«El fútbol tiene un poder único para unir al mundo. Por lo tanto, la Copa del Mundo de la FIFA en Catar ofrece una oportunidad única para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania». Con estas palabras, el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dirigió a los principales políticos reunidos en la cumbre del G20 en Bali. ¿Era posible que la 22.ª edición del torneo más importante de selecciones nacionales de fútbol fuera una instancia político-diplomática por la paz, la democracia y la unidad? La respuesta es claramente negativa, porque la Copa del Mundo, debido a su amplio alcance, siempre ha sido utilizada como vocero de mensajes políticos. Aquí el actor geopolítico es la FIFA.

¿Política en consonancia con el deporte?

El vínculo entre política y deporte no es fruto de la discutible adjudicación a Catar en 2010 de la sede del Mundial. Ya en uno de los mayores eventos culturales mundiales como los Juegos Olímpicos, era práctica común que cada ciudad-Estado enviara una delegación junto a los deportistas. Los Juegos ofrecían así un foro para el intercambio de opiniones políticas, en el que se podía influir en los procesos políticos globales. En el presente, estos eventos masivos también se utilizan con fines políticos. Ya en el pasado, en los Juegos de Verano de 1936, en Berlín, los nacionalsocialistas aprovecharon la oportunidad para poner su régimen bajo una mejor luz a los ojos del público internacional. En los Juegos de Invierno de Beijing 2022, el liderazgo comunista está utilizando el evento para legitimar su poder y su papel en el escenario mundial.

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Por lo tanto, la declaración de Gianni Infantino poco antes del inicio de la campaña de la FIFA «El fútbol une al mundo» no es demasiado oscura, aunque sí desmedida. El alto al fuego entre Ucrania y Rusia que exigió Infantino no se concretó. Y, en lugar de unidad, el campeonato trajo consigo un amplio abanico de críticas. Sin embargo, estas no apuntan al uso del Mundial como foro para el intercambio de opiniones políticas. Por el contrario, más bien, apuntan al no respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho cuando se adjudicó a Catar la sede.

¿Fair play en la democracia?

Desde la dudosa adjudicación a finales de 2010, el anfitrión Catar ha sido criticado por presuntos pagos de sobornos millonarios, la situación de los derechos humanos y la situación política, así como por las condiciones de los trabajadores extranjeros. La adjudicación fue fuertemente criticada, como lo fue en 2018 la de Rusia y en 1978 la de Argentina, o las de los Juegos Olímpicos ya mencionados. Tanto la FIFA como el Comité Olímpico Internacional (COI) fueron acusados de complicidad en el encubrimiento de violaciones de derechos humanos y codicia. Ambas organizaciones deportivas deberían despedirse de la narrativa de «impulsar procesos de democratización a través de eventos deportivos». De hecho, estos no se producen realmente y los procesos de adjudicación solo sirven para perseguir los propios intereses.

El Parlamento Europeo ha criticado duramente a la FIFA y está pidiendo reformas fundamentales: «La FIFA está gobernada por una corrupción desenfrenada, sistémica y profundamente arraigada». La concesión de Copas del Mundo no debe otorgarse a Estados que ignoran los derechos humanos y fundamentales. Esta declaración es compartible, pero llega demasiado tarde. Solo puede entenderse como una especie de modo de reparación político-deportivo. En contraste, está la sospecha de corrupción contra la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Fue suspendida de su cargo y está acusada de «corrupción de pandillas y lavado de dinero» en el contexto de la Copa del Mundo en Catar.

¿La falta de escrúpulos como nueva disciplina deportiva?

El fútbol alcanzó el punto más bajo de un desarrollo devastador de la falta de escrúpulos y la hipocresía. El aspecto deportivo en sí pasa a un segundo plano. Ya no se trata solo de otorgar la Copa del Mundo a Catar. Cuando se supo en 2010 que la Copa del Mundo de 2022 se había otorgado en circunstancias inaceptables, hubo críticas iniciales sobre las condiciones de esclavitud de los inmigrantes de bajos salarios, el trato a las mujeres y la comunidad LGBTQ, las repercusiones en la política energética y los costos para la construcción de una infraestructura completa. Pero esta crítica se evaporó como una gota de agua sobre una piedra caliente, literalmente, si se considera el aire acondicionado absurdo en los estadios.

La afirmación del embajador oficial Khalid Salman de que la homosexualidad es un «daño mental» volvió a despertar la inquietud sobre sobre las circunstancias externas y políticas del torneo. Es por lo menos sorprendente que recién una declaración doce años después de la adjudicación provocara este cuestionamiento. También es chocante que esto suceda durante la 27ª Conferencia Climática de la ONU en Egipto, y la crisis energética en Europa. Dos realidades diametralmente opuestas que realmente no pueden encontrarse.

Catar no se ha hecho ningún favor al albergar este Mundial. El torneo hizo que el deporte ya politizado lo fuera más aún. Tampoco la FIFA (y sus subfederaciones) se ha hecho ningún favor: durante mucho tiempo serán vistas como el verdadero chivo expiatorio de la Copa del Mundo de 2022. Su insistencia en la neutralidad política parece cada vez más inverosímil. Lo mismo vale respecto a su supuesto compromiso con la apertura y la tolerancia. La prohibición de usar el brazalete One Love provocó una protesta mediática particularmente grande. La FIFA ha tensado demasiado la situación desde la perspectiva moral, a pesar de todas las denuncias de corrupción que ya han existido en el pasado.

¿Qué aprendemos de Catar?

La final de la Copa del Mundo tendrá lugar el domingo 18 de diciembre. Culmina así el breve tiempo añorado por muchos espectadores y aficionados. Al mismo tiempo, los llamados boicoteadores del Mundial, que decidieron no acompañarlo por motivos morales o simplemente por falta de interés, podrán volver a la «normalidad». Las conversaciones exclusivamente sobre fútbol en los encuentros interpersonales serán cosa del pasado por primera vez. Lo que queda son las tumbas de tantos trabajadores migrantes que murieron en accidentes, los problemas sociales y ecológicos masivos y la imagen de una FIFA que se ha alejado mucho de la ética y la dignidad.

Mirando hacia atrás, nos permitimos dos conclusiones respecto al Mundial de 2022: primero, la Copa del Mundo, como evento deportivo mundial, no debería haberse llevado a cabo en el emirato por razones éticas. En segundo lugar, la FIFA debe promover el juego limpio no solo en el campo, sino también para garantizar que la Copa del Mundo se desarrolle sin discriminación.

Como se mencionó al principio, los eventos deportivos mundiales se han utilizado desde la antigüedad para la transmisión de mensajes políticos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se aprovechó de esto. En su monólogo de una hora defendió al emirato y criticó la doble moral europea. Con esto golpeó un punto sensible para muchos europeos y algunos norteamericanos. Su discurso no provocó el alto al fuego entre Ucrania y Rusia pero ayudó a poner a Catar bajo una mejor luz. En contraposición, las naciones occidentales no han podido enviar un mensaje geopolítico y llamar la atención suficientemente sobre los graves agravios éticos en Catar.

Para que dentro de cuatro años podamos disfrutar de la Copa del Mundo con menos preocupaciones, es de gran importancia que los patrocinadores, las asociaciones deportivas, los políticos y los espectadores dejen de hacer la vista gorda y desafíen el business as usual. Para llevar a cabo un evento deportivo mundial, especialmente en tiempos de policrisis, se requiere una base de valores fundamentales éticos y morales.

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El mundial en Catar ha estado signado por la polémica. Desde la controvertida adjudicación del emirato como sede, pasando por las condiciones de vida y trabajo de los miles de trabajadores migrantes, hasta las amenazas a los jugadores en caso de plegarse a alguna manifestación. Estas marcas al máximo evento del fútbol interpelan la aceptación de la práctica autoritaria.

El equipo de Diálogo Político ha reflexionado sobre esto con atención con su red de autores latinoamericanos. Es con ese espíritu que este análisis especial ofrece miradas diversas sobre un evento que tal vez quede en la memoria como el Mundial de las protestas silenciosas y silenciadas.

Tarjeta roja a la FIFA

Catar, casi contradictoriamente, quiere demostrar que la libertad de quienes gritan un gol es posible en el país de las prohibiciones.

De hecho, la FIFA compró esta idea: un lugar exótico de Medio Oriente como sede del evento más importante del planeta, ¿por qué no? Había muchas razones por las que esa opción era una mala idea y ahora son más evidentes: sanciones sobre la diversidad, restricciones a la libertad de expresión, tutelaje masculino hacia las mujeres y un polémico sistema laboral sustentado mayormente por inmigrantes. No olvidemos la opacidad y denuncias de corrupción.

