Cuarenta y ocho años de dictadura militar de la familia Somoza no le parecieron suficientes a Daniel Ortega, que ha instaurado en Nicaragua un régimen autoritario sostenido sobre la represión y la encarcelación de sus opositores políticos. No queda nada de aquella Revolución sandinista que terminó con el somocismo en 1979. No hay una sola voz sensata en el continente que justifique el proceder del gobernante que una vez fue capaz de compartir mesa con Sergio Ramírez, Violeta Chamorro o Alfonso Robelo Callejas, en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que recibió la encomienda de pilotar la transición post-Somoza.

Control absoluto

El presidente nicaragüense tiene a su favor a los magistrados en el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y una bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional que aprueba todas las leyes que presenta. Además, controla el aparato gubernamental. Sólo le quedaba extender su poder hasta el nivel local, para consolidar su deriva autoritaria.

La socióloga Elvira Cuadra Lira, investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua, se refiere al tema en un artículo publicado en Diálogo Político sobre las elecciones para elegir gobiernos municipales.

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A pesar de la coacción del régimen a los ciudadanos, los niveles de abstención fueron muy altos. Periodistas y ciudadanos que vencieron con valentía a la censura mostraban imágenes de centros de votación vacíos y simpatizantes del gobierno visitando casas para convencer a la gente de acudir a votar. Así evidenciaban el amplio rechazo a Ortega incluso entre sus propios partidarios.

Control de gobiernos municipales

Sin embargo, las 153 alcaldías del país quedaron en manos del partido de Ortega. Un resultado que no parece extraño, teniendo en cuenta el contexto opresor. En efecto, tanto los representantes de la Organización de las Naciones Unidas en la región como los portavoces de la Unión Europea no se mostraron sorprendidos y manifestaron abiertamente su rechazo.

Desde 2008, Ortega ha ido controlando prácticamente todos los gobiernos municipales a través de procesos electorales fraudulentos. Esto ha convertido a las alcaldías en aparatos ejecutores de las decisiones adoptadas desde la presidencia. También, como explica Elvira Cuadra en su artículo, en instrumentos de sus prácticas clientelistas antes del estallido social de 2018. Y, más recientemente, en centros de operación de las fuerzas represivas gubernamentales. Tremendo panorama el de la administración más cercana al ciudadano en Nicaragua.

La construcción de un autoritarismo

«La deriva autoritaria de Ortega se podría decir que inició aún antes de regresar a la presidencia en el año 2007», puntualiza Elvira Cuadra. Según la socióloga, un hito en ese recorrido autoritario lo marca el periodo entre 1998 y el año 2000, cuando se materializa un acuerdo político entre Ortega y el entonces presidente Arnoldo Alemán, principal líder de las fuerzas liberales en Nicaragua, que en términos prácticos «significó una reforma a la ley electoral que disminuyó el porcentaje de voto requerido para llegar a la presidencia en primera vuelta, así como el control de los diferentes poderes del Estado».

Cuadra agrega que, una vez en la presidencia, hubo otro momento clave en este proceso:

«En el año 2014, cuando Ortega reforma la Constitución, reforma leyes importantes del sector de la defensa y la seguridad, que cambian la naturaleza del régimen político por uno de carácter autoritario y construye además un marco jurídico que le da forma a ese régimen autoritario y dinástico».

Prácticamente nadie de los que acompañaron la Revolución sandinista se encuentran junto a Ortega en la actualidad. Por el contrario, han adoptado una posición crítica y forman parte de la oposición. Es el caso, por ejemplo, de Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Nicaragua en esa época, un reconocido escritor que desde la literatura ha revelado la situación del país.

Persecución y encarcelamiento de las voces críticas

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, excarcelados políticos, abogados defensores de presos políticos y activistas territoriales y digitales, registra un total de 209 presos políticos desde abril de 2018. La noción de persona presa política de la que parte este Mecanismo se deriva del abuso de poder, uso del derecho penal y de la administración de justicia por parte del Estado como herramienta de persecución política.

Elvira Cuadra explica que entre quienes están encarcelados hay un número importante de personas que hacían activismo político o eran líderes en sus comunidades en sus localidades:

«Hay un grupo de poco más de cincuenta que estaban en posiciones relevantes como, por ejemplo, jóvenes líderes estudiantiles, personas de centros de pensamiento, siete personas que tenían la intención de candidatearse para las elecciones presidenciales del 2021, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos, intelectuales, etc.»

Rechazo de la comunidad internacional

Es imposible construir ningún país si sus mejores hombres y mujeres están encerrados en la cárcel. Cuadra señala que la mayoría de ellos están sometidos a torturas, tratos crueles, denigrantes, igual que sus familiares, que también están viviendo esa situación. «Y una buena parte de ellos han sido juzgados y condenados por delitos que fueron construidos por Ortega para condenarlos. Sus familiares, al igual que organizaciones internacionales de derechos humanos y diversos actores de la comunidad internacional han realizado diferentes acciones para su liberación. Sin embargo, no hay ninguna voluntad del régimen para que eso se haga efectivo», sostiene la socióloga.

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Frente a la situación de esas 209 personas presas en Nicaragua por sus ideas políticas, incluyendo en la lista a miembros de la Iglesia católica como monseñor Álvarez, surgen interrogantes: ¿por qué un régimen como el de Ortega está tan fuera del foco de la comunidad internacional? ¿Por qué se permiten sus desmanes y la opresión a su pueblo?

Analiza Cuadra:

«La prolongación de la crisis sociopolítica en Nicaragua ha generado una especie de agotamiento del tema en la agenda pública internacional. Y eso ha llevado a que vaya pasando a segundo plano, sobre todo frente a acontecimientos más actuales y de relevancia que están ocurriendo en América Latina y en el resto del mundo»

Aislamiento internacional

Según la académica, esa es una de las razones por las cuales Nicaragua ya no aparece de manera tan relevante en los medios de comunicación. «A Ortega eso le conviene, porque le da el espacio político para mantener su represión dentro de Nicaragua, para mantener la vigilancia sobre los ciudadanos y sostenerse siempre en el poder. Además, él ha seguido una política de aislamiento de la comunidad internacional y la ausencia de noticias sobre Nicaragua favorece ese propósito», concluye Cuadra.

Ortega ha construido un sistema autoritario y de partido único en Nicaragua. Un proceso que se ha acelerado en los últimos cinco años. La sociedad nicaragüense está permanentemente bajo control, bajo vigilancia, y no se permite ninguna clase de disidencia. Ortega controla los poderes del Estado y las decisiones están completamente centralizadas en la pareja presidencial. Frente a este escenario, Elvira Cuadra no duda en sentenciar que el gobierno de Ortega es «uno de los regímenes más autoritarios de América Latina».

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Cuando muchos con preocupación miran el presente y las nuevas tendencias populistas, la crisis de los valores democráticos en muchas sociedades, seguidas de crisis institucionales y sociales, junto con la creciente polarización, naturalización de la violencia y sacralización del Estado, resurgen temores por experiencias pasadas, no muy lejanas en el tiempo.

La imponente obra Los orígenes del totalitarismo (1951) de la filósofa judía Hannah Arendt (1906-1975) se ha vuelto en el presente cada vez más actual e iluminadora. Una de las cuestiones más originales respecto de otros estudios es su análisis sobre el papel de la sociedad en el advenimiento y mantenimiento del totalitarismo, así como su descripción de los rasgos que caracterizan a la sociedad totalitaria.

Lo que resulta significativo es que las características que Arendt encuentra en la sociedad totalitaria se encuentran también en las modernas sociedades de masas. El totalitarismo se aprovecha de esos rasgos para implantar el terror, pero la autora siempre subraya que las condiciones estaban dadas, que el proceso social y político hacia el dominio total muestra tendencias identificables que llaman la atención por su actualidad. Nos limitaremos a resumir las más importantes, especialmente aquellas que parecen haberse fortalecido más en nuestro tiempo.

Simplificando un poco, podríamos sintetizar ese proceso en tres rasgos: el eclipse de la esfera pública, el aislamiento social y la superficialidad.

Esfera pública

Un fenómeno típico de las sociedades modernas es el crecimiento del individualismo, de la relevancia de la esfera privada y su primacía por encima de la esfera pública y de la acción ciudadana. Algunos autores contemporáneos ven en las nuevas formas de individualismo hipertrofiado la mayor enfermedad de nuestro tiempo y la raíz más profunda de la crisis política.

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El ser humano que ha devenido en esta modernidad tardía es un individuo despreocupado de la vida pública, enfocado en sus intereses privados, preocupado solamente por la propia seguridad y la de sus seres queridos, a cualquier precio. Para Arendt, este tipo de ser humano indiferente hacia la vida política, aislado en sus intereses de confort y consumo, es la siembra adecuada para un lamentable conformismo social y político.

El exceso de individualismo ha terminado arrojando a las personas a la más absoluta soledad y aislamiento, perdidos y sin los otros, sumergidos en el alienante anonimato de la masa y viviendo solo para sí.

Individuos aislados

«Lo que prepara a los hombres para el dominio totalitario en el mundo no totalitario es el hecho de que la soledad, antaño una experiencia liminal habitualmente sufrida en ciertas condiciones sociales marginales como la vejez, se ha convertido en una experiencia cotidiana».

Arendt define al aislamiento entre las personas como «la enfermedad de nuestro tiempo». Desde la manipulación sectaria, la violencia intrafamiliar hasta la violencia estatal totalitaria no serían posibles sin aislar a las personas, sin cosificarlas, sin atomizarlas: «Solo los individuos aislados pueden ser dominados totalmente. Hitler fue capaz de construir su organización sobre el suelo firme de una sociedad ya atomizada, que él entonces atomizó todavía más».

El individualismo ha llevado a que las personas vivan juntas, pero sin tener nada en común, sin ningún interés compartido. En una sociedad así, el aislamiento hace desaparecer la pluralidad, porque no existe vida común donde encontrarse con los otros en su diferencia, donde se comparta una realidad común siendo distintos.

Por ello, el aislamiento y la fragmentación individualista terminan creando un escenario desolador, donde la pluralidad desaparece y un régimen totalitario puede anularlos a todos y actuar como si todos fueran uno solo, como si toda la realidad fuera homogénea. Quien ha renunciado a su libertad, a la vida con otros, a hacerse cargo de lo común, entrega su libertad para no perder la seguridad de su interés privado, pero el totalitarismo termina liquidando también la vida privada como la vida pública.

Arendt vio que, más allá de los regímenes totalitarios, sus formas de control tienden a sobrevivir en las ideologías que aíslan a los individuos y los hacen renunciar a su libertad de pensamiento.

Vidas superficiales, sin reconocimiento

Los grandes movimientos migratorios tras las guerras ponen en evidencia la existencia de innumerables seres humanos cuya existencia es considerada superflua, porque se acepta su condición de refugiados y apátridas. Hannah Arendt entiende que ser superfluo es no pertenecer al mundo, carecer por completo de reconocimiento, es no pertenecer a ningún lugar.

La pertenencia a una comunidad es fuente de sentido para vivir, es fuente de identidad y de esperanza. Por ello, sin pertenencia, lo que sigue es el absurdo, la intemperie total. Una vez que nos acostumbramos a mirar a seres humanos como si no lo fueran, como si no fueran personas, como si tuvieran menos dignidad, es más fácil tratarlos como cosas, como vidas sin valor, o valorarlos según su utilidad. Que es lo mismo que decir que no tienen dignidad. Y será esta experiencia de la superficialidad de las sociedades modernas la que constituya la puerta de entrada de una nueva forma de mal, de un nuevo tipo de mal desconocido hasta el siglo XX.

Cuando se acaba con la solidaridad humana y se logra que domine la complicidad con la violencia hacia los que no importan a nadie, se produce la destrucción de la singularidad humana, el olvido de su dignidad y se crean fábricas de muerte.

Arendt advierte que el fantasma del terror totalitario puede regresar bajo nuevas formas de tentación de seguridad: «Las soluciones totalitarias pueden muy bien sobrevivir a la caída de los regímenes totalitarios bajo la forma de fuertes tentaciones, que surgirán allí donde parezca imposible aliviar la miseria política, social o económica».

La recuperación de lo político

Hannah Arendt no ofrece recetas para una buena vida política, pero rastrea posibles caminos para su recuperación. Para ella, la más elemental gramática de la política es que la acción, aunque puede ser decidida por individuos concretos, solo puede realizarse mediante alguna forma de esfuerzo colectivo, en el que los intereses privados y las motivaciones personales no cuentan. Y la acción solo es política si va acompañada del discurso, de la palabra, ya que solo en el habla podemos experimentar como común el mundo y es lo que convierte en significativa la praxis.

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Aunque Arendt no se proclama a sí misma como republicana, podríamos identificar sus respuestas emparentadas con una tradición de republicanismo cívico que no define una forma de gobierno, sino más bien una teoría normativa acerca de cómo debería ser la política, buscando recuperar su sentido y su valor.

Podríamos sintetizar, más allá de las diferencias entre ella y otros filósofos como Jürgen Habermas, cinco rasgos comunes a este pensamiento:

• La importancia del bien común, que no es la suma de intereses individuales y que se alcanza por un proceso de participación.
• La importancia de la capacidad de actuar y mostrarse en público, de participar en la construcción de la república, aunque tenga costos personales (virtud cívica).
• La libertad no se entiende como frente a los demás, sino con los demás.
• Separación de la esfera pública de la privada (autonomía de la política), así como una sana distancia entre política y economía.
• Autogobierno y autodeterminación ciudadana.

Actualidad de Hannah Arendt

La obra de Hannah Arendt se ha vuelto cada vez más relevante para comprender nuestro presente. Su forma de pensar no busca una conclusión indiscutible, sino un diálogo anticipado con otros. Ella estaba convencida de que alcanzamos nuestra humanidad en relación con otros y no en solitario, en un mundo común, plural y compartido.

Y será en el espacio público donde se desarrolle nuestra condición humana, donde seamos capaces de actuar, de revelar nuestra identidad ante los demás y crear espacios de libertad. Su obra ofrece una de las propuestas teóricas más originales del siglo XX y en favor de la recuperación de lo público, del sentido y el valor de la política.

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Con la victoria de Lula da Silva, Brasil se sumó a la tendencia de Argentina, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. ¿Es esta una nueva edición de la llamada ola progresista? Si así fuera, pareciera inevitable compararla con la primera ola, también conocida como marea rosa, que tuvo lugar en Latinoamérica a principios de este siglo. Y sobre todo da para preguntarnos por las razones de esta recomposición del ajedrez político regional, en un contexto internacional de guerra, incertidumbre y reordenamiento de fuerzas entre potencias mundiales.

Los gobiernos no repiten en el poder. Las oposiciones han ganado en casi todos los países en los últimos cuatro años. ¿Cuál es el papel que está jugando el hartazgo social en los cambios que vive la región? ¿Qué razones explican el nuevo tablero político en Latinoamérica? Este es el tema que hoy ponemos Bajo la Lupa.

Participan en este episodio sobre Latinoamérica

Noam Lupu, investigador miembro de Latin American Public Opinion Project (Lapop Lab) de Vanderbilt University.

Fernanda Boidi, investigadora miembro de Latin American Public Opinion Project (Lapop Lab) de Vanderbilt University.

Ángel Arellano, doctor en ciencia política y coordinador de la redacción de Diálogo Político.

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Bajo la Lupa es un pódcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Guion: Raúl Gil | Rombo Podcasts

La entrevista completa a Noam Lupu y Fernanda Boidi se puede leer aquí.

Este domingo 5 de febrero de 2023, el Ecuador llevó adelante sus elecciones intermedias en las que se eligió autoridades de gobiernos locales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), así como puso a votación ocho preguntas de consulta popular.

Estas jornadas marcaron un escenario que determinará la situación del Gobierno central y el futuro político de Guillermo Lasso. Las elecciones dieron varias sorpresas, entre ellas, la contundente victoria del correísmo en el país con una participación aproximada del 80,74% de los votantes.

La principal novedad fue la victoria del alcalde del correísmo Aquiles Álvarez, quien derrotó al socialcristianismo tras 31 años ininterrumpidos en el poder de la ciudad de Guayaquil. Así mismo, dicho partido ha obtenido representación en importantes dignidades del país entre las que destaca la de Quito, capital del Ecuador, y las cuatro principales prefecturas del país: Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí.

Finalmente, el fatídico escenario de la pérdida de las ocho preguntas de la consulta popular se traducen en un rechazo al gobierno, considerando además su nula elección de autoridades en los gobiernos seccionales.

Elecciones seccionales

En las elecciones seccionales se eligieron los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados (GADS). Las autoridades electas son las siguientes:

Con este antecedente, hay que destacar que, si bien estas elecciones no tienen una relación directa con las dinámicas de las elecciones nacionales, sirven de termómetro electoral para medir la aceptación de los líderes nacionales, y principalmente del gobierno. En ese sentido, llama la atención la disminución de autoridades electas del gobierno (Movimiento CREO y sus alianzas), pues pasó de tener dos prefecturas a no tener ninguna. Además de no tener ninguna representación importante a nivel seccional.

Correísmo y cambios políticos

Por otro lado, se visibilizan varios cambios importantes. El socialcristianismo perdió su histórico bastión popular mantenido desde la elección de León Febres Cordero en el año de 1992 con un 65,2% de aceptación. Pasó luego a Jaime Nebot en el año 2000 con una aceptación del 71,8% y finalmente Cynthia Viteri, quien comenzó con un 52,6% y después de una cuestionable gestión recibió un 30,32%. Esta última ha sido la aprobación más baja de este partido en 31 años y trajo como consecuencia la pérdida de la alcaldía. Con ello el correísmo toma el liderazgo de esta ciudad y provincia.

Un fenómeno importante dentro de estas elecciones fue el voto mayoritario a Omar Méndez, candidato de Revolución Ciudadana para la alcaldía de Puerto López, quien fue asesinado un día antes de las elecciones. El electorado lo favoreció con el 46,22%. Respecto a la designación de esta autoridad, el partido deberá postular a alguien quien ocupe el casillero, conforme los requisitos que la ley exige.

