En un contexto que obliga a repensar la integración regional a nivel mundial y en América Latina, tanto por la escasa eficacia de los esquemas vigentes para satisfacer diversas dimensiones buscadas por la integración como porque el contexto internacional es de incertidumbre y de resurgimiento de barreras nacionalistas-proteccionistas traducidas en decisiones de la dirigencia política y en actitudes de buena parte del empresariado y de grandes capas de la ciudadanía, resulta necesario e imperioso repensar el Mercosur desde lo político, lo económico y lo social, sin olvidar lo jurídico, dimensión o faceta muchas veces infravalorada y sobre la que en estas líneas se pone énfasis.

A esta altura de la historia ha quedado claro que cualquier proceso de integración que pretenda ser exitoso debiera, al menos, cumplir con lo siguiente: en lo político, tener un objetivo claro, susceptible de ser actualizado y validado con cierta flexibilidad en un mundo cambiante; en lo económico, ser capaz de generar crecimiento y de mejorar de manera paulatina la situación de los países integrados; en lo social, contribuir a incrementar la calidad de vida de la población en general, fortaleciendo la cohesión social y el ejercicio de los derechos básicos y de la ciudadanía.

Esto resulta plenamente aplicable al Mercosur, ámbito donde por estos días se está discutiendo tanto un relanzamiento como posibles modificaciones o adecuaciones tendentes a dotarlo de operatividad, puesto que las voces críticas y el escepticismo son cada vez mayores. El contexto mundial invita entonces a valorar la construcción realizada hasta la fecha pero a hacer cambios concretos en el corto plazo que, lejos del romanticismo y de discursos políticamente correctos, señalen un rumbo concreto y aporten al desarrollo económico y social de los países que lo integran.

Sin perjuicio de ello, pareciera que debe repensarse también el rol del derecho como factor de estabilidad pero a la vez de cambio y avance en el complicado camino de la integración; en otros términos, reflexionar sobre la eficacia jurídica de la normativa común en los procesos de integración regional, específicamente en el Mercosur. En este marco, puede afirmarse que con decisión política el propio derecho de integración del bloque regional y su estructura institucional actual permiten apostar por un Mercosur más ágil, operativo, objetivo y más alejado de las voluntades políticas individuales y variables de cada uno de los países que lo integran, donde la excusa de la soberanía estatal y del sistema intergubernamental de toma de decisiones quede limitada y reducida a favor de la aplicación de las normas comunes, de carácter obligatorio.

Pese a las falencias de la Unión Europea y a las críticas que actualmente recibe, la apuesta por el respeto del derecho común fue lo que posibilitó al viejo continente transitar un camino de estabilidad política y de desarrollo económico y social por más de medio siglo. En este momento de reflexión, parece de utilidad analizar desarrollos originarios del proceso de integración europeo tendentes a dotar de mayor eficacia a la normativa común en cada uno de los países integrados, a fin de tomarlos en consideración como referencia, siempre contemplando las semejanzas y las diferencias existentes entre estos dos esquemas de integración regional.

Esto podría contribuir a superar la actual parálisis del Mercosur, que está poniendo en riesgo su futuro. Deben aplicarse normas comunes de carácter obligatorio para los Estados partes, e impedirse que el incumplimiento de uno de estos de su obligación de incorporar estas normas genere un efecto bloqueo para el conjunto de los Estados partes —según el procedimiento de vigencia simultánea, que se sintetiza en una relación obligatoriedad-incumplimiento-no vigencia de la normativa común—.

La cuestión planteada consiste entonces en reflexionar sobre el real alcance de la obligatoriedad de las normas comunes adoptadas en el seno de los órganos del bloque regional. ¿Hasta dónde llegan las obligaciones asumidas por los Estados partes en el ámbito del Mercosur? Cabe señalar que el problema jurídico planteado no dista mucho del existente en el ámbito de la Unión Europea al consagrarse la doctrina de la eficacia jurídica del derecho de integración, donde se dio preferencia al cumplimiento del derecho común pese a la oposición inicial de los Estados miembros.

A partir de sincerar el debate, se entiende que sería aconsejable apostar por el sistema jurídico actual o bien modificarlo para evitar que las normas comunes obligatorias queden en letra muerta, en un subcontinente cansado de observar el surgimiento y el ocaso de procesos de integración que no cumplen con las expectativas depositadas en ellos, en buena medida por la preeminencia de factores políticos y de intereses estatales individuales por sobre el derecho común. Una eventual apuesta por otros procesos de integración que reemplacen o absorban al Mercosur no debería dejar de considerar este punto, puesto que la falta de aplicación y eficacia de la normativa común ha constituido y constituye un problema común en diversos procesos de integración latinoamericanos.

Daniel Pavón Piscitello | [email protected]
Argentino. Doctor en Derecho, especialista en integración regional y en cooperación internacional

La versión televisiva de Chávez también causa polémica.

Un viejo decir latinoamericano propone que la vida de algunos se parece a la de una telenovela. ¿No será que también las vidas de algunos países se les asemeja? ¿Será este el caso de Venezuela y de Hugo Chávez, ahora retratado en la serie El comandante?

Por si quedan dudas de que el melodrama televisivo es un género representativo de la región, recordemos títulos que han batido audiencias nacionales e incluso continentales: Los ricos también lloran (México, 1979), Abigail (Venezuela, 1988), Yo soy Betty, la fea (Colombia, 1999) o Liberdade, Liberdade (Brasil, 2016). Todos cuentan historias en las que la pobreza se enfrenta a la riqueza, subvertida solo por el amor imposible, donde cursis villanas y villanos, elegantemente corruptos, hacen padecer a héroes y heroínas populares, en un mundo donde la nostalgia del campo se suele trasladar a la ciudad.

¿Qué pasa cuando la realidad y la violencia se mezclan en la soap-opera latina con la aspiración de una serie moderna? En busca de novedad y reconocimiento, existe una tendencia al biopic, en las vidas de artistas reverenciados (Celia Cruz o Juan Gabriel) que se alternan con las de tenebrosos criminales (Pablo Escobar y su secuela de carteles). Ahora se suma El comandante, producción colombiana de RCN (uno de los canales de noticias vetados por el régimen venezolano) en sesenta episodios, inspirada en un libro del exministro y reconocido analista Moisés Naím, que ha logrado algo inédito en materia crítica: obtener sin ser vista la rabiosa censura de Nicolás Maduro, pero también la de los opositores al legado de Chávez.

La furia de Maduro es el miedo de que la imagen canonizada —aunque no embalsamada, a su pesar— del caudillo tropical pueda empañarse, y desata amenazas contra posibles operadores de cable o ante quienes se atrevan a colgar en la web el retrato no autorizado (¡y ya prometió una versión oficial!). Por otro lado, los antichavistas están asustados porque El comandante podría contribuir a enaltecer la imagen del causante de sus desgracias. Si el miedo de Maduro es reflejo de un régimen propenso a la censura, el de sus rivales se fundamenta en el éxito alcanzado por las narcotelenovelas y precisamente la que se realizó sobre Escobar en Colombia, que antes que dejar lecciones morales causó identificación y rating. Y Escobar y Chávez comparten al mismo versátil actor que los encarna: Andrés Parra.

Pero la realidad tras las primeras emisiones es que este enlatado es predecible: una puesta en escena formal con algunos rasgos históricos meritorios y la actuación de Parra, y de allí para abajo los clichés del melodrama. Y un Chávez, además de carismático y con iluminado olfato político, machista, violento, mentiroso e infatuado por el poder hasta sus últimas consecuencias. ¡Cosas que ya sabíamos y del mal final de telenovela que nos espera!

En 1987 un extinto grupo de rock venezolano, Sentimiento Muerto, debutó con un gran disco producido por el argentino Fito Páez, que abría con una autobiográfica y sugerente canción, «Culebrón», que desde la vida de sus autores predecía bien la de Chávez y su país: «Yo no quiero que se convierta en un guion para una (tele)novela, en pura culebra, cucu, cucucu… ¡culebrón!»

José Cepeda | @sinclair_simon_
Colombiano. Periodista y politólogo

De las Venus paleolíticas a Hypatía de Alejandría no solo media el espacio-tiempo, sino que —siguiendo algunas teorías que asocian dichas estatuillas esteatopigias a una manifestación del carácter matriarcal de las sociedades rupestres— es posible que en ese lapso la mitad de la humanidad dejara de tener un papel relevante en la sociedad de su época para hundirse en ostracismos, sojuzgamiento y servilismo.

Hypatía representa un alto en esa espiral descendente en la que la mitad de la pareja humana pobladora del planeta fue cayendo. Bella, culta, independiente, matemática y astrónoma, fundadora de la escuela neoplatónica, escritora, inventora; muy influyente también en el ámbito político, destacó principalmente por su sabiduría y ecuanimidad en aquel siglo IV, cuando Egipto era una provincia romana. Esta mujer, librepensadora y pagana, primera filósofa reconocida en la historia —por motivos cuyo análisis excede al propósito de este artículo pero que no habrán de escapar al lector sagaz—, fue condenada por brujería, asesinada, mutilada y quemada en una pira ardiente en un día de marzo del 415 d. C.

Indudablemente, Hypatía encarna simbólicamente a todas aquellas partículas de humanidad que por ser portadoras de una combinación xx en sus gametos han sido menospreciadas a lo largo de la evolución humana por aquellas otras partículas que portan en los suyos una xy. Maravillosamente simple pero letal diferencia que ha determinado en la vida de las sociedades que la mitad xy escudada en vaya a saber qué argumentos ha basado su predominio y su relación de sujeción con respecto a su otra mitad, que fue por siglos violentada de infinitas maneras, tenida por tonta e incapaz de valerse por sí misma, por lo que anchos fueron los caminos que debieron transitar bajo la tutela inexpugnable de su otro par de creación, del que a la sazón solo la diferenciaba una «letra».

Pero las hijas de Eva nacieron con el signo de la rebelión. Desde sus orígenes, la ecuación sumisión-paraíso no le hizo abstenerse de romper reglas y llegar más allá de los límites; así la vieron también desde los inicios del tiempo sus congéneres xx que recopilaron las andanzas del ser humano y su relación con la divinidad en el libro que inició la edad de la imprenta allá por 1450.

El síndrome de Eva se instaló en los genes de sus descendientes que, sin medir riesgos ni consecuencias, comenzaron la larga batalla por reunir todas las partículas del género humano en un pie de igualdad de posibilidades, derechos y oportunidades.

Las Evas adoptaron rostros y formas, algunos conocidos y otros anónimos, y desde los distintos puestos que la vida les fue deparando izaron el estandarte para marcar su presencia en disímiles y variadas actividades, como forma de decirle al mundo «aquí estamos y merecemos ser reconocidas como la otra parte del puzle que hace que la vida funcione». Como una vieja película de imágenes sepia, borrosas, fiel representación de todas las mujeres del mundo, se suceden en nuestra historia las Melchoras Cuenca, las Cirilas, las Anas Monterroso, las Bernardinas Fragoso, las Josefas Oribe, las Luisi y tantas, tantas otras… Materializadas todas ellas en cada una de las mujeres que desde distintos lugares, del ayer y el hoy, del campo, las ciudades, las aulas, las fábricas, las profesiones liberales, los hogares modestos o suntuosos, librepensadoras todas, a pie, en diligencia, a caballo o en vehículos modernos cerraron filas desde la naciente patria hasta el presente asumiendo esa predisposición casi mítica que como un mandato genético traen desde los albores del tiempo las hijas de Eva: rescatar y rescatarse de la ignominia haciendo que los derechos sean los derechos de todos, que las posibilidades y las oportunidades no distingan entre xx o xy.

En el Uruguay del último cuarto del siglo XIX paulatinamente las féminas fueron logrando insertarse en un mundo que hasta el momento les había cerrado las puertas; el nacimiento del siglo XX trajo brisas de cambio junto con el merecido reconocimiento de sus derechos sociales, culturales y políticos. Ese reconocimiento, producto de la tenacidad, la perseverancia y la obstinación en reclamar el lugar que —por derecho de paridad con la otra mitad de sus congéneres— les correspondía, encontró su máxima expresión en la adquisición evolutiva de los derechos cívicos. La Constitución de 1917 les reconoció la totalidad de los derechos civiles y la potestad de voto pero no fue hasta 1932 que la ley 8927 reglamentó esos derechos; su artículo primero expresaba: «reconócese el derecho de la mujer al voto activo y pasivo tanto en materia nacional como municipal».

No obstante, en nuestro país el voto femenino se hizo efectivo recién en el año 1938, mediante la ley de 1932 que fue incorporada constitucionalmente con la reforma de 1934. Es bueno en este punto destacar que las féminas de Cerro Chato constituyeron una excepción en la puesta en práctica de sus derechos cívicos y se adelantaron muchos años en el tiempo; en 1927, para ser precisos, votaron en el plebiscito en que se decidía la anexión de dicha localidad en su totalidad al departamento de Durazno. Más allá de que los resultados nunca fueron tomados en cuenta, la instancia trascendió las fronteras nacionales porque no solo las damas votaron por primera vez en el país, sino en América del Sur, con el agregado de una dura campaña que enfrentó a las mujeres de Durazno y Treinta y Tres —estas últimas dirigidas por Bernardina Muñoz, con experiencia en estas lides desde que en 1896 fuera oradora en la inauguración del club Gumersindo Saravia, de reconocida impronta en las revoluciones saravistas—.

Rita Ribera, con sus jóvenes y aguerridos noventa años, fue la primera mujer en colocar su voluntad en las urnas aquel domingo de julio de 1927; según un trabajo del Centro de Estudios Históricos de Cerro Chato, Rita era una inmigrante de Brasil afincada en el lugar que acudió a las urnas respondiendo a la convocatoria de la comisión plebiscitaria que convocó a «las personas sin distinción de nacionalidad y sexo que deseen intervenir».

Una parte de la batalla estaba dada. Mujeres de mil rostros fueron acercándose a las urnas para hace efectivo el derecho al sufragio; la otra parte, la de tener el derecho a ser elegibles aún continúa pendiente. El primer logro en ese sentido tuvo que esperar a noviembre de 1942, cuando resultaron electas la senadora Sofía Álvarez y las diputadas Magdalena Antonelli y Julia Arévalo.

