La guerrilla del ELN se suma a los esfuerzos de paz del Gobierno con las FARC en Colombia.

Hace 50 años murió en combate Camilo Torres Restrepo, antiguo miembro de la burguesía bogotana que a mediados de la década de 1960 pasó de sacerdote carismático, intelectual cofundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y activista popular a convertirse en guerrillero, labrando un mito en su corta vida. Torres se había unido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las guerrillas más persistentes en la historia de Colombia, la que por fin ha acordado una agenda de negociación de paz con el Gobierno.

El paradero del cadáver de Camilo Torres es hoy incierto, y el propio presidente Juan Manuel Santos ha manifestado su deseo de que los restos aparezcan, como los de miles de víctimas que ha dejado la estéril violencia del último medio siglo en su país. El ELN, una fuerza insurgente de original inspiración y apoyos cubanos, ha sido tercamente liderada por una violenta estructura federada que cuenta con cerca de 1500 combatientes, muchos menos que los 7800 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estas con su orden más centralizado.No obstante, el ELN, por dicha naturaleza fragmentada podría presentar mayores problemas para hacer avanzar los diálogos.

Antes del anuncio inicial sobre el ELN, el 30 de marzo, se esperaba que las FARC —en negociación desde el primer gobierno de Santos, en 2012— firmaran el acuerdo definitivo tras arduos encuentros en La Habana. Pero, a pesar de los avances, aún se debate sobre la desmovilización y entrega de armas de los guerrilleros, así como la posterior refrendación del acuerdo. Ambas partes, en medio de la polarización que vive el país, manifestaron que vale la pena esperar un poco más por un buen arreglo.

Los diálogos exploratorios con el ELN, guardados en secreto por el Gobierno, como lo hizo previamente con las FARC, continuarían con negociaciones en Ecuador, Brasil, Chile, Venezuela y Cuba, países garantes además de Noruega. Respecto a las FARC, los garantes son Cuba y Noruega, acompañados por Venezuela y Chile. La agenda de las FARC contempla seis puntos: desarrollo agrario integral, participación política, fin de cultivos ilícitos, víctimas, fin del conflicto, implementación, verificación y refrendación. La del ELN igualmente seis: participación de la sociedad, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto e implementación.

Es prematuro predecir el rumbo de las negociaciones con el ELN, pero idealmente se esperaría que junto a las de las FARC fuesen dos procesos de paz y un solo fin del conflicto armado en Colombia. Por ahora lo único cierto es que el mejor homenaje que podría prodigarle el ELN a Camilo Torres en su aniversario es ese: buscar la paz.

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon

Venezuela está viviendo la peor crisis que registra su historia. La falta de medicamentos, alimentos y servicios necesarios para mantener el bienestar es apabulladora. La unidad es el único camino para la oposición y el referendo revocatorio es el mecanismo indicado para salir de la crisis.

Somos el producto de un mal conjunto de políticas públicas y de la falta de ética de nuestros gobernantes. Nos hemos convertido en una sociedad que sobrevive y no que vive para ser social. Muchos hablan de la realidad, de lo que nos falta y lo que no tenemos. Pero son pocos, muy pocos, los que hablan de las propuestas y soluciones a la crisis que actualmente vivimos.

Hace unos tres meses que se viene planteando la idea del revocatorio. La tolda amarilla (Primero Justicia) plantea que la salida es constitucional y que el referendo revocatorio es el mecanismo indicado. Esta propuesta generó otras, cada una planteada por algún partido de la Mesa de la Unidad: la enmienda constitucional, la renuncia del presidente o una asamblea constituyente.

Muchas propuestas pero poco accionar. El 8 de marzo se presentó ante el país la hoja de ruta para activar todos los mecanismos de cambio, una acción noble que para el momento no aclaraba el panorama político opositor. Sin embargo, los partidos que conforman la Mesa de la Unidad se enfocaron cada uno en sus propuestas, fortaleciéndolas y buscando generar adeptos.

A medida que pasaban los meses y la mayoría que logramos el 6 de diciembre se difuminaba en las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia —que van desde la violación del derecho de representación política hasta la desaplicación de la Constitución— los ciudadanos esperaban un accionar de los partidos, de los líderes, de la Unidad.

Así, el 21 de abril, siete diputados se encadenaron en el Consejo Nacional Electoral para exigir a los rectores las planillas que se requerían para recoger las firmas de voluntad de los venezolanos que quisieran revocar al gobierno. No tardó el gobierno en contestar de forma antidemocrática y fueron sacados a la fuerza de las instalaciones del CNE los siete diputados. Sin embargo, esta acción fue clave y necesaria para el fortalecimiento de la Unidad y por ello, un día después, la Mesa de la Unidad convocó a una marcha nacional para exigir las planillas al CNE. Escasas horas después de la convocatoria, el CNE entregó las planillas necesarias. Sin dudas, con el fin de evitar la manifestación nacional.

Con las planillas en mano, la Unidad decidió que recogería el 1 % requerido en tan solo 48 horas, tiempo que resultó más que suficiente. El sentimiento de cambio en cada uno de los corazones de los venezolanos movió a más del 10 % del total de electores a emitir su voluntad y cumplir la meta en el menor tiempo posible. El 4 de mayo las firmas ya reposaban en el CNE. Esperamos que en el tiempo reglamentario sean validadas y que podamos avanzar en esta ruta del cambio.

Son muchos los pasos que se avecinan en el proceso de activación del referendo revocatorio; sin embargo, estamos esperanzados y dispuestos a continuar con el proceso. Si algo ha quedado en claro es que la unidad es el único camino que tenemos como oposición y el referendo revocatorio es el mecanismo indicado para salir de la crisis. Cada día son más los venezolanos que sin temor a perder un trabajo están dispuestos a firmar por revocar al presidente Nicolás Maduro. Es momento de recuperar la dignidad, vencer el miedo, ser solidarios con quienes nos necesitan, hablar con la verdad y lograr una Venezuela libre y justa.

Andrea Mesa | @AndreaMesaN
Abogada, militante de Primero Justicia en Carabobo, Venezuela

Desde su llegada al poder en 2009, Barack Obama se esforzó por diferenciarse de su antecesor en lo que respecta a la política exterior: El unilateralismo y belicismo de la era Bush debían dar lugar a un modelo más centrado en la diplomacia, la reconciliación y la moderación. A siete meses de terminar su mandato, es hora de evaluar cómo se ve el mundo que le heredará a su sucesor.

Cuando Barack Obama asumió la presidencia de los Estados Unidos, recibió un país que enfrentaba serios retos: acababa de tener lugar una crisis financiera de dimensiones globales; Rusia había invadido Georgia pocos meses antes, desafiando a las potencias occidentales; la relación con Corea del Norte pasaba por momentos de tensión, luego de que G. W. Bush exigiera la suspensión de su programa nuclear. Por último, las guerras en Afganistán e Irak estaban empantanadas y habían generado un deterioro en las relaciones con los aliados tradicionales de los Estados Unidos.

A su vez, la era Bush también dejado un saldo positivo para los intereses estadounidenses en muchos aspectos: el mandatario republicano había sabido acompañar el proceso de apertura en China, promocionando una relación estable y medianamente constructiva, mientras apostaba a fortalecer la alianza estratégica con India. En Medio Oriente, se habían profundizado los lazos con Israel, Arabia Saudita y Jordania, y Al Qaeda parecía un enemigo posible de controlar. En sus cuatro años de gobierno, Bush también dejó avanzados diversos tratados de libre comercio con Corea del Sur, Colombia y Panamá y sentó las bases para el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

Ocho años más tarde, llega la hora de realizar un balance de la era Obama y analizar el escenario que heredará su sucesor. Quien asuma en enero de 2017 se encontrará con:

• Un Estado Islámico que controla grandes porciones de territorio en Medio Oriente y con capacidad financiera y logística para realizar ataques en países de Occidente.
• Lejos de poder retirar las tropas de Irak y Afganistán, Estados Unidos ha tenido que reforzar su presencia militar en Medio Oriente y la paz en la región parece cada vez más lejana, con el vertiginoso avance de ISIS en la región.
• Ha habido una propagación de las «franquicias» yihaddistas en África, Medio Oriente y el Sur de Asia.
• Corea del Norte ha dado señales de una proliferación nuclear creciente.
• China se ha convertido en una nación que avanza sin reservas sobre sus áreas de influencia y confronta más abiertamente con los intereses norteamericanos.
• No hubo avances sustanciales que permitan cerrar la base de Guantánamo.
• Rusia, que el año pasado invadió Crimea y posteriormente anexó su territorio, ahora está incursionando militarmente en Siria a favor de Bashar al-Assad.
• Los escándalos de espionaje han generado un deterioro en las relaciones de los Estados Unidos con sus aliados occidentales.

Uno de los logros que presume la actual administración es la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, un proyecto iniciado por G. W. Bush y que no está exento de críticas. A su vez, la decisión de avanzar en el descongelamiento de las relaciones con Cuba, cerrar un acuerdo en materia de proliferación nuclear con Irán o acercarse políticamente al flamante gobierno de Myanmar, pueden interpretarse como intentos de volcar a su favor una agenda de cambios, que inició muy ambiciosa y que no se ha plasmado en demasiados resultados concretos. Por el momento, los logros son bastante modestos para un presidente que inició su gestión recibiendo un Premio Nobel de la Paz, sobre la base de sus declaraciones e intenciones.

Ana Jacoby | @WAXJacoby

A pesar de las críticas, la gestión de Angela Merkel es apoyada por la amplia mayoría de la opinión pública en Alemania.

En el estudio «Migración forzada y asilo. Decisiones de la política doméstica y clima de opinión pública en Alemania», Nico Lange, director adjunto del Departamento de Política y Asesoramiento y director del Departamento de Política Interior de la Fundación Konrad Adenauer, analiza los desafíos a la política en Alemania. Lange destaca los significativos logros de la política y la sociedad alemana: un millón de migrantes fueron acogidos y atendidos en el año 2015.

Desde la administración pública se pudo mejorar y acelerar en forma masiva los procedimientos del Estado de derecho. Al mismo tiempo se realizaron ajustes en el derecho de asilo para evitar el mal uso de este por migrantes económicos.

El estudio responde algunas preguntas:

1. ¿Qué decisiones de política doméstica fueron tomadas y ejecutadas efectivamente?

Las nuevas leyes constituyen un notorio endurecimiento del derecho de asilo en Alemania. El objetivo es eliminar algunas señales equivocadas que alentaron a muchos migrantes económicos a aprovecharse del derecho de asilo. A partir de ahora los migrantes reciben prestaciones sociales pero no dinero en efectivo. Los solicitantes deben permanecer en lugares intermedios seguros mientras dura el procesamiento de su solicitud. Ya no son repartidos en comunas en Alemania. En caso de no aceptación, se procede a la expulsión del lugar intermedio y a la interrupción de las prestaciones. Los procedimientos de expulsión ya no duran seis meses como antes.

También se amplió la lista de los países considerados como seguros y por lo tanto quienes vienen de allí no serán reconocidos como fugitivos. Finalmente, los solicitantes serán registrados y sus datos almacenados en una base de datos de la oficina central de la Policía Federal con la finalidad de evitar registros dobles.

2. ¿Qué decisiones están previstas en el área de la política interior?

El próximo paso será la asignación de un lugar de residencia obligatoria, a cuyo cumplimiento estarán asociadas en el futuro las prestaciones sociales. El gobierno federal endurecerá las reglas de expulsión de manera de proceder en forma más eficaz a su implementación. Además se crearán las bases jurídicas para el trabajo en conjunto con los otros países del espacio Schengen a los efectos de intercambiar datos.

Los resultados de encuestas sobre migración y asilo muestran una cierta volatilidad en la opinión pública alemana, especialmente respecto a la posibilidad de que el país absorba más migrantes. Los sucesos de fin de año en la ciudad de Colonia (numerosos casos de acosos a mujeres por parte de migrantes) provocaron una fractura en la sociedad alemana.

La opinión sobre el desempeño de la canciller Merkel respecto al tema también fluctúan pero solamente en una ocasión su índice de aprobación se situó debajo de 40 % (justamente después de los eventos citados en Colonia).

Se constata que dos tercios de los alemanes temen no poder asumir los costos asociados al flujo migratorio y algo más de la mitad temen un aumento de la criminalidad. Pero menos de un tercio ven amenazados los valores culturales. Las medidas endurecimiento del marco legal son apoyadas por tres cuartas partes de la ciudadanía. Salvo en el Partido Verde, son apoyadas por la mayoría de los votantes de todos los partidos alemanes.

Las elecciones en tres estados federales en marzo de este año muestran la prevalencia del tema de las migraciones y su efecto en el sistema partidario alemán. El partido Afd (Alternativa para Alemania) los Verdes y el Partido Liberal (FDP) se pudieron beneficiar del ambiente político mientras que la Unión Demócrata Cristiana (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) perdieron votantes.

La canciller Merkel sigue siendo evaluada en forma positiva (63 % de opiniones más bien positivas contra 33 % de opiniones más bien negativas). En comparación, en evaluaciones similares el primer ministro británico Cameron alcanza 34 % de opiniones más bien positivas contra 58 % más bien negativas (Yougov, abril de 2016); el presidente Hollande alcanza 17 % de opiniones positivas (Elabe, marzo de 2016) y el presidente Obama alcanza 51 % de aceptación (Gallup, abril 2016).

