Óscar Romero, primer salvadoreño en llegar a santo de la Iglesia católica.

¿Qué hacer cuando una sociedad devastada por la injusticia, la guerra y la pobreza ve desaparecer una vida destacable? ¿Qué hacer con ese ejemplo que recuerda lo mejor y lo peor de dicho lugar?

Algo así se han tenido que preguntarse los salvadoreños de todos los orígenes y condiciones en los últimos 35 años, cuando la pequeña nación centroamericana ha podido salir del pantano del autoritarismo y la guerra civil —que dejó cerca de 75.000 muertos— tras un loable proceso de paz, intentando poner las cosas en orden desde entonces. No ha sido fácil y, para bien o para mal, allá en las conciencias aún resuena el ejemplo de monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en plena eucaristía en un acto triste y siniestro. Ahora por fin es beatificado y canonizado por el Vaticano, en cabeza de otro latinoamericano, Jorge Bergoglio, argentino, conocido como el papa Francisco.

En medio del fuego cruzado del régimen no democrático, sus fuerzas armadas, el paramilitarismo, la insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el cinismo de la guerra fría y sus intereses externos, monseñor Romero clamó por respetar los derechos humanos. En un continente que había traicionado los valores republicanos que juró adoptar desde los procesos de independencia acontecidos en el siglo XIX. Una América Latina bella e ignorante.

Romero había sido nominado al Premio Nobel de la Paz (1979) y obtenido un doctorado honoris causa en la Universidad de Georgetown (1978). Su proceso de canonización se inició en 1990 y su beatificación culminó en mayo de 2015. Su figura, la más reconocida de la Iglesia católica salvadoreña, el primer nacional en ser elevado a santo y uno de los diez mártires del siglo XX representados en la abadía de Westminster (Londres).

En mayo de 2010 el presidente de El Salvador y representante entonces del FMLN como partido político, Mauricio Funes, pidió perdón oficial en nombre del Estado a treinta años del asesinato por responsabilidad indirecta al tolerar los escuadrones de la muerte. Según la Comisión de la Verdad que investigó la guerra civil, existe evidencia de la participación del fallecido fundador de ARENA —el otro partido nuclear de la política salvadoreña— Roberto D’Aubuisson.

Ahora que monseñor Romero es santo, los herederos de ARENA, incluyendo a representantes de la derecha que en el pasado condenaron a los defensores de los derechos humanos y el legado del martirizado arzobispo de San Salvador, han manifestado su admiración por el reconocimiento.

Ante los precios que tiene que pagar la paz, el aprendizaje democrático, la búsqueda de la verdad y la justicia, una vez más vale la pena reivindicar que el sacrificio de Óscar Romero no fue en vano, sino que redunda a pesar de todo en la reconciliación de los salvadoreños.

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon_

La premiada película Birdman invita a reflexionar sobre el rol del héroe.

Birdman, la cinta ganadora de varios premios Óscar dirigida por el mexicano Alejandro G. Iñárritu (en los créditos González esconde su primer apellido) lo ha desnudado de nuevo: el héroe, aquella figura de ficción de nuestro tiempo, es una especie de outsider político, normalmente un anarquista de derecha que intenta imponer orden en su mundo exterior e interior. Como Batman, a quien cita indirectamente el personaje caracterizado por Michael Keaton, además pretende convertirse en un aristócrata fuera de la ley. ¿Es hoy el héroe un modelo en la cotidianeidad?

Proveniente del latín heros, durante siglos se nos hizo creer que el héroe es un varón ilustre por sus hazañas o virtudes (al menos aún así lo registra la Real Academia Española), partiendo de la idea de que protagoniza un poema o relato de carácter épico. Las cosas cambiarían para el portador de un espíritu elevado en tiempos de la epopeya, cuando el mundo del cómic en la primera parte del siglo XX introdujera el superlativo superhéroe para narrar gráficamente un submundo de hombres y mujeres que han sido bendecidos —o maldecidos— por la tenencia de superpoderes.

Así quedaría reservada para la antigua mitología el héroe como síntesis de un dios o una diosa y un ser humano, y adquiriría una reputación intermedia, dando paso a alguien que combate el mal (por supuesto, también existen supervillanos que defienden la oscuridad, sus adversarios). Pero antes de que el cómic lo retomara, el mundo político proveniente de las revoluciones de la modernidad ya se había llenado de héroes, muertos en gloria o en desgracia: Bolívar, Napoleón, Abraham Lincoln, Winston Churchill o Charles de Gaulle. Todos convertidos en modelos a seguir, retratados hasta la saciedad, portados en monedas y billetes, víctimas de la interpretación o la malinterpretación.

Por eso Birdman sigue siendo una buena película: ofrece una mirada al drama de las personalidades múltiples, al menos bipolares, que pueblan desde la mitología a la política pasando por el arte. El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, la novela de Robert Louis Stevenson, publicada por primera vez en inglés en 1886, es el modelo a seguir. De allí que aceptemos que el personaje de Keaton es un nostálgico imperfecto antes que un héroe y que podamos asumir —más allá de la orientación ideológica— que desde el Che Guevara hasta Mandela, pasando por Malcolm X o Gandhi, se trataba nada menos que de personas de carne y hueso.

Quizás el mayor daño al concepto de heroicidad sea la simplificación: la relativa estabilidad de uno de sus íconos, Superman, y la convergencia propagandista en militares, policías y bomberos que promueven los Estados Unidos, sobre todo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Se olvida que el verdadero héroe es el ciudadano de a pie, el que lucha contra sus propios demonios y sin embargo entrega algo a los demás, día a día, tan distante del superhéroe jubilado motivado más por la venganza que por la justicia. G. Iñárritu intentó en la entrega de los Óscar señalar —y señalarse— a los inmigrantes como los nuevos héroes, pero desde la altitud de su ego el actor y su amigo Sean Penn se encargó de que eso no pasara de ser un chiste más de la farándula.

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon_

Los aportes de un político y un académico para entender la democracia.

El 9 de abril de 1948, a raíz del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, quien era considerado el próximo gobernante de Colombia y reivindicaba a las clases populares, Bogotá fue incendiada y el país acrecentó una espiral de violencia que para algunos no se ha detenido. En medio de la crisis Darío Echandía (1897-1989), prestigioso político del partido de Gaitán, quien había sido propuesto como candidato para la presidencia en 1949, pronunció su famosa frase: ¿el poder para qué?

El desaparecido politólogo estadounidense Robert Dahl (1915-2014), mantuvo a mitad del siglo pasado una polémica con el sociólogo C. Wright Mills, quien padecería el forzoso ocaso de su brillante carrera. El tema que los ocupaba era la función de los grupos de poder en la toma de decisiones al interior de la política norteamericana. Mientras Mills defendía la tesis de que las decisiones son tomadas por una elite reducida, Dahl pensaba que existe una pluralidad de grupos que compiten entre sí, limitando las acciones de los otros y cooperando para obtener beneficios. Agregaba que si esto no puede considerarse como una verdadera democracia, en el sentido populista, es al menos un tipo de poliarquía, caracterizada por dos niveles centrales de la democracia: los derechos de participación y oposición (Polyarchy; participation and opposition, 1971).

Por su parte, las razones que presentó Echandía para rechazar el poder se hicieron claras: el clima de violencia, la falta de garantías y el atentado que él mismo sufrió —en el que falleció su hermano Vicente Echandía—. El letargo anímico lo llevó a retirar su candidatura, lo que permitió el triunfo del único candidato, el conservador Laureano Gómez, quien a la postre no terminaría su periodo y desembocaría en el golpe de opinión —como lo llamó el propio Echandía— del general y futuro dictador Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Es decir, el derrumbe del escenario poliárquico.

Darío Echandía pasaría a la historia por su desdén frente al poder, algo particularmente extraño para un representante de la clase política que incluso llegó a ser presidente designado de su nación. Por su parte, Robert Dahl, quien nos aclaró que el poder es la capacidad de influir en el comportamiento de otro(s) (The concept of power, 1957), llegó a manifestarse escéptico sobre los alcances de la democracia constitucional (How democratic is the american constitution?, 2002).

Las lecciones de estos dos personajes disímiles son aún pertinentes: la concentración del poder, la incapacidad de establecer acuerdos, la corrupción, la falta de valores humanistas, el poco respeto por los principios de la representación, el uso ilegítimo del principio de mayoría y la vanidad personalista destruyen la democracia. Así que vale la pena volver a preguntarse: ¿el poder para qué?

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon_

El poder se encuentra deslocalizado, pasa por el individuo y se ha hecho volátil.

Desde una perspectiva posestructuralista —aunque rechazara la etiqueta—, el pensador francés Michel Foucault contribuyó a comprender la sociología del poder en las últimas décadas. Tras los hechos del mayo francés de 1968, en los cuales los movimientos sociales se reconocieron como actores políticos autónomos, argumentó que el poder no solo se encuentra en las instancias superiores sino en toda la sociedad, ante lo cual el papel de los intelectuales es justamente aportar conciencia desde el saber, la verdad y el discurso.

«El poder debe analizarse como algo que circula, como algo que solo funciona en cadena. Nunca se localiza aquí o allá, nunca está en las manos de algunos, nunca se apropia como una riqueza o un bien. El poder funciona. El poder se ejerce en red y, en esta, los individuos no solo circulan sino que están siempre en situación de sufrirlo y también de ejercerlo», afirmó Foucault en Defender la sociedad, libro que nos permite asomarnos al curso que ofreció en el Collége de France entre 1975 y 1976.