La gran mayoría de las autoridades electoras han sido elegidas con porcentajes bajos y con una aceptación menor al 30%. Por ello, su legitimidad electoral será baja y la gobernabilidad a nivel de ciudad será un reto. Esto es la respuesta de la fuerte dispersión de tendencias y el débil sistema de partidos que existe.

Consulta popular

De las ocho preguntas sometidas a consulta, todas fueron negadas. Ello como respuesta a un rechazo al Gobierno actual. Esto pondrá en jaque al régimen, pues será aprovechado por sus adversarios del correísmo que, saltándose el orden constitucional, buscarán desestabilizar al presidente y su gabinete. De ahí que la gobernabilidad se verá muy afectada. La capacidad de gestión de Guillermo Lasso forzosamente se deberá centrar en mantenerse en el poder hasta la culminación de su periodo.

Los dos temas cruciales que se negaron en la consulta son los relacionados con la seguridad, con la extradición y que el CPCCS mantiene sus facultades de designar autoridades.

Narcotráfico

La extradición sería permitida en el Ecuador para delitos transnacionales de narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.

Análisis: esto representaba un acierto del Estado ecuatoriano, pues era una herramienta que aportaba a la lucha contra el narcotráfico. De esta forma, se habría podido procesar de manera más eficiente a delincuentes que incurran en los delitos descritos. Esta herramienta exigía la articulación de una política de seguridad eficiente e integral.

La problemática de seguridad implica una mirada multisectorial de inversión pública, presencia del Estado en sectores deprimidos de la sociedad y generación de capacidades instaladas en las fuerzas del orden. No obstante, esto pudo ser una herramienta que aportaría en la lucha para la disminución de delincuencia.

Autoridades de control

El CPCCS perdería su facultad de elegir autoridades de control, la que sería transferida al Legislativo para que la ejerciera a través de la constitución de comisiones técnicas conformadas por un delegado de cada poder del Estado (5) y otros representantes de la ciudadanía (2) y las universidades (2). Aquí cada delegado debía cumplir con los mismos requisitos mínimos exigidos para la autoridad a ser seleccionada.

• Análisis: El CPCCS fue una herramienta introducida por el gobierno populista de Rafael Correa, para gestionar que los órganos de control fueran cooptados por el Ejecutivo y, en consecuencia, fueran cómplices de su acción en el poder. Ahora bien, trasladar esta facultad a la Asamblea ayudaba a transparentar las intenciones de los sectores políticos y a tener mejor interacción de los poderes del Estado. Sin embargo, las comisiones técnicas contaban con un importante poder. Pues al entregar los resultados la Asamblea tendría 70 días para designar la autoridad después de recibir la terna. Caso contrario, las autoridades iban a ser designadas por el ministerio de la ley. Por lo tanto, la capacidad de modificación del órgano legislativo respecto las ternas era muy limitado y la pugna iba a centrarse entre quienes constituían las comisiones.

Participación Ciudadana

El CPCCS tiene nuevos vocales. Como representantes de las mujeres encontramos a Yadira Saltos liderando la votación (impulsada por el correísmo), seguida por Mishelle Calvache y Nicole Bonifaz (impulsada por el Partido Social Cristiano). Los hombres seleccionados fueron: Augusto Verduga, Alembert Vera (ambos impulsados por el correísmo) y Andrés Fantoni (impulsado por el Partido Social Cristiano). Y finalmente Johanna Verdezoto en representación de pueblos y nacionalidades.

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La nueva constitución del CPCCS —que mantiene la competencia de designación de autoridades estatales, que iba a ser eliminada a través de la consulta popular— demuestra que los dos partidos predominantes tendrán una incidencia importante. A través de su apoyo público, los mencionados partidos han logrado que alcancen la designación de quienes escogerán los nuevos representantes a los órganos de control.

Conclusiones

Un escenario complejo se construye en el país a partir de la mala actuación política del partido de gobierno en las elecciones y del claro rechazo a la consulta popular como una expresión de descontento con la gestión del gobierno. En una valoración general, el Gobierno ha sufrido una gran pérdida de aceptación y, además, ha perdido en el referéndum la oportunidad de generar cambios que el Ecuador necesitaba urgentemente.

El fracaso de la consulta para limitar el número de partidos y movimientos políticos en el país y, sobre todo, el fracaso para crear transparencia de los partidos hacia la ciudadanía se convierte en un revés para la democracia ecuatoriana. Esto vuelve urgente y de agenda prioritaria la reconstrucción de la estructura de partidos y las reglas electorales en el país.

Con la derrota en el referéndum, el Gobierno ha perdido aún más apoyo entre la población. Para mantener su posición, actualmente muy frágil, necesita urgentemente tomar medidas que contribuyan eficazmente a mejorar la situación de la seguridad en el país, realizar inversiones públicas que den prioridad a los ámbitos de los servicios sociales, sanitarios y cívicos, hasta ahora desatendidos, y poner en marcha un proceso tangible que beneficie a las personas más desfavorecidas del país.

[1] Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: es un órgano autónomo creado en la Constitución del 2008, que lidera el poder del Estado de Transparencia y Control Social. En este punto se debe considerar que Ecuador constitucionalmente tiene cinco poderes.

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Internet fue alguna vez un símbolo de esperanza y democratización. Hoy es una jungla plena de sospechas y opacidades. ¿Cómo ocurrió esto? Nada nuevo bajo el sol. Ya ocurrió con otros medios de comunicación. Pasó con la radio, con el cine y con la televisión.

Recuerdo un seminario al que asistí en la Universidad de Columbia en Nueva York a mediados de los años noventa sobre el potencial educativo de Internet. El profesor que dio el seminario, cuyo nombre no recuerdo, dijo que con el nacimiento de la televisión se abrieron perspectivas de una masificación de la educación, de una fusión entre entretenimiento y aprendizaje, de llevar los programas educativos a sitios remotos donde no había escuelas.

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La promesa de la TV educadora se quedó a medio camino. Algunas iniciativas como Plaza Sésamo, los programas de las televisoras púbicas como la BBC o del PBS de Estados Unidos y otros similares marcaron una pauta, pero la mayoría de la programación de la televisión es entretenimiento banal. Y, peor aún, en contextos de totalitarismos y autoritarismos, la TV es la gran maquinaria de propaganda de regímenes que censuran y aplastan disidencias.

Propaganda con esteroides

Con Internet ha ocurrido algo similar. Claro que la red de redes es una fuente tremenda de información y conocimiento. También es un gran basurero, un gran campo de batalla de propaganda, desinformación y visiones paranoides del mundo. La gran diferencia con la TV y los otros medios de masas es que las plataformas digitales pueden ser manipuladas de forma muy sofisticada gracias a los algoritmos, la inteligencia artificial y lo que se llama la deep reality, donde los hechos y la ficción no siempre son fácilmente distinguibles. En este sentido, Internet es la propaganda con esteroides con formas de manipulación de la verdad mucho más sofisticadas que cualquiera que hayan conocido los fascismos y los comunismos.

Monopolios, oligopolios y explotación

Además, la concentración de la propiedad de las plataformas digitales y los medios de comunicación se ha consolidado. El poder de quienes controlan las redes y el comercio digital va en aumento día tras día. Casi nadie escapa a este poder, y nosotros, usuarios obsesivos de las redes, nos hemos convertido en trabajadores que generamos valor para los Google, Meta, Twitter, TikTok, Amazon y Microsoft. Lo hacemos cada vez que usamos nuestros teléfonos, ingresamos en las plataformas, hacemos una compra. No se trata solo de la monetización del tiempo que pasamos atrapados en las redes, sino de los datos que generamos, que son el maná de los monopolios y oligopolios de Internet.

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Y estas plataformas de mil tentáculos han adquirido un poder editorial de veto de publicación, de censura, de control de los contenidos que se difunden por las redes. En vez de practicar la neutralidad digital —es decir, dejar circular los contenidos libremente y que sea el poder judicial en un Estado de derecho el que intervenga cuando exista acusación de difamación o de incitación al odio—, se han convertido en los grandes hermanos que tienen más poder de control de la información que los gobiernos democráticos. Ni que hablar de países como Rusia, Irán, China, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Venezuela o Arabia Saudita, donde los regímenes aplican abiertamente la censura, bloquean el acceso a plataformas digitales y ponen en prisión a los usuarios que difundan contenidos que no sigan la línea oficial.

El sufrimiento de los niños

He notado en los últimos tres años, incluso antes de la pandemia de covid-19, que mis estudiantes de métodos cualitativos de investigación en la Universidad de Ottawa se han centrado en proyectos sobe el malestar que produce en los jóvenes el uso de las redes sociales. Les interesa estudiar los problemas de autoestima que provocan plataformas como Instagram, o la soledad asociada con el uso excesivo de las redes, e incluso la relación entre el consumo de Internet y el bajo rendimiento escolar.

Aunque la evidencia todavía no es concluyente, pareciera que las plataformas digitales tienen un impacto en el sistema nervioso de niños y adolescentes, pues son más propensos a ser moldeados por la exposición a los contenidos e interacciones en las redes de comunicación. Esto ha motivado a que 114 escuelas públicas de la ciudad de Seattle y del condado de Kent (estado de Washington en Estados Unidos) hayan decidido llevar a las cortes a Meta (propietaria de Facebook e Instagram), Google (YouTube) y ByteDance (TikTok). Según un artículo publicado en el ABC de España, estas escuelas acusan a los gigantes digitales de que «se aprovechan de las vulnerabilidades en el cerebro de los niños y los adolescentes para que estos se vuelvan adictos a sus aplicaciones, a sabiendas de que les pueden generar depresión, ansiedad y pensamientos suicidas».

Comienza aquí una saga que podría repetirse en otros estados de la unión americana e incluso en otros países. El precedente del acuerdo con los grandes de la industria del tabaco en 1998 podría servir de ejemplo para compensar a los distritos escolares por los daños producidos en niños y adolescentes y, eventualmente, una mayor regulación de los algoritmos usados por los oligopolios digitales.

El humano prescindible

El reciente frenesí digital alrededor de ChatGPT, un poderoso algoritmo que puede procesar cantidades enormes de datos y producir respuestas en lenguaje natural o en lenguajes de programación, parece anunciar el fin o la transformación de muchas profesiones, incluyendo las de periodistas, abogados, programadores, profesores, entre otros. Aunque el sistema tiene limitaciones (solo produce respuestas a partir de una base de datos limitada) y es incapaz de razonar más allá de lo que los datos le permiten (su capacidad de imaginación y de análisis no es tan poderosa como la mente humana), promete seguir mejorando hasta que en algún momento se acerque al funcionamiento del cerebro humano.

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ChatGPT y otras plataformas de la inteligencia artificial (IA) confirmarían la tesis del historiador Yuval Noah Harari en Homo Deus sobre lo prescindibles que seremos los humanos en un futuro relativamente próximo. Pero todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. No sabemos cómo estos cambios tecnológicos afectarán nuestro sistema nervioso, es decir, nuestro comportamiento individual y colectivo.

¿Qué efecto tendrá la IA sobre nuestro cerebro, nuestras formas de percibir el mundo y de relacionarnos con los otros humanos y no humanos? Ya comenzamos a ver algunos de esos impactos: explosión del narcisismo y de la fragilidad emocional, polarización social y política, e impresión de que sabemos porque vemos miles de imágenes y videos (solo es una impresión de conocimiento). Claro que, en teoría, más tiempo de ocio debería abrir más posibilidades para la convivencia y la creatividad. Hay, sin embargo, indicios de que la inutilidad de los humanos nos hará más peligrosos.

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El canciller de Alemania Olaf Scholz (Partido Social Demócrata, SPD) hizo una breve gira por Sudamérica. En cuatro días estuvo en Argentina, Chile y Brasil. Su visita fue inmediatamente después de la Cumbre de la CELAC en Buenos Aires. En tiempos económica y políticamente difíciles, Alemania quiere recuperar viejas amistades en el continente y abrir un nuevo capítulo de cooperación.

La visión alemana de los viejos amigos

Es el primer viaje fuera de Europa para el Canciller alemán este año. Esto por sí solo es un indicio de la importancia que Alemania nuevamente concede a esta región del mundo. El viaje a Sudamérica en medio de una guerra encarnizada (en Ucrania) y una crisis energética en Europa, tiene un motivo claro: la búsqueda de aliados y nuevos socios en una zona que Europa ha descuidado durante demasiado tiempo. Están en juego la seguridad energética, la protección del clima y un vacilante acuerdo de libre comercio.

Históricamente, Argentina, Chile y Brasil han mantenido lazos estrechos con Alemania. Pero, durante años, Alemania y la Unión Europea apenas tuvieron en cuenta a Sudamérica. Sin embargo, la estructura de poder ha cambiado considerablemente. Hace tiempo que la región reacciona a las ofertas distantes de Alemania y Europa, acercándose, en cambio, a China. No sólo económicamente. China lleva tiempo marcando su territorio en Sudamérica con inversiones multimillonarias, mientras Alemania se queda atrás.

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El canciller Scholz parece querer cambiar esto en vista de su proclamada «Zeitenwende» [punto de retorno]. Scholz también es consciente de que las relaciones comerciales ya no pueden separarse de las cuestiones geopolíticas. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania lo ha demostrado una vez más. Con el inicio del conflicto, la relevancia de la región y, sobre todo, de la vinculación de Estados Mercosur como socios económicos ha vuelto a llamar la atención de Europa. Por ello, la agenda del Canciller incluía expresamente volver a poner en marcha el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la UE y el MERCOSUR congelado desde hace años.

Las claras palabras sobre el deseo alemán de llevar este acuerdo a buen puerto incluso sorprendieron algunos analistas alemanes. El canciller hizo un llamamiento a Argentina y Brasil para que todos los participantes trabajen «con espíritu constructivo». Los claros señales por parte de los gobiernos de Brasil y Argentina de querer justamente avanzar en esta dirección sin duda es una noticia positiva de este viaje.

Si no es Europa, será China

Alemania y Europa dependen de socios como Argentina, Chile y Brasil para su transición energética y la diversificación de sus socios comerciales. Así, la gira del Canciller estuvo marcada en gran medida por la intención de estrechar la cooperación en política energética entre Alemania y Sudamérica. Los tres países poseen materias primas de interés para Alemania: suelos fértiles, yacimientos de petróleo y gas, hidrógeno verde y metales como el litio y el cobre. Especialmente estos últimos son cruciales para la transición energética europea hacia una economía verde.

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Scholz repitió una y otra vez el mantra de que la transición energética de Occidente no se llevará a cabo a costo de Sudamérica. Por lo contrario, Alemania debería ayudar a utilizar la riqueza natural de los países de Sudamérica de forma beneficiosa y justa para todos. El camino hacia un sector minero sostenible y la protección de la selva tropical plantean grandes retos. Pero a pesar de esto, el Canciller debe ser consciente de que las materias primas no quedarán bajo tierra aun sin la extracción europea. Si no es Europa, será China.

Amazonia

El clima y la protección del medio ambiente fueron los temas más debatidos en Brasil, una de las razones por la que el Acuerdo UE-Mercosur aún no ha sido ratificado. Brasil es por lejos el socio más importante de Alemania en la región. No sólo económicamente, sino también en el intento de frenar el cambio climático. Alemania aporta 35 millones de euros al Fondo Amazonia para apoyar proyectos de uso sostenible. Para subrayar el interés en el tema, la ministra alemana de Desarrollo, Svenja Schulze, integró la delegación a Brasilia.

La confianza que muchos políticos europeos especialmente de centroizquierda depositan en Lula es grande. Sin embargo, aún se desconoce cómo el presidente brasileño pretende exactamente cumplir las normas en materia de protección del clima, agricultura regenerativa y propiedad de la tierra. Por otro lado, no es probable que a Alemania le interese un declive de la industria agrícola brasileña como importante país exportador en ese rubro.

Rechazo amistoso pero firme

Scholz chocó con otra realidad difícil para Europa en su conferencia de prensa con Lula. Observadores en Alemania se asustaron con la posición del presidente brasileiro frente a la agresión rusa a Ucrania cuando repartió las responsabilidades por la guerra a ambos bandos. Scholz así no tuvo éxito en su solicitud a Brasil como también a los gobiernos izquierdistas de Chile y Argentina por un más nítido apoyo a Ucrania. Se llevó el mensaje que especialmente los gobiernos llamados “progresistas” miran con algo de lejanía y ambigüedad a este conflicto tan central para el debate europeo.

No es una sospecha muy arriesgada que las actividades rusas de relacionarse con el Foro de Sao Paolo que mantiene relaciones muy estrechas con los gobiernos de izquierdas de la región muestran sus frutos. Es un área dónde Europa y especialmente la socialdemocracia europea debe prestar mucha atención en su relacionamiento con los grupos de izquierda en América Latina. Pero detrás de la ambigüedad frente a la guerra también hay intereses económicos. Las industrias agrícolas de Brasil y Argentina dependen totalmente de los fertilizantes rusos. En consecuencia, los países no quieren suministrar sus propias armas a Ucrania y dieron al Canciller un amistoso pero firme desaire.

Cuantos más amigos, mejor

A pesar de la antigua amistad, la simpatía fundamental y los valores compartidos, no se puede negar que Brasil, Argentina y Chile ya han encontrado nuevos socios. Las condiciones parecen haberse invertido. El viaje demostró que Alemania y Europa deben esforzarse más para no perder la conexión con Sudamérica.

Lo difícil ahora será ver si de la visita surge una estrategia interministerial concreta para América Latina. Es importante que no se quede en declaraciones vagas, sino que se concreten hechos.

Con demasiada frecuencia, Alemania y Europa han decepcionado a la región y la han dejado sola en situaciones de emergencia como la pandemia de Covid-19. Oportunidad que aprovecharon China y Rusia. Por tanto, el Gobierno alemán haría bien en mostrar más que voluntad política para recuperar viejas amistades. Más que un solo viaje, tal intento debe seguir a una mirada estratégica y de largo plazo.

