«Problemas perversos», así Rittel y Webber definieron hace 50 años los problemas sociales complejos y confusos, representados por actores con intereses contradictorios. Al intentar solucionarlos, surgen consecuencias inesperadas, que incluso los profundizan. A la luz de este concepto, diversos especialistas explican que hasta finales de esta década la inteligencia artificial (IA) se va a expandir a un ritmo sin precedentes y no existe una solución única para los desafíos que producirá.

Además de la regulación de la IA, la «singularidad económica» es otro elemento de la discusión que preocupa a los especialistas. Se denomina así al momento del desarrollo económico en el cual la mayoría de las personas no encontrarían empleos tras su reemplazo por sistemas automatizados, robots e IA. Sin embargo, no es la primera vez que la humanidad vive una revolución industrial. La era de la IA promete, en contraste, la generación de nuevos tipos de empleo y se presenta como un instrumento esperanzador para tomar mejores decisiones como sociedad.

IA en Davos

Los principales tomadores de decisiones se reúnen desde hace 54 años en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM) o Foro de Davos. La plataforma económica global reúne a 3.000 líderes globales para fomentar la cooperación público-privada. Entre el 15 y el 19 de enero, participaron desde Latinoamérica los presidentes de Argentina y Colombia, quienes se sumaron a los 350 jefes de Estado y de gobierno, y ministros asistentes.

«Reconstruir la confianza» ha sido la consigna del Foro de Davos este año. Para el presidente del FEM, Børge Brende, las reuniones sostenidas se han orientado a fortalecer la cooperación y mostrar resultados ante los desafíos globales en materia económica y de sostenibilidad. La tecnología, y en particular la IA como motor de la economía y la sociedad, se sumó a los temas prioritarios de la agenda.

«La IA ha sido desmitificada porque las personas la están usando ahora» sentenció Sam Altman, CEO de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT. A lo largo de 32 sesiones, las personalidades globales más relevantes insertaron nuevos elementos a la discusión de las tecnologías transformadoras, como el 5G y 6G, la computación cuántica y la biotecnología.

El eje de las discusiones fue el equilibro entre la innovación y la protección para garantizar un desarrollo responsable. Esta discusión estuvo enmarcada en el trabajo de la Alianza para la Gobernanza de la IA, integrada por gobiernos y empresas clave, y los 20 Centros para la Cuarta Revolución Industrial a nivel global. La conclusión recurrente durante los paneles ha sido el potencial igualador y catalizador de innovación global de la inteligencia artificial.

Industria 4.0 en Latinoamércia

La primera revolución industrial en 1760 cambió irreversiblemente la economía global y el funcionamiento de las sociedades. Ni hace 250 años, ni hoy se ha tratado de una batalla entre la humanidad y la tecnología. Por el contrario, la tecnología se ha integrado cotidianamente a la vida de las personas. Hoy la cuarta revolución industrial o industria 4.0, captura los desarrollos tecnológicos que integran tecnologías digitales, como la inteligencia artificial y el internet de las cosas (IoT, en inglés) en los procesos industriales, para hacerlos más eficientes y automatizados.

La adopción de la IA en los procesos operativos y servicios no es una tarea que se pueda dejar para dentro de dos o tres años. El momento es hoy, de acuerdo con Arvind Krishna, CEO de IBM Corporation. El ejecutivo, quien participó como panelista en la sesión sobre IA generativa y la cuarta revolución industrial, explicó que son visibles las diferencias en la productividad de empleados y empresas a partir del uso de IA.

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En este contexto, Colombia y Brasil desde el 2019 y 2020 han tomado un rol protagónico con la implementación de centros para la cuarta revolución industrial. La especialidad regional en Medellín está en la integración de la IA en los sistemas alimentarios. Por su parte, en Sao Paulo el centro está dedicado al ámbito industrial, especialmente en el desarrollo del IoT para pymes.

Dos prioridades para Latinoamérica

1) Alfabetización en IA para los decisores políticos. Las discusiones sobre IA a nivel global han estado lideradas por los ejecutivos de las economías avanzadas. La limitada presencia de voces de las economías emergentes, como Latinoamérica, ha sido visible. No es sencillo regular lo que no se conoce. La política debe comprender el fenómeno, hablar el mismo lenguaje técnico y hacer uso activo de la IA.

Dos lecciones:

–Ejecutar estrategias para que el Estado, la academia y otros actores clave contribuyan en la tarea de capacitación de los decisores políticos.

–Impulsar discusiones sobre la integración y regulación de la IA en el desarrollo socioeconómico sostenible, en los procesos electorales y en la protección de la democracia.

2) El futuro del trabajo.Días antes del Foro de Davos, se presentóel informe Gen-AI: inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Con cerca del 40% del empleo global expuesto al impacto de la IA, ésta tiene el potencial de redefinir los mercados laborales. Las economías emergentes podrían experimentar más tarde los beneficios, en comparación con las economías avanzadas.

Dos lecciones:

-Las economías avanzadas deberán asumir el liderazgo en las regulaciones para reasignar la mano de obra, especialmente los trabajadores de grupos de mayor edad. Lo que podría dejar lecciones por aprender para las economías emergentes.

-Las economías emergentes, como la mayor parte de Latinoamérica, deben priorizar el desarrollo de infraestructura y habilidades digitales.

Democratizar

Los líderes globales tienen la tarea de garantizar la seguridad de la humanidad y garantizar respuestas efectivas a las actuales vulnerabilidades y amenazas que puedan producirse debido a la transformación tecnológica.

En Latinoamérica, urge además que la política tome medidas concretas para democratizar la tecnología y aprovechar las oportunidades que brinda la industria 4.0. En el mejor escenario, lograr que la IA esté al servicio de la humanidad podría contribuir drásticamente a la reducción de brechas en las sociedades.

Si los banquetes y regalos decembrinos no nos apartaron de lo esencial, quizás hayamos dedicado algún tiempo en estos días a recordar el sentido originario de la Navidad. Nos reunimos con familiares y amigos. Meditamos en el valor del perdón y la misericordia. Recargamos así las baterías para entrar de lleno en el año nuevo.

Sin embargo, no todos pueden reincorporarse a una vida normal, ni gozar del amor y la misericordia del prójimo. Tal es el caso de los presos políticos, quienes al luchar por la libertad de todos terminan siendo injustamente privados de la suya propia. El castigo que sufren se extiende a los familiares y amigos de las víctimas. Son obligados a lidiar con el dolor de la separación forzada y los vejámenes de los perpetradores. Y aunque ningún régimen político está enteramente a salvo de estas prácticas, el asunto es mucho más grave allí donde el problema de la democracia no es su imperfección, sino su ausencia. En Iberoamérica, las situaciones más graves en este sentido seguramente se viven en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

Cuba lidera la estadística

El régimen comunista que rige a Cuba desde hace más de seis décadas es el que mantiene en prisión a una mayor cantidad de presos políticos en el hemisferio occidental. De acuerdo con la organización Prisoners Defenders para finales de año un total de 1.063 personas se mantenían privadas de su libertad por distintas razones de orden político. Entre los principales cargos para imputar a los detenidos figuran desórdenes públicos, desacato, atentado, sedición o sabotaje, e incluso la de peligrosidad social predelictiva.

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La cifra de presos políticos en Cuba se disparó desde el segundo semestre de 2021, luego de que en julio tuvieran lugar las mayores protestas que se recordaban por décadas en el país. En dicha ocasión, los resultados de la deficiente gestión gubernamental de la pandemia del covid-19 motivaron levantamientos populares por toda la isla. La respuesta oficial fue una intensa represión que derivó en un creciente número de detenidos. Pasaron de ser 150 en mayo de 2021 a 955 en diciembre del mismo año.

Presos políticos en Venezuela

Según indica Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, el actual régimen venezolano mantiene a 255 personas encarceladas por razones políticas. Esto luego de que el pasado 18 de diciembre se permitiera salir de la cárcel a 28 presos. Esta excarcelación es un resultado parcial de la negociación política que en sitios tan diversos como México, Barbados o Catar protagonizan los gobiernos de Caracas, Washington y la oposición venezolana. A cambio de que los EE. UU. liberasen a Álex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, éste último hizo lo propio con 10 prisioneros estadounidenses y 18 venezolanos. De los estadounidenses excarcelados, 4 fueron detenidos por razones políticas (incluyendo 2 militares acusados de participar en una operación para derrocar a Maduro). Mientras, los otros 6 estaban imputados por delitos de distinta naturaleza y eventualmente continuarán su proceso penal en EE. UU.

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Entre los 18 venezolanos excarcelados se cuentan, fundamentalmente, sindicalistas y estudiantes que aún no han recuperado su libertad plena. Continúan sometidos a un incierto proceso judicial y bajo régimen de presentación quincenal. Según Alfredo Romero alrededor de 16.000 personas han sido arbitrariamente detenidas en Venezuela por motivos políticos desde las protestas de 2014. Muchas de ellas permanecen aún en ese limbo jurídico que las coacciona en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Nicaragua y la expatriación

De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, a finales de octubre de este año se contabilizaban en dicho país 91 presos políticos, de los cuales 17 son mujeres y 64 hombres. Pero a esta cifra hay que añadir el hecho de que en febrero de este año unos 222 presos políticos fueron excarcelados y deportados a los Estados Unidos. Si bien la excarcelación redujo la cifra de privados de libertad, las personas deportadas fueron despojadas de su nacionalidad nicaragüense y expropiadas de sus bienes en el país.

La persecución política en Nicaragua destaca además por su particular saña contra la Iglesia Católica, la cual registra 740 ataques del sandinismo desde las protestas del 2018 (con 275 correspondientes al 2023). Varios sacerdotes fueron arrestados, encarcelados y expatriados. El caso más reciente es el del obispo Isidro Mora, capturado el pasado 20 de diciembre.

Mercosur presiona a Bolivia

En Bolivia, según informa la Global Human Rights League, para el 31 de octubre de 2023 se contabilizaban unos 279 presos políticos. Entre estos figuran casos como el de la expresidenta Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión. La oposición política ha venido promoviendo cabildos para impulsar la posibilidad de una ley de amnistía. Pero dicha posibilidad es rechazada por el oficialismo, que considera terroristas a buena parte de los detenidos.

No obstante, algunas opciones podrían abrirse ahora con la reciente incorporación plena de Bolivia al Mercosur. Esta fue acordada en la cumbre de Río de Janeiro del pasado 7 de diciembre, pero sujeta al cumplimiento del Protocolo de Ushuaia y los estándares democráticos del bloque sudamericano, con los cuales ningún país miembro debe mantener presos políticos. Cabe recordar que el incumplimiento de dichos estándares frustró, en 2017, el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur.

En definitiva, la situación continúa siendo preocupante en varios países de la región. Es mucho lo que la comunidad hemisférica puede hacer para ayudar a mejorarla.

El índice de Riesgo Político América Latina va por su cuarto año. Se consolida como un insumo relevante para los tomadores de decisión de la esfera pública y privada. Durante estos años, el índice ha podido identificar riesgos que han venido aumentando con preocupación. El crimen organizado, la corrupción, la desafección democrática y la gobernabilidad bajo presión.

2024 se perfila como un año complejo e intenso para América Latina. Enmarcado en un contexto internacional caracterizado por una gran incertidumbre y volatilidad geopolítica y económica. En efecto, el 2023 el mundo sufrió su tercer año más violento desde la II Guerra Mundial. Sólo superado en número de muertos por la guerra de Corea el año 50 y la masacre en Ruanda en 1994.

En este actual escenario de polycrisis, hay que poner foco en la evolución de varios conflictos como los de Ucrania-Rusia, Israel-Palestina, China-Taiwán. Y, la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, que compiten en América Latina por el acceso a activos estratégicos claves para la transición energética.

Riesgo político

Por último, la mayor presencia de actores no estatales en los conflictos bélicos genera una nueva fuente de inestabilidad a nivel global. En materia económica, el FMI proyecta una disminución del crecimiento económico global, pasando de un 3,0% en 2023 a un 2,9% en 2024, cifra que está por debajo del promedio de 3,8% registrado entre 2000 y 2019. Los pronósticos más pesimistas anticipan cuatro D: desaceleración, desinflación, deuda y desglobalización.

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A lo anterior se suma un «tsunami electoral», el mayor de la historia, con alrededor de 80 procesos electorales en unos 70 países a nivel mundial. Obviamente muchas de estas elecciones no son sinónimo de más democracia, ya que en varios países autoritarios esas elecciones serán una farsa.

Riesgo Político América Latina 2024 da cuenta de una región que está experimentando un profundo cambio político con bajo crecimiento económico. Con desafíos sociales estructurales pendientes del siglo XX (pobreza, desigualdad, informalidad) todo ello en un contexto global de creciente conflictividad e incertidumbre, y mercados internacionales que no terminan de recuperarse del Covid y la crisis económica.

Uruguay es el líder latinoamericano en el «Índice de Democracia 2020», una clasificación global que identifica a 23 países como «democracias plenas», según los datos publicados por The Economist Intelligence Unit. La estabilidad democrática del país se ve reflejada en el Estado de derecho, con el Índice para el Estado de Derecho del World Justice Project que ubica a Uruguay en el primer lugar en la región.

Un Estado de derecho sólido y robusto se manifiesta también en otros aspectos, tales como la lucha contra la corrupción. Uruguay ocupa el puesto 14 de 180 países del «Índice de Percepción de la Corrupción», elaborado anualmente por Transparencia Internacional, y la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica  del Vance Center for International Justice otorga a Uruguay un ranking de 8.36 sobre 10.

Aun con este liderazgo consolidado en varios frentes de gobernanza pública, Uruguay enfrenta algunos desafíos en materia de independencia judicial. Es importante examinar estos retos desde una perspectiva comparada para brindar herramientas de apoyo a países que enfrentan escenarios más complejos y para evitar un retroceso interno que afecte el liderazgo democrático.

Independencia judicial

Las principales áreas de oportunidad  están relacionadas con la concentración de poderes y el elevado grado de discrecionalidad ejercido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La alta discrecionalidad se origina en la posición central que ocupa la SCJ en la administración de la judicatura, ya que ejerce control exclusivo sobre asuntos disciplinarios y administrativos como la máxima autoridad en el sistema judicial de Uruguay, sin criterios objetivos y claramente predefinidos.

En lo que respecta a la seguridad jurídica, es importante destacar que juezas y jueces en Uruguay no tienen inmunidad procesal. Esto significa que pueden ser objeto de investigaciones y enfrentar posibles condenas sin que haya un paso previo para retirar esta inmunidad. En algunos países esta inmunidad protege a personas impartidoras de justicia de denuncias sin fundamento. 

En consecuencia, los jueces tienden a ejercer cautela al expresar sus opiniones y al desempeñar sus funciones judiciales, ya que carecen de inmunidad por sus actos oficiales. Debido a esta carencia de protección contra represalias, los jueces uruguayos son particularmente vigilantes al emitir sus opiniones y dictar sentencias, temiendo posibles represalias de la SCJ en respuesta a críticas que podrían tener implicaciones en sus futuras carreras judiciales.

Esta falta de inmunidad es notable en una jurisdicción que cuenta con un marco institucional y legal fuerte, que debería establecer una barrera de protección al trabajo que hacen las personas que imparten justicia y que refuerza la estabilidad de este ejercicio judicial. La existencia de esta inmunidad hace parte de los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados por las Naciones Unidas.

Transparencia y ascensos

Otro de los aspectos que ha suscitado preocupación y denuncias, por parte de la Asociación de Magistrados del Uruguay, se relaciona con la alta discrecionalidad que ejerce la S.C.J. en lo que respecta a la administración de la carrera judicial. Los múltiples esfuerzos por establecer e implementar una carrera judicial transparente han sido opacados por obstáculos al interior del propio Poder Judicial.

El proceso de ingreso a la judicatura se desarrolla como un proceso competitivo basado en oposición y méritos, y culmina con una resolución administrativa.