Estudio «Migración forzada y asilo. Decisiones de la política doméstica y clima de opinión pública en Alemania», Nico Lange, director adjunto del Departamento de Política y Asesoramiento y director del Departamento de Política Interior de la Fundación Konrad Adenauer

Reseña: Manfred Steffen, coordinador de programas de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo

Mientras la desaceleración económica de China continúa, la atención internacional, tanto dentro como fuera de América Latina, empieza a dirigirse ahora al otro leviatán asiático: la India. Emergiendo de un periodo de letargo económico, la nación de Gandhi, el yoga, el Taj Mahal y el pollo tikka masala ha recuperado de nuevo su atractivo.

Aunque su PIB de USD 2,1 billones queda muy por debajo del elevado USD 11 billones de China, se prevé que la población de la India sea la más grande del mundo en el año 2022. A primera vista pudiera parecer que la demanda reducida de los commodities latinoamericanos de mil millones de consumidores en Asia del Este podría ser fácilmente reemplazada por la demanda de otros mil millones de consumidores en Asia del Sur. Sin embargo, como a menudo sucede, el paradigma más simple es rápidamente cuestionado por la realidad.

«Todo aquello que se pueda decir de la India —advirtió una vez la economista Joan Robinson, de la universidad de Cambridge— tropieza con el hecho de que la afirmación contraria también es cierta». Así justamente es la relación del subcontinente con América Latina, una díada que los analistas han ensalzado al tiempo que los flujos de comercio han ido creciendo y los intercambios culturales han despegado. Bollywood eligió a Brasil y a Perú como localizaciones para algunas de sus últimas superproducciones mientras los brasileños eran cautivados por la exitosísima serie Caminho das Indias; Brasil y la India, en particular, constituyen dos de los cinco tan cacareados Estados miembros del BRICS. El comercio de la India con América Latina y el Caribe ha alcanzado USD 50.000 millones, un aumento veinticinco veces mayor que los niveles de hace tan solo unos lustros. Las inversiones indias en la región han alcanzado USD 20.000 millones, enfocándose en la energía, los servicios TI y las materias primas. Una inversión de USD 2100 millones en una mina boliviana de hierro por Jindal Steel and Power en 2007 fue la más grande de la historia de ese país andino. Que la India haya logrado todo esto con relativamente poca atención del resto del mundo es un claro indicio de cuán intensa y distractora ha sido la obsesión de los promotores de las políticas con China. Ciertamente, incluso Washington ha parecido mínimamente despreocupado por los avances que la India ha logrado en el proverbial patio trasero de Estados Unidos, en contraste directo con el revuelo con el que Occidente ha respondido a la inversión china en América Latina y en otras regiones en desarrollo. Y sin embargo, aun con el apoyo tácito de las grandes potencias tradicionales, las relaciones indolatinoamericanas todavía parecen incapaces de salir de la troposfera. Las regiones, por así decirlo, permanecen a años luz de distancia a pesar de que la cooperación, por lo que se ve, las haya acercado más que nunca.

Los comentaristas resaltan ciertos aspectos compartidos por ambas regiones —principalmente los de la democracia y la descolonización en el sur global—, que las unen. E indudablemente, estos son factores importantes a la hora de identificar preocupaciones compartidas en los foros internacionales. En varias organizaciones multilaterales, particularmente aquellas que se ocupan del comercio global y las finanzas mundiales, la India y América Latina encuentran que comparten no pocos puntos en común y hablan con voces en sintonía, clamando contra lo que ellas perciben como dobles raseros y desigualdades perpetuadas por las economías desarrolladas de Occidente. También es verdad que ambas regiones, con pocas excepciones, han favorecido los perfiles generales del modelo capitalista sobre el socialismo de la vieja escuela, aunque elementos proteccionistas y generosos esquemas sociales hayan sobrevivido e incluso hayan sido expandidos. Y quizá lo que es aun más importante para cimentar serios vínculos regionales: existe un amplio apoyo internacional para el fortalecimiento de la díada, particularmente desde Estados Unidos y Europa, que anhelan ver a China suplantada en América Latina por un gigante asiático menos amenazador.

Pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Históricamente, la geografía separaba de manera inexorable a ambas regiones, repartidas entre dos continentes divididos por miles de kilómetros de tierra y mar; incluso ahora, siguen sin contar con conexiones de vuelos directos. Su compartido pasado colonial tampoco favorece el desarrollo de estas relaciones. Los españoles nunca tuvieron una presencia seria en Asia del Sur y, aunque los portugueses mantuvieron el Estado indio de Goa y un puñado de microterritorios en el subcontinente hasta 1961, la lengua y la cultura portuguesa han desaparecido prácticamente en la zona, eliminando el rasgo común con Brasil. La India nunca se ha distinguido por aprovechar eficientemente los vínculos coloniales con áreas más allá de Asia del Sur, dado que incluso las naciones anglocaribeñas con notables diásporas indias han tenido solo discretos lazos diplomáticos y económicos con la India, en el mejor de los casos. En su lugar, el país que más ha empujado la toma de decisiones india es el que está ubicado justo al lado. Hace mucho que la política exterior de la India gira alrededor de Pakistán y, en un grado menor, alrededor del tradicional grupo de grandes potencias, incluida China, la más reciente incorporación a este selecto club. Dicho simplemente, a la India nunca le ha interesado seriamente América Latina aparte de los ya mencionados ciertos intereses dentro del ámbito internacional.

Una de las preguntas que surgen habitualmente, después de considerar la historia moderna y la demografía de ambos países asiáticos, es por qué China tuvo tanto éxito en adelantarse a la India en América Latina en la primera década de este siglo. En este período de tiempo ambos países tuvieron tasas de crecimiento de dos o casi dos dígitos, mientras las reformas de liberalización económica previamente implementadas daban sus frutos, y asimismo un importante incremento del consumo anidó en las florecientes clases medias. Pero para responder a esta pregunta, antes que nada es importante notar que la composición del Estado chino —un gobierno unitario que no está sujeto a elecciones, coaliciones parlamentarias, oposición política y demás— se presta extremadamente bien a las acciones de política rápidas y decisivas. Entre estas acciones, una de las principales fue la política oficial de zao chuqu o ‘ir hacia afuera’, que propició la inversión en América Latina y el Caribe que continúa hasta hoy en día, con un total de más de USD 110.000 millones. La toma de decisiones en el gobierno indio, por el contrario, es lenta y ardua, como se entiende que sea en una democracia parlamentaria de una nación compuesta por mil millones de personas. La política del país sufre de cismas profundos en cuestiones de etnicidad, religión y casta, y a menudo estos cismas actúan en contra del consenso. De hecho, si no fuera por el colonialismo, «la India» como la conocemos hoy en día probablemente seguiría siendo un racimo de Estados más pequeños y cohesionados, la Europa de Asia del Sur. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que, en términos de política exterior y estrategia geopolítica, la India enfrenta un nivel de preocupación con respecto a su vecino Pakistán que China nunca ha experimentado con ninguno de sus vecinos. Los tres países tienen armas nucleares, pero China no está presente en la amenaza existencial que Pakistán y la India suponen el uno para el otro.

Entonces, ¿de qué forma entendemos las relaciones indolatinoamericanas? ¿Serán el próximo éxito internacional? Las predicciones abundan en torno al posible relevo de China por la India con respecto a América Latina, marcando así el inicio de una nueva era de crecimiento latinoamericano alimentado por un nuevo benefactor asiático más amistoso con Occidente. ¿Pero cuánto de esto se basa en la realidad y cuánto estamos nosotros —tomando prestado un concepto de la psicología moderna— proyectando? Aunque se esperaba que el actual primera ministra Narendra Modi salvase la entonces languideciente economía india después de su victoria en las elecciones de 2014, sus resultados han sido inconsistentes. Es verdad que el país está de nuevo en fase de crecimiento, pero ha sido incapaz de atenuar su reputación deun ambiente particularmente difícil para hacer negocios. La interacción económica de la India con América Latina y el Caribe sigue siendo superada por los USD 264.000 millones en comercio y los USD 110.000 millones de inversión que China tiene en la región; Beijing ya ha prometido aumentar estas figuras durante los próximos nueve años a USD 500.000 millones y USD 250.000 millones, respectivamente, más de diez veces que los niveles actuales de la India. Un hecho de simbolismo particularmente elocuente es que Jindal Steel and Power ya se ha retirado de su inversión histórica de 2007 en Bolivia. Las políticas de identidad junto con la amenaza —imaginada o real— de Pakistán continúan desviando la atención del gobierno indio. Una visión geopolítica parecida a la de ir hacia afuera aún no se ha materializado, y quizá no se materialice nunca, dado que la India casi siempre ha parecido más cómoda asumiendo el papel de líder solo dentro de Asia del Sur, en lugar de en el escenario mundial; de hecho, uno de los ejes centrales de la orientación económica del país desde los años noventa ha sido el famoso mantra de mirar hacia Oriente. La formación de cualquier atisbo de una gran política exterior que vaya más allá del propio continente es poco probable, y los que apuestan por un nuevo salvador asiático deberían tomar nota.

Mientras que la India puede servir como un aliado semiconfiable de Occidente en América Latina, el país simplemente no dispone de los medios para reemplazar incluso a una desfallecida China. Parece indudable que, en términos de flujos de comercio, vínculos sociohistóricos, proximidad geográfica y otras variables de importancia, Estados Unidos sigue siendo el mejor candidato para constituirse en Estado ancla extrarregional y de contrapeso a China. Actualmente, los flujos de comercio y la IED estadounidenses con América Latina son casi el triple de los números chinos. Esto no quiere decir que el involucramiento estadounidense en América Latina no tenga su bagaje histórico, sino que las concomitancias y semejanzas entre las dos entidades son más fuertes que en las de las díadas China-América Latina o India-América Latina. Aunque los roles de la India y de China sin duda madurarán mientras ambos países continúan creciendo y ganando potencial, Estados Unidos permanecerá como el actor dominante, compitiendo directamente con China para mantener su influencia en la región. India, a pesar de haber hecho impresionantes esfuerzos, todavía necesitará décadas para ponerse al día.

John Stokes | Analista en Drum Cussac

Este 15 de mayo los dominicanos tendrán las decimocuartas elecciones ininterrumpidas desde la llegada de la democracia. Pero la solidez del sistema parece retroceder antes que avanzar.

Con la vía legal despejada aun tras traumáticos procesos internos del partido gobernante y una reforma constitucional express, el presidente Danilo Medina se presenta a las elecciones del 15 de mayo en busca de un nuevo periodo. El gobierno no solo busca retener el Palacio Nacional —algo de lo que se jacta querer lograr con cerca del 70 % de los votos—, sino también el Congreso Nacional, donde actualmente cuenta con el 81 % de votos, entre Senado y Cámara de Diputados. Los 32 senadores son oficialistas, lo que representa una concentración de poder que encuentra pocos paralelos.

La oposición encuentra su mayor representante en la alianza compuesta por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que junto con otros aliados minoritarios generalmente usa el nombre de Convergencia. Como carta presidencial tiene al economista Luis Abinader, quien fue compañero de fórmula del expresidente Hipólito Mejía en su intento de regresar al poder en 2012, elecciones que entonces estuvieron marcadas de manera negativa por lo que luego se reveló como el mayor déficit presupuestal en años electorales de la historia dominicana, que superó el 8%, mayormente destinado al populismo clientelar. Datos de la última encuesta Gallup publicada en abril apuntan a que el 63 % de los dominicanos creen que se usan fondos públicos para la campaña del presidente-candidato.

Más allá del uso de fondos, los organismos que rigen la actividad electoral están compuestos en su mayoría por reconocidos activistas peledeístas. Hasta ahora ha sido imposible que hasta el más legítimo de los reclamos o la más elemental defensa de la oposición prosperen en las cortes electorales, al punto de que ya es reconocida como una total pérdida de tiempo acudir a estas. Al momento de escribirse este artículo, la controversia está en que por primera vez habrá un conteo electrónico de votos y se está haciendo el pedimento de que este sea complementado por un conteo manual, al tratarse de un factor nuevo para el proceso. Todavía no hay fallo al respecto.

Por si esta desigualdad de condiciones fuese poco, está también el hecho de que en vez de presentarse manera unificada la oposición a competir contra quien tiene las reglas y el uso desmedido del poder a su favor, concurre en siete candidaturas distintas. Varias de estas provienen del PLD pero todo indica que están compitiendo por el mismo nicho electoral en lugar de restar a la candidatura de Medina, lo cual no es nada conveniente en una situación como la descrita. Si bien existe una variedad de pensamientos entre los opositores, un acuerdo mínimo de gobierno sobre la base de temas esenciales de Estado no parecía imposible.

Definitivamente, se trata de una competencia desigual. A estas, el profesor Juan Bosch, fundador del PLD y PRD, las llamaba mataderos electorales, y en gran medida es a eso que concurriremos los dominicanos el 15 de mayo. La ONG Participación Ciudadana reveló en el mes de marzo que por cada spot promocional de la Convergencia había diez del oficialismo, que gasta hasta RD$ 10.000.000 por día. Gran parte de ellos provienen claramente de instituciones públicas e inducen el voto hacia la reelección. No obstante, tras el desgaste de doce años consecutivos en el poder, el voto de conciencia puede estar presente y a eso apela la Convergencia en la recta final de la campaña. Una segunda vuelta se celebraría el último domingo de junio, en caso de que en la primera vuelta ningún candidato supere el 50 % más un voto. El balotaje es una de las metas electorales en esta ocasión, pero no menos importante es revertir el proceso totalitario en el Congreso, pues ningún sector debería concentrar tanto poder, sea cual sea este sector.