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América Latina va a atravesar un período interesante y complejo, al mismo tiempo, en esta etapa pospandemia. Hasta aquí, todos los ejecutivos nacionales experimentaron opciones de cambio —Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana y Bolivia—, y durante 2023 probablemente se sume a la misma ola Argentina, quedando en expectativa lo que pueda suceder en Guatemala y Paraguay.

En ese marco de varios presidentes nuevos, se celebró la reunión de la Celac, en la cual hubo claras diferencias sobre la mirada que se debe tener respecto a la vigencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Más allá de las declaraciones, está claro que se trató de una cumbre de poco sustento real de coordinación de políticas, con un predominio de consideraciones ideológicas. O, como algunos dicen, el evento fue sobre todo una reunión bilateral de Brasil y Argentina con invitados.

Nueva etapa en la región

La llegada de Lula al poder, sumada a una nueva camada de presidentes en Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Uruguay, hace que se inaugure una nueva etapa en la región. En primer lugar, porque el presidente de Brasil estará obligado a hacer un ordenamiento macroeconómico, en un mundo no tan promisorio como el de hace 20 años atrás, con amigos que ya no están —Chávez y Kirchner—, con una sociedad muy dividida y con debilidad en el Congreso. Eso hará que deba concentrar energías en el frente interno.

En segundo lugar, porque nada hace prever que la región vuelva a experimentar un boom de materias primas como ocurrió entre 2003 y 2013. Con una guerra en Ucrania que está lejos de definirse, altas tasas de interés en los Estados Unidos y un crecimiento económico muy moderado a nivel global, los países de América Latina deberán administrar más escasez que abundancia, con los conflictos políticos y sociales que ello conlleva. Ciudadanías más convulsionadas pondrán en jaque decisiones de ajuste macroeconómico imprescindibles, alimentando un círculo vicioso.

Situaciones complejas

En tercer término, buena parte de los países de América Latina atraviesan situaciones complejas. Son muy pocos los que pueden excluirse de la ola general, pero al menos los cuatro grandes de la región —Brasil, México, Argentina y Colombia— están en procesos inciertos que podrían derivar en crisis institucionales.

En cuarto lugar, Estados Unidos no es el actor de principios de siglo, con Bush primero y Obama después. Es un país mucho más agrietado culturalmente, luego del shock de la presidencia Trump, con fuertes interrogantes respecto a qué sucederá en la elección de 2024. Muchos analistas dan por terminada la globalización tal cual la conocíamos hasta el momento —un circulo virtuoso de expansión democrática y capitalista de libre comercio—, para dar paso a una era de gran incidencia de los intereses geopolíticos. Esto profundiza la conflictividad con China y hace que el gobierno americano pose sus ojos de manera especial sobre la presencia del potencial oriental en Latinoamérica.

Brasil ¿primus inter pares?

Con todo ese marco, Brasil y Estados Unidos se necesitan mutuamente, dada la multiplicidad de problemas a nivel global. Lula quiere y puede volver a jugar el rol de gran aliado para moderar la conflictividad inter e intrapaíses, de modo que nada genere un efecto dominó negativo adicional a la difícil situación existente. En los días previos, durante y luego de la Cumbre de la Celac, Lula tuvo gestos para mostrar que el liderazgo brasileño estaba retornando. Recibió a Evo Morales, teniendo en cuenta la pelea que sostiene con el actual presidente boliviano, Luis Arce. Selló su amistad con Alberto Fernández, pero no fue a ver a Cristina Kirchner.

Hizo la visita de honor a José Pepe Mujica, al mismo tiempo que actuó de contenedor de las demandas de Uruguay respecto a los acuerdos de libre comercio dentro del Mercosur. Mandó una señal para acelerar el acuerdo con la Unión Europea antes de considerar una negociación con China. Ningún otro presidente de la región podría haber dado todos esos gestos de ser un primus inter pares. En algunos casos, porque son nuevos. Otros, porque están muy conflictuados internamente. Otros, por tamaño y peso en la región. Y, en el caso de México, por una decisión de espléndido aislamiento, salvo con Estados Unidos.

Pero claro, el mundo no es el mismo de hace 15 o 20 años atrás. Lula llegó con una ventaja estrecha, su país está más dividido, se enfrenta a una oposición muy difícil y sus ex socios regionales ya no están en el poder. De todos modos, eso no evitará que el nuevo presidente de Brasil trate de aprovechar el escenario actual para volver a ser uno de los actores relevantes a nivel global.

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Pablo Malo es psiquiatra experto en psicología evolucionista, coautor del libro Psiquiatría evolucionista: una introducción. Es coeditor del blog de biología evolucionista La nueva Ilustración evolucionista y editor del blog Evolución y neurociencias.

Autor de diversas publicaciones científicas, las más recientes centradas en el tema del suicidio y su prevención, así como en la evolución del suicidio en la especie humana, es también miembro de la Txori-Herri Medical Association y de la banda de psico-rock The Beautiful Brains.

El autor indaga la base biológica y antropológica que tienen los comportamientos de grupo. La segregación ha estado en la base de la supervivencia y sus principios ancestrales siguen explicando fenómenos de la contemporaneidad de nombres como polarización o cancelación. Que son los mismos viejos mecanismos de preservación del clan.

Conspicuo divulgador de psicología evolutiva y comportamiento humano en Twitter (@pitiklinov), sus hilos nos recuerdan lo poco que integramos esos saberes en la comunicación pública. Y lo esenciales que son sus conclusiones para entender fenómenos tan críticos como la polarización política.

Moralidad, ¿palabra de moda?

Adriana Amado: ¿Es posible asociar la palabra de moda cancelación a lo que tradicionalmente llamábamos moralidad?

Pablo Malo: Cancelación en el fondo es censura. Es una forma de castigo que consiste en excluir a los que no piensan como es debido. Se les excluye el grupo y se les echa fuera para que no puedan pudrir más manzanas. Es un comportamiento moral que ha existido siempre. Lo que ocurre es que las redes potencian y facilitan este tipo de comportamientos que han existido a lo largo de la historia del ser humano y que ahora se ven.

AA: Es curioso que muchos de esos grupos que antes eran los excluidos, como los grupos de progresistas, ahora se han vuelto los canceladores.

PM: Estamos viviendo una especie de subversión de los valores. Estamos cambiando lo que han sido los valores de la Ilustración. Los valores del liberalismo en sentido filosófico, la libertad de expresión, la ciencia, ahora están en tela de juicio. Ahora la libertad de expresión resulta que es mala, que es de derechas y lo que es de izquierdas es cancelar. Por ejemplo, en el racismo ha habido un cambio de las posturas de Martin Luther King de no juzgar a la gente por el grupo al que pertenece, por su raza, sino por su carácter. Ahora estamos en una política de identidades donde tú vales lo que vale el grupo al que perteneces, sea de orientación sexual, sea étnico. Se pone al grupo por encima del individuo.

Dividir: ellos y nosotros

AA: Uno de los principios morales que aparecen en el libro tiene que ver con «ama a tu familia, tu clan, tu logia o tu mafia», que en la base es «rechaza al extraño». ¿Es un proceso en marcha o un acomodamiento?

PM: El ser humano tiende a dividir el mundo en ellos y nosotros. Esto es lo que se llama un universal antropológico, o sea, hemos vivido en grupos que han competido con otros grupos durante miles de años. Eso ha marcado un poco nuestra psicología. Hemos tenido que competir con otros y defender esos principios. Es muy fácil enfrentar la gente entre sí. Eso lo saben los políticos y lo usan para enfrentarnos en vez de para que trabajemos juntos. Nuestra mente moral es tribal y —esto es muy importante— nuestros valores morales solo llegan hasta los límites de nuestro grupo. A los otros no les vamos a aplicar los mismos valores.

Si el otro es un peligro, si el otro quiere acabar contigo, entonces los principios morales ya no son «no matarás a nadie, punto», sino «no matarás a los de tu grupo; a los del otro grupo sí los puedes matar». Una vez que el otro ya está excluido, es el malo, pues ya podemos matarlo, ya podemos usar la violencia. Esto está pasando en todos los países. En Brasil, en Estados Unidos, están divididos cincuenta a cincuenta, unos contra otros, y cada vez más hay encuestas que están aportando que la gente estaría dispuesta a usar la violencia contra los del otro grupo. Estamos entrando en una pendiente muy resbaladiza.

AA: En Argentina tenemos un líder que dijo en una alocución: «Al enemigo ni justicia».

PM: Esa división ellos-nosotros es ancestral, forma parte de la naturaleza del ser humano. Las redes, los políticos, no están inventando nada. Lo que están haciendo es tocar teclas que están en nuestra naturaleza. No es casualidad que los programas que más éxito tienen en televisión sean los deportivos, los de cotilleo, o que ahora en Twitter tenga éxito toda esta indignación moral. Eso tiene éxito porque está tocando teclas de nuestra naturaleza humana.

Prestigio y poder

AA: En su libro habla de que las sociedades se ordenan por prestigio o por poder. Ahora hay quienes descalifican el mérito como forma de acceso, pero la alternativa es que el acceso al poder sea determinante.

PM: Ocurre que otra tecla de nuestra naturaleza es que somos animales ávidos de estatus. Los seres humanos hemos funcionado siempre en jerarquías y el que más alto estaba, más acceso tenía a bienes, a recursos, a parejas. Para subir en el estatus hay dos formas: una es el prestigio y otra es la dominancia. Uno puede subir porque es fuerte y todos los demás lo respetan y le temen. O por prestigio, en tanto siempre se ha respetado a las personas que han tenido capacidades o cualidades.

Ahora, eso se está poniendo en tela de juicio y es complicado porque también es verdad que mucha gente sube en el escalafón porque ha tenido ciertos privilegios o ha pertenecido a clases más privilegiadas. Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Va a ser muy difícil que no reconozcamos el mérito, porque está en nuestra naturaleza y reconocemos a la persona que hace algo bien y que tiene capacidades. Con eso normalmente el ser humano no tiene problemas, que aparecen cuando alguien accede a beneficios o privilegios que no son merecidos.

La moralidad del grupo

AA: ¿Qué pasa cuando esta moralidad de un grupo resulta más poderosa que la justicia de la sociedad en su conjunto?

PM: El sentimiento de justicia o la idea de que hay que repartir las cosas de manera justa forma parte de la moralidad. Hay siete cosas que se han encontrado en muchas culturas del mundo, que son comunes en todas las sociedades humanas, y una de ellas es el sentimiento de justicia. También el de reciprocidad, es decir, si alguien te hace un favor, devuelve un favor. Esa idea de que no haya desigualdades forma parte de nuestra naturaleza humana también y lo que hay que hacer es combinar esa idea de la justicia con las otras partes de la moralidad.

Aporte de la psicología

AA: ¿Qué podría aportar la psicología con base biológica al análisis de los fenómenos políticos?

PM: Podría llevarnos a una moralidad más inclusiva, que en vez de que nos dividamos en círculos morales enfrentados, entendiéramos que nuestra mente es tribal y, de ahí, buscar la forma de coordinar de esfuerzos, de buscar objetivos que nos unan a todos. Porque cuando los humanos colaboran por objetivos comunes, esas diferencias desaparecen. Lo que tienen que buscar los políticos son empresas que nos unan, no cosas que nos dividan. Hoy en día se están moralizando temas y generando más divisiones de las necesarias, complicando más las cosas.

Si los políticos entendieran cómo funciona la mente humana, podríamos conseguir unirnos en vez de dividirnos. La democracia se basa en pensar que las otras personas son razonables y que las ideas que tienen son legítimas. Si pensamos que los otros son los malos y que no puedo hablar con ellos, nos cargamos el juego democrático. El juego democrático tiene que ser de compromiso y de escuchar al otro. Se basa en negociar, en ceder, en respetar las ideas del otro y llegar a acuerdos. Ese componente de imposición del que gana es peligroso porque, al final, va a generar resquemor y sentimientos que no tardarán en aflorar.

Indignación moral

AA: En esa idea de organizar a la ciudadanía, las redes sociales permiten agregar gente que quizás está dispersa y se siente sola en su pensamiento. ¿Qué faltaría para encontrar el potencial virtuoso de la red y no ponerle el foco en la negatividad?

PM: Facebook, Twitter, todos estos sitios se han dado cuenta de que la indignación moral vende y lo que quieren es captar tu atención y que estés en las redes. Así como otras webs te quieren enganchar con el sexo, estos te enganchan con la indignación moral. Pero yo creo que las redes son maravillosas para para compartir. Estamos viendo a investigadores que han hecho un artículo y lo resumen en un hilo de Twitter.

Es maravilloso que te estén haciendo un resumen de su trabajo y tú lo estás aprendiendo; estás creciendo, estás comprendiendo cosas. Como un cuchillo, que te lo puedes usar para partir pan o lo puedes usar para matar a alguien, las redes son una herramienta, que podemos usar para cosas positivas y para unir a la gente. A esas herramientas hay que cambiarlas para que sea más difícil atacar o enfrentar a la gente. Twitter, que es la que yo uso y conozco, tiene esa parte de compartir que es maravillosa, y luego tiene la parte de que es un tribunal moral, una Inquisición moral. Y esa parte ya no me gusta tanto, pero para compartir conocimiento, ciencia, es estupenda.

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Que esta parte de América tiene complicaciones sociales, políticas y económicas no es nada nuevo. Sin embargo, en las primeras semanas del nuevo año las sacudidas fueron intensas. El 8 de enero en Brasilia nos descolocó la toma de los edificios de los tres poderes del Estado brasileño por millares de adeptos al expresidente Bolsonaro. Días después, una marcha campesina rodeó Lima exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La Cumbre de la Celac antes, durante y después estuvo eclipsada por la ideologización del espacio y las respuestas del uruguayo Luis Lacalle Pou, en mayor medida, y de presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez en un tono más bajo, pero ambas interpelando la ausencia de un debido respeto a los derechos humanos y a los principios básicos de la democracia.

[Lee también: Paraguay de cara al 2022]

En lo atinente al Paraguay, el gobierno argentino pretende limitar la navegabilidad de la hidrovía por el río Paraná que comunica a ambos países. Por último, el Departamento del Tesoro del gobierno de Joe Biden aplicó duras sanciones económicas y financieras al expresidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

En tan solo tres semanas de enero los sucesos citados conmocionaron a la región e impactaron en el Paraguay; especialmente, por razones obvias, las medidas adoptadas por la administración Biden a las autoridades paraguayas citadas. No obstante, todas de algún modo tuvieron su correlato en nuestro país. Pasamos a explicar.

Paraguay y el intento de golpe en Brasil

La toma de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia tuvo reverberación en el Paraguay por varias razones. Primero, porque Paraguay tiene elecciones generales el próximo 30 de abril para elegir nuevos integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso, y uno de los temas clave en el debate público es la revisión del Tratado de Itaipú con Brasil. El tratado tiene fecha de vencimiento en agosto de este año. Brasil, como con casi todos sus vecinos, es el principal socio comercial del Paraguay. En vísperas de una trascendente negociación en la hidroeléctrica compartida por ambos países, la gobernabilidad del presidente Lula es particularmente relevante toda vez que, sin duda, impactará en la agenda bilateral.

Segundo, porque la eventualidad de un Lula con escaso margen de gestión política, sin mayoría en el Congreso y con una oposición radicalizada y fanática que crea incertidumbre en términos de presión social y política en el futuro de Brasil, pesaría en el vínculo binacional. Por último, sectores de la política paraguaya simpatizan con Bolsonaro y no es impensable que estos sectores, de ganar protagonismo en las próximas elecciones de abril, perturben, de algún modo, el éxito de la negociación bilateral o dificulten la marcha de esta.

El intercambio en la Celac

La Cumbre de la Celac, si bien no tuvo gran resonancia continental, exhibió que los enfrentamientos de corte ideológico no le hacen bien al sistema democrático, en una región que no se caracteriza por la calidad de su democracia y el respeto a la institucionalidad republicana. Por el contrario, existen repetidos indicadores de que en muchos países a las mayorías populares no les desagrada el autoritarismo. Y eso, en sociedades como la paraguaya, que hace poco más de tres décadas superó con dificultades su pasado dictatorial, despierta un alerta para tener en cuenta.

De igual forma, esta reunión de la Celac fue aprovechada por los presidentes de Argentina y Brasil, Alberto Fernández y Lula Da Silva, para anunciar la idea controvertida de una moneda común entre los dos países con extensión al Mercosur. Es difícil digerir este proyecto, no porque pueda ser imposible crear una moneda de transacción, sino porque existen problemas mucho más importantes en el bloque regional como, por ejemplo, el incumplimiento del artículo 1 del Tratado de Asunción en lo relativo a los pasos fronterizos. La libre circulación personas, bienes y servicios es hasta ahora una norma incumplida. En consecuencia, avanzar hacia una moneda común, que requiere una coordinación de políticas económicas y financieras entre los países, al margen de la estabilidad entre estas, es apenas un discurso que habla sobre un hecho posible en décadas futuras.

«Peaje» argentino al Paraguay

En este enero convulsionado por las medidas y acciones descritas, se inscribe también la decisión del gobierno argentino de aplicar una suerte de peaje a la circulación de embarcaciones paraguayas por la hidrovía del río Paraná, en abierta violación a tratados y acuerdos regionales que regulan y protegen la libre navegación en los ríos internacionales. Es un abuso de derecho que nos recuerdan las imposiciones de tiempos coloniales. Si queremos una integración seria y creíble deben cesar estas barreras paraarancelarias que estancan al Mercosur en la irrelevancia e impiden su avance hacia los objetivos fundacionales.