No obstante, el mayor desafío del sistema judicial uruguayo radica en la falta de transparencia del mecanismo de ascensos y traslados, que se basa en calificaciones secretas y anónimas emitidas por jueces superiores procesales, lo que dificulta la evaluación justa de algunos magistrados y sus oportunidades de ascenso. Esto ha llevado a la Asociación de Magistrados del Uruguay a exponer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, generando inquietudes sobre la independencia de las personas que imparten justicia.

Reglas

La Constitución uruguaya otorga a la SCJ la autoridad para ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los tribunales, juzgados y otras dependencias del Poder Judicial. Además, tiene el poder de nombrar a los jueces letrados de todos los grados y denominaciones, con la única condición de requerir la mayoría absoluta de sus miembros, sin ningún otro control adicional.

En este contexto, la falta de reglas claras para evaluar el desempeño y los ascensos de los jueces tiene un impacto negativo en la independencia judicial, ya que afecta la autonomía interna de los magistrados. Por otro lado, la reglamentación emitida por la SCJ enumera una serie de criterios de evaluación, pero no especifica su ponderación, lo que crea incertidumbre y falta de control. Además, no se considera la antigüedad como un factor de calificación, a pesar de su importancia en la experiencia de los magistrados, según la Asociación de Magistrados.

Intentos de mejorar el sistema

En respuesta a esta preocupante situación, en 2019 se promulgó una ley que establece requisitos para el ingreso, traslado y ascenso de magistrados, basada en concursos de oposición y méritos. Sin embargo, la SCJ impugnó esta ley por inconstitucionalidad. La Asociación de Magistrados del Uruguay elaboró un proyecto de reglamento de carrera judicial con el propósito de lograr una regulación más objetiva y transparente. Lamentablemente, no ha logrado un diálogo efectivo para introducir cambios en el sistema, dada la falta de participación en su regulación.

En este punto es relevante resaltar el papel de la Asociación de Magistrados de Uruguay, que ha buscado soluciones desde el diálogo y la negociación representando la incomodidad de juezas y jueces de diferentes niveles en todo el territorio nacional. Son estos espacios los que visibilizan en escenarios nacionales e internacionales aquellas dificultades que enfrenta la judicatura, y amplifican voces individuales de manera colectiva y organizada.

Es preocupante que la SCJ en Uruguay, como país con una tradición democrática sólida, tenga un amplio espacio de discrecionalidad que presenta un alto riesgo para la independencia judicial. La falta de reglas y criterios claros pueden ser usados como una forma de presionar a jueces y magistrados con el fin de influir en el sentido de sus resoluciones, como se ve en otros países de la región como Guatemala.

Conclusiones

Las judicaturas más fuertes se caracterizan por el establecimiento de parámetros detallados en todos los asuntos relativos a la carrera judicial, sin eliminar del todo la discrecionalidad de funcionarias y funcionarios, pero haciendo de ella una discrecionalidad reglada y controlada por criterios objetivos.

También se destacan por su desconcentración de poderes administrativos y jurisdiccionales, que permiten a las altas cortes concentrar sus operaciones en la administración de justicia, delegando los asuntos de gobierno judicial. Finalmente, es importante examinar si el marco institucional y legal de los asuntos de funcionamiento de la judicatura se apega a los estándares internacionales y a las buenas prácticas, lo que al final protege a la ciudadanía y el derecho del acceso a la justicia.

El viernes 13 de octubre de 1972 un avión de las Fuerza Aérea de Uruguay con destino a Santiago de Chile, en el que viajaba un equipo de rugby del colegio Old Christians con sus acompañantes, se estrelló en la cordillera de Los Andes. Después de 72 días en la montaña, solo dieciséis de los cuarenta y cinco pasajeros sobrevivieron, porque dos de ellos consiguieron ayuda en Chile luego de caminar entre las montañas durante diez días. La decisión crucial, la de atravesar la cordillera, no fue un arrebato emocional e inconsulto. Fue tomada entre todos. Algunos sostenían que había que ir hacia el este (Argentina), pero la mayoría decía que había que caminar hacia el oeste (Chile) como finalmente ocurrió, realizando un ejercicio democrático ejemplar en una situación crítica.

Más o menos con estas palabras Fernanda Boidi y Adolfo Garcé (coordinadores) nos introducen en el libro La democracia uruguaya ante el espejo (2023, Planeta). Es un trabajo colectivo de más de 30 participantes, fruto del proyecto La Máquina de Aprender, con el objetivo de «instalar un ámbito político-académico de discusión, diagnóstico, y propuesta que permita generar insumos de alta calidad y alto impacto en la opinión pública para mejorar prácticas e instituciones de la democracia uruguaya».

A continuación va una breve reseña sobre el libro (que desde ya adelantamos es un aporte interesantísimo para la democracia) y al final algunos comentarios.  

La obra 

El libro de 385 páginas se ordena en siete capítulos. En el primero de ellos se presenta el enfoque teórico. En el segundo se aplica el enfoque sobre una selección de casos. Y desde el tercer capítulo al séptimo se presenta una selección de áreas temáticas.

Los temas son:

• Asesorías parlamentarias.
• Redes sociales.
• Representación política de la mujer.
• Gobiernos sub-nacionales.
• Mecanismo de Urgente Consideración.

Los temas son analizadas por los autores. A ello se suma una relatoría de los foros en los que se ha trabajado en el marco del proyecto con diversos actores periodísticos, académicos y políticos.

En grandes trazos, el libro plantea que en un contexto de recesión democrática global Uruguay tiene para contar su historia de la democracia. La pregunta disparadora es «¿por qué Uruguay ha logrado formar parte del pequeño puñado de democracias plenas del mundo?». La clave está, dice el libro, en que desde 1830 a la actualidad la democracia uruguaya «aprendió a aprender». Ha sido capaz de transmitir el aprendizaje a nuevas generaciones.

Para explicarnos esa historia en el segundo capítulo se presenta el marco teórico que adopta el trabajo, la teoría social de la evolución cognitiva de Emanuel Adler, un connotado politólogo uruguayo de prestigio internacional en el área de las relaciones internacionales. Sin perjuicio del vuelo técnico y académico del capítulo, en resumidas palabras nos muestra cómo una sociedad logra tener una comunidad de prácticas que, mediante ensayo y error (como la vida misma) va aprendiendo y transmitiendo nuevas prácticas democráticas, adoptando y readaptándose a los nuevos desafíos.

Política del Uruguay

Bajo este marco los autores identifican seis grandes hitos en la historia política uruguaya. Los llaman técnicamente  innovaciones cognitivas que demuestran la capacidad de aprendizaje de lo que llaman la comunidad de práctica democrática uruguaya.

Estos son: 1) La paz de abril de 1872 que dio paso a la práctica de la coparticipación. 2) El Doble Voto Simultáneo que surge allá por 1910 y amalgamó a los partidos y sus fracciones. 3) El Mecanismo de Urgente Consideración en la reforma constitucional de 1967 que fortalece al Poder Ejecutivo. 4) El «giro programático» de los partidos a partir de la irrupción del Frente Amplio en 1971. 5) La reforma constitucional de 1996 que trae consigo las elecciones primarias y candidatura única por partido. Y 6) la Ley de cuotas de 2009 que habilita a una mayor representación de la mujer en el Parlamento.

El capítulo sobre Asesoría parlamentaria que trabajó Daniel Chasquetti nos muestra una mirada a la que no estamos acostumbrados, porque no habla de legisladores, sino de staff. Tampoco nos habla de leyes y pedidos de informes, sino de toda la labor que rodea a la actividad legislativa. Estamos hablando de un corpus de no menos de 600 asesores (según el promedio del personal por legislador que se presenta en el trabajo) entre los cuales también hay 363 pases en comisión.

El capítulo sobre Redes sociales y política contiene muchos datos basados en la obra Twittarquía de uno de los presentadores, Juan Bogliaccini. También se presenta una interesante mirada a los comportamientos de redes activadas desde los partidos políticos y movimientos sociales en Argentina, trabajo de Natalia Aruguete. Ello después da paso a los comentarios de técnicos y actores políticos. Lo anterior otorga al capítulo una diversidad de miradas y opiniones para un tema que ha irrumpido con fuerza en la comunicación política.

Representación

Luego el capítulo sobre la Representación política de las mujeres, es presentado por la especialista en la temática Niki Johnson. Su estudio describe y analiza la actual situación de la representación política de las mujeres. Parte de una mirada histórica muy interesante que conecta con la Ley de cuotas (2009) y evidencia en la actualidad un estancamiento en la representación femenina. Esto da pie a la relatoría del tercer foro, donde los proyectos de paridad de género son objeto del intercambio.

El capítulo VI sobre Gobierno subnacionales nos muestra el informe que fue presentado en el marco del correspondiente foro en el departamento de Florida, por parte de Antonio Cardarello y Ernesto Nieto. En este punto son objeto de análisis desde la ingeniería electoral a nivel departamental, la producción legislativa de los ejecutivos y juntas departamentales y la dimensión municipal de la descentralización. También resulta enriquecedora la relatoría que contiene la opinión de los intendentes que participaron de dicha instancia.  

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Finalmente el capítulo VII sobre el Mecanismo de Urgente Consideración. Diego Luján y Gonzalo Puig repasan y analizan de forma sistemática la utilización y contenido del mecanismo de urgente consideración desde su aparición en la Constitución de 1967. A su entender advierten sobre el peligro de la normalización sobre su uso como «vía rápida» para aprobar legislación. Esta postura también se ve enriquecida por diversas opiniones del espectro político como se refleja en la relatoría.

Uruguay, ¿por qué?

Cerramos esta reseña con un comentario general sobre el libro.

Como suele ocurrir en estos trabajos uno podría preguntarse: ¿por qué la selección de unos casos y no otros, pensando en las seis prácticas de innovación institucional del capítulo II?

Se podría pensar en varias temáticas, que alcanzan al menos, similar magnitud e impacto sobre la democracia. Institutos de democracia directa es el primero. Quizás por el hecho de que es el medio por el que se legitima la primera reforma constitucional y se consolida posteriormente en plebiscitos y referéndums que marca en buena medida no solo el aprendizaje de la elite política, sino un rasgo de la identidad política uruguaya.

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La otra práctica que quizás puede tener su espacio, por razones similares de dimensión e impacto, es la Ley Orgánica Municipal que también marca a fuego desde 1935 el valor de la descentralización en el debate político del Uruguay. Y que tiene en la Ley de descentralización y participación ciudadana (2009) un hito importante del largo proceso de descentralización local en Uruguay. Podríamos agregar otros aspectos sensibles y carísimos para la democracia, como lo es la administración de justicia. O un factor que suele ser tabú y bien que podría merecer su foro como la relación entre fuerzas armadas y política. Por el momento hay suficientes insumos en este libro y esperamos que la máquina quede encendida.

Tantos factores concurren y tan difíciles de conciliar son los intereses de las partes involucradas que la única certeza de las elecciones presidenciales y legislativas del 13 de enero en Taiwán es que nadie sabe realmente qué rumbo tomará el conflicto en el Estrecho de Taiwán una vez elegido el nuevo presidente.

Pero lo que nadie descarta es que el resultado de los comicios podría encender la mecha de un enfrentamiento mayor que arrastre a China y Estados Unidos, las dos grandes potencias económicas y militares del planeta, a una guerra de consecuencias catastróficas nunca vistas para la humanidad y el destino del mundo.

Tensión cíclica

La tensión ha sido cíclica en la zona desde que, en 1949, el partido nacionalista Kuomintang (KMT) se refugió en la isla y monopolizó el poder luego de ser derrotado en la guerra civil por los comunistas de Mao Zedong. Hubo dos crisis con escaramuzas intermitentes en plena Guerra Fría y tras la aceptación del statu quo de un Taiwán independiente de facto pero no de iure.

Siguió una tercera en los años noventa, incluido el lanzamiento de misiles chinos, por entender Pekín que Taiwán desafiaba ese estatus y avanzaba hacia la independencia. Ahora, en un contexto completamente distinto, los equilibrios parecen más frágiles que nunca.

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Un Taiwán libre y próspero valora hoy, por encima de todo, su libertad. Aunque su sociedad está muy polarizada políticamente, sobre todo en cuanto a los derroteros por los que tiene que discurrir la relación con Pekín, el rechazo a integrarse en una China cada vez más beligerante y despótica es casi unánime. La deriva autoritaria en Hong Kong, donde la otrora vibrante sociedad civil ha sido destruida, ha tenido un impacto mayúsculo en la opinión pública taiwanesa. La fórmula de «un país, dos sistemas», pensado inicialmente para Taiwán como opción atractiva para la ciudadanía en tanto que debía preservar las libertades, es un fracaso y un engaño.

El anhelo taiwanés choca frontalmente con la pretensión del Partido Comunista chino (PCCh) de recuperar como sea el «territorio sagrado» de Taiwán para la madre patria, pese a que su pertenencia a China es históricamente discutible. En el reciente discurso de fin de año, Xi Jinping volvió a insistir: «la reunificación es inevitable».

El sueño de Xi

Taiwán es la pieza que falta en el ambicioso «sueño de China» concebido por el presidente chino. Esto tiene en 2049, en el centenario de la fundación de la República Popular, el horizonte de su consecución. Que Xi esté convencido de su misión histórica, y que en esa cruzada tenga garantizado que no tendrá oposición interna tras acabar con el liderazgo colectivo en el seno del partido, no ayuda a despejar los temores de una escalada del conflicto.

Podemos creer al PCCh cuando aboga en su retórica por una «reunificación pacífica» que cierre lo que la propaganda oficial llama «el siglo de la humillación» occidental. China no quiere una guerra ahora, primero, porque no tiene la certeza de ganarla. Y, en segundo lugar, porque su modernización sigue siendo su principal prioridad y en ese proceso su dependencia tecnológica de Estados Unidos y del mundo occidental sigue siendo evidente.

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Ha tomado nota, por tanto, de la reacción occidental contra Rusia por su invasión de Ucrania. Pero en dos circunstancias esto podría cambiar. Por un lado, si Taiwán cruza lo que Pekín considera una línea roja. Un ejemplo sería declarar la independencia, con lo que irá a la guerra sin importarle las consecuencias.

Por otro, aunque tiene otras opciones como el bloqueo de la isla, una superpotencia económica y militar en ascenso como la China actual podría invadir Taiwán en el momento que crea que puede hacerlo con éxito y un nivel aceptable de riesgos y costes.

Taiwán y el poder chino

Además de la resistencia más o menos numantina que Taiwán pudiera presentar, el principal riesgo para China sería la entrada de Estados Unidos en el conflicto. La «ambigüedad estratégica» de Washington de las últimas décadas ha sido un factor disuasorio, al no poder China predecir la respuesta estadounidense. Pero ahora Washington tiene sus propias razones para impedir la toma de Taiwán por China.

No es sólo la guerra ideológica de nuestro tiempo entre democracias y autocracias. Ni la desglobalización y rivalidad actual entre la primera potencia del mundo y la que aspira a serlo. Según distintos analistas, si China accede al control de la llamada primera cadena de islas, donde está Taiwán, podría proyectar su poder hacia la segunda cadena de islas hasta el bastión estadounidense de Guam y dividir el Pacífico en dos.

Y no sólo eso: también comprometería la maniobrabilidad de EEUU con sus aliados regionales, que eventualmente tendrían que aceptar una Pax Sínica que trastocaría el equilibrio en el Pacífico y, por tanto, en el orden mundial. Está en juego el fin de la hegemonía de EEUU en Asia y la transición de poder a China.

En este contexto, ¿cómo votarán los taiwaneses? Es difícil predecirlo, porque la sociedad taiwanesa es compleja, no hay una división ideológica clara entre izquierda y derecha y la polarización política es extrema. Los descendientes de los que llegaron a la isla en 1949 se identifican con el KMT, partido de tradición conservadora que no ha sabido renovarse. Y, por tanto, tiene poco predicamento entre los jóvenes. Apuesta por el diálogo con Pekín. Pero su excesiva cercanía con éste, incluido un acuerdo integral de cooperación con China que provocó un mayoritario rechazo popular, el «movimiento de los girasoles», dio el poder al Partido Demócrata Progresista (DPP) en 2016.