Afortunadamente, la atención global no solo se está enfocando en el balón rodando por el campo, sino también en el alto costo de esos minutos de juego más allá de la pasión futbolera. Pero claro, no es suficiente. Aunque la FIFA diga lo contrario.

Fabiola Chambi, periodista (Bolivia)

La protesta diferente

En la manifestación deportiva más globalizada, conmovió el seleccionado de Irán que se negó a cantar el himno nacional de su país, antes de disputar el partido contra Inglaterra, que perdió 6 a 2. Un gesto de reconocimiento silencioso a las protestas en Teherán por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, bajo custodia policial por supuestamente no respetar la indumentaria obligatoria de las mujeres que impone el régimen del ayatolá Ruhollah Jomeiní.

La denuncia más efectiva y heroica contra la barbarie convirtió la goleada en el campo de juego, en una gran victoria moral en la arena de Catar.

Gabriel Pastor, periodista (Uruguay)

Globalización y legitimación

Los Mundiales de fútbol siempre han sido espacios de legitimación política. Muchas veces naciones emergentes, periféricas, desplazadas buscan un asiento de reconocimiento, por vía del éxito organizacional y deportivo. Pero ya no es el fascismo o la Guerra Fría, sino el mundo del capitalismo posmoderno.

Llenamos de contenido y significado estas contiendas que, en realidad, están atravesadas por el mercadeo, la globalización del espectáculo y la deslocalización del juego. La abrumadora mayoría de los jugadores, incluso los del sur global, están desarrollados por clubes transnacionales de las ligas española, inglesa, alemana, italiana o francesa. El estatus de dueño de club dice más de una posición dominante en la escala global, que al final trata de uniformizarse en valores que no son los democráticos, sino los del marketing.

Cuando el presidente de FIFA, Gianni Infantino, dijo que se sentía como «catarí, mujer, trabajador inmigrante, africano, gay» fue elocuente: ser todo sin ser nada es, quizás, la más acabada expresión de nuestro tiempo.

Guillermo Tell Aveledo, politólogo (Venezuela)

El fútbol como motivo

En 1952, Alan Turing fue condenado por homosexualidad y castrado químicamente bajo leyes inglesas. En 1958, en Bruselas, la actual capital de la UE, tuvo lugar la Exposición Internacional y Universal y allí se presentó el último de los varios zoológicos humanos que en Europa fueron comunes hasta ya muy entrado el siglo XX para mostrar a personas «exóticas». Y hasta 1956 la segregación racial estuvo vigente de manera legal en Estados Unidos, donde los «ciudadanos de segunda clase» accedían a un trato injustamente desigual, solo por su color de piel.

Persecución y castigo por causa de la identidad sexual; trato denigrante y humillante a quienes nacían en lugares desconocidos; segregación por el color de piel.  Visto en perspectiva histórica, resultan aberrantes y profundamente contrarios a los derechos humanos, los marcos morales en los que convivían los ciudadanos del Occidente moderno aún en la segunda mitad del siglo XX.

Los marcos morales cambian lentamente y, solo a través del diálogo y reflexión conjunta —y no por la imposición—, las sociedades occidentales han transformando sus valores; y a partir de ahí reconocen y protegen los derechos fundamentales de los seres humanos.

Llegar hasta aquí ha requerido tolerancia y diálogo. Si Occidente quiere acompañar a los ciudadanos cataríes en su camino para la construcción de una sociedad con más derechos; entonces se deben aprovechar todas las oportunidades —lejos de los boicots o amenazas— para cimentar las bases de un diálogo plural, abierto y libre. El Mundial de Fútbol constituye una de estas oportunidades.

Álvaro Bermúdez, politólogo (Guatemala)

Cuidar la redonda

Después de Italia 1934 y Argentina 1978, Catar 2022 es el tercer Mundial que se organiza en un país dictatorial. Sin tener en cuenta Rusia (2018), donde se celebran elecciones periódicas, pero lejos de los estándares internacionales de transparencia, pluralismo y competencia legítima.

Este es un suceso histórico que expone la brecha existente entre el fútbol y la democracia. Lo que rige a la pelota son los guarismos, las ganancias, el negocio. Queda claro que, siempre y cuando no produzcan una rentabilidad desorbitante, la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y la diversidad sexual no son prioridades para la FIFA.

Se deja pasar una oportunidad increíble para hacer pedagogía desde el deporte más popular del planeta. No tengo duda de que, al igual que los grandes autoritarismos han utilizado a la pelota como máquina propagandística de sus regímenes, los sistemas abiertos deben asociar al fútbol con valores nobles tales como la libertad y la igualdad. Dicho de otra manera: cuidar al fútbol, no ensuciarlo.

Gonzalo Sarasqueta, politólogo (Argentina)

Defensa de la democracia y el pluralismo

Este Mundial de Fútbol ha convocado a los grandes debates de nuestro tiempo. Desde el abuso de los derechos humanos de los trabajadores contratados para las obras del Mundial, como la prohibición del uso del brazalete One Love, hasta el brutal asesinato de Mahsa Amini y las protestas de las mujeres iraníes. Con el Mundial como telón de fondo, tenemos una pantalla dividida donde a través del deporte vemos la ausencia de libertades que sufren unos, mientras que otros lo aprovechan para expresar su solidaridad con causas políticas.

María Isabel Puerta, politóloga (Venezuela)

«La pelota no se mancha»

Qatar no nos dice nada de nada en cuanto a la defensa de la democracia y el pluralismo. Adjudicarle a la contienda de fútbol mundial intencionalidad política o usar a las selecciones nacionales y sus jugadores para pasar mensajes políticos es un error. Atentan contra el espíritu del juego.

Estoy de acuerdo con la FIFA cuando prohíbe cualquier consigna política o reivindicativa utilizando la pantalla que durante poco más de 90 minutos otorga el juego.

El gran Diego Armando Maradona ya lo había dicho ante una Bombonera llena de público, en uno de sus tantos intentos por volver a ser el diez de Boca. Dijo: «La pelota no se mancha». Y con cinco palabras resumió lo que debe ser el fútbol, un juego, un simple juego.

Democracia, pluralismo, respeto a los derechos humanos, a las minorías y todos los etcéteras no es cosa del fútbol. No tiene nada que ver. Es cosa de la política.

Daniel Supervielle, periodista (Uruguay)

La transparencia imprescindible

La transparencia es enemiga de las autocracias. Cualquier tipo de información que no pase por el control y la eventual censura del Gobierno se convierte en una amenaza. Especialmente si el país busca guardar una imagen amable y positiva hacia el escenario internacional pese a que hacia dentro de sus fronteras los derechos más fundamentales no sean respetados. El problema para estos Estados surge cuando la visibilidad es enorme, ya que se pierde aquel control del flujo de información. Y este es el caso cuando se celebra una Copa del Mundo como la de Catar.

Algunas voces han considerado como un error la entrega de la organización a este país en el que no existe el Estado de derecho, llegando incluso a promover un boicot al torneo. Sin embargo, como explicaba la representante de Transparency International, Sylvia Schenk, en la televisión alemana, la visibilidad inherente a una Copa del Mundo puede obligar a Catar a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, así como aumentar el respeto a los derechos humanos. Una postura que pueden compartir pocos, pero que guarda una cuota importante de realismo y optimismo. Tal vez este evento deportivo sea el punto de partida.

Franco Delle Donne, podcaster (Argentina)

Insostenible

Catar sugiere una burbuja apartada de la realidad de tantos. Los habitantes de Ucrania enfrentan un terrible invierno. Millones de migrantes suben a barcazas para ahogarse en el Mare Nostrum y el cambio climático se hace notar cada vez más con eventos extremos. En cambio, en Catar se utilizan estadios climatizados, sistemas de transporte que ya desearían muchos países y se exhibe un lujo sin parangón con total falta de pudor y celebrado por periodistas en pos de una nota exclusiva.

Tal vez alguien calcule alguna vez la huella de carbono de este Mundial. Tal vez alguien reflexione sobre sus costos energéticos y por ende climáticos. El domingo la fiesta terminará y, con ella, los sueños de copa de muchos. Persistirán las consecuencias y tal vez alguien en algún momento nos pregunte en qué estábamos pensando cuando gritábamos goles y admirábamos palacios construidos sobre pozos de petróleo. Definitivamente, insostenible.

Manfred Steffen, editor (Uruguay)

El Estado de derecho ha declinado globalmente por quinto año consecutivo. De acuerdo con la medición anual del Índice del Estado de Derecho 2022 del World Justice Project (WJP), la adherencia al Estado de derecho cayó en 61 % de los 140 países y jurisdicciones en los que WJP recoge datos anualmente. Y, desafortunadamente, América Latina no fue la excepción.

A partir de una definición comprehensiva del Estado de derecho basada en cuatro principios derivados de estándares internacionales, WJP operacionaliza el Estado de derecho en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de la corrupción, un gobierno abierto, el respeto de los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Estos puntajes se promedian para obtener un puntaje general de adherencia al Estado de derecho en cada país.

