Las candidaturas presidenciales empiezan a cocinarse en Colombia. Más de veinte candidatos decidieron lanzarse por vía de la recolección de firmas. Para algunos esto es algo totalmente innovador y un respiro frente a la política tradicional. En mi parecer es un grave golpe a la democracia, no solo a los partidos políticos.

Colombia tiene un escenario político histórico. Dos de sus partidos tienen más de 160 años: el Partido Conservador y el Partido Liberal. A lo largo del tiempo han adquirido personería jurídica otras colectividades y actualmente en el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay 14 partidos políticos registrados.

Las constantes olas de corrupción y los escándalos han hecho perder credibilidad y simpatía de la sociedad a las colectividades políticas y desde hace algunos años han entrado en una crisis que ha dificultado su crecimiento. A esto le sumamos que gran parte de la sociedad aprende por redes sociales y no por libros, y hoy por hoy cualquiera puede dar una opinión sin sustento en estas plataformas, así como existen canales en línea que le han dado el poder de la palabra a unas cuantas personas a través de ese modo de difusión de ideas, la mayoría de veces sin fundamento. No estoy en desacuerdo con esto, estaría yéndome contra un derecho fundamental que es la libertad de expresión, pero sí creo que las redes sociales no han sido una herramienta de construcción en Colombia, sino todo lo contrario.

Esta última idea, y unas cuantas más, han sido una ventaja para los candidatos presidenciales de 2018 que, promulgando su «moral y ética», han decidido, sin titubear, lanzarse por firmas. Una cantidad de personas podrán ver en esto una salida a la política tradicional que, sin duda alguna, está atravesando por una de sus más fuertes crisis. Pero si nos permitimos un análisis desde el otro lado de la moneda, esto afecta enormemente a la democracia. Estamos frente a 26 candidatos que hoy renuncian a su militancia en un partido político (como si uno pudiera renunciar a sus ideales tan fácilmente) y, no contentos con ello, salen a atacar a las colectividades que les han permitido crecer políticamente. La gente que los apoya no se da cuenta de que están frente a la figura de un caudillo, que personaliza la política, y están apoyando a alguien que no tiene ideas de colectividad pero que alguna vez las tuvo y hoy ya no le sirven.

No estoy salvando de responsabilidades a los partidos políticos. Entiendo que tienen la culpa por dejar que las personas dejen de creer en ellos, pero conozco de primera mano el arduo camino de recuperar la confianza de las personas por parte de quienes están comprometidos con una colectividad. No es una tarea fácil pero los jóvenes que creen en ella, por ejemplo, están dando la pelea.

Como en toda crisis, el tiempo será el encargado de llevar a cabo el proceso de recuperación, aunque hay quienes se han aprovechado de la impaciencia de la gente y han decidido salir como héroes que defienden la transparencia en la política y hoy son precandidatos presidenciales por firmas. No me parecen héroes, me parecen militantes de momento, porque uno no abandona el barco en la tormenta; uno busca consensos, puntos en común, y sabe que los contrincantes no están en el propio partido político, sino afuera. Por esa razón, pelea del lado de su colectividad en la batalla.

Otro elemento que me hace querer tumbar automáticamente esta figura es que no me parece que haya juego limpio. Mientras los candidatos de los partidos políticos tienen que ganarse el aval de una colectividad, inscribirse e iniciar la campaña en el tiempo y la forma que exige la ley, ya vemos a los candidatos por firmas empezando su campaña, caminando por las calles y usando las redes sociales desmedidamente para recoger el 3 % (355.000 firmas) que les exige el CNE antes de diciembre, para avalar su candidatura y además financiarla. ¿Quién supervisa esta campaña previa y los gastos que ocasiona?

No concluyo que las candidaturas por firmas deban desaparecer pero me parece que es una figura con grandes vacíos y que tiene indudables beneficios frente a los candidatos de los partidos políticos. Debe ser ajustada, para equilibrar la balanza. Yo sigo pensando que es de vital importancia que un partido político avale y apoye a una persona que desea llegar a la presidencia de la República. Las figuras de los caudillos nunca han servido en la historia colombiana; no han podido surgir y ser. Porque para manejar una nación hay que tener convicción, pensar en colectivo y tener una ideología. Lo encuentro impensable de otra forma.

Alejandra Hormaza | @ahormaza_
Colombiana. Comunicadora social y periodista. Magíster en Relaciones Internacionales. Vicepresidenta de la Red Humanista por Latinoamérica

Cuando los hermanos Vásquez Castaño llegaron de Cuba tenían claro lo que querían: una revolución. Popularmente se dice que Fabio Vásquez Castaño primer líder de los elenos, conoció a Fidel Castro y al Che Guevara en La Habana a inicios de los años sesenta, y algo de ese espíritu fue el que trajo a Colombia para querer convencer a un grupo de campesinos de iniciar una lucha frontal contra el Estado. Puntualmente la intención sería combatir al Frente Nacional, al que concebían como una dictadura de elites.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) nació con una caminata el 4 de julio de 1964 al cerro de los Andes, lugar que se transformaría, eventualmente, en su centro de operaciones. La zona no fue elegida al azar: esa región está ubicada en la mitad de dos ciudades que tienen historia en movilizaciones sociales: una es Barrancabermeja, lugar donde nacieron los movimientos obreros en Colombia producto de la extracción del petróleo y posteriormente ubicación de una refinería, y la otra es Bucaramanga, epicentro de luchas estudiantiles por ser sede de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Desde su constitución como guerrilla, el ELN impulsó una lucha armada, sostenida en un discurso en oposición a las elites nacionales, a las que culpaban de imponer sus intereses a costa del beneficio popular. En ese sentido, plantearon que los sectores dominantes no iban a dejar el poder de manera pacífica (Arenas, 2009). Dicha posición se mantuvo hasta la década de los ochenta, cuando fue necesario un replanteamiento debido a los fuertes golpes que recibieron del Ejército.

Desde los años setenta el ELN fue víctima de poderosas incursiones militares, entre ellas la de Anorí, Antioquia, que es conocida como la operación más grande del Ejército colombiano del siglo XX. La intención era desarticular las columnas del ELN. En el operativo murieron varios dirigentes de la organización revolucionaria, entre ellos los hermanos Manuel y Antonio Vázquez Castaño, que eran los líderes principales en la zona. Aquellos sucesos llevaron a que se reinventaran como fuerza armada, en búsqueda de una estrategia política que le permitiera tomar distancia de una visión netamente militarista en su proyecto (Ospina, 2014).

A partir de ese momento la factibilidad de acercamientos pacíficos se hizo mayor, pero recién el 7 de febrero de 2017 se logró instaurar una mesa de diálogo entre la organización guerrillera y el Estado. Con la experiencia de los procesos con otras guerrillas en mente, tal mesa tendría ciertas facilidades pero, a su vez, algunos obstáculos. El principal problema sería la negativa de los jefes guerrilleros a renunciar al secuestro, algo que en estos momentos no es su fuente principal de financiamiento sino un instrumento político. Esta práctica ha sido contraproducente para esta guerrilla, ya que la sociedad colombiana —en general— rechaza el secuestro y ha generando que líderes de diferentes vertientes políticas, empresariales y sociales aboguen por una solución militar.

Adicionalmente, existe un riesgo para un eventual avance en las negociaciones entre el gobierno y el ELN, debido a que se aproxima una jornada de elecciones. Ante cualquier acto violento durante tal evento, el ELN podría ser señalado como primer sospechoso, antes siquiera que el grupo terrorista del Clan del Golfo, puesto que los de la bandera roja y negra tienen más acogida mediática. Sin embargo, la posibilidad de adhesión a puntos previamente negociados con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se presenta como una valiosa ventaja. Simultáneamente, la corrección de errores en negociaciones previas, como una mayor participación de la sociedad civil en los puntos a discutir, permiten establecer ahora un proceso más sólido.

El ELN es una marca negativa, que en 2017 está relacionada con el campo colombiano. Más allá de que existan diferentes factores que expliquen la grave situación de los campesinos, como lo argumenta la Misión Rural: «Aunque muchos pequeños productores tengan acceso a la tierra, no tienen un goce efectivo de esta y, en muchos casos, no se benefician de las políticas públicas por falta de un título de propiedad formal» (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2016, p. 104), mientras exista el ELN, será el principal sospechoso de tal atraso. El gobierno de Juan Manuel Santos es consciente de que necesita la paz con todos los grupos al margen de la ley para que la lupa de los problemas no siga en la violencia interna, sino que se traslade a los gobernantes, que con paz quedarán sin excusas.

Bibliografía
Arenas, J. (2009). La guerrilla por dentro. Bogotá: Icono.
Departamento Nacional de Planeación, DNP (2016). El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz. Bogotá: DNP.
Ospina, J. M. (2014). El ELN ¿Encarnación de la integridad revolucionaria? En V. de Currea-Lugo, ¿Por qué negociar con el ELN? (pp. 211-218). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Andrés Miguel Sampayo | @asampayo
Ribereño de Santander, Colombia. Estudiante de doctorado en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario
Andrés Peña Galindo | @quepenaandres
Estudiante de doctorado en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario

Las democracias para ser tales requieren cumplir con ciertos estándares. Más allá de definiciones académicas, popularmente asumimos que democracia significa el gobierno de la mayoría. Se entiende, también, que la democracia debe tener un sistema de pesos y contrapesos —mediante la división de poderes— que permita que las minorías y sus intereses no sean arrasados por mayorías con vocación hegemónica. Además, se asume que cada gobierno nace con un mandato electoral, un grupo de promesas clave, que debe implementar hasta la próxima elección, para luego someterse al juicio de las urnas.

¿Cómo funciona la democracia chilena mirada desde esos estándares? Este artículo busca proveer una respuesta a partir del análisis de la carrera presidencial, aún incipiente.

Partamos detallando cuatro certezas que emergen del escenario poselección primaria, realizada en julio de este año. Primero, a pesar de la crisis de legitimidad y representación que hoy enfrenta el sistema político (y que seguramente no cejará de aquí a noviembre), este se renovará en términos formales, esto es, seguirá funcionando a pesar del descrédito.

Así, el sistema contará con un nuevo presidente y un nuevo Congreso legitimados por la voluntad popular. Y mientras los ganadores festejan y preparan el nuevo gobierno (y los perdedores sufren y analizan su derrota), los electoralistas contarán votos, calcularán porcentajes y seguirán mirando el sistema como lo han hecho hasta ahora.

Las novedades estarán en los efectos que produzca el nuevo sistema electoral, así como las nuevas normativas de cuotas, gasto y financiamiento electoral (las que ya han comenzado a levantar polvareda). Seguramente volveremos a discutir también la conveniencia del voto voluntario y los sesgos que produce su instauración en la participación electoral (véase la columna «15 candidatos para el 40%: la incapacidad para convocar a la mayoría»).

Segundo, logrará ser electo(a) presidente quien encabece a la minoría mayor. Desde la introducción del voto voluntario —mecanismo que consolida la caída en la participación que ya se registraba desde antes— las elecciones en Chile las decide una minoría del electorado, que es la que termina yendo a votar. Y dentro de esa minoría, ganará la minoría mayor.

Tercero, el proceso electoral aumentará (aunque aún no dramáticamente) la fragmentación política. Habrá un Congreso con más partidos representados y con bloques relativamente más pequeños. Falta saber cómo se comportarán esos bloques (con cuánta disciplina interna) en su accionar legislativo, pero también es razonable suponer que veremos escisiones y alguna que otra alianza (algunas coyunturales; tal vez otras, las menos, den pie a nuevos alineamientos más perdurables). Esto porque, aunque aún no se vea con claridad, el nuevo sistema electoral (en particular la lista abierta parlamentaria) incentiva la fragmentación y personalización de la política. El sistema ampliará su fragmentación en términos territoriales, mediante la elección popular de los CORE. Ahí también habrá espacio para reacomodos múltiples.

Cuarto, quien sea que gane la presidencial, tendrá poco que festejar y mucho de qué preocuparse. Aunque los desvelos serán diferentes para cada aspirante, todos enfrentarán desafíos de magnitud. En definitiva, el nuevo presidente probablemente gane para terminar perdiendo.

Analicemos algunos desafíos evidentes que deberá enfrentar cada una de las cuatro candidaturas que por el momento son las más visibles.

Piñera, la retroexcavadora inversa

Sebastián Piñera aparece con mayores probabilidades de ganar la próxima presidencial. Su principal ventaja es que tiene una base electoral estable y consolidada, un piso alto en el que puede apoyarse. Esa base está, además, fuertemente motivada, como lo demostró la altísima participación electoral (en términos relativos, por supuesto) que logró Chile Vamos en la primaria. Es la motivación de aquellos que se asustaron con la retroexcavadora y quienes, a pesar de lo inapropiado de la metáfora, han juzgado implacablemente la acción del gobierno actual desde ese prisma.

En este sentido, el proyecto de Piñera es un proyecto restaurador. Es la retroexcavadora que va en el sentido contrario a la anterior y que se cristaliza en la idea de volver a crecer. Esa noción restauradora ha logrado unificar, como nunca, al campo de la derecha, otorgándole a Piñera un liderazgo incontestado e incontestable.

Hay quienes incluso sostienen que los empresarios, que habían paralizado sus inversiones en los últimos años, han vuelto a invertir pues dan por descontado el triunfo de su candidato. Los analistas económicos también auguran al próximo gobierno una primavera por el mejoramiento, aún incipiente, de las condiciones externas para que Chile crezca.

No obstante, el crecimiento también dependerá del frente interno. El capitalismo requiere y necesita, para funcionar bien, una institucionalidad política y una legitimidad social que Chile Vamos no puede generar por su sola voluntad o por la del empresariado (véase la columna «Réquiem para la democracia capitalista»).

Quienes pretendan restaurar no deben perder de vista que el (viejo) sistema que quieren reponer terminó generando niveles de movilización social e ilegitimidad (no solo de la clase política sino del empresariado) sin precedentes recientes en el país. Volver a un clima como el de 2011, en un contexto en que los descontentos poseen experiencia en la movilización, así como resortes organizativos e institucionales más articulados que en el pasado, no resulta muy promisorio para el crecimiento.

Así como puede parapetarse en un piso electoral relativamente alto, Sebastián Piñera también registra niveles de rechazo muy significativos. En otras palabras, su techo es bajo, porque una proporción importante de la población lo rechaza, aunque sea de modo pasivo.

Por esta razón, el porcentaje de votación que termine obteniendo Piñera y su chance de ganar la elección en primera vuelta dependen de cuanta gente vote. Mientras menos acudan a las urnas, los adherentes fijos y entusiastas de Piñera representarán una porción mayor.