Según estos aportes el liderazgo debe actualizarse, ser transversal en planos reales y virtuales, en una era en la que el poder está deslocalizado más allá de Parlamentos o partidos políticos, en democracias de audiencias o mediatizadas, como lo sugirió otro francés, Bernard Manin (Los principios del gobierno representativo, 1998). Por eso mismo los líderes de opinión y los analistas deberían a la vez revalorar al individuo. De aquí que Foucault advirtiera respecto a la relación entre los individuos y el poder: «nunca son el blanco inerte, siempre son sus relevos. El poder transita por los individuos, no se aplica a ellos. El individuo es un efecto del poder y, al mismo tiempo, es su relevo: el poder transita por el individuo que ha constituido».

Ahora, existe una condición que se ha hecho prominente tras la muerte de Foucault en el nuevo milenio: la volatilidad del poder. Como lo expuso el venezolano Moisés Naím en su libro El fin del poder en 2013: «El poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder». Su evidencia: empresas que se hunden, militares derrotados, papas que renuncian y gobiernos impotentes. Así que el poder ya no sería lo que ha sido, como lo definiera de manera sintética el politólogo Robert Dahl (1915-2014), la capacidad de influir en el comportamiento de otro(s), sino mejor justamente el grado de reciprocidad entre actores con que fluctúa.

Y esto que sucede entre individuos o naciones plantea aún preguntas: ¿cómo se legitima el poder?, ¿en qué categorías morales o éticas debe proceder? Mientras releemos a Foucault habrá quien diga que al final solo habría que seguir a Shakespeare y su representación de las pasiones humanas. Y quizás tendría (toda) la razón.

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon_

En el proceso electoral del 7 de julio pasado participaron por primera vez candidatos independientes, lo que representa una alternativa frente a los partidos tradicionales que ahora tienen el reto de renovarse o seguir perdiendo votación.

Como parte de la reforma electoral aprobada a raíz del Pacto por México en el año 2013, y que incluyó una serie de cambios a la legislación en la materia, las elecciones mexicanas de 2015 presentan varios aspectos sobre los que es importante poner atención, pues afectan el modo en que los partidos enfrentarán los futuros comicios y, sobre todo, el proceso de 2018, cuando se renovará la presidencia de la República.

En primer lugar, llama la atención el entorno de violencia que se vivió los días previos y durante la jornada electoral: en total se registraron 28 asesinatos tanto de candidatos como de integrantes de los equipos de campaña, de los partidos o de simpatizantes, lo que deja una mácula preocupante sobre la capacidad de las autoridades de garantizar el correcto desarrollo de los comicios. La violencia es uno de los principales inhibidores de la participación ciudadana.

En segundo lugar, cabe destacar los actos de ilegalidad en los que incurrió el Partido Verde Ecologista de México, fuerza política aliada del Partido Revolucionario Institucional, que durante todo el proceso incurrió en constantes violaciones a la ley: inclusive el día de la elección contó con el apoyo en redes sociales de connotadas figuras públicas, como el técnico de la Selección Nacional de Fútbol; esto, aunado al uso indebido de tiempos oficiales de promoción, entrega de prebendas y otras acciones por las que no recibió reprimenda o fue sancionado de manera menor por la autoridad. Para el futuro, la incapacidad del Instituto Electoral de poner un alto a estas prácticas amenaza la imparcialidad de los comicios.

En tercer lugar, la aparición de candidaturas independientes dio un giro importante a la oferta política que de manera habitual tiene el electorado, y ofreció espacios de participación que fueron aprovechados por diversos perfiles para hacerse del triunfo, por señalar los más notorios, en la gubernatura de Nuevo León —tercera en importancia del país— y en la alcaldía de Guadalajara, segunda ciudad más importante. Este hecho, si bien representa un aliciente para la participación electoral que venía en declive en los últimos años y apenas en este 2015 tuvo un repunte considerable, está sustentado en un discurso antipolítico, en ocasiones que ciertos toques de demagogia, y que llama al electorado a distinguir entre ciudadanía y políticos tradicionales, generando un ambiente de maniqueísmo que reduce de forma simplista las ofertas entre buenos y malos.

Los resultados en la conformación del Congreso nacional, que dan al PRI una mayoría notoria y dejan a la oposición atomizada entre las fuerzas políticas tradicionales y otras nuevas que apuntan al radicalismo de extrema izquierda —con el partido de López Obrador, Morena, a la cabeza—, pueden abonar a la falta de acuerdos durante los próximos tres años, lo que será asimismo aliciente para que nuevos actores incursionen en candidaturas independientes, siguiendo el discurso simplista mencionado, abonando a un desprestigio de los partidos tradicionales que es de por sí bastante alto en la percepción ciudadana (la última encuesta realizada por el Instituto Electoral asigna un 19% de confianza ciudadana en los partidos, en contraste con el 35% del estudio realizado tres años antes).

Esta situación impone pues a las fuerzas políticas establecidas retos de gran urgencia y primera importancia, puesto que un nuevo competidor ha aparecido en el escenario y puede, con relativa facilidad, seguir una ruta que ya en este proceso de 2015 resultó de sumo atractiva para los votantes. Faltará sin duda ver los resultados en el ejercicio de gobierno, pero es un hecho innegable que la ciudadanía recibió con beneplácito esta participación y que los principales perjudicados fueron el PRI, el PRD y el PAN. En 1997 estos tres partidos sumaban 90 % de la votación; en 2015, ese porcentaje es de solo 60%.

Frente al proceso de 2018, los tres factores descritos apuntan a la necesidad de que los partidos tradicionales y más fuertes del país encuentren mecanismos de apertura, de vinculación ciudadana, de renovación y de modernización, tanto de sus cuadros como de su discurso, su comunicación y su modo de resultar empáticos a un electorado que exige, se involucra cada vez más, es crítico y puede con facilidad apuntar a lo nuevo frente a esquemas estancados. Hay tiempo aún para reaccionar.

Carlos Castillo | @altanerias

Abril de 2015 marca para Guatemala el inicio del llamado despertar ciudadano.^[1] Desde entonces, especialmente los días sábado, se dan cita en la Plaza Central de Guatemala miles de personas; el objetivo inicial fue demandar la renuncia de las dos principales figuras del Organismo Ejecutivo y exigir el fin de los altos niveles de corrupción en las instituciones del Estado, a lo que se ha agregado la exigencia de  reformar diversos cuerpos legales para garantizar la inclusión, representación y participación plena de la ciudadanía en la vida política, social y económica del país.

El escándalo público que estalló en abril al develarse una red de defraudación aduanera integrada por funcionarios de diverso nivel y personas particulares, dirigida por el secretario privado de la vicepresidenta de la República, generó una ola gigantesca de repudio y condena que no deja de producir energía y condiciona la actuación de funcionarios de los tres poderes del Estado, partidos políticos, candidatos a puestos de elección, medios de comunicación, etcétera. La ola se ha convertido en un tsunami político, con un epicentro muy preciso: las investigaciones realizadas coordinadamente por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP). Pasemos rápida revista a sus efectos más significativos hasta ahora.

La caída de la vicepresidenta sepulta al partido oficial

La vicepresidenta se vio forzada a renunciar al cargo al no poder enfrentar y solventar correctamente los diversos señalamientos de encubrimiento de los miembros de la red de defraudación denominada La Línea; principalmente porque el personaje señalado como la cabeza de la organización era su secretario privado. Además, sobre ella ya pesaban acusaciones e investigaciones periodísticas que la relacionaban con la adquisición de diversos inmuebles y otros beneficios, algo difícil de justificar a partir de su historial patrimonial.

Su renuncia profundiza la crisis política que vive Guatemala, al confirmarse el poder político que ella representaba, en muchos casos mayor que el del propio presidente. Su salida es producto de varios factores y no solo por la demanda ciudadana. El partido de Gobierno, del cual era secretaria general hasta hace algunos meses cuando fue obligada a dejar ese cargo por incompatibilidad con su función pública, comienza a quebrarse en su cúpula; ya no hay fidelidad, renuncian cuadros políticos reconocidos. Producto de la crisis, el partido pierde a su precandidato presidencial, y con él se caen las pocas posibilidades de una victoria electoral.

Las aguas llegan al presidente

La renuncia de la vicepresidenta deja al Ejecutivo sin estrategia para enfrentar la crisis y al presidente necesitado de completar el binomio presidencial para recuperar algo de tranquilidad y reflejar fortaleza.

Sin tiempo para recomponerse, el Ejecutivo es golpeado por un sucesivo escándalo de corrupción que estalla en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El actor principal del escándalo había sido secretario privado del presidente, quien en su momento lo había respaldado para asumir la presidencia ejecutiva del Seguro Social. Este segundo escándalo ya no solo es de corrupción, pues implica elementos de responsabilidad penal y moral a causa del fallecimiento de afiliados al Instituto por falta de atención adecuada a su condición de enfermos renales.

Aún fresca la dimisión de la vicepresidenta como resultado de la presión ejercida por el movimiento ciudadano, el nuevo escándalo abrió la vía para que también se demandara la renuncia del presidente, con el argumento de que como cabeza del Ejecutivo él es responsable político de lo que está ocurriendo. Es tanta la indignación que algunos incluso llegaron a reclamar que también renuncie el recién nombrado vicepresidente.

En un intento de bajar la presión a que está sometido, el presidente realizó algunos cambios de ministros y otros funcionarios, mientras que algunos más renunciaron por razones no establecidas plenamente. También renunció el ministro de Gobernación, el más cercano al presidente, y tampoco indicó las razones de tal decisión. En su momento se dijo que podría ser por presiones internacionales.

A pesar de estos cambios, a lo largo de todo mayo y junio la demanda ciudadana no cesó e insistió en reclamar la renuncia del presidente. Es evidente que la crisis del sistema político se agudiza.

¿Y el proceso electoral?