El puzle comienza a tener sentido pero aún le faltan piezas que habrán de encontrar su lugar cuando no sean necesarias leyes para reconocer capacidades. Entretanto, utilicemos herramientas (ley de cuotas, ley de paridad) que faciliten esa toma de conciencia en todos los ciudadanos, para que el ejercicio de los cargos públicos no sea una cuestión de gametos sino de vocación desinteresada de servicio a los más altos intereses de la nación, de sabiduría, de integridad, ética, perseverancia, entrega y honor.

En el mes de la mujer, mi reconocimiento a todas las incansables y coterráneas Evas que en la lucha por alcanzar la plenitud de sus derechos cívicos resumen en su entrega diaria la lucha de todas las que nos han precedido desde tiempos y espacios remotos.

Gabriela Umpiérrez Pérez | @Gabumpierrez
Abogada. Edil departamental por Lavalleja, Uruguay, Partido Nacional

Muchos expertos parecen suponer que la matriz energética será dominada por las energías renovables no convencionales (ERNC) recién a partir del fin de siglo; sin embargo, el empresario y profesor Tony Seba [1] estima que para el año 2030 toda la energía que consumamos, incluyendo el transporte, será ERNC.

De ser correcta la previsión de Tony Seba, en solo quince años, sin intervención mayor del Estado, quedarían obsoletos el petróleo como combustible, la energía nuclear para generar electricidad, el sistema eléctrico centralizado y su red de transmisión, el transporte con vehículos convencionales, etc. Por lo tanto, es fundamental estudiar y debatir estas ideas, pues estamos tomando decisiones en materia energética que tendrán consecuencias en los próximos treinta o sesenta años, o aún más, y los errores de hoy se pueden agigantar en el tiempo.

Para ello cabría tener en cuenta que:

1) Desde los años setenta todas las energías convencionales han aumentado fuertemente sus precios.

2) Las baterías eléctricas mejoran día a día sus capacidades y estarían disminuyendo sus costos en un 16 % por año. Estas representan aproximadamente la mitad del valor de los vehículos eléctricos, por lo que futuras mejoras en su performance y en sus precios provocarían la electrificación masiva del transporte y con ello un aumento muy importante de la demanda de electricidad.

3) Los costos de las ERNC se han reducido fuertemente, en particular la eólica y la fotovoltaica. Esta última presenta registros de USD 30/MWh o incluso menores y que serían de unos USD 20/MWh en el año 2020.

4) La red de transmisión eléctrica, que se justificaba por su bajo costo relativo aunque con economías de escala de producción altas, ahora resulta cara: unos USD 70/MWh si se considera la inversión en nuevas líneas, [2] debido a la reducción tan pronunciada en el valor de las ERNC, a la disminución en la escala de estas y a las mencionadas mejoras en las baterías.

5) Estos cambios se potencian también por la aparición de nuevos descubrimientos que son posibles debido a la gran ampliación de los mercados eléctricos, la mayor investigación que impulsa la oportunidad y las sinergias entre las nuevas tecnologías.

6) El cambio sería facilitado por nuevos modelos de negocio que permitirían la generación de electricidad en unidades mucho más chicas, la gestión local y la atomización de los riesgos.

7) Una energía más barata y distribuida llegaría así a toda la población, por pobre o aislada que sea su condición [3].

Estas presunciones aquí señaladas pueden cambiar completamente la amenaza más seria que enfrenta la humanidad: el riesgo de un apocalipsis climático. Hasta ahora el mercado no podía corregir el problema; sin embargo, si de la forma señalada toda la matriz energética fuera renovable en poco tiempo, una parte importante del problema —la generación de gases de efecto invernadero— desaparecería.

El estudio y el debate de estos cambios energéticos posibles nos pueden ayudar mucho a tomar las decisiones correctas para nuestro desarrollo y para la propia supervivencia de la especie.

Luis M. Rotaeche | @LRotaeche
Máster en Administración Pública (Universidad de Harvard) y en Economía  (Universidad Católica de Lovaina). Consultor internacional, coordinador de energías renovables no convencionales en el Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi», ex subsecretario nacional de Planificación de Infraestructura

[1] Tony Seba (2014). Clean Disruption of energy and transportation. Silicon Valley (EUA): Clean Planet Ventures.

[2] Ibídem.

[3] Tony Seba (2016). Clean Disruption. Why conventional energy and transportation will be obsolete by 2030. Copenhague: Green Business Summit.

La Unidad Democrática, la principal coalición política de la alternativa opositora en Venezuela, atraviesa una crisis paralizante. Sin un agente ordenador, el creciente descontento puede fortalecer paradójicamente al chavismo.

Políticamente, postergar la resolución de diferencias conduce a la larga, a la inacción. Las heridas de la división estratégica opositora del año 2014, cuando se planteó el dilema entre la salida acelerada del Chavismo por la vía de la protesta, y la acción de crecimiento continuado de los espacios institucionales aún vigentes en la menguada democracia venezolana que tuvo su clímax en 2015, parecen haber alcanzado un punto muerto.

En apariencia, ninguna estrategia parece haber tenido éxito. Pero el fracaso no se debe a la misma causa: la perspectiva de un cambio súbito no concitó apoyos políticos y sociales suficientes, sobreestimando la capacidad que las protestas tenían para empujar el fin del régimen. La perspectiva de un cambio a mediano plazo, que descansaba en la acumulación de fuerzas institucionales que establecieran a la Unidad como un actor legítimo en la distribución del poder estatal, falló al claudicar su dominio estratégico y espacio alcanzado en las legislativas de 2015, suponiendo que esa victoria electoral dejaba desahuciado al gobierno.

Así, en lugar de fortalecer el poder de la Asamblea Nacional, se optó por una miríada de acciones dirigidas al cambio rápido de gobierno –la investigación sobre la nacionalidad del presidente Maduro, el juicio político y la declaración de abandono del cargo y, la más importante, la convocatoria a un referendo de revocación del mandato ejecutivo. Aunque esta última era una opción constitucional, la ausencia de claridad y cohesión en la acción retrasó y dificultó su activación, lo cual fue aprovechado por el gobierno para detener este proceso de manera arbitraria, primero con trabas ilegales y, al final, cancelando toda consulta.

Dos circunstancias se suman a esto: por una parte, el creciente autoritarismo del gobierno Maduro, que no sólo ha usado su dominio institucional para quitar competencias a la Asamblea Nacional, ampliando sus violaciones a los derechos humanos apuntando a la disolución de los partidos de oposición. Por otra, el agravamiento de la crisis social y humanitaria venezolana, que mella en la confianza social no sólo de la posibilidad de un cambio sino, además, hacia quienes serían agentes de éste, justo ahora que se hace más urgente.

Formalmente, la Unidad está dedicada a un proceso de reestructuración de la coalición y su funcionamiento, que restauraría los mecanismos de negociación interna de su origen. Sin embargo, no hay aún acciones concretas que den a la sociedad venezolana una noción de las propuestas del liderazgo opositor. Entre la lucha por su supervivencia inmediata, y las perspectivas de una acción política paralela a la electoral, la Unidad aparece hoy, lo cual estimula acciones parciales y sin coordinación, en un círculo vicioso.

Se le presentan, sin embargo, una posibilidad táctica y un obvio camino estratégico. Comencemos por esto último: el norte de la Unidad debe estar, de inmediato, no meramente en el cambio de gobierno como fin último, sino más inmediatamente en la restauración de las condiciones de competencia electoral. Ello incluye reafirmar la alianza, luchar por mantener su estatus legal aún ante medidas arbitrarias, y reasumir mecanismos de presión social de propósitos menos difusos.

La posibilidad táctica descansa en la posibilidad de una triangulación que permita una transición hacia la restauración democrática, con una negociación que alcance a los sectores moderados del régimen. Los errores metodológicos del diálogo arbitrado por la UNASUR y la Santa Sede entre la Unidad y la facción radical que domina el gobierno venezolano, junto con la falta de voluntad oficial en cumplir lo acordado, y el desgano con que la Unidad abordó las negociaciones, han desprestigiado este mecanismo. Pero una salida negociada sigue siendo un procedimiento viable y hasta urgente, pese a que los actores no tengan una perspectiva común sobre la inescapable crisis nacional, obligándose replantear esfuerzos anteriores. Escribiremos sobre esta posibilidad en una próxima nota.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas

Como bien expresa el periodista español Pedro Miguel Lamet, «De jóvenes nos las arreglamos para gustar; de mayores, para no molestar».

El 21 de noviembre de 2016, Uruguay se convirtió en el primer país de la región en depositar oficialmente en la Organización de Estados Americanos (OEA) la ratificación de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Aunque la región se encuentra visiblemente en las mismas condiciones, Uruguay es uno de los países más envejecidos por estas latitudes y se ubica en el primer lugar de este ranking, de acuerdo con informes elaborados por el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

¿Será suficiente este paso para otorgar una protección efectiva? Indudablemente no. ¿Es deber de los Estados proteger a las personas que alcanzan la vejez? Absolutamente. ¿Podrán los países de Latinoamérica cambiar a fuerza de ley la añeja cultura imperante del maltrato y abandono del adulto mayor? Aquellos que creemos en el derecho como herramienta de cambio y avance social, depositamos parte de nuestra esperanza en ello.

Ahora bien, ¿de qué trata la Convención y qué implica su firma? Constituye el primer instrumento vinculante de derechos humanos para personas mayores a nivel regional. Atiende a una necesidad largamente demandada por las organizaciones sociales de adultos mayores y representa un nuevo marco de trabajo que impactará no solo a nivel normativo o legislativo, sino también como instrumento político que extenderá el proceso de ampliación institucional y definición de políticas públicas dirigidas a las personas mayores.

La firma de esta Convención implica que el país se compromete a garantizar, promover y proteger derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de las personas mayores. Uruguay está entre los 50 países más envejecidos del mundo, según resultados expuestos por el informe World Populational Ageing 2015. DESA, de Naciones Unidas. Este dato no es menor al momento de analizar la sociedad uruguaya y latinoamericana en su contexto social, político y económico.

¿Nuestros sistemas de jubilación o retiro son efectivos para proteger a los adultos mayores en su integridad tanto económica como social en Latinoamérica?

«Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hayamos llegado», dijo Quevedo. ¿Por qué se produce este fenómeno en nuestra cultura? Reflexionemos: el Estado obliga a las personas a retirarse de la actividad laboral a la edad de 65 años en promedio, desprendiéndolas y rompiendo uno de los vínculos más importantes que ellas tienen para sentirse útiles.

Este Estado les impone «disfrutar» el resto de sus días con una retribución económica insuficiente en la mayoría de los casos y les genera un problema al momento de afrontar los gastos diarios.

Como si esto fuera poco, luego de algunos años, muchos adultos mayores son abandonados por sus propios familiares y pierden rápidamente su valor como personas al ser depositados en el olvido, en centros de salud y hogares para ancianos.

Aquellos que tienen la dicha de no sufrir estas tragedias, se ven agobiados por la era digital, en la que todo es más táctil (demasiado táctil para sus dedos toscos, curtidos por la vida), donde todos los trámites deben –o pueden, en el mejor de los casos— realizarse vía web, y ello representa una amenaza para el arcaico y seguro trato cara a cara.

Es habitual ver a los abuelos en interminables colas en locales de pago, desorientados por no saber cómo pagar sus facturas sin que se les cobre por el envío de estas, porque no tienen o no manejan correo electrónico. Basta con escucharlos dos minutos para notar su disconformidad con los nuevos sistemas que no logran adaptarse a sus condiciones.

También es frecuente ver el abuso y desprecio que sufren nuestros abuelos cuando son estafados y engañados (como se engaña a un niño) en la contratación telefónica de servicios innecesarios, por personas o empresas sin escrúpulos, que conocen de su vulnerabilidad.

Los años no vienen solos. Traen consigo dolores articulares, dificultades físicas y grandes cargas de rechazo, así como problemas de adaptación a un sistema que segrega a quienes envejecen. ¿Qué estamos haciendo y permitiendo como sociedad? ¿Acaso no caminamos todos hacia esa etapa de la vida? Hoy, jóvenes, caminamos ágilmente, pero mañana peinaremos canas, nuestro andar se hará más lento y seremos nosotros los vulnerados.

Indudablemente este problema no se resuelve solo con leyes y compromisos del Estado. Necesitamos seres humanos conscientes del cuidado, respeto y honra que merecen y requieren aquellos que un día supieron construir lo que hoy disfrutamos sin valorar: una sociedad.

Fabricio de la Rosa |@fadelar
Uruguayo, abogado

En estos días el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano denegó visas a autoridades políticas de varios países de América porque presuntamente podrían alterar el orden institucional de la isla.

Si digo que en Cuba no hay democracia no descubro la pólvora, increíblemente en muchos países del mundo a ese régimen lo consideran democrático y hasta un ejemplo a seguir. Un país en donde no se respetan los derechos más básicos que un ciudadano del mundo pueda tener y en el que se dice que por tener buen nivel de alfabetización o buena salud o que a nadie le falte comida significa que deben resignarse a ello y no luchar por la restitución de sus libertades individuales. Algo tan simple como organizar una reunión política se puede transformar en una sentencia a prisión y hasta terminar como Oswaldo Payá. En homenaje a este luchador por la liberación democrática en Cuba la red de jóvenes por la democracia en América (LAC) otorga un premio que lleva su nombre.

En esta ocasión se iba a galardonar a Luis Almagro, actual secretario general de la OEA y excanciller uruguayo durante el gobierno de José Mujica. También se iba a premiar en forma póstuma a Patricio Aylwin por lo que su hija iba a asistir al encuentro. El tercer invitado fue el expresidente mexicano Felipe Calderón. Estaba prevista también la participación de numerosos jóvenes de países integrantes de la red.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado cuyo primer párrafo dice: “Medios internacionales de prensa difundieron en las últimas semanas la intención del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, de viajar a La Habana a fin de recibir un “premio” inventado por un grupúsculo ilegal anticubano, que opera en contubernio con la ultraderechista Fundación para la Democracia Panamericana, creada en los días de la VII Cumbre de las Américas de Panamá, para canalizar esfuerzos y recursos contra gobiernos legítimos e independientes en “Nuestra América”.”