Statu quo

El DPP, de corte liberal, actualmente en el poder y con los sondeos a favor, recoge el voto más beligerante contra Pekín, pero es importante entender que en ambos partidos hay muchos matices, incluso con perfiles abiertamente antichinos en el KMT y personas del DPP que no apoyan la independencia.*

De hecho, el electorado taiwanés de ha caracterizado por castigar a los líderes y a los partidos que han puesto el statu quo en peligro, ya sea por su acercamiento a Pekín o por impulsar la independencia de la isla. Según una encuesta en un medio local, el 46% de los taiwaneses cree que habrá guerra en los próximos cinco años.

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Y, sin embargo, mientras los taiwaneses viven rutinariamente las operaciones de influencia y las incursiones navales y aéreas de China en su territorio, no hay en Taiwán nada parecido a una resistencia organizada «a la ucraniana». Oficialmente, se combate la desinformación y los ciberataques. Hay límites a la presencia china en la economía nacional y la financiación política y mediática. Las infraestructuras críticas y la inversión en semiconductores de la República Popular están fuertemente restringidas.

Cuestión existencial

Sin embargo, entre la población, la división es evidente, empezando por unas élites cercanas a Pekín por los beneficios económicos que el mercado chino ofrece. La falta de unidad es percibida como una debilidad en el contexto de unas elecciones que, quizá, marquen el futuro en la zona más caliente geopolíticamente del planeta.

Las consecuencias pueden ser desastrosas para los implicados, la economía global y la paz mundial. En los comicios se dirime, según las fuerzas políticas a ambos lados del Estrecho, «una cuestión existencial», una elección «entre la paz y la guerra».

*Nota del editor. El sábado 13 de enero, Lai Ching-te, de 64 años y actual vicepresidente del gobernante Partido Progresista por la Democracia (PPD) de Taiwán, fue electo presidente de ese país.

Publicado originalmente en Clarín el 07/01/2023.

Nacido en Friburgo en 1942, y con una infancia marcada por el contexto de la posguerra, la carrera de Wolfgang Schäuble fue sinónimo de un compromiso con el servicio público, inculcado por la impronta familiar y perfeccionado por la acuciosidad adquirida en sus estudios como abogado.

Orígenes modestos y ascenso sostenido

En los años sesenta, comenzó la carrera política de Schäuble cuando se unió a las filas de la Juventud de la Unión Demócrata Cristiana. Luego se afilió al partido como militante pleno. Si bien sus primeros tiempos en el Bundestag en 1972 no fueron demasiado auspiciosos, desarrollados en un contexto de predominio del Partido Socialdemócrata (SPD) y las cancillerías de Brandt y Schmidt, esto no lo amilanó. Navegó por las complejidades de la vida parlamentaria con decisión, haciendo equipo con Helmut Kohl, entonces una estrella en ascenso de la política alemana.

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En 1984, Schäuble asumió el cargo de ministro federal de asuntos especiales y jefe de la cancillería federal bajo Kohl. Sirvió lealmente en sus cinco gabinetes. Su perspicacia en la negociación de los tratados sobre la reunificación alemana en 1990 marcó un momento crucial. Solía reflexionar sobre cómo las alegrías de la reunificación fueron opacadas por los desafíos del legado poscomunista y los retos de la integración de la sociedad de la Alemania del Este a las promesas de libertad.

Este momento cumbre de su carrera chocó con la tragedia en 1990, cuando un atentado ejecutado por un solitario antisocial lo dejó parapléjico. Este evento, que habría cambiado la vida de cualquiera, no logró sofocar la presencia de ánimo de Schäuble, caracterizada por el afilado humor de polemista parlamentario.

Crisis y puentes a la nueva generación

La relación tensa con su antiguo socio político, Helmut Kohl, fue puesta a prueba al enfrentar con lealtad pero también con distancia la tormenta del escándalo de donaciones de la CDU. Este forzó su renuncia a las altas posiciones dentro del partido en 2000. Su aspiración de suceder al gigante político renano cesó con la crisis del Schwarzgeldaffäre, pero también por la prolongada carrera de su compañero.

Este revés, sin embargo, allanó el camino para un renacimiento, emergiendo como un puente entre generaciones. Como uno de los consejeros en el avance de Angela Merkel dentro del liderazgo del partido, se convirtió en su ministro del Interior. En 2009, asumió como ministro federal de finanzas. Navegó por las aguas tumultuosas de la crisis del euro, marcada en el severo auxilio al sistema económico griego, y ante el referéndum del brexit. Su compromiso con una Unión Europea flexible, que acomodase a la miríada de posiciones y condiciones de sus diversos Estados miembros mientras defiende los principios fundamentales de las democracias de libre mercado, mostró una comprensión matizada de las complejidades inherentes a la integración europea. Schäuble defendió una visión de unidad en medio de la diversidad, sin la rigidez de Estrasburgo o Bruselas.

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Hacia los últimos años de su carrera llegó a presidir el Bundestag, de 2017 a 2021. Desde esa posición defendió la importancia de la moderación y el encuentro dentro de las instituciones democráticas. Y trató de moderar las expresiones extremistas paralelas al ascenso del partido Alternativa para Alemania (AfD). Nunca logró su ambición de llegar a la cancillería. Sin embargo, Schäuble siguió siendo el consejero pragmático y sabio de líderes sucesivos de la CDU, encarnando la esencia de la experiencia en la política.

Experiencia y consejo

La muerte alcanzó a Schäuble formalmente con el rol que vio su inicio político: un modesto parlamentario en la bancada cristianodemócrata tras la elección de 2021. Pero la verdad es que representó mucho más. En un mundo que presencia una escasez de políticos veteranos, el legado perdurable del badenés Schäuble se nos presenta como un recordatorio conmovedor de la indispensabilidad del liderazgo experimentado.

El rápido cambio de ministros en las democracias avanzadas a menudo deja un vacío de memoria institucional y previsión estratégica. Schäuble, como el miembro más antiguo del Bundestag del actual sistema democrático alemán, personificó la estabilidad y la continuidad que los líderes experimentados pueden proporcionar. Su responsabilidad al renunciar a la presidencia del partido en 2000 es también un aleccionador ejemplo de cómo, en una democracia, hasta las figuras más venerables no son inmunes a las fallas en la rendición de cuentas, pero también cómo la grandeza obliga a la transparencia y la responsabilidad.

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Con la partida de Schäuble se conmueven los valores que representó, valores que trascienden los partidos políticos y hablan de la esencia de un estadista. En una era donde los paisajes políticos cambian con una frecuencia alarmante, y donde hasta los partidos más duraderos parecen estar desencajados ante la doble alternativa del liderazgo populista y la promesa tecnocrática, la lección de Schäuble descansa en buscar un equilibrio armonioso entre la experiencia y la responsabilidad, reconociendo que los promotores de la democracia no solo deben resistir las pruebas del tiempo, sino también responder con modestia a los más altos estándares de integridad.

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Henning Speck es asesor de política exterior y seguridad. Trabaja para el grupo parlamentario formado por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) en el Bundestag alemán. En su carrera diplomática ha desempeñado roles claves en el ámbito de la cooperación transatlántica y ha contribuido a la formulación de políticas alemanas en asuntos de seguridad.

Speck es conocedor de Latinoamérica. Lo citamos para compartir su visión sobre las relaciones entre Alemania y América Latina a la luz de la nueva estrategia que ha publicado el grupo CDU/CSU en su documento «Aliados para los nuevos tiempos».

Hacia el largo plazo

¿Qué piensan hacer sobre el vínculo con América Latina y el Caribe?

—Para los democratacristianos la cooperación con los Estados de Latinoamérica y el Caribe siempre tuvo una importancia específica. La colaboración partidaria con partidos políticos en otros países tiene su origen en la cooperación misma con América Latina. En tiempos donde proliferan regímenes autocráticos, los Estados latinoamericanos siguen siendo los más democráticos fuera de Europa y América del Norte.

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Desafortunadamente, hemos perdido un poco de vista a América Latina en las últimas décadas hasta que por fin nos dimos cuenta de la importancia de la cooperación con los países de la región. Necesitamos socios cercanos, con una cooperación mucho más intensa en una época de competencia de modelos políticos. Y muchos de esos socios los encontramos en América Latina y el Caribe. Justo eso subrayamos en la estrategia 2023 de la CDU/CSU. 

¿Qué busca decir la CDU/CSU a la región con este nuevo documento de posición? 

—Queremos enviar esta señal: América Latina y el Caribe son extremadamente importantes para el futuro de Europa y del mundo. Hay un interés común en colaborar de manera más estrecha. En la estrategia ofrecemos puntos concretos en los cuales podemos trabajar juntos y fortalecer estos lazos. El comercio libre es un aspecto importante. Igualmente, las inversiones. Pero también el diálogo político sobre temas globales. Lo importante es que estas relaciones no se limitan al corto plazo. Más bien, representan una alianza estratégica de largo plazo con miras al futuro.

China en América Latina

¿Cuáles podrían ser las implicaciones económicas para Europa de la creciente presencia comercial de China en América Latina?

—En casi todos los países de la región, China es el socio comercial más grande, lo que en el pasado fueron los Estados Unidos o los países europeos. En América Latina encontramos recursos claves para las industrias del futuro, litio o hidrógeno verde, por nombrar dos. Nosotros en Europa tenemos un interés vital de estar presentes en América Latina cooperando en las minerías para aumentar el valor añadido en la región misma.

Para América Latina es esencial diversificar sus socios comerciales, para no ser demasiado dependiente de un solo mercado. Con esta meta, Europa tendrá que demostrar una presencia continua en América Latina e invertir más en la región, en proyectos de infraestructura, entre otros. Un elemento para fortalecer los lazos entre nuestras dos regiones sería finalizar acuerdos de libre comercio importantes. Justo por eso, nosotros como bancada empujamos tanto que se finalice y ratifique de una vez el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Este acuerdo sería un game changer a nivel mundial.

Ofertas e iniciativas

¿Cuáles son las medidas concretas que Europa está implementando para fortalecer sus relaciones comerciales con América Latina? 

—Necesitamos medidas en varias áreas: políticas, diplomáticas, económicas e industriales. Tenemos que volver a tener cumbres birregionales como la cumbre UE-CELAC con más frecuencia, pero también en formatos subregionales o bilaterales. Está muy bien que las negociaciones gubernamentales entre Alemania y Brasil hayan tenido lugar otra vez después de ocho años de pausa. Porque estos formatos ayudan a coordinar posiciones y tener un diálogo abierto y honesto sobre las prioridades y los intereses de cada región.  

Los países europeos deben aumentar su presencia (también comercial) en toda la región. Existen muchas oportunidades de inversión y de comercio. América Latina tiene abundancia de recursos claves, pero también un déficit en inversiones infraestructurales.

En promedio hay una población bien educada y (en comparación con otras regiones del mundo) América Latina no lucha con el problema de la superpoblación. Todo esto son condiciones marco muy positivas. Obviamente, en la competencia con China y otros actores tenemos que hacer ofertas lucrativas e interesantes. Eso también requiere recursos. La propuesta de hacer justo eso en el marco de la iniciativa Global Gateway es muy importante. En los próximos años vamos a invertir billones de euros en proyectos de infraestructura, de protección del medio ambiente y en otras áreas. Eso seguramente nos va a abrir otras puertas y fortalecer los lazos.

Reservas estratégicas y colaboración

¿Qué implicaciones para Europa tiene la presencia de importantes reservas mundiales de litio, cobre y agua en América Latina?

—La existencia de reservas constituye una dimensión estratégica clave entre nuestras dos regiones. Para toda la modernización de ambas industrias y economías es sumamente importante que conjuguemos esfuerzos. Esa cooperación (siempre basada en una transferencia de conocimiento y con la visión de crear valor añadido en los países latinoamericanos) puede ser un win-win real para los dos lados. Asimismo, podemos lograr paso a paso la descarbonización de nuestras industrias y al mismo tiempo mejorar la competitividad y contribuir a proteger el medio ambiente.

La cooperación no debe enfocarse solamente en las reservas de materias primas, sino también en la cooperación científica y de alta tecnología. Nosotros aspiramos una colaboración abarcadora.

¿Cómo podría contribuir Europa en abordar el desafío de la criminalidad organizada?

—La situación de inseguridad es uno de los desafíos más grandes de la región y el mayor impedimento para un desarrollo hacia mayor prosperidad en algunos países.

Es sumamente importante que logremos juntos que el Estado de derecho prevalezca y que los respectivos gobiernos puedan ejercer sus poderes democráticos.

Alemania ha tenido muy buenas experiencias con una fuerza policial descentralizada, basada en el Estado de derecho, democráticamente controlada. Aquí, Alemania podría desempeñar un papel aún más intensivo en la formación y educación de los agentes de policía. Pero fortalecer el Estado de derecho, especialmente el poder judicial, también sigue siendo una tarea importante. Este tipo de cooperación, al final, también conduce a mejores condiciones para la economía.

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El progreso de los derechos humanos no se mide por el número de los tratados internacionales que se ratifican o los convenios que se negocian. Menos aún por las denuncias de sus violaciones o los discursos que invocan a los muertos para legitimar decisiones inconsultas. Ni por el sufrimiento que exhibimos como víctimas. Ni por la invocación de los treinta mil desaparecidos para mostrar superioridad ideológica.

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¿Dónde nacen entonces? A setenta y cinco años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, los argentinos debiéramos hacernos la pregunta de su apasionada impulsora, Eleanor Roosevelt, que ha guiado el debate en torno al progreso moral de una concepción nacida como antídoto al veneno de los totalitarismos. Entonces, ¿¿¿dónde comienzan los derechos humanos universales??? Eleanor Roosevelt dio una respuesta ya legendaria:

«Comienzan en los lugares pequeños, cerca de casa, tan cercanos y pequeños que no se pueden ver en ningún atlas, pues son el mundo de la persona individual. El barrio en el que vive; la escuela o universidad a la que asiste; la fábrica, la granja, o la oficina donde trabaja. Estos son los lugares donde cada hombre, mujer, niño buscan igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, igual dignidad sin discriminación. Si estos derechos no tienen significado ahí, no lo tendrán en ningún otro lugar. Sin una acción ciudadana concertada para defenderlos cerca de casa, nuestra búsqueda del progreso en el mundo será en vano».

Lucha por la libertad

Los argentinos no necesitamos acudir a los números de la pobreza, el adoctrinamiento en las escuelas y las universidades, la extorsión de los sindicatos, la desconfianza con la que convivimos y el desprecio de los gobernantes a la participación ciudadana para demostrar que ni la invocación a los derechos humanos en el discurso oficial ni los convenios y tratados que nos apuramos a firmar nos hicieron mejores seres humanos, libres y responsables, con ese privilegio que es tener derechos y libertad. Un fracaso que en parte se explica porque los derechos humanos quedaron asociados a las torturas, muertes y secuestros de la dictadura. Y cuando se gobierna sobre cadáveres, como advirtió Hannah Arendt, no existen las categorías políticas. Los argentinos recuperamos la rutina electoral, pero estamos lejos de haber rehabilitado la política en el sentido de la pluralidad democrática, la alternancia y el respeto a la diversidad.

La historia del hombre es también la lucha por su libertad. Pero fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre la que impulsó en los países europeos el mayor periodo de prosperidad y desarrollo. Porque los derechos humanos solo se enraízan culturalmente en las llamadas democracias liberales.

Desigualdad y derechos

Hasta ahora hemos tenido continuidad electoral, un logro que no se debe desdeñar, pero sobrevive la desigualdad de derechos e ingresos, la prepotencia del poder, la ideologización de la noción de derechos humanos, tanto en el discurso oficial como en las organizaciones de derechos humanos que, al agregar el ismo a sus reivindicaciones, ya delatan el sectarismo de sus reclamos. Y una enorme confusión en relación con la dignidad de las personas. No hay superioridad moral en el sufrimiento y sí en la autoafirmación como personas dignas capaces de pensar por sí mismas y de movilizarse sin que las extorsionen. En la mayor pobreza o en la desesperación más justificada, la vida tiene un sentido moral, la dignidad que nos define personas, que no depende del lugar donde nacimos ni de los títulos ni las pertenencias.

