracia. Es mala porque, al salpicar prácticamente a todos los partidos, ahonda aún más el desprestigio del personal político. Es buena porque desenmascara a un gran contingente de actores y da la oportunidad de depurar drásticamente el escenario.

Además, en la medida en que, de verdad, se haga justicia, caiga quien caiga y no de manera selectiva, se recompondrá en parte la pobre imagen de instituciones tan vitales como el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que, a su vez, refuerza la democracia. Podría añadirse a ello el efecto que tendría en términos de disuasión para otros en el futuro, el encarcelamiento de un gran número de personajes poderosos que parecían intocables.

No obstante, esto último es incierto, por lo menos si nos atenemos a la experiencia local: tras el megaescándalo de corrupción que explotó en septiembre de 2000 y que llevó a la caída del régimen Fujimori-Montesinos, fueron castigados con penas de prisión no solo los dos cabecillas, sino también altos mandos de las fuerzas armadas, ministros, parlamentarios y jueces y fiscales supremos, entre otros miembros de su red delictiva.

Menos de un año después llegó a la presidencia de la República Alejandro Toledo quien, por lo que indican las acciones judiciales en curso, no dudó en aprovechar su cargo para llenarse los bolsillos indebidamente. No solo eso, los gobiernos de sus sucesores, así como altas autoridades regionales y municipales, también se han visto comprometidos por el caso Lava Jato y otros episodios escandalosos. Incluso han surgido sospechas respecto del actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, por su actuación durante su gestión como primer ministro durante el mandato de Toledo, precisamente.

Lo que sí puede decirse con mayor certeza es que momentos como los actuales ofrecen una ventana de oportunidad para que los políticos efectúen, aunque solo sea por presión de la opinión pública, cambios normativos tendientes a prevenir lo más que se pueda la corrupción y, en general, a hacer menos vulnerable al Estado ante el juego de los intereses privados, y, más aún, ante el dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

De hecho, el presidente Kuczynski designó al inicio de su gestión una comisión de integridad, conformada por personalidades de prestigio, que planteó medidas destinadas a sanear el manejo de la cosa pública en varios aspectos. Por su parte, el Congreso, dominado por el fujimorismo, emprendió el debate de una reforma electoral con el objeto principal de evitar el ingreso de fondos sucios a las campañas electorales. El problema es que, en ambos casos, el esfuerzo, si bien ha dado lugar a la adopción de reglas importantes, de todos modos ha sido considerado como insuficiente por los especialistas. Así, por ejemplo, la mayoría parlamentaria optó porque se siga castigando el financiamiento ilegal de las campañas electorales con solo una multa administrativa. No se ha previsto la descalificación de los partidos infractores ni, mucho menos, la tipificación de esa irregularidad como un delito.

Parece que se ha puesto mayor ímpetu en aprovechar la ocasión para saldar cuentas con los adversarios, vejándolos en comisiones parlamentarias y ejerciendo presión para que estos reciban un tratamiento fiscal y judicial más severo que el reservado a aquellos de la tienda propia que también están procesados. Peor aún: la bancada fujimorista la emprendió contra la cabeza del Ministerio Público, el respetado Pablo Sánchez, a través de una acusación congresal por omisión de funciones, por una supuesta inacción y lentitud ante el caso Lava Jato. Esto, según una encuesta, ha sido visto por la mayoría de la población como un acto de venganza y de amedrentamiento, por la reapertura de una investigación por lavado de activos al financista y ex secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

Al momento de escribir estas líneas, cuatro connotados empresarios y miembros de la elite social acaban de ser enviados a prisión preventivamente por su supuesta complicidad con Odebrecht. Habrá que ver si, bajo el impacto de este hecho muy poco común, los políticos se enfocan plenamente en las reformas pendientes para evitar que momentos como los actuales se repitan en el futuro. Naturalmente, se requiere también que todas las instituciones y los ciudadanos en general asuman el rol que les corresponde. Así, el Perú podrá dar un gran paso hacia la consolidación de su sistema democrático.

Francisco Belaunde Matossian | @fbelmat
Abogado. Analista político internacional en TVPerú. Profesor universitario

Más de un mes ha transcurrido ya desde que Puigdemont diera un golpe de Estado que quebrantaba la Constitución española. Hoy, ante la convocatoria de unas elecciones verdaderamente democráticas, la sociedad civil catalana ha experimentado una reestructuración de fuerzas que también se percibe en el ámbito electoral de la lucha entre partidos.

Corrían tiempos de incertidumbre y desasosiego. Como si de una película de Hitchcock se tratara, la pseudodemocracia imperante en las vespertinas sesiones del Parlament revelaba la anodina indiferencia y el desdén de los mandatarios independentistas con respecto a sus representados, una mayoría silenciosa (y silenciada) que temía la posibilidad de una inminente declaración unilateral de independencia. Así, la tarde del 27 de octubre, el expresident Carles Puigdemont proclamaba la independencia de la República Catalana respecto del opresor Estado español. Más de un mes ha transcurrido ya desde un golpe de Estado que se estudiará en las escuelas de toda España.

En este lapso, Puigdemont se mudó a Bélgica y compareció ante la Cámara del Consejo de Bruselas; los líderes de las plataformas independentistas ANC y Òmnium Cultural, Oriol Junqueras y otros ocho exconsellers ingresaron en prisión acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación; mientras, la activación del artículo 155 de la Constitución reimplantó la legalidad en la comunidad catalana y posibilitó la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. La cuestión ahora es dirimir cuál será la coyuntura preponderante de cara a unas elecciones inéditas.

En este sentido, el análisis de la realidad catalana ha de fundarse en torno a dos reflexiones: por un lado, cómo llega a las elecciones una sociedad civil que ha de erigirse en el nuevo eje vertebrador de la democracia catalana; por otro, cómo llegan unos partidos políticos que representan el extraordinario grado de heterogeneidad sociopolítica de Cataluña.

Un burdo independentismo de sesgo populista y reaccionario se había convertido, en los últimos años, en el eje constitutivo de la sociedad civil catalana. El dominio de las manifestaciones, los medios y las escuelas fomentaba el adoctrinamiento masivo. Los resortes propagandísticos se encontraban tan desarrollados que el entramado sociocivil proindependentista había hecho creer no solo a la comunidad internacional, sino también al propio pueblo catalán, que el sentimiento nacionalista reflejaba el anhelo de un pueblo homogéneo que combatía las artes opresoras de un Estado anclado en una legalidad constitucional poco democrática. Aquellos que, aun así, se oponían al independentismo se sumergían en una espiral de silencio inducida por la voz nacionalista dominante. No es extraño que el hecho de no ser independentista reforzase el carácter comedido y reservado de algunas personas.

