Desde la invasión a Ucrania, hace ya más de un año, la Rusia de Vladimir Putin está en la atención mundial como nunca antes. De todos modos, resulta difícil saber en detalle lo que sucede con la política interna, también porque el control estatal pone límites a una mayor información fuera de sus fronteras.

Hay un hecho que, si bien tuvo reacciones de la prensa mundial y la comunidad política internacional en agosto de 2020, ahora muestra sus entretelones desde otra perspectiva. Se trata del envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalny e inspira un atrapante documental de 98 minutos, de la mano del director canadiense Daniel Roher.

Convincente trama de espías

En Navalny hay escenas que bien podrían parecer piezas de ficción al mejor estilo de espías. Y tal vez esa sea una de las razones para que el film esté teniendo tanta aceptación del público, además del lógico interés por la coyuntura y la polémica alrededor del presidente ruso.

Hace tres años, en Siberia, el también activista anticorrupción Alexéi Navalny fue envenenado con Novichok, un agente nervioso fabricado y aprobado por Rusia que lo dejó en un estado grave y casi lo lleva a la muerte. La reacción de la familia, su equipo y figuras políticas comenzaron a elevar el interés de la trama, pero recién cuando llegó el periodista búlgaro Christo Grosev la historia validó su relato.

El valor del periodismo de investigación

Grovev, investigador de Bellingcat, un sitio especializado en el uso de OSINT o inteligencia de fuentes abiertas, consiguió lo improbable: demostrar la relación entre el Servicio Federal de Seguridad de Rusia y el intento de homicidio. Valiéndose de su amplia experiencia, técnicas periodísticas e incluso una compra de información en el mercado negro, Grovev estableció bases de datos con listas de embarque, registros telefónicos y demás, hasta dar con los autores del hecho.

La duda inicial con la que se movió el periodista, sin dar nada por sentado, y, posteriormente, la alianza con medios como CNN y Der Spiegel fueron claves para lograr el impacto deseado, que además contó con la participación del medio ruso Insider y una mujer del equipo de prensa del opositor. Aunque también fue necesario un involucramiento profundo con el propio Navalny para llegar al fondo de la investigación.

Carismático opositor

Alexéi Navalny no es un opositor cualquiera. Su gran popularidad se debe a su activa presencia en las redes sociales y a que es de los pocos que se atrevió a enfrentar tan abiertamente al Kremlin. Incluso este documental, que pareciera nuevo para muchos, de alguna manera ya fue contado en el canal de Youtube de Navalny y en sus redes desde 2020.

No es tan difícil retratar a un personaje que fluye muy bien ante las cámaras. Pero ese aspecto es precisamente una de las mayores debilidades del director Daniel Roher a lo largo del documental. Muestra a un hombre, padre, esposo, activista y político casi perfecto, víctima de las circunstancias y solo, con algunas escenas forzadas —y poco efectivas— que buscaban hurgar en sus nexos con la ultraderecha rusa o cercanía con grupos neonazis.

Uno de los momentos más destacados es cuando Navalny, asesorado por el periodista Christo Grozev, se camufla llamando a uno de los científicos ligados al Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que estuvo involucrado en su atentado, y este revela detalles de la operación que deja asombrados a todos.

Las sombras ausentes

El documental cumple bien con el objetivo de cuestionar al régimen de Putin, a los medios rusos y a la máquina de desinformación que se maneja en ese país.

Al final se evidencia claramente que prevalece la enorme figura de un Navalny carismático, vulnerable y casi épico, que el público compra fácilmente pero que carece de lo necesario para darle balance y mayor credibilidad al film: las sombras.

Nalvalny está nominada a los Oscar en la categoría Mejor Documental y llega como una de las favoritas. Está disponible en HBO Max.

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Marzo es un mes que recuerda la lucha y el reclamo de las mujeres para reivindicar sus derechos y libertades. Por eso, en este espacio de interacción rendimos homenaje a quienes hoy abren el camino a las nuevas generaciones. Promovemos la participación ciudadana para garantizar una verdadera equidad de género, que sume a la consolidación de las democracia en la República de Honduras y todos los países de Latinoamérica.

Sin mujeres no hay democracia

Dos condiciones encarnan la esencia de la humanidad: nuestras ideas son imperfectas y están marcadas por una necesidad de constante mejora, de perfección. Esa es precisamente una posición fundamental de la democracia: se sabe que es imposible que sea perfecta. Pero solo será exitosa si se aspira a su constante perfeccionamiento en sociedades que se transforman continuamente y hacen de la política un instrumento para el bienestar de todos.

Por otra parte, es necesario tener presente que los sistemas republicanos fueron concebidos desde la masculinidad y con los acuerdos de las élites privilegiadas. Esta condición generó en el Kratos una visión elitista que muchas veces se manifiesta en procesos de discriminación y exclusión en contra del Demos. Uno de ellos es la desigualdad de género.

Las deficiencias del sistema han limitado la participación política de las mujeres y su incidencia en los espacios de decisión. Para cambiar esta situación definitivamente y hacer prevalecer las libertades es necesario enfrentar grandes resistencias culturales, ideológicas y religiosas presentes en el núcleo de nuestras sociedades. A partir de esto, se hace indiscutible la necesidad de consensos inclusivos para armonizar nuestros pueblos.

La brecha de género

En 2023, cuando muchos Estados latinoamericanos han superado los 200 años de independencia y reformado en varias ocasiones sus marcos constitucionales, aún se evidencia la persistente brecha de género que limita la incidencia de las mujeres desde los puestos de decisión política, al grado de que sólo 14 han podido ocupar el máximo cargo de presidentas de Estado a lo largo de la historia.

Honduras dio un paso en las urnas

En el caso particular de República de Honduras, que en la actualidad es el único país del continente americano con una presidenta electa a través del voto popular, hicieron falta 200 años para que una mujer lograse el principal cargo público, rompiendo el paradigma de que el Poder Ejecutivo es exclusivo para los hombres.

Sin embargo, en el Congreso Nacional solamente el 27 % de las curules son ocupadas por mujeres, y en lo que respecta al nivel municipal, apenas 17 de las 298 alcaldías son dirigidas por el género femenino, un 5,70 %. Es decir, la presencia de mujeres en los poderes y órganos del Estado continúa siendo escasa. Esta condición puede extrapolarse al resto de países latinoamericanos y evidencia el largo camino por recorrer para fortalecer la participación plural.

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En República de Honduras, como en la mayor parte de Latinoamérica, las mujeres aún enfrentan barreras multidimensionales que limitan su ascenso en la carrera política. Entre estas limitaciones están su menor disponibilidad de tiempo y recursos económicos, en comparación con los hombres. Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 2022 revela que las mujeres tienen menor acceso al crédito en el sistema financiero del país, sin importar que la mayor proporción de mora y retrasos en los pagos provienen del género masculino.

Reglas no escritas para excluir

Como indica el estudio «La representación política de las mujeres en América Latina: dos décadas de avances y retos persistentes», las mujeres se exponen al acoso, la violencia física y verbal cuando deciden participar en política. A esto hay que agregar el ciberacoso y la revisión exacerbada de la vida privada a la que se las somete. En el eje de todo esto están las estructuras patriarcales y las dirigencias tradicionales de los partidos políticos, en las que impera una serie de reglas no escritas que rechazan la igualdad de género y relegan a la mujer a roles de segunda categoría o de asistencia a sus pares hombres.

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Para cambiar esto es necesario corregir algunos aspectos normativos. Un ejemplo es la Ley Electoral de República de Honduras, que en su artículo 213 establece: «En caso de renuncia o muerte de un candidato inscrito, la autoridad partidaria deberá realizar el reemplazo correspondiente». Es decir, no existe un procedimiento de reemplazo claramente definido y la renuncia «voluntaria» se presenta como una opción para introducir a otro aspirante. Esto ha permitido que se haya intentado forzar a declinar a las candidatas que salieron favorecidas en elecciones primarias para dar entrada a hombres en las elecciones generales.

Una nueva visión en la sociedad

Durante las últimas tres décadas, Latinoamérica muestra algunos avances en la adopción de leyes de cuota y paridad de género para contrarrestar las desventajas y discriminación histórica en los sistemas políticos. Es fundamental que la teoría se traslade a la práctica y se fomente una nueva cultura democrática, que rompa con los estigmas patriarcales de la sociedad. Para dar este paso, los Estados deben garantizar la participación plural en política y la igualdad en cargos y posiciones de representación. Por su parte, los partidos políticos deben renovar sus estructuras y propiciar las condiciones para la equidad.

La democracia en la República de Honduras enfrenta los grandes desafíos que inducen los regímenes autoritarios, los gobiernos populistas y la desconfianza ciudadana. Para recuperar la credibilidad del sistema y frenar las pretensiones individuales, se requiere la participación con responsabilidad y determinación del Demos en el sistema político.

Entre sus virtudes, la política reconoce la oportunidad de un nuevo comienzo. Este es el tiempo de generar espacios de participación para las mujeres y decisión en igualdad de condiciones. Es el tiempo de una Latinoamérica más inclusiva y con equidad de género.

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El presidente Gabriel Boric es el mandatario más joven que ha tenido Chile. Tiene 36 años de edad y su historia política se remonta al liderazgo que ejerció en el movimiento estudiantil durante el 2011. Entonces fue protagonista junto a Camila Vallejos, actual ministra vocera de Gobierno, Giorgio Jackson, actual ministro de Desarrollo Social, y Karol Cariola, actual diputada del Partido Comunista. Antes de llegar a la primera magistratura, Boric fue electo diputado por la Región de Magallanes, la más austral que tiene Chile.

Gabriel Boric, el salto a la presidencia

Su ascenso a la presidencia fue poco esperado y surgió tras ganar elecciones primarias de la izquierda chilena, en las que compitió con el candidato comunista Daniel Jadue, sobreponiéndose con un 64 % de los votos. Los resultados de ese triunfo no responden precisamente a un gran liderazgo de Boric en los sectores de izquierda, sino que más bien a un temor de la ciudadanía de que un candidato comunista se aproximara a la papeleta presidencial.

Ya en campaña, compitió contra otros cinco candidatos con un discurso apegado a la izquierda. Sin embargo, en el balotaje, moderó su mensaje y se acercó a líderes de la ex-Concertación, a pesar de haber sido profundamente crítico con esa parte de la historia política del país. Estas señales, para algunos confusas, le han costado la popularización de un apodo: el Volteretas. Gabriel Boric logró triunfar a fines de diciembre de 2021 con el 55,84 % de los votos y asumió la presidencia el 11 de marzo de 2022.

Instalación, fracasos y baja popularidad

El primer año de Boric ha sido, por decirlo sutilmente, complejo. En términos de popularidad, tiene un 60 % de desaprobación en los principales sondeos del país y de manera sostenida en los últimos seis meses. La percepción ciudadana es que la instalación del Gobierno fue lenta, llena de improvisaciones y que se ha evidenciado la falta de experiencia política del propio presidente como de sus ministros y principales asesores.

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A su vez, el mandatario ha tenido que cambiar su discurso en reiteradas oportunidades, actitud que es notada permanentemente por la ciudadanía y los medios de comunicación. Por ejemplo, como diputado, Boric votó siempre en contra de proyectos de ley pro orden y seguridad, y al día de hoy es el líder del Gobierno que más veces ha invocado el Estado de emergencia para la zona sur del país. A esto se le añade haber movilizado a los militares a la frontera norte de Chile por la situación de migración irregular.

De igual forma, varios de sus ministros incurrieron en desprolijas acciones u opiniones que le pasaron la cuenta al presidente. Como cuando recién instalado el Gobierno, la ministra del Interior Izkia Siches viajó a la Región de La Araucanía y quiso ingresar a la comunidad mapuche Temocuicui donde fue recibida a balazos, hecho jamás ocurrido en nuestro Estado de derecho. O como cuando su ministro de la Secretaría General de la Presidencia y amigo personal, Giorgio Jackson, señaló que su generación de líderes políticos tenía superioridad moral frente a sus antecesores de la Concertación. Estas acciones empañaron al presidente, demostraron soberbia de sus equipos cercanos y una profunda desconexión con la realidad chilena.

Principales hitos políticos

Este primer año tuvo dos hitos políticos: 1) el rechazo de la propuesta de nueva Constitución y 2) los indultos presidenciales.

Respecto del primero de ellos, la derrota del Gobierno fue abrumadora. El 62 % de los chilenos (con voto obligatorio) dijo no al texto constitucional propuesto, que era apoyado por el Gobierno. Es más, se había hecho explícíta la idea de que sin una nueva Constitución no se podría cumplir el programa del Gobierno.

Pero, ¿por qué se rechazó? Desde la vereda de quienes lo aprobaban, señalan que se incurrió en una campaña del terror desde sectores moderados y de derecha, con escasa autocrítica de la realidad. Lo cierto es que la propuesta fue objetada por dos razones. La primera es que la Convención Constitucional se tornó desde su inicio en una suerte de circo, empapada de escándalos, peleas e ideas alejadas de lo que ha sido la tradición republicana chilena. La segunda, porque era un texto jurídico de mala calidad, con características experimentales y refundacionales, como pasar de un Estado unitario a un Estado plurinacional, suprimir el Poder Judicial, reemplazar el Senado por una cámara regional…

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Respecto del segundo hito, justo antes de que terminara el año, y mientras los chilenos estaban preparándose para las fiestas y vacaciones, Gabriel Boric anunció el indulto presidencial a 12 condenados por delitos cometidos en las protestas de octubre 2019 y a un exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez condenado por homicidio y robo. Esta acción del presidente trajo consecuencias importantes, como la salida de su ministra de Justicia y de su jefe de gabinete, ya que los antecedentes que le entregaron al mandatario estaban equivocados, cosa que reconoció la vocera del Gobierno. La opinión pública nuevamente criticó la falta de experiencia y la improvisación.

Noticias positivas y flancos complejos

Si bien el presidente tuvo que trazar una nueva hoja de ruta tras la derrota constitucional, la baja popularidad y los errores de su círculo cercano, lo cierto es que Chile ha logrado sobrellevar una crisis política y social iniciada en octubre de 2019 con el denominado estallido social y que se agravó en lo económico con la pandemia de covid-19.

Hoy en día, Chile ha logrado crecer un 0,4 %, bajar la inflación a menos del 10 % y descartar una recesión económica. Por otra parte, se ha activado la inversión extranjera, alcanzando los mayores niveles desde 2015.

Sin embargo, el Gobierno debe hacer frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país, el principal problema que aqueja a los chilenos. El aumento relevante de los homicidios, el narcotráfico y los delitos como secuestro no eran comunes. En Chile, estos delitos y el crimen organizado aumentaron un 27,8 % en comparación con el 2021.

La caída de la reforma tributaria

El Gobierno ha apostado por dos reformas estructurales: tributaria y de las pensiones. Con la reforma tributaria ha utilizado el mismo discurso que ocupó con la nueva Constitución. Es decir, que de no ser aprobada no se podrá cumplir el programa de Gobierno y de trasformaciones sociales comprometidas.

La historia se repite como un deja vu. Este miércoles 8 de marzo, la idea de legislar la reforma se rechazó. La Cámara de Diputados la lapidó, por un estrecho margen: 71 votos a favor, 73 en contra y 3 abstenciones.

Pero la amargura del Gobierno es además porque tres parlamentarios del oficialismo salieron de la sala a la hora de la votación, desatando una ola de cuestionamientos. Las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, fueron duras: «Hemos tenido una votación ideológica. Con esto, vamos a tener una celebración de quienes evaden impuestos, de los grandes capitales y los lobistas». Los sectores que votaron en contra (principalmente la derecha) argumentaron que era un mal proyecto. Que generaría una retracción en la inversión y el crecimiento y que el Gobierno no había establecido un mecanismo de diálogo para generar acuerdos.

Con este panorama, el presidente Boric les habló a los chilenos al terminar el día y desde el norte del país. Se lo notaba molesto, derrotado nuevamente. Con un aspecto cansado dijo: «Se negaron a discutir la posibilidad de dar un debate, en el templo de la democracia, que es el lugar para establecer el bien común… Hay un sector que intenta que las cosas no cambien… Parece que el objetivo de algunos es golpear al Gobierno, pero lo que no entienden es que golpean a millones de chilenos que quieren un país más justo. La reforma tributaria apuntaba a una mejor distribución de la riqueza. Agradezco a los parlamentarios que no le dieron la espalda a su pueblo».

Urgencias

La inseguridad y la crisis migratoria en el norte del país son urgencias que debe abordar el Gobierno en su segundo año. También deberá enfrentar un nuevo proceso constitucional. Habrá que esperar que el presidente vaya consolidando su discurso, que hasta ahora ha sido bastante cambiante y a veces confuso. A pesar de ello, sigue identificándose profundamente con la izquierda, como lo dejó de manifiesto en su visita a México en noviembre de 2022, cuando hizo un llamado a los Gobiernos latinoamericanos de izquierda a pasar a una estrategia de «ofensiva» política.

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Una vez superada la pandemia, uno de los retos que afrontan los Estados es el de mejorar la situación precaria en que quedaron las mujeres. Ellas son más del 50 % de la población mundial, y en Latinoamérica especialmente, los desafíos de camino hacia la igualdad, son muchos.

Quizás una de las lecciones más importantes para el diseño de políticas públicas es la necesidad de pensar desde una visión incluyente, que tome en cuenta las necesidades de las mujeres. Es decir, pensar en clave femenina también.

Las más afectadas

En la región latinoamericana, en los últimos años ha crecido aceleradamente el porcentaje de mujeres cabezas de hogar. Las familias monoparentales están conformadas en su mayoría por mujeres y sus hijos. Ellas, además, por lo general no siempre tienen el apoyo de sus exparejas, con lo cual el peso de una supervivencia digna para sus hogares recae básicamente sobre sus hombros.