Si las encuestas disponibles están medianamente en lo cierto, Piñera podría ganar en primera vuelta, en un escenario de baja participación electoral donde los que lo quieren mucho se movilicen y los que lo rechazan lo hagan desde sus casas. Pero también podría perder en la segunda vuelta, en un escenario de alta participación en que el rechazo a Piñera logre activarse electoralmente.

¿Cuán probable es ese segundo escenario? Si bien Piñera está cómodo, sus constantes excesos y errores verbales, su falta de empatía en la comunicación con el público (sobre todo cuando tiene en frente candidatos cuya principal virtud es su capacidad de comunicar bien) y su constante exposición a críticas hasta ahora inocuas relativas a la falta de integridad con que ha mezclado política y negocios, lo hacen potencialmente vulnerable en una campaña que recién comienza a calentarse. Incluso, en un escenario en que los otros candidatos poseerán pocos recursos para hacer campaña, aunque legal, su ventaja económica podría, por grosera, volvérsele en contra.

De resultar ganador en la elección, Piñera deberá también decidir con quién gobernar. Durante su anterior mandato, luego de un intento fallido por gobernar con cuadros técnicos que tenían poca inserción partidaria y luego de intentar infructuosamente quebrar a la DC, terminó recurriendo la UDI. Aunque probablemente lo hizo a regañadientes, terminó alineando al bloque y generando más eficiencia en términos de la agenda de gobierno.

En este caso, Piñera llegaría a La Moneda con una coalición más amplia, y algo más diversa y con una UDI probablemente debilitada en el Congreso y en la opinión pública. También se trata de una UDI que perdió una oportunidad de renovación y moderación, a juzgar por la resolución de su última puja interna que terminó con Jacqueline Van Rysselberghe al mando del partido en detrimento del liderazgo emergente del diputado Jaime Bellolio.

¿Aprovechará Piñera la oportunidad de arrinconar a la UDI hacia la derecha y gobernar hacia el centro, incorporando más activamente a Evopoli o Amplitud? De hacerlo, podría dar cabida a más liderazgos de una DC distanciada de su bloque tradicional, así como a personeros del denominado “centro liberal”. No obstante, todo indica (véanse las declaraciones recientes de Piñera sobre el proyecto de aborto aprobado en el Congreso) que el poder fáctico de la UDI (asentado también en la incapacidad de los otros partidos del conglomerado de actuar coordinadamente), así como las lealtades fraguadas en el pasado gobierno, terminarán haciendo naufragar esta oportunidad para fundar una centroderecha moderna en el país.

A pesar de estos desafíos, Piñera también tiene el camino más fácil por la debilidad de su competencia: una centroizquierda dividida en dos candidaturas (Alejandro Guillier y Carolina Goic) que no logran prosperar, y un Frente Amplio con capacidad de disputarle el paso a segunda vuelta a la candidatura apoyada por el PS-PPD-PRSD. La aparente incapacidad de movilizar electoralmente a votantes menos intensos que posee la centroizquierda, comparada con aquella de quienes apoyan a Piñera, también perjudica las chances de la centroizquierda.

Así, la propia fortaleza de Piñera genera incentivos para que más gente se quede en la casa: en definitiva, la centroizquierda está quebrada y sus bases poco entusiastas, en un contexto político e institucional (voto voluntario) en que necesitarían competir con una fórmula de unidad y entusiasmando a sus simpatizantes para que vayan a votar. Pero en una competencia en que las chances de ganar son bajas, la fragmentación y la apatía campean.

(Primera parte de un artículo publicado originalmente por CIPER Chile, el 15 de septiembre de 2017).

Juan Pablo Luna
Doctor en Ciencia Política. Profesor titular del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador principal del Núcleo Milenio (RS130002) y del Proyecto FONDECYT (#1150324). Editor de Latin American Politics and Society, autor del libro Segmented Representation: Political Party Strategies in Unequal Democracies (Oxford University Press, 2014)

Los pueblos indígenas de Colombia se están enfrentando a una avalancha de procesos de consulta previa para la aprobación de proyectos de diverso tipo, cuyo objetivo no es lograr el consentimiento de los consultados, sino cumplir con una formalidad. Ello se evidencia en que la oposición de los pueblos a proyectos que afectan seriamente su cultura y pervivencia no es obstáculo para que estos igualmente se desarrollen.

Los pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogi y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, están a travesando por una situación compleja derivada de las consultas previas y del relacionamiento con el Gobierno nacional y los privados. Como resultado, los pueblos están en una posición de defensa constante contra toda medida que los puedan afectar, con el fin de proteger su integridad y su territorio. Creo no equivocarme al afirmar que estos no son los únicos pueblos indígenas en Colombia con problemáticas similares.

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y tribales y el consentimiento de estos contribuye a que su integridad no se vea mermada. La Corte Constitucional identificó los casos en los que es obligatorio obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas: desplazamiento de comunidades, almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos y un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica. Sin embargo, la opinión de los pueblos indígenas no es tenida en cuenta y mucho menos se le reconoce capacidad de veto.

Colombia es el Estado con el marco de protección jurídico más amplio y garantista de América Latina en materia indígena, gracias a una importante jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional. Sin embargo, pese a que existe ese reconocimiento, la garantía sustancial del derecho no se da, y las sentencias dictadas por el tribunal constitucional en ocasiones no obtienen el resultado que los pueblos y la misma Corte esperan. Esto es, en parte, porque la consulta es un proceso complejo en el que participan diversos actores (Gobierno, comunidades étnicas, empresas) que hace difícil contemplar las posiciones de cada uno.

Hoy por hoy, la consulta previa no resulta un recurso adecuado y eficaz, con el que se logre un diálogo de buena fe y se busque un equilibrio en las decisiones para que no afecten integralmente a los pueblos indígenas. Paradójicamente pasó de ser un derecho de los pueblos a una obligación para cumplir con una mera formalidad. A esta conclusión se llega luego de la experiencia de algunos procesos, en los que se convoca y se realiza la consulta, pero no se tiene en cuenta la posición de los pueblos sobre el grave riesgo a su cultura y supervivencia que traería la ejecución del proyecto y, en el fondo, evidencia que lo que importa es cumplir con el requisito formal de hacer la consulta, para seguir adelante con otros procedimientos como lograr la licencia ambiental o plan de manejo, independientemente de que se llegue a un acuerdo.

Con esto no quiero decir que todos los procesos de consulta han sido un fracaso; por el contrario, hay ejemplos internacionales de consultas lideradas por la Dirección Consulta Previa del Ministerio del Interior con resultados muy positivos para los pueblos indígenas, en las que las empresas han mostrado una voluntad real de promover acciones de responsabilidad social empresarial. Pero sí hago mención al fracaso de la consulta en procesos relacionados principalmente con megaproyectos, cuyos resultados no han sido satisfactorios.

Por esas razones, en ciertos escenarios los pueblos indígenas han decidido no asistir a las consultas, lo cual ha dado para que algunos detractores acusen equivocadamente a estos pueblos de oponerse al desarrollo del país. Es importante que se conozca lo que piden los pueblos, que es muy claro: i) que se respete su posición frente al desarrollo de proyectos que los afectan seriamente, y ii) que el Gobierno nacional cumpla con los compromisos acordados.

Debido a la avalancha de consultas previas, las autoridades indígenas han tenido que ocupar la mayor parte de su tiempo en atender asuntos externos, con el Gobierno nacional y los privados, y eso ha afectado su propia gestión interna, disminuyendo seriamente su tiempo para gobernar y atender los temas de sus comunidades.

Asimismo, la autonomía de estos pueblos está afectada, toda vez que no pueden decidir sobre el uso del suelo con base en sus costumbres, porque pese a que de manera técnica y cultural pueden demostrar los impactos negativos de esos proyectos de infraestructura y minería, entre otros, su decisión no es tenida en cuenta.

Luisa Castañeda
Colombiana. Abogada, con estudios en Derechos Humanos y magíster en Derecho Administrativo. Asesora en temas étnico-territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

Los resultados del proceso electoral en Alemania marcan la necesidad de una reorientación de las estrategias partidarias con la finalidad de recuperar sus perfiles y la confianza de los votantes. Comienza una nueva etapa colmada de desafíos.

El escenario que nace a partir de las elecciones alemanas del domingo 24 de setiembre nos obliga a poner el foco en tres cuestiones fundamentales: la primera es la imperiosa necesidad de los partidos mayoritarios, CDU y SPD, de reconstruir sus perfiles; la segunda se relaciona con la llegada de la ultraderecha al Bundestag; y la tercera está emparentada con el impacto de la fragmentación parlamentaria en la formación de gobierno.

Sobre la gran coalición

El primer elemento a tener en cuenta es la caída del apoyo electoral a los partidos gobernantes. Por un lado, los socialdemócratas (SPD) que, luego de una campaña muy errática y sin capacidad de ofrecer un proyecto alternativo, obtuvieron el peor resultado de su historia (20,5 %). Por otro, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) que, pese a ganar la elección, disminuyó su votación en ocho puntos (32,9 %). Ambos resultados dan cuenta de un elemento que no es nuevo pero que hoy se evidencia con más fuerza que nunca: la desaparición de perfiles diferenciados entre estas dos fuerzas.

Históricamente, la formación de una gran coalición era vista como una excepción. Respondía a la necesidad de una política de consenso en un contexto internacional muy complejo como el de mediados de los años sesenta. Casi cincuenta años después la gran coalición se ha convertido en una constante. Ocho de los últimos doce años, justamente los del gobierno de Merkel, fueron marcados por una alianza entre dos fuerzas políticas. Esta situación ha generado un proceso de erosión de los perfiles políticos de ambos partidos.

La CDU, junto a su partido hermano de Baviera (CSU), era la única opción política conservadora, y este escenario favoreció enormemente a la figura de Angela Merkel. La CDU creció hacia el centro y a partir de allí logró no solo mantenerse en el gobierno, sino también convertir a su líder en la dirigente política mejor valorada. Sin embargo, la aparición de la formación ultraderechista de Alternativa para Alemania (AfD) tuvo un impacto en los efectos positivos de esta dinámica para los conservadores. Con el correr del tiempo, y en especial luego de la llegada de los refugiados sirios a Alemania a fines del verano boreal de 2015, la CDU comenzó a perder votos a manos de AfD en las sucesivas elecciones regionales. Era un llamado de atención. En muchos de estos votantes latía la necesidad de expresarle al partido de la canciller que había que torcer el rumbo.

En ese contexto, la victoria segura de Merkel (los sondeos indicaban más de 15 puntos de diferencia respecto de Martin Schulz de la SPD varias semanas antes de las elecciones) ofreció la posibilidad de elegir algo distinto sin poner en riesgo su liderazgo. Y aquí es donde se explica la merma de casi dos millones y medio de votos que sufrió la CDU. Un millón y medio fue a engrosar el resultado de los liberales (FDP), que regresan a la vida parlamentaria con un aumento de seis puntos respecto de 2013 (10,7 %), y el millón restante se fue a los ultraderechistas de AfD.

No obstante, la peor parte en esta elección se la llevó el Partido Socialdemócrata. No solo obtuvo el resultado más bajo de su historia (20,5 %), perdiendo así casi dos millones de votos (-5,2 %), sino que desperdició a uno de los candidatos con mejor potencial de los últimos tiempos. Hace apenas siete meses Martin Schulz llegó a igualar en intención de voto a Angela Merkel. Una campaña sin norte, con mensajes demasiado abstractos y tratando paradójicamente de establecerse como alternativa a un gobierno del que el SPD forma parte fue la fórmula que llevó a la socialdemocracia a la debacle.

La ultraderecha

La contracara del resultado de los partidos mayoritarios se puede encontrar en el extremo del espectro político. AfD logró el 12, 6 % de los votos y con ello casi triplicó el caudal electoral de hace cuatro años. A través de su capacidad para capitalizar el descontento social sobre algunos temas presentes en la agenda, los ultraderechistas han logrado establecerse como la opción para aquellos que necesitan expresarse en desacuerdo con los partidos políticos tradicionales. Y lo más característico de este electorado, clave del éxito de AfD, es su transversalidad. El votante de AfD puede ser un obrero de clase baja residente de Sachsen-Anhalt que en 2013 había votado a die Linke (La Izquierda). Pero, al mismo tiempo, la ultraderecha puede recibir el sufragio del dueño de una pequeña empresa en el sur rico que se siente perjudicado por determinadas políticas europeas.

Esta heterogeneidad de AfD impide localizar un determinante del voto concreto. En efecto, el propio discurso político de AfD está diseñado para flexibilizarse al máximo y ser capaz de vehiculizar la frustración, el miedo o la indignación de cualquier tipo. En resumen, AfD representa un fenómeno político que rompe el eje izquierda-derecha y obliga a pensar otros clivajes explicativos.

La esperanza color Jamaica

Los resultados electorales se traducen en un Bundestag fragmentado como nunca se lo vio desde las primeras legislaturas. Siete partidos repartidos en seis grupos parlamentarios serán parte del nuevo Parlamento. Esto tiene consecuencias políticas importantes.

Por un lado, en la próxima legislatura podemos esperar una mayor centralidad de AfD en la escena política. Los partidos deberán reubicarse en la nueva relación de fuerzas y decidir si permitirán una derechización de la agenda pública o bien si instalarán sus propios temas.

Por otro lado, la casi inmediata negativa del SPD a formar parte de la oposición deja solo una opción a la canciller Merkel: la coalición Jamaica. El nombre se debe a los colores de los partidos conservador (negro), Liberal (amarillo) y Verde. Esta variante de rara nomenclatura consiste en un tripartito que en realidad se compone de cuatro actores, los tres arriba mencionados y la CSU de Baviera. No será fácil para estos partidos encontrar un punto de consenso.

No obstante, puede ser una buena solución para encarar los desafíos que se vienen. En un principio permitiría devolver a los partidos los perfiles perdidos antes mencionados. Y por otra parte también podría ser el motor para impulsar determinadas políticas que Alemania necesita profundizar. La digitalización y la energía renovable son ejemplos de ello.

Está claro que esta elección significa el inicio de una nueva etapa en Alemania. Y como tal, es una oportunidad para revisar lo realizado y plantear nuevas metas.

Franco Delle Donne | @fdelledonne
Argentino. Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Matanza, Argentina). Máster en Democracia y Gobierno (Universidad Autónoma de Madrid, España). Doctorando en Comunicación Política (Freie Universität Berlin, Alemania). Consultor en comunicación. Creador del blog eleccionesenalemania.com Colaborador en medios de Alemania e Iberoamérica.

Los resultados de las elecciones regionales venezolanas, que arrojan la primera victoria electoral del Partido Socialista venezolano desde 2013, fueron tan sorprendentes como previsibles. El problema son sus consecuencias.

