Los regímenes autoritarios no solo saben reprimir: han aprendido a seducir. Es urgente para los demócratas desmontar ese intento.

Con la caída del Muro de Berlín y el colapso acelerado de muchos de los regímenes socialistas de Europa del Este, las transiciones chilena y paraguaya, así como el fin del apartheid en Sudáfrica, el mundo recibió a nuevas democracias y las poliarquías conquistaron la mayoría de las naciones. En plena década neoliberal se nos decía que habíamos llegado al fin de la historia y que tanto la economía de mercado como la democracia representativa eran the only game in town. Década y media más tarde, el albor del siglo XXI ha significado el retroceso de los valores democráticos y el renovado prestigio de los autoritarismos, envalentonando a aquellas naciones que en su momento no se plegaron al modelo democrático occidental, o que han decidido subvertir sus prescripciones desde adentro.

En el volumen colectivo Authoritarianism Goes Global, Diamond, Plattner y Walker —académicos relacionados con el Journal of Democracy— recorren cómo el nuevo modelo a seguir para muchos regímenes en transición son los autoritarismos eficientes y hasta prósperos que, tanto por los recursos provistos por la expansión económica global del último cuarto de siglo como por las redes de propaganda e influencia que esto permite, se pavonean orgullosos en el escenario global. Ya no se trata simplemente de contener las fuerzas democráticas dentro de sus fronteras, sino de expandir su esfera de influencia y legitimar sus acciones en todo el mundo.

Los autores dan cuenta de cinco países cuyo modelo político se ha convertido en una marca de exportación y emulación: la China del capitalismo de partido único, la Rusia de Putin, la Venezuela chavista y las dos teocracias islámicas en pugna, Irán y Arabia Saudita. La descripción de sus modelos políticos y su capacidad propagandística es uno de los grandes méritos del libro. El recorrido de los modos en que los autoritarismos redefinen el lenguaje democrático a su favor, aduciendo las debilidades estructurales de la democracia representativa en Occidente, recuerda a la habitual propaganda del siglo XX. Aunque enfrenten nuevos problemas y situaciones, como el ciberespacio, la globalización mediática o la dificultad de ejecutar control militar directo, la pauta de su conducta autoritaria es más bien tradicional, y evoca desde hábitos confucianistas hasta prescripciones leninistas. El orden sobre el presente y la reescritura del pasado son lícitos para controlar el futuro.

Claro está, lo más resaltante del volumen es el modo novedoso en que estos países manipulan los principios democrático-liberales. A diferencia de China o de Arabia Saudita, casi todos los otros modelos tienen que simular algunas formas democráticas, por lo que el extremo formalismo jurídico, la flexibilización parcializada de las normas electorales y el apoyo a regímenes criticados por Occidente son herramientas regulares. Así mismo, se relatan pavorosamente las maneras en que la propaganda de estos gobiernos penetra las redes y televisores del mundo libre: no solo con la propaganda cruda de sus medios oficiales, sino el modo en que las empresas multinacionales de entretenimiento, cadenas de noticias y redes sociales occidentales cubren apolíticamente la realidad China dentro y fuera de ese país. ¿Cómo no recordar el modo en que los Juegos Olímpicos de Beijing o de Sochi fueron descritos con veneración y respeto?

Entretanto, todos estos países explotan las crisis económicas y los conflictos políticos recurrentes en las democracias liberales como muestras de su decadencia, supuestamente causadas no por los déficits democráticos que pueden presentar, sino por su exceso. En los medios chinos, rusos y del socialismo autoritario latinoamericano, las libertades religiosas, políticas, sexuales y económicas son mostradas como degeneradas. Al final, Dossier de Telesur, o The Alyona Show de RT tienen el mismo espíritu que Der schwarze Kanal de la antigua RDA, solo que con mejores valores de producción.

El tomo termina con un muy sugerente ensayo de Christopher Walker, en que se pregunta cómo hacer para enfrentar este resurgir autoritario. Walker sugiere que frente a esas amenazas deben redoblarse los esfuerzos para la propagación de los valores democráticos y establecer un frente unido frente al flagelo autoritario. Sin embargo, advierte, esto no será importante si las democracias no viven a la altura de su ideal. Ahora que el relativismo de la posverdad ha llegado a nuestras costas, esta es una advertencia urgente.

Guillermo Aveledo Coll
Doctor y profesor en Ciencias Políticas (Universidad Metropolitana, Caracas)

Ficha técnica:
Authoritarianism Goes Global. The challenge to democracy
Larry Diamond, Marc F. Plattner y Christopher Walker (eds.)
Johns Hopkins University Press, 2016
256 pp.
ISBN 978-1421419978

Jared Diamond no es un escritor de corto aliento. Sus obras son extensas y profundas. Abordan con gran detalle buena parte de los temas trascendentales de la humanidad. Las reflexiones que el autor arroja sobre el papel, por lo general maceradas luego de años de investigación, de viajes por el mundo y de aguda observación, precisan muchas páginas.

Diamond las resume en algunas, más de 400 en cada obra. Sus libros más famosos de ciencia divulgativa son Armas, germenes y acero (2003), Colapso (2005) y El mundo hasta ayer (2012). Es uno de los pensadores más relevantes de nuestro tiempo.

El planeta y la humanidad

En Sociedades comparadas, Diamond sintetiza sus principales preocupaciones sobre el devenir del planeta y los grandes retos de la humanidad.

Los siete capítulos que dividen este pequeño ejemplar de casi 200 páginas son resúmenes de una serie de exposiciones que el autor llevó a cabo en la Universidad LUISS Guido Carli de Roma en marzo de 2014 cuando participaba como profesor visitante.

«Otro motivo por el que los países que ganan mucho dinero con los recursos naturales suelen ser pobres es que normalmente se olvidan de que algún día se quedarán sin ellos y tendrán que acabar desarrollando otros sectores económicos. Esperan que los diamantes y el petróleo sean eternos, no desarrollan otros sectores ni invierten en educación. De ahí que vuelvan a encontrarse en la pobreza cuando se agota el dinero de los recursos naturales» (p. 44).

Diamond es un observador de la historia, distinto a un historiador. Inició su trayectoria académica en la ornitología, el estudio científico de las aves. Ha dedicado su vida profesional a examinar la evolución de la humanidad desde sus cimientos, estudiando la aparición del homo sapiens, la prehistoria y la historia.

En el repaso de los pasajes de su libro el lector se encontrará con un escritor que dedica más tiempo a la pedagogía y a la explicación de sus argumentos —con base en los experimentos hechos y la documentación disponible, casi siempre comparada con archivos y estudios de otros autores que navegan aguas similares— que a los adornos de la literatura. Son textos fundamentales para la comprensión del ser humano y su evolución, desde tiempos inmemoriales hasta la absorbente actualidad.

Hipótesis de Jared Diamond

Sociedades comparadas revisa algunos ejes temáticos que están en el centro de los debates mundiales:

1) El papel de la geografía y de las instituciones como explicación de por qué unos países son ricos y otros pobres.

2) Las crisis nacionales que vive el mundo.

3) La evolución de China y su posición actual.

4) La dieta, el estilo de vida y la salud como retos de la especie humana.

5) Los principales problemas a los que se enfrenta el mundo.

6) Y un capítulo muy original sobre la evaluación de los riesgos que históricamente hicieron las sociedades de los pueblos tradicionales y qué puede aprender la humanidad sobre esos ejemplos.

El escritor no evita exponer su visión de estos aspectos. En cada punto incluye opiniones e hipótesis, aunque reitera que no todo está dicho y aún falta mucho camino por recorrer en la búsqueda de respuestas a los problemas de una humanidad azotada por riesgos.

«¿Por qué algunos gobernantes hacen cosas que los enriquecen a corto plazo pero que a la larga van en contra de los intereses de su país y lo conducen al desastre? Una posible respuesta es que, en parte, esa situación depende de sistemas políticos que aíslan a los dirigentes de algunos países, por lo que no sufren inmediatamente las consecuencias de comportamientos que, si bien los enriquecen, a la larga perjudican a sus países. Pero no sabemos si esta hipótesis es cierta: tendremos que buscar la respuesta» (p. 182).

Ficha técnica:
Sociedades comparadas
Jared Diamond
Editorial Debate, 2016
192 pp.
ISBN: 9788499925585

Entender la complejidad de la política, así como mejorar el desempeño de sus actores y protagonistas, es parte esencial de un programa para recuperar el valor de la democracia.

La crítica a la política tradicional es moneda común en nuestros días. Esa tradición que se increpa y se condena como causa y motivo de todos los males públicos es, no obstante, la de los partidos políticos, la de los equilibrios de poderes, la de actores que desarrollan una actividad compleja, necesaria y que es la base del sistema democrático.

Detrás de los señalamientos —muchas veces fundados, otras alevosos y, también, con intereses fácticos de por medio— se encuentran una sociedad civil, una suma de outsiders y, en ocasiones —es importante decirlo—, los representantes del populismo, cada uno con agendas, objetivos e intenciones distintas; todos, no obstante, convencidos de que hay otra manera de hacer las cosas, aunque pocos, casi nadie, tengan claridad de cómo llegar a esa condición de perfección o, al menos, de cambio posible y necesario.

Daniel Innerarity, en su libro La política en tiempos de indignación, arroja una alternativa a la que llama la buena política: un afortunado esfuerzo en el que hace frente al denuesto que padecen los actores tradicionales, al tiempo que realiza una apología ante muchas de las críticas que se elevan hoy contra la democracia.

Así, señalamientos como la lentitud de los procesos legislativos, el continuo enfrentamiento entre partidos, la discreción y a veces hasta secrecía que rige la construcción de acuerdos, entre otros, son analizados y desmontados en sus procedimientos, razones de ser y objetivos, para demostrar que son parte sustancial del trabajo cotidiano y necesario de la política.

El análisis, en lo general, parte de una premisa: lo contingente de la política, es decir, la condición de que toda decisión que se toma en un régimen democrático puede ser de otra forma, no satisfará a toda la sociedad y, más importante aún, es siempre posible de enmendarse, corregirse o incluso revertirse.

La condición de perfectibilidad, que incluye la certeza de que ninguna decisión está del todo completa, es un punto de partida para entender, por ejemplo, la imposibilidad de que un candidato lleve a cabo todo lo que, de manera irresponsable, propone y asegura poder cumplir. En ese sentido, afirma Innerarity, también corresponde al político —y aquí entra una crítica objetiva y presente a lo largo de todo el libro— entender y, sobre todo, explicar que ni nada es tan sencillo como parece ni todo lo que quisiéramos puede realizarse.

Esto es, entender la política como proceso, la democracia como el mejor sistema para llevar ese proceso al mejor de los puertos y que lo que se logra es lo mejor alcanzable y no lo óptimo posible. Quien aspira a esto último, por otra parte, o quien asegura que será capaz de hacerlo, cae en la tecnocracia, la demagogia y otras formas de antipolítica que, como serpiente que se muerde la cola, terminan por denostar y mentir respecto de la capacidad limitada de la propia política.

Porque es en democracia, precisamente, donde el diálogo y el acuerdo, sus bases primordiales, requieren de tiempo, planeación y negociación, contra lo instantáneo, lo mágico o lo milagroso que ofrece el demagogo; y es ese diálogo el que además conduce a dejar de lado las posturas dogmáticas, el todo o nada, lo irreductible de los credos para así alcanzar, negociando, cediendo en lo individual para ganar en lo colectivo, aquello que en verdad es posible realizar.

Y ese mínimo posible, siguiendo al autor, no debe ser visto como mediocre o insuficiente, sino más bien como lo que puede alcanzarse para conciliar la pluralidad: una política que en nombre de lo efectivo deja fuera a quienes piensan distinto será siempre peor a una que, de manera realista, genera consensos donde todos o la mayor parte encuentran cabida. A partir de este punto es donde se construye el porvenir y se superan las divergencias, siempre deseables, siempre presentes en la diversidad.

La política en tiempos de indignación representa, así, una obra que mediante un lenguaje sencillo y ejemplos precisos ofrece tanto la crítica acertada de nuestro tiempo como la certeza de que solo a través de la verdad, la participación y el involucramiento de más sociedad será posible elevar la calidad de los gobiernos, de los representantes, de los partidos y de la sociedad civil: la calidad de quienes conforman y hacen funcionar a la democracia.

Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista Bien Común

Ficha técnica:
La política en tiempos de indignación
Daniel Innerarity
Galaxia Gutenberg, 2015
352 pp.
ISBN 9788416495016

El valor político de la historia es su carácter legitimador. Aquello que deseamos recordar refleja los límites de lo que consideramos aceptable y memorable. La historia no es campo neutral.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente los esfuerzos de activistas norteamericanos para remover monumentos y denominaciones históricas vinculadas a la esclavitud y a la Confederación secesionista del siglo XIX. El partido Podemos, en España, considera un «error histórico» que se recuerden en conjunto a las víctimas del comunismo y los fascismos en Europa, y lo mismo ha boicoteado el Syriza griego. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que «fuerzas de la derecha» destruyeron este año varias estatuas del difunto presidente Hugo Chávez, cuyo gobierno cohonestó el derribo de estatuas de Cristóbal Colón, y borró nombres de estadistas civiles en calles y urbanizaciones. Lord Chris Patten, estadista conservador y canciller de la Universidad de Oxford, ha calificado los intentos de remover en dicha institución las estatuas de Cecil Rhodes —el magnate minero y pionero de la colonización británica en África del Sur—, de intento de «reescribir la historia».

¿Qué tienen todas estas alarmas en común? No tanto que la historia es una sucesión de hechos inmutables, sino que es relativa a la predilección de quien tiene el poder o la fuerza. La historia, en sí misma, es inalterable, puesto que el pasado está fuera de nuestro alcance. La historiografía y la interpretación del pasado pueden ser cambiantes. Pero ¿quién ha de tener la autoridad de cambiar la interpretación aceptada? Para casi todos los ejemplos anteriores, se trata de apuntalar un poder o, cuando menos, de no alborotarlo.

La interpretación de la historia importa porque con ella definimos las conductas que son aceptables y memorables. La comprensión más contemporánea nos ha servido para una gran desmitificación, que para algunos roba a las sociedades de sus ideas-fuerza, y —como es a ello proclive Occidente— debilita su autoridad moral. Para otros, esta revisión será siempre incompleta, puesto que dejamos de lado figuras objetivamente problemáticas pero subjetivamente menos controversiales; piénsese en los próceres de nuestras independencias, cuyas justas causas no escatimaron en acciones violentas.

Admitimos que la democracia moderna nos impone que ni el derecho ni la justicia han de ser meras racionalizaciones de quienes han vencido. ¿Qué debe hacer entonces una sociedad democrática con los aspectos más infamantes de su propia historia? No puede responder con una idea relativista: ni con un todo vale, ni con solo valen los míos. En las democracias modernas creemos en la dignidad del ser humano, por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo por escuchar a quienes se sienten desplazados o victimizados.

La democracia y sus valores nos imponen reconocer que parte de nuestra heredad es conflictiva, tanto entre nuestros conciudadanos como con nuestros valores. Pero, también, admitir que es nuestro legado y que no podemos escurrir el bulto de la responsabilidad que ello implica. Esta responsabilidad no se detiene en erigir remembranzas o destruir monumentos (aunque las iniciativas europeas para la memoria de las tragedias impuestas por las ideologías extremistas del siglo XX son un extraordinario modelo práctico). Debe llegar también al reconocimiento de las víctimas como conciudadanos, lo que puede implicar reparaciones y procesos de acción afirmativa que modifiquen ese legado desigual.