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En las poblaciones rurales, el covid-19 afectó mucho más a las mujeres, porque allí la pobreza constituye un factor adicional que hace más difícil su situación económica. Los contextos de desigualdad, crisis laboral, inseguridad y abuso en donde se desenvuelven, se profundizaron en este tiempo.

Mujeres y pérdida de empleo

En esa línea, la pérdida de empleo fue el problema más importante producido por la pandemia. Dejó un impacto fuerte en la economía doméstica y ha provocado que, en tiempos de pospandemia, se levanten alarmas sobre la necesidad de generar sistemas en varios niveles para ayudar a las mujeres a recuperar su equilibrio económico.

Según Naciones Unidas, un 59 % de las mujeres en la Latinoamérica y el Caribe tienen un empleo informal. Con el covid-19, el cierre temporal de las escuelas y el distanciamiento social, aumentó la carga de trabajo doméstico. Esto les provocó una dificultad enorme para mantener un trabajo remunerado y sostener un trabajo informal que les permitiera afrontar apropiadamente las necesidades del hogar.

En el Ecuador, por ejemplo, la situación no fue diferente. Las cifras que se levantaron en estudios serios como el de la Corporación de Estudios para el Desarrollo sobre empleo femenino, imponen enormes retos para los gestores de políticas públicas, para que en el corto plazo puedan plantar medidas de inclusión laboral y económica.

Se agravó la violencia

Por otro lado el encierro también incrementó el índice de violencia doméstica hacia ellas. El estar encerradas con sus agresores provocó el aumento de casos de agresiones, al igual que los feminicidios. Ciertamente, la pandemia desnudó el agravamiento de la violencia en la sociedad y la ausencia de sistemas de protección que brinden, desde el Estado, asistencia a las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia.

Las cifras a continuación ejemplifican el impacto de la pandemia sobre el empleo femenino en el Ecuador.

Ecuador: desempleo y pobreza en mujeres

Tomando en cuenta que ya antes del 2020 en el Ecuador las mujeres vivían una realidad de brechas sociales y económicas con los hombres, es claro que la pandemia agravó la situación. Las micro y pequeñas empresas fueron las más golpeadas en 2020, y este es el sector principal en el que se desenvuelven las mujeres ecuatorianas. Igualmente, las mujeres perdieron más empleos en las áreas de servicios de restaurantes y enseñanza de primaria y secundaria.

Durante la pandemia, se perdió un 61% del empleo femenino. Las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay, cuyas ciudades capitales son las más grandes del país (Quito, Guayaquil y Cuenca), sufrieron la mayor parte de esa pérdida.

En Ecuador, las mujeres son mitad de la población y quienes tienen la menor tasa de empleo adecuado. No hay duda de que la pandemia significó la precarización de las mujeres en general y esto provocó una profundización de la situación de aquellas en estado de vulnerabilidad. Una triste consecuencia de esto fue el aumento de la pobreza en términos generales en el país, y, particularmente, en los casos individuales, ya que menos mujeres aportaron económicamente a sus hogares. Aquellas que afrontaban solas las responsabilidades del hogar vieron empeorada su situación, de por sí frágil.

Políticas inclusivas

De todo esto, quizás la lección aprendida más importante es la necesidad de que la economía de los países se construya con más políticas inclusivas, que promuevan el trabajo femenino y el emprendimiento laboral especialmente para ellas. Además, es necesario que se impulse de forma seria la construcción de sociedades más justas, con estructuras menos estereotipadas, que puedan promover más a las mujeres por fuera de sus roles y mejorar su calidad de vida, impulsándolas a alcanzar objetivos profesionales y empresariales.

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Bajar la informalidad y mejorar los números del empleo adecuado son desafíos difíciles de lograr, tanto para hombres como para mujeres, especialmente en contextos como los de la región. No obstante, queda claro que, si queremos mejorar la economía de los países, debemos poner a las mujeres en la primera fila de las oportunidades, porque a mayor equidad para ellas, mayor progreso para todos.

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Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hoy, como cada día, se lucha por la igualdad de derechos de la mujer.

En las últimas décadas se ha avanzado mucho en la participación de la mujer. Esto ayuda a mejorar la calidad de las democracias, porque una democracia eficaz necesita diversidad. Esta diversidad se caracteriza por una participación de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones políticas. Se necesitan mujeres y hombres que lideren juntos.

Mujeres en política latinoamericana

Mirada desde fuera, la realidad de la participación de las mujeres en la política latinoamericana no parece tan sombría. En los últimos años, muchas mujeres han ocupado la presidencia de sus países. Actualmente son solamente dos —Dina Boluarte en Perú y Xiomara Castro en Honduras—. Un gran número de países también han introducido diversas reformas para mejorar la equidad de género en los Parlamentos desde la década de 1990.

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Según datos de la Unión Parlamentaria Internacional de febrero de 2023, un 34,9% de los miembros de los parlamentos nacionales de América son mujeres, más que en Europa (31,1%) y que en cualquier otra región del mundo. En la actualidad, algunos parlamentos nacionales se acercan o incluso superan el 50%. No se trata sólo de parlamentos autoritarios de fachada como en Cuba o Nicaragua, sino también de parlamentos elegidos en sistemas competitivos como en México (50%) o Costa Rica (47,4%), donde hay un muy notable acuerdo entre partidos de distinta tendencia de construir una democracia paritaria.

Más igualdad y más participación

Sin embargo, la cuestión de cómo lograr una participación igualitaria de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas sigue rondando la agenda de la región, aunque ciertamente no en los principales titulares. Los partidos políticos tienen una responsabilidad esencial que desempeñar en este sentido. Son instrumentos cruciales que promueven cambios en la sociedad. Los partidos son el espacio por excelencia donde se debe garantizar la igualdad, pero falta mucho por hacer.

El debate sobre las cuotas femeninas está presente en el seno de partidos de todas las tendencias políticas, pero se genera de formas diferentes y con resultados diversos. Mientras que, por un lado, cada vez más leyes aspiran a la paridad, en muchos partidos existen fuerzas inerciales que actúan en detrimento de las mujeres. A menudo, los partidos se limitan a admitir mujeres solo para alcanzar la cuota prescrita por la ley. Esto se ve acentuado por el hecho de que las mujeres políticas demasiadas veces siguen teniendo poco poder político real dentro de los partidos.

Los partidos de centro y centroderecha de la región se enfrentan repetidamente al reto de abordar positivamente la cuestión de la igualdad política y ofrecer así un contrapeso a las fuerzas situadas a la izquierda del espectro, que a veces adoptan un discurso fuertemente feminista que se apropia de la bandera de la igualdad de género, aunque también con resultados y efectos diversos. La izquierda trata de construir una hegemonía cultural respecto a estos temas que las fuerzas moderadas deben romper encontrando sus propias respuestas, desde la libertad, el pluralismo y la democracia.

Partidos y modernidad

Por tanto, la aplicación de políticas en favor de una representación más igualitaria entre hombres y mujeres no es, en última instancia, más que la punta del iceberg. Una punta que no oculta que bajo el agua hay otra gran masa de hielo difícil de trabajar. Hará falta tiempo para que se derritan los estereotipos, las imágenes misóginas y, sobre todo, la desconfianza hacia las mujeres que ocupan cargos políticos, pero el cambio no tiene freno.

Solo los partidos que incorporen más y mejores espacios de integración plural con una promoción más decidida de la igualdad en sus espacios de conducción y representación podrán estar aptos para los desafíos de la democracia del siglo XXI. Así, con más mujeres habrá mejor democracia.

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Hoy más que nunca se habla de política y campañas electorales en todas partes. En casa, en el transporte público, en las canchas de fútbol, en los certámenes de belleza y en cuanto evento o actividad relevante sucede en el mundo. Pero con tanto ruido y tanta información quizá se nos está pasando por alto analizar por qué y cómo llegaron al poder los políticos que alimentan ese ecosistema informativo a través de sus declaraciones, comentarios en redes sociales, decretos y actividad diaria.

En el Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer hemos querido hacer un alto y mirar con detenimiento qué ha sucedido en las últimas campañas electorales de la región. ¿Cómo ascendieron a la primera magistratura personas que hace un par de años siquiera eran considerados como posibles candidatos? ¿Qué técnicas utilizaron para ganar la confianza de los electores? ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la comunicación, el marketing político, la movilización y las alianzas? ¿Qué de nuevo trajeron los llamados outsiders?

Esto nos llama la atención y por eso decidimos hacer el libro que ahora tiene entre sus manos. Reunimos a quince conocedores de la materia que trabajan e investigan constantemente sobre estos temas en toda Latinoamérica. Queremos comprender qué sucede en el universo de las campañas y para eso aportamos esta obra que nos ayuda a mirar la vibrante actualidad política.

¿Cómo son en la actualidad las campañas electorales latinoamericanas? ¿Han evolucionado? ¿Se están adaptando a una realidad cambiante e imprevisible? El panorama político de la región es inestable y presenta desafíos inéditos. Nuevos protagonistas colman la escena y figuras emergentes se alzan triunfales en varios de los países más importantes de la zona. La Fundación Konrad Adenauer ha convocado a un grupo de autores de todo el continente para reflexionar sobre las cam-pañas, sus características, desarrollo y resultados. Esta obra ofrece un contingente informativo que quiere ayudar a estudiar y comprender las campañas electorales más recientes, así como las diversas aristas que de ellas se desprenden en esta América Latina en constante movimiento.

Detalles

Año: 2018

Páginas: 214

ISBN: 978-9974- 8706-0-4

México es un país que permaneció con el mismo grupo en el poder por más de 70 años. No fue sino hasta el año 2000, con la elección del panista Vicente Fox, cuando verdaderamente se dio una transición a la democracia y pasó a un equilibrio de poderes, aunque con tareas pendientes.

A partir de ese momento se establecieron una serie de controles y contrapesos durante los gobiernos emanados de Acción Nacional que permanecen en el tiempo. A paso lento, pero los cambios ya se vivían.

Hoy la democracia se ve desafiada por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder con todas las credenciales y de forma pacífica, gracias a un árbitro electoral fuerte y autónomo, el Instituto Nacional Electoral.

Lo que AMLO aprendió

Desde los primeros días de mandato y al estilo del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, López Obrador lanzó un «informe de estado» televisado denominado «las mañaneras», espacio que utiliza para marcar la agenda pública de comunicación. A menudo incurre en descalificaciones a periodistas y a polarizar con la oposición. El mandatario se reserva el derecho a decidir quién pertenece al pueblo, quién tiene autoridad moral para opinar, para cuestionar y quién es parte de un grupo que tramposamente llama «conservador».

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Llamativo y no sin precedentes en la región es además la designación amañada e inconstitucional de un nuevo consejo electoral y el intento de introducir un modelo socioeconómico de carácter estatista que somete a las fuerzas productivas a sus lineamientos sectarios.

Un contrapeso disminuido

López Obrador, también trató de tener el control de la Suprema Corte. Primero anunció una reforma que le daría más del 50% de los votos de la nueva conformación y finalmente logró el nombramiento de cuatro de once ministros, cuando legalmente sólo debió nombrar a tres. El cuarto ministro fue resultado de una «casual» investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (dependiente del Ejecutivo y encargada de detectar delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita) que articuló una investigación en contra del ministro, Eduardo Medina Mora, y que finalizó con la renuncia de este sin un aparente motivo.

Un Congreso a la medida

El presidente de igual modo ha tratado de disminuir la fortaleza del Legislativo como contrapeso a su poder. En los primeros tres años de gobierno (2018-2021) el número de congresistas a su favor era el suficiente para que pudiera realizar casi cualquier reforma. En este segundo periodo (desde el 2021) el desencanto de muchos arrepentidos le quitó la mayoría calificada de la Cámara de Diputados Federal, por lo que ahora su táctica es minimizar al legislativo y amenazar con «no cambiar ni una sola coma» a sus iniciativas presentadas con la alevosía de una mayoría simple.

Seguridad jurídica en riesgo

En cuanto a justicia, otro de los elementos que preocupan no es solo la inseguridad que se vive en el país, sino las decisiones que se toman para combatirla. El modelo mexicano ha inclinado la balanza hacia la militarización casi absoluta de la seguridad pública, ya que desde 2020 un 75,8 % de la Guardia Nacional era personal proveniente de las fuerzas armadas. México hoy cuenta con un modelo similar a países como Arabia Saudita, Corea del Norte, Angola, Nicaragua, Irán, Vietnam o Siria.

La seguridad jurídica también se ha visto doblegada por una serie de acciones dirigidas desde el Ejecutivo, sobre todo en el marco normativo mexicano. El ejemplo más emblemático se dio en noviembre de 2021, cuando se publicó un decreto por el que se consideró omitir cualquier procedimiento legal para cumplir la terminación de las obras consideradas como prioritarias en los tiempos establecidos. Esta acción inconstitucional no solo invadió la división de poderes; también ha sido el acto más confrontativo en contra de la seguridad jurídica.

Oposición y presidenciales

Otro adversario frecuente de este gobierno es el árbitro electoral, respecto del cual ha iniciado una campaña para su disolución y/o control en la víspera de las siguientes elecciones federales para la presidencia de la República que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024. Esto se facilita por la transición propia de cuatro consejeros electorales el próximo abril; proceso en el que ye empezó a irrumpir y que se teme sean a modo del presidente.

Los pasos hacia un sistema autoritario, en el atardecer del este sexenio, son evidentes. Hoy el reto de la oposición es seguir conteniendo las acciones autoritarias del ejecutivo de cara a las elecciones de 2024, con la consigna de evitar que los resultados de esa contienda conlleven más regresión, y retomar los cambios positivos de una democracia sana.

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«Hoy defendemos derechos que dábamos por sentados», una frase de Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch. Dentro del retroceso generalizado de los derechos humanos en Latinoamérica, las palabras de Taraciuk ponen el acento en las limitaciones a la prensa por los diferentes gobiernos. No solo la libertad de prensa está en peligro, sino la propia vida de los periodistas que quieren ejercerla. Ser periodista es una profesión de riesgo en Latinoamérica.

«Semestre desolador»

La democracia no es plena sin la prensa libre, pero las presiones del poder político, restricciones al acceso a la información, censura, impunidad y violencia muestran contextos cada vez más difíciles para el periodismo en Latinoamérica y el mundo. Según la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), en los últimos meses fueron asesinados 15 periodistas en Latinoamérica, la mayoría de ellos en México. En palabras de la SIP, «ha sido un semestre desolador para el periodismo».

Según la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, Brasil se encuentra en el puesto 110º, Cuba en el 173º, Venezuela ocupa el puesto 159º, Nicaragua el 160º, México el 127º y El Salvador aparece en el 112º. Solamente un país, Costa Rica, entre los diez primeros. La situación en este sentido en Latinoamérica es muy insatisfactoria.

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Diálogo Político, en su compromiso con la libertad de prensa, ha abordado en diferentes ocasiones este tema de crucial interés para la salud de nuestras democracias. En el pasado mes de mayo, la periodista Fabiola Chambi, corresponsal de Voice of America y editora en Connectas, tuvo la oportunidad de entrevistar a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP. Ante la pregunta de cuál es la situación de la libertad de prensa en las Américas, Trotti respondió:

«Estamos muy preocupados. Hay altos índices de impunidad, sobre todo en países como México donde varios de los periodistas que fueron asesinados formaban parte del sistema de protección. Pero también hay una prédica constante de parte de varios líderes políticos para desacreditar al periodismo y mostrarlo como un agente político.»

¿Libre? ejercicio del periodismo

En la misma entrevista, Ricardo Trotti destacaba la labor de denuncia como uno de los elementos claves para garantizar el libre ejercicio del periodismo. La pregunta es: ¿cómo ejercer efectivamente la profesión si tu vida puede estar en peligro? «Una situación de alto riesgo, en donde no solo el periodista sino su familia son amedrentados; es muy difícil de sobrellevar», explica Chambi.

Trotti también subraya la importancia de la independencia económica para el libre ejercicio del periodismo. Sin embargo, ¿cómo garantizar la independencia económica de un medio en el mundo de todo es gratis en internet?

Fabiola Chambi analiza esta problemática:

«La gente espera que todo sea gratis porque su consumo diario le muestra que así funciona casi todo. Entonces, ¿cómo salimos de este hoyo? Estamos en una batalla constante por la supervivencia y eso significa, a veces, tomar decisiones difíciles. Y aunque no sea una fórmula mágica, creo que lo que tiene que hacer el periodismo, hoy más que nunca, es acercarse a la gente, porque esa va a ser la única forma de validar el oficio, en medio de todas estas adversidades que vemos cada día. Muchos lo están haciendo, a partir de medios independientes y, sobre todo, medios nativos digitales.»

¿Nuevos medios?

Medios independientes, nativos digitales, cuidado de la calidad de la información, aparición del fact-checking, alta presencia en las redes sociales, uso de nuevos formatos como el pódcast o las plataformas de streaming. Es enorme la lista de acciones, herramientas y estructuras disponibles en la actualidad.

Lo importante, sin embargo, es que los medios construyan una comunidad de lectores, de oyentes o televidentes en torno a una idea de periodismo más moderna y consciente de que hay espacios en los que no puede competir. Para ese modelo de medios, que se sostiene más a través de suscriptores o mecenas que por la publicidad, hay futuro.

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Resulta evidente que estamos ante una industria en crisis. O, como sostiene Fabiola Chambi, «en permanente crisis», y añade que el costo de ser independiente «es muy alto, en muchos sentidos». Pero poniendo el foco en los medios tradicionales, Chambi explica que:

«La efervescencia de las revueltas sociales en varios países de Latinoamérica también ha pasado factura a los grandes medios de comunicación, pero sobre todo la irrupción de la tecnología en absolutamente todos los espacios de nuestra vida. Es difícil hacer periodismo cuando tienes a millones de usuarios creando contenido de mayor o menor calidad, pero que pueden ser iguales de válidos en un determinado tiempo, espacio o para ciertas audiencias. Esto nos hace replantearnos lo que hacemos, sobre todo cuando ya todo parece haberse dicho.»