Por esas paradojas de la historia, a las pocas semanas de haberse instalado la crisis política, el Tribunal Supremo Electoral, en cumplimiento de lo previsto en la ley de la materia, convocó el 2 de mayo a la realización de elecciones generales, previstas para el 6 de septiembre.

El sistema de partidos políticos en Guatemala se ha caracterizado por su debilidad y poca representatividad; los partidos son estructuras construidas alrededor de una persona o de un grupo cerrado de personas y es imposible fiscalizar sus fuentes de financiamiento.

A la vista de los guatemaltecos, los partidos solo están interesados en obtener el respaldo electoral para capturar puestos de elección popular, y después dedicarse a trabajar para los fines patrimonialistas de sus financistas o de los caudillos del partido.

La profunda crisis que afecta al Ejecutivo y la mala reputación de la práctica política partidaria hace que tome fuerza la demanda de realizar cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en pleno proceso electoral. Las reformas apuntan a democratizar los partidos, controlar las fuentes de financiamiento y fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, así como garantizar la representación e inclusión en las listas de postulación.

El escenario resultante se podría simplificar en tres posiciones: los que aspiran a modificar ahora la LEPP y que las reformas se implementen inmediatamente; los que proponen una nueva ley para ser implementada a partir del año 2016; y quienes no desean mayores modificaciones.

El desarrollo de la campaña política está condicionado por la demanda ciudadana de transparencia, respeto a la LEPP, inclusión y nuevas prácticas político partidistas. Esto ha provocado una extraña percepción del período de campaña, que por momentos parece entrar en pausa y no logra transmitir y contagiar un clima de fiesta electoral. Para acabar de complicar el cuadro, los candidatos presidenciales postulados por los dos partidos mayoritarios —según las encuestas— están sujetos a eventuales procesos legales por haber incurrido en delitos electorales.

La incertidumbre política, las demandas de reforma de la LEPP, los procesos judiciales de candidatos y la campaña política aún en el refrigerador podrían constituir la marca del actual proceso electoral en Guatemala.

La crisis como una oportunidad

La democracia se instaló formalmente en Guatemala en 1985. Desde entonces, los partidos políticos y la institucionalidad del Estado han realizado escasos esfuerzos por construir una ciudadanía efectiva, por educar en valores para la convivencia en democracia; los derechos y obligaciones cívicas y políticas han pasado a formar parte del discurso de muchos pero han significado el trabajo de pocos.

Nos olvidamos de hacer orgánica la democracia, de renovarla en sus expresiones de liderazgo político, de comprometernos con su institucionalidad, de reclamar y ganar espacios auténticos de participación política partidaria.

El poder se alcanza desde la acción partidaria y se legitima con el apoyo electoral de la ciudadanía, pero se valida cotidianamente con una gestión política ética y responsable de los funcionarios electos.

Toda crisis es una oportunidad para mejorar. Guatemala debe tenerlo presente. La crisis demuestra que muchos de los problemas actuales llevan la corresponsabilidad ciudadana.

El futuro institucional de la democracia guatemalteca reclama el desarrollo de cultura política; el sistema político será fuerte y eficiente si la materia prima es de calidad. Para ello necesitamos más y mejores ciudadanos.

Rubén Hidalgo Rosales, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos | @sociopolitic

Falleció el Premio Nobel de Economía de 1994, John F. Nash Jr.

 El 23 de mayo de 2015 falleció en un accidente automovilístico John Forbes Nash Jr., premio nobel de Economía, junto a Alicia, su esposa salvadoreña, cerca de donde vivían en Nueva Jersey, Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los logros de Nash que se plasmaron además en la novela de Sylvia Nasar Una mente brillante (1998) y la película homónima dirigida por Ron Howard (2001)?

Comencemos recordando que Nash, que de niño mostró interés y talento por los números, ganó una beca en el concurso George Westinghouse, se matriculó en 1945 en la Universidad Carnegie Mellon y obtuvo una plaza en la Universidad de Princeton para doctorarse en matemáticas. A partir de allí su vida se movería entre sus aportes desde la matemática a la teoría de juegos y la lucha personal contra la esquizofrenia.

Nash ha dejado un legado de humanidad y ciencia que se reflejó en una comprensión mayor de los intereses y la toma de decisiones en la política contemporánea. Su valor se fundamenta en haber ampliado el alcance del trabajo de John von Neumann y Oskar Morgenstern a la teoría de juegos o teoría de las decisiones interactivas, compilado en Theory of Games and Economic Behavior. Este texto de 1944 influyó en la comprensión y formulación de estrategias, tácticas y utilización de la información para los periodos de guerra y de posguerra que modelaron la guerra fría. Sin embargo Nash, junto a su director de tesis, Albert Tucker, consideraron que solo se venían estudiando juegos de suma cero y cooperaciones elementales.

Los trabajos fundamentales de John Nash en la década de 1950 son tres: Non Cooperative Games; su disertación de doctorado, Equilibrium Points in n-person Games, donde surge el llamado equilibrio de Nash (ningún jugador romperá, de manera unilateral, un acuerdo ya alcanzado, si sabe que haciéndolo va a perder) y amplió el número de jugadores y estrategias considerables; y The Bargaining Problem, donde planteó axiomas que garantizan soluciones a los conflictos.

El campo teórico abierto por Nash ha influido en negociaciones comerciales globales, en los avances de la biología evolutiva y en las relaciones laborales, y lo llevó trabajar en la Corporación RAND, think tank de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Hoy la teoría de juegos es un pilar del pensamiento puro y práctico: podemos entender los límites de la cooperación egoísta, los comportamientos inteligentes pero nefastos, los límites y alcances de la información para la guerra o la paz o los incentivos electorales.

A futuro, cuando la ingeniería económica desarrolle aún más su alcance en términos de eficiencia, siempre recordaremos los aportes de John Nash desde una vida singular que, por ejemplo, lo llevó a aplicar su lógica racional y emocional para superar su propia esquizofrenia.

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon

El populismo busca arrasar las instituciones que son resorte de la democracia, pero debemos reconocer que la semilla que ha hecho florecer esta nueva manera de gobernar está también en los malos gobiernos que muchos países han debido soportar.

Los regímenes populistas en Latinoamérica han logrado cambiar el eje de la discusión de izquierda-derecha por el de arriba-abajo, radicalizando el discurso entre pueblo y elite, y olvidando que en política también existen reglas. La democracia es el antagonismo ordenado, no es la guerra. La batalla entre enemigos es la guerra. La democracia es una batalla entre adversarios.

El relato de «reconstruir la patria mancillada por una elite corrupta», argumento principal de Chávez, instalado sobre la base de referencias al pueblo como víctima de un enemigo (el antipueblo) que según la ocasión va cambiando: puede ser encarnado por empresarios, un grupo económico, medios opositores, enemigos externos, etcétera. Los antipueblo son los que secuestran la soberanía, el futuro, y obligan a pasar penurias a la gente. Los errores de los gobiernos populistas se enmascaran en que la culpa la tuvieron ellos y así puede tomar cuerpo un nosotros de gran utilidad para la narrativa. Lo importante no es lo que proponen, sino cómo lo proponen, es decir, a través de un discurso emocional que lleva a una polarización que refuerza el ellos o nosotros.

Es una buena construcción de un relato basado en la emoción, la demagogia, apelaciones a la historia del país, la dignidad, los desposeídos (los de abajo), moralizar la política y darle la palabra al pueblo, condimentos que hacen que la comunicación sea generadora de una permanente tensión con los de arriba, que son los que impiden que el pueblo sea feliz.

El populismo dice encarnar un proyecto nacional y popular de carácter transversal, que desea llegar a segmentos mucho más grandes que los partidos tradicionales. Esto hace recordar a la combinación nacional socialismo del nazismo y demuestra que el populismo ya se practicó en el pasado, con resultados por demás elocuentes. Este populismo siglo XXI pretende la construcción de una nueva nación; es una estrategia de refundación del sistema. La matriz cultural que pretende consolidar es la división de la sociedad, un relato gramsciano en que se ilusiona al pueblo con el mito del autogobierno de los más pobres.

Hay un eje vertical en esa comunicación, el arriba-abajo, el pueblo contra la casta, ciudadanía contra elite, la gente humilde contra los insensibles. Lo curioso es que el populismo termina creando su propia casta, que en muchos casos actúa en política con el fin de enriquecerse incrementando la corrupción que supuestamente venían a combatir.

Está claro que hablar hoy de izquierdas o derechas está perimido. El debate debe ser planteado entre populismo y república. El papa, en su reciente gira por Sudamérica, se refirió a las ideologías con estas palabras: «Las ideologías siempre terminan mal. No sirven, porque tienen una relación incompleta, enferma, con el pueblo. En el siglo pasado, las ideologías terminaron en dictaduras. Piensan por el pueblo, pero no dejan pensar al pueblo. Hacen por el pueblo, pero no con el pueblo». Es responsabilidad de los que creen en la República encontrar el relato que los posicione como una verdadera opción de cambio.

Jorge Dell’Oro | @dellOroJorge

«El cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro». Esta frase de John Fitzgerald Kennedy siempre ha resultado apropiada para formularse un cambio y parece que el Partido Popular español así lo ha entendido. Los resultados de las elecciones autonómicas y generales dieron la señal de alarma y, tras los movimientos en el seno de la formación, ahora llega un profundo cambio.

Los populares, desde el viernes 10 de julio y aprovechando su reunión de líderes llamada Conferencia Política, han comenzado a transmitir una imagen de modernización. De hecho, han apostado por un formato ágil para dicha reunión, ya que en los foros de debate limitaron las intervenciones a cinco minutos como máximo, con una novedosa puesta en escena. Los oradores dejaron el atril y los papeles donde leer su discurso, confiriéndole más frescura y solidez a sus alocuciones.