Jatzel Román | @Jatzel09

Si una cosa debe aprender el Partido Popular Cristiano (PPC), partido de centro y socialcristiano, a raíz de las últimas elecciones generales del 10 de abril, es que le urge una reestructuración.

El cambio no solo debe recaer en su dirigencia nacional sino en la forma de su accionar político. De continuar por la senda actual, solo quedaría esperar su desaparición frente a los partidos caudillistas y populistas. Baste recordar que al inicio del proceso para las últimas elecciones generales se presentaron diecinueve partidos y, luego de algunas exclusiones y retiros voluntarios, sobrevivieron solo diez.

Un poco más atrás en el tiempo, los resultados del 2013 (elecciones complementarias para Lima metropolitana) y del 2014 (elecciones regionales y municipales) tampoco fueron favorables para el PPC; por el contrario, resultaron catastróficos desde todo punto de vista.

Para estas elecciones generales, el PPC formalizó una alianza o coalición política con el APRA y Vamos Perú, y generó inicialmente una gran expectativa, debido a que se aliaban dos partidos con vasta trayectoria —PPC y APRA— y excelentes cuadros políticos, que podrían hacer lo que otros no: sumar esfuerzos por el bienestar del Perú. Pero la alianza no caló en la ciudadanía. Los resultados de esta aventura política muestran que solo la acompañó el 6 % de los aproximadamente 22 millones de votantes, y obtuvo cinco congresistas, todos del APRA.

Recordemos que el sistema político peruano es unicameral. El Congreso está compuesto por 130 miembros de las 26 regiones del país, y en él prima el denominado voto preferencial, que es perjudicial para el fortalecimiento de nuestro alicaído sistema de partidos, dado que es común y hasta normal que los candidatos se desentiendan del propio partido para hacer su campaña.

Nuestra ley electoral establece que una coalición política se desintegra a los treinta días de culminado el proceso electoral, salvo que haya una decisión de continuarla. En este caso, ello no ha sucedido, puesto que tanto el PPC como el APRA han declarado que necesitan primero reestructurarse por cuerdas separadas. Esto confirma la poca seriedad de la coalición, que desde el inicio se había planteado como una alianza no electoral sino de gobierno.

Creo firmemente en el sistema de partidos en Perú, creo en la formación política y doctrinaria, creo en mi país; pero todo ello no tendría sentido si los cambios, en algunos casos drásticos, no vienen de los partidos políticos y, en nuestro caso, del Partido Popular Cristiano, que a lo largo de sus casi 50 años de existencia no ha logrado consolidarse y llegar al gobierno. Quiero un país en donde mis hijos y nietos no solo crean, sino amen y sientan orgullo. ¡Viva el Perú!

Javier Roncal | @Javierroncal

En los próximos días, diez factores determinarán si los Juegos Olímpicos en Brasil serán un éxito o un fracaso.

Cien días antes de la inauguración, Brasil casi se olvidó de los juegos olímpicos y paralímpicos. La profunda crisis del país, política y económica, fue la que desvió la atención. Esta ya no está únicamente restringida a la destitución de Dilma Rousseff, sino que también pone en duda la capacidad del Estado brasileño para la resolución de problemas. Entonces, el éxito de los Juegos Olímpicos dependerá principalmente de diez factores.

En los últimos años Brasil asumió diversos y relevantes eventos deportivos: la Copa de las Confederaciones en 2013, la Copa Mundial de Fútbol en 2014. En 2016 se celebrarán por primera vez los Juegos Olímpicos en el continente sudamericano. En 2009 Brasil recibió esta adjudicación por tratarse de un país boom, es decir, no afectado por la crisis económica y financiera y cuyo presidente de entonces, Luis Inácio Lula da Silva, exaltó a su país como un lugar de ámbito internacional. Con la organización de la mayor competición deportiva del planeta, Brasil buscó no solo el aumento de prestigio internacional sino también, a largo plazo, impactos positivos para el desarrollo urbanístico sustentable, la infraestructura, la economía y el turismo.

1. ¿Es adecuada la infraestructura de Río de Janeiro para los juegos olímpicos?

Los Juegos tomarán lugar en cuatro barrios de la metrópoli de más de siete millones de habitantes, y se distribuirán en 32 estadios, de los cuales 14 fueron construidos especialmente para la ocasión. Para gran sorpresa de los observadores nacionales e internacionales, la construcción de los escenarios (excepto el velódromo) ya ha terminado. Por el contrario, no ocurrió lo mismo con el proyecto del transporte público. Una línea nueva de metro debería transportar 300.000 pasajeros al día, desde los centros turísticos en Ipanema y Copacabana hasta la sede en Barra, lugar que hasta ahora no ha sido accesible con transporte público. Además, la línea de metro debería reducir el volumen de tráfico en la única carretera de enlace. El comité de organización teme que el proyecto no termine antes de la inauguración de las Olimpíadas, como fue previsto, y está trazando planes alternativos. El derrumbamiento de un carril para bicicletas recién construido, que costó la vida de dos personas, debilitó la confianza de la ciudadanía en la ampliación de la infraestructura.

Además, una parte desmoronada del Centro, al lado de la bahía de Guanabara, antes inaccesible al público, fue recreada en un lugar atractivo para la población. El Centro, hasta ahora desierto y por lo tanto inseguro fuera del horario laboral, debería ser revaluado por el proyecto de un museo de futuro, zonas verdes, carriles de bicicleta y tranvías. Por otra parte, la marina del barrio Gloria, sede de las competiciones de navegación, ha sido modernizada y remodelada para hacerla más accesible al público. Si se llegan a terminar todos los proyectos de construcción antes de la inauguración, las condiciones arquitectónicas para las Olimpíadas estarían dadas.

2. ¿Los proyectos de construcción para los Juegos Olímpicos fueron una oportunidad de corrupción?

Durante dos años Brasil fue testigo del descubrimiento de la red de corrupción más grande de la historia del país, centrada alrededor de la petrolera paraestatal Petrobras, luego de una operación de lavado llamada por la fiscalía Lava Jato. El gerente de la constructora Odebrecht, que realiza la ampliación la red del metro, ya fue condenado por corrupción. También, otras empresas de construcción fueron acusadas por corrupción en proyectos olímpicos y así se llegaron a interrumpir algunas obras. A esto se suman los Panamá papers, que involucran a más de cien empresas fantasmas relacionadas con las investigaciones de la operación Lava Jato, así como también a varios políticos, funcionarios de deportes y empresas de construcción brasileras. Es posible que las investigaciones encuentren conexiones entre los proyectos de construcción para los Juegos Olímpicos y las empresas fantasmas. ¿Hasta qué punto la justicia será capaz de manejar con independencia una investigación de los casos de corrupción? Algunos críticos ven en la investigación contra el expresidente Lula da Silva indicios de una instrumentalización política del proceso.

3. ¿Será Dilma Rousseff suspendida de su cargo?

El domingo 17 de abril, poco antes de la medianoche, terminó una reunión en la Cámara de Diputados brasileña en la que los coros de voces, carteles polémicos y papel picado evitaron un intercambio democrático de argumentos. Por 367 contra 137 votos, la Cámara decidió el procedimiento para la dimisión, conocido como impeachment, de la presidenta Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores), que pasó a consideración del Senado. Ahora el proceso depende de la segunda Cámara del Parlamento brasileño. Ya se formó un comité para considerar el juicio político. Se pronunciará a mediados de mayo una recomendación para que la Cámara trate los procedimientos. Luego, se decidirá por mayoría simple en el pleno. El acuerdo se considera seguro. A partir de este momento se suspendería el mandato de Rousseff y el vicepresidente Michel Temer (PMDB) se haría cargo de los asuntos del Estado. Así, los senadores tendrán 180 días para considerar las alegaciones contra Rousseff. Para remover a la presidenta definitivamente de su cargo se necesita una votación en el pleno por mayoría de dos tercios. Las últimas encuestas muestran que este voto no resultará favorable a la presidenta.

4. ¿Quién abriría los Juegos Olímpicos en lugar de Rousseff?

Michel Temer (PMDB) será presidente interino del país cuando el Senado se expida sobre el juicio político. Si hay una destitución, él asumirá la presidencia hasta 2018. Esto, sin embargo, no es un nuevo comienzo político. Temer, de 75 años de edad, encarna la clase política en Brasil como ningún otro. Su partido, el PMDB, participó —con una sola excepción— en todos los gobiernos desde la redemocratización de Brasil en 1985 y hasta marzo último era parte de la coalición gobernante de Dilma Rousseff. Por tercera vez desde la redemocratización, el presidente podría provenir del PMDB, y por tercera vez sería una asunción a partir de la vicepresidencia. También se ha iniciado un proceso de destitución contra Temer. Es probable que permanezca en el cargo porque es un gran táctico y goza de una amplia aprobación en el Parlamento. En un discurso se presentó como presidente de la unidad nacional, presuntamente en forma no intencional. Pero difícilmente podría representar el renacimiento político que el país necesita y que la población exige en manifestaciones masivas. A esto se agrega la sospecha de que su partido está involucrado en el lavado de dinero a través de los Panamá papers.

Además, el Tribunal Supremo de Elecciones investiga la anulación de las elecciones presidenciales en 2014 debido a la sospecha de financiación ilegítima de las campañas. Si se diera la anulación, Rousseff y Temer tendrían que renunciar a sus cargos y se llevarían a cabo elecciones presidenciales directas en un plazo de 90 días. De lo contrario, el sucesor o sucesora oficial serían elegido por el Parlamento dentro de los 30 días. Durante este período, el cargo de presidente interino quedaría en manos de Eduardo Cunha (PMDB), actualmente presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, tres causas abiertas por corrupción pesan sobre él ante la Suprema Corte Federal. En caso de perder su cargo, asumiría como presidente interino el senador Renan Calheiros (PMDB). También contra él existe un procedimiento legal por corrupción. El último posible sucesor es Ricardo Lewandowski, presidente del Tribunal Supremo Federal. Lo más probable es que el sucesor de Rousseff pertenezca al PMDB, que tiene mayoría en el Parlamento. Por lo tanto ese partido tendría una función clave en el futuro gobierno. Está claro entonces que la política brasileña se enfrenta a graves problemas. Un posible juicio político contra Rousseff y los sucesores potenciales puede resolver pocos de estos problemas.

Treinta años después de la democratización, Brasil muestra debilidad en elementos importantes de la cultura política democrática, por ejemplo, la educación política de la población, partidos programáticos estables y el sentido de responsabilidad de los representantes elegidos por la población.
Ante todo, falta comprensión de la necesidad de compromiso y de diálogo. En lugar de ello, la sociedad brasileña está extremadamente polarizada. No queda claro cómo la política brasileña puede ganar capacidad de resolución de problemas. Independientemente de los resultados de los procesos en marcha, aumenta la exigencia de la población de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, aun sin existir bases jurídicas para esto. Cambios constitucionales o medidas aún más drásticas ya no son impensables en el clima político extremo en Brasil. Las predicciones sobre quién será el jefe de Estado el 5 de agosto, o en qué medida el gobierno será capaz de actuar, no están claras.

5. ¿Pueden las Olimpíadas reactivar la economía?

En lugar del boom económico, en el que se basó la solicitud de Brasil para sede de los Juegos Olímpicos, el país actualmente se encuentra en la crisis económica más grave desde los años treinta. La tasa de desempleo sube, la inflación sigue en niveles altos y la economía se achica —una experiencia traumática para un país que se acostumbró a tasas significativas de crecimiento durante años—. En el estado federal de Río de Janeiro disminuyó en 2015 un tercio del valor agregado por petróleo y gas. Este sector ahora está amenazado por una baja del precio del petróleo y por los vacilantes proyectos hacia el cambio de matriz energética. El resto de la renta económica proviene en su mayor parte del sector servicios, que sufre especialmente por la crisis económica. A causa de los escasos ingresos tributarios (y de su mala gestión, como afirman los críticos del gobierno) el gobierno de Río de Janeiro desde finales de 2015 no paga los sueldos a funcionarios y jubilados. Como resultado se producen huelgas y recortes en centros de enseñanza, policía y salud pública. Queda en duda hasta qué punto los servicios públicos como seguridad y asistencia sanitaria estarán disponibles durante los Juegos Olímpicos. Críticos del gobierno cuestionan en este contexto los gastos realizados para el evento, que se elevaron a casi 40.000 millones de reales.

La ciudad y el gobierno esperan que las Olimpíadas reactiven la economía: las ventas de entradas y de publicidad, tanto como el turismo, deberían generar ganancias inmediatas. En el largo plazo, los proyectos urbanos y de infraestructura, en su mayoría financiados en cooperación con el sector privado, deberían fortalecer la economía. Con Barcelona como ejemplo clásico de desarrollo sustentable, así debería aprovechar Río la organización de los Juegos Olímpicos para su fortalecimiento como lugar turístico y económico.

6. ¿Qué efectos tendrán las Olimpíadas en el medioambiente de Río?

Parece un éxito dudoso que el alcalde de Río, Eduardo Paes (PMDB), anuncie que, en el marco de las Olimpíadas, el porcentaje de aguas residuales urbanas vertidas sin purificación al mar ha bajado de 80 % a 40 %. Además, las empresas de aguas están enfrentadas a reproches de corrupción y manipulación de los indicadores de purificación. Sin embargo, la Asociación Internacional de Navegación se muestra optimista de que una barrera flotante en la bahía de Guanabara mantenga alejados los residuos del lugar de la competencia. Otro aspecto controvertido es el campo de golf, ubicado en una reserva natural. Por un lado, la contaminación del medioambiente en Río de Janeiro es una amenaza a la salud de los deportistas; por otro lado, el aumento en la conciencia del problema debido a las Olimpíadas resultó en una toma de medidas importantes.