América Latina es un continente racial y culturalmente plural, pero no siempre ha estado atenta a su pasado violento. Tenemos, sin embargo, los cimientos democráticos para fortalecer este reconocimiento y lograr una mayor integración, que no sea simplemente material, sino que reconozca integralmente la dignidad de cada miembro de la sociedad, desterrando nuestras justificaciones épicas.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas

Bolivia es uno de los países más pobres del Cono Sur americano y desde hace más de diez años se encuentra gobernado por el populista Evo Morales. Entre sus reformas más importantes se encuentra la elección judicial, por la que la ciudadanía elige mediante el voto a los máximos magistrados de justicia del país. Según el Gobierno, esta es una manera eficaz de mejorar al ineficiente sistema judicial boliviano. La elección de magistrados también tiene la pretensión de ser un elemento exportable a otras latitudes.

En Ensayos sobre la lucidez, de José Saramago, la población decide ir al llamado de las urnas y sorprende no muy gratamente a la elite política y al Gobierno, y el resultado del conteo muestra que el 83 % son votos en blanco. Las artes y las letras siempre intentan imitar a la vida; así, en el año 2011, en las primeras elecciones judiciales realizadas en Bolivia los votos en blanco y nulos fueron el 60 %. Tras un golpe tan duro a la legitimidad de las autoridades electas, ahora nos encontramos nuevamente rumbo a unas elecciones de autoridades judiciales.

Reformar la justicia en un país como Bolivia es un problema más que complicado. Obviamente, no es un problema totalmente boliviano. En México se creó el término porkycracia para denunciar los males de la justicia de ese país y la facilidad que tienen de malearla todos los que cuentan con cierto capital económico. No es solamente el problema de un país: es también un problema latinoamericano. Tratar de saber cuáles son las bases de nuestros males con uno de los más importantes poderes del Estado tiene sus raíces históricas. En la época colonial se utilizaba con frecuencia un refrán muy popular: «al amigo todo, al enemigo la ley». Debemos recordar que, en el Archivo General de Indias ubicado en Sevilla, gran parte de la documentación son quejas sobre el sistema judicial.

En la primera elección judicial en Bolivia el gobierno del Movimiento al Socialismo sacó del debate la meritocracia. Vivimos en un «proceso de cambio», una revolución, y todo aquello que es parte del antiguo régimen debe desaparecer. Ya en camino a una segunda elección judicial, el régimen revolucionario boliviano acude a la meritocracia para así dejar el mal recuerdo de la baja legitimidad de las actuales autoridades judiciales.

El gobierno del presidente Evo Morales se proclama como uno de los más democráticos del mundo; un claro ejemplo sería el exceso de uso de las urnas, ya sea para referéndums o para elección de autoridades. Teóricos de la democracia, como Sartori o Dahl, afirman que para una democracia es nefasto estar practicando permanentemente el voto, ya que es la estratagema de los demagogos para seguir en el poder. Maquiavelo en El príncipe menciona que el príncipe debe crear la ilusión de que el pueblo es el que elige, según las opciones que hábilmente la autoridad le da.

El nuevo proceso de elección de autoridades judiciales trae al escenario político boliviano la incapacidad de hacer lo correcto, tanto del oficialismo como de la oposición. El gobernante Movimiento al Socialismo sabe muy bien que conduce un proceso de cambio, una revolución que no hará ningún tipo de miramientos para hacerse con el control total del poder. Las elecciones judiciales son la excusa para dominar el órgano judicial. Efectivamente, como es del caso en las revoluciones de izquierda, es necesario ejercer el control de todos los poderes del Estado para crear el nuevo hombre y dar a conocer al mundo el famoso buen vivir.

Los políticos bolivianos y gran parte de su población tenemos una memoria muy generosa con el olvido. Durante más de diez años el gobierno del MAS cada día ha demonizado al neoliberalismo. En 1991, en el gobierno de Paz Zamora, se institucionalizó la Corte Nacional Electoral, Tanto el Congreso Nacional como todos los miembros de los partidos políticos de entonces tuvieron la voluntad de hacer lo correcto y dejar de manosear la CNE que estaba en entredicho por el mal manejo de la banda de los cuatro al finalizar la década de 1980. Nombraron a personajes de gran trayectoria y, con Huáscar Cajías, Alcira Espinoza, Iván Guzmán de Rojas, Jorge Lazarte y Rolando Costas Arduz a la cabeza, devolvieron la credibilidad a la CNE.

En un momento tan crucial para la justicia boliviana es imposible ver sensatez en nuestra clase política, que simplemente dedica esfuerzos a dar a conocer sus berrinches a través de los medios de comunicación y no es capaz de buscar en nuestra historia reciente soluciones para hacer lo correcto con la justicia boliviana. Ojalá el ejemplo dado en 1991 al institucionalizar el CNE pueda reflejarse con el órgano judicial. Si no, todos los intentos serán vanos y retóricos.

Jorge Roberto Márquez Meruvia | @JRMarquezM
Politólogo. Director de Gaceta Hoy y columnista de opinión de El Día y Los Tiempos, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Maribel tiene 29 años, nació en los Llanos Orientales, pero desde hace diez años vive en Bogotá. Cuando era niña, su padre los abandonó y, cuando tenía nueve años, su madre murió. Estuvo un tiempo en un convento de monjas, donde vio de primera mano la violencia ejercida por la guerrilla. Esa experiencia la marcaría de por vida. Muchas de las opiniones políticas que Maribel mantiene hoy, se vinculan con lo vivido en esa etapa.

Maribel [*] es una luchadora. A los 15 años decidió irse a Bucaramanga a trabajar de doméstica en una casa de familia. Luego emigró a Bogotá, donde conoció a su actual esposo y con quien vive junto a su hijo de tres años. Hoy tiene un trabajo de community manager, que realiza desde su casa. Su vida actual no está exenta de sacrificios. Casi no ve a su marido en toda la semana. Él sale a trabajar a las seis de la mañana, luego va a estudiar, y llega a su casa después de las once de la noche. Los fines de semana, incluso, él viaja frecuentemente por trabajo. «Es lo que toca», dice, sin el menor atisbo de lamento. Ella agradece tener la posibilidad de trabajar desde su casa, para así estar más presente en la vida de su hijo: «Me hace feliz poder disfrutar de que mi hijo crezca y que yo lo vea; yo puedo trabajar desde mi casa, estar pendiente de mi hijo, eso me hace feliz y me da mucha paz». Lo que la angustia es no poder viajar más a su pueblo de origen, para ver a sus hermanos y su sobrino.

Maribel cursa una licenciatura en comunicación social on-line. Dentro de diez años se ve egresada y viviendo en el exterior: «Me veo capaz que en Estados Unidos, proyectando lo que he aprendido. Me gustaría estar dándole un buen colegio a mi hijo, teniendo mis propias cosas, mi apartamento, mi carro, y teniendo más tiempo con mi esposo para estar juntos».

Consultada sobre cómo ve la política, Maribel es contundente: «Es un negocio redondo; negocio para el más avispado. Aquí en Colombia el vivo vive del bobo». Relata detalladamente cómo funciona la corrupción en la micropolítica: «Usted, por ejemplo, es concejal; tiene un alto rango. Yo necesito, por ejemplo, unas escrituras pero no puedo pagar abogado. Entonces yo voy donde mi contacto, que es la palanca que agilita el trámite por dinero, que va al bolsillo del concejal. La corrupción es… todos los partidos funcionan así».

También relata cómo los políticos terminan intercambiando votos por bienes o dinero. Esto lo cuenta por experiencia directa, cuando tuvo militancia: «Lo sé porque estuve involucrada», advierte. ¿Cómo opera este mecanismo? El día de las elecciones, los partidos políticos ofrecen un mercado (alimentos) o «una teja para el techo, o un tanque, o una tubería… por cualquier cosita la gente cambia el voto». Y sentencia: «Todo es conveniencia». En este marco, no es de extrañar que cuando se le pregunta por la democracia se ría con una mueca irónica y diga: «Aquí no hay democracia, hay dedocracia».

Tiene una visión muy crítica del proceso de paz. «Santos les dio a las FARC este país. Es una farsa absoluta. Yo he vivido lo que han hecho las FARC. Con esta gente es imposible llegar a la paz. Está acostumbrada a matar. Al tío de una amiga lo cogieron porque no llevó no se qué cosa; lo torturaron, lo picaron y lo quemaron vivo. Esa gente es mala». Afirma que a las FARC les dieron demasiadas concesiones, que considera que constituyen injusticias respecto al resto de los ciudadanos. Sus expresiones no solo reflejan un desacuerdo sino indignación. El contraste de valores es profundo: «Les van a dar unos brutos rangos, les van a dar un millón ochocientos mil pesos, o los van a mandar para el exterior, que para Francia, que para no sé dónde. A ver… ¡los pobres de Colombia necesitamos que se abran becas en el exterior para nosotros! Entonces, ¿por qué a una persona que se comporta de esa forma, que comete tantos delitos, se le dan tantas cosas? Es algo que no cabe en la cabeza. Hacen lo que hacen y los premian al exterior, y les ponen apartamentos, y un millón ochocientos mensuales. ¿Qué es eso? Todo está al revés, dígame si no, está al revés!”.

* Nombre ficticio. Entrevista realizada para el proyecto Living Politics.

Ignacio Zuasnabar | @IZuasnabar
Consultor político y analista de opinión pública. Director de Equipos Consultores. Presidente de WAPOR Latinoamérica. Profesor de la Universidad Católica del Uruguay

Los instrumentos de control utilizados por la dictadura venezolana no son de carácter represivo ni propagandísticos; son de carácter económico. Por eso pasan desapercibidos por analistas que intentan entender por qué la población ha apoyado y soportado el modelo chavista tantos años.

La paradoja del modelo socialista antiestadounidense es que la moneda norteamericana es su principal instrumento de control. En el año 2003, con el argumento de proteger las reservas internacionales, entró en vigencia el decreto presidencial que convirtió en un crimen castigado con cárcel comprar y vender dólares de forma particular. El Gobierno es el único autorizado para vender dólares y como único proveedor, se convirtió en el que decide quién, cuánto y a qué precio se pueden cambiar bolívares por dólares. El control de cambio es la expropiación del dinero y, con ello, la expropiación de la libertad, por lo que es el instrumento de control social más importante.

Al comienzo, el control de cambio era el subsidio del dólar y, por consiguiente, el subsidio de toda la economía, ya que el Gobierno vendía los dólares a un precio fijado de forma discrecional, por debajo del precio de mercado. Esto era posible gracias a las inmensas cantidades de dólares obtenidos por la venta de petróleo, producto de los altos precios de este y de multimillonarios préstamos que le concedían al Gobierno gracias a los altos márgenes de rentabilidad de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

De pronto había una gran «fiesta de dólares», viajes al extranjero, compras por internet, celulares, televisores, autos y acceso a materia prima barata para empresas. Todo ello estaba al alcance de todos, debido al subsidio del consumo que el Gobierno mantenía a través del control de cambio. Esto explica los altos índices de popularidad del chavismo durante los siguientes años. A pesar de la represión política, la censura a los medios de comunicación y las expropiaciones a la propiedad privada, el país se veía sumergido en una gran fiesta de consumo auspiciada por PDVSA, que generaba una sensación de bienestar y además se reflejaba en las estadísticas, el PIB crecía, los índices de pobreza y desempleo iban en retroceso y el partido de gobierno ganaba todas las elecciones, mientras se iba haciendo con el control y avanzando en el desmantelamiento las instituciones democráticas.

Como el gobierno distribuía los dólares de forma discrecional, se creó una red de corrupción y complicidad. Se hicieron grandes fortunas, se arrodilló o excluyó del acceso a dólares a los empresarios por su tendencia política, se quebró a los que no se arrodillaron y se creó una nueva elite económica conformada por los militares, aliados y familiares de quienes administran los dólares. El Gobierno controló incluso el mercado negro, ya que la nueva elite tenía acceso ilimitado a los dólares y, conforme el flujo de dólares subsidiados empezaba a cerrarse, el precio en el mercado negro aumentaba. Así, el negocio de comprar dólares baratos en el mercado oficial y venderlos caros en el mercado negro, para luego volver a comprar dólares baratos en el mercado oficial se convirtió en un nuevo mecanismo de multiplicación de las fortunas de los jerarcas del régimen.

Cuando los dólares se agotaron, la relación de dependencia ya estaba creada. La oferta de dólares en el mercado oficial cayó en picada desde el año 2013, debido a la caída del precio del petróleo.

El Gobierno puede seleccionar con criterios políticos quién sobrevive y quién no, porque todos dependen de la asignación de dólares preferenciales para mantenerse produciendo, debido a dos factores fundamentales. Uno es que, luego de tantos años de subsidio, son pocas las empresas que pueden ser competitivas ofreciendo bienes y servicios fuera del control; el otro es que el grupo de empresas ligadas al poder sí tienen acceso a dólares preferenciales y pueden competir de forma desleal. A partir de este punto se evidencia lo perverso del sistema.

Nadie puede huir del país sin recurrir al mercado negro, ya que no puede vender sus bienes (casa, carro, etc.) para mudarse a otro. Lo mismo pasa con las empresas: si una empresa quisiera vender sus capitales para establecerse en otro país, no podría cambiar sus bolívares a dólares de forma legal. La mayor parte de las aerolíneas que frecuentaban Venezuela optaron por dejar de prestar servicios, pues se les negó el acceso a dólares y, por consiguiente, no podían cambiar los bolívares producto de sus actividades en el país. Hoy día los pasajes aéreos se venden en dólares. Así, todos nos hemos quedado encerrados viendo achicarse la puerta de salida.

La fiesta de dólares se acabó. Con la reducción del precio del petróleo a menos de la mitad y con pocas posibilidades de conseguir financiamiento fresco, el Gobierno se ve obligado a financiar el gasto con impresión de bolívares para mantener los niveles de gasto público y de consumo, frente a los procesos electorales que va enfrentando. Esto generó que la inflación creciera de forma exponencial, llevando a cientos de miles de personas, y luego a millones, a la pobreza.

Sin el control de cambio jamás Venezuela hubiese llegado a los actuales niveles de pobreza y hambre y este Gobierno jamás se hubiese podido mantener tanto tiempo. Hay que ser ingenuo para pensar que los desastrosos resultados económicos y sociales del gobierno venezolano son el producto de una mala gestión y no el resultado de un proyecto totalitario hecho para empobrecer y controlar a la población. En el siguiente artículo explicaremos cómo el control de cambio hizo deseable para la gente la forma siguiente de control, el control de precios, que contribuye también al círculo de control social.

Marco González | @MarcoG222
Economista (Universidad Católica Andrés Bello, Caracas). Cursa Maestría en Economía Empresarial. Militante de Primero Justicia

Casi en simultáneo a que el presidente Mauricio Macri anunciara dos reformas fundamentales para la segunda etapa de su gobierno, la justicia desempolvó causas que permitieron dos detenciones clave por causas de corrupción y lavado de dinero durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Es casualidad?

Seguramente la justicia acusó recibo del rotundo triunfo electoral de Cambiemos en las elecciones legislativas de octubre y también del descrédito social de sus antecesores en el poder, ligeramente menor al de los sindicatos, que cuentan con casi el 70 % de imagen negativa. La renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, comenzó a quitar el cepo kirchnerista que se había instalado durante la anterior gestión de gobierno sobre los fiscales que pretendieran investigar hechos de corrupción.

En el fondo, ambos hechos se emparentan porque de alguna manera las reformas de Macri pretenden ampliar la base tributaria y la generación de empleo en blanco; eso también será un modo de transparentar los negocios público-privados en la Argentina que han servido de plataforma de enriquecimiento ilícito y estafa en la última década.