La tan manida crisis del periodismo, igual que la de otras instituciones que parecían férreas como la roca, no es más que la necesidad imperiosa de no quedarse atrás en el altar de las preferencias de la gente. Seguir siendo algo necesario, por el papel que juegan los medios como contrapoder, y a la vez atractivo, para sobrevivir en un mundo de likes y compartidos.

Molestos para el poder

Ana María Saavedra es comunicadora social y periodista colombiana. Además, trabaja como editora general y coordinadora de Colombiacheck, una organización sin ánimo de lucro, no partidaria, que reúne a más de cien periodistas asociados en Colombia para promover el periodismo de investigación. El proyecto consiste en una plataforma digital, abierta y colaborativa en la cual se publican artículos basados en la técnica de comprobación de hechos y datos, que proviene de una larga tradición del periodismo anglosajón y se conoce como fact-checking.

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Saavedra describe así su trabajo:

«Nosotros, en el fact-checking o verificación, tenemos un gran reto, porque primero verificamos el discurso público, lo que dicen los funcionarios, las personas de relevancia o los candidatos, pero también verificamos las desinformaciones que circulan en redes sociales, pues primero se tiene que hacer un trabajo muy centrado, muy equilibrado, en el que no tomemos partido, con mucha transparencia».

Un trabajo que también tiene sus consecuencias:

«Molesta a los poderosos, pero no sólo a los poderosos, sino también a las personas que comparten información falsa, cuando les haces ver que lo es. Muchas veces eso no gusta, porque las desinformaciones ratifican los prejuicios de la gente.»

Saavedra sostiene que, si bien el panorama es de amenaza hacia la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, también «es un panorama de periodistas valientes, serios y rigurosos, que siguen haciendo su trabajo pese a todo».

En Latinoamérica hay hombres y mujeres que ven amenazada su seguridad por informar y denunciar a los poderosos: gobiernos, grandes corporaciones o grupos armados. Ojalá nadie tuviera que jugarse la vida por hacer periodismo. Ojalá que el periodismo deje de ser una profesión de riesgo.

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Este año no podía partir más convulsionado. El asalto a la democracia en Brasil y el intento de autogolpe en Perú nos recordaron que el riesgo político sigue siendo elevado en la región. Así lo confirma la tercera edición de Riesgo Político América Latina 2023 del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, que hoy presenta los 10 principales riesgos del hemisferio.

El reporte estará marcado por dos elementos. El primero es la reconfiguración política, con el regreso de la marea rosa 2.0, donde cinco de las seis principales economías de la región -Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia- serán gobernadas por fuerzas de izquierda. A diferencia del pasado, es probable que los ciclos políticos sean más cortos, porque el voto de castigo es el que está definiendo las elecciones: de las 15 elecciones desde 2019 a la fecha en 14 el oficialismo perdió, con la excepción una Nicaragua sin elecciones libres.

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Un segundo elemento central será el enfriamiento de la economía, cuya desaceleración podría hacerla crecer a menos a menos del 1% del PIB. Esta caída de la economía, sumada a la aún elevada inflación que impacta en el costo de vida y las mayores restricciones financieras, puede generar nuevas explosiones de malestar social.

En un reflejo de la realidad actual, el índice de riesgo político ubica al crimen organizado en el primer lugar, demostrando que la inseguridad es una sensación generalizada en la región y que las organizaciones criminales son cada vez más transnacionales: ya no sólo se concentran en México, Colombia y América Central, sino que tienen presencia en la mayoría de los países de la región, como lo sufre nuestro propio Chile.

Deterioro democrático

La democracia tampoco pasa por un buen momento. Por segundo año consecutivo, el deterioro democrático se ubica dentro de los dos primeros lugares. El retroceso de la democracia es una expresión de la creciente indiferencia de las sociedades respecto de su sistema político (el resultado es más importante que el medio) y la desconfianza mayoritaria hacia la clase política y las instituciones públicas. Los recientes episodios en Brasil y Perú; el alto apoyo a gobiernos con rasgos autoritarios como México y El Salvador, y la violación de libertades básicas en las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, son algunos ejemplos.

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El riesgo de que los flujos migratorios aumenten aún más los enfrentamientos sociales vuelve a figurar como una de las amenazas más relevantes. El éxodo venezolano, que ya se acerca a los 6 millones en América Latina, presiona cada vez más los servicios públicos básicos, como salud, vivienda y educación. No basta con una respuesta nacional, sino que requiere una coordinación regional, algo donde los gobiernos han puesto poco interés.

Riesgo político

La lista de riesgos políticos 2023 incluye amenazas directas a las empresas, como el aumento de ataques cibernéticos y la pérdida de competitividad para la inversión, así como riesgos para los gobiernos con la proliferación de noticias falsas, la mayor polarización política y las consecuencias sociales de la inseguridad alimentaria.

Este año será intenso políticamente. A las elecciones presidenciales en Argentina Paraguay y Guatemala; se suman el segundo tiempo constitucional en Chile; el primer año de Lula en Brasil y Petro en Colombia; las negociaciones políticas en Venezuela; la evolución de la crisis política en Perú y la compleja situación de seguridad en Ecuador, entre otros.

La sumatoria de los riesgos y eventos políticos anticipan otro año complejo y harán cada vez más necesario que gobiernos, empresas y organizaciones de navegar sean capaces de navegar en aguas turbulentas e inciertas.  

Publicado originalmente en Diario Financiero.

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América Latina se encamina en el 2023 a otro año complejo y retador. El presente reporte revela la creciente percepción de inseguridad frente a un crimen organizado cada vez más extendido. El retroceso de democracias asediadas por el populismo, la polarización y propuestas autoritarias. También, riesgos de nuevos estallidos de malestar social ante una economía anémica y gobiernos incapaces de procesar de manera oportuna y eficaz las demandas ciudadanas. Una crisis migratoria que no cede. Y, finalmente, la aparición de temas como la inseguridad alimentaria, el aumento de ataques cibernéticos o la pérdida de competitividad para desarrollar la economía verde. Todo ello en una región que sufre de un eclipse diplomático que le resta visibilidad y protagonismo en el escenario global. 

La sumatoria de estos riesgos configura un cuadro regional donde la gobernabilidad será crecientemente compleja, convirtiéndose junto con la inflación, la inseguridad y la incertidumbre en los mayores retos que deberán enfrentar un número importante de países latinoamericanos. 

Riesgo Político América Latina 2023 anticipa que los tiempos nublados continuarán en la región, pero acompañados de nuevas oportunidades de crecimiento. En especial, en agricultura, minería, energía y nearshoring, que deben ser aprovechadas. En este escenario de alta inestabilidad, volatilidad y riesgo político, los gobiernos y empresas deberán seguir mejorando su capacidad de navegar en aguas agitadas. De igual forma, manejar incertidumbre y expectativas, implementar reformas que respondan a las demandas ciudadanas con responsabilidad fiscal y sin afectar el clima de inversión y, sobre todo, ofrecer resultados.

Características del riesgo político

Este año inicia con el regreso de la marea rosa a América Latina. Cinco de sus principales economías —Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia— son gobernadas por fuerzas de izquierda. Una marea rosa consecuencia del voto de castigo en la región. Las 14 últimas elecciones (desde 2019 a 2022) los votantes castigaron al oficialismo, con la excepción de una Nicaragua sin democracia ni elecciones libres. Esta nueva marea enfrenta un escenario completamente distinto al de la década del 2000. Los perfiles de los gobernantes de izquierda son variados (sólo Lula repite). Muchos de ellos no tendrán mayorías o constituirán alianzas frágiles en el Congreso y no gozarán de la bonanza fiscal de hace dos décadas, producto del superciclo de los commodities.

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El 2023 será otro año complejo y desafiante para una América Latina que deberá enfrentar un contexto internacional volátil e incierto, con una desaceleración económica significativa, condiciones financieras más restrictivas y una inflación aún en niveles elevados.

Las últimas dos semanas han transcurrido como un torbellino para Nicaragua. El 9 de febrero, Daniel Ortega decidió unilateralmente liberar a 222 personas prisioneras políticas. Sin embargo, los embarcó en un vuelo hacia Estados Unidos a la vez que los despojaba de su nacionalidad, sus derechos civiles y políticos, y decretaba su destierro de Nicaragua. Unos pocos días después, el 15 de febrero, los tribunales de justicia controlados por el mismo Ortega condenaron en ausencia a 94 personas más, la mayoría de ellas en el exilio, acusándolas de traidoras a la patria, también despojándolas de su nacionalidad, sus derechos ciudadanos y confiscando sus bienes dentro del país.

Ambos acontecimientos marcan un punto de inflexión en el escenario político nicaragüense porque representan una escalada más en el nivel de violencia estatal, pero también porque abre una ventana al fortalecimiento de las fuerzas opositoras.

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La liberación de las personas prisioneras políticas generó un amplio sentimiento de alivio y alegría entre todos los nicaragüenses porque es ampliamente conocido que durante su cautiverio fueron expuestas a torturas y malos tratos, algunas de ellas por casi dos años. Este tratamiento se extendió a sus familiares. Mientras tanto, la noticia del despojo de nacionalidad y confiscación de propiedades a 94 personas más —entre las que se encuentran reconocidos escritores, periodistas, académicos, líderes políticos, defensores de derechos humanos, entre otras— generó rechazo, temor y preocupación entre la sociedad nicaragüense pero también en la comunidad internacional. A eso se agrega el encarcelamiento y la sentencia de 26 años de prisión para el obispo Rolando Álvarez, quien se encontraba bajo arresto domiciliario y se negó a abandonar el país el 9 de febrero junto a las otras personas prisioneras políticas.

Un régimen sumamente débil

Indudablemente, estos hechos marcan un cambio significativo en el nivel de violencia estatal empleado por el gobierno que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta. Muestra también el nivel de debilidad en la estructura de poder que vino experimentando un proceso acelerado de erosión que ya llega al nivel más cercano a la pareja presidencial. Desde 2021, cuando aseguraron su continuidad en los cargos a través de unas elecciones irregulares marcadas por elevados porcentajes de abstención, Ortega y Murillo desencadenaron la institucionalización del Estado policial impuesto sobre la ciudadanía desde 2018. Ese proceso consiste en la creación de un marco jurídico que legaliza las políticas represivas, la vigilancia y el control de la población, y dispone toda la institucionalidad estatal a su servicio. El propósito es asegurar la continuidad de su proyecto político dinástico y autoritario a toda costa.

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La pareja Ortega-Murillo intentó compensar la falta de legitimidad ciudadana, consiguiendo otra proveniente de actores clave como la empresa privada y la Iglesia católica. Cuando no lo pudo conseguir, emprendió una ola de violencia que incluyó el uso del terrorismo fiscal en contra de negocios y empresas, allanamientos y confiscaciones a templos y radios católicas, encarcelamiento y juicios espurios a sacerdotes. Entre ellos, el obispo Rolando Álvarez, secuestrado de su parroquia, recluido en arresto domiciliar durante varios meses y luego enviado a un centro penal a cumplir una condena de 26 años acusado de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas» por negarse a abandonar Nicaragua el 9 de febrero pasado.

La represión se radicaliza

La policía y el poder judicial de Nicaragua se han convertido en los instrumentos más visibles de ese sistema de represión instalado sobre la sociedad nicaragüense y sobre sus propios partidarios, varios de ellos sometidos al mismo tratamiento que los opositores.

La radicalización represiva ha recibido el rechazo de la comunidad internacional. Los gobiernos de España, Chile y Argentina han ofrecido conceder la nacionalidad a las 316 personas despojadas por Ortega-Murillo. Colombia ofreció la nacionalidad al escritor Sergio Ramírez, uno de los nicaragüenses despojados de la suya nacionalidad, y además se pronunció, igual que Costa Rica, con preocupación por estas nuevas medidas. El presidente de México, Manuel López Obrador, primero evadió pronunciarse públicamente y luego anunció que abrirán las puertas del país para dar asilo a los nicaragüenses. Además, reveló que en meses anteriores había enviado una carta a Ortega pidiendo que Dora María Téllez, exguerrillera que se encontraba prisionera, pudiera viajar a México a recibir atención médica, pero nunca recibió respuesta. Otros gobiernos latinoamericanos no se han pronunciado sobre la situación de Nicaragua.

Cambio en el escenario político

La sucesión de acontecimientos suscitados durante las últimas dos semanas, indudablemente, abre un nuevo escenario político para Nicaragua, poniendo en evidencia que Ortega busca una negociación política con Estados Unidos, a pesar de que insistentemente lo niega. La liberación de las personas prisioneras políticas fue el primer paso en esa dirección, considerando que el gobierno norteamericano así lo había advertido en varias ocasiones. La razón por la que ansía tanto esa negociación es que, a pesar de su reiterado discurso antiimperialista y anticolonialista, a quien reconoce como interlocutor es a Estados Unidos. Otra razón por la que busca esa negociación es porque observa con atención los procesos en Venezuela y Cuba.

La reciente aparición pública de Humberto Ortega, hermano de Daniel y general retirado y uno de los jefes más influyentes del ejército a inicios de los años noventa, revela que hay posiciones diferenciadas al menos entre dos líneas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN): la línea de la militancia histórica y la de los militantes más recientes. En su comparecencia, entre otros aspectos, dos de los más llamativos giraron en torno a la visión que tiene de salida para la crisis que incluye una negociación y elecciones; el otro se refiere a la confrontación con la Iglesia católica, especialmente a la situación del obispo Rolando Álvarez.

Situación de la oposición

La oposición, aunque golpeada y débil por la ola represiva iniciada desde 2021, se ha mantenido activa tanto dentro como fuera del país y tiene en curso varias iniciativas para la conformación de un frente amplio. La liberación de las personas prisioneras políticas se convierte en un factor favorable para la recomposición y fortalecimiento de estos esfuerzos, una vez que un buen grupo de ellas se reincorpore a las actividades, especialmente aquellos que son reconocidos por su liderazgo.

A la vez, plantea un reto importante porque, en efecto, la conformación de un frente o alianza amplia que aglutine a las fuerzas democráticas de oposición se convierte en un reto central para responder a la demanda de la sociedad nicaragüense que así lo ha urgido desde 2018, y a la comunidad internacional. Adicionalmente, contribuiría a fortalecer la proyección política de la oposición, así como sus estructuras organizativas dentro y fuera del país.

Aumenta el descontento con Ortega

Las erráticas decisiones de Daniel Ortega, particularmente la decisión de liberar las personas prisioneras políticas, desterrarlas, despojarlas de nacionalidad y derechos ciudadanos, así como confiscar sus bienes, en lugar de conseguir el respaldo de la comunidad internacional incrementó el rechazo. De tal manera, ha obligado a gobiernos como Argentina y México a pronunciarse de manera más clara, a diferencia de ocasiones anteriores en las que estos guardaron silencio o hicieron declaraciones tímidas. Es muy probable que otros países adopten nuevas medidas de presión.

Ortega se ha granjeado una mayor animadversión y descontento entre los nicaragüenses, sobre todo porque insiste en su abierta confrontación con la Iglesia católica y en restringir las libertades religiosas a la feligresía.

En términos políticos, tal parece que Ortega prevé un escenario de competencia electoral en el corto plazo. Por eso adoptó la medida desesperada de inhabilitar a todas las personas liberadas y a otras 94, «traidoras», para impedir que participen en una eventual elección. Pero, aunque el escenario fuera diferente, Ortega se encuentra en una posición de suma debilidad en la que ya sólo puede sostenerse por la fuerza de las armas.

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Durante las últimas décadas, el monitoreo electoral se ha propagado prácticamente en todo el mundo. Se asume que los observadores electorales contribuyen no solo al fortalecimiento sino también al mantenimiento de la calidad de la democracia, como consecuencia de la mayor confianza que, a través de ella, se deposita en los procesos electorales. Esto se debe, fundamentalmente, a que puede disuadir de la realización de fraudes, intimidación de los electores y el ejercicio de violencia asociada a este tipo de comicios.

En este contexto, es interesante destacar que, en paralelo con la expansión global del autoritarismo, regímenes no democráticos han aprendido a utilizar este tipo de misiones tanto para respaldar la legitimidad de otros afines a ellos como para fortalecer la propia. Esta tendencia es particularmente preocupante en América Latina y el Caribe. Es justamente en esta región donde uno de los regímenes autoritarios más importantes en cuanto a su apuesta de transformar el orden internacional liberal, la Rusia de Vladimir Putin, se destaca por la participación de sus misiones electorales. Especialmente en las elecciones más intensamente cuestionadas e impugnadas en los últimos años en la región, entre las que pueden destacarse las de Venezuela de 2018 y 2020 y las de Nicaragua en 2016 y 2021.

Una práctica común

«El monitoreo electoral se ha propagado prácticamente en todo el mundo. Se asume que la observación electoral contribuye no solo al fortalecimiento sino también al mantenimiento de la calidad de la democracia, como consecuencia de la mayor confianza que, a través de ella, se deposita en los procesos electorales»

Son varias razones por las que los regímenes autoritarios están interesados en enviar misiones observadoras al exterior. La primera tiene que ver con el hecho de que la observación de elecciones se convirtió en una práctica común de los Estados soberanos. Hoy en día, se reconoce ampliamente como fundamental para la tarea de celebrar elecciones genuinas.

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En este contexto, la presencia de los observadores electorales durante la celebración de los comicios constituye una parte de la normalidad democrática contemporánea. De hecho, se ha cruzado un umbral desde el punto de vista de su institucionalización, dándosela por sentada en este tipo de procesos. Así, la presencia de los observadores extranjeros durante la celebración de elecciones no se cuestiona. Incluso se la percibe como una condición necesaria para adquirir legitimidad frente a la comunidad internacional.