Estos factores se miden mediante más de 550 preguntas y variables en encuestas en más de 154.000 hogares y por 3.600 expertos legales. El Índice del Estado de Derecho se construye así con las percepciones y experiencias de los ciudadanos y profesionales del derecho en el día a día en los países encuestados cada año.

Dos tercios de los 140 países en el mundo continuaron disminuyendo sus puntajes en el 2022, del mismo modo que en el 2021. En América Latina y el Caribe, 21 de los 32 países declinaron su puntuación este año. Y de esos 21 países, 16 de ellos también presentaron un declive en el 2021.

Puntajes y clasificaciones para América Latina y el Caribe en el Índice de Estado de Derecho de 2022

Entre los mejores puntajes, Uruguay ostenta el primer lugar en la región, y ocupa el puesto 25 en la clasificación mundial, seguido por Costa Rica (29) y Chile (33). Los países que reportaron un mayor aumento en su puntaje este año son Honduras y Belice. En concreto, ambos mejoraron su desempeño con respecto al factor que mide los límites al poder gubernamental, en coincidencia con las recientes elecciones y cambios de gobierno.

Lastimosamente, Venezuela ocupa el último lugar del Índice del Estado de Derecho. Asimismo, los países de la región con los puntajes más bajos son Nicaragua (133) y Haití (136). También resulta preocupante que El Salvador haya descendido 7 puestos en el Índice de este año, junto con Colombia y Brasil que descendieron 5 y 4 puestos respectivamente. Tanto Nicaragua como El Salvador, y en menor medida Brasil, han experimentado una profundización de tendencias autoritarias de sus líderes en los últimos años.

El rol de la inestabilidad y la inseguridad

Por su parte, en los casos de Haití y Colombia, se presentaron disminuciones en sus puntajes en el factor de orden y seguridad, debido a las situaciones de inestabilidad e inseguridad que usualmente enfrentan por los altos índices de crimen y el conflicto armado, este último en el caso colombiano. Paradójicamente, el factor de orden y seguridad fue el único de los ochos factores en los que un poco más de la mitad de los países mejoraron marginalmente sus puntajes.

Aunque la caída de este año en el Estado de derecho fue menos extendida que el año pasado, esta describe una tendencia preocupante. Ello no solo se debe al declive generalizado del Estado de derecho de los últimos años, sino también al aumento de tendencias autoritarias. Estas tendencias se agudizaron durante la pandemia cuando los gobiernos se extralimitaron en sus poderes ejecutivos, y restringieron libertades cívicas.

Desde 2015, el Estado de derecho ha disminuido en el 64 % de los países del Índice. Esto ha sido impulsado principalmente por tendencias autoritarias, contrapesos y controles a los poderes gubernamentales más débiles, menor rendición de cuentas y una erosión de los derechos fundamentales. Para América Latina, 74 % de los países han sufrido un deterioro en el Estado de derecho, mientras que solo cinco países (26 %) han mejorado en sus puntajes desde 2015. Venezuela y Nicaragua son los que más se han deteriorado en la región en ese período, principalmente por la falta de límites a los poderes gubernamentales y las restricciones a los derechos fundamentales.

Perspectivas

Ahora bien, cuando miramos en profundidad los 44 indicadores, o subfactores que alimentan los puntajes de los ocho factores del Índice, notamos con mucha preocupación el deterioro de los derechos fundamentales. Los subfactores del Índice sobre la libertad de opinión y expresión y la libertad de asamblea y asociación han disminuido en más del 80 % de los países desde el 2015. De manera similar, los indicadores de los límites al poder gubernamental —en particular, el indicador que mide si la transición de poderes ocurre conforme la ley— han disminuido en dos tercios de los países estudiados desde el 2015.

En conclusión, la caída del Estado de derecho, el aumento del autoritarismo y los límites a los derechos fundamentales son tendencias preocupantes que se observan tanto a nivel global como en América Latina y el Caribe.

Estos hallazgos sirven como una invitación a reflexionar sobre la ejecución de las leyes, los roles de los poderes Legislativo y Judicial, la eficiencia de los pesos y contrapesos al poder Ejecutivo y la protección a los derechos humanos en el mundo y particularmente en América Latina.

Mira aquí la presentación del Índice de Estado de Derecho que DP realizó junto a Agenda Estado de Derecho y el WJP.

Como la peste que azotó a Macondo narrada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, Chile se ha infectado de olvido. La enfermedad parece haber afectado a la elite política, que no puede recuperar la memoria de los tiempos de entendimiento que vivió el país en distintos momentos su historia republicana.

Incluso, la peste parece haber borrado todo recuerdo del complejo proceso de transición a la democracia. En especial, los esfuerzos de la Mesa de Diálogo, instancia que abordó las grietas políticas e intentó mitigar los dolores entre los chilenos, quienes habían sido testigos del desencuentro nacional, la violencia política y las violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, toda evidencia indica que la polarización incubada en Chile durante la última década pareciera ser la variante de la enfermedad más contagiosa, y afecta precisamente al sistema político chileno, cuyo antídoto no ha podido ser encontrado. El virus ha conseguido crear trincheras que imposibilitan que la sensatez, el entendimiento y los acuerdos puedan generar las condiciones para erradicar la infección que carcome la legitimidad de la institucionalidad vigente. Y hasta el momento es esquiva la recuperación de la credibilidad del sistema democrático de representación popular.

Desde el rechazo a la propuesta constitucional del pasado 4 de septiembre, se han comprometido diferentes fechas para alcanzar un acuerdo que presente las reglas para un nuevo proceso constituyente; sin embargo, las trincheras patológicas han evitado su cumplimiento.

Trincheras patológicas

Las razones que han posibilitado las trincheras políticas hasta hoy son varias, pero cabe destacar el sistema electoral que nos explica un Congreso Nacional con una representación de más de veinte partidos en la actualidad. Una suma de minorías incapaces de alcanzar acuerdos.

Es decir, las condiciones ambientales que han facilitado la propagación de la enfermedad del sistema institucional chileno han sido la validación de un sistema que busca la inclusividad (ampliación de la representación hacia nuevas sensibilidades políticas) en el sistema político, por sobre la conducción y la gobernabilidad.

[Lee también: Chile después del referéndum: la larga transición democrática hacia un horizonte incierto]

Por otro lado, debemos mencionar ciertos aspectos de la posmodernidad que explican cambios en el ámbito cultural y axiológico que permiten comprender el proceso que genera la amnesia de los políticos y la imposibilidad de alcanzar acuerdos. En efecto, la crisis del sistema político y social se debe principalmente a que no consigue adaptarse a las nuevas condiciones ambientales (culturales), como son las nuevas tecnologías, la mayor demanda y escrutinio ciudadano y el agotamiento de los partidos tradicionales. Estos estaban en sintonía con las visiones del mundo del siglo pasado, por medio de ideologías que hoy sufren mutaciones relevantes. Esta cuestión explica, de paso, la ineficacia de la identificación con la díada izquierda-derecha.

En consecuencia, la institucionalidad vigente no permite procesar y responder efectivamente a las demandas de la ciudadanía empoderada. Esta cuestión crea incentivos al surgimiento de actores populistas que intentan estar en sintonía con las exigencias de la calle y sus clientes sin el uso de la razón.

Diálogo de sordos

Con estos elementos comprendemos el diálogo de sordos que hemos observado al interior de la elite política. Esta, en una primera fase, intentó una salida a la crisis institucional liderada por un grupo de constituyentes electos que se autopercibió como la vanguardia posmoderna, es decir, con lógicas alejadas de las partidarias, con agendas identitarias y una propuesta refundacional que terminó colisionando frontalmente con la gran mayoría del país en el plebiscito de salida (4 de septiembre de 2022). Hecho político que el Gobierno del presidente Boric no terminaría de comprender.

Desde entonces, las distintas y disgregadas fracciones representadas en el Congreso, más un gobierno que no renuncia a sus tesis derrotadas, han ido consolidando las trincheras en Chile. Esta cuestión, de paso, nuevamente tiende a desacoplar a la elite política de la ciudadanía. Sus agendas se van disociando del ciudadano y van consolidando la imagen pública de una montonera de políticos que no logran encauzar al país y tampoco son capaces de alcanzar importantes acuerdos para cimentar un camino de reencuentro, que facilite los entendimientos en materias de urgencia ciudadana, tales como la seguridad pública, el alto costo de la vida, además de tema de las pensiones, entre otros.