Hoy, ningún sector empresario rechaza la reforma tributaria propuesta por el Gobierno. La iniciativa propone reducir el déficit fiscal en cinco años de modo gradual, en sintonía con el gradualismo económico que caracterizó esta gestión desde su comienzo. Básicamente esta reforma impulsa la reducción de algunos impuestos para incentivar a las pequeñas y medianas empresas y a los microemprendedores. Hay dos tributos que despiertan críticas duras. Por un lado, el gravamen a la renta financiera. En el Gobierno sostienen que fue una moneda de cambio con la oposición que reclamaba este impuesto desde hacía tiempo, ya que ambas reformas deberán pasar por el Congreso. Por otro lado, la extensión de impuestos internos a algunas producciones regionales como los vinos. Seguramente este último sufrirá muchos cambios en la discusión parlamentaria, en que los gobernadores de las provincias pisarán fuerte.

La reforma laboral suma aún más adhesiones dentro del empresariado, ya que incentiva los nuevos puestos de trabajo y premia a quienes vienen empleando en blanco. Se estima en la cartera laboral nacional que el empleo en negro en el país alcanza al 40 % de la fuerza de trabajo y especialmente a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires: un territorio que gobierna el oficialismo pero en el que el kirchnerismo mantiene sus seguidores. En cambio, dentro de la Central General de Trabajadores (CGT), la central sindical que fue mutando de su afinidad kirchnerista a la del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, hay mucha resistencia. Aunque saben que las urnas no acompañaron al peronismo, desde la usina gremial preparan artillería pesada contra esta reforma porque de ese poder de fuego dependerá el futuro de su conducción, hoy muy cuestionada no solo por sus propias bases sino también por el peronismo que vive su crisis interna.

En este contexto, nada parece obstaculizar el objetivo de Macri de votar ambas reformas con la nueva composición parlamentaria, que recambia el 10 de diciembre y que pondría agilidad a la recuperación económica de la Argentina, aún tibia.

Alejandra Gallo | @alegalloinfo
Periodista. Escribe para el diario El Cronista y trabaja en los programas Le doy mi palabra y Esta Semana, de Radio Mitre

El país estaba embarcado en un debate removedor, pro y contra el colegiado de Batlle y Ordóñez. Todos los actores coincidían en que el presidente acumulaba un poder inmenso que desnaturalizaba la institucionalidad republicana.

El 30 de julio de 1916 se realizaron comicios para elegir la Asamblea Nacional Constituyente que reformaría la Constitución del año 1830. El voto secreto rigió por primera vez y posibilitó la expresión de una democracia de masas (se triplicó el electorado) y una participación ampliada que desplazaría la política de notables. El resultado inédito fue que, con voto secreto, el Gobierno perdió la elección.

Los esfuerzos políticos se encaminaron a domar el poder. Pero no se coincidía en los caminos para lograrlo. El batllismo veía en el presidente una amenaza tiránica y proponía un Ejecutivo de nueve miembros, elegidos en una primera elección y renovables anualmente de a uno. La oposición advertía que ello no reducía la amenaza de una tiranía, que en lugar de uno sería de una oligarquía, pues con el Colegiado se acrecían las facultades del Poder Ejecutivo. Reclamaban desconcentrar el poder central, fortalecer las facultades del Parlamento e introducir garantías al voto popular. Los blancos veían en el Colegiado un disfraz de Batlle para perpetuar al Partido Colorado y a él mismo en el poder, porque para tener mayoría debían ganar cinco elecciones seguidas, cosa improbable. La propuesta colegiada dividió a los colorados. Para los anticolegialistas, el Colegiado hacía del Ejecutivo un órgano deliberante y conllevaba la coparticipación con los blancos, abandonando la política de partido que había sido la bandera colorada desde 1904. Como alternativa se proponía el parlamentarismo, que tenía adeptos en varias fuerzas políticas. Sin embargo, el país recorrería caminos no previstos.

La derrota del batllismo en la elección del 30 de julio dejó a la oposición dueña de la Constituyente. El presidente Viera, acusando recibo del mensaje de las urnas, planteó el famoso alto a las reformas, abrió negociaciones para la unidad colorada y estableció un gabinete de conciliación. Batlle, en vez, movilizó sus artes políticas para maniatar a la Constituyente. Boicoteó la labor de esta con el ausentismo de los batllistas, que atacaron el voto secreto y se negaron a que rigiera en las elecciones parlamentarias. Un mes antes de las elecciones, el oficialismo modificó la distribución de las bancas para asegurarse la mayoría en las Cámaras, lanzó una tercera candidatura de Batlle y presentó el proyecto Buero-Martínez Thedy, que hacía imposible la ratificación plebiscitaria del texto que emanara de la Constituyente. La situación política se crispó, era el preámbulo de una crisis política sin precedentes y el fantasma de la guerra civil asomó en el horizonte. Las jugadas del batllismo buscaban sacar la reforma del seno de la Constituyente y obligar a los blancos a negociar una salida política.

El presidente Viera impulsó la negociación y se conformó la famosa Comisión de los Ocho de blancos y batllistas. Duvimioso Terra había presentado un proyecto transaccional de Ejecutivo bicéfalo. A su vez, el nacionalista Martín C. Martínez propuso la creación de un Poder Administrador para debilitar la concentración del poder. Ambas iniciativas separaban las funciones ejecutivas primarias de las secundarias, para formar con las de administración un poder aparte de integración colegiada, lo que convergía con la propuesta batllista. Martínez aprovecharía la creación batllista de empresas públicas para obtener la autonomía de todos los entes, que fueron desgajados de la Presidencia. A ello agregaba la descentralización territorial, otorgando un estatuto autónomo a los departamentos. Los blancos ampliaron los poderes de contralor del Parlamento, las garantías constitucionales del voto secreto y la representación proporcional. Lograron, además, un acuerdo clave: toda modificación de las reglas de juego del sistema requeriría una mayoría especial de dos tercios, o sea, un acuerdo de los dos partidos.

El pacto de los dos partidos rivales en 1917, que se tradujo en la nueva Constitución, disipó la crisis y diseñó un arreglo institucional que dio la forma clásica de la democracia uruguaya, pluralista y consensual. Institucionalizada la coparticipación y las garantías electorales, ya no habría medio país excluido y ello pacificó la política. El voto secreto, la representación proporcional y el doble voto simultáneo politizaron la sociedad y electoralizaron la vida política. Las urnas pasaron a dirimir los pleitos políticos. Un siglo después apreciamos su alta significación para la democracia uruguaya, que hace a la mejor historia nacional y nos enseña lo que fuimos capaces de realizar pactando nuestras diferencias.

Daniel Corbo | @Daniel_Corbo
Profesor. Candidato a doctor en Historia (Universidad del Salvador, Buenos Aires). Expresidente del Consejo de Educación Secundaria y miembro del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay. Fue diputado por el Partido Nacional.

Este año en el que el mundo conmemora el quinto centenario de la Reforma protestante, se cumple también un siglo del plebiscito por el que los uruguayos aprobaron su segunda Constitución, usualmente llamada «del 17», aunque fue promulgada en 1918 y entró en vigor en 1919.

La Constitución del 17 introdujo varios cambios importantes a la primera Constitución uruguaya, la de 1830. El más estridente y discutido de esos cambios, que dio su impronta distintiva a la segunda Constitución, consistió en la instauración de lo que se llamó un Poder Ejecutivo bicéfalo, compuesto por una presidencia de la República a cargo, en lo sustancial, de la defensa nacional, la seguridad pública y las relaciones internacionales, y un Consejo Nacional de Administración de nueve miembros que se ocupaba de todo lo demás.

Pero no es a esta ni a otras reformas contenidas en lo que los juristas denominan la parte orgánica de la Constitución a lo que voy a referirme, sino a un cambio radical en su parte dogmática y, más concretamente, en su artículo 5. El texto de 1830 decía, lacónica y categóricamente, que «La religión del Estado es la Católica Apostólica Romana». El texto de 1917, en cambio, dispuso: «Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia católica el dominio de todos los templos que hayan sido, total o parcialmente, construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones». Esta redacción del artículo 5 es la que, con ligeras modificaciones, se mantiene vigente hoy.

Por virtud del nuevo artículo 5 —aprobado por una abrumadora mayoría de miembros de la Convención Constituyente, con el voto en contra de los representantes del partido católico y unos pocos convencionales nacionalistas— el Estado uruguayo dejaba de ser confesional para transformarse en laico.

La transformación era la culminación, en el plano jurídico, de un proceso que había comenzado décadas atrás. La secularización de los cementerios, dispuesta por el presidente Bernardo Berro en 1861 tras un incidente con la Iglesia católica; la Ley de Educación Común de 1877, que permitía que los padres rechazaran la instrucción religiosa de sus hijos en las escuelas públicas; la creación del Registro del Estado Civil de las personas en sustitución de los registros parroquiales (1879); la obligatoriedad del matrimonio civil previo a cualquier matrimonio religioso (1885); y, finalmente, la prohibición de la instrucción religiosa en las escuelas públicas en 1909 fueron etapas de ese proceso, acompañadas siempre por fogosos debates en la prensa, el Parlamento y clubes tales como el Ateneo de Montevideo, el Club Católico, etcétera. En el Uruguay, pues, la separación de la Iglesia y el Estado fue el fruto maduro de una evolución de más de medio siglo.

El nuevo artículo 5 estableció dos principios: la libertad religiosa para los particulares (individuos, iglesias), y el deber de abstención del Estado en esa materia.

«La libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable» era un mandato que venía de las Instrucciones artiguistas de 1813, pero que —como se vio— no había sido recibido por la Carta de 1830. En los hechos, empero, el pluralismo religioso ya existía pacíficamente en el país —como lo demuestran, por ejemplo, el Templo Inglés de los anglicanos, inaugurado en 1845, y la inmigración valdense que fundó Villa La Paz en 1858—; la Constitución de 1917 vino a reconocerlo y a ampararlo.

La laicidad del Estado quiso ser, y efectivamente fue y sigue siendo hasta hoy, una garantía de la libertad religiosa de los particulares. El Estado uruguayo no es ateo, ni combate a ninguna iglesia, ni combate tampoco a la religiosidad considerada en abstracto; en materia religiosa, el Estado uruguayo simplemente se abstiene de pronunciarse, porque considera que como asociación política que es (Constitución, artículo 1), aquella materia le es completamente ajena. Pero, así como se impone a sí mismo un deber de abstención, ampara resueltamente la libertad religiosa de individuos e iglesias y dedica un capítulo del Código Penal a proteger la libertad de cultos y el sentimiento religioso (artículos 304 y siguientes del CP).

Es importante reparar en el giro empleado por el constituyente, que proclama que el Estado «no sostiene religión alguna»; no es lo mismo que decir que sostiene por igual a todas las religiones, que es lo que algunos pretenden hacerle decir. Mientras no se modifique la Constitución, la laicidad positiva por la que aboga, entre otros, Joseph Ratzinger, no es de recibo en el Uruguay.

Durante los cien años transcurridos desde su instauración, el Estado laico amparó la libertad religiosa de todos los habitantes del país, contribuyendo decisivamente así a la generación de un clima de paz y tolerancia en ese plano tan sensible de la vida social. Al Uruguay originariamente católico fueron llegando sucesivamente los protestantes, los judíos, los practicantes de religiones afrobrasileñas y hoy los musulmanes, y todos conviven en paz entre ellos y con los agnósticos y ateos que son también parte importante de la población. Cien años después de la gran reforma de 1917, puede afirmarse con certeza que, en el plano que venimos considerando, esa reforma fue todo un éxito.

Ope Pasquet | @opepasquet
Uruguayo. Abogado. Representante nacional por el Partido Colorado

A cien años de uno de los episodios políticos más relevantes de nuestra historia, conviene detenerse un instante y redimensionar aquel episodio para que nos ayude a entender cómo un país tan pequeño y benjamín consolidó una de las democracias más sólidas que se conocen hasta el día de hoy.

El 25 de noviembre de 1917 los uruguayos concurrieron a las urnas para refrendar el proyecto de reforma constitucional elaborado y aprobado por amplia mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente elegida para ese fin un año antes. De esta forma Uruguay inauguraba un nuevo capítulo de su historia política y, al decir de muchos historiadores y constitucionalistas, inauguraba su verdadera democracia, haciendo honor por primera vez desde 1830 al nombre de república.

El inicio del Estado

Los primeros ochenta años de vida del Uruguay (1830-1910) estuvieron marcados por las luchas fratricidas que enfrentaron a los viejos caudillos de la independencia agrupados en torno a los bandos que rápidamente se convirtieron en los partidos políticos que aún hoy determinan la vida política del país, los partidos Nacional y Colorado. El caudillismo marcó el ritmo de la vida política y la lucha por el reconocimiento de las minorías fue una constante, así como el reclamo de transparencia en la administración del Estado, garantías electorales y representación proporcional según los resultados electorales.

El inicio del siglo XX estuvo signado por la radicalización y la polarización de los bandos tradicionales y el fortalecimiento de los caudillos políticos. El primer cuarto de siglo encontró al Uruguay con un profundo cambio social marcado por una reforma educativa que llevó la escuela pública a gran parte del país. Asimismo, el flujo inmigratorio se hizo sentir con la llegada masiva de europeos —sobre todo españoles e italianos—, escapados de un continente convulsionado y violento.

Ya en 1913 el presidente Batlle comenzó a hacer públicas sus ideas sobre una nueva Constitución. Desde el vamos, la reforma se presentó como un proyecto mucho más profundo que el de una mera cuestión electoral y abarcaba temas inherentes a la forma del Estado, la administración política, la separación de la Iglesia, la extensión de la ciudadanía, la administración de las empresas públicas y la descentralización política. Entre tantas reformas, la más notoria puesta sobre la mesa fue la de sustituir el Ejecutivo presidencialista por uno colegiado integrado por nueve miembros. Semejante reforma solo podía ser llevada a cabo mediante una asamblea constituyente, cuya elección estaba prevista en la Constitución de 1830. [1]

El voto universal

En el mes de setiembre de 1915, bajo la presidencia de Feliciano Viera, se pusieron en marcha los mecanismos para la elección de los constituyentes. Por primera vez en la historia del Uruguay se reglamentaba el voto universal masculino, que además sería secreto, y se aseguraba la representación proporcional de acuerdo con los resultados comiciales. Ya de esta forma quedaban recogidos algunos de los planteos del Partido Nacional que habían motivado, en parte, las últimas revueltas civiles.

La contienda electoral, pautada por el enfrentamiento casi maniqueo entre colegialistas y anticolegialistas, terminó con el triunfo de estos últimos y la primera victoria electoral del nacionalismo.

De todas formas se llegó a 1917 con un proyecto de reforma consensuado y satisfactorio para ambos bandos, luego de un trabajado acuerdo entre blancos y colorados, inaugurando una nueva forma de hacer política en el país marcada por la negociación directa entre partidos y sellando el nacimiento de una gobernabilidad que se transformaría en un pilar del sistema político uruguayo hasta nuestros días.

La nueva Constitución

Entre las principales reformas introducidas en la nueva Constitución, plebiscitada el 25 de noviembre de 1917, encontramos la sustitución del Ejecutivo presidencial por un nuevo Poder Ejecutivo bicéfalo, integrado por un presidente, que tendría a su cargo las fuerzas armadas, la policía y las relaciones internacionales, y un Consejo Nacional de Administración compuesto por nueve miembros (con representación proporcional), encargado de los fines «secundarios» como la economía, la educación, la salud pública y las finanzas, entre otros.