Sanciones a Horacio Cartes

Por último, las duras sanciones aplicadas por el gobierno de Joe Biden al expresidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, por casos de corrupción, dañan la imagen internacional del país. Esto ofrece al mundo múltiples y efectivas razones para no atraer inversiones extranjeras directas y envía señales negativas de inseguridad jurídica que ya están impactando en los inversores radicados en el país y en aquellos que tienen proyectos en desarrollo de ejecución o que están pensado promover nuevos emprendimientos en el Paraguay.

Por encima de los motivos y causas que impulsaron las decisiones del gobierno americano, mucho tiene que ver en esto la enorme fragilidad de nuestro sistema de justicia, que es el más débil y rezagado de los poderes del Estado en la construcción republicana iniciada hace poco más de tres décadas de transición a la democracia.

En lugares donde la justicia independiente es precaria, la democracia está en serios problemas. En la hora actual, se hace necesario que jueces y fiscales del Paraguay asuman acabadamente los roles que la Constitución y las leyes indican. Su buen desempeño evitará o reducirá la influencia del crecimiento de los poderes fácticos como la corrupción, que asedian la consolidación del proceso democrático.

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En el inicio del 2023 se aprobó la ley que habilita un nuevo proceso constituyente en Chile. Las fuerzas políticas consiguieron acordar luego de cien días de negociaciones el procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva carta magna.

Al respecto, las fuerzas políticas representadas en el Congreso se encuentran negociando los nombres de las personas que constituirán la Comisión de Expertos y el Comité de Admisibilidad, lo que debería quedar zanjado durante el presente mes de enero, pero ¿cómo podemos caracterizar y comprender el acuerdo institucional alcanzado para la redacción del nuevo texto constitucional?

El complejo sistema ideado buscaría evitar el sueño refundacional impulsado principalmente por las fuerzas de Apruebo Dignidad (PC más Frente Amplio), actualmente en la coalición del gobierno del presidente Boric. En efecto, la estrategia pretendía sustituir el proceso revolucionario, propio de la identidad de izquierda marxista-leninista, mediante un cambio de estructura social y política a través de un rediseño constitucional.

Dicho objetivo colisionó con la mayoría, como quedó en evidencia tras los resultados del plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre con el rechazo del 62 % de los votantes en un contexto de voto obligatorio.

Las expectativas refundacionales puestas en la Constitución han perdido sentido, en especial, porque la ciudadanía en general manifiesta menor credibilidad en que la solución a sus demandas (sociales y políticas) pasen por una discusión constitucional. En dicho escenario, el Gobierno se quedó sin narrativa y sin sustento para su programa; sin embargo, resolvió que un reimpulso del debate constitucional era un mal menor tras la situación política de su ideario luego del triunfo categórico del rechazo, aceptando así las condiciones que la mayoría de las fuerzas políticas fueron instalando para abrir el camino al nuevo proceso constitucional.

La nueva propuesta

La propuesta se sustenta en una voluntad popular, pero la circunscribe al respeto de doce principios que se sustentan en la tradición constitucional del país, los cuales deberán mantenerse en el nuevo texto.

En efecto, para ello se creó una instancia de expertos que contará con 24 integrantes, quienes serán nombrados por acuerdos políticos, 12 por la Cámara de Diputados y otros 12 por el Senado. Esta comisión deberá tener una representación paritaria (equidad de género) y se encargará de la redacción de un primer borrador constitucional.

Este borrador deberá ser presentado al Consejo Constitucional con un quorum mínimo de 3/5 alcanzado durante los tres meses de trabajo asignados (del 6 de marzo al 6 de junio de 2023). Los expertos, sin embargo, seguirán participando hasta el final del proceso constitucional, pero sólo con derecho a voz mientras sesione el Consejo Constitucional. Esto lo convierte en una suerte de comisión rectora del proceso.

Por otro lado, la función del Consejo Constitucional será presentar el texto definitivo de la Constitución. Es decir, podrá aprobar, reformar o incorporar nuevas normas al texto propuesto por la Comisión de Expertos, pero evidentemente no tendrá competencias transformadoras sustantivas de la institucionalidad chilena existente en la actualidad.

El Consejo Constitucional y el Comité de Admisibilidad

El Consejo estará conformado por 50 personas electas por la ciudadanía, de forma paritaria según distritos senatoriales. La elección está fijada para el próximo 7 de mayo y no está disponible a listas de independientes, ya que ellos sólo pueden participar en las listas propuestas por los partidos políticos. Se intenta así evitar la conformación del Consejo por personalidades díscolas, cuyas posiciones ideológicas pueden ser impredecibles, como sucedió con las listas del pueblo y otras en el pasado proceso constitucional.

A los 50 escaños del Consejo sumarán algunos reservados para pueblos originarios, los cuales tendrán directa relación con la proporcionalidad de personas que voten por candidatos de pueblos originarios. Si en la votación suman al menos 1,5 % del total, va a conformarse un escaño reservado. Con este sistema se espera que el Consejo alcance un total aproximado de 52 miembros. Es decir, la representación de los pueblos originarios será significativamente menor a la del proceso anterior, cuando tuvieron 17 escaños reservados, lo cual en retrospectiva fue una sobrerrepresentación.

Con el propósito de resguardar los principios constitucionales que establecieron las fuerzas políticas del rechazo, se creó el Comité Técnico de Admisibilidad, el cual estará compuesto por un equipo paritario de abogados con al menos 12 años de experiencia profesional, presentados por la Cámara y ratificados por el Senado por 4/7. Este comité velará por el respeto a los principios establecidos en el artículo 154 del acuerdo constitucional que establece los límites constitucionales impuestos en el acuerdo constituyente. Es decir, si los expertos no eran suficiente garantía de ello, se instauró un comité técnico-jurídico de confianza del Congreso para tales fines.

Doce principios relevantes

¿Cuáles son los principios que buscan cautelar de manera estricta y que son parte fundamental del acuerdo político para este nuevo proceso constitucional?:

1. Chile es una república democrática;
2. el Estado de Chile es unitario y descentralizado;
3. la soberanía tiene como límite los derechos humanos;
4. se reconoce a los pueblos indígenas;
5. Chile es un Estado social y democrático de derecho;
6. se establecen los emblemas nacionales;
7. Chile va a tener tres poderes separados;
8. Poder Legislativo bicameral;
9. respeto a los organismos autónomos como el Banco Central, la justicia electoral, el Ministerio Público y la Contraloría;
10. respeto al derecho a la vida;
11. derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos;
12. consagración de cuatro estados de excepción constitucional, incluido el estado de emergencia.

Estos doce principios resultarían relevantes principalmente porque habrían sido cuestionados, relativizados o mal definidos en el texto rechazado. Al respecto, pareciera que no hay demasiado espacio para transformaciones sustantivas en la morfología del país como la exhibida en el proceso anterior. En especial, se erradica la posibilidad de reconocer principios como el derecho de autogobierno y autodeterminación a los pueblos originarios, o la propia relativización de los cimientos de la República tras desdibujar el ordenamiento institucional sustentado en la división de los tres poderes del Estado. El Legislativo (con sus dos cámaras), el Judicial y el Ejecutivo fueron relativizados en su capacidad, composición y contrapeso en el texto anterior.

La labor del Consejo

Al respecto, pareciera que la labor del Consejo Constitucional consiste en explorar la posibilidad de incorporar nuevos derechos sociales (hoy no reconocidos por la actual Constitución) y muy posiblemente presentar una reforma administrativa que permita una mayor descentralización efectiva del país en materia política y económica como áreas principales de acción.

Para ello, el Consejo Constitucional tendrá cinco meses para presentar la propuesta definitiva, trabajo mancomunado entre los 24 expertos y los propios consejeros (estos últimos con derecho a voz y voto), los cuales iniciarán su trabajo el próximo 7 de junio, debiendo entregar el documento final el 7 de noviembre.

La ciudadanía en Chile tendrá un mes para informarse de los alcances de la propuesta, para luego rechazarla o aprobarla el 17 de diciembre de 2023. Esta fecha será clave para establecer el fin de la discusión respecto a la legitimidad del actual orden constitucional del país, ya que se aprecia que, en las actuales circunstancias, la mayoría de las fuerzas políticas no estarían por abrir un nuevo proceso constitucional, incluso si se impusiera la opción rechazo.

Sabemos que en tiempos de posverdad las realidades cambian con gran rapidez. Sin embargo, hasta el momento todo parece indicar que existe un amplio consenso, por diversas razones, entre las fuerzas de gobierno y oposición, entre derecha e izquierda, entre la ciudadanía y los partidos políticos de que la discusión acerca de la legitimidad de la carta constitucional expira luego de este proceso constitucional en curso.

Perspectivas

Cabe señalar que quienes promovieron una refundación del país por medio de una discusión constitucional tampoco están por mantener la estrategia en el corto plazo, ya que observan que electoralmente no estarían en condiciones de instalar con éxito esa estrategia.

En consecuencia, el país está enfrentando un nuevo proceso constitucional con menos expectativas e interés que el anterior, pero con una clara voluntad de mantener institucionalmente cierta estabilidad, sustentada en la tradición política y social del país e interesada en cerrar la discusión constitucional. Esta se venía gestando desde hace décadas, tras un aumento en el cuestionamiento del proceso de transición a la democracia que había vivido Chile, asunto que habría servido de plataforma política para el fortalecimiento del movimiento estudiantil y posterior creación de partidos políticos que hoy conforman el Frente Amplio.

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En los años cincuenta del siglo pasado, el sombrero había dejado de estar de moda, hasta que lo volvió a poner en la agenda el primer canciller de la República Federal Alemana, Konrad Adenauer.

Con su visión y capacidad de liderazgo, Adenauer sacó de las ruinas de la posguerra a Alemania, ganándose el respeto de aliados y oponentes. La Fundación lleva con orgullo su nombre, y para seguir honrando su memoria hoy ponemos las frases más relevantes del canciller Adenauer Bajo la Lupa.

[Descarga aquí el libro Konrad Adenauer. 101 citas]

Participa

Sebastian Grundberger, director del programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Guion: Raúl Gil | Rombo Podcasts

La Declaración de Buenos Aires, que recoge los lineamientos e intenciones de la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en la capital de Argentina el pasado martes 24 de enero, es un espejo de aumento que refleja, sin deformar, las peores imperfecciones de los gobiernos políticos de la región, propias de una prédica voluntarista y, más aún, perjudicada por el vuelco hacia posiciones de izquierda negadoras de la realidad.

En un contexto geopolítico dominado por la guerra duradera de Rusia en Ucrania, la rivalidad intensa entre Estados Unidos y China por la supremacía mundial, tensiones por la autonomía de Taiwán, sumados numerosos problemas internos en los países, de orden político, económico y social, la CELAC aprueba un documento variopinto de 111 puntos en 28 páginas que hasta se refiere a «la importancia de los camélidos».

El documento surgido de la Cumbre, carente de fuerza jurídica obligatoria, es un mecanismo intergubernamental en clave de foro. Con una solemnidad para expresar la voluntad política regional que no alcanzó a camuflar dos clases de problemas que comprometen el futuro: las expresiones de buenos deseos, que abarcan los temas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el qué hacer pero no en el cómo hacer las cosas; y el desconocimiento de la responsabilidad que les cabe a los Estados en las derivas institucionales, políticas y económicas que sinceró la pandemia de covid-19.

Agenda de propósitos

La CELAC, fundada en 2010 con el objetivo explícito de avanzar en la integración regional y ser una «voz única» en las decisiones políticas comunes no tiene trofeos genuinos en sus casi 13 años de vida.

Hubo progresos en cuanto a la integración, pero a influjo de las empresas y del conjunto de la sociedad civil, sin la suficiente impronta política para evitar el rezago de América Latina y el Caribe en comparación con otras zonas comerciales. Es mucho lo que la acción gubernamental podría haber hecho al respecto.

La afirmación de que se quiere avanzar en la integración o la declaración del compromiso con el desarrollo sustentable exigen una confiabilidad que, a esta altura de las circunstancias, se gana con planes creíbles y cronogramas bien definidos o, por lo menos, compromisos claros en estos dos aspectos.

Y ese sentido, un mayor énfasis en el libre comercio, no únicamente en las quejas por las medidas restrictivas al intercambio que se observan en el mundo. La integración no es lo mismo que el libre comercio, un instrumento potente del crecimiento económico, pero también beneficioso para la tolerancia, la libertad y el combate a los dogmatismos, como muestra la historia de la humanidad desde la Antigüedad clásica.

Más impracticable puede suponer la suerte de versión actualizada de la patria grande del socialista-peronista argentino Manuel Ugarte (1875-1951), en referencia a la unidad regional, que recoge de otros modos la CELAC. Una entelequia histórica que, contaminada de ideología, provoca desvíos trascendentes, pues altera la buena política democrática.

La crisis política de Perú es un ejemplo ilustrativo cercano en el tiempo acerca de las diferencias entre los países. Por un lado, el respaldo de los gobernantes Alberto Fernández (Argentina) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) a la presidenta por sucesión constitucional Dina Boluarte; igual que Gabriel Boric (Chile), aunque luego lanzó fuertes críticas a la mandataria peruana por la represión policial en las recientes protestas masivas en el país. Por otro, los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia) a favor del depuesto Pedro Castillo.

Obligaciones democráticas

Un mecanismo político regional nacido sin Estados Unidos ni Canadá, en clara contraposición a la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene que asumir más obligaciones con la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho, y de ningún modo igualarlos al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, si alguno de ellos se aparta de la Carta Democrática Interamericana.

Que Cuba, Nicaragua y Venezuela sean dictaduras intervinientes de un documento que remarca el compromiso «con la preservación de los valores democráticos y con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y del Estado de derecho» borra de un plumazo el sentido de todos los artículos de la Declaración de Buenos Aires referidas al tema.

El pasado 12 de enero, Human Rights Watch pidió a los gobiernos de América Latina y el Caribe que aborden los problemas de derechos humanos. Sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba dijo que «los gobiernos represivos cometen abusos atroces contra los críticos para silenciar la disidencia».

Para esta organización de la sociedad civil que investiga e informa sobre los abusos en todo el mundo, los líderes democráticos de América Latina juegan «un papel esencial» en presionar a Nicolás Maduro —«para que negocie condiciones electorales aceptables»— a Daniel Ortega —«para liberar a más de 200 presos políticos»— y al régimen cubano —para que retire los cargos contra las personas que han sido detenidas «arbitrariamente» en la isla—.

Por lo demás, la desestimación del componente democrático, por parte una mayoría robusta de la CELAC, supone un mensaje político divisivo, con todo lo que ello significa en sociedades polarizadas: el gobierno desconsidera la conciliación de los intereses divergentes que existen en un Estado, algo que adquiere mayor dimensión en presidentes débiles, como es moneda corriente en la región.

Falta de pragmatismo

La puesta en escena en las instalaciones del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center tuvo como actor protagónico al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, entusiasmado por el significado de la reunión en cuanto a la vuelta de su país a la mesa exclusiva de los 33 países de América Latina y el Caribe, tras la interrupción de su antecesor y rival Jair Bolsonaro en protesta por la participación de las dictaduras latinoamericanas.

Lula da Silva fue decisivo en el carácter de la Cumbre, cuyo ánimo alimentó un espíritu fundacional de la CELAC, después de un largo declive por divisiones internas e ideas extemporáneas.

Empero, la Declaración de Buenos Aires, los discursos y gestos de los principales impulsores de la Cumbre y de presidentes afines, denotan un asombrosa falta de pragmatismo, necesaria para aprovechar en gran manera la abundancia de alimentos de la región en un escenario de guerra o las reservas de minerales críticos fundamentales para la transición energética que impone el cambio climático.

Las alas del progreso no se despliegan sin decisiones de firmeza a favor de la democracia plena en toda América Latina y el Caribe. Y no levanta vuelo sin el libre comercio y sin promoción de reformas tendientes a la mejora de la competitividad que precisan de tres cualidades: costos internos razonables, recursos humanos educados y acceso a la tecnología.

Si «la felicidad consiste en prosperar, no en haber prosperado», como dijo Hobbes, entonces hay que arriar banderas descoloridas y desflecadas de la Guerra Fría, dejar a un lado la retórica latinoamericana y, en su lugar, promover aquella agenda que es tan virtuosa como realista.

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La República Dominicana marcha hacia las elecciones municipales, legislativas y presidenciales del año 2024 sin un régimen orgánico electoral y de partidos debidamente definido. Lo cierto es que la nación no tiene otra opción que acelerar una solución legislativa integral, con el agravante de que no existe un plan B viable. Pero ¿cómo fue posible que una de las democracias más estables de Centroamérica y el Caribe se hundiera en esta compleja situación de extrema inseguridad jurídica?

Defectos de origen en las leyes electorales

En el marco de uno de los procesos políticos más difíciles de la segunda década del siglo XXI, el Congreso Nacional finalmente reformó el antiguo régimen electoral dominicano basado en la ley 275-97 del año 1997, para adecuarlo a la nueva constitucionalidad nacida en 2010, así como a las nuevas tendencias en la materia. Producto de ese accidentado proceso y con miras a las elecciones del 2020, fue promulgada la ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en 2018. A su vez, pocos meses después, en 2019, fue promulgada la ley 15-19 orgánica del régimen electoral.

Las mencionadas piezas legislativas, en combinación con la Constitución de la República proclamada en 2010, así como con las normas emitidas por la Junta Central Electoral (JCE) y la jurisprudencia del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Superior Electoral (TSE), sumaban un corpus jurídico firme. Sobre este se fundamentarían las futuras elecciones venideras y el futuro de la democracia dominicana. Sin embargo, los problemas de interpretación y los vacíos jurídicos no tardaron en esparcirse, afectando profundamente no solo al sistema de partidos políticos sino también al montaje mismo de las elecciones de 2020.

Impacto de la jurisprudencia constitucional

Los jueces, guardianes e intérpretes de la constitucionalidad, en medio de una tormentosa competencia electoral marcada también por la pandemia de coronavirus, frenéticamente intentaron enderezar la gran cantidad de errores en los textos legales, a través de decenas de sentencias en el marco de acciones directas de inconstitucionalidad, revisiones constitucionales, acciones de amparo, recursos contenciosos, entre otros.