7. ¿Cómo ve la población a los Juegos Olímpicos?

Aunque quedan menos de cuatro meses para la inauguración, los habitantes de Río de Janeiro casi se olvidaron de los Juegos Olímpicos, porque la crisis política se sobrepone a todos los temas en las noticias y en la discusión pública. A pesar de esto, los Juegos, como símbolo de los valores deportivos, podrían dar nuevos impulsos a una sociedad brasileña extremadamente polarizada. En respuesta a las manifestaciones en contra de la construcción de megaestadios para los cuales no habría uso después de los Juegos, el alcalde de Río afirma que los gimnasios deberían ser reformados para funcionar como escuelas y que la villa olímpica serviría para vivienda. Sin embargo, los habitantes de una favela situada justamente en este lugar han sido trasladados, lo que ocasionó más protestas.

8. ¿Los Juegos Olímpicos serán una amenaza a la salud pública por el virus zika?

La Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia de la salud en febrero de 2016. El virus zika es peligroso porque a veces se asocia al síndrome de Guillain-Barré y puede causar parálisis, infecciones en mujeres embarazadas y anormalidades en sus bebés (microcefalia), además de efectos a largo plazo en su mayor parte desconocidos. El virus zika se contagia por contacto sexual o, en la mayoría de los casos, por picaduras de mosquitos. El gobierno brasileño ha declarado la guerra al mosquito: campañas en los medios pretenden educar a la población y fomentar la prevención. Las fuerzas armadas rociaron los barrios e instalaciones deportivas con insecticidas. Sin embargo, el mosquito pone sus huevos en pequeñas cantidades de agua estancada, por lo que considerando el clima húmedo tropical de Río, la lucha parece poco prometedora. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no desaconseja viajar a Brasil, con la excepción de mujeres embarazadas. Si bien Brasil confía en una temporada seca durante los Juegos Olímpicos, estos podrían llegar a ser un trampolín para la difusión mundial del virus.

9. ¿Río de Janeiro es seguro?

Con 25 asesinatos por cada 100. 000 habitantes en 2012, Brasil está entre los países con las tasas más altas de homicidios, 32 veces los valores de Alemania. Una nota positiva es que en Río de Janeiro la tasa de homicidios ha disminuido en un 70 %. Una de las razones para los altos niveles de delincuencia son las enormes desigualdades socioeconómicas. Uno de cada cinco habitantes de Río vive en una favela. Otra razón es la infiltración de las fuerzas policiales y militares en el crimen organizado. Las denominadas unidades policiales de pacificación pueden obtener logros con su presencia en las favelas a través de proyectos sociales y laborales y de los procedimientos contra el crimen organizado. Sin embargo, la mayor parte de esos logros serán destruidos cuando las unidades policiales salgan de esos barrios. En parte, se trata simplemente de una mudanza de la criminalidad hacia otras zonas. Para hacer la ciudad más segura y atractiva para los turistas, debe aumentar significativamente la presencia de militares y policías durante y antes de los Juegos. Se supone que la situación de seguridad se puede estabilizar de esta manera durante los Juegos; sin embargo, permanece, como en cualquier evento importante, un riesgo residual de ataques terroristas. Para debilitar la base de la criminalidad de bajo calibre se deben diseñar políticas integrales, que aseguren bases sustentables y reduzcan las desigualdades existentes.

10. ¿Traerán los Juegos Olímpicos una gran cantidad de público a Brasil?

Si la organización de los Juegos traerá finalmente los beneficios económicos y de prestigio deseados a Brasil, dependerá de la cantidad de visitantes internacionales. Se esperan más de 500.000 visitantes de todo el mundo, 45.000 voluntarios y 28.000 periodistas. A pesar de que estos números ya han sido corregidos drásticamente a la baja, Brasil seguramente contará con la atención internacional. Hasta la fecha, solo la mitad de los 7,5 millones de billetes fueron vendidos, pero esto no es inusual. Queda por ver si Brasil tendrá en medio de una crisis nacional poco antes de la apertura de los Juegos Olímpicos, la concentración y la energía necesaria para llevar adelante un desarrollo exitoso.

Dr. Jan Woischnik
Representante de la Fundación Konrad Adenauer en Brasil

Alexandra Steinmeyer
Representante adjunta de la Fundación Konrad Adenauer en Brasil

Los diarios de la Argentina parecen confirmar la inminente llegada de la aplicación para celulares que cambio el paradigma de los medios de transporte: Uber. ¿Qué bandera enarbolará el progresismo? ¿La novedad tecnológica o la defensa del trabajo de los taxistas?

Uber es sencillo. Descargas la aplicación, la abres y puedes ver todos los autos registrados que circulan cerca de donde estás. Escribes la dirección donde quieres que te pasen a buscar y hacia dónde te diriges. La aplicación te marca el recorrido y la tarifa aproximada. Pulsas «confirmar» y lo próximo que debes hacer es esperar a que lleguen por ti. No necesitas dinero, porque el pago se hace con tarjeta a través de la aplicación. Cuando tu celular vibra es porque han entrado los datos del conductor que te pasará a buscar: ahora sabes su nombre, el auto que maneja y la calificación que ha tenido en viajes anteriores. ¿No te gusta su automóvil? ¿No te parece una persona de confianza? Siempre puedes cancelar el viaje.

Como ha ocurrido en otras ciudades del mundo, los argentinos ya vaticinan una verdadera guerra legal entre Uber y los taxistas. El sindicato de taxis ha tenido éxito en el pasado en prohibir aplicaciones similares a Uber.

Quiero ir más allá de la discusión de Uber, porque apenas me enteré de la llegada de la aplicación al país me surgió una duda: ¿qué bandera enarbolará el progresismo? ¿La novedad tecnológica o la defensa del trabajo de los taxistas?

¿Qué va pasar cuando un taxista viole a alguien? ¿Y cuando estafe a algún turista recién llegado al país? Uber es un cambio en la forma en que percibimos un servicio, y es una mejora sustancial. Datos del conductor, posibilidad de calificarlo después del viaje, pago con tarjeta de crédito, saber cuánto va a costar el viaje… Uber incluso, en sus requisitos, pide a sus conductores que no tengan antecedentes penales.

¿El progresismo de nuestra región está obsoleto? ¿Defenderá un sistema arcaico solo para preservar puestos de trabajo?

Defender a los trabajadores y sus puestos de trabajo es una tarea noble y valiente, pero solo si la causa es noble y valiente. Si los dueños de la empresa son corruptos o si el Estado los castiga injustamente, uno ha de levantar su voz en pos de los trabajadores.

Si los puestos de trabajo penden de un hilo porque durante años han proporcionado un servicio ineficiente y han pasado décadas desde la última vez que se modernizaron… ¿qué clase de progresismo estamos fomentando?

El progresismo en Latinoamérica ha adoptado una postura, paradójicamente, muy conservadora acerca del trabajo. Las empresas y los sistemas de trabajo están cambiando en todo el mundo. Muchas de las compañías más rentables del planeta existen hace poco más de veinte años y fueron creadas en un garaje. Sin embargo, el discurso y las críticas acerca del trabajo son de la posguerra.

La defensa de los puestos de trabajo logró mantener las condiciones precarias laborales. Como resultado, quedamos atrapados en el tiempo, en trabajos que cada vez son más deficientes ante un mundo que se renueva constantemente. Las primeras víctimas son los consumidores, a los cuales se les niega el acceso a bienes y productos de calidad; pero en un segundo lugar, los trabajadores también son víctimas, no se les permite adaptarse, se los condena a la mediocridad.

Volviendo a Uber y los taxis. En estos años, antes de que existiera la aplicación, ¿los taxistas ofrecieron la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o débito? No. ¿Ofrecieron un mejor servicio elevando los estándares de calidad para que todos los taxis tuvieran calefacción y aire acondicionado? No. ¿Bajaron el precio de la licencia para manejar un taxi y permitir que los precios bajen? No. ¿Se movilizaron ante los casos de violaciones y robos tomando medidas para que no volvieran a ocurrir? No.

Ahora llegó un servicio que ofrece todo eso y más, que genera confianza y satisfacción en los clientes, a un precio menor del que estaban pagando. En la búsqueda de una sociedad más justa, la respuesta no puede ser mantener rígidas las condiciones de antaño sino la mejora constante, reduciendo el impacto que la novedad pueda tener tanto para consumidores como para proveedores.

F. G. Aleman | @Fitogaleman

Ante las dolorosas imágenes de los ataques terroristas, apelan algunos al escudo de los valores occidentales. Si nos dejamos llevar por esa conseja, mal nos defenderemos del odio y el terror.

Un amigo me escribió desolado tras los deplorables sucesos de Bruselas el pasado marzo. «Occidente ha claudicado —me dijo— porque está sumido en el relativismo y le falta voluntad de poder», ante lo que invocó a Nietzsche como paladín filosófico de la defensa del Occidente judeocristiano frente a la otredad oriental, la amenaza islámica.

No deseaba contestarle acerca de las opiniones del genio alemán sobre los guerreros mahometanos y su crítica al cristianismo, pero sí pudimos conversar sobre el pesado fardo de Occidente. Ese cargado vocablo esconde una aspiración defensiva: el mundo, y los siglos del triunfo del hombre europeo y su civilización. Una superioridad casi imbatible que, en el curso de pocos siglos cambió la faz de la tierra, abatida por la mala conciencia poscolonial y el avance amenazante de los países en desarrollo.

Sin embargo, me niego a honrar la validez de esta noción. Lo que como escolares identificamos como Occidente no es sino la amalgama de modos de vida, creencias sobre el ser humano y su relación con el entorno tan disímiles y tan variadas como serían las de un pretendido Oriente que cubrimos con el manto del exotismo y la incomprensión. De los presocráticos a los posmodernos, del positivismo hasta los más etéreos idealismos, de las religiones al ateísmo, desde el arte figurativo clásico hasta las abstracciones geométricas, no son exclusivos de Occidente, sino que tienen un reflejo en posiciones estéticas, religiosas, literarias e intelectuales del mundo no europeo. Toda una miríada de pasiones, intereses y pareceres, muchas veces contradictorios, han forjado nuestra compleja y común humanidad.

¿Cómo no encontrar una común humanidad entre los luchadores por la democracia en Hong Kong o en Birmania? ¿Cómo rechazar por orientales el clamor por los derechos de la mujer en Indonesia, Pakistán o Arabia Saudita? ¿Cómo no ofrecer una mano a los activistas por los trabajadores en Nigeria y Bangladesh?

No se trata entonces de defender a Occidente, sino a aquellos valores de pluralismo, integración y tolerancia que hoy creemos consolidados en nuestros países pero que pertenecen al humanismo universal y son demandas de numerosos colectivos en todo el mundo. Occidente, como grito de batalla, esconde la defensa de alguna parcialidad aferrada a viejas ventajas culturales, raciales o económicas, la excusa para restringir libertades democráticas y la añoranza a un pasado idealizado.

Defendamos, ante esa usurpación de los valores humanistas, la amplitud de miras del proyecto democrático y social moderno, que podrá tener su cuna en Europa, pero que es patrimonio universal. Rechacemos el simplismo de la consigna fácil y admitamos la fabulosa variedad de la vida y la dignidad de las víctimas de Bruselas, Lahore, Bagdad como regiones atacadas por la intolerancia y el extremismo. La comprensión de estas realidades es la vía preferente de defensa de nuestro mayor tesoro político y social: el Estado democrático y de derecho.

Guillermo Aveledo | @GTAveledo

Leer por distracción, por gusto, curiosidad, interés, imitación…

Cualquier motivo es válido y cualquier razón es suficiente para recrear ese acto hoy accesible, antaño selecto, antes aún reservado para los menos y que es siempre el contacto con otras ideas, mundos nuevos, vidas distintas porque, en palabras de Vargas Llosa, la nuestra está incompleta y solo puede ser una, mientras que la literatura nos abre la puerta a todas las existencias que nunca serán nuestras, pero de las que es posible apropiarse y vivir aunque sea por un instante.

Celebrar el libro es celebrar la lectura como forma civilizatoria, como legado y como tradición. Es asimismo evocar, de acuerdo con la fecha de la efeméride, a Cervantes y a Shakespeare, dos modelos sempiternos que, a través de sus obras, reacomodaron el mundo que les rodeaba para proyectarlo hacia el mañana, seguramente sin saberlo, pero ciertos de que la palabra era el camino para enfrentar, entender y retratar su entorno, un siglo convulso que buscaba orden tras dos centenares de años de ensayo y error.

Del Renacimiento al Siglo de Oro y al perfeccionamiento del teatro inglés pasó la revaloración de Bizancio y, con ello, de la antigüedad, de los viejos modelos, de nuevas viejas lecturas que aparecían y alcanzaban para añadir nuevas formas a las sólidas catedrales de la Edad Media.

Fue también la incursión de la ciencia y el desplazamiento de la metafísica, el fin de la alquimia y la astrología como métodos, el cisma religioso que dio un lugar nuevo a las lenguas populares, el hallazgo de un mundo nuevo que trastocó mapas, medidas y conceptos para enseñara a la humanidad el reto de una diversidad distinta a la que prevaleció durante dos milenios.