Además, cuentan con nuevo logotipo y eslogan: «X el futuro de España»; el cual interpreta la incertidumbre de amplios sectores de la sociedad española sobre qué pasaría si Podemos logra el poder. En él también se recurre a un lenguaje empleado con frecuencia en las redes sociales, las que han tenido especial protagonismo en este evento, en que los militantes pudieron plantear sugerencias por esa vía.

Pero no es una jugada meramente cosmética. Hay nuevas y jóvenes caras en lugares estratégicos de la conducción partidaria. El Partido Popular busca modernizar su imagen y atraer a los jóvenes. El objetivo es darle un espacio preponderante a Andrea Levy de 31 años, vicesecretaria de Programas y Estudios; a Pablo Casado, de 34 años, vicesecretario general de Comunicación; y a Javier Maroto, de 40, vicesecretario sectorial. Esto es cambiar la impronta del partido y reforzar los flancos débiles. Los tres se parecen más a candidatos de Ciudadanos y Podemos que a Mariano Rajoy o a Esperanza Aguirre, que ya son la vieja guardia.

El PP reaccionó con rapidez, a pesar de tener un sector de dirigentes muy conservadores y reacios al cambio. Lo curioso es que el Partido Socialista sigue paralizado, aun teniendo desde hace un año al joven Pedro Sánchez como secretario general, lo que confirma que las reacciones de cambio en política muchas veces no son producto de la juventud, sino de poder adaptarse al humor social, que no es más que saber interpretar las demandas que tiene la gente.

Esta nueva manera de presentarse del PP no le garantiza recuperar los 2.500.000 de votos perdidos o ganar las próximas elecciones, pues su imagen sufrió daños muy severos, pero muestra su deseo de seguir siendo protagonista de la política española y también de la europea. Es quizás un espejo donde deberían mirarse unos cuantos partidos latinoamericanos, que a pesar de lograr magros resultados siguen haciendo lo mismo. Sería deseable que sus dirigentes tuvieran la frase de Kennedy pegada en el espejo del baño y la releyesen cada día al levantarse.

Jorge Dell’Oro | @dellOroJorge

El abuso de los términos confunde su aporte esencial. Al negar el populismo corremos el riesgo de perder el contenido popular de la democracia.

En meses recientes las palabras de una joven politóloga guatemalteca, Gloria Álvarez, ideológicamente liberal, reavivaron un término que, por elástico, no deja de ser eficaz bête noire: el populismo. La estrella de las redes sociales y emergente figura de medios lo contrastaba con la noción de república; problemas conceptuales aparte, el énfasis merece atención.

Populismo es un término cargado: por una parte, para la izquierda marxista de Lenin para acá se trata de aquellos liderazgos que, apelando al saber y la voluntad popular, eran incapaces de acometer o proponer las verdades revolucionarias y técnicas del socialismo científico (no había aparecido el fascismo, y seguir hablando de bonapartismo era chusco…); los narodniki pasaron de ser rivales de los socialistas rusos a un arquetipo. Por otra parte, desde nociones más pluralistas —y aquí los humanistas cristianos tenemos alguna responsabilidad— hemos asociado el populismo a la política de demagogos que alcanzan el poder complaciendo las pulsiones de la gente simple. La política del populista es un remedo sentimental de clichés y retórica, cargada de cierto resentimiento redistributivo, que lleva al clientelismo en su furor primario y crece hasta legarnos nuestros Estados atiborrados de competencias y burocracia. Es el hermano descarriado del Welfare State progresista, o de nuestro Estado social de mercado con su macroeconomía incomprensible.

Sin duda, su apelación innata a lo popular frente a lo oligárquico, hace del populismo un anatema inasible: confundir a Cárdenas, Figueres, Kubitschek, Caldera, Gaitán, Betancourt o Perón dentro de una misma categoría traiciona la verdad histórica. Lo nacional-popular, como decía Touraine, era una bandera también identificable con los movimientos democristianos en tanto que promotores de la expansión democrática en nuestras sociedades gravemente desiguales.

Acaso el populismo simplificador y demagógico despierte graves alertas en las aparentemente consolidadas democracias de Occidente, donde el término ha sido usado para describir a Syriza, al Front Nationale, al UKIP, el Tea Party y Podemos. No propiamente caimanes del mismo pozo, pero podemos admitir que evocan claramente un carácter de revancha popular no necesariamente honesto. Es una alarma justificada donde existen instituciones que canalizan, de maneras comparativamente superiores a otras regiones, las demandas sociales con seriedad y pluralidad, y donde la desigualdad no es un problema acuciante.

En sociedades donde, por diversas rutas y a causa de diversos factores, esa desigualdad no ha sido remontada, donde la brecha entre las necesidades y el poder efectivo sigue siendo amplia y donde las oportunidades aparecen como determinadas por un destino que solo rompen ventajas o la colusión, el populismo es necesario. Necesario, hasta el punto en que su práctica se convierte en un promotor de la institucionalización progresiva —como en algunas ocasiones sirvió el personalismo civilizador— y no en la herramienta de destrucción institucional.

Si el populismo implica acercar las políticas públicas y sus efectos positivos a los diversos sectores sociales, impulsando el crecimiento inclusivo y progresista, es posible que seamos tildados de populistas.

Si populismo quiere decir atender las necesidades de aquellos afectados por el debilitamiento de las instituciones globales, las carencias educativas y sanitarias, lo mismo que por las tradicionales cargas de la discriminación social y racial, pues no podemos sino ser populistas.

Si el populismo implica la reivindicación del carácter popular y policlasista de las democracias contemporáneas, derribando la oligarquización de las instituciones como sino de hierro, no dudamos que a nuestras democracias les hace falta un poco de populismo.

Si el populismo no es más que demagogia y paños calientes de clientelismo irresponsable, debemos sumarnos al coro de los críticos. Pero si nuestra meta histórica, tristemente incompleta, es la profundización de la democracia y la transformación social de manera pacífica, deberemos aguantar la etiqueta y, quién quita, portarla con orgullo.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo

No gusta pero entretiene. El atractivo de la política menuda es reflejo de problemas con nuestra democracia y nos distrae de lo sustantivo.

En Buenos Aires, la trágica muerte del fiscal Nisman fue seguida por revelaciones de una sórdida doble vida de parrandas y boites. En México, la prensa rosa destapa las turbias prácticas inmobiliarias de la pareja presidencial, siendo la primera dama una veterana de la farándula. En Caracas, canales oficiales transmiten presuntas grabaciones de conversaciones de polémicos presos políticos como López y Ceballos, atribuyéndoles escandalosas opiniones y devaneos sexuales.

Los contenidos se hacen virales, ya en desmentido, ya en shares de redes sociales. No es infrecuente que las columnas más leídas y los expertos favoritos del kommentariat televisivo sean los «analistas» del chisme y el palangre. No son papeles de política pública, ni los debates parlamentarios, a menos que contengan jugosos clips y notas embarazosas.

¿Qué revela este atractivo? La chismepolítica es testimonio de las carencias democráticas. El alejamiento de las elites, extrañadas de la sociedad de la que formaron parte, ya en su tenor de vida, ya en sus orígenes, despierta una curiosidad infatigable. Si eso lo acompañamos de la falsedad del mercadeo o de la retórica vacía, y la idea según la cual los políticos nos presentamos tal cual somos, es increíblemente ingenua. Debe forzosamente haber algo detrás, como si esta fuera la corte de Luis XIV y los chismes nos ayudaran a despejarlo, a sentirnos más astutos sin conocer, realmente, motivos y causas.

Todo tonto es malicioso. La falsa astucia es también eco de una gran pobreza argumental, incluso entre quienes deben estar mejor preparados. Los dramas políticos que atraen a los televidentes son más Scandal y House of Cards, con sus truculentas tramas, que las sabiondas, optimistas y tecnocráticas Borgen y The West Wing. Se desdeña la discusión de políticas públicas, embrolladas en una supuesta frialdad esotérica, ante la imposición de las narrativas.

Se nos hace creer que el poder funciona así, y con eso creamos una profecía autocumplida: no ganan las elecciones las ideas y propuestas, sino los sentimientos, y como los buenos sentimientos son cosa de santurrones, mejor demoler al otro para debilitarlo. Demolerlo moralmente, de modo que todo lo que haga tenga un motivo ulterior. Todo acuerdo, todo compromiso, sería maniobra astuta o mentirosa postura circunstancial.

Si nadie es inocente y todos los chismes tienen razón, ninguna práctica es ilícita y ninguna palabra será real. La dinámica del descreimiento solo puede ser llenada, en su vacío, por el fanatismo. Luego nos preguntamos de dónde salen los antipolíticos.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo

Los candidatos que pasen las elecciones primarias deberán debatir sus propuestas de gobierno el 4 de octubre y, si hubiera segunda vuelta, se realizará otro debate.

El 4 de octubre, a semanas de las elecciones generales donde la Argentina elegirá a su próximo presidente, por primera vez en la historia quienes aspiran a serlo deberán debatir sus propuestas de gobierno.

La decisión se anunció en los últimos días de mayo tras un encuentro en el que participaron la Asociación de Teleradiodifusoras Argentina (ATA), los diarios Clarín, La Nación, El Cronista, Perfil, Infobae y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentina (ARPA). Según contó Hernán Charosky, coordinador general de la organización Argentina Debate (que promovió esta iniciativa), el debate del 4 de octubre será trasmitido por los cuatro canales de televisión de aire argentinos, otros del interior del país y una gran cantidad de radios que seguirán el debate de manera simultánea.

Si bien hasta el momento no se determinó dónde se hará, se informó que se optará por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires o por la Biblioteca Nacional. Aunque tampoco hasta ahora hay un compromiso escrito de los precandidatos a presidente de que asistirán a la cita ciudadana, informalmente todos han dejado trascender que aceptarán el desafío.