Hoy, los demócratas deberíamos estar agradecidos a los líderes independentistas. Solo ellos han conseguido desmantelar en pocos meses lo que parecía imposible de desarbolar en años. La sociedad civil catalana vuelve a hablar castellano y el sentimiento de orgullo nacional se ha normalizado por primera vez desde el periodo de la transición. La bandera de España ha dejado de evocar sensibilidades fascistas para convertirse en el vivo reflejo de la defensa de la unidad nacional y el orden constitucional.

Un millón de catalanes ya puede salir sin miedo a la calle para manifestar su voluntad de seguir perteneciendo a España. La mayoría silenciosa, en definitiva, ha probado que, hasta ahora, había sido silenciada. Los catalanes no independentistas, aunque aún con dificultad, ya se animan a hablar más de política y comienzan a sentirse cómodos al expresar sus ideas. La llamada espiral de silencio que se cernía sobre la sociedad civil opositora a los planteamientos nacionalistas parece inmersa en un inexorable declive. Nos encontramos, pues, ante la transformación de una sociedad civil que parecía estigmatizada, una transformación que advierte una reestructuración de fuerzas en las elecciones del 21D. Con la libertad de quien puede expresar lo que piensa, las fuerzas constitucionalistas se hallan en una tesitura novedosa; una tesitura que, si saben rentabilizar, podría derivar en la construcción de una mayoría parlamentaria el 21 de diciembre.

¿Qué ocurre con los partidos? Aún es pronto para vaticinar resultados. No obstante, lo que sí parece claro, según indican las encuestas, es que los independentistas aún se sitúan a la cabeza en la carrera del 21D. Los partidos no independentistas y constitucionalistas ocupan, sin embargo, una posición nada intrascendente. Dada la excepcional igualdad que se vislumbra de cara a estas elecciones, no sería extraño que sus escaños pudieran decidir el futuro de la región. Ahora bien, si algo resulta evidente es que los acuerdos poselectorales volverán, una vez más, a configurar el escenario político catalán para los próximos cuatro años. La heterogeneidad reinante en una sociedad tan diversa como la catalana ha de traducirse, según la lógica representativa de la democracia, en escaños que encarnarán ideas muy distintas sobre cómo gobernar Cataluña en el marco de su relación dialéctica con el conjunto de España.

En este sentido, parece que el bloque independentista ronda la mitad de los escaños. No obstante, sus opciones de consolidar una mayoría parlamentaria han disminuido considerablemente con respecto a otras elecciones. Como ya se ha señalado, la reestructuración de fuerzas de la sociedad civil catalana advierte un cambio en el tablero político en favor de los partidos constitucionalistas. De esta manera, la coalición de tales partidos, en otros tiempos impensable, se atisba hoy como una de las posibilidades. El resultado más probable, no obstante, parece la victoria de un bloque constitucionalista que podría obtener una mayoría junto a los no independentistas de Catalunya en Comú (CeC), la ramificación regional del partido de Pablo Iglesias.

Ahora bien, ¿estaría dispuesta esta formación a apoyar un gobierno conformado por los mismos partidos que aborrece en el plano nacional? Lo cierto es que la caída de los independentistas de izquierdas parece liquidar el sueño de construir una mayoría izquierdista entre constitucionalistas, independentistas y no independentistas. Por ello, y ante la probabilidad de que el bloque independentista no alcance la mayoría, CeC tendrá que elegir: o un gobierno con las fuerzas constitucionalistas que garantizan el ejercicio de las libertades democráticas dentro de un Estado de derecho, o un gobierno con las mismas fuerzas independentistas que han sumido a Cataluña en una vorágine de caos y confusión.

Javier Martín Merchán | @jmmerchan_10
Español. Estudiante de Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación (Universidad Pontificia Comillas de Madrid). Asistente de investigación en el Real Instituto Elcano

Los casos de corrupción relacionados con proyectos de infraestructura se han extendido a lo largo de América del Sur. Para comprender estos hechos es relevante analizar la influencia de la política exterior brasileña, la cual utilizó la integración regional para sus objetivos globales.

La operación Lava Jato, iniciada en el año 2014, destapó el mayor escándalo de corrupción y lavado de activos en la historia de Brasil. Entre las numerosas figuras públicas involucradas, además de ministros y parlamentarios se encuentra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.

El caso inicialmente se concentraba en los sobreprecios en la petrolera estatal Petrobras; sin embargo, el escándalo de corrupción se extendió por toda América del Sur. En todos los casos, el elemento que se hace presente es la participación de Odebrecht y otras empresas que lideraron numerosos proyectos de infraestructura a lo largo de la región. Estas se expandieron sobre la base de sobornos a funcionarios públicos y al sector privado, que garantizaron la obtención de contratos de obra pública.

La influencia de Brasil

En el periodo comprendido entre 2003 y 2011, la integración regional en América del Sur tuvo una profunda transformación. Se modificó el propósito de organismos como el Mercosur y se crearon nuevos como la Unasur. En ambos se proponía privilegiar aspectos políticos; sin embargo, un elemento de carácter económico ganó lugar: los proyectos de infraestructura regional.

Estas transformaciones tuvieron como principal impulsor a Brasil que, particularmente a partir del año 2003 con Lula da Silva como presidente, se propuso liderar la región y creó una plataforma para proyectarse a nivel global como un actor relevante. La región de América del Sur, a través de los procesos de integración, sería la plataforma que Brasil utilizaría para lograr sus ambiciones globales.

El interés brasileño por financiar la infraestructura regional surgió en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, quien organizó la Cumbre Presidencial Sudamericana en el año 2000, durante la cual se creó la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

En los años siguientes, ya con Lula en el gobierno tras la creación de la Unasur, se articularon los proyectos de integración en infraestructura regional. De esta manera, la IIRSA se integró en el nuevo Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento.