Un acuerdo que se dilata

La lógica de stateholder y/o grupos de presión —clientelares— que permiten a las distintas fuerzas políticas mantenerse en el sistema hace que la negociación no llegue a acuerdos, incumpliendo las promesas de campaña. En efecto, recordemos que todos los partidos y movimientos que estuvieron por la opción rechazo (que se impuso con un 62 % de las preferencias), menos el Partido Republicano, se comprometieron con un nuevo acuerdo constitucional, cuestión que por ahora no se ha conseguido.

El Gobierno se paraliza en su trinchera, en respaldo a una convención electa en un cien por ciento, esgrimiendo la tesis de la soberanía popular y la propia desconfianza ciudadana ante las instituciones de la República (como el Congreso). Esta posición no permite acuerdo con la oposición representada principalmente por el eje Renovación Nacional y Evópolis. Estos exigen una convención de carácter mixto (con integrantes elegidos por sufragio y expertos elegidos por el Congreso), aludiendo a una estrategia que permita efectivamente evitar los errores del proceso constitucional anterior.

Dichas lógicas se atrincheran e imposibilitan un entendimiento. Cabe mencionar el intento llevado a cabo por el presidente del partido gremialista, senador Macaya, quien buscó un acuerdo directo entre su partido (UDI) y el presidente de la República. La negociación llevada en secreto consistió en un órgano redactor cien por ciento electo (listas nacionales), pero con el requisito de alcanzar 4/7 de aprobación del texto por el Congreso antes de salir en consulta a la ciudadanía por medio de un plebiscito. Esta iniciativa finalmente colisionó con las trincheras políticas del Congreso, lo cual le significó naufragar.

No es solo procedimiento

Pasa el tiempo y el acuerdo para encauzar la salida constitucional se dilata y la ciudadanía nuevamente es testigo de la crisis de la política actual, que demuestra una y otra vez su incapacidad de alcanzar acuerdos en un sistema político que ha perdido convicciones democráticas. Por un lado, están los que atienden o argumentan en favor de los resultados del proceso, es decir, llegar a una buena Constitución legitimada por un plebiscito de salida, quitando relevancia al propio proceso o camino por reanudar las confianzas en las instituciones. Por otro, están quienes apuntan al valor del proceso y a que la responsabilidad final del texto sea de los electores (el pueblo) sin hacerse cargo de liderar o representar el bien común o bien general de la nación.

Entre estos polos se manifiesta el olvido acerca del sentido de la democracia. Este no es solamente un procedimiento de participación, sino un conjunto de valores que sustentan un régimen político libertario: el bien común de la nación; el respeto a las minorías; la consagración de las garantías constitucionales que emanan de la dignidad de las personas, restringiendo las competencias del propio Estado; el respeto a ley; la necesidad de alcanzar acuerdos y respetarlos; entre otros.

Es sabido que la democracia es el sistema político más complejo, porque demanda un alto compromiso con los idearios y valores señalados, pero hasta ahora es el sistema que mejor resguarda los principios de libertad, igualdad y creación de comunidad.

Boric y su reencuentro con la República

El presidente Boric ha manifestado un evidente cambio respecto a su valoración del pasado político de la nación, en especial, las últimas décadas de la conducción del país. ¿Será posible que ello sea el preludio para aunar voluntades por medio de un acuerdo nacional para la reforma constitucional?

Recientemente, el mandatario reivindicó la figura del presidente de la transición, don Patricio Aylwin Azocar, en la inauguración de una estatua apostada en el acceso principal a la Casa de Gobierno (La Moneda). Esta acción pudiera ser clave para comprender que se está allanando a ceder en su visión refundadora en vistas a un entendimiento nacional.

[Lee también: ¿Quién ganó el plebiscito en Chile?]

Pese a ello, aún no se disipan todas las dudas respecto a si se alcanzará o no un acuerdo para la reforma constitucional, ya que, tras la valoración que el presidente ha realizado del legado de la Concertación y su política de acuerdos, encontramos una nueva suerte de compensación que intentaría calmar las aprensiones del sector político Apruebo Dignidad (Frente Amplio y PC). Boric señaló con renovada convicción que la nueva Constitución debe ser redactada por un órgano cien por ciento electo, tesis que confronta nuevamente a la oposición e incluso a la coalición de Socialismo Democrático (PS, PPD y PR) que también forma parte del Gobierno.

Con esta declaración la figura presidencial, al igual que el proceso constitucional, nuevamente intenta ser conductor político de su ideario más que un articulador de entendimientos entre las distintas fuerzas políticas. Así las cosas, hasta el momento se mantiene la incertidumbre respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo y, con ello, la crisis institucional se dilata mientras la ciudadanía confirma que los políticos son capaces de acordar nada.

Perspectivas

Por su parte, los integrantes de la mesa negociadora han comprometido una nueva fecha para el acuerdo constitucional, la del 9 de diciembre. ¿Será posible que estemos viviendo los últimos días de las trincheras políticas que imposibilitan un entendimiento en materia constitucional?

Chile necesita de entendimiento y de crear las condiciones para renovar la credibilidad en nuestra nación (unidad) y en el propio régimen democrático. Ello pareciera el mejor antídoto para superar las consecuencias que han significado las trincheras creadas por la polarización.

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Cuarenta y ocho años de dictadura militar de la familia Somoza no le parecieron suficientes al dictador Daniel Ortega, que ha instaurado en Nicaragua un régimen autoritario sostenido sobre la represión y la encarcelación de sus opositores políticos. No queda nada de aquella Revolución sandinista que terminó con el somocismo en 1979, y no hay una sola voz sensata en el continente que justifique el proceder del gobernante.

[Lee también: Ortega: la búsqueda desesperada de legitimidad]

¿Por qué hay tanto foco internacional en el problema de Nicaragua? ¿El dictador Ortega encabeza el régimen más autoritario de la región? Estas son algunas de las preguntas que ponemos Bajo la Lupa. 

Participa

Elvira Cuadra Lira, investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Guion: Raúl Gil | Rombo Podcasts

Edición de sonido: Pablo Fisher | Rombo Podcasts.

El pasado martes 6 de diciembre Cristina Fernández de Kirchner (CFK) fue hallada culpable de una serie de delitos de corrupción durante sus gestiones como presidenta de la Argentina. Así lo fijó un tribunal de primera instancia, con lo cual ahora vendrá un proceso de apelación segura de su parte, lo cual hace que el tema de fondo no se resuelva en el corto o mediano plazo.

La actual vicepresidenta no se ve por ahora impedida de presentarse para cualquier cargo electivo en 2023. Sin embargo, una vez conocido el fallo, ella dijo que «mi nombre no va a estar en la boleta del 2023. No voy a ser candidata, no voy a tener fueros». Eso causó políticamente más impacto que la crónica de una sentencia anunciada.

Teniendo en cuenta las circunstancias, lo más razonable es tomar con pinzas dicho anuncio, ya que de aquí a la inscripción de candidaturas faltan casi siete meses. Solo para tomar un parámetro, ella anunció que formaría fórmula presidencial con Alberto Fernández y la conformación del Frente de Todos el 18 de mayo de 2019, a un mes de la fecha de presentación, generando una sorpresa en todo el espectro político.

Cristina utilizó en su defensa los típicos argumentos conspirativos de la teoría del lawfare: poderes económicos y mediáticos concentrados que controlan el poder judicial juegan en contra de gobiernos populares que han distribuido la riqueza. A esto le agregó un acento importante en la proscripción, dado que el fallo judicial la inhabilitaría como candidata. Así trata de emparentarse con las situaciones que han vivido Lula, Rafael Correa y Evo Morales. En este caso tildó al tribunal de «pelotón de fusilamiento». Su objetivo es politizar por completo el proceso judicial de modo de quitarle total legitimidad.

Un largo desgaste

Dado el desgaste que viene arrastrando en la opinión pública hace mucho tiempo, los argumentos de la expresidenta solo están destinados a nutrir de un relato a su dirigencia más fiel y a su voto duro. Fuera de eso no tiene impacto, ya que el 70 % de la ciudadanía cree en su culpabilidad en las causas de corrupción. Su alto rechazo le impide trascender a votantes independientes y moderados que la apoyaron en el comicio de 2019.

En las semanas previas al fallo judicial había comenzado un operativo clamor para que ella sea candidata a presidenta. Sin embargo, en el mundo político, periodístico y empresarial nadie creía que eso fuese a concretarse. En primer lugar, porque sus posibilidades de derrota son altas y así perdería el invicto. Segundo, si perdiese, su capacidad de liderazgo dentro del oficialismo se vería mellada de modo profundo. Tercero, porque la situación que deberá administrar el próximo mandatario es altamente compleja en lo económico y social, y no habría buenas noticias para dar.

Este anuncio quizá le dé algún brío al presidente Alberto Fernández de intentar su reelección, aunque el balance de estos tres años de gobierno es altamente negativo para la mayoría y tampoco goza de mucho apoyo interno, además de que su relación con Cristina está en punto muerto.