Si se observa desde la simple lógica electoral, la victoria del chavismo el pasado domingo 15 no debía haber ocurrido. Un gobierno con una popularidad muy baja no suele lograr que sus candidatos sean electos en las regiones; las encuestas nacionales arrojaban una mayoría para la opinión opositora, y una relativamente alta participación daría más gobernaciones a la Unidad Democrática. Sin embargo, el Partido Socialista fue adjudicado con 17 de 23 estados (con uno sin declarar al momento de redactar esta nota).

En los datos parece una derrota decorosa. La Unidad obtuvo casi la mitad de los votos nacionales, victorias abultadas en Occidente, y su mayor número de gobernaciones desde que se forjó como coalición. Los demócratas venezolanos cuentan aún con activos políticos importantes (un tercio de las alcaldías del país, dos tercios del poder legislativo) y con la simpatía de la comunidad internacional. Pero, al esperarse mucho más, y en el contexto de lucha existencial planteada este año, que convertía a esta elección en una especie de plebiscito sobre la Constituyente, el desconcierto ha hecho mella en esa observación.

Ante la sombra que proyectan los datos, estaría tentado a descontarlos como un burdo fraude más. Pero la realidad política que proyectan es demasiado poderosa y grave como para ignorarla, pese al consenso en la comunidad democrática internacional en torno a las dudas sobre el proceso.

¿Cómo se convierte una minoría en mayoría? Esencialmente, hay tres maneras. La primera, dividiendo a la mayoría contraria; en Venezuela, los votantes opositores vienen de la doble frustración de la derrota de las protestas que sacudieron el país entre marzo y julio, así como la imposición subrepticia de la Constituyente, por lo que un grupo suficiente —especialmente nutrido en las clases medias urbanas— optó por no participar, decepcionado del poco rédito del voto. Ello, sin contar los miles de venezolanos que han emigrado desesperadamente en los últimos meses, habría mermado el voto por la Unidad, especialmente en estados opositores como Carabobo, Lara y Miranda. La segunda manera es impedir que esa mayoría existente se exprese: como siempre, pero de manera más acusada, se usó al Consejo Nacional Electoral para obstaculizar las postulaciones y el voto opositor: se distorsionó el proceso de candidaturas, el desplazamiento de centros electorales de último minuto y el hostigamiento físico hacia testigos y votantes. El tercer modo es, bueno, simplemente crecer como minoría: el chavismo se dedicó a buscar al votante decepcionado de sus filas que no se había pasado a la oposición, postuló a candidatos con campañas moderadas y hasta jocosas, y además acrecentó la percepción de amenaza sobre el «retorno de la derecha», en una población que está agobiada por la crisis pero que también sufrió durante las protestas. Otros analistas han dado más peso a la fabricación de votos fantasmas, pero hasta ahora no ha sido fácil demostrar ese criterio.

Claro está, todo esto ocurre en el creciente contexto autoritario del chavismo. Desde el año 2013, sólo el PSUV tiene acceso a medios de masas (especialmente la red estatal de comunicación y propaganda), y ejerce enormes controles sobre la actividad proselitista opositora. Las redes clientelares, menos holgadas por la crisis, se hacen sin embargo más influyentes ante la agobiante carestía: hoy la promesa de bolsas de alimentos cada quince días era suficiente. La lección de la derrota parlamentaria del 2015 pesó sobre el partido dominante, que ha trabajado para vaciar de contenido al voto entre los opositores, y reactivar su base identitaria, nunca desahuciada (y ciertamente más popular que el presidente Maduro).

Esta situación de derrota objetiva crea múltiples problemas a la oposición democrática en los meses por venir. Por una parte, la crítica más radical al régimen político, que ha promovido la abstención electoral, y estaría dispuesta a jugar fuera de las reglas vigentes, percibe que no puede ser desmentida, y que esta derrota le abre un espacio político que puede acaudillar, aun con una estrategia imprecisa. Por otro lado, la Unidad Democrática, que ha sido leal a las reglas vigentes —pese a la deslealtad del Estado-PSUV— con la expectativa de que el crecimiento electoral y la crisis lograran traer el cambio político, queda en entredicho: sin la demostración del fraude electoral, y con criterios divergentes sobre la aceptación de resultados, ¿puede conciliar una acción política unitaria y urgente? El votante opositor, que en su mayoría ha seguido fielmente la ruta electoral, se siente frustrado y expectante. ¿Será capaz de asumir la realidad de su situación?

Así las cosas, ¿significa esto un retorno irreversible del chavismo y una ruta definitiva a la instauración de un Estado Socialista con una Asamblea Constituyente ensoberbecida? Posiblemente, si no hay una reacción política de las fuerzas opositoras y si no se quiebra la alianza en el poder. Mucho de esto no depende de la población venezolana. Sin embargo, las fuentes estructurales del descontento hacia el chavismo, como lo es la crisis económica, permanecen sin que el gobierno tenga la capacidad de resolverla. El autoritarismo venezolano es, empero, resiliente, y puede ser flexible si eso le permite estar en el poder.

No es imposible que el chavismo juegue con la selectiva elasticidad acostumbrada hacia los procesos electorales para apurar las elecciones municipales y presidenciales ante el desánimo y división opositora. El gran dilema para los demócratas venezolanos es si acudirán o no a estos procesos. ¿Hay alguna alternativa realista desde lo local?

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas

Luego de las elecciones del pasado 24 en las que Angela Merkel reafirmó su liderazgo y logró ser elegida por cuarta vez consecutiva canciller de Alemania tras la victoria de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), surge la preocupación por el ascenso de la extrema derecha, que regresa al Bundestag después de 68 años de ausencia. Esta situación encuentra su explicación en la crisis de los refugiados sirios.

En 2015, Angela Merkel enfrentó la peor crisis migratoria de los últimos tiempos. Ante la llegada inminente de 890.000 personas del Medio Oriente, la líder demócrata cristiana decidió mantener abiertas las fronteras y acoger a familias enteras que huían de conflictos armados en sus lugares de origen. Esta medida generó fuertes críticas en todo el país, especialmente en sectores de la ultraderecha. La AfD (Alternativa por Alemania) argumentó que la decisión ponía en riesgo la seguridad del país y suponía un gasto social inesperado y exacerbado.

Las críticas no hicieron retroceder a la canciller, quien en una entrevista ofrecida en el mes de agosto al diario El País de Madrid reafirmó que «Alemania actuó como debía, con humanidad, en una situación muy difícil. Estoy convencida de ello, al tiempo que afirmo que el año 2015 probablemente no se repetirá, porque fue una situación de emergencia que nadie, tampoco los que buscaban refugio, nunca más deberían volver a vivir». [1] Sin duda, el tema de los refugiados marcó la campaña electoral y la extrema derecha hizo esfuerzos por configurar una agenda pública en donde predominara este issue de naturaleza polémica y polarizante.

Sobre los resultados del domingo 24 considero necesario profundizar en la crisis migratoria en 2015 y cómo la decisión de mantener las fronteras abiertas marcó los resultados electorales en 2017. En este sentido, compartiré con ustedes una reflexión a partir de mi experiencia como estudiante en Alemania. Llegué hace un mes para cursar estudios de doctorado en la Universidad de Rostock. La mayoría de mis compañeros en el curso de alemán son refugiados. Hombres y mujeres de mediana edad procedentes de Siria, Egipto, Afganistán e Irán. El Estado alemán los recibió y ejerce responsablemente su labor subsidiaria: cubre los costos de sus estudios y apuesta a su inserción en el mercado laboral. He compartido con ellos estas últimas semanas. Me ha impresionado la generosidad del Estado alemán y esta experiencia me ha invitado a reflexionar.

La justicia social internacional propone ampliar el alcance de la búsqueda del bien común fuera de las fronteras de cada país, según sus posibilidades. Rafael Caldera, expresidente venezolano y dirigente demócrata cristiano, ofreció grandes aportes en este sentido e insistió en que la justicia social debía tener alcance comunitario, nacional e internacional. Esta expansión se fundamenta en el reconocimiento de la condición de persona única e irrepetible de cada ser humano, y su ejercicio supone la comprensión práctica de la dimensión social de los pueblos. El sufrimiento de nuestros vecinos y comunidades cercanas no puede ser indiferente a nuestra realidad porque nos afecta y, en tal sentido, sus problemas son también asuntos que nos interesan.

Recibir a 890.000 refugiados es una decisión que nos recuerda la necesidad del ejercicio de la justicia social internacional y los costos políticos que una medida de esta naturaleza puede acarrear. Cuando el Estado alemán decidió mantener abiertas las fronteras entraron miles de familias que representan un gran desafío para todo el país. Dos años después de la medida, el principal reto es la integración: que estas familias superen el dolor del desarraigo y se inserten en una sociedad occidental que los ha recibido con generosidad. Es una realidad compleja que exige lo mejor de cada alemán y de cada refugiado. Se trata de asumir con fortaleza que la solidaridad, la entrega al otro, siempre implica sacrificios. En este caso hay que recordar que cada refugiado es una vida humana que vale la pena.

Cuando la solidaridad internacional se concreta en la acción y se convierte en política pública, tiene un impacto específico. La expansión del ejercicio de la justicia social liderada por Angela Merkel animó el discurso de la AfD. La ultraderecha apeló a los temores más profundos del pueblo alemán —terrorismo islámico, crisis económica, pérdida de los valores occidentales— y obtuvo 12,6 % de los votos; ahora cuenta con 94 representantes en el Parlamento. Es la primera vez que la ultraderecha obtiene un desempeño electoral que le permite ocupar curules desde 1949 y hoy es la tercera fuerza política del país. Frente a este escenario, la gran pregunta que me hago es si ese 12,6 % es el techo o el punto de partida de la AfD.

Angela Merkel comienza así su cuarto periodo como canciller de Alemania. Dio testimonio de solidaridad al mundo y nos recordó aquello que decía Marco Tulio Cicerón: «Más poder es más responsabilidad frente al bien común». Pagó el precio electoral de ejercer la política como «la forma más excelsa de practicar la caridad» [1] Gobernará un país que se mostró descontento en las urnas y enfrenta el desafío de vencer a fuerzas políticas que se presentan como actores desleales a la democracia. [2] Los meses por venir no serán sencillos. La polarización es creciente y corresponde a la canciller federal superar el discurso irracional de la ultraderecha con acciones racionales que mitiguen los temores de una sociedad que se encuentra a la expectativa y en proceso de cambio.

[1] El papa Francisco, siguiendo la tradición de Pio XII y Benedicto XVI, destacó en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que la política es la forma más excelsa de caridad.

[2] Al conocerse los resultados electorales, Alexander Gauland, líder de la AfD, afirmó que la ultraderecha llegaba al poder para «cazar» a Angela Merkel y recuperar Alemania.

Paola Bautista de Alemán | @paoladealeman
Licenciada en Comunicación Social. Doctoranda en Ciencia Política, Universidad Simón Bolívar, Caracas. Vicepresidente de la Asociación Civil Forma y secretaria ejecutiva de la Fundación Juan Germán Roscio.

La Cumbre Economía Verde, realizada en la ciudad de Córdoba, Argentina, con la presencia de Barack Obama, tuvo como ejes el cambio climático y el uso de las energías renovables para mitigarlo.

Los días 5 y 6 de octubre de 2017, organizada por la Fundación Advanced Leadership, tuvo lugar la Cumbre Economía Verde, que se plantea el objetivo de formar nuevos líderes que transmitan el mensaje de la necesidad de apostar por una economía verde, ante la evidencia de que está en juego la vida y el futuro de las próximas generaciones.

El evento contó con la destacada presentación del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de incuestionable autoridad moral por su prédica y por su acción como líder mundial, que como primer mandatario de la primera potencia tomó medidas eficaces para combatir el calentamiento del planeta.

Fueron también oradores, entre muchos otros: dos premios Nobel de Economía, E. Phelps y E. Maskin; el presidente de la Suprema Corte argentina, Ricardo Lorenzetti; el nieto de Mandela, Ndaba Mandela; el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; el presidente de la fundación organizadora, Juan Verde; la exasesora de Al Gore y de Bill Clinton y exministra de Medioambiente del estado de Pensilvania, Kathleen McGinty; gente del mundo académico y varios empresarios, como Alejandro Anderlic, de Microsoft.

La presencia de voces tan autorizadas testimonia un notable poder de convocatoria y capacidad de organización de la Fundación Advanced Leadership para reunir a tantos dirigentes y trescientos líderes ambientales, entre ellos periodistas, empresarios, escritores, activistas, funcionarios, académicos y científicos. Fue realmente un evento notable del que tuve el privilegio de participar y que creo que es una de las experiencias más descollantes entre las muchas que he tenido al respecto.

La cumbre trató como tema principal la profunda preocupación por la incidencia que tiene la actividad humana sobre el cambio climático. Una causalidad que, como destacó Obama, es la opinión prácticamente unánime de los científicos. «Nosotros creamos el problema, nosotros debemos solucionarlo» y agregó que esto ya no es una especulación o algo que podamos postergar para más adelante: es un problema que debemos solucionar ya.

Sin embargo, como también señaló el expresidente, estamos todavía a tiempo de revertir los riesgos apocalípticos que enfrenta y provoca la humanidad y cuya acción preventiva de mitigación sería muchísimo menos costosa ahora que las consecuencias que podríamos sufrir en el futuro, al límite de que podríamos provocar nuestra extinción como especie. Citando a un gobernador de su país, dijo que su generación —Obama tiene 56 años— es la primera que toma conciencia del problema del cambio climático y es la última que puede actuar antes de que sea demasiado tarde.

Destacó también algo que luego ratificó con mucho énfasis Juan Verde: para mitigar el cambio climático no hace falta resignar en nada el crecimiento económico y el bienestar de la humanidad. Un buen ejemplo de ello son las energías renovables que, además de ser más intensivas en el uso de mano de obra, ya son más económicas en muchos casos que los fósiles y lo serán mucho más en poco tiempo, con lo que la humanidad contará con energía barata, abundante y localizada en los rincones más marginados y recónditos de nuestro planeta, favoreciendo así principalmente a los más pobres.

Señaló también Obama que el Acuerdo de París es un gran avance para la solución del problema pero que, aun si se cumplieran todos sus objetivos, deberíamos fijarnos metas más ambiciosas para contar con una solución apropiada.

Juan Verde señaló que «actualmente estamos consumiendo muchos más recursos naturales de los que el planeta soporta, estamos hipotecando el futuro de las próximas generaciones en pos de un desarrollo que no es sustentable, pero podría serlo» y, por lo tanto, «la economía y el ambiente deben ir de la mano, porque sin planeta no hay economía». Por lo que «no solo tiene sentido ético y moral apostar por la innovación y la competitividad, sino que tiene sentido económico apostar por el modelo productivo hacia una economía verde, porque lo que está en juego es la vida y el futuro de las próximas generaciones».