Un actor fundamental en el proceso de integración en el área de infraestructura fue el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que tuvo una activa participación en el financiamiento de proyectos de infraestructura en el periodo 2003-2011 y jugó un papel preponderante como herramienta de la política exterior brasileña para América del Sur en tal sentido (BNDES, 2004). [1]

Ayllon (2010) señala que, al contrario de la cooperación técnica, los préstamos del BNDES exigen a los beneficiarios (COSIPLAN-IIRSA) la obligatoriedad de que los recursos sean utilizados para comprar bienes y contratar servicios de empresas brasileñas. [2] [3] La presencia inversora de Brasil en la región mediante el BNDES creció un 1082 % entre 2003 y 2010. [4] Los principales grupos de construcción involucrados en esta iniciativa fueron Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão.

¿Cuál es el objetivo del Estado brasileño al financiar las obras y la internacionalización de las empresas? Si bien los estatutos del IIRSA-COSIPLAN establecen que los proyectos se realizan con el fin de reducir las asimetrías en la región y desarrollar infraestructura para promover la integración regional, creemos que se hace evidente la vinculación de lo público con lo privado en una relación en la que ambos se ven favorecidos: el Estado de Brasil por tener una mayor presencia en la región con capitales nacionales, y las empresas, al serles adjudicadas importantes obras.

El proceso de integración impulsado por Brasil no veía a la integración como un fin, sino como un medio para lograr sus pretensiones globales, esto es, la creación de una plataforma regional para proyectarse como un actor mundial. Para ello, Brasil utilizó al BNDES como herramienta para financiar e incentivar la expansión de las empresas brasileñas fuera de sus fronteras.

Particularmente, las iniciativas en materia de infraestructura regional son una muestra de la influencia brasileña en América del Sur, donde los escándalos de corrupción se expandieron en la región y se transformaron en el factor común de este proceso de la integración sudamericana.

[1] BNDES (2004). Integração da América do Sul: o BNDES como agente da política externa brasileira. Informe BNDES N 187.

[2] AYLLON, Bruno (2010). La cooperación de Brasil: un modelo en construcción para una potencia emergente. Real Instituto Elcano [En línea] 

[3] LISSARDY, Gerardo (2011). El banco brasileño que mueve América Latina. BBC Mundo Brasil. [En línea] 

[4] Ibídem.

Andrés Acevedo
Estudiante avanzado de Estudios Internacionales en la Universidad ORT Uruguay

Ronald Trenchi | @ronaldtrenchi
Estudiante avanzado de Estudios Internacionales en la Universidad ORT Uruguay

Sin lugar a duda, cada espacio territorial denominado como país tiene sus particularidades y singularidades que lo diferencian y vuelven único en este planeta. Bolivia, por ejemplo, es el único lugar del mundo donde se elige mediante sufragio universal, y por mayoría simple, a las autoridades del Poder Judicial.

Sí, este artículo está relacionado con un tema político y nos disculpamos con el lector si hemos motivado alguna confusión con el título. Veamos en qué consiste este sistema de selección introducido en Bolivia en el año 2009.

Con la aprobación de una nueva Constitución Política, en 2009, se introdujeron diversos cambios. Uno de estos fue el proceso de elección de los jueces de los más altos tribunales del órgano judicial. Concretamente, en Bolivia se elige mediante sufragio universal a la cúpula de cuatro instituciones: El Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agro Ambiental, Tribunal Constitucional y el Consejo de Magistratura.

Las autoridades resultantes en este proceso electoral tienen un mandato de seis años y no pueden ser reelegidas. Sin embargo, es interesante prestar atención a la creatividad con que se ha afrontado esta restricción: un juez elegido en la primera versión de estas elecciones judiciales ha logrado postularse nuevamente gracias a que ahora es candidato a un tribunal diferente al que fue designado en el proceso electoral de 2011.

Para que los y las candidatos lleguen a la planilla final que se somete al voto popular, existe un proceso de preselección que está a cargo de la Asamblea Legislativa. Esta atribución del Parlamento se divide en dos etapas: un proceso de recepción de postulaciones, que está a cargo de una comisión de la Asamblea, en que se verifica que las postulaciones cumplan con los requisitos mínimos y, a la vez, se hace una evaluación (curricular, escrita y oral) a los postulantes. Posteriormente, esa comisión habilita a un número de postulantes y recién se lleva a cabo la preselección de los candidatos mediante una votación de dos tercios de los miembros del Congreso.

Para esta segunda versión de las elecciones judiciales que se desarrollarán el próximo 3 de diciembre de 2017, se ha incluido al sistema universitario estatal en esta primera parte del proceso de preselección, específicamente, en la valuación de méritos y capacidades de los aspirantes. Junto con esto igualmente se ha establecido claramente que las y los postulantes que obtengan una nota inferior a 51 (sobre 100) deben ser descartados. Sin embargo, se ha criticado que esta ponderación es muy baja y no refleja una rigurosa selección meritocrática.

Otro aspecto particular de estas elecciones judiciales en Bolivia son las campañas electorales. Las y los postulantes —o persona alguna— no pueden realizar campañas electorales a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral es el único responsable de difundir los méritos de candidatas y candidatos. Una restricción cuestionada, puesto que es evidente que existe un problema relacionado con el poco o nulo conocimiento que tienen los electores respecto al perfil de los candidatos, inclusive a días de las elecciones. Esta situación se dio también en el proceso electoral de 2011, e influye en la cantidad de votos nulos y blancos. Cabe resaltar que esta prohibición de las campañas electorales se encuentra establecida en la Constitución Política del Estado.

Estas son, a grandes rasgos, las características de este original método de elección de las autoridades del Poder Judicial en Bolivia. Sin lugar a dudas, para cualquier persona estudiosa de la configuración de los Estados y los procesos electorales, la experiencia que se dará en Bolivia el próximo 3 de diciembre es un acto a observar con detenimiento y suma atención.

Camilo Quiroga Velasco | @CamiloQuirogaV1
Politólogo, Universidad Católica Boliviana,  con mención en Relaciones Internacionales  de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Juan Pablo Chamon | @ChamonJp
Politólogo. Director de proyectos de LIBERA Bolivia

El coraje de Francisco Tomás González Cabañas, autor del ensayo El acabose democrático, ¿en qué reside? Se trata de un cuestionamiento de la democracia vigente y quizá de la democracia como tal (por momentos), aunque en definitiva pareciera inclinarse por una democracia redefinida.