Mi pregunta es, ¿los países integrantes de la OEA, los organismos internacionales y la propia comunidad y gobiernos del resto del mundo deben seguir soportando los embates de este gobierno? Si la protesta era realizada por un “grupúsculo” ¿por qué no dejar que se realizara  en forma tranquila y pacífica? Si para el régimen se trataba de un pequeño grupo aislado integrado por una veintena de asistentes e invitados, ¿cuál sería la provocación y el desafío al gobierno? ¿Cuál sería el problema internacional que generaría? Lo que hizo el gobierno cubano fue darle trascendencia a una problemática que se hace presente hace más de medio siglo en la isla. Cada vez somos más quienes reclamamos justicia y que los cubanos puedan elegir si quieren seguir viviendo así o no, pero esta gente le tiene miedo a la democracia. Espero que más temprano que tarde la solidaridad organizada colabore para que el pueblo cubano tenga por fin el lugar que debe tener en el mundo y se incorpore al sistema democrático.

Ecuador está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral entregue datos oficiales y se dé una segunda vuelta presidencial.

El pasado domingo 19 de febrero millones de ecuatorianos acudimos a las urnas. Unos por convicción, otros por obligación; unos optimistas, otros desanimados. No importaba el ánimo que nos movía a hacerlo, solo votábamos con el afán de decidir el futuro de nuestro país.

El proceso electoral inició con inconsistencias que el CNE no supo explicar. Por ejemplo, estaban empadronados ciudadanos fallecidos hace muchos años, extranjeros residentes que no habían solicitado su empadronamiento y jóvenes que acababan de cumplir los 16.

El día de las votaciones, la primera sorpresa fue que las oficinas de Participación Ciudadana, corporación de carácter independiente que contaba con la autorización del CNE de realizar el conteo rápido, amanecieron con cadenas que impedían el ingreso de su personal, lo cual retrasó considerablemente el inicio de su trabajo.

A las siete de la mañana el proceso de votación inició. Como es costumbre, algunas mesas tardaron en instalarse, porque no contaban con todos sus delegados o porque el material electoral no había llegado. Este fue el caso del candidato a la presidencia Patricio Zuquilanda, quien madrugó a votar y no lo pudo hacer porque el kit del padrón electoral que correspondía a su mesa aún no llegaba y tuvo que volver más tarde.

Las denuncias no se hicieron esperar. Miembros de juntas electorales reportaron papeletas marcadas por la lista 35, en provincias como Tungurahua, Cotopaxi, Carchi y Manabí. En redes sociales circularon fotografías y videos de casos específicos.

Todos estábamos ansiosos y esperábamos que a las cinco de la tarde empezara a llegar la información. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, publicó en redes sociales supuestos resultados de tres exit poll antes de las cinco. Los datos daban la presidencia a Lenin Moreno en primera vuelta, ya que superaba el 42 % y marcaba doce puntos de diferencia con quien le seguía, Guillermo Lasso, del movimiento CREO. Sin embargo, los datos del exit poll de la encuestadora CEDATOS daban como ganador a Lenin Moreno con un 39,4 % y pronosticaban una segunda vuelta junto a Guillermo Lasso, quien obtenía un 30,5 % de la votación nacional.

Participación Ciudadana tenía previsto entregar los resultados de su conteo rápido dos horas después del cierre de las votaciones. Sin embargo, recién lo pudo hacer a las 20 horas, debido a varios problemas que enfrentaron, como la prohibición de que sus voluntarios permanecieran en los recintos electorales o que su sistema cayera cerca de la hora 20. Ruth Hidalgo, directora de la consultora, presentó estos resultados una vez que la muestra se estabilizó, con el 87,3 % escrutado de la muestra: Lenin Moreno. 38,8 %; Guillermo Lasso, 28,2 %. A la misma hora Moreno ya festejaba junto a los simpatizantes de Alianza País su victoria en primera vuelta, mientras Lasso aseguraba que habría balotaje.

Por su parte, el CNE también a la hora 20, a través de su presidente Juan Pablo Pozo, dio los primeros resultados con el 51% de las actas escrutadas: Moreno 38,26 % y Lasso 29,86 %. A las 23, Pozo dio una nueva cadena nacional y anunció que suspenderían el conteo —que llegaba al 79,7 %— hasta la mañana siguiente. Los datos quedaron suspendidos en 38,82 % para Moreno y 28,6 % para Lasso.

Para entonces, los líderes de CREO y muchos ciudadanos ya hacían vigila en las afueras del CNE de Quito y Guayaquil, exigiendo que la entidad entregara los resultados oficiales. Cabe señalar que era la primera vez que los datos del conteo rápido no eran entregados oficialmente el mismo día de las elecciones.

Cerca de las dos de la mañana del lunes 20, sorpresivamente, los resultados empezaron a actualizarse en el portal del CNE y volvieron a detenerse dos horas después, con un 87,3 % escrutado que dejaban a Moreno con un 39,09 % y a Lasso con un 28,28 %. Lo sorprendente era que en cada punto porcentual que avanzaba el escrutinio la votación de Moreno ascendía y la de Lasso bajaba, con lo cual en candidato oficialista estaba más cerca de alcanzar el 40 % y una ventaja de 10 % frente a su inmediato seguidor.

La posibilidad de fraude había sido alerta por casi todos los candidatos opositores; ahora, la sospecha de que se concretaría era palpable. Miles de ciudadanos amanecieron en el CNE, tanto en Quito como en Guayaquil, exigiendo la entrega de los resultados finales de manera oficial. La mayoría de los candidatos a la presidencia exigieron a Pozo una respuesta.

Hasta hoy miércoles han pasado más de sesenta horas en vigilia. En la calle la gente pide una segunda vuelta. No todos los que la exigen apoyan a Lasso pero creen en la democracia. Son líderes políticos de diferentes tiendas, jóvenes, personas de la tercera edad, hombre y mujeres que, al grito de «democracia sí, dictadura no», exigen al CNE resultados inmediatos.

El presidente del CNE, en rueda de prensa, afirmó ayer martes que la tendencia no variaría pero no dijo nada sobre una segunda vuelta. Por tanto, seguimos a la espera de que el organismo electoral responda.

Para Alianza País, la medicina ha resultado peor que la enfermedad. En las calles, las organizaciones políticas se han unido y más del 61 % de la población rechaza el proyecto político de la tan famosa revolución ciudadana. Sin embargo, el presidente Correa y el primer candidato nacional de Alianza País a la Asamblea han señalado que habría un fraude en contra del presidenciable Lenin Moreno y que pedirán al CNE el conteo voto a voto.

Seguiremos en vigilia, esperando que el CNE cumpla con su responsabilidad, seguiremos con la esperanza intacta de que aún podemos vivir en democracia, en libertad, en paz.

Carla Bonilla E. | @CarliBonilla
Ecuatoriana. Comunicadora. Máster en Gerencia Política y Gobernabilidad. Exasesora y jefe de proyectos en el Congreso Nacional, la Unión Demócrata Cristiana, la Fundación Konrad Adenauer y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Para la política, el desarrollo global y sustentable de las ciudades constituye uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos. El compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas de involucrar más a las ciudades fue renovado recientemente en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales (CGLU), en Bogotá, y en la Conferencia Habitat III, en Quito.

Ya hace tiempo de los expertos hablan de una megatendencia: la urbanización global —es decir, la propagación de las formas citadinas de vida— avanza en forma imparable. Hoy más de la mitad de los habitantes del planeta viven en ciudades y hasta el 2050 los expertos pronostican un aumento al 70 %. Los grandes desafíos a superar son multifacéticos: el aumento de la demanda de vivienda, el creciente consumo de recursos, la eficiencia en el suministro y la contaminación del aire. Se requieren desarrollo y aplicación de soluciones sostenibles en el tiempo.

En las dos conferencias que tuvieron lugar en Latinoamérica a fines de 2016, expertos y delegados de todo el mundo se ocuparon del desarrollo futuro de las ciudades y debatieron las condiciones para un desarrollo sustentable, primero en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, en Bogotá, y unos días más tarde en la capital ecuatoriana Quito, en la UN-Conference on Housing and Sustainable Development, conocida como Habitat III. Allí participaron 15.000 representantes de la política, la economía, la ciencia y la sociedad civil de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, así como 20.000 ecuatorianos. Esta conferencia del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos se realiza cada veinte años. La última vez fue en Estambul (Habitat II, 1996) y la anterior fue en Vancouver (Habitat I, 1976).

A la conferencia de Bogotá asistieron más de cinco mil alcaldes, concejales y representantes de gobiernos locales. Los recibieron el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el presidente de la CGLU y alcalde de Estambul, Kadir Topbas.

Bogotá fue la primera ciudad del mundo en incorporar, a comienzos del milenio, un autobús de tránsito rápido (BRT, Bus Rapid Transit), llamado proyecto Transmilenio. Este sistema ha sido copiado por otras grandes ciudades. En estos buses rápidos se trasladan diariamente dos millones y medio de ciudadanos. A esto se agregará un sistema de tren subterráneo, anunció el presidente colombiano Manuel Santos, que recibió recientemente el Premio Nobel. En su intervención, Santos subrayó que los problemas asociados a la movilidad en las grandes ciudades constituyen y constituirán de los desafíos más difíciles de solucionar.

En la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales se elaboraron recomendaciones y documentos preparatorios con la finalidad de facilitar la actualización de la nueva agenda urbana (new urban agenda) en la Conferencia Habitat III. En la conferencia de Quito el secretario general Ban Ki Moon llevó la mirada a la evolución de las ciudades en todo el mundo. Desde la última conferencia Habitat en 1996, el número de habitantes de las ciudades aumentó en 1400 millones, en su mayoría en países en desarrollo y naciones emergentes.

La nueva agenda urbana que emana de Habitat III tiene como objetivo constituir una herramienta para gobiernos locales, regionales y estatales en pos de un desarrollo integrador y sostenible de las ciudades. Sin embargo, la declaración no es una directiva vinculante.

Durante la conferencia, los alcaldes del mundo se comprometieron a resolver en primer lugar los problemas de la vida cotidiana, como la vivienda, el tránsito y los servicios comunales. También el secretario general Ban Ki Moon apoyó este compromiso en su discurso y recalcó que las Naciones Unidas siempre han estado comprometidas con el desarrollo comunal. Según su firme convencimiento, los alcaldes y representantes comunales son los actores centrales para el cumplimiento de los objetivos relacionados con el clima y el desarrollo sustentable.

Por esta razón 40 alcaldes y jefes de gobiernos regionales tomaron posición respecto al futuro de las ciudades. Se coincidió en que los alcaldes son quienes, confrontados en forma inmediata con los desafíos locales, deberán solucionarlos de acuerdo con los principios de la sustentabilidad y el cumplimiento de los objetivos climáticos. Finalmente, nadie debería ser excluido del desarrollo de la ciudad.

En vista de la realidad de las finanzas, los disertantes exigieron a sus respectivos gobiernos que provean a las comunas con fondos suficientes. El problema secular de la integración de los refugiados solo fue señalado por tres representantes de ciudades alemanas: el alcalde gobernador de Berlín, Michael Müller, el alcalde de Mannheim, Peter Kurz, y el vicealcalde de Colonia, Andreas Wolter.

Debe destacarse que Alemania presentó en Habitat III un taller con los objetivos de la cooperación internacional del país a través del Ministerio Federal de Cooperación Internacional y del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear. Alemania concentrará los esfuerzos de los próximos años en la solución de los problemas de movilidad en las metrópolis mundiales y los desafíos del transporte suburbano.

Con un pabellón en Habitat III construido totalmente de madera, Alemania mostró cuán efectivamente se pueden aplicar criterios de sustentabilidad, bajo la idea de reutilizar materiales de construcción de casas de madera, y esto en una zona afectada por el último sismo en territorio ecuatoriano.

Dr. Siegfried Balleis
Exalcalde socialcristiano de la ciudad de Erlangen, participante en las conferencias de Bogotá y de Quito.

Artículo original publicado en Bayerische Staatzeitung, que autorizó su traducción y reproducción en Diálogo Político.

Traducción de Manfred Steffen, coordinador de programas de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo

La dictadura chavista avanza en Venezuela. Su nuevo propósito, que cursa en paralelo con el apaciguamiento de las movilizaciones opositoras a través de la “mesa de diálogo”, es liquidar a los partidos políticos no alineados con el régimen. El 2017, que en teoría debería ser un año para realizar las elecciones regionales y municipales en suspenso desde 2016, inició con un debate que estaba fuera del radar un par de meses atrás: la legalización de los partidos.

Venezolanos manifestando en la Plaza Independencia en Montevideo – Foto: Manfred Steffen, archivo KAS 2016

El Consejo Nacional Electoral, cuya rectoría la ejercen cinco funcionarios (cuatro oficialistas y uno independiente), ha informado que antes de cualquier evento electoral, aun violando la Constitución y leyes del propio Poder Electoral, los partidos deben renovar su inscripción ante el registro de organizaciones con fines políticos. La nueva excusa prolonga la mora antes mencionada y fortalece una afirmación que quedó a la vista tras el veto al Referendo Revocatorio convocado por la oposición: el voto ha muerto en Venezuela, o por lo menos ha sido suspendido hasta nuevo aviso.

En el marco de una dinámica llena de incertidumbre y desconocimiento para la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos pequeños que se encuentran en el Gran Polo Patriótico (concertación oficialista), el CNE ha articulado una operación de “legalización” de partidos con el fin expreso de proscribirlos. Una nube de preocupación cubre este proceso que reglamentariamente debe resolverse entre el 18 de febrero y el 1ero de marzo de 2017, y que ya fue prorrogado para el 4 de marzo sembrando más dudas. Al momento no ha sido aclarada la fecha tope para su celebración. Tampoco si se permitirá a los 59 partidos que deben cumplir con este requerimiento, la realización de elecciones internas para escoger sus autoridades. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela no está obligado a participar en la renovación, es el gran privilegiado.