El debate sería en una franja horaria cercana a las 21 horas de ese domingo y se extendería a lo sumo dos horas. Falta definir los temas que se debatirán y qué periodistas funcionarán como moderadores. También se acordó que, si hubiera segunda vuelta, el debate presidencial volvería a repetirse entre los dos candidatos que disputen la presidencia.

De acuerdo con las encuestas de intención de voto, los precandidatos que estarían en condiciones de pasar las elecciones primarias y quedar en la recta final para los comicios generales serían el gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli; el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por el PRO; el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa (si es que finalmente no declina su candidatura); y la diputada nacional por el frente Progresistas, Margarita Stolbizer.

Argentina y República Dominicana son los únicos países de la región que nunca tuvieron un debate presidencial. En 2015 la Argentina tiene la oportunidad de salir de ese ranking y dar un paso enorme en el sentido de la transparencia política y la consolidación democrática, en especial durante esta campaña, que se presenta muy tibia de propuestas y demasiado plagada de denuncias de corrupción.

Alejandra Gallo | @alegalloinfo
Periodista. Escribe para el diario El Cronista y trabaja en los programas Le doy mi palabra y Esta Semana, de Radio Mitre

 ¿Bomba de tiempo o solo mochila pesada? Es el debate sobre los temas económicos que este gobierno deja pendientes y que deberá encarar el próximo presidente: tipo de cambio, inflación y gasto público en la mira.

Mucho se discutió en los últimos meses acerca de si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le dejará a su sucesor una bomba de tiempo o, simplemente, una pesada mochila en materia económica. Entre los temas de la agenda que vendrá, los equipos económicos de todos los precandidatos presidenciales —incluyendo los del oficialismo— prevén un ajuste del tipo de cambio para 2016, para romper el cepo cambiario que encorseta a la economía desde noviembre de 2011.

Reservas del Banco Central. La política cambiaria que llevó adelante el Banco Central (BCRA) en los últimos años dejó sus reservas entre las más bajas de toda América Latina. Contrariamente a lo que ocurrió en países como Brasil o Perú, donde los ciclos internacionales favorables se utilizaron para engordar las reservas, en la Argentina estas apenas rozan los USD 32.000 millones.

Gasto público. De la mano de la emisión monetaria y de los constantes aportes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y del Banco Nación al Tesoro, el Gobierno logró sostener esporádicas inyecciones al consumo doméstico, en especial en tiempos electorales. Por ejemplo, solo en abril pasado el gasto público aumentó un 50 %, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). En ese período el gasto primario —es decir, sin computar los pagos de intereses de la deuda— llegó a los $ 100.753 millones. En los primeros cuatro meses de este año el déficit fiscal fue de $ 56.000 millones y algunos analistas alertaron que para fines de este año superaría los $ 150.000 millones.

Inflación. Estos niveles de emisión fogonean una tasa de inflación que ubica a la Argentina entre los tres países con la variable más elevada del mundo. El año pasado rozó el 40 % y este año se prevé que se ubique entre el 25 % y el 30 % debido a una desaceleración de la actividad económica, ya que la industria lleva 23 meses consecutivos de caída. Algunos analistas pronostican que en 2016 los niveles de inflación serán similares a 2014.

INDEC. Como se sabe, el Gobierno desconoce esa tasa de inflación y desde la intervención política del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sostiene que fue solo de 23,9 % en 2014. Hay otras estadísticas que el Gobierno dejó de medir, como la pobreza, que no se calcula desde hace dos años. Sin embargo, la presidenta afirmó en foros internacionales que ese indicador es menor al 5 % y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, reforzó esa idea afirmando que el país tiene menos pobres que Alemania.

Frente externo. La recuperación de la credibilidad en las estadísticas oficiales no es el único conflicto que heredará el próximo gobierno; también la negociación con los bonistas. El juez estadounidense Thomas Griesa acaba de fallar favor de un grupo de tenedores de bonos de la deuda argentina que no habían ingresado al canje y que obliga al país a pagos adicionales por USD 5400 millones. Del mismo modo, el próximo gobierno deberá convivir con los últimos acuerdos geopolíticos firmados con Rusia y China para, entre otras cuestiones, participar de manera directa en obras públicas locales y en la construcción de centrales nucleares.

Alejandra Gallo | @alegalloinfo
Periodista. Escribe para el diario El Cronista y trabaja en los programas Le doy mi palabra y Esta Semana, de Radio Mitre

Borgen es una serie danesa que deja como ejemplo la cultura política de los países nórdicos: la ética, el diálogo, los consensos imperantes por esas latitudes. Sería deseable que los políticos de Latinoamérica pudiesen apreciarla, sacar ejemplos e incluso aprender algunos requisitos del rol de la política, que no es otra cosa que la búsqueda del bien común.

La actriz Sidse Babett Knudsen es la protagonista que encarna a la primera ministra. En comparación con otra serie de gran éxito como House of Cards, en la danesa se resaltan las virtudes de una gobernante que es decente y desea hacer cosas para el bien de la gente. Es política y tiene como objetivo el poder, pero respeta la ética y no traspasa los límites.

La cultura nórdica es mencionada con frecuencia como ejemplo. Se trata de una sociedad donde existe un elevado nivel de vida y casi no hay desigualdades pronunciadas. ¿En qué radica ese modelo exitoso? Fundamentalmente en el nivel de educación de sus habitantes pero también en la efectiva intervención del Estado en la economía y en una notable concientización y participación política de la sociedad.

A modo de ejemplo mencionemos que el 75 % de los ciudadanos lee el diario todos los días y maneja una información actualizada, lo que habla del interés por participar en los temas del país.

La modalidad democrática ha atravesado hondamente tanto al sistema político como a la sociedad, y en todos estos países se da una efectiva alternancia entre partidos socialdemócratas y democristianos, con ciclos de gobiernos consecutivos, lo que ha derivado en gobiernos estables y, sobre todo, con el tiempo necesario para concretar proyectos y políticas públicas a largo plazo.

Esta cultura democrática tiene su máxima expresión en la Folkemodet o Fiesta del Pueblo, donde por cuatro días los ciudadanos, diputados, europarlamentarios, funcionarios del gobierno, de asociaciones de profesionales y de ONG se reúnen para dialogar en público sobre los temas del país. Al finalizar la fiesta, por votación popular se otorga el premio al político que mejor supo escuchar.

Es tan amplio el diálogo de este evento que este año se ha invitado a partidos populistas europeos, entre los que se encuentran algunos con ideas extremas, como Amanecer Dorado, de Grecia, o el Partido Liberal de Holanda, que no oculta su xenofobia.

El verdadero diálogo también debe incluir a los intolerantes, dice un diputado danés. Esta vez, como en la serie Borgen, será una mujer, la primera ministra de Dinamarca Helle Thorning Schmidt, quien presida la Fiesta del Pueblo. Ella sintetizó con estas palabras el espíritu que los motiva: «Lo primero es defender la democracia y eso no se hace recortándola».

Jorge Dell’Oro | @dellOroJorge

La plaza del Medioevo fue quizás el lugar que más potenció lo que hoy denominamos «espacio público». En ella se sucedía una vida intensa y permanente. El mercado y la fuente eran sin duda el epicentro de la comunicación humana. Era un lugar integrador de la comunidad y ejercía además una tarea protagónica entre los ámbitos de la centralidad ciudadana. En la actualidad la plaza ha perdido el mercado, fue disminuyendo su sentido identitario y su ajardinamiento las hace un lugar de paseo y recreación más que de encuentro comunitario.

Las plazas aptas para reuniones públicas necesitan de un piso seco, como lo es el Zócalo en el DF de México. La cultura liberal impuso el espacio verde y con ello se perdió en gran parte el ámbito de libre apropiación que era usado para la vida colectiva.

Pero hoy, ya adentrado el siglo XXI, ese espacio de participación ciudadana, ese lugar de la expresión pública de la afinidad común, donde el ser humano busca los vínculos compartidos y la diferenciación, ha sido desplazado. Parecería que ese lugar hoy lo ocupan las redes sociales, un espacio virtual pero a su vez real.

Este desplazamiento a los medios digitales de participación, en paralelo y en contacto con las antiguas formas, ¿es una oportunidad para la ciudadanía, en términos de activismo y deliberación sobre los asuntos públicos? La respuesta es sí.

No es ninguna novedad hablar de Internet como un espacio público. De hecho, una de las primeras metáforas utilizadas para explicar internet fue la del ágora o plaza pública.

Esta nueva forma de recrear un espacio público a partir de una herramienta tecnológica obligan a la política y a la gente replantearse si realmente ese espacio es público o privado. Las plataformas digitales son ofrecidas desde empresas del sector privado y el servicio aparece como público.

No se puede dejar de lado que esas empresas almacenan datos y poseen información confidencial de millones de usuarios. Esto se traduce en una inmensa influencia, suficiente para torcerle el brazo a un Estado nación. Basta ver al joven Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, negociando de igual a igual con los presidentes Peña Nieto o Dilma Rousseff, como si fuese un mandatario más, o recordar cómo la empresa Google se llevó su base de datos cuando Brasil impulsó una ley sobre privacidad. No hay duda del poder de estas empresas.

Otro dato para tener en cuenta es lo que invierten en lobby estas empresas. Google destinó 16,8 millones de dólares en 2014 para tratar de influir en los reguladores y legisladores de los Estados Unidos. En ese período Facebook destinó con ese mismo fin un 45 % más que el año anterior, hasta 9,3 millones de dólares, y lleva gastados 2,4 millones en los primeros meses de 2015. Amazon lo elevó un 37 %, a 4,7 millones, mientras que Apple lo hizo un 22 %, a 4,1 millones.[1]

Estas «inversiones» dejan en claro qué empresas son las que llevan la voz cantante en la industria tecnológica de Estados Unidos y en el mundo.