Traza, en el inicio del camino, una historia contemporánea de la democracia representativa o liberal en cuanto reposición de cierta forma de entender la política y ciertas instituciones fundadas en determinados conceptos después de los trágicos experimentos que surgieron en el siglo XX o siglo de la criminalidad. Experiencia en nuestro país (Argentina), sus resultados después de casi 35 años, la constitución de la casta política, el aumento de la marginalidad, la exclusión y la pobreza. Esta no solo material, sino espiritual o conceptual.

Pues bien, el ensayo de González Cabañas se sitúa en el punto exacto en que hoy debemos colocarnos: la necesidad de forjar nuevos conceptos, instituciones y procederes que estén a la altura de lo que el siglo actual requiere de la política. Nuevas bases, al decir de Alejandro Korn.

En el comienzo de su obra, Francisco Tomás habla de una revolución en marcha en las democracias occidentales, vista la caducidad del modelo democrático vigente. Por cierto —aclara inmediatamente—, no se trata de una revolución inspirada en las francesas y sus derivadas. Tampoco de lo partidocrático, radicalismo-peronismo en Argentina, o izquierdas y derechas en Occidente. El progresismo recibe también lo suyo. Sin embargo, en lo relativo a la sexualidad, en cuya problemática también interviene, el autor parece abordar posturas compartidas y caras al progresismo.

Se trata sí de un nuevo pacto social y político. La revolución debe darse en el campo del lenguaje y es conceptual. Lo dicho se plantea en una crítica despiadada a la democracia —pseudodemocracia— vigente, denominada por momentos prostibularia. Pero esa crítica, que abarca innumerables aspectos, no apunta solamente a la clase o casta dirigente, sino también a los pueblos o a los ciudadanos, sumergidos en una servidumbre voluntaria. Aspectos en los que el autor insiste una y otra vez, en una parodia del voto cada dos años (casos como las PASO y la obligatoriedad del voto) y la exclusión de diversas facetas que padecen los gobernados reducidos a condición de siervos.

A medida que el discurso avanza, Francisco Tomás ensaya distintas categorías: los de adentro y los de afuera, por ejemplo. Como es obvio, no se puede pensar la política en esos términos, según afirma el autor.

Según Francisco Tomás, «El Estado ha muerto», en una clara relación con el «Dios ha muerto» de Nietzsche. Considera una falacia especialmente irritante aquella frase que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, en boca de los políticos, de que la política existe o se legitima para «resolverle los problemas a la gente». A su vez, los políticos no comprenden el proceso de individuación ni la incertidumbre que constituye un horizonte histórico.

Entre lo filosófico y lo jurídico propone un nuevo concepto o categoría: la legitimidad parcial, entre otras cosas, de que una reforma constitucional, por ejemplo, solo podrá llevarse a cabo por referéndum. Le interesa especialmente el concepto de límites tal como lo elabora el filósofo español Eugenio Trías.

En perspectiva crítica siempre a la democracia vigente, equiparada a un juego de máquina, propone otro concepto: la indefensión política que supone la mentira flagrante de la igualdad ante la ley.

Al abordar el tema de la resurrección política, a la que no renuncia, nos hace escuchar algunos ecos de la esperanza platónica: el gobierno de los sabios. A la cofradía de la clase política le sería beneficioso el ingreso de intelectuales pero, eso sí, no de la academia —como él la designa—, para la cual demuestra en todo momento desprecio y encono. La define como herramienta de dominio y sometimiento.

En la alternancia de críticas y propuestas que nos ofrece este ensayo de Francisco Tomás, introduce la idea de la africanización del ser (atinente a América Latina), si no entendí mal la parodia con ese continente desgraciado, que infecta progresivamente a las democracias de las naciones avanzadas. En ese contexto reclama la necesidad de una filosofía latinoamericana.

El ensayo culmina recordando aquella famosa exhortación de Aristóteles a preguntarse por las primeras y las últimas causas, en este caso, del Estado y la democracia, y señalando que si no existieran, sería preciso inventarlas. Culmina así proponiendo medidas concretas entre las que se destacan el voto compensatorio, el democraticidio y la curatela democrática.

Silvio Maresca
Filósofo, docente, investigador. Miembro de diversos espacios intelectuales. Exdirector de la Biblioteca Nacional «Mariano Moreno» de Argentina

Ficha técnica:
El acabose democrático
Francisco Tomás González Cabañas
Ápeiron Ediciones, Madrid, 2017
202 pp.
ISBN 978-8417182069

La revelación de José Antonio Meade como probable candidato a la presidencia de México demuestra la vigencia de la falta de democracia, la imposición y el verticalismo históricos en las filas del Partido Revolucionario Institucional.

El ritual arcaico, ceremonioso y tradicional conserva su plena vigencia, y demuestra cómo aquel eslogan publicitario del «nuevo PRI» no era sino fuego de artificio para esconder que las formas y los fondos siguen siendo los mismos: José Antonio Meade fue revelado, este lunes, como quien muy probablemente será candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de México.

Se le llama el tapado desde hace unos cincuenta años, y la técnica consiste en barajar durante meses distintos nombres del que será el sucesor del presidente; conforme transcurren las semanas, los medios especulan sobre quién será el elegido, interpretan señales, gestos y guiños que permitan atisbar posibilidades, toda una manifestación de la llamada antipolítica estética que reemplaza la democracia interna por el espectáculo.

Al final, el titular del Ejecutivo será quien decida. No habrá votación pública, consulta abierta a militancia o consideración hacia ninguno de los órganos internos del partido. Será lo que se conoce como el dedazo: decisión exclusiva del mandatario, en ese ejercicio vertical del poder que es ejemplo del más vetusto presidencialismo mexicano.

Las bases priistas, por su parte, así como los aspirantes descartados, asumirán sumisos y resignados la decisión. Aplaudirán acríticamente, sonreirán en las fotografías o en las pantallas de televisión y buscarán lo antes posible granjearse simpatía, cercanía y el favor del elegido.

Es el modo en que el PRI ha ejercido el poder desde su fundación, el único modo que conoce, representativo del autoritarismo y tan eficaz que incluso quienes abandonan ese partido —siempre por no ser «favorecidos»— lo han replicado en sus nuevos destinos políticos.