No debe sorprender, entonces, que desde inicios de la década de los noventa Rusia buscara ampliar tanto la presencia de misiones electorales en los comicios celebrados en su propio territorio como enviar misiones observadoras a otros países. Simultáneamente —y a diferencia de casos como Estados Unidos y la Unión Europea, donde una buena parte de los observadores no son vinculados a unas estructuras oficiales de sus Estados sino que forman misiones independientes—, los observadores en las elecciones en el exterior son casi exclusivamente enviados bajo auspicios de la Comisión Electoral Central (CEC) de la Federación de Rusia, la autoridad electoral de este país.

Si bien esta es, formalmente, una autoridad independiente, varias investigaciones han demostrado que la CEC trabaja en una estrecha sintonía con otras autoridades del Estado ruso, especialmente con la Administración del presidente, y, en el caso de sus misiones de observadores en el exterior, con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Utilización política de las misiones

«Con la expansión global del autoritarismo, regímenes no democráticos han aprendido a utilizar este tipo de misiones tanto para respaldar la legitimidad de otros afines a ellos como para fortalecer la propia. Esta tendencia es particularmente preocupante en América Latina y el Caribe. Es justamente en esta región donde uno de los regímenes autoritarios más importantes en cuanto a su apuesta de transformar el orden internacional liberal, la Rusia de Vladimir Putin, se destaca por la participación de sus misiones electorales»

La existencia de los vínculos entre la CEC y otras ramas de poder es indiscutiblemente relevante, debido a que permite rastrear la correlación entre el mandato que tiene una misión de observadores electorales y las metas de la política exterior rusa. En el caso de América Latina y el Caribe, se las diseña partiendo de la idea de reciprocidad simbólica. Esta ha sido una constante del establecimiento de la estrategia del Kremlin hacia la región desde comienzos de la década de 2000.

Este tipo de reciprocidad puede ser entendida como acciones recíprocas, sobre todo de carácter simbólico, en respuesta a lo que las autoridades rusas consideran como incidencia de los países occidentales en los territorios de la antigua URSS. A través de esta última se busca, según la visión del gobierno de Putin, disminuir la influencia rusa en esta zona geográfica. Cabe aclarar que las élites gobernantes de la Rusia contemporánea consideran el territorio de la antigua Unión Soviética un extranjero cercano, es decir, el área geográfica más importante para Moscú por fuera de las fronteras rusas. De hecho, estas están convencidas de que Moscú tiene derecho a resguardar sus intereses especiales en esta área debido a las consideraciones geoestratégicas y la continuidad de los lazos históricos, culturales y económicos.

Intereses del Kremlin

Por lo tanto, los líderes rusos postsoviéticos insisten en que todos los gobiernos vecinos deben considerar los intereses especiales de Rusia antes de decidir avanzar en sus relaciones con los países de la antigua URSS. Así, la mayoría de estas élites están convencidas de que Estados Unidos y sus aliados occidentales ignoran sistemáticamente los intereses del Kremlin en los territorios de la antigua URSS y, como consecuencia de ello, deben mantener su presencia en América Latina, entendida como el extranjero cercano estadounidense, como muestra de reciprocidad.

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Desde esta perspectiva, la presencia de misiones observadoras en el hemisferio occidental puede ser considerada una respuesta a la presencia de los observadores occidentales y la aprobación o rechazo por parte de Washington de los resultados electorales en países como Ucrania o Bielorrusia.

La segunda motivación detrás de este interés ruso es el uso de las misiones observadoras como una herramienta de poder agudo (sharp power) entendida como esfuerzos de influencia autoritarios para penetrar y perforar los entornos políticos y de información de los países objetivo. Desde esta perspectiva analítica, la noción de poder agudo permite evaluar más precisamente el impacto de las misiones rusas sobre los procesos electorales en los países aliados de Rusia en la región. Estas sirven como un vehículo de poder agudo de Moscú que permite al gobierno de Vladimir Putin legitimar las actuaciones de los gobiernos autoritarios en el contexto de las elecciones cuestionadas y, de esta manera, «cortar el tejido de una sociedad, avivando y amplificando las divisiones existentes».

Cobertura medial de aliados

Por último, pero no menos importante, la presencia de los observadores electorales rusos en las elecciones latinoamericanas ofrece oportunidades para la cobertura mediática que favorece a los intereses de Moscú y sus aliados regionales. Tanto desde los medios controlados por el gobierno ruso (RT Actualidad y Sputnik Mundo) como desde aquellos locales que usan los informes de los observadores rusos para apoyar a las autoridades locales, sobre todo, en los escenarios en los que los resultados son puestos en tela de juicio por oposición, Estados Unidos, Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y observadores independientes provenientes de otros países occidentales.

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Nuestro análisis del impacto que tienen misiones observadoras electorales de Rusia en América Latina parte del supuesto de que la celebración de elecciones ha adquirido una notable relevancia desde el punto de vista global. En este sentido, aun en casos singularizados por la existencia de regímenes no democráticos, parece ser una exigencia a la que debe enfrentarse todo sistema político.

Dentro de este marco, así como la ritualización de jornadas electorales parece ser un requerimiento indispensable, comienza a apreciarse también un aumento y diversificación de la oferta de observación electoral propuesta también por Estados con gobiernos autoritarios. La presencia de observadores electorales rusos en América Latina pone de manifiesto la existencia de nuevas dinámicas en las relaciones entre Rusia y sus aliados en la región. El envío de estas misiones busca aprovechar una herramienta productora de legitimidad, pues el guiño de observadores extranjeros (que confirman el cumplimiento del proceso electoral con los estándares de transparencia e imparcialidad) contribuye a la aceptación de los resultados.

Erosión de la norma democrática

«Debido a que Rusia cuenta con acuerdos de observación electoral no solo con los países autoritarios, sino también con los países donde los procesos electorales cumplen, en una buena parte, con los estándares de transparencia e imparcialidad, la participación rusa en las elecciones en América Latina en calidad de observadores contribuye a la erosión de la norma democrática y trae el riesgo de devaluar el trabajo de las misiones observadoras de otros países»

Dentro de este marco, y a pesar de que muchas de las elecciones que los observadores rusos evalúan como impecables no son ni siquiera libres y competitivas, su presencia permite a gobiernos autoritarios ofrecer una narrativa alternativa a las que plantean otras misiones impulsadas por organizaciones constituidas por Estados efectivamente democráticos.

A esto se suma la penetración en espacios informativos latinoamericanos con el uso de los medios estatales en español controlados por el gobierno ruso, adicionalmente a otras fuentes de información de la opinión pública. Debido a que Rusia cuenta con acuerdos de observación electoral no solo con los países autoritarios, sino también con los países donde los procesos electorales cumplen, en una buena parte, con los estándares de transparencia e imparcialidad. La participación rusa en las elecciones en América Latina en calidad de observadores contribuye a la erosión de la norma democrática y trae el riesgo de devaluar el trabajo de las misiones observadoras de otros países.

Publicación original en DemoAmlat

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Mujeres valientes en política presenta los relatos de diez destacadas hondureñas que decidieron dar un paso al frente para hacer prevalecer sus derechos políticos e impulsar iniciativas que trascienden en la sociedad.

La teoría expone que en los sistemas democráticos la ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de elegir a sus representantes con igualdad y pluralidad, pero la práctica ha marcado una brecha de género que discrepa con este postulado. A lo largo de la historia han sido los hombres quienes han ejercido el poder y dictado las normas de la sociedad, esta condición ha limitado la participación política de las mujeres y su incidencia en los espacios de decisión.

En esta publicación, rendimos homenaje a todas las mujeres virtuosas que en el pasado se enfrentaron al sistema y arriesgaron sus vidas para abrir el camino a las futuras generaciones. Si bien es cierto, la sociedad contemporánea ha dado algunos pasos en la búsqueda de una democracia paritaria, aún queda mucho por hacer y se necesita mayor involucramiento ciudadano para fortalecer nuestros sistemas.

El panorama latinoamericano

La realidad del continente americano refleja la persistente brecha de género y la ausencia de mujeres al mando de gobiernos. En la actualidad, Iris Xiomara Castro es la única representante femenina que preside una nación, los demás países de América son dirigidos por sus pares hombres.

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Este paso no fue fácil en Honduras, tuvieron que transcurrir 200 años para que una mujer alcanzara este importante cargo. Lo que representa un hecho histórico y un avance significativo del sistema político. Sin embargo, los datos generales del proceso electoral denotan que la presencia de mujeres en los poderes y órganos del Estado continúa siendo escasa. A nivel parlamentario, solamente el 27% (35 diputadas) de las curules están ocupadas por mujeres, el 73% (93 diputados) permanecen en poder de hombres. En lo que respecta a la contienda municipal, únicamente el 5.70% (17) de las alcaldías son dirigidas por mujeres, el 94.30% (281) restante por hombres. La sociedad hondureña debe enfrentar diversos desafíos para promover la igualdad en los puestos de decisión.

También sobre mujeres políticas:

Este documento describe y analiza el funcionamiento de las elecciones en la potencia asiática.

La República Popular China (en adelante, RPC o China) es un Estado unitario de partido único marxista-leninista. Esa sola descripción deja entrever que el sistema político está altamente centralizado, con una institución a cargo de la política del país –el Partido Comunista Chino (en adelante, PCC o Partido)– y un aparato estatal muy similar al del mandarinato.2 En este sentido, la estructuración del sistema no es un invento puramente comunista, dado que contiene muchas características inmemoriales de la cultura política china, como la división entre administración y política.

Sistema electoral

La legitimación del sistema es de inspiración puramente leninista: en vez de mérito propio para acceder a la función pública o un derecho divino para ejercer la política, el centralismo democrático permea el sistema, que ha mantenido simulacros de procesos eleccionarios para justificar el atributo ubicuo de «popular» en sus instituciones. Es más, el artículo 1 de la Constitución de la RPC indica que es «un Estado socialista bajo la dictadura democrática del pueblo». Como es notorio, en el ideario chino, «democracia» no es antónimo de «dictadura» o «comunismo», y la dirigencia del país continúa sosteniendo que viven en una democracia.

[Lee también: China y América Latina: claves hacia el futuro]

Este documento arroja luz sobre sus principales características de una sistema de elecciones esencialmente contradictorio y complejo, y analiza cómo los cambios del último quinquenio y los más recientes, lo han ido modificando, de cara a las renovaciones de las instituciones supremas de orden político (el Comité Central del Partido) y administrativa (la Asamblea Nacional del Pueblo). Estos trascendentes cambios ocurrirán entre octubre de 2022 y marzo de 2023. En particular, se puntualizará el impacto que ha tenido en ellas el liderazgo de Xi Jinping.

Estructura del documento

Para ello, en primer lugar, se describirá brevemente la estructura organizacional del sistema, a fin de mostrar su entramado administrativo. A continuación, se enunciarán las principales características de los sistemas electorales estatal y partidario, así como sus modificaciones recientes. Luego, se analizará el estado de la democracia china en la víspera del XX Congreso Nacional del Partido y de la XIV Asamblea Nacional del Pueblo. Y, finalmente, se esbozan algunas conclusiones respecto de la situación actual de las elecciones y algunas posibles tendencias con vistas al futuro del sistema político chino.

Documento editado por la plataforma Demoamlat.

Para entender las repercusiones que ha tenido en América Latina la guerra de Rusia contra Ucrania, necesariamente se debe partir de una base: las relaciones entre Moscú y esta región nunca han sido tan estrechas como a partir de la segunda década del siglo XXI. Desde la asunción de Vladimir Putin en el año 2000, el acercamiento en materia política ha sido enorme.

El rubro en el que más se ha acrecentado el intercambio comercial es el armamentístico, pero Rusia también se ha convertido en un importante proveedor de metalurgia ferrosa, equipamiento energético, fertilizantes, helicópteros, productos químicos, plástico, caucho y maquinaria de construcción.

A esto se le suma que entre Putin y Dmitri Medvédev, los dos presidentes que ha tenido Rusia en el siglo XXI, la cabeza del Kremlin ha visitado nueve países de América Latina. Además, se han dado numerosas visitas de funcionarios de alto nivel del gobierno ruso y reuniones con organismos regionales como la CELAC, el ALBA o el Mercosur. Deben destacarse asimismo las cumbres del BRICS, del que forman parte Brasil y Rusia, y del G20, en el que se suman México y Argentina. El mayor acercamiento por fuera del ámbito exclusivamente comercial se ha producido con Nicaragua y Venezuela, los aliados más fieles de Rusia en la región junto con Cuba, tradicionalmente cercana a Moscú.

Apoyo y rechazos

En ese sentido, resulta interesante ver qué Estados de la región apoyaron a Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas: en abril, Bolivia, Cuba y Nicaragua votaron en contra de la resolución ES-11/3, que suspendió la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Brasil, El Salvador, Guyana, México, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago se abstuvieron).

En octubre, Nicaragua fue uno de los solo cinco Estados que se opusieron a la resolución ES-11/4, en condena de la anexión rusa de cuatro regiones ucranianas, mientras que se abstuvieron Bolivia, Cuba y Honduras. Venezuela, vale aclarar, tiene suspendido su derecho a voto desde febrero de 2022. Asimismo, en septiembre, Brasil, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se abstuvo a la hora de votar una resolución del organismo para definir a la anexión rusa como «una amenaza para la paz y la seguridad internacionales».

Este acercamiento político y comercial a nivel regional ayuda a entender por qué tan solo un país de América Latina, Costa Rica, ha impuesto algún tipo de sanción contra Rusia a partir de su invasión. En cuanto a la provisión de asistencia a Ucrania, Argentina, Chile, Brasil y México se han limitado a enviar ayuda humanitaria, mientras que miembros del ejército colombiano han viajado a Europa para capacitar a soldados ucranianos en desminado.

Latinoamérica al margen

Podría decirse entonces que el apoyo de la región a Ucrania en guerra ha resultado limitado, especialmente si se lo compara con los aportes de Estados europeos. Si bien los discursos han ido cambiando a lo largo del último año y no ha habido un posicionamiento completamente uniforme en la región, pareciera que América Latina ha optado por mantenerse lo más al margen posible en este conflicto, privilegiando así sus intereses económicos.

En ese sentido, vale recordar que el presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió con Putin apenas tres semanas antes de la invasión, prometió un fortalecimiento de los vínculos entre ambos países y que Argentina se constituiría como «la puerta de entrada de Rusia en América Latina». Por otro lado, el recientemente asumido mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en mayo que el presidente ucraniano Volidimir Zelenski «es tan responsable por la guerra como Putin»; mientras que en enero, mes de su regreso al poder después de 12 años, afirmó que su país no enviaría municiones a Ucrania porque no quiere participar «ni siquiera indirectamente en la guerra». En octubre, ambos países junto con México, Bolivia y Honduras se abstuvieron de firmar un documento en apoyo a Ucrania y en condena a Rusia en el marco de la asamblea anual de la Organización de los Estados Americanos.

Podría presumirse que los Estados gobernados por partidos de izquierda han sido más reacios a la hora de condenar la invasión. Sin embargo, los casos de Chile, con Gabriel Boric, y Colombia, con Gustavo Petro, demuestran que la relación no es tan lineal. Asimismo, el cambio de gobierno en Brasil, de Jair Bolsonaro a Lula, no implicó un reposicionamiento.

Repercusiones en el continente

Esto no significa que la guerra en Ucrania no repercuta en América Latina. En los primeros meses aumentaron los precios de los hidrocarburos —aproximadamente un 60 % de las exportaciones rusas corresponden a estos— y de otras materias primas. Países productores de este tipo de materiales se vieron beneficiados, aunque no deben obviarse las tensiones inflacionarias en el marco de la salida de la pandemia de covid-19.

Sin embargo, el barril de petróleo crudo, que alcanzó un pico de USD 123 en marzo de 2022, hoy ha caído hasta los USD 73 y también han disminuido notablemente los precios de trigo y maíz, dos de las principales exportaciones de Ucrania, aunque ambos continúan por encima de los niveles previos a la pandemia. Es decir que los beneficios económicos por aumentos de precios han resultado acotados. Aun así, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a raíz de la guerra y la pandemia, las economías de la región enfrentan un escenario de inflación y desaceleración de la actividad económica y el comercio.

En este contexto, parece una respuesta racional el mantenerse al margen de cualquier disputa y no chocar con potenciales inversores o clientes. Aunque, por otro lado, eso pueda implicar un distanciamiento con la Unión Europea o la OTAN por falta de compromiso hacia los lineamientos de estos bloques. Y, por supuesto, existe cierta carga moral a la hora de decidir apoyar o no (y qué tanto) a un Estado que ha sido invadido.

No es fácil quedar bien con todos, especialmente en este contexto. Resta ver si esta suerte de ambigüedad pragmática tendrá consecuencias negativas a corto plazo o si existirá un replanteo de las posturas individuales, al menos entre los principales actores de la región.

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Cientos de miles se ven obligados a huir, otros tantos pelean para defender a su país de la invasión rusa a Ucrania. Y mientras tanto en el mundo se reposicionan los distintos gobiernos. A miles de kilómetros del combate también hay consecuencias políticas, económicas, diplomáticas incluso.

Estamos hablando de Latinoamérica, una región a donde no llegan las balas de la guerra pero si sus efectos. ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual en América Latina a un año del inicio de la guerra en Ucrania? Un interrogante que hoy ponemos Bajo la Lupa.

Episodio sobre Ucrania

María Isabel Puerta Riera, profesora adjunta en el Valencia College y autora del libro «Crisis de la democracia: ¿en el umbral de la posdemocracia?» (2021).

Vladimir Rouvinski, profesor de la Universidad ICESI de Colombia y experto en las relaciones Asia y Rusia con América Latina y el Caribe.

Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor de la Universidad Austral de Chile.