Pero el oficialismo no tiene alternativas competitivas. Los nombres que circulan son los del actual ministro del Interior, Wado de Pedro —muy fiel a la vicepresidenta—, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich —quien ya fue jefe de gabinete de CFK— o el mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Una mención aparte merece el actual superministro de Economía, Sergio Massa, exopositor a CFK, quien depende de que la inflación baje sustantivamente para lograr consenso interno y externo. Como se puede apreciar, un panorama bastante aciago. De todos modos, ninguna de esas figuras tiene posibilidades de desplazar el fuerte liderazgo de Cristina dentro del Frente de Todos. Así, la suerte oficialista está totalmente atada a las decisiones que ella tome.

La política exterior

Un detalle relevante en todo esto es la política exterior argentina, que muestra una clara ambigüedad debido a las urgentes necesidades económicas del país. Por un lado, mantiene posiciones de solidaridad con gobiernos afines ideológicamente, como lo marca su alineamiento con el Grupo de Puebla y la CELAC (aunque hubo un conflicto con López Obrador por la definición de la presidencia del BID). Por el otro, el ministro Massa que hace gala de su buena relación con Estados Unidos y los organismos multilaterales de crédito, sobre el todo el FMI, que audita trimestralmente las metas del programa económico. Sin el visto bueno político del gobierno de Biden y el Departamento del Tesoro, la Argentina entraría en un tembladeral de corto plazo.

Con un oficialismo que se reconoce perdedor para 2023, la corriente populista de la Patria Grande está en retirada o atravesando situaciones muy complicadas: Cristina Kirchner en el panorama descrito, Evo Morales distanciado del presidente Arce, Correa en el exilio escapando de la justicia ecuatoriana, Maduro obligado a hacer un gran ajuste económico, Ortega convertido en dictador absoluto y Castillo recientemente destituido. Más allá de su solidaridad pública con CFK, Lula está destinado a jugar en el centro, en función de su coalición. Boric trata de moderarse para no perder los logros de Chile en treinta años y Petro no parece querer tirar demasiado de la cuerda.

En función de todos estos elementos, quizá se esté frente a un punto de inflexión político, que no solo marcaría una derrota del oficialismo argentino el año próximo, sino también un desgaste estructural del liderazgo de Cristina Kirchner en el marco de la coalición formada en 2019.

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En nuestra nota anterior, hablábamos del contraste entre las luces navideñas que decoran Caracas bajo mandato presidencial, la capital venezolana, y la represión y desigualdad que persisten en el país. La imagen, sin embargo, aportaba algunos datos más. Entre los destellos de símbolos revolucionarios aquí y allá, el despliegue decorativo podría ser el de cualquier ciudad global. Ya en transmisiones y redes sociales de la televisión estatal, se muestra al gobernante recorriendo nuevos restaurantes de moda, despertando en lujosas habitaciones de hoteles de gestión privada, con el mensaje recurrente de una Venezuela que ha superado lo peor de su crisis, cuando no la peor de sus crisis, en colorida propaganda.

El optimismo no es aún colectivo, según indican las encuestas. Sin embargo, la vieja coalición histórica que promovía su oposición al proyecto revolucionario chavista en favor de las libertades políticas y económicas parece haber terminado. Algunas voces se manifiestan escépticas ante el cambio político, pero observan con atención el cambio de políticas.

Veamos los hechos: a partir del año 2019, cuando enfrentó el incremento de sanciones y aislamiento de Occidente, el reto a su legitimidad con la presidencia de Juan Guaidó, así como el manifiesto colapso de la infraestructura nacional y la continua crisis económica, social y humanitaria, su gobierno decidió adoptar medidas que iban en contra de los planteamientos revolucionarios. Despenalizó en la práctica el uso de divisas extranjeras, suspendió los aranceles de importación y permitió a diversos actores crear nuevos comercios de todo tipo, originalmente de alimentos importados de cierto lujo, llamados bodegones.

Enclaves de pax bodegónica

Un puñado de municipios de cierto nivel económico se convirtieron en enclaves de esta pax bodegónica, una economía de puerto que ruborizaría los análisis de viejos economistas estructuralistas. En paralelo, ha reducido el gasto público de un 60 % en contraste con su punto más alto, años después de una reducción catastrófica del ingreso petrolero. La desatención a esa brecha fiscal llevó, en el primer sexenio de Maduro, a la crisis hiperinflacionaria que obsesivamente decidió detener.

Hoy ostenta, no sin ciertos recalentamientos recientes, una disciplina fiscal bajo el consejo de asesores extranjeros —los llamados Quito boys, misteriosos asesores vinculados al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa—.

Proyectos de nacionalización e intervención estatal han sido puestos, bajo opacas fórmulas de concesión, en manos de emprendedores particulares. Sin embargo, los servicios del Estado en salud y educación no han encontrado sustitución en el mercado, ya reducido este en un país que perdió cuatro quintas partes de su economía y alrededor de una quinta parte de su población. Cuando uno conversa sobre esta dinámica con analistas cercanos al oficialismo, se apela a la etiqueta de economía de mercado de orientación socialista, como es formalmente Vietnam, pero es difícil definir esto económicamente.

Ruptura de viejos aliados

Políticamente, el esquema dominante permanece cerrado, con una práctica hegemónica y una represión mitigada solo por la ausencia de retos de poder de consideración. No obstante algunas distensiones, e incluso el proceso de diálogo entre el Gobierno bolivariano y la Plataforma Unitaria, que examinaremos en una futura nota, el esquema de control autoritario no ha sido replegado.

Esto ha llevado al Partido Comunista y su Alianza Popular Revolucionaria, no solo a romper con la alianza gubernamental que acompañó desde 1999, sino además a exponer, desde una genuina ortodoxia marxista-leninista, al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela como un fracasado proyecto revolucionario que, puesto que nunca fue sino un partido reformista y policlasista, no pudo lograr sus objetivos y ha retrocedido a prácticas fascistas, como se evidencia en la represión focalizada a activistas sociales y cuadros políticos revolucionarios, especialmente en el interior del país. El que esta ponencia fuese a su vez dictada en La Habana, aún estrechamente comprometida con Caracas, no deja de ser interesante.

Pero, si se le ve desde una perspectiva socialista más contemporánea, son el autoritarismo y la profundizada exclusión que se suman a la larga lista de pasivos que este sector reclama al chavismo: el escaso avance en cuestiones de género y libertad sexual, los retrocesos en la prestación de servicios públicos, la destrucción de medios comunitarios, la depredación ecológica por la minería ilegal apoyada por el Estado, etc.

Rechazo hacia Maduro

No en balde su nuevo arquetipo continental, el presidente Boric de Chile ha manifestado una profunda animadversión —al parecer correspondida— hacia el líder venezolano. Si la aspiración de la nueva socialdemocracia sigue siendo la mitigación de las desigualdades más graves de la sociedad, el presente se revela como una situación cuya inconsecuencia con las ideas socialistas ortodoxas no ha dejado de ser advertida, aunque hay poca tracción para capitalizarlas políticamente. Desde la oposición democrática —cuyo consenso será históricamente welfarista, pero que en general habría propuesto medidas que superficialmente podían guardar un parecido con el replanteamiento madurista— es, cuando menos, una muestra de impotencia y, cuando más, de rubor.

A este hecho se le debe sumar el acercamiento que —tras el relativo auge del pastor Javier Bertucci como una figura contraria en el combate electoral— Nicolás Maduro ha tenido con iglesias cristianas evangélicas, patrocinando incluso la formación de una Universidad Evangélica y una «Marcha para Jesús», como multitudinaria convocatoria a jóvenes cristianos.

¿Acaso se trata este de uno de esos contradictorios virajes tácticos solo potenciados por la supervivencia? A fin de cuentas, el mismo Hugo Chávez mantuvo la ortodoxia económica de mercado en sus primeros dos años de gobierno, pivotó hacia algunas comunidades protestantes para polemizar con la más tradicional Iglesia católica, escurrió el bulto ante varios puntos de la agenda progresista y lideró el que quizás fue el más grande boom de consumo del país, con su extravagante gasto público.

Perspectivas

Pero Maduro ha ido más allá, considerando que su origen político viene de la más extrema izquierda, y hasta hace poco había reclamado la eternidad de la revolución. Para él, y para sus aliados cercanos dentro del chavismo, es un gobernante audaz, que no entiende la incomprensión de voceros académicos ante medidas que reclamaba históricamente «la derecha». La verdad es que la aspiración de eternidad no se ha abandonado: Maduro no quiere ser el reformista político que enterró a su régimen, sino el reformista económico que cambió su faz. Se plantea hoy al PSUV, al menos informalmente, como uno de esos partidos políticos hegemónicos, pero no revolucionarios ni ideológicos, que caracterizan a otros países de democracia delegativa y autoritarismo electoral como Rusia, Siria o Turquía. Maduro quiere ser Deng, no Gorbachov.