Con 366 puntos en todo el país y 421 máquinas captahuellas, el CNE estima recoger la voluntad del 0,5% del electorado en 12 de las 23 entidades territoriales que debe presentar cada partido para ser legalizado. La logística anunciada es precaria y el tiempo que disponen las toldas para realizar este operativo es de dos días de 7 horas cada uno (jornada laboral anunciada para funcionarios del CNE en este operativo): en total, cada organización tendrá 14 horas para movilizar durante un fin de semana toda su maquinaria y cumplir con el requerimiento establecido.

La lógica planteada para este proceso de legalización de partidos da como resultado precisamente lo contrario: un esquema orquestado con la finalidad de ilegalizarlos.

Se ha dividido el cronograma para que seis partidos acudan en un fin de semana a validar su registro de militantes. Es decir que dada la escasez de puntos en los que debe acudir la militancia, las seis organizaciones deben extremar un esfuerzo de cooperación y coordinación para lograr la meta. También debemos resaltar que aunque en Venezuela no existe el financiamiento público a los partidos, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió la doble militancia, por tanto una persona solo puede registrarse ante el CNE por un solo partido.

Esta escena, tan propia de una dictadura que busca máscaras de legalidad para intentar ocultar la arbitrariedad de sus acciones, mantiene ocupada a la MUD mientras en paralelo alianza se encuentra en un proceso de reestructuración interna.

A diferencia de la recolección de firmas pro Referendo Revocatorio de 2016, la renovación de los partidos no convoca masas. El irregular experimento diseñado por el CNE tiene grandes probabilidades de lograr la eliminación de los partidos, e igualar, esta vez alegando la falta de respaldo popular y no una medida judicial, lo sucedido en Nicaragua recientemente.

Ángel Arellano | @angelarellano
Venezolano, doctorando en Ciencias Políticas, integrante del Centro de Formación para la Democracia

Ecuador podría cambiar su rumbo político, una vez que este 19 de febrero la ciudadanía ejerza su derecho al voto. Los puestos que están en juego, en estas elecciones generales, son los de presidente, vicepresidente, parlamentarios andinos y asambleístas nacionales, provinciales y distritales.

Fueron ocho los candidatos inscritos para correr por la presidencia de la República. Sin embargo, solo cuatro de ellos contarían con un apoyo considerable en la sociedad: Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano; Paco Moncayo, de Acuerdo por el Cambio; Guillermo Lasso, de Alianza CREO-SUMA; y Lenin Moreno, del movimiento gobiernista Alianza País.

Las estrategias de los candidatos se han caracterizado por el ataque entre contrincantes y las ofertas populistas que van desde la oferta de incrementar el bono de desarrollo humano a $ 150 (Moreno), o cero impuestos y energía eléctrica gratuita para los más pobres (Viteri), o la creación de un millón de empleos durante su gobierno (Lasso).

La campaña electoral, que inició el pasado 3 de enero, tenía como principal favorito al candidato gubernamental Lenin Moreno, quien se desempeñó como vicepresidente de Rafael Correa durante el actual período presidencial.

Sin embargo, y a pesar de que en el Ecuador la ley dispone que durante la campaña electoral toda autoridad o entidad pública tiene prohibido difundir publicidad sobre su gestión, el aparato estatal ha jugado un rol importante que podría inclinar la balanza hacia el candidato oficialista. Tal como lo asegura la directora de Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, «el silencio electoral no está funcionando. Existe mayor publicidad del Estado que publicidad de los candidatos en campaña».

En las últimas semanas se han presentado denuncias de varios casos de corrupción que involucran a servidores públicos, ministros y hasta el actual vicepresidente y binomio de Moreno: Jorge Glass, por lo que la candidatura de gobierno se ha visto golpeada.

La Constitución ecuatoriana establece que un binomio presidencial podría considerarse ganador en primera vuelta si alcanza al menos el 40 % de los votos del padrón electoral y una diferencia de 10 % sobre la votación de quien quede en segundo lugar. Caso contrario, los dos candidatos que ocupen los primeros lugares irían a una segunda vuelta.

Las últimas encuestas permitidas y publicadas el miércoles 15 otorgaron el primer lugar a Moreno. Según las encuestadoras más importantes, los porcentajes de apoyo por candidato serían los siguientes:

Tomando en cuenta que a ese momento los porcentajes para el voto nulo y blanco, según las tres encuestadoras, superaban el 10 %, para CEDATOS habría una segunda vuelta entre Lenin Moreno y Guillermo Lasso, y para Market la contienda sería entre el candidato oficialista y Cynthia Viteri.

Además, el régimen aprovechará el momento para hacer una consulta popular con el afán de determinar si las dignidades de elección popular podrían o no tener capitales en paraísos fiscales. Finalmente, la estructura de la Asamblea Nacional podría también sufrir un cambio importante, tomando en cuenta que esta cuenta con una mayoría del bloque gobiernista y más de 100 votos a su favor. La oposición aspira a lograr un mayor porcentaje de participación en el poder, con el objetivo de derogar o cambiar leyes referidas a la comunicación, el régimen tributario y económico, entre otras, y además ejercer nuevamente la función de fiscalización que le corresponde al Poder Legislativo.

El domingo 19 de febrero, el Ecuador tiene la posibilidad de empezar con la reconstrucción de la democracia, si opta por un cambio y castiga al correísmo que, en diez años de gobierno, ha generado confrontación entre ecuatorianos, ha coartado parcial o completamente el ejercicio de las libertades, ha disuelto la organización civil y, lo más grave, habría sido parte de casos millonarios de corrupción.

Carla Bonilla E. | @CarliBonilla
Ecuatoriana. Comunicadora. Máster en Gerencia Política y Gobernabilidad. Exasesora y jefe de proyectos en el Congreso Nacional, la Unión Demócrata Cristiana, la Fundación Konrad Adenauer y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

El día de ayer, en horas de la noche, despedimos al estadista, político, educador y filósofo, Dr. Ricardo Arias Calderón. Don Ricardo, ex Primer Vicepresidente de la República, fue una persona con una alta preparación académica, pero a su vez, se destacó siempre por ser un hombre de acción. Fue indiscutiblemente el más grande emblema que ha tenido la Democracia Cristiana Panameña, debido a que sus discursos, valores, pensamientos y liderazgo, lo llevaron a no sólo ser el presidente del PDC (hoy Partido Popular) por más de una década, si no que sus ideas democristianas traspasaron las fronteras panameñas llevándolo a ser tanto presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, como de la Internacional Demócrata Cristiana.

Fue, y seguirá siendo, un gran forjador de pensamientos democráticos, al luchar por un país con elecciones justas, libres y con igualdad de oportunidades; de una Patria con transparencia, justicia, igualdad, libertad de expresión, de pensamientos y con justicia social. Combatió, con fervor, la dictadura de los años 80 y sus repercusiones, que se caracterizó por el irrespeto a los derechos humanos y la dignidad de todos los panameños, la corrupción y el escenario de terror e inestabilidad que sufría la Patria. Todas estas batallas llevaron a que sus adversarios y enemigos atentarán contra su vida y la de sus familiares.

Pero también fue un verdadero cristiano, tanto en la dimensión vertical, como desde la dimensión horizontal. Esto es, las relaciones entre Dios y el Hombre, que nada tiene que ver con el ámbito político, y la relaciones entre hombres, en otras palabras, como debemos tratar al prójimo, a los seres familiares, y demás. Esto lo destacó como un verdadero social cristiano, ya que siempre fue fiel a la ideología practicada por parte de los Partidos Populares, Demócrata Cristianos y de Centro, pero no como una forma de actuar ante la opinión pública, la clase política, o en determinadas circunstancias, sino como una forma de vida llena de valores y principios, haciendo respetar de por sí y ante sí, sobre todas las cosas, el humanismo cristiano.

Estoy completamente convencido de que el Dr. Arias Calderón debió haber sido Presidente en 1989; pero su propia voluntad política en aras de unir a la oposición, le permitió poner el interés nacional por delante del propio. Panamá hubiese tenido otro rumbo político y social. Nos honró como el primer ministro de Gobierno y Justicia en democracia (1989-91), logrando durante su mandato, la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil. Sustento con convicción lo anterior, ya que su gestión como administrador de la cosa pública o como líder político siempre demostró ser un gran pensador creyente en las ideas, por encima de los sucesos o las personas.

Hoy, descansa un héroe ejemplar, pero su legado continúa. Todos debemos seguir ese espíritu y visión que siempre lo caracterizó. Sus enseñanzas, pensamientos, luchas y esfuerzos, permanecerán latentes en la memoria de todos los hijos de la patria.

Carlos Eduardo Rubio

Vicepresidente del Partido Popular y Viceministro de Gobierno de la República de Panamá

El 7 de febrero de 1992 se firmó en la ciudad holandesa de Maastricht el Tratado de la Unión Europea. Significó el paso más importante en el camino a la unión política desde los acuerdos de Roma de 1957.

El Tratado de Maastricht es el resultado de la estrategia de profundización antes de la expansión seguida frente a los cambios de fines de los años ochenta en Europa central y oriental. También la reunificación alemana y la relación de la cuestión alemana con el desarrollo de toda Europa habían actuado como catalizadores.

Contenido del Tratado

La Unión Europea debía unificar y dar marco común a los tratados preexistentes. El punto culminante previsto en el tratado era la construcción de una política económica y cambiaria común. En forma simplificada, la Comunidad Europea se basaba en tres pilares ya existentes, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, que constituyen el primer pilar supranacional.

A esto se agregan dos ámbitos de cooperación intergubernamental: la política exterior y de seguridad común (o segundo pilar, PESC) y los asuntos de justicia e interior (o tercer pilar, JAI). Otros temas del Tratado eran el establecimiento del principio de subsidiariedad, la introducción de la ciudadanía europea, un nuevo procedimiento de decisión en el Parlamento Europeo y la creación de comisiones de las regiones.

Unión económica y monetaria

En el Tratado se establece la piedra fundamental para la unión monetaria y la creación del euro en tres etapas. La moneda común debía ser introducida antes del 1.1.1999 en el sector bancario y antes del 1.1.2002 como dinero en efectivo.

Los llamados criterios de convergencia ponían condiciones a la introducción del euro en los países. Referían a la deuda estatal, las tasas de interés, la estabilidad del presupuesto y de las tasas de cambio. Se estableció que el déficit anual de un Estado no podía superar el 3 % y la suma de la deuda pública no podía superar el 60 % del producto bruto del país.

Política exterior y de seguridad común

Se sustituye la cooperación política europea existente hasta ese momento por la política exterior y de seguridad común, de características bastante más vinculantes. Los objetivos eran la protección de los valores compartidos, los intereses y la independencia de la Unión Europea, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la cooperación internacional así como de la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, las decisiones finales seguían en manos de los Estados nacionales.

Política común de asuntos de justicia e interiores

En el ámbito de los asuntos de justicia e interiores se acordó por primera vez la cooperación en cuestiones concernientes a políticas migratorias y de asilo, la lucha contra el narcotráfico, el combate a las estafas internacionales y al terrorismo, así como asuntos de derecho civil y penal. Para una mejor cooperación de las policías se acordó la fundación de la institución europea Europol.

Principio de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad implica que una actividad estatal debe ser realizada en lo posible por el estrato más bajo de gobierno. La Unión Europea recién puede entrar en acción cuando los objetivos políticos pueden ser alcanzados en forma más eficiente a nivel comunitario. Este principio ya estaba implícito en el Tratado de Roma de 1957 y explícitamente contenido en el Acta Única Europea de 1986 sobre temas ambientales.

Fortalecimiento del Parlamento Europeo

Una mayor democratización de la Unión Europea se debería alcanzar a través del fortalecimiento del Parlamento Europeo. La introducción del llamado procedimiento legislativo en la Unión Europea le dio al Parlamento potestades legislativas en varios ámbitos políticos que lo ponían en igualdad de condiciones respecto al Consejo de la Unión Europea.

Además se introdujo la posibilidad de la moción de censura contra la Comisión Europea. Por primera vez se reconocieron partidos políticos a nivel europeo, lo que permitió su financiamiento con fondos de la Unión Europea.

Ciudadanía europea

Para que la unión económica se convirtiera en una unión política, la ciudadanía europea constituía un símbolo claro. La obtenía cada ciudadano de los países de la Unión Europea; complementaba pero no sustituía la ciudadanía de su Estado. Los derechos del ciudadano comunitario comprenden el derecho a presentar peticiones al Parlamento Europeo, así como reclamos frente al Defensor del Pueblo Europeo, el derecho a formar iniciativas ciudadanas, el derecho electoral pasivo y activo en las elecciones comunales y europeas, el derecho a la libre permanencia y circulación, así como a la protección por las representaciones diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro.

Comité Europeo de las Regiones

En su calidad de órgano consultivo, este comité da voz a las entidades de carácter territorial en procesos de toma de decisión de la Unión Europea. Se compone de 244 representantes de entidades regionales y locales. Sin embargo, su carácter meramente consultivo no permite realizar plenamente la muy citada Europa de las regiones.

Política social común

Al Tratado se le agregó un protocolo sobre política social común. Allí se acordó la introducción de normas mínimas del derecho laboral y la puesta en marcha de un diálogo social mayor. El único país que voto en contra de este protocolo fue Gran Bretaña.

Reacción de la opinión pública al Tratado

La ratificación del Tratado chocó con algunas dificultades ya que la opinión pública se expresaba en forma contradictoria. En Dinamarca, Irlanda y Francia se realizaron referéndums que le dieron una escasa mayoría. En Dinamarca los votantes recién lo aprobaron en la segunda cita, después de rechazar el Tratado en 1992 por 51,7 %. En Alemania, el Tribunal Constitucional debió decidir si el Tratado significaba la renuncia a derechos de soberanía protegidos por la Constitución. Recién en octubre de 1993 el Tribunal dio luz verde para la ratificación. Por esta razón, el Tratado de Maastricht recién fue implementado el 1 de noviembre y no el 1 de enero de 1993 como se había planeado.