Bajo la Lupa es un pódcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Guion: Raúl Gil | Rombo Podcasts

Artículos mencionados en el episodio:

«Renacimiento imperial: Rusia y sus vecinos» de Frank Priess, director adjunto del área internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

«Alemania y su intento de recalibrar la brújula con Sudamérica» de Kristin Langguth, representante adjunta del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, con sede en Montevideo, Uruguay.

En Latinoamérica gozan de buena salud las posturas que apoyan de modo franco o relativizan las críticas a la agenda del Kremlin. El principal apoyo político a la invasión rusa en la región son los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Los gobiernos de Chile, Argentina y México dudaron al principio de la guerra contra Ucrania en señalar su rechazo a la invasión. Abogaron por una resolución pacífica. Más recientemente, México y Colombia han planteado una salida negociada al conflicto. Esto ha generado —como cabe esperar— un inmediato rechazo del gobierno de Ucrania. En el caso mexicano la posición de neutralidad del Ejecutivo ha contrastado con las acciones de condena contra la invasión impulsadas y suscritas por sus representantes ante la ONU.

La posición «pacifista»

Tras los triunfos electorales de Gustavo Petro y Luis Inacio Lula da Silva, se ha vuelto común cierta postura de tintes «pacifistas». Detrás de condenas genéricas a la invasión rusa expresa lo que Armando Chaguaceda ha definido como ambigüedad calculada.

Aunque Petro esgrime una posición de respeto a la soberanía de los pueblos, ha mostrado ambigüedad en un momento en el que se espera una posición firme frente a la agresión a la soberanía de Ucrania. Por su parte, Lula le está dando continuidad a la posición de «neutralidad» de Brasil fijada durante el gobierno de Bolsonaro. Recientemente su negativa a la transferencia de armas a Ucrania y a emitir una condena firme de la agresión rusa (al igual que Bolsonaro). Esto, por supuesto, ha sido interpretado como un apoyo tácito a Putin.

Diversos medios de comunicación latinoamericanos —con cercanía a la plataforma comunicacional del Kremlin— continúan siendo aliados fundamentales para el posicionamiento de la versión rusa. Las justificaciones esgrimidas por Vladimir Putin, a través de sus portavoces no oficiales en los medios rusos, revelan la conexión y contribución de medios aliados en Latinoamérica a la estrategia de manipulación de Moscú.

Tras el inicio de la guerra, el principal argumento esgrimido fue el peligro de la expansión de la OTAN ante el posible ingreso de Ucrania a este organismo. Posteriormente, esto dio paso a otras justificaciones. Algunas de estas, aun cuando pueden parecer absurdas (como la desnazificación) no han dejado de ser parte de la construcción comunicacional replicada por medios locales del continente americano. Hemos observado cómo el framing de las noticias coincide con el de los portavoces oficiales rusos, aunque esta no sea la realidad. El problema sigue siendo que la audiencia latinoamericana desconoce la naturaleza e intención de lo que le venden como noticia.

La audiencia latinoamericana

La influencia rusa se ha profundizado en Latinoamérica. Cuenta, además, con el concurso de medios chinos e iraníes, los que han apoyado el posicionamiento de la narrativa del Kremlin. Esto ha sido clave para ayudar a mitigar la pérdida de alcance tras las suspensiones de RT y sus afiliados en algunos espacios mediáticos. Entre los medios oficialistas latinoamericanos que repiten las matrices generadas por sus pares rusos están Telesur y Prensa Latina.

Como lo ha señalado el DFRLab del Atlantic Council, RT en Español se encuentra entre los primeros cinco medios con mayor posicionamiento en las redes. Por otro lado, el medio oficialista chino Xinhua se ubica en el segundo lugar entre los medios más consultados en Facebook. RT sigue siendo uno de los medios más consultados en Twitter, después de Infobae y El País, y el sexto en Facebook.

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Lo que nos muestran estos indicadores es el consumo y legitimación de máquinas de propaganda entre una audiencia que no distingue la titularidad y agenda del medio ni la naturaleza e intención del mensaje que recibe. Por eso es importante saber que en Latinoamérica hay medios y públicos replicando —sin ser aliados del Kremlin— sus narrativas.

Narrativas en las redes

A su vez, las redes sociales de la región son un espacio privilegiado para la difusión de las narrativas prorrusas sobre el conflicto, frente al impacto que ha tenido el declive de transmisiones de RT en plataformas tradicionales, así como de las preferencias de las audiencias.

También se observa una tendencia a percibir los contenidos ofrecidos por estas narrativas como confiables. Esto frente a la disminución de noticias de la guerra en medios occidentales y en los noticieros locales. La estrategia seguida por RT y medios aliados de posicionamiento de contenidos, así como la utilización de métodos novedosos, caras frescas y periodistas locales de trayectoria crítica con los gobiernos de turno parecen favorecer esta tendencia.

En este escenario, los medios de comunicación latinoamericanos se debaten entre una cobertura «neutral» o una que pueda ser interpretada como solidaria con uno de los bloques en conflicto. Ese podría ser el argumento detrás de la justificación sobre la escasa cobertura de medios mexicanos. Por ejemplo, donde el contexto de la violencia doméstica o «neutralidad» del propio gobierno mexicano simplifica la necesidad de invertir recursos en una tarea que otros países y medios con mayor infraestructura pueden asumir, entre ellos, los medios asociados a una de las partes en el conflicto, como RT en la región.

Latinoamérica, ¿terreno fértil para el Kremlin?

Uno de los elementos más frecuentes en la narrativa del Kremlin, y parte de la explicación de su aceptación en América Latina, tiene que ver con un antiimperialismo que denuncia la presencia hegemónica de Estados Unidos en la región. Desde esa perspectiva «antiimperialista», el apoyo en la región a la invasión rusa y la popularidad de los medios que se perciben contrahegemónicos se interpreta como una reacción lógica, aun cuando precisamente representa una contradicción.

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La convergencia de estas posturas ambiguas de los gobiernos y de colaboración consciente o intencionada en la difusión de narrativas por parte de medios y audiencias hace que Latinoamérica sea hoy terreno fértil para el discurso del Kremlin.

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Al cumplirse un año de la invasión rusa de Ucrania, y bien avanzado ya el duro invierno, las posiciones de los contendientes parecen estar relativamente estancadas. Mientras las tropas rusas se atrincheran en los óblasts del Dombás y fortifican el corredor terrestre por Mariúpol y Melitópol hacia la península de Crimea, los ucranianos han logrado recuperar todos los territorios ubicados al norte, en las inmediaciones de Kiev, así como también al oeste del río Dniéper.

Entre tanto, el impacto del conflicto sobre la política internacional y la economía mundial es notable. Mientras la OTAN intenta cercar a Rusia, que recibe el cauteloso apoyo de China, muchos países en el sur global intentan mantenerse relativamente equidistantes. Y si ya la inflación global se venía desbocando antes de la guerra, con el estallido de las hostilidades tanto el PIB mundial como los mercados financieros globales y el poder adquisitivo en general han sufrido un duro golpe.

América Latina y la guerra en Ucrania

La región, naturalmente, también se ha visto afectada. La desaceleración económica que se experimenta en nuestros países —que aún siguen jugando el precario rol de exportadores de materias primas—, así como el aumento generalizado de los precios, han afectado a una región que, en el plano político, está registrando el avance de su segunda marea rosa. Estas circunstancias, aunadas al tradicional alejamiento de nuestros países con respecto a los principales conflictos bélicos en Eurasia, explican el tono general de una actitud regional que tiende a priorizar la cautela ante el conflicto ruso-ucraniano, condenando la invasión pero sin involucrarse de otros modos.

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Por poner un ejemplo especialmente revelador, cabe destacar, por un lado, que hasta diez países en la región cuentan con equipamiento militar ruso, si bien solo cuatro de ellos son afines a Moscú (Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela). Pues bien, ante el exhorto de los Estados Unidos para que los otros seis (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú) donen dicho armamento a Ucrania, a cambio de reponer sus arsenales con equipos estadounidenses, la respuesta ha sido unánime: ninguno ha accedido a tal petición. No obstante, a pesar de esta actitud general, aún cabe distinguir diferencias de un país a otro, marcadas por el tipo de régimen y la posición geopolítica.

Mercosur: la relativa equidistancia

En la reunión del Mercosur que se celebró a finales de julio del 2022, el tono común mantenido por sus miembros con respecto al conflicto ruso-ucraniano demostró la misma cautela que caracteriza a la región en general. Sus economías dependen fuertemente del sector agropecuario, particularmente sensible a las variaciones en los precios de los combustibles y fertilizantes de los que Rusia y Ucrania son principales surtidores del mercado mundial.

Sin duda, el caso más notable es el de Brasil, donde Bolsonaro y Lula parecen discrepar en todo, excepto en su posición con respecto a la guerra en Ucrania. Ambos mandatarios se han mostrado bastante precavidos a la hora de pronunciarse sobre dicho conflicto, dada la necesidad de contar con suministros regulares para el agro brasileño y la agenda común que Brasil y Rusia mantienen —junto con China, India y Sudáfrica— en el seno de los BRICS.

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En el caso del presidente Fernández de Argentina, las amistosas palabras que reservó para Putin antes del estallido de la guerra sin lugar a dudas se han visto moderadas durante el último año, aunque no podríamos decir que fueron retiradas. Mientras tanto, en Paraguay se constata el hecho de que el 40 % de sus exportaciones de carne tienen a Rusia como destino —el segundo más importante después de China—, lo cual incide a la hora de cuestionar la invasión rusa a Ucrania.

Alianza del Pacífico bajo la nueva marea rosa

La Alianza del Pacífico nació como un área de libre comercio que combinaba un notable apego a la democracia liberal con el pragmático y común aprovechamiento del inmenso espacio comercial que constituye la cuenca del Océano Pacífico. Pero, así como sus nuevos mandatarios —electos al calor de la nueva marea rosa— han incorporado ciertos cuestionamientos con respecto al modelo de democracia, también han mantenido, no obstante, el pragmatismo comercial en virtud del cual las relaciones con Rusia y China, si no se siguen profundizando, por lo menos no se deterioran.

Sin duda, el caso más polémico ha sido el de México, país que también forma parte del T-MEX junto a los Estados Unidos y Canadá. Está claro que el presidente López Obrador ha procurado proyectar una imagen de absoluta independencia, según la cual México es un Estado tan celoso de su propia soberanía como respetuoso de la de los demás. Y si bien esta actitud no le ha impedido mantener buenas relaciones con el siempre influyente vecino del norte, también ha venido acompañada de actitudes polémicas con respecto al conflicto ruso-ucraniano. Bajo la sospecha de que en México opera una gran cantidad de espías rusos, la oferta mexicana de mediación en dicho conflicto recibió una rotunda negativa del gobierno ucraniano el pasado mes de septiembre.

Por otro lado, el ascenso de los presidentes Boric, Castillo y Petro en los demás países miembros de la Alianza del Pacífico —y a pesar de la insólita salida del peruano—, si bien no ha derivado en una actitud amistosa hacia Rusia, posiblemente sí ha sido importante a la hora de apuntalar la actitud de moderación, cautela y distancia que toda la región ha marcado frente a los intentos estadounidenses de impulsar una actitud más beligerante ante la invasión rusa de Ucrania.

El ALBA de las dictaduras que sonríen a Putin

La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) es el esquema de cooperación regional en el que mayores esfuerzos diplomáticos y financieros invirtió la Venezuela de Hugo Chávez, en aquella época en la que sus petrodólares fluían sin parar. Por alguna razón, varios de los países que integraron dicho esquema no sólo ostentan hoy los regímenes menos democráticos de la región, sino también los que más abiertamente han respaldado las acciones de Putin en Ucrania.

Venezuela no solo mantiene una densa agenda de cooperación con Rusia, sino que en diciembre de 2022 firmó 11 nuevos acuerdos en esa línea. Mientras que, en diciembre, Miguel Díaz Canel fue recibido con honores en Moscú para reforzar los tradicionales lazos de «amistad y solidaridad» entre ambos países. Estos quedaron refrendados con la instalación de una estatua de Fidel Castro en dicha ciudad. Por su parte, Ortega y Arce también han mantenido gestos de complicidad con Moscú.

No a la guerra, sí al comercio

A modo de conclusión, podemos destacar dos hechos diplomáticos que reflejan la posición diplomática de nuestra región con respecto al conflicto ruso-ucraniano. Por un lado, en la resolución ES-11/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que fue aprobada el pasado 12 de octubre, toda América Latina condenó la invasión rusa de Ucrania, salvo Cuba y Bolivia que se abstuvieron, Venezuela que no asistió y Nicaragua que votó en contra.

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Por otro lado, la declaración final de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada el pasado mes de enero en Buenos Aires, no menciona ni una vez a Rusia o Ucrania, aunque sí llega a indicar que «el actual contexto internacional de múltiples crisis interrelacionadas afecta particularmente a la región, que sufre el impacto de la interrupción de las cadenas de suministro, la excesiva volatilidad de precios en alimentos, fertilizantes, energía y la inestabilidad financiera».

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Vladimir Putin nos lo recuerda constantemente: la Unión Soviética no sucumbió realmente para todos, aunque para él esté mucho más cerca el antiguo imperio zarista. Después de todo, un imperio sigue siendo un imperio, y otras grandes potencias de otrora también padecieron los dolores de la pérdida de influencia y prestigio mundial. La larga fase poscolonial y sus transiciones dan testimonio elocuente de ello. Es interesante observar que en los debates actuales del Sur global se le recuerda constantemente a Occidente su pasado colonial, pero el caso de Rusia a menudo se mide con diferente vara: «La tendencia de los estudios poscoloniales no llegó a Rusia», resume Karl Schlögel, experto alemán en historia rusa.[1]

En tiempos de la Unión Soviética, los llamados movimientos de liberación recibieron apoyo. Hasta hoy, esto redunda en beneficios por las conexiones entre viejas élites de estos países con Moscú, de manera que permite promover el objetivo principal, a saber, el debilitamiento de Occidente. El propio pasado colonial, sin embargo, apenas fue discutido. «Las mentiras y el colonialismo de los que Putin acusó a Occidente, las practica él mismo en Ucrania», dice Nikolas Busse con razón.[2]

La desintegración de la Unión Soviética

Así, parece lógico el trauma de Putin de que la desintegración de la Unión Soviética y su fin el 25 de diciembre de 1991 hayan constituido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Sin embargo, se trata de una apreciación que ciertamente no es compartida por todos los Estados que se han independizado desde entonces, y especialmente por aquellos que buscaron con razón en la OTAN y la Unión Europea (UE) protección frente a los abusos de Rusia, como se muestra actualmente en el caso de Ucrania.

En este contexto también está el hecho de que fue precisamente el derecho a la autodeterminación de estos Estados soberanos lo que los llevó a reorientarse en términos de política de seguridad, y no el deseo urgente de la OTAN de acercarse lo más posible a Rusia. Nunca hubo garantías sólidas a Mijaíl Gorbachov de que la OTAN no se expandiría, como ha quedado demostrado, a pesar de todas las narrativas en sentido contrario.

Represión, olvido, ignorancia

Es sorprendente que esta tergiversación de la historia se mantenga tan estable en Alemania, donde al mismo tiempo provocan desconfianza los vecinos más próximos, cuando en los años setenta buscaban intensamente una relación especial con Rusia como consecuencia de la política de distensión. Desafortunadamente, esto afecta la cultura del recuerdo. Muchos de quienes recuerdan con razón a las víctimas del ataque de Hitler a la Unión Soviética olvidan que estas víctimas no eran únicamente rusas. Y que justamente Ucrania, tras crímenes de Stalin como el Holodomor (‘matar de hambre’), en poco tiempo se vio expuesta a la violencia de otro dictador, ahora alemán.

Investigadores de Europa del Este como Guido Hausmann y Tanja Penter reconocen a este respecto la represión, olvido e ignorancia entre sus pares.[3] También Bielorrusia —hoy, al menos temporalmente, un Estado vasallo de Rusia debido a la codicia de poder de su deslegitimado líder Viktor Lukashenko— también recuerda algo comparable. Al menos parece haber cierto movimiento en las percepciones.

Thomas Petersen afirma, basándose en una encuesta del Instituto Allensbach de Investigación de Opinión Pública: «A la pregunta general de qué países representan la mayor amenaza para la paz mundial en los próximos años, el 66 % respondieron: «Rusia». Estos son más del doble que en enero de 2021, cuando solo el 32 % dieron esa respuesta».[4] Por cierto, le siguen de cerca China, Corea del Norte, Afganistán e Irán…

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La visión de Putin

Putin no ha ocultado su visión de la historia. El filósofo Michel Eltchaninoff destaca que Putin se ve a sí mismo como un «salvador de mitos y religiones cristianas frente a la blasfemia de Occidente».[5] Lo subraya en general su ominosa cercanía a la Iglesia ortodoxa rusa y especialmente la cercanía a su presunto confesor, el metropolitano Tikhon Shevkunov, del monasterio Sretensky. En esto, Heike Schmoll ve un «caldo de cultivo de ideología imperial-religiosa».[6] A esto se suma la concepción de Putin sobre la rusidad, que describió el año pasado en un ensayo sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos y que sustenta su actual revisionismo.

Durante mucho tiempo se ha considerado soberano, aunque no independiente, el exterior cercano de las antiguas repúblicas soviéticas, donde se consideraban naturales los intereses particulares. Viktor Erofeyev identifica un «sentimiento arcaico profundamente arraigado» en Rusia que valora mucho un «culto a la fuerza, la falta de empatía, el conflicto interior, la sospecha, la desconfianza, el cinismo», en contraste con «figuras extrañas» como «inútiles, niños de mamá, portadores de lentes, castos, las llamadas señoritas de Turgenevsch».[7] Todo esto encaja con la representación que Putin hace de sí mismo. Y «Putin es Rusia, Rusia es Putin», como afirma el presidente de la Duma, Wjascheslaw Wolodin. «Por falta de otros recursos —la economía en Rusia decrece desde 2014—, la historia política juega un papel creciente en la legitimación del régimen», concluye Jan C. Behrends, investigador sobre Europa del Este.[8]

Las promesas de protección de Putin

Para la sufrida población de Ucrania debe sonar como una amarga burla ser vista desde la perspectiva rusa como pequeños hermanos cuando, falsificando la historia, se les niega su propia identidad. Ya los referéndums sobre la independencia de Ucrania habían obtenido mayorías en todo el país, incluso en las zonas mayoritariamente de habla rusa y en Crimea. Estos sondeos fueron auténticos, en contraste con las farsas electorales de 2014 en Crimea y actualmente en las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk o los territorios ocupados de Zaporizhia y Cherson, que pretenden legitimar la «unificación» o «reunificación» del Imperio ruso, recientemente decididas en acuerdo con la interpretación de Putin.