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en inglés), que es el trabajo consensuado de muchos expertos coordinados por las Naciones Unidas, estima que el 66 % del problema del calentamiento del planeta se debe al uso como combustible de carbón, petróleo y gas. Por lo tanto, su ahorro y muy especialmente su remplazo por las energías renovables es la acción más inteligente que pueda emprender la humanidad. El sol nos aporta un potencial energético que es infinitamente más abundante que los combustibles no renovables que brutalmente extraemos de las entrañas de nuestro planeta. En un solo año la irradiación solar puede generar mucho más energía que todo lo que se lograría con la suma de todos los fósiles, en toda su vida útil —sin dejar de ver que en pocas generaciones agotaríamos las reservas de estos, sin ningún derecho y comprometiendo los importantes usos alternativos que seguramente necesitaremos en el futuro—.

Todos tenemos el derecho de creer o no en el calentamiento de nuestro planeta pero lo que no podemos hacer es desentendernos de analizar seriamente el tema, cuya consideración inteligente fue el objeto de esta cumbre.

Luis Rotaeche | @LRotaeche
Máster en Administración Pública (Universidad de Harvard) y en Economía  (Universidad Católica de Lovaina). Consultor internacional, coordinador de energías renovables no convencionales en el Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi», exsubsecretario nacional de Planificación de Inversiones

En Colombia, la juventud se enfrenta a una agenda intensa. La temática de la paz es el telón de fondo sobre el que se articulan las pasiones.

El proceso electoral 2018, que está iniciando, constituye una trama interesante con algunas novedades sorprendentes, como el lanzamiento de las FARC como un partido político que competirá en esa instancia. Al comenzar setiembre, la visita del papa Francisco dominó la agenda; el tema de la paz estuvo sobrevolando y el espíritu de búsqueda de la unidad nacional se vio reforzado.

Los jóvenes asumen el tema de la paz como propio. Lejos están de referirse a él como un problema de otra generación. Algunos jóvenes se muestran favorables al camino de la paz, en línea con la propuesta del presidente Juan Manuel Santos, y otros están en contra. Quienes se muestran a favor, consideran que es hora de dar vuelta la página, y que es difícil hacerlo sin negociar algunas concesiones. Quienes se muestran en contra, aseveran que las concesiones son excesivas y sienten que estas atentan contra sus valores. Los más escépticos incluso sienten que con la guerrilla no habrá paz posible y, por tanto, ninguna concesión —por mínima que sea— será fructífera en el largo plazo.

La pasión y el grado de información con que se refieren al tema muestran que los jóvenes colombianos están interesados y comprometidos con lo que ocurre en su país, y que son capaces de asumir posturas sustantivas.

Cuando se les habla de política, sin embargo, se produce un mayoritario rechazo. Entendida como política partidaria o política tradicional, esta es mirada con desconfianza y lejanía. Una buena parte de los jóvenes entrevistados piensan que los partidos políticos en su país funcionan mal. Incluso les cuesta identificar con claridad cuáles son los partidos más relevantes de la actualidad: recuerdan líderes mucho más fácilmente que partidos.

La creencia de que las estructuras de los partidos están llenas de vicios está bastante extendida. El más profundo de los problemas es la corrupción. Varios jóvenes creen que los altos cargos de los partidos procuran básicamente beneficios propios, ya sea en dinero o en espacios de poder. Muchos jóvenes, cuando se aproximan a los partidos, se sienten mayormente utilizados. Piensan que se los convoca en momentos cercanos a un proceso electoral —como el que se está iniciando— pero sin interés real por escuchar su opinión y darles participación real. Por otra parte, es sorprendente la descripción que hacen de los mecanismos de compra de votos por los líderes políticos. A escala local, la compensación económica —en efectivo, muchas veces; algunas, en bienes de distinta índole— es un mecanismo relatado sistemáticamente por diversos jóvenes como un hecho extendido en la política colombiana. En general, les cuesta distinguir partidos que se desempeñen por fuera de estas prácticas, que atribuyen a todos por igual. Por último, al igual que ocurre en la mayor parte de América Latina, muchos jóvenes ven que los partidos son estructuras verticales con el poder concentrado en unas pocas manos, y asumen que es difícil romper con esta concentración de poder.

Con este panorama, los jóvenes interesados en participar de los asuntos públicos muchas veces se ven atraídos por hacerlo a través de espacios no partidarios. Organizaciones sociales o religiosas, iniciativas privadas de compromiso social de pequeña escala, organizaciones estudiantiles, o incluso redes sociales, son espacios que en ocasiones resultan más amigables que los partidos políticos.

El compromiso del voto sí parece estar presente y hay niveles importantes de creencia en que es un mecanismo importante para determinar el futuro.

En suma, en este proceso electoral que comienza, los partidos colombianos tendrán que realizar un esfuerzo importante para convencer a una juventud que se muestra interesada en los destinos del país pero que desconfía de su dirigencia.

Ignacio Zuasnabar | @IZuasnabar
Consultor político y analista de opinión pública. Director de Equipos Consultores. Presidente de WAPOR Latinoamérica. Profesor de la Universidad Católica del Uruguay

La lucha contra la corrupción ha llevado a Guatemala a otra crisis política iniciada a mediados de agosto. Desde el 2015 que emprendimos esta lucha; hemos ido conociendo que es el mismo sistema democrático el que está configurado para generar corrupción. Aunque duela, es una realidad que nos corresponde afrontar.

Sin duda, el trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido crucial para develar al sistema como tal y empezar a perseguir a los corruptos. No obstante, es importante reflexionar sobre el abordaje integral para atacar este mal estructural cuya dimensión ha crecido a costa de los indicadores socioeconómicos y políticos del país.

Hoy por hoy, los casos de alto impacto que han salido a la luz pública para desarticular estructuras paralelas al Estado son los que han permitido poner al descubierto las formas y dimensiones en que el Estado guatemalteco ha sido cooptado en sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) por mafias enraizadas a lo largo de la historia. Como mencionó el comisionado Velásquez en una de sus entrevistas: «La base del financiamiento de la actividad política en Guatemala es la corrupción; es la corrupción la que unifica el sistema político del país».

Más de 26 casos de diversa naturaleza han sido presentados desde la gestión del comisionado Iván Velásquez. Algunos de ellos hicieron caer al binomino presidencial en el 2015 (Otto Pérez-Roxana Baldetti), como La Línea, Cooptación de Estado y La Cooperacha, [1] y hoy también salpican a los familiares del actual presidente, como Botín Registro de la Propiedad. En el organismo judicial existen casos como los de Bufete de la Impunidad y el llevado a cabo por enriquecimiento ilícito de la jueza Jisela Reinoso por mencionar algunos; y en el Legislativo, por su parte, son importantes los casos Plazas Fantasma de los diputados Pedro Muadi (expresidente del Congreso) y Christian Bousinott, y el de tráfico de influencias del diputado Gudy Rivera para tratar de beneficiar a la entonces vicepresidenta Baldetti.

Conforme ha ido avanzando el trabajo del MP y la CICIG, hemos podido comprender que el sistema ha permitido una penetración profunda de la corrupción y que el crimen organizado ha tomado por asalto el desarrollo del país. Somos el único país de Latinoamérica que padece hambre, [2] el único país de la región que, lejos de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, retrocedió. Aumentó el nivel de pobreza y desnutrición, y actualmente es uno de los más vulnerables al cambio climático, a pesar de ser uno de los 19 países megadiversos de todo el mundo.

Somos un país cuya certeza jurídica ha caído sostenidamente haciendo que la inversión extranjera directa cada vez se aleje más; un país donde cada año se gradúan miles de jóvenes del diversificado y se enfrentan a una reducida e insuficiente oferta de empleo; y además, formamos parte del Triángulo Norte de Centroamérica, [3] una subregión que comparte desafíos comunes como la migración hacia Estados Unidos, el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas, factores que nos han convertido en una de las regiones sin guerra más violentas del mundo, con una tasa de 50 homicidios por cada cien mil habitantes.

Gracias a lo que conocemos de la corrupción y sus dimensiones, ahora podemos hacer una relación directa entre la corrupción sistémica y su interrupción sostenida al desarrollo. No es casualidad que sea en Guatemala donde cuatro de cada diez niñas y niños, según UNICEF, padezcan desnutrición crónica y al mismo tiempo tengamos a un multimillonario reconocido en la lista FORBES; [4] ostentamos el noveno lugar a nivel mundial en términos de desigualdad y el cuarto en la región latinoamericana, es decir, uno de los países más desiguales en la región más desigual del mundo.

Por todos estos factores, los ciudadanos nos indignamos hace dos años; por las necesidades y desafíos que diariamente tenemos que sortear los guatemaltecos para gestionarnos un modo de vida digno es que, desde el 2015, la lucha contra la corrupción y la impunidad se ha vuelto un activo de lucha unificada en la población; un país históricamente dividido y polarizado que en la indignación y repudio a la desfachatez de la clase política ha sabido encontrar un punto de convergencia.

A partir de la primera manifestación, el 16 de abril del 2015, en cada oportunidad las protestas han sido verdaderas fiestas cívicas y manifestaciones pacíficas que este año volvieron hacerse presentes en la Plaza de la Constitución a partir de la nueva crisis política que desató el presidente Morales al declarar no grato al comisionado Velásquez.

Esta desafortunada decisión del presidente ante un inminente antejuicio en su contra por financiamiento ilícito en su campaña electoral, el respectivo resguardo de su inmunidad por el Legislativo y la decisión de «urgencia nacional» de 107 de los 158 diputados en el Congreso de la República para hacer entrar en vigencia dos decretos ley —que descaradamente les garantizaba a estos impunidad ante el financiamiento electoral ilícito de sus partidos pero además conmutaba las penas de hasta diez años de cárcel facilitando consigo la conmutación de aproximadamente 400 delitos tipificados en el Código Penal— han sido los ingredientes para un caldo de cultivo que despertó nuevamente la indignación de la población, que se hizo presente de nuevo en la plaza pública y generó el paro nacional del pasado 2o de setiembre.

Al parecer estamos envueltos en una vorágine donde cada rincón del Estado que se investiga permite encontrar nichos de corrupción a todo nivel y de toda jerarquía de funcionarios públicos. La actual clase política no da mínimas muestras de querer seguir apoyando la tan necesaria lucha contra la corrupción; lejos de escuchar el clamor popular, descaradamente trata de favorecer la impunidad y por eso se les exige la renuncia a los diputados y el trámite con lugar al antejuicio del presidente Morales y los que seguirán apareciendo. No obstante, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿resolveremos de fondo la corrupción si solo nos dedicamos a perseguir a los corruptos?

Si bien el trabajo de la CICIG ha sido fundamental para darnos a conocer que es el sistema el que está corrompido desde su estructura, también es cierto que la sola persecución de los corruptos no necesariamente nos llevará a resolver el problema de fondo. Hace falta una reingeniería al sistema como tal, repensar el sistema político en función de que responda a las necesidades de la población. Por eso se hace tan necesaria la reforma política del Estado, una reforma cuya piedra angular la podemos encontrar en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley del Servicio Civil. Ya lo dijo el comisionado Velásquez en su oportunidad: «El pecado original de la democracia en Guatemala reside en el financiamiento electoral ilícito».

Si bien es cierto que las últimas manifestaciones se han dispersado en el planteamiento de peticiones concretas por causa de la diversidad de sectores que han participado en las marchas pero, sobre todo, por factores que han influido en este nuevo rugir ciudadano, también es cierto que junto a los medios de comunicación y redes sociales se han vuelto un importante actor de presión para no permitir el avance de la impunidad. Por su parte, la sociedad civil organizada es la que ha tratado de orientar los temas según el sentir ciudadano y ha enlistado como prioritarias las reformas mencionadas.

Sin embargo, más allá de apostarle a los cambios inmediatos que se necesitan para transformar el sistema, también es importante ir más allá de lo inmediato para trabajar a largo plazo con intervenciones tempranas a todo nivel. Es decir, la lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser promovida junto con la formación en valores y la vivencia de estos, para entenderlos y atesorarlos, con la enseñanza y el fomento de una cultura de legalidad, trasparencia y ciudadanía responsable.

Es comprensible que esta tormenta provocada por desnudar el sistema corrupto que ha prevalecido en el país desate fuertes crisis políticas, pero lo fundamental es saber reconocer la gran oportunidad que tenemos para cambiar estructuralmente. De lo contrario, permitiremos que el sistema se recomponga y siga operando con más fuerza.

[1] En Guatemala se utiliza coloquialmente el término cooperacha para indicar una colecta o cooperación económica de un grupo de personas para conseguir un bien o servicio específico. En este caso de alto impacto, se refería a la compra de un avión privado para el presidente Pérez Molina por altos funcionarios del gobierno; entre ellos, hay involucrados varios ministros de Estado.

[2] Fuente: FAO (2015). Mapa del hambre.

[3] Subregión centroamericana conformada por Guatemala, El Salvador y Honduras.

[4] Este año Mario López también fue reconocido con el premio Excelencia Empresarial por FORBES Centroamérica.

Ingrid Morales | @ingridymorales
Internacionalista. Máster en Economía y Comercio Internacional. Miembro de la Fundación Esquipulas

El transcurso de las primeras décadas del siglo XXI plantea seis retos a los métodos de planificación y gestión de las políticas democráticas en América Latina.

El siglo XXI presenta doce retos a las políticas públicas que buscan un desarrollo en democracia para América Latina. En particular, seis son metodológicos, ya que desafían los métodos de análisis, diagnóstico, decisión, dirección, difusión y evaluación de las políticas democráticas.

1. Mejorar lo que hay y no empezar siempre de cero

Un gran vicio de nuestros gobernantes es ignorar lo que otros han hecho. Analizar lo que hay es una clave para mejorar y no empezar de cero.

La psicología política podría calificar a esta conducta (o inconducta) como el complejo del fundador. La inexplicable e injustificable tentación de empezar siempre de cero, de fundar y no de mejorar. El reto es describir, interpretar y criticar los planes y las actividades existentes, enmendar las eventuales fallas en los procesos de diseño o de gestión y, de esa manera, mejorar permanentemente, sin iniciar como si nada hubiera antes. El progreso es progresivo, implica construir sobre lo construido y no destruir lo existente para fundar lo nuevo.

2. Diagnosticar participativamente, sin cegueras

No sirve identificar problemas irresueltos sin formular soluciones posibles. Ignorar las políticas existentes es diagnosticar a ciegas.