Se consagraba la libertad de cultos, abandonando de esta forma a la religión católica apostólica romana como la oficial del Estado. Como diría el constitucionalista Acosta y Lara, «el Estado, como entidad abstracta y ente de razón, no puede profesar ningún culto religioso, como tampoco puede profesar ninguna doctrina filosófica, literaria, artística o científica determinada, porque sería colocarse, al admitirlo, en una esfera de acción positiva incompatible con su naturaleza y fines. Sería atribuirle aptitudes de que carece y que solo posee el ser humano».[2]

En materia electoral, la nueva Constitución se transformó en un verdadero código garantista del sufragio e incorporóndo a texto expreso, en su artículo noveno: la inscripción obligatoria en el registro cívico, la prohibición a funcionarios del orden de participar —excepto mediante el ejercicio del voto— de cualquier manifestación de carácter proselitista, la consagración del voto secreto, la representación proporcional integral y, por último, el reconocimiento del derecho de la mujer al voto activo y pasivo, aunque dejó la medida sujeta a una posterior aprobación parlamentaria que se efectivizó el 16 de diciembre de 1932 (aunque ya se había permitido el sufragio femenino en el plebiscito del 3 de julio de 1927 en la localidad de Cerro Chato, convirtiendo al Uruguay en el primer país de Sudamérica en permitirlo).

Descentralización del territorio

También hubo importantes reformas a favor de la descentralización política del territorio, otorgando cierta autonomía financiera a los gobiernos departamentales. Se crearon, asimismo, estructuras jurídicas nuevas para la administración de las empresas públicas que estaban en notorio crecimiento.

Contrariamente a lo expresado por algún constitucionalista de la época, las consagraciones realizadas en la nueva Constitución son verdaderas declaraciones de principios y, lejos de ser cuestiones meramente instrumentales y de orden reglamentario, la inscripción obligatoria, el voto secreto, la prohibición destinada a las fuerzas del orden, la representación proporcional integral y el reconocimiento del voto femenino son garantías fundamentales que hacen a la esencia del nuevo Estado que nace con esta Constitución. No hay que olvidarse —un análisis exegético del texto constitucional nos conduce a ese camino— de que estas modificaciones a la Carta son nada más y nada menos que los motivos que condujeron al país a algunas de sus revoluciones y guerras civiles.

Mucho se cuestionó acerca de esta reforma, sobre todo al calor del momento histórico que, como suele suceder, impide apreciar los sucesos en su justa dimensión, lo que bien podemos hacer nosotros hoy, a cien años de aquella reforma y sabiendo el carácter decisivo que tuvo en la consagración y sedimentación de nuestro sistema de partidos. No pocos fueron los cuestionamientos hacia el Partido Nacional ante su decisión de tomar parte en la Asamblea Constituyente, a pesar de que las sospechas de fraude del partido hegemónico corrían como reguero de pólvora por todos los rincones del país.

En este sentido, un editorial del El siglo de noviembre de 1917 se refería al Partido Nacional y a la Constituyente de la siguiente forma: «[…] la presencia de los nacionalistas en la Constituyente era necesaria por su fuerza ponderable, por el alto ejemplo de civismo que entraña y porque la enorme trascendencia que para la vida del país tiene la reforma de la Constitución, impone con toda la energía de los grandes deberes que todas las tendencias políticas en que se divide la opinión estén en ese acto representadas. La democracia requiere, exige, la intervención de todos los ciudadanos en los actos comiciales, y de sus representantes, en la elaboración de las leyes, único medio de que en algo influya el espíritu de la nación, ya que es imposible por obstinada que en sus propósitos esté una parte de la opinión, dejar de sentir la influencia del argumento del adversario». [3]

Progreso económico

La nueva Constitución, que entró en vigencia el 1º de marzo del año 1919, fue uno de los factores fundamentales, junto con la coparticipación política, del progreso económico que vivió el país y de la consolidación de un sistema de partidos fuertes y decididos a conjugar en torno de sí la vida política del país. Y permitió una verdadera pacificación social en la República. La era de las luchas intestinas, apasionadas y sangrientas quedaron en el pasado y el país se acostumbró a ver a sus dos partidos más importantes en torno a la mesa del Gobierno, discutiendo los temas que hacen a la cosa pública. «Puede decirse que fue a partir de 1918 que se consagró en el Uruguay la existencia de un régimen verdaderamente democrático y una realidad electoral de pureza y respeto por la libertad y el derecho». [4]

La hora que vive el continente y la realidad nacional nos obligan a detenernos un instante en el vertiginoso día a día y escudriñar en nuestro pasado para entender por qué estamos donde estamos y cuál fue el costo —sumamente alto— que tuvieron que pagar nuestros antepasados para legarnos el país que hoy tenemos y que se yergue como faro que ilumina una realidad que tambalea y amenaza con derrumbarse alrededor.

[1] Constituciones de la República Oriental del Uruguay: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion

[2] Federico Acosta y Lara (s. f.). Comentarios de la Constitución Uruguaya de 1917. Montevideo: Ed. Claudio García, p. 16.

[3] «El Partido Nacional y la Constituyente» (28 de noviembre de 1917). Editorial de El Siglo recogido por La Democracia.

[4] Héctor Gros Espiell (1973). Evolución constitucional del Uruguay. Montevideo: FCU, p. 97.

Diego Silveira Rega | @Diegosilveirar
Director de la Comisión Nacional de Jóvenes del Partido Nacional de Uruguay

¿El arte imita a la política?

Hubo un tiempo en que a la música pop solo le interesaba la estética, el dinero y el divertimento. Hasta que en la década de 1960 arribó la contracultura, se precipitó el concierto de Woodstock y la preocupación por diversas formas de activismo. Así sucedió, por ejemplo, con los conciertos Live Aid en los años ochenta, que trascendieron el lema de sexo, drogas y rock and roll. Aún, de vez en cuando, en medio de la sociedad de consumo, reaparecen los mensajes de conciencia social. El sábado 7 de octubre sucedió algo parecido con el masivo recital de la agrupación irlandesa U2 en Bogotá.

U2 se presentaba por primera vez en Colombia, con una selección de clásicos y la totalidad de su místico álbum The Joshua Tree, del que se celebran treinta años de publicación. Este disco, como se aprecia visualmente con magnificencia en la gira, está inspirado tanto en la literatura norteamericana como en las desigualdades y crisis que el cantante de U2, Bono, había presenciado en Etiopía, Nicaragua o El Salvador, y se refleja en canciones como «Bullet the Blue Sky», «Mothers of the Disappeared» o «I Still Haven’t Found What I’m Looking For», esta de claras referencias bíblicas: «I have spoken with the tongue of angels» (Corintios 13:1), al Padre Nuestro, «I believe in the Kingdom come», y a la Pasión de Cristo, «You broke the bonds/And you loosed the chains/Carried the cross of my shame».

El U2 de la madurez que llegó a Colombia —país que hasta hace solo unos años suponía un riesgo y no un negocio para las estrellas internacionales, que preferían sobrevolarlo— ya no es el de sus inicios. El que grabó Sunday Bloody Sunday en 1983, inspirado en el Domingo Sangriento de Irlanda del Norte en 1972. No obstante, con este tema abrió su presentación en Bogotá y sentó las bases de su mensaje con el pregón «No más, ni uno más», aludiendo a la violencia en el mundo y directamente al proceso de paz en Colombia.

Ya lo reconoció Bono hace unos años: «La lucha contra la pobreza no puede ser patrimonio de la izquierda». Por ello este U2, enriquecido por cuenta de su talento y el aprecio de sus fans en el mundo entero, aplica una estrategia de doble rasero, donde la creación musical se complementa con una retórica progresista, que apela por igual a la razón como a las emociones de sus oyentes, mientras les habla al oído a los poderosos. Es decir, un fino populismo en el que héroes locales como Gabriel García Márquez o la deportista Caterine Ibargüen salen a relucir, mientras se explayan argumentos para exigir solidaridad en la lucha contra la pobreza, la igualdad de género o la justicia.

Es difícil separar el activismo de Bono de su obra musical al lado de U2 y, en esa medida, a la par que el cantante se ha convertido en un personaje público mundial, su cuarteto ha perdido parte del prestigio artístico de antaño. No se trata solo de una crítica musical válida para sus discos más recientes (más complacientes que desafiantes), sino a las zonas grises de los negocios y las inversiones personales que Bono y el grupo manejan con íconos de la globalización a la que tanto se empeñan en corregir, como Facebook o Apple.

Más allá de estos debates, la puesta en escena de U2 en Bogotá —que tuvo como telonera a la banda del antiguo Oasis, Noel Gallagher— fue impresionante. Remata una serie de conciertos como el de Paul McCartney en 2012 y los Rolling Stones en 2016, que demuestran que Colombia cuenta con una demanda de espectáculos de nivel y que hay una capacidad de gasto para sostenerla. O que al menos se viene afianzando una aparente clase media en las zonas urbanas, dispuesta a invertir en ocio y a llenar escenarios con más de 40.000 personas. Y aunque como en buena parte de estos eventos muchísima gente asiste primordialmente por la pose social y desconoce el repertorio, U2 cumplió artísticamente con su homenaje a la América profunda y a la paz en Colombia. Algunos ejemplos:

•  «Pride (In The Name Of Love)», más allá de su alusión original a Martin Luther King, sirvió para que Bono cantara con el público su coro en honor a los constructores de la paz. Y volvió la mirada a su propio país, Irlanda: «En nuestro país tenemos paz porque la gente tuvo el coraje de comprometerse. La palabra más bella en el idioma inglés es compromise».
• Aludiendo a Donald Trump, en la canción «Exit», se utilizaron momentos de una serie de televisión de los años cincuenta, en la que un vendedor ambulante de nombre Trump se promueve como el único capaz de salvar a un pueblo y sus habitantes del apocalipsis, construyendo un muro gigante a su alrededor. ¡Cualquier parecido es mera coincidencia!
• «In God’s Country» se recuperó más allá de sus referencias bíblicas y su alusión a Norteamérica como la tierra prometida. Bono aclaró: «Es una canción sobre cómo un paisaje se puede cambiar, en una persona, en una ciudad, en un país, cuando no estás buscando y cómo tenemos que estar despiertos para un sueño».
• En «Ultraviolet (Light My Way)» se proyectaron numerosas imágenes de mujeres importantes en la historia, incluyendo a la heroína del periodo de independencia, la Pola, y la cantante folclórica Totó la Momposina. Al finalizar, Bono alentó a cuidar a las mujeres. «Mujeres increíbles, con coraje y convicción que ayudan a cambiar su mundo alrededor».
• En el cierre, durante «One», Bono dijo que «el cambio llega lentamente, pero llega. […] Creciendo en nuestro país, un país en el norte del planeta, en Europa, llamado Irlanda, creciendo en ese país siderúrgico, no nos atrevíamos a soñar con la paz. La gente nos dijo que era imposible hasta que nos dimos cuenta de que la paz no es un sueño, es una acción».

Quizás las palabras que mejor le salieron para rematar su prédica en favor de la paz, a la par que se proyectó una enorme bandera de Colombia con una paloma que alzó el vuelo, fue afirmar que esta «no es breve, es difícil, lleva tiempo». No se trataba del papa Francisco recién visto, hay que recordarlo, sino de una estrella de rock. Y agregó: «Conoces esa palabra, esa hermosa palabra de la que hablamos antes: compromiso. Sabemos que la paz no puede remediar el dolor del pasado, lo sabemos, pero puede prevenir ese dolor en el futuro. De todos modos estamos con ustedes. En estos tiempos frágiles tenemos que apoyarnos el uno al otro. Eso es para Colombia, ustedes pueden ser uno».

U2 dejó un buen recuerdo para quienes pudieron asistir al concierto, y Bono se las arregló para dejar dos mensajes simbólicos adicionales. Al otro día de su presentación asistió a la liturgia de la capilla del Gimnasio Moderno, donde comulgó y saludó amablemente a algunos seguidores. Y claro, llamó al muy ocupado presidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz, para felicitarlo por su logro de haber sacado adelante la negociación con la guerrilla de las FARC. Una vez más, el arte imitó a la política. ¿O viceversa?

José Alejandro Cepeda |@sinclair_simon_
Colombiano. Periodista y politólogo

La Revolución rusa de octubre de 1917 reverberó en una gran radicalización ideológica global y mostró con diáfana claridad cómo podemos cometer horrores convencidos de nuestra propia justicia. América Latina no fue la excepción.

En el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, congelado en el tiempo de su propia estética revolucionaria, se encuentra el imponente mural «El hombre en el cruce de caminos» de Diego Rivera. Sus imágenes revelan a la vez un rechazo hacia la sociedad capitalista, frente a una idealización vertiginosa del internacionalismo proletario. El desaparecido líder bolchevique Vladimir Ilich Uliánov, mejor conocido como Lenin, aparece cerca de la encrucijada central del cuadro, tomando la mano de una multitud multiétnica. Rivera ilustró con ello la ilusión de mucha de la intelligentsia latinoamericana de la época hacia la política soviética, anclada en la sempiterna frustración hacia nuestra realidad que suele invocar. Esa ilusión dejó un saldo de desolación, cuyas heridas seguimos cicatrizando, en cada mural universitario, en cada relectura de Galeano y en la desoladora constatación de que tenemos algunas izquierdas que ni olvidan ni aprenden.

No es ocioso recordar los efectos que la expansión marxista-leninista tuvo sobre el mundo: la disolución violenta del experimento liberal y democrático de la Rusia poszarista y la revolución febrerista, el terror estalinista, la ocupación soviética del este y centro de Europa, las guerras del Tercer Mundo, el tenso equilibrio nuclear y luego, para consternación de la humanidad, las recurrentes hambrunas, la pulsión fratricida del enfrentamiento sino-soviético, el genocidio camboyano y el fracaso económico y moral de ese sistema. Millones de víctimas que hoy son dejadas de lado por una nostalgia romántica por una revolución que, donde permanece vigente, nos recuerda que la esencia del leninismo fue siempre la captura absoluta del poder por el partido revolucionario, aunque se maquille de remeras del Che o de lujosos rascacielos chinos.

No se trata aquí tampoco de idealizar la crueldad de muchos de los regímenes a las antípodas del marxismo-leninismo. El Imperio zarista era una de las monarquías absolutas más corruptas y atrasadas del mundo; el anticomunismo desplegó feroces prácticas que desmentían moralmente su fundamento liberal. La reacción fascista en Occidente y los regímenes de seguridad nacional en el mundo subdesarrollado fueron contracaras deleznables de terror de Estado que reforzaron el relativismo comunista. Pero es mentira que el mundo sólo tenía dos opciones, como demuestra el desarrollo atribulado pero sostenido del Estado social de derecho.

Desde América Latina existen rincones que celebran la imagen esplendorosa de la Revolución: sus avances tecnológicos, su estética e ideas. Desde círculos de académica remembranza a los regímenes cubano y venezolano, la nostalgia revolucionaria es para ellos reafirmación diaria en su propia justicia y de los valores con los que se imponen sobre sus sociedades. La ironía del asunto es que Lenin despreciaba —con herencia de la visión de Karl Marx— las condiciones objetivas para una revolución social en la región, lo cual no obstó para que la URSS y sus fieles entre nosotros atacasen los intentos de reforma social no comunista, cooptando para sí muchos movimientos de reivindicación nacionalista e impidiendo la consolidación democrática en otros casos. El espectro que recorrió el continente fue la guerra sorda entre el comunismo y el anticomunismo, se expandió con la exportación de la Revolución cubana, las sanguinarias campañas de guerrilla y contraguerrilla de los sesenta, y su punto más crudo fueron las guerras civiles centroamericanas de los años setenta y ochenta.