Los tribunales tuvieron que esclarecer asuntos tan fundamentales como las cuotas femeninas y de juventud para las candidaturas, posición y número de las organizaciones políticas en la boleta electoral, régimen de afiliación a partidos y cese de esta con sus consecuencias en el fenómeno del transfuguismo de precandidatos y militantes, conservación de reconocimiento jurídico de organizaciones políticas, voto preferencial en los niveles legislativo y municipal, método de elección de senadores, método de elección de diputados de ultramar. De igual forma, aspectos sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento en medios digitales.

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Emblemática fue la sentencia que declaró inconstitucional el artículo 99 de la ley 15-19 que instituía el voto automatizado o electrónico implementado fallidamente en las elecciones municipales de febrero de 2020. Igualmente, no menos compleja fue la sentencia número TC/0386/19, del 20 de septiembre de 2019, también del Tribunal Constitucional, que licuó las competencias de control jurisdiccional sobre los actos de la Junta Central Electoral (JCE) entre el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Esto complicó aún más el laberinto jurídico electoral dominicano.

Soluciones legislativas integrales

Ante esta situación de inseguridad e incertidumbre jurídicas y amparada en su iniciativa legislativa prevista por la Constitución, la Junta Central Electoral (JCE) presentó ante el Senado de la República dos proyectos que tienen por objeto la corrección integral de las leyes 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y 15-19, orgánica del régimen electoral.

Más allá de simples modificaciones, es evidente la necesidad de que la República Dominicana se dote de una codificación electoral eficiente, integral y armónica. Que se aproveche la ocasión para reforzar algunos aspectos importantes como la capacidad sancionatoria de la Junta Central Electoral (JCE), particularmente, en cuanto al control administrativo de las campañas y precampañas. Además, regímenes de consecuencias más operativos y contundentes ante la violación a los topes de gastos. También la obligatoriedad de los debates entre candidatos que edifiquen al electorado sobre la idoneidad de estos.

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Rol del Tribunal Superior Electoral

Por otro lado, el Congreso Nacional está llamado a concentrar las competencias en materia electoral en el Tribunal Superior Electoral (TSE), tal y como se evidencia en el espíritu de la carta magna. Igualmente, es propicia la ocasión para analizar la eficacia del voto preferencial tanto en el nivel legislativo como municipal, a fin de evitar en lo posible el trauma del canibalismo político que genera esta modalidad de elección, no solo entre candidatos de fuerzas políticas contrarias, sino también entre los candidatos de la misma organización.

Por último, es imperativo replantear la pertinencia, para la salud y la pluralidad del sistema democrático, del método D’Hondt como mecanismo de asignación de escaños municipales y legislativos.

A pesar del alto nivel de complejidad que hoy presenta su andamio jurídico electoral, la República Dominicana se encuentra ante una oportunidad, rara vez vista en su historia, de mejoría y perfeccionamiento de las normas que rigen su sistema democrático. De esto depende la estabilidad política y social, que hoy se constituye en uno de los principales atractivos de una nación rodeada de realidades muy distintas en sus vecinos regionales.

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En un momento de multicrisis, a la humanidad se le acumulan los retos. Salvar el planeta, reducir la desigualdad o desescalar los conflictos son algunos de los más importantes. Tanto como el reto de construir órdenes democráticos dignos de este nombre. El índice de satisfacción con la democracia en América Latina no para de perder puntos desde 1995 en adelante. Y la brecha viene creciendo rápidamente. En 2020, siete de cada diez latinoamericanos estaban insatisfechos con la democracia. Urge centrarnos en la búsqueda de la utopía democrática. Y no hay utopía democrática sin prácticas deliberativas, sin instituciones diseñadas para favorecerlas y sin ciudadanos dispuestos a razonar.

Índice democrático

Sobre 167 regímenes analizados, existen solamente 21 calificados como democracias plenas en el Democracy Index 2021. En pleno siglo XXI, apenas 6,4 % de la población mundial vive en democracias plenas. Mientras tanto, la mitad padece regímenes híbridos o, directamente, autoritarios. En América Latina, sólo Uruguay y Costa Rica están consideradas democracias completas. Chile venía formando parte de ese selecto y reducido club de países, pero ya no más.

En la última edición de DP Enfoque, Adolfo Garcé, doctor en Ciencia Política y profesor titular en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, reflexiona sobre esta situación. El texto se titula Construir la utopía democrática.

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El mencionado Democracy Index, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, consulta a un grupo de expertos sobre 60 indicadores sobre democracia, que quedan agrupados en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Posteriormente se aplica una escala del 0 al 10 que puntúa la performance de cada país en cada una de estas categorías y finalmente se calcula el promedio. Los países que quedan entre el 8 y el 10 son democracias plenas, entre 6 y 8 son democracias con fallas, los regímenes híbridos son lo que reciben de 4 a 6, y menos de 4 puntos son regímenes autoritarios.

Garcé señala que los países de América Latina suelen lograr menor puntuación en la dimensión de participación política. Ahí la región está muy lejos de los líderes, que son los países nórdicos. Explica el politólogo:

«Suele decirse que América Latina es el continente de la desigualdad. Pero yo diría que incluso antes de eso es el continente de las dictaduras. Es un continente con problemas muy serios con la libertad. Tenemos problemas con la libertad política. Hay que esperar al último cuarto del siglo XX para que empiece a predominar la democracia como régimen político.»

La escalera democrática

Para conocer el nivel democrático de los distintos países, Garcé elabora una escala de cuatro instancias. En esa suerte de escalera democrática, identifica la instauración, la consolidación, la igualdad política y la deliberación. Garcé sostiene que en América Latina algunos países «todavía deben subir los primeros dos escalones, la instauración y la consolidación de la democracia». E indica que el resto de los países, incluso aquellos que podemos calificar como democracias plenas, como Costa Rica y Uruguay, tampoco llegan a acceder a los siguientes peldaños: el escalón de la auténtica igualdad política y el escalón de la deliberación.

«Cuando hayamos logrado recorrer esta escalera no solamente tendremos el premio del autogobierno ciudadano, sino que nos estará esperando a modo de recompensa adicional el más difícil de imaginar de todos los ideales: la paz perpetua», explica Garcé. El autor del DP Enfoque se inspira en Immanuel Kant, que en 1795 escribió: «La constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua».

La democracia plena en la región

Reflexiona Garcé:

«En verdad estamos muy lejos de la utopía democrática en el sentido que yo propongo. La utopía en realidad es la democracia perfecta, con la que sueña Dahl en su texto. Por eso, él dice que no habla de democracia, porque la democracia no existe, lo que existen son aproximaciones a la democracia, en el mejor de los casos. Y a eso le llama poliarquía. Porque para que haya democracia, en el sentido más bello, más puro, más noble de la expresión, tenemos que ser iguales. No me refiero a la igualdad socioeconómica. Tenemos que ser políticamente iguales.»

Esa igualdad que menciona tiene que ver con cuestiones materiales, con el acceso a la información, con la capacidad de formular y expresar preferencias y con el tiempo que se puede dedicar a elaborarlas. Esos son apenas algunos de los factores que enumera Garcé. Algo que, posiblemente, sea «uno de los grandes déficits de nuestras democracias». Según el autor, las barreras a la participación de importantes sectores de la población son claves para entender este problema.

«Habiendo tantas carencias, tantos problemas sociales, en el plano de la educación en general, y de la educación cívica en particular, ¿podemos hablar de igualdad política, que es el tercer escalón de la escalera democrática?»

Esta pregunta lleva a Garcé a pensar en las serias dificultades para los países de la región de llegar al último peldaño, el de la deliberación. Según él, los debates que se producen son de baja calidad, se argumenta mal y en muchos casos con mentiras, y no hay oportunidad de convencer al otro, porque la polarización lo domina todo.

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Al contrario, estamos lejos de tener un espacio en el que, tras un debate de ideas sereno y con argumentos de calidad, uno reconozca al otro que tiene razón. Estamos lejos de ese ideal deliberativo, del enriquecimiento de las ideas en la toma de decisiones.

Instauración, consolidación, igualdad política y deliberación. Los cuatro peldaños de la escalera democrática. Es cierto que venimos de tiempos muy oscuros, y que cada avance es tan frágil que cualquier paso atrás lo pone en entredicho. Pero también que tenemos mucho por hacer en ese camino hacia la utopía democrática, en esa aspiración por tener gobiernos democráticos, en la idea de Robert Dahl, con aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos sin establecer diferencias políticas entre ellos.

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Un día después de que Elon Musk anunciara la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares, se hizo evidente que no era el liderazgo más adecuado para una red social que, más que una empresa tecnológica, es un poderoso instrumento del debate público en una democracia.

Esta ágora digital no debería gestionarse como si fuera una compañía privada de automóviles eléctricos o de servicio de viajes de civiles al espacio. Su papel como caja de resonancia de los asuntos de interés público —nacionales y mundiales— exige reglas a favor del fair play en el ciberespacio.

Ello supone ciertas garantías a favor de una red social que contribuya a alimentar una conversación pública que sea benéfica para los ciudadanos-usuarios y anime la rendición de cuentas de gobiernos y corporaciones, en lugar de la manipulación que distorsiona la verdad o se presta a favorecer intereses particulares, y que se aleja de lo justo cuando viraliza un veneno que descompone la convivencia social.

A dos meses de tomar el timón, el magnate sudafricano de ciudadanía estadounidense, de 51 años, ni siquiera ha sido capaz de captar anunciantes, pese a generosos incentivos, y menos aún inversionistas. Twitter, que perdió 221 millones de dólares en 2021, se estima que podría sumar otra reducción de cuatro mil millones de dólares anuales. Y en ese escenario, 72 de sus 101 principales anunciantes bajaron la publicidad en los últimos meses.

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Su gestión errática ha dejado demasiados rastros en poco tiempo. De absolutista de la libertad de expresión a emplear medidas restrictivas arbitrarias o por lo menos poco transparentes: censura a las cuentas de periodistas o de tuiteros que informaron sobre la ubicación de su jet privado; limitaciones a expresiones en broma que potencialmente pueden afectar la imagen de marcas (auspiciantes) importantes; intento de prohibir la promoción de sitios de redes sociales externos como Facebook e Instagram.

Junto a todo ello sumó otros yerros como el plan para introducir el pago por la verificación de cuentas; el despido de alrededor del 50 % de sus 7.500 empleados; la disolución del Consejo de Confianza y Seguridad, compuesto por grupos de la sociedad civil organizada, que velaba por el cumplimiento de políticas regulatorias sobre los discursos de odio; clausura por sí y ante sí de acuerdos con terceros para el combate a las fake news, cuyo primer herido de muerte ha sido la información certera sobre las vacunas u otras medidas sanitarias contra el COVID-19; y vestirse con un traje trumpista en una campaña negativa contra Anthony Fauci, la cara de la ciencia de la salud en el combate al coronavirus pandémico.

Musk aumentó la incertidumbre sobre el papel de Twitter y reavivó el debate sobre cómo se gestiona la tensión entre la libertad de expresión y el control o censura en torno a los contenidos de rechazo o violencia hacia el otro.

Su enfoque arbitrario —y probablemente el contenido de su cuenta de Twitter— lo ha dejado en la mirilla de las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea, que temen que la plaza digital común que prometió sea en realidad una amenaza a la democracia.

¿Por qué es conflictivo y desestabilizador en Twitter un liderazgo egocéntrico o caprichoso como el que ejerce el CEO de Tesla y fundador de SpaceX?

La era de las redes

Musk dirige la red social como si se tratara de la compañía de automóviles eléctricos Tesla, una empresa de tecnología de punta, que desafía a la ciencia ficción, muy identificada con la personalidad de su mentor. Se pavonea por Twitter desde donde hace alarde de su inventiva tecnológica, apoyado más en su intuición que en las investigaciones maduras de las grandes corporaciones.

Pero Twitter, una empresa privada y plaza pública a la vez, no puede funcionar debidamente con el juicio de un Iron Man; requiere de otra lógica organizativa.

Una red social clave en la conversación digital necesita de las ideas compartidas, de la innovación e investigación, de normas estatales, y de una gestión mediante redes digitales de intercambio y colaboración entre personas.

El desafío es enorme, pero muy necesario: pensar una organización acorde al «progreso en la era de las redes», como propone el escritor científico estadounidense Steven Johnson, que nunca es un triunfo individual ni se desenvuelve con éxito con un héroe narcisista al estilo Musk, y donde el Estado no debería ser prescindente.

El ciudadano libre

Una organización de redes con el objetivo de garantizar en el entorno digital un principio esencial de una sociedad democrática: la libertad de pensamiento y expresión, como reconoce el sistema interamericano de derechos humanos. Comprende «la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección» e incluye a internet.

Y acompañada de un conjunto de principios orientadores para hacer efectiva dicha libertad: 1) el acceso a internet; 2) garantías para el pluralismo de voces en la conversación pública digital; 3) la no discriminación; y 4) el respeto a la privacidad de las personas, lo que significa que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida personal ni recibir ataques a la honra o reputación.

Es decir, que la libertad necesita un marco jurídico que la proteja y le establezca unos límites básicos y bien claros, que no se deberían traspasar.

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Desde la perspectiva de la libertad, el acceso a internet y el derecho a la comunicación y a la información en la red significan, releyendo a Hannah Arendt, «la admisión en el ámbito público y la participación en los asuntos públicos» de todos los ciudadanos por igual.

Estamos muy lejos de un ciberespacio republicano, de derechos a la participación y comunicación de sujetos políticamente responsables de una comunidad de personas libres e iguales y que fomente el entendimiento.

La realidad es que ni bajo la gestión de Musk ni la anterior de los fundadores de Twitter se ha limpiado la carretera de un lodo que perjudica «el espíritu liberal del ciudadano libre».

Por falta de compromiso, ideas equivocadas o falta de expertise, lo cierto es que la red social no ha podido sortear con éxito enormes problemas de la contemporaneidad como significan el nacimiento de la posverdad que le facilita el camino a las fake news.

Las raíces de la posverdad

Creer que las vacunas contra el covid-19 provocan autismo o son un instrumento manipulador de Bill Gates es lo que podría volver a alimentar la discusión de Twitter por decisiones empresariales de Musk.

Y eso justamente es la esencia de la posverdad: un hecho alternativo que se difunde por redes sociales con una capacidad infinita de llegar hasta los sitios más recónditos.

Es más que la mentira clásica, siempre presente en la historia de la humanidad, por la eficacia comunicativa que se logra con un celular en la mano. Y, además, por el convencimiento de que «la verdad no es sino una forma muy perversa e insidiosa de prepotencia, que no solo atenta contra su amor propio personal, sino que trata de dominar y engañar a la humanidad y sobre todo a los desheredados», al decir del filósofo italiano Maurizio Ferraris. La posverdad se convierte entonces en «equivalencia y liberalización de las opiniones».

La noción es nueva pero sus raíces vienen del siglo XIX, del principio de Nietzsche de que «no existen los hechos, solo las interpretaciones», y que se alzó en el posmodernismo con la peligrosa ilusión de creer que siempre tenemos la razón, «en cualquier circunstancia e independientemente de que la historia o la experiencia la pudieran desmentir».

«¿Qué clase de mundo o, simplemente, qué clase de democracia podría ser aquella en la que fuera aceptada la regla de que “no existen los hechos, solo las interpretaciones”»?, se pregunta con razón Ferraris.

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Y no es un constructo de escritorio, sino un fenómeno mundano, cristalizado, por ejemplo, en el universo digital de Trump en la Casa Blanca, en cuyo período de gobierno sumó 30.573 falsedades, con un promedio de 21 afirmaciones erróneas por día, cada una de ellas probablemente convertida en un tuit.

El drama de la democracia contemporáneo es que gobernantes, líderes y hasta ciudadanos de a pie toman decisiones cívicas y distorsionan la discusión pública (la posverdad se desenvuelve siempre en la vida pública) sobre la base de enunciados de valores o preferencias de modo de vida que convierten en verdades de hechos o situaciones, ignorando por completo que, ante un acontecimiento, existe una verdad y una falsedad.

Cuando Musk anunció la compra de la red social escribió en un tuit que «el pájaro es libre», en alusión al logo de esta compañía de microblogueo. Pero, por ahora, el pájaro solo da vueltas en una jaula de oro.

Bibliografía

Arendt, Hannah. (2018). La libertad de ser libres. Taurus.

Baggini, Julian. (2004). Más allá de las noticias. La filosofía detrás de los titulares. Cátedra.

Bauman, Zygmunt. (2006). Libertad. Losada

Da Silveira, Pablo. (2000). Política & tiempo. Hombres e ideas que marcaron el pensamiento político. Taurus.

Johnson, Steven. (2013). Futuro perfecto. Sobre el progreso en la era de las redes. Turner Noema.

Habermas, Jürgen. (1999). La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Paidós

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El pasado 31 de diciembre a las 9:34 de Roma falleció a sus 95 años Joseph Ratzinger (Benedicto XVI). Pasará a la historia como uno de los intelectuales más brillantes de los últimos cien años, cuya originalidad para traducir las verdades del cristianismo a un lenguaje más contemporáneo, su pasión por la verdad, por el diálogo entre fe y razón, entre ciencia, filosofía y religión, le ha vuelto un papa leído y elogiado por intelectuales ateos o agnósticos, aunque no tan conocido en su pensamiento por los propios católicos. Mario Vargas Llosa dijo sobre él que se trata de uno de los intelectuales más destacados del presente, cuyas «novedosas y atrevidas reflexiones» dan respuesta a los problemas morales, culturales y existenciales de nuestro tiempo».

Su diálogo e intercambio con pensadores contemporáneos como Jürgen Habermas sobre filosofía política, o con el italiano Flores D’Arcais sobre ateísmo, son una muestra de su trascendencia más allá del catolicismo y su apertura permanente al encuentro con el mundo laico. Fue de los pocos grandes teólogos del Concilio Vaticano II cuya influencia lo convirtió en la principal figura doctrinal durante el pontificado de Juan Pablo II.

