Desde que asumí la responsabilidad de representar a la ciudadanía fui consciente del fuerte compromiso que ello implica con la sociedad, que demanda transparencia en el ejercicio público y reformas políticas importantes para garantizar la calidad democrática en Guatemala. Siendo la parlamentaria más joven de esta legislatura el reto es grande pero la convicción de luchar por un mejor país es mayor.

La coyuntura política que vive Guatemala debe ser entendida como un proceso en el que diferentes grupos de poder se han resistido a la lucha contra la impunidad y han llevado el pulso incluso ante la comunidad internacional que ha apoyado explícitamente esta lucha.

La corrupción y la impunidad se encuentran tan incrustadas en el sistema político guatemalteco que se perciben como el cáncer que ha limitado todo intento de desarrollo económico y social del país. Se deriva así en un Estado precario y raquítico en su cometido de lograr el bienestar social.Guatemala cuenta con una institucionalidad tan debilitada que no ha sido capaz de garantizar elementos básicos de cualquier república, como la seguridad y la justicia. Por ello, en 2002 se iniciaron negociaciones con Naciones Unidas para establecer en Guatemala un ente internacional e independiente cuyo objetivo fuera apoyar el fortalecimiento de órganos internos de investigación, principalmente ante delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS). Esta serie de negociaciones finalmente culminó con la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2007.

A partir de su creación han salido a luz investigaciones que han llevado a funcionarios de alto nivel a enfrentar procesos judiciales por casos graves de corrupción en el ejercicio de su cargo público; el caso más emblemático es quizá el suscitado en 2015 con la investigación denominada Caso La Línea sobre defraudación fiscal aduanera que involucraba al expresidente y a la exvicepresidenta, así como a gran parte de su gabinete de gobierno. Esto causó una indignación generalizada en la población, materializada en manifestaciones masivas en diferentes puntos del país que llevaron a la renuncia del binomio presidencial.

El presidente Jimmy Morales, ganador del proceso electoral de 2015, en medio de la mencionada crisis política se promovía como un outsider de la política, cuyo lema era «ni corrupto, ni ladrón». Sin embargo, durante su gestión no impulsó una agenda frontal contra la corrupción; por el contrario, su grupo de asesoría más cercano lo ha motivado a buscar la manera de expulsar al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, incluso inmediatamente después de haber divulgado una investigación en su contra por supuesta implicación de recibir financiamiento electoral ilícito durante la campaña política. Por este caso, la CICIG y el Ministerio Público solicitaron que el derecho de inmunidad le fuera retirado al presidente Morales para que pudiera ser investigado.

La joven diputada

En esta coyuntura política es que asumo como diputada al Congreso de la República, en sustitución de Christian Boussinot, quien enfrenta un proceso judicial por supuesta implicación en corrupción en la administración de recursos públicos dentro del organismo legislativo. Desde que asumí la responsabilidad de representar a la ciudadanía fui consciente del fuerte compromiso que ello implica con la sociedad, que demanda transparencia en el ejercicio público y reformas políticas importantes para garantizar la calidad democrática en Guatemala. Para la parlamentaria más joven de esta legislatura el reto es grande, pero la convicción de luchar por un mejor país es mayor. Mientras que en las manifestaciones de 2015 estuve en la plaza alzando la voz, hoy me toca estar del lado institucional asumiendo la responsabilidad pública de tomar de decisiones que afectan a toda la ciudadanía guatemalteca.

Mis primeros días como legisladora han sido intensos; he mantenido y demostrado con hechos mi postura en la lucha contra la impunidad. Apenas algo más de dos semanas después de haber tomado posesión, me ha tocado conocer el antejuicio del presidente, en el expresé mi postura a favor, para dar viabilidad a la investigación que determinará su implicación real en los hechos por los que es acusado.

Sin embargo, un suceso importante para comprender lo que sucede en el Congreso de Guatemala ocurrió en la sesión del pasado 13 de septiembre. En esa oportunidad se aprobaron de manera espuria, sin ser conocidas las iniciativas y de urgencia nacional, reformas al Código Penal que claramente tenían como objetivo favorecer a la impunidad: exonerar de responsabilidades el financiamiento ilícito y ampliar a diez años las penas conmutables (la opción de poder pagar una fianza para evitar ir a prisión) para más de 400 delitos. En esta ocasión fui uno de 19 congresistas que votaron en contra de dicho acto repudiable, frente a 107 que lo aprobaron.

El impacto fue colosal, la indignación fue evidente en todos los sectores a nivel nacional e internacional, como un atentado al Estado de derecho. Este acto fue denominado #PactodeCorruptos y el descontento de la ciudadanía fue de tal magnitud que los congresistas se vieron obligados a retractarse dos días después, en la sesión del 15 de septiembre, Día de la Independencia de Guatemala. Los manifestantes celebraron rodeando las instalaciones del Congreso de la República y exigiendo la renuncia de los 107 diputados que votaron a favor de este intento de retroceso en la lucha contra la impunidad. Muestra del grave declive de la ya reducida credibilidad del organismo legislativo, las manifestaciones frente al Congreso de la República, en la Plaza de la Constitución y en el interior del país, han continuado realizándose; la más grande de ellas tuvo lugar el día 20 de setiembre.

La ciudadanía exige la depuración del Congreso, el retiro de la inmunidad del presidente de la República y reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para garantizar la calidad democrática. Para rescatar la legitimidad de este alto organismo es más que necesario no solo responder a estas demandas, sino ser un aliado en la autodepuración del Congreso. Que los congresistas que votamos en contra de dicho pacto nos unamos en un frente parlamentario, sin preferencias partidarias o ideológicas, que busque ser interlocutor de los colectivos sociales que perdieron la confianza en el resto de los congresistas y que pueda apoyar las propuestas de la sociedad civil. Esta propuesta se ha conversado con varios de estos diputados y está presente en el escenario.

El Estado se encuentra cooptado por intereses individuales, que han utilizado lo público como palanca de enriquecimiento a través de operadores políticos. Las investigaciones que la CICIG se encuentra realizando sobre financiamiento electoral ilícito pone en jaque a muchos actores públicos y privados relevantes; estos le han declarado la guerra y están haciendo lo imposible por ganar el pulso, al precio que sea.

Estamos frente a una de las mayores crisis políticas que ha vivido Guatemala, sin mencionar el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht que involucra a varios congresistas y funcionarios públicos, que está por venir y acentuará aún más la crítica coyuntura.

Andrea Villagrán | @avillagran502
Diputada al Congreso de la República por los municipios de Guatemala. Secretaria de Relaciones Internacionales del partido Todos

Los recientes atentados terroristas en Barcelona, han potenciado el estudio y el debate de ideas sobre cómo hacer las ciudades más seguras y a su vez no caer en generar trincheras o fortalezas urbanas alrededor de lugares sensibles para el terrorismo, que hoy usa el espacio urbano como escenario para sembrar la muerte.

El espectro de los atentados domina el inconsciente colectivo de muchas ciudades occidentales. Los servicios urbanos (buses, trenes, metros), hasta ahora símbolos de la libertad y prosperidad cosmopolitas, se han transformado a partir del accionar terrorista en un arma letal contra la propia vida de la ciudad. Como resultado, muchos de estos espacios urbanos deben ser repensados como objetos de una seguridad total en el marco de una nueva guerra contra el terrorismo global sin punto final ni límite geográfico claro. Así, el terrorismo pero también las respuestas contraterroristas están marcando el urbanismo occidental y pueden hacer peligrar el corazón de una vida urbana basada en la inclusión, el anonimato y el pluralismo. Por lo tanto, se corre el peligro de transformar los espacios urbanos en paisajes defensivos.

El alcalde de Florencia, ante las medidas de seguridad, lanzó una convocatoria para diseñar barreras contra posibles ataques en forma de obras de arte que se colocarán en puntos estratégicos de la ciudad italiana. El famoso arquitecto y urbanista Stefano Boeri señaló: «No podemos permitirnos ver que miles de plazas y espacios públicos de cientos de ciudades europeas se transformen en una serie de puntos de control de la guerra, sabiendo que solo un porcentaje efímero de estos cuadrados será realmente golpeado por ataques terroristas. En lugar de poner barreras que empeoren la calidad de los espacios, debemos pensar en soluciones que puedan mejorar ambientes como el uso de árboles y macetones que también son funcionales».

Nos guste o no, el terrorismo seguirá haciendo daño. El espacio urbano debe ser reformulado, hay que estudiar cómo reemplazar las barreras de hormigón con soluciones innovadoras, arquitectónica y estéticamente adecuadas para las ciudades, muchas de ellas patrimonio cultural de la humanidad.

En lugar de considerar al terrorismo como un acto criminal que amenaza la seguridad pública, hoy se sugiere que las acciones terroristas constituyen un ataque de orden militar —un nuevo tipo de guerra— que mina las nociones de seguridad nacional y que, por tanto, exige una respuesta militar y no policial. Esencialmente, un paradigma militarizado trata cada emplazamiento urbano como un espacio de batalla potencial contra los terroristas ocultos. También puede, en algunos casos, conducir al uso de técnicas raciales cruentas contra poblaciones de minorías étnicas, y trabaja para socavar, criminalizar y enfriar las libertades de asociación, movimiento y protesta. Estas actuaciones plantean cuestiones importantes sobre cómo se fabrican y se experimentan las culturas del miedo en las ciudades y qué significan para la condición urbana y el derecho a la ciudad.

El diseño urbano está cambiando, la vigilancia del tráfico y el control de la criminalidad son utilizados para contrarrestar también al terrorismo. Se plantean grandes desafíos para los gobernantes sobre la arquitectura de las ciudades, ya que los paisajes urbanos se van a tener que rediseñar para mitigar los riesgos de atentados terroristas.

El accionar terrorista no se trata solo de desestabilizar y deslegitimar gobiernos, se trata de una guerra cultural cuyo motor es el fundamentalismo religioso. Se trata de destruir la naturaleza misma de las relaciones humanas occidentales. El nuevo terrorismo hace surgir lo que Paul Virilio llama pánico frío, un sentimiento que «viene a despertar el pánico del fin en las poblaciones», en cualquier momento, en cualquier lugar, por cualquier persona. Hoy no sabemos si quien va caminando a nuestro lado puede llevarnos al punto de exterminio; basta colocar la bomba en el lugar preciso o lanzar un vehículo contra desprevenidos paseantes.

El escenario de la actual guerra es el espacio público. Ese espacio es global; ello obliga, cada vez más, a estudiar políticas globales en común para combatir este flagelo.

Jorge Dell’Oro | @dellOroJorge
Consultor en comunicación política

Una cosa en ganar las elecciones y otra ganar el poder. Esa parece ser la situación que mejor describe lo que sucede en la política ecuatoriana.

Después de una elección que dividió al país, Moreno se ha concentrado en superar el enfrentamiento. Decidió no hablarles a los extremos; les habló a los ecuatorianos que estaban hartos de la continua zozobra a la que los sometió el expresidente Correa con la política de la confrontación. Llamó al diálogo y a la reconciliación. Resultado: una popularidad que se acerca al 80 % y una ciudadanía que siente alivio.

Al mismo tiempo, Moreno sale bien librado de los escándalos de corrupción que involucran a sus antiguos compañeros de gabinete. Logró desvincularse de las acusaciones a su vicepresidente, Jorge Glas, a quien dejó sin competencia alguna en su gobierno y hoy es un vicepresidente dedicado exclusivamente a defenderse de las acusaciones de corrupción por las que es investigado y procesado por la justicia, que hacen relación, entre otros casos, a las contrataciones con Odebrecht.

En su esfuerzo por legitimarse y desvincularse del manto de la corrupción, Moreno ha puesto en evidencia a sus propios compañeros de partido, ha desmontado la ilusión del milagro económico y ha desnudado la pésima calidad del gasto público durante el que podría llamarse segundo boom petrolero. Al hacerlo quiebra las bases sobre las que se asienta el proyecto político del socialismo del siglo XXI en Ecuador.

Con ese antecedente, la oposición más ciega a Moreno ahora sale de su propio partido, que aspiró a mantener el modelo, ocultar las verdaderas cifras económicas, mantener en la impunidad la corrupción institucionalizada y contar con un presidente al cual se lo controlara desde la oficina del partido. Moreno debe lidiar con sus propios compañeros y con su antecesor, que se han declarado en oposición pero aún controlan la institucionalidad que construyeron durante una década y que usaron, sin pudor alguno, para satisfacer intereses individuales o corporativos.

Con una alta popularidad pero acorralado por el poder que aún mantiene su antecesor en órganos de control, órganos de justicia, bloque legislativo y Corte Constitucional, la lucha por conquistar finalmente el poder requiere de una acción contundente y definitiva. Cada vez más sectores coinciden en que la vía para salir de este enredo es el llamado a una consulta popular, mecanismo de democracia directa que permitiría equilibrar el poder, reformar las instituciones de control, modificar su forma de elección, entre otros temas recurrentes en el debate.

El tema más mencionado para esa consulta es la reelección indefinida del presidente y la reforma del Consejo de Participación Ciudadana, instancia que ha fracasado y que es la encargada de seleccionar a los órganos de control. Al eliminarla se sacaría de modo definitivo a Rafael Correa como opción de futuro y se pondría en aprietos a la facción más radical del correísmo, al tiempo que se alentarían las expectativas de los políticos para promover una opción real de poder en el 2021.

El llamado a consulta es visto por la oposición como el mecanismo para desmontar la estructura de poder del correísmo, democratizar la sociedad y equilibrar el desbalance de poderes. Para los correístas, en cambio, es una amenaza y han advertido que promoverán una asamblea constituyente, con Rafael Correa como candidato. Finalmente, para Moreno es un mecanismo idóneo para legitimarse sin depender de su partido, evitar el bloqueo de sus propios compañeros y enviar un mensaje claro a aquellos que siempre se mueven buscando que la sombra del poder los cobije.