También los Estados bálticos se encuentran en el doble papel de víctimas del pasado. Tempranamente intentaron abandonar la alianza de la Unión Soviética y se convirtieron en objetivo de intervención armada bajo el mandato de Gorbachov. Es más que comprensible que hayan previsto las cosas con claridad desde el principio y sean hoy quienes más se esfuercen por dejar en claro que el gobernante del Kremlin sólo entiende el lenguaje del poder y que únicamente su membresía en la OTAN los protege. Es admirable el coraje con que lo hacen, desde una posición expuesta y vulnerable, especialmente teniendo en cuenta las minorías rusas que viven allí y que pueden servir de pretexto para una intervención.

La «promesa de protección» de Putin está dirigida a todos los rusos, sin importar dónde vivan, y se percibe con razón como una amenaza en los Estados anfitriones. Por esto hay espacio para la desestabilización en los Estados bálticos, así como en la República de Moldavia con su conflicto congelado de Transnistria; un país al que, como Ucrania, la Unión Europea le ha concedido el estatus de candidato.

Socio junior de China

El hecho de que Estados neutrales de larga data, como Suecia y Finlandia, ahora ingresen a la OTAN y representen una garantía adicional para sus vecinos del norte de Europa es otro resultado fallido de la «visión estratégica de largo plazo» de Putin. Si bien Rusia no está tan aislada fuera del Occidente clásico como se podría suponer, el país depende principalmente de China, su socio y aliado relativamente reciente. China la sostiene a nivel internacional y, al menos parcialmente, sustituye a los clientes tradicionales como mercado de ventas de materias primas rusas. Esto se paga jugando el papel de socio menor, a lo que las élites rusas con experiencia histórica, económica y demográfica difícilmente puedan permanecer indiferentes.

El Lejano Oriente ruso ha sido tradicionalmente un área propensa al conflicto. El predominio económico y demográfico de China en esta zona no puede ser pasado por alto. La opción rechazada de una cooperación con fines de modernización con Occidente, especialmente con Europa, en vez de este abrazo, es un tema de debate. Y el resultado está abierto.

Según Dmitry Medvedev, expresidente ruso y adjunto de Putin en el Consejo de Seguridad Nacional, en su canal de Telegram el 22 de septiembre de 2022, «el establishment occidental y todos los ciudadanos de la OTAN deben entender que Rusia ha elegido su propio camino. No hay vuelta atrás». En este momento, China y Rusia están unidas por su aversión a los Estados Unidos y al modelo occidental de democracia. Ambos son percibidos como una amenaza para el gobierno autoritario. Queda por ver qué tan resistente es esa base. La votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de marzo de 2022 sobre la Resolution Aggression against Ukraine después del ataque de Rusia del 24 de febrero mostró que todavía cuentan de su lado con referentes morales como Bielorrusia, Siria, Eritrea y Corea del Norte.

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La propia autopercepción de Rusia plantea otra cuestión: Russki Mir, el ‘mundo ruso’, es invocado de nuevo. Sin embargo, con vistas a la dimensión euroasiática del Estado, esta idea se extiende también a numerosos pueblos, que ni con la mejor voluntad del mundo pueden calificarse de rusos, y hacia regiones donde el dominio ruso se basa en el imperialismo clásico. El hecho de que sean precisamente estos otros pueblos los que están siendo sacrificados en Ucrania para gloria de Rusia, y estén pagando un precio particularmente alto en sangre, es un componente particularmente evidente. ¿En qué consiste la oferta de Putin para ellos?

Los Estados de Asia Central que solían pertenecer a la Unión Soviética también se sienten visiblemente incómodos. Dice mucho el hecho de que a sus ciudadanos, especialmente en Uzbekistán, se les prohíba luchar en el ejército ruso bajo amenaza de castigo. Al mismo tiempo, Rusia tiene una fuerte presencia militar, mientras que China hace mucho tiempo la ha superado económicamente. Las intervenciones de coaliciones lideradas por Rusia en conflictos internos, más recientemente en Kazajistán, son ejemplos de esto. Según Vladimir Ryzhkov, «Rusia se está convirtiendo cada vez más en el vigilante sin sueldo de la empresa de Asia Central donde China gana dinero».[9] También interviene allí donde la Unión Soviética sentó las bases de los conflictos actuales.

Temor por el apetito de poder del Kremlin

Después de la retirada de Occidente de Afganistán, especialmente la de los Estados Unidos, el vacío resultante ahora ofrece espacio para Rusia y China. También Irán y Turquía están jugando en sus campos de juego históricos; un «regreso al pasado», afirma Peter Frankopan.[10] Al mismo tiempo, ambos países están lidiando una vez más con las amenazas islamistas en sus vecindarios. Los Estados STAN (Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán) temen la sed de poder del Kremlin, que todavía los ve como su esfera de influencia. Cuenta con palancas para subrayar sus intereses y su jurisdicción sobre esta vecindad una y otra vez.

Sin embargo, las transferencias de sus ciudadanos que trabajan en Rusia son la fuente de ingresos más importante para algunos de ellos. Rusia también es de gran importancia como país de destino de su limitada gama de ofertas, un dilema del que se está tratando de escapar mediante una política de equilibrio e incorporando con más fuerza a los europeos. Algunos liderazgos estatales —los hombres fuertes continúan dominando Asia Central— surgieron de la antigua nomenklatura de la URSS, pero pudieron al menos apostar a su propia afiliación étnico-nacional en los Estados posteriores. Thomas Kunze describe cambios en este sentido: «Mientras tanto, ha crecido una generación que ya no se define a sí misma a través del pasado soviético».[11]

El papel del etnocionalismo

El componente etnonacionalista del liderazgo —y esto limita la expectativa de que la Rusia actual pueda dividirse aún más— solo afecta a zonas periféricas de Siberia y al caso especial del Cáucaso Norte con Chechenia a la cabeza. Allí ya existe una amplia autonomía y el presidente Putin está vinculado a su gobernador regional, Ramzan Kadyrov, de muchas maneras. Este tiene las manos libres a nivel local, y algunos incluso hablan del temor del Kremlin por su brutalidad. Al mismo tiempo, sus secuaces llaman la atención por los asesinatos en Europa y por su participación en los combates en Ucrania.

La Segunda Guerra de Chechenia, al comienzo de la presidencia de Putin, con flagrantes violaciones de los derechos humanos, ya mostró para algunos toda la brutalidad de la que es capaz el entonces nuevo hombre en la cima de Rusia. Una mirada sobre la Grozny destruida de ese momento hace que algunos ataques en Ucrania parezcan un déjà vu.

Conflictos sobre hielo

Al sur de allí, la Georgia posindependentista ha tenido sus propias experiencias violentas con Rusia. Ocurrió después de que su presidente Mijeíl Saakashvili le diera a Putin la bienvenida excusa para una intervención sin límites en 2008, presumiblemente a partir de un juicio completamente erróneo sobre el nivel de apoyo occidental. Los conflictos enquistados en Abjasia y Osetia del Sur pueden servir de palanca para presionar a la Georgia occidental. El intento georgiano de protegerse de esto a través de la adhesión a la OTAN y a la UE hasta ahora no se ha visto coronado por el éxito, ciertamente un éxito indirecto de la vieja narrativa de Putin de que tal desprecio por su esfera de influencia podría tensar las relaciones con Occidente.

En Armenia y Azerbaiyán, Rusia ha intentado asegurar su influencia de una forma más inteligente, con una política de vaivén y demostrando que es indispensable, jugando cierto papel mediador tras la última guerra de Nagorno-Karabaj. Al mismo tiempo, sin embargo, otra potencia regional, Turquía, ha dejado una clara «marca de olor» que muestra los límites del poder de Moscú. Fueron principalmente los drones turcos los que decidieron la guerra a favor de Bakú; un hecho que ciertamente no se olvidará allí, especialmente, porque siempre se supuso que Rusia estaba más bien del lado de Armenia. Azerbaiyán subrayó esto sobre todo con acciones bélicas, cuando se vio que Rusia estaba lo suficientemente preocupada con Ucrania. Las declaraciones de Azerbaiyán tampoco respaldan exactamente la opinión rusa.

Oportunidad desaprovechada

Turquía está haciendo esfuerzos considerables no solo para desempeñar un papel más activo en esta región, sino también para frustrar las pretensiones rusas en Libia y África. Los antiguos grandes imperios —aquí los rusos, los otomanos y los persas se parecen bastante— tienen persistentes recuerdos de la expansión de sus imperios anteriores y actúan en consecuencia. Es una forma de pensar a la que es difícil acceder en una Alemania geopolíticamente poco expuesta.

En cualquier caso, es evidente que Occidente no ha aprovechado de su mesura respecto a Rusia: apostó a la cooperación durante demasiado tiempo. El Acta Fundacional OTAN-Rusia y la Carta de París constituyen una fuerte evidencia de esto. «Para nosotros esto siempre fue claro, Putin es agresivo. El 24 de febrero pateó el tablero», dice Rüdiger von Fritsch, exembajador de Alemania en Moscú, al inicio de la invasión rusa de Ucrania,[12] y lo deja claro: a veces se tarda mucho en comprender realmente las consecuencias de algo y en sacar las conclusiones correctas. «Occidente —coincide con la analista de Putin Catherine Belton— hizo la vista gorda voluntariamente. Era una mezcla de ingenuidad, complacencia y quizás arrogancia. Al mismo tiempo —matiza—, nadie podía esperar que Putin llegara tan lejos porque […] parece suicida».[13]

En cualquier caso, «no todos se equivocaron», como ahora se dice para disculparse. En cambio, hubo señales claras, que los observadores sabios y los verdaderos expertos estuvieron señalando durante mucho tiempo. Pero no eran tiempos en los que la gente tomara esas advertencias en serio. Esto no debería suceder así una y otra vez. O, parafraseando a Timofey Neshitov: «En mi opinión, una alerta temprana es al menos tan importante, si no más, que el coraje posterior».[14]

Notas

[1] Karl Schlögel: «Ucrania como Kairos. El orden en la cabeza y el desorden del mundo», en: Osteuropa, vol. 72, n.º 1-3/2022, pp. 7-18.

[2] Nikolas Busse: «El colonialismo de Putin», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1 de octubre de 2022.

[3] Guido Hausmann y Tanja Penter: «Instrumentalizados, suprimidos, ignorados. El Holodomor en la conciencia de los alemanes», Osteuropa, vol. 70, n.º 3-4/2020, pp. 193-214.

[4] Thomas Petersen: «Vista desconcertada hacia Moscú», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 de febrero de 2022.

[5] Michel Eltchaninoff: «Entonces supe que comenzaría una gran guerra». Entrevista con Philipp Oehmke y Britta Sandberg, Der Spiegel, 9 de abril de 2022.

[6] Heike Schmoll: «Con Dios y granadas. La visión de la historia de Putin», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5 de marzo de 2022.

[7] Viktor Erofejew: «En pie de guerra está en su elemento», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16 de agosto de 2022.

[8] Jan C. Behrends: «La política negativa de Putin en Ucrania», Osteuropa, vol. 71, n.º 7/2021, pp. 77–84.

[9] Cf. Rüdiger von Fritsch: El camino de Rusia. Como embajador en Moscú. Berlín, 2020, p. 285.

[10] Peter Frankopan: Las nuevas rutas de la seda. El presente y futuro del mundo. Londres, 2018.

[11] Thomas Kunze: Asia Central. Retrato de una región. Berlín, 2018, p. 230.

[12] Rüdiger von Fritsch: «¿Qué tan equivocada fue la política exterior de Angela Merkel?». Entrevista en Die Zeit, 30 de junio de 2022.

[13] Catherine Belton: «Mis informantes están recibiendo amenazas de muerte». Entrevista en Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29 de marzo de 2022.

[14] Timofey Neshitov: «El paciente ruso», Der Spiegel, 6 de agosto de 2022.

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Publicación original: die politische Meinung
Traducción del alemán por Manfred Steffen, oficina KAS Montevideo.

José Antonio Peraza Collado es nicaragüense, politólogo, analista político y experto en el sistema electoral de su país. El 26 de julio del 2021 fue encarcelado por el régimen de Daniel Ortega después de haber participado en un programa de televisión en el que analizaba la situación política de su país. Es uno de los 222 presos políticos que fueron liberados y expulsados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero de 2023.

Cárcel y liberación

¿Cuándo supo de su liberación y de las condiciones de esta?

A las 11:00 p.m. del miércoles 8 de febrero llegaron los guardias del penal de Auxilio Judicial (Cárcel del Chipote Nuevo). Nos cambiaron el uniforme de preso a ropa de civil que a finales de diciembre habían pedido a nuestros familiares. Eso nunca había sucedido antes, por tanto, era una señal inequívoca que algo extraño estaba pasando, pero nadie sabía qué realmente. Sospechamos de inmediato que solo podía existir cuatro posibilidades: 1) Cambiar de condición carcelaria y ser trasladados a nuestras casas para cumplir allí nuestra condena. 2) Llevarnos a un acto público, en algún edificio del gobierno, donde nos expusieran al perdón o a la amnistía magnánima del dictador. 3) Trasladarnos a la Cárcel Modelo junto a los privados de libertad comunes. 4) O  trasladarnos a algún país amigo que hubiese aceptado recibirnos: Chile, México, Colombia, Costa Rica o Estados Unidos (la menos probable pero posible).

Nos sacaron a todos los presos de las celdas y nos llevaron a una galería donde consolidaron, en varias celdas, a todos los hombres presos (más o menos quince por celda). En otra galería consolidaron a todas las mujeres presas. Posteriormente, aguardamos allí como una hora y media. Después fuimos saliendo, celda por celda, en dirección a los buses que esperaban en las afueras del edificio del penal. Los buses llevaban las ventanas cubiertas de telas oscuras. Posteriormente, fueron saliendo todos los buses en una caravana que iba resguardada por decenas de miembros de la policía, hacia el centro de Managua. Ya en las calles, aún no sabíamos hacia donde íbamos. La incertidumbre se apoderó de nosotros.

Esperamos identificar a dónde se dirigía la caravana y allí las opciones se redujeron a tres: 1) Íbamos a un acto público en la casa de los pueblos (antigua presidencia), o 2) al aeropuerto, o 3) a la Cárcel Modelo en las afuera de Managua. Pero al tomar rumbo norte sólo cabían dos posibilidades: o la Cárcel Modelo o al aeropuerto.

Finalmente, al pasar por las instalaciones de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, la caravana giró a la derecha y entró en la pista de aeropuerto de Nicaragua. Allí supimos que nuestro destino estaba definido, íbamos a ser enviados al exilio. En la pista nos aguardaba un avión listo para viajar. Allí supimos, de parte de un oficial de la Policía Nacional, que íbamos a viajar a Estados Unidos. En la base de la escalinata, funcionarios de la embajada de Estados Unidos y del Departamento de Estado nos entregaron un pasaporte nuevo para poder viajar.

La suspensión de la nacionalidad

Usted no solo analizaba los acontecimientos políticos en su función de politólogo, sino que también estaba políticamente activo. ¿Qué significa para usted el despojo de su nacionalidad? ¿Tiene alguna esperanza de que esta situación pueda revocarse?

Como persona que conoce la trágica historia de Nicaragua, sabía que el Estado dictatorial, tarde o temprano iba a actuar contra nosotros. Lo que no sabíamos era cómo lo iba a hacer. Incluso en los análisis más pesimistas. El régimen superó con creces lo que habíamos pensado que podía ocurrir. Nunca se pensó que llevara a la cárcel a todos los candidatos a la presidencia. Tampoco a todos los disidentes destacados y a todo aquel que se atreviera a dar declaraciones que cuestionaran al régimen.

Por tanto, la suspensión de la nacionalidad sólo puede entenderse como un mecanismo de la dictadura para castigar la disidencia política y ciudadana. El régimen quiere utilizar esa figura, inconstitucional e ilegal, para reprimir políticamente a sus adversarios, llegando incluso a la confiscación de las propiedades de los opositores.

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Están utilizando la figura de menoscabo a la integridad del Estado para acusar a todo opositor de traidor a la Patria. Una aplicación ambigua y antojadiza de leyes que fueron diseñadas para lesionar los derechos humanos de los ciudadanos. Son leyes redactadas de forma discrecional para ser utilizadas contra cualquiera que ose desafiar al régimen. Se cumplió a cabalidad la advertencia hecha por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, quien advirtió que este tipo de leyes siempre terminan siendo utilizadas como mecanismo de represión política contra opositores políticos.

De la cárcel a Estados Unidos

¿Cuáles podrían ser las razones que explican la decisión del régimen de liberarlos y enviarlos a Estados Unidos? ¿Por qué específicamente se seleccionó a Estados Unidos como destino?

La razón fundamental para liberar a los presos políticos fue la campaña internacional por su libertad. Lo que empezó como un reclamo tenue fue creciendo hasta convertirse en una demanda, regional y mundial, contra un régimen que se negaba a liberar a unos presos políticos acusados de delitos absurdos.