Hoy, muchos movimientos inspirados originalmente por el marxismo-leninismo han abandonado sus banderas violentas y abrazado el debate democrático-electoral. En algunos casos, como mecanismo deshonesto para una instauración revolucionaria eventual, como ilustra la ortodoxia marxista de Nicolás Maduro o el pragmatismo de Daniel Ortega. En algunos otros casos, las izquierdas revolucionarias han devenido en partidos socialistas democráticos, pero para ello han tenido que transitar traumáticas tragedias o renunciar a la herencia leninista, que rápidamente se demuestra incompatible con una sociedad pluralista y políticamente abierta.

Desde el humanismo debemos reconocer los problemas reales que sirvieron de fundamento a la ilusión de muchos latinoamericanos y seguir promoviendo la mejora constante del continente en libertad. Así evadiremos la trampa del falso recuerdo leninista.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas

En las elecciones legislativas del 22 de octubre, el presidente Mauricio Macri obtuvo un fuerte apoyo del electorado. Casi el 42 % de los electores votaron por la coalición de gobierno Cambiemos, aproximadamente 8 % más que en la elección presidencial de 2015 y 5 % más que en las primarias de agosto de este año. Cambiemos será, a partir del 10 de diciembre, la bancada más fuerte en ambas Cámaras del Parlamento. El partido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Unidad Ciudadana (UC), se constituirá como segundo partido y la principal fuerza opositora en la Cámara de Diputados. En el Senado, en cambio, los peronistas tradicionales del Partido Justicialista (PJ) serán la segunda fuerza después de Cambiemos. El trágico destino del joven Santiago Maldonado había echado sombras sobre la competencia electoral.

Cuando el presidente Macri habla de política, suele comparar los resultados políticos con partidos de fútbol. Macri fue durante años presidente de Boca Juniors, el equipo argentino que ha ganado la mayor cantidad de campeonatos. En las elecciones parlamentarias, su coalición de gobierno no solamente alcanzó un triunfo, sino que transformó el paisaje político argentino posiblemente de manera duradera. Cambiemos se consolidó como la mayor fuerza política del país, lo que da al Gobierno el respaldo necesario para la profundización de su programa de reformas.

En las elecciones del domingo 22 de octubre pasado fue elegida la mitad del Congreso y un tercio del Senado. En el caso del Senado, cada provincia tiene tres senadores: dos por el partido mayoritario y uno por el siguiente en votos. En la Cámara de Diputados, el reparto de bancas se rige por la densidad poblacional de cada provincia. Un total de 78 % de los empadronados para votar participaron en estas elecciones, es decir, un 5% más que en las primarias. En Argentina rige el voto obligatorio.

Cambiemos ganó, según los primeros cómputos, en 13 de las 24 provincias argentinas. Esto significa un aumento de 21 bancas, alcanzando un total de 107 de la Cámara de Diputados. Esto se debe ante todo a los resultados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, la coalición no alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso, para lo que necesitaría 129 de 257 diputados. Los peronistas del PJ obtuvieron la mayoría en San Luis, Misiones, San Juan, Tucumán, Catamarca y Chubut. Las pérdidas más significativas fueron del candidato Sergio Massa, de 1 País, que perdió junto a sus aliados 16 diputados, seguido del partido Unidad Ciudadana, que perdió 8 bancas.

En el Senado, Cambiemos obtuvo 9 puestos, estableciéndose como la bancada más fuerte, con 24 senadores sobre un total de 72. El PJ ocupará la segunda bancada, con 23 senadores. El kirchnerismo perdió 8 senadores. A pesar de esto, Cristina Fernández de Kirchner obtuvo más de un tercio de los votos de la provincia de Buenos Aires (37,2 %) y ocupará una banca en el Senado. Su campaña fue exitosa, en particular en la periferia, donde perdió por muy poco contra el candidato principal de Cambiemos, Esteban Bullrich (41,4 %). 1 País perdió su senador, ya que su presidente Sergio Massa obtuvo solamente 11,3 % de los votos en la provincia.

Peronismo moderado en crisis

Mientras Cambiemos alteró notoriamente el panorama político al imponerse al peronismo, su triunfo fue ante todo a expensas del peronismo moderado, cuyos gobernadores Juan Carlos Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Casas (La Rioja) perdieron contra los representantes de la alianza de gobierno. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en quien se centraban expectativas como probable candidato a la presidencia del PJ en 2019, perdió sorpresivamente de forma manifiesta contra su oponente. Quedó así en evidencia la crisis institucional del peronismo debido a sus divisiones y fraccionamientos internos.

El núcleo remanente del PJ, tradicionalmente alineado con el peronismo moderado, parece abierto a colaborar con el gobierno. La polarización entre Cambiemos y los partidarios de Kirchner durante el período preelectoral dañó a los peronistas moderados. Solamente el joven gobernador de San Juan, Sergio Uñac, queda como candidato con chances para la próxima elección. Sergio Massa posiblemente se retirará de la arena política luego de su derrota.

Campaña electoral

El triunfo Cambiemos tiene varias causas: por un lado, los éxitos concretos en la lucha contra la corrupción, que llevaron a la detención de funcionarios corruptos. Por otro, las reformas económicas que a partir de mediados de 2017 tuvieron efectos positivos perceptibles en la vida de los argentinos. Durante la campaña electoral se subrayó que se había superado el fondo de la caída de la economía y comenzaba una lenta recuperación. Desde el punto de vista político, Cambiemos había apostado a la polarización en la campaña. El balance negativo del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue colocado como prueba del fracaso de su política. Los electores del 22 de octubre ratificaron a Mauricio Macri en su rumbo y dieron lugar a un cambio en el panorama partidario argentino.

También Cristina Fernández apostó a la polarización. Según ella, el Gobierno abría las puertas a un capitalismo sin límites excluyente de los sectores más vulnerables. Por otra parte, instrumentalizó el caso de Santiago Maldonado, el joven desaparecido el 1 de agosto en una manifestación desalojada por la Gendarmería. Los kirchneristas y la izquierda presentaron la hipótesis de que la Gendarmería lo había secuestrado y asesinado. Con esto se trazaron paralelos con la dictadura militar argentina (1976-1983), cuando miles de personas de la oposición fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Por esto, organizaciones kirchneristas y de izquierda llamaron, en nombre de los derechos humanos, a protestas en todo el país contra la Gendarmería y el Gobierno.

Al mismo tiempo, la oposición moderada criticaba las reacciones vacilantes y reservadas del presidente Macri y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Dos meses después de la desaparición del joven y tres días antes de las elecciones, la Gendarmería Nacional finalmente encontró el cuerpo de Maldonado. Los forenses investigan las causas de la muerte. Después del hallazgo, los partidos suspendieron sus campañas electorales y declinaron realizar actos de cierre de campaña.

Palpable recuperación económica

La reducción paso a paso de las subvenciones y las reformas económicas implementadas por Macri desde su asunción han sido dolorosas para la población. Esto se manifiesta en los indicadores negativos del primer año en funciones. Mientras tanto, se ven las mejoras: de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC), este año hay unas 600.000 personas menos por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, un 28,6 % de la población argentina no pudo asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en la primera mitad de 2017.

El objetivo inflacionario de 17 % para 2017 no se logrará; fuentes independientes calculan ese indicador para el presente año en aproximadamente 22,5%. Según el FMI, la desocupación se redujo en 8,5 % respecto al año anterior. Para 2017 se prevé un crecimiento económico de 2,5 %. Se observan mejoras en la infraestructura y muchas viviendas precarias pudieron ser conectadas a la red de gas gracias a microcréditos del Ministerio del Interior. El acercamiento entre el gobierno y la central sindical Confederación General de Trabajo (CGT) evitó un paro general entre ambos comicios.

Conclusiones

El presidente Macri y su alianza de gobierno Cambiemos lograron un gol de oro en la competencia por los mandatos parlamentarios. Este triunfo le da a Cambiemos un excelente punto de partida para las próximas competencias electorales. Mientras el equipo capitaneado por Macri se aseguró un 42 % de los votos, los peronistas moderados perdieron masivamente el apoyo. El equipo de Fernández de Kirchner sacó ventaja, ante todo, de los sectores más humildes.

Hasta el 10 de diciembre, día en el que comenzarán las actividades del nuevo Parlamento, los equipos políticos desarrollarán estrategias para el restante mandato de Mauricio Macri. Se ocuparán además intensamente de la elección presidencial de 2019, en la que probablemente se enfrentarán Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Es prematuro decir que Sergio Uñac se sumará a esa competencia. El equipo Macri encara de forma optimista y con viento a favor los próximos partidos hasta la gran final de 2019.

Olaf Jacob
Representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina

Traducción de Manfred Steffen, coordinador de programas de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo

En Honduras se acerca un nuevo proceso electoral. Es un deber ciudadano participar en la selección de la persona que va a dirigir nuestro país durante los próximos cuatro años. No podemos dejar de opinar o guardar silencio ante tan importante acontecimiento. La abstención no es una opción.

Una vez dejado claro esto, debemos manifestar que solo se puede elegir entre los candidatos válidamente inscritos y aceptados por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, escoger entre ellos, con sus virtudes y defectos. No se trata de buscar un candidato ideal, sino de seleccionar el mejor o el menos malo de entre los candidatos que están inscritos. El voto nulo o en blanco tampoco es una opción.

Hay nueve candidatos definitivos, de los cuales solo tres tienen importantes caudales de votos y por tanto posibilidades de ganar los comicios, según los estudios de opinión disponibles al público. Ellos son: Juan Orlando Hernández, Salvador Nasralla y Luis Zelaya. Vamos a revisar cada una de estas candidaturas.

Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de la Oposición: es un hombre de la televisión que destaca por propuestas de gobierno populistas y demagógicas. Es el candidato del Partido Libre, de tendencia comunista. Apoya públicamente a la dictadura de Venezuela que lleva más de 19 años en el poder, la cual destruyó uno de los países más ricos del mundo a límites impensables, llevando a la población a un 83 % de pobreza y a un desabastecimiento total de alimentos, medicinas, productos de higiene personal, productos del hogar, repuestos de vehículos, etcétera. Además de las graves violaciones a los derechos humanos, los más de 400 presos políticos, las violaciones a principios democráticos básicos, la persecución a la disidencia política, los alarmantes niveles de corrupción y narcotráfico, entre muchas otras cosas que suceden en Venezuela. Ese es el modelo que pretende el Partido Libre implantar en Honduras, con expropiaciones y un control exacerbado de los medios de producción por el Estado.

Según mi criterio, Nasralla representa el caos, la ingobernabilidad, la división social y el retroceso para Honduras, por lo que no califica para ser presidente de la República. Es un salto al vacío.

El otro candidato opositor es Luis Zelaya, quien, según todas las encuestas serias, se mantiene relegado en un lejano tercer lugar en las preferencias del electorado. Sobre este aspirante podemos decir que es una persona con poco carisma, tiene una imagen muy elitista y no demuestra, en sus gestos y actuaciones, sensibilidad social. Además, no tiene trayectoria política ni experiencia en la gestión pública. Ganó la candidatura del Partido Liberal ante la ausencia de liderazgo en esa organización política, lo que le permitió imponerse a través de una campaña electoral muy fuerte en las primarias.

Por último, tenemos al actual presidente, Juan Orlando Hernández, quien pudo ser candidato gracias a una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que desaplicó la prohibición absoluta de reelección presidencial, que se consagraba en un artículo pétreo.

Hay que dejar claro que el mecanismo que se utilizó para establecer la reelección presidencial en Honduras no fue el más idóneo desde el punto de vista jurídico, ya que la vía constitucional para modificar esa prohibición era a través de una asamblea nacional constituyente. Pero ya se tiene un antecedente idéntico en Nicaragua, que paradójicamente es apoyado y aplaudido por la izquierda hondureña, mientras que lo critica en su propio país.

Sin embargo, la realidad fáctica es que se hizo a través de una sentencia confirmada por la Sala Plena de la Corte Suprema y apoyada por la Fiscalía General de la República, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas y las Iglesias, e indirectamente fue legitimada por el pueblo al obtener Juan Orlando Hernández la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias que celebraron los partidos más importantes.

Siendo esto así, mi postura jurídica frente a la sentencia de la CSJ es solo una simple opinión legal sin efectos válidos. La reelección es una realidad autorizada en Honduras y, en consecuencia, estamos obligados a ponderar y analizar la candidatura del actual presidente desde el punto de vista político, una vez superado el obstáculo jurídico que tenía.

Juan Orlando Hernández en su periodo de gobierno ha demostrado que es un hombre de grandes decisiones y de grandes metas que están encaminando al país hacia puerto seguro. Se ha comportado como un verdadero estadista. No se puede negar que este gobierno ha tomado las medidas económicas necesarias para estabilizar nuestro país. Ya las calificadoras de riesgo internacionales más importantes han otorgado mejores índices a Honduras, con lo que se hace más atractiva para los inversionistas. Se logró controlar la inflación (a menos del 4 %) y precio del dólar, dos indicadores que se mantienen estables y sin variaciones de importancia. Todas las cifras macroeconómicas del país han sido estabilizadas y hoy Honduras muestra una economía más sólida, más fuerte y más atractiva para los inversionistas, con una excelente tasa de crecimiento económico.

Honduras era un país desorganizado en sus finanzas, sin un norte claro, dominado por el crimen y el narcotráfico, con mucha pobreza, pero en casi cuatro años Juan Orlando Hernández organizó la economía y generó un rumbo claro. Ha dado golpes importantes al crimen organizado y ahora el reto es reducir la pobreza.

Álvaro F. Albornoz
Venezolano-hondureño. Abogado. Magíster Scientiarum en Derecho Administrativo. Doctor en Derecho Constitucional

El pasado viernes 27 de octubre en torno a las 15.30 hora española, el Parlament declaraba la independencia de Cataluña con 70 votos a favor después de que diputados del PP, el PSOE y Ciudadanos abandonaran la sala. Así culminaba esta gran secuencia de acontecimientos que puso la cuestión catalana en primera plana de los periódicos de todo el mundo y con la que el independentismo exaltado quiso dibujarse como la víctima y señalar a España como el agresor. Sin embargo, los últimos acontecimientos están dejando claro cuáles son sus verdaderas intenciones.

Primero fue el desacato a las leyes de los días 6 y 7 de septiembre cuando se aprobó la ley del referéndum haciendo caso omiso a lo que dictaba la Constitución. Luego vino la famosa consulta popular del 1-O celebrada sin legalidad alguna, bajo el único amparo de las ansias secesionistas que, siguiendo su propia metanarrativa, situaba al Estado español como el cruel dictador. La prensa internacional colmaba sus portadas de imágenes desoladoras provenientes de Cataluña en las que se cuestionaba la práctica de la democracia española y la convertían en una especie de dictadura cruel ante los ojos del mundo. Con esto, pudimos ser testigos durante días de una gran campaña de desinformación y manipulación de datos que aupaba la causa secesionista como una de esas grandes luchas históricas por la liberación de un pueblo de su tiránico opresor. Después, el 10 de octubre, llegó el vago discurso de Puigdemont ante el pleno del Parlament en el que ni aclaraba ni desmentía si proclamaba o no independiente a Cataluña. Y finalmente, el viernes 27, tras otra de esas votaciones transparentes por las que se está caracterizando este proceso, llegó la declaración unilateral de independencia.

Esa misma tarde, Rajoy anunció la ejecución del artículo 155, del que ya se había hablado tanto estos últimos días y que hace una semana el PP, el PSOE y Ciudadanos acordaron aplicar ante la crisis de Cataluña. Así, Puigdemont y sus consejeros han sido destituidos de sus cargos y el Gobierno español ha asumido las competencias de administración de la comunidad autónoma. De la misma manera, Rajoy ha convocado a elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre, fecha que ya se había tanteado y que Puigdemont se había negado a establecer.