La popularidad, al igual que el dinero, solo sirve si se usa, si se gasta; el dinero para adquirir bienes y la popularidad para gestar proyectos, hacer transformaciones. La alta popularidad del presidente Moreno puede ser el factor más importante para el éxito de una consulta que, aún sin temas definidos, ya logra el apoyo de amplios sectores, pero que deberá superar aún la reacción de Correa y sus leales. Si el presidente Moreno no aprovecha el momento para hacerlo rápido, corre el riesgo de dejar pasar la oportunidad, pues la crítica situación de la economía pronto le obligará a tomar medidas aplazadas que pueden minar su popularidad y, como están las cosas, perder la posibilidad de hacer una transformación histórica.

Una cosa es ganar las elecciones, y otra, ganar el poder. Esa parece ser la situación que mejor describe lo que sucede en la política ecuatoriana. Lenin Moreno ganó una apretada elección, señalada como fraudulenta, que dividió al país en dos mitades enfrentadas entre sí, y ahora busca alcanzar el poder. Si lo logra, recién empezará a ser evaluado por que lo haga y no por lo que diga.

Diego Carrasco | @diegocarrasco6
Abogado. Analista político. Asesor parlamentario y de campañas electorales

Después de haber participado como observadora electoral en las elecciones que adelantaron los jóvenes del Partido Nacional del Uruguay el pasado sábado 2 de septiembre, son varias las conclusiones a las que he llegado y que quizás compartan algunos de los compañeros que estuvieron conmigo en esta ocasión.

Casi 70.000 jóvenes votaron en las elecciones. Sin duda, una cifra que asombra y motiva, más aún cuando estamos hablando de un partido que tiene 181 años de historia y que, al igual que otros partidos en la región, como el mío —Partido Conservador Colombiano—, pareciera a simple vista que no atrae a la juventud fácilmente. Sin embargo, todo empieza a tener sentido cuando entablas una conversación con cualquier joven blanco. Son jóvenes que conocen la historia de su colectividad, que saben de dónde viene, cómo nació, cuáles han sido sus líderes, sus banderas, sus costumbres, qué significa el Partido Nacional para la historia uruguaya y qué significa ser blanco en ese país.

Aquí es donde puedo deducir que la lección que nos dejan nuestros queridos amigos que orgullosamente conforman la Juventud del Partido Nacional en Uruguay es que no solo necesitas capacitarte sobre cómo hacer política desde un partido, es sumamente necesario apasionarse como militante y escarbar en la historia más profunda del partido político que representas. Sólo eso y a través de eso va a ser posible y mucho más fácil llegar a la mente, el corazón y, en consecuencia al voto de cientos de jóvenes.

Ocurre en varios países de nuestra región que los jóvenes inician su carrera como militantes porque alguien les prometió un trabajo, porque quieren sacar adelante un candidato o, simplemente, porque su padrino político es de esa colectividad, y esto hace que los partidos políticos pierdan fuerza, porque sus bases no conocen la ideología. No puedo afirmar que esto es siempre así, estaría mintiendo, hay muchos otros jóvenes que saben que a través de un partido político pueden contribuir con la democracia y porque la doctrina de ese partido es lo que representa sus necesidades y los motiva a militar. Sin embargo, no podemos negar que en muchos países la realidad es otra y quienes creemos en un partido de verdad, luchamos para incentivar una militancia de verdad en nuestras colectividades.

El ejemplo que nos dan los jóvenes blancos tiene una magnitud importantísima. Nos demostraron que con política, la política de verdad, puedes llegar a tocar la puerta de 68.197 jóvenes para que voten, es decir, que 68.197 jóvenes están creyendo en tu partido, en el voto y en la política. Aquí quiero resaltar las palabras del presidente de la Juventud del Partido Nacional, quien en una de sus últimas entrevistas en medios, dijo: «[…] probablemente muchos (jóvenes) terminen votando con el Partido Nacional, capaz que muchos no. Pero lo importante es que hay jóvenes de 14 a 29 años que se acercaron a una urna y realmente entendieron o por lo menos comprendieron que a través de la democracia se pueden cambiar cosas».

A pesar de no tener la mínima duda de que el trabajo que llevó a cabo la Juventud en los últimos meses de cara a las elecciones fue arduo y agotador, puedo decir sin temor a equivocarme que este trabajo se hizo mucho más fácil porque están trabajando con una juventud que comparte en gran parte la misma pasión partidaria. Me quedo con una lección enorme, con muchas herramientas para fortalecer la juventud de mi Partido Conservador y además me quedo con este lema, que no solo es el lema que está en el escudo del Partido Nacional del Uruguay, sino que sin lugar a dudas es el lema que todo blanco lleva consigo: «Somos idea. La UNIÓN nos hará fuerza».

Alejandra Hormaza | @ahormaza_
Colombiana. Comunicadora social y periodista. Magister en Relaciones Internacionales. Vicepresidenta de la Red Humanista por Latinoamérica

El 1 de octubre está programada la celebración de un nuevo referéndum de independencia en Cataluña. La ilegitimidad del proceso y la batalla jugada en el campo de la opinión pública han puesto la consulta secesionista en el ojo del huracán.

Como ya viene siendo habitual en los últimos años, hoy en España el foco de todas las miradas está puesto sobre Cataluña. La supuesta celebración de un referéndum de autodeterminación, que ha sido condenado por el Gobierno, tiene al país divido no solo en dos, sino en muchas partes. La Generalitat de Cataluña convocó este referéndum apoyándose en una ley que fue suspendida por el Tribunal Constitucional al día siguiente de su aprobación el pasado 6 de septiembre. La pregunta del referéndum es muy sencilla: ¿quieres o no una Cataluña independiente? Sin embargo, la complejidad del proceso ha dividido la opinión pública española en varios frentes.

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy expresó que utilizaría todos los recursos a su alcance para evitar el referéndum: «No subestimen la fuerza de la democracia española», anunció. Sin embargo, parece que las «amenazas» lanzadas desde la Moncloa no asustan demasiado en Cataluña, ya que todo apunta a que la consulta separatista del 1-O seguirá adelante bajo la esfera de la ilegalidad. El Ejecutivo observa como última medida de urgencia la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que establece que si una comunidad autónoma no cumpliese con sus obligaciones o atentase contra el interés del país, el Gobierno podría obligarla al cumplimiento forzoso de la ley. Por tanto, la única manera legítima de realizar un referéndum de independencia en Cataluña sería a través de una reforma constitucional, un proceso mucho más complejo, que tomaría más tiempo y que no convence a los defensores de la secesión.

Por su parte, la comunidad internacional también se ha pronunciado sobre la cuestión catalana. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció que una Cataluña independiente saldría inmediatamente de la UE. Sin embargo, también expresó que ante la victoria del sí en una consulta realizada de manera legal se respetaría la decisión de independencia. El referéndum catalán tampoco fue reconocido por las Naciones Unidas, que se negó a darle aval internacional. Hay que tener en cuenta que una supuesta Cataluña independiente se pondría a la cola de Europa y tendría que apelar a un largo proceso para acceder a la ONU. Así, el nuevo territorio independiente quedaría durante sus primeros años como nación fuera de estas dos organizaciones y debería buscar hacerse presente en la esfera internacional por otros medios.

En América Latina, la noticia del referéndum también ha hecho eco y muchos dirigentes han manifestado su opinión acerca del tema. En Venezuela, Maduro calificó a Rajoy como «dictador» por su actitud ante la cuestión catalana y expresó su apoyo a la causa secesionista. Mientras tanto, Juan Manuel Santos manifestó su apoyo a la unidad y declaró que «si España se debilita, nos debilitamos todos». Otros países aún no han mostrado una postura clara o han expresado no querer inmiscuirse en temas internos, pero todo apunta a que la región estaría en los primeros temas de agenda de una nueva Cataluña independiente, por sus lazos históricos y por la cantidad de latinoamericanos que residen en su territorio. Lo que queda claro es que más allá de suelo ibérico también se está jugando una batalla en la esfera pública internacional y quien la gane se llevará un triunfo muy importante.

Las encuestas están también muy divididas. Algunas estimaciones señalan que un 56 % de catalanes consideran que el referéndum no puede ser válido ni legal. Otras recogen que un 60 % quieren participar de la consulta del 1-O. En este clima de manipulación de la información al gusto del consumidor, nada parece cierto del todo. Además, para sumarle hierro al asunto, también hay que tener en cuenta que muchos catalanes no independentistas no acudirán a las urnas porque consideran el referéndum como un mecanismo ilegítimo, por lo que contabilizar la verdadera opinión de la población es muy difícil.

Si los catalanes tienen derecho a un referéndum para decidir su futuro, este debería ser un proceso legítimo que incluyera a todos los partidos políticos, y no uno castigado por la justicia, en el que se tienen incluso que esconder las papeletas. El próximo 1 de octubre debería preguntarse a los catalanes: ¿a qué precio quieres la independencia?

Castellar Granados | @castegranados
Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación, Universidad Pontificia Comillas. Exbecaria de la oficina Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer  (2017)

El domingo 10 de septiembre, 19 de los 24 estados de Venezuela tuvieron elecciones primarias de oposición.

En estos momentos de decepción de la ciudadanía venezolana por la realización el 30 de julio del 2017 de una asamblea constituyente para cambiar las reglas del juego del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoca a destiempo a unas elecciones de gobernadores que debieron realizarse en el último semestre del 2016.

La convocatoria sorprendió a los actores políticos venezolanos y presentó una disyuntiva a la ciudadanía, que desconfía del ente electoral pero no deja de querer ser democrática y ejercer su derecho al voto para cambiar las realidades del país.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD), conglomerado de partidos políticos de centro, derecha y centroizquierda opositores al gobierno de Nicolás Maduro, decidió entonces hacer elecciones primarias para elegir a sus candidatos a las gobernaciones.

Las elecciones regionales del próximo 15 de octubre serán un respiro a la democracia. Ante la debacle de aprobación, el gobierno nacional optó por realizar solo una elección de gobernadores y no de asambleas de diputados regionales: las encuestas prevén una pérdida de los candidatos apoyados por el gobierno y la manera de mantener el control de los estados es mediante las asambleas legislativas que, en su mayoría, ya estaban controladas por diputados afectos al gobierno.

En las encuestas, hasta los escenarios de baja participación indican que las elecciones regionales serán una válvula de escape para la ciudadanía, que por su vocación democrática quiere expresarse en las urnas electorales. Todo hace prever que habrá un voto castigo a los candidatos del gobierno.

En las primarias resultó ganador el partido histórico Acción Democrática (AD), cuyas candidaturas serán las que pugnarán en doce de las elecciones regionales; seis candidaturas obtuvo el partido Primero Justicia, dos consiguió Voluntad Popular y las otras tres candidaturas fueron ganadas por un independiente, el partido La Causa R y Avanzada Popular.

Acción Democrática sufrió el desprestigio en los tiempos de campañas y de gobiernos de Hugo Chávez, que apostaron a la desaparición de este partido político. Sin embargo, AD se mantuvo a lo largo de los años y obtuvo incluso un gran número de diputados nacionales en las elecciones legislativas del 2015. En este momento de incertidumbre política no deja de sorprender este renacer de las cenizas y la consolidación como el partido que contenderá representando a la Mesa de Unidad Democrática en más de la mitad de las gobernaciones a disputarse.

Primero Justicia, que comenzó su vida política en los primeros años de los gobiernos chavistas, obtiene un segundo lugar en la oposición, tanto en diputados nacionales en las elecciones legislativas del 2015 como ahora en candidaturas a gobernación, algunas de estas emblemáticas, como la del estado occidental del Zulia y la que mantiene del estado metropolitano de Miranda donde fue gobernador durante ocho años el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski.

Los venezolanos tienen la esperanza de cambiar parte de las realidades del país expresando en las urnas su descontento con el gobierno dictatorial; las elecciones regionales darán un respiro ante las injusticias cometidas por el gobierno nacional, que quitó la posibilidad de realizar un referéndum que pudo haber revocado por primera vez a un presidente en ejercicio en Venezuela.

Carlos Sánchez Nieto | @csancheznieto
Arquitecto. Consultor en marketing y estrategia. Asilado político venezolano

En medio del debate de los efectos de la globalización, el populismo y la recesión de la democracia, un fenómeno político ocurre en Uruguay. Quienes propician el ejercicio democrático esta vez son los jóvenes del Partido Nacional, que en uno de los espacios políticos más antiguos de mundo, eligieron por tercera vez a los 300 congresales que votarán a las nuevas autoridades juveniles a nivel nacional y departamental.

Fue a partir de la invitación de la Fundación Konrad Adenauer que diez jóvenes líderes latinoamericanos tuvimos la oportunidad de ser parte de esta jornada democrática como observadores internacionales. Las experiencias de renovación de los partidos políticos, aunque diferentes, son cada vez más urgentes.

La lucha entre izquierdas y derechas quedaron en el siglo pasado para los ciudadanos. La innovación, la transparencia y los nuevos liderazgos son una exigencia cada vez más fuerte en todo el mundo, pero hacer un partido político más cool no es una tarea nada fácil. Desde la rigidez y la formalidad como institución hasta la resistencia interna del statu quo dificultan los cambios en los interlocutores de la sociedad.