El Partido de la Revolución Democrática, que nació de la inconformidad de varios expriistas, adoptó el método del dedazo y, en sus casi treinta años de vida, solo ha tenido dos candidatos a la Presidencia; en este caso, quien ha ejercido el papel del máximo decisor ha sido Cuauhtémoc Cárdenas, primero, y Andrés Manuel López Obrador, luego, cuando desbancó a aquel como líder absoluto.

Y el propio Andrés Manuel, al verse arrinconado y cuestionado por los grupos perredistas en 2014, eligió separarse de ese partido y fundar su propio feudo, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, para sí seguir siendo el único en decidir su tercera candidatura a la Presidencia en 2018.

Salvo por el Partido Acción Nacional, cuyos candidatos a la Presidencia han sido desde 1952 siempre elegidos por votación de sus militantes, la democracia interna de los partidos políticos en México es, ha sido y sigue siendo nula, inexistente, un estorbo cuya más grave consecuencia es que obstaculiza y tergiversa cualquier intento de pedagogía democrática entre la sociedad.

La cultura democrática requiere de una suma de prácticas que haga de los valores del diálogo, el acuerdo, la transparencia, la legalidad, la competencia y la participación un ejercicio constante y mayoritario.

El tapado y el dedazo son, por contraparte, una antítesis de esos valores, y celebran y promueven la opacidad, la imposición, el silencio y, al final, la sumisión. No convocan a una democracia más allá del formalismo electoral, no construyen ciudadanía, no contribuyen a la construcción de una cultura apta para vivir bajo el régimen democrático.

Es quizá por ello que siguen gozando de aceptación, se contagian y ejercen, pues representan la mejor solución para un ejercicio del poder basado en el clientelismo, el reparto de dádivas durante las campañas o el de plazas durante el gobierno: verticalismo y nepotismo más cercanos a lo autoritario que a una política moderna capaz de instalar formas más horizontales, meritorias, abiertas y, en resumen, democráticas.

La designación de José Antonio Meade es de este modo una muestra de la vigencia de un modo de hacer política que, herencia del siglo XX, es el mayor lastre para la consolidación de la democracia mexicana.

Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista Bien Común

El expresidente señaló a su llegada que será candidato en 2021 y que luchará contra quienes traicionaron el proyecto de la Revolución ciudadana. ¿Qué significa eso en la actual coyuntura política que vive el Ecuador, con un partido oficialista dividido y un vicepresidente tras las rejas por el escándalo Odebrecht?

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa llegó el pasado viernes 24 de noviembre a la ciudad de Guayaquil, en un vuelo privado de la compañía Searca proveniente de Bogotá. Su agenda de diez días en el país rompe con la promesa de no regresar en el corto plazo para permitir gobernabilidad a su suceso, y tiene como punto central la participación en la convención nacional del movimiento oficialista Alianza País, con miras a expulsar al actual presidente Lenín Moreno.

En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo lo esperaban decenas de simpatizantes y detractores, estos últimos liderados por el expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997). El solo anuncio de su arribo generó provocaciones e incidentes en la terminal aeroportuaria, incluyendo el lanzamiento de bombas lacrimógenas por la policía. Después de lo sucedido, Correa salió por una puerta secundaria y no dio declaración alguna a la prensa.

El líder de la fracción hoy minoritaria de Alianza País vuelve a Ecuador en medio de un ambiente político conmocionado: por un lado, la escandalosa cantidad de denuncias de corrupción y atropellos a los derechos humanos por varios funcionarios de su gobierno; por otro lado, el llamado a consulta popular desde el Ejecutivo con reformas sustantivas, todo esto en medio de una situación económica sumamente complicada. [1]

Pero, ¿cuál es el verdadero motivo para que Correa regrese a Ecuador? Seguramente medir fuerzas con su sucesor, el presidente Lenín Moreno, no solo dentro del movimiento que llevó a ambos al Palacio de Carondelet [2], sino también en la esfera pública. Es claro que Correa tiene intereses en el ámbito político-electoral. Por ello, no son pocos los que creen que regresa con el objetivo de impedir que la mencionada consulta popular se realice, ya que, de ganar el sí, lo dejaría inhabilitado para ser candidato; pero además vuelve con miras a retomar el poder de su movimiento.

La disputa por la dirección de Alianza País empezó hace rato. Hay que recordar que el pasado 31 de octubre la secretaria de ese grupo, Gabriela Rivadeneira, anunció la destitución de Lenín Moreno como presidente del movimiento, decisión sobre la cual Moreno solicitó medidas de protección y, al respecto, el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe se pronunció a su favor, señalando que hubo una violación al debido proceso, por lo cual solicitó al Consejo Nacional Electoral que no admitiera la inscripción de un nuevo presidente de la tienda política.

Antes de la llegada de Correa, Moreno convocó a una sesión extraordinaria de la dirección nacional de Alianza País, en la que se sancionó a Rivadeneira (expresidenta de la Asamblea Nacional) y a su actual vicepresidente Ricardo Patiño (excanciller), por la destitución de Moreno sin cumplir con el proceso establecido.

Lo que pase con la dirección del movimiento Alianza País está ahora en manos del Consejo Nacional Electoral, y será determinante para el futuro político, tanto de Correa como de Moreno. No hay que olvidar que el próximo año inicia la carrera hacia las elecciones seccionales de 2019, y quien pierda el control del movimiento deberá afrontar este proceso sin la estructura y la marca AP, lo que podría significar perder un importante espacio en el poder seccional, con repercusiones posiblemente nefastas para la vida política de cualquiera de los dos personajes.

El escenario no es fácil. Si Correa quiere volver al poder, deberá recuperar adeptos y el control sobre la dirección de Alianza País, e impedir que se realice la consulta popular. Además, tendrá que convencer a la gente de que no está inmerso en los actos de corrupción que señalan a sus más allegados, como su excompañero de fórmula, el vicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra detenido por el escándalo Odebrecht.

Moreno, en cambio, tendrá que evitar un desgaste político que empieza a relucir debido al cuestionado manejo económico del país, y lograr, por otro lado, que la Corte Constitucional permita la consulta popular.

[1] Véase, por ejemplo, «¿Cuáles son las siete preguntas de la consulta popular y el referéndum en Ecuador?». El Universo, 2.10.2017.

[2] Sede del gobierno y residencia oficial del presidente de la República de Ecuador.