A partir de un análisis crítico de las políticas existentes, antes de decidir hay que diagnosticar. Para eso hay que consultar a los actores y a los expertos, contrastando sus percepciones con las estadísticas. Diagnosticar implica identificar las necesidades a satisfacer, los problemas irresueltos y las causas pendientes. Pero, sobre todo, formular alternativas posibles. No sirve saber cuáles son las necesidades, los problemas y sus causas si no se proponen soluciones que sean viables y, en particular, que superen a las políticas existentes.

3. Decidir políticamente, sin improvisaciones

Tomar decisiones sin un diagnóstico es improvisar. Pero no tomarlas es desgobernar. La indecisión es el mal mayor de cualquier gobierno.

A partir de un diagnóstico participativo, antes de gestionar hay que definir una agenda gubernamental y, sobre esa base, formular los planes, programas y proyectos. Las chances de equivocar los rumbos se multiplican cuando las decisiones se toman sin un diagnóstico previo. Ahora bien, teniendo un diagnóstico a la vista, no decidir es no gobernar. El peor pecado de los decisores no es la improvisación sino la indecisión porque, de esa manera, deciden por el statu quo y se convierten en conservadores de lo que no saben si quieren conservar.

4. Dirigir productivamente, sin inercias

La productividad es posible en el sector público. Hay que ejecutar lo planeado y controlar la ejecución, para romper la inercia burocrática.

En contra de lo que muchos detractores del Estado sostienen como si fuera un dogma o una evidencia, la gestión de la cosa pública no está condenada a la ineficiencia y la ineficacia. Como tampoco la gestión privada está liberada de esos males en la dirección de sus planes y actividades. Es cierto que hay un comportamiento inercial de la administración pública, muchas veces empeorada por la improvisación o la indecisión de los gobiernos. El reto es vencerla, ejecutando lo que se planifica y controlando lo que se ejecuta.

5. Difundir con transparencia, sin demagogias

Los gobernantes que hacen propaganda de su persona, ocultan o engañan con recursos públicos prostituyen la comunicación gubernamental.

Porque la comunicación de los gobiernos y también de las administraciones públicas debe servir para que la sociedad en general, y particularmente los destinatarios, conozcan y entiendan cuáles son los planes y las actividades existentes, para aceptar o rechazar sus resultados. La comunicación de las políticas públicas es una obligación del Estado para trasparentar la gestión y hacerla cada vez más pública. Es indignante que algunos demagogos la limiten a tácticas de marketing para enmascarar la realidad o promocionar su figura.

6. Continuar lo bueno, a pesar del autor

Otro gran vicio de nuestros gobernantes es continuar o discontinuar planes y actividades existentes por sus autores y no por sus resultados.

Hay que rectificar este hábito tan negativo que no sabe de diferencias partidarias. Son los resultados y no los autores de las políticas los que deben determinar su continuidad o discontinuidad. No importa si los antecesores fueron de otro partido político. Si las políticas que ellos pusieron en marcha dieron buenos resultados en términos de satisfacción social y aceptación ciudadana, hay que continuarlas. Tampoco importa si los antecesores fueron del mismo partido. Si sus políticas no dieron los resultados esperados, hay que discontinuarlas.

José Emilio Graglia | @JEmilioGraglia
Politólogo y jurista. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC), en Gobierno y Administración Pública (UCM) y en Política y Gobierno (UCC). Presidente del Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad, Córdoba, Argentina.

El proceso de selección de candidato a la presidencia de la República del PAN, en México, arroja un primer y grave rompimiento entre su dirigencia y la que fuera su alternativa mejor posicionada, Margarita Zavala.

La renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional ha expuesto la polarización de la vida interna de este, y enrarecido su proceso de selección de candidato a la presidencia de México.

Considerada como la mejor posicionada en las encuestas, con una trayectoria partidista de más tres décadas y con un liderazgo sólido dentro y fuera del propio partido, el pasado viernes 6 de octubre tomó la decisión de competir por la vía independiente tras más de dos años de consolidar una base de apoyo en la que se suman partidarios de Acción Nacional, ciudadanos sin militancia, empresarios y otros sectores de la sociedad.

Las razones, expuestas por ella, responden a la imposibilidad de tener una contienda intrapartidista en igualdad de condiciones, sin certeza de cuál será el método de selección (elección abierta, solo entre la militancia, encuesta) y la cerrazón al diálogo que, acusa, ha distinguido a la dirigencia panista.

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, ha respondido a estos cuestionamientos apegándose a la normatividad tanto del partido como constitucional, así como a la decisión de construir, junto con la izquierda del Partido de la Revolución Democrática y del partido Movimiento Ciudadano, un frente opositor que contienda en alianza en el año 2018, y del que él mismo podría ser candidato por la titularidad del Ejecutivo federal.

Es la primera vez, en ese sentido, que un líder nacional del PAN en funciones —al menos desde la época de consolidación del partido como alternativa real de poder, que data de finales de los años ochenta— se presentaría como competidor en la elección interna. Este hecho ha enturbiado una negociación que, al final de cuentas, terminó en punto muerto y trajo consigo la renuncia de Zavala.

También es la primera vez que el PAN llega a una contienda electoral ostentando el gobierno de poco más de la tercera parte de los estados del país y muchas de las ciudades más importantes: este hecho, logrado en 2016 y 2017 bajo la dirección de Anaya, y al que se suma el descrédito de Peña Nieto acumulado tras cinco años de gobierno, presentaba un escenario que, si bien no sería sencillo, sí presentaba cómodo para la competencia por venir.

Sin embargo, como se escribió en este mismo espacio meses atrás, esa situación de crecimiento electoral en lo local pasaba, este año, por el filtro de un proceso interno que lograra consolidar una candidatura fuerte, prestigiada y reconocida tanto para el panismo como para la ciudadanía.

Esta condición, empero, está más lejos que cerca de alcanzarse, lo que además abre paso a que Andrés Manuel López Obrador se perfile como la opción que logre capitalizar el desencanto frente al gobierno del PRI; su perfil demagógico, el crecimiento en preferencias y electoral que su partido Morena ha tenido durante este año, así como un programa de corte populista, podrían cosechar con facilidad el malestar social y situar a México en una encrucijada peligrosa.

Al PAN no le bastan la suma de votos de dos partidos con escasa presencia nacional para hacer frente el proceso de 2018, y la salida de Margarita Zavala le resta parte de su propio capital político entre la ciudadanía y entre su propia militancia. Por su parte, el PRI cuenta con una base de apoyo fruto del clientelismo histórico que, si bien ha decaído, le alcanzaría para convertirse en el único rival con posibilidades reales para enfrentar a López Obrador.

Este escenario repetiría la historia vivida por Acción Nacional en 2012, cuando Peña Nieto se hizo de la presidencia de la República, con el grave riesgo de que en esta ocasión una opción populista se instale como alternativa capaz de hacerse con el Gobierno mexicano.

La fractura al interior del PAN lo debilita y perder a su precandidata mejor posicionada complica no solo el futuro del partido sino, sobre todo, el de una nación. El reto es mayúsculo para su dirigencia y, si bien la trama de la elección presidencial de 2018 apenas empieza a escribirse, sus primeras líneas son complejas y hasta el momento poco esperanzadoras para ese partido.

Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional, Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista Bien Común.

Continuando con el artículo anterior, en el que analizamos la tercera administración del Frente Amplio en el Uruguay, específicamente la agenda de gobierno, revisaremos ahora dos dimensiones imposibles de soslayar: la producción legislativa y la opinión pública.

El gabinete del presidente y la producción legislativa

Los frenos y bloqueos que ha recibido el gobierno en el Parlamento han sido importantes. En especial, si pensamos en el veto a la mentada reforma educativa o en la productividad legislativa. Una lectura posible puede darse desde el ángulo de la estrategia gubernamental para distribuir cargos en el gabinete. ¿Por qué? Básicamente porque en este segundo gobierno Vázquez ha cambiado la estrategia para otorgar los puestos en los ministerios. En los dos anteriores gobiernos del Frente Amplio, tanto Vázquez como Mujica fueron cuidadosos en nombramientos ministeriales en función del contingente legislativo de cada sector. En su primer período Vázquez decidió colocar al frente de las carteras a los jefes de fracción, que representaban a la mayoría de los grandes sectores en el Ejecutivo. En la actual configuración, en cambio, no se observa un particular cuidado por los equilibrios y representatividad de los sectores políticos, sino que la estrategia es diferente: la designación se orienta mayormente a cuidar la expertise técnica y la confianza del presidente en los ministros.

En ciencia política se suele utilizar un índice para medir la proporcionalidad con que se otorgan los cargos. Es conocido como el índice de congruencia de partidos en el gabinete y relaciona los cargos con la proporción de escaños en el Parlamento. Cuanto más cercano a la cifra «1», diremos que la asignación de cargos en el gabinete es más proporcional. Su adaptación para el caso de Uruguay, y particularmente para los tres períodos de gobierno del Frente Amplio, nos da los siguientes resultados: Vázquez (I) 0,801, Mujica 0,835 y Vázquez (II) 0,6. La actual administración es la que presenta una distribución más desproporcional. Es razonable pensar que esto puede generar ciertas disconformidades en los sectores que no recibieron las carteras que aspiraban obtener en función de sus votos, y que por ende se vean en la necesidad de ser hostiles en la negociación interna del trámite legislativo.

De hecho, en términos comparados con las anteriores administraciones del Frente Amplio, se verifica un proceso de ralentización de la productividad legislativa. Durante esta primera mitad de la legislatura se han votado 208 leyes. En la primera mitad de la legislatura 2005-2009 se habían votado 314 leyes, mientras que en la legislatura pasada se votaron 318. Tal es así que, previo a la renuncia del vicepresidente, Vázquez le había ordenado mayor efectividad legislativa a Sendic. Recordemos que el vicepresidente es quien preside la Cámara de Senadores y oficia de intermediario entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Ahora la vicepresidenta es Lucía Topolansky, esposa de José Mujica y miembro del mismo sector MPP. A juzgar por sus primeras alocuciones parece llegar con el objetivo de efectivizar la sanción de varios proyectos de ley estancados en el Parlamento. Entre ellos ha mencionado el proyecto que atiende a la situación de los cincuentones, afectados por el sistema de Afap (administradoras de fondos de ahorro previsional), la reforma de la Caja Militar de jubilaciones, un proyecto sobre discapacidad en el trabajo y la tipificación del femicidio.

Opinión pública

Finalmente, las señales de alerta para el gobierno también se manifiestan en la opinión pública. La lectura que hace la ciudadanía sobre la prosa del gobierno revela el descontento. Estamos lejos del «cambio de ADN» en la educación, de la mejora en la calidad de varios de los servicios públicos, de la accesibilidad de las viviendas para estratos bajos y medios bajos, o de la baja significativa en homicidios y rapiñas. En su lugar, las notas destacadas del gobierno han sido el ajuste fiscal, el avance en el proceso de inclusión financiera y la pelea que está dando por la venta de marihuana en farmacias.

En el gráfico anterior se aprecia la trayectoria de largo plazo de la aprobación del gobierno. El registro actual es el más bajo de la serie y se ubica en 32 % desde 2016. El promedio total ha sido de 50 %. Si la trayectoria siguiera el patrón de la administración Mujica, cabría esperar para el año 2018 un repunte en la aprobación de la gestión. Para ello el gobierno deberá trabajar en zurcir las divisiones internas que se han generado por la renuncia del vicepresidente y plantear una agenda atractiva para la ciudadanía.

La intención de voto también refleja el estado de ánimo de la ciudadanía. Como puede apreciarse, el desempeño del partido de gobierno tiende a correlacionar con la aprobación de la gestión del gobierno. En estos momentos se encuentra en los valores más bajos de la serie (24 %), por debajo del opositor Partido Nacional. Según Cifra Consultores, estos datos pueden variar, ubicando al Frente Amplio por encima o por debajo del Partido Nacional, su principal contendor. Pero lo que se corrobora es una tendencia a la baja en la intención de voto al oficialismo.

La otra mitad del camino

El balance parece ser bastante claro. La situación de esta mitad de mandato respecto a las dos anteriores presenta mayores complejidades para el gobierno. Falta de efectividad en la agenda, baja producción legislativa y una opinión pública que muestra números bajos para el Frente Amplio.

Sin perjuicio de ello, igualmente hay algunos factores que pueden contener o revertir esta situación. Por ejemplo, el arribo de una nueva inyección de capital en el rubro de la celulosa con la construcción de una nueva planta de la finlandesa UPM. Las negociaciones parecen estar avanzadas y no en vano el gobierno se juega a todo o nada por ese proyecto. En el horizonte no se ve mucho más, pero sería un hecho que de concretarse puede favorecer la imagen del oficialismo y dinamizar la economía.

Sobre este último punto, la economía, también hay señales favorables para la segunda administración Vásquez. Las proyecciones de las consultoras privadas mantienen perspectivas de crecimiento del PIB (3 % para 2017 y 2018), a lo que se agrega la proyección de suba del salario real. De ser así, el gobierno estaría manteniendo uno de sus caballos de batalla esenciales: la redistribución del ingreso.

En lo que refiere a la opinión pública, no se puede perder de vista que la pérdida de intención de voto del Frente Amplio sigue yendo a parar mayormente al sector de los indecisos. Es decir, la oposición todavía tiene dificultades para traducir su propuesta en una oferta atractiva para los desencantados con el gobierno.

Alejandro Guedes | @GuedesAlejandro
Politólogo (Universidad de la República, Uruguay). Maestrando en Ciencia Política. Integrante del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política, Universidad de la República.

La pasada jornada del domingo 1 de octubre todo el mundo miraba a España. Pero también dentro del país los españoles nos mirábamos unos a otros preguntándonos «¿de verdad está pasando esto?».

Fueron días, semanas y meses de especulaciones. Incluso años. Pero nadie en España se hubiera podido imaginar la jornada que se vivió este domingo 1 de octubre. O al menos nadie la hubiera querido creer. Después de todas las tensiones de las últimas semanas entre el gobierno central y la Generalitat, en lo que ya había pasado a convertirse en un intenso conflicto político, se llevó a cabo el segundo referéndum de independencia de Cataluña. «Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?» (¿Quieres que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?), decían las papeletas. Sin embargo, lo que sucedió dentro y fuera de los colegios electorales estuvo muy lejos de un proceso pacífico y transparente de libertad de expresión como corresponde en el ejercicio del voto.