No es un consuelo saber que no somos el único país en el que existe una distancia entre las leyes que garantizan derechos y la realidad social, ni que la política ha sido cooptada por verdaderas dinastías familiares en las que se repiten los apellidos y los cargos se perpetúan, y por eso, el mérito carece de valor. Pero todo esto nos recuerda que, en Argentina, la conquista de la democracia como igualdad para todos es todavía una meta a alcanzar.

Al menos, ya sabemos que la democracia es la mejor escuela para aprender a argumentar. No necesitamos gritar ni insultar, porque tenemos la fuerza de los fundamentos. Siempre y cuando no cancelemos lo que nos torna personas, pensar libremente. Sin miedo.

Denunciamos las violaciones. Resta ahora que anunciemos cuáles son esos derechos que solo garantiza el sistema democrático, ya que con libertad podemos reclamar que nos falta el pan.

El riesgo de la politización

Como escribió Mary Ann Glendon, profesora, jurista, diplomática y activista en derechos humanos, autora de un libro imprescindible, Un mundo nuevo. Eleanor Roosevelt y la Declaración Universal de Derechos Humanos: «Cada vez que los derechos humanos se politizan, se incrementa el riesgo de que la protección de derechos humanos se convierta en pretexto para imponer la voluntad del más fuerte por medio de intervenciones armadas o presión económica».

Por eso, en tiempos de polarización ideológica, vale repetir que los derechos humanos no son de izquierdas ni de derechas. Son la más bella utopía humanitaria. No solo garantiza derechos por la condición humana, sino que son la protección que tienen los ciudadanos ante la prepotencia de los Estados.

Desde que la recuperación democrática en Argentina sucedió un 10 de diciembre, hemos quedado encadenados a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Esos que debieran ser nuestra Biblia cívica.

Publicado en el portal de CADAL el 5 de diciembre de 2023.

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El deterioro democrático en América Latina no es novedad, pero sí lo es la complejidad de sus distintas expresiones en la región. La expectativa de una segunda marea rosa se ha encontrado con divisiones dentro del bloque regional. La democracia latinoamericana enfrenta una creciente deriva antidemocrática, sin distinciones ideológicas.

El promedio regional de democracias en América Latina se encuentra en su nivel más bajo desde 1989, según el reporte 2023 Resistencia frente a la autocratización, de Varieties of Democracy. Los hallazgos del estudio muestran que, a pesar de los avances en el pasado, la tendencia se inclina hacia un mayor deterioro democrático.

Índice de democracia electoral en Latinoamérica

Fuente: Elaboración de la autora con datos de Varieties of Democracy, 2023.

Tendencias antidemocráticas

Ahora bien, lejos de lo que describe Michael Reid en El continente olvidado sobre la primera marea rosa y el debate ideológico que produjo, la región se ha contagiado del sentimiento antidemocrático que aqueja a las democracias occidentales. Por un lado, están los gobiernos que mantienen un compromiso democrático, como Chile, Brasil, y Argentina, mientras que, por el otro, Cuba, Venezuela y Nicaragua continúan profundizando su naturaleza autoritaria.

El más reciente reporte de IDEA, El Estado Global de la Democracia 2023, señala que la democracia goza apenas de un 48% de apoyo en la región. Esto explicaría el ascenso de figuras autoritarias, y el desarrollo de un sistema político polarizado.

El informe Latinobarómetro 2023 llega a las mismas conclusiones sobre la profundización de liderazgos populistas y la fragmentación de los sistemas políticos. Hace énfasis en la erosión de los valores y prácticas democráticas, y la corrupción en las élites políticas. En el fondo, lo que nos dicen los estudios que miden a la democracia, es que en Latinoamérica hay un profundo desencanto por la incapacidad de las élites políticas para materializar las promesas de la democracia.

En ese mismo orden de ideas, Grundberger y Arellano, indican que la corrupción, pobreza e influencia de tendencias autocráticas contribuyen a sembrar desconfianza en las instituciones políticas. Sin embargo, y a diferencia del pasado, «hoy son cada vez menos los golpes militares deponiendo a gobiernos democráticamente electos». Los militares han tenido un rol más reducido en este período de erosión democrática, como lo señala Vivas. A lo que Lagos añade: «el declive de la democracia ha llegado con el surgimiento de partidos de extrema derecha en países democráticos y de autocracias en países que fueron parte de la llamada “tercera ola democrática”».

Dictaduras y democracias

Huntington registró entre 1974 y 1990, al menos treinta transiciones a la democracia, en las que identificó como causas del fenómeno:

1. La profundización de los problemas de legitimidad que experimentaron los regímenes autoritarios y el bajo desempeño luego de fracasos económicos y militares.
2. El inesperado crecimiento económico de los sesenta y la expansión de las clases medias.
3. El papel de la Iglesia católica después del Concilio Vaticano II, y su papel en el ámbito geopolítico.
4. Cambios en la comunidad internacional (Unión Europea, EE. UU. y URSS).
5. El efecto bola de nieve de las primeras etapas de la tercera ola de democratización.

En América Latina, solo Colombia, Costa Rica y Venezuela tenían elecciones libres a mediados de los años setenta (Zovatto). La consolidación democrática se extendió por la región debido al agotamiento del modelo autoritario militar y su ineficiencia para responder a las crecientes demandas sociales. Sin embargo, la democracia no se desarrolló de manera uniforme en todo el hemisferio. En algunos casos fue un proceso gradual, como lo señala Alcántara Sáez, amenazado además por sus propias debilidades estructurales (Vivas).

La consolidación democrática, aun con esos desafíos y limitaciones, estuvo arraigada en la creencia en los valores democráticos. En sociedades bajo regímenes autoritarios, la lucha por la democracia fue un proceso articulado que coincidió con transformaciones sociales y debilitamiento del modelo autoritario. Además, resulta significativo entender este proceso de consolidación democrática como parte de la aspiración a trascender la modernización política y económica que prometieron los autoritarismos militares.

Transición y retrocesos

A mediados de la década de los noventa se registraron retrocesos en los procesos de democratización en la región, que frenaron el avance de los cambios institucionales a los que se aspiraba. La reversión democrática que está experimentando América Latina, como en los casos de Venezuela y Nicaragua, podría verse desde el análisis de Huntington sobre los factores que contribuyeron al declive de las transiciones democráticas de la primera y segunda olas:

1. Debilidad de los valores democráticos de las élites y el público en general.
2. Crisis económicas y su incidencia en los conflictos sociales, favoreciendo fórmulas autoritarias.
3. Polarización política como consecuencia de la rápida incorporación de políticas reformistas en el ámbito económico y social por gobiernos de izquierda.
4. Rechazo de las clases medias y altas conservadoras al ejercicio del poder por los movimientos populistas, de izquierda y de las clases bajas.
5. Descomposición del sistema de administración de justicia como consecuencia del terrorismo o la insurgencia.
6. Intervencionismo de países antidemocráticos.
7. Efecto bola de nieve inverso, estimulado por el colapso o derrocamiento de regímenes democráticos en otros países.

Si bien la democracia todavía goza de apoyo, es necesario reconocer el deterioro en la confianza en sus instituciones. The Economist señaló la tendencia entre jóvenes latinoamericanos de favorecer liderazgos autocráticos en el más reciente estudio de Latinobarómetro 2023. A lo largo de la región, desde Colombia hasta Chile, los ciudadanos han salido a las calles a demandar cambios en las políticas sociales, moviendo el péndulo de derecha a izquierda. Sin embargo, los casos de Perú, Ecuador y Guatemala evidencian que las élites políticas siguen desconectadas de sus ciudadanos.

Injerencia y desaceleración

La corrupción del Poder Judicial aparece con frecuencia en el análisis sobre el deterioro democrático de la región, tanto en casos de autoritarismos (Venezuela y Nicaragua), como en democracias parcialmente libres (Guatemala, El Salvador). Por otra parte, el intervencionismo de países antidemocráticos no ha disminuido. Además de la documentada injerencia cubana en Venezuela, Rusia y especialmente China ejercen influencia en la región, indistintamente del signo político del gobierno.

Los regímenes democráticos en Latinoamérica se encuentran experimentando una desaceleración desde 2005. Luego de la tercera ola de democratización, hacia finales de la década del setenta, con las transiciones en Ecuador, Perú y Argentina, la región comenzó un período de declive con la autocratización de las democracias débiles en Venezuela, Honduras y Nicaragua.

El debate sobre la erosión democrática se ha profundizado, debido a que, por una parte, la discusión apunta hacia la reversión de la ola democratizadora (desdemocratización). Mientras que, por otro lado, se entiende como un estancamiento en los procesos de democratización. Se trata entonces de examinar el declive democrático en el contexto de unas democracias con variados niveles de estabilidad y trayectoria, que ahora se encuentran sumidas en procesos de regresión democrática.

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Tras la reciente aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial, la Unión Europea marcó un hito en la agenda global sobre el tema. Una iniciativa que «pretende garantizar que los sistemas de IA comercializados en el mercado europeo y utilizados en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores de la UE». Con este paso, se ha convertido en la primera región del mundo en regular exhaustivamente los usos de la IA.

El desarrollo, implementación y uso de la IA tienen implicaciones éticas que pueden afectar la vida de las personas.  Para la presidencia de turno del Consejo de la UE, la meta de la ley de IA ha sido posicionarse como un referente mundial. Regula la IA con un enfoque humanista y haciendo hincapié en los riesgos. Este acuerdo ha sido solo el punto de partida. Los próximos pasos para su implementación serán la ratificación de la norma por los 27 países miembros de la UE y su reglamentación hasta el 2026.

¿Cómo busca regular la UE?

En un entorno tecnológico que evoluciona ágilmente, dos años parecen eternos. El reto ha sido regular lo desconocido. Para que la ley esté a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos venideros, la UE ha enfocado las propuestas en los usos y principios, no en tecnologías específicas. A través de limitaciones y prohibiciones se establecen garantías, como:

• la prohibición del reconocimiento biométrico facial en tiempo real. Excepto, previa orden judicial, en supuestos relacionados con el combate del crimen y terrorismo;
• la prohibición de sistemas de puntuación social (o social score). Es decir, sistemas para evaluar y clasificar el comportamiento de los individuos u organizaciones a través de puntos, online o en la vida real;
• la prohibición del reconocimiento de emociones en los ámbitos educativos o laborales;
• obligaciones de transparencia de los modelos fundacionales, como ChatGPT. Para prevenir riesgos como la información falsa, programas malignos y otros usos perjudiciales.

Normativa y riesgo

La normativa establece una clasificación basada en el nivel de riesgo asociado a los usos de la IA. A mayor riesgo, se imponen reglas más estrictas y consecuencias más severas. La escala parte de «riesgo mínimo» (no produce obligaciones), «riesgo limitado» (obligación de transparencia), «alto riesgo» (medidas de autoevaluación). En el nivel más elevado se encuentra el «riesgo inaceptable» (prohibición). La clasificación considera los riesgos éticos asociados a la aplicación de algoritmos que podrían tener sesgos y generar medidas discriminatorias. Para garantizar su implementación, se propone la creación de una oficina de IA dentro de la Comisión Europea.

En última instancia, la normativa busca incentivar la inversión en IA en la UE con el objetivo de consolidar su posición como un mercado competitivo frente a Estados Unidos y China. Aunque existe la preocupación de que una regulación excesiva pueda obstaculizar la innovación y el desarrollo tecnológico, como indica Anu Bradford, autora del libro Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology. Otros factores influyen en la competitividad europea. Entre ellos, la ausencia de un mercado digital integrado generando limitaciones para escalar, las limitaciones de la región en generar un mercado de capitales sólido que facilite la inversión en innovación; los desafíos culturales y legales en relación con la toma de riesgos; así como la oportunidad de mejorar la captación de talento global en proyectos innovadores.

Tres modelos disponibles

Según el Insights Compass 2023 de Statista, como líder global del mercado, Estados Unidos tiene la mayor demanda de inversiones en IA. Sin embargo, el crecimiento será más rápido en China. Aunque ambos países comparten el liderazgo global en IA, sus regulaciones son diametralmente opuestas. En la presentación de su libro, Anu Bradford analiza tres modelos de regulación digital que compiten a nivel global:

• El modelo estadounidense, accionado por el mercado, ofrece incentivos para la innovación. Con un limitado papel gubernamental, la gobernanza tecnológica está liderada por las grandes compañías. Este modelo exporta su poder privado: los servicios de las empresas tecnológicas.
• El modelo chino, accionado por el Estado, a través del uso de recursos estatales busca convertirse en una superpotencia tecnológica. Dichos recursos también se emplean para la vigilancia, censura y propaganda estatal, con el propósito de preservar el poder político. Este modelo exporta su poder de infraestructura como la construcción de redes 5G, centros de datos y ciudades inteligentes (y seguras, según la lógica china).
• El modelo europeo, accionado por los derechos, proteger los derechos fundamentales de los individuos y las estructuras democráticas, así como una distribución más justa de las ganancias generadas por la transformación digital. Este modelo exporta el poder de la regulación, liderando la redacción de normativas y globalizando prácticas y estándares a nivel mundial.

Modelo Estados Unidos

En noviembre hubo un giro en el modelo de Estados Unidos, cuando el presidente Biden anunció una orden ejecutiva para regular la IA. Fue una paradoja respecto a la necesidad de asegurar que las grandes empresas tecnológicas continúen operando con pocas restricciones. Hasta ahora, esta acción podría interpretarse como respuesta a los crecientes temores en el contexto de las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Las nuevas tendencias en la regulación de IA generarán nuevas oportunidades para examinar cómo estas decisiones afectarán la dinámica global.

Latinoamérica

Latinoamérica lidera la exportación de algunas materias primas cruciales para el desarrollo tecnológico, pero enfrenta una paradójica dependencia tecnológica. Como sostiene Diego Pérez Enríquez en su artículo «Seguridad e IA», la carencia de capacidades propias para el desarrollo tecnológico obliga a la región a depender de lo que llegue, cuándo y de la manera en que sus productores decidan compartirlo. Esta dependencia también se manifiesta en la formulación de regulaciones que, en el caso de la IA, tienden a darse de manera reactiva.

Al 2023, Norteamérica lidera la inversión en IA con 82.330 millones de dólares, mientras que Sudamérica se encuentra rezagada en la lista con 4.850 millones de dólares, lo que demuestra la enorme brecha en el tema. Un aumento de estas inversiones podría lograr un cambio significativo en la economía latinoamericana, si se considera que el potencial porcentaje que el mercado de la IA podría representar sobre el PIB para el año 2030 oscila entre 7,3% y 9,4%.

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En una región con necesidades urgentes de infraestructura, los gobiernos pueden verse atraídos por el modelo chino para enfrentar problemas como, por ejemplo, el crimen organizado, a través de la implementación de sistemas de vigilancia basados en IA. La falta de una discusión pública adecuada sobre las consecuencias de la implementación de determinadas soluciones tecnológicas de IA podría amenazar los derechos y tener efectos irreversibles en la democracia.

La generación de nuevas regulaciones debería priorizar la protección de la democracia y el Estado de derecho, así como salvaguardar el derecho a la privacidad y fomentar la innovación tecnológica. Estos elementos, en conjunto, deben trazar el camino hacia una regulación responsable de la IA en Latinoamérica.

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La matriz de origen de un proyecto político marca muchas de las características con las que se maneja cuando llega a ejercer una gestión ejecutiva. Los primeros pasos de la presidencia de Javier Milei en la Argentina muestran que el carácter disruptivo de su candidatura se ve reflejado tanto en la orientación de sus medidas como en el estilo de comunicación y liderazgo.

Si bien su núcleo íntimo no tiene experiencia en gestión pública y en la política, finalmente su gabinete quedó relativamente equilibrado en ese aspecto. De los once funcionarios top —nueve ministros más la jefatura de gabinete y la secretaría general de la presidencia—, la mitad sí tienen una trayectoria previa. De esa mitad, tres son claves: los de Interior, Seguridad y Economía. Al final, recurrió más a los duchos en este ámbito que lo esperable, lo cual reduce la probabilidad de improvisación o riesgo. Una foto más acabada se podrá tener dentro de unas semanas. Se espera que entonces se completen los distintos planteles en las segundas y terceras líneas de la Administración nacional. En este aspecto, la ocupación de muchos casilleros va lenta.