El periodista alemán Peter Seewald, biógrafo de Benedicto XVI, lo describió como uno de los pensadores más brillantes del siglo XX, un incómodo teólogo inclasificable en los esquemas ideológicos de conservador o progresista, una mente libre y abierta que dialoga con filósofos y científicos, con ateos, agnósticos y creyentes de todas las religiones. Un creyente con una profunda vida espiritual, cuyo testimonio renueva la fe y la esperanza de católicos y protestantes:

«Los seguidores de Benedicto echan de menos sus inteligentes discursos, capaces de enfriar el entendimiento y enardecer los corazones, la riqueza de su lenguaje, la franqueza en el análisis, la infinita paciencia en la escucha, la nobleza que él personifica como pocos otros eclesiásticos. También, cómo no, su sonrisa tímida y sus a menudo algo torpes movimientos sobre el estrado, propios de un Charlie Chaplin. Sobre todo, su insistencia en la razón, que, como garante de la fe, protege la religión del deslizamiento hacia las locas fantasías y el fanatismo. Por último, pero no menos importante, su modernidad, que muchos no podían o no querían reconocer. A ella ha permanecido fiel, incluso en la disposición a hacer cosas que nadie había hecho antes».

Su vasta obra hace imposible una adecuada síntesis, por lo que resaltaremos cinco claves de su pontificado para conocer aspectos no tan conocidos de su obra.

1. Reforma y purificación de la Iglesia

Su estilo sobrio, dialogante, concentrado en lo esencial, transformó al Vaticano, reduciendo la pompa litúrgica y dando mayor apertura y participación en los debates internos. Sin publicidad eliminó el besamanos y otros signos de poder clerical. Su renuncia, que impactó al mundo como gesto de humildad (ningún pontífice lo había hecho desde 1415), fue y sigue siendo para muchos algo misterioso e impactante. Muchos pensaron que era porque no podía con la crisis de los abusos que azotó a la Iglesia pero, en realidad, cuando renunció ya había terminado gran parte de la purificación y reforma silenciosa que lo caracterizó. Entregó la casa más limpia y ordenada que como la encontró.

Intelectuales comunistas italianos lo llamaron el barrendero de Dios por la purificación que hizo dentro de la Iglesia. Desde que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe adoptó medidas para investigar y aclarar a fondo los casos de abusos, castigar a los culpables y atender a las víctimas. Como pontífice expulsó a cientos de sacerdotes y definió la base canónica para procesar a los obispos y cardenales que se nieguen a realizar o facilitar las investigaciones. La normativa actual se definió bajo su pontificado y fue el primer papa en reunirse con las víctimas de abusos en varias ocasiones y además exhortó con fuerza a los obispos a denunciar a la justicia civil cuando se tratase de delitos.

2. Pasos decisivos en el diálogo interreligioso

Aunque sus encuentros y acuerdos con líderes religiosos, así como los cambios normativos que logró para eliminar barreras con otras comunidades cristianas, son muchos, considero de importancia destacar algunos hechos poco conocidos:

Fue el segundo pontífice que habló en una mezquita y el primero en participar en una celebración litúrgica protestante y fue el primero en visitar los lugares donde Lutero desarrolló su actividad. Por primera vez también nombró a un protestante como presidente de la Academia de las Ciencias y a un musulmán como profesor de la Universidad Gregoriana.

Israel Singer, secretario general del Congreso Mundial Judío (2007), señaló que «sin Ratzinger no habría sido posible el decisivo e histórico giro de la Iglesia católica en su relación con el judaísmo, que puso definitivamente fin a una actitud que duraba ya dos milenios».

Era desde joven alguien experimentado en el diálogo ecuménico y con un profundo interés en la revalorización de las raíces judías del cristianismo, así como en el diálogo interreligioso. Su influencia teológica fue decisiva en los diálogos que se dieron durante el pontificado de Juan Pablo II.

3. Religión y política: contra los totalitarismos y fundamentalismos

En varias conferencias y escritos Ratzinger aborda la importancia de los límites del Estado y de las Iglesias para una sana laicidad y una mayor protección de la libertad y los derechos humanos. Advierte sobre los peligros de la sacralización del Estado, porque este no abarca la totalidad de la existencia humana ni es capaz de dar respuesta a los problemas fundamentales de la existencia humana, pero también sobre las patologías de la religión cuando esta da la espalda a la razón y se convierte en fanatismo, superstición y fundamentalismo.

«La supresión del totalitarismo estatal ha desmitificado al Estado, liberando al hombre político y a la política» (1995).

«El Estado no puede imponer la religión, pero debe garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de diversas religiones» (2009).

Estado e Iglesia son dos esferas distintas e independientes. Una sana laicidad se aleja del clericalismo y del laicismo. Entiende la laicidad como la autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica, pero sin renunciar al patrimonio común de los valores fundamentales de la civilización occidental porque, de lo contrario, el puro positivismo jurídico y el relativismo moral llevarían nuevamente a la sacralización del Estado y a nuevas formas de fundamentalismos religiosos y políticos.

«El reconocimiento de los derechos civiles y políticos, y la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos. El Estado debe garantizar la libertad religiosa: promover que cada hombre pueda profesar su fe públicamente» (2003).

4. Una razón abierta: diálogo e integración de los saberes

En una sociedad democrática, la única vía posible es el diálogo racional y la participación ciudadana. Por ello, Ratzinger entiende la urgencia de promover un cambio cultural que facilite el encuentro entre los diferentes saberes. Hizo un llamado permanente a ampliar la razón, superando los reduccionismos cientificistas que consideran los argumentos éticos y políticos como puramente subjetivos. Su llamada es a buscar la unidad del saber en la búsqueda de la verdad, pero desde una razón abierta, que integre filosofía, teología y ciencias experimentales.

La religión, cuando queda separada de toda responsabilidad ante la razón, degenera en diversas formas de superstición, fideísmo, irracionalismo y fundamentalismos. En el otro extremo también son conocidas las formas patológicas de la razón, cuando la idolatría de la ciencia por la ciencia misma ha traído una larga lista de horrores cometidos con vidas humanas y con la propia naturaleza. La necesaria distinción y autonomía de los saberes no impide la comunicación y el enriquecimiento mutuo.

La ciencia se enriquece y se desarrolla mejor cuando sus conceptos y resultados se integran a otros saberes, en una visión más amplia de la realidad. El interés por el descubrimiento del sentido y del valor último de la realidad no es algo banal de lo que podamos sustraernos y abandonarlo.

5. La dictadura del relativismo y la verdadera libertad

Ratzinger ha visto con claridad que en la crisis que atraviesa Occidente las dos tentaciones más nefastas para la civilización y para las sociedades democráticas son el fundamentalismo y el relativismo. SI bien el relativismo se erigió como respuesta al fundamentalismo, es igualmente dogmático al afirmar que todo es relativo. Así, el relativismo califica de fundamentalista y totalitario a quien intenta buscar la verdad o establecer niveles de verdad en el conocimiento. En una sociedad donde la libertad individual es entendida como orientada solo al bienestar particular, es una deshumanización de la libertad:

«Una libertad cuyo único argumento consistiera en la posibilidad de satisfacer las necesidades no sería una libertad humana. […] La libertad necesita una trama común, que podríamos definir como fortalecimiento de los derechos humanos. […] Uno no puede querer la libertad solo para sí mismo. La libertad es indivisible y debe ser considerada siempre como conectada al servicio de la humanidad entera. Eso significa que no puede haber libertad sin sacrificio y renuncia. La libertad requiere velar para que la moral sea entendida como un lazo público y común». (1992)

Ratzinger critica el positivismo estricto que termina en puro pragmatismo y relativismo, el que se expresa en la absolutización del principio de las mayorías, que puede atentar contra la libertad y los derechos humanos fundamentales. ¿No deberíamos contar con mínimos éticos no negociables? ¿No es la dignidad humana un límite ante el cual los caprichos individuales deberían detenerse?

Le preocupaba incesantemente que, si las sociedades democráticas occidentales se apartaban de las grandes fuerzas morales de su tradición, podrían estar suicidándose culturalmente y poniendo en peligro las libertades y el bien de las personas, abriendo la puerta a nuevas formas de totalitarismos.

La crisis de valores en la política es la punta del iceberg del problema que vislumbró Ratzinger como consecuencia de la imposición de un pragmatismo y relativismo radical, especialmente en el campo de la ética y el derecho.

La profundidad y originalidad de su pensamiento hizo que fuera malinterpretado e incomprendido. Su libertad para pensar fuera de las modas intelectuales lo convertirán en un clásico, de esos que con el pasar de los siglos siempre nos dicen cosas nuevas y no dejan de enseñarnos.

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Pocos conceptos parecen tan ambiguos como ser de centro. A pesar de que muchas personas y partidos se identifican como centristas o moderados, este concepto también es fácil de atacar. Desde los extremos de izquierda y derecha se les acusa a los centristas de ser tibios o amarillos. En Estados Unidos, la palabra moderate ‘moderado’ está usada muchas veces como insulto por quienes se definen como conservadores o progresistas. Pero ¿qué posiciones políticas hacen que un partido o una persona política sea de centro?

El centro político

Esta pregunta ya incluye un posible error conceptual. Muchas veces se trata de buscar el centro político, en primer lugar, en posiciones políticas. ¿Qué es ser de centro? ¿Estar en algún lugar equidistante entre derecha e izquierda? ¿O entre centroizquierda y centroderecha? ¿Es ser de centro estar a favor o en contra de la participación de la empresa privada en la provisión de servicios básicos? ¿Estar a favor o en contra del voto obligatorio? ¿Estar a favor o en contra de reconocer un cambio de sexo incluso en menores de edad? ¿Estar a favor o en contra de tratados de libre comercio? ¿Estar a favor o en contra de suministrar armas a Ucrania para su defensa contra la agresión rusa?

En muchas de estas cuestiones es imposible e indeseable tomar una posición intermedia. Una idea de centro como un lugar equidistante entre dos posiciones así difícilmente convence. Para ser claro, existen posiciones que son sin lugar a duda incompatibles con todo tipo de centro político, especialmente aquellas que ponen en jaque a la democracia y los derechos y libertades fundamentales. Pero la identificación del centro político en primer lugar con posiciones políticas específicas es una trampa que ha costado caro a este mismo centro atacado y maltratado desde los extremos.

El camino de la moderación

¿Qué otro abordaje del centro podría haber? Tal vez sea necesario ver al centro más como un estilo de actuación política que como una posición específica. El centro o la moderación siempre pone el bien común por sobre intereses particulares. Para una persona moderada es más importante que al país le vaya bien que llevar adelante una convicción personal en el plan político. Así, la principal estrategia de una persona de centro para hacer política es la búsqueda del acuerdo sobre cuestiones básicas, incluso con personas y fuerzas políticas con ideas bien diferentes.

Una persona de centro nunca pierde la capacidad de diálogo amistoso con personas de la otra vereda política y no insulta a esas otras personas en las redes. Esto no significa que una persona de centro no puede tener opiniones claras y a veces fuertes. Puede discrepar intensamente en el plan político. Pero no convierte a la política en una lucha tribal donde todo vale para derrocar al oponente.

La importancia de amistad cívica

Quienes con ideas demócrata-cristianas, liberales, conservadoras, progresistas o socialdemócratas nos identificamos con el centro político tenemos la responsabilidad de articular ideas y posiciones claras. Si no llevamos a cabo los grandes debates en el centro político, los enemigos de la democracia liberal toman ciertas banderas y con ellas desinstitucionalizan a la democracia. Para esto también tenemos que resistir la tentación de denunciar como extremista a toda opinión diferente de la nuestra.

El centro político significa un lugar de amistad cívica, de una dignificación de la política. Y siempre una apasionada defensa de la democracia liberal, de la institucionalidad y del Estado de derecho. Así entendido, sin centro difícilmente puede haber democracia.

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La reacción de algunos gobiernos latinoamericanos frente al fallido 18 Brumario de Pedro Castillo en Perú es una muestra cabal del mal momento que atraviesan los demócratas en la región. No hubo en América Latina una reacción uniforme de condena frente a un claro intento de quiebra de la democracia mediante la realización de un autogolpe similar al que con éxito perpetró hace 30 años Alberto Fujimori.

Las reacciones dispares de los países del Grupo de Puebla y el gobierno de Chile revelan la ausencia de consenso en la región acerca de la democracia. Muestran el carácter instrumental que para algunos mandatarios tiene la defensa del régimen democrático y los derechos humanos en América Latina.

El presidente chileno Gabriel Boric condenó sin atenuantes la frustrada intentona golpista del expresidente Pedro Castillo. Esta postura es coherente con la condena sin ambages que Boric ha hecho respecto de las graves violaciones a los derechos humanos que perpetran los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Por lo visto, para el presidente chileno el compromiso con la democracia en América Latina está por encima de las simpatías ideológicas, una postura que incluso le genera problemas dentro de su propia coalición de gobierno.

Grupo de Puebla no sorprende

Esta posición marca un claro contraste con la de otros gobiernos de izquierda o centroizquierda de la región. El caso del Grupo de Puebla es en este sentido paradigmático. El comunicado difundido por las cancillerías de los países que lo integran en ningún momento condenó el intento de Castillo de cerrar el Congreso y el Poder Judicial. Simplemente llamó a resolver la crisis política que desde hace tiempo afecta a Perú.

Tras la remoción de Castillo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador —que desde hace meses busca cargarse al Instituto Nacional Electoral, uno de los pilares de la transición democrática mexicana de los años 1990— criticó a la sucesora constitucional de Castillo, dejando de lado tanto la estricta adhesión que hasta ahora había mostrado su política exterior al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados como el escaso interés mostrado hasta ahora por la política exterior.

La reacción de los países del Grupo de Puebla a nadie debiera sorprender. Se trata de países que hacen la vista gorda frente a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Y miran con simpatía al régimen cubano, la autocracia más antigua de la región. A diferencia de Gabriel Boric, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, Gustavo Petro y Luis Arce han mostrado un lamentable doble estándar respecto de su compromiso con la democracia en América Latina.

El doble estándar de la política exterior

¿Por qué resulta peligrosa esta reacción tibia y ambigua frente a una clara intentona golpista? El doble estándar es un hecho frecuente en la política exterior de cualquier Estado. La política exterior es una herramienta más de los Estados para mejorar las condiciones de vida de su población. Y es obvio que ninguna política exterior puede atarse ciegamente a imperativos morales absolutos. Como nos recuerda Hans Morgenthau, el estadista tiene como responsabilidad conducir una comunidad política y por ende no puede darse el lujo de aplicar la máxima kantiana de «hágase justicia aunque perezca el mundo».

No se trata de convertirse en un paladín global de la defensa de la democracia y los derechos humanos. Ningún país latinoamericano tiene el suficiente peso internacional ni las capacidades materiales como para liderar una cruzada democrática a nivel global.

Pero ignorar lo que ocurre en el vecindario es otra historia. No por una cuestión sentimental, sino por una cuestión práctica. Como han mostrado Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán, en América Latina tanto las transiciones democráticas como las reversiones autoritarias ocurren en oleadas. Las chances de quiebre democrático —ya sea en su versión clásica o por muerte lenta— aumentan para cualquier país, cuando el resto de la región es autoritaria.

Creciente erosión de la democracia

La generación de presidentes que tuvo la difícil tarea de liderar los gobiernos de la transición democrática de los años setenta y ochenta probablemente lo intuía. Por eso crearon mecanismos de defensa colectiva de la democracia. Ellos tenían en mente los golpes militares clásicos. Lamentablemente, las experiencias de Venezuela bajo el chavismo, Nicaragua tras el regreso de Daniel Ortega al poder y El Salvador con Nayib Bukele nos enseñan que la quiebra de la democracia puede ocurrir de diversas maneras.

Desde la conclusión de la tercera ola de democratización, los golpes militares exitosos han sido la excepción antes que la regla en América Latina. Así y todo, varios países han atravesado procesos de erosión democrática en los que democracias débiles se convirtieron en lo que Steve Levitsky y Lucan Way han definido como autoritarismos competitivos: regímenes que celebran periódicamente elecciones en las que participan partidos políticos opositores, pero en los que la alternancia es prácticamente imposible, debido al abuso del partido de gobierno sobre los recursos del Estado, el control autoritario de las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral y el hostigamiento a los partidos y líderes de oposición. La posibilidad de alternancia, que de acuerdo a Adam Przeworski es un rasgo central de la democracia, es bajo estas circunstancias nula.

Malas prácticas contagiosas

En síntesis, no hay una única vía que lleve a la quiebra de la democracia y las cláusulas democráticas han resultado un anticuerpo ineficaz frente a los procesos de muerte lenta de la democracia. De hecho, si algo hemos aprendido a lo largo de este siglo es que los gobiernos manipulan las cláusulas democráticas presentes en acuerdos internacionales según la conveniencia política. Así, un proceso de impeachment es para algunos un golpe de Estado blando, en tanto que el intento ilegal de un presidente de cerrar el Congreso es tan solo una crisis política.

El debilitamiento del compromiso normativo con la democracia por parte de los principales países de la región crea así un entorno amigable para el autoritarismo en América Latina. Y eso es motivo de preocupación. No solo porque favorece la estabilidad de los regímenes autoritarios, sino también porque las malas prácticas son contagiosas.

Publicado en el portal de CADAL, el 23 de noviembre de 2022

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Queridas amigas y amigos:

«La paz y la libertad, la libertad del individuo frente al miedo y la coerción, la libertad de los pueblos y de toda la humanidad frente a la explotación, la esclavitud, la violencia y la muerte. Estas son las bases de toda existencia humana digna.»