En muchos espacios de la política latinoamericana los jóvenes son los que pegan afiches, tocan puertas y son retóricamente «el futuro del partido», y no mucho más que eso. Está de mano de los líderes juveniles dar las debidas luchas internas y ganar espacios. Un buen ejemplo de ello son los jóvenes del Partido Nacional, quienes ahora se integran en casi todos los espacios de poder partidista con su voz y voto, pero también ejerciendo como servidores públicos electos. Diputados, concejales y ediles ya electos han salido y forman parte de los Jóvenes blancos, como suelen llamarse. Son los jóvenes políticos el futuro presente del partido y el país. Por ello la importancia de las elecciones juveniles, espacio donde se cuentan, demuestran su capacidad organizativa, liderazgo y compromiso con el partido y con la democracia misma, que cada vez luce más enclenque ante un mundo que exige cambios más rápidos, más eficientes y nuevos actores que sean ejemplo de la nueva forma de hacer política.

En democracias estables, las elecciones de ningún tipo son un reto avasallante, pero en regímenes totalitarios como el venezolano todo pinta de otra forma. En medio de una crisis humanitaria, económica y social que tiene su génesis en una política de dominación y control, renovar o crear un partido es una titánica batalla; un ejemplo de ello es Venezuela, donde más de tres décadas de discursos contra los partidos políticos y casi veinte años de ataque a la disidencia la creación de un partido político emergente parecería una idea descabellada, pero nace Vente Venezuela.

A un paso de la clandestinidad están desde el 2014 todos los partidos políticos en Venezuela, más ahora cuando todo en el país está supeditado a una ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Es ahí donde la experiencia de quienes integramos Vente Venezuela se vuelve interesante. Somos un partido nacido en dictadura y quizás la voz más radical en la oposición, en muchas oportunidades disientes incluso hasta de la mayoría de partidos de oposición por la firmeza en las posturas, ya que nos diferenciamos desde las ideas fundamentales, el discurso, las posiciones hasta el accionar político en medio de la crisis, en la forma del sistema democrático —apostamos a la liberal—, en cómo manejar la economía —creemos en el libre mercado— y en cómo derrotar a la dictadura, aunque es en este particular donde todos estamos irrestrictamente de acuerdo.

En Vente no hay historias de larga data partidista como las hay en el Partido Nacional. Al estar en construcción, los cambios necesarios no toman muchísimo tiempo. Hace un año se elaboraron los estatutos de la organización, en los cuales se reúnen los valores y la estructura organizativa de nuestro partido, siempre con la visión de que en esas líneas se reúna nuestro pacto partidista de por vida pero con la visión de futuro.

Algo compartimos Vente y el Partido Nacional: nuestra juventud goza de autonomía y en cada espacio de toma de decisión hay un lugar para los jóvenes, con voz y voto. En lo interno siempre buscamos mayor participación y nuestra visión cada vez es más crítica y respetada. Pero en algo también hay diferencias: la elección y práctica política de jóvenes en Uruguay se dan en medio de la estabilidad democrática del país, y el accionar político de Vente Joven se ha desarrollado en una lucha contra un régimen violador de derechos humanos. Muchos de nuestros miembros han sido privados de libertad, heridos, perseguidos y torturados. Es en medio de protestas por la libertad que hemos crecido. En ambos partidos hay un valor superior que nos mueve: la libertad, razón de luchas —en distintas épocas— de líderes como Wilson Ferreira Aldunate y María Corina Machado.

La democracia es un atleta de alto rendimiento que sin ejercicio pierde sus capacidades, fortalezas y cuyos músculos pueden atrofiarse por el sedentarismo. El ejercicio que hicieron los más de 65.000 jóvenes del Partido Nacional es ejemplar para la juventud de todos los partidos políticos de América Latina. Ver a los adultos, incluso al presidente del Partido, trabajando en una mesa de votación por los jóvenes deja mucho que decir del futuro y responde a lo que la ciudadanía, cada vez más inconforme, precisa: espacios de participación inclusivos, renovados, formados y que den garantía de que el futuro es mejor, pues en el presente se está trabajando duro para ello, pues la gente aún tiene ganas de participar pero no si las ofertas son las mismas de siempre, hechas por los voceros de toda la vida.

El reto del Partido Nacional, de Vente Venezuela y de todos los espacios políticos latinoamericanos que aspiren a sobrevivir a la nueva era y llegar al poder no solo es coadyuvar a que los ciudadanos sean más libres, a tener gestiones más eficientes y partidos modernos, es también hacer política para los millennials, una generación más exigente, con mentes abiertas y que están a un clic de la historia.

Miguel Ángel Martínez | @MartinezMiguell
Abogado. Afiliado al Partido Vente Venezuela y miembro de la red #SomosLAKas

A dos semanas de las elecciones alemanas parece todo definido. La campaña da pistas sobre la Alemania que viene con el Parlamento federal más fragmentado de las últimas décadas.

La tercera reelección de la canciller alemana Angela Merkel es prácticamente un hecho. A todavía dos semanas del día de los comicios nadie cree sinceramente que su competidor, el socialdemócrata Martin Schulz, tenga chances de siquiera amenazar su triunfo. Luego de doce años en el poder Merkel parece desafiar las leyes de la política y en lugar de ver cómo su poder se erosiona por el paso del tiempo, su figura se ve ratificada por la mayoría de los alemanes. No hay clima de cambio ni pedido de renovación. Y esto tiene varias explicaciones, aunque una es fundamental: la falta de diferenciación y posicionamiento.

Se trata de darle continuidad al proyecto político actual y renovar la confianza. Aquí no hay mucho que descubrir. En efecto, el accionar gubernamental habla por sí mismo y el que opta por Merkel tiene claro lo que significa. La canciller no tiene que demostrar nada.

Por el contrario, el Partido Socialdemócrata (SPD) carece de esa claridad en su mensaje. Se ofrece como alternativa a un gobierno del que ha formado parte en ocho de los últimos doce. Tantos años de ser el socio minoritario de la gran coalición han hecho mella y el posicionamiento de los socialdemócratas respecto de los conservadores se ha vuelto difuso. Al menos en los ojos de los electores. Merkel ha ocupado el centro del espectro ideológico. Y esto significa, en términos prácticos, que le ha quitado al SPD una parte importante de su caudal electoral.

El problema de la falta de diferenciación se ha evidenciado en la campaña electoral del candidato socialdemócrata Martin Schulz. El expresidente del Parlamento Europeo ha intentado transmitir la idea de una Alemania que debe luchar por mayor equidad. Sin embargo, no ha sido capaz de explicar concretamente qué es lo que el SPD haría, que con la CDU no sería posible. En otras palabras, su campaña no ha sabido responder a la pregunta que todo partido debe contestar sin vacilar: ¿por qué votarlos?

La pelea por el tercer lugar

La inapelable hegemonía de Merkel sumada a la incapacidad del SPD de mostrarse como opción de poder real deja campo abierto al resto de los partidos políticos, los minoritarios, para intentar tomar el rol de contrapeso político de la gran coalición. Actualmente cuatro fuerzas políticas cuentan con chances serias de obtener escaños en el Parlamento Federal: los ultraderechistas de AfD, los liberales del FDP, los verdes (Bündnis 90/die Grünen) y la izquierda (die Linke). Pese a la paridad en términos de intención de voto —todos rondan los ocho puntos porcentuales—, cada uno de ellos pasa por momentos bastante diferentes.

Los irrupción de los ultraderechistas de AfD será la novedad de los comicios, ya que es bastante probable que dupliquen su caudal electoral (en 2013 obtuvieron 4,7 % de los votos). AfD no solo ha logrado presencia parlamentaria en trece de los dieciséis estados federales alemanes, sino que también ha sido capaz de dictar la agenda política alemana. Desde hace tiempo los ultraderechistas son los que determinan los temas relevantes sobre lo que discuten los partidos y los medios de comunicación: refugiados, inmigración, integración, Islam. Una cabal muestra de ello fue el debate televisivo del 3 de septiembre, en el cual casi dos tercios del tiempo se dedicó a estos temas. Casi no hay dudas de que la ultraderecha regresará al Bundestag luego de más de medio siglo. La pregunta sobre su futuro es si podrán resolver las peleas intestinas a tiempo.

Junto al debutante AfD habrá otra nueva presencia en el Parlamento Federal, el Partido Liberal. En realidad el FDP es un viejo conocido que en 2013 sufrió un revés histórico que lo dejó sin representación. Los liberales regresan con una renovada imagen construida a partir de una redefinición de sus públicos y sus mensajes. El FDP ha sido capaz de recuperar la reputación perdida al transformar su propio relato: de partido de las corporaciones a partido de los emprendedores. Este cambio les valió un fuerte repunte en intención de voto pero en especial los dejó muy cerca de su objetivo: lograr superar el piso obligatorio del 5 %.

El Partido Verde vive una realidad absolutamente opuesta al FDP. Los ecologistas pasan por una fuerte crisis de identidad que los ha dejado sin objetivos claros. El problema de los verdes es que muchos de sus dirigentes se niegan a reconocer que el votante verde se ha vuelto más conservador. Al menos de lo que ellos desearían. Muestra de ello es su éxito en la región de Baden-Württemberg, en donde gobiernan desde 2011 con altos niveles de popularidad. El secreto del gobernador verde, Winfried Kretschmann, se basa en su capacidad para reciclar un discurso conservador con algunas pinceladas verdes. Así fue capaz de atraer los votos de aquellos que buscaban una alternativa a la CDU pero que no estaban dispuestos a apoyar un proyecto revolucionario.

Si bien die Linke también se encuentra en una situación de enfrentamiento entre distintas facciones, es cierto que es un escenario conocido. Históricamente La Izquierda ha tenido que sobrellevar conflictos internos producto de distintas visiones sobre los lineamientos políticos. Pragmatismo versus intransigencia es el par de opuestos que grafica más claramente esta lucha. Sin embargo, sus dirigentes han resuelto la cuestión de manera inteligente: representación igualitaria de las facciones en las listas. Una estrategia que le impide definir un perfil y por consiguiente salir a buscar algún votante nuevo, pero que a la vez le otorga estabilidad y una base electoral para mantenerse en el Bundestag por cuatro años más.

Franco Delle Donne | @fdelledonne
Argentino residente en Alemania. Consultor en comunicación. Coautor del libro Factor AfD. El retorno de la ultraderecha a Alemania, creador del blog eleccionesenalemania.com. Colaborador en medios de Alemania e Iberoamérica

Con apoteosis se cumplió la tercera visita de un papa a Colombia.

Tres papas han visitado a Colombia: Pablo VI en 1968, Juan Pablo II en 1986 y ahora Francisco en septiembre de 2017. Los tiempos han cambiado pero el mensaje ha sido el mismo para un país rico, desigual, ensoñador y violento: paz y reconciliación.

Pablo VI llegó a Bogotá el 22 de agosto de 1968 con motivo del 39 Congreso Eucarístico Internacional, visita considerada histórica, ya que fue la primera de un papa a América Latina. En ese entonces, en medio del auge de la guerra de guerrillas en el continente y las tensiones de la guerra fría, su mensaje ante un público masivo fue de hacer prevalecer el legado de Cristo y el diálogo entre los distintos sectores de la Iglesia ante los desafíos de su tiempo.

La siguiente visita papal se concretó el 1 de julio de 1986, cuando Juan Pablo II arribó para una intensa gira de siete días bajo el lema «Mensajero de la Paz y del Evangelio». Colombia vivía momentos complicados, con unas guerrillas desatadas y una creciente respuesta paramilitar, en medio del auge del narcotráfico. Además, la erupción del volcán Nevado del Ruiz había cobrado la vida de cerca de 20.000 personas en Armero. El papa polaco, conocedor de la guerra y la pobreza, fue valiente, se reunió con todos los sectores políticos y exhortó a defender la vida en Colombia.

Y por último Francisco que, hablando el mismo idioma y como primer papa latinoamericano, arribó a una Colombia polarizada, que intenta detener un conflicto de más de medio siglo respecto a la guerrilla de las FARC pero proyectando un proceso de paz general a todo el país. El mensaje del papa, oficial y masivo en Bogotá, del lado de las víctimas en Villavicencio, argumentativo en Medellín y popular en Cartagena, fue un respaldo decisivo a la paz.

Si bien fue recibido por el presidente Juan Manuel Santos, premio nobel de la paz, no concentró su interés en la clase política ni en los opositores al proceso de paz, comandados por el exmandatario Álvaro Uribe, sino que con un lenguaje sencillo se dirigió a la gente del común. Su mensaje, claramente evangelizador pero político al fin y al cabo, puede resumirse en las siguientes frases.

Sobre Colombia

«Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras; la naturaleza pródiga no solo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad».

«Colombia es rica por la calidad humana de sus gentes, hombres y mujeres de espíritu acogedor y bondadoso; personas con tesón y valentía para sobreponerse a los obstáculos».

Apoyo a la paz

«La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos».

«Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo».

«No es la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley, la que es aprobada por todos, quien rige la convivencia pacífica».

Mensaje a la familia

«La familia, soñada por Dios como el fruto del amor de los esposos, lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros».

Solidaridad con los pobres

«Mírenlos a los ojos y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus manos suplicantes».

Llamado a los jóvenes

«¡No le teman al futuro! ¡Atrévanse a soñar a lo grande!».

«Mantengan viva la alegría… No se la dejen robar».

«Ayúdennos a nosotros, los mayores, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono».

«¡Cuánto los necesita Colombia para ponerse en los zapatos de aquellos que muchas generaciones anteriores no han podido o no han sabido hacerlo, o no atinaron con el modo adecuado para lograr comprender!».

«También vuestra juventud los hace capaces de algo muy difícil en la vida: perdonar».

Contra la corrupción

«Hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida: las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social; las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales, que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos».

Reconciliación y verdad

«Reconciliarse es abrir una puerta a todas y a cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto».

«La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón».

«Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos».

«Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos».