Estilo personalista

Dado el carácter altamente personalista del proyecto de La Libertad Avanza, era de esperar un control férreo desde el vértice de la pirámide sobre las decisiones y sobre la comunicación. Esto suena lógico teniendo en cuenta que el equipo de gobierno no estaba previamente constituido. Por el contrario, se fue formando mayormente en la transición con gente que nunca funcionó como tal, ni siquiera militó políticamente en el espacio.

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El propio presidente ha tenido muy poca actividad comunicacional directa con los medios, más allá de su actividad en redes. En los días que lleva en el cargo, solo ha dado un discurso en una celebración judía y a través de un vivo en Instagram. La comunicación de las medidas y la opinión sobre los temas de coyuntura la están haciendo algunos ministros.

De esta manera evita un desgaste prematuro, teniendo en cuenta la vorágine de la crisis económica y los anuncios antipáticos del ministro del área. Esto contrasta fuerte con el alto perfil que Milei tuvo durante su largo proceso de posicionamiento en los dos años previos. Daría la impresión de que preserva su palabra para las ocasiones especiales, de modo que haya expectativa sobre lo que enuncie.

Medidas económicas

Por el momento, el vocero presidencial está teniendo un rol comunicacional muy relevante. Está dando una conferencia de prensa todos los días y, en algunas ocasiones, hasta dos. Dada la alta demanda informativa que existe en esta etapa inicial, esto tiene sentido, además de la alta intensidad de definiciones que están produciendo, sobre todo en el plano económico. Quizá con el paso del tiempo esa frecuencia tienda a bajar. El vocero —que previamente desempeñaba un rol periodístico— está intentando ser bastante institucional en su comunicación. Aunque no deja de filtrar el sesgo ideológico de la nueva administración.

Como era lógico, la agenda está sobre todo inclinada a las medidas económicas en el marco de la crisis y todo lo relacionado con el eventual trámite parlamentario. En menor medida están apareciendo las cuestiones relativas a la seguridad y el orden público. Un ejemplo de ello es el nuevo protocolo para las manifestaciones en la vía pública. En un punto, siendo el presidente de formación y profesión economista, está teniendo una especial atención sobre el día a día de la evolución de ciertas variables financieras que marcan la sensación térmica de corto plazo.

Giro de 180 grados

El programa de reformas económicas representa un giro de 180 grados respecto a lo que históricamente fueron las gestiones kirchneristas y propende una alta desregulación estatal. Un presidente en la Argentina tiene mucho poder para tomar decisiones ejecutivas, y hasta legislativas a través de los decretos de necesidad y urgencia. Más allá de que esas cuestiones más ambiciosas y polémicas deben pasar por el Congreso. Este es un punto clave de la gobernabilidad, dado que es el mandatario políticamente más débil desde la recuperación de la democracia en 1983. No posee ningún gobernador de su signo político, en un país de diseño federal. Solo tiene siete senadores sobre 72, y 38 diputados nacionales sobre 257. Es decir, depende fuertemente de negociaciones para dar cada paso.

En ese marco, el nuevo gobierno se ha mostrado bastante pragmático, alejado de algunos dogmatismos con los que se identificó en campaña. Eso lo ha llevado a desdecirse sin problemas de algunas consignas (por ejemplo, que no iba a tener relaciones políticas con países comunistas, teniendo en cuenta la relevancia del mercado chino para la economía argentina). En segundo lugar, ha entablado muchos canales de negociación con las distintas expresiones de la oposición. Por eso, la relación que tenga con los gobernadores —sobre todo los peronistas— será fundamental para encolumnar votos en ambas cámaras del Congreso, explotando las mutuas conveniencias.

Reducción de gastos

Dado que el ajuste buscado es enorme —intentará reducir el gasto equivalente a 5 puntos del PIB—, la gran pregunta en estos primeros días es cuánta tolerancia social habrá, sobre todo en el sector de menores recursos, en donde Milei logró uno de sus mejores desempeños. Argentina ya pasó por dos crisis muy severas y salió exitosamente: 1989 y 2002. Sin embargo, ambas situaciones estuvieron a cargo presidentes peronistas. Estos contaban con mucho mayor músculo político y capacidad de disciplinar a los sindicatos y los movimientos sociales. Esta seguramente será la prueba de fuego para la supervivencia política del nuevo experimento.

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A favor, tiene: 1) El apoyo de los sectores que responden al expresidente Macri y a la excandidata presidencial Patricia Bullrich. 2) Una colaboración hacia la gobernabilidad por parte del resto de los sectores que integraban Juntos por el Cambio, coalición hoy virtualmente rota. 3) Una mutua conveniencia con los gobernadores de todos los colores; y 4) una mayoría social que es consciente del tamaño de la crisis y sabe que tomará mucho tiempo salir de esta.

Dado que el fenómeno Milei es atípico desde todo punto de vista, es recomendable no aplicar los mismos criterios de análisis y cálculo político que a una presidencia salida del anterior statu quo.

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El Estado de derecho es un valor crucial de las democracias y las sociedades libres. Pero a veces lo damos por ganado y nos olvidamos de defenderlo.

¿Qué pasaría si aquel medio de comunicación que lees a diario desapareciera por criticar al gobierno? ¿Y qué sucedería si por el mero hecho de mencionar esa situación en tus redes sociales te cayera un proceso judicial? ¿Y cómo te defenderías si cuando fueses a un juzgado, arbitrariamente, descartasen tu situación?

De acuerdo con el Índice Global de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project. Más de 6.000 millones de personas viven en países donde el Estado de derecho se debilitó entre 2022 y 2023.

En 2023, el Estado de derecho se debilitó en 59% de los países incluidos en el índice. El continuo deterioro del Estado de derecho en 2023 se debe principalmente a dos razones. Por un lado, a la continuación de las tendencias autoritarias en la mayoría de los países. Por otro, a la incapacidad de los sistemas de justicia para cumplir las necesidades de las personas.

Recesión del Estado de derecho en América Latina

Para encontrar un panorama parecido a este, no hace falta mirar una película, al contrario, en muchos países se trata de la realidad. Son naciones que tienen algo en común: la erosión del Estado de Derecho. ¿Qué significa eso para nuestra vida diaria? ¿y cuál es la situación en Latinoamérica? son preguntas que ponemos en este episodio de Bajo la Lupa.

Participan

Ana María Montoya, doctora en ciencia política de Duke University. Directora de análisis de datos del World Justice Project

Natalia Rodríguez, magister en economía por la Universidad de Los Andes de Colombia. Investigadora senior asociada al programa Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Ovacionado. Así terminó el recién asumido presidente Javier Milei, cuando anunció que Argentina «no tenía plata» y que el ajuste de la economía costará sangre, sudor y lágrimas. ¿Quién hubiera imaginado una reacción de ese tipo en una sociedad latinoamericana, más encima argentina?

Es verdad. El triunfo de Milei es histórico como símbolo en una América Latina proclive, en teoría, a ideas populistas y paternalistas del Estado. Ganó una propuesta libertaria, cuyas banderas son la propiedad privada, la libre iniciativa económica y la austeridad fiscal. Totalmente a contrapelo de las ideas preeminentes del establishment político; más encima, reitero, en Argentina.

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Pero el gobierno de Milei cometería un error si pensara que su triunfo es un cheque en blanco a sus ideas libertarias y que los argentinos abandonaron definitivamente las ideas que los guiaron los últimos veinte años. Acostumbrarse a gastar más que lo que se produce y vivir a expensas del Estado no son conductas fáciles de erradicar. Por eso, la gran pregunta política no es sobre la capacidad de gobernar de Milei ni la actitud de la oposición, sino cómo se comportará la sociedad argentina.

La lección que nos dejan las elecciones presidenciales en América Latina y los procesos constitucionales en Chile es que el triunfalismo es el peor consejero para derechas e izquierdas. El proyecto refundacional de izquierda no llegó con Petro a Colombia, con Boric a Chile ni menos con Castillo a Perú. Tampoco los triunfos en su momento de Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina, Piñera en Chile o Duque en Colombia significaron un apoyo decidido y de largo aliento hacia ideas afines a la derecha. Fueron triunfos resultado del voto de castigo a los gobiernos de turno.

Derrotas oficialistas

Con la excepción de Paraguay y de la dictadura en Nicaragua (sin elecciones libres), desde el 2019 a la fecha todos los oficialismos perdieron. Probablemente, la razón más poderosa del categórico triunfo de Milei no fueron sus ideas liberales. Por el contrario, es el profundo rechazo de los argentinos, especialmente de los jóvenes, al desastre económico del kirchnerismo.

La elite política aún no percibe que la sociedad latinoamericana tiene escasa fidelidad ideológica y busca resultados, no la tierra prometida. La luna de miel que gozaban los gobiernos en el pasado ya no existe, y la popularidad de los presidentes se desploma con velocidad. Una política fragmentada, partidos débiles, bajos niveles de confianza pública y una deuda estatal heredada del covid-19 son un cóctel perfecto antigobernabilidad.

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La política y el mundo de los negocios deben entender que la región entró en ciclos políticos más breves y volátiles. Sacar conclusiones apresuradas sobre un cambio ideológico en las sociedades latinoamericanas no tiene mayor asidero. América Latina hoy es la expresión del voto de castigo y de ciudadanos que buscan resultados de manera impaciente, que ni la economía ni el aparato estatal están ofreciendo. Se acabó la luna de miel para los gobiernos entrantes y la desafección democrática sigue creciendo.

El triunfo de Milei no es el fin de la izquierda latinoamericana, así como tampoco los triunfos de las izquierdas son el inicio de la promesa refundacional. Latinoamérica está de mal humor y busca resultados rápidos para sus urgencias, sin importar el color político.

Publicado en Diario Financiero (Santiago de Chile), el 13 de diciembre de 2023.

El domingo 17 de diciembre una clara mayoría del electorado se pronunció contra la propuesta de nueva Constitución emanada del Consejo Constitucional. El triunfo de la opción del No por el 55% eliminó la posibilidad de este proyecto. Se trata del segundo texto descartado en poco más de un año.

Diálogo Político entrevistó sobre el tema al diputado Diego Schalper Sepúlveda. Schalper es doctor en derecho, abogado y político del Partido Renovación Nacional. Diputado por el 15° Distrito, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, por dos periodos seguidos (2018 a 2026).

¿Que significa este resultado electoral?

—Este resultado significa para Chile que la Constitución no es un tema discutible desde el punto de vista de su legitimidad. Ha quedado confirmada la legitimidad democrática de nuestro marco constitucional y todo aquel que pretenda volver a cuestionarla, francamente no tiene hoy día ningún argumento. Por lo tanto, me parece que más que la victoria de un sector político es una victoria nacional, en el sentido de que después de cuatro años Chile logró darle un cauce institucional y resolvió sus diferencias por lo canales democráticos. Nos habría gustado tener una Constitución de unidad, que hubiese alcanzado una mayoría sustantiva. Pero al menos tenemos la tranquilidad de afirmar que en Chile ya no hay espacios para seguir cuestionando la legitimidad de origen de la Constitución.

Consulta y legitimidad

¿Este resultado abre nuevas perspectivas para el centro político con miras a las próximas elecciones?

—El centro político tiene una responsabilidad muy grande. Lo que ha quedado de manifiesto es que en Chile los que terminan resolviendo quiénes ganan o pierden los procesos electorales son una fuerza pragmática, moderada, gradual. Por lo tanto, el centro político debe tener el coraje y la valentía de asumir una identidad firme, clara y definida, sabiendo que su rol en materia electoral es tremendamente importante.

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¿Hubo fallas en el proceso?

—Se ha fallado principalmente en ser incapaces de construir acuerdo. Que más que responder a un sector político, sea capaz de generar un marco de unidad para los distintos sectores. Desafortunadamente, no hubo la capacidad de comprender que el proceso constitucional, lejos de pretender imponer una determinada visión, busca generar un marco de trabajo donde las distintas posiciones tengan la posibilidad de expresarse.

Aprendizajes

En forma retrospectiva y a la luz de los resultados, ¿cuáles son los aprendizajes del estallido de 2019?

—Creo que el estallido social, lejos de ser una cuestión conceptual, fue un malestar acumulado de sectores medios y de sectores vulnerables que ven en la dirigencia una incapacidad de ver y resolver sus problemas cotidianos. Por lo tanto, la principal lección es que si la dirigencia política, la elite en general, no tiene conexión con las problemáticas sociales, no tiene prontitud en resolver los problemas, no tiene la eficiencia para hacerse cargo de los problemas, la ciudadanía rápidamente exige que eso ocurra. Por lo tanto, nuestra convicción, nuestro principal aprendizaje es que no hay espacio para los extremismos. Tenemos la responsabilidad de construir respuestas eficaces para la ciudadanía. Y, más importante que eso, llegó el momento de tomar acción política para resolver los problemas.

Me encontraba participando en la Segunda Conferencia sobre Libertad Académica en las Américas, en Curitiba (Brasil), cuando llegaron a mi buzón de correo electrónico varios mensajes de colegas. Expresaban su «preocupación» (cito sus palabras) porque se me había ocurrido organizar una conversación por Zoom con un profesor emérito de biología de la Universidad de Ottawa. El tema era sexo y género, y las implicaciones políticas y sociales de lo que se conoce como la ideología de género.

La sincronicidad entre estos eventos, diría un psicólogo seguidor de Jung, no deja de ser un síntoma de lo que se vive en el mundo universitario. En plena discusión sobre los retos y amenazas contra la libertad académica en toda la región americana, de norte a sur, me llegaban correos de profesores desde Ottawa, algunos a quienes consideraba mis amigos. Me acusaban de darle plataforma a una persona que según ellos promueve la transfobia y pondría en peligro a las personas trans en la universidad.

Bajo sospecha

Ciertos colegas dijeron que no querían promover la censura ni la autocensura. Sin embargo, el tono de sus palabras y los calificativos que usaron para descalificar al citado profesor y ponerme una etiqueta contribuyeron a reforzar el clima de intimidación. Este ya existe en varias universidades de Norteamérica, incluyendo la universidad donde trabajo. Después de que estalló la falsa crisis (o el pánico moral) del caso de la profesora Verushka Lieutenant-Duval hace tres años, hemos vivido bajo sospecha en la Universidad de Ottawa. Ella fue suspendida de su curso sobre arte y movimientos sociales cuando, en un acto puramente pedagógico, usó la palabra que comienza por N. Cada expresión en clase o recomendación de lectura debe ser cuidadosamente medida y calculada. Ser acusado de racista, supremacista blanco o transfóbico puede arruinar la carrera académica de una persona. Por eso, muchos colegas prefieren el silencio.

La democracia retrocede

En la conferencia de Curitiba, organizada por la Coalición por la Libertad Académica en las Américas, con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, la red Scholars at Risk, el Centro de Enseñanza e Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa y la Universidad de Monterrey en México, pudimos constatar que los peligros que acechan a la libertad de pensamiento, educación e investigación universitarios vienen de todos los flancos de la política: desde izquierda autoritaria en Cuba, Nicaragua y Venezuela, hasta la derecha conservadora como la que representa Ron DeSantis, el gobernador de Florida en los Estados Unidos.

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Las manifestaciones liberticidas buscan eliminar las voces disidentes. Lo hacen con el cierre de universidades y el ostracismo de profesores y estudiantes como sucede en la dictadura de Daniel Ortega (escuchamos el testimonio del estudiante nicaragüense en el exilio Lesther Alemán Alfaro). En otros casos es a través del desfinanciamiento del sistema público de educación superior, los sueldos de hambre de los académicos y la arremetida policial que tiene a estudiantes y profesores presos en las cárceles de Nicolás Maduro. Y finalmente la violencia doctrinaria del comunismo cubano que no deja rendijas para la crítica. Desde la derecha también se quiere coartar la crítica y acabar con las ideas que no corresponden con su visión del mundo. Amenaza con cortar los recursos financieros a las universidades que adopten programas e investigaciones que no correspondan a los valores más conservadores.