La comunidad internacional pronto se hizo eco de la noticia y fueron varios los mandatarios extranjeros que mostraron públicamente su apoyo a Rajoy ante esta crisis institucional. La Unión Europea se expresó al respecto y anunció que no reconocía la independencia de Cataluña. «Para la Unión nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor», declaró Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo (organismo que representa a los Estados miembros). Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, lanzó un comunicado en el que anunciaba que «nadie en la Unión Europea va a reconocer esa declaración». Con gestos como estos, la comunidad internacional dejaba claro que estaba del lado de España y que apoyaría al Gobierno para volver a establecer la legalidad y la democracia en Cataluña. Así, se dejaron atrás aquellos días en los que nuestro país era tachado de dictatorial y antidemocrático en el extranjero debido a las argucias independentistas en la creación de esa campaña moral que inundó el mundo con las imágenes del 1-O. Además, ante esta situación de incertidumbre, varias empresas como Bimbo, Grupo Planeta, Gas Natural y CaixaBank, entre otras, han decidido mover su domicilio social fuera de Cataluña y trasladarse a otras ciudades de España. La cifra de compañías que han abandonado la región ya supera las 1800.

Con todas sus tácticas, Puigdemont, la CUP y ese nacionalismo exaltado que solo incita al odio por fin han sacado a la luz sus verdaderas intenciones. Toda esa propaganda moral de engaño mediante la cual atribuían al Gobierno español características que en realidad eran las suyas propias solo les ha servido para dejar claro que ellos no son la víctima de esta historia. El domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en Barcelona para mostrar su apoyo al 155 y a las próximas elecciones autonómicas. «Votarem» (votaremos), entonaban los presentes al unísono. Esta vez sí, en las urnas, los catalanes podrán decidir democráticamente a los dirigentes que gobernarán la región. Será la prueba de fuego para los defensores del independentismo catalán, para demostrar si en verdad gozan de tanta popularidad como pretendían demostrar con sus tácticas anticonstitucionales en el referéndum del 1 de octubre.

Se vienen grandes desafíos para el Ejecutivo español. No será fácil gobernar la comunidad autónoma desde Madrid ni volver a restaurar la legalidad en suelo catalán. Es hora de que todos los españoles unidos trabajemos por volver a instaurar el orden y la democracia en Cataluña y devolver a nuestro país la reputación de la que nunca le deberíamos haber despojado. España es un país que debería regocijarse por su inmenso folclore y variedad cultural en vez de condenarse por ello. Y ya es hora de demostrárselo al mundo.

Nota del editor: Al momento de publicar este artículo, el expresidente Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros de la Generalitat se encuentran en Bélgica en situación de libertad con medidas cautelares, y comparecerán el 17 de noviembre ante la Cámara del Consejo de Bruselas, en cumplimiento de la euroorden remitida por la justicia española que busca la transferencia a España de todos ellos para ser juzgados por rebelión, sedición y otros delitos.

Castellar Granados | @castegranados
Estudiante de Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación, Universidad Pontificia Comillas. Exbecaria de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo (2017)

La Reforma, de la que celebramos 500 años, se inició con las 95 tesis de Lutero, quien desde su rol pastoral veía cómo la gente pobre, movida por el temor, malgastaba su dinero comprando indulgencias para escapar, ellos o sus deudos, de los tormentos del purgatorio. Partió, por lo tanto, de la reacción ante la explotación de los más frágiles y del cuestionamiento a la institución Iglesia.

Pero no se limitó a criticar esta práctica de venta de la salvación, sino que cuestionó el modelo de ser Iglesia y desafió a los líderes políticos a retomar el espacio de poder que la Iglesia había ido apropiándose. El poder de la espada, como le llamaba Lutero, corresponde a los reyes y gobernantes, y por ende, todos los ciudadanos, incluida la Iglesia, deben reconocerlo y obedecerlo. Esta última tiene un mandato diferente: ha sido llamada a ejercer el poder de la Palabra, la proclamación del Evangelio, en palabras y obras. Esta diferencia entre ambos poderes nos lleva a su doctrina de los dos regímenes. Poder interpretar esta doctrina, en un contexto político y social distinto al de Lutero, es vivir el legado de la Reforma.

En primer lugar, hay que considerar que Lutero sostiene que ambos regímenes están sujetos a la voluntad de Dios; por eso, lo importante no es separar sino discernir. Para él, los líderes políticos son responsables ante Dios y, como buenos cristianos, su tarea es una vocación divina y deben usar diligentemente la Palabra y los sacramentos. Naturalmente, esto tenía sentido en un tiempo donde todos los ciudadanos pertenecían a la Iglesia y donde se esperaba que los príncipes fueran piadosos. Evidentemente, esta doctrina se aplica en forma diferente hoy en día, puesto que la Iglesia representa a solo un sector de la sociedad, muchas veces pequeño, y los líderes políticos no consideran que su posición haya sido ordenada por Dios, sino que, por el contrario, tanto su poder como su mandato son regulados por procedimientos seculares.

Esta doctrina sentó los principios del Estado laico y nos permite navegar entre Escila y Caribdis, en las peligrosas relaciones entre Iglesia y poder. En los tiempos de Lutero el problema era el escandaloso poder político y económico acumulado por la Iglesia; pero el otro extremo (dos regímenes estancos) fue la postura sostenida por los teólogos del nazismo, para quienes el gobierno secular debía actuar de acuerdo con sus propias leyes y ser reconocido como el orden social establecido por Dios; por lo tanto, debía ser obedecido, y se podía ser buen nazi y buen cristiano. En tiempos más recientes, algunas personas estaban en contra de que la Iglesia se involucrara en la lucha contra el apartheid y sostenían que esta era una cuestión política que no tenía que ver con la Iglesia. Temían que ocuparse de este tipo de cuestiones pudiera llevar a cismas, como si esto fuera un pecado mayor que la división que el propio apartheid causaba en la sociedad sudafricana.

La doctrina de los dos regímenes no implica un desentendimiento de lo secular, pues para Lutero el poder de la Palabra no es un retiro del mundo, sino lo contrario. Se puede ver que sus preocupaciones en prédicas y escritos no se limitaban a asuntos espirituales, sino que muchas veces estaban relacionadas con la política y la economía. Defendía la creación de escuelas para todos los niños y las niñas, servicios para los pobres y desamparados y cuestionaba duramente la práctica de la usura, declarándola inmoral. Sus textos impresionan por la habilidad para interpretar las señales de los tiempos y el coraje para enfrentar temas públicos, aunque hay que admitir que algunos de sus escritos fueron inapropiados, como sus declaraciones sobre los judíos y su llamado a combatir a los campesinos rebeldes.

Lutero creía que la Iglesia debía de ser un signo en el mundo, como lo describe «Misión en contexto», un documento de la Federación Luterana Mundial: «La misión como trabajo a favor de la justicia designa la praxis de la Iglesia en la arena pública como una afirmación y reafirmación de la vida humana, tanto la de los individuos como la de la comunidad, así como un sentido más amplio de la justicia, que engloba las esferas económica, social y ecológica. La defensa de causas no es lo mismo que el cabildeo, que busca influenciar a los gobiernos u otros líderes para beneficiar intereses propios o de la organización. Esta defensa se ocupa, en primer lugar, de los grupos marginados de la Iglesia y la sociedad: quienes no se pueden defender o que son silenciados por diferentes razones. Esto no significa que la defensa de las causas habla en lugar de los otros e ignora la voz de quienes pretende defender. Por el contrario, la defensa de causas presupone escuchar y ser solidario».

La opinión que Lutero tenía sobre cómo ser un ciudadano estaba de acuerdo con cómo la sociedad se entendía en su momento: se debía ser fiel al rol, fuera como granjero, funcionario o comerciante, sin querer cambiar la estructura social. Si Lutero hubiera hablado sobre ciudadanía comprometida, lo hubiera hecho dentro del marco de respeto de lo que consideraba el orden natural de la sociedad y, desde allí, encontrar las oportunidades para servir al prójimo. Sin embargo, lo nuevo y radical es su evaluación positiva del trabajo, tanto dentro como fuera del hogar. El trabajo es un verdadero servicio, más que las buenas prácticas religiosas. Desde su perspectiva, sembrar y cosechar el campo, construir casas, confeccionar vestidos y preparar el alimento, son actividades dignas y servicio a Dios y al prójimo. Por eso aún hoy es importante que lo tengamos en cuenta: la vida cristiana no se limita a lo que hacemos los domingos. Va mucho más allá, tiene que ver con todo lo que vivimos a lo largo de la semana y, en particular, con cómo nos manejamos a diario como miembros responsables de nuestra comunidad.

Octavio Burgoa
Pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Unida

En 2017 se cumplen cinco siglos del arribo público de las ideas luteranas.

El 31 de octubre de 1517 un teólogo, fraile y católico agustino llamado Martín Lutero fue hasta la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg para dejar consignadas sus 95 tesis contra la corrupción de Roma. Este hecho, literario si se quiere, está cumpliendo 500 años con unas consecuencias enormes para que se asentaran el protestantismo, la secularización y la separación de la acción religiosa de la del Estado. Es decir: el arribo de la modernidad.

Un recuento básico nos dice que Lutero impulsó la reforma religiosa en Alemania, en cuyas enseñanzas se inspiraría la Reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. ¿Cómo es posible que este monje severo, temeroso de Dios y respetuoso de la Iglesia romana, terminara provocando la fractura de la unidad de la cristiandad occidental y sentando las bases de buena parte del paisaje político hasta hoy?

Primero hay que decir que Lutero no se propuso generar un cisma en la Iglesia católica porque sí. Sus razones se basaban en su interpretación de la fe, su trayectoria intelectual y su propia experiencia vital, que lo habían llevado a peregrinar a la propia venal Roma para terminar de decantar su desencanto. El inconformismo de Lutero no era el de un rebelde sin causa sino, vaya paradoja, el de un conservador moralista que a partir de su teología de la gracia y la controversia por las indulgencias sustentaría una nueva exégesis bíblica.

Como ha señalado el escritor Juan Esteban Constaín, la versión histórica superficial sugiere que entre el Renacimiento y la Reforma hay una suerte de continuidad lógica que conviene revisar: «El humanismo liberador del primero como causa de la vocación crítica de la segunda. En realidad es todo lo contrario, pues el protestantismo, lo que luego se llamaría así, era más bien una refutación de la Italia de los siglos XV y XVI».

De aquí que el ultraconservadurismo de Lutero llevara no solo a zanjar las diferencias de un alemán frente a un papa florentino (León X), sino inesperadamente a cambiar la trayectoria occidental al utilizar la imprenta —la traducción al alemán de la Biblia es aún canónica—, y a permitir a la naciente burguesía germana y europea esgrimir no solo razones morales sino a la vez salidas políticas y económicas frente a la añeja autoridad vaticana.

La culminación del Año Lutero es ocasión no solo para peregrinar hasta Eisleben, su cuna, en el viejo Electorado de Sajonia, sino para reflexionar. Esto debe incluir a Latinoamérica, donde las crecientes corrientes pentecostales hacen más énfasis en la puesta en escena que en la teología. Y celebrar los avances del papa Benedicto XVI, quien rompiendo un hielo histórico homenajeó en 2011 a Lutero en Erfurt, y posteriormente de Francisco que en Suecia en 2016 conmemoró junto a la comunidad luterana los 500 años de la Reforma. «Católicos y luteranos hemos empezado a caminar juntos el camino de la reconciliación», dijo.

Claro está, estos actos en un país donde su canciller Angela Merkel es hija de un pastor protestante y el expresidente alemán Joachim Gauck ejerció de pastor evangélico-protestante requieren anuncios concretos respecto al ecumenismo. Paralelamente, recordemos que ya Benedicto aprovechó el viaje a su patria en 2011 para fomentar el diálogo, al recibir en Berlín a representantes del islam, afirmando creer que «una colaboración fecunda entre cristianos y musulmanes es posible». Lutero expectante, quizás inconforme, habría tomado nota de todo aquello.

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon_
Periodista y politólogo

«Aquí estoy, no puedo proceder de otra manera. ¡Que Dios me ayude! Amén», decía un desconocido monje alemán proveniente de un lugar lejos de Roma. Con su increíble declaración no se retractaba, sino que confirmaba su protesta: se ponía en marcha un movimiento de insospechadas consecuencias para todo Occidente.

La Reforma protestante, en tanto movimiento—primeramente teológico—, genera un cambio político que apunta a la democratización, no solo del acceso al conocimiento por medio de la educación, sino también de la posibilidad de que cualquier ciudadano acceda a roles y funciones según sus capacidades. En la actual coyuntura política de América Latina se viene instalando sigilosamente un discurso religioso que va ganando creciente legitimidad en el ámbito público para establecerse en la contienda política y electoral.

Es interesante observar cómo en sociedades occidentales secularizadas y laicas vuelven a surgir propuestas contrarias a una comprensión democrática de gobierno, incluso tendientes a lo teocrático. En este sentido, el pensamiento de la Reforma protestante aparece como mensaje alternativo, reivindicador de la democracia y su profundización: el sacerdocio universal de todos los creyentes es superador de la teocracia autoritaria. No es solo un decir, sino que plantea un concepto de gobierno vinculado y vinculante. Se trata de otra manera de relacionarnos. Es la fuerza liberadora del Evangelio que es para todos y es gratuita, es un regalo.

El 31 de octubre de 1517, hoy hace 500 años, Lutero envió una carta al Arzobispo de Maguncia con 95 tesis para reformar la Iglesia. Se trata de la primera carta que firma como «Martin Luther», haciendo un juego de palabras entre su apellido paterno Luder y la palabra grecolatina Eleutherios, ‘el libre’. No es la autoridad del papa, los concilios y la tradición eclesiástica que son determinantes o decisivas, sino solo la Palabra de Dios que hace libre al ser humano mediante la certeza del amor, la gracia y la misericordia que experimenta a través de la fe que Dios mismo regala.

Luego de varias idas y venidas de enjuiciamiento y acusaciones a Lutero, en 1520 se retoma el proceso de juicio donde es acusado de hereje, a lo que él contesta con un escrito afirmando que el derecho eclesiástico se había convertido en un medio para destituir a Dios de su trono y robarle su dominio para sentar en ese lugar al papa. Ya no está Dios en el templo sino su adversario. Con este paso decisivo y la interpretación apocalíptica de la contemporánea Iglesia papal se concreta irrevocablemente la separación de Lutero de Roma en 1521.

Tres años más tarde interpelará a las autoridades a posibilitar una educación gratuita y obligatoria a todos los niños y niñas para que pudieran conocer las partes más importantes de su fe (mediante las doctrinas) y de las Sagradas Escrituras en su idioma vernáculo. Esta motivación primeramente religiosa sentó la base que ayudó a forjar nociones más democráticas y universales a las reformas educativas que más adelante llegarían con motivaciones seculares.

La propuesta tenía la característica de no querer consolidar el poder de la Iglesia a través de la educación y sería el Estado el que adquiriría ahora la responsabilidad, como defensor de los intereses públicos, de intervenir activamente en la enseñanza y garantizar la formación de niños y niñas. El pensamiento de la Reforma fue liberando al Estado de toda subordinación a la jerarquía religiosa, lo cual implicó una autonomía que no era necesariamente la idea moderna de Estado pero que indudablemente implicó un incremento de su soberanía y autarquía.

La Reforma confirió, a los Estados en los que se implantó, el control sobre áreas tan significativas como la asistencia social, la enseñanza y la atención pastoral, y transfirió al poder civil los recursos económicos que el clero se atribuía para cumplir estas misiones sociales.