La gran pregunta es si podemos seguir afirmando que las redes sociales son un espacio público. Son un lugar de encuentro e intercambio y, en condiciones ideales, un ámbito de diálogo social. Pero todo espacio digital tiene un dueño que decide, desde el momento de su construcción, cómo usarlo, y tiene el poder de desactivarlo en cualquier momento. La privacidad y la autonomía son esenciales en la red para evitar el control sobre sus usuarios.

Manuel Castells estima que en una red distribuida de máquinas «solo la difusión de la capacidad de encriptación y de autoprotección en los sistemas individuales podría aumentar la seguridad del sistema en su conjunto […] Pero eso equivale a poner en manos de los usuarios el poder de encriptación y autoprotección informática. Algo que rechazan las empresas».[2] ¿Podrá ser posible tecnológicamente una red segura y anónima, sin dejar nuestra seguridad en manos de terceros? ¿O nos conformaremos como hasta hoy, con un ficticio espacio público?

Diversos actos relacionados con el crimen organizado han empañado el proceso electoral federal y local de México durante este 2015. Los ataques y atentados que han cobrado la vida de candidatos, equipos de campaña y dirigentes partidistas son un riesgo para la estabilidad democrática del país.

 Cercano a la recta final, el proceso electoral mexicano de 2015, que renovará el Congreso federal, 9 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en 17 de los 32 estados del país (un total de 2,179 cargos públicos en disputa), ha padecido los últimos meses un alto grado de violencia en distintas entidades, provocado por la intromisión del crimen organizado en el desarrollo de las campañas políticas.

De acuerdo con información del periódico Reforma, se han registrado 70 ataques tanto a candidatos como a equipos de campaña, dirigentes, asesores o militantes de los diversos partidos, que arrojan un total de 19 asesinados en nueve estados del país. Este clima de violencia, si bien ocurre en su mayor parte y hasta el momento en el nivel municipal, ha llegado incluso ha atentar contra la vida del candidato panista por la gubernatura de Guerrero, Jorge Camacho, y tiene sus principales focos rojos, además, en Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Michoacán.

Es de señalar, en ese sentido, la operación realizada por el narcotráfico en Jalisco, el pasado 2 de mayo, cuando diversas células del cártel Jalisco Nueva Generación bloquearon mediante el incendio de automóviles y unidades del transporte público, los principales accesos a la capital, Guadalajara; en el combate con las fuerzas públicas de seguridad, un helicóptero de la marina fue obligado a aterrizar luego de ser atacado con armas de alto calibre.

Otro aspecto a considerar se suma a estos hechos: la amenaza de líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación (CNTE), sindicato de maestros, de que en estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México impedirán el desarrollo de la jornada electoral del próximo 7 de junio. Esta suma de sucesos ha llevado a que el gobierno destine unos 12 mil elementos de las fuerzas federales para prevenir actos violentos de las células del narcotráfico.

No obstante, la violencia de facto o latente que se presenta sobre todo en el nivel municipal es muy probable que incida no sólo en la participación de la ciudadanía en los procesos electorales sino, más grave aún, que siga minando la calidad de las campañas, de las candidaturas, de los propios partidos políticos y de los representantes surgidos de los comicios; en síntesis, que contribuya a seguir deteriorando la democracia mexicana, aún frágil, en proceso de construcción y consolidación desde hace varios años.

En ese sentido, el académico Andreas Schedler, en el ensayo “The Criminal Subversion of Mexican Democracy” (The Journal of Democracy, enero 2014), hace un listado de aquellas prácticas relacionadas con el crimen organizado que vulneraron la integridad de las elecciones en México en 2012, a saber: la infiltración del crimen entre las candidaturas; la dimisión de candidatos por amenazas; la capacidad de coacción para que en las campañas no se hable del narcotráfico; y la intimidación contra la participación de la ciudadanía. Estos hechos, cabe mencionar, siguen en desarrollo y presentes en este proceso de 2015, sin una autoridad que haga frente y garantice a la población afectada el derecho a elegir en paz.

Concluye Schedler que “La intromisión masiva de la violencia criminal en la vida y la política ordinarias destruye la fuerza, al autonomía y la integridad de la política democrática y de las instituciones representativas”. Si bien el nivel en el que ocurre durante este año es el municipal, es también ahí donde puede comenzarse una operación escalada que termine por socavar los cimientos de la democracia mexicana. No hay una estrategia preventiva de parte de la autoridad federal para evitar esta situación, sólo la del silencio, la de la omisión, la de respuesta antes que la de prevención. Escenario riesgoso para el presente y el futuro de la estabilidad y la calidad democrática nacional.

Carlos Castillo | @altanerias

Los tres precandidatos con más chances esquivan un debate de ideas programáticas de gobierno pero no dudaron en asistir al programa más visto de la televisión local y lidiar con imitadores humorísticos.

Las generaciones de argentinos que nacieron en democracia nunca vieron un debate presidencial y desconocen la importancia de este para la calidad institucional y democrática de un país. Como ocurre con tantos otros temas ausentes en esta campaña electoral, este también seguirá pendiente.

A solo tres meses de las elecciones primarias generales, nada parece augurar que habrá un debate entre los precandidatos a los que las encuestas les otorgan más chances de ganar en las elecciones generales de octubre próximo. Ni el gobernador bonaerense Daniel Scioli, ni el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, ni el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, tienen en sus agendas el compromiso de sentarse frente a frente a debatir ideas ni las propuestas que pondrían en marcha si fueran electos presidente. Las propuestas concretas sobre qué hacer con el dólar, la inflación, el empleo, la caída del nivel de actividad, la inserción argentina en el mundo y el litigio con los hold-outs podrían a contribuir a definir preferencias en los próximos comicios. Una reciente encuesta de Isonomia sostiene que el 60 % de los argentinos aún no sabe a quién votará.

Lo curioso es que estos mismos políticos sí tuvieron motivación para aceptar la invitación de unos de los conductores más taquilleros y también empresario más exitoso del mundo del entretenimiento nacional, Marcelo Tinelli. Sin dudarlo, Scioli, Macri y Massa (en ese orden de aparición) fueron el 11 de mayo al primer programa de ShowMatch en 2015. Este matrimonio entre entretenimiento y política logró, en promedio, la friolera de 31 puntos de rating y picos de 39.

Se supo informalmente que hubo negociaciones hasta último momento para definir el orden en que se presentarían los candidatos. Mientras que Scioli fue el más favorecido porque se presentó en el prime-time, trascendió informalmente que Massa estuvo a disgusto porque no se le permitió pasar una cortina musical (de género muy popular) que utiliza para su campaña. El equipo de producción de Tinelli explicó que el orden se eligió según las mediciones de las encuestas que le otorgan una leve ventaja a Scioli sobre Macri y auguran una desaceleración para Massa. Una vez frente a cámara, cada político tuvo que lidiar con un imitador; algunas analistas sostienen que el que más incomodó a su imitado fue el clon de Macri quien resaltó sus orígenes empresarios.

Casi como en una presentación en sociedad, cada candidato además concurrió con su esposa y, cada una de ellas, a su turno, contó cómo es su marido en la intimidad: ¿romántico, celoso, apasionado, buen o mal cocinero? Ese tipo de dudas parece haberse saldado; aunque nadie pudo saber con detalle, por ejemplo, cómo resolverán Scioli, Macri o Massa la inflación en la Argentina, la tercera más alta de todo el mundo. Lamentablemente, sin debate presidencial en vista, parece que esa y otras respuestas quedarán pendientes.

Alejandra Gallo | @alegalloinfo
Periodista. Escribe para el diario El Cronista y trabaja en los programas Le doy mi palabra y Esta Semana, de Radio Mitre

Se dice que cada día el poder dura menos, que es más efímero, mucho más difícil de obtener y más fácil de perder que en décadas pasadas. Como nunca, nunca el político tiene como principal tarea la de hacer una buena lectura de las demandas de la sociedad.

La velocidad de los acontecimientos políticos, sociales y económicos del mundo genera cambios inesperados, y en muchos casos en forma repentina y radical. En su libro El fin del poder, el venezolano Moisés Naim afirma que «el poder se ha hecho más fluido y quienes lo tuvieron históricamente lo hacen con menos seguridad y más restricciones». Es verdad, ya que las barreras que resguardan a los poderosos son ahora mucho más frágiles, más factibles de penetrar y debilitar. Veamos si no aquellos que pensaron que morirían ejerciendo el poder: Kadafi, Mubarak, Ben Ali, el mismo Assad en Siria. E incluso empresas como Kodak en plena bancarrota, o la tradicional Ferrari hoy en manos de Fiat, o Ericsson, la poderosa multinacional sueca cuyo capital accionario pertenece a la japonesa Sony. Las inesperadas movilizaciones como el 15M en España o las de El Cairo en la plaza Tahrir. El bipartidismo español tambalea con la aparición de Podemos y Ciudadanos, Grecia es gobernada por Syriza.

Las comunicaciones del siglo XXI transfieren ideas, aspiraciones, técnicas e incluso movimientos religiosos y políticos que minan el poder y el orden establecido en sus lugares de origen y también en otras latitudes. Estos aparentes e inesperados cambios del humor social son producto de la distancia que existe entre lo que la gente espera y lo que sus gobiernos pueden o prometieron darle.

Ha comenzado a gestarse el poder de los minipoderes, el cual reside en su capacidad de frenar, contrarrestar, luchar y limitar el margen de maniobra de los poderosos actores, con una gran ventaja: al ser más pequeños son más rápidos y no tienen la rigidez de las estructuras grandes y paquidérmicas de los grandes poderes. Quizás todo haya comenzado con la caída del Muro de Berlín, sin lugar a dudas se fue acelerando con la llegada de Internet y el uso creciente de las redes sociales.