Las discusiones sobre Maastricht continúan. Los opositores argumentan ante todo que una integración impuesta desde arriba genera nacionalismo. Desde la cumbre de Maastricht el tema Europa está presente en forma constante en la discusión pública. En vistas a la posibilidad de una unión monetaria y política, ante todo en Gran Bretaña, Dinamarca y Francia se discute vivamente sobre la pérdida de soberanía nacional y de las monedas propias. También en Alemania la pérdida del marco alemán (DM) jugó un papel importante.

Reinhard Schreiner
Historiador. Archivólogo de la Fundación Konrad Adenauer

Artículo publicado originalmente en Geschichte der CDU.

Traducción: Manfred Steffen, coordinador de programas de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo

El vínculo entre Uruguay y Alemania abarca una serie de áreas que van de lo político, cultural y social a lo económico, comercial y financiero. La relación entre ambos países atraviesa un excelente momento del que es representativo la gira que actualmente desarrolla una delegación uruguaya encabezada por el presidente de la República que fue recibida con elocuente simpatía por la Canciller Ángela Merkel, políticos y empresarios.

Relación comercial actual entre Uruguay y Alemania [1]

Vamos a concentrarnos brevemente en las relaciones comerciales, en cuál es su estado actual y las potencialidades que pueden ser desarrolladas. Alemania, como potencia económica, tiene una marcada relevancia en la economía internacional. Exporta anualmente por unos 300.000 millones de dólares, en dónde se destacan los rubros automóviles, autopartes, medicamentos y aeronaves. Los principales destinos de esos bienes son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Países Bajos, China e Italia, en ese orden.

Las importaciones por su parte representan una cifra algo menor que las exportaciones, destacándose los rubros automóviles y autopartes, derivados del petróleo, medicamentos y computadoras. El principal país del que más importa Alemania, como en el caso de muchos países, es China, seguido de los Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Italia y Polonia.

En cuanto a las relaciones comerciales entre Uruguay y Alemania, debe destacarse que en 2016 el valor de las exportaciones uruguayas sumó 244 millones de dólares, lo que representa un 3,5% del total y coloca a Alemania como el sexto mayor destino exportador. Las importaciones desde Alemania representan unos 400 millones de dólares en promedio en los últimos 3 años y han crecido más que las exportaciones en los últimos años.

En cuanto a los principales rubros de exportación desde Uruguay hacia Alemania encontramos carne bovina (fresca o refrigerada), pieles curtidas y en tercer lugar soja. En cuanto a las exportaciones de Alemania a Uruguay aparecen, en orden de importancia, motores y generadores eléctricos, materiales de construcción, automóviles y medicamentos.

El informe de Uruguay XXI encuentra como exportaciones de desarrollo potencial hacia Alemania en base al estudio de la complementariedad comercial algunos rubros como productos químicos, de caucho y plástico, productos alimenticios, bebidas y tabacos y fabricaciones metálicas básicas, maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión.

Perspectivas de la relación comercial entre Uruguay y Alemania

Es notorio que la situación política y económica del mundo ha cambiado significativamente el año pasado, con eventos tan significativos como el Brexit y el triunfo de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. Este año hay eventos también muy relevantes a prestarle atención como las elecciones en Alemania y Francia, verbigracia, que marcarán el rumbo de Europa en los próximos años.

No debe caerse, sin embargo, en la presunción de que el éxito electoral de los populismos de izquierda y de derecha en distintas partes del mundo acarreará una nueva ola proteccionista. Si bien es claro que es la tendencia que en forma burda llevará adelante Estados Unidos, fue muy significativo que China haya salido a tomar la posta de la defensa del libre comercio y la globalización en la última reunión del World Economic Forum desarrollada recientemente

La posibilidad de un acuerdo Unión Europea – Mercosur, sin embargo, parece lejana. Más allá de las buenas intenciones de algunos de los países miembros de cada bloque, hay otros que pueden y seguramente ejerzan su posibilidad de vetar el acuerdo, y las negociaciones concretas han avanzado muy poco. Si algunos de los países más relevantes en términos económicos toma un giro populista, el acuerdo quedará definitivamente descartado, y de allí también la relevancia de las elecciones de este año, más allá de las consecuencias políticas y sociales negativas que también traería este derrotero.

En esta situación es relevante avanzar todo lo posible en la relación bilateral, en términos comerciales, pero también en lo financiero y en las inversiones. Hoy por hoy existen unas 40 empresas relevantes de capitales alemanes y la posibilidad de desarrollar nuevas inversiones, en particular en cuanto a infraestructura sería muy importante para Uruguay. Por su parte, Alemania puede encontrar provechosas algunas de estas nuevas inversiones y la ampliación de la relación comercial en algunos de los rubros identificados como de desarrollo potencial.

Reflexión final

En síntesis, el comercio libre y voluntario entre los pueblos siempre resulta beneficioso para ambas partes y es la principal fuerza detrás del desarrollo económico y social de la humanidad desde el fondo de los tiempos. La globalización ha sido y es la principal razón por la que la pobreza extrema ha caído vertiginosamente en las últimas décadas y debe seguirse impulsando y defendiendo contra los populismos del signo que sean.

En este sentido, la ampliación y profundización de las relaciones entre Uruguay y Alemania será una buena noticia para ambos países, para sus empresas, sus trabajadores y el nivel general de vida para todos.

Hernan Bonilla | @Hernan_Bonilla

Un poco de historia

Cuando el 23 de junio de 1856 el Sr. Hermann Herbert Friedrich von Gülich, representante del Reino de Prusia y el canciller uruguayo Joaquín Requena firmaban el primer acuerdo bilateral entre estas naciones, el mundo era bastante distante del que conocemos hoy en día.

América del Sur fue un punto clave para una emigración que comenzaba a crecer a causa del clima de tensión y violencia que se vivía en la Europa de las preguerras mundiales, ya que muchas de nuestras naciones habían nacido no hacía tanto tiempo y se encontraban en franco proceso de consolidación como Estados independientes, libres y soberanos, con un fuerte impulso económico, demográfico, social y político.

Los emigrantes alemanes también vieron en el Uruguay una tierra de paz y prosperidad y, al igual que italianos, españoles y portugueses (aunque en menor medida), se radicaron en nuestro suelo, con sus costumbres y tradiciones, y fueron una parte importante de la formación de nuestra identidad como nación. Se trata de una enorme masa de inmigrantes que tomaron al Uruguay como propio, dejaron su impronta y fueron adoptados como hijos por el naciente país.

A 160 años del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, se reunió, en una visita de Estado sin precedentes para nosotros, con su par, la canciller Angela Merkel. Para un país de poco más de tres millones de habitantes y una extensión que no alcanza a la mitad de la superficie alemana, es una cosa bien importante.

La agenda europea del presidente Vázquez está cargada de temas de trascendencia internacional, aunque hay un especial capítulo para las relaciones comerciales entre ambas naciones y para lo cual la comitiva incluyó a casi un centenar de empresarios que aportarán un componente esencial en la búsqueda de acuerdos en rubros específicos como la agricultura e infraestructura, que significan un gran avance para nuestra nación.

¿Mercosur sí?

Una vez más se pone sobre la mesa la necesidad de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Basta recordar que hace cinco años, cuando el expresidente José Mujica visitó el país teutón, el tema fue uno de los puntos clave. ¿Cuál es la novedad, entonces, de insistir en el punto? La realidad no es la misma de hace cinco años: ni en el Mercosur, ni en la Unión Europea ni en el escenario internacional.

La situación de Venezuela en el bloque regional sudamericano, así como el cambio de orientación política de grandes países como Argentina y Brasil pueden generar un nuevo impulso al bloque con una nueva orientación hacia aspectos comerciales. Por otro lado, la Unión Europea ha sufrido uno de sus más graves sacudones con el brexit y la salida del Reino Unido de la eurozona y del bloque regional.

Y como si esto fuera poco, este año ingresa un nuevo componente en la política internacional, de la mano del flamante presidente norteamericano Donald Trump que, para bien o para mal (habrá que esperar), producirá un cambio en las relaciones entre los países y en los balances del poder internacional.

Alemania ve con preocupación la futura relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y por ello América del Sur (sobre todo el Mercosur) se convierte en un punto de atracción para compensar el desbalance que pueda generarse.

¿Qué tenemos para ofrecer como nación?

En este mano a mano un tanto desproporcionado, cabe preguntarse por qué la canciller Merkel busca en Uruguay a un aliado. La respuesta es sencilla; la fortaleza del Uruguay se sustenta en todos aquellos aspectos que son claves para el pueblo alemán: crecimiento económico sostenido, instituciones fuertes, estabilidad política y social, respeto por el orden jurídico tanto a nivel nacional como internacional, capacidad de articulación y de diálogo, respeto irrestricto de los derechos humanos y un desarrollo integral y sostenible producto de una cosmovisión que nos ha permitido a los uruguayos seguir la misma senda (con muchos matices y variantes) sin importar qué partido político llegue al poder. A diferencia de muchas naciones de nuestro continente, nuestro sistema político y económico no se está refundando cada cinco años ni queda a merced de la voluntad de quien haya sido electo para gobernar, porque hemos entendido que hay cuestiones en las que nos va la vida como país y en eso podemos ponernos todos de acuerdo.

También es bueno recordar que en los próximos meses Uruguay asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tendrá en sus manos la colocación de temas en la agenda de discusión, por lo que las naciones como Alemania o Reino Unido buscarán en el pequeño país del sur del continente americano un aliado para marcar posiciones claras en su lucha contra el terrorismo, los delitos internacionales, el lavado de activos y el cambio climático; cuestiones todas que nuestro país ha venido manejando con mucha seriedad y responsabilidad, sobre todo en los últimos años.

No es casual que una potencia como Alemania y una líder mundial como Angela Merkel ponga sus ojos sobre Uruguay, que —a fuerza de haber puesto siempre todo de sí en la búsqueda de acuerdos internacionales y de la paz entre las naciones— se ha ganado un lugar privilegiado en el mundo de la geopolítica y un asiento entre las naciones que deciden el destino del mundo.

Al final de cuentas, el mundo reclama a gritos un poco de cordura y sensatez ante visiones que se presentan poco menos que apocalípticas. Es ahí cuando las grandes naciones vuelcan sus ojos al pequeño y pacífico Uruguay.

Diego Silveira Rega | @Diegosilveirar
Director de la Comisión Nacional de Jóvenes del Partido Nacional de Uruguay

Por primera vez en la historia venezolana el Poder Legislativo sesionó en la calle. Lo hizo en el barrio Mesuca, uno de los más grandes de Latinoamérica, en una obra de infraestructura desarrollada por Carlos Ocáriz, calificado como el cuarto mejor alcalde del mundo en 2015. Allí sancionó la Ley de Barrios en primera discusión, una ley que busca mejorar los servicios públicos y las condiciones sociales a más de tres millones de familias, la mitad de la población venezolana que vive en esos sectores. Es un buen ejemplo de la búsqueda de acercar los Parlamentos, instituciones que lucen alejadas de los ciudadanos.

Pero el Parlamento venezolano no está en la calle por esta razón, al Parlamento venezolano lo han dejado en la calle. Más de 50 sentencias han inhabilitado su función constitucional de legislar y controlar, 15 leyes sancionadas y 32 discutidas por primera vez fueron bloqueadas por los tribunales. Sus diputados han sido golpeados, encarcelados y asfixiados económicamente; su pago (unos USD 20 al mes) no se ha efectuado desde junio de 2016.

El gobierno venezolano ha revelado abiertamente su carácter dictatorial no solo al inhabilitar al Parlamento a través de un Tribunal ilegítimo, sino al bloquear el derecho constitucional a un referendo para revocar el mandato presidencial en 2016 y al no convocar las elecciones regionales que correspondían constitucionalmente en ese año.

Maduro y la cúpula militar buscan evitar que los venezolanos voten o, si lo hacen, que sea al estilo nicaragüense: con una oposición escogida al inhabilitar e ilegalizar a sus oponentes más fuertes. El gobierno no gobierna, el Tribunal imparte injusticia, el Consejo Electoral no convoca elecciones, el Defensor del Pueblo no lo defiende, los medios no informan y la Asamblea no puede legislar.

Todo esto sucede mientras Venezuela continúa con la inflación más alta del mundo, el decrecimiento económico más alto de Latinoamérica y una de las inseguridades ciudadanas más atroces. El Parlamento ha sido echado a la calle y con él la democracia. En el país reina el autoritarismo. ¿Esperarán los vecinos a que pase en casa para reaccionar?

Daniel Montero | @danmont
Venezolano, abogado, militante de Primero Justicia

En momentos en que el voto aumenta su trascendencia en todo el mundo es pertinente reflexionar sobre un sistema de voto voluntario que, como el chileno, tiende a contradecir en cierto grado a la democracia.

Chile mantiene notables diferencias socioeconómicas con respecto a muchas naciones de Latinoamérica. Sin embargo, hay una gran coincidencia regional: un malestar generalizado hacia el mundo político, que ha arremetido con fuerza en varias naciones de la zona, haciendo alusión a una —a priori— crisis de representatividad resultante de ciertas situaciones antiéticas que han afectado a miembros de la esfera política. Esto ha derivado en una pérdida de confianza de la ciudadanía hacia toda una institucionalidad.

El 31 de enero de 2012 comenzó a regir en Chile la ley 20568, que regula la inscripción automática y el voto voluntario para elegir a los representantes de la ciudadanía. En primera instancia sería algo totalmente favorable para con el concepto democracia, si se considera que aquella obligatoriedad que predominaba anteriormente, por presunta obviedad, no se ajustaba a los preceptos de libertad que constituyen en su más alta acepción el reflejo de la democracia.

En cuanto a la inscripción automática, esto implicaba que todos los ciudadanos chilenos que no estuvieran inscritos en el servicio electoral, una vez cumplida la mayoría de edad (18 años), automáticamente quedarían incluidos en la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio o residencia.

La primera prueba de aplicación de la nueva ley tuvo lugar en las elecciones municipales del año 2012 y arrojó, para sorpresa de muchos, un resultado nefasto en cuanto a participación cívica. Alrededor del 60 % de los inscritos se abstuvieron, lo que reflejó el desinterés y, a la vez, el masivo descontento de los ciudadanos chilenos hacia el sistema político.