Carla Bonilla | @ CarliBonilla
Periodista y comunicadora. Máster en Gerencia Política y Gobernabilidad

El proceso electoral chileno de 2017 ha sido poco atractivo para los jóvenes. Esta es una de las conclusiones de las entrevistas realizadas a principios de noviembre en el marco del proyecto Living Politics, que procura analizar cómo los jóvenes latinoamericanos viven y sienten la política.

Uno de los elementos que contribuye a este fenómeno de desinterés es el escaso atractivo que representa para ellos la oferta política. Esto se vincula por un lado a la idea de que el sistema político es relativamente cerrado y estático. La idea de que son siempre los mismos es repetida en las entrevistas realizadas, entre jóvenes de diferentes características y perfiles. La alternancia presidencial Bachelet-Piñera-Bachelet-Piñera (a quien las encuestas marcan como favorito al momento de cierre de este artículo) es uno de los elementos que sustenta la idea de un sistema cerrado.

Por otro lado, la oferta política es poco atractiva para los jóvenes, porque tampoco perciben que su realidad vaya a cambiar sustantivamente en función de quién gane. Varios de los jóvenes entrevistados mencionaron frases que reflejan esta sensación: «Para qué votar, si mañana tengo que ir a trabajar igual», o «Gane uno o gane otro, no voy a ser ni más rico ni más pobre». Hay algunos jóvenes que son excepciones: aún creen en el voto como un medio valioso para expresar su opinión; pero incluso entre ellos se duda de la efectividad del voto para incidir en las decisiones políticas.

El segundo elemento que contribuye al alejamiento de los jóvenes en esta coyuntura es precisamente la aparente predictibilidad del resultado. El expresidente Sebastián Piñera lideró las encuestas de opinión durante todo el proceso. Un resultado que parece tan predecible no es demasiado atractivo (más allá de que la predictibilidad de las elecciones podría cuestionarse luego de la última elección americana, el plebiscito por la paz en Colombia y el referéndum sobre el brexit en el Reino Unido).

Por otra parte, el hecho de que el voto no sea obligatorio (desde 2012) disminuye la presión social por involucrarse. Este distanciamiento es agudo entre los jóvenes chilenos, según muestran varios estudios sobre el tema, pero también afecta a la población adulta.

Más allá de los elementos coyunturales vinculados a la elección, entre los jóvenes chilenos hay elementos de desencanto más profundos. Existe una percepción bastante generalizada del sistema político como hermético, lejano, que no dialoga con los ciudadanos «porque no lo necesita». Adicionalmente, se lo visualiza dotado de ciertos privilegios que no tienen los ciudadanos comunes, por ejemplo, en la forma en que los políticos son tratados por la justicia (con mucho más consideración que un ciudadano de a pie).

Esto, sin embargo, no quiere decir que a la juventud chilena no le interese la política en el sentido amplio (entendida como la preocupación por los asuntos colectivos): más bien todo lo contrario. Dos elementos contribuyen a esta afirmación. Por un lado, los jóvenes entrevistados se muestran razonablemente informados y atentos sobre la realidad política, e incluso conocen los partidos y sus líderes y pueden ubicarlos en el espacio político izquierda-derecha. Por otro lado, existe una alta valoración (y en varios casos involucramiento) sobre formas de participación política alternativa. A juicio de una parte importante de los entrevistados, las movilizaciones y protestas representan medios más efectivos que las elecciones para incidir en la agenda y decisiones de gobierno.

Cabe destacar que la generación actual está fuertemente marcada por las movilizaciones del 2011 por la educación, donde los jóvenes sintieron que efectivamente estaban siendo escuchados y tomados en cuenta para la toma de decisiones. Uno de los jóvenes entrevistados que participó de las movilizaciones cuenta: «Fue increíble, fue un año donde logramos que los políticos empezaran a hablar de educación; nadie estaba hablando de eso y nosotros nos organizamos, nos movilizamos y de repente fue el primer tema para el país». Es relevante mencionar que aún hoy la educación continúa siendo la principal preocupación de los jóvenes de Santiago; reconocen que ha habido avances pero coinciden en que «continúa siendo un sistema muy injusto».

Entonces, más allá de que no todos los jóvenes hayan participado de estas marchas por la educación y que hoy en día tampoco lo hagan en otro tipo de movilizaciones, parecería ser que el 2011 marcó un precedente: hay una creencia común en buena parte de la juventud chilena de que las marchas, protestas y movilizaciones constituyen los medios más eficientes para incidir en las decisiones políticas. Aún más, algunos de los jóvenes explican que la movilización política se ajusta mejor a los tiempos del presente: «Si estás descontento con algo, hoy lo puedes manifestar en el momento y no tienes que esperar hasta las siguientes elecciones, cuando quizás el tema que te interesaba ya ni se habla».

En definitiva, los jóvenes chilenos se sienten lejanos de la política tradicional pero no por una falta de interés, sino más bien porque sienten a los partidos como organismos cerrados y poco atentos a los ciudadanos. El voto ya no es visto como efectivo para incidir en las decisiones políticas, sino las movilizaciones y protestas. Estas creencias no son exclusivas de los jóvenes chilenos —el proyecto Living Politics las ha constatado también en otros países del continente— pero sí parecen ser más fuertes entre ellos que en otros contextos.

Ignacio Zuasnabar
Consultor político y analista de opinión pública. Director de Equipos Consultores. Presidente de WAPOR Latinoamérica. Profesor de la Universidad Católica del Uruguay

Inés Fynn
Estudiante de Doctorado en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciada en Sociología por la Universidad Católica del Uruguay

La fiesta de dólares se acabó con la caída de los precios del petróleo en el año 2013 y todo intento de mantener el consumo anterior aumenta más la inflación, encarece la vida de los venezolanos y arroja a cientos de miles, y luego a millones, a la pobreza.

El gobierno culpa a los empresarios de especular con los precios. Los empresarios que trabajaban con dólares subsidiados se ven obligados a subir los precios de los productos y servicios que venden, como si los hubiesen adquirido o producido trabajando con dólares a precio de mercado negro. Ya no tienen seguridad de volver a conseguir dólares subsidiados y subir los precios es la única forma de reponer los inventarios y mantener sus empresas en marcha.

La respuesta del Gobierno ante la escalada de precios ha sido la de generar saqueos institucionalizados, disfrazando de justicia social el saqueo de productos en las tiendas, seleccionando públicamente y por televisión nacional cuáles había que saquear cada día. Esto le permitió seguir cobrando políticamente ante las dificultades económicas.