Hoy más que nunca el político tiene como principal tarea la de hacer una buena lectura de las demandas de la sociedad, pero debe hacerlo anticipadamente o corre el riesgo de que su poder finalice antes de lo previsto.

La seguridad ciudadana ha pasado a ser una de las mayores preocupaciones de las sociedades en Latinoamérica y también tema de campañas políticas, en las que se promete acabar con la inseguridad pero lamentablemente pocas veces se logra.

Las propuestas de los políticos van desde penas más duras, más personal policial a más cámaras de observación, pero pocas veces se analiza uno de los temas centrales, como lo es el diseño urbano. La urbanista americana Jane Jacobs afirmaba que una calle es segura cuando la usa la gente. Los barrios y las calles tienen variados usos, gente diversa los transita constantemente (niños que van a la escuela, la gente que va de compras, jubilados que se pasean, etc.).

Una tendencia de diseño urbano propia de los Estados Unidos y puesta en práctica en muchas ciudades de Latinoamérica muestra lugares de trabajo que quedan desiertos por la noche y barrios dormitorios con zonas muy específicas para hacer compras. Como consecuencia, los barrios acabaron desconectados entre sí.

Un espacio urbano seguro es una conjunción de factores sociales, económicos, físicos y de diseño. Pero no es posible aplicar soluciones iguales en todas partes. Cada lugar tiene sus particularidades y hay que salir a la calle para estudiarlas. Por ejemplo, un parque con una alta presencia de madres con sus hijos suele indicar que es un lugar seguro. Por el contrario, zonas abandonadas, con suciedad y poca iluminación, son automáticamente eludidas por los transeúntes, pues generan sensación de inseguridad.

En sus análisis sobre la importancia de lo urbano Jacobs decía: «Las calles y sus aceras son los principales lugares públicos de una ciudad, sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles». Por tanto, cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés; cuando presentan un aspecto inseguro, toda la ciudad parece insegura.

Debemos tener en cuenta que la seguridad pública de las ciudades —la seguridad en las calles y en las aceras— no tiene por qué ser garantizada de manera principal por la policía, por muy necesaria que esta sea en otros aspectos. Esa paz y seguridad serán preservadas principalmente por una densa y casi inconsciente red de controles, reflejos y buena disposición en el ánimo de las personas y alimentada constantemente por ellas mismas. Ninguna cantidad de policías será suficiente para llevar una mínima parte de civilización allí donde se ha quebrado la estructura de base que la hace posible en sus formas más elementales y normales de convivencia.

Jorge Dell’Oro | @dellOroJorge

A cien años del genocidio armenio, nuevas voces se suman a la exigencia de que el Estado turco reconozca el asesinato selectivo de un millón y medio de mujeres y hombres a principios del siglo XX: necesidad indiscutible de conciliar la herida de un vergonzoso pasado y avanzar hacia un futuro común.

No hay historia completa sin el pleno reconocimiento al sacrificio, al dolor y a la memoria de quienes entregaron su vida por una causa, por un sueño, por un ideal. Tampoco hay posibilidad de trazar un presente digno cuando el pasado guarda secretos que no han sido resueltos, que se encubren o se ocultan por la razón que sea.

La historia del genocidio armenio es una deuda de la humanidad, de Occidente y Oriente, un puente roto que con las décadas se torna muro infame, barrera indigna y escollo para el futuro. Sus ladrillos son la indiferencia y la condena al olvido. Sus víctimas son la diáspora heredera de los sobrevivientes, un Estado que cuenta con mujeres y hombres, con tradiciones, con lengua y costumbres propias que a principios del siglo XX, en 1915, se intentaron exterminar a través de lo que a todas luces ha sido calificado por distintos historiadores, e inclusive gobiernos, como genocidio.

El genocidio armenio cumplió cien años este 2015: cien años no solo de haber sido perpetrado y costado la vida a un millón y medio de mujeres y hombres; además, cien años de ser negado por el gobierno de Turquía mediante la minimización del hecho y el adoctrinamiento escolar, bajo el cual la masacre se reduce a un enfrentamiento en el contexto de la primera guerra mundial y la fundación del actual Estado turco.

El domingo 12 de abril el papa Francisco, en la Basílica de San Pedro, recordó que aquel suceso lamentable y doloroso fue el primer genocidio del siglo XX, en una misa a la que asistieron el presidente armenio, Serge Sarkissian y el patriarca Nersés Bedros XIX, cabeza de los armenios católicos. El pontífice citó, al inicio de su mensaje, a Juan Pablo II, recordando las palabras escritas en 2001 al respecto: «Ocultar o negar el mal es dejar que sangre una herida abierta y sin curar».

La reacción de Ankara no se hizo esperar: condenas contra lo dicho por Francisco, señalamientos de que las relaciones entre ambos Estados podrían ser afectadas para siempre, llamado de embajadores, descalificación días después contra el Parlamento europeo por solicitar el reconocimiento del genocidio como tal. El presidente turco, Recep Tayypi Erdogan, respondió ante la solicitud que, lo que sea que digan los europeos al respecto, «entra por un oído y sale por el otro».

Esta reacción es condenable, pero puede esbozarse una explicación, publicada por el New York Times el pasado 16 de abril, donde se cita a Taner Akcam, historiador turco-germano y una de las mayores autoridades en el estudio del genocidio. Según sus palabras, «muchos de los fundadores de la república turca fueron quienes idearon el genocidio, y algunos se enriquecieron a costa de confiscar propiedades armenias. No es fácil para una nación, en ese sentido, llamar a sus padres fundadores asesinos y ladrones».

Sin embargo, se habla, por principio, de un pueblo lastimado, que se intentó exterminar de manera selectiva a través del asesinato, de campos de prisioneros y de caminatas forzadas por el desierto sirio, hasta hallar la muerte. No puede negarse esa historia infame y mucho menos esconderse; la reconciliación con el ayer sólo se logra, empero, con la capacidad de reconocer los errores para así poder superarlos.

Cien años después del genocidio armenio parece que, por desgracia, eso no ocurrirá, y que los crímenes documentados por vez primera en 1933, en el libro Los cuarenta días de Musa Dagh por el historiador alemán Franz Werfel permanecerán sin condena. Solo, por fortuna, por los propios criminales. El mundo alza la voz: llegará el tiempo en que su exigencia alcance oídos más abiertos, más dispuestos a sanar heridas, más proclives a la reconciliación.

Carlos Castillo | @altanerias

El próximo 10 de mayo se celebrarán en Uruguay las elecciones departamentales y municipales. Estos comicios se realizarán de manera simultánea para las diecinueve circunscripciones departamentales, que eligen sus intendentes y sus juntas departamentales, y para los 112 municipios, que eligen a sus alcaldes.

Será la cuarta vez que las autoridades departamentales se voten separadamente de las nacionales, tal cual lo dispone la Constitución de 1997, y la segunda vez que se voten autoridades del tercer nivel de gobierno, según lo prevé la ley 18567 de Descentralización y Participación Ciudadana, vigente desde 2010.

El carácter local de las elecciones departamentales hace que en realidad se lleven adelante diecinueve comicios independientes, donde los residentes de cada departamento votan con una lógica más centrada en la gestión que en lo ideológico y partidario.

Consecuencia de este menor peso ideológico y partidario es una alta volatilidad electoral, si se compara el porcentaje de votos obtenidos por determinados partidos en las elecciones nacionales de octubre pasado, con los resultados que pronostican las encuestas para esta próxima instancia en cada departamento.

Actualmente, el Partido Nacional gobierna la mayoría de los departamentos, once en total: San José, Flores, Florida, Soriano, Río Negro, Paysandú, Tacuarembó, Durazno, Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres. El Frente Amplio lo hace en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Artigas. Y el Partido Colorado solamente gobierna en Salto y Rivera.

Los pronósticos de las empresas que realizan estudios de opinión pública anuncian una segura ratificación de los actuales partidos gobernantes en varios departamentos. En Flores, Colonia, Treinta y Tres, Soriano, Durazno, Tacuarembó, Lavalleja y San José ganaría el Partido Nacional; Montevideo y Canelones volverían a ser frenteamplistas; mientras que el Partido Colorado solamente tendría asegurada su continuidad en Rivera.

En algunos departamentos donde actualmente gobierna el Frente Amplio —Maldonado, Artigas y Rocha— hay una disputa reñida con el Partido Nacional. A la inversa, en Paysandú, Cerro Largo y Florida, donde actualmente el intendente es nacionalista, las encuestas muestran que el Frente Amplio podría obtener el triunfo. El Partido Colorado tiene amenazada la mitad de su porción de gobiernos departamentales, en contienda ajustada con el Frente Amplio por el gobierno de Salto.

Diversos son los motivos por los que varios departamentos cambiarían de signo político, y entre ellos puede destacarse la irrupción de temas locales que afectaron seriamente el estado de la opinión pública, como los casos de manejos irregulares de contrataciones durante la Semana de la Cerveza en Paysandú o la contaminación de la reserva de agua potable de Laguna del Sauce en Maldonado. Sin embargo, el cambio de signo también puede deberse a la imposibilidad de reelegir a algunos intendentes que ya cumplieron con su segundo mandato al frente de la administración departamental. Allí tenemos casos como los de Rocha y Maldonado.