Y en esa América, también el libro. También el saber bajo la forma del códice y el glifo, hallazgos que conservaban la historia de culturas ancestrales bajo el signo de los astros, de los cambios de clima, de leyendas que aún hoy esperan interpretación y conocimiento suficiente para revelarse en su abundancia y riqueza.

El 23 de abril es la fecha elegida, por reconocimiento, por homenaje, por memoria, para festejar el Día del Libro. Y en esta efeméride, como en pocas de las miles que acompañan hoy día calendarios y agendas, hay un despliegue de pasado que apenas atisbamos en su inmensidad y complejidad.

Pero en su recuerdo, en su conmemoración, se concentra ese objeto que aparece en nuestros días como algo habitual, paisaje normal y cotidiano de casi cualquier urbe, que sigue y debe seguir no obstante brillando como el centro de un sistema, como el polo magnético en torno al cual se congregan la especie y sus más grandes legados, sus más ocultas vergüenzas, sus orgullos imperecederos, sus alcances y su infinita capacidad.
Así todos los libros, así la suma de la riqueza de la humanidad.

Carlos Castillo | @altanerias

El edificio era uno de los más prestigiosos y glamorosos de su tiempo. La inauguración del Parque Hotel en Montevideo sin embargo se atrasó, porque buena parte del inventario, que viajó por barco desde Europa, no llegó a tiempo para la Nochebuena de 1909.

Más de cien años más tarde, la institución que ocupa el edificio hoy no conoce la atracción y atención suprarregional de que gozaba el hotel en los viejos tiempos. Se llama Mercado Común del Sur e intenta celebrar sus 25 años sin la pompa de aquel Parque Hotel. La razón de ello se relaciona con el albergue lujoso a través de los tiempos: al igual que en 1909, no todo está instalado y en su lugar tenemos al Mercosur de 2016.

Se fundó el 26 de marzo 1991 en Asunción, concretando una idea de más de cien años de edad y tomando como ejemplo a la Unión Europea. Los objetivos postulaban un bloque regional de integración y libre circulación de bienes y servicios en América Latina. Esta casa de las Américas, que integra a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela como miembros plenos y a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú como miembros asociados, está celebrando su cuarto de siglo de existencia sin bombos ni platillos, debido a un cierto estancamiento en varios de sus objetivos iniciales —unión arancelaria, creación de un mercado libre, prosperidad para todos—, que hasta hoy no se cumplieron.

Por un lado, se vivieron altibajos en la integración política del organismo supranacional y hubo varios momentos críticos en este tiempo: Venezuela y Bolivia con sus sistemas autoritarios hicieron cuestionar fuertemente el protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático, un pilar de la organización; Uruguay presionó al Mercosur y puso en duda su pertenencia de no solucionarse su conflicto con Argentina sobre el intercambio comercial entre ambos países; Paraguay tuvo que ser suspendido a causa del golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo hasta abril de 2013. En todos los países con gobiernos de izquierda desde el 2007 lo económico pasó a segundo plano y la priorización de lo político-ideológico frenó la apertura del Mercosur a los mercados mundiales.

En suma, las rivalidades regionales y la priorización de los intereses nacionales —muchas veces expresadas en el escenario de las cumbres anuales— obstaculizan hasta hoy una mayor integración. Por otro lado, el proyecto de una mayor integración fue obstaculizado por dos corrientes de sistemas económicos y velocidades diferentes. Países como Chile, Perú y Uruguay avanzaron en modelos económicos abiertos integrados a los mercados financieros internacionales. Del otro lado, Argentina, Brasil y Venezuela optaron durante años por intervenciones estatales y el control del comercio y el flujo de capitales. Las grandes economías como Brasil o Argentina mantenían a la vez mayor comercio con Asia que con sus contrapartes en la alianza latinoamericana. Los países chicos, por el contrario, dependen en gran parte del comercio con sus vecinos del Mercosur. En el pasado los miembros muchas veces parecían estar más ocupados en asuntos exteriores que en construir su casa del Mercosur.

Los pronósticos del futuro de esta casa latinoamericana tienen que partir de los avances de los coinquilinos en el pasado. Entre las señales alentadoras hay que contar: la creación del Fondo para la Convergencia Estructural (FOCEM), operativo desde el 2006 para reducir asimetrías del bloque; la creación del Parlamento del Mercosur; la fundación del Banco del Sur, en 2007; y más recientemente, el plan de acción concertado contra el virus zika.

Con esta base institucional, los proyectos populistas en caída y nuevos líderes con visión internacional como Mauricio Macri en ascenso, existen buenas condiciones marco para el desarrollo del bloque. Económicamente la región sufrirá con las caídas de Venezuela y Brasil, pero la nueva dinámica de búsqueda de un próximo acuerdo con la Unión Europea después de 16 años de negociaciones es vista como muy promisoria. A la vez, se avizora un pronto encuentro con la Alianza del Pacífico para crecer juntos. Si se suma a estas condiciones políticas y comerciales el hecho que el Mercosur abarca a casi 300 millones de habitantes y un producto interior bruto de casi tres billones de dólares, queda en las manos de los líderes políticos reavivar el proyecto que celebra sus 25 años.

Esperamos que cuando los cancilleres se encuentren en Montevideo el próximo 25 de abril en los pintorescos salones del antiguo Parque Hotel no dejen pasar la oportunidad de darle nuevo brillo a la casa latinoamericana del Mercosur.

David Braehler

Trainee de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo

El expresidente de Chile, Patricio Aylwin Azócar, ha fallecido este martes 19 de abril de 2016 en su casa de siempre. Murió como el respetado líder que condujo al país tras el fin de la dictadura militar. Fue un hombre que se relacionó con lo más granado de la elite intelectual, económica y política a nivel planetario. Sin embargo, pasó toda su vida en aquella vivienda que construyó con su sueldo de abogado, enclavada en un distrito de clase media profesional de Santiago. Dejo el poder tal como lo recibió. Era un hombre inmune a los oropeles. Entendía el servicio público como una misión para mejorar la calidad de vida de sus compatriotas. Lo movían la sencillez y las virtudes humanistas.

Quizás, por eso mismo es que Dios y la vida le encargaron las más difíciles tareas que un político puede enfrentar en su carrera. Le tocó unir cuando todos en la sociedad estaban enemistados. Supo salir adelante de sus dolores, encarar de frente sus propias deudas con la historia y salir airoso, pese a tener que gobernar lleno de limitaciones, producto de una Constitución heredada y plagada de enclaves autoritarios. Pese a todo, don Patricio fue capaz de transformarse en un ejemplo de crecimiento con justicia social y, además, terminar con la impunidad heredada.

No había espacio en Aylwin para endulzar la verdad. De trato formal y extremadamente amable, naturalmente sonreía. Era alguien que escuchaba, más que solamente hablar. Ello nunca le impidió decir las cosas tal como las creía. Tampoco tuvo miedo a que las lágrimas lo retrataran, especialmente mientras pedía perdón en nombre del Estado chileno por las atrocidades cometidas durante la dictadura contra la que él lucho incansablemente.

Aylwin gobernó Chile de cara a la historia y no al ritmo de las encuestas. Entendió desde el primer día que su rol era pacificar para unir. Como un profesor, esto lo repitió a quienes estaban en el Estadio Nacional, en su primer acto público como presidente: el país sólo podía ser construido sobre la verdad, pero tenían que hacerlo juntos civiles y militares. Era ese mismo mandatario que, asumido el poder, puso en su gabinete ministerial a los partidarios del presidente Salvador Allende, gobierno del que había sido un leal opositor. Es que aunque algunos lo acusen de haber sido blando frente al golpe militar, el presidente Aylwin fue siempre un demócrata de carta cabal. Entendió el peso de la historia como pocos, reconstruyendo la amistad cívica y luego una amplia coalición con la centroizquierda para alcanzar el país que tenemos. Sin duda, el Chile de hoy con sus aciertos y errores es infinitamente mejor al que recibió Aylwin en 1990. A él se lo debemos de manera prioritaria.

Cuando nadie pensaba que era posible, don Patricio diseñó en su cabeza la salida democrática de una terrible dictadura, siempre pensando en la no violencia activa y su irrestricto apoyo al derecho como medio de solucionar conflictos. Fue un hombre de Estado y un gran profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile.

El presidente Aylwin fue un ser humano excepcional. Sin embargo, no está descrita la magnitud de su obra si se omite su tienda política. Algo que definió de manera central al exmandatario fue su identidad profundamente demócrata cristiana. Tuvo la capacidad de anclar sus convicciones, basadas en la fe católica y el humanismo cristiano, con un gran apego a un republicanismo basado en un Estado de derecho democrático. Esta fue la raíz que le permitió ser también senador y presidente del Senado. Pero además fue siete veces presidente del Partido Demócrata Cristiano.

Su amor a la colectividad fue tal que salió del retiro, a los 83 años de edad, para volver a dirigirlo, producto del clamor de los militantes en una de esas crisis que enfrentan los partidos políticos. Para don Patricio, todos sus camaradas de partido fueron siempre iguales antes sus ojos. El más modesto militante podía ser considerado de la misma manera que el más preparado economista. Para él, la esencia estaba en la persona humana. Es que don Patricio vivió el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Midió con esa vara su vida. Hoy la patria chilena lo despide como un grande de su historia. El Partido Demócrata Cristiano de Chile y el movimiento humanista cristiano despiden a un hijo excepcional.

Jaime Baeza Freer | @Jaime_Baeza_F
Doctor en Ciencia Política. Subdirector de ANEPE-Ministerio de Defensa de Chile. Académico de la Universidad de Chile. Demócrata cristiano convencido.

La incorporación de novedades en materia de comunicación y tecnología es un diferencial cada vez más definitorio en las campañas electorales. ¿Qué impacto tiene la formación de equipos de campaña? El exceso de tecnología, ¿supone un riesgo para la democracia?

El desarrollo de la actividad político electoral ha sido acompañado a lo largo de las últimas décadas por la incorporación de una variedad creciente de profesionales ocupados en cada una de las actividades que implican una campaña.

Así, el carácter masivo de la publicidad asimiló a los candidatos con productos, y ello requirió de los servicios de diseñadores, músicos y publicistas para diseñar campañas cuyo objetivo era que el producto resultara electo por los consumidores. Una de las primeras experiencias en ese sentido tuvo lugar en la elección norteamericana de 1952, con la célebre campaña que llevó a la Casa Blanca al general Dwight Eisenhower, al ritmo de su popular «I like Ike».

Más adelante, el desarrollo de una televisión de largo alcance y con mayor cantidad de recursos para la producción en vivo impuso los debates de campaña casi como una obligación para los candidatos. De esta manera, los asesores de imagen, semiólogos y expertos en lenguaje no verbal comenzaron a posicionarse entre los profesionales demandados por los equipos de campaña. Muchos aún atribuyen a la imagen que John F. Kennedy mostró durante el debate con Richard Nixon en 1960. Frente a un Nixon con un traje que se mimetizaba con la escenografía, que lucía signos de cansancio y convaleciente de una reciente operación de rodilla, un Kennedy de traje oscuro, bronceado y maquillado lució ampliamente más atractivo para un electorado que seguía por primera vez en la historia un debate televisivo. El resultado de la elección es ya conocido, y el episodio del debate forma parte de los hitos más importantes de la historia de las campañas electorales.

Pisando el siglo XXI, los medios digitales no quedaron fuera de las campañas, y ya en 1996 asistimos a la primera elección norteamericana en la que los candidatos Bill Clinton y Bob Dole acercaban sus propuestas a través de esa novedad llamada internet. Posteriormente, el desarrollo de la web y sus aplicaciones generó la aparición de redes sociales, un nuevo universo en el que los community managers se unieron a los ya establecidos diseñadores web, como parte de los equipos de trabajo de los candidatos.

Hoy día el desarrollo del llamado big data —almacenamiento de grandes cantidades de datos— comienza a cosechar la información obtenida a partir de la participación y el intercambio en los espacios de comunicación digitales. Esa información es luego traducida en algoritmos que permiten a los equipos estratégicos conocer las preferencias y expectativas del electorado con una precisión mayor que la obtenida por encuestas de opinión pública, o monitorear en tiempo real las acciones de los votantes no solo vinculadas a la campaña y a sus preferencias políticas, sino cruzarlas con hábitos de consumo, páginas y perfiles más visitados, etcétera. Tan presente se encuentra el manejo de datos a gran escala que en la reciente temporada de House of Cards se incorpora al equipo de campaña por la reelección del presidente Underwood una compañía encargada de analizar grandes series de datos a nivel informático. Debido a estos avances, los ingenieros en informática y expertos en tecnologías de la información comienzan también a tener su lugar en un equipo de campaña exitoso.

La última incorporación necesaria está relacionada con actividades de campaña dentro de lo que se conoce como campaña sucia o guerra sucia. A la cada vez más extensa lista de profesiones se une una nueva, no tan formal ni convencional: la del hacker.

Esta afirmación surge tras las recientes declaraciones de Andrés Sepúlveda, el hacker colombiano que afirma haber participado de procesos electorales en Colombia, Honduras, México y Panamá, interviniendo las comunicaciones de los miembros de los equipos de sus oponentes, creando ejércitos de perfiles falsos y robots para posicionar temas en redes sociales, e incluso robando información de correos electrónicos y bases de datos.