Mensaje a las víctimas y los vulnerables

«Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz».

«Ustedes llevan en su corazón y en su carne las huellas de la historia viva y reciente de su pueblo, marcada por eventos trágicos, pero también llena de gestos heroicos, de gran humanidad».

«Pienso en la prostitución que cada día cosecha víctimas inocentes, sobre todo entre los más jóvenes, robándoles el futuro; pienso en la abominable trata de seres humanos, en los delitos y abusos contra los menores».

Advertencia a la Iglesia

«La Iglesia es “zarandeada” por el Espíritu para que deje sus comodidades y apegos».

«El diablo entra por el bolsillo… No se puede servir a Dios y al dinero».

Despedida y anhelo

«Y quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso; este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz».

Francisco cautivó y fue escuchado. Ahora, si Colombia le hace caso al menos en un diez por ciento a sus palabras, la próxima vez que la visite un máximo jerarca de la Iglesia Católica el país sería otro.

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon_
Periodista y politólogo

Durante la visita del Papa Francisco a Colombia, no se dejó de escuchar la palabra jóvenes en ninguna de sus intervenciones. ¿Qué mensaje tiene esto para la juventud colombiana?

Colombia, por tradición y por cultura, es un país sumamente católico. Le hemos dado a la Iglesia un rol protagónico a lo largo de nuestra historia. Tenemos iglesias en cada rincón del país y hoy por hoy es un actor importante en el proceso de posconflicto que nos dejó el desarme de las FARC como guerrilla y la firma del Acuerdo de Paz.

Más allá del peso del catolicismo en el país y lo que significa para los colombianos que el papa nos visite, vale la pena resaltar una constante en todo esto: los jóvenes colombianos. Sin lugar a dudas, fuimos protagonistas en la visita de Francisco. Fue muy emotivo ver cómo cientos de jóvenes profesaban su religión y su admiración al papa. Inclusive jóvenes lejanos al catolicismo, algunos ateos y otros agnósticos, resaltaron al papa como persona y se contagiaron de la alegría que Francisco causó en los colombianos.

Y es que los discursos del papa en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena sobrepasaron la religión católica. En consecuencia, el público no se redujo a los creyentes sino que se amplió y una cantidad admirable de personas acamparon, trasnocharon, madrugaron y corrieron por verlo así fuera por solo unos segundos.

En Bogotá, los primeros en recibir al papa después de su primer recorrido, fueron niños y jóvenes que salieron de uno de los sectores más violentos de la ciudad, lugar que fue desmantelado en un enorme operativo liderado por la Fiscalía y el Gobierno hace relativamente poco tiempo. Se conoció como el «Bronx», donde impactaba saber que cientos de niños y jóvenes estaban expuestos a una vida totalmente lamentable: abusos sexuales, drogadicción, secuestros y demás condiciones que fácilmente pueden distanciar a un joven de cualquier religión. Pues fueron algunos de ellos quienes, con gran entusiasmo, recibieron al papa con cantos, regalos y detalles que definitivamente demostraron que el papa tiene un lugar muy importante entre los jóvenes. Igualmente en Medellín, Francisco visitó un hogar en donde niños y adolescentes encontraron refugio después de haber sido víctimas de abandono, violencia y maltrato; en esta ocasión, los jóvenes estaban tan emocionados con su visita que una de las pequeñas se le acercó al papa y ella misma le dio la bendición.

Este par de ejemplos, pocos ante la cantidad de los que ocurrieron estos últimos días en Colombia, dan paso a una reflexión y es que Colombia, su sociedad y sus jóvenes, sobre todo, están dispuestos en alma y corazón a vivir ese proceso de reconciliación que nos obliga el haber firmado un acuerdo de paz con las FARC, una guerrilla que ha sido responsable de las masacres y situaciones más fuertes y dolorosas de Colombia. Es muy fácil caer en el debate sobre si la paz debería llegar o no. El mensaje es clarísimo: los jóvenes la piden, la quieren, la anhelan.

Para concluir quiero resaltar el mensaje final del papa en Colombia. Afirmó que los colombianos «le hicimos mucho bien». Y yo diría que es totalmente lo contrario: él nos hizo un bien enorme a nosotros. Sin quererlo, repartió un mensaje de perdón y paz a un pueblo sediento de ello y que está a punto de iniciar el proceso de sanar las heridas que nos dejaron los más de cincuenta años de violencia.

Alejandra Hormaza | @ahormaza_
Colombiana. Comunicadora social y periodista. Magister en Relaciones Internacionales. Vicepresidenta de la Red Humanista por Latinoamérica

En momentos en que el vicepresidente electo por más del 50 % del electorado del Uruguay está por presentar renuncia formal a su cargo, debemos hacernos preguntas y saber decodificar si las respuestas a los problemas que se suscitaron son las correctas. De cada problema debemos aprender mucho, fundamentalmente para no volver a cometerlos.

Lo primero que debemos poner en el consciente es que un gobierno es una arquitectura y una ingeniería organizada para administrar el país, que deberá velar por los intereses generales y así poder resolver los problemas que se van presentando. Gobernar es también anticipar qué hacer para un mejor futuro de todos los habitantes de la patria. Esa arquitectura está en constante perfeccionamiento y adaptación a los tiempos que corren y también ello debemos tenerlo en cuenta. Finalmente debemos intentar poner la situación en su verdadera dimensión para no caer en falsos dramas.

La figura del vicepresidente en el Uruguay es relativamente nueva y de poco uso. Fue en la Constitución de 1934 que se creó y no se usó realmente por el voto directo de la gente hasta 1942. Desde 1952 y hasta 1967 y desde 1973 hasta 1985 no hubo vicepresidentes, en el primer caso porque gobernaba un colegiado, y en el segundo, por el hecho de que era una dictadura y esa figura fue dejada de lado. Fuera de esos largos períodos de inexistencia el Uruguay funcionó igual, y no solo eso, sino que fue una nación próspera.

Entonces, primer dato: el cargo de vicepresidente no fue y no es un engranaje imprescindible. En caso de ausencia del presidente, generalmente el presidente de la Asamblea General o el primer senador del partido del presidente se encargaba del gobierno.

Ahora, una vez creado el cargo de vicepresidente tenemos que saber que forma parte de una serie de símbolos y autoridades que la gente reconoce y es donde yacen la representatividad y el poder de un gobierno. A su vez, ellos son el ejemplo de la República y cada uno de sus actos, por ser personas públicas sujetas al escrutinio diario, requieren de un actuar modelo. Aquí es donde creemos que el caso particular de Raúl Sendic ha fallado y es la parte que la gente reclama. No por el tamaño del problema que lo acució últimamente, sino porque perdió credibilidad primero, por un título inexistente, y segundo, por la negación del mal uso de una tarjeta corporativa oficial para usos no previstos en su reglamentación.

Aunque estos dos temas son los que más llamaron la atención de la opinión pública, el problema de fondo con el vicepresidente se arrastra de una mala gestión en Ancap plagada de irregularidades y potencialmente también de actos de corrupción que están en manos de la justicia luego de una investigación propiciada por todos los partidos de la oposición. El cúmulo de problemas personales y de su gestión quitaron legitimidad ante la oposición, primero, la opinión pública luego y, finalmente, sus propios correligionarios frenteamplistas.

El propio Frente Amplio ha manejado el caso de Raúl Sendic de la manera más pública y mediática de todos. Tal vez la caída en las encuestas y las constantes quejas de militantes históricos de la coalición gobernante quitaron la veda de crítica y señalamiento a compañeros. Sí debemos reconocer que el final, con su anuncio de renuncia, no fue la mejor señal por la falta de responsabilidad e institucionalidad que esta presentó; al menos terminará con una constante presencia en los medios seguramente esta semana misma.

Lo correcto hubiese sido que Sendic renunciara ante la Asamblea General o el cuerpo del Senado y en conferencia de prensa asumiera cuáles responsabilidades le correspondían a él, cuáles a otros, cuáles a su propio partido y cuáles al propio funcionamiento del Estado; y así, entre todos, pudiéramos corregir lo que funcionó mal y salir frente a la gente preocupados por la administración de los recursos que nos proveen con sus impuestos y demostrar que seguimos teniendo un sistema político sólido y maduro, capaz de afrontar sus problemas de una manera correcta.

Los problemas son oportunidades y cuando a los políticos la opinión pública nos permite su atención debemos tener la capacidad de dar los mensajes explícitos e implícitos correctos, porque de nosotros depende la credibilidad y la confianza en que radica nuestra autoridad y representatividad.

Una vez más creo que perdimos una oportunidad, pero no es momento de pasar facturas de unos partidos a otros, ni tampoco de esconder las cabezas debajo de la tierra. Es momento de dar la cara y decir con voz clara que la democracia y sus instituciones están sanas y sólidas, y que el Uruguay sigue siendo un faro donde muchos países posan sus miradas para tener una referencia.

El Uruguay fue, es y será un gran país también por cómo reacciona a las adversidades. Déjenme hacer una alusión a mi querido Partido Nacional, «defensor de las leyes», al cual siempre encontrarán en los momentos difíciles porque es el partido que los uruguayos buscan para que ponga a sus mejores hombres y mujeres, ideas y sueños. En este nuevo capítulo, una vez más tienen al Partido Nacional y a mí en particular con la mano tendida para consolidar y fortalecer al Uruguay y sus instituciones.

Verónica Alonso | @Veronica_Alonso
Uruguaya. Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad ORT) y magíster en Integración y Comercio Internacional (Universidad de Montevideo). Senadora por el Partido Nacional

La noticia de la renuncia a su cargo del vicepresidente de la República Raúl Sendic, luego de un largo proceso de pérdida de credibilidad ante la opinión pública, la oposición y su propio partido, constituye un hecho excepcionalmente grave para el Uruguay.

Constituye una crisis política, qué duda cabe, con sus naturales consecuencias e incertidumbres, pero al mismo tiempo debe señalarse que no es una crisis institucional; por el contrario, la democracia uruguaya da señales de que goza de buena salud.

La figura de Raúl Sendic tuvo una caída casi tan fulgurante como su ascenso a los primeros planos de la política nacional. Gracias a su exposición como presidente de ANCAP y como ministro de Industria, Energía y Minería y una costosa y exuberante campaña en las internas de 2014, logró que su sector político estuviera entre los más votados de Frente Amplio. Gracias a ello, y a la bendición de Tabaré Vázquez y José Mujica, fue el candidato a vicepresidente del oficialismo, que fue reelecto en las últimas elecciones nacionales.

Ese fue el cenit de su carrera, porque casi desde el comienzo de la actual administración su popularidad se evaporó a la velocidad de la luz. Las noticias se sucedieron en una serie que no supo de pausas: la comisión investigadora del Parlamento sobre la situación de ANCAP, la recapitalización que debió recibir la empresa porque había quedado fundida, la mentira respecto a su título universitario, el mal uso que hizo de la tarjeta corporativa del ente y los viáticos que recibió se conjugaron con su incapacidad para explicar la situación, hundiéndose cada vez más a medida que intentaba justificarse.

Finalmente, este último fin de semana los hechos se precipitaron. Ante la divulgación de una dura condena que emitiría el plenario del Frente Amplio decidió adelantarse y, en la misma mañana del sábado, presentar finalmente la renuncia. Ya sin apoyos y con un deterioro que no tenía forma de revertirse se llegó al desenlace inevitable de una situación que se le fue yendo de las manos al propio vicepresidente y al partido de gobierno.

Desde el punto de vista político constituye una crisis. Es la primera vez en la historia que renuncia un vicepresidente de la República, lo que habla por sí mismo. El partido de gobierno es el que sufre esta crisis, no solo Sendic, lo que se evidencia en la parálisis que arrastra desde hace tiempo, en la incapacidad que mostró para atajar esta situación y en la caída pronunciada que evidencian las encuestas.

Por otro lado, debe señalarse claramente que no existe una crisis institucional. Lo que sigue a la renuncia del vicepresidente es lo que establece la Constitución y no existen dudas de que asumirá el cargo quien corresponde, que es la actual senadora Lucía Topolanski. También debe destacarse que los partidos de oposición, en especial, los partidos Nacional, Colorado e Independiente han actuado con responsabilidad institucional, como era de esperarse.

Queda por dilucidar cómo reaccionará el partido de gobierno, qué sanciones finalmente se aplicarán al vicepresidente (lo que quedó pendiente en medio de la incertidumbre del plenario del sábado), si recobrará la iniciativa que había perdido, si logrará mantener el apoyo parlamentario del sector de Sendic y se revertirá la situación de declive que ha mostrado en la opinión pública. Todos estos temas son muy relevantes pero, afortunadamente, están lejos de configurar una crisis institucional.

Hernán Bonilla | @Hernan_Bonilla
Economista. Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Académico de número de la Academia Nacional de Economía. Profesor de Economía y Sociedad Uruguaya de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT. Columnista del diario El País de Montevideo.

¿La histórica dimisión del vicepresidente Raúl Sendic puede dañar la imagen internacional del Uruguay?

El 9 de septiembre de 2017 marcó la historia del Uruguay por ser el día en que, por primera vez, un vicepresidente renunció a su cargo. La situación financiera deficitaria de ANCAP, empresa estatal y monopólica uruguaya de los combustibles, el alcohol y el portland durante sus gestiones entre 2005 y 2013, el título universitario sobre genética humana realizado en Cuba que siempre dijo tener pero nunca pudo probar y las compras realizadas con tarjetas de crédito corporativas que salieron a la luz en los últimos meses e indignaron a más de uno, llevaron a que Raúl Sendic presentara su renuncia de forma «indeclinable» al plenario del Frente Amplio.