La campaña obligó al régimen a comprender que estaba pagando un altísimo costo político, nacional e internacional, por mantener a los presos políticos en la cárcel. El régimen también quiso intercambiar a los presos políticos por su tranquilidad para gobernar hasta el próximo proceso electoral presidencial (2026). En otras palabras, quiso comprar, con presos políticos ahora libres, la tolerancia de la comunidad internacional hacia el régimen dictatorial. Especialmente la de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Cuando vieron que nadie aceptaba ese chantaje, que no podía generar un proceso de negociación que les diera tranquilidad, entonces decidieron liberarse de los presos políticos porque el costo de tenerlos encerrados les causaba más problemas que soluciones.

El régimen escogió enviar a los presos hacia Estados Unidos porque era el país que había adquirido una sólida defensa de la libertad de los presos políticos y un retorno inmediato a la democracia.

Estados Unidos siempre mostró disposición para correr con los gastos y compromisos que requería el traslado de 222 personas de Nicaragua hacia los Estados Unidos.  Además, al régimen le convenía hacer ver que era Estados Unidos quien actuaba y se preocupaba por los presos políticos. Eso apoyaba el discurso de que los presos políticos son lacayos del imperio y que fue Estados Unidos el que fomentó a los golpistas para derribar al gobierno «legitimo» de Nicaragua. Esa es la lógica política que prevaleció detrás de esa decisión de excarcelar a los presos políticos.

La presión internacional

¿Cómo evalúa la acción de la comunidad internacional en torno a este hecho? ¿Pudo influir en la decisión adoptada por el régimen Ortega-Murillo? ¿Qué tan eficiente ha sido la presión internacional?

En general, las acciones de la comunidad internacional a favor de la libertad de los presos políticos y la necesidad de instalar un régimen democrático han sido decisivas. Específicamente, los Estados Unidos y la Unión Europea han sido muy claros sobre la necesidad de realizar elecciones libres e iniciar un proceso de transición democrática. A estos países hay que sumarles el voto en esa misma dirección de Canadá y de la mayoría de los países latinoamericanos.

En la OEA, los votos a favor del respeto a los derechos humanos, la realización de elecciones libres, la transición democrática y el respeto a las instituciones siempre fue mayoritaria a favor de esas tesis. Ese bloque democrático, en contra de la instalación de la dictadura, limitó al régimen de Ortega para que no profundizara los abusos contra la oposición, los ciudadanos y las instituciones.

Sin ese contrapeso, posiblemente, Ortega no se hubiese limitado en sus aspiraciones dictatoriales. El rechazo de casi la totalidad de los países de América y Europa a sus aspiraciones totalitarias y dictatoriales obligaron a Ortega a buscar espacios de diálogo y a liberar presos políticos.

Sin embargo, la eficiencia de la comunidad internacional se ha visto afectada. Esto por los mecanismos limitados que tiene a mano para aplicar a Ortega sin dañar a la mayoría del pueblo nicaragüense. Es allí donde radica su debilidad para influenciar y cambiar la correlación política. Ortega sabe que la comunidad de naciones democráticas no va a poner sanciones que afecten a todo el pueblo de Nicaragua.

La mayoría de las sanciones han sido aplicadas a personas individuales, no a la economía nicaragüense. Si bien esas sanciones afectan a los allegados de Ortega, no han sido lo suficientemente efectivas para frenar el rumbo dictatorial del régimen por el control que tiene de todos los poderes y las instituciones del Estado.

Ortega ha mostrado un control bastante bueno de su aparato represivo e institucional. Sin negar que ha tenido importantes deserciones desde el 18 de abril del 2018. No hay duda de que acciones más fuertes de parte de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la comunidad internacional pondrían en aprieto a su gobierno, pero también al país. No obstante, eso acarrearía un profundo deterioro del nivel de vida de la mayoría de los nicaragüenses. Esto generaría un éxodo, aún mayor al actual, de miles de nicaragüenses buscando mejores oportunidades de vida.

La solidez del régimen

Hubo especulaciones de que la liberación de los presos políticos sería una señal de debilidad del gobierno nicaragüense. ¿Qué tan consolidado lo ve?

Los presos políticos siempre fueron vistos por Ortega como monedas de cambio. Él ha querido cambiar la libertad de los presos políticos por un respiro a su régimen. Él pensó que liberando a los presos y prometiendo una reforma electoral y cediendo algunos puestos en las instituciones a la oposición lograría acallar las voces críticas. Creyó que así podría terminar su período del 2022 al 2027 de forma relativamente tranquila.

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Malas noticias para él. Parece que hay un consenso, nacional e internacional, de que al menos a nivel diplomático no hay tolerancia hacia sus desplantes dictatoriales. Tendrá que hacer mayores concesiones a la oposición nicaragüense y a la comunidad internacional. No es posible una Nicaragua próspera y estable sin democracia. Esa combinación es el alfa y omega de la ecuación. No sólo para Nicaragua sino para toda Centroamérica.

Persecución a la Iglesia católica

Su compatriota, el obispo Rolando Álvarez, sigue en cárcel en Nicaragua junto con otros presos políticos. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional?

El encierro de Monseñor Álvarez en la cárcel es un símbolo de la incapacidad de Ortega de lograr recomponer las alianzas internas. Al igual que en la década de los ochenta del siglo pasado, Ortega volvió a romper con todos los poderes fácticos: el sector privado, la Iglesia católica y los Estados Unidos. En otras palabras, sus deseos dictatoriales lo han llevado a cometer, desde que asumió el poder, los mismos errores del pasado: represión, falta de libertades, fraudes electorales, llevar a la cárcel a opositores, etc. Peor aún, ha sobrepasado los excesos del siglo pasado al cometer crímenes de lesa humanidad, silenciando a la oposición interna, confiscando propiedades con fines represivos y despojando de la nacionalidad nicaragüense a cualquier opositor que él vea como un peligro a su hegemonía absoluta.

¿Cuál podría ser un camino hacia el retorno a la democracia y al Estado de derecho en Nicaragua?

El retorno al Estado de derecho y a la democracia no es posible con Ortega y los que lo acompañan. En este siglo, la visión de Ortega es incompatible con la visión de las fuerzas que pujan por la democracia. Con Ortega no hay futuro.

En Nicaragua, o es él (el pasado) o es la democracia (el futuro). La democracia es la única opción que puede construir una sociedad estable y próspera. Ortega está viejo. La imagen de joven idealista que venció a la dictadura ya no existe más. Hace mucho desapareció, se ha convertido en algo mucho peor a lo que derrotó. Con él, Nicaragua ha permanecido como una bicicleta estacionaria esforzándose mucho pero permaneciendo en el mismo lugar de la historia. Eso es Ortega, un escaparate del pasado que niega la modernidad a su pueblo en pro de su capricho de morir en el poder para heredárselo a sus descendientes.

Hacia el futuro

 ¿Cómo vislumbrar el día después, una vez que Nicaragua retome el sendero de la democracia?

Nicaragua es un país cíclico y repetitivo. Por tanto, los cambios llegarán cuando menos se esperen. Cuando todo parece resuelto y tranquilo, se descubre que nada estaba resuelto. Que debajo de la superficie corrían ríos caudalosos que niegan la ficticia realidad exterior. Cuando Ortega creyó que estaba en el cénit de su poder y que gobernaría sin resistencia y oposición, vino el terremoto de abril del 2018. La rebelión hizo trizas sus sueños de grandeza y de estabilidad dictatorial. Por tanto, así será el fin de Ortega. Cuando él crea que ya controló la rebelión de abril, vendrá su fin. ¿Cómo será ese fin? No lo sabemos, pero podemos intuirlo. Sus errores se acumulan y tarde o temprano ocurrirá el desenlace.

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El día después será el despertar de un mal sueño que no nos va a dar ni tranquilidad ni estabilidad. Ese día nos volveremos a dar cuenta, nuevamente, que volvimos a perder tiempo valioso y que hay que redoblar esfuerzos para realmente transformar Nicaragua. Que estamos de nuevo en el punto de partida y que todas las tareas importantes están por hacer. Pero tendremos por fin la consciencia clara de que hombres como Ortega, a pesar de sus diatribas de modernidad, le han hecho un gran daño al país. Descubriremos que con él y su grupo estábamos anclados de forma inmóvil en una bicicleta estacionaria y que, a pesar del sudor de los esfuerzos, no hemos avanzado mucho. Por tanto, la Nicaragua grande y luminosa no está en el pasado sino en el futuro que duramente tendremos que construir en todo este siglo.

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El proceso electoral que Ecuador vivió el pasado 5 de febrero dejó más dudas que certezas. En principio, el panorama lucía complejo. Sin embargo, sus resultados han enrarecido el clima político. ¿Por qué? Este artículo plantea algunas ideas para comprender el regreso del correísmo a nivel territorial.

En la mencionada jornada se eligieron varias dignidades locales: alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales. De igual forma fueron electos los siete representantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  (CPCCS). Estos candidatos concursaron con reglas propias para su promoción.[1]

Por otro lado, el presidente Guillermo Lasso había llamado a una consulta popular el mismo día de las elecciones subnacionales. Las preguntas eran enmiendas a la vigente Constitución de 2008. Así, el Ejecutivo preguntó a la ciudadanía su decisión sobre ocho temas importantes. Estos fueron: viabilizar el mecanismo de extradición, disminuir el número de asambleístas nacionales (de 137 a 120), generar un registro de afiliados de movimientos políticos, generar un sistema de pagos por servicios ambientales, entre otros. El oficialismo hizo campaña por el sí. Pero el resultado fue negativo en todas las preguntas.

Fragmentación política

En un país con más de 280 movimientos y partidos políticos inscritos formalmente, y más de 120 participando en estas elecciones, llevar un proceso electoral sin fallas planteaba desafíos enormes para todos los actores involucrados. A decir de la autoridad electoral, se estima que corrieron alrededor de 60.000 candidatos. Por lo tanto, la organización del proceso se transformó en una tarea enorme, más aún debido a la alta fragmentación política. La transparencia de las elecciones era una condición sine qua non que había que mantener de principio a fin.

No obstante, la dura realidad política que reina en el Ecuador no deja de pasar factura. Los problemas sistémicos han terminado por empañar las elecciones. ¿Cuáles son? La falta de consensos de los actores políticos, la debilidad de un gobierno que se debate entre denuncias de corrupción y su poca habilidad para comunicar sus logros, partidos políticos que apuestan a las elecciones para revivir cada cuatro años y una institucionalidad electoral débil. Todos estos problemas han convergido alrededor de las elecciones, y han sumido al país en un caos.

El triunfo de Revolución Ciudadana

Los resultados de las elecciones mostraron un triunfo de los candidatos de la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa. Especialmente en las alcaldías y prefecturas de Quito y Guayaquil y otras pocas a nivel nacional. Estos datos sorprendieron y terminaron siendo consistentes con los bajos números de popularidad del oficialismo.[2] Además, la pobre gestión de las autoridades subnacionales salientes, provocó que la ciudadanía apostara a los «malos conocidos».

[Lee también: ¿Por qué se fortaleció el correísmo?]

Un factor que sin duda abonó a esto fue la falta de voluntad de unión por parte de los liderazgos de distintas tendencias ubicadas del centro hacia la derecha. En un esfuerzo sin precedentes por tratar de unificar candidaturas, varias veces se estuvo a punto de tener acuerdos políticos que viabilizaría un camino de unidad. Al final, primó el personalismo. Esta experiencia es la prueba plena de que la política necesita renovarse con liderazgos que piensen el país de una forma distinta.

Negación a la consulta

La consulta popular generó expectativas positivas debido a su contenido, diseñado para reivindicar las preocupaciones de la sociedad: seguridad, medio ambiente, reforma de los partidos, etc. Las encuestadoras diagnosticaron resultados  favorables. Incluso se mostraron porcentajes de aceptación de casi 75%. Con esa idea en mente, el pueblo fue a votar. Llegados los resultados, el segmento más informado de la población observaría estupefacto que el referéndum se había perdido en su totalidad.

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A partir de ese momento surgieron dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Estas se fortalecen conforme pasan los días. El vicepresidente de la autoridad electoral, Enrique Pita, denunció una posible infiltración en su sistema informático. Refirió la existencia de centros paralelos de conteo de votos, y dispuso un reconteo voto a voto, en medio de las dudas generalizadas sobre la credibilidad del sistema.

Algunas certezas

Así las cosas, y mientras se dilucidan conclusiones sobre los resultados, quedan algunas certezas:

• No se tomaron en cuenta cuidados para garantizar un sistema informático a prueba de manipulación.
• Producto de lo anterior, el país está sumido en un ambiente de duda y desconcierto. La institucionalidad quedó debilitada.
• Revolución Ciudadana afronta un proceso de recomposición. No se sabe si con este triunfo va a poder librarse de la presencia proviolenta de su líder o si instituirá una práctica democrática de apego a las instituciones.
• Diversos liderazgos políticos quedan muy mal parados y surge en la población una urgencia de figuras distintas.
• La gestión del presidente Lasso sigue siendo golpeada en su credibilidad y aptitud para gobernar. El Ejecutivo tendrá que ser muy creativo para recomponerse de esta mala racha. Urge un replanteo de su forma de gobernar y, sobre todo, es fundamental que regrese a ver a la ciudadanía y plantee una agenda más social orientada a las bases.
• El país requiere una reforma al sistema de partidos como una forma de viabilizar el ejercicio de la política de forma profesional y con ánimo de servicio.
• El hartazgo social es más visible. Esta vez empiezan a surgir nuevas propuestas de intervención a través de la organización ciudadana que se siente «traicionada» por los políticos, pero quiere defender la democracia participativa y pacífica.

Las elecciones en el Ecuador traen varias lecciones para la democracia. Son un espejo en el que pueden verse algunos sistemas de América Latina Para incorporar su aprendizaje se debe superar el momento de caos y desconcierto que vive el país.

Notas:

[1] Según lo señala el Código de la Democracia, y el reglamento para la promoción de candidato al CPCCS y la Ley Orgánica Reformatoria del CPCCS, el órgano electoral se encargará de promocionar los nombres, trayectoria y propuesta de las candidaturas.  Además, señala que ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato o candidata al CPCCS.

[2] La popularidad del presidente Guillermo Lasso se encuentra entre el 12 y el 30% de aprobación según diferentes encuestas. Fuente: BBC.

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Globos espía chinos en el mundo. Estados Unidos confirmó lo que para muchos era un secreto a voces. El globo chino abatido el sábado 4 de febrero por la fuerza aérea estadounidense no era un artefacto de uso civil con fines meteorológicos, sino una aeronave de vigilancia dirigida por el Ejército chino que portaba equipos electrónicos diseñados para interceptar comunicaciones sensibles. Es decir, un globo para espiar.

El gobierno de Pekín alegó que el artefacto era de uso civil y que se desvió hacia espacio aéreo estadounidense por causa del viento. Washington lo refuta luego de ver las imágenes del globo tomadas en pleno vuelo y tras recuperar sus restos en aguas del Atlántico. Los equipos electrónicos de a bordo —explican— eran «inconsistentes» con los utilizados en los globos meteorológicos. En su vuelo desde Alaska hasta Carolina del Sur el globo chino merodeó por Montana, estado que casualmente alberga instalaciones de misiles nucleares.

¿Amenaza china o violación del espacio aéreo?

Las autoridades estadounidenses advierten también que el episodio no puede considerarse un hecho puntual. Este tipo de globos espía chinos han sido avistados en los últimos años en más de 40 países de los cinco continentes, incluidos Japón y Taiwán. Al menos cuatro episodios similares acontecieron en Estados Unidos recientemente, tres de ellos bajo el mandato de Donald Trump. Y recientemente se detectó otro globo chino sobrevolando Colombia y Costa Rica.

La respuesta de ambos países latinoamericanos fue quitar hierro a la violación de su espacio aéreo, dando por buena la explicación china acerca de la naturaleza civil de la misión y de que la entrada fue «no intencionada». Pekín agradeció el gesto: «No representamos una amenaza para esos países y estos así lo entienden». Más allá del cálculo realizado para gestionar un asunto tan sensible para China, en la reacción de Bogotá y San José anidan algunas de las claves que definen la relación de América Latina con el gigante asiático.

Por ejemplo, cala entre las élites locales la idea de que es imprescindible que haya un clima diplomático e institucional óptimo (para Pekín) para que fructifiquen, y no poner en riesgo las oportunidades que este país ofrece. Y es que, en la división que el comunismo hace del mundo entre amigos y enemigos, China exhibe tanto los beneficios de la cooperación —para los primeros— como las represalias para los segundos. China impone así las condiciones de la relación, que no siempre se alinean con los intereses del país interlocutor. Cabe preguntarse: ¿habrían reaccionado igual Colombia y Costa Rica si el globo espía hubiera sido de un país vecino o de Estados Unidos?

Implicaciones geopolíticas

Otro factor que es imprescindible entender es que algunos de los proyectos o desempeños chinos en América Latina y en otras regiones tienen indudables implicaciones geopolíticas o para la seguridad nacional de los países receptores. Pensemos no solo en los globos espía, sino también en la estación espacial de China en Neuquén (Argentina), o en el megapuerto peruano de Chancay, actualmente en construcción, entre otros.

China y sus aliados regionales con frecuencia sacan el comodín del uso civil para neutralizar las críticas y las incertidumbres. En la cultura política democrática el corte entre lo civil y lo militar es visible. Esta división no ocurre en China, donde nada que sea estratégico es civil o fuera del alcance del gobierno. Así, la estación de Neuquén dedicada al programa lunar, supuestamente de índole científica, lo ejecuta en Argentina personal del Ejército Popular de Liberación. El puerto de Chancay, que es por definición de naturaleza dual, será gestionado por la empresa estatal COSCO, considerada núcleo duro del régimen. Se debe —por tanto— a la voluntad del Partido Comunista.