¿No hay nada positivo en este cambio? Aunque se sienta algún alivio de la economía venezolana, este es precario, limitado, parcial y, de manera más escandalosa, profundamente desigual. Esto es así debido a la continuidad del modelo autoritario, que ha debilitado a la sociedad. Es muy temprano para decir si entramos realmente en una transición económica, o si esta es sostenible materialmente. Empero, el germen del descontento y la voluntad de cambio hacia la democracia permanecen como agenda pendiente.

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El presente libro busca plantear y actualizar ideas en torno a las relaciones de América Latina y Asia-Pacífico. Esta última convertida en la zona económica más dinámica a nivel global y cuya relevancia en la región ha aumentado significativamente en las últimas décadas.

No es nuevo que Asia-Pacífico tenga cada vez mayor importancia para la economía, el comercio y las inversiones de América Latina. Como muestra el siguiente gráfico, las exportaciones de la región hacia el Asia-Pacífico han venido en constante crecimiento.

América Latina y su proyección en el Asia-Pacífico busca generar una reflexión sobre aquellas áreas de oportunidades para la región. A la vez identificar las complejidades del nuevo escenario global en el espacio asiático. Una reflexión que sea útil para la comunidad académica y los tomadores de decisión a nivel público y privado.

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Esta iniciativa no hubiera sido posible sin el compromiso de Konrad-Adeanuer-Stiftung y su alianza de trabajo con el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC). Las investigaciones y actividades de extensión dan cuenta de un trabajo reflejado en esta publicación y que se suma al anterior libro China y América latina: claves hacia el futuro.

Asimismo, nuestros agradecimientos por la valiosa contribución de los autores del libro provenientes de distintas latitudes del continente. Nicole Jenne, Ariel González, José Luis Parra, Juan Pablo Toro, Penny Bamber, Karina Fernandez-Stark, Ezequiel Ramoneda y Fernando Pedrosa. Sus aportes permiten comprender la relación de la región y Asia-Pacífico en sus dimensiones económicas, geopolíticas y de seguridad, pilares esenciales en los estudios internacionales.

Con la misión de transferir conocimiento de los estudios internacionales a la sociedad, ponemos a disposición una obra sobre un tema crucial para el futuro de América Latina.

Compromisos incumplidos, poca transparencia y desconfianza fueron los detonantes. El 16 de noviembre de 2022, Bolivia debía llevar adelante esta encuesta nacional como cada diez años y, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), todo estaba listo para que así fuera, pero no sucedió. La manifestación popular desencadenó niveles altos de violencia, pérdidas económicas y una polarización aguda que apenas se adormeció con la promulgación de la Ley del Censo por el presidente Luis Arce.

La región de Santa Cruz, en el oriente del país, se puso sobre los hombros el rechazo a la sorpresiva propuesta del gobierno de postergar la consulta —por razones técnicas— para abril de 2024, dos años después de lo previsto. «Quiero dejar claramente señalado que este equipo de profesionales es el que garantiza el censo». Así sentenció en junio de este año el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, Humberto Arandia, su conformidad con un proceso que no resultó como se anunciaba.

Y aunque el gobierno justificó con varios factores externos la postergación, resulta hasta inexplicable cómo una instancia que debe ser la encargada de dar la mayor certeza a la población terminó siendo la más cuestionada.

El pedido de fondo, más allá de que el censo se realice antes, es asegurar la distribución de escaños en el Legislativo y recursos para que sean la base de las elecciones generales de 2025.

El rumbo de Santa Cruz

A pesar del desgaste de la medida extrema, se fortaleció un contrapoder. Sin embargo, no alcanzó para despertar reflexiones de gobernanza, sino que chocó con el muro de un discurso presidencial desgastado y con una visión unívoca que revalorizó a los movimientos sociales como motores del desarrollo cruceño.

Desde la visión de la socióloga Ana Carola Traverso, hay una contradicción relacionada con la propuesta ideológica y el tipo de desarrollo específico, entre el «proyecto que tiene el Estado boliviano para Santa Cruz con el proyecto que esta región tiene para sí misma».

Pero, ¿hacia dónde va realmente Santa Cruz? ¿Quiénes podrían liderar este proyecto?

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Durante el paro, la figura del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo fue determinante y cuestionada. Esta instancia surgió para exigir al Gobierno central la realización del censo en 2023 y transparencia en el proceso. Fue conformada por el Comité Cívico de Santa Cruz y varias instituciones de todo el país.

Discusión sobre la fecha del censo

Aunque la consigna es que en estos movimientos no se define claramente un liderazgo, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, quien mantiene detención domiciliaria por un caso de incumplimiento de deberes, se mostró como la imagen política activa, junto al rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

Pero, en el camino, no todas las decisiones del Comité fueron las esperadas o encontraron respaldo, y tal vez la más difícil haya sido admitir que la fecha del censo —por la que tanta resistencia habían pedido a los cruceños— ya no era técnicamente posible en 2023.

¿Un fracaso? Las derrotas políticas no tienen una medida estandarizada, aunque la mejor forma de entender el impacto sea la frustración y mayor desconfianza de quienes estuvieron de pie 36 días esperando algo que nunca llegó o no llegó como les habían prometido. Al final, la apuesta al desgaste y la dilación, que parece haber sido estrategia del Gobierno, funcionó.

Revisar la futura relación política entre Santa Cruz y el Estado fue la propuesta que surgió en el cabildo y que ya empieza a generar debate sobre el federalismo.

Bastión opositor

Históricamente, quienes pusieron en jaque a los gobernantes bolivianos estaban en el occidente del país, incluso el alcalde de la ciudad de El Alto, Fanor Nava Santiesteban (2005-2010) dijo que «para arrancar algo del Estado hay que estar en El Alto. Es el cancerbero del proceso de cambio».

La manifestación en Santa Cruz ha demostrado que el protagonismo popular también puede estar en el oriente, porque nuevos clivajes se están configurando. Además de la importante migración de occidente, empresarios estiman que su contribución a las arcas públicas bordeará el 50 % del total del país, gracias al desarrollo de la agroindustria, agroenergía, ganadería, minería, construcción, servicios financieros, startups y transporte.

¿Podrá Santa Cruz reducir el centralismo de La Paz y, entre otras cosas, definir los temas de agenda país en el futuro? ¿Este es el camino? Algunos dirían que la resistencia de este paro ya lo logró.

Sin embargo, en una Bolivia tan diversa no se puede esperar que la respuesta a una crisis sea homogénea. Siempre hay cabida para las contradicciones, el descontento y otras rebeliones, incluso dentro de los mismos partidos.

¿Reconfigurar la política boliviana?

Ya no hay nada que esconder. Varios representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) han evidenciado la fractura al interior del partido oficialista y definido su camino: Luis Arce o Evo Morales.

El conflicto por el censo fue la excusa para sacar a luz la reconfiguración del MAS hacia las elecciones generales de 2025. Pero las disputas encarnizadas de poder vienen de mucho antes. Entre arcistas y evistas, como se conoce a las dos corrientes, se han lanzado acusaciones. Esta comprenden corrupción, protección al narcotráfico, traición y un señalamiento claro del expresidente Morales sobre un plan negro en su contra.

[Lee también: Pugnas asedian el poder en Bolivia]

Desde la dirigencia del MAS se apunta a que el actual presidente Luis Arce, junto al vicepresidente David Choquehuanca, están preparando su participación en los próximos comicios con una nueva sigla, consolidando así la división del partido.

Manejo político

El manejo del poder político y estatal que recae en Arce no está en sintonía con el manejo y respaldo social que fue la fortaleza de Morales durante los más de 14 años de gestión. Y eso le ha dificultado encontrar soluciones en consenso. Más bien lo ha alejado de regiones estratégicas como Santa Cruz, que se estima sería clave para el escenario electoral del Bicentenario.

El conflicto del censo terminó de probar que la oposición más fuerte del MAS es el mismo MAS. Esto quedó plenamente establecido en la propia voz del presidente Luis Arce, cuando dijo que dentro de su propio partido hay quienes buscan verlo fracasar. Declaraciones que surgieron luego de que Evo Morales, acusara al gobierno de «traición» por haber pactado con la derecha cruceña para aprobar la ley.

Comunidad Ciudadana y Creemos, fuerzas políticas de oposición en Bolivia, tampoco han mostrado la solidez que requería esta crisis institucional y política en Santa Cruz. Aunque en un punto casi de no retorno se debieron asumir consensos y sacar adelante la ley.

Oposición sin rumbo claro

Luego del conflicto poselectoral de 2019, uno de los mayores reproches a la oposición boliviana fue la dispersión de proyectos que impidió hacerle frente a un sólido Movimiento Al Socialismo en ese entonces. Y aunque ahora la realidad del partido liderado por Morales es diferente, la oposición no muestra claridad en el rumbo que tomará.