La Reforma protestante produjo importantes cambios en diversos aspectos de la vida medieval con grandes repercusiones en la modernidad del mundo occidental. En la vida medieval, lo político y lo religioso se entrelazaban dando por sentado que el reinado imperial y el sacerdocio formaban jurisdicciones complementarias dentro de una única sociedad cristiana. Las pretensiones temporales del papado perjudicaron la efectividad de la autoridad secular, según la comprensión de Martín Lutero, al confundirse el poder secular con el espiritual. La reinterpretación y crítica profunda a la teología medieval de acuerdo a los nuevos tiempos condujo fuerzas que contribuyeron a la disgregación del feudalismo, a la educación universal y a la tolerancia religiosa.

Stefanie Kreher | @KreStef
Licenciada en Teología. Miembro del Centro de Encuentros «La Rueca» (Araminda) y coordinadora de la plataforma de estudios virtuales Espacio.cc para América Latina.

Nicolás Iglesias Schneider | @nicois1983
Licenciado en Trabajo Social, Universidad de la República, Montevideo. Coordinador de Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública de Uruguay y Espacio de Voluntariado, Arte y Reflexión (VAR).

Cinco siglos más tarde, todavía estamos hablando el lenguaje que la revolución teológica de Martín Lutero desató. Ecuménicamente, tenemos una deuda de gratitud.

«Sin Martín Lutero no hay Luis XV», nos dijo el historiador de las ideas políticas británico John Neville Figgis. No le faltaba razón si ponderamos la influencia que la revolución teológica iniciada por el religioso alemán impuso sobre todos las instituciones e ideas políticas. Buena parte de los conceptos centrales de la teoría política moderna, como Estado y soberanía, o las actitudes revolucionaria y liberal, nacen de este proceso.

La Reforma, ese complejo proceso de institucionalización de las divisiones confesionales desde y en contra de la Iglesia católica de Occidente, ocurridas a partir del siglo XVI, irradió desde el centro de Europa a sus extremos. Lo inicia la presentación de las 95 tesis de Martín Lutero ante la catedral de Wittenberg, criticando el sistema de venta de indulgencias del papado, pero ¿cuándo culmina? ¿Con la Paz de Augsburgo de 1555 entre el Sacro Imperio y la Liga de la Escalmalda?, ¿o acaso con la claudicación imperial en la Paz de Westfalia en 1648 y el «nacimiento» del Estado?

Como fuese, sabemos que se inició como una disputa doctrinaria y culminó con la redefinición de las fronteras políticas de Europa, la expansión de la autoridad del poder civil, la inadvertida secularización de lo político como consecuencia de la redefinición del lenguaje de la obediencia y la rebelión tanto en Europa como en las regiones del globo influidas o dominadas por este centro. Fue una época de feroces conflictos y Europa sufrió rebeliones, regicidios, defenestraciones, matanzas y guerras civiles que afectaron su estabilidad política. Como se ha dicho, toda crisis social genera una respuesta en el pensamiento político, tanto en crítica como en defensa del statu quo, y esta ocasión no fue la excepción.

La preocupación de los reformistas era primordialmente teológica y solo se enfrentó a lo político como consecuencia y en defensa de la ruptura religiosa. El criterio del pensamiento político del tardío Medioevo era el reconocimiento, por el poder político, de la supremacía de la Iglesia católica de Roma en asuntos espirituales; y dentro de la Iglesia, del poder de los obispos sobre el papado, el cual a su vez consagraba la misión temporal de los gobernantes. Cuando los reformistas negaron la autoridad espiritual tanto del papado como de su clero, dejaron el campo abierto para que los gobernantes deshicieran sus lazos —y sus deberes— con Roma, pero también para que los fieles desobedecieran a aquellos gobernantes que eran obstáculo para su propia salvación. El rechazo a las normas seculares —antinomianismo— y la actitud de creencia en un pronto Juicio final —el milenarismo— eran actitudes comunes entre las comunidades cristianas más radicalizadas. Recordemos que esta es la disputa central que plantea Lutero: ¿pueden las almas imperfectas de los hombres salvarse bajo una Iglesia corrupta, o deben los verdaderos fieles formar sus propias comunidades espirituales?

La Reforma reforzó la noción de libertad cristiana junto con la de obediencia política y produjo una reformulación del derecho de rebelión. Asumiendo la importancia del pecado original, se expone que la libertad cristiana no ocurre en este mundo corrompido sino en la vida cristiana y en el cielo, lo que hace necesaria la presencia de los gobiernos como instrumentos terrenales de coerción sobre los pecadores. Si, por el contrario, es el gobierno el agente del pecado, se apela a la rebelión contra la tiranía. Como contrapartida, se ofrece como resolución del conflicto religioso al absolutismo, ya de derecho divino o ya racionalista, defendido tanto en naciones católicas como protestantes. Pero también esta reacción llevó a la relectura del derecho a la rebelión en el contractualismo constitucional, generando límites en el ámbito de la autoridad civil sobre los individuos y su religión, elemento esencial de nuestra comprensión de los derechos naturales, así como una renovada exigencia de tolerancia religiosa, principio intelectual de nuestro ecumenismo religioso y pluralismo político laico.

Sin embargo, el efecto más importante de la Reforma sobre nuestro mundo político es la restauración moral de las Iglesias cristianas, y con ello de la autoridad ética de los religiosos más allá de su credo. Si se reclamaba la corrupción de la Iglesia católica, era esencialmente por su conversión de sede piadosa en principado concupiscible. Rota esa muralla, en un proceso de siglos, es notable cómo resuena la voz de importantes líderes religiosos, como consejo y guía ante los problemas sociales más acuciantes. Cuánto no debe el cristianismo en autoridad, perdido su directo poder político, al reclamo portentoso de aquel fraile alemán.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas

Análisis de algunos desafíos evidentes que enfrentan las principales candidaturas para las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre en Chile (segunda y última parte).

Guillier, el independiente del oficialismo

Cada candidatura enfrenta también sus propios desafíos. Alejandro Guillier es una contradicción caminante: fue nominado por marcar bien en encuestas en las que ahora no cree; juega de outsider y de independiente, pero es el candidato del oficialismo; declaró que sin primaria no sería candidato y terminó siendo proclamado por las cúpulas y sin someterse a las urnas. Los partidos que lo ungieron (forzando la bajada de varias candidaturas), a partir de su desempeño en las cada vez más interpeladas encuestas, probablemente sientan hoy que la decisión fue prematura.

Varios en el gobierno y los partidos (fundamentalmente en el PS y el PPD) confiesan tras bambalinas que Guillier no es su candidato, aunque dependen de su éxito para mantener a raya la tendencia hacia una mayor fragmentación de la coalición oficialista. Pero la prematura opción por Guillier como candidato único ha generado daños tal vez irreparables en la centroizquierda.

Guillier encabeza hoy una campaña que partió más tarde que las de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez. Y no solo partió tarde, sino que le ha costado muchísimo incidir en la agenda. Su campaña luce poco profesional y muy anticuada. Se conoce poco todavía de su programa (el candidato casi no habla, y cuando lo hace, ha declarado que su programa lo hará con la gente). Respecto a su opción programática y discurso de campaña, está entrampado entre venderse como independiente y tener, como única opción para entusiasmar, un programa de «profundización» de lo hecho por la Nueva Mayoría.

Guillier enfrenta entonces el siguiente dilema: solo puede hacer campaña con los logros del actual gobierno (en el escenario electoral actual no tiene margen para otra cosa, ya que se encuentra emplazado por izquierda y por derecha), prometiendo profundizar las reformas en pos de una mayor igualdad. Pero, seguramente, sus asesores temen que la baja popularidad del gobierno afecte sus chances. No obstante, la popularidad del gobierno es bastante mayor que la intención de voto que hoy logra generar el candidato.

Guillier deberá enfrentar dos desafíos adicionales. Primero, si su chance de pasar a segunda vuelta se reduce, tal vez los incumbentes (senadores y diputados) decidan intentar salvar su pellejo abandonando el barco presidencial durante la campaña. En última instancia, Guillier sigue intentando diferenciarse de la clase política tradicional y eso, en algún momento, le pasará la cuenta al interior de su más que tradicional coalición.

Segundo, de pasar a segunda vuelta, Guillier necesitará el apoyo de buena parte de los votantes del Frente Amplio y de la Democracia Cristiana. Particularmente en el caso de los votantes del Frente Amplio, ese tránsito es problemático, ya que una parte significativa de ese electorado probablemente se quede en la casa en segunda vuelta, aun cuando bajo la lógica del menos malo preferirían a Guillier antes que a Piñera. Para ellos, Guillier y sus bases de apoyo no ofrecen una opción de reforma y renovación real y creíble.

Crecer rápido: la receta para abortar

Por su parte, la candidatura de Beatriz Sánchez parece haber perdido fuerza luego de las primarias y el affaire Mayol-Jackson. Por un lado, las primarias demostraron que la movilización por aire, es decir, sin contar con un aparato territorial y dependiendo mucho de un puñado de liderazgos populares y de las redes sociales y de su impacto en los medios, tiene límites y genera riesgos. Uno de los principales desafíos del Frente Amplio sigue siendo construir infraestructura territorial fuera de su zona de confort (véase la columna «El camino es la recompensa o las dificultades de crear un Frente Amplio en Chile»).

Por otro lado, el affaire por la nominación de Alberto Mayol al Congreso expuso: a) la alta disparidad y fragmentación interna de la nueva coalición; b) la falta de experiencia e institucionalidad para arbitrar conflictos internos como los que enfrenta cualquier movimiento político que se precie de alguna vocación de poder; c) los límites de hacer campaña sobre la base de la superioridad moral (véase la columna «Por qué usted puede estar ayudando a la crisis de nuestra democracia»); y d) los límites de una estrategia de crecimiento basada en reclutar a todo aquel que parezca, en algún momento, ser útil a la causa.

El Frente Amplio también descubrió súbitamente que crecer rápido puede terminar siendo el mejor atajo para abortar un proyecto aún en construcción. Usted tiene derecho a pensar que Mayol es un advenedizo que actuó deslealmente, incurriendo en el camino en actitudes misóginas y en múltiples deslealtades. Aun concediendo ese punto, también hay que reconocer que Revolución Democrática y sus aliados contribuyeron a amplificar el escándalo mientras parecieron actuar intentando privilegiar la opción de Giorgio Jackson.

Tiendo a pensar que tanto la acción como la reacción de Revolución Democrática demuestran, a lo menos, cortoplacismo. Jackson dejó pasar la única salida limpia del intríngulis en que lo colocó Mayol. Aunque costosa, esa salida consistía en cederle el cupo al ex candidato presidencial e irse a competir a otro distrito (en el que su posicionamiento y visibilidad a nivel nacional le podría haber permitido ser sumamente competitivo). Así Jackson, y con él, Revolución Democrática, podrían haber mostrado su compromiso con una construcción colectiva y plural en torno a un proyecto orientado al largo plazo, liderando con el ejemplo, y contribuyendo decisivamente a expandir el alcance territorial de la nueva coalición de izquierda al generar una nueva candidatura competitiva en un distrito donde no tuvieran tanta fuerza electoral.

Sin embargo, al igual que en 2014, parece haber primado la opción por la seguridad y el corto plazo. La candidata del Frente Amplio acusó el golpe, en tanto su silencio inicial fue interpretado —no importa si correctamente o no— como subordinación a los liderazgos más visibles de la coalición (los de Giorgio Jackson y Gabriel Boric).

A pesar de todo esto, Sánchez está cerca de disputar el segundo puesto con Guillier, y su elocuencia y potencial empatía con un segmento relevante del electorado podría generar una que otra sorpresa si es que logra encarnar el antipiñerismo y movilizar a quienes aún no piensan votar.

En dicho caso, el desafío de Sánchez será similar al de Piñera, aunque mucho más agudo. Si triunfa tendrá un mandato potente, pero un contingente parlamentario muy pequeño. Ante eso deberá gobernar con la Nueva Mayoría, arriesgando desdibujar su proyecto y su legitimidad política. Sería, muy probablemente, ganar para perder.

Goic, progobierno en un partido antigobierno

Entre los candidatos que parecen relativamente lejos de la opción presidencial se encuentra la candidata de la democracia cristiana. Además de enfrentar limitaciones para proyectar su liderazgo en esta contienda electoral, Carolina Goic debe solucionar un dilema similar al de Guillier. Ha sido una de las legisladoras que más elocuentemente ha apoyado las iniciativas del gobierno Bachelet, pero es candidata del partido que es visto, por la opinión pública, como el responsable de bloquear la agenda reformista del gobierno (del que sigue siendo parte). En paralelo, es una candidata femenina y representa la renovación en un partido que necesita rejuvenecerse para contener la sangría, pero tiene como figuras clave en su campaña liderazgos predominantemente masculinos, muy desgastados y que representan a la vieja DC.

Si bien su firmeza durante el caso del diputado Ricardo Rincón dio las señales correctas, el escándalo reciente respecto a la nominación de Trinidad Parra como candidata de relleno para satisfacer la cuota femenina en Arica, no hace más que simbolizar la ambigüedad que (aún) condena al esfuerzo que encabeza Goic por construir una nueva DC que se proyecte hacia la próxima campaña electoral. Finalmente, Goic también enfrenta el mismo desafío que Guillier en cuanto a su capacidad de utilizar el aparato territorial de la DC. Si su candidatura no se fortalece pronto, crecerá el número de senadores y diputados que decida desacoplarse de la opción presidencial, particularmente en un escenario en que el partido buscará reducir pérdidas.

El escenario poselectoral no será más fácil. ¿Qué rol tendrán el partido y su bancada en el próximo gobierno? Gane quien gane la elección, aquella será una decisión difícil que arriesga quebrar a la DC.

Gobiernos de minoría con misiones cruciales

La configuración de la carrera presidencial, al menos como se ha desarrollado hasta ahora, dice mucho de la crisis de representación política que hoy se vive en Chile. Aunque falta mucho camino aún, es claro que la elección y su desenlace ulterior no serán fáciles para nadie.

En general se afirma que en las elecciones actuales y especialmente en aquellas en que se vota en segunda vuelta, la ciudadanía elige al menos malo. En el Chile actual, tal vez ni eso. Aquellos que irán a votar serán quienes crean que el candidato al que apoyan es muy bueno, pero sea cual sea ese candidato, serán una minoría de la ciudadanía habilitada para sufragar.

Aquel que resulte electo llegará a La Moneda con un mandato fuerte (sea revertir los efectos de las reformas de la Nueva Mayoría, mantenerlas o profundizarlas, refundando además la política y la sociedad). En otras palabras, es muy probable que, ante el descreimiento y el desgano generalizado, la mayoría se quede en la casa, mientras aquel que logre movilizar a una minoría intensa gane la elección.

Sea de derecha, izquierda o centro, esa minoría intensa mandatará a un presidente que deberá gobernar en un clima de fragmentación y polarización política y crispación social. Así, quien gane probablemente cuente con un reducido y fragmentado contingente parlamentario para implementar su mandato. En otras palabras, mientras usted escucha hablar recurrentemente del centro político, ese centro está hoy prácticamente vacío. Cualquier similitud con la elección de 1970 es mera coincidencia.

Artículo publicado originalmente por CIPER Chile, el 15 de septiembre de 2017.
Acceda aquí a la primera parte publicada en Diálogo Político.

Juan Pablo Luna
Doctor en Ciencia Política. Profesor titular del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador principal del Núcleo Milenio (RS130002) y del Proyecto FONDECYT (#1150324). Editor de Latin American Politics and Society, autor del libro Segmented Representation: Political Party Strategies in Unequal Democracies (Oxford University Press, 2014).