El desafío del ingreso de este tipo de personajes a la arena de las campañas políticas no solo representa una amenaza para los equipos de los candidatos. La acción de estos piratas informáticos representa un riesgo aun mayor para la legitimidad y transparencia del sistema electoral y, en particular, para el mecanismo de conteo de votos, con riesgo agravado en los casos de voto electrónico.

Federico Irazabal | @firazaba

Qualquer que seja o resultado da votação do impeachment da presidente Dilma Roussef neste domingo, um prognóstico é certo: a política brasileira sairá do episódio pior que entrou.

É bom clarificar que, diferentemente do que pregam os petistas mais exaltados, impeachment não é golpe. É um processo previsto na Constituição Brasileira. As acusações contra Dilma são tênues, é verdade. Se governadores e prefeitos fossem julgados por sua irresponsabilidade fiscal com o mesmo rigor que a presidente o será, sobrariam pouquíssimos políticos no Brasil. Mas o argumento de que impeachment exige crime de responsabilidade fiscal comprovado é ingênuo. Ou alguém já viu parlamentar investigar a sério (quem dirá provar) o que quer que seja, em qualquer lugar do mundo? O fato de existir um dispositivo constitucional que permita a parlamentares destituir o presidente indica que esse seja, eminentemente, um processo político. Se cair, Dilma terá perdido a guerra política.

Se o impedimento de Dilma não será um golpe, tampouco será um repentino ato de consciência dos insuspeitos parlamentares brasileiros, a fim de pôr um fim na corrupção no país. Os 35 nobres deputados investigados ou réus que integraram a comissão do impeachment não parecem ter passado por uma súbita reconstituição de caráter nos últimos meses.

Mas se o impeachment não é nem golpe, nem um ato de combate à corrupção, o que é? O impeachment será, como sempre na política, a soma de interesses paroquiais. Muitos dos congressistas que votarão pelo impedimento — entre eles o presidente da Câmara, Eduardo Cunha — sonham com a queda da presidente como calmante para as ruas, indignadas com a economia moribunda e com as denúncias de corrupção. Esperam, assim, tirar a operação Lava Jato do forno e colocá-la no freezer. Outros tantos não querem perder uma futura boquinha no governo do hoje vice presidente Michel Temer, e alguns tentam se proteger da fúria do eleitorado, que devem enfrentar nas eleições para prefeito no fim do ano.

E o eleitorado está mesmo furioso. Embora as últimas pesquisas de opinião indiquem que a reprovação ao governo Dilma tenha diminuído no último mês (talvez pelo arrefecimento da inflação), 61% dos brasileiros ainda querem ver a presidente pelas costas. A opinião pública não é a principal motivadora dos votos pró-impeachment de cada deputado, mas é fundamental para que o impedimento aconteça.

Se passar na Câmara, o processo de impeachment ainda será julgado pelo Senado. Mas, aí, já será óbvio que a presidente perdeu completamente a condição de governar e Temer já estará sentado na cadeira, com a caneta na mão. Ato consumado. Que senador vai querer se opor a uma força política que já provou ter mais de dois terços de apoio entre os deputados?

Nenhum Congresso conseguiria tirar o mandato de um governo com grande apoio popular. As multidões que querem o impeachment de Dilma o querem porque as inúmeras decisões desastradas da presidente na economia corroeram sua base de suporte no eleitorado. Será essa a lição aprendida pela cassação do mandato de Dilma pelo Congresso — governo ruim não se tira pelo voto; se tira na marra.

E se, por um milagre, Dilma conseguir evitar a suspensão de seu mandato pelos deputados? Isso significará que o balcão de negócios no qual se transformou o Palácio do Planalto nos últimos meses, em que se vendem cargos e emendas parlamentares em troca de votos anti-impeachment, terá dado lucro. A lição aprendida, então, será outra: o Brasil consolidará a tradição de um presidencialismo capenga, em que alianças com Deus e o diabo são necessárias para não perder o cargo pelas mãos dos parlamentares.

Lucas de Abreu Maia | @lmaia
Jornalista e doutorando em ciência política na Universidade da Califórnia, San Diego, USA

Acceda aquí a la versión en español de este artículo

Después de más de 50 años de conflicto armado interno entre el Estado colombiano y las FARC, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos avanza significativamente en el camino hacia un acuerdo que finalice la confrontación, causa y consecuencia de los rezagos en materia de desarrollo en Colombia.

Aunque la firma del acuerdo aún no ha ocurrido, es indudable que las negociaciones han llegado a un punto de no retorno. No obstante el escepticismo que hay en la sociedad colombiana frente al tema, el resultado de las negociaciones que iniciaron en octubre de 2012 sería el inicio de un proceso de construcción de paz estable y duradera, dirigido hacia un desarrollo sostenible en el país.

Si bien el proceso está en la recta final, aún persisten en el país un alto grado de polarización de la opinión pública y un gran escepticismo respecto a que las FARC cumplan con su parte en los acuerdos. Por ejemplo, la arena política ha sido escenario de fuertes controversias por las negociaciones de paz.  Y aunque, iniciando el 2016, la gran mayoría de los partidos políticos decidieron conformar la llamada Unidad por la Paz, el Centro Democrático liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, ha sido y sigue siendo la mayor fuerza opositora al gobierno actual y el que levanta las más duras críticas contra el proceso con las FARC.

Ahora bien, en los últimos meses una cosa ha quedado clara: a pesar de las posiciones plurales alrededor del proceso, los líderes políticos deben sobreponerse a la pugna y la polarización para evitar profundizar las divisiones ya existentes en la sociedad, y enfocar esfuerzos en responder a las dudas y preocupaciones de la población. Por ejemplo, el riesgo de impunidad en el acuerdo no debe ser subestimado; en ello, el expresidente Uribe ha expresado su rechazo, conectándose con el sentir de un amplio sector de la sociedad. El Gobierno de Santos debe poder comunicar los avances sobre el acuerdo de forma clara, sean estos negativos o positivos, y evitar una mayor polarización. Además, en Colombia persiste el temor de que, como ha ocurrido en otros procesos de paz, ante percepciones de injusticia o exclusión, algunos sectores decidan tomar justicia a mano propia, lo cual perpetuaría la confrontación.

En todo caso, de cara al futuro político en el país y la sostenibilidad de la paz, se hace imprescindible una estrategia de mayor inclusión y comunicación con todos los sectores de la sociedad. De lo contrario, se corre el riesgo de que ante tal grado de polarización surjan posiciones políticas extremas.

Por otro lado, aunque con el acuerdo de paz se pretende sentar las bases para una paz estable y duradera, el país aún tiene grandes retos por enfrentar. Pues, debido a la gran relevancia que durante décadas ha tenido el conflicto armado, temas como el desarrollo general del país y la integración política de todos los sectores de la sociedad, entre otros, fueron relegados a un segundo plano. Así que esta parecería ser la oportunidad para que, al menos en ausencia de la confrontación con las FARC, se diera mayor trascendencia a los temas relegados. Sin duda, serán necesarias reformas estructurales, pero también lo es la inclusión política y social de los colombianos.

Además no se debe olvidar que aún existe otro grupo de guerrillas en Colombia: el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que no es parte del actual del proceso de negociación y, aunque no tiene el mismo tamaño y presencia regional, podría llegar a disputarse algunos territorios que dejaran las FARC luego de su desmovilización, junto con bandas criminales.

El acuerdo de paz también será de gran importancia para la comunidad internacional, que ha estado siguiendo activamente el desarrollo de este proceso y a la que el presidente Santos en repetidas ocasiones ha pedido ayuda. Aún no está totalmente definida la cantidad y la modalidad de esa ayuda, especialmente la financiera. Sin embargo, es claro que Colombia dependerá de esta para cumplir en la práctica varios puntos del acuerdo.

La paz duradera no solo traería más estabilidad y seguridad en zonas rurales, sino también mejoras fundamentales en temas como, por ejemplo, la infraestructura. En esta área, el Gobierno de Santos anunció el Plan Maestro de Transporte Intermodal que se llevará a cabo en los próximos diez años y tendrá una inversión de 123 billones de pesos.^[1]

De esta manera, la seguridad infraestructural en el país mejoraría significativamente; sería un desarrollo interesante y ejemplo para inversión de las empresas de todo el mundo. Colombia podría convertirse en un lugar de importancia estratégica para el comercio con América Latina. Según estimaciones de expertos, la paz podría aportar al crecimiento del PIB entre uno y dos puntos porcentuales, lo que, incluso por los cálculos más conservadores, significaría un incremento de 32 % en el ingreso per cápita de la próxima generación.^[2]

Así las cosas, no se debe subestimar la importancia política e histórica de un acuerdo con las FARC. El conflicto armado es la causa pero a la vez también una consecuencia de los rezagos en materia de desarrollo en Colombia. El conflicto ha impedido la prosperidad económica, la inclusión regional y la justicia social en el país. Por esto, la firma de un acuerdo de paz con las FARC significaría un gran paso hacia adelante, con la expectativa de que una nueva Colombia se construya bajo estos principios de justicia e inclusión social.

[Extracto del informe de la oficina de la KAS en Bogotá, elaborado por el Dr. Hubert Gehring (director), Margarita Cuervo (coordinadora de proyectos) e Yvonne Scholliers (practicante)]

Cualquiera que sea el resultado de la votación del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff el próximo domingo, un solo pronóstico probará ser cierto: la política brasilera terminará este episodio en peores condiciones de las que estaba cuando comenzó.

Es bueno aclarar que, a diferencia de lo que sostienen los petistas más compenetrados, el impeachment no implica un golpe. Es un proceso previsto en la Constitución brasilera. Es cierto, de todas formas, que las acusaciones contra Dilma son frágiles. Si gobernadores, intendentes y otras autoridades electas fueran juzgadas por irresponsabilidad fiscal con el mismo rigor que le cabrá a la presidenta, quedarían muy poco políticos en Brasil. También es ingenuo el argumento que sostiene que el impeachment requiere la comisión de un delito de responsabilidad fiscal comprobado. ¿Alguien acaso ha visto parlamentarios investigar en serio —quien diría más, probar—, cualquier cosa que fuese, en cualquier lugar del mundo? El hecho de que exista un mecanismo constitucional que permita al Parlamento destituir al presidente indica que este sea, claramente un proceso político. Si cae, Dilma habrá perdido la guerra política.

Si el impeachment de Dilma no es un golpe, tampoco se trata de un repentino acto de conciencia de los impolutos parlamentarios brasileros, guiados por el propósito de poner fin a la corrupción en el país. Los 35 honorables diputados investigados o procesados que integraron la comisión que aprobó el proceso de impeachment no parecen haber atravesado una súbita modificación de su personalidad en los últimos meses.

Entonces, si el impeachment no es ni golpe ni combate a la corrupción, ¿qué es? El impeachment es, como sucede siempre en la política, un cúmulo de intereses vernáculos. Muchos de los congresistas que votarán el impeachment —entre ellos el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha— sueñan que la caída de la presidenta devolverá la calma a las calles, llenas de gente indignada por una economía moribunda y denuncias de corrupción. Esperan, de este modo, sacar la operación Lava Jato del horno y colocarla en el congelador. Otros tantos no quieren perder un futuro puesto en el gobierno del hoy vicepresidente Michel Temer, mientras que otros intentan protegerse de la ira de un electorado frente al que deberán comparecer en las próximas elecciones municipales de fin de año.

Ese electorado está realmente furioso. Aun cuando las encuestas de opinión pública del último mes muestran una disminución en la desaprobación de la gestión del gobierno de Dilma (probablemente por un estancamiento de la inflación), 61% de los brasileros esperan ver caer a la presidenta. La opinión publica no es el principal motor para lograr los votos a favor del impeachment, aunque su respaldo es fundamental para que el proceso se pueda llevar a cabo.

De ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proceso deberá pasar todavía por el Senado. Aún así, a esa altura ya será evidente que la presidenta perdió la capacidad de gobernar, y Temer estará sentado en el sillón, pluma en mano. Con la consumación del acto, no habrá senador interesado en oponerse a una fuerza política que ha probado ya poseer más de dos tercios de apoyo en la Cámara.

Ningún Congreso sería capaz de voltear un gobierno con altos niveles de apoyo popular. Las multitudes que piden el impeachment lo hacen por causa de malas decisiones de la presidenta en materia económica, que minaron sus bases de apoyo en el electorado. La primera enseñanza que dejará el proceso de destitución de Dilma por el Congreso, ¿será algo así como que un mal gobierno no se cambia en las urnas, sino que se lo saca a la fuerza?

¿Y si ocurre un milagro y Dilma consigue frenar la destitución? Eso significará que haber transformado el Palacio de Planalto en un mostrador de almacén, donde se negocian cargos y apoyos parlamentarios a cambio de votos contra el juicio político, dio un resultado provechoso. Entonces, la moraleja será otra: Brasil consolidará la tradición de un presidencialismo rengo, en el que es necesario transar con Dios y con el diablo para no perder el cargo por falta de apoyo parlamentario.

Lucas de Abreu Maia  | @lmaia
Periodista y estudiante de doctorado en ciencia política de la Universidad de California, San Diego.

[Traducción: Federico Irazabal, de la redacción de Diálogo Político]

El boom de las materias primas ha cesado, y con él, las frustraciones ante la oportunidad perdida han desnudado los mitos de los nuevos populismos.