La alta abstención llevó a la palestra mediática la actuación e intenciones de los personeros del orbe político, que fueron cuestionados profusamente, quizás a raíz de la mencionada falta de confianza que ya en ese entonces iba in crescendo.

Empero, emergen importantes preguntas. Si existió casi un 60 % de ciudadanos que no se presentaron a sufragar, ¿los elegidos como alcaldes y concejales representan realmente a los ciudadanos chilenos? Tal vez sí desde una perspectiva netamente legal, ya que el proceso electoral se realizó bajo el alero de lo estrictamente constitucional. No obstante, ¿qué sucede con ese inmenso cúmulo de chilenos que no votaron? Si un candidato fue electo por mucho menos de la mitad de los ciudadanos habilitados para votar, ¿aquella persona electa tiene legitimidad social como tal?

En efecto, paradójicamente la nueva ley bloqueó aun más el sentido democrático, ya que tal vez aquella obligatoriedad que antaño existió, sí le otorgaba un tópico de presión o compromiso cívico a la gente para manifestarse al trazar una línea en la papeleta, con el solo hecho de escribir alguna consigna en particular o inclusive anular.

La menguada participación cívica en el sufragio, en adición al descontento con la función política, tiende a viciar o deslegitimar socialmente el proceso electoral, con independencia de la clara legalidad con que se realizó el proceso.

Ahora —y así será en los tiempos venideros— ya no basta con realizar una elección democrática basada en todos los parámetros, normas y condiciones preestablecidas de manera constitucional, y ya no es suficiente aducir que en democracia gana el que obtiene mayoría simple. La gente debe votar y, a la vez, debe existir una alta convocatoria en las urnas. Solo de esta forma aquella acción se encauzará en el ámbito de dos necesarias dimensiones de legitimidad que demanda un proceso electoral en la actualidad, para que podamos referir sin prejuicio alguno a un íntegro representante de la ciudadanía: la legal y la social. Debemos aceptar que a veces el voto obligatorio no es sinónimo de antidemocracia.

Rodrigo Esparza | @rodrigo_esparza
Licenciado en Educación, magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional

Siete de los ocho candidatos a la Presidencia de la República debatieron en el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil.

El candidato oficialista, Lenin Moreno, no asistió al debate y escribió en su cuenta de Twitter: «No participaremos en debates basados en confrontación que devalúan la verdadera política como instrumento de servicio ético al país». Su decisión generó controversias principalmente en las redes sociales pero no sorprendió, pues Moreno es representa al Gobierno actual, que no ha incentivado para nada el diálogo.

Los temas definidos para el debate fueron: mercado laboral y empleo, política tributaria, macroeconomía, corrupción y libertad de expresión. Los discursos de los candidatos no presentaron sorpresas: cada uno de ellos repitió las propuestas que se les han escuchado desde que arrancó la campaña.

Sin embargo, lo que si llamó la atención fue la estrategia de ataque implementada por la candidata del Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, hacia Guillermo Lasso, del Movimiento CREO. Viteri desperdició sus primeras intervenciones y sus habilidades comunicacionales en atacar a Lasso, dándole a este mayor oportunidad para replicar las acusaciones y evidenciando que su prioridad no era presentar sus ofertas al electorado.

Finalmente, el ganador del #Debate2017 fue Guillermo Lasso, quien ratificó tener claro su discurso y sus propuestas. Su estrategia rindió frutos, no cayó en la confrontación, a pesar de los ataques que recibió de sus contertulios y cuando replicó, fue conciso y claro. Después de seis años de trabajo Lasso ha aprendido la lección, aparece como un político entrenado y conectado con la realidad del país, aunque le falta carisma para ganarse al electorado del estrato más popular.

Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática, fue el candidato que cumplió con los tiempos, contestó sucinta y brevemente. Sin embargo, su tono frío y hasta cierto punto parco, no le permitieron despegar, marcar diferencia con el resto de los candidatos, ni conectarse con el electorado.

Los candidatos con menores posibilidades de llegar a Carondelet, como Abdalá Bucaram, Patricio Zuquilanda, Washington Pesántez e Iván Espinel, no acertaron en presentar sus ofertas de campaña de manera concisa, se enredaron en sus respuestas y cayeron en discursos demagogos. Uno de ellos planteó la pena de muerte, otro sugirió que los padres podrían estar armados, y un tercero propuso tener jueces sin rostro, y aunque seguramente sus propuestas no son literales, sus respuestas solo evidenciaron falta de preparación y conocimiento sobre la actual normativa nacional y los convenios internacionales suscritos por el Ecuador.

Lo positivo del #Debate2017 fue que todos los candidatos propusieron trabajar en favor de la libertad expresión; algunos incluso reconocieron que gracias al periodismo de investigación se han descubierto varios casos de corrupción y afirmaron que apoyarán el libre ejercicio de la prensa en el país.

Finalmente, muchos temas importantes quedaron fuera del debate. No se habló de salud ni de educación, ni mucho menos de derechos humanos o medioambiente. La deuda pendiente de los candidatos con el electorado es presentar propuestas concretas sobre temas que incluyan a todos. El próximo 5 de febrero se realizará el segundo debate presidencial, que organizará el Grupo El Comercio. Esta vez el candidato oficialista sí ha confirmado su presencia. Habrá que esperar entonces esta segunda puesta en escena.

Carla Bonilla E. | @CarliBonilla
Ecuatoriana. Comunicadora. Máster en Gerencia Política y Gobernabilidad. Exasesora y jefe de proyectos en el Congreso Nacional, la Unión Demócrata Cristiana, la Fundación Konrad Adenauer y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

La inserción internacional de Uruguay siempre fue un tema central para el desarrollo del país, pero hoy aparecen razones claras para muestran que estamos ante un momento de quiebre.

La política exterior de un país se compone de varios elementos. Uno de ellos es la política comercial externa. Para el caso de Uruguay, dado su pequeño mercado interno y ubicación geográfica, el elemento comercial de la política internacional del país juega un papel clave para el desarrollo.

El punto central que quiero argumentar aquí pasa por resaltar la relevancia histórica que tiene para nuestro país una reflexión amplia y profunda sobre nuestra inserción internacional, principalmente desde un enfoque económico y comercial.

La inserción internacional de Uruguay siempre ha sido un tema central para el desarrollo del país, pero hoy aparecen razones claras para ver que estamos ante un momento de quiebre. Y lo argumento a través de los siguientes puntos.

El primer aspecto a resaltar es que hoy el mundo tiene una dinámica mucho más veloz e impredecible que la de algunos años atrás. La urgencia en primer lugar se debe a un punto que muchos hemos resaltado en los últimos años: «el mundo de hoy ya no vive una época de cambios sino un cambio de época». Esto implica levantar de forma urgente el nivel de debate que venimos teniendo en varios temas. En cuanto a la inserción del país, concretamente, si no nos involucramos en acuerdos concretos, pronto vamos a quedar fuera de los espacios de diálogo internacional y esto nos hará más vulnerables al momento de colocar nuestros productos en el mundo.

El segundo punto pasa por señalar que, ante la actual coyuntura internacional, la inserción externa del país ha dejado de ser un tema de reflexión para ser, cada vez más, un problema a solucionar. Y existen datos objetivos para demostrarlo.

Un ejemplo concreto pasa por el estancamiento de las negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que hace que comiencen a surgir proyectos alternativos entre grupos más reducidos de países, dispuestos a avanzar en temas que la OMC puso sobre la mesa pero que, dado es un órgano en el que las decisiones se toman por consenso, en los últimos años han alcanzado pocos acuerdos entre los 164 países miembros. Vale mencionar, por ejemplo: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) entre doce países, entre los que se encuentran, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, India, Chile, Perú y México; la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea; el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), que reúne al 70 % del comercio mundial del sector.

Concretamente sobre el TPP, vale resaltar que Donald Trump ya oficializó en su primera semana de gobierno la salida de Estados Unidos de este acuerdo. Ante esta noticia, algunos países integrantes del acuerdo firmado a inicios de 2016 se han mostrado más reticentes a continuar sin Estados Unidos. Lo cierto es que, más allá de que Estados Unidos siga o no formando parte de estos acuerdos, todo indica que es una tendencia ya establecida. Podrán cambiar los nombres y las siglas, pero el TPP marcó una agenda entre los países firmantes y ninguno —con excepción de Estados Unidos— querrá tirar por la borda todo lo negociado. Muestra de ello es el rol que han tomado Japón y Australia al pedir que, más allá de la salida de Estados Unidos, se siga avanzando en la agenda que dejó establecida el TPP. China, por su parte, también avanza en caminos de este tipo a través de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), formada por 16 países que representan el 45 % de la población mundial y suman un tercio del PIB mundial. Algunos de los que firmaron el TPP e integran el RCEP son Australia y Nueva Zelanda, competidores directos de Uruguay.

Es claro que no es una tendencia positiva para el comercio mundial. Soy el primero en oponerme a estos consensos reducidos. Pero no es Uruguay el que podrá detener esta tendencia y por tanto nada ganamos con darle la espalda a estos procesos. Más allá de los pasos que quiera dar Trump, los países que integran estos megaacuerdos continuarán avanzando para promover una mayor diversificación de sus mercados. Y países como Uruguay se alejan cada vez más de estas conversaciones.

Un segundo ejemplo del momento de quiebre que vivimos pasa por comprender las tendencias proteccionistas que empiezan a surgir en los últimos años. Un informe publicado por la OMC el pasado mes de julio señala que, entre 2008 y 2016, los miembros de la organización han activado 2127 medidas restrictivas al comercio. Muchas de estas medidas van más allá de simples aranceles al comercio e imponen nuevas normativas y procedimientos para importaciones, que entorpecen el libre comercio. Sucede que la mayor parte de estas medidas proteccionistas son aplicadas a mercados con los que estos países no tienen acuerdos vigentes.

Finalmente, un dato que resume todo lo anterior es que el 2016 ha pasado a ser el quinto año consecutivo en que el comercio internacional creció a la misma tasa que el PIB mundial: 2,8 %, sin variaciones respecto a 2015, al tiempo que el PIB disminuyó en las economías desarrolladas y repuntó en las economías en desarrollo.

¿Qué nos dice todo esto? Primero, que la ventana de oportunidades que estuvo abierta por estos años comienza a cerrarse y que a países como Uruguay, que no empezaron a jugar el partido a su debido tiempo, se les hará muy difícil tomar el ritmo necesario para una buena apertura comercial.

Por todo lo señalado, entiendo que Uruguay deberá dar pasos importantes para fortalecer su inserción externa y no tengo dudas de que existen diversas instituciones en el país que pueden ser actores protagónicos en la promoción de espacios de debate que contribuyan a la generación de propuestas. Un ejemplo podría ser el de un llamado a una mesa amplia de diálogo entre diferentes actores de todos los sectores para reflexionar sobre nuestra inserción externa. Un segundo aspecto debería ser la formulación de propuestas para una reforma que contribuya a la modernización de las instituciones relacionadas con nuestra política exterior. Finalmente, y desde un punto de vista técnico, habría que analizar qué tan eficiente es para el país que nuestra principal herramienta de política comercial esté basada en el formato de unión aduanera, cuyo elemento principal es que sus miembros apliquen un arancel exterior común y, por tanto, definan una política comercial externa común. El Mercosur hoy es una unión aduanera imperfecta debido a la gran cantidad de excepciones que tiene el arancel externo común.

Con el debate de la unión aduanera como herramienta de la política comercial no me refiero a la discusión de Mercosur sí o Mercosur no, sino a un debate más profundo aún, que pasa por considerar la evidencia empírica que existe en esta materia.

Esta evidencia muestra que son muy escasas las uniones aduaneras que han contribuido con el desarrollo económico de los países que las integran. Por otra parte, vale recordar que solamente el 10 % de los acuerdos comerciales regionales notificados en la OMC (635 al 1.º de julio de 2016) corresponden a uniones aduaneras. Esto demuestra que, habiendo pasado varios años tras el establecimiento del artículo XXIV del GATT, una minoría de países del sistema multilateral de comercio han optado por esta herramienta de política comercial que Uruguay tiene como base para su inserción comercial externa.

En los últimos meses, desde el gobierno uruguayo se han dado muchas señales buscando promover una política bilateral, debido al estancamiento político y económico en el que se encuentra el Mercosur. Ejemplos de ello son el tratado de libre comercio firmado con Chile y la intención de comenzar a negociar un acuerdo comercial con China. Asimismo, Brasil se ha manifestado contrario a que Uruguay avance en una política bilateral de comercio fuera del Mercosur.

Por todo lo expuesto, ya sea por razones domésticas o internacionales, Uruguay se encuentra en una coyuntura clave para analizar este tema desde diferentes ámbitos y entre todos contribuir a que el gobierno reformule la política de inserción. Para esto se necesitará instaurar una mesa de diálogo donde los rubros sensibles de las diferentes industrias del país planteen sus fortalezas y debilidades de cara a recibir esa competencia que es inherente a la apertura de mercados. Se necesita un diálogo amplio y franco donde no se tironee según intereses sectoriales y que tenga como bandera el beneficio del país ante todo.

Nicolás Albertoni | @N_Albertoni
Analista internacional

Fuentes:
1. Este artículo se basa en un análisis realizado por el autor para Latin American Goes Global y el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales.
2. OMC (25.7.2016). «Un informe insta a los Miembros a resistir el proteccionismo y «volver a reactivar el comercio»», Informes sobre la evolución reciente del comercio.

Como todos los años, el diccionario Oxford seleccionó una palabra que se hizo notar por su uso y caracterizó al año transcurrido. Posverdad fue la elegida para el 2016.

Este adjetivo se define en relación con situaciones en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las emociones y creencias personales. En otras palabras, posverdad hace referencia a la priorización de lo que uno cree a pesar de que los hechos no lo demuestren; aquello que se siente verdadero pero que no tiene una base fáctica que lo sustente.

A diferencia de años anteriores, cuando las palabras elegidas eran novedosas —por ejemplo, emoji, selfie— este año se optó por un concepto que existe hace una década, que se utiliza hace tiempo y que encontró su máxima expresión en 2016.