Con todo, si la reacción de Colombia y Costa Rica podría haber sido acaso más enérgica, en el caso de Venezuela su posicionamiento ha sido elevar la apuesta y alinearse con Pekín en denunciar «el uso de la fuerza» de Estados Unidos por derribar globo espía. Coincide que los regímenes autoritarios latinoamericanos, tan dependientes económica y políticamente de China como ideológicamente hostiles a Estados Unidos y al mundo libre, rinden pleitesía a Pekín incluso en asuntos ajenos a su soberanía y que quizá habrían requerido mantener una prudente distancia.

Artículo originalmente publicado por Cadal el 13/02/2023.

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Las recientes protestas en Perú pusieron al país en el epicentro de la agenda regional. Movilizaciones masivas colmaron los noticieros para mostrar el rechazo de la sociedad hacia el gobierno interino de Dina Boluarte, quien asumió al frente del Ejecutivo luego de que el presidente Pedro Castillo diera un golpe de Estado anulando al Congreso de la República el pasado 7 de diciembre. Castillo está preso y Boluarte, quien fuera su vicepresidenta, se enfrenta a un clima hostil con un bajo respaldo político.

Dos narrativas chocan. Por un lado, el hecho real del mensaje televisado de Castillo liquidando las instituciones democráticas. Por el otro, un relato articulado por la llamada prensa alternativa que busca instalar que Castillo fue víctima de una componenda del Congreso y la élite política tradicional, donde se cuelan grupos al margen de la ley que se beneficiaron durante el mandato de 18 meses de Castillo. Si bien esta última narrativa es difícil de sostener, ha ganado terreno no solo dentro del Perú, sino a nivel internacional. Mandatarios como el colombiano Gustavo Petro han mostrado solidaridad con Castillo.

Para comprender las claves de la crisis peruana y las posibilidades de un llamado a nuevas elecciones como alivio a las tensiones políticas, conversamos con el congresista independiente Carlos Anderson, economista, experto en finanzas y electo para el periodo 2021-2026.

Crisis a la peruana

La palabra crisis es la que determina la conversación sobre política en el Perú desde hace cinco o siete años. ¿Por qué no obstante debemos tener esperanza?

Carlos Anderson: En términos históricos, la democracia peruana es un hecho bastante reciente. Es una democracia joven. Tiene una estructura política y económica con huecos por todas partes. Eso hace que cuando ha habido bonanza económica, la sociedad se ha sentido satisfecha porque ha tenido crecimiento sin mayores cambios sustantivos en la estructura del país. Y descuidando que hay una división terrible entre el mundo urbano y el rural, y controlando la captura del Estado por parte de los intereses privados y no por los de las grandes mayorías.

Perú, por ejemplo, aparece como un país de ingresos medianos altos, pero cuando examinamos con calma vemos que 35 % de la población no tiene acceso al agua ni desagües. Por un lado, hay gente en San Isidro (Lima) con indicadores de calidad de vida y desarrollo humano similares a los del primer mundo, con expectativa de vida de 80 años o más. Pero, a la vez, en la misma Lima hay gente con expectativa de vida que apenas pasa los 60 años.

Hemos llegado tarde a la creación de nuestras instituciones. Esto también puede ser una oportunidad, como dice Thomas Friedman, porque ya sabemos las cosas que no funcionan. Tenemos una clase política que ya tiene treinta años en el poder, que ahora debe salir de ahí.

Castillo y el golpe fracasado

¿Por qué fue golpe el accionar de Pedro Castillo y por qué fracasó?

CA: Sencillo. El presidente representa a la nación, es el jefe supremo de las fuerzas armadas. Este es un sistema presidencialista. Entonces, cuando el presidente sale en televisión a decir que va a cerrar el Congreso, los tribunales y pide captura de la fiscal de la nación, se pone al margen de la ley.

Interrumpir el trabajo del Congreso ya lo pone fuera de la Constitución. Como en muchas cosas del gobierno de Castillo, todo se hacía sin autoridad y sin organización. Por tanto, salió mal, y eso no me extraña.

Fuera del Perú y en el interior del país se ha vendido una idea de que se dio un golpe del Congreso hacia Castillo, fundamentalmente impulsada por partidos de izquierda, pero nada más lejos de la realidad.

La batalla de los relatos

¿Qué o quién organiza la movilización social contra el gobierno interino? ¿Es contra la presidenta Dina Boluarte o contra el sistema político?

CA: Es una combinación de varias cosas.

Durante treinta años se generó una narrativa del «milagro» peruano, con el crecimiento económico. Pero esto no era coincidente con la realidad, porque al mismo tiempo había gente en el mundo rural sin servicios ni oportunidades. Esto fue generando un caldo de cultivo para el descontento. Luego el Estado vivió un proceso de descentralización que, en vez de acercar la política a la gente, descentralizó la corrupción, generando frustración por todas partes.

Cuando Castillo da el golpe y asume Dina Boluarte, personas del sur y de la sierra que habían votado por Castillo reaccionaron contra eso, en parte, porque vivían de esa narrativa de que el Congreso y la clase política habían dado un golpe contra Castillo.

En los 18 meses que duró el gobierno de Pedro Castillo la producción de coca creció como nunca, también la tala ilegal, no hubo captura de nadie. Dentro de ese mundo rural también había gente que se beneficiaba de eso, de actividades ilegales, digamos «en negro», que salieron a reaccionar contra eso. Fue una confluencia del relato instalado en la periferia y de grupos al margen de la ley que reaccionaron contra el gobierno instalado por mando constitucional. Y la protesta no fue inocente, sino con una estrategia y recursos pensados para poner contra las cuerdas al gobierno, con la toma sistemática del aeropuerto, el cierre de carreteras y el bloqueo a las cadenas de suministro, que tuvieron como objeto asfixiar la capital del país. No fue una movilización espontánea con gente que solo tenía ganas de protestar. Hubo estrategia detrás.

La debilidad de Boluarte

¿Cómo evalúa la actuación de Boluarte y de su gabinete en este contexto?

CA: La conformación del gabinete ha sido mejor con respecto del anterior, más técnico y propicio, pero con menos capacidad política. De tal manera que ha sido igual de ineficaz que el anterior. Ha ignorado la batalla de las narrativas en el plano político y no ha tenido operadores que puedan responder a eso. De igual forma, hubo un fracaso total en el uso de los servicios de inteligencia.

Cuando recién asumió la señora Boluarte yo tuve una reunión con ella. Le dije: «Usted debe reconocer la extraordinaria debilidad que tiene su gobierno y su poco respaldo político. Usted no tiene el apoyo de los partidos, de las organizaciones sociales, empresariales, de las fuerzas vivas del país. Usted fue expulsada de su partido, el que la llevó al poder. Así que creo debe hacer de eso una oportunidad poniéndole una fecha de caducidad a su gobierno y llevar al país hacia unas elecciones. No deje que los violentistas lo hagan». Pero ocurrió todo lo contrario y, en consecuencia, los violentos fueron los que marcaron la pauta del gobierno.

El Estado no se preparó para contener y desarmar la protesta violenta, con todo lo que pagamos en inteligencia y en seguridad. El gobierno del Perú, por ineptitud, no tuvo capacidad de organizar la respuesta a esa guerra avisada.

La Constitución y el choque de poderes

¿Qué posibilidades tiene el sistema político de hacer cambios para volver a aglutinar las demandas de la sociedad peruana?

CA: Este Congreso ya no puede hacerlo porque se ha deslegitimado. Son 130 voluntades que no hemos sido capaces de ubicar puntos de encuentro en función del interés nacional.

La Constitución peruana es un híbrido entre régimen presidencialista y régimen parlamentario, donde existe el voto de confianza para el gabinete de gobierno, que es una tontería, porque le pide al Congreso que sancione a gente que no conoce y que ha sido elegida por el Ejecutivo. Si, por alguna razón, se niega dos veces seguidas al gabinete, el presidente tiene la capacidad de cerrar el Congreso. Esa es una espada de Damocles sobre el Parlamento.

De igual manera, la Constitución instala que la única forma de vacar [expulsar] al presidente de su cargo es si él comete una serie muy limitada de delitos, entre ellos, la interrupción del Congreso. Existe un concepto vago, difícil de asimilar, que es la incapacidad moral permanente, que también puede significar para el presidente que lo pueden vacar por cualquier cosa que el Congreso entienda como incapacidad moral. Esas dos bombas nucleares de un poder versus el otro están presentes en la Constitución y esta es una tarea pendiente que se debe revisar y arreglar para salir de ese desvarío democrático hacia una opción más razonable. Creo que tenemos que ir lo más pronto posible a elecciones y hacia un nuevo Congreso que pueda abordar este tema con mayor legitimidad.

Partidos y militares

¿Qué rol están jugando los partidos políticos y las fuerzas armadas?

CA: Las fuerzas armadas no tienen absolutamente ningún rol. Su participación con la parte más nefasta del régimen de Fujimori las deja fuera de esto. No tiene participación institucional en la crisis ni en su solución.

Por otra parte, prácticamente ya no existen partidos políticos en el Perú; lo que existen son dueños con partidos. Están totalmente en otra era y por lo tanto imposibilitados de recaudar y seguir los requerimientos de la ciudadanía. Luego, ha habido una serie de reformas que no ayudan a la operatividad de los partidos, con diversas exigencias que los hacen inviables en lo organizativo. Son tareas pendientes para un nuevo Congreso.

¿Nuevas elecciones pueden ayudar a resolver la situación de crisis?

CA: Una elección es mejor que nada porque sin eso no hay posibilidad de hacer reformas mínimas e ir desactivando la falta de legitimidad presente en la actual legislatura.

La frase «cada Congreso es peor que el otro» la dice por lo general la gente del Congreso anterior. Yo creo que el Congreso, tal como está instrumentado en la Constitución, representa bien al país. Somos un país desunido, desintegrado territorialmente, con desigualdades enormes en lo educativo y profesionales, y entre lo urbano y lo rural. La democracia ha permitido que cualquier persona mayor de 18 años pueda acceder a votar y a ser representante.

Tenemos que empezar a entender que en el Congreso tenemos una imagen fiel de lo que somos. No nos gusta vernos en ese espejo. De tal manera que, si algo debemos cambiar y mejorar, es la educación y las condiciones de vida de la sociedad para tener un mejor reflejo de nosotros mismos.

Cuando yo veo el plan de gobierno de Perú Libre [del expresidente Castillo], que era un panfleto sin ninguna información, a sabiendas de lo complicado e importante que es tener un plan de gobierno, sorprende ver la ineptitud que estuvo guiando al gobierno de Castillo y que fue votado en su momento por los peruanos.

La comunidad internacional

¿Qué rol juega y debe jugar la comunidad internacional en la situación del Perú?

CA: Creo que la comunidad internacional debe abstenerse de intervenir en los asuntos internos del Perú y, en todo caso colaborar para que los caminos constitucionales sigan su curso. La OEA ha tenido observaciones y crítica en lo que ocurre, amén de que sus embajadores ahora son mayoritariamente de izquierda y algunos de ellos comulgan con Castillo. Un ejemplo es el embajador de México, que opera constantemente como apoyo a Castillo.

Los partidos de izquierda no han tenido ningún empacho en crear narrativas sin ningún tipo de evidencia sobre lo que está ocurriendo con Castillo y ayudar a instalar que fueron el Congreso y el sistema político quienes le dieron un golpe al «inocente» expresidente.

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Justo días antes del Día del Periodista, celebrado en Colombia el 9 de febrero, la Fundación para la Libertad y Prensa (FLIP) llamó la atención sobre el uso del Twitter del presidente Gustavo Petro contra medios de comunicación y periodistas. Es que Petro se suma a una lista de mandatarios, que va desde Trump hasta Bukele, que utilizan esta red social no solo como una plataforma de sus ideas sino para construir un escenario de posverdad, en el que cuestionan a la prensa, al tiempo que se victimizan.

En un mes, el presidente tuitero publicó 34 trinos —identificados por la FLIP— en los que hace correcciones, réplicas o reproches a medios de comunicación por la manera en la que cubren a su gobierno. También ha calificado la información periodística como falsa y ha replicado mensajes de terceros que se refieren a periodistas de manera desobligante y burlona. Esto sucede en medio de debates como la transición energética, los diálogos de paz con grupos ilegales y los señalamientos por acoso sexual a personas que han apoyado al Pacto Histórico.

Estos trinos son: https://twitter.com/petrogustavo/status/1612083936775094273?s=20, https://twitter.com/petrogustavo/status/1616783428556361731?s=20, https://twitter.com/petrogustavo/status/1620050467450687488.

Un líder influyente

Según Twiplomacy, Petro es el cuarto líder más influyente en Twitter, con un alcance de seis millones y medio de seguidores. Pese al llamado de la FLIP, los trinos de Petro, el presidente tuitero, han seguido desmintiendo medios de comunicación y periodistas. «Es falso», «No es cierto», son algunas de las frases con las que Petro desmiente denuncias o publicaciones que van contUn liderra su gobierno. Una frase que recuerda el «Fake News» con el que Donald Trump calificaba las noticias de medios de comunicación que no les eran afines. O la campaña de Bukele, el presidente milennial.

En una especie de pirámide de Twitter, el presidente tuitea y luego lo hacen algunos de sus ministros o congresistas afines, influenciadores, activistas, seguidores y una suerte de cuentas sospechosas sin nombre ni rostro. Los «Me gusta», retuits y mensajes de respuestas amplifican estas palabras presidenciales.

En Colombia han sido asesinados 165 periodistas por el ejercicio de su profesión, según las cifras de la FLIP. Recientemente se han incrementado las amenazas y estigmatizaciones.

Coyuntura de reformas

Esta situación se da en medio de una coyuntura de reformas, como la de la salud, que ha recibido varias críticas porque aún no se conoce su texto, y de intervenciones de la ministra de Minas sobre la transición energética, las reservas de gas y petróleo. Además de las recientes polémicas, como la de regresar al metro subterráneo en la capital del país, una pelea que venía de tiempo atrás y que muchos calificaron de chantaje, o el episodio poco claro de una orden de libertad para el político Jorge Luis Alfonso López, tras ser nombrado facilitador de paz, antes condenado por el homicidio del periodista Rafael Prins. Alfonso López es hijo de la también condenada por homicidio Enilce López, la Gata, reconocida por sus vínculos con paramilitares y políticos.

En cada una de las coyunturas afrontadas por el nuevo gobierno, la comunicación no ha sido su fortaleza. Aunque Twitter no es la red social con más usuarios, sí es considerada la más influyente, pues ahí están tanto los periodistas como los líderes de opinión. En varias oportunidades, Petro informó noticias importantes de la agenda nacional con un trino. Esto fue compartido miles de veces y trasladado a los medios de comunicación como noticia. De esta forma ha impuesto una agenda.

Populismo vs. medios de comunicación

En la investigación «Twitter presidencial ante la covid-19: Entre el populismo y la política pop», en la que se analiza el uso de esta red social como canal de comunicación presidencialista en España, Argentina, México y Brasil al inicio de la pandemia, se resalta que «en el discurso populista hay una tendencia al antagonismo o demonización del rival más que al agonismo o conflicto, que es un elemento central de la política». Aunque los cuatro presidentes comparten rasgos populistas, la investigación diferencia el estilo de Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, «con un perfil más populista con apelaciones emotivas al pueblo, mientras que Alberto Fernández y Pedro Sánchez responden al perfil de política pop, de liderazgo mediatizado para que la prensa amplifique sus logros».

Ese guión del populismo, que crea antagonismos con la prensa al mismo tiempo que se victimiza porque los medios de comunicación son parte del establecimiento que no quiere un cambio, es un libreto en el que el presidente Petro se enmarca cada vez más. Ya no solo es tuitero, sino que se convierte en editor, titulador e incluso periodista que corrige medios de comunicación y hasta sugiere títulos.

Estilo populista

Un mensaje claro en su discurso durante la entrega de los premios periodísticos Simón Bolívar: «El oficio de periodista y, lo que se ha convertido en un oficio, la política, el político profesional, comparten el mismo escenario, casi que los mismos rituales. Son grandes comunicadores sociales. […] Eso los diferencia y los coloca en un mismo escenario. Esa capacidad de comunicar de una manera mayor dentro de la sociedad genera una tensión permanente. Una tensión que siempre existirá mientras exista el oficio de periodista y del político profesional. Puede diluirse en un futuro casi que inmediato, porque puede desaparecer el político profesional y el periodismo puede volverse esencial en toda la sociedad, se pueden diluir las fronteras».

La doctora en Ciencias Sociales Adriana Amado, una de las autoras de la investigación, explica que «el antagonismo con la prensa es una característica del estilo populista. Construye el escenario de la posverdad y ayuda a sembrar la duda. Cuando empiezas a deslegitimar la prensa, empiezas a entrar en duda. Los populistas no suelen tener las evidencias de su lado; su estrategia es deslegitimar el otro. Chávez se ancló en la insatisfacción y la fatiga democrática».

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Este panorama pasa actualmente por América, partiendo desde México, donde AMLO usa Twitter directamente en una menor medida, y a través de su programa El mañanero califica de noticias falsas las publicaciones de otros medios respaldado solamente con su palabra. En Centroamérica se alimenta de casos como el de El Salvador, con ataques de Bukele a medios y periodistas, y se multiplica en Colombia, con el gobierno Petro.

Riesgo para la democracia

Algunos de estos populistas convierten a la prensa en su antagonista usando más su cuenta personal de Twitter; otros, con todo un aparataje de medios de comunicación del Estado, pero coincidiendo en que sus mensajes son apalancados por seguidores, influenciadores y granjas que amplifican sus discursos y sus ataques a la prensa.

Esto es todo un riesgo para la democracia, tanto como para los periodistas. Como dice el periodista ecuatoriano Juan Carlos Calderón: «Colombia está en riesgo de seguir el camino de Correa en Ecuador, que empezó desacreditando y descalificando a la prensa con adjetivos de que eran de grupos de poder; luego vino la descalificación moral y al final esto justificó una ley de comunicación».

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