Durante la década pasada, la economía global experimentó un aumento inusitado de los precios —casi un 300 % en promedio— de las materias primas como metales, químicos, petróleo y alimentos no procesados. Gracias al crash de la economía digital de inicios de la década, el temor de escasez estructural y el auge industrial y de consumo de las economías asiáticas, los países periféricos gozaron de un nuevo balance positivo de sus exportaciones que permitió el aumento del ingreso fiscal de muchas economías emergentes. Este auge tuvo consecuencias en la expansión global de las clases medias urbanas, y en la creciente influencia económica, financiera y geopolítica de bloques económicos emergentes fuera del elenco tradicional de las economías industrializadas y las democracias liberales.

El boom coincidió con la llegada al poder ejecutivo de varios países latinoamericanos de partidos y movimientos provenientes de la izquierda radical, que apenas se habían incorporado marginalmente a los sistemas políticos derivados de las transiciones democráticas, creando nuevas coaliciones electorales de sectores rentistas —obreros, campesinos, desclasados— alrededor de tales movimientos. Es difícil negar que, si el auge de las materias primas no fue el único factor determinante en su surgimiento, ayudó al establecimiento y duración de estas coaliciones. Para algunos, como el bolivarianismo venezolano, el auge significó una holgura fiscal controlada por el Estado que podía sostener un boom de gasto público y consumo abiertamente hostil al crecimiento de un sector privado productivo. En otros casos más favorecidos por la opinión global, como el del PT brasileño, se fomentó una alianza en la cual el Estado era el agente promotor del empresariado en la región y en el mundo, mientras se iniciaban programas de inversión social casi inéditos en el desigual país. Como era de esperarse, la popularidad electoral de estos gobiernos permaneció casi incólume, pese a su corrupción e ineficiencia.

Pero la fiesta terminó. El auge y declive rentista condicionó de tal modo el funcionamiento de estos movimientos —en términos de su acumulación y redistribución de recursos— que la volatilidad ordinaria de las materias primas fue desestimada, y no aceptaron los previsibles efectos de la desaceleración de China e India, y los cambios en inversión y tecnología de las economías del Occidente posindustrial, y la instauración de una nueva etapa comercial deficitaria y un entorno recesivo. La fortuna de los años 2000 debía ser administrada con una mayor prudencia para asegurar su sosteniblidad.

No debe sorprender entonces cómo se asoman las consecuencias políticas de esta nueva situación. En los recientes ciclos electorales, los modelos populistas con mayor acento en el gasto público han sufrido importantes reveses: la victoria de Macri en Argentina, la derrota parlamentaria del PSUV en Venezuela y el traspié del MAS en el referendo sobre la reelección en Bolivia, lo evidencian. El dramático proceso político brasilero alrededor del escándalo Petrolão, muestra también un riesgo adicional: la desesperanza traída por la decepción ante estos populismos y su resistencia a ser juzgados por las vías constitucionales, trae consigo fantasmas de intervenciones militares y de Deus ex Machina judiciales. Si bien hay otros países con gobiernos no populistas que están sufriendo las consecuencias de la crisis de las materias primas, sus instituciones parecen poder aguantar mejor esta circunstancia.

He ahí el detalle perverso del populismo de izquierdas: toda crítica es presentada como una amenaza a la democracia, y así las naciones pueden hallarse sin alternativas. Desde el poder, los gobernantes populistas se atrincheran, denunciando fraudes y evitando controles. Desde la oposición, el populismo de izquierda juega al obstruccionismo y a la crispación negadora de toda alternativa. Así, las soluciones electorales pueden desprestigiarse, para dar la razón a la conseja extremista según la cual la democracia liberal no está a nuestro alcance. No les demos esa oportunidad.

Guillermo Aveledo | @GTAveledo

Después de cinco años de gobierno de izquierda, Perú gira ideológicamente.

En la primera vuelta de las elecciones peruanas, celebradas el domingo 10 de abril, Keiko Fujimori (de Fuerza Popular) y Pedro Pablo Kuczynski (de Peruanos por el Kambio) fueron los candidatos más votados y se enfrentarán en la segunda vuelta el domingo 5 de junio para definir quién será el próximo presidente del país.

Según estimaciones privadas de la empresa IPSOS, publicadas por los medios en la noche del domingo 10, Fujimori (hija del polémico expresidente Alberto Fujimori, actualmente en prisión) habría alcanzado el 39,6 % de los votos y Kuczynski (un empresario liberal de centroderecha) el 21,5 %. En tercer lugar, cerca de Kuczynski, se ubicó la candidata del Frente Amplio Verónika Mendoza con 18,7 %. Y por debajo de ellos quedaron el candidato Alfredo Barrenechea, de Acción Popular, con 7,1 %, y el expresidente Alan García, de Alianza Popular, con 5,7 %.

Giro ideológico

Después de cinco años de un gobierno de izquierda (encabezado por Ollanta Humala), Perú gira ideológicamente: la segunda vuelta de 2016 enfrentará a dos candidatos cercanos a la derecha. Una derecha popular (que algunos califican de populista) de Fujimori, contra una derecha más liberal de Kuczynski. Sin embargo, la izquierda también tiene motivo de festejo. Parece haber encontrado en la joven Verónika Mendoza, de 35 años, un cuadro prometedor con potencial para continuar creciendo y competir en las elecciones siguientes.

Entre los perdedores más nítidos de la elección se encuentra Alan García. Su histórico partido APRA, en alianza con otro partido histórico (el Partido Popular Cristiano), apenas si superó el límite de 5 % que le permite seguir funcionando como partido. Es un golpe duro para quien fuera dos veces presidente del Perú. Más duro aún fue el golpe para otro expresidente, Alejandro Toledo, quien recibió apenas 1 % de los sufragios y quedó lejos de la valla mínima exigida por la Ley Electoral, y sin representación en el Parlamento.

Segunda vuelta competitiva, con ventaja de Keiko

La campaña de segunda vuelta se perfila competitiva. La política de alianzas con los candidatos que quedaron excluidos puede llegar a ser decisiva para construir las mayorías y determinar el ganador. Es difícil arriesgar un pronóstico, ya que la campaña será relativamente larga (casi dos meses hasta el 5 de junio), y el electorado peruano suele tener una alta volatilidad.

Aún así, parece claro que Fujimori —que casi duplicó a su rival en votos el domingo— tiene un camino más llano que Kuczynski. Partiendo de 40 %, el objetivo de ganar está mucho más cerca que el de su rival.

Funcionamiento normal y tareas pendientes

La elección del 10 de abril se desarrolló en total normalidad, sin que se conocieran problemas significativos en el funcionamiento de la votación ni en el recuento de los votos. La campaña previa, sin embargo, había estado signada por innumerables denuncias de ilegitimidad de los candidatos (sustentadas en una polémica Ley Electoral) que llevaron incluso a la eliminación, pocas semanas antes de la elección, de dos candidatos presidenciales en crecimiento (Julio Guzmán y Carlos Acuña).

Esto llevó al secretario general de la OEA Luis Almagro a criticar la calidad del proceso electoral peruano en los días previos a la elección, lo que generó fuertes (y casi unánimes) reacciones del elenco político local. En este contexto, el normal desempeño de la jornada electoral del domingo 10 es un espaldarazo al normal funcionamiento democrático.

De cualquier modo, es visible la persistencia de algunos desafíos pendientes. La debilidad de los partidos políticos, el excesivo personalismo de las campañas, la ausencia de debates profundos sobre los problemas del país y una ley electoral ambigua son problemas que los peruanos deberán resolver para volver a construir una democracia de alta calidad.

Ignacio Zuasnabar | @ IZuasnabar
Uruguayo. Magíster en Sociología y Ciencia Política por la Universidad del País Vasco. Director del Área de Opinión Pública de Equipos MORI. Consultor de opinión pública y campañas electorales en varios países de América Latina.

El 3 de febrero de 1989, luego de 35 años de una sombría y cruel dictadura, las fuerzas armadas paraguayas se levantaron para derrocar a Alfredo Stroessner.

Se inició ese día el camino hacia una democracia que a los paraguayos aún nos cuesta. Es una democracia frágil, joven y a la que injustamente se la culpa de ser causante de los males que nos aquejan como sociedad.

En las redes sociales vi muchos comentarios a favor y en contra del régimen stronista. ¡Qué profunda tristeza sentí al ver comentarios de jóvenes haciendo apología del totalitarismo, la dictadura y los abusos de poder! ¡Qué cobarde me suena el canje de libertad por seguridad! ¡Qué despreciable es pensar que la desaparición, muerte y tortura de seres humanos se justifican con «las grandes obras que hizo el General»! Me pregunto desde cuándo un puente o una represa valen más que la vida de una persona. El respeto hacia la dignidad del ser humano no es negociable. Un puente, una represa, un edificio, sin educación y sin libertad no representan progreso; constituyen apenas un montón de hormigón que no puede aspirar a ser icono de desarrollo mientras sea utilizado como cortina de humo para cubrir, por años, el atropello a los derechos humanos.

Y duele más cuando un joven —que no vivió la dictadura— defiende el totalitarismo porque comete un acto de desprecio hacia su propia libertad, hacia su propia capacidad de expresarse y realizarse. ¿Acaso hay algo más contradictorio que expresarse libremente a favor de la dictadura en tiempos de democracia? ¿Cómo se sentirían estas personas si luego de publicar sus comentarios les cayese la caperucita roja (móvil utilizado durante la dictadura para secuestrar a los rebeldes) para «explicarles» con denigrantes acciones que en la Constitución Nacional paraguaya la dictadura está fuera de la ley?

Gracias a Dios no viví la dictadura, pero escuché y leí la historia, contada desde diferentes perspectivas. Y me he convencido de que, aunque cueste y a veces duela, vale la pena seguir construyendo una nación democrática, en donde la seguridad no se sustente en el uso de la fuerza sino en el civismo y en donde entendamos que los verdaderos puentes de progreso se construyen cuando con respeto y libertad podemos expresar y desarrollar ideas que nos ayuden a crecer en valores, en conocimiento y en una actitud de solidaridad hacia los demás, una solidaridad que no implique sentirse superior y dar limosnas a los inferiores, sino en ponerse en el lugar del otro. Este ejercicio de solidaridad debe ser recíproco, debe darse desde quienes defienden uno u otro punto de vista, sin perder identidad. Para algunos será más fácil que para otros, pero hacerlo es un deber imperioso para los demócratas y debe ser una forma de vida para los humanistas, pues allí radica nuestra esencia al hacer política.

Tal vez hoy hasta tengamos ideas dispares en el concepto de democracia, tal vez resulte para algunos una palabra gastada y pasada de moda, como me lo decía un amigo días atrás. Pero es un tema sobre el cual debemos dialogar y, como afirma el papa Francisco, «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en un eslabón de un nuevo proceso».

Charlemos sobre esto, en el boliche, en la facultad, en el Parlamento o, como lo hacemos en Paraguay, a la sombra de un árbol de mango compartiendo un tereré. Donde sea, celebremos que hoy podemos debatir sin tener que pedir permiso.

Christa Rivas | @RivasChrista

Un cambio de paradigma en la visión de los medios públicos a partir del gobierno de Mauricio Macri culminó con la salida del Estado argentino de la cadena Telesur.

Hace pocos días el flamante ministro del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, anunció la salida de Argentina del grupo de naciones que participan en la cadena televisiva Telesur.

Telesur tiene sede en Caracas y surgió en enero del año 2005. Por un acuerdo entre el entonces presidente argentino Néstor Kirchner y su par venezolano Hugo Chávez, Argentina formó parte de la compañía estatal La Nueva Televisión del Sur C. A., y su tenencia accionaria fue variando con el correr del tiempo, hasta llegar al 16%.

El lema de Telesur, lanzado por el propio Chávez, fue «Nuestro norte es el sur» y su objetivo, según la gestión venezolana, era convertirse en una voz alternativa al flujo informativo «hegemónico» y «neoliberal» de cadenas norteamericanas y europeas que «conspiraban contra la autodeterminación de los pueblos sudamericanos».

Bajo esta impronta, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, desde su alineamiento ideológico con Venezuela y Cuba, colaboraron de manera directa con el desarrollo de la señal, en especial desde su distribución gratuita a la región, pero a costo de las arcas argentinas.

La idea principal de Telesur era cumplir el rol de un medio regional de noticias, así como lo es Al-Jazeera en los países árabes. Sin embargo, llevada a la práctica, Telesur ha sido una idea mal implementada desde el punto de vista conceptual, porque para su correcto funcionamiento requiere de pluralismo, tolerancia e independencia de los gobiernos. Su visión actual nos muestra precisamente lo contrario: un medio en el que solo se reproducen aquellos programas cuya línea editorial está en consonancia con la ideología pregonada por el actual gobierno venezolano.

Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia argentina, las nuevas autoridades solicitaron información financiera y económica a Telesur y analizaron la posibilidad de proponer contenidos para ser transmitidos en esa cadena televisiva.

Las respuestas a tales requerimientos han sido negativos, por lo cual el nuevo gobierno ha considerado que comprometer al país en una empresa de comunicaciones con los elevados costos que ello implica —en los últimos dos años y medio gastó alrededor de quince millones de pesos—, sin información sobre la marcha de la empresa y, lo más grave, con un claro objetivo político que va en contra del criterio de pluralidad planteado para los medios públicos de la Argentina, atenta contra la libertad de prensa y la racionalidad en el uso de los fondos públicos.

Una nueva visión sobre los medios públicos

Desde Propuesta Republicana (PRO) el mensaje transmitido durante la campaña y puesto en acción a partir de que Mauricio Macri asumió como presidente ha sido el de implementar medios públicos federales y plurales, cuidando los fondos públicos, en el convencimiento de que los medios públicos no deben ser utilizados como una herramienta para los propios intereses de los políticos de turno sino que, por el contrario, su función es llevar a los ciudadanos la multiplicidad de opiniones.