Las fisuras y contradicciones entre legisladores en Bolivia se han hecho más evidentes durante el proceso de debate. Ser de la misma bancada opositora no es suficiente para unificar criterios y canalizar salidas porque al final surgen más posturas disonantes de las que se pensaba.

Hay aprendizajes de este conflicto que aún no se comprenden en su dimensión total, debido las connotaciones, que fueron más grandes que la protesta callejera. Tal vez porque hay más conciencia de un sistema fallido y de la pérdida de legitimidad institucional, porque los compromisos de palabra de los políticos nos son suficientes o porque aún pesa la crisis no resuelta de 2019.

Entender hacia dónde va Bolivia implica creer en la capacidad de la democracia para seguir conversando, discutiendo y ojalá coincidiendo más allá de lo que ofrezca la clase política. Está en la naturaleza del ciudadano el esfuerzo colectivo cuando hay convicción, hartazgo o deseos de cambio. Y esto se puede traducir en actos concretos y necesarios como la vigilancia del próximo censo 2024.

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Na prática, o governo Lula já começou antes mesmo de tomar posse – oficialmente em 1 de janeiro de 2023. No Brasil, desde 2001, está institucionalizada a transição de governo. O então Presidente Fernando Henrique Cardoso organizou uma série de instrumentos legais para que o líder do partido adversário –Luis Inácio da Silva– pudesse se inteirar do estado da administração pública.

Em 2021, Lula participa de mais uma transição de governo. O Vice Presidente eleito Alckmin coordena uma equipe de quase 300 pessoas divididas em 31 grupos temáticos, que entregarão um diagnóstico e sugestões para o novo governo. Foi necessário acomodar dezenas de partidos, movimentos sociais e grupos políticos que apoiaram a chapa vencedora nas eleições passadas.

O principal desafio de Alckmin é negociar com o Congresso uma permissão para aumentar os gastos do Estado e entregar promessas de campanha – a principal delas a manutenção do programa de transferência de renda (Bolsonaro chamava de Auxílio Brasil, Lula retornará ao nome antigo Bolsa Família).

As últimas semanas já possibilitam antever riscos que o próximo governo enfrentará.

1. O mercado

A relação de governos de esquerda com o mercado financeiro traz sempre um componente de instabilidade. A tese de doutorado da Professora Daniela Campello demonstra que as bolsas de valor tendem a ficar mais voláteis quando políticos de esquerda ganham eleições – a correlação é mais forte para países em desenvolvimento. Hoje, Lula está enfrentando isso no Brasil e Gustavo Petro na Colômbia por exemplo.

O mercado financeiro apresenta sinais de desconfiança ao governo eleito. Segundo o mercado, Lula não oferece um norte claro de como agirá para que a dívida pública não saia do controle.

Na prática essa desconfiança se traduz em desvalorização do real frente ao dólar e queda da bolsa de São Paulo. Em outras palavras, os investidores –aqueles que tem dinheiro para emprestar ao Estado brasileiro– decidem vender suas posições em empresas brasileiras e buscam refúgio no dólar – ativo mais seguro para resguardar seu dinheiro.

[Leia também: As Duas Narrativas Sobre a Eleição Brasileira]

O mecanismo pode não ser justo, mas é como funciona o mundo. A tradição intelectual da esquerda tem um problema com isso. Enfrentar o mercado e ditar as próprias prioridades pode ser um risco impossível de ser bancado por Lula, devido às muito prováveis consequências econômicas negativas (inflação, menos investimento…) e, logo, o impacto que isso teria em sua popularidade.

Lula terá de que caminhar na corda banba. Não pode nomear um Ministro da Fazenda tão pró-mercado que desagrade sua base de esquerda, quem afinal sempre esteve com ele mesmo nos piores momentos – quando ele esteve preso e tido como morto para a política. Por outro lado, o dilema é que Lula não pode tampoco deixar de olhar para os sinais que o mercado financeiro lhe dá.

2. Capacidade de montar coalizão com os diferentes, escutar e prevenir crises

A capacidade de ouvir diferentes interlocutores é fundamental em qualquer nível de governo para se prevenir de crises que podem ocorrer no horizonte. Diferentes interlocutores olharão diferentes riscos.

Um exemplo é o caso do mercado financeiro. Se integrantes do novo governo interpretarem que as vozes do mercado são somente uma torcida contra, não conseguirão desenhar os cenários adequados.

[Leia também: Lula terá dois grandes desafios: organizar sua coalizão e unir o país]

Outro exemplo: em sua viagem recente ao Egito, para a cúpula do clima das Nações Unidas (COP-27), Lula viajou de carona no jatinho de um empresário do setor da saúde. Faltou capacidade da equipe do governo eleito de antever que isso seria explorado pelos meios de comunicação e pelos críticos. Alguém dentro da equipe teria que calcular que dezenas de milhões de brasileiros acreditam que Lula é um corrupto e ter desenhado uma estratégia de comunicação para evitar a crise de reputação.

A maior parte dos integrantes da equipe de transição é do PT. Mais uma vez, Lula terá de se equilibrar na corda bamba entre nomear seus fieis aliados e dar espaço aos novos aliados, do centro à direita, que tornaram sua vitória eleitoral possível.

3. Existirá uma oposição golpista nos próximos anos

O que vimos nas últimas semanas foi o Presidente eleito ser tratado como pop star na COP-27 fazer reuniões com representantes de Estados Unidos e China. Em Brasília, o Vice Presidente eleito tenta articular o orçamento de 2023 e a imprensa e os players da política buscam pessoas com quem falar no novo governo.

Em paralelo, o atual Presidente Jair Bolsonaro não aparece em público e o Vice Presidente, General Braga Netto, incentiva protestos que pedem por um golpe militar que impida Lula de assumir o governo.

[Leia também: No Brasil, uma eleição fortemente à direita no plano estadual]

Nas redes sociais e nos apps de mensagem (WhatsApp e Telegram), o silêncio de Bolsonaro é interpretado como incentivo para que as manifestações continuem. Por todo o país grupos se reunem na porta de quarteis do Exército para pedir um golpe. Estradas são fechadas e impedem até o trânsito de alimentos e ambulâncias. Há evidências de que as manifestações são articuladas entre políticos ligados ao atual governo e empresários.

O partido de Bolsonaro (Partido Liberal) pediu a anulação de urnas do segundo turno da eleição onde Lula venceu (mas não pediu anulação do primeiro turno, onde o partido foi o mais votado para o Congresso). Esse fato não terá maiores repercurssões jurídicas e Lula assumirá o governo. No entanto, é um sinal de que a oposição adotará o modus operandi do movimento reacionário Make America Great Again de Donald Trump, que nunca reconheceu o resultado das eleições de 2020. A consequência disso é debilitar a fé pública na República. Pessoas radicalizadas, organizadas em grupos ou sozinhas, podem se sentir empoderadas e praticar atos de violência com motivação política, como já ocorreu ao longo de 2022.

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Acceso a la versión en portugués.

En los hechos, en Brasil el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva empezó antes de la fecha oficial del paso de mando, el 1 de enero del 2023. En Brasil, desde el 2001, está institucionalizada la transición de gobierno. El entonces presidente, Fernando Henrique Cardoso, organizó una serie de instrumentos legales para que el líder del partido opositor —Lula, en aquel entonces— pudiera enterarse del estado de la administración pública.

Ahora, en 2022, Lula participa de otra transición de gobierno. El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, coordina un equipo de casi 300 personas divididas en 31 grupos temáticos, que entregarán un diagnóstico y sugerencias al nuevo gobierno. Se hizo necesario acomodar docenas de partidos, movimientos sociales y grupos políticos que apoyaron a la fórmula ganadora en las elecciones pasadas.

El principal desafío de Alckmin es negociar con el Congreso un permiso para aumentar los gastos del Estado y cumplir con las promesas de la campaña. La principal es la de mantener el subsidio que Bolsonaro llamaba «Auxilio Brasil», mientras que Lula lo volverá a llamar «Bolsa Familia».

https://redaccion.dialogopolitico.org/agenda/3-desafios-proximo-gobierno-brasileno/(abre en una nueva pestaña)

La información disponible permite establecer con claridad los primeros retos que marcarán la agenda del gobierno en 2023. Los resumimos en los siguientes tres puntos: gestión del mercado, capacidad de armar coaliciones y relación con la oposición.

1. El mercado en Brasil

La relación entre los gobiernos de izquierda y el mercado financiero siempre ha traído un componente de inestabilidad en Brasil. La tesis doctoral de la profesora Daniela Campello muestra que las bolsas tienden a ser más volátiles cuando políticos de izquierda ganan las elecciones —la correlación es más fuerte en países en desarrollo—. Hoy, Lula está enfrentando dicha volatilidad en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, por ejemplo.