Libertad de pensamiento

En la conferencia se presentaron los resultados del más reciente informe Free to Think de Scholars at Risk. Este muestra un declive en los indicadores de libertad académica en el mundo. El informe constata una relación muy directa entre los ataques contra las universidades, estudiantes y profesores, y el debilitamiento de los fundamentos de la democracia o el avance del autoritarismo.

Así se observa en todos los continentes. Desde Asia y el Medio Oriente (Afganistán, Irán, Yemen, Myanmar), África (Sudán y Etiopía), la Rusia de Putin y los países americanos de norte a sur. Lo mismo confirman otros informes como el Academic Freedom Index que señala que en 22 países y territorios las universidades y profesores tienen menos autonomía y libertad que hace diez años. El índice es producido por la Foundation for Individual Rights in Education. En su más reciente informe, colocaba a la Universidad de Harvard en el último lugar por incidentes ocurridos que limitaron la libertad de expresión de profesores.

Caras del liberticidio

En la conferencia se discutieron distintas aristas de la libertad académica. Estas comprenden las intervenciones del Estado y los recortes presupuestarios (los casos de Venezuela y México, en el uso de la disminución de presupuestos para arruinar a las universidades públicas); la arremetida contra la autonomía y las formas de autogobierno universitario (como ha ocurrido en las represiones violentas dentro de las universidades en Perú y Colombia); el papel creciente de las grandes corporaciones digitales y las redes sociales en el acceso a la información, el conocimiento, su papel en la desinformación y su uso por activistas para atacar la libertad universitaria; la violencia de género en los campus y las políticas para garantizar la igualdad y una vida universitaria segura; las iniciativas para acoger a académicos que vienen de países donde se persigue o se discrimina a profesores e investigadores, como ha ocurrido en Centroamérica o en República Dominicana.

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Pero, ¿qué es la libertad académica? Es el derecho humano que la comunidad académica y otras personas tienen de desarrollar, difundir, aplicar y abordar una diversidad de conocimientos e ideas a través de la investigación, la enseñanza y el discurso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó hace dos años los Principios Interamericanos de Libertad Académica y Autonomía Universitaria. Estos sirven como marco de referencia para establecer los deberes de los Estados y los derechos de los ciudadanos en relación con la educación superior, la investigación, generación y difusión del conocimiento. Sin embargo, como quedó claro durante la conferencia en Brasil, las concepciones de la libertad académica varían dependiendo de varios factores. Estos abarcan el contexto sociopolítico y cultural, las prioridades de académicos y estudiantes, y las perspectivas ideológicas.

Libertad académica en América

Desde un punto de vista más global, la conferencia sirvió para comparar los problemas de libertad académica de las Américas con otras regiones. Un profesor de Ghana habló de las tensiones entre estudiantes y profesores en varios países africanos que sufrieron golpes militares. Allí también se cuestiona a la democracia liberal por su «inefectividad». Nos dijo el colega que los estudiantes critican a sus profesores por sus ideas «occidentales» favorables a una democracia. Según ellos, éstas no ha traído bienestar a sus países.

Una colega asiática, por su lado, nos dijo que la libertad académica no es un concepto unívoco. Exiten diferentes maneras de pensar y aplicar las libertades académicas dependiendo del nivel de desarrollo democrático de los países en Asia. Incluso un colega canadiense introdujo la noción de lo que debe y no debe considerarse como libertad académica. Argumentó que existen usos y abusos de este derecho para promover ideas discriminatorias bajo la careta de la experticia científica.

Lo cierto es que sin libertad académica es difícil concebir una sociedad realmente democrática, con división de poderes, garantía de derechos humanos, respeto a las minorías y alternancia en el poder por la vía electoral.  No se trata solamente de un problema de las élites profesorales, científicas e intelectuales. Sin libertad para pensar, investigar, enseñar y participar en los debates públicos, es imposible concebir una sociedad abierta que no caiga en manos de autocracias. El silencio ante los atropellos contra académicos y estudiantes mundo es lo peor que pueden hacer quienes creen en la libertad y la dignidad humanas.

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La guerra de Estados Unidos contra el devastador flagelo del fentanilo ha avanzado a una fase decisiva al incorporar el arma de la geopolítica en la lucha contra el consumo ilegal de este potente fármaco opiáceo sintético, esquivo hasta ahora. La cooperación internacional, los acuerdos diplomáticos y acciones coordinadas son instrumentos vitales para combatir a un estupefaciente potencialmente mortal. Su cadena de valor es insuperable en términos de comercio y rentabilidad en comparación con el narcotráfico tradicional.

A pesar de contar con el tercer ejército más grande del mundo y disponer de tecnología de punta y equipos avanzados de inteligencia artificial para el control de las drogas ilegales, EE.UU. se ve impotente ante un enemigo. Este arrebata de forma despiadada la vida anualmente a casi 74.000 ciudadanos estadounidenses en su propio suelo. Para acentuar la gravedad de esta tragedia, solo hace falta recordar que, durante la guerra de Vietnam, 58.220 militares estadounidenses perdieron la vida. Peor aún, el número de fallecidos supera la suma de sus bajas en las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán juntas.

Una amenaza emergente

Este año, se produjo un alarmante aumento de las muertes por sobredosis con este narcótico sintético, a menudo combinado con xilacina, una droga utilizada principalmente como sedante, analgésico y relajante muscular en medicina veterinaria. Esto ha llevado a la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas (Office of National Drug Control Policy, ONDCP) a emitir una advertencia sobre una «amenaza emergente» para EE.UU.

La ONDCP encendió las alarmas tras revelar datos horripilantes: entre 2020 y 2021, las muertes por sobredosis con rastros de xilacina aumentaron asombrosamente en un 1127% en la región sur, un 750% en el oeste, más de 500% en el medio oeste y más de 100% en el noreste.

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¿Cómo se llegó al actual estado de cosas? No hay una causa única que explique la crisis sanitaria desencadenada por el consumo desorbitante de opioides como el fentanilo en EE.UU.

En primer lugar, la inclusión frecuente de opioides como el fentanilo en las recetas médicas para pacientes que sufren intensos dolores debido a enfermedades graves o traumatismos severos. Esto ha desencadenado una práctica perversa. Se transforma en verdad el proverbio que advierte que, a veces, el remedio resulta ser peor que la enfermedad. Este drama estadounidense por el abuso de analgésicos se manifiesta de manera cruda en la miniserie Medicina Letal.

Mercado negro

La tragedia que desencadena el mercado negro de opioides encuentra su explicación en prácticas médicas legales y comportamientos sociales que se gestaron hace décadas. A pesar de que el fentanilo se puede rastrear hasta la década de 1950, su impacto se hizo notar de manera fatídica a partir de los años noventa.

La ausencia en los Estados Unidos de un sistema de bienestar comparable al europeo podría provocar que aquellos pacientes que sufren dolores crónicos que afectan significativamente su calidad de vida, se vean tentados a recurrir al mercado negro en busca de soluciones asequibles para aliviar la carga de los gastos médicos. La carencia de un sólido respaldo estatal en términos de atención médica podría generar un escenario en el que las personas afectadas, desesperadas por encontrar alivio, busquen alternativas fuera del sistema de salud convencional.  

En segundo lugar, el problema se agrava aún más con la emergencia de una tendencia inesperada que no se vislumbraba hace algún tiempo: la presencia del fentanilo en el circuito de las drogas recreativas. Jóvenes consumidores, conscientes de los riesgos, engañados o simplemente desinformados, optan por sustancias como la heroína. Esta se mezcla con el fentanilo, creando así un cóctel potencialmente letal. Este fenómeno plantea serias preocupaciones de salud pública, ya que el fentanilo, una sustancia extremadamente potente, puede aumentar drásticamente el riesgo de sobredosis y complicar aún más los desafíos asociados con el consumo de drogas recreativas. La falta de conciencia sobre la presencia de fentanilo en ciertos estupefacientes contribuye a una situación alarmante. Los jóvenes se exponen involuntariamente a peligros significativos.  

Droga zombi

El surgimiento del fenómeno conocido como droga zombi se atribuye, en parte, a que su producción se lleva a cabo exclusivamente en laboratorios clandestinos. Esta característica otorga a las organizaciones delictivas un mayor control sobre el proceso de elaboración de esta sustancia psicoactiva. A diferencia de otras drogas, como aquellas derivadas de cultivos de amapola o coca en América Latina, la producción de drogas zombi prescinde de la necesidad de involucrar a campesinos en actividades ilícitas. Esto incrementa la influencia y lucro de los cárteles y grupos de narcotraficantes.

La centralización de la producción clandestina confiere a estas organizaciones criminales un dominio más directo sobre la cadena de suministro y distribución de la droga. Al mismo tiempo, disminuye los riesgos asociados con la producción agrícola. Esta dinámica no solo maximiza los beneficios económicos para los grupos delictivos. También dificulta la intervención de las autoridades al operar en un entorno más oculto y controlado. En consecuencia, el fenómeno de la droga zombi se caracteriza por una mayor autonomía de actores criminales frente a otras formas de tráfico de drogas.

Cadena de suministros

La necesidad de contar con una estrategia geopolítica para enfrentar el negocio de narcóticos ilegales hace referencia a la idea de que la gestión y control de ciertos problemas como el tráfico de drogas solo puede lograrse cuando convergen los intereses de varios países en el ámbito internacional.

En el caso específico del fentanilo, los países implicados en la expansión del negocio ilegal son China y México, según sostiene el gobierno estadounidense.

La cadena de suministro comienza en China, el primer eslabón, donde mayormente se obtienen los precursores químicos necesarios para la fabricación de la droga sintética.

Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación adquieren la materia prima china. Posteriormente la transforman en una potente droga sintética para introducirla de contrabando en territorio estadounidense.

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Washington enfrentó dificultades significativas para establecer una arquitectura de control del tráfico ilícito de drogas a nivel global. Las tensiones y rivalidades con Pekín hacían prácticamente imposible cualquier acuerdo en este tema entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping. Paralelamente, las relaciones con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también resultaron desafiantes. Este, de acuerdo con su estilo característico, no reconocía la responsabilidad de los cárteles que operan en su país.

APEC 2023

La Semana de Líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2023, se celebró en San Francisco (California) del 11 al 17 de noviembre. Representó una oportunidad valiosa que el presidente Biden supo aprovechar. Las señales diplomáticas que apuntaban a un cierto deshielo en la relación con Xi y la crucial inclusión de AMLO en la agenda proporcionaron el contexto adecuado.

Increíblemente, los resultados no se hicieron esperar. Las autoridades mexicanas han detenido a Néstor Isidro Pérez Salas, alias Nini, uno de los jefes de seguridad del cártel de Sinaloa. Estados Unidos ofrece hasta 3 millones de dólares como recompensa por considerarlo responsable del tráfico masivo de fentanilo. Además, Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a 13 miembros y cuatro empresas del cártel mexicano de Sinaloa debido a su participación en el tráfico de fentanilo y otras drogas.

Washington y Pekín, por su parte, tomaron acciones concretas: implementaron mayores controles en China sobre su industria nacional vinculada al comercio de precursores químicos y equipos prensadores de píldoras. También se llevaron a cabo medidas policiales contra proveedores chinos de drogas sintéticas y se estableció un grupo conjunto de trabajo antinarcóticos.

Enfoque global inspirador

El enfoque global contra el fentanilo puede servir como un ejemplo inspirador y estimulante para reforzar la importancia del multilateralismo frente a desafíos mundiales como el tráfico de drogas.

El consumo de fentanilo en Europa aún no ha alcanzado proporciones alarmantes. Sin embargo, la cooperación internacional emerge como un instrumento crucial para prevenir su propagación, dada su peligrosa letalidad, fuerte poder adictivo y la relativa facilidad con que puede ser transportado. Estas acciones son esenciales para abordar la amenaza real que ya enfrenta Estonia, por ejemplo, y prevenir que se intensifique en el viejo continente.

América Latina tampoco debería desatender este problema tratándolo como algo ajeno, como deja en evidencia el papel decisivo de los cárteles del narcotráfico mexicano.

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En Colombia, reconocido por ser un productor tradicional de cocaína y marihuana, se registraron 30 muertes en 2021 debido al consumo recreativo de fentanilo. A menudo fue mezclado con sustancias como ketamina, anfetamina o éxtasis. Las incautaciones de ampollas de drogas sintéticas entre 2018 y 2023 se han multiplicado por 20, según información del Ministerio de Justicia.

Honduras es otro ejemplo que ilustra cómo las drogas sintéticas están afectando a la región. El mes pasado se incautó un cargamento de casi 500 kilogramos de fentanilo. Fue detectado en un contenedor de un barco proveniente del Reino Unido con trasbordo en Colombia.

Las 48.600 ampollas de esta potente droga sintética, distribuidas en 122 cajas, que llegaron al Puerto Cortés deberían ser una razón poderosa para no considerar al fentanilo como algo distante..

«La democracia conlleva un debate interminable sobre la democracia misma. Cuando la ciudadanía libre debate, la discusión a menudo no versa sobre qué políticas o partidos deberíamos apoyar, sino sobre el significado mismo de la democracia».[1]

Con estas líneas introductorias, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), presentó la actualización de su informe «El estado de la democracia en el mundo y las Américas». Nos hizo reflexionar sobre la importancia de repensar nuestro sistema democrático para avanzar hacia sociedades más resilientes e inclusivas.

Este análisis, se ha centrado en los nuevos pesos y contrapesos que cada vez han tomado mayor relevancia frente a la pérdida de confianza de los organismos formales de control del poder (órganos judiciales y legislativos). Estos históricamente habían contribuido a crear equilibrios entre las distintas ramas del Estado y a garantizar que las prioridades populares sean consideradas de manera regular y sistemática en la toma de decisiones.

Democracias en el mundo

El informe de IDEA Internacional tiene sus orígenes en el 2017. Busca medir el desempeño de las democracias en el mundo. Sigue cuatro grandes indicadores (representación, derechos, Estado de derecho y participación). El fin es identificar sus desafíos presentes, así como proponer recomendaciones de políticas que pudieran servir para superar las problemáticas que enfrentamos.

Desde su concepción y hasta la actualidad, este estudio ha evidenciado el estancamiento del desempeño de las democracias, así como el declive de su calidad. A su vez, ha notado la pérdida de confianza en las instituciones formales de contrapeso. Esto hace que adopten un mayor protagonismo algunos otros actores y mecanismos emergentes, como los organismos electorales, las comisiones anticorrupción y de derechos humanos, las defensorías del pueblo, las organizaciones de sociedad civil, los sindicatos y la protesta popular.[2] Estas se han consumado como baluarte contra el deterioro de la democracia y han controlado la concentración del poder.

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En su versión del 2023 este reporte resalta que en el mundo la mitad de los países evaluados registraron declives en al menos uno de los indicadores del desempeño democrático, principalmente en las categorías de representación (elecciones creíbles y parlamento eficaz). Sin embargo, la participación pública ha demostrado tener efectos positivos. Según los indicadores de IDEA Internacional, el compromiso de la ciudadanía con las instituciones de contrapeso ha promovido el progreso y representado una esperanza para el futuro de la democracia.

Declives

Por ejemplo, el trabajo realizado por las instituciones como las oficinas anticorrupción, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos ha sido valioso para ejercer acciones de control en lo que respecta al factor de ausencia de corrupción. En este caso el número de avances significativos duplicó el número de declives a nivel nacional. Estos avances no constituyen una meta alcanzada plenamente en la lucha contra la corrupción, sino cambios positivos como consecuencia de la participación de estos agentes emergentes de pesos y contrapesos que requerirá un gran apoyo intersectorial para mantenerse.[3]

En el caso del continente americano, «El estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2023» establece que la región ha sufrido de un continuo declive de los principios democráticos. Se registran más países que presentan un bajo desempeño en todas las categorías a diferencia de hace cinco años. Según el informe, esta situación pudiera ser producto del aumento de la militarización y los estados de excepción como forma de abordar la violencia y la represión de la prensa, la libertad de expresión y de la libertad de asociación y asamblea. [4]

Aun cuando las democracias de las Américas también sufren esta suerte de estancamiento, la participación constituye un punto destacado. El desempeño de la mayoría de los países de la región es superior al promedio mundial. Incluso, cinco países se ubican entre los 20 primeros del mundo: Uruguay (8), Estados Unidos (12), Costa Rica (15), Canadá (17) y Argentina (18). Destaca también, el caso de México en donde, pese a las limitaciones de la sociedad civil para funcionar como contrapeso, las movilizaciones contra las reformas electorales fortalecieron la defensa del organismo electoral y la institucionalidad.[5]

Capacidad de resiliencia

Estos resultados positivos en materia de participación brindan evidencia de la capacidad de resiliencia de las democracias para adaptarse a los cambios de nuestras sociedades. Según IDEA Internacional, junto con la creciente relevancia de las instituciones informales de peso y contrapeso, el centro de gravedad de la democracia podría estar desplazándose levemente hacia la actividad de los tribunales y los organismos independientes de control.

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Las democracias y sus mecanismos de funcionamiento deben constantemente revisarse para replantear sus significados y alcances, de manera que respondan a las necesidades y demandas de las sociedades de nuestro siglo. A pesar de las amenazas que enfrentamos a nivel mundial y regional, los nuevos pesos y contrapesos han servido para proteger los principios en los que están construidos nuestro sistema y llenado el espacio de los organismos formales de control del poder. En el futuro, esta combinación particular de instituciones podría convertirse en el nuevo conjunto de instituciones democráticas fundamentales.[6]

Mantener y fortalecer la independencia de estas instituciones emergentes será de vital importancia de cara al futuro, particularmente, ante la creciente cooptación del Estado.[7] Sin dejar de prestar atención al contexto global de nuestras democracias, el desempeño en materia de participación brinda un mensaje alentador. Nos recuerda que la ciudadanía debe continuar siendo el timonel que guía la democracia hacia la dirección que marca su voluntad.

[1] IDEA Internacional, «El estado de la democracia en el mundo y en las Américas», 2023, p. 4.

[2] Ídem, p. 18

[3] Ídem, p. 24

[4] Ídem, p. 46

[5] Ídem, p. 57

[6] Ídem.

[7] Ídem, p. 68

Publicado originalmente en International IDEA

El año 2023 empezó con dificultades, pues pese al contundente rechazo institucional al golpe de Estado de Pedro Castillo no se logró estabilidad política. El artículo describe las principales dificultades que enfrenta el país como consecuencia de las protestas, el contexto económico y la crisis en el sistema de justicia, en un clima de polarización.

En los últimos años, el Perú ha vivido intensas crisis políticas. Los presidentes no han terminado su mandato, renunciaron o fueron vacados en el cargo. Los actores políticos cambiaron, pero la crisis continúa. Por ello hablamos de una crisis permanente. Así, el primer aniversario del golpe de Estado de Pedro Castillo coincidió con la liberación de Alberto Fujimori, ordenada por el Tribunal Constitucional en un fallo que lo confrontó con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, con la suspensión de la fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia que afronta un proceso de destitución ante el Congreso. Antes de ser suspendida en el cargo, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros por las lamentables muertes ocurridas durante las violentas manifestaciones sociales del año pasado.

La presidenta

Tras la vacancia de Pedro Castillo, su vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió por sucesión constitucional en la primera presidenta del Perú. Entre diciembre y febrero hubo jornadas de protesta en diversas zonas del país, cuya plataforma común fue el pedido de elecciones generales anticipadas. Lamentablemente, más de medio centenar de personas fallecieron. El gobierno declaró el estado de emergencia en diversas provincias. Asimismo, presentó al Congreso un proyecto para aprobar una reforma constitucional con la finalidad de recortar el mandato y convocar a elecciones generales. El Congreso archivó todos los proyectos que tenían esa finalidad.

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Boluarte había renunciado al partido Perú Libre como lo hizo Castillo. Sin partido ni bancada, logró construir un apoyo parlamentario con los grupos de oposición a su antecesor. Sus antiguos compañeros de campaña impulsaron dos mociones de vacancia este año, pero ninguna continuó su trámite por falta de votos. No corrieron la misma suerte sus ministros. En este año siete fueron interpelados y uno, el ministro del interior, censurado. Si bien el presidente del Consejo de Ministros se ha mantenido en el cargo, la mayoría de los sectores cambió de ministros. El gobierno ha conseguido en dos ocasiones la delegación de facultades legislativas para legislar en seguridad ciudadana y reactivación económica, entre otros temas. Sin embargo, no pudo evitar que más de medio centenar de leyes se aprobaran por insistencia.

Si bien las manifestaciones sociales han disminuido en cantidad y frecuencia, estas se han registrado a lo largo del año. En el gráfico siguiente se muestra la aprobación de la presidenta: en promedio, 16%.

Aprobación de la presidenta

Problemas y retos del gobierno

Como otros países de la región, Perú afronta la presencia del crimen organizado, que se suma a otros problemas de seguridad ciudadana. Asimismo, debe prever la llegada del fenómeno del Niño en el norte del país, cuya magnitud puede rebasar la capacidad de respuesta y articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales en la gestión de desastres.

En el ámbito económico, hace algunas semanas los especialistas anunciaron que el crecimiento del Perú será negativo. Las expectativas se redujeron mes a mes, pues desde enero se quebró la recuperación económica pospandemia de 22 meses de crecimiento ininterrumpido. Así, en octubre, el ministro de economía anunció que el país se encontraba en recesión. El llamado milagro económico había logrado hasta hace poco que la política y la economía fueran por cuerdas separadas. Sin embargo, otros indicadores advierten de una situación crítica que el gobierno deberá atender, como la caída en la inversión privada, y con ello el empleo. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, el empleo muestra el mayor retroceso en las últimas dos décadas sin considerar la pandemia. Pero el impacto del menor crecimiento no recae solo en la reducción del empleo, sino en el incremento de la informalidad.

El Congreso

El Congreso electo en julio de 2021 varió su conformación sustancialmente. Aunque existe una barrera electoral de 5% para evitar la fragmentación, los congresos electos se fragmentan durante el periodo parlamentario debido al transfuguismo. Las prácticas parlamentarias avaladas por dos fallos del Tribunal Constitucional [1] permiten que los congresistas electos puedan renunciar a sus grupos parlamentarios y formar nuevos grupos. La debilidad de los partidos políticos es una de las razones que explican el transfuguismo, pero las normas vigentes constituyen incentivos para debilitar aún más la institucionalidad del Congreso.

Conformación del Congreso 2021-2023

La fragmentación en el Congreso no ha impedido que se logren acuerdos importantes con altas mayorías calificadas, como la designación del nuevo defensor del pueblo. Recientemente se aprobó, en primera votación, el restablecimiento de la estructura bicameral. De confirmarse este voto en la siguiente legislatura, entre marzo y junio del próximo año, el próximo Congreso contará con dos cámaras.

Conjuntamente con esta reforma, se aprobaron otras tres: i) restablecer la reelección parlamentaria inmediata; ii) la posibilidad de que los candidatos a la Presidencia puedan ser simultáneamente candidatos al Congreso; y iii) la eliminación del voto de confianza obligatorio de los nuevos gabinetes, manteniendo la exposición y debate sobre la política general del gobierno.  

Las reformas políticas son una buena noticia, aunque insuficientes para los retos que afronta la democracia peruana.

[1] Sentencias recaídas en los expedientes 0006-2017-PI y 0001-2018-PIITC.

[2] El Partido Morado no pudo formar grupo parlamentario al no alcanzar la pluralidad requerida, a pesar de lograr tres escaños.

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A partir de una definición comprehensiva del Estado de derecho basada en cuatro principios derivados de estándares internacionales, el Índice Global de Estado de Derecho 2023 analiza el Estado de derecho en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, un gobierno abierto, el respeto de los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En conjunto, estos factores contribuyen a un sistema efectivo de Estado de derecho que va más allá del sistema judicial. El índice otorga una puntuación para cada factor, que en conjunto componen el puntaje general de adherencia al Estado de derecho en cada país.

Los puntajes del índice se construyen con más de 550 preguntas, que son el resultado de encuestas administradas en más de 149.000 hogares y a 3.400 expertos legales. El Índice del Estado de Derecho resume las percepciones y experiencias del día a día de los ciudadanos y profesionales del derecho en 142 países y jurisdicciones. Estas abarcan el 95% de la población mundial.

Debilitamiento del Estado de derecho

Este año, el Estado de derecho se debilitó en 59% de los países incluidos en el índice. El continuo deterioro del Estado de derecho en 2023 se debe principalmente a dos razones. Por un lado, a la continuación de las tendencias autoritarias en la mayoría de los países. Por otro, a la incapacidad de los sistemas de justicia para cumplir las necesidades de las personas.

La tendencia al autoritarismo se refleja en dos factores de este índice: los límites a los poderes gubernamentales, es decir, los pesos y contrapesos al poder ejecutivo, y los derechos fundamentales. Las tendencias autoritarias continuaron en 2023, pero se están reduciendo, con menos países en declive este año, en comparación con los años anteriores. Aunque esta tendencia autoritaria persistió en todas las regiones del mundo en 2023, se ha desacelerado por segundo año consecutivo. Los límites al poder gubernamental disminuyeron en el 56% de los países este año, frente al 58% en 2022 y el 70% en 2021. Del mismo modo, una mayoría más pequeña de países experimentó descensos generales del Estado de derecho este año (59%) en comparación con los dos últimos (61% y 74%).

Rol del sistema judicial

Por otro lado, el declive en el funcionamiento de los sistemas judiciales se está extendiendo. Cada vez hay más países que luchan por ofrecer a sus ciudadanos una justicia oportuna, asequible y accesible. El factor del índice que mide la justicia civil fue el que disminuyó en el mayor número de países este año. Las tendencias negativas de la justicia se ampliaron en 2023. Dos tercios de los países (66%) han visto caer su puntuación en el índice en el factor que mide justicia civil en esta edición, frente al 61% de los países el año pasado. El aumento de los retrasos en la justicia y el debilitamiento de la aplicación de la ley son los principales responsables. Este indicador fue el que más se deterioró en América Latina y el Caribe, con 26 países o 81% de países empeorando.

En América Latina y el Caribe, 18 de los 32 países declinaron en su puntuación este año. Entre los mejores puntajes, Uruguay ostenta el primer lugar en la región. Ocupa el puesto 25 en la clasificación mundial, seguido por Costa Rica en el puesto 29 y Chile en la posición 33. Los países que reportaron un mayor aumento en su puntaje este año son República Dominicana y Belice, seguidos por un empate entre Honduras y Perú.

Aumento del autoritarismo

Lastimosamente, Venezuela ocupa el último lugar del Índice del Estado de Derecho. Asimismo, los países de la región con los puntajes más bajos son Nicaragua (137) y Haití (139). También resulta preocupante que tanto Nicaragua como El Salvador sigan descendiendo dos y cuatro puestos respectivamente en el índice de este año, junto con Argentina y las Bahamas. Tanto Nicaragua como El Salvador han experimentado una profundización de tendencias autoritarias de sus líderes en los últimos años.

El declive del Estado de derecho en el mundo no se limita a este año. Desde 2016, ha caído en 78% de los países evaluados. El factor del Índice Global de Estado de Derecho que más disminuyó entre 2016 y 2023 es el de derechos fundamentales. Esto sucedió en el 77% de los países. En América Latina y el Caribe, el respeto por los derechos fundamentales cayó en 59% de países de la región entre 2022 y 2023.

En conclusión, la caída del Estado de derecho, el aumento del autoritarismo, las restricciones a los derechos fundamentales y la ineficacia de los sistemas de justicia son tendencias preocupantes que se observan tanto a nivel global como en América Latina y el Caribe. Estos hallazgos sirven como una invitación a reflexionar sobre la ejecución de las leyes, los roles de los poderes legislativo y judicial, la eficiencia de los pesos y contrapesos al poder ejecutivo y la protección a los derechos humanos en el mundo y particularmente en América Latina.

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¿Cuánto sabemos del Asia democrática? En el episodio anterior analizamos juntos un conjunto de países asiáticos que podrían convertirse en socios interesantes para Latinoamérica. Son naciones que eventualmente podrían ser una alternativa a la hiperdependencia china que sufre nuestra región.

Descarga el DP Enfoque: Asia y América Latina: vínculos democráticos y avances autoritarios.

Las preguntas de ahora son: ¿acaso América Latina tiene una oportunidad de modificar, al menos un poco, la relación de fuerzas actual? Y de ser así, ¿qué habría que hacer para conseguirlo? ¿Cuánto más debemos saber sobre el Asia democrática? O ¿por qué sabemos tan poco? Preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa.

Participan

Max Povse, politólogo. Docente y miembro del Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina de la Universidad de Buenos Aires. Editor de la «Revista Asia/América Latina». Coautor de «Desafíos actuales de Asia oriental» (2021).

Mariano Statello, politólogo por la Universidad de Buenos Aires y becario doctoral ANPCyT. Investigador del Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina. Secretario de la revista Asia/AméricaLatina.

DP Enfoque: «Asia y América Latina: vínculos democráticos y avances autoritarios«.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

El 17 de diciembre próximo en Chile se realizará el plebiscito acerca de la propuesta constitucional, en medio de un contexto en que los sondeos de opinión advierten que los chilenos están desinteresados y desean cerrar la discusión.  En efecto, un 47% de la gente declaró estar no muy interesada o nada interesada en el proceso, según la encuesta CEP de septiembre-octubre de 2023.

Una de las razones del escepticismo frente al proceso constitucional es que existe una interpelación al gobierno, y los poderes del Estado en general. Se espera que se aboque a los temas que les apremian: la crisis en el proceso de desmunicipalización de la educación; la inminente quiebra del sistema de salud privado (ISAPRES), que no sólo afectaría a sus más de tres millones de usuarios, sino también a todo el sistema de salud del país; la necesidad de impulsar políticas relativas a la inmigración descontrolada; o fortalecer una acción decidida en contra del crimen organizado, entre otros.

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Al respecto, tanto la alternativa «En contra», que representa a los partidos oficialistas, como la «A favor» que está en la oposición al Gobierno, han entregado argumentos para convencer al apático electorado de representar de mejor manera el cierre de la discusión constitucional. Se trata de un debate que lleva más de cuatro años en la escena nacional. Desde el estallido social de 2019, el gobierno del presidente Piñera y la mayoría de los parlamentarios acordaron una salida institucional a la crisis de gobernabilidad. Dieron curso así a una consulta ciudadana para abrir un proceso constitucional que aún no cierra.

¿Cuándo se cierra del proceso constitucional?

Las narrativas de los bloques políticos se han ajustado más bien a las disputas electorales. La campaña ha sido breve y se ha optado poco por la racionalidad y la argumentación del texto vigente, en comparación con el propuesto. Se ha preferido apostar por empatizar con el cansancio ciudadano en materia constitucional.

Los partidos de gobierno adaptaron su posición histórica frente a la Constitución vigente. La consideran aceptable y mejor que la propuesta realizada por el Consejo Constitucional. Y se comprometen a no abrir prontamente un nuevo debate constitucional sin establecer claridad en los tiempos. Cabe mencionar la excepción del oficialista Partido Comunista, que ha comunicado que luego de un eventual triunfo de la opción «En contra» impulsará un nuevo proceso constitucional.

La posición de «A favor» al texto propuesto intenta convencer al electorado que su opción es una derrota para el Gobierno. Con ello intenta convocar a la mayoría de la ciudadanía (62%) que se manifiesta en las encuestas en una posición reprobatoria al Gobierno.

Por lo tanto, es poco lo que se ha debatido respecto al contenido de la Constitución. Esta se gestó en democracia y contó con doce bordes constitucionales y un tribunal de admisibilidad (al que no fue necesario recurrir).

Mayorías y minorías

El Consejo Constitucional contó con una mayoría relativa de representantes del Partido Republicano. En alianza con los partidos de la derecha tradicional (excoalición de Chile Vamos: RN, UDI y Evópoli), consiguieron una representación mayoritaria que les permitió aprobar la propuesta constitucional.

Por otro lado, la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista en alianza con el socialismo democrático (PS) quedaron en una posición minoritaria. Esta finalmente se inclinó por estar en contra del texto.

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Resulta evidente que no se consiguió un acuerdo transversal en el sistema político, es decir, una propuesta constitucional que nos una mayoritariamente como nación. En tal sentido, la lógica y dinámica de la polarización se impuso entre los representantes políticos.

Por lo tanto, el escenario luego del proceso constitucional seguirá polarizado. En ese contexto, si se impone el «A favor», el Gobierno y el Congreso Nacional deberán velar por la implementación de la nueva carta magna. Esto significará una etapa de arduo trabajo legislativo. Por otro lado, si se impone el «En contra», se mantendrá la incertidumbre institucional, que muy posiblemente proyectará una señal a la nación y al sistema internacional de que el proceso sigue abierto.

A pocos días de la elección (17 de diciembre) el resultado se nos presenta incierto. Los sondeos discrepan en los resultados y en las proyecciones. Como botón de muestra, la encuestadora CADEM en su último estudio publicado antes de la elección proyectó una diferencia favorable de 10 puntos para el «En contra». Mientras tanto, la encuestadora PARTNER sostuvo que el «A favor» está por sobre el 50% de las preferencias.

Acerca de la nueva Constitución

El nuevo proyecto de nueva Constitución tiene más de doscientos artículos. No es posible comentarlos todos en esta columna. Sin embargo, cabe observar tres ejes principales: cómo afecta a la democracia y a la calidad de la política, cómo incide en el desarrollo del país y si posibilita la creación de un Estado social y democrático de derechos.

Cabe observar cómo se pretenden canalizar las demandas ciudadanas presentando el desafío de ajustar la tradición constitucional. Esta nos brinda sentido de pertenencia e identidad al país, con la incorporación de asuntos propios de la agenda contemporánea.

Un buen ejemplo es la propuesta institucional que respondería a la necesidad de contrarrestar la corrupción. Para ello se promueve la creación de la Agencia Nacional Contra la Corrupción, que coordinaría a todos los órganos públicos en ese objetivo.

En la perspectiva de la propia estabilidad de la democracia, el texto intenta responder a las dificultades de consensos que han caracterizado al sistema político durante décadas. En efecto, el sistema de partidos y el sistema electoral se han transformado en dificultades reales para propiciar las condiciones de entendimiento.

Reforma del 2015

En 2015, Chile promulgó una reforma al sistema electoral (ley 20.840). Esta sustituyó el sistema binominal que condicionaba a los partidos a ubicarse entre dos bloques políticos por uno de carácter proporcional inclusivo, al objeto de fortalecer la representatividad del Congreso Nacional. Esta legislación permitió la ampliación del número de partidos (22) que hoy vemos en el Congreso Nacional. La fragmentación política constituye una de las dificultades que desincentivan los acuerdos políticos, fomentan la polarización, el clientelismo y complejizan la gobernabilidad.

La propuesta actual reduce el número de parlamentarios y exige a los partidos un mínimo de 5% de la votación según el padrón electoral del proceso anterior. Además, el texto incorpora la iniciativa popular de ley. Esto facultaría a los ciudadanos el poder de organizarse al objeto de proponer proyectos al Congreso. Todo ello con el ánimo de revitalizar los acuerdos y canalizar por nuevas vías la participación ciudadana, buscando renovar el compromiso con la democracia participativa.

Desde otra perspectiva, lo que pareciera sustancial en materia de desarrollo no está en los principios u órganos que contiene la propuesta. Más bien cabe esperar que el acuerdo constitucional sea leído como un renovado compromiso con lineamientos institucionales que despeje la incertidumbre jurídica.

Al respecto, quienes están por la opción «En contra» dicen que lo anterior no se consigue sin un documento que tenga apoyo transversal entre las distintas fuerzas políticas. Por tanto, han definido la propuesta actual como «partisana», por lo que una eventual aprobación traería mayor inestabilidad al país.

Falta de acuerdos

No obstante, la carencia de acuerdos al nivel de actores políticos sería una de las razones de la crisis institucional de 2019. La frustración que la motivó tiene relación con la imposibilidad de la elite política de alcanzar consensos en asuntos ampliamente demandados por la población. Este es uno de los motores de la polarización y crispación de la sociedad. Camino que desembocó en el estallido de violencia social y política de corte insurreccional.

Por último, la propuesta constitucional reconoce en su artículo primero al Estado de Chile como un Estado social y democrático de derechos. Sin embargo, para quienes se oponen al documento, ello se contradice al permitir que las personas elijan entre la atención pública y privada. A su juicio, la Constitución no garantizaría prestaciones que debieran ser una obligación para el Estado. Sin embargo, el texto es explícito en reconocer el derecho, pero ello no lo riñe con la capacidad de elección de las personas entre el ámbito público o privado en materia de salud, educación y sistema de pensiones.

En tal sentido, el texto constitucional propuesto en los ámbitos de las pensiones obligaría la creación de un proveedor público estatal que no existe actualmente.

Estado social y democrático

En consecuencia, el proceso constitucional en Chile ha sido extenso y se ha dado en un contexto de polarización complejo que dificulta alcanzar acuerdos. Por tanto, cualquiera sea el resultado dejará ganadores y perdedores. Ello es la antítesis del ideal constitucional, ya que este debiera representar los cimientos para la convivencia de una nación.

Un escenario posible es que luego de cuatro años todo quede igual constitucionalmente, es decir, que se mantenga la agonía de una institucionalidad que no está legitimada por la ciudadanía y que los propios poderes del Estado tienden a incumplirla. Sería, por tanto, una situación peor que como se inició la crisis de gobernabilidad del país, que se expresa principal y cotidianamente en una anomia de los actores públicos y privados de la sociedad.

La otra alternativa es un nuevo texto constitucional no consensuado transversalmente. Resistido por las actuales fuerzas oficialistas, por tanto, un acuerdo democrático precario. Sin embargo, de imponerse el «A favor» podría ser un primer paso para salir del estancamiento y la incertidumbre política, social y económica en los que Chile se ha sumergido.

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Las promesas de Javier Milei de derribar el statu quo del oficialismo para que todo cambie en Argentina persuadieron a millones de ciudadanos en las urnas. Ello ha levantado entre sus seguidores unas expectativas a la altura de su discurso. De ahí que, cumplido el objetivo de alcanzar la Casa Rosada, empiecen las cábalas para ver si el futuro presidente cumplirá sus compromisos. Es decir, cuán lejos llegará la motosierra.

Mientras se despejan las incógnitas, China ha irrumpido como primera piedra de toque para evaluar la pureza política del nuevo gobierno. Tras su triunfo electoral, Milei sorprendió en redes sociales con una conciliadora respuesta a la felicitación de Xi Jinping. Y, quien apunta a futura canciller del nuevo Ejecutivo, Diana Mondino, se citó con el embajador chino en Buenos Aires. Después de las duras críticas de Milei al régimen de Pekín, se entiende y es razonable una reunión de esta naturaleza para limar asperezas.

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La tendencia hacia el pragmatismo con un socio comercial y financiero tan trascendental para Argentina se intuye inevitable. No chirria la cuestión de fondo, sino el simbolismo detrás de los tiempos. La premura en reunirse tras el aviso a navegantes de Pekín, que advirtió que sería un «grave error» para Argentina cortar los lazos con China, manda una señal que preocupa a quienes creen que la relación con China es una de las muchas cosas que deben cambiar en Argentina.

Sata y la corrupción china

Imposible no recordar lo que en 2010 me dijo Michael Sata, entonces candidato a la presidencia de Zambia: «Los chinos disfrutan de unas condiciones basadas en la corrupción. Cuando sea presidente, deberán cumplir las leyes laborales o tendrán que volverse a China». Con un discurso abiertamente antichino, King Cobra, como era conocido, ganó meses después las elecciones. Su primera cita fue con el embajador chino. Y nada de lo que como candidato prometió cambiar con respecto a China lo llevó a la práctica como presidente.

La relación con Pekín cobra una nueva relevancia no sólo en Argentina, sino también en el resto de América Latina, especialmente en una coyuntura en la que parece que la región gira hacia la centroderecha. El desafío sudamericano a la patria grande izquierdista y revolucionaria es una realidad en Ecuador, Uruguay, Paraguay y —ahora— Argentina, a los que se suma un Perú que marca distancias, sino que se amplía también por el flanco centroamericano con El Salvador, República Dominicana y —quizá en 2024— Panamá. Será interesante ver si Milei es capaz de abordar la relación con Pekín desde otra perspectiva.  

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Todo el mundo entiende que las palabras gruesas que se dicen como candidato no pueden tener continuidad como presidente. Especialmente, si como ha sido el caso con Milei, aseguró que no haría «negocios con ningún comunista», comparó al gobierno chino con un «asesino» y apuntilló con la observación tan sencilla de entender, y tan cierta, de que el pueblo chino «no es libre». Está bien, por tanto, que entierre ahora el discurso mitinero, pero esta retórica debe ahora dar paso a las acciones y a los hechos. Y a centrar sus esfuerzos en tener con China una relación más sana y equilibrada.

Relación comercial

No es realista —y sería un suicidio— romper la relación comercial con China. Pero sí podría apostar por la transparencia de los acuerdos y contratos. O podría tratar de romper las dependencias que para Argentina se han generado por su vínculo con Pekín, tanto las financieras como las comerciales. El nuevo gobierno no debe olvidar que China no importa productos argentinos o invierte en el país para hacernos un favor. Tiene sus propias necesidades estratégicas e intereses en Argentina: su seguridad alimentaria (soja, carne) y los recursos naturales estratégicos (litio). Entender esto contribuirá a reducir la asimetría de la relación.

Milei tiene mucho por hacer en el desmantelamiento de la cercanía política del oficialismo con el régimen comunista, incluidos los elogios y la pleitesía. Recordemos la retórica: «China es una democracia al estilo chino», o «sin el Partido Comunista, no habría una nueva China», entre otras perlas. Alinearse con el mundo libre y salirse de la órbita política de Pekín, ya sea el club de los BRICS o su estrecho vínculo con la Ruta de la Seda, son exigencias del cambio prometido.

Milei tiene la oportunidad de demostrar, en cuanto a su política sobre China, que defender los intereses argentinos y a la vez los principios deberían ser objetivos compatibles. Impedir que se proyecte la sombra de King Cobra y no defraudar a quienes le dieron su confianza en las urnas es el desafío al que se enfrenta. Sobre todo esto, otros países latinoamericanos podrían también tomar nota.

Publicación original en el portal de Cadal, 1 de diciembre de 2023..

¿Qué ha pasado con la «marea rosa»? Los resultados de los principales procesos electorales que tuvieron lugar en América Latina durante 2023 parecen reforzar la tendencia predominante durante este siglo, que suele otorgar la victoria a las oposiciones. Lo que algunos analistas interpretan esencialmente como un signo de inestabilidad, para otros representa la alternabilidad propia de una cierta consolidación democrática, a pesar de los múltiples obstáculos que la democracia sigue enfrentando en la región. En todo caso, es preciso examinar la situación concreta de cada país por separado.

Liberales y conservadores

Argentina siempre sorprende en política, tanto por los factores que inexplicablemente se mantienen constantes como por aquellos que parecen irrumpir de la nada. El controvertido libertario Javier Milei consumó finalmente su insólito ascenso hasta la presidencia. Lo obtuvo gracias a un discurso rompedor y sin el respaldo inicial de una fuerte organización partidista. Disputó el nicho de la oposición liberal a sus ahora socios de la coalición Juntos por el Cambio.

Cabe sumar el resultado de las elecciones legislativas y provinciales, en las que los liberales obtuvieron un amplio respaldo político que posiblemente les permita iniciar la reforma de las políticas que han llevado a la Argentina al borde de la hiperinflación.

Paraguay, en cambio, es la excepción que confirma la regla de la alternabilidad que viene imponiéndose en las presidenciales de la región hace más de una década. Se reafirmó la hegemonía del conservador Partido Colorado. No solo alcanzó la presidencia el candidato oficialista, el economista y exministro de hacienda Santiago Peña, sino que los colorados también conquistaron la mayoría en el Senado y 14 de las 17 gobernaciones.

Por otra parte, en Chile continúa el largo y polémico proceso constituyente iniciado en diciembre de 2019. Una convención, ahora con predominio del conservador Partido Republicano de José Antonio Kast, elaboró una nueva propuesta. El texto será sometido a plebiscito el próximo 17 de diciembre, con un resultado que a todas luces resultará paradójico. Podría pasar que el mismo electorado que aprobó un cambio de constitución rechace un segundo texto alternativo. Esto reforzaría la postura de quienes abogan por mantener la vigencia de la actual constitución. O bien, que se apruebe un texto que mantiene el espíritu de la carta vigente.

Sin Octubre Rojo

Ecuador experimentó un intenso año electoral. Inició en febrero con un plebiscito sobre ocho cuestiones constitucionales y la elección de 5.660 autoridades locales. Los resultados se saldaron con la derrota de la posición defendida por el presidente Guillermo Lasso, agobiado por la oposición de izquierda y por el avance de los carteles de la droga. En mayo, Lasso activó el mecanismo constitucional de la muerte cruzada. Convocó así a elecciones presidenciales para el 20 de agosto, sacudidas por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, crítico del correísmo y del narco. El ganador fue Daniel Noboa, empresario de 35 años, hijo del varias veces candidato presidencial Álvaro Noboa.

A la semana siguiente, el 22 de octubre, la candidata liberal María Corina Machado se impuso con rotundidad en las primarias de la oposición venezolana. Obtuvo 93% de los votos escrutados. En un proceso que se condujo contra viento y marea, organizado por la sociedad civil y evadiendo los obstáculos del régimen autocrático de Nicolás Maduro, más de 2,5 millones de electores se movilizaron dentro y fuera de Venezuela para emitir y contar sus votos manualmente. Con este gesto de desafío cívico, los venezolanos han trazado una vía para afrontar las complejas elecciones presidenciales del 2024.

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Y el 29 de octubre tuvieron lugar las elecciones regionales en Colombia. La ruptura del frente que consolidó en el poder al controvertido presidente Gustavo Petro alimentó la ya notable fragmentación del sistema político colombiano. Esto ocasionó que hasta 35 partidos participaran en los comicios. El oficialismo obtuvo la victoria en 9 de los 32 departamentos. Solo tres de sus candidatos vencedores pertenecen al Pacto Histórico. Por otro lado, el petrismo salió derrotado en las principales alcaldías, incluyendo Bogotá. Se evidencia de este modo la pérdida de respaldo popular en su primer año de gobierno.

México y Guatemala

En junio se realizaron elecciones en dos estados mexicanos. Mientras que en el norteño Coahuila el PRI logró retener la gobernación, en el estado de México, el más poblado del país, la candidata de MORENA, Delfina Gómez, puso fin a casi un siglo de hegemonía del PRI. Por otro lado, las primarias del partido oficialista consagraron a la ex jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, como abanderada de MORENA para las presidenciales de 2024. El opositor Frente Amplio, que nuclea al PAN, el PRI y el PRD, llevará como candidata a la senadora Xóchitl Gálvez.

En Guatemala, la victoria del socialdemócrata Bernardo Arévalo en las presidenciales ha estado acompañada de toda clase de obstáculos. Su partido, el Movimiento Semilla, ha sido acusado de fraudes, irregularidades y de registrarse con firmas falsas. El Ministerio Público suspendió su personalidad jurídica. En tanto, el país se mantiene conmocionado por continuas protestas populares. El Consejo Permanente de la OEA expresó, en su resolución del pasado 15 de noviembre, su preocupación por la «excesiva judicialización del proceso electoral».

En resumen, mientras que en Sudamérica se observa un avance general de la centroderecha, en México y Centroamérica las izquierdas resisten o avanzan. Si bien en la mayor parte de los casos se ha producido un cambio democrático de gobiernos, el caso guatemalteco preocupa por los obstáculos judiciales interpuestos. Y, en Venezuela, las fuerzas democráticas libran una lucha cívica que aún aguarda por un importante desenlace en 2024.