Justamente el pluralismo implica multiplicidad de voces. Significa dar lugar en los medios públicos a los comunicadores, sin perjuicio de sus ideas políticas, de su forma de ver la realidad. La diferencia entre información y propaganda implica que en un medio público se encuentren todas las voces, todas las opiniones, aun las no alineadas con el gobierno oficial, ya que es precisamente esto lo que contribuye a generar un desarrollo crítico de la información garantizando objetividad en el tratamiento de los temas de interés y en los contenidos.

En la pluralidad y en la diversidad encontraremos el camino que nos conducirá a un mejor destino. Nadie es dueño de la verdad y más nos aproximamos a ella cuando todos pueden ser escuchados.

La idea de federalizar los medios no significa tan solo llegar con la señal televisiva a todo el territorio nacional con contenidos producidos en el gobierno central o en el exterior, sino, por el contrario, facilitar los medios para la producción de ideas y contenidos en cada rincón del país.

El tercer parámetro es la austeridad. Cada peso que se invierte en el financiamiento de un aparato de propaganda es dinero que falta en escuelas, rutas u hospitales. Dada la situación económica que recibió, para el PRO es necesario priorizar el manejo de los ingresos de acuerdo con las necesidades más urgentes.

La salida de Telesur

El Estado argentino dejará de formar parte de Telesur porque los contenidos de esta solo representan a una parte de las opiniones o líneas ideológicas existentes, una visión sesgada y populista, que ha sido utilizada en muchos casos como herramienta de propaganda de sus impulsores. Se aleja de Telesur porque a los argentinos les cuesta dinero mantener una señal en la que no tienen ninguna participación en la toma de decisiones y donde no pueden ni siquiera proponer contenidos.

Argentina abandona Telesur porque cree en la necesidad de generar un Estado inteligente en su forma de invertir recursos, que en el caso de los medios de comunicación solo encuentra su razón en la garantía de pluralidad y la presencia de todas las voces, aun las que no coinciden con la forma de ver la realidad que tiene el gobierno.

En términos concretos, el abandono de la señal implica que Telesur dejará de estar en la plataforma de televisión digital abierta —que permite la transmisión de contenidos audiovisuales en forma gratuita y con alcance nacional— que integran otros canales estatales como la TV Pública o Paka-Paka. Además, no será obligatorio que las cableoperadoras la incluyan en sus grillas, como sucedía hasta ahora.

El compromiso asumido por Mauricio Macri en la campaña presidencial se mantiene firme por cuanto el gobierno trabaja día a día para hacer, con sus decisiones, un país más federal y democrático, y ello en los medios públicos se traduce en generar las condiciones necesarias para posibilitar la expresión de la multiplicidad de voces y la generación e inclusión de contenidos desde el interior del país.

Cristian Larsen | @CristianGLarsen

Presidencia en Radio y Televisión Argentina – Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos

Los partidos del Estado hacen daño a las democracias latinoamericanas. Son grupos que cuando llegan al gobierno particularizan la función estatal. Los populismos autoritarios también hunden buenas ideas, principios y valores. Pero no habría que dejar que Telesur se hunda.

Los partidos del Estado son grupos que cuando llegan al gobierno particularizan la función estatal. Esta es una de las dimensiones más dañinas de la oleada de populismos autoritarios que vivimos en la región.

Estos gobiernos saturan de sí mismos ámbitos estatales, políticos, sociales y culturales que deben tener más autonomía. Y uno de los ámbitos que suelen afectar más es el de los medios de comunicación.

Casi en forma inevitable, estos gobiernos arrancan guerras mediáticas, donde el poder del Estado se utiliza para restringir el espacio de los críticos. La señal Telesur cayó en la lógica guerrera, a pesar de haberse prometido varias veces lo opuesto. Se embarcó en la guerra pues fue creada para ella.

Los populismos autoritarios también hunden buenas ideas, principios y valores. Pero no habría que dejar que Telesur se hunda. América Latina necesita intercambiar más productos audiovisuales y también producir más en común. Esa producción audiovisual colectiva debe ser plural y con altos estándares periodísticos, dos cosas que Telesur nació para no hacer. Su accionista principal, el gobierno venezolano, no apoya ninguna de esas dos cosas en su país, por lo que era difícil que lo hiciese a nivel continental.

América Latina no es una idea populista autoritaria, sino una dimensión vital de nuestro desarrollo hacia el futuro. Para algunos, la mayor integración latinoamericana es solo un culto políticamente correcto a una idea vacía. Pero valores como la paz, el desarrollo, la coordinación de políticas exteriores y la definición de cierta identidad internacional, son políticas necesarias para cada uno de nuestros países.

Los países miembros de Telesur deberían aprovechar lo hecho para construir ese lugar de encuentro audiovisual. Esa voluntad colectiva sigue tibia. Uruguay, por ejemplo, tardó en ingresar a Telesur y nunca pareció realmente convencido del proyecto audiovisual chavista, y Argentina fue siempre un actor secundario.

No es el momento de terminar con todo lo hecho. Tener un canal y encontrar formas de compartir contenidos de los distintos países, y también producciones conjuntas, puede ser un gran aporte a la televisión latinoamericana. Además, como se sabe, si esas producciones son buenas, pueden contribuir con el desarrollo de la televisión en cada uno de los países.

La experiencia audiovisual europea es compleja pero rica. Una vez que existen canales públicos sólidos en cada país, es innumerable la cantidad de formas de cooperación europea que se pueden hacer. Son caminos largos, pero que abren nuevas posibilidades. Las audiencias no están ansiosas por consumir esos productos, pero sabemos que es en gran medida la oferta la que dirige en los medios. Con mucha prueba y error de lo que funciona se puede ir llegando a estilos, programas, voces, que vayan construyendo una valiosa personalidad editorial, que transmita valores comunes.

Fernando J. Ruiz | @fejaruiz
Profesor de Periodismo y Democracia en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, Buenos Aires. Su último libro es Guerras mediáticas. Las grandes batallas periodísticas desde la Revolución de mayo hasta la actualidad (Sudamericana, Buenos Aires, 2014).

Europa se hace más asequible para colombianos y peruanos.

En 2001, tras lustros de una mala fama que tenía como resortes principales el narcotráfico y la violencia que expulsaba a parte de su población, Europa, siguiendo una iniciativa de España, impuso la condición de exigirles visado Schengen a los colombianos. Aunque figuras como el fallecido premio nobel de literatura Gabriel García Márquez o el pintor Fernando Botero lideraron entonces un boicot de intelectuales en el que juraban en vano no volver a la «madre patria», la situación por fin ha cambiado quince años más tarde.

El primer paso para que 26 de los 28 países de la Unión Europea (UE) eliminaran el visado para colombianos lo dio justamente España, cuando en agosto de 2013 solicitó a la Comisión Europea la consideración de suprimir los visados para ciudadanos colombianos y peruanos. Las razones pueden encontrarse en la propia necesidad de España de mirar a América Latina en momentos de crisis, y el visto bueno con que el resto de Europa ha recibido el crecimiento económico sostenido del Perú o la estabilidad y los vientos de paz que flotan en Colombia respecto a la superación de su conflicto de medio siglo con la guerrilla de las FARC.

A partir de ese momento el gobierno colombiano, a través de la embajada de Colombia en Bruselas y con el apoyo de las demás representaciones ante los Estados miembros de la Unión Europea, desplegó una intensa labor diplomática. Finalmente, con presencia del presidente Juan Manuel Santos y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, firmó con la Unión Europea el pasado 2 de diciembre de 2015 el acuerdo de exención de visado para cortas estadías. Suiza y Liechtenstein también eliminaron su exigencia de visado. De los países de la UE, solo Irlanda y el Reino Unido quedaron excluidos del acuerdo.

Al comparar los requisitos de viaje exigidos a los ciudadanos de las naciones latinoamericanas, sobresale que la Unión Europea es mucho más abierta a recibir turistas sin visa que Estados Unidos, país que en todo caso ha reducido ciertas trabas. Los colombianos son los últimos en disfrutar de un beneficio con que cuentan ya Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Honduras, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala y Panamá, entre otros. Por ahora Chile es el único país de América Latina cuyos ciudadanos no necesitan visado para entrar a Estados Unidos, requisito que se eliminó en 2014.

La entrada en vigor del acuerdo similar para los peruanos se prolongó hasta el 15 de marzo de 2016, pues Perú tuvo que ponerse al día con la entrega de pasaportes biométricos. Así, Colombia y Perú se alejan del referente negativo que sigue siendo Cuba, isla a la que a sus ciudadanos se les exige visa en la mayoría de países del mundo… con la sobresaliente excepción de Rusia.

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon

Cuando este 2 de abril se cumplan 34 años del inicio de la guerra entre Inglaterra y la Argentina por las islas Malvinas un nuevo clima de aniversario se vivirá tanto en el archipiélago del Atlántico sur como en Buenos Aires. ¿El motivo? Muy simple: el nuevo gobierno de Mauricio Macri prometió cambios en su relación con los isleños y con el Reino Unido.

Desde su primer día en el poder Macri dijo que mantendrá un «diálogo abierto» con Londres y en sigilo la Cancillería prepara un plan de acercamiento con los isleños.

La intención del gobierno de Macri es terminar con los años de duros enfrentamientos y tensión que vivió Cristina Kirchner con Gran Bretaña. Así lo expresó abiertamente el propio Macri en febrero durante el foro de Davos cuando se reunió con el primer ministro británico David Cameron.

«Fue una linda reunión», le dijo Macri a la prensa tras el encuentro con el premier británico. «Buscamos una relación con todos los temas sobre la mesa», planteó. Ese mismo día, el gobierno británico emitió un comunicado en el que remarcó que ambos mandatarios hablaron sobre «reforma económica, comercio e inversión y las Falkland (Malvinas)».

Macri y Cameron se mostraron de acuerdo en que «existe la posibilidad de abrir un nuevo capítulo» entre ambos países. El nuevo capítulo, obviamente, incluye a los isleños.

Desde la Casa Rosada creen que se debe dejar de lado la política del enfrentamiento duro con los habitantes de las islas Malvinas y con Gran Bretaña. «Esa política de mano dura no funcionó», reiteran los funcionarios de la Cancillería. La estrategia apunta ahora a mantener una relación «madura y seria» con los isleños. Esto no significa que Macri vaya a replicar la política de los «ositos de peluche Di Tella», como se conoce a la estrategia de acercamiento amigable que supo establecer el entonces canciller de Carlos Menem, Guido Di Tella, sin lograr resultado alguno en lo que respecta al debate de fondo: el reclamo por la soberanía de la Argentina sobre las islas.

El nuevo clima de apertura que se dispone inaugurar Macri con las Malvinas generó mucha expectativa en los últimos meses en Puerto Argentino.

«El gobierno de las islas Falkland [Malvinas] espera con interés las intenciones del nuevo gobierno argentino en su enfoque de las islas», dijo Mike Summers, legislador de las Malvinas y uno de los mayores referentes de los isleños a nivel diplomático.

A la vez, Summers remarcó el diálogo «más abierto y cooperativo» del gobierno de Macri en sus relaciones con el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos. El referente de la Legislatura de Malvinas abrió una puerta para el inicio de la nueva etapa: «el gobierno de las islas Falkland [Malvinas] se mantiene abierto a las discusiones sobre asuntos de interés mutuo, incluidas la pesca y las ciencias ambientales», dijo.

Tanto las palabras de Summers como las expresiones de Macri y los dichos de Cameron no son solo mensajes sueltos. Reflejan un verdadero cambio de actitud y una nueva etapa.

No está claro aún cuál será la estrategia concreta de Macri en este nuevo camino. Pero ya hay algunas señales: el gobierno argentino le quitó el rango de secretaría al departamento que se encarga de las islas Malvinas en la Cancillería y la canciller Susana Malcorra dijo sobre ello que «las formas probablemente vayan a ser distintas».

Además, se designó a un embajador de carrera diplomática como Carlos Sersale di Cerisano en Londres, lo que contrastará con el perfil altamente político y confrontativo que tuvo en los últimos años la exembajadora de Cristina Kirchner en Londres, Alicia Castro. No solo ello. También hay avanzadas negociaciones entre Londres y Buenos Aires para concretar la identificación de 123 soldados NN que murieron en la guerra y sus cuerpos yacen en el cementerio de Darwin.

Los isleños necesitan de la Argentina inevitablemente: un pie en el continente les ayudará a reducir costos para los negocios que están en marcha, podrán acceder fácilmente a productos que hoy deben traer de Londres a precios muy caros y podrían lograr acuerdos de pesca y de petróleo con la Argentina u otros países de la región que por cláusulas del Mercosur y la Unasur hoy están vedados.

Para los argentinos el tema de las Malvinas sigue siendo sensible. Se han perdido muchas vidas en aquella guerra estúpida y cruel, sigue existiendo un fuerte reclamo por la soberanía en todos los niveles políticos y un sentimiento antibritánico muy fuerte entre la población permanece arraigado en la sociedad argentina.

No será nada sencillo para la Argentina y Gran Bretaña recomponer las relaciones, volver al diálogo y mejorar los vínculos entre isleños y argentinos aunque sea con el debate de la soberanía bajo un paraguas. Pero nada es imposible. Después de todo, los Estados Unidos y Cuba reanudaron sus relaciones luego de más de 57 años de distanciamientos.

Martín Dinatale | @tachus