Tanto la represión protagonizada por la Policía Nacional y la Guardia Civil [1] para afrontar la situación como el comportamiento de la Generalitat permitiendo este proceso plagado de irregularidades, en el que se podía votar varias veces, no estuvieron a la altura de la situación. Hasta pasadas las ocho y cuarto de la noche los españoles tuvimos que esperar a que el presidente del Gobierno saliera a explicarnos qué estaba pasando; explicarnos por qué habíamos llegado a esto, ya que no nos podíamos creer que lo que veíamos en las calles de Cataluña estuviera sucediendo en nuestro país. ¿Por qué había sangre, violencia, gritos y llantos en España? ¿Por qué se tuvo que recurrir a esta vía en pleno siglo XXI en nuestro país? Pero el presidente del Gobierno no respondió a las preguntas que todos los españoles se hacían, sino que se limitó a negar la crisis. «Hoy no ha habido ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña», dijo. Y los españoles apagamos el televisor sin respuestas y con el corazón encogido.

Mientras tanto, desde Cataluña no dejaban de llegar imágenes de una misma persona votando varias veces o de niños introduciendo papeletas en la urna. La incredulidad no cesaba de aumentar. Según los datos ofrecidos por el Govern tras el cierre de la jornada electoral, se contabilizó un 100,88 % de votos, [2] una cifra que tampoco responde a las preguntas de los españoles y que pone de manifiesto la total irregularidad bajo la que se celebró este referéndum.

Cada una de las partes utilizó una metanarrativa para explicar los hechos y crear su propio contexto. Para el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el domingo no pasó nada; no había crisis en el país, ni conflicto, ni había tenido lugar ningún referéndum de independencia. El Estado de derecho seguía siendo fuerte y estable. Por su parte, para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los resultados del referéndum (que para él sí se celebró) son totalmente vinculantes y por tanto conllevan a decisiones políticas. Así, Puigdemont anunció que en los próximos días proclamará la independencia de Cataluña. Ninguna de estas dos posturas respondía a la pregunta de los españoles.

Por otra parte, Albert Rivera, líder del partido Ciudadanos, se reunió el lunes 2 con el presidente Mariano Rajoy para hablar del tema catalán y le pidió aplicar el artículo 155 de la Constitución española para asumir las competencias del presidente de la Generalitat y convocar a elecciones autonómicas. [3] La aplicación de este artículo se vino contemplando todo este tiempo pero se esperaba poder llegar a un entendimiento por otras vías y no tener que hacer uso de él. Pero la pregunta es (sí, otra más): ¿quieren las partes implicadas llegar a un entendimiento?

Desde la perspectiva de la teoría crítica, ambos lados estarían creando su propia realidad y su propia versión de los hechos para defender una postura que estiman como única, rechazando completamente la posibilidad de que exista otra que también tenga validez. Así, tanto el Gobierno español como el de la Generalitat consideran su verdad como la única absoluta e intentan imponerla por todos los medios. Por tanto, ninguna de las dos partes implicadas en este conflicto quiere llegar a un consenso; lo único que desean ambas es imponer su verdad.

Y mientras unos niegan y otros aseguran, la interrogante de los españoles sigue sin ser respondida y días después todos nos seguimos preguntando: ¿qué está pasando?

[1] Abundan reseñas en la prensa. Véase, por ejemplo, El Periódico (4.10.2017). «La prensa internacional destaca la represión policial en el referéndum».

[2] Véanse ABC (2.10.2017). «Los “resultados” del referéndum ilegal suman el 100,88% de los votos», La Razón (2.10.2017). «El escrutinio imposible de la Generalitat: 100,88%», El Mundo (2.10.2017). «El Govern anuncia un 90% de “síes” entre las 2.262.424 papeletas contadas y asegura haber escrutado el 100,88% de los votos».

[3] Artículo 155 de la Constitución de España: «1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas».

Castellar Granados | @castegranados
Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación, Universidad Pontificia Comillas. Exbecaria de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo (2017)

De las 31 aerolíneas que operaban en 2013, solo 16 quedan trabajando en el país. La expectativa es que esta cifra siga disminuyendo mientras aumenta el contrabando de personas. Inseguridad, crisis económica y retención de divisas por parte del gobierno son las causas que dejan a la nación cada vez más desconectada del mundo. Un punto oscuro en el continente.

En 2014 el asesinato de un turista alemán que viajaba en un crucero que hacía escala en la Isla de Margarita generó la cancelación de operaciones de la naviera AIDA en el país. El hecho marcó un oscuro precedente. En la actualidad el turismo de crucero en Venezuela es poco menos que inexistente. Igualmente, los servicios de transporte marítimo hacia las islas del estado Nueva Esparta y otros parques naturales en el perímetro caribeño venezolano, impactados por el grave contexto de escasez de repuestos, equipamiento e hiperinflación, se mantienen por debajo del mínimo. Tanto así que el medio de comunicación hoy relevante por vía marítima entre Venezuela, las Antillas y el Caribe son las embarcaciones que contrabandean personas hacia las islas cercanas [1] como la que usó la fiscal general Luisa Ortega Díaz en su espectacular huida tras la declarada persecución del gobierno de Nicolás Maduro. [2]

Cada vez son menos las opciones para transitar por la región. Empresas de transporte terrestre que tienen salidas desde y hacia Venezuela conectando por las fronteras terrestres de Colombia y Brasil cierran sus puertas por la inseguridad, la falta de vigilancia en las carreteras y el caos cambiario. [3] Sin embargo, el epicentro del problema se encuentra en la desconexión aérea. Muchas líneas han dejado de operar en el país. Luego de su suspensión en el Mercosur, la creciente tensión desde hace un par de años con la OEA, las críticas de la ONU y el rechazo de diversos países a la instalación de la Asamblea Constituyente dominada por el chavismo, Venezuela se convierte en el punto negro de la región.

Luego de que al inicio del gobierno de Hugo Chávez aerolíneas de todo el mundo ofrecieran cientos de rutas y conexiones a diversos destinos, hoy apenas quedan 16. El país se aísla de América Latina y el mundo: cuenta con apenas 94 asientos por cada 100.000 habitantes, 22 asientos menos que el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, en Bolivia, un país con un tercio de los habitantes de Venezuela, y 338 asientos menos que la oferta del aeropuerto Jorge Chávez de Lima, en Perú, con la misma cantidad de población. [4]

En 2013, antes de la asunción de Nicolás Maduro, 31 líneas aéreas internacionales trabajaban en el país. Un año después, cuando Air Canadá decidió no operar más, el presidente se refirió al tema en cadena nacional diciendo a todas las empresas del rubro que decidieran cerrar: «no vuelvan mientras nosotros seamos gobierno». El aviso encendió las alarmas: desde entonces, no han cesado las bajas y 15 de estas empresas se retiraron. Hoy el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado a 20 kilómetros de Caracas, es un edificio desolado, dominado por funcionarios policiales y militares que rapiñan equipajes y dinero en efectivo de los pocos viajantes que en su mayoría huyen para no volver. [5]

Entre los casos más representativos se encuentran el de America Airlines y Avianca. La primera, con 30 años de operaciones en Venezuela, única estadounidense que trabaja en el país actualmente, pasó de tener 48 vuelos semanales a las principales ciudades de Estados Unidos en 2013, a un vuelo diario hacia Miami. Por otro lado, la colombiana Avianca cerró totalmente: disponía de 14 frecuencias semanales: el 41 % de los 34 vuelos que salían a principios de 2017. Pero la baja de operaciones no es solo un problema de las firmas internacionales. La estatal Conviasa, línea que ofrecía vuelos a Bogotá, Buenos Aires, Georgetown, Grenada, La Habana, Madrid, Managua, Manaos, Ciudad de Panamá y Puerto España, ahora apenas viaja, con serias dificultades, hacia La Habana y Ciudad de Panamá.

Algunas de las líneas aéreas que han cancelado sus rutas hacia y desde Venezuela son: Aeroméxico, United, Air Canadá, Lufthansa, Alitalia, Latam, Tiara Air, GOL, Delta Airlines, Dynamic Airways, Insel Air, Lan Perú, Tiara Air Aruba, Avianca. Otras están en constante intermitencia, como Aerolíneas Argentinas, suspendiendo vuelos por diversos problemas logísticos y económicos con Caracas. Solo cinco aerolíneas venezolanas ofrecen conexiones internacionales al día de hoy: Santa Bárbara Airlines, Laser, La Venezolana, Conviasa y Avior. Venezuela es el principal país del mundo donde las aerolíneas tienen problemas para repatriar fondos, seguido de Nigeria, Sudán, Egipto y Angola. [6]

¿Por qué sucede esto? ¿Qué hay detrás?

Dante Salvatorelli, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, expresó recientemente en la prensa nacional que los representantes de las aerolíneas internacionales que aún operan en el país han manifestado que «prefieren pernoctar en una isla cercana o país vecino antes de venir para acá». La inseguridad personal es una de las razones valoradas por las líneas aéreas a la hora de considerar su estadía en Venezuela. Sin embargo, el centro del asunto recae en la gigantesca deuda que el Estado venezolano mantiene con las empresas a consecuencia del estricto control cambiario instaurado por la administración de Hugo Chávez en 2003 y mantenido por Nicolás Maduro. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima que el gobierno de Venezuela mantiene retenidos 3800 millones de dólares de ingresos a las aerolíneas, que deben vender parte de su oferta en moneda local pero no reciben retorno en divisas a la tasa de cambio oficial, cuya asignación y liquidación es controlada por el Centro de Comercio Exterior, entidad dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.

Entre todos estos datos del aislamiento aéreo, marítimo y terrestre de Venezuela, quedan un par de cifras desconocidas y muy difíciles de relevar: la cantidad de personas que viajan en estos pocos trayectos y no regresan a Venezuela, y el número de personas que ante esta situación usan trochas ilegales buscando huir de la crisis humanitaria y el colapso económico de la Revolución bolivariana.

[1] Para profundizar sobre este aspecto recomiendo el artículo anterior «Balseros: venezolanos de contrabando», disponible en ‹https://angelarellanoblog.wordpress.com/2016/11/30/balseros-venezolanos-de-contrabando›. Para actualizar información, también «Rescataron a balseros venezolanos en Curazao», en ‹www.el-nacional.com/noticias/sucesos/rescataron-balseros-venezolanos-curazao_182065›.

[2] Ver más en: ‹www.el-nacional.com/noticias/politica/luisa-ortega-diaz-german-ferrer-salieron-venezuela-lancha_199509›.

[3] Para 2017 el Fondo Monetario Internacional estimó que la inflación venezolana llegaría a 1700 %, consolidándose como la más alta del mundo. El 14.9.2017 a las 9.00 horas, el tipo de cambio paralelo en Venezuela era de 22.430 bolívares por dólar. El salario mínimo al 1.9.2017 es de 136.543 Bs., poco más de 6 dólares. El tipo de cambio oficial se encuentra en 11.311 Bs. Por dólar (solo disponible para operaciones autorizadas por el gobierno a empresas de sectores estratégicos).

[4] Prodavinci (2017). «Volar desde Venezuela: datos de una crisis». Recuperado de ‹http://especiales.prodavinci.com/menosvuelos›.

[5] Ver más en ‹www.2001.com.ve/con-la-gente/169204/oficiales-aprovechan-miedo-de-pasajeros-para-hacer-de-las-suyas-en-maiquetia.html›.

[6] Prodavinci (2017). «Volar desde Venezuela: datos de una crisis». Recuperado de ‹http://especiales.prodavinci.com/menosvuelos›.

Ángel Arellano | @angelarellano
Venezolano. Doctorando en Ciencias Políticas. Integrante del Centro de Formación para la Democracia

El transcurrir de las primeras décadas del siglo XXI plantea seis retos a las ideas inspiradoras de las políticas democráticas en América Latina.

El siglo XXI presenta doce retos a las políticas públicas que buscan un desarrollo en democracia para América Latina. En particular, seis son ideológicos, ya que desafían las ideas sobre la organización y el funcionamiento del Estado y la sociedad, los principios, valores y las condiciones del desarrollo.

1. Accionar lo planificado o planificar lo accionado

El peor diseño es el que no se gestiona después y la peor gestión es la no se diseña antes. Aunque, excepcionalmente, puede hacerse al revés.

Las políticas públicas son un medio y no un fin. Una herramienta que tienen los gobernantes y administradores públicos para resolver los problemas prioritarios y, de esa manera, avanzar hacia la satisfacción de las necesidades y la consiguiente aceptación de la ciudadanía. En ese marco, las políticas públicas suponen planificar primero y accionar después. Sin embargo, recurrentemente, se acciona sin planificar. Entonces, el reto no es planificar el futuro, sino planificar —u ordenar— el presente y, si fuera necesario, el pasado. Siempre cuidando que la excepción no sea la regla.

2. Gobernar y administrar con responsabilidad

El Estado debe ser el responsable principal del diseño y la gestión de las políticas públicas y, sobre todo, de sus resultados.

Sin Estado no hay políticas públicas. Tampoco las hay con un Estado a solas. Los populismos, de derecha y de izquierda, ya deberían saberlo.

Hace falta un gobierno que decida los planes, programas o proyectos y se haga responsable de sus decisiones. Asimismo, hace falta una administración pública que los implemente y se haga responsable de sus acciones. Se puede privatizar o estatizar cualquier obra o cualquier servicio, pero los gobiernos y las administraciones públicas no pueden soslayar la responsabilidad del Estado de cara a la sociedad.

3. Participar antes para no lamentarse después

La sociedad debe ser la primera destinataria de las políticas públicas y, también, la partícipe necesaria en los procesos de diagnóstico, ejecución, comunicación y evaluación.

La pretensión de gobernar para pero sin el pueblo es propia de un iluminismo falaz que los ciudadanos deben abolir con la participación.

Todas las decisiones y acciones, de cualquier gobierno y de cualquier administración pública, deben tender a la satisfacción de necesidades de uno o más sectores sociales. Si no, no son políticas públicas. Pero, además, hay que asegurar la participación de los actores provenientes de esos sectores. Podemos debatir cómo, cuándo o cuánto pueden participar, pero no podemos discutir si deben hacerlo.

4. Buscar el bien común, privilegiando a los más débiles

Los principios y valores son los cimientos y las columnas que sostienen el edificio del desarrollo. Sin ellos, se construye en el vacío.

Hay que respetar la dignidad de las personas humanas, de todas y de cada una de ellas. Hay que buscar el bien común, con prisa y sin pausa, privilegiando a los sectores sociales que tienen necesidades más urgentes o más graves. Los valores de la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad deben inspirar esa búsqueda del bien común como principio rector de un desarrollo integral en una democracia real. Para eso hay que practicar el diálogo, ejercitar la responsabilidad, cultivar la inclusión y desempeñar el compromiso.

5. Votar buenos candidatos y botar malos gobernantes

En una democracia representativa, el representante debe ser votado. Pero también botado por el representado si no es fiel a su mandato.