Esto decía Konrad Adenauer en su discurso de Navidad en 1952. Alemania, destruida por el nazismo y la guerra, se rehacía lentamente. Hoy estamos frente a nuevos desafíos. El ataque ruso a Ucrania para nosotros es más que un ataque a un país soberano. Es un ataque a nuestros valores demócratas y liberales. El apoyo a Ucrania por esto ha tomado un rol importante en el trabajo de la KAS a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, hay muchas razones para celebrar. Aquí en Montevideo celebramos diez años del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, el único programa de la KAS enfocado en partidos políticos en todo el mundo. Diez años de compromiso con los partidos políticos como principales actores de la democracia. Diez años de comunidad con jóvenes y no tan jóvenes políticos de toda la región. Diez años de amor a la política, a la democracia y a la libertad.

Hemos pensado en cómo podíamos celebrar este acontecimiento y pusimos mucho corazón en un proyecto que hoy les presentamos. Se trata del primer libro de citas en español de Konrad Adenauer. Revisando las pequeñas y grandes sabidurías del hombre de característicos sombreros, podemos apreciar la enorme vigencia que estas tienen. Además, nos muestran los valores, el pragmatismo y el humor que acompañaron a este hombre y que nos pueden servir de guía.

El libro está disponible aquí.

Desde todo el equipo de KAS Partidos les deseamos una feliz y bendecida Navidad y esperamos volver a vernos en el 2023.

Sebastian Grundberger

Por varias razones fue un Mundial distinto. Desde el mismo hecho de que iba a ser el último que jugara Messi, había un deseo especial de que lo ganara él. Se notaba fronteras adentro y afuera. La pasión que fue despertando la «Scaloneta» a lo largo del tiempo era otro signo: parecía que al final un técnico lograba explotar todo el potencial de uno de los mejores jugadores de la historia.

Entre el liderazgo maduro de Messi, su última oportunidad, los aciertos de la dirección técnica y el real funcionamiento en equipo de la selección argentina, se logró que la gran mayoría de los argentinos y argentinas se identificaran con el estilo y los valores del equipo nacional, cosa que había sucedido hace muchos años bajo la preponderancia de Maradona como jugador.

Fastidio hacia el statu quo político

Aunque pueda sonar curioso, el otro gran componente que contribuyó a la admiración hacia la selección de fútbol fue el gran fastidio del electorado argentino hacia el statu quo político, tanto con el oficialismo como la principal oposición. La Argentina vive una situación de alto pesimismo sobre el futuro y realiza un balance muy negativo sobre la gestión del presidente Alberto Fernández. Si bien Juntos por el Cambio triunfó a nivel nacional en la elección legislativa del año pasado, eso no lo ha convertido en un manantial de esperanza, sino en el mero instrumento para que el kirchnerismo abandone el poder el año próximo. Como viene sucediendo en varias elecciones de la región y el mundo, hasta acá la elección presidencial de 2023 consagrará el triunfo del menos malo.

Dicho fastidio con la conflictividad permanente de la dirigencia política, sumado a una situación socioeconómica grave con un índice de inflación cercano al 100 %, hace que la gran mayoría social aborrezca la tan mentada grieta. La ven como una división de la política que se le quiere imponer a la ciudadanía para explotar sus propios intereses. Por ese camino de desunión nadie avizora que se salga de la profunda crisis de estancamiento, que ya lleva unos diez años.

Una dicha colectiva

El cansancio severo con el statu quo político más la grieta contrastan fuertemente con un equipo visto como unido, humilde, tenaz, serio, perseverante, planificado. Así, el desconcierto que transmite la política vuelve más notables los atributos de la selección nacional de fútbol, y son un gran indicador del aspiracional de la gran mayoría de la opinión pública argentina. El triunfo sería entonces un premio a los que hacen las cosas como la ciudadanía quiere, y una señal de advertencia a la dirigencia.

En el humor social pre-Mundial, además del pesimismo ya mencionado, predominaban la incertidumbre, la angustia y la falta de una proyección, entre otras cosas. Obviamente, las consecuencias de la pandemia profundizaron las calamidades argentinas. Por lo tanto, un triunfo deportivo en el principal deporte de masas y en la cúspide de la competencia global iban a generar un sentimiento de felicidad temporal enorme. Eso se verificó en las horas posteriores a la finalización del partido final con una movilización masiva pocas veces vista. Pero hay un ingrediente adicional a la lógica alegría individual, que es la satisfacción porque también se viva una dicha colectiva. Es decir, la buenaventura de todos bajo una misma consigna es un rasgo que potencia la que siente cada uno en forma personal.

Más que nunca, todos juntos

Esta autosatisfacción individual y colectiva al mismo tiempo es una gran encuesta sobre qué le demanda la inmensa mayoría a su dirigencia política: ¡basta de grieta y de divisiones, pónganse a trabajar juntos! La frase que ha calado hondo y se ha viralizado hasta el infinito ha sido la de un posteo en Instagram del jugador Rodrigo De Paul, quien concluye su speech diciendo «Más que nunca TODOS JUNTOS». Es como una perfecta síntesis del sentimiento colectivo.

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Surgen naturalmente dos preguntas. La primera es cuánto dura este clima de euforia. La ventaja de esta corriente de entusiasmo es que inmediatamente engancha con las fiestas de fin de año, en donde los encuentros con los afectos y la llegada del nuevo año llevan a momentos de balance y de reseteo de expectativas, con lo cual es un momento en general de mayor optimismo. Luego se suma el período de verano y vacaciones, que distiende el humor. Pero, en todo caso, es un efecto de corto plazo, ni siquiera de mediano. Con los problemas económicos que tiene la Argentina, hacia marzo todo debería volver a su cauce natural. Se podría decir que, en todo caso, actuará como un placebo.

¿Algún actor político sale favorecido?

La segunda pregunta es si esto favorece o perjudica a algún actor político. La respuesta es contundente: no tiene ningún efecto. En una situación normal ya no lo tendría —como nos indica la experiencia histórica— y mucho menos en una situación de crisis económica y fastidio con la política, como hemos mencionado anteriormente.

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Precisamente, el humor popular positivo rechaza con más fuerza que nunca que alguien trate de llevar agua para su molino, más aún para un gobierno con un claro balance negativo. El caso Macron es bastante indicativo de que esto no solo sucede en nuestras tierras.

Pocas veces un triunfo deportivo de nivel global y de impacto popular contrastó tanto con un contexto político, económico y social tan adverso. La Argentina seguirá con incertidumbre su derrotero político de cara a 2023.

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Se termina un año muy difícil para el Gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle Pou en Uruguay. Pero el 2023 no será más sencillo. 2022 empezó complicado. Los tres primeros meses estuvieron marcados por el referéndum convocado por el Frente Amplio y diversas organizaciones sociales, con la finalidad de derogar 135 artículos de una ley ómnibus aprobada por el Parlamento en plena pandemia, a mediados de 2020. La oposición fracasó en su propósito, pero obtuvo una excelente votación, prácticamente igual a la obtenida por el Frente Amplio en el balotaje de 2019.

En ambas ocasiones, la diferencia entre los dos grandes bloques políticos que disputan el poder en Uruguay fue de apenas 30.000 votos. El Gobierno pareció sorprendido por el resultado. El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, uno de los cinco partidos que integran la coalición de gobierno, explicitó la preocupación reinante: «Cualquier error, y perdemos la próxima elección».

La reacción del Gobierno ante el virtual empate fue muy buena. No cayó en la tentación de evitar tomar riesgos para no cometer errores. Al contrario, optó por pisar el acelerador para avanzar en el cumplimento de tres promesas electorales importantes: reforma del sistema de pensiones, transformación educativa y apertura comercial. Estos tres temas ocuparon buena parte del debate público. En dos de ellos, seguridad social y transformación educativa, el Gobierno viene avanzando. En materia de apertura comercial todavía hay más intenciones que realizaciones.

Reformas pendientes

La reforma de la seguridad social es necesaria porque, según los expertos, la trayectoria financiera del sistema es insostenible. Para elaborar diagnósticos y propuestas de reforma se instaló hace dos años una comisión de expertos de integración plural. Sobre esta base, el Poder Ejecutivo elaboró un borrador de proyecto de ley que fue negociado entre los partidos que integran la coalición de gobierno y que, ahora mismo, está a consideración del Parlamento. No es una reforma sencilla de concretar porque implica, entre otras cosas, elevar la edad de jubilación.

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La transformación educativa es otro gran desafío para Lacalle. Desde que José «Pepe» Mujica, al asumir la presidencia de la República en 2010, pusiera énfasis en la importancia de llevar adelante cambios de fondo en la educación pública («Educación, educación, educación», expresó ante el Parlamento al llegar al cargo) este asunto ha ocupado un espacio muy importante en la agenda pública. Existen problemas serios de cobertura y de equidad, especialmente en los últimos tres años de la educación secundaria. Se necesitan cambios de fondo en múltiples dimensiones, desde la gobernanza del sistema educativo a los métodos de enseñanza, pasando por la gestión de los centros educativos.

Oposición política y sindical

La dimensión de los cambios propuestos en sistema de pensiones y educación ha generado alarma en el Frente Amplio que, a pesar de haber perdido la elección, sigue siendo el partido más poderoso del escenario político, y en el no menos influyente movimiento sindical, cuyo principal dirigente, Marcelo Abdala, integra el Comité Ejecutivo del Partido Comunista. Entre el Frente Amplio y el movimiento sindical hay relaciones muy estrechas. Ambas organizaciones no siempre coinciden, pero, grosso modo, comparten una agenda política de primer orden: frenar reformas «neoliberales» y derrotar a la coalición de gobierno en la elección nacional de 2024. El símbolo más elocuente de esta convergencia es la figura de Fernando Pereira: el actual presidente del Frente Amplio fue, durante seis años, el principal referente de la central de trabajadores (PIT-CNT).

La apertura comercial

La apertura comercial es otro gran objetivo del Gobierno liderado por Lacalle. Desde hace dos décadas, es decir, desde la gran crisis financiera, económica y social de 2002 (durante la presidencia de Jorge Batlle, del Partido Colorado), una parte muy importante del sistema político uruguayo ha dejado de confiar en el Mercosur como estrategia central de inserción comercial. La ruptura del consenso mercosuriano fue especialmente intensa en la élite de los dos partidos tradicionales de Uruguay, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Durante los quince años de gobierno del Frente Amplio (2005-2020), algunos episodios reforzaron esta sensación de agotamiento del proyecto Mercosur. Tabaré Vázquez tuvo serios conflictos con Cristina Fernández (Argentina) por la instalación de una planta de celulosa en el río Uruguay. El ingreso de Venezuela al bloque, en lugar de fortalecerlo, le restó credibilidad.

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El presidente Lacalle Pou ha sido muy enfático desde que asumió el cargo en sus críticas al bloque regional. Y no parece dispuesto a abandonar el compromiso asumido en la campaña electoral de 2019 de impulsar la apertura comercial del país, más allá de los costos que esto pueda tener en la relación con los socios del Mercosur, como quedó de manifiesto durante la Cumbre del bloque realizada en Montevideo los días 5 y 6 de diciembre. El presidente uruguayo insistió en que el Mercosur debe modernizarse y flexibilizarse, y que no debe impedir que cada socio impulse la estrategia comercial que le resulte más conveniente. Enfrentando el statu quo en este tema, el Gobierno también asume riesgos políticos y se expone a la crítica de la oposición.

La imagen del presidente

El año 2022 también fue difícil porque explotaron varios escándalos que han afectado crecientemente la imagen del Gobierno y del presidente. El caso más notorio involucra a quien actuaba como jefe del servicio de custodia del presidente, Alejandro Astesiano, una persona de extrema confianza de Luis Lacalle Pou. Este funcionario fue detenido y procesado por la justicia por formar parte de una red que falsificaba documentos para facilitar la expedición de pasaportes a ciudadanos rusos.

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La investigación judicial, que todavía continúa, mostró que Astesiano llevaba adelante otras actividades ilícitas. El episodio es grave. El presidente asumió públicamente que cometió un gran error al designar a este funcionario. Los niveles de aprobación de su gestión todavía son altos, pero han venido descendiendo durante los últimos meses. Según el último sondeo de Equipos-Mori, la aprobación presidencial bajó de 47 % a 44 %, y la desaprobación subió de 36 % a 40 %.

El año 2023 no será más sencillo para el presidente Lacalle. No hay grieta en el sentido argentino de la expresión. Pero la tensión entre Gobierno y oposición es muy alta. No hay polarización ideológica, es decir, una distancia significativa en el plano de las políticas públicas entre Gobierno y oposición. Pero hay polarización en otro sentido, emocional e identitario. Entre los dos grandes bloques, el Uruguay del Frente Amplio y el Uruguay del Gobierno, la frontera se ha vuelto menos porosa y amenaza, por momentos, volverse intransitable. Los puentes entre ambos mundos se han vuelto más estrechos. La gran pregunta es si los viejos reflejos cívicos de Uruguay le permitirán a nuestro sistema político evitar males mayores.

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El pasado 28 de abril el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma electoral que buscaba remover los cimientos del sistema político. El hecho abrió un profundo debate sobre la democracia y la fortaleza de las instituciones, no exento de críticas y controversias. A principios de diciembre, AMLO impulsó el análisis de la reforma presentada en abril. Pero a la discusión se le añadió un plan B, que consistía en una serie de reformas secundarias para matizar la transformación del sistema electoral. Estos cambios no coincidieron con las exigencias de su base de apoyo político y los grupos aliados gestionaron desde su grupo parlamentario un plan C. Este volvía en gran parte a la iniciativa inicial presentada en abril.

De la dictablanda a elecciones limpias

Para el Estado mexicano, lograr un sistema democrático autónomo fue una batalla de muchas generaciones y se puede decir que hasta la segunda mitad de la década de los noventa se logró. Expresiones como la dictablanda o la conocida dictadura perfecta se acuñaron precisamente porque durante décadas se simuló un sistema democrático. Pero fue hasta el ocaso del siglo XX que se lograron las reformas que generaron un árbitro electoral independiente que garantizara elecciones limpias.

La primera vez que el partido del gobierno perdió la mayoría en la Cámara de Diputados fue en 1997, y en el 2000 se dio la primera alternancia en la presidencia de la República. Desde entonces, varios cambios modificaron el sistema de financiamiento de los partidos políticos, regulación de su acceso y forma de contratación de espacios propagandísticos e incluso cambios al nombre del ente (se llamaba Instituto Federal Electoral y ahora se llama Instituto Nacional Electoral). Pero la confianza en la autoridad ha sido una constante, garantizada por un tribunal electoral como máximo órgano de justicia en la materia. La democracia electoral ha sido garantizada también a nivel estatal con órganos autónomos (primero fueron institutos electorales y hoy se llaman organismos públicos locales electorales). En cuanto a la justicia electoral, se constituyó un tribunal electoral en 1996 y más adelante se consolidaron tribunales electorales regionales y estatales.

El ataque de AMLO, «el INE sí se toca»

Desde 1994 y hasta la fecha, la normalidad democrática ha permitido la elaboración de elecciones confiables y también la solución de controversias a partir de las instituciones mencionadas. Se han reconocido miles de elecciones transparentes y sin anomalías, y se han anulado y repetido unas cuantas en las que se comprobaron conductas fraudulentas.

La única persona que ha acusado al sistema de fraude a nivel presidencial es el actual presidente de la República, que sólo ha reconocido las elecciones en las que resulta ganador. Todas en las que perdió, las califica de fraudulentas, aunque nunca ha presentado una sola prueba fiable de ello.

En el 2018, con la institucionalidad electoral vigente, López Obrador ganó la presidencia y reconoció la calidad democrática. Sin embargo, desde el inicio de su mandato empezó a atacar a todas las instituciones que representan un contrapeso al poder, entre ellas el Instituto Nacional Electoral. En 2021, los votantes le retiraron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

A partir de ese momento, López Obrador ha insistido en desmantelar y controlar el órgano electoral bajo el argumento de que la «democracia es perfectible» y de que se necesita una reforma de fondo.

La propuesta original de reforma

El proyecto de reforma electoral de AMLO y Morena se ideó por la vía de reforma constitucional y ha estado sostenido en los siguientes puntos:

• Desaparecer el INE y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sería la única autoridad electoral.
• Eliminar los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales locales.
• Las personas magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las personas consejeras del INEC serán electas mediante voto popular para un periodo improrrogable de seis años.
• Para la integración de la Sala Superior del TEPJF y del INEC, cada uno de los Poderes de la Unión postulará a 10 personas de manera paritaria para el TEPJF, y postulará a 20 personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del INEC.
• El Consejo General del INEC será integrado por siete personas consejeras y lo presidirá quien haya obtenido la mayor cantidad de votos. La Sala Superior del TEPJF será integrado por siete personas magistradas, cuya presidencia será definida por elección de sus integrantes por un periodo de dos años.
• Se eliminan los distritos electorales y se modifica el modelo de elección de diputados, para que estos sean electos mediante un sistema de representación en listas.
• Se reduce la Cámara de Diputados a 300 diputados y el Senado a 96 senadores.
• Se elimina el financiamiento público a los partidos políticos, reducido solo vía aportaciones de personas físicas mexicanas.
• Se reducen los tiempos de radio y televisión, así como su forma de distribución; durante el proceso electoral se destinarán 30 minutos diarios en cada estación de radio y cada canal de televisión a partidos políticos y candidatos independientes (90 %) y al INEC (10 %).
• Se amplían las excepciones para que pueda ser difundida la propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.

En pocas palabras, la propuesta otorga al Ejecutivo el control de la autoridad electoral para reducir a la oposición. Era ooptar recursos a la política e instalar un falso discurso de defensa de la democracia. En consecuencia, erosiona un sistema democrático confiable que costó décadas.

Reacciones a la erosión de la democracia

La Comisión de Venecia (de la Comisión Europea para la Democracia) emitió observaciones y recomendaciones que evidenciaron los peligros de la propuesta de reforma de AMLO. El 13 de noviembre México vivió una movilización popular. Fueron más de medio millón de personas que salieron a defender la democracia y la independencia del árbitro electoral.