En un artículo anterior hablamos del control de cambio como el primer instrumento de control social del Gobierno chavista. El control de precios es el siguiente instrumento y aparece porque a la población se le hace deseable la fijación de precios máximos ante una inflación alta, generada por el mantenimiento del elevado nivel de gasto público con bolívares inorgánicos.

El control de precios desincentiva la producción, genera escasez y mercados negros de los productos controlados. Comenzó en el año 2014 con los productos de primera necesidad pero luego se extendió y terminó abarcando los precios de prácticamente todos los bienes y servicios de la economía. Como resultado, se producen grandes colas (filas) para comprar productos, en las puertas de los establecimientos que logran sobrevivir a pesar del control de precios.

Las interminables colas, la escasez y el mercado negro —ahora de bienes de primera necesidad— generan rechazo en la población y hacen deseable el racionamiento, el control y fiscalización de mercancías y la militarización de las compras. El acoso al sector privado aumenta, ya nadie puede importar, exportar, almacenar, transportar, producir, comprar o vender nada sin autorización del gobierno y la consiguiente fiscalización de cada proceso y fijación de precios. Esto genera otra red de corrupción y complicidad con respecto a las colas, al mercado negro y al tráfico de mercancías, en especial, en lo que se refiere a comida, medicinas y productos de primera necesidad. Genera negocios millonarios alrededor de dichos productos, que contribuyen a mantener los privilegios y el poder de la elite gobernante. Como consecuencia, la sociedad se empobrece a ritmo acelerado y ahora solo las elites alrededor del poder tienen acceso a productos de primera necesidad. Por otra parte, la impresión de bolívares continúa según se agudiza la crisis, y el país se acerca a la hiperinflación, se multiplica la pobreza y aparece el hambre como problema público.

El control de precios es la confiscación del fruto del trabajo y la eliminación implícita de la propiedad privada. Si no se le puede poner precio al fruto del trabajo propio, se deja de ser propietario y se pasa a ser esclavo de quien fija el precio. Una sociedad hambrienta, que busca comida en largas colas, en el mercado negro y en la basura es una sociedad que ha perdido su libertad y también su dignidad.

La inflación y la escasez generan hambre, y sobre el hambre, el gobierno venezolano construirá su último y más reciente instrumento de control social, el cual cierra el círculo de control y le entrega al Estado el dominio de la dignidad y voluntad del ciudadano.

Marco González | @MarcoG222
Economista (Universidad Católica Andrés Bello, Caracas). Cursa Maestría en Economía Empresarial. Militante de Primero Justicia

Aparece una nueva señal de la indiferencia ciudadana que se viene gestando con respecto a la clase política, al menos con la que ha conducido a Chile después de la transición a la democracia. Luego de la contienda del pasado 19 de noviembre, una lectura detallada del asunto parece indicar que por lo pronto las fuerzas más conservadoras tenderían a imponerse con cierta claridad en la segunda vuelta. Mientras, demora la alianza de la centroizquierda.

El pasado 19 de noviembre se realizó en Chile una importante jornada electoral, por la cual correspondía a los ciudadanos elegir al presidente de la República, miembros del Parlamento (senadores y diputados) y consejeros regionales (CORE). Había algunas expectativas ante una elección que se consideraba casi decidida. Por un lado, se trataba de ver si la fortaleza que las encuestas adjudicaban a Sebastián Piñera, expresidente que lidera la coalición Chile Vamos, se materializaría al punto de dejar sellada la contienda al obtener más del 50 % de los votos o, en su defecto, un respaldo tan elevado como para dejar casi asegurado el resultado de una eventual segunda vuelta.

Por otro lado, estaba por verse cómo funcionaría la elección de parlamentarios tras aprobarse la nueva ley electoral, por la cual un sistema proporcional moderado, basado en la ley d’Hont, sustituía al sistema binominal que se pactó durante la transición. El binominal favoreció durante décadas a las dos grandes fuerzas políticas del país (derecha y centroderecha versus la histórica Concertación Nacional, ahora Nueva Mayoría) y, con ellas, a la estabilidad del proceso; pero, con el tiempo, el desencanto creciente frente a la bipolaridad del sistema político incidió en una notable desilusión con respecto a los políticos y en el crecimiento de la abstención (una de las mayores del continente).

Con respecto al primer punto, la opción por la centroderecha se ha beneficiado de que Michelle Bachelet esté cerrando su segundo período presidencial con los niveles de popularidad más bajos que se recuerdan en Chile durante el ciclo democrático post-Pinochet. Muchas de las reformas prometidas (elección popular de intendentes en las 16 regiones, reforma educacional, reforma de AFP, etc.) se han realizado solo a medias, circunstancia que aunada a la desaceleración económica (caída del precio del cobre), un mayor endeudamiento público y privado, el crecimiento de la inmigración y la conflictividad en la Araucanía han beneficiado a la oposición de Chile Vamos.

No obstante, Piñera sólo pudo captar el 36,6 % de los votos, una cifra menor a la esperada, mientras que el socialdemócrata Alejandro Guillier, el candidato más fuerte de la Nueva Mayoría (que no logró el consenso para postular una única opción) obtuvo un módico 22,7 %. A su vez, una importante reflexión se hace necesaria para los socialcristianos tras la caída de un partido histórico para Chile como la Democracia Cristiana (DC), cuya abanderada Carolina Goic apenas alcanzó un 5,9 %. La sorpresa, por tanto, corrió a cargo del líder de la agrupación derechista Evópoli, José Antonio Kast (7, 9%) y, sobre todo, de Beatriz Sánchez (20,3 %), candidata del Frente Amplio, nueva coalición de partidos de izquierda que abogan por cambios algo más drásticos.

Tales resultados aumentan en alguna medida la incertidumbre inicial, dado que un eventual acuerdo entre Guillier y Sánchez pudiera significar, aparentemente, la consolidación de una opción muy competitiva frente a Piñera. No obstante, una lectura algo más detallada parece indicar que, por lo pronto, las fuerzas más conservadoras tenderán a imponerse con cierta claridad el 17 de diciembre, cuando se desarrolle la segunda vuelta. Mientras que Piñera obtuvo el inmediato apoyo de Kast tras conocerse los resultados, la relación entre Guillier y Sánchez no facilita una alianza, pues esta implicaría para el primero incluir en su programa varias medidas que pudieran modificar sensiblemente el modelo de Estado y desarrollo pactado en la transición; asimismo, luce muy poco probable que el votante DC se sume a una alianza como esta. [1] El Frente Amplio, a su vez, evaluará si prefiere intentar consolidarse durante la próxima legislatura como principal fuerza de oposición, desplazando así a la antigua Concertación y llevando al país a decidir entre izquierda y derecha.