Hay que mejorar los sistemas electorales y de partidos políticos, sin dudas, para que los electores puedan elegir a los mejores candidatos mediante elecciones competitivas. Eso es necesario pero insuficiente. También hay que perfeccionar los mecanismos de accountability, para que los elegidos rindan cuentas, en tiempo y forma, de sus decisiones y acciones. Solamente de esa manera los gobernados pueden controlar a sus gobernantes y sancionarlos judicial o políticamente si hubieran violado las normas legales o incumplido sus promesas electorales.

6. Atender las prioridades de la gente y no de los dirigentes

Los gobiernos que son elegidos mediante el voto pero no son capaces de resolver los problemas prioritarios deslegitiman la democracia.

Los gobernantes deben ser elegidos y deben rendir cuentas, obviamente. Luego, deben gobernar bien; es decir, resolver los problemas prioritarios que impiden u obstaculizan la satisfacción de las necesidades sociales. Si son capaces de hacerlo, ganan el apoyo ciudadano y, por su intermedio, legitiman la democracia como sistema y régimen. Si son incapaces de hacerlo, pierden ese apoyo y, lo que es mucho peor, deslegitiman la misma democracia. El reto es atender las prioridades de la gente y no de los dirigentes, sean estos actores políticos, empresariales o civiles.

José Emilio Graglia | @JEmilioGraglia
Politólogo y jurista. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC), en Gobierno y Administración Pública (UCM) y en Política y Gobierno (UCC). Presidente del Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad, Córdoba, Argentina.

A 32 años del terremoto de 1985 la Ciudad de México fue remecida de nuevo: 7.1 Richter movieron las bases edificadas pero también la conciencia de los mexicanos.

El 19 de septiembre del 2017 será recordado como el día en el que la tierra tuvo memoria y se movió de nuevo; a raíz de ese movimiento de 8.2 Richter de 1985 con epicentro en las costas del estado de Michoacán, las políticas respecto a normativas de construcción y fiscalización de construcción de edificaciones cambiaron; una ciudad y un país quiso reconstruirse sobre bases firmes y construyeron edificaciones con mayores resistencias que hicieron que la ciudad aguantase un segundo terremoto en esas mismas fechas 32 años después.

Dos horas quince minutos antes del más reciente terremoto, a las 11 a. m. del 19 de septiembre de 2017, una Ciudad de México pujante y de avanzada, una de las capitales de referencia mundial, realizó un simulacro que recordaba a las víctimas del terremoto de 1985. Toda la población estuvo involucrada. Algunos escépticos a la información y otros muy receptivos y colaborativos siguieron las indicaciones. El sonido de la alarma sísmica indicaba a la población la hora exacta del terremoto de 1985.

Luego del simulacro, los ciudadanos volvieron a sus actividades pero a las 2.15 p. m. fueron sorprendidos por un movimiento que tenía epicentro en Puebla, a una distancia no mayor de 150 kilómetros, esto provocó que la alarma sísmica no advirtiera a tiempo a la población y comenzara a sonar casi al unísono con los movimientos trepidatorios que sacudieron a la ciudad. La cercanía con el epicentro afectó a miles de edificaciones y cientos de estas colapsaron.

En una ciudad en que la mayoría de la población está conectada, las personas comenzaron a subir inmediatamente información a las redes sociales. Los llamados millenials se atrevieron a grabar los momentos exactos del terremoto, en los que se remecían con el sismo, y muchos salieron despavoridos a las calles y lograron grabar edificios que se movían y colapsaban. Imágenes y videos de terror para muchos, que atestiguan el atrevimiento de esta generación y que mostraron la realidad de lo acontecido.Este «atrevimiento» millenial movió la conciencia de miles de jóvenes que, ante el derrumbe de tantos edificios, se movieron y, sin preparación alguna y sin herramientas, comenzaron a mover escombros en los lugares afectados, con la esperanza de rescatar a las personas atrapadas debajo de las edificaciones.

Luego comenzó el llamado de colaboración y muchos también ayudaron a organizar víveres y herramientas. Se despertó un sentimiento colaborativo que se mantiene a lo largo de los días y que ha ayudado a reconstruir la ciudad.

A partir de ahora no se podrá decir a esta generación millenial mexicana que es espectadora y que no se involucra. Estos jóvenes respondieron al llamado de auxilio en el momento en que México más lo necesitaba. Esta es una generación que está allí despierta, movida por el terremoto, y que seguramente estará atenta a todo movimiento político y social, involucrándose en la toma de decisiones para cambiar el futuro de México.

Los políticos mexicanos tendrán que realizar un buen trabajo desde ahora, porque los jóvenes se levantaron y estarán ahora atentos. En las presidenciales de 2018 otro movimiento podría suceder, el de los jóvenes que darán un voto consciente y esperanzado en un México mejor.

Carlos Sánchez Nieto | @csancheznieto
Arquitecto. Consultor en marketing político y estrategia digital. Asilado político venezolano

A la ley de paridad de género en las candidaturas legislativas en Argentina [1] se han opuesto, en las últimas semanas, varios intelectuales y periodistas de renombre. Los argumentos con los que solemos respaldarla nosotras, las mujeres, es el de la representatividad: si somos el 51 % de la población, merecemos al menos el 50 % de las bancas. Hasta ahora, a pesar de que ocupamos más de la mitad del padrón electoral, somos la minoría postergada. Nuestro reclamo tiene raigambre constitucional: el artículo 37 nos encomienda la generación de igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para acceso a cargos legislativos.

Otro argumento es el de la meritocracia: hoy hay más diputadas con títulos terciarios que diputados con igual formación; y más proyectos presentados por mujeres que por hombres. Pero incluso con estos datos, se sigue cuestionando la idoneidad de las mujeres.

Así y todo parece que los hombres no están convencidos de la profundidad del cambio ni de su necesidad. ¿Nos temerán? ¿Cómo hacerles entender que se trata de que reconozcan a la mujer como un actor económico y social relevante de la sociedad? Desde los inicios de nuestra civilización, la mujer ha sido definida por los hombres. Ha primado la mirada masculina dominante en las políticas públicas. Y han decidido hasta sobre temas de mujeres: su papel, su estética, su trabajo y hasta su cuerpo. Por ello, necesitamos más mujeres con visión de género en el Congreso, para actualizar leyes y posibilitar normas de trabajo adecuadas a los nuevos desafíos.

Si vamos por el camino del absurdo, ¿por qué no hay ley de cupo para los varones? Porque el poder ha sido su espacio «natural» de acción.

Que hayamos tenido una presidenta, que tengamos una gobernadora o una vicepresidenta, que sean las mujeres las que encabecen listas, no habla necesariamente de un cambio fundacional. Se trata de incorporar la mirada de género: que las mujeres, aquellas que se han preparado con ahínco, también encuentren oportunidades justas. Sin necesidad de destacarse por su presencia o su carácter, sino por su excelencia técnica. Son muchas las mujeres que participan en ateneos, sindicatos, clubes de barrio, pero ¿llegan a los puestos de dirección?

Es el primer mundo, y Ángela Merkel en particular, el que insiste en completar este desafío. ¿Si el G20 se ocupa y preocupa por la mujer y su papel en el mundo, seguirá siendo esta una moción de feministas? En la declaración final de Hamburgo, apartado 29, reza: «Empoderamiento de la mujer: La igualdad de acceso al mercado laboral, la propiedad, el empleo de calidad y los servicios financieros para las mujeres y los hombres son fundamentales para lograr la igualdad de género y la plena realización de sus derechos, así como un requisito previo para un crecimiento sostenible e inclusivo. […] También nos comprometemos a adoptar nuevas medidas para mejorar la calidad del empleo femenino y eliminar la discriminación en el empleo y reducir las brechas de compensación de género y brindar protección a las mujeres contra todas las formas de violencia».

Cippec informa que para el 2043, de seguir por este rumbo, Argentina será una sociedad vieja. Por ello necesitamos más mujeres con visión de género en el poder, para actualizar leyes y posibilitar normas de trabajo adecuadas a los nuevos desafíos: proteger la crianza de los menores, apoyar emprendedores, las industrias limpias y una distribución fraterna de los beneficios.

Las PASO fueron un claro ejemplo de que los partidos y las instituciones pueden adaptarse de manera competitiva con las mujeres en pie de igualdad. El 97 % de las listas de candidatos a legisladores cumplió con el nuevo cupo establecido del 50 %. Sin embargo, todavía quedan batallas por dar. En pocos días, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural, presentaremos el primer proyecto de ley sobre los derechos de las mujeres rurales. El mundo rural es uno de los más cambiantes y con menos garantías para sus trabajadoras. Consideramos que no habrá desarrollo económico global sustentable si las mujeres no se integran rápidamente y de manera igualitaria al mercado de trabajo.

Hemos recorrido un largo camino, sin dudas, aunque falta mucho. Una mujer que accede a un espacio de poder con mirada de género inevitablemente está excluyendo a un hombre. Y es de suponer que el malestar proviene de allí. Igualdad de derechos y oportunidades es ni más ni menos que eso.

[1] El proyecto propone un ajuste en el sistema de votación y en el modo de selección y presentación de los candidatos al Poder Legislativo para que 50 % de los representantes sean mujeres. Para profundizar sobre el tema y su contexto político sugerimos revisar: ‹www.nodal.am/2017/09/argentina-la-paridad-genero-se-perfila-ley/›, ‹www.eldiario.es/politica/Ley-paridad-argentina-mujeres-femenino_0_689781370.html›, ‹https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/04/La-paridad-de-genero-en-el-Congreso-Nacional-VF1.pdf›.

[2] Artículo 37 de la Constitución de la Nación Argentina: «Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizara por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral».

Nota del editor: El proyecto de ley n.º 24012, Ley de Cupo Femenino, fue aprobado y modifica del 30 % al 50 % la participación de mujeres en la presentación de listas al Congreso argentino, para generar una paridad total de género.

Cornelia Schmidt Liermann | @CorneliaSL
Diputada nacional de la República Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Nota original publicada en Infobae, el 26 de septiembre de 2017.

Estamos exactamente en la mitad del período del segundo mandato del presidente Tabaré Vázquez en Uruguay. Hasta el momento se puede decir que al Frente Amplio le fue relativamente bien en las dos presidencias anteriores, con Tabaré Vásquez (2005-2010) y José Pepe Mujica (2010-2015). Tanto es así que llegó al tercer período consecutivo de gobierno con mayoría absoluta en ambas Cámaras. Sin embargo, esta administración presenta algunas señales que dan cuenta de un contexto político mucho más adverso y desafiante para el oficialismo. Sin ir más lejos, en septiembre de 2017 el Frente Amplio afronta una de las crisis políticas más complejas de su historia, tras la renuncia, nada menos que del vicepresidente Raúl Sendic, por el uso indebido de su tarjeta corporativa cuando era presidente de la estatal Ancap.

Las señales de advertencia son varias y se manifiestan en terrenos como la agenda de gobierno, la producción legislativa y la opinión pública. Veámoslo de inmediato en este artículo que tendrá dos entregas.

La agenda de gobierno

Hay una frase bastante popular en política que se le adjudica al exalcalde de Nueva York Mario Cuomo: «Las campañas se hacen en poesía, pero el gobierno en prosa». Es un dicho que calza para analizar lo que ha sido esta primera mitad de Vásquez II. La sensación generalizada es esa: un profundo contraste entre las promesas de campaña respecto a lo que vino después. En buena medida durante la contienda electoral de 2014 ya se avizoraba un horizonte adverso.

El primer problema con el que se encontró el gobierno fue una desaceleración de la economía en los años 2015 y 2016, y el incremento del déficit fiscal. Esto se vio reflejado en los permanentes mensajes del ministro de Economía pidiendo austeridad y mesura a los distintos sectores. Ello se tradujo en la aplicación de un ajuste fiscal no avisado en campaña. También generó enfrentamientos con los sindicatos, que, siendo los principales socios corporativos del gobierno, interpretaban esas señales como un freno a la redistribución del ingreso y al presupuesto público.

Por otra parte, el gobierno no pudo concretar una de sus principales promesas: la reforma educativa. El optimismo en cuanto a la aplicación de esta propuesta se reflejó en la rimbombante metáfora del «cambio en el ADN de la educación», a la cual Vázquez solía hacer referencia. Ese punto de su agenda también lo enfrentó tempranamente con los sindicatos de la educación y con el sector político del expresidente y actual senador José Mujica (Movimiento de Participación Popular) que controla la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), organismo encargado de la educación pública, a través del cual operó un veto a esa reforma.

La otra carta que tenía para mostrar el presidente era el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Fue una de sus promesas de campaña. Una política orientada a regular, proveer servicios de cuidados y formación para distintas poblaciones (primera infancia, personas en situación de dependencia y cuidadores). En este caso se lograron avances mediante la votación de la ley 19353 que puso en funcionamiento el sistema, aunque se le recortó sensiblemente su presupuesto.

En el plano de la seguridad pública se planteó como meta bajar los delitos, principalmente las rapiñas y los homicidios. Si bien aparentemente comienza a revertirse la tendencia creciente de estos delitos, ello no acontece de forma significativa, por lo cual la percepción de inseguridad de la población sigue en niveles altos.

Puede mencionarse el avance del proceso de inclusión financiera como un logro de la actual administración, aun cuando existan reclamos y críticas a diversos aspectos de esta plataforma. El ministro de Economía ubicó a este proceso entre las principales reformas del Frente Amplio, al punto de esperar que los uruguayos se «enamoren» de la inclusión financiera (sic). Lo cierto es que difícilmente este proceso pueda ser equiparado a reformas anteriores de la administración del Frente Amplio como la impositiva, laboral o de salud.

Por un lado, ya se avizoraba la existencia de una agenda de gobierno relativamente austera si se la compara con las dos administraciones anteriores del Frente Amplio. Pero a ello se debe agregar la baja capacidad de concreción de las promesas. Como si fuera poco, las políticas de mayor impacto vienen por el lado fiscal y tienen que ver con los ajustes de tarifas que han permitido mejorar el resultado de las cuentas públicas. A ello se agregan algunos impuestos (aumento de la tasa consular que se aplica a productos importados, impuesto a la renta de las actividades económicas, a la Banca de Quinielas, a la renta de las personas físicas y a los premios de juegos de azar) que se activarán una vez que se promulgue la rendición de cuentas que acaba de aprobarse en el Parlamento.

Seguiremos el análisis en una segunda entrega.

Alejandro Guedes | @GuedesAlejandro
Politólogo. Egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo. Maestrando en Ciencia Política e integrante del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política de la misma universidad

Como decía Konrad Adenauer, «vivimos bajo un mismo techo pero no todos tenemos el mismo horizonte».