La forma en que se llevó a cabo la renuncia despertó enseguida las primeras críticas, al realizarse frente a su partido y no ante la Asamblea General, institución que preside como vicepresidente de la República.

Según la Constitución de la República Oriental del Uruguay, la persona encargada de asumir su cargo será el senador más votado de la lista más votada. En las pasadas elecciones de 2014 la lista con mayor apoyo fue el Movimiento de Participación Popular (MPP) del expresidente José Mujica, con aproximadamente 170.000 votos. Por este motivo, la senadora Lucía Topolansky asumirá el cargo que deja Sendic. Como vemos, la institucionalidad y el apego a los procedimientos constitucionales parecen estar garantizados, por lo que hablar de crisis institucional sería errado.

Ahora bien, ¿solo el oficialismo debería estar preocupado ante esta situación? ¿Debe reducirse el análisis simplemente al costo político que tendrá esta crisis para el partido de gobierno en las elecciones de 2019? Claro que no.

Como era de esperar, la renuncia de Sendic comenzó a recorrer el mundo de forma inmediata: «Vicepresidente uruguayo renuncia acusado de mal uso de fondos públicos», tituló la Agencia Reuters. «Renuncia el vicepresidente de Uruguay en medio de un escándalo de corrupción», tituló por su parte Clarín, mientras que El País de Madrid publicó: «Dimite el vicepresidente de Uruguay tras un intenso proceso de descrédito».

Por su parte, algunos dirigentes del oficialismo, entre ellos el expresidente José Mujica, salieron inmediatamente a relativizar los casos que llevaron a la renuncia del vicepresidente, tratándolos de insignificantes al compararlos con aquellos existentes en Argentina y Brasil.

Ante estas reacciones corresponde recordar que siempre el país ha gozado de una gran reputación internacional en cuanto a transparencia y corrupción. Según el índice de percepción de la corrupción 2016, desarrollado por la ONG Transparencia Internacional, que mide la percepción que tienen los empresarios y analistas sobre la corrupción en el sector público, Uruguay se encuentra en el puesto 21.° de un total de 176 países. Este índice ubica a nuestro país como aquel con la menor percepción de corrupción de América Latina, por encima de Chile y Costa Rica, y fuera de América, delante de países como Francia e Israel.

En momentos en que Uruguay es uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por segunda vez en su historia, el presidente Tabaré Vázquez ya anunció que no asistirá a una reunión de alto nivel para la prevención de abuso y explotación sexual en Nueva York junto al secretario general de la ONU, y que en su lugar asistirá el canciller Nin Novoa. Cabe destacar que dicha temática había sido impulsada por el propio Uruguay mientras ocupaba la presidencia del Consejo de Seguridad en el mes de mayo.

A su vez, la renuncia se da en momentos en que se negocia la inversión de una tercera pastera finlandesa por USD 6000 millones, algo que, teniendo en cuenta el tamaño de nuestro país, podría afectar la economía de forma significativa.

El sistema político, como un todo, tiene que trabajar para mantener el prestigio internacional que el país históricamente tuvo. Por esto, debe mirar con preocupación y especial atención las repercusiones internacionales y las consecuencias que podría tener este hecho para la imagen del país.

Si Uruguay quiere seguir siendo un país respetado internacionalmente y atractivo para las inversiones, deberá dejar de compararse con lo peor de América Latina y hacerlo, simplemente, consigo mismo.

Leonardo Fernández | @Herr_Fernandez
Licenciado en Estudios Internacionales. Coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo.

La introducción de los aviones pilotados remotamente ha generado nuevas dinámicas en beneficio de sectores fundamentales como el agrícola, el forestal y el energético. Hoy la Asociación Uruguaya de Drones trabaja por un proyecto de ley para que el uso de estos equipos sea más seguro y responsable. ¿Llegaron para quedarse?

La implementación tecnológica del uso de drones en Uruguay comenzó entre el año 2003 y 2004 en el área agrícola y de forestación. Por otro lado, de acuerdo con el presidente de la Asociación Uruguaya de Drones (AUD) Miguel Remuñán, a partir de los años 2012 y 2013 se volvió común ver drones más pequeños utilizados normalmente para trabajos audiovisuales.

Los drones tienen infinidad de usos en distintas áreas, no solo en la audiovisual. También se utilizan para trabajar en el sector industrial o agropecuario, sin olvidar a quienes vuelan drones por simple afición.

En el plano industrial, estos equipos se usan hoy en día para trabajar en lo que se conoce como scouting o análisis industrial: analizan las líneas de alta tensión que salen de las represas y transportan la electricidad. Con una cámara termográfica [1] en un avión pilotado remotamente (RPA, por sus siglas en inglés), a 100 metros de distancia y con el lente correcto, se puede controlar tanto la temperatura, por si existen fugas de calor en determinado aislador de la línea, como también detectar fugas de electromagnetismo. Además, se puede controlar el comportamiento de las torres para evitar que los trabajadores corran peligro.

Otro de los usos de esta tecnología a nivel industrial es el monitoreo de paneles solares. Remuñán explicó que a 100 metros de altura el equipo captura fotos de los paneles con la cámara termográfica y así se puede detectar qué celda está fallando en cada panel, debido a que esta levanta más temperatura que el resto de las celdas. Al saber qué celdas fallan, el personal cambia el panel entero, por lo que el funcionamiento alcanza una mejor calidad en la generación de energía.

Pero… ¿sólo para trabajar? ¿Qué pasa con el uso particular?

Según la AUD la gran mayoría de los drones en Uruguay se utilizan con fines recreativos y, «por cada uno que trabaja, hay cinco personas que los vuelan por hobby», dice Remuñán. En el área agrícola «hay, en promedio, un 35 % más de rendimiento por cosecha cuando se utilizan drones para agricultura de precisión y se hace un seguimiento y un histórico de lo que ha sido la plantación».

Con cámaras multiespectrales, infrarrojas y termográficas se puede medir el índice verde de las plantas. Este indicador muestra la refracción de luz infrarroja que provoca la clorofila de las plantas. Remuñán explicó que «el espectro que más refleja la clorofila en las plantas es el infrarrojo cercano, que el humano no llega a ver. […] si hay problemas de hongos, de lagartas o cualquier otro bicho que ataca a las plantas, se puede anticipar mucho antes a través del espectro infrarrojo del drone».

¿Y la reglamentación? ¿Hay normas?

Para volar este tipo de aeronave existe un reglamentación que debe cumplirse. La AUD señala que, a la hora de utilizar esta tecnología, ya sea por entretenimiento o por trabajo, lo más importante es el respeto a los demás: «el drone es una herramienta, se puede usar como uno quiera pero se debe tener en cuenta el cómo usar la información obtenida con ella».

Al ser un instrumento para capturar fotografías se debe considerar que usar ese material para beneficio personal sin consentimiento de la otra parte es considerado delito y está penado por la Ley de Protección de Datos Personales (ley 18331).

Remuñán detalló que la AUD transmite a sus socios tres aspectos básicos a tener en cuenta antes de volar un drone. En primer lugar, la seguridad ajena, sobre todo si se vuela sobre zonas urbanas o una aglomeración de personas, porque puede ser peligroso y se debe tener cuidado de no lastimar a nadie. En segundo lugar, la seguridad del operador y sus acompañantes. Y en tercer lugar, la seguridad del equipo.

La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) emitió una resolución en 2014 para regular el uso de esta tecnología y elaboró un reglamento para los usuarios de los RPA. Desde entonces, la AUD ha estado trabajando para que en el año 2018 esta reglamentación tome carácter de ley nacional.

El reglamento establece que los usuarios se encuentran en dos grandes categorías: por un lado, los usuarios de drones para recreación o deporte y, por otro, las empresas que trabajan y persiguen alguna clase de lucro.

Los aficionados que tienen un drone, siempre y cuando sea un equipo pequeño, no necesitan ningún permiso, carnet de piloto o póliza de seguro por la operación de los equipos de su propiedad, pero tienen prohibido volar por encima de los 120 metros, volar durante la noche, sobre multitudes, o sobre áreas pobladas y concentraciones urbanas. En el caso de las empresas, deben registrar los equipos y también la empresa ante la ADU y la Dinacia. Además es obligatorio tener un seguro contra terceros y un carné de piloto. Si se cumplen estos requisitos, se puede volar donde sea. De todas formas, se tendrá que pedir permiso a Dinacia en caso de tener que volar por encima de los 120 metros.

En Uruguay, la utilización de drones vino para quedarse. El uso de forma responsable y segura de estos equipos para particulares y empresas añade a la economía un componente tecnológico atractivo que está generando resultados positivos.

[1] Variedad de cámara infrarroja.

Lucía Verdier | @Lu_v89
Uruguaya. Estudiante del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística (IPEP)

Desde 1948 Costa Rica no posee instituciones castrenses. ¿Influye esto en la dinámica social de una de las democracias más sólidas de nuestro continente? ¿Cómo se refleja este hecho en la vida cotidiana?

Cuando abordamos esta particularidad de Costa Rica surge la pregunta: si no tienen ejército, ¿qué tienen? La respuesta es hermosa: ¡tienen más educación! El presupuesto de las fuerzas armadas fue destinado fundamentalmente a la formación académica; el resultado es una fuerza laboral competitiva, cuna de célebres profesores, defensores de los derechos humanos y hasta un premio nobel de la paz. Costa Rica exporta conocimiento y acoge en su territorio importantes instituciones garantes de la dignidad humana, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, la ONU ha dado sede a su brazo académico en este país, al fundar allí la Universidad para la Paz en El Rodeo, Ciudad Colón. [1]

El sistema educativo posee una cobertura total. Si bien existen diferencias en cuanto a la calidad entre la educación pública y la privada, aun en los lugares más remotos del país hay escuelas con instalaciones sólidas y bien cuidadas. La Universidad de Costa Rica, una de las cinco universidades públicas del país, se encuentra entre las veinte mejores del continente. También la escuela de negocios número uno de la región, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, tiene su sede aquí.

Luego viene otra pregunta: ¿por qué no tienen ejército? Sencillamente así lo decidieron, no se trata de una sanción internacional. Si bien hay una versión extraoficial acerca de que la medida fue tomada para evitar un posible golpe de Estado, más allá de las razones la decisión fue tomada y es motivo de orgullo para los costarricenses.

Otra interrogante recurrente es ¿qué harán si son invadidos? La respuesta de los ticos [2] se basa en una fuerza mucho más efectiva que la defensa armada: la confianza: «Seguro alguien nos va defender», «La comunidad internacional es nuestra garantía», y mi favorita: «No sé qué haremos, pero sí sabemos que a la guerra no iremos, ¿¡a quién se le ocurre eso!?».

Mientras otros países de la región se enfocan en una absurda carrera armamentista, Costa Rica pone sus esfuerzos en la capacidad de negociación. Tienen un gran manejo de la agenda internacional y lideran en temas como el cambio climático y la erradicación de armas nucleares.

Mirando en un plano más cotidiano, debo señalar que los costarricenses en general no exteriorizan admiración ni respeto hacia las autoridades, y no es que sean inexpresivos ni mucho menos irreverentes; es que para ellos el concepto de igualdad es claro: usted puede ser un simple obrero o presidente de la República, el respeto que merece es el mismo. El costarricense en general no le teme al uniforme y la policía no genera miedo.

Los desfiles patrios son muy particulares: nada de marchas demasiado estructuradas ni pasos robóticos, solo niños bailando, en grupo, pero cada uno a su propio ritmo, al son de instrumentos musicales, exhibiendo faroles y trajes típicos.

El Museo Nacional de Costa Rica tiene su sede en el antiguo Cuartel Bellavista. Este es por excelencia el sitio donde se pueden ver los vestigios de la institución militar; de hecho, en las paredes exteriores aún permanecen las marcas ocasionadas por los disparos de la última revolución. ¡Vaya sorpresa que me llevé cuando visité este lugar —esperando ver rifles y cañones— y en el vestíbulo me encontré un hermoso mariposario! Esa «bienvenida» a la historia a través de la naturaleza es la expresión del presente calmo, acogedor y armonioso del país.

Es oportuno aclarar que tengo un particular respeto y admiración hacia las instituciones castrenses en general; sin extenderme en los motivos, solo mencionaré uno: la capacidad de respuesta y organización ante situaciones de emergencia. Así que cuando anunciaron que el huracán Otto [3] tocaría suelo costarricense lo vi como una prueba de fuego para el Estado, ya que en países como el mío esta alarma hubiese dado un papel relevante a las fuerzas armadas. No soy experta en manejo de catástrofes, por tanto no puedo hacer una evaluación técnica y solo puedo dar testimonio de lo que vi: un país unido y solidario que tomó precauciones, actuó con un gran espíritu de equipo y salió adelante.

Dicen que el verdadero ejército de Costa Rica son sus maestros, sus obreros y su juventud. Otros dicen que sus tropas radican en el 5 % de toda la biodiversidad del mundo que anidan en sus 51.100 km2. Y es que en medio de tanta violencia hacia el medioambiente, Costa Rica es el único país latinoamericano en el top 10 de los países más verdes del mundo, [4] con una naturaleza tan cercana como darse un viajecito de hora y media desde la capital San José hasta el Pacífico para ver papagayos volando libremente, monos, delfines y uno que otro perezoso colgado de una rama con el más genuino espíritu pura vida. [5]

Particularmente creo que la verdadera defensa de Costa Rica radica en su cultura de paz que, si bien tiene todos los matices pintorescos de una sociedad latina, se expresa en el respeto hacia los demás, hacia sí mismos y hacia la naturaleza. Claro que hay problemas, crisis y desafíos. Costa Rica no se trata de un paraíso impoluto pero sí de una paz activa, viva, palpable, que se construye a diario, que si no se cuida se degrada y que si no se valora, se olvida. Por eso me atreví a escribir estas líneas, en agradecimiento a un país que ha sido sumamente generoso conmigo y con cientos de extranjeros, como un humilde ejercicio de reflexión sobre lo que han ganado con más valores humanos y menos armas.