En términos electorales, tomando en cuenta el número de votos pero también el presupuesto manejado por algunos gobiernos departamentales, el triunfo en Maldonado supone un interesante botín electoral, pues asegura el manejo de recursos de un departamento que cuenta con elevados niveles de recaudación por concepto de contribución inmobiliaria, dado que allí se encuentran los balnearios de mayor poder adquisitivo de la región. También hay en esta contienda trofeos de corte simbólico, como en el caso de Cerro Largo, donde el Frente Amplio aspira a desplazar a un gobierno que ha sido nacionalista a lo largo de toda su historia, en el lugar de nacimiento de Aparicio Saravia, el mayor caudillo del Partido Nacional.

Para el gobierno nacional, las elecciones departamentales suponen también una distribución de poder, y pueden determinar la cantidad de interlocutores de oposición que tendrá en el futuro, lo que afectará decisiones de asignaciones de presupuesto y obra pública.

Federico Irazabal | @firazaba

Desde los años noventa el arte urbano se ha expandido por muchas ciudades del mundo. En Lima, Perú, el alcalde decidió cubrir decenas de murales con el color de su partido y los artistas aseguran que ello se debe a la rivalidad política de este con su antecesora en el cargo.

Al alcalde de Lima, Luis Castañeda, parece que los sesenta murales que artistas plásticos han pintado en esa ciudad no le caen bien. Desde marzo los está cubriendo con pintura amarilla, el color de su partido Solidaridad Nacional. Don Luis argumenta que tapará todos los murales del centro de Lima porque está contenido en el acuerdo con la Unesco, y así lo prescribe la ordenanza de 1994. Un argumento que parece lógico si estos afectaran el patrimonio arquitectónico de la ciudad, pero los murales fueron realizados en espacios abandonados como estacionamientos o propiedades privadas deterioradas y no sobre inmuebles declarados patrimonio a los cuales haya que preservar por su originalidad.

Los artistas, entre indignados y frustrados, aseguran que se trata de una rivalidad política con su antecesora Susana Villagrán, que fue quien los autorizó durante el Festival Internacional de Arte Callejero Latinoamericano de 2014 en tres distritos de Lima. Una rencilla política que afecta a una expresión cultural que muchas alcaldías del mundo usan para embellecer las ciudades.

Como lo menciona la doctora en Historia del Arte Leontina Etchelecu: “El hecho de que un considerable material artístico y simbólico haya dejado su destino originario —los libros de arte, las galerías, los museos— para desparramarse en el ámbito de las ciudades habla a las claras del salto cualitativo del arte en cuanto a influencia social, y de una amplitud de su campo de aplicación que ya no queda relegado a una minoría ‘culta’, sino que invade con su espíritu callejero y fresco las calles de la ciudad. Esto de estar ‘en la calle’, al alcance de todos, hace que esta convivencia diaria se pueda transformar en un gesto integrador de la sociedad”.[1]

El arte urbano se puede apreciar en distintas variantes: grafiti, teatro callejero, música en la calle, etcétera. Desde los años noventa, este arte urbano se ha expandido por muchas ciudades del mundo y tiene como principales referentes a Nueva York, Londres, Barcelona, Berlín, Buenos Aires, México D. F., entre otras. En esa década fue cuando tomó mayor importancia el trabajo de un grupo diverso de artistas que han desarrollado una propuesta artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas (plantillas, pósters, pegatinas, murales, etc.). Muchas de estas manifestaciones incluyen un mensaje político, algo que comenzó a desarrollarse con las revueltas estudiantes en el mayo de París de los sesenta.

La incomprensión, hostilidad e intolerancia de la política hacia la cultura es algo que en el siglo XXI habla del anacronismo de algunos gobernantes.

Nunca una frase tan acertada para la medida tomada por el alcalde limeño como la de Ambrose Bierce: “La pintura es el arte de proteger la superficie plana de los daños del clima para exponerla a los daños de la crítica”.

De la política interesa sobre todo la imagen representada mediáticamente porque el juicio que hace la gente de este ámbito proviene especialmente de los medios de comunicación, más que del contacto directo. Hillary Clinton no es la excepción, más allá de su imagen pública, la cual sin duda debe modificar si desea llegar ser presidenta, lo que significa todo un desafío por delante.

Kristina Schake, una exdirectiva de la empresa cosmética L’Oréal, es la nueva consejera de la aspirante a la Casa Blanca, una de las más renombradas asesoras en imagen y relaciones públicas de Estados Unidos, que además tiene entre sus clientes nada menos que a Michelle Obama.

En la campaña del 2008 la señora Clinton tuvo una imagen demasiado masculina; ahora la estrategia es hacer de Hillary una candidata más cercana y accesible a la gente. Quizás su principal reto es luchar contra su propia imagen. Muchas candidatas mujeres tienen un dilema: si aparecen muy femeninas no se las considera lo suficientemente duras para el puesto; si en cambio se presentan más bien masculinas, tal y como se espera de un presidente, son consideradas mujeres agresivas y dominantes. El equilibrio en estos casos no es fácil de lograr y de allí la importancia de cómo será percibida una candidata mujer, que debe conseguir tanto votos femeninos como masculinos.

En el primer video de la campaña de Hillary se nota la mano de Kristina —‹https://www.youtube.com/watch?v=N708P-A45D0›—. Tiene reminiscencias de la campaña presidencial de Ronald Reagan, spots inspirados en la very typical American life. En su nueva página de Facebook hay fotos que la ubican en acciones cotidianas como una mujer más, comprando un burrito con guacamole en una cadena de comida rápida mexicana y típicas fotos de familia. Esta demócrata de 67 años que aspira a suceder a Obama debe esforzarse doblemente, necesita vuelo propio, pues la candidata es ella y no su popular marido. “Los estadounidenses de a pie necesitan una campeona. Yo quiero ser esa campeona”, dijo en la presentación de su candidatura, en un lenguaje coloquial pero ambicioso.

En relación con la construcción de su imagen, el logo elegido para su campaña tiene una impronta masculina, en aparente contradicción con su nuevo posicionamiento.

Pero el camino por ser más femenina, por ser más Hillary que Clinton, comenzó. ¿Es lo que busca la sociedad norteamericana, en un mundo plagado de conflictos que parecen ser una tarea más de un hombre que de una mujer? ¿Busca el ciudadano de Estados Unidos nuevamente un cambio después de haber elegido como presidente a un afrodescendiente? No son preguntas fáciles de responder. Los días por venir nos dirán si la estrategia es acertada o no.

Jorge Dell’Oro | @dellOroJorge

El derecho del trabajo es parte consustancial de la naturaleza y dignidad humanas. Pero, ¿qué ocurre si el trabajo como lo conocemos desaparece?

En términos globales, la situación del trabajo en el mundo es notablemente superior a la de hace un siglo. La expansión progresiva de los derechos sociales, el reconocimiento generalizado de las demandas tradicionales del sector obrero, así como la progresiva inclusión de cláusulas que fortalecen el reconocimiento del factor trabajo en su relación con el capital, han logrado cambiar la faz de la humanidad.

Sin embargo, somos testigos de la mutación en las relaciones económico políticas del trabajo en las últimas cuatro décadas: la apertura económica del Asia y el crecimiento desenfrenado de una mano de obra barata y sin protección legal, junto con el ataque a los sindicatos y derechos laborales de la ola neoliberal, han destruido la tensa armonía social de la posguerra sustituyéndola por una creciente asimetría en la distribución de la riqueza y la destrucción de formas conocidas de empleo.

En el mundo occidental, la crisis del empleo atacó primero los trabajos más vulnerables. Millones de empleos en los sectores manufactureros y extractivo pasaron a las aparentes economías en desarrollo. Mientras tanto estas economías, estimuladas en una agenda modernizadora, no parecieron alcanzar para su sector obrero la aspiración de una vida de clase media como se ofrecía en las economías desarrolladas.

Se nos dijo que la globalización, con su hermoso ballet de ventajas competitivas y comparativas, habría resuelto esta aspiración. Esto no fue así, como vemos en las poblaciones vulnerables, desasistidas, mendicantes que habitan los márgenes de las urbes emergentes o en el drama de los emigrantes que huyen, muchas veces de manera precaria, hacia donde puedan lograr un trabajo. La xenofobia y la violencia extremista, en ocasiones disfrazada de política populista, son perversiones adicionales de estos cambios.

Ahora bien, no solo el trabajo obrero está en peligro. El trabajo profesional y de servicios, especialmente en áreas rutinarias y sencillas, se ve afectado por la revolución tecnológica. No es un temor ludita: una computadora cualquiera puede hacer la contabilidad, atender a clientes en un centro de llamadas, incluso registrar eventos para agencias de noticias. Y mientras más avanza la capacidad de procesamiento de estas máquinas, con un acceso voraz y crecientemente privatizado a bases de datos, se presume que podrían sustituir buena parte de los trabajos llamados intelectuales. El fenómeno por el cual el progreso tecnológico daba lugar a nuevas demandas, y así a nuevos tipos de trabajo, parece haberse estancado, a expensas de las clases medias.

La crisis del desempleo en el mundo desarrollado y la crisis del subempleo en las economías emergentes son un reto urgente para el humanismo. Sin negar el avance tecnológico, debemos procurar oportunidades de mejora al trabajo existente y garantizar que el trabajo no desaparezca. Una vieja ilusión keynesiana avizoraba que en el presente trabajaríamos menos y tendríamos más tiempo de ocio y de expansión, pero el tiempo libre de nuestros subempleados es llenado por vicios, holganza y la pérdida objetiva de sus capacidades físicas e intelectuales, debilitando la sostenibilidad del Estado social.

Las raíces de nuestro movimiento, y podría decirse que su alma, están en las mejoras de la suerte de los trabajadores de todas las clases. Ver la fiesta del trabajo desde la perspectiva autocomplaciente de los extraordinarios logros del siglo no es mera nostalgia, es el fin de nuestra identidad política y nuestra humanidad.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo