Xi Jinping en Moscú: el alumbramiento de una «nueva era»

La visita de Xi Jinping a Moscú muestra la ambición de China por moldear el mundo del mañana que se está dirimiendo en el campo de batalla ucraniano.

Por: Nicolás de Pedro 4 Abr, 2023
Lectura: 6 min.
Xi Jinping y Vladimir Putin | Foto: Shutterstock
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

La paz es aún una posibilidad lejana, pero cuándo y sobre todo cómo se articule tendrá un impacto decisivo, mucho más allá de Ucrania y Rusia. Ese es el interés prioritario de China liderada por Xi Jinping. Con esta visita y su pretendido plan de paz, Pekín se dirige, principalmente, a las audiencias europeas y a las de América Latina y el resto del llamado Sur global con vistas a forjar un nuevo orden internacional a la medida de la visión e intereses de China.

Oferta insuficiente

Pekín puede ofrecer grandes incentivos económicos y capacidad de interlocución con Moscú y, pese al alineamiento sino-ruso, con Kiev. Pero no es suficiente. La paz es aún una posibilidad lejana, porque hasta el momento ni Rusia ha dado ninguna muestra de renunciar a su objetivo de doblegar estratégicamente o destruir físicamente a su vecino, ni Ucrania de estar dispuesta a claudicar. Y ambos, pese a las dificultades, todavía confían en alcanzar sus objetivos por la vía militar.

Es probable que a lo largo de la primavera Ucrania lance una contraofensiva para recuperar buena parte del territorio ocupado por Rusia. Por su parte, una nueva ofensiva rusa parece ahora más incierta, pero Moscú confía en seguir desgastando a las fuerzas ucranianas y, en particular, quebrar el apoyo occidental a Kiev. Y a ello China puede contribuir decisivamente.

El apoyo occidental al esfuerzo bélico ucraniano es la variable fundamental para la evolución de la guerra. Si Reino Unido, Polonia y, sobre todo, Estados Unidos mantienen o incrementan su ayuda, Rusia tendrá muy difícil derrotar a Ucrania. De ahí el empeño ruso —y más tímido hasta ahora de China— por erosionar este apoyo euroatlántico. Para ello, Rusia recurre a campañas de desinformación y a su capacidad de influencia e instrumentalización de importantes segmentos políticos de la derecha trumpista y de la izquierda populista en Estados Unidos y Europa.

Narrativas rusas

Pese a su aparente poco entusiasmo público con la invasión rusa, China participa de esta estrategia: difunde las narrativas rusas que legitiman su agresión contra Ucrania y comparte el marco narrativo de Moscú que responsabiliza de la guerra a Estados Unidos y la OTAN y a su «mentalidad de guerra fría».

Este alineamiento con Moscú no es óbice para que el presidente ucraniano Zelenski esté abierto a explorar la ambigua propuesta china. Ambigua porque, aunque el documento chino habla del «respeto de la soberanía de todos los países», China no condena, más bien comprende, la agresión rusa y propone un cese de las hostilidades. Este, tal y como está planteado, sancionaría de facto la ocupación y anexión rusa de cuatro provincias ucranianas. Una salida aceptable, quizás, para Rusia, pero inasumible para Ucrania.

Vladimir Putin y Xi Jinping | Foto: Shutterstock
Vladimir Putin y Xi Jinping | Foto: Shutterstock

A China la invasión rusa quizá no le satisface, pero no quiere que Moscú sufra una derrota catastrófica ni que colapse el régimen de Putin. Rusia es un instrumento esencial dentro de su esquema para quebrar la hegemonía global de Estados Unidos y los valores de la democracia liberal. Y mucho más ahora, que se está forjando una relación muy desigual donde Rusia actúa como socio junior de una China que marca la pauta de su «amistad sin límites».

Ucrania y Xi Jinping

Pese a todo ello, Ucrania se muestra receptiva a China porque en el cálculo de Kiev pesan otras consideraciones. Ucrania teme, sobre todo, que en Washington cambie el actual reparto de poder y aumente el peso de quienes quieren reducir o cortar por completo la ayuda a Ucrania. Estas voces son minoritarias en el ámbito del Pentágono, pero significativas en el del Capitolio y en la propia Casa Blanca. Fisuras similares son muy visibles también en Bruselas, Berlín, París o Madrid. Además, Kiev es consciente de su escaso alcance en el Sur Global, donde la realidad ucraniana es ampliamente desconocida y donde, precisamente, China sí ejerce una influencia considerable.

Asimismo, Ucrania sabe que si China opta por suministrar armas y munición clave puede proporcionar una ventaja crítica a Rusia. Kiev también piensa en el día siguiente, es decir, en la reconstrucción de un país devastado. Y ahí China, con su músculo financiero, puede resultar decisiva y más con una Unión Europea afrontando dificultades económicas.

Esas fisuras en el espacio euroatlántico son las que tratará de explotar China en los próximos meses. Con su pretendido plan de paz, Pekín quiere mostrar que, a diferencia de Estados Unidos o la OTAN, es un gran actor capaz de articular una solución negociada. Es decir, apelar a quienes en Europa quieren un acuerdo rápido, aunque suponga un éxito estratégico para Rusia.

Xi Jinping y el sur global

Además, Pekín se dirige también al Sur Global con la intención de atraerlo hacia el advenimiento de una «nueva era» moldeada por China. Esa retórica oficial se distancia y opone al mundo del «orden basado en reglas» liderado por Estados Unidos. Este, según Pekín, está caracterizado por los conflictos y las tensiones. No es casual, por ejemplo, que Xi hiciera coincidir la inauguración de su nuevo mandato con el acto de apadrinamiento de Pekín del deshielo diplomático entre Irán y Arabia Saudita. La disputa es por la legitimidad internacional.

Desde una perspectiva más amplia, Pekín busca deslegitimar el marco propuesto por la Cumbre por la Democracia organizada por Estados Unidos en diciembre de 2021. China aborrece ese marco que facilita el vínculo transatlántico y la cooperación con países afines de Asia, África y América Latina. Esa es la gran variable ideológica que articula la actual competición estratégica global, que se proyecta sobre la guerra entre la democracia ucraniana y el autoritarismo ruso. De ahí, el interés de Pekín por plantear otro marco interpretativo y por atraer a las democracias latinoamericanas al eje sino-ruso. Este es un aspecto esencial de la gran partida que se dirime en Ucrania.

Publicación original en el portal de CADAL.

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Nicolás de Pedro

Nicolás de Pedro

Senior Fellow en el Institute for Statecraft de Londres y colaborador de Análisis Sínico en CADAL

¿Qué debe saber la política sobre el ChatGPT?

Si hacemos la prueba, notaremos que el ChatGPT es más prudente y criterioso al emitir opiniones que algunas personas. ¿Cuál es el debate sobre su uso en lo político y lo comunicacional?

Por: Adriana Amado 3 Abr, 2023
Lectura: 8 min.
¿Qué debe saber la política sobre el ChatGPT?
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

ChatGPT, el nuevo programa de inteligencia artificial (IA), ha despertado alarmas que no se escucharon cuando similares tecnologías empezaron a aplicarse con provecho en campos como la traducción automática. Claramente, ChatGPT amenaza con producir textos más o menos elaborados. Eso tocó la sensibilidad de los periodistas, con más posibilidad de agendar sus temores que el gremio de los traductores.

La prensa disfruta en replicar columnas catastrofistas que le confirman sus miedos, como la de Yuval Harari en The New York Times (24/3/2023). Su sentencia es apocalíptica. «La inteligencia artificial podría devorar rápidamente toda la cultura humana, todo lo que hemos producido a lo largo de miles de años, digerirla y empezar a producir a borbotones una avalancha de nuevos artefactos culturales. No sólo ensayos escolares, sino también discursos políticos, manifiestos ideológicos e incluso libros sagrados para nuevos cultos», dijo.

Desde hace mucho, la posición de la prensa ante la tecnología se parece bastante a la de la política. Abraza los peores pronósticos incluso antes de tener claras evidencias.

En el mismo diario, pero con menos repercusión, Noam Chomsky junto con dos especialistas (8/2/2023), afirmaron exactamente lo contrario. Desde su sólido conocimiento en lenguaje generativo expresaron: «La mente humana no es, como ChatGPT y sus semejantes, un motor estadístico pesado para la coincidencia de patrones, atiborrándose de cientos de terabytes de datos y extrapolando la respuesta conversacional más probable o la respuesta más probable a una pregunta científica. Por el contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente e incluso elegante que opera con pequeñas cantidades de información».

Antes y después

Esa posibilidad creativa es la que la inteligencia artificial no emula. Que cierto sector del periodismo se sienta amenazado por ello habla más de la mecanicidad del trabajo que realiza que de las posibilidades reales de que, como vaticina Harari, la IA pudiera «hackear los cimientos de nuestra civilización».

El periodismo del cortar y pegar ya estaba muerto antes de la aparición del ChatGP, así como los exámenes monográficos en que insisten profesores decimonónicos. Igual de extinta estaba la política basada en la repetición de la misma receta de moda para todas las campañas.

De nuevo, dice el artículo de Chomsky, el aporte de cualquier actividad humana «no busca inferir correlaciones brutas entre puntos de datos, sino crear explicaciones». El artículo agrega una observación que parece describir la comunicación populista: «Mientras que los humanos están limitados en los tipos de explicaciones que podemos conjeturar racionalmente, los sistemas de aprendizaje automático pueden aprender tanto que la Tierra es plana como que la Tierra es redonda». Igual que el consultor político oportunista que, parafraseando a Groucho Marx, podría decir: «Estas son mis campañas; si no le gustan, tengo otras».

Una herramienta desafiante, y de libre uso | Foto: Zdnet.

ChatGPT, un momento prometeico

Con menos repercusión que la calamidad de falta de «píldoras azules» de Harari, Thomas L. Friedmann (21/3/2023) lo presenta como un momento prometeico. El periodista entiende que el desafío de la IA no es diferente al de la energía nuclear. Ésta dio pruebas de su potencial destructivo y, por estar en el ámbito de los gobiernos, se dificultó la creación de «coaliciones adaptativas complejas, donde las empresas, el Gobierno, los emprendedores sociales, los educadores, las superpotencias competidoras y los filósofos morales se unan para definir cómo obtenemos lo mejor y amortiguamos lo peor de la IA».

La IA sí permite ese camino, que es el mismo que el de la pandemia, donde el virus no discriminaba derecha o izquierda, sino orientación al servicio público o guerra ideológica.

Tampoco estamos exentos de una nueva y, sin embargo, no hay tantas opiniones amenazantes como las que despierta cada nueva tecnología que aparece. Harari junto con otras tres mil firmas distinguidas entre las que están Elon Musk (Space X, Tesla y Twitter) y Steve Wozniak (Apple) urgen se detenga por seis meses el entrenamiento de la Inteligencia Artificial. Esa pausa debería servir para que se hagan más robustos y transparentes los sistemas y que los gobiernos aceleren políticas para la gobernanza. Como solución de los especialistas en el tema de todo el mundo, la carta no deja de ser una advertencia más. La desinformación lleva mínimo siete años en boga y aun espera soluciones de los estados. Y la mayoría de los firmantes tienen línea directa con los supuestos destinatarios de la “carta abierta” como para encontrar caminos más conducentes que la comunicación al mundo de su indignación moral.

Como cuenta el mito de Prometeo, los viejos dioses se sienten indignados porque el titán les entregó el fuego a los hombres. En este siglo, ocurrió con la clonación, tecnología que no multiplicó humanos, pero fue fundamental para el desarrollo de las vacunas. Hasta la Wikipedia fue condenada como el fin de la cultura y la amenaza de los maestros, igual que hoy el Chat-GPT. Recuerda Chomsky que Sherlock Holmes le dijo al Dr. Watson «Cuando hayas eliminado lo imposible, lo que quede, por improbable que sea, debe ser la verdad».Para dar alguna pista de las improbabilidades que ofrece la IA, el ChatGPT contestó a Diálogo Político algunas cuestiones sobre su posible uso en la política, en distintos aspectos. Recorriendo alguna de sus respuestas se puede comprobar que el ChatGPT es más prudente y criterioso al emitir opiniones que algunas personas.

Hablando con el Chat GPT

Adriana Amado

Adriana Amado

Doctora en Ciencias Sociales. Presidente de Infociudadana. Investigadora en Worlds of Journalism Study. Periodista en el diario La Nación y Radio de la Ciudad de Buenos Aires.

El estado de la democracia y la tendencia global hacia la autocracia

El mundo vive una alarmante tendencia hacia la autocracia y la censura. Como resultado, 28 % de la población vive en autocracias cerradas. Ahora las democracias dependen más económicamente de las dictaduras.

Por: Zoe von Blücher López 31 Mar, 2023
Lectura: 5 min.
Manos votando en asamblea. Fuente: fundaciodc.org
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El Instituto V-Dem (Variedades de Democracia), situado en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, ha publicado su reporte anual 2023 sobre el estado de la democracia en el mundo. El estudio, financiado entre otros por el Banco Mundial, produce el mayor conjunto de datos sobre democracia en el mundo. Estos son recopilados de manera multidimensional, con un mínimo de cinco expertos por país, sumando más de 3.700 especialistas a nivel internacional.

El informe refiere a cuatro categorías: democracia liberal, democracia electoral, autocracia electoral y autocracia cerrada. Pone la lupa en Estados democratizadores, es decir, aquellos que muestran tendencias hacia un nivel más alto de democracia, y Estados autocratizadores, los que señalan un retroceso democrático.

Las cifras más alarmantes

  1. 72 % de la población mundial (5.700 millones de personas) vive en autocracias. Hace diez años sólo era el 46%.
  2. Hay 90 democracias y 89 autocracias en el mundo.
  3. Por primera vez en 20 años hay más autocracias cerradas que democracias liberales.
  4. En los últimos 30 años, las democracias han duplicado su dependencia económica de las autocracias.
  5. En 2022 se registró un número récord de 42 países autocratizadores.
  6. El nivel democrático disfrutado por el ciudadano promedio es igual al de 1986.

Democratización y autocratización

Entre ocho países que han logrado regresar a la democracia después de un periodo de autocracia, se reconocieron cinco elementos comunes:

  1. movilización a gran escala contra el statu quo;
  2. reversión de la cooptación del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo;
  3. unión entre oposición y sociedad civil;
  4. elecciones críticas con alternancia en el poder; y
  5. protección o apoyo internacional democrático.

No obstante, 2.200 millones de personas, el 28 % de la población mundial, viven en autocracias cerradas como China, Irán, y Vietnam. Por otro lado, 44 % lo hace en autocracias electorales como India, Nigeria, Pakistán y Turquía. Solo 14 países, que representan el 2 % de la población, muestran tendencias hacia la democracia.

En los últimos dos años, nueve países se han convertido en autocracias cerradas: Afganistán, Irán, Myanmar, Haití, Chad, Malí, Guinea, Turkmenistán y Uzbekistán. Adicionalmente, se observan grandes diferencias regionales, especialmente en el Medio Oriente y el norte de África, donde Israel es la única democracia. En Asia-Pacífico y África subsahariana, el 89 % y el 79 % de la población, respectivamente, vive en autocracias.

Latinoamérica

En los últimos diez años, tres países de la región mejoraron según el índice de democracias liberales (LDI): Ecuador, República Dominicana y Honduras. Sin embargo, ocho han incrementado su tendencia hacia la autocracia: Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, Venezuela y Brasil. Este último mejoró su LDI ligeramente tras la elección de Lula da Silva. No obstante, Brasil permanece en la lista de los diez mayores autocratizadores en los últimos cuatro años.

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En 2022, únicamente cuatro países en América Latina y el Caribe fueron catalogados como democracias liberales: Barbados, Chile, Costa Rica y Uruguay. No obstante, una mayoría (15 de las 25 naciones) son clasificadas como democracias electorales.

De las seis naciones etiquetadas como autocracias, cuatro son electorales (El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela) y dos cerradas (Cuba y Haití).

Comercio y cambio global

Entre 1999 y 2022 el nivel de dependencia comercial de las democracias respecto de las autocracias ha aumentado de 21 % a 35 %. Por lo contrario, las autocracias han disminuido el suyo de 71 % a 55 % en el mismo periodo. Esto se debe en parte al incremento del número de autocracias y a la expansión económica de China.

Los países autocráticos ahora componen un 46 % del PIB mundial, casi el doble que hace 30 años. El reporte señala un cambio en el equilibrio del poder económico y advierte que, si estas tendencias continúan, las autocracias superarán a las democracias en poder económico global durante las próximas décadas.

Libertades y elecciones

La calidad de las elecciones en 2022 mejoró en doce países, pero se deterioró en 23. Asimismo, la libertad de expresión empeoró en 35 países, comparado con solo siete hace diez años.

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En cuanto a la censura gubernamental en los medios, V-Dem observó un deterioro en 47 países, particularmente en El Salvador, Afganistán, Hong Kong, Mauricio y Polonia. Rusia fue el más represivo en 2022 en cuanto a libertad de expresión en internet, con más de 247.000 páginas web bloqueadas durante la guerra contra Ucrania.

Los datos mostrados en el reporte, el aumento de gobiernos represivos y autocráticos en las últimas décadas, así como la dependencia económica respecto a estos, proponen una peligrosa tendencia global que no debe pasar desapercibida.

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Zoe von Blücher López

Zoe von Blücher López

Estudiante de relaciones internacionales en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Rhine-Waal, Alemania. Pasante en la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay (2023).

Cuba: la revolución sin pueblo. Así baja la participación

Los comicios parlamentarios afirmaron una población crecientemente desconectada del régimen. Se trata de una sociedad que va volviéndose poscomunista a pesar de la represión, el dogma y el corsé totalitario.

Por: Johanna Cilano 30 Mar, 2023
Lectura: 7 min.
Playa Cayo Jutias, Provincia Pinar del Río, Cuba | Shutterstock
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Los comicios celebrados el 26 de marzo en Cuba para elegir a la Asamblea Nacional del Poder Popular —un Legislativo que ni delibera ni responde al sentir popular— son el más claro ejemplo de por qué los regímenes autoritarios celebran elecciones.

Estas se dieron dentro de un modelo político institucional de diseño leninista, con un espacio cívico cerrado y sin garantías para el ejercicio libre de la libertad de asociación, manifestación y expresión. Constituyen un proceso poco transparente, que incumple criterios básicos de integridad electoral, evidenciado con el veto a la observación y auditoría electorales independientes.

Nada que elegir

Las elecciones generales en la Isla se celebran cada cinco años. Las del domingo 26 de marzo son las primeras después del proceso de reforma constitucional de 2019, realizadas bajo la nueva ley electoral emanada de los cambios constitucionales. Estos no implicaron procesos de ampliación democrática, e incluso disminuyeron los órganos electos de manera directa y aumentaron los cargos a designar. Tampoco recogieron los planteamientos populares que abogaban por la elección directa de las principales autoridades del país: presidente y vicepresidente.

[Lee también: Cuba a un año de las protestas del 11J]

El proceso ocurre después del mayor ciclo de contestación social que ha vivido Cuba en sesenta años. A las protestas de jóvenes artistas contra la censura en 2020 y las masivas manifestaciones populares de 11 de julio de 2021, le acompañó un incremento constante de protestas por servicios públicos. Con episodios destacados como los ocurridos entre septiembre y primeros días de octubre de 2022. También se produjo el mayor éxodo migratorio de su historia, con un saldo estimado de más de 300 000 cubanos que emigraron en 2022. En ese contexto se celebraron también los dos procesos de mayor abstención electoral desde el triunfo de la Revolución. Uno, el referéndum del Código de las Familias; el otro, las elecciones locales del 27 de noviembre de 2022.

La unidad del pueblo en Cuba

Después del récord de abstención de las elecciones locales de noviembre, hay que señalar el esfuerzo propagandístico del régimen para las elecciones generales. Una gráfica atractiva, el uso de redes sociales y los recorridos de candidatos por localidades contrastan con la prohibición explícita de realizar cualquier acto para inclinar la intención de voto recogida en la legislación electoral. Es desigual promoción que reciben los candidatos que son de nivel provincial o nacional frente a los candidatos a diputados que son también delegados locales. De igual manera, se repitió una vez más la campaña del voto unido, el llamado a demostrar a unidad del pueblo frente a los enemigos, y el voto por todos como el respaldo necesario al proceso revolucionario. Carteles, camisetas, realización de actividades culturales, promoción de eventos deportivos e incluso realización de ferias comerciales con venta de alimentos aparecían de la mano de hashtags como #YoVotoXTodos o #MejorEsPosible.

La jornada electoral se caracterizó por la apatía y por la baja de la participación. Se trató de un proceso sin alternativas políticas, donde se votaron 470 personas para conformar un Parlamento conformado por 470 diputados. Esas personas fueron seleccionadas por las comisiones de candidatura, órganos integrados por organizaciones sociales y de masas subordinadas al partido único. En ese escenario, la vocación plebiscitaria del proceso se centraba en demostrar el apoyo de la ciudadanía al Gobierno y legitimar el sistema a partir de los altos niveles de participación electoral.

Votación en Cuba | Fuente: Infobae
Votación en Cuba | Fuente: Infobae

Inclusión y exclusión discrecional

Durante las votaciones, la autoridad electoral ofreció partes parciales sobre participación. El padrón electoral anunciado para la jornada, 8.120.074 ciudadanos, tiene una disminución de 234.645 registros respecto al padrón utilizado en las elecciones locales de noviembre, de 8.354.717. Son, además, 519.917 ciudadanos menos que el padrón utilizado en el último proceso electoral general, en 2018, de 8.639.989. El padrón utilizado es resultado de procesos de inclusión y exclusión totalmente discrecionales, no auditables ni verificables, y puede incluso variar en el momento en que se anuncien los resultados finales.

Los partes informados a lo largo del día (siempre según los incontrastables y cuestionados datos oficiales) mantuvieron una misma tendencia: menor porcentaje de participación que en 2018 pero mayor que el obtenido en el proceso de elecciones locales de noviembre de 2022.

Los datos preliminares ofrecidos por la autoridad electoral el lunes 27 de marzo anunciaban una participación de 75,92 %, por encima del 68,56 % del pasado noviembre, pero por debajo del anterior proceso general en 2018, cuando la participación fue del 82,90 %.

Un 90 % de los votos resultaron válidos y hubo aumentos importantes respecto a 2018 en términos de voto blanco y voto nulo, y también en el voto selectivo. El 72,19 % de los votos válidos fueron voto unido, principal consigna del régimen; y un 27,90 % de los ciudadanos que emitieron voto válido lo hicieron de manera selectiva.

Participación en las elecciones a la ANPP de Cuba (%)

Fuente: Arreola, Gerardo (2023) en base a informes oficiales de Granma y Cubadebate. Las cifras 2023 son preliminares, según Consejo Electoral Nacional.

Votaciones a la cubana

Más allá de los números ofrecidos por las autoridades electorales cubanas, tanto la prensa independiente como las redes sociales, los observadores independientes e incluso la prensa oficial mostraron un panorama lleno de imágenes donde solamente aparecían las autoridades de los colegios y los estudiantes que custodiaban las urnas. No hay fotografías de filas en los colegios, ni de grupos aglomerados alrededor de los candidatos en el momento de ejercer el voto. Desde organizaciones de derechos humanos se documentaron detenciones y limitación de movimiento a activistas y observadores independientes.

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Observadores y prensa independiente, activistas y personas en redes sociales señalaron durante toda la jornada numerosas irregularidades como el toque puerta a puerta, vetos a la observación en los colegios, envío de las boletas a domicilios y prácticas extendidas de coacción y acarreo. La revisión de los datos electorales desde 2008 muestra con claridad esta tendencia, el crecimiento sostenido de la abstención y de otras formas de expresión del disenso en el contexto represivo cubano: el voto nulo, el voto en blanco y el voto selectivo.

Los últimos procesos electorales en la Cuba totalitaria se han acompañado con campañas, desde diversas fuerzas opositoras y defensores de derechos humanos, que convocan a la abstención como forma de visibilizar la falta de legitimidad y la imposibilidad de construir salidas políticas a la realidad cubana con la actual legislación. También, de manera creciente, se han fortalecido los esfuerzos por documentar y denunciar las irregularidades del proceso electoral. Los activistas y ciudadanos que realizan estas actividades han sido periódicamente amenazados, acosados e inclusos privados de su libertad de movimiento, en un contexto donde no está regulada la observación electoral.

Quizá lo más importante sea que estos comicios revelaron una población crecientemente desconectada de los mecanismos de movilización y coacción prototípicamente leninistas del régimen. El desglose de resultados por provincia, y por diputados, pueden quizás mostrarnos claramente una posición de la ciudadanía, e incluso un claro voto de castigo a ciertos dirigentes y autoridades locales y nacionales. Esto ocurre con personas que, en su mayoría, no están vinculadas a ninguna organización de la debilitada y reprimida oposición política. Gente común que está descubriendo y ejerciendo la ciudadanía sin haber sido jamás disidente. Se trata de una sociedad que va volviéndose poscomunista —más autónoma y vocal— a pesar de la represión y el dogma de un régimen aferrado a su corsé totalitario.

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Johanna Cilano

Johanna Cilano

Abogada y politóloga. Doctora en historia y estudios regionales. Investigadora nivel C del Sistema Nacional de Investigadores de México. Miembro de la Red de Politólogas. Co-directora de Gobierno y Análisis Político AC (GAPAC).

Cumbre Iberoamericana: ¿agendas en discordia?

¿Qué puede decirse sobre la salud de la Cumbre Iberoamericana y otros mecanismos de cooperación internacional? El interés por generar espacios complacientes con las dictaduras regionales parece predominar en nuestra región.

Por: Miguel Ángel Martínez Meucci 28 Mar, 2023
Lectura: 7 min.
Cumbre de presidentes y jefes de Estado de la región iberoamericana 2023
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Hace unos días se celebró en Santo Domingo la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Esta vez estuvo enfocada en las problemáticas del cambio climático, la revolución digital y la justicia social. Marcada por el actual predominio de los gobiernos de izquierdas entre los países miembros de la región, y a pesar de notables ausencias y de ciertos recelos previos, la Cumbre logró concretar el Plan de Acción de la Cooperación Iberoamericana 2023-26, la Carta de Derechos Digitales, la Estrategia de Seguridad Alimentaria y la Carta Medioambiental o Pacto Verde.

Algo de contexto

Un balance adecuado sólo es posible si se observa la evolución de este mecanismo desde su fundación hasta nuestros días. Con más de treinta años de antigüedad y 22 Estados miembros, la creación de las cumbres iberoamericanas en los años noventa provino inicialmente del Gobierno de España, que junto con su vecino Portugal venía consolidando su naciente democracia y experimentando un notable crecimiento económico. Ambos Estados tenían pocos años de incorporados a una Comunidad Económica Europea. Por aquel entonces, el bloque pasaba a convertirse en la Unión Europea y apuntaba a la unión monetaria.

España y Portugal aprovecharon de ese modo aquellas circunstancias favorables para presentarse —en virtud de los lazos históricos y culturales que les unen con Iberoamérica— como sus interlocutores naturales dentro del mayor mercado común del planeta. Disponían para ello de fondos importantes que invirtieron en la consolidación del mecanismo de las cumbres iberoamericanas, contando con una secretaría general que fue fundada en 2003 y que dispone hoy de oficinas en México, Montevideo y Lima. El secretario general actual es Andrés Allamand, quien fungió durante dos años como canciller de Chile durante el más reciente gobierno de Sebastián Piñera.

No obstante, durante la primera década del siglo XXI emergieron en la región diversos movimientos políticos que trabajaron para entorpecer el funcionamiento de dichas cumbres. Así lo hicieron también con el ALCA, que por aquel entonces promovía el Gobierno de los Estados Unidos. Tal fue el caso, por ejemplo, de la «Revolución bolivariana» de Hugo Chávez y sus socios regionales. Lucharon también por implantar en su lugar nuevos esquemas de cooperación regional, desprovistos de vocación atlantista, excluyendo a europeos y norteamericanos e imponiendo las agendas que respondían a las veleidades ideológicas del momento. Surgieron así ALBA, Unasur y Celac.

Ilustres ausentes

Como consecuencia de lo anterior, y considerando además que el PIB per capita de España se ha mantenido prácticamente estacionado desde tiempos de José María Aznar (1996-2004), las cumbres iberoamericanas han perdido una parte importante del empuje con el que se iniciaron en los años noventa. Desde 2014 no han dejado de celebrarse anualmente, para tener lugar ahora cada dos años. Y con el tiempo tienden a multiplicarse las ausencias de destacados mandatarios. En esta ocasión, los presidentes de países tan relevantes como México y Brasil decidieron no asistir a la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo. Esto merece ser comentado.

Al igual que su predecesor Bolsonaro, Luiz Inácio Lula Da Silva mantiene muy vivo el interés brasileño por los BRICS. En este selecto club capitaneado por China la democracia no es una prioridad, pero allí participan importantes potencias mundiales —tradicionales como Rusia o emergentes como la India—. Lula alegó una visita a China para declinar su asistencia a Santo Domingo, aunque al final una neumonía le habría impedido viajar a Beijing. Queda pendiente poner nueva fecha al compromiso.

Por otro lado, está claro que las cumbres iberoamericanas no siempre comulgan bien y, hasta cierto punto, representan una competencia para la Unasur. El propio Lula se empeñó en crear este foro regional durante su primera etapa presidencial y hoy se encuentra un tanto rengueante e inactivo.

Agendas personales

En el caso de México, el polémico López Obrador ha hecho de su batalla personal contra el pasado hispánico un eje de su retórica. Su discurso antimperialista es tan raudo en demonizar a Hernán Cortés como condescendiente hacia Putin o Trump. De ahí que, de forma bastante más explícita que Lula, el presidente mexicano haya dejado entrever su incomodidad con el mecanismo de las cumbres iberoamericanas. Alegaque el rey de España todavía no ha ofrecido sus disculpas por lo que españoles de siglos pasados hicieron en el territorio de lo que hoy es México.

AMLO, por lo demás, se ha negado a traspasar a Perú la presidencia de otro mecanismo de cooperación de la región. Se trata de la Alianza del Pacífico. El mexicano considera «espurio» al gobierno de Dina Boluarte.

Gustavo Petro también fue muy crítico con la destitución de Pedro Castillo en Perú. El colombiano jugó un papel más constructivo para impulsar su «agenda progresista», plasmada en concreto en la «Carta Medioambiental Iberoamericana» que propuso su Gobierno. A pesar de su pasado singularmente radical, Petro se ha mostrado hasta ahora más cauto y conciliador que algunos de sus colegas de la región. De ahí que haya participado de buena gana en el Encuentro Empresarial Iberoamericano. Allí, Felipe VI, rey de España, entregó el Premio Iberoamericano de Calidad a dos empresas colombianas.

Positivo ha sido también el papel desempeñado por el presidente Gabriel Boric. Este, tras su primer y atribulado año de mandato presidencial en Chile, no ha vacilado en asumir la vanguardia de la crítica a la deriva autoritaria que se registra en Nicaragua. En medio del océano de indiferencia que impera hoy entre los Gobiernos de la región con respecto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, la voz de Boric, con todo y que no se extiende del mismo modo a los gobiernos autoritarios de Cuba y Venezuela, ha de ser aplaudida. Esa indiferencia generalizada debe mucho a los vínculos ideológicos y económicos que varios mandatarios mantienen con tales dictaduras, para el descrédito de las izquierdas iberoamericanas.

Foro progresista en la región

Así, el actual presidente del Gobierno español y de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, promovió un «Foro de Presidentes Progresistas» como instancia paralela a la Cumbre. El objeto: reunirse en Santo Domingo con los presidentes Boric, Petro y Alberto Fernández de Argentina, entre otros. Con la presidencia española de la Unión Europea y la cumbre UE-CELAC a la vuelta de la esquina, tanto Sánchez y Josep Borrell como Felipe VI se han esforzado al máximo en revitalizar esta Cumbre Iberoamericana. Aseguran que la UE le presentará a la CELAC, en julio en Bruselas, un paquete de inversiones estratégicas a la región. No hubo, en cambio, menciones específicas al tema de Ucrania, sino una defensa a la soberanía de los Estados.

En definitiva, ¿qué conclusiones podemos extraer al respecto? La cumbre iberoamericana sigue manteniendo en alguna medida su vigencia, a pesar de la deriva experimentada durante el siglo XXI. Al igual que otros esquemas de cooperación regional, sufre la ausencia de genuinas políticas de Estado de parte de varios Estados miembros. Con demasiada frecuencia los gobiernos de turno imponen sus intereses concretos y orientaciones ideológicas. A día de hoy, el interés por generar espacios como la CELAC —bastante complacientes con las dictaduras regionales— parece predominar en nuestra región. En otros casos, predomina el auge político y comercial de grandes potencias no democráticas, como China o Rusia. Esto impone una competencia feroz que va en desmedro de la defensa de la democracia y de un espacio común atlántico entre los 22 países miembros.

Al final del día, solo un compromiso claro con la democracia liberal y con Occidente puede dar origen a políticas de Estado que consoliden una cooperación en la región que esté orientada al desarrollo integral de nuestros países, y no a la defensa de los políticos y gobiernos de turno.

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Miguel Ángel Martínez Meucci

Miguel Ángel Martínez Meucci

Profesor de Estudios Políticos. Consultor y analista para diversas organizaciones. Doctor en Conflicto Político y Procesos de Pacificación por la Universidad Complutense de Madrid

¿Por qué más mujeres significa más democracia?

Nuestras sociedades son diversas. Por ende, las autoridades electas deben reflejar esta diversidad. La participación de mujeres es un factor clave, trascendental. No para tener mejores presidencias, sino para tener democracias más representativas.

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más mujeres, más democracia
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Una mujer presidenta puede, al igual que un hombre, llegar a ser mal gobernante. El género no hace la diferencia en eso. Es importante distinguir el desempeño de cada personaje a la luz de la calidad de la democracia. Una democracia fuerte puede producir malos líderes o malas lideresas. En tal sentido, la institucionalidad democrática debe representar a la sociedad.

«¿Qué tiene que ver?»

El 8 de marzo publicamos un artículo en Diálogo Político bajo el título «Más mujeres, mejor democracia». Pocos textos han generado tanta reacción en esta página, especialmente en su cuenta de Twitter, donde se vieron reacciones positivas y negativas. Sentimos que había muchos argumentos de comentaristas que valen la pena responder. Lo hacemos con este texto.

Una frecuente crítica en los comentarios fue «¿qué tiene qué ver el género con la democracia?». La respuesta es simple: mucho. Esto se puede explicar con este razonamiento: la democracia representa a la sociedad. La representación democrática necesita diversidad. Así pues, la democracia, los partidos y, en general, las políticas, deben asumirse como un reflejo de la sociedad. En una democracia estable, las mujeres y los hombres deben participar juntos en los procesos de toma de decisiones políticas. Mientras más paritaria sea la representación, mejor.

Es una falacia creer que los gobiernos, solo por ser dirigidos por mujeres, llevan automáticamente a un clima de gobernanza efectiva y eficiente, en comparación con los liderados por hombres. Si así fuera, los debates sobre la paridad serían prácticamente inexistentes. El que una mujer ocupe la presidencia del gobierno no significa que la gobernanza será mejor. No obstante, para la democracia es mejor que tanto mujeres como hombres ocupen todo tipo de cargos públicos en igualdad de condiciones, incluida la presidencia del gobierno. Mientras que esto ocurra de forma paritaria, mejorará la calidad de la democracia porque ofrece un espejo más realista de la sociedad.

Las presidentas

Muchos comentarios a nuestro artículo criticaron la lista de presidentas que han ejercido el cargo en América Latina. Apuntaban a su mala gobernanza. Algunas de estas presidentas han sido duramente cuestionadas por la corrupción en sus gobiernos, otras detenidas y otras destituidas.

En nuestra opinión, muchas de estas críticas están absolutamente justificadas. No por ser mujeres, sino por tener mal desempeño en la gestión del gobierno. Sin embargo, como dice el título del artículo, «Más mujeres, mejor democracia», nuestro objetivo no era hacer una lista de las mujeres cuyo desempeño en la presidencia nos haya gustado de manera especial, sino de las mujeres que han ocupado el cargo presidencial. Porque lo importante es que han sido pocas las presidentas en la región latinoamericana.

Imagínense si publicásemos una lista de todos los hombres que han ocupado la presidencia del gobierno en América Latina. Lo primero que resaltaría es el enorme desbalance en números. Nos demoraríamos varios días en confeccionar dicha lista. E incluiría personajes como Hugo Chávez, Raúl Castro, Daniel Ortega y muchos, muchos más. A estos mencionados, por ejemplo, con justa razón se les criticaría duramente por ser malos presidentes y autócratas, pero no por ser hombres. Para volver al punto, la imaginación de esta lista de presidentes hombres muestra algo evidente: los hombres tienen aún las más altas probabilidades de ocupar el cargo presidencial con respecto a las mujeres. Y esto sí es un problema de fondo para la democracia.

¿Qué se aprende del debate?

A Escandinavia le gusta presumir que las mujeres gobiernan su región en mayor medida, si se la compara con otros lugares. No obstante, mujeres políticas como la primera ministra de Finlandia Sanna Marin expresan repetidamente que se ven reducidas a su género, especialmente en los medios de comunicación. El género, como ya se ha mencionado, no es un indicador de buen o mal gobierno, pero una mayor proporción de mujeres es un indicador de una democracia más representativa. La canciller alemana Angela Merkel, quizás una de las mujeres gobernantes más apreciadas de la historia, ha hablado en términos muy parecidos.

[Lee también: De la cuota a la paridad: lecciones de América Latina]

No cabe duda de que la región de América Latina está rodeada de fuertes nubarrones autoritarios. Los relámpagos de la corrupción y las tormentas de la falta de Estado de derecho hacen que el cielo se vea oscuro. Por ello, hemos aprovechado el 8 de marzo para mostrar que la región, afortunadamente, ha dado pasos importantes en materia de representación política igualitaria. Más que en las presidencias, esto se nota en los parlamentos.

En lugar de centrarnos exclusivamente en las críticas a las personalidades de la lista de presidentas, deberíamos fijarnos en el pequeño rayo de sol que se esconde tras la oscuridad. Un rayo de sol que brilla en beneficio de la diversidad en la sociedad. Debemos avanzar hacia mejores democracias, con más representatividad y más mujeres.

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Sebastian Grundberger

Sebastian Grundberger

Coordinador de los países andinos en la Fundación Konrad Adenauer.

Kristin Langguth

Kristin Langguth

Representante adjunta del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, con sede en Montevideo, Uruguay.

Hubertus Knabe: El «renacimiento de las dictaduras» obliga a construir y mantener una cultura del recuerdo

El expresidente de la Fundación del Memorial Berlín «Hohenschönhausen» habla sobre la reconciliación y el modo en que las sociedades afrontan su pasado.

Por: Kristin Langguth, Manfred Steffen 23 Mar, 2023
Lectura: 8 min.
Dr. Hubertus Knabe
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El Dr. Hubertus Knabe es historiador e investigador especializado en totalitarismos y memoria histórica. Ha publicado diversos libros sobre la dictadura de la ex República Democrática Alemana y el control de la sociedad. Entre 1980 y 1987 fue declarado persona non-grata por la Alemania soviética. Desde el año 2000 al 2019 fue director científico y presidente de la Fundación del Memorial de Berlín Hohenschönhausen, que funciona en las instalaciones de la Prisión Central de la Policía Política Soviética, la Stasi. En su reflexión sobre el comunismo, su vida y su carrera han estado impulsadas por dos preguntas: «¿Cómo se ha podido llegar a esto y cómo siguen afectando estas experiencias de violencia?» y «¿Qué hay que hacer para evitar que se repitan?».

En la actualidad, Knabe se dedica a recorrer el mundo para conocer los impactos de los totalitarismos y generar una mayor comprensión de la necesidad de políticas de memoria como protección de las democracias. Es optimista respecto a Latinoamérica, pero indica que hay que fortalecer el proceso de memoria para que exista mayor sensibilidad y precaución ante las tendencias autoritarias.

El renacimiento de las dictaduras

Diálogo Político: ¿Por qué a tanta gente le siguen pareciendo atractivas las dictaduras?

Dr. Hubertus Knabe (HK): Actualmente estamos viviendo un renacimiento de las dictaduras. Pensemos en Rusia, Myanmar, Turquía y otros países. Hace treinta años esto era diferente porque hubo un renacimiento de la democracia, aquí en América Latina, pero también en Europa del Este.

No creo que esto se deba a que la gente necesariamente quiera vivir en una dictadura, sino a que grupos de poder que se colocan en la punta del Estado imponen un modelo social y político. Como regla general, esto no sucede voluntariamente, pues el término dictadura ya implica que no es voluntario.

DP: ¿Qué daños dejan los regímenes autoritarios en la sociedad?

HK: El daño de los regímenes autoritarios se sitúa en varios niveles. Lo primero y más fundamental es que muchas personas se convierten en víctimas de persecución. Son torturadas, asesinadas, encarceladas. Pero los efectos van más allá. Se desarrolla un modelo social en el que ya no se discute para llegar a las mejores soluciones. En su lugar, el Estado dicta cómo deben ser las cosas y la gente tiene que someterse. Normalmente, en todas las dictaduras, solo unos pocos tienen la valentía de resistirse, por lo que la gente se acostumbra.

Una vez lo comparé con la vida en una celda. Te acostumbras y te olvidas de cómo actuar y pensar de manera independiente. Básicamente, te vuelves una especie de esclavo del Estado. Esto a la larga tiene consecuencias sociales devastadoras, porque las mejores soluciones suelen surgir cuando se puede discutir polémicamente.

Berlin Hohenschoenhausen Memorial | Fuente: Berlin.de
Berlin Hohenschoenhausen Memorial | Fuente: Berlin.de

Pasado y memoria

DP: ¿Qué condiciones necesita una sociedad para mantener una cultura del recuerdo?

HK: Se trata de un proceso complicado. Suelen iniciarlo los antiguos perseguidos, que señalan su destino y plantean reivindicaciones, como la rehabilitación y la indemnización. Después surgen iniciativas que buscan preservar la memoria, porque muchas de las persecuciones sucedieron en secreto. No quieren hacerlo públicamente, por lo que surgen propuestas para construir monumentos y museos en los que se presente esto.

Por eso es tan importante la educación en la escuela, así como otros proyectos educativos, con el objetivo de evitar que una situación así se repita. Este es un proceso difícil en la mayoría de países, porque hay mucha resistencia. A los implicados en la dictadura no les interesa hablar de ello. Los que se han adaptado no quieren que se les recuerde por qué se han adaptado. Las víctimas son percibidas como alborotadoras o molestas, por lo que suelen tener un lobby político muy débil. Sin embargo, hay maneras de fortalecer este proceso de memoria. Y eso es lo que me preocupa principalmente: qué instrumentos son eficaces y cuáles no.

Alemania y la Stasi

DP: Como antiguo director del Memorial de Berlín Hohenschönhausen, tiene experiencia en asumir las injusticias de la RDA. ¿Algo le impactó especialmente?

HK: Me impresionaron mucho los encuentros con los antiguos presos. Un caso, por ejemplo, era el de un anciano que había sido detenido antes de la fase soviética y tenía una hija pequeña. Cuando regresó, la familia que tenía ya no estaba. Esto fue luego de muchos años, por lo que el contacto se había perdido. Después, durante una entrevista en televisión, su hija lo vio por casualidad y, por primera vez en cincuenta años, se reencontraron. Experiencias como estas le han dado forma a este trabajo para mí. He tenido historias como esta todos los días.

Quizá debería reiterar que a menudo te encuentras con resistencia. Especialmente, cuando empiezas a desmontar los fundamentos ideológicos de la persecución, porque siguen siendo populares hoy en día con ciertos grupos. Es esta suerte de renacimiento del socialismo o de la ideología socialista. Como el hecho de que esta dictadura controlara y no se disolviera, sino que solo se rebautizara y ahora esté en el Parlamento alemán a través de algunos representantes. Que muchos antiguos informantes del servicio secreto [Stasi] sigan sentados en los parlamentos provinciales después de treinta años, especialmente en la Alemania del Este.

Mi última experiencia en este sentido fue con un antiguo informante de la Stasi, que negoció en el acuerdo de coalición para gobernar el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental entre el SPD y el Die Linke (Partido de la Izquierda). Cuando uno señala que esto quizá sea un problema, sobre todo para los que sufrieron bajo ese sistema y bajo la persecución —porque esto es precisamente lo que desencadena el trauma—, te encuentras con resistencia y nadie quiere oírlo.

Kristin Langguth, Manfred Steffen y Hubertus Knabe durante esta entrevista.

El legado de las dictaduras militares

DP: ¿Qué podría aprender América Latina del trabajo de Alemania para reconciliarse con el pasado?

HK: En primer lugar, me gustaría decir que América Latina ha logrado mucho en lo que se refiere a reconciliación con el pasado. Hay grandes museos, hay archivos de grupos de derechos humanos o sobre violaciones de derechos humanos. En muchos países en el mundo no existe tal cosa.

Lo que quizá distingue al enfoque alemán para la superación del pasado es que también hablamos mucho de los ofensores. Hemos investigado mucho sobre los perpetradores, tanto en relación con el nacionalsocialismo como con la RDA. Es un punto que en Latinoamérica encuentra mucha resistencia. Cuando pienso en Uruguay, por ejemplo, los militares formaban una especie de comunidad conspirativa en aquella época, lo que lleva a que rara vez se trate con los responsables.

[Lee también: Latinoamérica: sombras sobre la resiliencia democrática]

Tal vez sea una peculiaridad del proceso alemán la asimilación del pasado. Pone a los culpables en el centro y no sigue el camino comparativamente sencillo de decir «todos fuimos víctimas». Decir que nuestros padres, abuelos y bisabuelos hicieron posible este sistema es una cuestión completamente diferente, mucho más difícil de soportar, que decir que todos estábamos, por así explicarlo, controlados por Hitler o la Stasi. Creo que este es un punto que puede transferirse de Alemania a otros países.

La individualización

DP: Hannah Arendt dice que en la individualización el ser humano cultiva la base del autoritarismo. ¿Observa algo parecido, especialmente en relación con la digitalización?

HK: Yo no apoyaría esa tesis de que la individualización conduce al autoritarismo. Al contrario, creo que la individualización es quizás el antídoto más poderoso contra el autoritarismo, porque la gente ya no se deja forzar tan fácilmente hacia el gobierno colectivo en las sociedades industriales modernas.

Si nos fijamos en las viejas imágenes de las marchas de los movimientos fascistas o comunistas, eso nos resulta bastante ajeno hoy en día. Tengo mis dudas sobre si hoy todos participarían en esas organizaciones de masas que se formaron, como las Juventudes Hitlerianas. Eso me hace algo optimista.

Por ejemplo, con respecto a China, si este régimen cayera algún día, creo que sería, sobre todo, debido a la individualización. Nuestra forma de vida individualizada no va de la mano con esta estructura de gobierno colectivo. Al menos esa es mi esperanza, la de que esto prevalezca a largo plazo.

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Kristin Langguth

Kristin Langguth

Representante adjunta del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, con sede en Montevideo, Uruguay.

Manfred Steffen

Manfred Steffen

Magíster en Ciencias Ambientales por la Universidad de la República de Uruguay. Dipl. Ing. Fachhochschule für Druck in Stuttgart. Coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo.

Voto obrigatório e liberdade de votar

La discusión sobre el voto obligatorio es recurrente en Latinoamérica, puesto que Sudamérica es la zona del mundo con mayor proporción de países que lo han instituido en su sistema político. Para comprender los tópicos centrales de esta discusión, el artículo explica el debate público que se ha dado en Alemania, así como las premisas generales a la hora de hablar sobre la pertinencia de la obligatoriedad del voto.

Por: Dra. Viola Neu 21 Mar, 2023
Lectura: 23 min.
Voto obligatorio y la libertad de votar
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

A discussão sobre o voto obrigatório é recorrente na América Latina, pois se trata da região com maior proporção de países, em todo o mundo, que o incluem em seu sistema eleitoral. Para compreender as questões centrais desta discussão, o artigo explica o debate público travado em torno do tema na Alemanha, bem como as premissas gerais sobre a pertinência da obrigatoriedade de votar.

Liberdade perante o Estado

A reivindicação em torno da introdução do voto obrigatório tem pouca ressonância na esfera pública alemã. De vez em quando, o debate ressurge, geralmente em face de uma queda na participação eleitoral, mas não se pode dizer que haja uma discussão pública intensa sobre o tema.

No debate sobre a obrigatoriedade do voto, tanto seus defensores quanto seus opositores apresentam argumentos baseados numa compreensão normativa do Estado e da cidadania. Os defensores do voto obrigatório argumentam, sobretudo, com base em um dever democrático que o cidadão deveria cumprir e que uma democracia poderia também exigir. Além disso, o voto obrigatório daria mais legitimidade aos eleitos e fortaleceria o princípio da igualdade do voto. Há ainda uma série de argumentos complementares, geralmente baseados na suposição de que a alta participação eleitoral é sinal de uma boa democracia.

Os defensores do voto obrigatório argumentam, sobretudo, com base em um dever democrático que o cidadão deveria cumprir e que uma democracia poderia também exigir..

Os opositores, por seu turno, também esgrimem argumentos morais, porém de viés libertário. Neste caso, a liberdade de escolha e a liberdade perante o Estado é posta em primeiro plano, incluindo-se aí a liberdade de não participar de uma eleição, pois ninguém deveria ser forçado a se interessar pela política. Ao mesmo tempo, vê-se com ceticismo a crença de que o voto obrigatório implicaria em uma melhora na qualidade da democracia, uma vez que a participação eleitoral seria apenas sintoma de um desenvolvimento crítico ou em crise e não a solução do problema.

De modo geral, do ponto de vista da teoria da democracia, há bons argumentos a favor e contra a obrigatoriedade do voto. O que não significa que eles resistiriam a uma prova de constitucionalidade no Tribunal Constitucional Federal. A liberdade de votar também inclui a liberdade de não votar. Se o eleitor for sujeito à obrigatoriedade do voto, porém, não lhe será dada a possibilidade de se abster, restando-lhe apenas a opção de emitir um voto nulo. Forçar os cidadãos ao voto (nulo) só e justificaria se houvesse um propósito legítimo, como, por exemplo, promover o apoio à democracia. Porém, do ponto de vista constitucional, é no mínimo duvidoso que isso possa ser alcançado com a adoção do voto obrigatório.

Assim como todas as democracias, a alemã também se baseia em regras, mecanismos e procedimentos que são fruto de um desenvolvimento evolutivo. Estes diferem de país para país, e não há no mundo duas democracias iguais. Na tradição alemã — sobretudo a partir da experiência de duas ditaduras nas quais se impôs o voto obrigatório —, a obrigatoriedade do voto é estranha à lógica da Constituição. Se a democracia apresentasse sintomas de crise, estes não poderiam ser sanados com o voto obrigatório, como demonstra a situação política de alguns países[1] que o aplicam.


[1]     O voto obrigatório vigora na Austrália, na Bélgica, na Grécia e em Luxemburgo, entre outros países. Ele é muito difundido na América LAtina, em países como Argentina, Bolívia, Brasil e México. Mas é também praticado no Egito, na República do Congo e na Tailândia.

Se a democracia apresentasse sintomas de crise, estes não poderiam ser sanados com o voto obrigatório, como demonstra a situação política de alguns países que o aplicam.

Em muitos países democráticos onde vige o voto obrigatório, a obrigatoriedade é resultado de tradições culturais e históricas, ou uma resposta a conjunturas e eventos específicos. O contexto de justificação do voto obrigatório é, portanto, muito particular.

Quando a obrigatoriedade “legitima”

Em ditaduras ou outras formas de governo autoritário, o voto obrigatório é usado para a pseudolegitimação dos governantes. Na rda, por exemplo, era frequente, ao menos segundo os registros oficiais, o comparecimento de quase 100% dos eleitores, e praticamente o mesmo percentual de votos ia para a lista da Frente Nacional.[1]

Seja qual for a justificativa, o objetivo alegado para a introdução do voto obrigatório na Alemanha é aumentar a participação eleitoral. Uma alta participação eleitoral é equiparada a uma boa democracia. Esta seria, por assim dizer, o selo de qualidade da democracia. Teria o dom de criar legitimidade, aumentar o apoio à democracia e diminuir o desencanto com a política. Além disso, ajudaria a superar a segregação social, pois atualmente são sobretudo os eleitores socialmente desfavorecidos que não comparecem às urnas.

Contudo, nem a teoria da democracia nem as pesquisas empíricas na área conseguiram até agora criar indicadores da qualidade do regime democrático inequivocamente confiáveis. Seja sobre a confiança nas instituições democráticas e nos órgãos eleitorais, seja sobre a satisfação com o sistema político (ou até com seu desempenhoeconômico), toda e qualquer interpretação acerca da aprovação ou da reprovação, da crítica ou da insatisfação é imprecisa e, no pior dos casos, arbitrária. Uma taxa de satisfação de 66% é alta ou baixa? Qual o nível de confiança que as instituições necessitam? Quanta crítica a democracia pode suportar? Essas perguntas, por si sós, mostram que não existe um critério objetivo para a legitimidade da democracia. Isso também vale para a discussão em torno do índice de comparecimento dos eleitores. O argumento de que uma alta participação eleitoral seria indício de uma boa democracia e, portanto, do seu apoio, já foi refutado de forma contundente durante a República de Weimar. Depois da crise de 1930, o comparecimento de eleitores passou de 80%. Na última eleição (relativamente livre), realizada em 5 de março de 1933, a taxa chegou a 88,8%. Entretanto, na década de 1920, os chamados anos dourados, a participação eleitoral havia oscilado entre 75 e 80%. Ainda que a ascensão do Partido Nacionalista Operário Alemão (nsdap, na sigla em alemão) tenha se dado com a contribuição relevante tanto de abstencionistas como de trânsfugas de outros partidos, em 1933, aproximadamente “60% dos novos filiados do nsdap eram do campo abstencionista”


[1]     Nas eleições municipais realizadas em 1989 na rda, os ativistas dos direitos civis puderam, pela primeira vez, comprovar a prática de fraudes eleitorais em grande escala.

(Falter, 1991, p. 367). De modo inverso, a alta participação eleitoral verificada na República Federal Alemã nos anos 1970 — que atingiu seu nível máximo em 1972, com 91,1% — certamente não poderia ser considerado um sintoma de crise da democracia.

Participação e democracia

Por si só, a taxa de comparecimento às urnas, bem como suas oscilações, diz pouco sobre a democracia. Entretanto, a queda na participação eleitoral costuma ser interpretada como um sintoma de crise, mas não seu aumento. Essa tendência também se verifica nos estudos recentes em teoria da democracia, como o de Colin Crouch, que chega a postular a transição a uma pós-democracia.

São muitos os sintomas de uma crise da democracia. Não obstante, a participação eleitoral é talvez o pior indicador para medir seu grau. Entre outros motivos, porque sofre oscilações significativas. Indica, portanto, mais o grau de interesse da população nas eleições e a importância que atribui a elas. Não é razoável, portanto, supervalorizá-la na teoria da democracia.

Voto obligatorio en el mundo

Fonte: elordenmundial.com, sobre dados de ace Electoral Knowledge Network (2021). Cartografia: Álvaro Merino.

Há um consenso entre os pesquisadores de que o voto obrigatório sem sanções tende a causar um impacto menor. O dever moral de comparecer às urnas (inclusive formulado em lei) não seria problemático, dado seu caráter apelativo..

Há um consenso entre os pesquisadores de que o voto obrigatório sem sanções tende a ter um impacto menor. O dever moral da participação eleitoral (inclusive formulado em lei) não seria problemático, dado seu caráter apelativo. Contudo, é improvável que ele impacte a taxa de comparecimento às urnas. O voto obrigatório deve ser sancionado. Se o objetivo é aumentar a legitimidade do sistema democrático, tal dever sancionável teria de ser amplamente aceito. Em vários países vigoram sanções até drásticas, mas que não são aplicadas na prática. Vão de multas a penas de reclusão, passando pela restrição dos direitos civis (como a privação temporária do direito de votar, a proibição de assumir cargos oficiais ou de prestar qualquer serviço profissional junto ao setor público) e pela publicação de listas com os nomes dos eleitores ausentes. Na Alemanha, um estudo (Klein, Ballowitz & Holderberg, 2014) indicou que a proposta de introduzir o voto obrigatório conta com um nível de aceitação muito baixo, sobretudo se for sancionado. Mas mesmo sem as sanções, a rejeição ao voto obrigatório é muito superior à sua aceitação.

Sua introdução certamente esbarraria numa resistência considerável. E não há certeza de que os esperados efeitos positivos se produzissem […] já que o nível de aceitação do voto obrigatório entre potenciais não votantes é consideravelmente menor do que entre o conjunto da população. (Klein, Ballowitz & Holderberg, 2014, p. 824)

E mais: tampouco é descabido supor que a introdução do voto obrigatório sancionado possa até resultar em uma piora no nível de apoio à democracia na Alemanha.

Os defensores do voto obrigatório não indicam uma taxa de participação desejável, apenas seu aumento, e não fazem distinções entre as esferas eleitorais (federal, estadual, municipal, europeia). Repetem, ainda, o argumento de que o maior comparecimento de eleitores diminuiria a seletividade social e promoveria a igualdade eleitoral. Contudo, a taxa a partir da qual que se daria o equacionamento da seletividade social permanece uma incógnita aberta à interpretação e, portanto, ao juízo arbitrário. É preciso que 90% dos eleitores votem, ou bastam 60%? E como será se, mesmo com baixas taxas de abstenção eleitoral, os efeitos na estrutura social forem mínimos?

Segundo o argumentousual, os não votantes pertencem, frequente e majoritariamente, a grupos socialmente desfavorecidos. Merkel e Petring (2008, pp. 8 ss.), por exemplo, consideram a exclusão social uma causa da abstenção eleitoral. Portanto, as pessoas com menos recursos (nível de escolaridade e renda) tenderiam a permanecer afastadas das eleições com uma frequência superior à média. Schäfer confirma esse diagnóstico: “a probabilidade de os mais ricos votarem continua sendo alta, ao passo que muitos pobres ficam em casa” (Schäfer, 2001, p. 139). Em termos gerais, verifica-se que uma combinação da posição na estrutura social com a opinião impacta a probabilidade de comparecer às urnas. Por um lado, há o impacto de fatores como escolaridade, sexo, renda e filiação religiosa e sindical; por outro, o interesse na política, a filiação partidária, a satisfação com a democracia e a adesão à norma eleitoral também impactam a taxa de participação (Stövsand & Rossteutscher, 2019).

A redistribuição do voto

Quem sustenta o argumento de que a participação eleitoral igualitária reduziria a segregação social pressupõe que, com o voto obrigatório, os resultados eleitorais seriam outros e, consequentemente, também as decisões políticas. No fundo, acredita-se que os partidos comprometidos com a redução das desigualdades obteriam melhores resultados eleitorais. Tal expectativa baseia-se na suposição de que o posicionamento dos eleitores socialmente desfavorecidos seria significativamente diferente do dos grupos mais privilegiados. Contudo, essa diferença só pode ser demonstrada parcialmente. Há de fato posicionamentos que variam claramente conforme o nível de escolaridade, mas, na maioria dos casos mensuráveis, não se verificam maiores diferenças entre os vários segmentos sociais.

Já há muito tempo, a sociologia eleitoral vem constatando (Neu, 2021) que, na Alemanha, a situação social, ou melhor, a posição na estrutura social explica apenas o comportamento eleitoral de poucos — e pequenos — grupos da população.[1] Em geral, avalia-se que a posição social tem pouco impacto na decisão eleitoral. Nos estudos sobre eleições, é válido o seguinte diagnóstico:


[1]     Entretanto, o mesmo não ocorre em muitos países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde raça, religião, status socioeconômico e sexo influem nos resultados eleitorais. Ver Stoetzer, Munder & Steger (2019) e Abramson et al. (2016).

as pesquisas recentes não contestam que a posição na estrutura social se reflita nas preferências partidárias e no comportamento eleitoral […] O que hoje se sustenta é que cada cidadão, a partir de sua experiência cotidiana, desenvolve determinadas preferências políticas, que ele aplica como critério de escolha em sua decisão de voto. (Schoen, 2014, pp. 207-208)

Por mais que esse diagnóstico tenha sido muitas vezes confirmado, pairam dúvidas quanto à amplitude de sua validade. Um dos problemas das pesquisas é que a taxa de abstenção declarada é sempre inferior à abstenção real. O número de entrevistados que declaram não votar é bem menor que o apurado nos resultados eleitorais. Segundo um estudo realizado por Eilfort (1994, p. 139), apenas 71,5% dos eleitores que de fato se abstiveram declararam não comparecer às urnas. Os demais se descreveram como votantes, inclusive apontando as razões para comparecer às urnas. Esse problema poderia ser resolvido consultando os cadastros eleitorais a fim de entrevistar os ausentes de fato, mas as leis de proteção de dados impedem tal consulta. Assim, a única fonte são as pesquisas.

São justamente os abstencionistas os mais céticos quanto à validade das pesquisas como instrumento de medição não apenas da proporção dos não votantes, mas também de sua composição. Tal hipótese se baseia em indícios de que os abstencionistas são em geral menos propensos a responder às entrevistas (Caballero, 2005, p. 334).

Opinião da cidadania

Os estudos mais recentes do gles e da Fundação Konrad Adenauer vêm confirmando essa percepção. Nas pesquisas populacionais representativas, apenas 5% dos entrevistados afirmaram não ter votado, quando o comparecimento às urnas foi de 76,6%. Esse fenômeno é conhecido há muito tempo e tem relação com o fato de que quase todos os cidadãos participam emocionalmente das eleições, mas isso nem sempre se traduz na consumação do voto. Assim, mesmo os abstencionistas podem responder às entrevistas com informações sobre o partido escolhido e seus motivos para votar, ocultando o fato de que o voto não se concretizou. Trata-se de um comportamento conhecido também em outros âmbitos em que as ações são sujeitas a fortes padrões morais. A desejabilidade social leva os entrevistados a supor que participar das eleições é uma ação que conta com a aprovação da sociedade, e isso os torna menos propensos a admitir, perante o entrevistador, um comportamento não desejado. Mas também os lapsos de memória, os juízos distorcidos sobre o próprio comportamento e mudanças no posicionamento político podem fazer com que os entrevistados não votantes afirmem ter comparecido às urnas.

[…] quase todos os cidadãos participam emocionalmente das eleições, mas isso nem sempre se traduz na consumação do voto.

As pesquisas que investigam o abstencionismo esbarram em outro problema, que pode ser descrito com o conceito de overreporting [sobreinformação]. Há indícios de que os eleitores socialmente marginalizados costumam ser mais sinceros em reconhecer sua abstenção (Caballero, 2005, p. 336). Por outro lado, existem evidências de que pessoas mais bem integradas social e profissionalmente tendem a supervalorizar sua participação nas eleições. Por serem justo os eleitores à margem da estrutura social os que mais facilmente confessam sua abstenção, sua proporção relativa nas pesquisas aumenta. Em função disso, pode haver distorções na composição social dos abstencionistas. Por outro lado, a mensuração do grupo não pode ser alterada por fatores de ponderação, pois ninguém sabe quais são eles, para além da idade e do sexo. Em suma: é possível que, por serem mais sinceros, os eleitores não votantes classificados como socialmente desfavorecidos estejam sobrerrepresentados nas pesquisas.

Armin Schäfer vem publicando uma série de estudos correlacionando a taxa de participação nos distritos eleitorais à taxa de desemprego ali apurada (Schäfer, 2013; Schäfer, Vehrkamp & Gagné, 2015). Nos distritos eleitorais urbanos, verifica-se uma relação clara entre a participação eleitoral e a taxa de desemprego. Mas, por se tratar de dados agregados, não é possível afirmar que essa relação se baseia necessariamente no comportamento individual. Em todo caso, os resultados agregados são inquestionáveis.

Não obstante, há uma relação que ainda não foi examinada: quanto menor a densidade populacional, maior a participação eleitoral. Supõe-se que nas regiões pouco povoadas da zona rural há estilos de vida e situações laborais diferenciados que pressionam para baixo a taxa de desemprego — por exemplo, o modelo clássico de família com um único provedor e o sistema de trabalho familiar. Isso não significa que ali não haja setores socialmente desfavorecidos, mas isso não é captado pela variável taxa de desemprego. Assim, por ser menos pronunciada, seu impacto no nível de participação eleitoral não aparece como significativo. Outros estudos, com diferentes desenhos de investigação, tampouco chegam a confirmar a relação entre status social e abstenção eleitoral (Neu, 2012).

Simpatia pelo voto

Mais importantes que a posição na estrutura social são as opiniões que levam a não votar. Steinbrecher e Rattinger (2011, p. 85) enfatizam o impacto de fatores como filiação ou simpatia partidária, interesse na política e adesão à norma eleitoral sobre a taxa de comparecimento às urnas. Em uma análise dos grupos de contraste votantes permanentes e absentistas permanentes, constata-se no primeiro grupo maior grau de filiação e simpatia partidária. Os votantes permanentes percebem diferenças consideráveis entre o spd e o cdu e, ao mesmo tempo, demonstram elevado nível de adesão à norma eleitoral.[1] Manifestam interesse na política acima da média e maior satisfação com o sistema político e seu poder de ação, bem como com a situação econômica (particular e geral).

Em uma pesquisa recente realizada pela Fundação Konrad Adenauer (Pokorny, 2022), perguntamos os motivos pelos quais os eleitores cadastrados não haviam votado. Primeiramente, observa-se que apenas 5% afirmam não ter comparecido às urnas. A apatia política, que se expressa em termos de insatisfação com a política, com os políticos e com os partidos, é um motivo significativo. Mas nem mesmo entre esses 5% observou-se uma tendência de base à abstenção. Embora os não votantes não cheguem a rejeitar o Estado, demonstram certo inconformismo em relação à política, o que invalida o raciocínio, tantas vezes repetido, de que quem fica em casa se conforma com tudo.

Os resultados eleitorais seriam diferentes se os não votantes fossem obrigados a votar? Todos os dados indicam que diversos partidos seriam favorecidos com o comparecimento forçado dos ex-abstencionistas. Nenhum partido ou família partidária se beneficiaria de forma sistemática. Por exemplo, em todas as eleições desde 2013, a afd tem conseguido mobilizar também os não votantes (embora, do ponto de vista quantitativo, seus êxitos eleitorais tenham resultado mais da migração dos eleitores de outros partidos). Esse fenômeno vem sendo bem documentado há décadas, sobretudo entre os partidos jovens e de protesto — independentemente de seu posicionamento ideológico. Antes da afd, o Partido Pirata havia sido o maior beneficiário dos votos dos abstencionistas convertidos. Mas também os partidos tradicionais podem atrair esses votos. Foi o caso do cdu nas eleições estaduais de 2017 em Sarre, Renânia do Norte-Vestfália e Eslésvico-Holsácia. Entretanto, impactos tão evidentes são excepcionais. Em geral, todos os partidos se beneficiam de forma praticamente proporcional do aumento na participação eleitoral, e vice-versa.

A mobilização dos não votantes costuma ter pouco impacto nos resultados eleitorais. Um estudo de Kohler (2011) apurou que, de todas as eleições federais celebradas entre 1949 e 2009, somente as de 1994, 2002 e 2005 mostraram uma (pequena) probabilidade de que o novo governo poderia ter uma composição levemente diferente se a abstenção fosse menor. “Portanto, não resta dúvida de que o governo formado em cada um desses pleitos teria sido o mesmo com a participação dos abstencionistas.” Isto se deve ao fato de os não votantes terem uma “distribuição normal” (Kohler, 2011). Perguntando-se aos não votantes potenciais suas preferências políticas, estas não diferirão das dos votantes potenciais. Os abstencionistas não são, portanto, uma tropa de reservistas que elegeria um partido específico. Segundo o estado atual das pesquisas, pode-se afirmar com segurança que, se todos os não votantes comparecessem às urnas, os resultados eleitorais muito provavelmente não sofreriam maiores alterações.[2]

O partido dos não votantes

Resta ainda abordar outra falácia. Os abstencionistas — muitas vezes chamados de partido dos não votantes — não são exatamente isso, em nenhum dos dois sentidos: eles não têm preferências políticas homogêneas nem são não votantes per se. Somente um percentual muito pequeno (estima-se que cerca de 5% dos eleitores cadastrados) nunca vota. Esse grupo não seria impactado pela introdução do voto obrigatório. Quase todos os demais votam, mas não em todas as eleições. Portanto, os votantes são não votantes, e os não votantes são votantes.[3]

De modo geral, os argumentos dos defensores do voto obrigatório parecem, no limite, não se sustentar. Uma alteração maciça do sistema eleitoral, como a introdução da obrigatoriedade, exige uma justificativa muito convincente. Se, do ponto de vista da teoria da democracia, os argumentos favoráveis e contrários tiverem o mesmo peso, restarão dúvidas do ponto de vista constitucional.

A estrutura específica da democracia alemã e a experiência de duas ditaduras desaconselham a introdução do voto obrigatório. Sua baixa aceitação deterioraria a legitimidade da democracia, em vez de fortalecê-la. As incertezas quanto aos não votantes e à sua composição social tampouco depõem a favor da obrigatoriedade. O simples aumento da participação eleitoral não parece ser suficiente como um fim em si mesmo.


[1]     A chamada norma eleitoral mede a percepção do voto como dever cívico. Ao longo das décadas, a adesão ao voto como um dever está em declínio. Quanto mais alto o nível de escolaridade dos entrevistados, mais baixa a adesão à norma eleitoral.

[2]    Por razões metodológicas óbvias, os países que adotam o voto obrigatório não podem servir como termo de comparação.

[3]    Isso também se aplica aos números dos balanços de migração de eleitores realizados pelo instituto alemão Infratest dimap.

Referências

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Bergmann, K., Diermeier, M., & Niehues, J. (2018). Ein komplexes Gebilde. Eine sozio-ökonomische Analyse des Ergebnisses der AfD bei der Bundestagswahl 2017. ZParl Zeitschrift für Parlamentsfragen, caderno 2, 243-264.

Caballero, C. (2005). Nichtwahl. En J. W. Falter y H. Schoen (eds.), Handbuch Wahlforschung (pp. 329-365). Wiesbaden: VS Verlag.

Eilfort, M. (1994). Die Nichtwähler. Wahlenthaltung als Form des Wahlverhaltens. Paderborn: Schöningh.

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Merkel, W., & Petring, A. (2001). Demokratie in Deutschland 2011. Ein Report der Friedrich-Ebert-Stiftung. https://library.fes.de/pdf-files/akademie/08036.pdf

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Dra. Viola Neu

Dra. Viola Neu

Subdirectora de Análisis y Consultoría y directora del Departamento de Investigación Electoral y Social en la Fundación Konrad Adenauer. Estudió ciencias políticas, derecho público, alemán moderno y filología. Doctora por la Technische Universität Chemnitz.

Pesquisas de boca de urna e contagem rápida: ferramentas válidas para a projeção de resultados

Este artículo analiza los mecanismos y herramientas posibles para el seguimiento de los resultados durante el día de las elecciones. Los autores repasan el rol del Estado como regulador y controlador de su operativa y las distintas posibilidades con las que cuentan la sociedad civil y los partidos políticos para monitorear las proyecciones el día D.

Por: Ruth Hidalgo, Simón Jaramillo 21 Mar, 2023
Lectura: 13 min.
Exit poll y conteo rápido: herramientas válidas de proyección de resultados
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Este artículo analiza los mecanismos y herramientas posibles para el seguimiento de los resultados durante el día de las elecciones. Los autores repasan el rol del Estado como regulador y controlador de su operativa y las distintas posibilidades con las que cuentan la sociedad civil y los partidos políticos para monitorear las proyecciones el día D.

Entorno conceitual

O exercício responsável e profissional da política exige ferramentas técnicas que ofereçam à classe política informação oportuna para a tomada de melhores decisões e, sobretudo, à cidadania, dados atualizados, técnicos, confiáveis e verídicos sobre assuntos de interesse geral.

Em matéria político-eleitoral, os grupos focais, as pesquisas e sondagens de opinião têm enorme utilidade, pois permitem mensurar percepções da cidadania sobre temas de interesse da sociedade, particularmente sobre os atores políticos e, portanto, sobre eventuais candidatos. Essas ferramentas, entretanto, têm a limitação de oferecerem informação de validade temporária, pois, como dizem os especialistas, são uma fotografia do momento que não necessariamente nos alerta sobre aquilo que vai acontecer, ainda mais em sociedades voláteis e cambiantes, nas quais as percepções mudam muito rápido e a imagem dos políticos pode variar substancialmente em curtos intervalos.

É comum escutarmos a frase “as pesquisas erraram” quando candidatos que apareciam como favoritos nas sondagens não são eleitos ou recebem votação menor que a apontada. Sem negar o fato de que algumas pesquisas podem “errar” (por diversos problemas técnicos, equívocos no desenho amostral ou outros), nenhuma pesquisa pretende prever quem vai vencer uma eleição, e sim quais seriam as tendências se a eleição fosse no dia da sondagem.

Por isso, e já entrando na matéria específica dos resultados eleitorais, têm sido buscados mecanismos e ferramentas técnicas capazes de fornecer informação em tempo real, permitindo aos cidadãos e atores políticos o acesso a resultados confiáveis a partir do instante em que a votação é encerrada até que os órgãos eleitorais anunciam o resultado oficial. Para tanto, atualmente há duas ferramentas: a contagem rápida e a pesquisa de boca de urna, também conhecida como exit poll.

Definições preliminares

A contagem rápida e a pesquisa de boca de urna são ferramentas que permitem projetar o resultado final de uma eleição antes de que seja anunciado oficialmente. Ambas as ferramentas têm um objetivo comum e central: oferecer informação de maneira imediata, prévia à informação oficial entregue pelos órgãos eleitorais. Se essas ferramentas são aplicadas de maneira adequada, e o processo eleitoral e os resultados são idôneos, a consequência inevitável será que os três resultados (pesquisa de boca de urna, contagem rápida e resultado oficial) coincidam. Quando isso acontece, cumpre-se um segundo objetivo, qual seja, gerar certeza, confiança e transparência no processo eleitoral e seus resultados.

Pesquisas de boca de urna e contagens rápidas na América Latina

Em função disso, a aplicação das ferramentas mencionadas deve necessariamente ser um exercício de concepção técnica, de modo que seu rigor garanta uma correta aplicação e, consequentemente, contribua a aumentar a credibilidade dos resultados.

Tanto a pesquisa de boca de urna como a contagem rápida são utilizadas recorrentemente nos processos eleitorais da América Latina. Existem avaliações divergentes sobre a utilidade dessas ferramentas, sobretudo da pesquisa de boca de urna. O fato de ter, por sua própria concepção técnica, uma margem de erro muito maior que a da contagem rápida também permite, em ambientes eleitorais muito polarizados, seu uso para dar uma visão enviesada da tendência. Por isso tem-se insistido em que a aplicação desse tipo de ferramenta deve ser respaldada por uma concepção técnica a toda prova.

A contagem rápida é um mecanismo técnico bastante utilizado na América Latina e tem grande validade, uma vez que, embora a autoridade eleitoral também a realize nas suas verificações internas, sua execução por organismos da sociedade civil é amplamente reconhecida..

A contagem rápida é um mecanismo técnico bastante utilizado na América Latina e tem grande validade, uma vez que, embora a autoridade eleitoral também a realize nas suas verificações internas, sua execução por organismos da sociedade civil é amplamente reconhecida. Um exemplo disso são os exercícios regionais bem-sucedidos de contagem rápida desenvolvidos por Misión de Observación Electoral, na Colômbia; Participación Ciudadana, na República Dominicana; Transparencia Perú; Justicia y Paz, no Panamá; e Participación Ciudadana, no Equador, para citar algumas ongs.

Em suma, e antes de avançar em uma análise mais técnica, vale frisar que ambas as ferramentas são muito importantes e positivas quando usadas com rigor e podem constituir importantes elementos de legitimação dos resultados eleitorais.

Características comuns

Além das particularidades de cada ferramenta, a contagem rápida e a pesquisa de boca de urna têm características e elementos em comum:

—    Instantaneidade. Essa característica é fundamental, já que a apuração e o anúncio do resultado oficial devem cumprir uma série de passos, fases e etapas que retardam sua publicação.

—    Não entregam resultados — competência privativa dos órgãos eleitorais uma vez concluída a apuração de cem por cento de votos —, mas projeções de resultados, isto é, antecipam o provável resultado oficial depois de encerrada a votação.

—    Estão sujeitas a uma margem de erro, já que não colhem informação em todas as seções eleitorais, mas apenas em uma parte delas — uma amostra estatística —, no caso da contagem rápida, nem se pesquisa o total de eleitores, no caso da pesquisa de boca de urna. Ao colher informações de uma amostra, ou de uma parte do universo de eleitores, seu resultado pode diferir do oficial. A margem de erro deve ser anunciada pela instituição ou empresa responsável pela atividade: ela depende do tamanho da amostra e, sobretudo, de sua adequada distribuição territorial (dos pesquisados ou das seções eleitorais selecionadas).

—    Em consequência da margem de erro, quando a diferença entre dois ou mais candidatos está dentro dessa faixa (p. ex.: a margem de erro é 2%, e a diferença entre dois candidatos é de 1,5%), ocorre o chamado empate técnico. Nesse caso, a fim de evitar confusão na opinião pública ou criar falsas expectativas entre os atores políticos, é aconselhável e responsável não divulgar os dados numéricos (percentuais), mas apenas anunciar o empate.

Particularidades e diferenças

Além das coincidências e elementos comuns às duas as ferramentas, existem diferenças substanciais que é importante levar em conta, para uma clara compreensão da real utilidade, pontos fortes e fracos, e até deficiências de cada uma.

—    Fonte de informação. Na pesquisa de boca de urna, a fonte é o próprio eleitor, enquanto na contagem rápida é a ata de votação emitida por cada seção eleitoral. Ou seja, na pesquisa de boca de urna consulta-se o eleitor; na apuração rápida, consulta-se a ata.

—    Rapidez. Ambas as ferramentas são muito ágeis e efetivas (em tempos de entrega), em relação à contagem oficial. Contudo, comparativamente, a pesquisa de boca de urna é mais rápida que a contagem rápida, com perdão da redundância, já que esta última só pode ser realizada depois que as seções eleitorais contabilizam os votos (no Equador, isso pode levar cerca de uma hora), enquanto a pesquisa de boca de urna, que consulta o eleitor logo depois de realizar seu voto, vai alimentando a projeção de resultados ao longo do dia. Embora, por lei, não seja permitido divulgar publicamente os resultados antes do encerramento da votação, tecnicamente, uma pesquisa de boca de urna permite oferecê-los com grande confiabilidade algumas horas antes do anúncio oficial, a depender de algumas variáveis, como as diferenças entre os candidatos. Quanto mais estreita a distância entre os candidatos, maior o número de atas (ou pesquisados) necessário para obter um resultado confiável. É o que tecnicamente se denomina estabilização da amostra.

—    Quem faz? As pesquisas de boca de urna costumam ser executadas por empresas comerciais (institutos de pesquisa), que, no caso equatoriano, devem ser devidamente credenciadas junto ao órgão eleitoral. A ferramenta de contagem rápida, por seu turno, costuma ser utilizada por ongs dedicadas ao controle e à vigilância eleitoral.

—    Confiabilidade e certeza. Embora ambas as ferramentas sejam altamente confiáveis quando utilizadas com rigor técnico, a contagem rápida oferece maior grau de certeza que a pesquisa de boca de urna, devido à fonte de informação que alimenta cada um dos sistemas. No caso da contagem, são as atas de votação, onde estão registrados os votos efetivamente emitidos e contados, ao passo que na pesquisa de boca de urna considera-se a resposta apurada pelo pesquisador. Além da possibilidade de o pesquisado (eleitor) não dizer a verdade (por voto envergonhado ou amedrontado), em eleições plurinominais com voto individual (como foi o caso equatoriano, por exemplo, até 2019), o pesquisado pode até não se lembrar exatamente de todos os votos que acaba de realizar. Se a escolha era, por exemplo, para cinco ou seis cargos em uma eleição plurinominal, teve de votar individualmente em cada um dos candidatos (sistema de listas abertas), e nesse caso a possibilidade de fornecer uma informação incorreta aumenta. Por isso, a margem de erro em uma pesquisa de boca de urna pode ser de 3 a 5%, enquanto na contagem rápida, de 1,5% ou menos.

A margem de erro em uma pesquisa de boca de urna pode ser de 3 a 5%, enquanto na contagem rápida, de 1,5% ou menos..

Regulamentos e temas sensíveis

Cada Estado estabelece um regulamento para controlar o uso dessas ferramentas. Em alguns casos, este pode ser incluído na legislação eleitoral do país, enquanto em outros se regulamenta cada pleito por separado. Em muitos sistemas, opta-se por utilizar ambos os mecanismos. Por um lado, normas e princípios gerais, constantes na lei, regulamentados em uma norma secundária que o órgão eleitoral emite em cada eleição.

No caso do Equador, por exemplo, o Código da Democracia inclui normas sobre observação eleitoral em geral (Título II “Observação e participação”, art. 128 ss.), mas também se estabelece uma norma específica por meio de resoluções baixadas pelo Conselho Nacional Eleitoral em cada eleição. Nessas resoluções, distinguem-se, por um lado, a observação eleitoral e as contagens rápidas, e por outro as pesquisas e exit polls realizadas por institutos de pesquisa privados. Regula-se a parte operacional da inscrição, registro, tamanho da amostra, margem de erro, forma de apresentação dos resultados e demais detalhe técnicos.

[…] o ponto que costuma provocar mais polêmica é a pretensão de que o órgão eleitoral revise (e autorize, em alguns casos) os resultados a serem divulgados..

Na regulação desses processos, em certos países, o ponto que costuma provocar mais polêmica é a pretensão de que o órgão eleitoral revise (e autorize, em alguns casos) os resultados a serem divulgados. A justificativa disso é que, dado o efeito social que esses resultados provocam, o órgão eleitoral deve manter algum nível de controle sobre eles. Da parte das entidades privadas e cidadãs que realizam tais atividades, alega-se que a exigência de submeter os resultados à revisão dos órgãos eleitorais limita a liberdade de ação de empresas e observadores, pois deixaria a critério da autoridade eleitoral a decisão de divulgar ou não os resultados, atentando assim contra a transparência e o direito à informação dos cidadãos.

Ecuatorianos votan en elecciones parlamentarios y presidenciales
Ecuatorianos votan en elecciones parlamentarios y presidenciales

Este é talvez um dos temas mais sensíveis que cabe às legislações resolver. O objetivo deve ser produzir regulamentos rigorosos, que dotem de certeza e segurança o exercício dessas atividades, sem que isso resulte em uma excessiva intervenção por parte dos órgãos eleitorais, a ponto de limitar a ação de observadores e a liberdade de informação dos cidadãos.

Conclusões

Atualmente, essas ferramentas são meios de apoio para produzir informação, mas não substituem a apuração oficial, apenas a complementam.

Tais mecanismos devem ser implementados de maneira técnica e profissional e devem ser lidos, utilizados e compreendidos pelos destinatários (opinião pública, atores políticos) com conhecimento e informação precisos quanto a suas expectativas, pontos fortes e fracos e limitações.

Para uma adequada implementação, é fundamental observar uma série de detalhes técnicos, como o tamanho, desenho e distribuição (geográfica) da amostra. A sociedade não é homogênea; o pensamento, a ideologia e as idiossincrasias são diferentes no meio urbano e no rural, no interior e no litoral; variam conforme a idade, o gênero e outras características. Portanto, um desenho amostral adequado, que garanta a representação de todos os setores na amostra e a adequação do peso de cada um deles em relação ao conjunto, é indispensável para diminuir as margens de erro.

É indispensável que essas atividades sejam realizadas com absoluta responsabilidade, não apenas no desenho amostral e na execução, mas também na apresentação dos resultados. Questões como a margem de erro e a possibilidade de empates técnicos devem ser trabalhadas com extremo profissionalismo. Caso contrário, a divulgação de resultados não verificados, não confiáveis ou que estejam dentro da margem de erro (empate técnico) seria altamente contraproducente, alimentando a desconfiança e o caos social.

Considerando-se os efeitos que essas ferramentas produzem e o impacto dos seus resultados, sobretudo no campo político, sua implementação deve ser regulada pelos Estados.

Considerando-se os efeitos que essas ferramentas produzem e o impacto dos seus resultados, sobretudo no campo político, sua implementação deve ser regulada pelos Estados, tanto em relação a quem pode fazê-lo quanto às características técnicas (tamanho e distribuição da amostra, margens de erro e empates técnicos).

Ruth Hidalgo

Ruth Hidalgo

Licenciada en ciencias jurídicas. Doctora en jurisprudencia. Decana de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de las Américas (Ecuador). Directora ejecutiva de la ONG Participación Ciudadana.

Simón Jaramillo

Simón Jaramillo

Abogado y doctor en Jurisprudencia de la Universidad del Azuay en Cuenca, Ecuador. Pasante del Programa Intercampus en la Universidad de Cádiz, España. Especialista superior en Legislación Financiera Privada de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Asesor legal y subdirector general de la Corporación Participación Ciudadana.

Da cota à paridade: lições da América Latina

En los años 1990, América Latina lideró en el mundo la adopción de leyes de cuotas de género. Hoy avanza en la transición hacia la paridad. ¿Qué impacto han tenido estas medidas en la representación política de las mujeres?

Por: Niki Johnson 21 Mar, 2023
Lectura: 16 min.
De la cuota a la paridad: lecciones de América Latina
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Nos anos 1990, a América Latina liderou a adoção de leis de cotas de gênero em nível mundial. Hoje avança na transição para a paridade. Qual o impacto dessas medidas na representação política das mulheres?

América Latina: incubadora de ações afirmativas

Depois da inovadora Lei de Cotas aprovada em 1991 na Argentina, e com o impulso das recomendações emanadas da iv Conferência Mundial da Mulher das Nações Unidas (Beijing, 1995),[1] até 2001, mais dez países da América Latina aprovaram leis de cotas (Archenti & Tula, 2008). Passada uma década de aplicação das leis de cotas, com resultados díspares quanto à obtenção da igualdade na representação política de homens e mulheres, estabeleceu-se uma nova meta: a paridade. O conceito de democracia paritária foi introduzido na normativa regional em 2007, com a aprovação do Consenso de Quito na 10a Conferência Regional da Mulher da Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas (cepal). Em 2015, foi aprovada no Parlamento Latino-Americano e Caribenho (Parlatino) o Marco Normativo para Consolidar a Democracia Paritária.

Embora tanto as leis de cotas como as de paridade visem alcançar a igualdade de gênero na representação política e ambas sejam aplicadas na elaboração das listas eleitorais, conceitualmente e na prática são duas coisas diferentes (Aguirrezabal Quijera, 2021). Neste artigo, passa-se em revista o processo de adoção, primeiro, da lei de cotas e, depois, da de paridade na América Latina e se reflete sobre as diferenças entre esses dois tipos de medidas, avaliando sua eficácia para aumentar as taxas de representação política das mulheres na região.


[1]     A Plataforma de Ação Mundial para a Mulher insta os Estados-membros a: “Adotar medidas, inclusive nos sistemas eleitorais, se for caso disso, para incentivar os partidos políticos a integrarem mulheres nos cargos públicos eletivos e não eletivos, na mesma proporção e nos mesmos níveis que os homens” (art. 190b); e a “Examinar os diferentes efeitos dos sistemas eleitorais na representação política das mulheres em órgãos eleitos, e considerar, se necessário, o ajustamento ou a reforma desses sistemas” (art. 190d).

A cota de gênero é uma medida temporária que visa corrigir as desvantagens e discriminações que histórica e atualmente as mulheres sofrem em um sistema político concebido pelos homens e para os homens.

As leis de cotas

A cota de gênero baseia-se no conceito de ação afirmativa, tal como definido e validado na Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (cedaw, 1979). É uma medida temporária que visa corrigir as desvantagens e discriminações que histórica e atualmente as mulheres sofrem em um sistema político concebido pelos homens e para os homens. Funciona assegurando que um percentual mínimo de candidaturas nas listas eleitorais partidárias seja preenchido por mulheres. Sua natureza temporária advém do fato de que “essas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento houverem sido alcançados” (cedaw, art. 4.º, 1.º Inc.). Ou seja, conforme esclarecimento do Comitê da cedaw em 2004, em sua recomendação geral n.º 25, a temporariedade das cotas não diz respeito à delimitação de um prazo de finalização fixado a priori, mas ao fato de que deixarão de ser relevantes quando a desigualdade que se tenta corrigir desaparecer.

Em suma, a cota procura tornar efetiva a equidade política entre mulheres e homens, criando igualdade de condições no ponto de partida da disputa eleitoral, além da igualdade de oportunidades prometida pela universalização dos direitos políticos de eleger e ser eleito/a.

Efetividade da cota

Os estudos comparados sobre a aplicação das cotas apontam a importância de que as leis incluam certas condições para assegurar sua efetividade (Archenti & Tula, 2008; Franceschet, Krook & Piscopo, 2012). Por um lado, é necessário um mandato de posição, que estipula como se deve aplicar o percentual da cota. Nesse sentido, é fundamental que a cota seja aplicada ao longo das nominatas de candidaturas (tanto titulares como suplentes), em vez de ser aplicada globalmente à lista, pois isto permitiria situar todas as candidatas nas últimas posições, que geralmente não são bem-sucedidas. Por outro lado, também é importante que o descumprimento sofra sanções, a fim de que os partidos políticos assumam o compromisso real de aplicar as medidas e estas não se tornem letra morta.

Mesmo cuidando desses aspectos, os estudos que avaliam o impacto da adoção dessas leis nos países da América Latina mostraram que a efetividade das cotas é também mediada pelas próprias características dos sistemas eleitoral e partidário (Archenti & Tula, 2008, 2014; Franceschet, Krook & Piscopo, 2012). Nesse sentido, os traços mais relevantes são:

—    O tamanho do distrito, ou quantas cadeiras estão em disputa em cada distrito eleitoral;

—    Sistema eleitoral; por exemplo, se as cadeiras são obtidas por votação majoritária ou distribuídas segundo um critério de representação proporcional;

—    No caso dos distritos plurinominais, nos quais se disputa mais de uma cadeira, o tipo de lista usado; isto é, se a lista de candidaturas é fechada e bloqueada ou aberta, o que define se o/a eleitor/a pode ou não desfazer ou alterar a ordem das candidaturas;

—    O grau de disputa legislativa, ou quantos partidos ou setores com chances de conquistar uma cadeira competem na eleição.

Nesse particular, os estudos comparados mostram que as leis de cotas tendem a ser mais efetivas em sistemas eleitorais com distritos plurinominais grandes, nos quais as cadeiras são atribuídas segundo um critério de representação proporcional e a disputa legislativa é baixa, quer dizer, as cadeiras se distribuem entre um número limitado de partidos ou setores.

Feita a lei, feita a burla

Não obstante, mesmo quando essas condições são cumpridas, a experiência latino-americana com as cotas mostrou que o que foi pensado como um piso mínimo para o acesso das mulheres em muitos casos se tornou um telhado de vidro. Numerosos estudos revelaram como a persistente resistência das lideranças partidárias masculinas a compartilhar o poder levou ao desenvolvimento de uma série de práticas informais e estratagemas deliberados que lhes permitiam burlar as obrigações das leis de cotas. Tais práticas incluíam:

—    A aplicação minimalista da cota (o que implica incluir a mínima quantidade de candidatas e situá-las nas posições mais baixas possíveis segundo a lei);

—    O franco desacato, aproveitando-se de órgãos de fiscalização eleitoral fracos;

—    O uso de candidaturas decorativas, em muitos casos, de mulheres sem carreira nem experiência política anterior, que não disputariam a liderança masculina, como as chamadas mulheres de na Argentina (Marx, Borner & Caminotti, 2007);

—    Pactos de cumplicidade com candidatas que, tão logo eram eleitas, renunciavam ao cargo em favor de seus suplentes homens, como no México (Piscopo, 2011) e Uruguai (Johnson, 2015);

—    A perseguição ou violência política para obrigar as mulheres eleitas a renunciarem, chegando ao assassinato em casos extremos, como aconteceu na Bolívia (Krook & Restrepo Sanin, 2016).

[…] a experiência latino-americana com as cotas mostrou que o que foi pensado como um piso mínimo para o acesso das mulheres em muitos casos se tornou um telhado de vidro.

Diante dessas dificuldades, diversos atores procuraram readequar a legislação de cotas, em processos de reforma reiterada (Krook, 2009). Foram atores-chave nesses processos os movimentos feministas, as próprias mulheres políticas e, no caso de alguns países, como o México e a Costa Rica, a Justiça Eleitoral (Llanos & Martínez, 2016, pp. 28-29). Assim, a legislação foi sendo ajustada para eliminar qualquer subterfúgio que permitisse aos partidos não cumprirem com o espírito da lei. Ainda assim, o fato de o percentual da cota ser fixado, na maioria dos casos, em 30% e de os partidos o respeitarem no limite, de forma minimalista, significava que, mesmo com leis reformadas, dificilmente a região atingiria os 50% de representação de homens e mulheres em cargos públicos.

O avanço rumo à democracia paritária

Em face desse panorama de resistência persistente e avanços estagnados, em vários países da América Latina começou-se a reivindicar ir além da cota e fixar como horizonte a democracia paritária, que fora definido politicamente pela primeira vez na 1a Cúpula Europeia “Mulheres no Poder” (Atenas, 1992). Em termos conceituais, a paridade transcende o foco procedimental da cota, pois implica ressignificar a própria democracia como modelo de convivência social. Vai muito além de uma medida de ajuste temporário do sistema eleitoral, ainda que, assim como a cota, seja uma medida de justiça social e de reconhecimento da contribuição das mulheres em todas as esferas da vida social e humana.

A paridade, assim como a cota, é uma medida de justiça social e de reconhecimento da contribuição das mulheres em todas as esferas da vida social e humana.

A democracia paritária exige uma reconceituação do sistema representativo. Diferentemente da cota, sob o conceito da paridade as mulheres deixam de ser entendidas como uma minoria que requer direitos especiais de representação dentro de um sistema político hegemonicamente masculino. Isto é, a paridade de gênero não é um mecanismo que intervém em um sistema existente, devendo-se considerar, em vez disso, como um componente integral e incontornável da democracia consolidada e de qualidade. Assim é definida no Marco Normativo para Consolidar a Democracia Paritária aprovada pelo Parlatino:

[…] entende-se por Democracia Paritária o modelo de democracia no qual a igualdade substantiva e a paridade entre homens e mulheres são eixos estruturantes das transformações que assume um Estado responsável e inclusivo. São seus fins:

a. O estabelecimento de um novo contrato social e forma de organização da sociedade pelo qual se erradique toda exclusão estrutural, em particular, das mulheres e das meninas.

b. Um novo equilíbrio social entre homens e mulheres no qual ambos assumam responsabilidades compartilhadas em todas as esferas da vida pública e privada.

Sua colocação em andamento e consolidação implica na evolução em direção a relações equitativas de gênero, assim como também outras relações para igual gozo e desfrute de direitos, como, etnia, (indígenas e afrodescendentes), lgtbi, deficiências, status socioeconômico, entre outras (artigo 5).

Em termos práticos, o Marco Normativo procura ser uma referência para os Legislativos nacionais da região na implementação de reformas institucionais e políticas que promovam e garantam a igualdade substantiva entre homens e mulheres em todas as esferas decisórias.

Aplicação da paridade

No que tange à sua aplicação, diferentemente da cota, a paridade não se baseia em um percentual arbitrário, mas é resultado automático do fato de as mulheres constituírem metade da população. Partindo desse dado inquestionável, a única distribuição legítima de cargos entre mulheres e homens é 50/50. Porém, para que possa ser aplicada na etapa de definição da oferta eleitoral, na qual nem todas as posições nas listas têm as mesmas probabilidades de êxito, a paridade também exige um mandato de posição. Assim, a paridade vertical implica a distribuição equitativa de 50/50 de candidaturas masculinas e femininas de forma alternada e sequencial ao longo das listas eleitorais.

Contudo, como se verificou no caso da Costa Rica, onde a primeira aplicação da paridade, nas eleições nacionais de 2014, resultou em uma taxa de mulheres eleitas menor à obtida na eleição anterior, quando valia a cota de 40%, a aplicação efetiva das normas paritárias também é condicionada pelos sistemas eleitoral e de partidos. Em face da persistência do fosso entre as taxas de representação masculina e feminina em alguns dos países latino-americanos que primeiro adotaram a paridade, constatou-se a necessidade de incorporar outras dimensões em sua aplicação, além do critério da paridade vertical (Llanos & Martínez, 2016; Freidenberg, 2021).

Assim, definiu-se a paridade horizontal como requisito aplicável às candidaturas apresentadas em distritos uninominais, ou às candidaturas que encabeçam listas em distritos plurinominais (também chamada paridade transversal). Essas reformas, adotadas na Costa Rica, na Bolívia, no México e no Equador, obrigam todos os partidos políticos a cumprirem globalmente a paridade de gênero em suas candidaturas. Supõe-se que esse tipo de exigência tenderia a fazer com que os partidos políticos cultivassem candidatos e candidatas igualmente viáveis em todos os distritos, o que fortaleceria sua própria competitividade.

Finalmente, há casos em que se combinam diferentes critérios para garantir não apenas a paridade na oferta eleitoral, mas também na composição final do órgão eleito. Assim, na eleição para a Convenção Constituinte no Chile, em maio de 2021, por um lado se exigia a paridade vertical nas listas de candidaturas e, além disso, a obrigatoriedade de encabeçar todas as listas com mulheres. Mas, por outro lado, aplicou-se a paridade de resultados em cada distrito e na Convenção como um todo, o que implicou substituir a pessoa eleita pela seguinte na lista do gênero oposto quando, como resultado da votação, não se alcançava a paridade.

Impacto das cotas e a paridade na América Latina

Quão efetivas têm sido as leis de cotas na região? A passagem da cota à paridade implicou um aumento da representação feminina? Para medir o impacto dessas leis, no gráfico 1 apresentam-se os dados da presença de mulheres no Congresso de catorze países latino-americanos que aprovaram leis de cotas entre 1991 e 2015, sete dos quais hoje em dia têm leis de paridade aprovadas e aplicadas. Comparando-se a taxa de representação parlamentar feminina atual com a resultante da última eleição anterior à adoção da lei de cotas, é evidente que essas medidas produziram um aumento significativo da presença feminina. Também fica evidente que a paridade em geral tem um impacto maior que a cota. As exceções mais visíveis são a Honduras e Panamá, países onde a proporção de parlamentares mulheres não chega nem sequer a 30%, apesar de contarem com leis de paridade. Nesses casos, a explicação está no fato de a paridade ser aplicável apenas nas eleições primárias (Panamá) ou os partidos terem válvulas de escape (Freidenberg, 2021, p. 55) que permitem o descumprimento na prática.

Percentual de mulheres na Câmara baixa ou única do Congresso

Nota: Entre colchetes indica-se a data de aprovação das primeiras leis de cotas [C] e de paridade [P].

Fonte: elaboração própria, com dados da Classificação Mundial de Mulheres no Parlamento da União Interparlamentar (uip).[1]


[1]     Disponível em ‹https://data.ipu.org/women-ranking?month=7&year=2022›.

Esses dados demonstram claramente a maior efetividade da paridade como mecanismo para acabar com o fosso entre a representação política de mulheres e homens. Não obstante, a constatação de que não se atinge a paridade numérica em todos os congressos dos países onde vigem leis de paridade alerta para o fato de que, assim como ocorre com a cota, a efetividade da paridade é mediada pelas características do sistema eleitoral no qual se aplica e pelo grau de compromisso real de todos os atores envolvidos em sua implementação.

Além disso, a experiência desses países aponta que, para alcançar a igualdade substantiva de gênero na esfera pública, é importante a incidência articulada de diferentes atores: as próprias mulheres políticas, organizadas em coordenações intra e interpartidarias; os órgãos de controle eleitoral comprometidos com a promoção da igualdade de gênero; partidos políticos e dirigentes aliados que mostram compromisso real com a paridade de gênero nos espaços de decisão política; e a vigilância e denúncia, pelo movimento social feminista, dos casos de descumprimento.

Atualmente, as pesquisas de opinião pública mostram que na América Latina as taxas de confiança nos partidos políticos e parlamentos encontram-se em níveis muito baixos e o valor da própria democracia como sistema de convivência e governança é fortemente questionado em alguns países da região. Nesse cenário, a adoção de leis de paridade representa uma contribuição fundamental na construção de uma nova forma de política, mais inclusiva e diversa, que tem o potencial de ressignificar e fortalecer as instituições e práticas da democracia representativa.

Referências

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Archenti, N., & Tula, M. I. (coords.) (2014). La representación imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas. Buenos Aires: Eudeba.

Franceschet, S., Krook, M. L., & Piscopo, J. (eds.) (2012). The impact of gender quotas. Nova York: Oxford University Press.

Freidenberg, F. (2021). La representación política de las mujeres en América Latina: estrategias institucionales, actores críticos y reformas pendientes. In E. Rodríguez Pinzón (ed.), Perspectivas de América Latina. Hacia un nuevo contrato social tras la covid (pp. 47-68). Madri: Pablo Iglesias.

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Krook, M. L., & Restrepo Sanín, J. (2016). Género y violencia política en América latina. Conceptos, debates y soluciones. Política y Gobierno, 23 (1), 127-162.

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Piscopo, J. M. (2011). Gender quotas and equity promotion in Mexico. In A. Crocker (ed.), Diffusion of gender quotas in Latin America and beyond (pp. 36-52). Nova York: Peter Lang.

Niki Johnson

Niki Johnson

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Londres. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay y cocoordinadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas.

O fantasma do autoritarismo eleitoral

Los riesgos autoritarios que se ciernen sobre el planeta, en especial, sobre Latinoamérica, conducen a una reflexión que sugiere senderos prácticos para salvar la democracia constitucional.

Por: Paola Bautista de Alemán 21 Mar, 2023
Lectura: 15 min.
El fantasma del autoritarismo electoral
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Os riscos autoritários que pairam sobre o planeta, especialmente sobre a América Latina, suscitam reflexões que sugerem caminhos práticos para salvar a democracia constitucional.

A crise global da democracia que atinge a América Latina advém de causas políticas, sociais, culturais e antropológicas. O espírito democrático da cidadania debilitou-se, gerando uma circunstância cultural em que os regimes autoritários são socialmente tolerados e se aproveitam das eleições para chegar ao poder e posteriormente destruir a democracia. É urgente compreender as características que configuram o autoritarismo eleitoral de nossos dias para revertê-lo em suas raízes culturais e antropológicas e conseguir que a luta por resgatar e manter a democracia seja uma batalha de toda a cidadania e não um mero assunto das elites sociais.

O fantasma do autoritarismo e o Homo democraticus

Ninguém ignora que a democracia sofre um retrocesso universal. Parafraseando a expressão de Marx e Engels n’O manifesto comunista, um fantasma ronda o mundo: o fantasma do autoritarismo. A ciência política vem apontando o fenômeno de forma reiterada e consistente há, pelo menos, uma década. Em todas as latitudes existem causas políticas, sociais, econômicas, culturais e até antropológicas a configurar ambientes em que é difícil manter consolidada a democracia. Já vão longe os anos imediatos à queda do Muro de Berlim, quando se imaginava que a democracia constitucional tinha se estabelecido para sempre como sistema político no marco do fim da história e da morte das ideologias (Fukuyama, 1992).

Embora haja farta literatura científica que descreve a situação enunciada no parágrafo acima, neste artigo convém elencar algumas ideias que servirão de contexto para o conteúdo que desenvolverei posteriormente.

A ideia central, da qual derivarão as seguintes, tem caráter antropológico (Bautista de Alemán, 2021b). Embora seja difícil estabelecer o fenômeno quantitativamente, observa-se um esvaziamento universal do conceito de cidadania, que se traduz em um desapego generalizado aos sistemas democráticos. No cidadão — o Homo democraticus, nome da polêmica estátua de Donatas Motskus, em Riga (Letônia) — diluiu-se a qualidade essencial de democrata. A cidadania democrática vem se reduzindo gradualmente a um status passivo e inercial. É preocupante que, em relação à democracia, prevaleçam uma espécie de individualismo e indolência que desarticulam os cidadãos, desconectando-os uns dos outros e impedindo tecer sólidas redes de resistência em face da avalanche autoritária que está na ordem do dia.

A segunda ideia é de caráter cultural. Um Homo democraticus agonizante se projeta tal como ele é sobre a cultura da nação a que pertence.[1] De fato, ele molda essa cultura. E a constitui. É impossível que a falta de compromisso dos cidadãos com a democracia não se traduza em condições culturais adversas para a sobrevivência da própria democracia. A debilitação da democracia em nível antropológico converte-se facilmente em falência sistêmica e, portanto, em caldo de cultura de regimes autoritários marcados pela anomia e pela tolerância à injustiça (Pérez Perdomo, 2019). E aí ganha especial importância a despolitização que invade as artes, os meios de comunicação, as redes sociais e até os sistemas educacionais, entendida como a perda da consciência pessoal e coletiva da radical relevância do político e da política para a boa vida humana (Mounk, 2018).


A debilitação da democracia em nível antropológico converte-se facilmente em falência sistêmica e, portanto, em caldo de cultura de regimes autoritários.

A terceira ideia guarda relação com a erosão do Estado de direito e a autocratização das magistraturas. Uma vez projetado sobre a cultura o desapego à democracia que caracteriza o Homo democraticus, as instituições se enfraquecem, incluindo o sistema judiciário. A falta de valoração positiva da democracia impregna rapidamente as instituições (Gessen, 2021). Neste sentido, as instituições também começam a perder qualidade democrática e a funcionar mais pelas opiniões generalizadas da população do que pelas prescrições constitucionais e legais. São permeadas pela sedução do autoritarismo, que responde em sua raiz tanto ao Homo democraticus apequenado como ao colapso da cultura democrática. Consequentemente, as instituições do Estado constitucional também perdem capacidade para sustentar a democracia e resistir aos delírios autoritários.

A quarta ideia remete ao retrocesso universal da democracia apontado anteriormente. O declínio da democracia é global. A crise do Homo democraticus e da cultura democrática é um vírus que parece se espalhar sem encontrar vacinas capazes de neutralizá-lo. Atualmente, as próprias ideias da democracia liberal e do governo representativo estão em questão. Vladimir Putin e sua tentativa de invasão da Ucrânia demonstraram que a somatória informe — mal digerida — das desconsolidações democráticas singulares das nações livres com a existência de enclaves autoritários preestabelecidos pode degenerar com velocidade insuspeitada em fraturas da ordem mundial;[1] uma ordem que, depois da Segunda Guerra Mundial e da queda da urss, deveria ser indubitavelmente de democracia constitucional e de pleno respeito dos direitos humanos. Sem falar no problema mais grave que hoje ameaça a democracia liberal: o crime organizado como elemento de corrupção moral que estabelece eficazes redes de solidariedade autoritária entre as potências ditatoriais do mundo, enquanto as boas intenções das democracias do globo caminham a duras penas e os mecanismos do direito público internacional são insuficientes para proteger oportunamente a liberdade.

Penso que tudo isso é parte do panorama antropológico e cultural que acolhe o fantasma do autoritarismo mundo afora.

O fantasma do autoritarismo eleitoral

Nesta seção, devo examinar a natureza pseudoeleitoral do fantasma do autoritarismo ou, em outras palavras, em que consiste o fantasma do autoritarismo eleitoral.

Uma das características da democracia constitucional de nossos dias é que ela perdeu a capacidade de defender a si mesma de atores desleais. Refiro-me a atores desleais nos termos clássicos com que Juan Linz conceitualiza a expressão. São atores políticos que expressam abertamente suas convicções antissistema, antidemocráticas e inconstitucionais. Porém, sem nunca ultrapassar os limites da legalidade formale escudando-se cínica e maliciosamente na liberdade de expressão, na tolerância e no pluralismo político. Atores, em síntese, que empregam o instrumental jurídico e de direitos humanos da democracia para conspirar contra a democracia. Como exemplo desses atores, podemos citar Hugo Chávez, Andrés Manuel López Obrador e Nayib Bukele, quando candidatos à presidência. Nunca ocultaram suas intenções autoritárias, mas tampouco saíram formalmente da legalidade estabelecida para disputar o poder democraticamente.

Essa perda de capacidade de defesa perante os atores desleais à democracia merece algumas reflexões que nos ajudarão a definir melhor a natureza do autoritarismo eleitoral.

A primeira é que esses atores desleais encarnam o sentimento antissistema e antipolítico do Homo democraticus cansado da democracia. Refletem-no como um espelho fiel da realidade profunda das formações sociais. É por isso que os atores desleais à democracia são populares e carismáticos e contam com altíssimos níveis de aprovação (especialmente em períodos de campanha eleitoral). A segunda é que esses atores desleais usam o voto e a via eleitoral como seus principais mecanismos de luta. O desprestígio (e inviabilidade) da via armada para tomar o poder de assalto e os altos níveis de popularidade desses personagens fazem com que, para eles, o melhor negócio para satisfazer suas pretensões autoritárias seja a via eleitoral. Os autocratas do século xxi são radicalmente eleitoreiros e, de modo geral, sentem-se muito à vontade em eleições controladas por eles mesmos.


[1]     Sobre Putin e sua influência no retrocesso universal da democracia, ver Gessen (2012).

Os autocratas do século xxi são radicalmente eleitoreiros e, de modo geral, sentem-se muito à vontade em eleições controladas por eles mesmos.

Mas cabe aqui uma observação. Para melhor entender os líderes autoritários de hoje, é preciso desdobrá-los em dois: o autocrata candidato e o autocrata chefe de Estado ou de governo. O primeiro utiliza o marco da democracia livre e verdadeiramente competitiva para ganhar eleições. Mas é característico do autoritarismo eleitoral que, ao conquistar o poder e assumir o comando do Estado ou do governo, o autocrata tente imediatamente solapar as regras da democracia. Ele corrompe o sistema eleitoral, diminuindo ou anulando sua competitividade.

A potencial corrupção do sistema eleitoral vem acompanhada da tentativa de destruir a institucionalidade democrática e o Estado de direito. Essa é a terceira reflexão sobre o “êxito” dos atores desleais ao sistema de liberdades e sobre a vulnerabilidade da democracia. O fantasma do autoritarismo eleitoral requer a simultânea perversão dos órgãos eleitorais e das magistraturas (Matheus, 2022). Porque um sistema eleitoral fraudulento requer juízes que o manipulem conforme a vontade do regime autocrático imperante. Não por acaso, na América Latina, os exemplos anteriormente citados de Hugo Chávez, Andrés Manuel López Obrador e Nayib Bukele conseguiram ou estão tentando cooptar os órgãos eleitorais e as cortes supremas. Nesse sentido, o fantasma do autoritarismo implica o desmantelamento gradual do Estado de direito (Matheus, 2019b) e a corrupção dos juízes.

A quarta reflexão é talvez a que mais desafia os intelectos e mais custa assimilar de modo racional. O fantasma do autoritarismo eleitoral é prova irrefutável de que a autocracia encontra suas raízes profundas nas entranhas das sociedades. Os líderes autoritários de hoje podem ganhar eleições e desmantelar gradualmente as instituições do Estado de direito porque contam com a tolerância ou o consentimento do Homo democraticus prevalecente. Ou, no melhor dos casos, porque, para esse Homo democraticus que prevalece, a morte da democracia constitucional não é motivo de preocupação. Ele quer viver (ou sobreviver) no privado, à margem das controvérsias políticas e partidárias que lhe parecem banais. Verifica-se uma fuga do público, que transforma a arena política e a luta eleitoral em um campo aberto no qual campeiam impunemente os atores desleais à democracia.

Os líderes autoritários de hoje podem ganhar eleições e podem desmantelar gradualmente as instituições do Estado de direito porque contam com a tolerância ou o consentimento do Homo democraticus prevalecente.

A quinta e última reflexão é sobre um fenômeno que podemos chamar de presunção democrática. Quando surge o fantasma do autoritarismo eleitoral (e da autocracia em geral), costuma ocorrer uma subestimação, por parte das elites políticas, intelectuais, empresariais, sindicais, midiáticas etc., quanto ao potencial destruidor dos modos autocráticos incipientes, a par de uma superestimação, pelos mesmos atores, da capacidade de resistência das instituições democráticas estabelecidas. Generalizam-se frases — tomando como exemplo o caso venezuelano, para mim o mais familiar — como: “Hugo Chávez não é o autocrata que aparenta ser”; ou “ele não vai conseguir cumprir o projeto autoritário que pretendem implementar”; ou “Chávez tem grande liderança, mas a Venezuela não é Cuba, e neste país será impossível destruir a democracia”. Trata-se de certa incredulidade ou um estado de negação da possível perda da liberdade e da justiça. Em consequência disso, por vezes se sacam clichês sobre o radicalismo ou a moderação para julgar o autoritarismo eleitoral em sua lida histórica: a luta pelo poder, a conquista do poder e a permanência a qualquer preço no poder; e também provoca, por medo, o aprofundamento das estruturas de censura e autocensura dos meios de comunicação que impedem denunciar com realismo e apego à verdade a erosão da democracia, a violação dos direitos humanos, a falta de autonomia das instituições e a deterioração dos sistemas eleitorais.

Conclusões

Analisado o ressurgimento global do autoritarismo e a crise antropológica que o possibilita e tendo refletido sobre algumas características do autoritarismo eleitoral, passo agora a umas breves conclusões, associando cada uma a sugestões práticas para agir no resgate da democracia:

1. O retrocesso universal da democracia é um fenômeno cultural com raízes antropológicas. Portanto, a luta atual pela democracia é necessariamente uma luta pela cultura, de pedagogia cidadã, que deve fazer com que os cidadãos revalorizem as ordens democráticas como as opções realistas para viver em liberdade e com justiça social.

2. Convém atentar à face antropológica da crise da democracia (Bautista de Alemán, 2021a). O fantasma do autoritarismo que ronda o mundo pretende criar, na prática, um homem novo: o Homo democraticus com alma autoritária ou interiormente submetido à injustiça. Nós, lutadores democráticos, pelo contrário, temos a obrigação de liberar a consciência desse Homo democraticus para que sua identidade seja a de um genuíno democrata. Isto é, para que ele deseje viver em democracia verdadeira e seja capaz de se comprometer, enquanto cidadão ativo, com o exercício dos deveres associados à cidadania. Trata-se de propiciar o retorno à política, a repolitização autêntica das sociedades e alentar os cidadãos a assumirem sua condição de Homo politicus que deseja ser Homo democraticus. A resistência mais segura e prolongada no tempo contra o fantasma do autoritarismo são homens e mulheres que assumam a cidadania — segundo a clássica teoria de Jellinek — como um status ativo.

3. É importante desmontar a presunção democrática e promover junto aos povos a pedagogia da humildade coletiva. O declínio global da democracia demonstra que nenhuma nação é predestinada por forças históricas nem pelo acaso a viver permanentemente em democracia. Muito pelo contrário. A lição prática de Jefferson continua mais vigente que nunca: “O preço da liberdade é a eterna vigilância”. Uma vigilância que começa na alma do Homo democraticus e continua nas elites, nas instituições e nas relações internacionais.

4. Sobre o uso das eleições para enfraquecer ou derrotar os autoritarismos eleitorais, quero assinalar o seguinte. Tal como demonstrou Andreas Schedler (2013, pp. 141 ss.), o poder das eleições em contextos autoritários reside na dupla circunstância de mobilizar a cidadania para verdadeiras aspirações democráticas e em colocar os regimes autocráticos em conjunturas (Matheus, 2019c) de erros de cálculo que os façam perder o poder (Haggard & Kaufman, 2016). Algo semelhante àquilo que o pan conseguiu na busca da transição democrática no México. Em todo caso, a postura-chave no uso das eleições reside em ter plena consciência da natureza do fantasma autoritário que se enfrenta (Matheus, 2019a), fazer com que a cidadania participe dessa consciência, expor a verdade das situações, independentemente do que expressarem os aparatos oficiais de propaganda e, o mais importante, conseguir que a luta eleitoral não seja apenas dos partidos e das elites, mas de toda a sociedade.

5. Finalmente, o realismo sobre os tempos da mudança política e sobre os itinerários de democratização. O caminho para a democracia pode ser longo e árduo. A perseverança na luta democrática é um aspecto essencial do exercício cívico, coletivo, da virtude da fortaleza. Os povos devem persistir em sua luta enquanto o fantasma do autoritarismo e as condições que o tornam possível persistirem. Mas a verdadeira maturidade do Homo democraticus reside no entendimento de que a democracia não deve ser apenas conquistada e inaugurada, mas fortalecida sob o signo — já mencionado — da permanente vigilância. Viver em democracia é um privilégio ganho pelo esforço e heroísmo compartilhado dos cidadãos. E assim, mais uma vez, ganham vida as palavras que presidem o edifício da Prefeitura de Hamburgo: Libertatem quam peperere maiores digne studeat servare posteritas.[1]

Referências

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Fukuyama, F. (1992). The End of the History and the Last Man. Nova York: Free Press.

Gessen, M. (2012). El hombre sin rostro. El sorprendente ascenso de Vladimir Putin al poder. Madri: Debate.

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Ginsburg, T., & Huq, A. (2018). How to Save a Constitutional Democracy. Chicago: Chicago University Press.

Haggard, S., & Kaufman, R. R. (2016). Dictators and democrats: masses, elites, and regime change. Princeton: Princeton University Press.

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Matheus, J. M. (2019c, dezembro). La resiliencia de la revolución chavista. Democratización, 1(4). Instituto forma, Caracas.

Matheus, J. M. (2022, junho). Corruptio optimi pessima. Democratización, 4(19). Instituto forma, Caracas.

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Pérez Perdomo, R. (2019, outubro). Anomia, Estado y derecho en Venezuela. Democratización, 1(2). Instituto forma, Caracas.

Schedler, A. (2013). The politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism. Oxford Studies in Democratization. Londres: Oxford University Press.

Vöegelin, E. (2006). La nueva ciencia de la política. Buenos Aires: Katz.


[1]     Que a posteridade trate de sustentar com dignidade a liberdade gerada pelos antepassados.

Paola Bautista de Alemán

Paola Bautista de Alemán

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Rostock (Alemania). Presidenta del Instituto FORMA y la Fundación Juan Germán Roscio de Venezuela. Autora del libro «A callar que llegó la revolución». Directora de la revista «Democratización».

Evolução da democracia direta na América Latina

El artículo estudia la evolución de la democracia directa en América Latina desde la reinstauración de los regímenes democráticos; en particular, del referéndum. La primera sección muestra la progresiva extensión de la democracia directa. La segunda explora las oportunidades y los riesgos del referéndum en la región. La conclusión reflexiona sobre el alcance y las implicaciones de las descalificaciones a la democracia directa.

Por: Salvador Romero Ballivián 21 Mar, 2023
Lectura: 22 min.
Evolución de la democracia directa en América Latina
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

O artigo estuda a evolução da democracia direta na América Latina a partir da redemocratização da região; especialmente, dos referendos e plebiscitos. A primeira seção mostra a progressiva expansão da democracia direta. A segunda explora as oportunidades e os riscos das consultas públicas na região. A conclusão reflete sobre o alcance e as implicações das críticas à democracia direta.

Introdução[1]

A democracia direta — sobretudo seus principais instrumentos, o referendo e o plebiscito —, como mecanismo por meio do qual a cidadania intervém diretamente na definição de questões públicas, ocupa um lugar complexo na história e no debate da democracia. Hoje considerada um fator enriquecedor da vida democrática, embora não isenta de riscos, foi historicamente objeto de um olhar receoso.

Com efeito, a democracia moderna, esboçada na segunda metade do século xviii, teve uma raiz representativa, liberal e republicana. A desconfiança em relação à participação direta, maciça e permanente da população constituía o padrão comum. Em função dessa visão restritiva, de viés elitista, o acesso à cidadania foi reservado a um segmento reduzido. E mesmo para esse núcleo, a escolha do mandatário era indireta.

Nesse ambiente, a democracia direta era considerada, no melhor dos casos, uma peculiaridade aplicável muito localmente ou uma prática excepcional para questões mais amplas, como o pertencimento de uma região à nação. Em contextos menos conturbados, uma conjunção atípica de circunstâncias podia desembocar em uma consulta popular. Entre 1900 e 1980, foram realizados 38 referendos na América Latina (Welp & Serdült, 2010, pp. 26-27).

No pior dos casos, a democracia direta era associada a autoritarismos de base popular e voto controlado pelo governo, uma reputação sulfurosa oriunda dos plebiscitos promovidos por Napoleão III para se consolidar no poder a partir de uma relação com o povo que excluía as instituições. Gabriel García o imitou na aprovação da Constituição do Equador, em 1869, em um dos primeiros plebiscitos latino-americanos. Em diferentes contextos, o guatemalteco Jorge Ubico organizou uma consulta pública em 1935, a fim de continuar no poder, enquanto, no Haiti, François Duvalier lançaria mão do mesmo instrumento, em 1961 e 1964, para instaurar uma ditadura vitalícia e hereditária.


[1]     Este texto baseia-se no capítulo “Democracia directa en América Latina: el referéndum” (in Ballivián, 2021). Nele se apresentam mais exemplos nacionais e referências que, por razões de formato, não foram incluídas neste artigo.

[…]  o referendo constituiu uma figura idealizada para superar as insuficiências da democracia.

Na contramão disso, o referendo constituiu uma figura idealizada para superar as insuficiências da democracia. No início do século xx, Ostrogorski o defendeu como meio de aprofundar o debate, melhorar as decisões, fazer frente à rigidez dos partidos e sua pretensão de oferecer respostas para todas as questões coletivas (Ostrogorski, 1979, pp. 256-261).

Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, continuou sendo um mecanismo pouco frequente. O único líder democrático que recorreu ao referendo de forma periódica foi Charles de Gaulle. Na América Latina, simbolizou a democracia uruguaia, que entre 1958 e 1971 organizou quatro plebiscitos de reformas à Constituição.

Desde o final do século xx, a democracia direta ganhou relevância na América Latina, tornando-se a região mais propensa a lançar mão de seus diversos mecanismos. O referendo é o mais chamativo deles, dado seu potencial de engajamento do conjunto da cidadania, seus traços eleitorais, o caráter dramático da luta entre duas opções por diferença de um voto; mas não é o único. As legislações incluíram a iniciativa legislativa popular, o orçamento participativo, a consulta prévia a comunidades sobre a exploração de recursos naturais, os conselhos etc.

Esses instrumentos foram reivindicados como idôneos para melhorar a democracia, incentivar a participação cidadã, aprofundar o debate sobre assuntos relevantes, aproximar o Estado e a cidadania. Refletiram também a crescente desconfiança nas instituições e nos representantes. Paralelamente, persiste a suspeita de que tais instrumentos possam ser utilizados, ou diretamente manipulados, por esferas governamentais para aumentar o poder dos mandatários, enfraquecer as instituições e, paradoxalmente, empobrecer a democracia. Essa dupla leitura identificou o ponto de tensão da democracia direta na América Latina (Altman, 2010, pp. 9-34; Lissidini, 2015; Welp & Serdült, 2008).

Este texto estuda a evolução da democracia direta, especialmente do referendo, na América Latina desde a redemocratização da região. A primeira seção mostra a progressiva expansão da democracia direta. A segunda explora suas oportunidades e riscos. A conclusão reflete sobre o alcance e as implicações dos questionamentos da democracia direta.

Expansão e extensão das consultas públicas e da democracia direta

Quando a via democrática foi reaberta na América Latina, em 1978, a democracia direta, especialmente o referendo e o plebiscito, era algo raro nas constituições da região, de tradição representativa. Paulatinamente, foi sendo assimilada, em termos legais e práticos, como uma nova e importante dimensão da democracia (Zovatto, 2014, pp. 13-70). De fato, desde 1978, foram celebrados mais de sessenta referendos e plebiscitos nacionais na região, e treze de seus países convocaram ao menos um. Somente El Salvador, Honduras, Nicarágua e República Dominicana não realizaram nenhum.

[…] desde 1978, foram celebrados mais de sessenta referendos e plebiscitos nacionais na região, e treze países convocaram a menos um. Somente El Salvador, Honduras, Nicarágua e República Dominicana não realizaram nenhum.

Na década de 1970, houve três experiências díspares: o plebiscito uruguaio de 1971, realizado sob parâmetros democráticos; o chileno de 1978, de viés autoritário; e, nesse mesmo ano, na transição equatoriana. Neste país, a Junta Militar submeteu a consulta pública a aprovação de uma Constituição redigida por uma comissão nomeada por ela própria, oferecendo como alternativa a reforma da Constituição de 1945, elaborada por outra comissão também designada pelo regime. Em uma modalidade excepcional, os votantes deviam escolher entre dois textos em vez de votar sim ou não. Optaram pelo novo projeto.

Na década de 1980, houve nove referendos e plebiscitos, todos no Cone Sul. O uso desse instrumento foi ampliado por governos autoritários, confirmando que consultas públicas e eleições não indicam por si sós o caráter democrático de um regime, que depende do contexto político e institucional da sua realização.

Três desses referendos foram organizados no Chile, o país que mais recorreu a esse instrumento nessa década. O de 1980 visava aprovar a Constituição, em um cenário sem garantias para a oposição; com o de 1988, os eleitores puseram fim à continuidade de Augusto Pinochet no poder, abrindo caminho para a democratização. Em 1980, os militares uruguaios convocaram um plebiscito. A oposição conseguiu então promover o rechaço ao regime, e os órgãos eleitorais contaram os sufrágios de forma imparcial. A vitória do não preparou o terreno para a redemocratização.

As democracias renascentes avançaram nessa trilha, porém em muitos casos desprovidas de mecanismos jurídicos claros e, portanto, com certa insegurança legal, institucional e política. Em 1984, a Argentina realizou um referendo não vinculante sobre o acordo fronteiriço do canal de Beagle com o Chile.

Na última década do século xx, o número de consultas públicas dobrou, chegando a vinte, sete das quais no Uruguai, impulsionadas pelo ativismo da Frente Ampla e dos sindicatos, que buscavam frear impulso do liberalismo econômico. O êxito dessa estratégia debilitou o governo de Luís Alberto Lacalle e, a partir da vitória de Tabaré Vásquez, líder da Frente Ampla, nas presidenciais de 2004, o recurso ao referendo refluiu.

A década se encerrou com um movimento que selaria o início do século xxi. Em 1999, na Venezuela, o vitorioso governo de Hugo Chávez organizou um referendo para convocar uma Assembleia Constituinte, seguido de outro, para aprovar a Constituição por ela elaborada. A experiência teve como precedente o referendo peruano de 1993 sobre a Constituição emanada da Constituinte que Alberto Fujimori preparara para legitimar o “autogolpe” do ano anterior.

Com isso, houve um deslocamento geográfico do Uruguai para a região andina, marcada pela chegada de partidos e líderes com mensagens de ruptura do statu quo (Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador). Ambos usaram o referendo para consolidar e legitimar seu projeto. A sistemática convocação de referendos por iniciativa presidencial — dito de outro modo, de cima para baixo — pode ser associada a riscos de retrocesso na qualidade da democracia (Lissidini, 2015, pp. 149-157). Por meio de referendos foram aprovadas constituições que deram novos poderes ao presidente, incluindo a possibilidade de reeleição, e mais instrumentos de democracia direta, muitos deles passíveis de serem ativados por meio de iniciativa popular.

A região registrou dezoito referendos na década de 2000, com a Bolívia à frente (4), empenhada em canalizar institucionalmente um conflito difícil, com assomos de crise de Estado. Isso explica por que o arcabouço jurídico das consultas no país foi construído ad hoc. Com o último, em 2009, durante o primeiro mandato de Morales, foi aprovada a nova Constituição.

Nessa década inaugurou-se uma nova modalidade específica de referendo: o revogatório do mandato presidencial, inexistente na legislação mundial para esse cargo. Foi aplicado em 2004 na Venezuela, contra Chávez, e na Bolívia, em 2008, contra Morales. Ambos os presidentes derrotaram a oposição. Já o referendo mexicano de 2022 teve a peculiaridade de ser patrocinado pelo próprio governo, com a reticência da oposição.

Na década de 2010, o número de referendos e plebiscitos nacionais na região caiu para dez. A máquina anterior se esgotou, paralelamente à debilitação dos governos de Chávez e de seu sucessor, Nicolás Maduro, de Morales e Correa. O alto-relevo político dos referendos perdeu nitidez, como no peruano de 2010, que teve por objeto a restituição de contribuições ao Fundo Nacional de Habitação (Fonavi), e no paraguaio de 2011, sobre o voto no exterior.

A distribuição geográfica continuou concentrada nos Andes, onde as consultas muitas vezes geraram ásperas controvérsias em contextos de grande polarização. O Equador liderou em quantidade de referendos no período. Paradoxalmente, o primeiro (2011) deu suporte a Correa, e o último (2018) negou-lhe a opção de voltar à Presidência. Destacam-se também os dois de 2016: o colombiano sobre o acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), no qual o governo saiu derrotado, complicando sua implementação, e o boliviano, que vetou mais uma reeleição de Morales, apesar de o governo ter forçado uma solução favorável para seus interesses por meio do Tribunal Constitucional.

Na América Central, o referendo é pouco utilizado. Somente o da Costa Rica, em 2007, sobre o Tratado de Livre Comércio (tlc) com os Estados Unidos, polarizou o país e resultou na aprovação por uma margem estreita. A América do Norte permanece refratária em nível nacional. No México, foi utilizado pela primeira vez por Andrés M. López Obrador. O Cone Sul, com a exceção do Uruguai, recorre a ele com parcimônia.

A diminuição dos referendos e plebiscitos nacionais a partir da metade na década de 2010 livrou esses instrumentos das amarras circunstanciais a um projeto ideológico concreto, pois os regimes que os acionaram como meio para governar acabaram enfraquecidos (no extremo, Nicolás Maduro, que na prática anulou os referendos revogatórios de 2016 e 2022). Porém, as consultas públicas continuam à disposição dos governos, embora estes saibam que, dada a tendência à personalização, um resultado adverso pode ameaçar seu mandato. E como o instrumento também está ao alcance da sociedade, ainda que com menos frequência ou mais entraves, procuram recorrer a ele de forma mais comedida.

[…] el referendo continúa a disposición de los gobiernos, si bien estos saben que, dada la tendencia a la personalización de las consultas, un resultado adverso lastra la gestión.

A participação nas consultas públicas

A participação nos referendos e plebiscitos apresenta uma constante: é em média inferior à das eleições presidenciais, que conseguem o máximo engajamento. A população encara essas consultas como processos intermediários (no nível dos pleitos legislativos e municipais), que, salvo em conjunturas excepcionais, não suscita tanta mobilização. Mencionado o fator geral, vejamos três grandes fatores específicos que influem no comparecimento.

Primeiro, a cultura política e os níveis habituais de participação. Países com média elevada costumam mobilizar maiores contingentes também nas consultas públicas, como ocorreu, por exemplo, na Bolívia (2016) e no Brasil (2005), onde a participação nos referendos foi de 80,5% e 76,2%, respectivamente. Nos países em que o engajamento eleitoral é baixo, ocorre o inverso. Um caso emblemático foi o referendo sobre o acordo de paz na Colômbia, país com as mais baixas taxas participação eleitoral de toda a América Latina, que teve um comparecimento de 37,4%.

O segundo fator que impacta a participação é o interesse que cidadãos e atores políticos conferem ao objeto da consulta. Quando a matéria é considerada relevante e provoca um debate de posições contrastadas, o comparecimento é maior. Assim, o referendo costa-riquenho de 2007 sobre o tlc com os Estados Unidos atraiu 59,2% dos votantes, enquanto o chileno, de 2020, para convocar a Assembleia Constituinte, 51%, superando as eleições presidenciais de 2013 e 2017.

[…] impacta a participação o interesse que cidadãos e atores políticos conferem ao objeto da consulta. Quando a matéria é considerada relevante e provoca um debate de posições contrastadas, o comparecimento é maior.

A percepção oposta aumenta a abstenção, sobretudo quando a consulta envolve poucas discrepâncias. No referendo guatemalteco de 2018 sobre a disputa fronteiriça com Belize, 95,8% dos votantes aprovaram a iniciativa, mas o comparecimento foi de apenas 26,6%. Em uma categoria parecida se encaixam o referendo para ampliar o Canal do Panamá e o paraguaio, de 2011, sobre o voto no exterior.

Por último, a simultaneidade com a eleição presidencial favorece uma dinâmica de participação: as pessoas comparecem para sufragar o mandatário e, de passagem, votam no plebiscito. Esse expediente é comum no Uruguai, mas raro em outros países. A separação das datas dá maior destaque à questão da consulta, à custa de um comparecimento menor.

Oportunidades e riscos

A democracia direta e, mais especificamente, os instrumentos do referendo e do plebiscito, vêm ganhando legitimidade. Chegaram para ficar. Foram sendo incorporados a um número crescente de constituições, sem maiores recuos, ainda que, por vezes, sofrendo um progressivo abandono ou enfrentando dificuldades impostas pelo aumento das exigências legais para sua realização, especialmente no caso das iniciativas populares.

Constituem uma janela revigorante para a participação cidadã e uma oportunidade para a sociedade definir políticas públicas, leis ou reformas constitucionais. São considerados uma maneira democrática de resolver controvérsias depois de amplo debate. Sem dúvida, enriquecem a qualidade da democracia, desde que cercados de instituições com força para enquadrá-los e oferecer garantias aos atores e cidadãos.

Por outro lado, o referendo e o plebiscito são um meio. Por si sós, eles não melhoram a política proposta. Além disso, comportam um paradoxo que resulta de sua característica central: a intervenção direta e definitória da cidadania. O resultado de uma eleição é percebido como transitivo: cria uma maioria circunstancial que na eleição seguinte pode manifestar preferências opostas; no ínterim, o debate entre ganhadores e perdedores prossegue, e portanto a deliberação mostra-se um traço inerente do regime. A oposição reivindica como ganho legítimo o bloqueio de medidas das quais discorda, mesmo quando estas integram a proposta da situação. Ao contrário, qualquer pretensão de debater ou negociar o resultado de uma consulta pública, mesmo quando resolvida por uma margem mínima, parece espúrio e antidemocrático.

[…] qualquer pretensão de debater ou negociar o resultado de uma consulta pública, mesmo quando resolvida por uma margem mínima, parece espúrio e antidemocrático.

Talvez o principal problema do referendo seja o fato de a população raras vezes responder à pergunta que nele se apesenta; há uma tendência natural dos votantes a se pronunciarem sobre a figura que convoca a consulta, sobretudo quando é o presidente que a promove e demonstra interesse no resultado. O referendo torna-se assim um termômetro da aprovação, o sim ou não ao governo de turno. As perguntas passam a um segundo plano. Os simpatizantes se inclinam pelo sim, os opositores, pelo não, independentemente de sua afinidade com a temática em pauta (LeDuc, 2003). Certa evidência empírica indica que os resultados dos referendos podem ser previstos com base na popularidade do governo, ligada de certo modo ao tempo de mandato; duas variáveis, a priori, independentes das perguntas (Franklin, Van der Eijk & Marsh, 1995, pp. 101-117).

No Panamá, em 1992, a popular temática da reforma constitucional, que incluía a eliminação das Forças Armadas e a criação da Defensoria do Povo, não bastou para neutralizar o desejo de punir o presidente Guillermo Endara. O mesmo destino teve o referendo guatemalteco de 1999: a impopularidade do presidente Álvaro Arzú prevaleceu sobre a aplicação dos acordos de paz que puseram um ponto final à sangrenta guerra civil.

Inversamente, no referendo equatoriano de 2011, dada a disparidade das questões consultadas, houve apenas 5,5 pontos de distância entre o sim e o não. Acima de tudo, os votantes manifestaram seu apoio a Correa. O resultado serviu para afrouxar freios à concentração do poder, acuar a oposição e desequilibrar os pesos e contrapesos institucionais, especialmente os judiciais. A combinação de democracia direta, fortalecimento do poder presidencial e debilitação institucional constitui um dos coquetéis mais perigosos do referendo na América Latina.

O referendo sobre a autonomia departamental na Bolívia, de 2006, confirmou esses nexos. A correlação territorial entre a votação nos constituintes do governista Movimiento al Socialismo (mas) e o não à autonomia departamental, defendido pelo presidente Morales, votados na mesma jornada, superou os 90%.

O referendo implica também um duplo desafio para os partidos. Diferentemente das eleições, em um referendo, os partidos não são necessariamente os atores centrais. De fato, sua convocação pode refletir a vontade do presidente de dobrar resistências, estabelecer um vínculo direto com a população ou buscar uma legitimidade à margem do sistema partidário. Foi o caso das consultas convocadas por presidentes que chegaram ao poder após a renúncia de seus antecessores, tendo eles próprios vínculos frouxos com as principais agremiações — Carlos Mesa na Bolívia, em 2004, e Martín Vizcarra no Peru, em 2018.

Em segundo lugar, a consulta pode dividir transversalmente os partidos e se desenvolver à margem das configurações habituais do jogo político (governo e oposição, esquerda e direita, para citar as mais comuns). Por exemplo, no referendo uruguaio de 1992, o Partido Colorado não conseguiu manter uma posição comum sobre as privatizações, objeto da consulta.

Por último, o referendo reduz as opções e possibilidades de negociação partidária, a margem de concessões recíprocas para obter consensos mínimos. O sim e o não pulverizam as posições intermediárias. Quando a matéria da consulta leva atores políticos de peso a sustentarem posições marcadamente opostas, essa clivagem arrasta o conjunto da sociedade. A polarização é induzida pelo próprio mecanismo. Encerrado o processo, a divisão e a cisão permanecem. Quando um referendo ou plebiscito se resolve com uma maioria contundente, isso costuma indicar que a população dá pouca importância à matéria, o que muitas vezes resulta em baixa participação.

Quando a matéria da consulta leva atores políticos de peso a sustentarem posições marcadamente opostas, essa clivagem arrasta o conjunto da sociedade.

Conclusão: as ambíguas desqualificações da democracia direta

Para a democracia direta, 2016 e 2017 foram anos críticos: os britânicos deixaram a União Europeia, os colombianos rejeitaram o acordo de paz com a guerrilha, os turcos adotaram o sistema presidencialista para favorecer Recyp Erdogan. De repente, as credenciais democráticas do referendo tornaram-se obscuras e suspeitas.

Foram para o banco dos réus a pós-verdade, as manipulações das redes sociais, a falta de conhecimento adequado dos temas em pauta por amplos setores da cidadania. As críticas ao referendo apontaram o caráter volátil do voto, por vezes sujeito a fatores fúteis, como o clima no dia da votação, a obediência às determinações dos partidos, o fato de os eleitores se deixarem levar pela simpatia ou antipatia pelo governo.

Alguns desses argumentos parecem novos, por mesclarem elementos como notícias falsas e manipulação de algoritmos, mas na realidade têm raízes antigas, fincadas na suposta incompetência do cidadão médio e na clarividência das elites, e atualizam alegações esgrimidas no passado para cercear o direito ao voto. Elas reaparecem em ciclos recorrentes (Instituto para la Iniciativa y el Referéndum Europa, 2007, p. 69), e já circulavam no início do século xx (Ostrogorski, 1979, p. 258). As premissas que questionam a democracia direta são perfeitamente aplicáveis às eleições e à própria democracia. A desqualificação do referendo por causa dos resultados que emana solapa as próprias bases da democracia.

Infelizmente, nem os referendos, nem as eleições, nem a democracia garantem decisões sempre “corretas”, encaminhadas ao avanço de seus princípios e voltadas ao bem comum, por mais que a educação cidadã se construa sobre a necessidade de promover esses comportamentos e fornecer ao cidadão os instrumentos para que possa atuar com espírito crítico e autonomia. Seu fundamento mais simples e limitado implica que, dentro de certas regras preestabelecidas de comum acordo, cada cidadão decide segundo seus princípios, valores e interesses, e a preferência majoritária (uma opção no referendo, um candidato ou um partido em uma eleição) aplica-se ao conjunto, dentro de limites igualmente acordados, que na época contemporânea correspondem, sobretudo, ao Estado de direito.

A democracia implica aceitar a decisão da maioria, mesmo com o risco de que ela seja equivocada ou adotada por maus motivos. Risco inevitável, já comentado naquela que é provavelmente a mais antiga consulta da qual temos registro (em um contexto que, evidentemente, não se atém a parâmetros democráticos nem de respeito a direitos). Segundo o Evangelho de São Mateus, Pilatos consultou o povo: “Quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, que chamam de Cristo?”. Antes da resposta, houve uma campanha insidiosa: “Os chefes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer”. O resultado contrariou Pilatos, pois sabia que Jesus fora “entregue por inveja”; insistiu: “Mas que mal ele fez?”. Contudo, dada a insistência da multidão, deixou seguir o curso do clamor, libertou Barrabás e entregou Jesus.

Referências

Altman, D. (2010). Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en América Latina ¿mecanismos de control político o políticamente controlados? Perfiles Latinoamericanos, 18(35), 9-34.

Franklin, M., Van der Eijk, C., & Marsh, M. (1995). Referendum Outcomes and Trust in Government: Public Support for Europe in the Wake of Maastricht. West European Politics, 18(3), 101-117.

LeDuc, L. (2003). The Politics of Direct Democracy: Referendums in Global Perspective. Toronto: University of Toronto Press.

Instituto para la Iniciativa y el Referéndum Europa. (2007). Guía de la democracia directa – en Suiza y más allá. Ginebra: Instituto para la Iniciativa y el Referéndum Europa.

Lissidini, A. (2015). Democracia directa en América Latina: avances, desafíos y contradicciones. In A. Minnaert & G. Endara (coords.). Democracia participativa e izquierda (pp. 121-190). Quito: Friedrich Ebert Stiftung.

Ostrogorski, M. (1979). La démocratie et les partis politiques. Paris: Seuil.

Romero Ballivián, S. (2021). Elecciones en América Latina. La Paz: idea Internacional, Tribunal Supremo Electoral.

Welp, Y. (2010). El referendo en América Latina: diseños institucionales y equilibrios de poder. Nueva Sociedad, 228, 26-42.

Welp, Y., & Serdült, U. (2008). Armas de doble filo: la participación ciudadana en la encrucijada. Buenos Aires: Prometeo. Zovatto, D, (2014). Las instituciones de la democracia directa. In A. Lissidini, Y. Welp & D. Zovatto (comps.). Democracias en movimiento: mecanismos de democracia directa y participación en América Latina (pp. 13-70). México: unam, idea Internacional.

Salvador Romero Ballivián

Salvador Romero Ballivián

Sociólogo político, investigador y escritor. Director de IDEA Internacional en Paraguay y exvocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.

O superciclo eleitoral latino-americano 2021–2024

El artículo analiza las características del superciclo 2021-2024 y el contexto regional en que este tiene lugar, junto con las principales tendencias de las elecciones presidenciales del período 2019-2022. Se destacan el voto castigo a los oficialismos, los ciclos políticos más cortos, la hiperpolarización tóxica, la amenaza de populismo, el uso del balotaje, la alta fragmentación y la contaminación informativa.

Por: Daniel Zovatto 21 Mar, 2023
Lectura: 21 min.
El superciclo electoral latinoamericano 2021-2024
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Este artigo analisa as características do superciclo 2021–2024 e o contexto regional em que ele ocorre, bem como as principais tendências das eleições presidenciais do período 2019–2022. Destacam-se o voto de castigo aos governos em exercício, os ciclos políticos mais curtos, a hiperpolarização tóxica, o risco de populismo, a recorrência do segundo turno, a alta fragmentação e a poluição informacional.

O superciclo eleitoral latino-americano 2021–2024

Com o início da terceira década do século xxi, começou um novo superciclo eleitoral na América Latina. Todos os países da região, exceto a Bolívia (cujas eleições presidenciais foram celebradas em 2020), renovarão a Presidência e o Congresso pelo voto direto. Essas eleições têm lugar em um contexto — global e regional — de tempo carregado, assolado por várias crises: a pandemia de Covid-19 — que ainda não terminou —, a invasão da Ucrânia pela Rússia e seus impactos negativos, a desaceleração econômica com risco de recessão, o aumento do custo de vida, da energia, da inflação, dos juros, e a ameaça de uma crise alimentar, entre outras.

Essas múltiplas crises aprofundaram as desigualdades e a pobreza, aumentado a desconfiança da cidadania nas elites e agudizando o mal-estar social nas ruas (protestos) e nas urnas (voto de castigo contra os governos em exercício). Tudo isso gerou uma agenda de novos temas — proteção do meio ambiente, digitalização, equidade de gênero, inclusão, dignidade e luta contra a desigualdade, entre outros —, a necessidade de lideranças políticas renovadas e empáticas e a urgência de renegociar os contratos sociais. Diante dessas mudanças culturais e dessa nova agenda de demandas de uma sociedade que mudou profundamente nos últimos anos, sobretudo nos estratos mais jovens, as elites tradicionais se viram ultrapassadas, pois não souberam interpretá-las e se reposicionar.

Por razões de espaço, o presente artigo se concentrará na análise do superciclo 2021–2024 e das tendências eleitorais que emergem do período 2019–2022. Na tabela 1 observa-se a intensa maratona eleitoral que a região terá durante o mencionado quadriênio.

Tabela i. Calendário de eleições presidenciais do superciclo 2021–2024

O que é o superciclo eleitoral e em que contexto ele ocorre?

O superciclo eleitoral 2021–2024 é o conjunto de pleitos compreendidos nesse quadriênio, no qual dezessete países latino-americanos (com exceção da Bolívia, pelos motivos mencionados acima) realizarão eleições presidenciais e legislativas, subnacionais e municipais para a renovação ou recondução das autoridades políticas desses países, bem como seus efeitos na reconfiguração do mapa político regional.

O superciclo atual tem lugar em um dos momentos mais complexos desde a redemocratização da região (1978), marcado pelo impacto socioeconômico da pandemia, pela erosão da confiança na democracia e pela deterioração da qualidade das instituições. A seguir apresentamos um resumo, em perspectiva regional, de três contextos das eleições nesse período.

Contexto econômico: reativação fraca, inflação alta e tensões sociais

A região vai completando mais uma década perdida (2014–2023). Em sua projeção mais recente, de julho de 2022, o fmi calcula que o crescimento econômico da América Latina neste ano rondará os 3% e cairá a 2% em 2023, tornando-se assim a região com pior desempenho em todo o planeta. Entre os fatores que contribuem de forma combinada para o anêmico crescimento econômico destacam-se as restritivas condições macroeconômicas globais — inflação, aumento das taxas de juros e retração monetária, aumento do preço das matérias-primas, bem como dos medicamentos e combustíveis — e as demandas internas para sustentar níveis de consumo e bem-estar. Em matéria de inflação, o fmi prevê que a América Latina experimentará em 2022 e 2023 a taxa mais alta em 25 anos, projetando médias de 12,1% e 8,7%, respectivamente.

Esses acentuados desequilíbrios econômicos vêm tendo um forte impacto sobre os indicadores sociais. Em 2021, a pobreza na região chegou a 32,1%, e a extrema pobreza, a 13,8%, que equivale a 201 e 86 milhões de pessoas, respectivamente (pnud, 2021). Isso significa que os avanços em matéria de redução da pobreza conquistados na década anterior foram anulados de uma tacada, e nos encontramos nos mesmos níveis gerais de 2008, porém com uma taxa de pobreza extrema que significa um recuo de trinta anos, com percentuais equivalentes aos de 1990.

Contexto institucional: erosão da democracia e debilitação do Estado de direito

Em matéria institucional, a democracia encontra-se em um franco processo de erosão há pouco mais de uma década. A pandemia acelerou a paulatina deterioração político-institucional que já se observava anteriormente. Além disso, a crise sanitária foi usada por vários líderes populistas como pretexto para decretar poderes emergenciais, a fim de concentrar poder de forma ilegítima e assim avançar na supressão ilegal de direitos e liberdades fundamentais da população (idea Internacional, 2021). A democracia enfrenta, em nível global e regional, um novo tipo de autoritarismo. Atualmente, as democracias já não morrem em consequência dos tradicionais golpes de Estado — embora ainda ocorram em alguns países —, e sim pela deterioração gradual e permanente de seus pilares, levada a cabo por governantes eleitos, no interior do próprio regime.

Atualmente, as democracias já não morrem em consequência dos tradicionais golpes de Estado […], e sim pela deterioração gradual e permanente de seus pilares.

Segundo o relatório da Freedom House (2022), enquanto em 2005 46% da população mundial vivia em países livres, hoje esse percentual é de apenas 20,6%. De acordo com o levantamento de The Economist Intelligence Unit’s, 44% dos países pioraram sua qualificação democrática média em 2021 em relação a 2020.

O triênio mais recente (2019–2021) foi ainda mais difícil para as democracias latino-americanas. Segundo The Economist, a América Latina é a região do mundo que sofreu a maior queda anual no índice de democracia em 2021, passando de 6,09 a 5,83 sobre 10[SM1] , piora que ocorre pelo sexto ano consecutivo.

Cultura política: desconfiança generalizada nas elites e instituições democráticas

Em nossa região há duas instituições que medem o pulso da opinião pública com suas sondagens: o Barômetro das Américas (BA) e o Latinobarômetro (LB). Ambas apontam que o apoio à democracia vem caindo nos últimos anos, passando de 69% em 2008 a 62% em 2021 (ba) e de 63% em 2010 a 49% em 2020 (lb). O maior ceticismo recai na satisfação com a democracia, situada em 43% em 2021, contra 59% em 2010 (ba). Do mesmo modo, 73% dos pesquisados em 2020 afirmavam que “os grupos poderosos governam em seu próprio benefício” (lb).

Há outros três dados ainda mais preocupantes. O primeiro é que, enquanto em 1995 apenas 16% dos latino-americanos afirmavam que lhes era indiferente viver ou não em democracia, em 2021 esse percentual chegou a 27% (lb, 2021). O segundo, de acordo com a mesma fonte, é que 51% da população (eram 44% em 2002) declara não se importar se o governo não é democrático, contanto que resolva seus problemas. E o terceiro, que a crise de credibilidade está afetando não apenas as instituições democráticas tradicionais, mas também o regime em geral e a confiança interpessoal. A confiança nos partidos políticos segue em seu patamar mais baixo, 13%; a confiança no Congresso está em 20%; no Poder Judiciário, 25%; no Executivo, atingiu o ponto mais baixo em 2020, 32%; e a confiança nas instituições eleitorais também vem caindo, situada em apenas 31% (todos dados do lb).

A confiança nos partidos políticos segue em seu patamar mais baixo, 13%; a confiança no Congresso está em 20%; no Poder Judiciário, 25%; no Executivo, atingiu o ponto mais baixo em 2020, 32%.

A esse complexo e desafiador cenário regional latino-americano devemos ainda acrescentar outros fatores agravantes, como a maldita corrupção, a debilidade do Estado de direito, o aumento das economias ilegais e do crime organizado, os altos níveis de violência e homicídios e a nova crise migratória, entre outros; fatores todos que têm forte influência nos processos eleitorais do atual superciclo.

Tendências político-eleitorais na América Latina em 2019–2022

A seguinte análise das principais tendências político-eleitorais abrange os pleitos presidenciais realizados na região entre 2019 e 2022, período que inclui o fim de um superciclo, a pandemia de 2020 e os dois primeiros anos do atual superciclo. Esse quadriênio compreende, ainda, seis eleições pré-pandêmicas, em El Salvador, Panamá, Guatemala, Bolívia, Argentina e Uruguai.

As presidenciais bolivianas de 2019 foram anuladas devido a graves irregularidades, sendo repetidas em 2020, dentro da normalidade. Nesse ano, em pleno pico da crise sanitária, também foram celebradas as eleições presidenciais na República Dominicana.

Em 2021 teve início o superciclo atual, com uma intensa agenda de cinco eleições presidenciais: Equador, Peru, Chile e Honduras, mais a farsa eleitoral nicaraguense perpetrada pela ditadura Ortega-Murillo.

Em 2022 há três eleições presidenciais no calendário. As duas primeiras, na Costa Rica e na Colômbia, foram celebradas no primeiro semestre; a terceira, no Brasil, ocorrerá[SM1]  em outubro.

A seguir, analisamos as sete principais tendências político-eleitorais da região correspondentes ao quadriênio 2019–2022.

Tabela 2

*As cores indicam o sinal ideológico dos presidentes: vermelho (esquerda), amarelo (centro) e azul (direita).
** Eleição sem as mínimas condições de integridade (farsa eleitoral).
Fonte: Elaboração do autor, baseada em resultados eleitorais.

1. Voto de castigo aos governos em exercício

Os governos em exercício foram repetidamente castigados nas urnas. De 2019 até o presente (agosto de 2022), foram celebradas catorze eleições presidenciais na América Latina. Excluindo a farsa eleitoral nicaraguense, em todas houve um voto de castigo à situação, ou seja, o partido ou candidato do partido governista foi derrotado nas urnas (tabela 2).

A reeleição presidencial tornou-se uma tarefa difícil para os presidentes latino-americanos, e a alternância redundou no encurtamento dos ciclos políticos. Entre 2019 e 2022, nenhum presidente que tentou a reeleição consecutiva obteve sucesso (Mauricio Macri, na Argentina, e Evo Morales, na Bolívia, ambos em 2019, não foram reeleitos). Por outro lado, o voto de castigo aos governos em exercício acarretou maior alternância e inaugurou um novo ciclo político.

[…] está em curso na América do Sul uma virada do sinal ideológico com o retorno da esquerda ao poder, ainda que com outros matizes.

De fato, está em curso na América do Sul uma virada do sinal ideológico com o retorno da esquerda ao poder, ainda que com outros matizes. Quatro das cinco eleições presidenciais sul-americanas mais recentes (Bolívia, Equador, Peru, Chile e Colômbia) foram ganhas pela esquerda, e apenas no Equador venceu uma força de centro-direita. Somente em quatro países sul-americanos (Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai) restam governos de direita, enquanto seis (Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela) são de esquerda, embora haja grandes diferenças entre eles. Uma vitória do ex-presidente Lula no Brasil — que vem liderando as pesquisas —, ampliaria esse retorno de governos progressistas.

Se a vitória de Lula se confirmar, teremos um cenário regional inédito: as seis principais economias da região (Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru) serão governadas por líderes de esquerda.

3. Hiperpolarização tóxica

Todos os principais estudos sobre qualidade da democracia registram sua preocupação com uma perigosa tendência à hiperpolarização. No último quinquênio observa-se um enfraquecimento do centro político como campo ideológico e o confronto em segundo turno de candidatos representantes dos extremos ideológicos. Esse fenômeno costuma vir acompanhado de uma hiperfragmentação que abre espaço para que candidatos marginais se destaquem com suas mensagens e consigam passar para o segundo turno, como ocorreu nas eleições peruanas de 2021, cuja rodada final foi disputada entre os dois candidatos que representavam os extremos, entre dezoito alternativas.

[…] … observa-se um enfraquecimento do centro político como campo ideológico e o confronto em segundo turno de candidatos representantes dos extremos ideológicos.

A hiperpolarização tóxica representa uma grave ameaça para a qualidade da democracia, por diversas razões; sobretudo porque os candidatos extremistas tendem a promover medidas antidemocráticas e a questionar as instituições e as regras do processo eleitoral e do sistema democrático. A polarização exacerbada também pode fomentar níveis perigosos de violência política, verbal ou física. Nesses contextos hiperpolarizados, os candidatos derrotados tendem a não aceitar os resultados, denunciar fraudes inexistentes e promover campanhas de desrespeito e ataque às instituições eleitorais.

O fenômeno dos ataques cada vez mais fortes, ilegais e infundados aos órgãos eleitorais e seus integrantes na região, a fim de deslegitimá-los e debilitá-los, seja a partir do Executivo ou dos partidos de oposição, é uma perigosa tendência que vem ganhando força em boa parte dos países, entre os quais se destacam Brasil, México e Peru.

4. Ameaça de populismo

Com frequência crescente, observa-se a irrupção de candidatos populistas que se caracterizam por dividir a sociedade em campos de batalha: nós contra eles. Esse “eles” costuma ser descrito como uma elite, casta ou classe social à qual se atribuem todos os males do país (antiestablishment), caricaturando os oponentes e apostando na polarização extrema.

Quem apela ao populismo corrói as bases institucionais e organizacionais da representação e privilegia a relação direta com os apoiadores, com laivos messiânicos, personalistas e um potencial viés autoritário.

Com base nessa premissa, a política é interpretada em chave de conflito permanente, confrontando modos irreconciliáveis de entender o mundo. Quem apela ao populismo corrói as bases institucionais e organizacionais da representação e privilegia a relação direta com os apoiadores, com laivos messiânicos, personalistas e um potencial viés autoritário. O populismo pode adotar qualquer ideologia política: há casos de populismo tanto de direita como de esquerda.

5. Frequência crescente do segundo turno e reversão de resultados

Ultimamente, o segundo turno vem ocorrendo na maioria dos países cuja legislação eleitoral prevê sua realização, e a par disso também tem aumentado a frequência em que o resultado do primeiro tuno é revertido. Na América Latina, são doze os países que aplicam o segundo turno: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Peru, República Dominicana e Uruguai, ainda que com diferenças significativas. Nas últimas eleições presidenciais celebradas em cada um desses países, oito foram a segundo turno para definir o presidente: Brasil (2018), Chile (2021), Colômbia (2022), Costa Rica (2022), Equador (2021), Guatemala (2019), Peru (2021) e Uruguai (2019). As exceções foram: Argentina e El Salvador, em 2019, e Bolívia e República Dominicana, em 2020.

Desde o início da terceira onda democrática na região, no final da década de 1970, huve segundo turno em 58 eleições. Em 39 delas (67%), o vencedor do primeiro turno foi confirmado, e em 19 casos (33%) houve uma virada. Nos últimos sete segundos turnos realizados na região (Guatemala, 2019; Uruguai, 2019; Equador, 2021; Peru, 2021; Chile, 2021; Costa Rica e Colômbia, 2022), em cinco deles (83%) houve virada — a exceção foram Peru (2021) e Colômbia (2022).

6. Fragmentação e presidencialismo de coalizão

A pouca confiança da população nos partidos e a crescente personalização da política aprofundaram a crise na maioria dos sistemas partidários latino-americanos. Consequentemente, o número de partidos e de candidatos à presidência vem crescendo muito. Por exemplo, nas recentes eleições presidenciais da Costa Rica (2022), apresentaram-se 25 candidatos, 14 dos quais obtiveram menos de 1% dos votos. Algo semelhante ocorreu no Equador, em 2021, e no Peru, em 2021, países que registraram 16 e 18 candidaturas presidenciais, respectivamente.

Os congressos também se caracterizam por um maior nível de fragmentação, e os presidentes eleitos por partidos minoritários têm de construir amplas coalizões para governar. O resultado dessa situação é preocupante: os mandatários que não contam com maioria própria tendem a formar coalizões voláteis, com pouca coesão programática, o que acaba provocando frequentes divisões na base do governo, fortes choques entre poderes e instabilidade ministerial e governamental.

[…] os mandatários que não têm maioria própria tendem a formar coalizões voláteis, com pouca coesão programática, o que acaba produzindo frequentes divisões na base do governo.

Os dois exemplos atuais mais claros — mas não os únicos — são Lasso, no Equador, e Castillo, no Peru. Neste país já houve duas tentativas de destituição do presidente Castillo em menos de um ano de mandato.

7. Crescente poluição informacional nas campanhas

As fake news, as campanhas de desinformação e a poluição informacional estão em alta. Essas táticas são utilizadas pelos candidatos, mas também pelos governos para interferir nas eleições de outros países.

As redes sociais vêm ganhando cada vez mais importância e presença política. Seus efeitos nas eleições e na democracia são tanto positivos quanto negativos. Um número cada vez maior de pessoas recorre às redes sociais para se informar sobre política e sobre as propostas dos candidatos. Além disso, seu uso ajuda a horizontalizar a comunicação política e fazer dela uma via de mão dupla.

Mas as redes sociais também acarretam riscos graves e crescentes quando utilizadas de forma inadequada, para desinformar, dividir e disseminar o ódio. Com efeito, quando as mensagens transmitidas nas redes sociais são majoritariamente negativas — com emoções de raiva, medo e desconfiança —, exacerbam a polarização e produzem o efeito bolha (diálogo entre iguais). Isso emperra o diálogo político construtivo, e seus efeitos sobre os processos eleitorais e a democracia são muito adversos.

Conclusões

A democracia na América Latina vem dando sinais de resiliência e de deterioração. Os próximos anos se anunciam complexos e desafiadores. Devemos nos preparar para enfrentar tempos difíceis.

A América Latina foi a região mais prejudicada pela pandemia de Covid-19, que deixou uma herança envenenada em matéria de desenvolvimento humano. Em termos econômicos, estamos às portas de mais uma década perdida. A desconfiança generalizada da população nas elites, nas instituições e no sistema político em seu conjunto vem fragilizando a democracia e permeando as relações interpessoais e as organizações sociais.

A democracia sofre também o assédio de líderes populistas e autoritários que, ao chegar ao poder pela via eleitoral, a corroem por dentro. Consequentemente, a crise político-institucional e de governança que assola nossas democracias é uma das mais desafiadoras desde o início da terceira onda democrática, já faz 43 anos (Sahd et al., 2022). Daí a importância de fortalecer não apenas a legitimidade de origem, mas também a legitimidade de exercício, como prescreve a Carta Democrática Interamericana.

[…] a crise político-institucional e de governança que assola nossas democracias é uma das mais desafiadoras desde o início da terceira onda democrática, já faz 43 anos.

Para tanto, a região deve priorizar três frentes. Primeiro, fomentar e fortalecer a resiliência eleitoral para garantir a legitimidade de origem, como durante a pandemia, quando os países latino-americanos, em face dos imensos desafios daquela conjuntura, foram capazes de continuar realizando eleições com altos padrões de biossegurança e integridade. Para tanto, é fundamental blindar os órgãos eleitorais contra os crescentes ataques provindos do Executivo e dos partidos políticos, tanto da situação quanto da oposição.

Segundo, recuperar a confiança nas elites e nas instituições, abrindo novos canais de escuta, diálogo e participação cidadã. É preciso reimaginar o papel do cidadão, acrescentando à sua condição de eleitor outras dimensões de caráter participativo e deliberativo que lhe permitam ter um protagonismo maior e mais frequente nos processos de tomada de decisões e de elaboração de políticas públicas.

E, terceiro, acompanhar a democracia de um Estado moderno, robusto e estratégico, instrumento de governança eficaz para estar em condições de oferecer resultados concretos e oportunos aos problemas reais das pessoas. Como advertíamos em 2021, com Sergio Bitar:

A governabilidade democrática é condição essencial para a superação da crise e a realização das reformas necessárias na América Latina. São necessários acordos amplos e majoritários para evitar a polarização política e a consequente paralisação da ação pública. A hiperpolarização tóxica acarreta o risco de resvalar no autoritarismo ou no populismo, seja por uma demanda de ordem a qualquer preço ou pela crença em soluções fáceis para problemas complexos. Por isso é necessário testar novos mecanismos, diálogos e a participação permanente em todos os níveis, que garantam a inclusão de uma cidadania empoderada (p. 5).

É preciso atualizar e fortalecer os mecanismos de proteção da democracia em nível regional, para que complementem e apoiem os já existentes em nível nacional. A prioridade deve se concentrar na atualização e fortalecimento da Carta Democrática Interamericana e em buscar um novo consenso regional, de larga base política, em prol da defesa da democracia, dos processos eleitorais íntegros, do respeito aos direitos humanos e à liberdade de expressão e à plena vigência do Estado de direito.

Essa é a agenda que a América Latina deve pôr em prática, com urgência e bússola na mão, voltada a repensar a democracia representativa, revalorizar a política, acelerar a inovação político-institucional, fortalecer os mecanismos de participação e deliberação cidadã e incorporar à política as novas tecnologias digitais de forma inteligente, tudo isso com o objetivo de recuperar a confiança da cidadania na política, em suas instituições e seus líderes e, ao mesmo tempo, fortalecer a governança das sociedades complexas do século xxi.

Em suma, não há tempo a perder. Os mandatários devem aprender a governar em contextos de alta complexidade, incerteza e volatilidade, a gerar resultados rapidamente para responder às altas expectativas e novas demandas de uma cidadania cada vez mais empoderada e exigente e recuperar a confiança perdida. Caso contrário, como vem sendo observado em vários países da região, a frustração popular pode dar lugar a uma nova onda de protestos sociais, aumentando o risco de instabilidade e deterioração política, as crises de governabilidade e, pior ainda, de retrocessos democráticos. E para tanto, como bem aconselhava Albert O. Hirschman, hoje mais do que nunca, é preciso centrar foco no possível mais que no provável.

Referências

Bitar, S., & Zovatto, D. (2021, 9 de fevereiro). América Latina: los cambios postpandemia. idea Internacional. https://www.idea.int/sites/default/files/news/zovattocovid/20200210-America-Latina-Postpandemia.pdf.

Corporación Latinobarómetro. (2021). Informe Latinobarómetro 2021. Santiago do Chile.

Freedom House (2022, fev.). Freedom in the World 2022. The Global Expansion of Authoritarian Rule.

Fundo Monetário Internacional (fmi). (2022, julho). Actualización de las perspectivas de la economía mundial: Un panorama sombrío y más incierto.

idea Internacional. (2021). El estado de la democracia en las Américas 2021: Democracia en tiempos de crisis. Estocolmo: idea Internacional.

idea Internacional. (2021). Global Monitor of covid-19s Impact on Democracy and Human Rights [Monitor global del impacto de la covid-19 sobre la democracia y los derechos humanos]. https://www.idea.int/gsodindices/#/indices/world-map.

Lupu, N., Rodríguez, M., & Zechmeister, E. (eds.). (2021). Pulse of Democracy. Nashville: lapop.

Sahd, J., Zovatto, D., Rojas, D., & Fernández, M. P. (eds.). (2022). Riesgo Político América Latina 2022. Santiago do Chile: Centro de Estudios Internacionales, Universidad Católica de Chile.

The Economist Intelligence Unit. (2022). Democracy Index 2021: The China Challenge. Londres.

Daniel Zovatto

Daniel Zovatto

Ex director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Doctor en gobierno y administración pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid.

Como desenhamos a escolha de nossos representantes?

Los sistemas electorales de América Latina sufren una reforma constante y, por lo general, los partidos políticos asumen el diseño del sistema electoral como una atribución exclusiva. Uno de los componentes del sistema electoral refiere al modo en que elegimos el Parlamento y los cuerpos colegiados que componen el Poder Legislativo en los niveles nacional, regional y local.

Por: Eduardo Repilloza Fernández 21 Mar, 2023
Lectura: 17 min.
La ingeniería electoral del Parlamento. ¿Cómo diseñamos la escogencia de nuestros representantes?
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Os sistemas eleitorais da América Latina passam por reformas constantes e, em geral, os partidos políticos assumem seu desenho como uma atribuição exclusiva. Um dos componentes do sistema eleitoral diz respeito ao modo como elegemos o Congresso e os órgãos que compõem o Poder Legislativo nos níveis nacional, regional e municipal.

Falar em eleições implica lembrar que os processos eleitorais são compostos de diferentes etapas, agrupadas em três grandes fases: a pré-eleitoral, a jornada de votação e a pós-eleitoral. Em geral, a campanha eleitoral e a jornada de votação (etapas que os meios de comunicação costumam cobrir amplamente), subtraem atenção das etapas que exigem tempo de análise e reflexão, não apenas do meio acadêmico ou político, mas também da cidadania.

Se a fase pré-eleitoral, que transcorre entre o início do calendário eleitoral e o dia da eleição, não ocupa nossa atenção (com exceção da campanha eleitoral), que balanço podemos fazer do processo de formação da legislação eleitoral? Os partidos políticos são as únicas partes com a faculdade de definir as regras do jogo eleitoral, por sua condição de concorrentes? Na verdade, a sociedade civil deve poder controlar o debate parlamentar e participar dele, sobretudo no tocante às eleições, pois desenhar o sistema através do qual são eleitos os representantes não é um detalhe menor.

Desde 1978, todos os países latino-americanos mudaram algum aspecto de seu sistema eleitoral, o que diz muito sobre o empenho permanente em maximizar os benefícios dos partidos e obter maior eficiência do sistema político.

A América Latina deposita muita confiança nos sistemas eleitorais como meio de conferir previsibilidade ao sistema político, o que é demonstrado pela forte tradição reformista da região. Desde 1978, todos os países latino-americanos mudaram algum aspecto de seu sistema eleitoral, o que diz muito sobre o empenho permanente em maximizar os benefícios dos partidos e obter maior eficiência do sistema político. Mas as reformas nem sempre atingem o objetivo proposto. Em alguns casos em que foram implementados sistemas mistos e voto facultativo, enfraqueceu-se o vínculo entre cidadãos e representantes e fragmentou-se a oferta eleitoral, debilitando os partidos sem melhorar a qualidade da representação.

Os sistemas eleitorais têm impacto no sistema político, sobretudo no que tange à composição dos poderes legislativos e à capacidade de governar dos partidos ou coalizões políticas. Eles geram certeza e condições para que as preferências da cidadania se traduzam em resultados concretos. No entanto, por si sós, a matemática eleitoral e a legislação não garantem uma representação justa da cidadania, pois interagem com outros fatores que podem maximizar ou anular os efeitos desejados (Molina, 2000).

Em contextos não democráticos, por exemplo, o sistema eleitoral costuma ser majoritário.[1] Os sistemas majoritários não produzem necessariamente efeitos perniciosos, mas combinados à ausência de regras claras, à criminalização da dissidência e a um campo institucional propenso a favorecer o grupo no poder, anulam por completo as possibilidades de que independentes ou minorias obtenham representação.

Portanto, considerando que as circunstâncias políticas e outros fatores (como a dimensão dos distritos ou o desenho das circunscrições eleitorais) também têm grande peso na determinação dos resultados, é crucial entender qual sistema gera as melhores condições em cada contexto, levando em conta todas as variáveis. O fato é que não existe o sistema eleitoral perfeito. Assim como a Constituição dos Estados Unidos consagra o direito à busca da felicidade, temos o direito à busca do melhor sistema eleitoral, cada um com suas vantagens e desvantagens.

Tipos de sistemas eleitorais

Os sistemas eleitorais costumam ser categorizados segundo a fórmula que utilizam, isto é, segundo o cálculo aritmético que converte votos em assentos. Com esse critério, os sistemas são classificados, grosso modo, em majoritários, proporcionais e mistos. O sistema majoritário atribui as vagas ao partido mais votado, o proporcional as distribui de acordo com o quociente de votos por agremiação e o misto combina o uso de fórmulas majoritárias para o preenchimento de uma parte das vagas e proporcionais para a outra parte.

Dentro dessas três categorias, há diferentes fórmulas a levar em conta. Os sistemas de representação proporcional procuram reduzir as disparidades entre a proporção de votos de um partido e as vagas que lhe correspondem, reproduzindo a proporção de votos recebida por partido na composição do Legislativo. Por isso costumam usar listas partidárias nacionais ou regionais, mas também podem utilizar o quociente de uma fórmula para compensar resultados em distritos uninominais majoritários. O voto preferencial, como o utilizado na Colômbia, por exemplo, também cumpre esse objetivo, pois os eleitores ordenam os candidatos segundo suas preferências em distritos plurinominais. Se isso soa familiar, é porque esse tipo de sistema é o mais utilizado na América Latina.

Dos vinte países latino-americanos, sete usam exclusivamente o método D’Hondt de forma pura para a Câmara baixa (Argentina, Chile, Guatemala, Nicarágua, Paraguai, Peru e República Dominicana), um aplica o método Webster (Equador, que o adotou recentemente) e o restante faz uso de diferentes fórmulas, envolvendo os métodos D’Hondt, Hare e majoritários ou de maiorias relativas (neste último caso: México, Haiti e Venezuela) (Reformas Políticas en América Latina, 2021).

Se, por um lado, o sistema de representação proporcional garante que todos os setores relevantes sejam representados, por outro, pode reduzir a possibilidade de obter maiorias claras e aumentar a fragmentação partidária no Legislativo.

Se, por um lado, o sistema de representação proporcional garante que todos os setores relevantes sejam representados, por outro, pode reduzir a possibilidade de obter maiorias claras e aumentar a fragmentação partidária no Legislativo, o que tende dificultar a governabilidade.

Os sistemas majoritários fazem uso de distritos uninominais, onde ganha quem recebe mais votos (maioria relativa); quando há distritos plurinominais, costuma-se utilizar o sistema de voto em bloco nos partidos. Este sistema favorece a governabilidade mais que o proporcional, se a entendermos como a existência de maiorias que permitam adotar uma agenda legislativa definida e coerente em relação às preferências do eleitorado, mas em detrimento das minorias.

Os sistemas mistos são uma combinação do proporcional e do majoritário, como, por exemplo, no sistema misto alemão, utilizado na Venezuela até 2007, quando as eleições distribuíam 60% das vagas em cargos nominais e 40% em cargos por lista. Esse sistema, também denominado representação proporcional personalizada, “permitia a compensação-vinculação para a atribuição de cargos, que consistia em retirar da lista o número de candidatos vitoriosos por eleição nominal. Assim, o partido político que recebesse mais votos nominais não podia obter a maioria dos votos em lista, compensando e preservando a representação das minorias” (Repilloza et al., 2020, p. 116).

Embora o sistema de representação proporcional personalizada seja reconhecido como um dos modelos que melhor garante uma distribuição justa de cadeiras, no caso venezuelano (2005), a interação com outros fatores resultou em uma Assembleia Nacional sem oposição efetiva. Por meio das morochas e da mobilização de suas bases, o chavismo concorreu nas eleições através de duas plataformas legais diferentes, anulando assim o efeito de compensação e aproveitando-se de sua maioria circunstancial nas urnas para obter uma super-representação no Congresso. Isso, mais uma vez, demonstra a necessidade de exercer controle sobre outros fatores para além das fórmulas adotadas para a distribuição de cadeiras.

Controle cidadão sobre outros fatores intervenientes

A análise dos demais fatores não pode desconsiderar as fórmulas. Entendê-las é extremamente vantajoso para participar do debate sobre sua adoção e seus efeitos, porém devemos partir da constatação de que nem mesmo a ciência política conseguiu dar por encerrada a discussão sobre qual fórmula seria a mais idônea, dada a variedade de contextos e resultados envolvidos. As fórmulas são o principal fator determinante da distribuição de vagas, mas sua complexidade dificulta o debate na esfera da cidadania, o que abre uma brecha para os partidos políticos se aproveitarem da desinformação. Isso não impede a possibilidade de exercer controle sobre outros aspectos.

Além das fórmulas eleitorais adotadas, é preciso observar os tipos de listas usados em distritos plurinominais, voltados sobretudo a conceder ao eleitor maior ou menor flexibilidade na escolha entre partidos e candidatos. As listas fechadas e bloqueadas não permitem nenhuma alteração, portanto o eleitor só pode votar em uma lista de candidatos em uma ordem fixa. Já as fechadas e desbloqueadas permitem algumas mudanças na ordenação da lista por meio do voto preferencial. E as abertas permitem não apenas reordenar os candidatos escolhidos, mas também votar em diferentes listas partidárias.

A vantagem que se atribui às listas abertas é o fato de permitirem ao cidadão votar em candidatos mais do que em partidos, e com isso o eleitor pode expressar preferências em diferentes níveis sem se ater a linhas partidárias; mas também se atribuem desvantagens a essa fórmula, como, por exemplo, o risco de exacerbarem o personalismo em prejuízo dos partidos políticos, cujo papel institucional também é fundamental.

No caso do Equador — que passou pela mais recente reforma eleitoral na região —, as reformas foram usadas pela classe política com fins imediatistas e para aumentar as vantagens dos partidos. Na reforma de 2020, as listas abertas foram substituídas por listas fechadas e bloqueadas, o que favorece os partidos. Além disso, foi alterado o método de distribuição de assentos de D’Hondt para Webster (ambos proporcionais), bem como o número de circunscrições eleitorais de pequenas dimensões (com poucos cargos a eleger). A circunstância política imperante, expressa em termos de correísmo versus oposição, provocou um aumento significativo da fragmentação dos partidos no Legislativo, deixando a Assembleia Nacional e o novo partido governista (creo) sem maiorias claras. Ainda assim, essa reforma invalidou algumas mudanças francamente favoráveis à situação que haviam sido implementadas anteriormente pelo correísmo. No Equador, a discussão cidadã em torno do sistema eleitoral deve adquirir um novo caráter.

As circunscrições eleitorais

Outro fator a considerar é o desenho das circunscrições eleitorais, um processo que deve obedecer a critérios técnicos. Estas podem ser plurinominais (escolha de mais de um cargo) ou uninominais (escolha de um único cargo). Geralmente, na América Latina, os países fazem uso das unidades político-territoriais, como os departamentos, estados ou províncias, para definir esses círculos. Ainda que não pertença à região, o caso dos Estados Unidos oferece lições em perspectiva comparada que a América Latina pode levar em conta para evitar práticas parecidas no futuro.

Lá, a cada dez anos, com base nos dados do censo nacional, faz-se uma atualização dos distritos eleitorais nos quais são eleitos os representantes à Câmara baixa do Congresso. Tanto a pandemia como o contexto político dos últimos três anos configuraram um cenário funesto para a democracia: os dois partidos do país, mas sobretudo o Republicano, incorreram mais seguidamente na prática do gerrymandering, o que deflagrou a judicialização do processo em alguns distritos (FiveThirtyEight, 2022). Em termos simples, trata-se de uma estratégia para redesenhar os distritos eleitorais sem observar critérios técnicos, e sim políticos. Ou seja, os limites das circunscrições são traçados em função das tendências históricas de votação de cada comunidade, e não do que elas têm em comum do ponto de vista histórico, geográfico ou demográfico. Tudo é feito no intuito de diluir em cada distrito o voto opositor e concentrar desproporcionalmente o governista, assegurando assim a maioria dos cargos em disputa.

O gerrymandering é feito por meio de duas artimanhas: o packing e o cracking. O primeiro estratagema consiste em agrupar todos os eleitores da oposição em um único distrito, convertendo-o em uma circunscrição claramente opositora, na qual se sabe que a maioria dos cargos serão contrários ao governo. Com isso removem-se os votos na oposição dos demais distritos, fazendo com que neles a situação tenda a obter a grande maioria dos assentos. O segundo ardil espalha os eleitores da oposição por todos os distritos, de modo que esta sempre fique em minoria, diluindo seu poder de eleição e reduzindo as probabilidades de conquistar cargos em algum deles. De fato, não são os eleitores que escolhem seus políticos, mas os políticos que escolhem seus eleitores.

Por uma decisão de 2019, limitou-se em muito o poder de intervenção das cortes federais norte-americanas no processo de redesenho dos distritos. O único parâmetro que os partidos devem cumprir é que cada distrito tenha um número aproximadamente igual de eleitores; em muitos casos, devem ser “razoavelmente compactos”, e os legisladores não podem diluir a influência dos eleitores baseados em sua raça. No entanto, nada impede que baseiem o desenho dos distritos eleitorais na votação histórica por partido.

A título de exemplo, antes das eleições parlamentares de 2010 na Venezuela, praticou-se o gerrymandering por ambos os meios (packing e cracking). No Distrito Capital, formou-se um distrito que agrupava as parroquias de La Vega e El Paraíso (de tendência oposicionista) e as do Caricuao, Antímano e Macarao (de tendência governista). Anteriormente, cada parroquia (a menor divisão político-territorial na Venezuela) constituía uma circunscrição que elegia um deputado, mas o novo agrupamento passava a eleger dois deputados nominais, diluindo o caudal de votos oposicionistas (gerrymandering por meio de cracking) (Repilloza et al., 2020).

Redesenho dos distritos e ferramentas

A sociedade civil está à mercê dos partidos que implementam essas táticas? A resposta é não, muito menos com os meios que a tecnologia oferece para acessar outras instâncias, ajudando a melhorar o desenho dos distritos. Hoje em dia há diversas plataformas, chamadas ferramentas de comunidade de interesses, através das quais é possível enviar sugestões para o desenho distrital que ajudam a articular os elementos em comum entre diferentes comunidades (problemas ou características geográficas, demográficas e econômicas) e a desenhar o traçado que seus limites deveriam ter. Ferramentas como districtr.org e representable.org cumprem essas funções (DemoTech, 2021).

Nos Estados Unidos, também são usados os chamados Sistemas de Informação Geográfica (gis), softwares especializados no desenho distrital. Os mais populares são ArcGIS e Maptitude, mas ambos são pagos. Mais recentemente, International idea e Perludem lançaram o Electoral Redistricting App (era), um tipo de gis gratuito concebido para auxiliar os órgãos eleitorais, a sociedade civil e a academia a se envolverem no desenho de distritos eleitorais. Tais ferramentas são muito úteis para democratizar o debate em torno desse processo que não deve ser ignorado.

Um elemento a considerar, e que está intimamente ligado às circunscrições eleitorais plurinominais, é o limiar de eleição: quanto mais cargos são eleitos em um distrito e mais baixo o limiar, mais proporcional é o resultado, por isso também os partidos políticos minoritários têm mais chances de obter representação.

Uma prática nociva que também tem a ver com o desenho dos distritos eleitorais é o chamado malapportionment, a criação de circunscrições em que o número de representantes a eleger não corresponde ao número de habitantes. Por exemplo, dois distritos uninominais que elegem um único cargo cada um, mas um tem 2 mil habitantes e o outro, 20 mil.

A província argentina de Santa Cruz ilustra bem esse caso. O sistema eleitoral utiliza um sistema misto: representação proporcional pelo método D’Hondt e majoritário simples com duplo voto simultâneo. A legislatura provincial é composta de 24 deputados: 14 eleitos à razão de um por município, independentemente de sua população, e 10 através de um distrito único. O sistema favorece amplamente o partido maior e compromete em muito a proporcionalidade, dada a grande distorção entre o percentual de votação obtida e as vagas conquistadas. Se em 1997 (as últimas eleições antes da reforma eleitoral) a oposição teve 32% dos votos e conquistou 33% das cadeiras, em 1999, a situação obteve 66,6% das cadeiras com 51% dos votos, enquanto a oposição, com 46%, permaneceu com 33% das cadeiras, tendência que se mantém até hoje.

Conclusões

Propor reformas de nossos sistemas eleitorais não é uma prerrogativa exclusiva dos partidos, por serem canalizadores da participação política e da oferta eleitoral. As organizações da sociedade civil podem propor mudanças muito específicas e pouco complexas que podem modificar significativamente a forma como elegemos nossos representantes.

Em geral, a observação eleitoral é vista como um instrumento de cooperação internacional, mas cada país da região conta com organizações com larga experiência na esfera eleitoral, que exercem observação nacional cidadã de processos eleitorais e estão permanentemente em campo. A observação eleitoral doméstica, que sem dúvida vem ganhando importância e chamando a atenção tanto de acadêmicos como de órgãos eleitorais, é uma figura-chave na promoção da qualidade de todas as etapas dos processos eleitorais, incluída a melhora da representação política.

Com base nisso tudo, podemos esboçar os detalhes de dois elementos para construir modelos de avaliação de certos aspectos da representação utilizáveis por organizações da sociedade civil em cada contexto nacional, uma prova que permita avaliar certas características dos sistemas a fim de melhorá-los e conseguir que produzam poderes legislativos mais representativos. O trabalho em conjunto com os partidos políticos pode potencializar a consecução desse objetivo.

—    Flexibilidade para escolher: as listas abertas conferem muito mais liberdade aos eleitores para escolher entre candidatos, mas podem gerar sérios problemas de governabilidade. As listas fechadas e desbloqueadas, por outro lado, oferecem flexibilidade por meio do voto preferencial e garantem que o voto permaneça nos partidos ou coalizões, garantindo maior coerência no resultado e competitividade intrapartidária.

—    Comunidades de interesse: esse é um termo-chave para entender como deve se dar, com a participação da sociedade civil, a construção de distritos eleitorais que realmente atendam a critérios técnicos (geográficos, sociais, históricos e econômicos) e respondam às necessidades dos cidadãos que agrupam. Proteger a comunidade de interesse também implica considerar que a dimensão dos distritos deve corresponder à representação que cada um obtém no Legislativo.

Embora indubitavelmente as fórmulas de distribuição de assentos devam priorizar a proporcionalidade, por si sós não geram poderes legislativos representativos nem melhoram a qualidade da representação. Só os dois elementos acima abrangem variados aspectos da participação política que podem ser abordados pela sociedade civil e falam da imperiosa necessidade de enxergar para além das fórmulas na construção de nossos sistemas eleitorais.

Referências

DemoTech. (2021, 2 de março). Ingeniería electoral: redistribución de distritos en Estados Unidos. [webinar]. https://transparenciaelectoral.org/demotech/2021/03/02/video-demotech-webinar-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil-de-estados-unidos-sobre-proceso-de-redistribucion-de-distritos.

FiveThirtyEight. (2022, 19 de julho). What Redistricting Looks Like in Every State. https://projects.fivethirtyeight.com/redistricting-2022-maps.

Molina, J. E. (2000). Los sistemas electorales de América Latina. Cuadernos de capel, 46.

Reformas Políticas en América Latina. (2021). Sistema electoral. https://reformaspoliticas.org/reformas/sistema-electoral. Repilloza, E., Querido, L., Delgado Valery, J., y Delgado, J.E. (2020). Así se vota en Venezuela. Buenos Aires: Transparencia Electoral, Dunken. https://transparenciaelectoral.org/wp-content/uploads/2022/05/Asi-se-vota-en-Venezuela_TEEdiciones-compressed.pdf

Eduardo Repilloza Fernández

Eduardo Repilloza Fernández

Coordinador de Tecnología Electoral y Análisis de Datos en Transparencia Electoral de América Latina. Maestrando en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato di Tella de Argentina. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela. Autor de «Así se vota en Venezuela» (2020) y de «36 años de elecciones presidenciales en Argentina» (2022).

Representação política: os partidos políticos perante a ameaça do transfúgio

Este artículo se centra en la disciplina partidaria, el transfuguismo y la participación y proliferación de candidatos independientes en el contexto de crisis de los partidos tradicionales.

Por: Leandro Querido 21 Mar, 2023
Lectura: 21 min.
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Este artigo centra-se na disciplina partidária, no transfúgio e na participação e proliferação de candidatos independentes no contexto de crise dos partidos tradicionais.

Os mais recentes períodos eleitorais na América Latina se desenvolveram em um contexto de esgarçamento do tecido social e partidário. As crises socioeconômicas, a fragmentação e defecção partidária, o surgimento de novas forças políticas, a debilitação das instituições democráticas e a polarização da cidadania são alguns dos fenômenos que vêm ocorrendo na região, com impacto sobre os processos eleitorais. Entretanto, a conjuntura varia ao longo do continente, havendo desde regimes autoritários sem competição nem alternância, até regimes democráticos capazes de canalizar as preferências da cidadania por meio de eleições.

Quais são os sintomas da crise de representação? Este artigo se detém especificamente em alguns deles: a disciplina partidária, o transfúgio e a proliferação de candidaturas independentes no contexto de crise dos partidos tradicionais. Nesse sentido, é preciso antes de mais nada fazer algumas precisões conceituais em relação ao transfúgio, por ser um conceito menos explorado, quando comparado com outros mais estudados e presentes na literatura, como o de disciplina partidária.

O transfúgio tem sua origem nas democracias parlamentaristas europeias e se refere à mudança de grupo ou facção legislativa de um de seus membros durante o exercício do mandato. Isso não quer dizer, porém, que o transfúgio seja um fenômeno exclusivo do parlamentarismo. Pelo contrário, ele está presente também nos regimes presidencialistas, embora as causas, etapas e implicações possam variar de regime para regime (Morán-Torres, 2017).

Nos regimes presidencialistas, como os latino-americanos, o trânsfuga não apenas costuma ser um candidato eleito ou em exercício de suas funções que muda de coloração política, mas também pode ser um aspirante que se vê preterido na seleção interna de candidatos de seu partido e por isso busca viabilizar a candidatura através de outra sigla, ou como independente. Em outras palavras, na América Latina, o político trânsfuga geralmente deixa o partido ao qual pertence antes das eleições, a fim de ter uma plataforma para concorrer a um cargo.

[…] na América Latina, o político trânsfuga geralmente deixa o partido ao qual pertence antes das eleições, a fim de ter uma plataforma para concorrer a um cargo.

Debate e preocupação

À medida que essa prática se difunde, aumentam os debates sobre sua legitimidade e as preocupações por erradicá-la. Quem defende a eliminação do transfúgio relaciona o fenômeno à debilitação do sistema partidário e à ruptura entre o candidato e a ideologia e a base eleitoral de seu partido. Sem dúvida, deslegitimar os partidos políticos como mediadores entre a cidadania e as instituições afeta a qualidade democrática e da representação (Petri & Vargas, 2010). A proliferação de novos candidatos e partidos acarreta a multiplicação de programas eleitorais e posições políticas, o que por sua vez pode resultar em maior fragmentação do sistema partidário e até alimentar um fenômeno comum na região: o das lideranças personalistas sem compromisso programático.

O debate gira em torno da seguinte questão: limitar ou erradicar o transfúgio implica necessariamente, ou em alguma medida, cercear os direitos políticos dos cidadãos, especialmente o direito de eleger e ser eleito e o de livre associação? Os partidos são os veículos do sistema político para traduzir preferências da cidadania em representação ou resultados concretos, e a liberdade de associação é um direito político imprescindível para a democracia. Proibir o transfúgio implica limitar também as opções de eleitores e eleitos? (Morán-Torres, 2017).

[…] cercear os direitos políticos dos cidadãos, especialmente o direito de eleger e ser eleito e o de livre associação?

Determinar em que ponto esse fenômeno vulnera a qualidade da representação ou o compromisso do candidato com um programa eleitoral é o que dificulta sua regulação legal ou sua condenação moral. Por exemplo, não é a mesma coisa trocar de partido político durante uma campanha eleitoral para ter maiores chances de viabilizar uma candidatura que fazê-lo já no exercício de um cargo público, sobretudo se a mudança implica uma troca de posição significativa sobre certos conteúdos programáticos nos quais os eleitores votaram.

O transfúgio político na América Latina

Embora a proibição do transfúgio possa limitar os direitos políticos dos cidadãos, países como México, Brasil, Peru e Colômbia vêm tentando regular a prática. No México, por exemplo, estabeleceu-se, por meio de uma reforma eleitoral, em 2014, que os deputados e senadores que disputam uma eleição consecutiva devem se candidatar pelo mesmo partido pelo qual foram eleitos e em nome do qual exerceram a função pública, salvo em caso de renúncia ou desfiliação antes da metade do mandato. Do mesmo modo, tentou-se limitar o transfúgio das candidaturas, permitindo que um postulante só possa se candidatar pelo partido ao qual é filiado (Morán-Torres, 2017). Por outro lado, Colômbia e Peru também procuraram limitar o transfúgio, exigindo dos legisladores que pretendam concorrer por outro partido que se desfiliem meses antes da eleição: doze no caso da Colômbia, um ano antes no do Peru (Morán-Torres, 2017). Entretanto, ainda não existe uma doutrina consolidada sobre o transfúgio.

A motivação do legislador ou candidato que muda de partido ou se apresenta como independente é clara: viabilizar sua candidatura com vistas a obter a vaga. Contudo, é válido indagar que outros fatores incidem no fenômeno do transfúgio. Petri e Vargas, em uma análise do transfúgio na América Central, classificam duas categorias de fatores explicativos: os político-institucionais, que compreendem o sistema eleitoral, o mecanismo de nomeação dos candidatos dentro dos partidos (tão propensos ao personalismo) e o desenho institucional-regulamentar do Congresso (incluindo as modalidades de formação dos blocos); e os socioculturais, como as mudanças de orientação ideológica do candidato, a institucionalização dos partidos políticos e a identificação dos eleitores com as siglas partidárias, a influência da mídia, as características do sistema de partidos e a tolerância ou ausência de restrições ao transfúgio (Petri & Vargas, 2010).

Um revés na região

No que tange à institucionalização dos partidos e à identificação com as siglas partidárias, pode argumentar-se que a região está sofrendo um revés. Atualmente há uma tendência à defecção partidária, que compreende um maior desalinhamento e debilitação do vínculo entre eleitores e partidos (Ruiz Rodríguez, 2021). Essa tendência é um sintoma da crise das instituições, já que um dos fatores que determinam a confiança nos partidos é a eficácia do governo. Em outras palavras, a ruptura dos vínculos entre os partidos e seus eleitores é mais uma manifestação da crise das instituições, embora seja necessário esclarecer que, nos casos de Guatemala, Costa Rica, Peru e Uruguai durante o período 2004–2012, a eficácia governamental não explica a identificação partidária de forma efetiva. Em alguns casos, como os da Argentina e Venezuela, a queda da identificação partidária também responde às crises econômicas (Morales Quiroga, 2011).

Em relação ao caso argentino, podemos lembrar o termo usado para denominar o transfúgio: trata-se da borocotização, em referência a Eduardo Borocotó, um médico outsider da política que em 2005 integrou uma lista de candidatos a deputado federal do pro, o partido de Mauricio Macri, e que depois de obter a vaga migrou para o partido kirchnerista, então na Presidência do país. Os casos mais recentes foram os dos deputados federais Beatriz Ávila, Antonio Carambia e Pablo Ansaloni, eleitos em 2019 através da lista da coalizão opositora Juntos por el Cambio e que logo depois de assumir se somaram ao bloco governista da Frente de Todos.

Pois bem, a relação entre identificação partidária, institucionalização e volatilidade eleitoral nem sempre é previsível. No caso do Chile, por exemplo, de 2004 a 2012 verifica-se um baixo índice de identificação com os partidos, acompanhado de uma alta institucionalização do sistema partidário e uma baixa volatilidade. A causa disso pode ser o fato de que, embora a identificação sempre tenha sido pensada em termos programáticos, ela na verdade pode ser de dois tipos: por convicção ou por transação, conforme a existência de vínculos programáticos com os eleitores ou de clivagens sociais que definem os partidos.

[…] a relação entre identificação partidária, institucionalização e volatilidade eleitoral nem sempre é previsível.

Identificação por transação

A introdução dessa nova categoria de identificação (por transação) implica que pode haver institucionalização partidária sem a existência de laços programáticos com os eleitores. Do mesmo modo, pode haver uma alta identificação partidária em contextos institucionais instáveis e propensos a relações clientelísticas. Por exemplo, o Paraguai tem um alto nível de identificação partidária que convive com um índice de volatilidade acima da média latino-americana. A explicação disso pode estar no fato de a identificação por transação ter menos força para conter a volatilidade, comparada à identificação por convicção (Morales Quiroga, 2012).

Por mais que seja necessário um estudo aprofundado sobre os efeitos das diferentes combinações entre institucionalização e identificação partidária sobre o transfúgio, pode-se desenvolver uma hipótese. Em contextos de baixa institucionalização e identificação partidária, podem aumentar a volatilidade eleitoral, as possibilidades de realinhamento e a entrada de novas siglas partidárias. A baixa institucionalização e identificação partidária não apenas fomenta o transfúgio, mas é um fator importante para o surgimento de candidaturas personalistas, usualmente outsiders, que entram em cena com a promessa de melhorar o sistema político.

Em suma, a institucionalização do sistema partidário costuma ser associada à identidade dos partidos. Contudo, ao analisar as categorias de identidade partidária — por convicção e por transação —, salta aos olhos que nem sempre é possível estabelecer uma relação linear entre a identidade partidária e a institucionalização. Nesse contexto, surgem quatro cenários básicos: baixa institucionalização com alta identificação partidária; baixa institucionalização com baixa identidade partidária; alta institucionalização com alta identidade partidária; e alta institucionalização com baixa identidade partidária.

O contexto de baixa institucionalização e identidade partidária é o mais favorável ao transfúgio e é mais comum em regimes democráticos que sob outros sistemas. Os fatores condicionantes do transfúgio, como o sistema eleitoral, o procedimento de escolha dos candidatos dentro dos partidos e o desenho institucional-regulamentar do Congresso, as características do sistema partidário e a tolerância ou ausência de restrições ao transfúgio não são concebíveis sem antes avaliar a possibilidade da concorrência em eleições livres e transparentes, com regras que permitam aos cidadãos eleger e ser eleitos para cargos públicos. Em resumo, em contextos democráticos, há mais incentivos para o transfúgio que nos não democráticos.

Transfúgio em democracias e autoritarismos

Seguindo nessa linha argumentativa, o transfúgio é muito menos provável hoje em dia em países como Nicarágua e Venezuela. Durante as eleições gerais na Nicarágua, em novembro de 2021, muitos membros da oposição foram encarcerados, incluindo aspirantes à presidência. Do mesmo modo, embora haja eleições municipais previstas para novembro deste ano, em 4 de julho o regime de Daniel Ortega destituiu cinco prefeitos de seus cargos (Infobae, 2022). Nesse contexto, com um custo político e pessoal tão alto, é muito remota a possibilidade de alguém deixar a Frente Sandinista para se postular como candidato independente ou da oposição. No caso venezuelano, o transfúgio se restringiu rigorosamente à oposição, em parte pelo mesmo motivo. Na Nicarágua autocrática de Daniel Ortega e seu partido Frente Sandinista de Libertação Nacional, utiliza-se o termo zancudismo [“pernilonguismo”] para retratar a oposição colaboracionista, aceita e respaldada pelo governo de esquerda e que obtém benesses do regime.

Por outro lado, o México exemplifica como o tipo de regime influi no transfúgio. Durante a maior parte do século xx, o país foi governado pelo Partido Revolucionário Institucional e enfrentava baixa competitividade eleitoral. Durante esse regime, o pri contou com forte lealdade e disciplina partidária, que evitava o transfúgio. Entretanto, com a transição política e a abertura gradual do regime, foram eliminadas as medidas que proibiam as cisões e rupturas com o partido, e surgiram os trânsfugas, entre eles os membros fundadores do Partido da Revolução Democrática (prd), empenhados em mudar o sistema político. Portanto, no México, os trânsfugas tinham boa reputação, por serem peça-chave da mudança política que levou à alternância do poder. Hoje em dia, porém, o transfúgio voltou a adquirir uma conotação negativa no México, e até se instituíram normas para erradicar a prática (Ríos Vega, 2009).

Em democracias como a chilena, que nos primeiros anos do século xxi foi considerada uma democracia com altos níveis de institucionalização e baixos níveis de identificação partidária, não há dados concretos sobre o transfúgio. Contudo, pôde-se observar um grande desapego às instituições e partidos tradicionais chilenos nas eleições de 2021. Esses pleitos, nos quais se elegeram os representantes que participariam da Convenção Constituinte, foram realizados em um contexto de forte conflito social e descrédito do governo, na esteira dos protestos de 2019. As reivindicações daqueles protestos não foram capitalizadas por nenhum partido (Ruiz Rodríguez, 2021), por isso não espanta que os candidatos independentes tenham conquistado quase um terço das cadeiras (bbc News Mundo, 2021).

Do mesmo modo, a demanda por uma nova liderança que se diferencie da direita governante teve sua expressão mais clara na eleição do presidente Gabriel Boric, pertencente ao partido Convergência Social, fundado em 2018, que inclusive disputou a Presidência com o candidato independente Sebastián Sichel. Cabe frisar que continuam a se registrar continuidades no sistema partidário chileno, especialmente na articulação entre partidos para obter êxito nas eleições. Essa lógica das coalizões também se refletiu no caso de Boric, cujo partido pertence à coalizão de esquerda Frente Ampla.

Pode-se observar, portanto, que o Chile mantém certos traços ou costumes do sistema de partidos, como a tradição de formar coalizões para disputar as eleições. A principal mudança observada em 2021 resulta do fato de o Chile não ter altos níveis de identificação partidária, embora os partidos possuam certa estruturação programática: o sistema partidário chileno não conseguiu lidar com as demandas sociais de grande parte do eleitorado nem representá-lo, até a eclosão dos protestos de 2019. Essa busca de representação política se traduziu na mudança de coloração política da Presidência. Entretanto, cabe ressaltar que, por mais que os partidos tradicionais enfrentem dificuldades para manter sua base de apoio e seu protagonismo em um contexto em que as demandas de certos setores da sociedade buscam obter representação política, a sociedade chilena permanece polarizada e o Congresso continua nas mãos da direita, os integrantes independentes que dominaram a Constituinte caíram rapidamente no descrédito da população e a lua de mel com Boric foi muito breve, como indicam as pesquisas de avaliação do governo e seus índices de popularidade.

Transfúgio e fortaleza institucional

No caso do Peru, não apenas se verificam baixos níveis de identidade partidária, assim como no Chile, mas também uma fraca institucionalização do sistema partidário. Nas eleições de 2016, venceu Pedro Pablo Kuczynski com um discurso contra os partidos políticos. Sem apoios partidários fortes, teve de renunciar depois de ser alvo de vários pedidos de impeachment. Com seu sucessor, Martín Vizcarra, a turbulência não se aplacou, e a crise voltou a emergir. A vitória de Pedro Castillo nas eleições de 2021 tampouco pôs fim à instabilidade. Completado um ano de mandato, o denominador comum de sua gestão é a falta de confiança nos ministros nomeados, manifesta por um Poder Legislativo fragmentado e disperso, a renúncia de muitos titulares das pastas e os pedidos de impeachment que aos poucos vão ganhando apoio, aproveitando a crise interna deflagrada no partido governista, Peru Livre. Em suma, cinco presidentes recentes do Peru sofreram processos por corrupção, em escândalos acompanhados da crescente desconfiança do eleitorado nos partidos políticos, dentro de um sistema partidário frágil, que dá lugar a um Congresso extremamente dividido.

>>>frase destacada

Os partidos políticos continuam sendo os canalizadores das preferências da população, e sem eles não é possível preservar o sistema democrático hoje em dia.

Em relação aos baixos níveis de identidade partidária, é preciso considerar que, durante as duas décadas passadas, a clivagem ou linha de conflito no Peru não foi o eixo esquerda–direita, e sim o eixo fujimorismo–antifujimorismo. Em outras palavras, o país não tem uma divisão entre partidos programáticos de esquerda e direita, pois a clivagem da sociedade gira em torno da figura do ex-presidente Alberto Fujimori. Por outro lado, atualmente, o sistema partidário peruano poderia estar na iminência de um incerto processo de mutação ou de redefinição dessa principal linha de conflito, o que poderia levar a uma redistribuição dos votos entre outros partidos e candidaturas (Morales Quiroga, 2012).

Outra característica fundamental das eleições no Peru é que elas ocorrem em um contexto de fraca institucionalização do sistema partidário e altos níveis de volatilidade, o que torna os resultados eleitorais imprevisíveis. Por exemplo, nas eleições de 2021, 24 partidos disputaram a Presidência. Os postulantes não se sustentam no tempo, há altos níveis de personalismo e precariedade organizativa, o que favorece o transfúgio (Ampuero et al., 2020). Igualmente, cabe lembrar que o Peru promulgou leis que limitam o transfúgio eleitoral.

O caso oposto ao peruano é o do Uruguai, que conta com altos níveis de estruturação programática, identificação partidária e institucionalização do sistema partidário. Diferentemente dos casos mencionados acima, as eleições uruguaias não se realizaram em uma conjuntura de instabilidade ou conflito social, mas em um contexto estável e de crescimento econômico que deu lugar à implementação de medidas para sustentar os níveis de emprego (Embajada Abierta, 2019).

Conclusões

A modo de conclusão, o contexto eleitoral da América Latina está atravessando desafios ligados à crise institucional — especialmente dos partidos tradicionais —, ao surgimento de novos partidos e candidatos independentes, ao aumento da polarização entre partidos e cidadãos e aos novos cenários de conflito social. Dada essa conjuntura, vale indagar como essas mudanças podem incentivar o transfúgio, que é um fenômeno controverso e pouco estudado no caso dos presidencialismos latino-americanos.

Ao enfatizar os casos chileno e peruano, exemplificam-se as principais causas da alta institucionalização democrática e baixa identificação partidária, no primeiro caso, e fraca institucionalização democrática e identificação partidária, no segundo. No caso do Peru, o contexto favorece o surgimento de candidatos outsiders ou independentes que procuram partidos também novos ou “nanicos”, apelidados de barrigas de aluguel. Os cenários eleitorais não encontram partidos que se sustentem no tempo, dada a alta volatilidade e fragmentação eleitoral, favorável ao surgimento de novos personalismos.

Por outro lado, no caso chileno, a combinação de baixa identificação partidária com um alto nível de institucionalização resultou em uma massa de eleitores com novas demandas que, em primeira instância, não foram capitalizadas por nenhuma força partidária, mas que encontraram certa representação em um partido de centro-esquerda e esquerda e em certos candidatos independentes, o que fez com que ali o transfúgio não contasse com os mesmos incentivos que em outros países.

Os partidos políticos continuam sendo os canalizadores das preferências da população, e sem eles não é possível preservar o sistema democrático hoje em dia. De fato, o desmonte da democracia na Nicarágua e na Venezuela foi precedido de uma crise dos partidos tradicionais, na qual o transfúgio e a proliferação de “independentes”, funcionais para consolidação das viradas autoritárias, foram a regra. As ditaduras praticamente proscrevem a dissidência e estimulam a divisão dentro de setores da oposição, ao mesmo tempo que o partido governista se confunde com o Estado e sua estrutura burocrática. Na Nicarágua, os partidos da oposição sofreram a intervenção da autoridade eleitoral para impor dirigentes aceitos e respaldados por Ortega e, além disso, 28 deputados da oposição foram expulsos do Congresso em 2016.

Os partidos políticos da América Latina têm o desafio de reassumir o papel institucional que devem ocupar em contextos democráticos a fim de preservar o único sistema de governo capaz de responder efetivamente aos cidadãos, oferecendo garantias para resolver as questões públicas em paz e ao mesmo tempo preservar as liberdades individuais. Não é uma tarefa fácil neste contexto de pós-pandemia e crise econômica, mas é em momentos complexos como o presente que devem aflorar as capacidades institucionais ligadas à liderança, à responsabilidade e à inovação. Assim o exige a estabilidade política que os cidadãos demandam e necessitam em cada recanto da América Latina.

Referências

Ampuero, A., Zorrilla, C., Patriau, E., & Carrasco, E. (2020). Elecciones 2021: estos son los 24 partidos en carrera. Elige Bien Perú. https://elecciones.larepublica.pe/elecciones-2021-estos-son-24-partidos-carrera/

BBC News Mundo. (2021, 17 de maio). Elecciones en Chile: candidatos independientes y de la oposición dominan la asamblea que redactará la nueva Constitución. bbc News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57139669

Embajada Abierta. (2019, 30 de outubro). Las elecciones en Uruguay 2019. https://www.embajadaabierta.org/post/las-elecciones-en-uruguay-2019

Infobae. (2022, 4 de julho). La policía de Nicaragua tomó las alcaldías opositoras: destituyó a sus autoridades y las reemplazó por aliados del dictador Ortega. Infobae. https://bit.ly/3QQjcPb

Morales Quiroga, M. (2011). Identificación partidaria y crisis de representación. América Latina en perspectiva comparada. Revista de Ciencias Sociales (Venezuela), xvii(4), 583-597.

Morales Quiroga, M. (2012). Tipos de identificación partidaria. América Latina en perspectiva comparada, 2004-2012. Revista de Estudios Sociales, 57, 25-42. http://journals.openedition.org/revestudsoc/9918

Morán-Torres, E. F. (2017). Transfuguismo: dicotomía entre la lealtad partidaria y la participación política. Una visión desde los precedentes judiciales en México. Díkaion, Revista de Fundamentación Jurídica, 26(1), 84-106. doi: https://doi.org/10.5294/dika.2017.26.1.5

Petri, D. P., & Vargas, J.-P. (2010). Cultura parlamentaria y disciplina partidaria: la institucionalidad informal del transfuguismo en Centroamérica. Letras Internacionales, 95(4). https://revistas.ort.edu.uy/letras-internacionales/article/view/1516

Ríos Vega, L. E. (2009). El transfuguismo electoral: Un debate constitucional en México. Cuestiones constitucionales, 21, 251-294. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932009000200009

Ruiz Rodríguez, L. M. (2021). Los sistemas de partidos de América Latina frente al espejo: elementos de contexto para las próximas citas electorales en la región. Documentos de Trabajo 43/2021. 3 (2a época). Madri: Fundación Carolina. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/02/DT_FC_43.pdf

Leandro Querido

Leandro Querido

Politólogo por la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha Fundador de Transparencia Electoral para América Latina y DemoAmlat. Autor del libro «Así se vota en Cuba».

Observação eleitoral: olhos e ouvidos da cidadania

Existen diferentes tipologías de observación electoral, según su duración, alcance y origen. En cualquier caso, estas deben cumplir con los estándares y buenas prácticas internacionalmente reconocidos, incluyendo la aplicación de metodologías sólidas y técnicamente construidas. Este artículo repasa las principales claves del proceso de observación y las metodologías disponibles para el control de la elección.

Por: Alejandra Barrios Cabrera 21 Mar, 2023
Lectura: 20 min.
Observación electoral: los ojos y oídos de la ciudadanía
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Existem diferentes tipos de observação eleitoral, conforme sua duração, alcance e origem. Todos devem observar os padrões e boas práticas internacionalmente reconhecidos, incluindo a aplicação de metodologias sólidas e tecnicamente construídas. Este artigo passa em revista os aspectos-chave do processo de observação e as metodologias disponíveis para o controle das eleições.

Crônica de uma eleição

Última sexta-feira antes do dia da eleição. O país acorda com a notícia de que pouco mais de 2.500 observadores estão espalhados por todo o país para acompanhar o pleito. Cerca de 2.300 são observadores nacionais, os outros 200, estrangeiros. Também se informa que nestas eleições serão realizadas duas observações específicas, uma sobre a participação das populações indígenas e outra sobre a população em situação de deficiência. Entre os mais jovens, alguns olham a notícia com surpresa e curiosidade; outros, que já viveram muitos processos eleitorais, a recebem com um suspiro de alívio: mais uma vez o país contará com missões de observação eleitoral rigorosa, que poderão reforçar a confiança no processo eleitoral e seus resultados.

É comum a população identificar campanhas políticas, candidatos/as e autoridades eleitorais como os atores principais do processo eleitoral. Também costuma reconhecer como atores menos visíveis, mas presentes, as autoridades de vigilância e controle e as forças militares nas diferentes funções que em geral realizam, que vão desde o apoio logístico até a própria segurança do processo. Já o papel da cidadania geralmente é percebido como tangencial ou secundário.

Os cidadãos costumam ser vistos de fora, como figurantes. Embora sejam eles que, em última instância, tomam as decisões nas urnas e definem os resultados eleitorais.

Assim, os cidadãos costumam ser vistos de fora, como figurantes. Embora sejam eles que, em última instância, tomam as decisões nas urnas e definem os resultados eleitorais, em geral são considerados receptores da informação e da propaganda política gerada por aqueles “atores principais”: os sujeitos da pedagogia eleitoral, os marqueteiros das campanhas, as gangues das redes sociais. Contudo, nem sempre é assim. A cidadania organizada, se assim o decidir, pode também desempenhar um papel-chave nos processos eleitorais: o da observação eleitoral. Para muitos, ela é uma realidade ainda distante, mas, com o trabalho sério, comprometido e persistente de valiosos homens e mulheres, a observação eleitoral vem ganhando cada vez mais força na região como uma realidade inescapável.

O que é a observação eleitoral?

Não existe uma única definição do que seja a observação eleitoral, mas, se nos debruçarmos nas várias definições apresentadas por organizações que realizam ou apoiam esses exercícios, poderíamos estabelecer que a observação eleitoral é o conjunto de ações e atividades realizadas de forma presencial por um grupo organizado de pessoas especializadas, nacionais ou estrangeiras, que, a partir da coleta sistemática, completa e exata de dados sobre um processo eleitoral, elabora análises imparciais, objetivas e profissionais da informação reunida, com o propósito de gerar uma opinião fundamentada sobre a qualidade do processo e o rigoroso cumprimento da legislação eleitoral.[1]

A partir dessa definição, pode-se determinar que, conforme a nacionalidade dos observadores, há dois tipos de observação eleitoral. Segundo o Instituto Nacional Democrata para Assuntos Internacionais (ndi), a mais antiga é a observação eleitoral internacional, que remonta ao século xix, nas eleições realizadas em 1857 na Moldávia e Valáquia, cuja organização contou com a vigilância de uma comissão integrada por representantes da Áustria, França, Inglaterra, Prússia, Rússia e Turquia.

Atualmente, há um número significativo de organismos intergovernamentais e organizações da sociedade civil que assumem a observação eleitoral. Na América Latina, é realizada por organismos intergovernamentais como a Organização de Estados Americanos (oea) e a União Europeia (ue). Do mesmo modo, somam-se a esse esforço organizações não governamentais com presença internacional, como o Centro de Assessoria e Promoção Eleitoral (capel-iidh), o Instituto Nacional Democrata, a Fundação Internacional para os Sistemas Eleitorais (ifes), o Centro Carter e o Instituto Internacional Republicano (iri), entre outras.

Por outro lado, organizações da sociedade civil não partidárias, nacionais ou locais, também vêm tendo um desenvolvimento importante, inclusive a partir de trabalhos conjuntos e coordenados por meio de parcerias ou plataformas de ação coletiva que observam padrões rigorosos para contribuir com a confiança nos processos eleitorais que observam.


[1]     Definição própria, baseada nas propostas de idea Internacional, oea e capel-iidh.

[…] organizações da sociedade civil não partidárias, nacionais ou locais, também vêm tendo um desenvolvimento importante, inclusive a partir de trabalhos conjuntos e coordenados por meio de parcerias ou plataformas de ação coletiva que observam padrões rigorosos para contribuir com a confiança nos processos eleitorais que observam.

Na América Latina, a observação eleitoral remonta sobretudo à década de 1980, nas transições democráticas deflagradas com o fim das ditaduras na região. Esses processos de abertura democrática contaram não apenas com missões internacionais de observação, mas também, e de forma gradual, com missões de observação eleitoral nacional não partidária (oenp), que foram inovando em metodologias de monitoramento, ampliando seu alcance e fortalecendo sua credibilidade.

De modo geral, pode-se afirmar que tanto os observadores nacionais não partidários como os observadores internacionais têm por objetivo ampliar, aprofundar e fortalecer a democracia, promover a transparência e a integridade eleitorais e erradicar as práticas ligadas a anomalias, irregularidades e crimes eleitorais.

Mas deve-se reconhecer e destacar que a articulação da observação eleitoral nacional cumpre outros objetivos além dos apontados acima. Em matéria de participação cidadã, é um potente exercício de controle sobre o poder político e de ação coletiva, com capacidade crítica, com vistas à promoção da integridade eleitoral.

Indiscutivelmente, as oenp têm raios de ação e impactos diferenciados em relação às missões internacionais de observação, tais como o fortalecimento dos processos de capacitação da população em geral, a ampliação da informação e do conhecimento sobre os comportamentos eleitorais nacionais e subnacionais, a promoção ativa de medidas que permitam maior inclusão da população tradicionalmente excluída dos processos de tomada de decisões políticas e, finalmente — talvez a mais importante —, a apropriação das jornadas eleitorais pela cidadania, que se torna um ator relevante na valoração de suas próprias escolhas e na qualidade de seu sistema político e eleitoral.

Isso permite que, ao fim de cada pleito, a sociedade civil tenha um lugar privilegiado nos debates sobre reformas políticas e eleitorais e sobre ações de melhoria da organização das aleições, do sistema partidário e dos sistemas de vigilância e controle, entre outros.

Padrões e boas práticas da observação eleitoral

Para cumprir seu objetivo e sua finalidade, aponta-se a importância de que as organizações nacionais e internacionais de observação eleitoral contem com declarações de princípios e códigos de ética e conduta[1] que sirvam como parâmetro para avaliar seu trabalho. Por meio desses documentos, tanto as organizações como cada um dos observadores individualmente assumem compromissos específicos ligados à neutralidade, independência e profissionalismo de seu exercício de fiscalização.

A título de exemplo, os membros da Rede de Observação e Integridade Eleitoral – Acordo de Lima (Redoie) acordaram, com as redes da África, Ásia, Eurásia, Europa Central e Oriental, Oriente Médio e África do Norte, a “Declaração de Princípios Globais para a Observação de Eleições e Monitoramento não Partidário Realizado por Organizações Cidadãs”, assinada em 2012 na sede da onu (Declaración de Principios Globales…, 2012).

Com base nessa Declaração, desenvolveu-se um conjunto de boas práticas para a observação e monitoramento não partidário das eleições, que permite que as organizações cidadãs cumpram esse exercício observando padrões de conduta rigorosos que contribuem para a confiança da população nos processos eleitorais e seus resultados. Entre essas boas práticas, destacam-se as seguintes (Barrios 2020):

—    Independência e imparcialidade. As missões de Observação Eleitoral Nacional Não Partidária (oenp) devem ser politicamente neutras, imparciais em relação a todas as organizações políticas e candidaturas, não discriminatórias e independentes tanto do governo como de interesses privados. Isso pressupõe que seu único objetivo quanto aos resultados eleitorais é verificar que eles sejam fruto de um processo autenticamente democrático e divulgados de modo transparente, exato e oportuno. Tem sido muito perniciosa, em países fora da região, a criação de missões de observação eleitoral por partidos ou governos para acompanhar processos eleitorais específicos, concebidas com o objetivo de legitimar pleitos que não cumprem com os padrões de eleições livres, periódicas, autênticas e justas. As oenp devem ser alheias e refratárias a essas práticas.

—    Ausência de conflitos de interesse. As e os cidadãos que atuam como observadores eleitorais devem estar livres de qualquer conflito de interesse, seja ele político, econômico ou de qualquer outra natureza, que impeça desenvolver suas atividades sob os princípios descritos acima. A independência das missões de oenp não se restringe à atuação das organizações, mas requer o compromisso individual de cada um dos cidadãos que participa do exercício. Por essa razão, recomenda-se que todo observador assine o Código de Ética e Conduta correspondente.

—    Transparência quanto às fontes de financiamento. As missões de oenp devem ser transparentes quando a seu financiamento, sem aceitar recursos provindos de fontes que imponham condições que as impeçam de conduzir suas atividades de forma imparcial, exata e oportuna. As fontes de financiamento devem ser públicas. O usual é que as fontes de financiamento das missões de oenp sejam organismos de cooperação internacional. Entretanto, há exceções, como o caso do México, que, embora reserve recursos estatais para a observação eleitoral, estes são administrados por organismos internacionais, a fim de evitar qualquer suspeita de falta de independência e imparcialidade das missões de oenp perante as autoridades eleitorais ou o governo em exercício. O México é o único país da América Latina que incorporou ao orçamento das autoridades eleitorais o financiamento de missões locais de observação eleitoral.

—    Coordenação e cooperação com as autoridades estatais, em um marco de autonomia. As missões de oenp, sempre que possível, devem trabalhar em parceria com as autoridades eleitorais, mas sempre de forma autônoma, sem causar nenhum transtorno aos processos nem aos funcionários eleitorais, concorrentes e eleitores. Daí resulta a recomendação de que mantenham reuniões com órgãos eleitorais e outras autoridades governamentais, bem como com outros atores interessados no processo eleitoral, a fim de colher, receber e difundir informação, oferecendo sugestões para melhorar os processos eleitorais e políticos. Entretanto, também é importante reconhecer que há exercícios de observação eleitoral que se efetuam em contextos políticos incompatíveis com esse diálogo, devido à falta de credibilidade das autoridades eleitorais, ou quando as eleições são encaradas como mecanismos para legitimar processos pouco confiáveis e transparentes.

>>>frase destacada

… é indispensável estabelecer canais de comunicação efetivos, que possibilitem o diálogo permanente tanto com as autoridades eleitorais como com os atores envolvidos no processo.

—    Geração de confiança. As missões de oenp devem gerar confiança por meio do diálogo plural com todos os atores envolvidos no processo eleitoral, sem exceção nem privilégio algum. Isso implica que o diálogo não deve privilegiar nenhum dos setores políticos em disputa, devendo ser plural, aberto e transparente nas agendas de trabalho.

—    Informação ao público. As missões de oenp devem divulgar pública e regularmente relatórios, declarações e boletins exatos, imparciais e oportunos, com observações, análises, reflexões e, quando pertinentes, recomendações para melhorar os processos eleitorais. Um dos aspectos mais relevantes desse exercício é a entrega de recomendações parciais, especialmente quando se trata de observações de longo prazo, pois estas permitem contribuir para a melhoria da organização e realização das eleições.

—    Caráter técnico do exercício. As missões de oenp devem desenvolver sua observação eleitoral mediante exercícios sistemáticos, processos técnicos confiáveis e metodologias validadas e verificáveis. Esse trabalho permite entregar dados precisos, objetivos e tecnicamente sólidos, que sejam fonte confiável de informação, tanto para os diferentes atores do processo eleitoral como para os meios de comunicação e a cidadania. Por isso, as missões de oenp devem conceber seu plano de comunicação com a clara consciência de que não são opinadores nem analistas políticos.

—    Formação técnica dos observadores. As missões de oenp devem contar com processos internos de formação e capacitação das pessoas incumbidas da observação eleitoral em suas diferentes etapas. Uma das maiores responsabilidades das organizações que assumem essa tarefa é garantir que os observadores eleitorais conheçam o sistema político do país e as regras que regem seu funcionamento. Portanto, as missões de oenp acabam sendo o principal veículo, por sua proximidade com a cidadania, de formação e informação das regras dos processos eleitorais. Do mesmo modo, são um dos meios mais importantes para agenciar a cidadania.


[1]     “Declaração dos Princípios da Observação Eleitoral Internacional” e “Código de Conduta para Observadores Internacionais de Eleições”. Documentos firmados em 27 de outubro de 2005, no marco da onu, subscritos por: Assembleia Parlamentar da União Africana, Conselho da Europa (pace), Associação de Administradores Eleitorais das Ilhas do Pacífico, Austrália e Nova Zelândia (pianzea), Centro Carter, Centro de Assessoria e Promoção Eleitoral (capel) e Comissão Europeia, entre outras entidades.

Tipos de observação eleitoral

Todo processo eleitoral envolve três etapas: a pré-eleitoral, o dia da jornada eleitoral e a pós-eleitoral, cada uma com características diferenciadas que devem ser levadas em conta ao planejar o exercício de observação.

Para a observação da etapa pré-eleitoral, é indispensável ter em conta que o desenvolvimento adequado dos processos eleitorais não depende apenas do correto planejamento logístico das autoridades eleitorais para o cumprimento das diferentes etapas, nem de que todos os atores envolvidos se ajustem às regras previamente estabelecidas, e sim da identificação dos diversos fatores de contexto que, em uma eleição específica, causam ou podem causar impactos significativos na garantia de eleições livres, periódicas e autênticas.

[…] A última geração da observação eleitoral, na qual nos encontramos agora, já não é regida apenas pela tradicional segmentação nas três etapas do processo eleitoral, mas incorpora objetivos específicos, como a inclusão, que, por suas características, requerem o desenvolvimento de novas metodologias.

Do mesmo modo, é indispensável estabelecer canais de comunicação efetivos, que possibilitem o diálogo permanente tanto com as autoridades eleitorais como com os atores envolvidos no processo eleitoral, entre eles, organizações políticas, organizações sociais diversas, academia, mídia, além das diferentes missões de observação, nacionais ou internacionais, participantes do processo eleitoral.

Já a observação no dia da jornada eleitoral depende da capacidade de distribuir observadores e observadoras previamente capacitados e adequadamente coordenados para a transmissão de informação, a fim de que esta seja sistematizada. Dependendo do alcance e da natureza do exercício a se desenvolver, pode-se contar com observadores fixos nos locais de votação, para acompanharem tanto a abertura como o fechamento dentro um mesmo recinto, ou itinerantes, que transitam entre vários locais, podendo assim observam também o entorno das zonas de votação.

Quanto à observação da etapa pós-eleitoral, o principal elemento a levar em conta são as características, conforme o país observado, da etapa de apuração e cômputo final dos votos. Por se tratar de uma etapa muito sensível, da qual dependem os resultados definitivos, é recomendável que dela participem os observadores com mais experiência e conhecimento das regras eleitorais.

O exercício de observação requer uma definição clara de seu alcance e duração. A partir disso, pode-se optar por uma observação eleitoral:

1.    De longo prazo. Devido a sua duração, esta é a observação mais exigente, não apenas pelos recursos humanos e econômicos que demanda, mas também pela capacidade técnica que requer para o monitoramento das diferentes ações e atividades envolvidas no desenvolvimento dos pleitos eleitorais. Isso pressupõe a combinação de diferentes metodologias de análise e a constituição de equipes multidisciplinares com habilidades específicas. Estas geralmente iniciam suas atividades um ano antes das eleições ou na abertura do calendário eleitoral. Dada a presença territorial e a capilaridade que esse tipo de observação requer, ela só costuma ser realizada por algumas missões nacionais. Os elementos de contexto necessários para a observação da etapa pré-eleitoral, apontados acima, são também fundamentais para este tipo de observação. A título de exemplo, a Missão de Observação Eleitoral (moe) desenvolveu uma análise de riscos que leva em conta não apenas os aspectos puramente eleitorais, mas também o contexto de violência e conflito vivido no país em questão (moe, 2022b).

2.    De curto ou médio prazo. Esta é a mais frequente das observações internacionais. Seu primeiro passo é uma visita técnica de reconhecimento, semanas ou meses antes das eleições, seguida de uma ação mais ampla nos dias imediatamente anteriores à jornada eleitoral. Seu encerramento formal fica a cargo de uma equipe técnica mais enxuta. Assim como na observação de longo prazo, seu planejamento e desdobramento dependem em grande medida do alcance e das características específicas da observação a realizar.

3.    Especializada ou com enfoques específicos. Trata-se de exercícios mais restritos a temas específicos de observação, quer seja de processos técnicos particulares, como a comunicação social ou o uso de tecnologias nas eleições, quer seja de temas precisos, como a participação de grupos ou setores sociais historicamente discriminados. Nos últimos anos, esse tipo de observação vem ganhando força, justamente para dar seguimento a agendas específicas consideradas críticas para a democracia. A título de exemplo, várias missões de observação nacionais e internacionais centraram foco na análise da participação política das mulheres em diversos certames democráticos (moe, 2022c). Em muitas ocasiões, esse tipo de exercício combina-se com observações de longo, médio ou curto prazo, cobrindo, conforme o caso, diferentes etapas do processo eleitoral.

A observação eleitoral clássica, descrita até aqui, parte da lógica das etapas do processo eleitoral e tem como principal objetivo a verificação do rigoroso cumprimento das regras eleitorais e de que seus resultados correspondam à vontade da cidadania.

Em um primeiro momento, o maior suporte técnico das missões de observação era a contagem rápida, entendida como um exercício estatístico de verificação de resultados pelos observadores eleitorais, a partir de uma amostra tecnicamente definida, a fim de comparar suas projeções com os resultados oficiais.

Posteriormente, mais dois tópicos foram incorporados à observação clássica: o monitoramento dos meios de comunicação e o financiamento das campanhas. A fiscalização nessas frentes abriu caminho a exercícios de observação especializados ou específicos.

Como exemplo disso, nas últimas eleições realizadas na Colômbia, em 2022, a Missão de Observação Eleitoral Colômbia realizou, além de um exercício de observação eleitoral clássica, duas observações com enfoques específicos, quais sejam, do exercício do direito ao voto por pessoas trans (moe, 2022a) e por pessoas com deficiência psicossocial ou intelectual (moe Colombia, 2022), junto a cidadãs e cidadãos pertencentes a esses segmentos da população. Isto sob a premissa de que uma democracia não o será enquanto todas as pessoas não tiverem a possibilidade real de exercer seu direito ao voto em condições de igualdade e livres de qualquer discriminação.

Conclusões

Em todo caso, a definição do tipo de observação a se realizar depende da resposta às perguntas básicas: o que se quer observar? E por quê, ou para quê? A partir delas, definem-se as características e o alcance do exercício de observação eleitoral a desenvolver, o desenho metodológico e a presença territorial necessários.

Daí resulta que os exercícios de observação eleitoral podem ser muito diversos, conforme a decisão da organização que leva a termo a missão e os aspectos específicos que se pretenda observar. Seja como for, independentemente do alcance e das características da observação eleitoral, é indispensável ter em conta que se trata do exercício de um direito político de controle social e de participação cidadã. Por isso, a observação eleitoral é, em si mesma, uma ação positiva para a democracia e para o empoderamento cidadão, que permite que a cidadania se torne um ator principal dos processos eleitorais, com um papel-chave no fortalecimento da democracia.

Referências

Barrios, A. (2020). Observación electoral: De la participación ciudadana al control político. Bogotá: moe, iidh-capel. https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1848/observacionelectoral_iidh-capel-moe-colombia.pdf

Declaración de Principios Globales para la Observación y Monitoreo No Partidario de Elecciones Realizado por Organizaciones Ciudadanas. (2012, 3 de abril). eods. http://www.eods.eu/library/GNDEM.Declaration of Global Principles for Non-Partisan election observation ES.pdf

Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y Código de Conducta para Observadores Internacionales de Elecciones. (2005, 27 de outubro). ndi. https://www.ndi.org/sites/default/files/DoP-SPA.pdf

moe. (2022a). Informe de observación del protocolo de voto trans. Elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas. 13 de marzo de 2022. https://www.moe.org.co/informe-de-observacion-del-protocolo-de-voto-trans-elecciones-de-congreso-de-la-republica-y-consultas-interpartidistas-13-de-marzo-de-2022/

moe. (2022b). Mapa de riesgo por factores de violencia. Elecciones presidenciales (Corte 13 de mayo del 2022). https://www.moe.org.co/mapa-de-riesgo-por-factores-de-violencia-elecciones-presidenciales-corte-13-de-mayo-del-2022/

moe. (2022c). Informe preelectoral de la participación de las mujeres en las elecciones presidenciales 2022. https://www.moe.org.co/informe-preelectoral-de-la-participacion-de-las-mujeres-en-las-elecciones-presidenciales-2022/

moe Colombia. (2022). Resultados observación con enfoque en los derechos de las personas con discapacidad. [vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=i9oZ6oR4qOY

Alejandra Barrios Cabrera

Alejandra Barrios Cabrera

Directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE) desde su fundación en 2006. A la fecha ha coordinado más de 100 observaciones electorales en Colombia. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia y especialista en Régimen Contractual Internacional por la Universidad de los Andes.

Julia Gavarrete: «No existe independencia de poderes en El Salvador»

Una democracia en decadencia. Un sistema que atemoriza. Un presidente popular, polémico y autoritario. Un periodismo que se va quedando sin garantías. De todo ello habla la ganadora del Premio Ortega y Gasset.

Por: Fabiola Chambi 21 Mar, 2023
Lectura: 8 min.
Julia Gavarrete | Fuente: Committee to Protect Journalists
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Una madre junto a su hija e hijo van de casa en casa, de un hotel a otro. Huyen aunque no deben nada, y temen porque viven bajo el régimen de excepción de El Salvador, desde hace un año. Parece una extraña jugada a la lógica que alguien decida dejar atrás su vida y convertirse en un nómada dentro de su propio país. Pero esta historia es real, está documentada y lamentablemente es solo una de muchas. La periodista salvadoreña Julia Gavarrete, del reconocido medio El Faro, decidió darle voz, aun en el anonimato, a estas personas y reflejar la situación del desplazamiento forzado, agravada desde el 27 de marzo de 2022, cuando el presidente Nayib Bukele impuso esta medida.

No es fácil contar la huida de una familia que ha perdido todo, por eso Gavarrete tuvo que arriesgar mucho para que la historia saliera a la luz, en medio de las presiones cada vez más fuertes hacia el periodismo independiente. Y este esfuerzo ha sido reconocido recientemente con el Premio Ortega y Gasset.

Un año del régimen de excepción

Fabiola Chambi (FCh): «Una familia que no debe nada huye del régimen de excepción» es el título de tu reportaje. Para entender la dimensión del desplazamiento interno: ¿qué está pasando en El Salvador?

Julia Gavarrete (JG): Sobre este caso en particular hay suficientes pruebas para contar lo atemorizadas que están porque en el pasado vivieron una acusación de la que fueron declarados inocentes, pero en medio del régimen de excepción se dan cuenta de situaciones de otras personas que estaban siendo detenidas, además de amenazas que estaban recibiendo de agentes de la policía, que les lleva a pensar que serían los siguientes. Por eso huyen, porque saben que no podrán demostrar su inocencia. Muchas de las denuncias que nos llegan provienen de organizaciones de derechos humanos que han estimado en dos mil casos de personas que están detenidas y que buena parte podría decirse que son inocentes.

FCh: ¿Por qué dices que la independencia de poderes en El Salvador es una construcción vacía?

JG: Porque en este momento no existe independencia de poderes. Desde 2019 ya teníamos muchísimas muestras de autoritarismo por parte del presidente Bukele pero no fue hasta mayo de 2021, cuando él logra tomar el poder de la Asamblea Legislativa y hay un giro más drástico y una decadencia más acelerada de la democracia. Fue entonces cuando las instituciones dejan de ser independientes, se cambian a magistrados de la Sala de lo Constitucional para imponer a los suyos, también se cambia el fiscal general de la República.

Todo esto ha conllevado a una serie de hechos que están afianzando el poder de Bukele y aún más el régimen de excepción. Y en el caso de demostrar la inocencia, es triste cuando vemos que los jueces, en lugar de garantizar un proceso justo, se están convirtiendo en pasapapeles. Muchos solo hacen los que les piden, que es mantener detenidas a las personas.

Todos hablan de Bukele

FCh: El Salvador ha generado mucha atención luego del exhibicionismo mediático de la megacárcel del presidente Bukele, algunos a favor y otros en contra. ¿Cómo ves este debate?

JG: Los debates que trascienden fronteras tienen mucho que ver con la capacidad de Bukele para poder controlar una narrativa, publicitar un hecho específico y también cambiar totalmente la atención de las cosas que son importantes. Creo que por eso hay muchísimas personas en diferentes países que ven esta medida como una solución que va a resolver nuestros problemas. Pero lo más preocupante es el régimen de excepción, que fue una respuesta a una negociación que se rompió entre Bukele y las pandillas en marzo de 2022.

Fuente: Committee-to-Protect-Journalists
Julia Gavarrete | Fuente: Committee-to-Protect-Journalists

FCh: Precisamente una investigación de El Faro reveló que el gobierno de Nayib Bukele negoció con la mara Salvatrucha 13 beneficios penitenciarios a cambio de una reducción en el número de homicidios en el país…

JG: Sí, se ha podido confirmar cómo se rompieron estas negociaciones y se dio esa masacre en ese fin de semana tan sangriento en El Salvador, pues tuvo que ver con ese rompimiento de Bukele con las pandillas. Y no eran las primeras; eso también ocurrió en otros momentos. ¿Qué pasa ahora? Sabemos que ha habido negociaciones y que incluso hay líderes pandilleros que están siendo solicitados por crímenes para ser extraditados en Estados Unidos y que han sido trasladados, están fuera del país, porque funcionarios del gobierno se encargaron. Tenemos documentada esa ruta en El Faro. Son muchísimas preguntas que todavía el Gobierno no responde.

[Lee también: Estado de excepción y abusos generalizados en El Salvador]

FCh: ¿Y cuál es la situación de las pandillas ahora?

JG: En este momento, las pandillas están desarticuladas. Pero eso no quiere decir que han desaparecido. No es que el fenómeno ya no exista. Hay comunidades donde había un fuerte control de pandillas y ahora es todo lo contrario. Eso es una realidad, pero es la realidad de este momento. ¿Qué va a pasar más adelante? Es justamente una de las preguntas que están surgiendo y para las que hemos buscado respuesta de parte del Gobierno.

Periodismo bajo presión

FCh: El presidente Bukele anunció que se presentará a una reelección valiéndose de algunos recursos a nivel judicial. ¿Qué riesgo tiene para El Salvador esta jugada electoral?

JG: Siempre va a haber opiniones encontradas y habrá personas que validen la reelección de Bukele, aunque sea ilegal e inconstitucional. A quienes vemos de manera crítica lo que está pasando nos lleva a acumular muchísima frustración porque sabemos que a El Salvador le costó muchísimo llegar hasta donde está, a construir institucionalidad, a construir una democracia. Si bien era débil e imperfecta, había cierta independencia o garantía, que es algo que ya no existe.

FCh: ¿cómo es hacer periodismo en El Salvador? ¿Cómo se logra trabajar en investigación con la arremetida que se ha visto desde el Gobierno?

JG: A diferencia de lo que pasaba antes, cuando sí había intimidación e incluso amedrentamiento físico, ahora lo complejo que estamos viviendo es que la tecnología se está utilizando en contra del periodismo independiente, del periodismo crítico. Hemos revelado cómo hemos sido espiados con programas sofisticados como Pegasus, que básicamente ha logrado tomar control de la información guardada en nuestros teléfonos. Además, existe muchísima intimidación en redes sociales. En la práctica, si yo sé que estoy siendo espiada, es muy difícil que haya fuentes que comprendan y que quieran abrirse a hablar. Por esa razón, hay que buscar nuevos mecanismos de comunicación.

Proteger la información

FCh: ¿Qué tipo de medidas asumen para tener mayor seguridad?

JG: Tenemos la necesidad de proteger aún más la información. Ahora tomamos muchísimo cuidado sobre qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir y cómo esa información va a transmitirse. Por ejemplo, en el caso de una historia como la que publiqué de la familia, a veces, hay personas que no van a tener internet como para bajar aplicaciones de seguridad. Eso nos obliga a tener que buscar otra pieza de comunicación y otras maneras de comunicación, para poder no solo protegernos nosotros, sino también proteger a las fuentes.

[Lee también: Bukele, reelección y caudillismo]

FCh: ¿Cómo ves a El Salvador en los próximos años?

JG: Cuando veo hacia el futuro, veo los fuertes retrocesos que hemos sufrido en muchísimas áreas institucionales y me lleva a pensar cuánto tiempo nos va a tomar reconstruir todo lo que hemos perdido. Como ciudadana me lleva a acumular muchísima frustración, pero como periodista creo muchísimo en que esta etapa que vive El Salvador debe ser documentada. Y, si bien no va a generar un cambio tangible en un futuro cercano, puede lograr algo más adelante. El premio a esta historia reconoce muchísimo la voz de las víctimas.

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Fabiola Chambi

Fabiola Chambi

Periodista con posgrado en periodismo digital, docencia universitaria, derechos humanos y comunicación política. Corresponsal de Voice of America. Editora en Connectas.

De murallas y enfoques restrictivos

La legislación reguladora y los planes de refugio deben recuperar el principio de humanidad de la política por razones éticas, pero también para revertir su fracaso.

Por: Gabriel Pastor 20 Mar, 2023
Lectura: 7 min.
Migrantes | Fuente: Shutterstock
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Síntesis de la crisis migratoria en el mundo: si se conformara un país con los más de 280 millones de migrantes, este ocuparía el cuarto lugar del ranking mundial. Los más de 31 millones de refugiados y solicitantes de asilo pelearían el quinto puesto de América Latina. Aunque la migración humana está presente a lo largo de la historia, no deja de causar asombro la magnitud de la marea humana que hoy se desplaza por el mundo.

Tampoco deja de causar asombro la actitud de la política y la gestión de los gobiernos ante la crisis migratoria. Ha ganado espacio la tozudez en procurar encauzar la dinámica de los migrantes mediante políticas públicas de vigilancia y leyes de hospitalidad condicionada. Es el control que, al final del día, fomenta la exclusión.

Todas estas políticas, salvo honradas excepciones, dibujan leyes de desapego humano sin fronteras.

Murallas, restricciones y despliegue militar

La Unión Europea sigue presa de las divisiones internas que, por ahora, impiden avanzar hacia un nuevo plan común sobre migraciones y asilo. Como si nada hubiese ocurrido en el siglo XXI, se instaló nuevamente la discusión sobre la construcción de muros en determinadas fronteras. Por su lado, el Reino Unido considera un proyecto de ley del Gobierno que prohíbe solicitar asilo a los migrantes que llegan a las puertas de la isla a través del canal de la Mancha.

De este lado del Atlántico, este mes se supo que Estados Unidos evalúa restablecer la detención de familias migrantes. Esta busca ser una eventual alternativa que sustituya el controvertido Título 42 que —con la excusa de la pandemia de covid-19— posibilitaba la expulsión rápida de migrantes en la frontera sur. Lo que sí está firme es una nueva medida restrictiva: penar a los solicitantes de asilo que intenten cruzar ilegalmente y la obligación de iniciar el trámite en naciones por las que pasan, antes de llegar a Estados Unidos. Como telón de fondo, el muro de Trump que, si bien no tuvo en la actual administración demócrata el entusiasmo anterior, ha crecido en varios estados. Este ha sido el abordaje de la crisis migratoria por parte de la principal superpotencia global.

Las cercas en América Latina

En Latinoamérica las cosas no lucen mejor para la crisis migratoria. Chile desplegó soldados en controles fronterizos de regiones del norte con Perú y Bolivia para evitar el ingreso de migrantes ilegales, fundamentalmente venezolanos. El decreto fue aprobado a fines de febrero y tiene una vigencia de 90 días. El gobierno de izquierda mantuvo otras medidas polémicas, como una zanja en la comuna de Colchane, en el límite con Bolivia, para evitar la llegada de extranjeros indocumentados.

[Lee también: Riesgos para la democracia: tareas pendientes en Latinoamérica]

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció que en los próximos meses se terminará de levantar una cerca de 380 kilómetros en la frontera con Haití. Lo hace en el marco de un plan antiinmigrantes. El año pasado fueron deportados 170.000 haitianos, capturados durante operaciones policiales que alcanzaron a mujeres embarazadas.

Hospitalidad disminuida

Las naciones tienen que proteger su integridad territorial y el cumplimiento del respeto a la ley. En ese sentido, no se niega la importancia de la legislación, sino que se apunta a que las leyes de «acogida» sean fundamentalmente idóneas para evitar a los migrantes.

Principios jurídicos de una «hospitalidad» con muros fronterizos, máquinas de vigilancia y trabas burocráticas colocan al migrante en una escena policíaca.

[Lee también: La diáspora como refugio del migrante venezolano]

Las leyes migratorias están en entredicho con las declaraciones universales. De algún modo, la normativa que se ha impuesto para regular la movilidad humana solo apunta a la coacción como objetivo último. Ha sido la única respuesta a una crisis humanitaria extrema. Minimiza el principio de la sociedad como fundamento de la libertad individual, cuya importancia, con o sin legislación, excede las urgencias del momento y exige certeza en el horizonte de largo plazo.

Libertad e igualdad en la política

Estamos ante una enorme falla, que tiene dos caras. La primera es que el valor de la libertad no se circunscribe a las fronteras. La segunda es que se pone en cuestión la idea de que la política debe tratar a los seres humanos como iguales.

La filósofa estadounidense Martha C. Nussbaum nos recuerda la idea de política acerca «de la humanidad que compartimos». Ella dice que «la idea de que la política debería tratar a todos los seres humanos como iguales y como poseedores de un valor inestimable es una de las más profundas e influyentes del pensamiento occidental».

Cualquier legislación debe fundarse en el concepto ético del respeto al género humano. Esto es justamente lo que, en nuestra opinión, deja en entredicho las normas jurídicas que se apartan del apego a la dignidad humana.

Tantos cúmulos de fracasos gubernamentales en evitar la llegada de extranjeros convierten en una quimera la posibilidad de evitar la huida, por más sofisticadas que sean las prohibiciones de ingreso. En 1970, 2,3 %de la población mundial había migrado. En la actualidad esto representa el 3,6 %.

Travesías de la crisis migratoria

La crisis migratoria es un fenómeno multicausal. Es impulsada por el intento humano de moverse. «El hombre es un animal inquieto. No se conforma, como la boa constrictora, con ingerir una buena comida una vez por mes y dormir el resto del tiempo», como dijo Bertrand Russell.

También estimulan a la migración las realidades trágicas que reverberan en la conversación pública: persecuciones políticas, religiosas, étnicas y sociales o la guerra —como estamos presenciando hoy con la invasión de Rusia a Ucrania—, las crisis económicas y ambientales.[1]

Caminantes que atraviesan la tierra como nómadas prefieren el desarraigo a renunciar a un mejor porvenir. Es un sueño que se extiende a sus descendientes. Prefieren correr riesgos con tal de escapar del espanto.

[Lee también: Los sueños quebrados en la frontera sur de Estados Unidos]

Todos los años se cuentan por miles los muertos provenientes de países pobres antes de tocar suelo europeo. En 2019 fallecieron 5.400 migrantes. En 2020 hubo una disminución a 3.900, explicada por las restricciones de movilidad impuestas del covid-19. Se espera, lamentablemente, que el Comité Internacional de la Cruz Roja continúe entregando nichos humanitarios para sepultar a migrantes que mueren durante la travesía por la infernal selva del Darién en Panamá.

Mientras los gobiernos no den un giro a la política migratoria seguirán ocurriendo estampidas como la del pasado domingo 12 de marzo, en Ciudad Juárez, México, cuando cientos de migrantes, mayoritariamente venezolanos, intentaron cruzar hacia Estados Unidos al grito de «¡a USA!».


[1] La acogida de millones de ucranianos que salen del país por la invasión de Rusia a países de cercanía, como Polonia, se ha convertido en un ejemplo de solidaridad como no se ha visto con relación a otras manifestaciones migratorias, por ejemplo, de países como Siria o Venezuela. Es probable que favorezcan las similitudes étnicas y una empatía política por las víctimas del conflicto.

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Gabriel Pastor

Gabriel Pastor

Miembro del Consejo de Redacción de Diálogo Político. Investigador y analista en el think tank CERES. Profesor de periodismo en la Universidad de Montevideo.

Delia Ferreira Rubio: «Nuestro problema no es tanto de normas sino de implementación y práctica»

La corrupción como fenómeno global encuentra a América Latina aplazada en la implementación de normas que mejoren el control de los recursos públicos. El principal desafío son las normas para transparentar el financiamiento de la política.

Por: Ángel Arellano 16 Mar, 2023
Lectura: 8 min.
Delia Ferreira Rubio
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Experta en financiamiento de la política y actual presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio es una destacada especialista en temas de corrupción. En su carrera como asesora parlamentaria y consultora de organizaciones internacionales, Ferreira ha profundizado en la financiación de los partidos políticos y la rendición de cuentas partidarias.

En ocasión de la publicación del nuevo índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (enero, 2023), conversamos con Ferreira sobre cómo afecta la corrupción a la democracia y las tareas pendientes en América Latina. El índice puntúa a los países de «0» a «100», donde «100» es muy transparente y «0» muy corrupto. La gran mayoría de los países de la región se encuentran debajo de «40». Solo Uruguay, Costa Rica y Chile están por encima del promedio global.

Corrupción y democracia

Ángel Arellano (AA): ¿Hay un vínculo entre corrupción y baja calidad de la democracia?

Delia Ferreira Rubio (DFR): Sin duda, los países con democracias más sólidas son aquellos con menores índices de corrupción. Mientras tanto, los países con menores controles son los más corruptos.

La correlación es estadísticamente significativa. Si tomamos, por ejemplo, el índice de democracia de The Economist o de V-dem, y superponemos los mapas, nos ofrecería exactamente esa correlación.

Esto no es de extrañar. Para luchar contra la corrupción necesitamos lo que brinda la democracia: división de poderes, elecciones, libertades de prensa y expresión. Si estas condiciones son débiles o inexistentes, luchar contra la corrupción es difícil, porque, si no va a pasar nada y nadie va a investigar, juzgar o controlar, el incentivo para la corrupción va a crecer notablemente.

ÁA: ¿Mientras más autoritarismo más corrupción en el manejo de lo público?

DFR: Exactamente. Esto es así, nítidamente. Y también a la inversa: mientras más corrupción, hay más condiciones para más autoritarismo. La corrupción hace que los límites del poder se pierdan y se llegue al abuso y al uso discrecional del poder.

No es causa-efecto. No es que el autoritarismo cause corrupción o que la corrupción cause autoritarismo. Son fenómenos multicausales relacionados.

ÁA: ¿Es decir que la defensa de la democracia y la división de poderes tiene también un efecto en la mejoría de la gestión transparente de los recursos?

DFR: Si uno mejora la calidad de las instituciones, está generando condiciones para que, si hay corrupción, haya sanciones, se investigue y se corte la impunidad. Y, a la vez, si uno trabaja con organizaciones e instituciones sólidas que den pie a que la ciudadanía y la prensa puedan investigar y mostrar sus investigaciones, hay incentivos para que el uso de los recursos públicos sea más cuidadoso, porque la oportunidad de ser descubierto y sancionado crece notablemente.

América. Índice de percepción de la corrupción, Transparencia Internacional 2022

Latinoamérica y la corrupción

ÁA: En América Latina, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan los Estados cuando buscan ser más transparentes?

DFR: Eso no se puede generalizar. Hay Estados en lo que falta es la voluntad política para implementar las normas. En otros, se avanza con las leyes, pero no con la implementación.

Otros Estados aprueban las leyes y ponen en marcha organismos para su implementación pero, cuando llega el momento de aprobar el presupuesto anual, no hay presupuesto para las instituciones de control, lo que disminuye la capacidad. En otros, están los recursos pero se pone al frente a personas sin capacidad técnica.

Una cosa es no tener las leyes y otra es medir el alcance de la implementación. Nuestro problema en la región no es tanto de normas sino de implementación y puesta en práctica.

[Lee también: ¿Cómo se financian los partidos políticos?]

Muchos países deberían poner mucha atención en materia de financiamiento de la política. Este es un tema para la corrupción y muy importante en Latinoamérica. Se ha avanzado desde la década de los ochenta, cuando no había nada. Hoy muchos países tienen normas y las han modificado para hacerlas más poderosas, pero hay otros que no tienen todavía legislación adecuada para enfrentar el financiamiento ilícito de la política o el financiamiento lícito pero no transparente de la política.

El financiamiento de la política es la ventana más importante para la corrupción, porque lo que se aporta a las campañas, en algunos casos, es una forma de pagar anticipadamente favores que después se van a «cosechar».

Muchos de los escándalos más grandes de corrupción en la región están vinculados al financiamiento de la política. De tal forma que esa es la matriz original.

Top / bottom scorers
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (2023)

Una región estancada

ÁA: ¿Qué países tienen que prestar atención al desempeño del manejo de las cuentas públicas? Es decir, ¿quiénes deben poner las barbas en remojo?

DFR: Todos tienen que hacerlo. Eso es central como responsabilidad de cualquier funcionario de cualquier país.

Una cosa a tener en cuenta es que aun países bien posicionados en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional o en los índices de democracia, tienen casos de corrupción. Son parte del fenómeno global de la corrupción, porque los mejores del ranking pueden tener un sector público transparente pero el dinero que se roba por corrupción en otros lados termina en esos sistemas financieros o en sus industrias.

ÁA: En términos generales, ¿hay una evaluación optimista o pesimista en cuánto a la corrupción en la región?

DFR: La región está estancada. Ahora bien, una cosa es estar estancado en los 60 puntos de 100, y otra es estar en los sub-40. Solo Chile, Uruguay y Costa Rica están por encima de los 50 puntos, que es la media. El resto de los países latinoamericanos están por debajo de 40 puntos. Entonces, casi todos aplazados.

Tareas por hacer

ÁA: ¿Qué recomendaciones concretas hace Transparencia Internacional a los gobiernos democráticos pero con altas tasas de corrupción?

DFR: Aprobar la legislación adecuada, tener los controles, garantizar la independencia del control y la justicia, incorporar mecanismos que reduzcan la discrecionalidad de los funcionarios, facilitar el derecho del acceso a la información pública y modernizarlo.

Otra es la necesidad de implementar de registros de beneficiarios de las empresas públicas y compañías. Hoy la corrupción no es un funcionario que aprueba una cama en un centro hospitalario, un medicamento costoso o un subsidio. La corrupción es un fenómeno global que mueve corrientes de dinero ilícito por todo el mundo y esto es beneficiado gracias a las estructuras corporativas opacas.

[Lee también: Norbert Lammert: «No hay corrupción cuando las reglas son para todos»]

Este es el caldo de cultivo perfecto para que los corruptos puedan circular el dinero, reciclarlo, lavarlo y disfrutarlo. Este tipo de falta de transparencia en las estructuras corporativas facilita esconder el dinero y dificulta la lucha contra la corrupción.

Luego del escándalo de Odebrecht, la región avanzó en figuras como los arrepentidos o la delación premiada. Son mecanismos importantes. La corrupción es por naturaleza opaca. Que los que hayan participado en corrupción puedan dar testimonio e informar sobre lo que ha ocurrido, ayuda a fortalecer la búsqueda. En eso trabajamos mucho.

En materia de género y corrupción, Latinoamérica es pionera; por ejemplo, en concientizar y aprobar la legislación adecuada para que la sexextorsión sea castigada. Es decir, una corrupción no vinculada a lo económico, sino al abuso de la posición dominante para conseguir un beneficio.

Delia Ferreira Rubio. Fuente: deliaferreira.com.ar

Transparencia global

ÁA: ¿Qué rol juegan las instancias de cooperación internacional y el multilateralismo en la promoción de mayor transparencia?

DFR: La colaboración internacional es central, pero tiene muchos aspectos. La que proviene a través de agencias ayuda a trabajar con organizaciones para luchar contra este fenómeno. Después está la cooperación gobierno-gobierno para investigar los casos y ayudar a mejorar la circulación de los pedidos de un país al otro, obtener respuestas. Para lograrlo se necesita mejorar los organismos jurisdiccionales de los países.

En cuanto a los organismos multilaterales, lo que pedimos desde Transparencia Internacional es que incorporen en sus agendas, y en los programas cuando apoyan algún programa nacional, normas de transparencia y de control para que los recursos lleguen a donde deben llegar.

Recordemos cuando durante la pandemia la directora del FMI, Kristalina Georgieva, dijo «gasten cuanto puedan, pero guarden los recibos». Muchas son las condicionalidades para acceder al recurso o a la cuota siguiente del financiamiento y una de esas debe ser el control.

La cooperación interna en los países también es clave porque, para luchar contra la corrupción, hace falta un trabajo conjunto entre organizaciones sociales, prensa y gobiernos. Sin eso no podremos salir del aplazo en el que estamos.

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Ángel Arellano

Ángel Arellano

Doctor en ciencia política, magíster en estudios políticos y periodista. Profesor de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de Las Américas de Ecuador. Coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, y editor de Diálogo Político.

¿Los beneficiosos megaproyectos chinos?

Las malas prácticas y los bajos estándares de las empresas estatales chinas son reiterados y transversales. El impacto socioambiental de sus inversiones y megaproyectos se percibe mayúsculo. ¿Cuál es la verdadera ganancia para los países receptores?

Por: Gabriel Salvia 15 Mar, 2023
Lectura: 5 min.
Comercio chino en América Latina. Fuente: La República
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) y otras organizaciones civiles latinoamericanas presentaron hace días en Ginebra un informe que denuncia los «graves abusos» de derechos y el impacto ambiental en 14 megaproyectos chinos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. La reprobación forma parte del proceso de evaluación que, sobre China, realiza el comité de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Pekín ratificó en 2001.

Malas prácticas y bajos estándares

El informe es rotundo en cuanto a los incumplimientos de China. Advierte que los casos analizados «apuntan a una serie de patrones de abusos de los derechos humanos» por parte de las empresas y entidades financieras chinas que operan en América Latina. Entre otros excesos, señala la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, los abusos en materia laboral, los desalojos forzosos y la destrucción del medio ambiente. Los efectos para las poblaciones locales son catastróficos, lo que explica que con frecuencia deriven en conflictos y violencia. Por la desatención oficial y por ocurrir en zonas remotas, muchas veces ese sufrimiento queda reducido a un fenómeno silencioso.

[Lee también: Lula por la cuerda floja entre Estados Unidos y China]

La problemática alrededor de la presencia de China en América Latina invita a una reflexión más amplia. Resulta evidente, después de más de dos décadas desde que inició su internacionalización, que las malas prácticas y los bajos estándares de las empresas estatales chinas no son puntuales ni excepcionales, sino reiterados y transversales a lo largo y ancho del continente. Con inversiones chinas que totalizan 172.000 millones de dólares en la región, gran parte de ellas en las industrias extractivas, y la construcción de más de 200 infraestructuras, el impacto socioambiental se percibe mayúsculo.

Más inversiones extractivas y megaproyectos chinos

La grave situación que denuncia el informe no va a cambiar a corto plazo. Primero porque, en la pugna que se avecina entre las potencias mundiales por los recursos naturales, China previsiblemente aumentará en los próximos años sus inversiones extractivas y sus megaproyectos de infraestructuras en América Latina. Y, segundo, porque no se intuye un propósito de enmienda del Estado chino, cuyas autoridades impiden cualquier interlocución con organizaciones civiles latinoamericanas. Estas tratan de aprovechar los mecanismos y procedimientos de la ONU para ejercer presión sobre Pekín, denuncia a la que se apuntan actores mediáticos, políticos y académicos. Nada de ello sirve para que China rectifique su modus operandi.

Mensaje de Xi Jinping a la VII Cumbre de la Celac, Buenos Aires, 2023. | Xinhua/Martin Zabala

Positivo pero problemático

Por las oportunidades que ofrece, es positivo que el gigante asiático siga teniendo una presencia sobresaliente en la región. Más problemático es, sin embargo, que sea Pekín quien fije las reglas y los estándares de su actuación, porque es justamente la ausencia de contrapesos en su modelo de desarrollo lo que alimenta los abusos. Aunque las empresas occidentales tienen su propio historial de excesos, en general están mucho más vigiladas y, por tanto, las consecuencias sociales o jurídicas de su mal comportamiento funcionan en teoría como incentivo suficiente para que eleven el listón de sus estándares sociales y ambientales. Cuando ello ocurre y las empresas son supervisadas, menos problemáticos son los proyectos.

La observancia de dichos estándares, la exigencia de transparencia y el escrutinio público marcan una diferencia fundamental en comparación con la actuación de las empresas y bancos chinos en el extranjero. Mientras estos no estén sometidos a algún tipo de supervisión, escrutinio o rendición de cuentas, y mientras no reciban ningún castigo por su comportamiento abusivo, es altamente improbable que los inversores chinos opten por introducir pautas de actuación responsables que minimicen el impacto socioambiental de sus proyectos. Por si fuera poco, el progresivo deterioro de la institucionalidad en América Latina contribuye decisivamente a la perpetuación de este esquema.

¿Qué gana América Latina?

Además de las consecuencias para el medio ambiente y para las poblaciones afectadas, otro factor de preocupación en algunos megaproyectos extractivos chinos es la percepción de que pagan impuestos insuficientes, teniendo en cuenta la riqueza extraída. Es cierto que la evasión fiscal es un problema generalizado en toda la industria minera, y que los países del llamado sur global no siempre tienen mecanismos óptimos de control de la recaudación.

[Lee también: Las elecciones en China: mecanismos de legitimación de un totalitarismo]

Pero, en todo caso, la combinación de la destrucción medioambiental, la vulneración de derechos, la precariedad del empleo generado y la baja fiscalidad, además de la consolidación de un modelo primario-exportador sin transferencia tecnológica ni derrame de riqueza, debería acaso llevarnos a cuestionar cuál es la verdadera ganancia para los países receptores por la presencia e inversiones de China.

Publicado originalmente por Cadal el 22 de febrero de 2023.

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Gabriel Salvia

Gabriel Salvia

Director general de CADAL. Periodista y activista de derechos humanos. Autor de «Las sillas del Consejo: autoritarismos y democracias en la evolución de la integración del órgano de DDHH de la ONU» (2020).

Lula por la cuerda floja entre Estados Unidos y China

Brasil es llamado a elegir uno de los bandos en puja. La administración liderada por Lula sigue la tradición diplomática: el pragmatismo es la pauta de la política internacional.

Por: Marco Bastos 14 Mar, 2023
Lectura: 7 min.
Lula da Silva
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Acceso a la versión en portugués.

Patrícia Campos Mello reportó en Folha de São Paulo que la Casa Blanca le dijo al gobierno de Luiz Inácio «Lula» da Silva que quiere invertir en la cadena de producción de semiconductores en Brasil. La inversión está condicionada a las restricciones de la Ley de Chips, el paquete legislativo de 52.000 millones de dólares que Joe Biden aprobó en el Congreso para reducir la dependencia estadounidense de los microchips producidos en China. Las empresas brasileñas beneficiarias no podrán hacer negocios con China por diez años, y las que ya tienen negocios establecidos no podrán expandirlos.

Disputa estratégica

Las disputas comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China, la pandemia y la invasión rusa de Ucrania nos presentan un mundo en el que las consideraciones geopolíticas suplantan los intereses comerciales.

El presidente brasileño fue recibido por Biden en febrero. A fines de marzo, Lula visitará a Xi Jinping en Beijing, quien también plantea subsidios para inversiones en la industria tecnológica brasileña. Patrícia Campos Mello comentó el cuadro de la siguiente manera: «En la visión del gobierno brasileño, que no se inclina por ningún lado en esta guerra fría tecnológica, es interesante mantener en competencia a las dos superpotencias».

En el gobierno anterior, cuando hubo una discusión sobre la adopción de la tecnología 5G en los teléfonos celulares, Brasil se mantuvo neutral y no bloqueó la participación de la empresa china Huawei, pese a las presiones del gobierno estadounidense y la simpatía expresa del entonces presidente de la República por el lado estadounidense.

Ambiente y cambio climático

El cambio climático, las energías renovables y la producción de alimentos son temas en los que Brasil cuenta con relevancia mundial. Esto se debe a que el país tiene en su territorio la selva tropical más grande del mundo, al mismo tiempo que es uno de los mayores productores de alimentos.

El gobierno anterior de Jair Bolsonaro retiró al país de las discusiones en las cumbres climáticas de las Naciones Unidas y del Fondo Amazonia —mecanismo creado en 2008, a través del cual los gobiernos de Alemania y Noruega financiaron proyectos que buscaban un desarrollo sostenible de la Amazonia brasileña—. Lula busca diferenciarse de su antecesor y ofreció la ciudad de Belém para albergar la COP en 2025 y reactivó el Fondo Amazonia, consiguiendo rápidamente la adhesión de expatrocinadores y la promesa de financiamiento de Estados Unidos. En la discusión sobre el medio ambiente, el principal punto de discrepancia entre los países en desarrollo y los países ricos es quién pagará la factura.

En temas ambientales, mientras los europeos y estadounidenses (en los gobiernos demócratas) son más asertivos sobre la necesidad de Brasil de preservar su Amazonia, China mantiene el discurso de respetar la soberanía brasileña en asuntos internos —en el fondo, eso es lo que dice China sobre lo que el mundo debe hacer ante sus violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y el Tíbet—. Además, el objetivo estratégico de China en Brasil es asegurar commodities consideradas estratégicas para su economía.

Selva amazónica brasileña. (Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real)

Minería, alimentos y agua

Las inversiones de China en Brasil y América del Sur se concentran en puertos, carreteras, minería, petróleo, gas y alimentos. Una vez escuché en una reunión a un diplomático chino decir que las prioridades chinas en Brasil eran la minería, los alimentos y el agua. No se mencionó el medio ambiente.

El poder de cabildeo de la Unión Europea para frenar la deforestación en Brasil se deriva del hecho de que el 16% de las exportaciones agrícolas de Brasil van a la UE. Además, los cortes de carne que compran los europeos son más caros en promedio que los que importan los chinos. A fines del 2022, la UE aprobó un reglamento que prevé sanciones para las empresas que vendan productos que han sido producidos en áreas deforestadas.

La diplomacia climática europea es aliada de la agenda ambiental de Lula y de su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, quien ya dijo que tiene como meta acabar con la deforestación en la Amazonia. Sin embargo, ambos tendrán que negociar esta agenda con el sector agrícola brasileño, toda vez que, en el pasado, la legislación permitía deforestar cierta cantidad de área dentro del bosque. No es un tema fácil de resolver para el gobierno brasileño en el frente interno.

Los moralistas y el interés nacional

China es, por lejos, el mayor socio comercial de Brasil. Pero los lazos históricos y culturales con los Estados Unidos son mucho más fuertes, incluso en la sociedad civil. En este escenario internacional, al gobernante de un país como Brasil le quedan tres opciones: aliarse con una de las dos potencias, con la otra, o lograr un equilibrio entre esos dos poderes.

El gobernante pragmático debe calcular las oportunidades y costos de cada una de las opciones. Siempre habrá sectores cabildeando por cada una de las posiciones en disputa. También habrá sectores que aboguen por opciones de política exterior basadas en principios morales.

[Lee también: ¿Cómo viene el riesgo político en América Latina?]

Los defensores de alinearse con Estados Unidos señalan los valores de la democracia liberal como incentivos superiores. Quienes defienden unas relaciones más estrechas con China recuerdan las diversas intervenciones estadounidenses en el exterior (como el apoyo al golpe cívico-militar en Brasil en 1964).

En medio de la disputa, la verdad ineludible es que países como Brasil carecen de billones de dólares en inversiones en todas las áreas, desde educación hasta infraestructura. Nunca se debe perder de vista la dimensión de la realpolitik al observar los movimientos en el nivel internacional.

Agentes externos

La invasión rusa a Ucrania y las sanciones occidentales a empresas y políticos rusos plantearon la cuestión de si Brasil debería adherirse a tales sanciones. En una entrevista reciente, el exembajador de Brasil en Washington y Londres, Rubens Barbosa, dijo que la política exterior brasileña debe mantener su «historia de equidistancia pragmática» y que «las sanciones deben ser aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización Mundial del Comercio». En total, alrededor de 150 países no se han adherido a las sanciones, incluidos importantes países emergentes como Sudáfrica, India, Indonesia, Israel y Turquía.

Un riesgo para el actual gobierno brasileño es que sus dirigentes y el Partido de los Trabajadores (PT) del presidente caigan en una visión distorsionada e idealizada de los hechos. Esta visión ya convirtió al país en cómplice de los crímenes de la dictadura nicaragüense. No se saca ventaja alguna para el país con esta posición, que parece salir de la fantasía de las consignas antiimperialistas.

La mediación de Lula en la guerra

En cuanto a Rusia, Lula intenta —una vez más— jugar al equilibrio. Lula no quiere romper el bloque BRICS, que ahora tiene un banco de desarrollo presidido por un representante brasileño. Sin embargo, la oferta del presidente de mediar en la paz entre rusos y ucranianos no es seria. El gobierno brasileño no ha presentado, hasta ahora, ninguna propuesta concreta y la diplomacia brasileña no cuenta con una masa crítica de expertos en Rusia y Ucrania.

Lula y su diplomacia deben enfocarse en maximizar el interés nacional. El primer paso es el diagnóstico de cuáles partidos Brasil puede salir a jugar como actor relevante y qué oportunidades tiene el mundo para ofrecer. La disputa tecnológica entre las potencias y las discusiones sobre medio ambiente y agricultura traen oportunidades que el país debe explorar. El pragmatismo del Gobierno puede generar más inversiones y, por lo tanto, sería bienvenido para millones de brasileños sin trabajo y sin comida.

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Marco Bastos

Marco Bastos

Analista político y consultor de campañas electorales con foco en América Latina. Magister en Historia Económica por la Universidad de Buenos Aires. Analista en Southern Pulse.

Lula na corda bamba entre Estados Unidos e China

O Brasil é chamado a escolher lados entre as duas potências do sistema internacional. Lula segue tradição diplomática de vários governos brasileiros. O pragmatismo é o norte da política internacional.

Por: Marco Bastos 14 Mar, 2023
Lectura: 7 min.
Lula da Silva
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Acesse a versão em espanhol.

A disputa estratégica nos setores de alta tecnologia

Patrícia Campos Mello noticiou na Folha de São Paulo que a Casa Branca disse ao governo brasileiro que quer investir na cadeia de semicondutores no Brasil. O investimento está condicionado às restrições da Lei de Chips, o pacote legislativo de US$ 52 bilhões que Joe Biden aprovou no Congresso a fim de diminuir a dependência americana de microchips produzidos na China.  As empresas brasileiras beneficiadas não poderiam ter negócios com a China por dez anos, e as que já tiverem negócios em curso não poderiam ampliá-los.

As disputas comercial e tecnológica entre Estados Unidos à China, a pandemia e a invasão da Rússia à Ucrânia nos apresenta um mundo em que consierações geopoliticas suplantam interesses comerciais.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido por Biden em fevereiro e no final de março, visitará Xi Jinping em Pequim, que também acena com subsídios para investimentos na indústria tecnológica brasileira. Patrícia Campos Mello resumiu o quadro: Na visão do governo brasileiro, que não se inclina para nenhum dos dois lados nessa Guerra Fria tecnológica, interessa manter as duas superpotências em competição.

No governo anterior, quando houve a discussão sobre a adoção da tecnologia 5G na telefonia celular, o Brasil permaneceu neutro e não bloqueou a participação da empresa chinesa Huawey, a despeito das pressões do governo americano e da expressa simpatia do próprio Presidente da República à época pelo lado americano.

Meio ambiente e mudança climática

Mudança climática, energias renováveis e produção de alimentos são pautas em que o Brasil tem relevância global. Isso se deve ao fato de que o Brasil tem em seu território a maior floresta tropical do mundo, ao mesmo tempo em que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo.

O governo anterior, de Jair Bolsonaro, retirou o país do engajamento nas cúpulas do clima das Nações Unidas (COPs) e do Fundo Amazônia – mecanismo criado em 2008, pelo qual os governos da Alemanha e Noruega financiavam projetos que buscavam um desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira.

Lula busca se diferenciar de seu antecessor e ofereceu a cidade de Belém para sediar a COP em 2025 e reativou o Fundo Amazônia, conseguindo rapidamente a adesão dos antigos patrocinadores e a promessa de financiamento dos Estados Unidos. Na discussão de meio ambiente, o principal ponto de discórdia entre países pobres e em desenvolvimento, de um lado, versus países ricos, do outro lado da mesa, é quem pagará a conta.

Nos temas de meio ambiente, enquanto europeus e americanos (em governos Democratas) são mais assertivos quanto à necessidade do Brasil preservar a sua Amazônia, a China mantém o discurso de respeitar a soberania brasileira em assuntos internos – no fundo, é o que a China diz que o mundo deveria fazer em relação às suas violações de direitos humanos em Xinjiang e Tibet. Além disso, o objetivo estratégico da China no Brasil é assegurar commodities considerados estratégicos para sua economia.

Floresta Amazônica Brasileira  (Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real)
Floresta Amazônica Brasileira  (Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real)

Os investimentos da China no Brasil e na América do Sul se concentram em portos, rodovias, mineração, petróleo, gás e alimentos. Estive certa vez em reunião em que um diplomata chinês disse que as prioridades chinesas no Brasil eram essas e água. Meio ambiente não foi citado.

O poder de pressão da União Européia para frear o desmatamento no Brasil decorre do fato de que 16% das exportações agrícolas do Brasil vão para a UE. Além disso, os cortes de carne que os europeus compram são mais caros em média que os importados por chineses. No final de 2022 a UE aprovou um regulamento que prevê punições a empresas que vendam produtos que tenham sido produzidos em áreas desmatadas.

A diplomacia do clima europeia é uma aliada da agenda ambiental de Lula e de sua Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, que já disse que tem como metar zerar o desmatamento na Amazônia. Contudo, ambos terão que negociar essa agenda com o setor agrícola brasileiro pois no passado, legislações permitiram que uma certa quantidade de área dentro da floresta fosse desmatada. Não é um assunto fácil de se ressolver para o governo brasileiro no front interno.

Minha análise: moralistas e o interesse nacional

A China é, de longe, o maior parceiro comercial do Brasil. Os laços históricos e culturais com os Estados Unidos são muito mais sólidos, inclusive na sociedade civil. Nesse cenário internacional, resta ao governante de um país menor como o Brasil, três opções: se aliar a um lado; ao outro; ou se equilibrar entre as duas potências.

O governante pragmático deve calulcar as oportunidades e custos de cada uma das três opções. Sempre haverá setores fazendo lobby legítimo por cada uma das posições em disputa. Também haverá setores advogando por escolhas de política externa baseadas em princípios morais. Os que defendem o alinhamento com os Estados Unidos apontarão para os valores da democracia liberal como superiores. Já os que defendem maior aproximação com a China lembrarão as várias intervenções americanas no exterior (como o apoio ao golpe civil militar no Brasil em 1964).

No meio da disputa, a verdade inescapável de que países como o Brasil carecem de trilhões de dólares em investimentos em todas as áreas – da educação à infraestrutura. A dimensão da realpolitik nunca deve ser pedida quando se olha para os movimentos da política internacional.

A invasão russa à Ucrânia e as sanções do Ocidente à empresas e políticos russos levantou o questionamento se o Brasil não deveria aderir a tais sanções. Em entrevista recente, o Embaixador Rubens Barbosa disse que a política externa brasileira deveria manter seu “histórico de equidistância pragmática” e que “sanções deveriam ser aprovadas no Conselho de Segurança da ONU e na Organização Mundial do Comércio”. No total, cerca de 150 países não aderiram as sanções, incluindo importantes países emergentes como África do Sul, Índia, Indonésia, Israel e Turquia.

Um risco para o atual governo brasileiro é que seus líderes e o Partido dos Trabalhadores (PT) do Presidente, caiam em uma visão distorcida e idealizada dos fatos. Essa visão já tornou o país cumplice dos crimes da ditadura da Nicarágua. Não se extrai nenhuma vantagem para o país com essa posição que parece saída da fantasia de slogans anti-imperialistas.

Quanto a Rússia, Lula tenta -mais uma vez- se equilibrar entre as duas grandes potências. Lula não deseja quebrar o bloco dos BRICS, que conta com um banco de desenvolvimento ora presidido por um representante brasileiro. No entanto, a oferta de Lula de mediar a paz entre russos e ucranianos não é séria. O governo brasileiro não apresentou nenhuma proposta concreta até o momento e a diplomacia brasileira não tem massa crítica de experts em Rússia e Ucrânia.

Lula e sua diplomacia deveriam focar em maximizar o interesse nacional. O primeiro passo é o diagnóstico de quais ligas o Brasil pode ser relevante e que oportunidades o mundo tem a oferecer: a disputa tecnológica entre as potências e as discussões sobre meio ambiente e agricultura trazem oportunidades que o país deveria explorar. O pragmatismo dos governantes pode gerar mais investimentos e por isso seria bem vindo para milhões de brasileiros sem emprego e sem comida.

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Marco Bastos

Marco Bastos

Analista político y consultor de campañas electorales con foco en América Latina. Magister en Historia Económica por la Universidad de Buenos Aires. Analista en Southern Pulse.

Riesgos en América Latina

Cuáles son los riesgos y los desafíos en esta nueva era política en Latinoamérica.

Por: Redacción 13 Mar, 2023
Lectura: 2 min.
Bajo La Lupa, riesgos políticos en América Latina
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El nuevo tablero político latinoamericano, caracterizado por la segunda edición de la ola progresista, conocida también como marea rosa, tiene frente a sí un buen número de riesgos y desafíos. Y los afronta desde un contexto y una identidad diferente a la de la primera ola progresista. Sin un proyecto ideológico regional único, con economías lastradas por los problemas estructurales y la pandemia, y con la presencia terrible del crimen organizado, la corrupción y unos índices de pobreza que no dejan de crecer.

La sumatoria de estos riesgos configura un cuadro regional donde la gobernabilidad será crecientemente compleja, convirtiéndose junto con la inflación, la inseguridad y la incertidumbre en los mayores retos que deberán enfrentar un número importante de países latinoamericanos. 

Informe de riesgo político 2023

En estas condiciones no hay demasiado margen para la gobernanza, más necesaria que nunca en un mundo en crisis y en conflicto permanente. 

Cuáles son los riesgos y los desafíos en esta nueva era política en Latinoamérica es el tema que hoy ponemos Bajo la Lupa

[Descarga aquí el Informe de Riesgo Político América Latina 2023]

Hablan sobre los riesgos

Sebastian Grundberger, director del programa Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile.

Bajo la Lupa es un pódcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle DonneRombo Podcasts.

[Lee también: Lupu y Boidi: «Hay que enfocarse en que los ciudadanos entiendan cómo funcionan las elecciones»]

Redacción

Redacción

Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.

Estado de excepción y abusos generalizados en El Salvador

El Salvador llega a los once meses de estado de excepción con más de 62.000 personas detenidas. ¿Cuál es el balance desde la perspectiva del Estado de derecho?

Por: Leonor Arteaga Rubio 13 Mar, 2023
Lectura: 6 min.
Ejército de El Salvador
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El Salvador cumple once meses en estado de excepción decretado por la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Bukele. Su justificación fue la escalada de homicidios presuntamente cometidos por pandillas en marzo de 2022.

Este régimen legal extraordinario ha sido cuestionado por exceder el plazo máximo de 60 días de vigencia que prevén el artículo 30 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional. Esta indica que un alza en la criminalidad, aunque pueda ser una emergencia, no encaja en esos supuestos. En ese tipo de circunstancias, las leyes existentes y las instituciones establecidas deberían ser suficientes para enfrentar el problema.

El estado de excepción también es problemático porque como lo he dicho anteriormente suspende garantías propias del debido proceso que no deberían recortarse en ninguna circunstancia en un régimen democrático. Así lo reafirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva OC-9/87.

Reformas penales regresivas

Como parte de este escenario de deterioro de la institucionalidad, se dio un acelerado proceso de reformas penales a los Códigos Penal y Procesal Penal de El Salvador. También la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Reguladora de las Actividades relativas a las Drogas, y la Ley Penal Juvenil, de corte inquisitivo, que entrañan violaciones a derechos humanos.

En su conjunto, estas reformas facilitan que cualquier persona sea señalada en forma anónima de cometer un delito, permanezca en detención provisional oficiosa sin límite de tiempo, sea condenada con prueba viciada, con testigos de referencia, entre otros, facilitando el uso abusivo del régimen de excepción. Los cambios normativos también reviven provisiones que habían sido superadas en el ordenamiento jurídico de El Salvador, como el juzgamiento penal en rebeldía o en ausencia del acusado, aunque el artículo 12 de la Constitución Política lo prohíbe.

[Lee también: Bukele, reelección y caudillismo]

Muchas de estas reformas contradicen abiertamente la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), tales como las referidas al juzgamiento por jueces sin identidad. Según la Corte IDH, este tipo de configuración de tribunales, al impedir al procesado conocer la identidad del juzgador, no le permite valorar su competencia e idoneidad. Obstaculiza el derecho de una persona procesada a recusar a su juzgador. A ello deben sumarse las enmiendas que criminalizan a periodistas por informar acerca de la situación que enfrenta el país o de las políticas represivas impulsadas desde el Gobierno.

Detenciones arbitrarias

Armados con estas herramientas legales, policías y militares llevaron a cabo detenciones masivas e indiscriminadas de personas: 62.975 según el más reciente dato oficial. En su mayoría son jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, acusados del delito de agrupaciones ilícitas, cuya redacción legal es de tal amplitud que permite y facilita las aprehensiones de personas sin ningún fundamento.

Si a esa cifra les sumamos las más de 37.000 que ya se encontraban privadas de libertad en las cárceles salvadoreñas en 2020, actualmente, el país tiene cerca de 100.000 personas encarceladas. Esto es aproximadamente al 1,6 % de su población total. El Salvador, en pocos meses, se convirtió en el país con la tasa per cápita de personas privadas de libertad más alta del mundo.

El Gobierno reporta que estas capturas representan un duro golpe al crimen, en particular a las pandillas y que, por tanto, no se detendrá. Sin embargo, denuncias registradas por organizaciones de derechos humanos indican que esta estrategia para enfrentar la crisis de seguridad está implicando un alto costo en materia de libertad e integridad.

Estado de derecho en riesgo

La narrativa empleada por el Gobierno de El Salvador incentiva e incluso avala estas violaciones de derechos humanos. Públicamente, se da apoyo incondicional a las fuerzas de seguridad, cualquiera sea su comportamiento, mientras se exige a los policías cuotas de arrestos diarios. Además, el presidente Bukele ha buscado amedrentar a los escasos jueces y juezas independientes que permanecen dentro del sistema de justicia y que podrían investigar estos abusos.

En este tipo de escenarios, el control judicial de las detenciones debería funcionar como una garantía de libertad, para evitar la criminalización de personas inocentes, pero también para detectar y sancionar prácticas como la tortura, asegurando que las personas detenidas sean oídas, procesadas y, si correspondiese, condenadas, luego de un debido proceso. Sin embargo, ello no ha ocurrido. Las reformas legales han contribuido en gran medida a reducir o eliminar los principios básicos que deben observarse en un Estado de derecho.

Según las organizaciones que representan legalmente a personas acusadas, los derechos a la defensa y a ser oído por jueces competentes, independientes e imparciales son desconocidos incluso en sus niveles mínimos. Ante esta crisis, el Poder Judicial no ha desempeñado el papel que se esperaría de quien está llamado a controlar que la privación de la libertad por el Estado no sea ilegal ni arbitraria.

Familiares de detenidos y organizaciones bajo ataque

Estos atropellos llevaron a que comunidades de personas detenidas reclamen y se organicen, dando paso al surgimiento de un colectivo de familiares. El gobierno ha desoído estas demandas. Continúa en la lógica de criminalizarlas, lo mismo que a las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.

Según el discurso oficial, todo tipo de defensa o resistencia contra la violación de derechos se considera un atentado contra el Gobierno. Mientras que los actos realizados por el mismo Estado, cualesquiera que sean, se justifican en nombre de un interés social más grande: la seguridad ciudadana.

Aunque la magnitud de las detenciones ha generado un problema social, gran parte de la población de El Salvador, cansada de las distintas formas de violencia de las pandillas, apoya una justicia penal autoritaria. Esto sin advertir que, al sacrificar el Estado de derecho, se pueden tener mejoras repentinas pero que en el largo plazo es una receta para más violencia. Así lo demuestran múltiples ejemplos de la región, como la fallida experiencia de combate al narcotráfico en el noroeste de México usando a las fuerzas armadas. En Honduras, otro ejemplo, el crimen organizado infiltrado en una policía con enfoque militarizado veía crecer de forma alarmante la cifra de homicidios.

Una autocracia no se tolera ni aunque la mayoría la respalde, pues esa es la puerta para la comisión de abusos de derechos humanos generalizados.

Publicación original: Agenda Estado de Derecho el 1 de marzo de 2023.

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Leonor Arteaga Rubio

Leonor Arteaga Rubio

Abogada de la Fundación para el Debido Proceso. Desde 2018 es comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (Conabúsqueda).

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