[1] University For Peace, creada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980.

[2] Gentilicio coloquial utilizado para designar a los costarricenses.

[3] Huracán de categoría 3 que afectó fundamentalmente a Nicaragua y Costa Rica en noviembre de 2016.

[4] Según la Dirección de Cambio Climático de Costa Rica, @dccCostaRica

[5] Expresión utilizada con mucha frecuencia por los costarricenses. Realmente no es tan fácil explicar el significado, que puede ser ‘hola’, ‘adiós’, ‘todo bien’, ‘disfrutar el momento’, entre otros.

Christa Rivas | @RivasChrista
Paraguaya. Máster en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo. Miembro de la Red Humanista por Latinoamérica

Este 2 de septiembre se realizon las terceras elecciones de la Juventud del Partido Nacional de Uruguay, y para nuestra colectividad política es una de sus actividades principales. ¿Por qué el lector debería seguir leyendo algo de un pequeño país del sur, de un partido de oposición —el principal— que realiza elecciones de jóvenes? ¿Qué es lo que le puede llamar la atención a los países hermanos de la región, y aquellos del mundo en general? ¿Y a un uruguayo?

Uruguay tiene uno de los sistemas de partidos políticos más estables y duraderos del mundo. Además, los uruguayos tenemos la arrogancia de admitir que somos tres millones y medio de directores técnicos y de políticos. Es una sociedad con un alto grado de politización. Entre sus actores principales tiene al Partido Nacional, con 181 años de vida. De victorias y derrotas, de espacios ganados y perdidos, y con la juventud política más grande del país y, probablemente, una de las más grandes del mundo. En jóvenes militantes per cápita, lo afirmo sin dudarlo.

En el año 2007 se realizaron las primeras elecciones, en las que participaron más de 52.000 votantes, que se dirigieron a los locales de votación con su documento de identidad, cumpliendo el requisito de tener entre 14 y 29 años de edad. Cada joven votó por una lista (boleta electoral) con nombres de candidatos al Congreso Nacional y al Congreso Departamental, los mayores órganos deliberativos tanto del país como de cada uno de sus 19 departamentos, nuestras circunscripciones electorales. Esos congresos tienen la función de marcar los lineamientos generales de la Juventud, y transformarse en congresos electores de la Comisión Nacional (CNJ) y de las Comisiones Departamentales, los órganos ejecutivos con sus respectivos presidentes.

En el año 2012 tuvimos las segundas elecciones y participaron 46.000 jóvenes. Insisto en aclarar que somos un partido de oposición y no gobernamos a nivel nacional desde el año 1995. Es una movilización de jóvenes con el principal incentivo de la participación democrática, incidencia en las decisiones del país y la realidad. Es la prueba real de que a los jóvenes les interesa participar en política. Para estas elecciones se inscribieron 23.500 jóvenes para integrar las hojas de votación, una cifra récord.

En este año, llegamos a la cifra de 68.197 participantes, que representa el 10 % de la población juvenil del Uruguay. Esto ha demostrado que el trabajo acumulado de tantos años, formar, comprometer y confraternizar las distintas corrientes partidarias tiene sus frutos.

Al tomar la decisión de llevar adelante elecciones de jóvenes, el Partido Nacional está promoviendo espacios y formando a sus relevos, a las generaciones que se van a transformar en la continuidad de sus ideas y acciones. La dirigencia toma una decisión que se podría ver como contraria a sus propios intereses particulares, ya que está permitiendo que se les dispute el poder a través de que los jóvenes tengan sus propios votos y se empoderen. La creación de liderazgos no se hace a dedo, señalando al que viene, sino acumulando experiencia y generando el contexto para que haya un empoderamiento real. Las sociedades necesitan de jóvenes líderes de sus localidades, barrios, ciudades, lugares de trabajo, familias, lugares de estudio.

En estos años nos hemos dedicado a capacitar jóvenes con el fin de formar ciudadanía. Muchos seguramente no tomen la actividad política como su camino. Probablemente muchos sigan en el ámbito privado, profesional, en sus familias, o quizás en otros partidos. Para nosotros siempre se habrá cumplido uno de nuestros objetivos, de los principales que puede tener un partido político: la formación de ciudadanía, la construcción de capital social, de confianza; en definitiva, la construcción y confianza en la democracia.

Sobre fines del año pasado se publicó en el semanario Búsqueda un estudio de la Universidad de la República que marca un cambio de tendencia:

«El proceso de crecimiento del Frente Amplio —partido de gobierno— entre los nuevos votantes se ha detenido e incluso revertido y, al mismo tiempo, el Partido Nacional comienza crecer entre los tramos más jóvenes. […] Al analizar por tramos de edad entre los más jóvenes, la izquierda tiene la mayor adhesión entre quienes tienen 28 y 32 años. Mientras que decrece el apoyo cuanto más joven se es. En tanto, los nacionalistas tienen el mayor grado de adhesión entre los votantes de entre 18 y 22 años».

¡Si habrá que tener en cuenta la participación juvenil!

Hace pocos días la hermana de un amigo, con apenas 14 años cumplidos, me contaba que en el liceo (secundaria) estaban casi por echarla. Ya había distribuido y convencido a sus amigos y compañeros de clase que la votaran el día sábado. Les insistía por WhatsApp y en los recreos. Tenía una lista con decenas de nombres de «sus votantes». A su madre le dijo que su futuro estaba en la política. Probablemente. Lo que todavía no percibió es que, en realidad, está siendo su presente.

Gonzalo Baroni | @BaroniCandanga
Economista. Presidente de la Juventud del Partido Nacional, Uruguay

Según el último sondeo de una de las más prestigiosas encuestadoras peruanas, la popularidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha caído a 19 %.

Es un dato bastante llamativo teniendo en cuenta que apenas se han cumplido trece meses del mandato constitucional de cinco años. Sin embargo, no es sorprendente si se tiene en cuenta que, desde 2001, los sucesivos jefes de Estado han visto sus índices de popularidad decrecer bastante rápidamente, llegando incluso a cifras de un dígito en determinados momentos. Como en anteriores ocasiones, surge entonces el espectro del final abrupto de la permanencia en Palacio del Gobierno del inquilino del momento, por presión de la calle o por acción del Congreso que puede votar la vacancia de la Presidencia de la República. Hasta ahora ello no se ha dado, pues, al final de cuentas y no obstante las tentaciones que pudieran presentarse en ese sentido, ha pesado más cierto sentido de responsabilidad ante las posibles consecuencias negativas en términos de inestabilidad para una democracia todavía frágil, y también por los efectos en la economía.

No obstante, lo que diferencia la actual situación de las precedentes es el hecho de que un partido de oposición cuente con mayoría absoluta en el Congreso. Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori, hija de Alberto, el gobernante autoritario que estuvo en el poder entre 1990 y 2000, y que, no obstante encontrarse cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por autoría mediata de varios asesinatos y secuestros perpetrados por los servicios de inteligencia a cargo de su entonces socio Vladimiro Montesinos, goza de un nivel de popularidad apreciable.

Diversos analistas prestan la intención a la lideresa fujimorista —que no termina de digerir su ajustada derrota en la elección presidencial el año pasado— de buscar la destitución de Kuczynski y de sus dos vicepresidentes para forzar la realización de nuevos comicios que le permitan por fin alcanzar la jefatura de Estado.

En ese contexto, algunas medidas de la mayoría parlamentaria, como la censura del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, por motivos bastante discutibles, son interpretadas como indicios inequívocos de esa voluntad. Si ese fuera el caso, está claro por otro lado que Fuerza Popular tendría en el propio mandatario, su gobierno y la frágil bancada oficialista a facilitadores de esa supuesta empresa, por la cantidad de errores políticos que van acumulando; ello, con gran entusiasmo aparentemente, por lo menos en el caso del presidente que ha demostrado ser un consumado artista de las declaraciones desatinadas, además de exhibir poca capacidad de liderazgo. De hecho, ha dicho sin ambages que rechaza el tener que hacer política para gobernar pues considera que no es lo que la gente espera de él. Está visto que confía solo en la tecnocracia, llamada a darle mayor ritmo a la economía y, por esa vía, permitirle recuperar la confianza de la población.

Presentándose así las cosas es probable que, salvo que sean ciertos los afanes atribuidos a Keiko Fujimori o que el festival de yerros palaciegos continúe y lleve a una situación insostenible, la mayoría parlamentaria terminará cargando con el mandatario para que pueda culminar su período constitucional, aunque sea a regañadientes y sin que amaine el clima de extrema polarización que caracteriza a la política peruana hasta el punto de la grosería.

Francisco Belaunde | @fbelmat
Abogado. Analista político internacional en TVPerú. Profesor universitario

Las FARC desafiarán el sistema de partidos en Colombia.

En 1994, aún bajo el eco del fin de la guerra fría, el desmantelamiento de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, el maestro italiano Norberto Bobbio publicó Destra e sinistra (‘Derecha e izquierda’), libro en el que a pesar de estos importantes cambios históricos planteaba que las distancias ideológicas sobrevivirían. Bobbio señalaba que el espectro ideológico seguía conteniendo una diferenciación fundamental: la izquierda mantenía como valor central la igualdad, mientras que la derecha se inclinaba por el orden y en términos económicos la libertad.

Dos décadas más tarde Colombia no ha sido ajena a esta realidad, con la novedad de que, en aras de su búsqueda de la paz, el país está intentado terminar de ajustar sus luchas ideológicas dentro de un comportamiento institucional —proceso impulsado desde la Constitución de 1991—, en el que la pluralidad de opinión y participación sean garantizadas a la vez que la violencia política se elimine. En otras palabras: que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha depongan las armas, mientras sea posible afirmar públicamente y sin miedo que se es de izquierda o se es de derecha.

Esta especie de liberación de la opinión pública, que pretendió finiquitar casos como la polarización extrema que protagonizó repetidamente el bipartidismo tradicional de liberales y conservadores, así como sus componendas clientelistas bajo el Frente Nacional (1958-1974), dio paso hasta 2003 a una hiperfragmentación del sistema de partidos, en que se cayó en otro vicio: el vaciamiento ideológico y la pérdida de representación programática. Esta carencia fue aprovechada por las guerrillas, para sostener su discurso revolucionario, y por los grupos paramilitares, para combatirlas.

Sorprende entonces que, a pesar de esta evolución, de la reforma política posterior —que ha intentado reducir el sistema de partidos a un pluripartidismo moderado— y del actual proceso de paz con las FARC, encontremos los siguientes elementos que aún no permiten establecer un discurso claro de posicionamiento de la izquierda o la derecha en términos prácticos:

■ En Colombia aún existen actores violentos extralegales de izquierda y de derecha, como la guerrilla del ELN o grupos posparamilitares denominados bandas criminales, que siguen violando los derechos humanos y recurren al terror para imponer su control territorial y sus convicciones políticas.

■ En Colombia, gracias a la violencia guerrillera y a la intención de combatirla con ahínco bajo los gobiernos de Álvaro Uribe, el país escoró a una derecha pronunciada, posición que si bien no le es desconocida tampoco lo define por completo; de hecho puede afirmarse —como lo ha ratificado el Barómetro de las Américas— que buena parte de la población es de centro o sencillamente es ambigua para identificarse políticamente.

■ En Colombia la clase política es vergonzante de sus propias ideas, tal como lo ejemplifican líderes como Clara López, quien ha militado toda su vida en la izquierda y llegó a representar al Polo Democrático, pero ahora, que aspira a la presidencia, lo niega. O el propio Álvaro Uribe, que le ha prohibido a su partido Centro Democrático asumirse de derecha, a pesar de sus propias convicciones sobre la seguridad como política fundamental o al ideal corporativista de un «Estado comunitario», con el fin de no perder votos.

■ En Colombia, más allá de la lógica de establecer alianzas o coaliciones para desarrollar la gobernabilidad, priman los intereses coyunturales y clientelares. El propio presidente Juan Manuel Santos, en lo bueno y en lo malo, es gran ejemplo, y no se queda atrás la veintena de aspirantes a la presidencia que desean relevarlo en 2018.

Es por estas razones que la transformación en curso de las FARC en partido político, tras más de cincuenta años de guerra y un proceso de paz que paradójicamente ha exaltado la polarización mas no el juicioso debate de las ideas, constituye una oportunidad para que la clase política se comporte con madurez. No hay duda: las FARC van a desafiar el sistema de partidos y su estrategia será mantener la influencia política en las zonas rurales donde han estado asentadas y promover su traslado paulatino a las zonas urbanas. Y aunque pragmáticas asumirán en democracia la realpolitik, no dejarán de ser un cuerpo político revolucionario de izquierda. Por ello, más que nunca, se requieren partidos y líderes que hagan valer sus convicciones. Para eso es justamente la paz.

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon_
Periodista y politólogo

El gobierno de Nicolás Maduro entrega fusiles y equipamiento militar a civiles. Armas de gran calibre en manos de personas comunes, que no saben de su manejo. ¿Qué sigue a esto? Seguramente nada bueno.

En los últimos días a través de medios de prensa, Whatsapp y demás redes sociales han circulado cientos de fotografías y videos de los nuevos operativos públicos que el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a cabo en diversos puntos del territorio venezolano para entregar fusiles y equipamiento militar a ciudadanos comunes con motivo del programa de fortalecimiento de las milicias bolivarianas en «defensa de la Revolución». [1]

Maduro informó que aspira a que el cuerpo de milicianos llegue a 900.000 —con la participación de apenas 200.000 funcionarios de las fuerzas armadas), [2] y que han sido aprobados cuantiosos recursos para financiar estas actividades [3] en una Venezuela cada vez más moribunda, sin alimentos, medicamentos ni productos básicos para atender a su población. Las cadenas de medios estatales amplificaron la difusión de mensajes audiovisuales que mostraban la distribución de armamento a jóvenes, adultos acompañados de niños e incluso personas de la tercera edad.