Aquellas palabras, dichas en Europa a mediados del siglo XX, resuenan en Latinoamérica a inicios del siglo XXI. Los latinoamericanos vivimos bajo un mismo techo, porque nacimos en esta parte del mundo y en esta época de la historia. Pero no tenemos el mismo horizonte. Las posibilidades para el desarrollo no son las mismas, dependiendo de los países, las regiones o localidades y, también, del género o la etnia. Ese es, pues, el reto de los retos, el desarrollo integral en una democracia real que resguarde la riqueza de nuestras diversidades y nos posibilite el mismo horizonte de una vida digna.

Durante las últimas décadas del siglo XX y lo que va de este nuevo siglo, las democracias latinoamericanas se han desarrollado formal pero no realmente. Desde lo formal, en general y a pesar de varias crisis económicas, políticas y sociales, hay elecciones libres, sin fraudes ni proscripciones. Esta es, sin dudas, una condición necesaria pero, a la vez, insuficiente. Desde lo real, los progresos y retrocesos se alternan. Son democracias con luces y sombras. En penumbras. Muchas necesidades graves y urgentes siguen insatisfechas porque muchos problemas siguen irresueltos.

Los golpes de Estado encabezados por las fuerzas armadas son un mal recuerdo que no debe olvidarse para no tropezar con la misma piedra. La amenaza actual no son los golpes militares y el cambio de la forma de gobierno, sino el vaciamiento de los contenidos materiales de las democracias. Un vaciamiento que las limite a las votaciones, sin políticas públicas que remuevan las causas pendientes de los problemas prioritarios. Democracias de forma y no de fondo, esa es la alarma amarilla o roja, según las circunstancias, que debe encenderse en esta parte del mundo y en el tramo del siglo XXI que transitamos. Democracias con votos en las urnas pero sin mejoras en las vidas de los latinoamericanos.

No se trata de la orientación partidaria de los gobiernos de turno, más a la derecha o más a la izquierda. Ese es un debate viejo y vetusto que contribuye poco o nada. Hoy por hoy, las derechas deben reconocen que solamente con el mercado no se puede y las izquierdas deben entender que con el Estado a solas tampoco se puede. La realidad ha impuesto su agenda a ambas puntas de las ideologías políticas preexistentes. Solamente los extremistas siguen cavando ese pozo. Se trata, insistimos, de un modelo de diseño y gestión de políticas para el desarrollo en democracia. Un modelo que corrija los retrocesos y consolide los progresos.

Doce retos a las políticas democráticas

El trascurrir del siglo XXI plantea doce retos a las políticas públicas en general y, particularmente, a las políticas públicas que buscan un desarrollo integral en el marco de la democracia como régimen y como sistema. Dichos retos son los que siguen:

1. Accionar lo planificado o planificar lo accionado.
2. Gobernar y administrar con responsabilidad.
3. Participar antes para no lamentarse después.
4. Buscar el bien común, privilegiando a los más débiles.
5. Votar buenos candidatos y botar malos gobernantes.
6. Atender las prioridades de la gente y no de los dirigentes.
7. Mejorar lo que hay y no empezar siempre de cero.
8. Diagnosticar participativamente, sin cegueras.
9. Decidir políticamente, sin improvisaciones.
10. Dirigir productivamente, sin inercias.
11. Difundir con transparencia, sin demagogias.
12. Continuar lo bueno, a pesar del autor.

Estos son los retos para que América Latina pueda desarrollarse integralmente en una democracia de carne y hueso y no solamente de papeles. Son los retos para satisfacer las necesidades de vivienda, obras y servicios, para un crecimiento que genere más empleo y menos pobreza, para un acceso a la educación, la salud y un ambiente sano, para convivir con más seguridad y justicia y con menos desigualdad. Son los retos para luchar contra la ineficiencia económica, la corrupción política, la debilidad institucional y la anomia social. Sabemos que se puede.

José Emilio Graglia | @JEmilioGraglia
Politólogo y jurista. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC), en Gobierno y Administración Pública (UCM) y en Política y Gobierno (UCC). Presidente del Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad, Córdoba, Argentina.

La campaña electoral en Alemania ya pasó, los votos fueron contados y lentamente vuelve la calma. Para nosotros llega el momento de echar una mirada a las diferentes campañas. ¿Qué fue acertado? ¿Qué resultó equivocado? (más…)

Se ha iniciado una nueva ronda exploratoria de conversaciones para la normalización política en Venezuela. ¿Nos encaminamos hacia un cambio democrático o será el afianzamiento definitivo del gobierno autoritario?

La crisis política venezolana parece haber llegado a una nueva etapa. Tras la cuestionada elección de la Asamblea Constituyente convocada por el socialismo chavista, la comunidad internacional se ha encontrado dividida. El presidente de la Asamblea Nacional y dirigente de la Unidad Democrática, Julio Borges, ha sido recibido por importantes gobiernos latinoamericanos y europeos que han respaldado el pluralismo y la división de poderes en Venezuela. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro viene de participar entusiastamente en la reciente cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica, mientras recibe un vocal respaldo de la Federación Rusa y uno más cauto de China. Añádanse a este cuadro las recientes sanciones económicas que ha impuesto el gobierno de Donald Trump sobre el país suramericano, y su discurso ante la Asamblea General de la ONU, equiparándolo con Irán y Corea del Norte. Venezuela parece ser uno más de los escenarios de la nueva guerra fría global.

Más allá del enfoque estadounidense, tanto aliados como críticos del gobierno de Caracas coinciden en que sería necesario retomar los cauces del diálogo político para restaurar alguna semblanza de normalidad política. Aunque han amainado las manifestaciones y en alguna medida la violencia represiva, las razones estructurales del conflicto venezolano permanecen allí, con un grave riesgo de agravarse. La creciente presión de las potencias democráticas regionales y globales, que mantienen aún vínculos institucionales y económicos con Venezuela, parece haber tenido el efecto esperado y logrado que el gobierno asome posibles concesiones y gestos de confianza.

Así, las otrora gestiones de presidentes de la Unasur para negociaciones entre gobierno y oposición en Venezuela se habrían reactivado, esta vez con el apoyo de países signatarios de la Declaración de Lima —favorable a la restauración democrática—, la Unión Europea y el beneplácito del secretario general de la ONU. La Santa Sede se mantiene a la expectativa en esta ocasión. ¿Qué buscan las partes? Lo que ha trascendido es que la Unidad Democrática aspira a la concreción del cronograma electoral postergado, el reconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional, la liberación de presos políticos y la atención a la crisis humanitaria. Del otro lado, el gobierno de Maduro habría planteado el reconocimiento opositor de la Asamblea Constituyente —electa fuera de la Constitución—, la aprobación de la Ley de Presupuesto y de nuevos empréstitos por el legislativo opositor, y el descarte o levantamiento de sanciones internacionales sobre Caracas.

¿Sería posible alcanzar una zona de acuerdo? Aunque es imaginable, existe un problema de perspectivas inconmensurables: la oposición parece apuntar al restablecimiento democrático promoviendo la alternabilidad política en el siguiente período constitucional, mientras que el gobierno está urgido de resolver su crisis de legitimidad para poder enfrentar con ventaja el ya impostergable ciclo electoral. La presencia de la Constituyente, que en las recientes semanas ha ralentizado su afán de control, sigue siendo el mayor obstáculo al restablecimiento de reglas de moderación política, comprometiendo mucho de la voluntad opositora y sirviendo como un arma para su división. Tristemente, como se constata en los procesos de transición, en la medida que existen algunas reglas, estas son decididas por la coalición autoritaria y dependen de su buena fe democrática. Pese a todas las apariencias, el régimen del Partido Socialista Unido de Venezuela no está desahuciado y es difícil creer que no quiera mejorar su condición relativa a expensas de condiciones inalcanzables.

La situación se complica aún más para los sectores democráticos: la ventana de oportunidad que significa el relevante apoyo de la región se puede cerrar con cambios políticos hacia la izquierda en Brasil y México; las limitaciones de la estrategia de oposición instrumental a un régimen autoritario han incrementado las defecciones dentro del bloque democrático sin necesariamente aumentar su eficacia; y la prolongación y profundización de la crisis social hacen a Venezuela más susceptible de invocar populismos autoritarios sustitutos o abandonar toda lucha política efectiva. Es difícil escarmentar cuando la crisis aún no ha tocado fondo, pero no hay una generación venezolana con vida que recuerde penurias como las presentes.

El fomento de una política sincera, que aprecie la urgencia de la situación equilibrándola con las demandas de apertura que requiere el hoy, es algo que la opinión democrática venezolana y regional debe apoyar resueltamente. Queda en la sabiduría del liderazgo venezolano evitar un colapso político cuyo desenlace regrese al país a etapas de desórdenes e inestabilidad no vividas desde hace un siglo. Eso, sin hablar de la tarea de reconstrucción económica y social por venir. ¿Cuáles serán las concesiones útiles en esa tarea?

Guillermo Tell Aveledo  | @GTAveledo
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas

Luego de las elecciones celebradas este domingo 24 de setiembre aparecen diversos retos para el sistema político de la democracia alemana: formar coaliciones de gobierno, interactuar con nuevos actores que ingresan al Parlamento y mantener la estabilidad que ha hecho de Alemania una de las principales potencias mundiales.

Es muy positivo que todos los partidos democráticos participantes hayan expresado su respaldo a la democracia y al sistema político. Sin embargo, siempre hay que insistir en la importancia de defender los valores institucionales, sobre todo en una sociedad global cada vez más difícil y minada de temas, coyunturas y problemas complejos, donde no dejan de aparecer experimentos populistas que afectan la calidad de las democracias y buscan llevar a los pueblos por un despeñadero.

El diálogo en la democracia

En la actualidad se impone el diálogo entre todos los sectores políticos y la persistente búsqueda de consensos para sacar adelante proyectos que traduzcan la aspiración mayoritaria de construir un mundo mejor, en paz y bienestar. No es tarea sencilla. Hoy, cuando la guerra, la pobreza y la protección del medioambiente siguen siendo tareas pendientes de la humanidad, hace falta mayor integración y mayor cooperación. En un planeta totalmente conectado por la tecnología, aislarse no puede ser una opción. Todo lo contrario: solo en la unión está la solución.

La reelección de la canciller Angela Merkel y la holgada votación que favoreció a la CDU/CSU evidencia el respaldo y la confianza de los ciudadanos hacia una gestión que ha acumulado logros importantes en tiempos difíciles. Merkel se ha convertido en la mujer con más tiempo al frente de un gobierno occidental. Los alemanes han decidido acompañarla para que continúe en la primera magistratura con su característica moderación, firmeza y perseverancia.

El reto de toda democracia es poder transformar la voluntad de los ciudadanos en un proyecto común que involucre los intereses de toda la nación y genere desarrollo y progreso. Alemania lo ha logrado y por eso es una de las democracias más sólidas y robustas del mundo. Todavía queda mucho por hacer, es verdad, pero los éxitos de su sistema institucional son evidentes. El país sigue avanzando gracias a su gente, su democracia y su libertad.

Redacción de Diálogo Político

Las elecciones alemanas darán lugar a un Parlamento Federal fragmentado con la presencia de siete partidos políticos. El resultado redefinirá absolutamente la actual relación de fuerzas.

El panorama en Alemania parece definido desde hace varios meses. Al menos en lo que respecta a quién será el ganador. Mejor dicho: la ganadora. Angela Merkel (CDU) repetirá y así llegará al cuarto mandato al frente del Ejecutivo. La contracara es Martin Schulz (SPD), quien comenzó la campaña con el objetivo de ser el cuarto canciller socialdemócrata y termina luchando por no obtener los peores resultados de la historia de su partido.

Las encuestas indican que la alianza entre la CDU y el SPD, socios de coalición en ocho de los últimos doce años, se extenderá en el tiempo. En efecto, la única coalición posible entre dos partidos políticos según los sondeos es una gran coalición. La alternativa a ella sería un tripartito entre conservadores, liberales y verdes. Sin embargo, esta posibilidad, más conocida como coalición Jamaica por los colores de los partidos mencionados —negro, amarillo y verde—, presenta una alta complejidad. Por un lado, porque deben ponerse de acuerdo esas tres fuerzas a las que se les suma la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), partido hermano de la CDU en esa región. Por otro, porque las diferencias ideológicas, especialmente entre verdes y el resto, son lo suficientemente grandes como para llegar a consensos sin que cada uno de los partidos paguen costos políticos importantes por entregar alguna bandera o romper alguna promesa de campaña.

La dificultad para formar coaliciones, es decir, para llegar a la mayoría absoluta en el Parlamento Federal tras esta elección, se debe a que el Bundestag tendrá seis grupos parlamentarios. Algo que no se veía desde los tiempos de la posguerra. El retorno de los liberales sumado al debut de los ultraderechistas supondrá una fragmentación de la Cámara baja que, además de dificultar la conformación de distintas alternativas para formar gobierno, demandará un reordenamiento de los partidos en el espectro ideológico en función de los distintos temas de la agenda pública.

De cara a lo que viene es importante poner el foco en la pelea de los partidos minoritarios. En este conglomerado resalta la presencia de la ultraderecha (AfD), una fuerza que duplicará su caudal electoral en menos de cuatro años. La aparición de AfD significa una verdadera ruptura del tablero político alemán y será un factor fundamental para lo que viene en Alemania.

Si el partido ultraderechista, como dicen las encuestas, los dos dígitos, será un golpe simbólico importante para los partidos políticos tradicionales, que deberán replantearse algunas cuestiones. En otras palabras, la consolidación de los ultraderechistas marca que existen deficiencias a la hora de atender determinadas demandas de la sociedad.

En términos prácticos, un buen resultado de AfD lo podría ubicar como el partido jefe de la oposición, en el caso de sellarse una nueva gran coalición. Esto se traduce en una serie de privilegios en la vida parlamentaria, como el tiempo de los oradores o la presidencia y participación en las comisiones, que son claves desde el punto de vista estratégico para la fijación de la agenda y el encuadre de los temas.

El escenario que terminará de configurarse este domingo presenta entonces una alta complejidad que repercute en el tablero político alemán e implica un verdadero cambio de época. Esto sucede en el marco de un mundo con nuevos desafíos y fuertes cambios en la relación de fuerzas de los países. En Alemania luego de estas elecciones cambiará algo más que la composición del Bundestag.

Franco Delle Donne | @fdelledonne
Argentino, residente en Alemania. Consultor en comunicación. Coautor del libro Factor AfD. El retorno de la ultraderecha a Alemania, creador del blog eleccionesenalemania.com. Colaborador en medios de Alemania e Iberoamérica