El lunes 23 de octubre en la tarde, cuatro de los cinco gobernadores opositores electos se «juramentaron» y «subordinaron» ante la Asamblea Constituyente chavista. El cólera público estalló. Minutos después Nicolás Maduro nombró a miembros de su círculo como “protectores” de esas regiones.

«En Petare, el barrio más grande de Venezuela, José come a veces una vez al día. Pero el domingo no dudó en votar por el oficialismo en los comicios regionales». Esta frase, reproducida por la prensa venezolana, es el preámbulo de una nota publicada por AFP sobre las recientes elecciones a gobernadores. [1] La oración rescata el relato de un sector social que ha sido marginado constantemente por los estudios de opinión y el discurso político. Un fragmento, minoritario y olvidado, en el intento de que esa invisibilización los desaparezca y, en consecuencia, se imponga el titular de que absolutamente todos los venezolanos están en contra de la dictadura de Maduro. Generalmente se resume en un pequeño porcentaje, a veces de 30 %, 20 % o 18 %. Sin embargo, ese sector, imprevisto por supuesto, evitado en análisis y tertulias, se impuso, fraude mediante, en los comicios del 15 de octubre: un día catastrófico para la oposición en Venezuela y para todos los que aspiran a que el país se recupere de la ruina económica, humanitaria y política que lo convirtió en un vecino peligroso y tóxico para toda América Latina.

Desde que estalló la nueva ola de protestas en abril de 2017, que activó a millones de venezolanos en las calles durante más de 120 días continuos en contra del golpe de Estado del gobierno de Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia chavista, quienes liquidaron las potestades de la Asamblea Nacional electa, la clase política fue rebasada por un deseo colectivo de movilización, que trajo consigo el dramático saldo de cientos de muertos, torturados, heridos, presos políticos y miles de procesados penalmente por participar en manifestaciones. Esta marejada de protestas, a las que la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática se sumó en primera fila, fueron insuficientes para deponer la dictadura, que prefirió ir a las armas y dejar una estela de sangre antes de abandonar el poder. Pero no fue insuficiente para desestabilizar en buena medida la operativa interna del régimen, crear divisiones relevantes y generar un impresionante descrédito a nivel internacional. Los fallecidos, heridos y presos de ese episodio desenmascararon el elevadísimo talante autoritario del chavismo y demostraron la crueldad con la que actúa masacrando a la sociedad civil que resiste al narco-Estado. La evidencia es abundante. Internet es el gran archivo de toda esta historia.

Dentro de ese vendaval, Maduro convocó el primero de mayo a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente con miras a reorganizar el chavismo y su base, ese fragmento pequeño. En la calle, el discurso de «fuera Maduro» se vio acompañado por el «No a la Constituyente». Y entre idas y vueltas el último se impuso. La ANC entró en la agenda y exigió un nuevo orden donde oposición y chavismo «compartían» el Palacio Federal Legislativo: unos para actos constitucionales y otro para actos supraconstitucionales. Horas después del anuncio del Consejo Nacional Electoral informando que más de ocho millones de personas votaron en la elección de la ANC, la empresa Smartmatic, a cargo del sistema de votación electrónica que hay en el país, anunció que los resultados habían sido alterados.

En medio de ese contexto, la oposición, que había mantenido una estrategia discursiva de persistir en la presión contra el régimen de Maduro con miras a generar elecciones presidenciales o generales anticipadas, se vio envuelta en un clima denso y abrumador repleto de participación internacional, nuevos actores, mediadores, interlocutores que buscaban generar consensos, iniciativas de diálogo que terminaron en débiles comedias, inconsistencias dentro de la MUD, declaraciones particulares, individuos altisonantes, dirigentes profetas, en fin.

Aparece el nuevo cronograma electoral: elecciones regionales. ¿Participar o no? Los liderazgos provinciales se activan. Las élites locales presionan. Por un lado, buena parte de la sociedad considera innecesario asistir a un proceso electoral viciado por la desconfianza que generó Smartmatic. Por otro, la dirigencia de la MUD intenta calmar las pasiones y orientar la lucha. Acción Democrática, el partido más antiguo de Venezuela, es el primero que aparece en la escena para decir que concurrirá, presentando candidatos en todos los estados. Los colaboradores internacionales con mayor presencia en la batalla (el secretario general de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea) dudan de este evento electoral, y lo divulgan. Algunos partidos se levantan de la Mesa. El chavismo apura el proceso. El CNE aprieta tuercas y acorrala. La MUD decide participar y comunica, sin emocionar a toda su base de apoyo, un plan para «ganar los espacios» al chavismo y «demostrar al mundo» su mayoría electoral, ya demostrada contundentemente en las elecciones parlamentarias de 2015.

Una de las debilidades estructurales de la alternativa al chavismo ha sido evitar hablar de los escenarios negativos, de los poco probables, los menos esperados o que aparecen marginalmente en las encuestas, para hacer como que no existen. Jurar que son imposibles. Mala palabra, de eso no se habla. Que ese porcentaje chico del que hablamos al principio de este artículo no es factible, aun cuando es sabido que la violencia y el desparpajo con el que actúa la mafia poderosa del PSUV pueden voltear cualquier resultado cuando no hay garantías. Cualquiera. Como ahora. 18 de las 23 gobernaciones a manos de Maduro. En solo cinco «ganó» la oposición.

Y cuando esta situación se impone, como ahora, volvemos al caos total, la angustia, la crispación, el pánico, el miedo colectivo, la búsqueda de una orientación rápida, un norte urgente, un «ya», un «vamos todos, corran». Se intenta desesperadamente articular un razonamiento que castigue la abstención y la posicione como responsable. Pero… ¿había razones para abstenerse? ¿Se descifraron esas razones? ¿Fueron parte del discurso político? Es muy complicado ejecutar una acción cuando todo el contexto, o buena parte, te indica que es el camino menos indicado.

La derrota a la que se sometió la oposición venezolana demostró que concurrir a las elecciones regionales era una acción mal planteada, por no decir innecesaria. Si bien una parte considerable de su electorado (que terminó siendo clave) no estaba de acuerdo con votar, y la dirigencia persistió en participar, 72 horas antes del día D el CNE reorganizó diversos centros de votación moviendo a más de 700.000 electores que quedaron totalmente desinformados de su situación. Fue una última chance para bajarse del fraude y evitar el descalabro. Aun cuando la condición demócrata pasa por persistir en el camino, este ejemplo da sustento a la prédica de que no necesariamente hay que transitar el camino que impone el régimen.

Los días han pasado. El estado Miranda, baluarte de la oposición y del excandidato presidencial Henrique Capriles, quedó en manos del chavismo. También Amazonas. También Lara. Antes eran territorios MUD. Un par de meses atrás estos gobernadores se insinuaban en las encuestas como presidenciables. La historia cambió. Surge la ansiedad chavista de convocar elecciones municipales para ampliar la razia. Quien aparece en la escena pública por la oposición para decir que se está «analizando» participar, es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Dennis Fernández. Los voceros estelares no están por el momento. Todos se reían y daban mensajes emocionados un par de horas antes del resultado electoral. El chavismo también reía. El lunes 23 de octubre en la tarde, cuatro de los cinco gobernadores opositores electos se «juramentaron» y «subordinaron» ante la Asamblea Constituyente chavista. El cólera público estalló. Minutos después Nicolás Maduro nombró a miembros de su círculo como «protectores» de esas regiones.

Crisis. Más crisis. La escalada de la incertidumbre.

[1] «Pasamos hambre pero resistimos» (19.10.2017). El Estímulo ‹http://elestimulo.com/blog/pasamos-hambre-pero-resistimos›.
[2] Recomendamos ver un resumen estadístico de esta situación en: Foro Penal Venezolano (septiembre, 2017). «Reporte sobre la represión del Estado en Venezuela». ‹https://foropenal.com/2017/10/17/reporte-la-represion-del-estado-venezuela-septiembre-2017›

Ángel Arellano | @angelarellano
Venezolano. Doctorando en Ciencias Políticas. Integrante del Centro de Formación para la Democracia

Marc Augé acuñó el concepto del no lugar, ese espacio de circulación, de pasaje, que no es habitable y en el que es difícil ser libre y reconocer a otros. Es la autopista donde percibimos a través del vidrio del vehículo la mirada en paralelo del conductor del coche de al lado. Su velocidad propia lo alejará y esa mirada, apenas percibida, se perderá para siempre. Los no lugares se parecen y confunden sus funciones. Hoy vemos noticias en el supermercado, en el avión nos ofrecen relojes, y vamos de shopping al aeropuerto. Allí se ofrecen productos de todos lados y las compras nos permiten acumular millas para seguir viajando, transitando no lugares, cruzando umbrales y miradas para perderlas rápidamente.

Los no lugares pasajeros y efímeros a veces se convierten en definitivos. Millones de fugitivos nos interpelan desde sus barcazas frágiles que cruzan el Mediterráneo y desde sus carpas de campamentos para refugiados. En las ciudades el centro se pierde y se extiende la periferia, y cada vez se invierte más tiempo en transitar por los no lugares hacia lugares cada vez más efímeros.

Y mientras las afueras de las ciudades se llenan de barrios privados, las ciudades se extienden a lo largo de carreteras y ríos, como filamentos urbanos a cuyos costados se forman cadenas de tiendas. En las vitrinas se agolpan artefactos que transmiten en vivo partidos de tenis y el apareamiento de osos pardos a orillas de una playa desierta. Todo parece accesible: las pantallas trasmiten la ilusión de estar allí, donde nunca es aquí. Los no lugares serían para las relaciones no duraderas. Pero los campamentos de refugiados crecen y cada vez más tiempo transcurre allí en soledad, frente a la vitrina.

Lugares desiertos

Augé propone el diálogo entre el conocimiento y el sentido. Las ciudades se formaron como lugar de encuentro también para ese diálogo. Las ciudades daban sentido aunque no siempre libertad, advierte. Pero ahora debemos recuperar su sociabilidad; las relaciones son demasiado efímeras, demasiado rápidas para el reconocimiento, para la construcción de lo duradero. Y así desaparecen los barrios, las callecitas, y desde Tokio, por ejemplo, no siempre se ve el monte Fuji, lo tapan los enormes rascacielos y en la noche ya no existe la oscuridad.

El profesor evoca la Grecia clásica en la que el espacio interno de la casa era de Hestia, diosa del hogar y la cocina, del fuego que da calor y vida. En el umbral, en cambio, estaba Hermes, el de las mil formas, dios del comercio y las lejanías, pero también de los pensamientos, los sueños y el entendimiento. Esa dupla representa la tensión entre lo conocido del hogar y el impulso a lo nuevo.

El profesor Marc Augé vino a Montevideo el 10 de octubre por invitación de la iniciativa Memoria Futura y participó en las jornadas académicas organizadas por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Las jornadas llevaban el nombre de Washington Benavides, un poeta fallecido hace unas semanas. El viejo Benavídez le cantó a los lugares en su Tacuarembó natal, allí en el norte del Uruguay profundo. El poeta norteño «ató la luna con el sol, en una bailanta con acordeón». Le cantó a los héroes de mil batallas y al silencio de una amada que no impidió con una palabra el sacrificio de un guerrero. Benavídez dio letra a los encuentros de forasteros a la luz de un fogón y cantó a una moza ilusionada con un mozo que la abandonó pero nunca la olvidó.

Observadores

De repente somos observadores observados, dice Augé. Es que vivimos un cambio de escala y, desde que el hombre está en el espacio, la Tierra ha sido descubierta como paisaje. Se pregunta si, al mismo tiempo que se produce este gigantesco cambio de escala, no perdemos el lugar de encuentro. Los suburbios son los nuevos lugares exentos de aquellas pequeñas historias. Y sus jóvenes habitantes bajan a las ciudades a mirar un centro incomprensible y ajeno para ellos.

Antes íbamos al mar a soñar con la partida a un lugar lejano, pero los jóvenes de hoy miran sus pantallas. Sin embargo, el viejo profesor no claudica: «Mi sueño sigue siendo que cada individuo sea súbdito libre de un mundo planetario, habitado, lleno de lugares». Creo que Benavides le habría contestado con alguna de sus coplas:

Coplas con sabiduría
que en el camino encontré.
Tanta vida en cuatro versos,
pa mis adentros pensé.

La victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas de mitad de periodo en Argentina consta de tres elementos, cuyo análisis nos proveerá de una comprensión sobre los resultados y su porqué.

Resultados electorales del 23 de octubre de 2017 en Argentina | Imagen: Wikicommons

El domingo 23 de octubre fueron renovados un tercio de la Cámara de Senadores y casi la mitad de la Cámara de Diputados para el periodo 2017-2021. Veamos los detalles elementales:

1. Concurrencia ciudadana. La convocatoria a las urnas fue casi del 90 %, una de las más altas desde 1983. Eso muestra lo involucrado que está el ciudadano argentino con este momento, sea cual fuere su preferencia partidaria.

2. Cristina Kirchner perdió en el único territorio en el que se presentó. La del domingo fue una elección que, básicamente, definieron tres mujeres: Elisa Lilita Carrió (la principal aliada del presidente Mauricio Macri por fuera de su círculo PRO), la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los argentinos premiaron a las primeras dos. Le otorgaron a Carrió el 50,93 % de los votos mientras que en otros años solo había obtenido un 2 % a nivel nacional. Sus persistentes denuncias contra la corrupción, y una justicia que, aunque lentamente, va dándole la razón, la convirtieron en una protagonista de la jornada electoral. Sin ser candidata formal pero habiéndose puesto la campaña al hombro, también la gobernadora Vidal fue premiada en el áspero territorio de la provincia al darle a sus candidatos Graciela Ocaña, a la diputación, un 42,18 %, y Esteban Bullrich, al Senado, un 41,38 %, aventajando al 37,25 % que logró Cristina Kirchner.

Aunque la expresidenta se autodefinió como la única oposición a Macri en 2019, lo cierto es que perdió por primera vez una elección. Su desembarco en el Senado, a partir del 10 de diciembre, le augura soledad absoluta. No integraría ningún bloque porque los líderes peronistas ya anticiparon que la dejarán sola. Por otro lado, los próximos dos meses podrían ser letales para ella si la justicia, luego del rotundo mensaje de las urnas, se despabila y agiliza decenas de causas que ya acumulan pruebas contundentes para condenarla por corrupción y traición a la patria.

3. El peronismo sufrió la peor derrota de su historia. El triunfo de Cambiemos fue un golpe demoledor para el peronismo en todas sus expresiones, porque aun en territorios como Salta, La Pampa y La Rioja, donde no se esperaban sorpresas, los votantes prefirieron el color amarillo. Hoy en el peronismo tradicional nadie asoma como figura nacional convocante. Por otro lado, el oficialismo sí puede mostrar desde ahora figuras presidenciables, como el propio Macri o Vidal. Es decir, Cristina Kirchner llevó al peronismo a su peor momento en toda su historia.

Lo que le queda para el futuro inmediato del presidente de la Argentina es aprovechar, como no pudieron hacerlo sus antecesores, este rotundo triunfo de medio término en todo el país para poner en marcha una economía nacional que, por ahora, muestra tibios signos de reactivación. Por ejemplo, achicar el rojo fiscal pero sin sangre para los que menos tienen. Eso dependerá de la cintura política del gobierno, que ya suma dos años de gestión y un apoyo electoral decisivo pero que no le dio mayoría parlamentaria. Serán fundamentales las alianzas con los gobernadores, el Congreso y la Central General de Trabajadores, la poderosa central sindical hoy en crisis como el peronismo, que renovará autoridades en poco tiempo.

Alejandra Gallo | @alegalloinfo
Periodista. Escribe para el diario El Cronista y trabaja en los programas Volviendo a casa y Esta Semana, de Radio Mitre