El régimen ha aprovechado las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirmó que no descarta medidas militares contra la dictadura del Partido Socialista Unido de Venezuela, y las sanciones económicas impuestas a jerarcas del chavismo que poseen fortunas en territorio norteamericano, para justificar la escalada armamentista. La conformación de las milicias avanza en pueblos y ciudades mientras al mismo tiempo Maduro insiste durante sus alocuciones en hablar con Trump, pidiendo diálogo y solicitando a los países de la región una cumbre «a puerta cerrada» para hablar del conflicto político venezolano. [4]

¿Quiénes son los milicianos?

Los nuevos «milicianos»: gente que no tiene idea de defensa ni de seguridad. No son funcionarios policiales, solo personas comunes que apoyan el régimen, la mayoría por obligación o miedo de perder sus puestos de trabajo. Algunos van incluso amenazados: si no se alistan, pasan a ser parte del resto, de la disidencia, los enemigos. Si no aprietan el gatillo terminarán perseguidos, presos o torturados, tal como ha sucedido con miles de opositores en los últimos meses.

Armas de gran calibre en manos de gente que no sabe de su manejo, vendidas a Venezuela por Rusia y otros proveedores que apoyan el baño de sangre y la represión en cualquier parte del mundo. Armas que no se usan para combatir la delincuencia, el narcotráfico, ni para defender a la gente. Son el instrumento «antiimperialista» para amedrentar, perseguir y asesinar a los detractores.

¿Cómo prevenir un incidente doméstico en los miles de hogares que reciben estos fusiles? Adolescentes, padres, madres, abuelos y abuelas con armas y municiones. Que no tendrán comida en la mesa o medicinas para sus enfermos, pero sí pólvora en nombre de la Revolución y del socialismo. Milicianos que provienen de cerros y barriadas populares tomadas por el hampa. Mientras entregan los fusiles, los delincuentes se frotan las manos. Más armas para el pueblo. ¿Cómo aspirar a que descienda el número de asesinatos en las protestas? ¿Cómo prevenir un error, un disparo equivocado? ¿Cómo evitar que decenas o cientos de esos miles quieran darse baños de autoridad ajusticiando a sus anchas?

¿Qué sigue? ¿Qué hacemos desde nuestro lugar?

En todo el mundo todavía hay dirigentes políticos, intelectuales y profesores universitarios que apoyan este desastre, ilusionados por la ficción de un nuevo socialismo. El reto de la comunidad latinoamericana es generar conciencia sobre lo que sucede en Venezuela. Llevar esta alarma a todo el mundo y presionar desde nuestro lugar. Venezuela es el nuevo Estado fallido donde se siembra el horror y la miseria. Un país al margen de toda legalidad. Una nueva Cuba defendida por los románticos que, desde la comodidad de su teclado, la tribuna de un medio de comunicación o la tarima de un salón de clases, hablan de inmolarse por la utopía cuando una manada de mafiosos y narcos humillan a toda una sociedad matándola de hambre, enfermedad y miedo.

La democracia está amenazada y América también. No por el pueblo venezolano que lucha diariamente contra la dictadura, sino por esta banda de delincuentes que controlan un país petrolero.

[1] La Milicia Nacional Bolivariana fue creada por Hugo Chávez mediante decreto presidencial en el año 2007 como cuerpo de milicianos civiles que complementaran a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Está compuesta por la Reserva Militar y los cuerpos combatientes. Desde su creación se informó que la expectativa era tener un millón de milicianos inscritos y activos. Con el inicio de sus operaciones la Milicia ha estado en permanente formación para el manejo de armamento pesado por componentes de las FANB: Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

[2] Ver más en http://www.vanguardia.com/mundo/video-407642-video-registro-entrega-de-armas-a-civiles-en-venezuela

[3] Ver más en http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/maduro-aseguro-fusiles-para-milicia-bolivariana_177543

[4] Ver más en https://www.voanoticias.com/a/venezuela-maduro-embajadores-trump-amenazas-ejercicios-militares-dialogo/3985921.html

[youtube]https://youtu.be/ISR8cT9L7DA[/youtube]

Ángel Arellano | @angelarellano
Venezolano. Doctorando en Ciencias Políticas. Integrante del Centro de Formación para la Democracia

Cuando el 10 de agosto de 1836 el presidente constitucional Manuel Oribe decretó que las fuerzas defensoras de las instituciones llevaran una divisa blanca en sus sombreros o en sus frentes con la inscripción «Defensores de las leyes» para enfrentar a los golpistas que se agrupaban bajo el mando del general Rivera en la batalla de Carpintería, dudo de que haya imaginado que estaba firmando la carta de nacimiento de uno de los partidos políticos más longevos y fuertes del mundo occidental, el Partido Nacional.

De los 192 años de vida independiente de nuestro país, 181 se desarrollaron bajo el influjo de la lucha de sus partidos políticos, que se convirtieron prontamente en los pilares fundamentales sobre los cuales se fue moldeando una cultura cívica y democrática que es un distintivo fundamental hasta el día de hoy del Uruguay.

Naturalmente que el devenir histórico de la novel república, nacida del choque de intereses y fuerzas imperiales y coloniales, no estuvo exento de turbulencias; de hecho fueron esas luchas intestinas, violentas y apasionadas las que le dieron forma a la identidad nacional que, como si se tratara de una lógica existencialista, no precedía al nacimiento de la patria sino que fue su consecuencia.

El último tramo del siglo XIX y los albores del XX estuvieron marcados por las luchas revolucionarias, que fueron sucediéndose en diferentes momentos y que sentaron las bases que hasta hoy definen los principios sobre los que se sostienen los partidos de Oribe y de Rivera.

Este clima de agitación intestina es un caldo de cultivo para una juventud finisecular deseosa de romper los moldes conservadores al extremo heredados por la oligarquía naciente de los viejos aristócratas coloniales. La influencia de las ideas llegadas de una Europa que comenzaba a convulsionarse y de la América continental con sus movimientos independentistas ya maduros, forjaron una juventud absolutamente compenetrada con la realidad nacional. El militarismo colorado generó una masiva adhesión de los jóvenes al Partido Nacional que, aunque se caracterizó por un fuerte principismo ilustrado, tomó parte y fue la vanguardia de las revoluciones saravistas de 1897 y de 1904.

Conquistada la paz en el naciente siglo y abandonados los métodos decimonónicos de enfrentamiento, la tribuna política fue copada por una camada de jóvenes nacionalistas que, como Herrera, Acevedo, Ramírez, Ponce de León o Roxlo, fueron llamados a liderar al partido en la primera mitad del siglo XX.

Muerto Herrera y abandonadas las pasiones revolucionarias, la segunda mitad del siglo XX fue la cuna de una naciente juventud que cambió por completo el rumbo de la lucha política, apuntando a la preparación de cuadros dirigenciales capaces de liderar un país que luchaba por lanzarse a la modernidad y convencido de que la vía democrática era la única alternativa.

El golpe de Estado del 73, en manos del presidente colorado Juan María Bordaberry y las fuerzas armadas, sumergió al país en un período de oscurantismo y de veda a la actividad política legal. Pero como por la libertad lucharon los partidos desde la fundación misma de la patria, este nuevo escenario de violación de la Constitución y de la libertad no hizo más que impregnar el alma de los jóvenes nacionalistas de un deseo de lucha para recuperar las libertades perdidas conjuntamente con la democracia.

Superado el trance de la hora más aciaga del país y recuperado nuevamente el pleno goce de los derechos y libertades cívicas, la democracia se consolida en el Uruguay y nuevamente se transforma en ejemplo para la región y el mundo.

Entrado el siglo XXI, los jóvenes nacionalistas entienden que es hora de organizarse y de crear un espacio de participación política ajeno a las influencias de la política tradicional, que se hace necesario e imperioso superar. En el año 2007, con el aval y el impulso de los líderes partidarios se convocaron las primeras elecciones de jóvenes del Uruguay, y más de 50.000 nacionalistas de entre 14 y 29 años eligieron a sus representantes en todo el país.

El nuevo camino emprendido por la juventud del Partido Nacional fue ganando espacios y consolidándose notoriamente hasta llegar al año 2012, cuando se convocaron las segundas elecciones generales, se renovaron las autoridades departamentales y nacionales de la Juventud y esta pasó a integrar el máximo órgano de decisión del Partido, el honorable Directorio Nacional.

El cambio más importante y profundo que ha logrado este proceso es haber instalado en el país una tribuna de opinión, formación y participación de cuadros políticos jóvenes, como no se veía en el país desde comienzos del siglo XX. Actualmente, la juventud del Partido Nacional se ha convertido en una referencia ineludible a la hora de marcar posicionamientos en todos los temas inherentes a la sociedad. A través de su presidente, el economista Gonzalo Baroni, se ha instalado una nueva visión sobre el quehacer político sin ningún tipo de tabúes ni de vedas, generando discusión y formando opinión en todos los temas de la agenda política.

El próximo 2 de setiembre los jóvenes nacionalistas de entre 14 y 29 años volverán a concurrir a las urnas para renovar sus autoridades. Más de 22.000 candidatos integran las listas que en todo el país buscarán un lugar para representar a tantos otros jóvenes que hoy han sido olvidados y silenciados por un gobierno avejentado y carente de ideas.

En tiempos donde se habla de una «crisis» de participación, son los jóvenes del Partido Nacional los que salen, una vez más, casi como cumpliendo con un mandato histórico que está en la esencia misma de esta fuerza política, a demostrar que la juventud del nuevo siglo está más activa y presente que nunca y que son las formas de participación tradicionales las que tienen que cambiar para que podamos seguir construyendo democracia entre todos.

Las condiciones del continente americano son propicias para que se repliquen este tipo de experiencias porque a lo largo y ancho de nuestro continente hay miles de jóvenes capacitados, preparados, interconectados y seguros de que son ellos quienes deben incidir en la transformación de sus países.

A pesar de que nuestras realidades son muy distintas, hacemos el llamado para que sigan con atención el camino que han transitado los jóvenes del Partido Nacional del Uruguay y que sea esta una herramienta más para luchar por una libertad y una democracia que, aunque sean firmes en nuestro pequeño país, tambalean en muchos lugares del continente.

Diego Silveira Rega | @Diegosilveirar
Director de la Comisión Nacional de Jóvenes del Partido Nacional de Uruguay

Más allá de la iconografía revolucionaria, el servicio y martirio de Oscar Arnulfo Romero imponen reflexión al humanismo cristiano del continente en su centenario.

Se cumplen cien años del natalicio de Oscar Arnulfo Romero. Desde que el Vaticano anunció la aceleración del ascenso a los altares del arzobispo salvadoreño, reverberaron en la opinión latinoamericana voces que recordaban la cúspide del enfrentamiento bipolar, y que parecían descartar los avances de la democratización en la región. Regresaban mutuas recriminaciones entre quienes atacaban el extremismo y quienes, desde la izquierda, consideran las transiciones desde el autoritarismo como meras claudicaciones ante las viejas oligarquías, como traiciones a las postergadas luchas populares.

La figura de Romero había de despertar esas sensibilidades: sectores conservadores lo verían como un traidor a la tradicional alianza entre la Iglesia y las elites, cuando desde su posición pastoral se hizo eco de una mayor sensibilidad hacia las mayorías depauperadas y a los sectores crecientemente reprimidos. La impaciencia de Romero frente al sinuoso cauce de una transición liderada por los factores moderados, sumada a una vieja desconfianza del prelado hacia las vías de la política, lo acercó a posiciones más radicalizadas. Su prédica pacífica se hizo intolerable, y fue asesinado en marzo de 1980.

Este hecho fue un parteaguas para la vida de El Salvador: por una parte, el desprestigio de las impotentes juntas saboteadas por las elites salvadoreñas dio paso al eventual aunque accidentado reconocimiento de la victoria electoral de la oposición liderada por el Partido Demócrata Cristiano y Napoleón Duarte, en una gestión permanentemente saboteada por los partidos conservadores. Por otra parte, recrudeció la subversión guerrillera de inspiración en la izquierda marxista, que alimentada también con la suma de demócratas decepcionados por las concesiones moderadas, prolongaría el conflicto civil una década más.

Cabe preguntarse cuál habría sido la historia del país si las elites tradicionales hubiesen sido menos reacias a la reforma que planteó la Democracia Cristiana, si las potencias no hubiesen hecho de El Salvador un territorio para su juego geopolítico, si las fuerzas progresistas de todas las corrientes hubiesen logrado superar sus mutuas desconfianzas para lograr un frente unificado desde los precarios inicios de la modernización política. Quién sabe qué habría pasado si el clero hubiera asumido por completo el mandato de la justicia social.

La decepción con la lenta marcha de la democracia, y las concesiones que los sectores renovadores forzosamente han de hacer ante las elites para evitar la violencia revolucionaria, han de tocar profundamente la vocación del humanista cristiano inclinado a la vida pública. Es un viejo dilema: participar y claudicar algunos principios, o abstenerse y permitir que los injustos tomen el control. No hay respuestas fáciles, dadas las exigencias éticas de la política humanista, y la acuciante desigualdad que se asoma en nuestra aparente prosperidad.