La revista The Economist desató el debate con el siguiente tuit, publicado el 1.º de noviembre de 2016: «Obama fundó ISIS. George Bush estuvo detrás del 9/11. Bienvenido a la política posverdad». Precisamente se asocia el término con el quehacer político cuando se utiliza la expresión política de posverdad (post-truth politics) en este y en varios artículos de medios de comunicación.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la salida de Inglaterra de la Unión Europea conocida como Brexit, el impeachment de Dilma Rousseff y el acuerdo de paz en Colombia son ejemplos de casos en que la verdad no fue lo que primó en las informaciones y finalmente los medios y la ciudadanía se sorprendieron con los resultados de esas instancias de votación. Así, tanto victorias como derrotas están rodeadas de cuestionamientos, filtraciones y un incremento de la polarización social. Este es el caso principalmente de las elecciones presidenciales norteamericanas, donde lo único que no primó en ambos bandos —al menos en gran medida— fue la verdad. Para no irse tan lejos, basta mirar la realidad tanto uruguaya como latinoamericana para ver casos en que se muestra la posverdad; relatos que fueron confirmados empíricamente como falsos se siguen sosteniendo, tanto por las autoridades como por los medios de comunicación que toman esa información.

En este fenómeno las redes sociales tienen un papel fundamental. El diccionario Oxford lo ejemplifica en la propia definición del adjetivo: «en esta era de política posverdad es fácil levantar información y llegar a cualquier conclusión que se desee». De hecho, la web está organizada por un conjunto de algoritmos diseñados para mostrar únicamente lo que al usuario le interesa, según su historial de navegación. Internet prometía una democratización real del acceso a la información, una forma de conexión entre personas separadas geográficamente, un espacio para compartir ideas y debatir. Y lo es, en parte. Pero su uso también ha ayudado a la tergiversación de la información. Los usuarios, impulsados por las diversas plataformas digitales y el constante flujo de información, se sienten empoderados para opinar y publicar contenido en sus cuentas. Así, en la pasada campaña presidencial de Estados Unidos, el número de noticias falsas publicadas fue mayor que el de noticias verdaderas. Más aún, varios medios recogieron información que posteriormente fue corroborada como falsa.

¿Qué nos quiere decir la posverdad en pleno siglo XXI? Si bien el concepto en sí no presenta una novedad, no en vano se ha puesto en el tapete de los medios y, sobre todo, en relación con la actividad política.

No es nueva la recurrencia a las emociones a la hora de decidir. Existen años de estudios sobre opinión pública que la explican y desarrollan. De hecho, varias campañas políticas tienen una clara alusión al voto emocional por sobre lo racional y los hechos puros y duros. Tampoco es nueva la estrategia de poner la percepción de los hechos por encima de la propia realidad a la hora de comunicar determinado mensaje. Lo que sí resulta nuevo es la indiferencia hacia la verdad. Habiéndose publicado la posverdad de un hecho, el año 2016 mostró que lo que la gente quiere creer prima sobre la realidad: se elige la mentira.

Para los políticos y para quienes manejan medios de comunicación y trabajan con información pública, esto supone un desafío. Pero ante todo, la pregunta persiste: ¿buscamos la verdad o queremos vivir en un mundo de posverdad? Para dignificar la actividad política y no temer a enfrentarse a artículos como el de The Economist —que afirma que los políticos siempre han mentido y se pregunta si realmente importaría si estos dejan la verdad detrás—, no hay mejor política a implementar que la de la honestidad, la de la verdad.

Agustina Carriquiry | @agucarri
Licenciada en Comunicación Social, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo

El 20 de enero de 2017 asume el presidente 45.º de los Estados Unidos de América. La Fundación Konrad Adenauer plantea frente al evento diez preguntas y diez respuestas.

El triunfo electoral de Donald Trump en noviembre de 2016 sorprendió a muchos. Desde entonces se extienden especulaciones sobre la futura política de los Estados Unidos. Muchas preguntas quedan sin responder. Es que una evaluación seria de las intenciones de la nueva administración respecto a la política interna como a la externa solamente podrá realizarse después de la toma de posesión y sobre la base de pasos concretos. Los análisis no se deberían dejar llevar por la histeria de los medios y las conclusiones prematuras, aun si el mismo Donald Trump alimenta una y otra vez las especulaciones y la excitación, justamente porque los Estados Unidos y las relaciones transatlánticas constituyen un interés estratégico central.

1. ¿Los norteamericanos se volvieron locos al elegir a Donald Trump como presidente?

Los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos tienen muchas causas. Donald Trump presentó con su consigna Make America great again un mensaje claro y una campaña eficaz. Sacó ventaja de la mala imagen de la clase política en Washington así como de una candidata débil y una deficiente dirección de la lucha electoral por parte de los demócratas.

La campaña electoral fue determinada por la retórica agresiva de Trump, su deliberado debilitamiento de la confianza en las instituciones políticas y sus ataques personales a la candidata rival. Desde las elecciones en los Estados Unidos existe una intensa discusión sobre la posible influencia de las Fake News y de hackeos rusos. Sin embargo, de los análisis se concluye que muchos ciudadanos americanos normales y también votantes republicanos tradicionales vincularon la elección de Trump con sus propias expectativas materiales, el deseo de cambio y la expresión de una protesta y añoranza de protección respecto de las consecuencias negativas de la globalización. Muchos norteamericanos no votaron a Trump por su —en muchos aspectos— fea campaña electoral, sino a pesar de esta.

El resultado electoral en los Estados Unidos sigue provocando preguntas, lo que hace necesarios análisis de mayor alcance. A pesar del resultado sorprendente, en Alemania y en Europa debería respetarse una elección democrática y no emitir juicios generalizantes e incluso arrogantes sobre los americanos.

2. ¿El presidente Trump se diferenciará del candidato Trump?

Donald Trump es una persona pública en los Estados Unidos desde los años ochenta. Recientemente, estuvo durante catorce años en el centro de uno de los programas televisivos más exitosos. Su personalidad, impulsividad, impaciencia, agresividad, imprevisibilidad y su conducta narcisista son bien conocidas por los norteamericanos desde hace treinta años. Es improbable que Trump se comporte de forma totalmente diferente como presidente.

Trump es un profesional absoluto de la televisión y los medios, que utiliza sus apariciones y comentarios de manera deliberada. Para el ejercicio de su cargo serán determinantes la conformación de su equipo y la cooperación con su entorno, ante todo con los republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes. Numerosas voces de su entorno confirman que aprende rápidamente, que encara en forma pragmática los problemas y que tiene una estrategia orientada a soluciones.

Posiblemente haya que aprender a diferenciar entre las declaraciones y anuncios públicos de Trump y la política real de la administración de los Estados Unidos.

3. ¿Qué significa la política America first de Trump? ¿Los Estados Unidos se van a aislar bajo su presidencia?

America first significa ante todo que Trump va a colocar la política interna americana en el centro de su desempeño como presidente. Con su asunción es de esperar que el centro de la agenda esté ocupado por los alivios en las cargas impositivas para las empresas, las transformaciones del sistema de seguridad de salud conocido como Obamacare y la modernización de la infraestructura de los Estados Unidos.

Los dos períodos presidenciales del presidente Obama ya se habían caracterizad por una fuerte tendencia a la focalización en cuestiones de política interna y menos en hacerse cargo de responsabilidades en el ámbito global. Aunque algunos se sientan confundidos por el énfasis de Trump en America first, el hecho que los intereses nacionales determinen las negociaciones de la política internacional es normal. La pregunta es más bien cómo Trump y sus asesores van a definir los intereses americanos y en qué la reflexión estará definida por las consecuencias a corto y largo plazo de la política americana.

El punto de partida para las negociaciones globales de los Estados Unidos en 2017 no es tan fuerte como para que Trump pueda simplemente imponer su voluntad a los otros países. America first podría constituir un impulso para que Alemania y Europa formulen claramente sus propios intereses y construyan de esta forma posiciones de partida para las negociaciones.

Sin embargo, es de temer que una retórica agresiva de America first pueda fortalecer un estado de ánimo hostil hacia los Estados Unidos, tanto en Alemania como en Europa. Pero esto no está en el interés de los Estados Unidos ni de Europa.

4. ¿Puede Trump hacer lo que le parece? ¿Existe el peligro de que los Estados Unidos se conviertan en un Estado autoritario?

La Constitución de los Estados Unidos de América es la Constitución democrática más antigua del mundo. Aunque las conductas de Trump en la campaña electoral deban ser criticadas, no se debería sacar la conclusión de que ahora existe una amenaza de una situación autoritaria. Nadie debería dar lecciones de democracia a los Estados Unidos. La construcción de controles y equilibrios (Checks and Balances) dentro del sistema de los Estados Unidos, con el consiguiente reparto de potestades entre el presidente y el Congreso, el sistema bicameral, la fuerte jurisdicción constitucional, la estructura federal y las elecciones diferidas en el tiempo constituyen instituciones democráticas fuertes que ya han superado muchas pruebas.

Como presidente, Trump tiene potestades ante todo en lo que refiere a la política exterior y de seguridad. En casi todos los proyectos de los que se habla en relación a Trump, este tendrá que trabajar con el Congreso americano. Allí los republicanos disponen de la mayoría desde las últimas elecciones, pero los senadores y diputados del Partido Republicano, muy seguros de sí mismos, van a negociar duramente con Trump y a ejercer influencia sobre la política. Los partidos y fracciones en los Estados Unidos no son comparables con los partidos políticos en Alemania. Por otro lado, la relación entre Trump y grandes sectores será muy tensa. Justamente con respecto a la política interna —que ocupa un lugar central de su agenda—, Trump no podrá hacer lo que le plazca. Esto va a depender especialmente de cómo se organice la cooperación entre su jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, y el vicepresidente Mike Pence, con el jefe de la bancada republicana Paul Ryan y los representantes.

5. ¿Trump va a seguir provocando vía Twitter, aun siendo presidente?

Donald Trump anunció que también como presidente seguirá utilizando su cuenta de Twitter. Hoy se observa que cada tuit suyo desencadena reacciones a nivel mundial en los medios e incluso en los ámbitos políticos. Trump puede de esta forma mantenerse en la ofensiva y determinar la agenda de las discusiones. La pregunta para el futuro es si este efecto va a terminar desgastándose.

Posiblemente los medios y la política aprendan a lidiar en forma más relajada y aplomada con estos tuits.

Durante la discusión no se debería olvidar que el presidente Obama fue muy activo como @potus (President of the United States) tanto en Twitter como en otras redes sociales.

El riesgo que encierra la comunicación vía Twitter de Trump se sitúa ante todo en el hecho de que reacciona en forma muy brusca a la crítica, lo que podría contribuir en ciertas circunstancias a escalar conflictos en forma rápida. Esto vale ante todo cuando se no trata de Trump como persona, sino de relaciones entre Estados.

6. ¿Por qué la economía en Estados Unidos de América reacciona en forma tan positiva a Trump?

Trump es un empresario con muchos conocidos y amigos en círculos económicos. Convocó a su gabinete a algunos empresarios conocidos. En esos círculos básicamente se valora positivamente que personas con conocimiento económico ocupen posiciones políticas de influencia. Trump y los republicanos coinciden a su vez en cuanto a reducciones impositivas y reducción de la burocracia estatal, de manera que muchos empresarios y analistas esperan en esta área pasos políticos concretos pronto, que faciliten la actividad económica y aumenten las ganancias. Además, Trump anunció importantes contrataciones del Estado para la modernización de la infraestructura, de las cuales muchos empresarios americanos esperan una expansión de sus actividades.

En el mercado de trabajo tuvo lugar un Rally Trump. Los valores en la bolsa subieron fuertemente desde la elección. Sin embargo, se espera que vuelvan a caer si los anuncios no se hacen realidad. Como en otras áreas políticas, también aquí hay mucha especulación. Últimamente se dio que los valores bursátiles de las empresas farmacéuticas bajaron claramente cuando Trump, contrariamente a lo esperable, anunció su apoyo a establecer topes en los precios de los medicamentos.

7. ¿Los Estados Unidos van a seguir bajo Trump garantizando la seguridad de Alemania y de los miembros europeos de la OTAN?

Trump continuamente se muestra crítico con la OTAN. Afirma que no constituye una eficaz defensa contra el terrorismo y que no todos sus miembros realizan sus aportes financieros. Simultáneamente, tanto Michael Flynn, designado como asesor de seguridad nacional, y James Mattis, recién nominado ministro de Defensa, se declaran comprometidos con la OTAN y las garantías de seguridad.

Mientras Trump realizaba declaraciones críticas hacia la OTAN al diario Bild, una brigada estadounidense de combate llegaba a Polonia para fortalecer allí la seguridad de la Unión Europea conjuntamente con otras unidades de la OTAN. Esto muestra que los Estados Unidos siguen haciéndose cargo de las garantías de seguridad.

Que Alemania y los otros socios de la OTAN deben cumplir con sus obligaciones es un argumento con fundamento. Ya durante la elección, tanto en Alemania como en Europa surgieron iniciativas para fortalecer los aportes a la seguridad, la defensa y las capacidades militares. La posición de Trump se puede entender como un incentivo a intensificar la política común de defensa y de seguridad de la Unión Europea.

8. ¿Va a haber una nueva amistad entre los Estados Unidos y Rusia? ¿Putin y Trump realizarán un Deal a expensas de otros Estados?

Trump siempre se manifestó amablemente sobre Putin y trajo a colación la finalización de las sanciones contra Rusia. En principio no hay ningún error en el intento de mantener buenas relaciones con Rusia. También Alemania y Europa lo desean. Sin embargo, la anexión de Crimea, la intervención rusa en el este de Ucrania y la intervención militar en Siria dificultan buenas relaciones en este momento.

Trump también manifestó que parte de la base que durante las elecciones en Estados Unidos hubo actividades de hackeadores rusos. Se resiste empero a que esto haya influido a su favor en los resultados. Los ministros designados de Relaciones Exteriores, Rex Tillerson, y de Defensa, James Mattis, criticaron la política actual respecto a Rusia. Durante una consulta, Mattis calificó a Rusia como la principal amenaza para los Estados Unidos. En el Congreso americano hay numerosos políticos influyentes en las filas republicanas que conocen a propósito de Rusia y critican fuertemente a Putin.