Otros elementos que auguran el predominio a corto plazo de la centroderecha son la victoria de Piñera en las 16 regiones y la obtención por Chile Vamos de casi la mitad de los senadores (19 de 43) y diputados (73 de 155). Esto nos lleva al segundo punto inicialmente señalado: en la práctica, el impacto real de la sustitución del sistema binominal por el proporcional se ha visto reducido por dos factores, como son la ampliación del número de escaños en el Congreso —la Cámara baja pasó de 120 a 150, mientras el Senado aumentó de 38 a 50 (en esta primera elección se eligieron 43 y en la próxima se alcanzarán los 50)— y la reducción del número de distritos (de 60 a 28 para optar a la Cámara de Diputados y de 19 a 15 para el Senado).

En una perspectiva de mediano y largo plazo, el pasado 19-N luce como una nueva señal de la indiferencia o hastío ciudadano que se viene gestando con respecto a la clase política, al menos con la que ha conducido a Chile después de la transición a la democracia. La fractura del centro político y el fortalecimiento de los extremos, así como una abstención cercana al 54 %, evidencian tendencias que en el mejor de los casos pudieran conducir al surgimiento de nuevos actores, propuestas y fuerzas políticas, pero que en el peor escenario podrían deslizar al país hacia una polarización cada vez más difícil de manejar, alejándolo de su mejor y más distinguida tradición política.

[1] Nota del editor: El lunes 20 de noviembre, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana en Chile anunció su apoyo a la candidatura del oficialista Alejandro Guillier para la segunda vuelta. Véase, por ejemplo, http://www.adnradio.cl/noticias/politica/democracia-cristiana-apoyara-la-candidatura-de-alejandro-guillier-en-segunda-vuelta/20171120/nota/3642976.aspx.

Miguel Ángel Martínez Meucci | @martinezmeucci
Profesor de Estudios Políticos en la Universidad Austral de Chile. Doctor en Conflicto Político y Procesos de Pacificación, por la Universidad Complutense de Madrid, España

Nuevo aporte a las relaciones internacionales desde Colombia.

El fin de la historia no llegó tras el fin de la guerra fría, y los modos como entendemos teóricamente los conceptos clásicos de la seguridad y la paz desde las relaciones internacionales requieren constantes renovaciones. Nociones sobre seguridad y paz en las relaciones internacionales contemporáneas, editado por los profesores Alberto Castillo y César Augusto Niño desde la Universidad Santo Tomás en Colombia, es un aporte en esa dirección y un esfuerzo por contextualizar el conocimiento y la práctica política desde América Latina.

El libro parte de la idea de abordar la seguridad y la paz como dos fenómenos circunscritos de manera transversal y constante en la historia de las naciones, que presentan tanto evoluciones como involuciones. A pesar de que tanto los Estados como la comunidad internacional están habituados a debatirse entre el realismo y el idealismo, como lo retoma Florent Frasson-Quenoz en el prólogo, la seguridad y la paz son conceptos permanentemente en disputa, polisémicos.

Pese a ello hay que acometer la tarea de intentar definir y actualizar nuestro conocimiento, por lo que aquí convergen áreas multifacéticas de estudio, corrientes teóricas, escuelas de pensamiento y lógicas científicas diversas que otorgan un valor agregado. Así, se inicia con una serie de reflexiones conceptuales sobre la sexta generación de la guerra (César Niño), las raíces del terrorismo moderno (Luis Aparicio) y los paradigmas de la seguridad y el terrorismo internacional (Jerónimo Ríos y Roberto Brocate), complementadas con los aportes sobre la securitización del migrante (Nadia García) y el derecho de intervención (Armando Borrero).

La obra continúa con una serie de interpretaciones contemporáneas sobre la seguridad y el feminismo (Catalina Vallejo y Juan Vallejo), el cambio ambiental (Laura Ballén), el humanitarismo (Mauricio Palma) y el paso de la era de la disuasión a la del control (Andrés Gaitán). Este apartado se cierra con una reflexión sobre la objeción de conciencia en asuntos militares (Néstor Maldonado) y la reivindicación de la democracia en el marco de procesos de paz, acudiendo a la experiencia colombiana que hoy intenta poner fin a su conflicto de más de medio siglo (Néstor Rosanía).

Posteriormente, haciendo una lectura de la seguridad y la paz en América Latina, están los aportes sobre la estrategia de paz en la Unasur (Fabio Sánchez), el marco teórico para una inserción de Colombia en la región en un escenario posconflicto (David González y Emilmar Rodríguez), una reflexión sobre el rol de la afectación de la infancia en escenarios violentos y una lectura de la neutralidad activa de Colombia en un marco posconflicto (Mauricio Jaramillo).

El libro cierra con un análisis de fenómenos regionales de importancia, como la debilidad institucional, la violencia y la posible gobernanza en el triángulo del Norte centroamericano (Johanna Amaya, José Alejandro Cepeda y Miguel Gomis-Balestreri), la evolución de la seguridad en el sistema internacional siguiendo a los Estados Unidos y la Federación de Rusia (Sara Quintero y Miguel González), la política exterior rusa en el nuevo orden mundial en la era Putin (Tania Rodríguez), desembocando en la extrema derecha y su desafío para Europa (Cristhian Sánchez).

Como oportuno epílogo Alberto Castillo presenta las diversas clasificaciones teóricas de la seguridad y la paz en las relaciones internacionales. Por supuesto, aquí no hay palabras finales pero sí una invitación al debate, la crítica y al rompimiento de esquemas de pensamiento y, sobre todo, un desafío a que la producción intelectual sobre estos temas desde América Latina se fortalezca.

José Alejandro Cepeda
Periodista y politólogo

Ficha técnica:
Nociones sobre seguridad y paz en las relaciones internacionales contemporáneas
Alberto Castillo Castañeda y César Augusto Niño (eds.)
Universidad Santo Tomás, Bogotá, 2017
550 pp.
ISBN 978-9587820218