El Salvador, hoy, es una democracia atribulada, y aunque los factores más extremos de su conflicto civil ocupan los polos del pacífico bipartidismo en el país —desplazando el viejo centro que ocupaba el PDC—, las secuelas de la lenta recuperación productiva del país después de la década del conflicto han dejado uno de los más crudos legados de violencia delincuencial. Con muchas mejoras por ser cumplidas, su pacificación es una obra aún incompleta ante los rezagos de la sociedad. Cuánto haría falta leer bien el martirio del arzobispo en su centenario.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas

En el complejo tablero político paraguayo se siguen moviendo las piezas de cara a las elecciones de abril de 2018. Un nuevo episodio de la tragicómica crisis afecta a la titularidad de la Gobernación del Departamento del Guairá y jaquea la frágil institucionalidad de esta democracia.

El departamento del Guairá es una de las regiones más bellas del Paraguay. Su capital Villarrica es cuna de glorias culturales y actualmente se ha convertido, además, en una pujante ciudad universitaria. Allí han crecido la industria azucarera, la agricultura y la ganadería. Hoy se agrega el descubrimiento de minas de oro en la zona denominada Paso Yobai.

En el contexto político, el gobernador electo en 2013, Rodolfo Friedmann, un personaje polémico, se vio envuelto en una inesperada crisis. En efecto, en marzo pasado, aprovechando su ausencia por un viaje al exterior, una supuesta renuncia al cargo firmada por el citado gobernador fue presentada ante la Junta Departamental, el órgano legislativo; este, por mayoría, la aceptó y asumió un nuevo gobernador.

Apenas regresó Friedmann, acciones judiciales mediante, retomó el cargo. En el ínterin, en medio de idas y vueltas, por desprolijidades procesales y venganzas político-partidarias, se sucedieron tres gobernadores. Friedmann abandonó el movimiento oficialista del Partido Colorado y se trasladó a la disidencia. Todo esto conmueve a la sociedad guaireña y la sume en una extenuante crisis institucional.

No se debe olvidar que, en medio de estas peleas políticas en Guairá, a raíz del intento reeleccionista del actual presidente Cartes por vía de una polémica enmienda constitucional, ocurrieron los sucesos del 31 de marzo y 1 de abril que estrujaron a todo el país: la quema parcial de Congreso, la invasión policial —sin orden judicial— a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, principal partido de oposición, que terminó con el asesinato de Rodrigo Quintana, dirigente de la Juventud Liberal, la detención ilegal de más de 200 personas y varios heridos, entre ellos el diputado Edgar Acosta, que fue sometido a ocho operaciones por la gravedad de las lesiones que le produjeron los impactos de proyectiles disparados a quemarropa por efectivos policiales. Estos hechos siguen impactando hasta la fecha, con el curso de la investigación fiscal y judicial que agregan nuevos elementos para la dilucidación de las responsabilidades emergentes.

En los últimos días, tras unas semanas de quietud en Guairá, se registraron nuevos incidentes a raíz de una sentencia judicial que, si bien rechaza una demanda promovida por el gobernador, no resuelve ni dice nada sobre el ejercicio de la Gobernación. Sin embargo, con la intervención de fuerzas policiales y agentes fiscales, asumió la Gobernación un miembro de la Junta Departamental, por 24 horas. Por vías de hecho y rebasando el cordón policial, Friedmann retomó el cargo de gobernador y permitió el ingreso de todos los funcionarios de la Gobernación, a quienes también se les había prohibido la entrada para cumplir con sus tareas.

Así las cosas, la situación se agrava, con recíprocas acusaciones de las partes afectadas, que van desde la presión personal del presidente de la República hasta el interés directo en la explotación de las minas de oro. De todos modos, cualquiera sea el resultado final de esta crisis, queda expuesto una vez más el escaso apego a las instituciones que tienen los actores políticos.

La democracia se sustenta en el elemental respeto a las instituciones, la vigencia plena del Estado de derecho, la independencia del Poder Judicial. En otras palabras, la república se construye todos los días, con el imperio de la ley, el muro infranqueable a los delirios autoritarios y mesiánicos, que responden a un pasado que los paraguayos debemos superar definitivamente. Sin cumplir estos requisitos básicos, la tarea del crecimiento, del desarrollo con equidad social, se convierte en el interés mezquino de turno, por encima del interés general programado desde políticas públicas acordadas y compartidas por los actores sociales y políticos más representativos.

A tan solo cien días de las internas partidarias y a ocho meses de las elecciones generales, es razonable que cesen las agresiones a la institucionalidad republicana y que los paraguayos decidamos, libremente y sin presiones de ninguna naturaleza, quiénes serán nuestros gobernantes. Y, al mismo tiempo, demostremos que somos capaces de consolidar la democracia, por una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades.

Mario Paz Castaing | @MarioAPazC
Doctor en Ciencias Jurídicas. Exsenador nacional del Paraguay y vicepresidente del partido Patria Querida

Las elecciones presidenciales de 2018 en Colombia tienen muchas incógnitas por despejar: ¿quiénes de los casi veinte aspirantes tienen oportunidad real de llegar a la final?, ¿cuál será el issue de campaña?, ¿qué papel jugarán las recién desmovilizadas FARC?

Pocas veces en Colombia se habían tenido tantos candidatos a la presidencia de la República. La tradición hablaba de un máximo de cinco, con dos realmente opcionados. Sin embargo, las elecciones de 2018 arrancan con casi veinte aspirantes en el partido y, si bien de entrada se sabe cuáles tendrán su pase a la semifinal, no deja de ser inquietante el boom que se vive en el mundo político del momento.

Los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador) que hasta 1998 marcaron la pauta y determinaban quién sería el nuevo gobernante, ahora hacen parte del juego de posibles alianzas; es decir: sus posibles candidatos, si bien son dirigentes reconocidos y con amplia trayectoria, no registran en los primeros lugares en las muy tempranas encuestas que a esta altura —casi un año antes de la elección— ya publican los medios.

Por ahora la coyuntura muestra que el issue por el que podrían decantarse los colombianos a la hora de dejarse seducir por un candidato, es la corrupción: los escándalos de Odebrecht, que tocan a buena parte de los partidos, han generado un rechazo todavía más alto por la clase política y eso en teoría podría fortalecer las aspiraciones de quienes han abanderado esos temas, en particular el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que aunque todavía no es una figura de reconocimiento nacional, ha demostrado encuesta tras encuesta que puede crecer y ganar espacios.

De otro lado, la experiencia histórica en otros procesos de negociación con grupos al margen de la ley en Colombia ha mostrado que luego de estas desmovilizaciones se generan nuevas bandas criminales y se disparan los índices de inseguridad en las ciudades —donde se concentra el mayor número de votantes—. Esto llevaría a pensar que, tras la salida de las FARC como actor armado, con la consecuencia lógica de llegada de nuevos actores de delincuencia común, podrían incrementarse los índices de inseguridad hasta niveles determinantes para una decisión de voto. Incluso las cifras reportadas mes a mes por las grandes ciudades ya evidencian esa situación.

Entonces, indudablemente la corrupción es un issue de campaña que puede movilizar muchos votantes, pero si se pone en una balanza con la inseguridad, la reacción ciudadana podría leerse a partir de las teorías (probadas) de Abraham Maslow cuando explicaba que invariablemente se tiende a resolver los problemas más apremiantes y luego se pasa a otros que aunque sigan siendo complejos, podrían tener consecuencias menores.

En ese sentido, si al momento de elegir presidente en 2018 los dos temas son corrupción e inseguridad en las ciudades —como parece ser—, los votantes sin duda optarían por resolver el segundo. La razón: los políticos corruptos generan rechazo social, pero su accionar no tiene el efecto inmediato que sí tiene el vivir en medio de la incertidumbre de ser víctima de robos o lesiones personales; esto último es algo que destruye la tranquilidad personal.

En el tiempo que falta habrá que ver la evolución de los candidatos que tengan mano dura y cómo logran transmitir ese mensaje. Por ahora se ven dos opciones: de un lado, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y del otro, un candidato apoyado por el expresidente Álvaro Uribe.

Por lo novedoso habría que considerar a las FARC como otro actor en esta contienda; sin embargo, el alto rechazo que genera en todas las encuestas, con cifras superiores al 85 %, no le augura un aterrizaje plácido en la política nacional. Tal vez en estos primeros ejercicios democráticos puedan empezar a conquistar presencia institucional en los lugares del país donde ya habían estado como insurgentes.

Si bien según la costumbre colombiana se tiende a empezar las campañas con bastante anticipación, aún faltan muchas jugadas y posibles alianzas que solo se empezarán a concretar en los tres primeros meses del próximo año. Por ahora, las cartas están echadas pero no hay juego ganador todavía.

Carlos Andrés Pérez M. | @carlosaperez
Doctor en Ciencia Política. Director del Centro de Análisis y Entrenamiento Político, CAEP, Colombia

Cambios superficiales son los que el actual gobierno ha hecho hasta hoy. Todavía tiene una deuda enorme con el país.

El presidente Lenín Moreno ha pretendido desmarcarse de su antecesor Rafael Correa, a través de estrategias que muchos sectores aplauden: ha promovido el diálogo con el sector productivo, dice defender la democracia, la independencia de poderes y el Estado de derecho y asegura que combatirá la corrupción.

Hace algunas semanas, Moreno reveló que el Ecuador tiene una deuda de cerca de USD 60.000 millones, y que la economía del país está en crisis. Las cifras no cuadraban desde hace tiempo y tampoco eran transparentes, así lo insinuó Moreno y sin embargo no dijo nada de los responsables; incluso olvidó informar que el principal culpable de este desastroso manejo, el exministro de Finanzas, Patricio Rivera, es actualmente uno de sus consejeros económicos.

El manejo fiscal y económico es uno de los principales problemas que Moreno debe afrontar. La proforma 2017 enviada a la Asamblea Nacional prevé un déficit de casi USD 4795 millones; sin embargo, el Observatorio de la Política Fiscal señala que el déficit real superaría los USD 8270 millones, entre otras cosas porque la preventa petrolera está considerada como ingreso y no como deuda, y, además, existe una sobreestimación de los ingresos tributarios y petroleros porque no se contempló la reducción del IVA de 14 % a 12 % ni la reducción de los aranceles, por ejemplo.

Es obvio que una de las soluciones sería incentivar la actividad productiva privada y, si bien Moreno ha abierto el diálogo con el sector empresarial, habría que preguntarse si realmente habrá un cambio en el modelo económico y cuáles son las acciones inmediatas que tomará el Gobierno para promover la inversión nacional y extranjera, que ha sido casi nula en la última década. El diálogo ni es suficiente ni genera tampoco empleo.

El sostenimiento del aparato burocrático representa al menos un 30 % de los gastos. En la proforma 2017 está previsto que el Estado designe más de USD 9192 millones para este fin y, si bien el Gobierno autorizó la reducción del 10 % de los salarios de los servidores públicos de nivel jerárquico superior, esta medida solo permite un ahorro de USD 34 millones anuales, lo cual sigue siendo insuficiente. Además, no hay coherencia entre el discurso y la práctica; si no, ¿por qué, por ejemplo, el Gobierno no le ha retirado la seguridad (conformada por ocho agentes privados) al expresidente Correa, que ahora vive en Bélgica?

Austeridad es una palabra que el actual gobierno aún no ha descifrado, y puede tardar en hacerlo, si tomamos en cuenta que, después de seis años en el cargo de vicepresidente, Moreno no difirió sobre el modelo económico de Correa.

¿Independencia de poderes? A pesar de que Moreno la ha impulsado, no hay coherencia absoluta. Solo basta preguntarse por qué fue el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien acompañó al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, desde Miami a Quito para entregarse a la justicia ecuatoriana y no fueron partícipes ni el fiscal, ni el ministro del Interior, ni nadie de la Policía Nacional. Aún siguen haciendo las cosas a su modo y no de acuerdo a la institucionalidad que debería existir.

¿Y el combate contra la corrupción? Es seguramente en donde las acciones de Moreno son más visibles: le quitó las funciones al vicepresidente Jorge Glas, aunque muchos creen que fue por los casos de corrupción en los que este último estaba involucrado. La propia versión de Moreno apuntaba a una carta ofensiva que Glas había emitido en su contra. Es cierto que Carlos Pareja Yannuzzelli regresó al país pero, al parecer, no fue una gestión gubernamental sino una decisión personal de quien está sentenciado a cinco años de cárcel, por cohecho en el caso de la petrolera estatal Petroecuador.

Y si hablamos de corrupción, deberíamos pedir explicaciones al propio Moreno de por qué cobró USD 10.000 por cada charla motivacional que dio en instituciones públicas o por qué aceptó el pago de USD 15.000 mensuales por fungir como enviado especial del Secretario General de la ONU para Discapacidad y Accesibilidad (cargo honorífico), o por qué cobró tanto por concepto de viáticos cuando fue vicepresidente, todos estos gastos pagados por el Estado ecuatoriano.

Moreno tiene temas pendientes, y sobre estos debió tomar decisiones apenas tomó posesión de la presidencia: la Ley de Comunicación sigue vigente; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue en funciones; a pesar de la ruptura con Correa y algunos miembros de Alianza País, Moreno mantiene en cargos oficiales a gente muy cercana al correísmo; le preocupa la cantidad de presos políticos y la situación en Venezuela pero mantiene a una canciller que apoya la dictadura de Maduro. Todo esto solo genera escepticismo y desconfianza en el accionar presidencial. Los cambios hasta ahora son superficiales. El país necesita un cambio de modelo de gestión gubernamental radical, especialmente en el ámbito económico. Si Moreno no actúa pronto, el castillo de naipes caerá.

Carla Bonilla | @ CarliBonilla
Ecuatoriana. Periodista y Comunicadora. Máster en Gerencia Política y Gobernabilidad