También la administración Obama comenzó en su momento con la intención de un reseteo de la política, de un nuevo comienzo de las relaciones con Rusia. Sin embargo, esta política fracasó. Si Trump acordará finalmente con Putin es una pregunta sin respuesta, según sus propias declaraciones. Pero si se observan las personalidades de ambos presidentes, que indispensablemente necesitan mostrar fuerza, es bastante probable que estallen disputas.

9. ¿Se bajan los Estados Unidos de la protección del clima?

Trump y parte del Partido Republicano ponen duda el cambio climático y consideran la protección del clima como innecesaria e inconveniente para la economía. Sin embargo, después de las elecciones Trump se presentó en forma más moderada y admitió la influencia humana en el clima.

Los Estados Unidos ratificaron el Tratado de París. Por lo tanto, la administración Trump también está comprometida a cumplirlo. No es posible una retirada fácil del acuerdo y llevaría años. A esto se agrega que para la nueva administración y para Trump personalmente este tema no parece prioritario. Por lo tanto, podría suceder que se cuestionara la implementación del Tratado de París cuyo comienzo está previsto recién para 2020.

10. ¿La elección de Trump significa un viento de cola para los populistas de derecha en Alemania y en Europa?

Los desarrollos en los Estados Unidos no deberían ser equiparados en forma simplista con los que tienen lugar en Alemania y en las otras democracias en Europa. Los sistemas políticos, los sistemas electorales, los partidos, la cultura política, los medios de comunicación y los problemas de la política interna muestran diferencias muy importantes. También difieren los motivos electorales de los votantes de Trump de quienes apoyan a los partidos populistas de derecha en Europa. No es posible sacar conclusiones serias de los resultados electorales en Estados Unidos y de Trump para las elecciones en Alemania y en Europa.

Es cierto que los populistas de derecha, así como algunos representantes de la Afd (Partido Alternativa para Alemania), Marine Le Pen, Nigel Farage y Geert Wilders, festejaron el triunfo de derecha en Europa. A esto se agrega que justamente los populistas de derecha en el pasado se posicionaron contra los Estados Unidos y que en sus programas dicen querer combatir una presunta excesiva influencia americana en Europa.

Es muy dudoso que las estrategias electorales utilizadas en los Estados Unidos, las provocaciones, el deliberado debilitamiento de la confianza y los golpes bajos sean posibles en las luchas electorales en Alemania. Las campañas negativas —habituales en Estados Unidos hace décadas, por ejemplo— nunca pudieron imponerse en las campañas alemanas. En general, se puede decir que en este sentido hay más diferencias que puntos en común entre los Estados Unidos y Alemania.

Sin embargo, la elección de Trump y sus expresiones públicas provocativas encierran el peligro de que también en los procesos electorales en Alemania y en Europa los partidos establecidos se vean tentados a utilizar expresiones antiamericanas.

Nico Lange
Director de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Washington, DC, EUA

Traducción de Manfred Steffen, coordinador de programas de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo

Artículo original publicado el 19.1.2017, en idioma alemán, en la página web de la oficina Washington DC de la Fundación Konrad Adenauer.

En diciembre de 2015 asumía el gobierno argentino una coalición liderada por Mauricio Macri que lleva por nombre Cambiemos. Y este verbo cambiar es el que los argentinos debemos empezar a conjugar para que este país, inmensamente rico, comience a funcionar. Será una tarea titánica, que no solo debe llevar adelante el nuevo gobierno, sino todos los ciudadanos.

Este primer año deja sus claros y oscuros sobre la gestión del gobierno. Por un lado está la convicción de que la sociedad sigue apostando y confiando mayoritariamente en la capacidad política de Macri para encaminar el rumbo del país.

Entre los oscuros está la certeza de que, sin una rápida reactivación económica, esa confianza caerá notablemente y complicará el panorama electoral, lo que ya empieza a manifestarse en la clase política.

Argentina es un país de oportunidades perdidas, que ha visto cómo los cambios económicos y sociales pasaban de largo. Quienes durante años construyeron un relato populista que los ponía como únicos defensores de los humildes, montaron un sistema perverso de subsidios que aseguraba una clientela cautiva para el voto y que en la última década cimentó aún más el culto al no trabajo. Si la gente no trabaja no es necesariamente por holgazanería, sino porque el sistema económico estatal no fue capaz de impulsarla a trabajar.

Hoy estamos frente a una dura realidad: altos índices de pobreza, inflación, elevado abandono escolar. Se asemeja a aquellos dibujos animados donde el personaje llega al borde del abismo y mágicamente sigue caminando, flota en el aire y sólo se precipita cuando mira hacia abajo y toma conciencia de que no hay nada bajo sus pies. La responsabilidad de la clase dirigente se hace ahora imprescindible, para poner ese piso por donde poder transitar hacia un auténtico proyecto nacional.

Las corporaciones han explotado históricamente el juego suma cero, que ha terminado en reiteradas crisis en las que todos pierden. Lamentablemente, algo todavía más importante que la economía está dificultando el accionar del gobierno: la matriz cultural de la vieja política, que conserva la mayoría en el Congreso. El lema que pregonaba el anarquista Piort Kropotkin: «la única iglesia que ilumina es la que arde», históricamente usado por el comunismo más criminal, ya se menciona simbólicamente.

En 2017 habrá elecciones de medio término. Uno de los interrogantes que se hacen los argentinos es si Cambiemos logrará vencer ese gran obstáculo.

Analizar el año que inicia es clave. La oposición empieza a tener un comportamiento interesado en la competencia electoral, por encima de las cuestiones de Estado. Se ha negado a consensuar leyes fundamentales de política económica y ha aprobado un proyecto propio, de carácter populista, que traerá graves consecuencias a la economía.

Todavía quedan por vencer esas insensatas conductas políticas que no asumen responsabilidad ante leyes fundamentales que cimentarán la construcción del futuro como nación, y que siguen un juego mezquino en el que se dirimen las candidaturas del año próximo. Hay que tomar conciencia de que, si no se genera riqueza perdurable, será imposible dar bienestar y consolidar el camino hacia un futuro económico, social y político más estable.

El desafío de Cambiemos es gobernar en la adversidad y no perder poder. Pero es también un desafío de todos, para que de una vez por todas se nos abra la puerta y entremos a caminar en el siglo XXI. La Argentina lo merece.

Jorge Dell’Oro | @dellOroJorge
Consultor en comunicación política

La decisión gubernamental de aumentar el precio de la gasolina desató rapiña y vandalismo en varias ciudades del país, en un año clave para las elecciones presidenciales de 2018.

Las reformas que surgieron a raíz de la firma del Pacto por México a inicios del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, aprobadas en el Congreso por los principales partidos políticos —PAN, PRI y PRD—, incluían entre otros avances la apertura de un sector energético monopolizado durante décadas por la administración federal.

Este logro, que llegó tarde a causa del bloqueo legislativo priista durante los sexenios encabezados por el Partido Acción Nacional (2000-2012), sucumbió en su intento por abaratar la producción de hidrocarburos frente a una reforma fiscal que busca recuperar en impuestos lo que se pierde ante un escenario internacional donde el precio del petróleo y de las gasolinas sufrieron reducciones y aumentos, respectivamente.

El abrupto recorte a los subsidios en el costo de los combustibles fue, así, anunciado a finales del año 2016, para empezar a aplicarse el primer día del año en curso, a razón de un aumento del 20 % en su precio al público. La noticia generó falta de abasto en gasolineras en buena parte del territorio nacional, largas filas de automovilistas urgidos de llenar el depósito antes de la inminente alza y un clima de crispación que estalló con la llegada del año nuevo.

La medida adoptada por el gobierno federal ha traído saqueos de tiendas de autoservicio, vandalismo en cadenas comerciales de no pocos estados, bloqueos carreteros y puentes fronterizos, así como manifestaciones pacíficas que exigen revertir esta decisión.

El presidente Peña Nieto informó al país acerca de las razones de esta medida el 3 y 4 de enero, con argumentos que si bien obedecen a motivos justificados, provienen de quien encabeza un gobierno acusado en numerosas ocasiones de corrupción, impunidad, incapacidad de llevar ante la justicia incluso a gobernadores hoy prófugos por malversación de fondos, entre otros desaciertos económicos y políticos que han desprestigiado a sus ministros más cercanos y mermado la credibilidad de sus decisiones.

Aunado a lo anterior, este año se realizarán elecciones en el estado de México, de donde es oriundo el propio presidente y que ha padecido los mayores saqueos y actos de vandalismo, encabezados en su mayoría por grupos de choque afines al propio PRI y a Andrés Manuel López Obrador. Esta situación podría traer la demanda de una intervención firme de la autoridad (el ejército ya realiza patrullaje y encabeza detenciones de presuntos culpables), lo que para el partido de Enrique Peña Nieto sería favorable al presentarse como garante del orden; Morena —el partido de López Obrador— se vería beneficiado en su constante crítica a cualquier acción de una autoridad que ha fallado constantemente en garantizar el Estado de derecho.

El Partido Acción Nacional, en ese sentido, si bien ha señalado lo inevitable del aumento, ha hecho también constantes llamados a la manifestación pacífica de la inconformidad y una enfática condena a los actos de vandalismo, y esto lo presentan ante la ciudadanía como una alternativa que en el pasado supo mantener orden las finanzas públicas y manejar la macroeconomía de manera que el país fue capaz de sortear incluso la crisis internacional de 2009.

El año que comienza presenta para México, además, la incertidumbre que produce el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, quien al menos desde su discurso y primeros nombramientos de gabinete ha asumido una postura proteccionista y cerrada que, de seguir la ruta de lo prometido en campaña, podría representar serios problemas para la economía mexicana. Todos estos factores, en suma, hacen que este 2017 represente un enorme reto para una clase política que deberá sortear un entorno internacional adverso, un descontento social en aumento y un escenario electoral que mira ya la sucesión presidencial de 2018.

Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional, Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista Bien Común.

En lo que va de 2016 aumentó un 60 % el número de venezolanos que huyeron del país con respecto a la cifra de 2015. Investigadores de la Universidad Central de Venezuela han informado que en los últimos 18 meses unos 200.000 compatriotas se han marchado del país. Meses atrás, cuando se reabrió la frontera con Colombia para permitir que ciudadanos del estado Táchira pudieran ir a comprar comida en la vecina república, en un par de días por lo menos 120.000 personas cruzaron a pie. De ellas, una buena parte no regresó a Venezuela.

Las estimaciones de la crisis nacional reseñan que se multiplicará el incremento de los precios, la escasez, el desabastecimiento y la inseguridad a medida que pasen los días. Algunos analistas afirman que la inflación puede cerrar el año en 500 %, otros hablan de más de 700 %. El Fondo Monetario Internacional prevé para 2017 un 1600 % de inflación.

En todo el mundo la llegada de venezolanos ha subido vertiginosamente, al punto de representar hoy una situación extraordinaria que deben abordar las autoridades migratorias. El silencio de los gobiernos de los países receptores se ha hecho notar.

A la Argentina llegan semanalmente dos vuelos desde Caracas. Cada uno con un promedio de 300 pasajeros, de los cuales, según la Dirección Nacional de Migraciones, 70 % se quedan en el país, 10 % viajan a Chile y solo el restante 20 % retornan. Durante los primeros cinco meses de 2016, Argentina entregó 3768 radicaciones temporarias a venezolanos, el equivalente a la cifra total de 2015. El consultor Carlos Pagni dice que en la sede de la Dirección de Migraciones «se forman colas que superan a las de la embajada norteamericana para la conseguir la visa».

La Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana expresó en comunicado del 23 de noviembre de 2016 que «Venezuela ha tenido un crecimiento interanual de 35 % en cuanto a flujo de pasajeros hacia la República Dominicana, muy por encima del 20 % de crecimiento regional […]. Esto se refleja en que los visitantes venezolanos han triplicado su cantidad de acuerdo al ratio 2011-2015, pasando de 53.079 a 163.870 personas en el último año».

Este par de ejemplos contextualizan el aumento de la diáspora. Se ha hablado mucho de la migración de jóvenes y profesionales universitarios, pero la diáspora no conoce de estratos económicos ni de nivel educativo. La crisis ha permitido la apertura de dos tipos de migración irregulares nunca vistas en nuestro país. La primera: balseros huyendo a las islas caribeñas. La segunda: el ingreso a Brasil y Colombia por tierra, con la ayuda de contrabandistas.

Poco se ha escrito sobre las huidas emprendidas desde la costa del estado Falcón hasta Curazao y Aruba. Tampoco se ha puesto la lupa en el contrabando de venezolanos que ocurre en la frontera con Colombia y Brasil. Incluso hay testimonios sobre migración ilegal hacia Guyana o Trinidad y Tobago. Los venezolanos en su desesperación por conseguir alimentos y medicamentos están protagonizando el éxodo más dramático (y numeroso) de América Latina en lo que va de siglo.

Parten desde la orilla de las playas falconianas en embarcaciones en las que caben unas 30 personas. Llevan lo indispensable: un morral con los documentos, teléfono, una muda de ropa y el cepillo de dientes. Son 100 kilómetros aproximadamente de mar bravo hasta Curazao. Viajan de noche para evitar la guardia costera. Al llegar nadan hasta la isla. El riesgo de perder la vida está latente, pero el hambre y la desesperación los ha empujado a hacerlo.

El periodista Nicholas Casey, en un reportaje para The New York Times (28.11.2016) describe cómo los polizontes venezolanos cruzan la frontera a Brasil en los mismos camiones de los contrabandistas de drogas y otras mercancías ilegales. Casey también ha registrado historias de los balseros que huyen al Caribe. Son muchos los deportados y otro tanto los que se encuentran encarcelados por transitar con drogas. Desconocemos cifras exactas. El gobierno de Venezuela no ha difundido los números de esta actividad migratoria solo conocida en la Cuba de los Castro y en Haití.

Ángel Arellano | @angelarellano
Venezolano, doctorando en Ciencias Políticas, integrante del Centro de Formación para la Democracia