Sin embargo, si bien el proyecto inicial del presidente no tuvo apoyo en el Congreso, en la madrugada del 7 de diciembre el plan C consiguió la aprobación.

El plan C constó de más de 300 hojas, que, a diferencia de la reforma constitucional, cambia tres leyes que reglan el sistema electoral y lo resumen en una única. Fue aprobada en fast track por su «importancia», por lo que no hubo discusión o análisis.

El plan C del sistema electoral

Estos son los puntos clave, de especial preocupación para la democracia mexicana:

• Se crea un catálogo de emisoras locales de televisión y radio para que puedan transmitir la cobertura total de la jornada electoral.
• Prevé el registro y voto electrónico para migrantes y elimina el voto postal. No se contempla algún mecanismo de impugnación o revisión del proceso de voto electrónico.
• Existen contradicciones de fondo en el diseño, tal es el caso de ciudadanos indígenas y afromexicanos. Por una parte, se establece su autodeterminación y autoorganización, y por el otro, se establecen mecanismos de cuotas a los partidos políticos para su designación.
• Se establecen mecanismos de confusión en los votantes. Por ejemplo, en coaliciones se pide que la votación sea con los logos de los partidos y no de las coaliciones. Generará confusión para el votante en beneficio del partido que ejerza el poder presidencial al tener estos más recursos y mayor presencia en medios.
• Se crean mecanismos que podrían generar falta de transparencia en los recursos públicos. Tal es el caso de la renuncia parcial del presupuesto de los partidos para desastres. Cabe mencionar que en el temblor de 2017, Morena (el partido en el poder) generó un fideicomiso de «ayuda» que terminó en «ayuda a sus campañas»: depósitos a personas físicas y o recibos simples de dinero en efectivo.
• Se prohíben sanciones por analogía o mayoría de razón en el proceso administrativo. Las sanciones administrativas tienen un nivel de sanción menor que un delito electoral. Se pretende generar un vacío político de impunidad, en el entendido de que en cada jornada electoral surgen nuevas situaciones que comprometen las elecciones, por lo que prohibir la aplicación de sanciones a situaciones que no sean exactamente las señaladas provocará que surjan variantes para evadir la aplicación de sanciones.
• Se genera un permiso para candidatos y estructuras partidarias dentro de la administración pública. Se propone que no sean propaganda gubernamental «las manifestaciones de servidores públicos en uso de su libertad de expresión».
• Se mandata que todas las estructuras relacionadas a garantizar la democracia se reduzcan al mínimo posible, lo que puede significar cualquier cosa. Además de la reducción mandatada de la estructura del Tribunal Electoral en tres de sus actuales siete salas.

Síntesis del nuevo escenario

La reforma de AMLO y su bancada parlamentaria pone en peligro más de 80 años de lucha y de logros por consolidar la democracia. No solo se trata de que no se aprobó la reforma por vía constitucional y solamente se implementó este plan C vía reforma legal.

Durante las últimas décadas, ninguna reforma electoral ha sido propuesta por el gobierno porque es evidente que el gobernante va a intentar poner reglas para mantenerse en el poder. Esto es tan claro que incluso López Obrador declaró que, si no se lleva a cabo su reforma, su partido corre el riesgo de perder las elecciones en 2024.

La reforma constitucional se frenó por falta de mayorías y con una prisa admirable presentaron una segunda propuesta que aprobó el bloque afín al gobierno violando códigos formales de la transacción parlamentaria.

Lo que aprobó el Senado

Entre el 15 diciembre por la madrugada se aprobó la reforma electoral en la Cámara de Senadores. En el dictamen no había modificaciones de fondo. Finalmente se aprobaron en el pleno del Senado, entre los más importantes, los siguientes cambios:

• Se transfieren votos a candidaturas comunes para consolidar a los partidos satélite del grupo en el poder.
• Se incluyen cuotas de grupos vulnerables, se autoadjudican el monopolio de la forma en que se definirán, aunque no se establece en la ley.
• La entrega de obsequios en campaña (insumos domésticos) se considerará presunción de presión a voto.
• Los ajustes de acciones afirmativas por género se realizarán conforme a las reglas que en ese momento se establezcan.
• En materia electoral, es inviolable la libertad de expresión (ejercicio del periodismo).
• Para el financiamiento a partidos en el ámbito local, se mantiene el 3% de votación válida emitida en la elección de diputados locales.
• Se eliminó la obligación del separarse del cargo como congresistas para ser nuevamente candidatos.
• Se eliminó la facultad de los partidos de establecer las reglas para la elección consecutiva.
• Se amplía de 3 a 10 días para la comprobación de egresos en tiempos electorales.
• La verificación de los padrones de afiliación no tendrá sanción alguna.
• El voto en el extranjero se podrá realizar por correo y por vía electrónica.
• Se consideran actos de campaña en el espacio virtual.
• La omisión de enterar impuestos por los partidos no podrá ser sancionada hasta que sea decretado por la autoridad hacendaria.

Lo que evitó la oposición

Algunas bases de la propuesta original de AMLO fueron omitidas gracias a la presión de la oposición. Sin embargo, esto no resta el carácter controvertido y autoritario de la reforma.

• Se elimina la reforma que usaba los pasivos del organismo electoral para la reducción de áreas.
• Se elimina que la reforma se lleve a cabo con el presupuesto reducido asignado para el siguiente año.
• Se elimina que los funcionarios no se consideren como especializados.

Hoy las instituciones electorales en México están amenazadas y, aunque todavía existe la posibilidad de que se detenga a través de la Corte Constitucional, es innegable la intención del gobierno de deteriorar la democracia socavando las instituciones.

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En los últimos tiempos se alzan voces, algunas distinguidas, en contra del clamor académico e institucional que trata de alertar del impacto de las llamadas fake news en la calidad de la democracia. Querría plantear algunas objeciones a estas voces que de algún modo relativizan dicho impacto, cuando no cuestionan la propia existencia de las fake news, y aportar al debate algunas ideas para la reflexión.

Comencemos por reconocer que el término fake news es incómodo. Como cualquier palabra que intenta sintetizar un fenómeno novedoso y complejo, fake news resulta incompleta e imprecisa. De entrada, es un anglicismo que, como tantos, se ha impuesto de manera global; pero, precisamente el hecho de ser un neologismo, ofrece un primer indicio epistemológico y es que carecemos en castellano de un término equivalente.

Una definición de fake news

Fake news no es lo mismo que bulo, mentira, o propaganda, aunque sea simultáneamente bulo, mentira y propaganda. Fake news designa un tipo de mensaje falso con apariencia de verosimilitud, a menudo difícil de desenmascarar; que persiste en el tiempo, aunque sea desmentido. Tiene cierto grado de sofisticación que en algunos casos los hace indetectables para el ojo humano (deep fake). Es emitido habitualmente por fuentes anónimas o desconocidas, y se propaga entre amplias masas de público a gran velocidad.

El problema etimológico de la expresión fake news ya fue señalado en 2018 por la Comisión Europea en el Informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre las noticias falsas y la desinformación en línea. En ese documento se indica que la expresión noticia falsa es problemática porque no refleja todos los problemas relacionados con la desinformación, por ejemplo, las parodias. Además, la palabra noticia sitúa el problema en el terreno de juego de la prensa, como si las fakes fueran obra de los periodistas. Esto es lo que hizo Trump al acusarlos de ser «las personas más deshonestas del planeta», no para señalar supuestas noticias falsas, sino las noticias que le desagradaban.

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El hecho incuestionable, más allá de lo acertado de la expresión, es que el sistema de comunicación digital entre pares ha favorecido la propagación de mentiras hasta niveles desconocidos. Nos referimos a la mentira como la definió San Agustín: «no miente aquel que cree que lo que dice es verdad». Es decir, mentir implica la intención de no ser honestos con la verdad, que es justamente el elemento constitutivo de la fake news.

Pero ¿qué es la verdad? Nos asomamos a uno de los grandes problemas filosóficos de todos los tiempos. ¿Existe la verdad? ¿Una verdad? Cuando un fact-checker comprueba unos hechos y clasifica un mensaje como falso, ¿está imponiendo su verdad?

¿Verdades rígidas?

El asunto es complejísimo, pero la respuesta no puede ser que «en democracia, ninguna verdad es rígida, y el respeto debe ser la regla», como recientemente proponía Francisco Leturia en el artículo titulado «Fake news y purificación social» en La Segunda (Chile). Desde ese postulado se entiende que, al amparo del derecho a la libertad de expresión, se solicite respeto por «quien quiera exponer que la Tierra gira alrededor del Sol (o lo contrario)» (ibidem). Seguramente es un mal ejemplo, porque el respeto hacia el prójimo no nos exime del deber de señalar que esa afirmación no es verdadera.

Aceptar que hay algunas verdades rígidas —donde rígidas quiere decir demostradas por la ciencia— no menoscaba en absoluto el derecho a la libertad de expresión de quien no quiera creerlas. Pero al contrario sí: negar esas verdades sí que menoscaba el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, libertad que en una de sus tres dimensiones jurídicas incluye el derecho a recibir información veraz.

El camino de relativizar la verdad (rígida) de ciertas realidades realmente no ayuda al debate sobre las fake news y su impacto en la calidad de la democracia. Dar cabida en un programa de televisión en prime time a quien defiende que la Tierra es plana o que las vacunas producen autismo no es ejercer el derecho a la libertad de expresión; es permitir que mensajes falsos intoxiquen la opinión pública y confundan a los ciudadanos, sin producir más beneficio que el económico de la propia cadena que los emite.

Un abordaje serio

Si queremos abordar en serio el debate, podemos apoyarnos en el aparato metodológico de la fenomenología. Con la filosofía de Husserl se consiguió superar el exacerbado positivismo del siglo XIX que reducía lo verdadero a lo empíricamente demostrable, dejando fuera de tal verdad todo lo concerniente al mundo de las ideas, los sentimientos, e incluso las propias instituciones.

No poder demostrar que algo que percibimos es real no quiere decir que no lo sea. Esto supone la capacidad del ser humano para superar la violencia que impone el objeto-físico (eso que vemos, palpamos, oímos, olemos) y aceptar la existencia del objeto-fenómeno —o simplemente fenómeno—, es decir, lo que realmente percibimos.

¿Dónde está la verdad?

El gran filósofo español contemporáneo José Ortega y Gasset completó el principio radical de la fenomenología con su teoría del perspectivismo. En «Unas gotas de fenomenología» (primer capítulo de La deshumanización del arte), Ortega plantea el siguiente caso: un hombre ilustre agoniza. Asisten a la escena su esposa, un médico, un periodista y un pintor. Cada uno de ellos observa una misma realidad, pero lo que perciben es radicalmente diferente, pues si para la esposa la muerte del marido es un drama personal, para el médico es un caso clínico, para el periodista, una noticia y, para el pintor, un cuadro. Sus puntos de vista son tan distantes que casi sería más exacto decir que asisten a realidades diferentes. Ahora bien, ¿cuál de estas cuatro realidades es la verdadera? Todas lo son, cada una de acuerdo con el punto de vista del observador.

Si trasladamos estos planteamientos filosóficos a nuestra vida cotidiana, comprobaremos que todo el tiempo nos enfrentamos a situaciones semejantes. Y así, ante el fenómeno de la inmigración unos perciben una amenaza para su identidad cultural y el Estado del bienestar, y otros, una oportunidad de crecimiento demográfico y de riqueza multicultural. Un mismo hecho y dos puntos de vista diferentes; tan diferentes que casi sería más exacto decir que asisten a dos hechos distintos.

Con la fenomenología llegamos a una definición si no absoluta, al menos comprensiva de la verdad. La razón por la que cada observador percibe una realidad divergente nos llevaría a sumergirnos en el complejo mundo de las ideas y las creencias. Queda sugerido el tema para otro artículo. De momento, quedémonos con que el periodista es un observador de la realidad. Su relato será, con frecuencia, el único contacto que el lector tendrá con dicha realidad. De ahí que se insista en la ineludible honestidad del periodista con los hechos.

Crisis de la democracia, crisis de su periodismo

Hace exactamente un siglo que Walter Lippmann señaló esta peculiar circunstancia del trabajo periodístico y su impacto en las democracias liberales. «En sentido estricto, la crisis actual de la democracia es una crisis de su periodismo», dijo Lippmann, y alertaba de que la mayor parte del conocimiento que el ciudadano tiene del mundo exterior no procede de su experiencia directa, sino del relato que otros hacen sobre ese mundo exterior.

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Esos otros solían ser los periodistas, pero la exclusividad de este rol se volatilizó con la irrupción de las redes sociales. A priori esto no es negativo, pero sí problemático, pues en la medida en que el ciudadano conocía al emisor era capaz de intuir la intención del mensaje. Y, a la inversa: en la medida en que desconocemos quién nos habla, somos incapaces de adivinar qué intereses le mueven a compartir un determinado mensaje.

En conclusión, el problema de las fake news, o mensajes falsos difundidos por las redes sociales por emisores anónimos, menoscaba la democracia porque limita nuestros derechos civiles. La democracia consiste en que ciudadanos libres toman decisiones políticas basadas en el conocimiento de hechos verdaderos. De ello se infiere que sin información (verdadera) no hay libertad (de elección); y sin libertad, no hay democracia.

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Castillo y los hechos

Como fue ampliamente documentado por la prensa, el miércoles 7 de diciembre, Pedro Castillo emitió un mensaje en el que comunicó la decisión de instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Su decisión disolvía temporalmente el Congreso de la República de Perú y prometió convocar elecciones en el más breve plazo para un nuevo Congreso con facultades constituyentes con el fin de elaborar una nueva Constitución. Declaró la reorganización del sistema de justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional. Esto configuró un golpe de Estado y disparó la incertidumbre del país.

Minutos después de la delcaración de Castillo se generaron pronunciamientos de las instituciones y representantes políticos rechazando el quebrantamiento del Estado de derecho. Buena parte de los ministros de Estado presentaron su renuncia irrevocable. Antes de cumplirse dos horas, Pedro Castillo, quien emuló a Fujimori en el autogolpe de 1992, fue vacado en el cargo por la causal de permanente incapacidad moral por 101 votos (77 %) y detenido mientras se dirigía a la Embajada de México para refugiarse y evitar responsabilizarse por sus actos.

De acuerdo a lo previsto por la Constitución, asumió la presidencia Dina Boluarte Zegarra, la primera vicepresidenta. En su mensaje ante el Congreso de la República señaló que su gobierno terminaría con el periodo constitucional y concluiría en julio de 2026. Como contexto, manifestaciones sociales con violencia y lamentables muertes ocasionaron que el domingo 11 la presidenta anunciara elecciones anticipadas para el año 2024 y declarara el estado de emergencia en diversas zonas del país.

La presidenta del Perú

Dina Boluarte se convierte en estas circunstancias en la primera presidenta del Perú. En su mensaje al país convocó a un «amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas, representadas o no en el Congreso». Planteó retomar «la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de manera impostergable, de la reforma política que nuestro país requiere urgentemente». Solicitó una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Pero hay un detalle central: la presidenta no tiene apoyo parlamentario ni de los partidos políticos.

Respuesta social

Las reacciones más hostiles no vinieron del Congreso, sino de manifestaciones sociales en distintas ciudades del país, que, al momento de publicar este artículo, no han cesado. Las manifestaciones sociales son muy violentas y han cobrado la vida de ocho personas. Al bloquearse carreteras, muchas personas se quedaron varadas. Actos vandálicos han destruido propiedad privada y pública.

El miércoles 14 de diciembre se declaró el Estado de emergencia en todo el país por 30 días. La Defensoría del Pueblo ha invocado a hacer uso del derecho de protesta de manera pacífica. Las demandas de los manifestantes varían, pero en general solicitan nuevas elecciones. Como complemento se exige el cierre del Congreso, libertad para Pedro Castillo, y, en menor medida, la convocatoria a una Asamblea Constituyente. De estas propuestas, prosperaría solo la del anticipo de elecciones.

Elecciones anticipadas

En el Perú no esta previsto el anticipo de elecciones, salvo las parlamentarias anticipadas en el caso de que se disuelva el Congreso —por la denegatoria de confianza o censura a dos gabinetes—, o, si por sucesión constitucional, asumiera el presidente del Congreso. De manera que cualquier otro adelanto de elecciones requiere de una reforma constitucional. La reforma debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtenga en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable superior a los dos tercios.

Tampoco está prevista la realización de una Asamblea Constituyente, pues las modificaciones se realizan según el procedimiento descrito. Los proyectos que la proponían no alcanzaron votos para ser debatidos en el pleno y se archivaron luego del debate en la comisión. Los otros pedidos son inatendibles.

Pedro Castillo se colocó en el lugar de un gobernante autoritario y afronta el proceso penal correspondiente, al que se sumarán los casos de corrupción que presentó la fiscal de la nación en un voluminoso expediente.

El Congreso debatirá el adelanto de las elecciones. Se ha planteado la necesidad de aprobar algunas reformas políticas. Ello supone el consenso para lograr las altas mayorías que requieren las reformas constitucionales y reglas electorales, en un parlamento fragmentado y polarizado. Si bien el Congreso inició el periodo en el año 2021 con nueve grupos parlamentarios, actualmente son trece y con poca cohesión interna en buena parte de ellos.

Futuro incierto

La democracia peruana ha sido calificada como defectuosa. De acuerdo con el Barómetro de las Américas, peruanos y peruanas se muestran más insatisfechos con la democracia que la mayoría de los latinoamericanos.

El Perú ha tenido seis presidentes en seis años. Las crisis políticas se canalizaron a través de la Constitución. Por ello, el firme rechazo al golpe de Estado ha sido una respuesta institucional en defensa de la democracia. Sin embargo, existen deudas pendientes como el cierre de brechas en derechos y acceso a servicios públicos. El exceso del presidente ha demostrado que en modo alguno se puede proceder con el quiebre del orden constitucional.

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