El mercado financiero presenta señales de desconfianza hacia el Gobierno electo. Según el mercado, Lula no ofrece una hoja de ruta clara sobre cómo actuará para que la deuda pública no se salga de control.

En los hechos, esa desconfianza se traduce en devaluación del real frente al dólar y caída de la Bolsa de São Paulo. En otras palabras, los inversores, aquellos que tienen dinero para prestar al Estado brasileño, deciden dejar sus posiciones en empresas brasileñas y buscan refugiarse en el dólar, un activo más seguro para resguardar su dinero.

[Lee también: Dos relatos sobre las elecciones en Brasil]

El mecanismo puede que no sea justo, pero es así como funciona el mundo. La tradición intelectual de la izquierda tiene un problema con eso. Enfrentar al mercado y dictar las propias prioridades puede ser un riesgo imposible de sostener por Lula, debido a las consecuencias económicas negativas: inflación, menos inversión… Y, por ende, el impacto que ello tendría en su popularidad.

Lula tendrá que caminar en la cuerda floja. No puede nombrar un ministro de Hacienda que sea visto como demasiado promercado, debido a su base de izquierda, que es la que siempre estuvo con él, incluso en los peores momentos, cuando lo apresaron y lo tenían como muerto para la política. Por otro lado, el dilema de Lula es que él tampoco puede dejar de mirar las señales que le envía el mercado financiero.

2. Coaliciones, escucha y prevención de crisis

La capacidad de escuchar a diferentes interlocutores es fundamental en cualquier nivel de gobierno para prevenir crisis en el horizonte. Distintos interlocutores mirarán riesgos distintos.

Un ejemplo, como se ha dicho, es el caso del mercado financiero. Si quienes integran el nuevo gobierno interpretan que las voces del mercado son solamente una postura en contra del gobierno, no serán capaces de diseñar escenarios de forma adecuada.

[Lee también: Lula, dos desafíos: organizar su coalición y unir a Brasil]

Otro ejemplo: en su viaje reciente a Egipto para la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP-27), Lula se trasladó, como un favor, en el avión privado de un empresario del rubro de la salud. Faltó capacidad en el equipo del gobierno electo para prever que eso sería explorado por los medios y por los críticos. Alguien dentro del equipo de gobierno tendría que haber calculado que docenas de millones de brasileños creen que Lula es un corrupto y diseñar en consecuencia una estrategia para evitar una crisis de reputación.

La mayor parte de los integrantes del equipo de transición son del Partido de los Trabajadores (PT). Una vez más, Lula tendrá que caminar en la cuerda floja entre nombrar fieles aliados y dar espacio a nuevos aliados, de centro y de derecha, que hicieron posible su victoria electoral.

3. Existirá una «oposición golpista» en los próximos años

Brasil ha visto en las últimas semanas al presidente electo considerado como una estrella pop en la COP27, reuniéndose con representantes de Estados Unidos y China. En Brasilia, Alckmin intenta articular el presupuesto federal del 2023, mientras la prensa y los players de la política buscan personas con quien hablar en el nuevo gobierno.

Por otro lado, el actual presidente Jair Bolsonaro no hace apariciones públicas y el vicepresidente general Braga Netto incentiva protestas que piden un golpe militar que no deje a Lula asumir el gobierno de Brasil.

En las redes sociales, WhatsApp y Telegram, el silencio de Bolsonaro es interpretado como un incentivo para que continúen las manifestaciones. En todo el país, grupos se reúnen en la puerta de cuarteles del ejército para pedirles un golpe. Siguen cerrando rutas e impiden incluso el tráfico de ambulancias. Hay evidencias de que las manifestaciones son articuladas entre políticos ligados al actual gobierno y empresarios.

[Lee también: Mucha continuidad y mucha derecha en los estados brasileños]

El Partido Liberal de Bolsonaro pidió la anulación de las urnas del balotaje en zonas donde venció Lula. Sin embargo, no pidieron la anulación de la primera vuelta electoral, cuando el mismo Partido Liberal fue el más votado para el Congreso.

Es esperable que este suceso no tenga mayores consecuencias judiciales y Lula asumirá el mando oficialmente el 1 de enero del 2023. Sin embargo, esta es una señal de que la oposición adoptará el modus operandi del movimiento reaccionario Make America Great Again de Donald Trump, quien jamás reconoció los resultados electorales del 2020.

La consecuencia de este cuadro es el debilitamiento de la fe pública en la república. Las personas radicalizadas, organizadas en grupos o solas, pueden todavía sentirse empoderadas y practicar actos de violencia con motivación política, como ya sucedió a lo largo de 2022.

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El espectro izquierda-derecha viene de la historia. Ambas palabras evocan emociones muy diferentes. La asociación de la izquierda «progresista» con posiciones renovadoras o comprometidas con cambios sociales muchas veces le hace ganar el relato político. Pero, ¿permite esto asociar el progreso a la izquierda? ¿Cómo deben comportarse los partidos de centro y de centroderecha frente a las nuevas demandas de la sociedad? ¿Pueden ser ellos quienes representen una agenda de cambio?

La búsqueda de una definición

Históricamente se ha visto que la división entre izquierda y derecha se remonta a la disposición de los asientos de la Asamblea Nacional francesa (Cámara de Diputados) en 1814. Los partidos que buscaban el cambio político y social se situaban a la izquierda, y los que querían mantener el statu quo, a la derecha. Aunque esta disposición espacial todavía se puede ver en muchos Parlamentos hoy en día, estas son, sobre todo, las divisiones más arraigadas en las posiciones políticas de la sociedad.

Los valores de la izquierda muchas veces se asocian con la igualdad, la justicia y la cercanía (cita de Elisabeth Noelle-Neumann) mientras que la palabra derecha se asocia con la permanencia de un orden establecido, autoridad (o autoritarismo) y lejanía. Ciertamente, acá no se debe olvidar la dimensión económica que diferencia a fuerzas de «derecha» y de «izquierda».

[Lee también: ¿Cuánta polarización puede resistir un sistema democrático?]

Latinoamérica muestra muy bien que ya no es válida una simple división entre izquierda y derecha según los parámetros tradicionales y sin distinción entre la dimensión sociopolítica y económica. Un ejemplo de ello lo ofrece el presidente peruano Pedro Castillo, quien intenta llevar a cabo una política económica proteccionista y, por tanto, se le percibe como un político de izquierdas. Pero, a la vez, se manifiesta fuertemente en contra de políticas sociales normalmente asociadas a la agenda progresista como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es conocido como un político de izquierda, cuando prosigue políticas autoritarias y, por ejemplo, en materia energética, regresivas.

Aquí, la simple búsqueda de definiciones ya no nos basta. Por el hecho de que los problemas de la sociedad y la política son cada vez más complejos, las posiciones políticas ya no pueden encerrarse exclusivamente en casillas unidimensionales, sino que los problemas actuales deben abordarse de forma pragmática.

Cambio de cosmovisiones

Ideologías como conservadurismo, liberalismo y socialismo se formaron como cosmovisiones y cada vez sirven menos de orientación en el presente. Sin embargo, como semántica política siguen formando parte de nuestro entendimiento cotidiano y parecen ser indispensables para la comunicación. No paran en temas económicos sino se aplican también a cuestiones desde la reducción de la pobreza y desigualdad hasta nuevos temas como el cambio climático, la agenda feminista o la política de identidad.

Es peligroso cuando izquierda y derecha, «conservadores» y «progresistas», se convierten en tribus políticas que aplauden lo que sea mientras venga de un líder o una lideresa identificado/a con la misma tribu. En América Latina, la «izquierda» se beneficia de ello ocupándose de nuevas demandas sociales, mientras se regaña a los partidos de «derecha» por seguir su política «conservadora» y no tener respuestas al cambio.

¿Conservadurismo moderno?

¿Como pueden romper este ciclo los partidos políticos asociados con el centro o la centroderecha? Una posible pista para dejar de tratar a conservadurismo y progreso como dos términos contrarios, sino más bien complementarios, nos la da Andreas Rödder en su libro Conservadores 21.0. Una agenda para Alemania,  quien aboga por un conservadurismo que no sea hostil al cambio y la modernidad. Por el contrario, ve el cambio y la modernidad como condiciones necesarias para la existencia del conservadurismo.

La tarea de un conservadurismo moderno y reformista, definida según Rödder, es establecer condiciones marco adecuadas y realistas para que, en última instancia, todos los miembros de la sociedad puedan beneficiarse de este cambio. Así, los partidos deben ser conscientes de que la sociedad está sujeta a cambios con el paso de los años.

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Para responder a las necesidades de la sociedad es necesario un cierto cambio en la forma de pensar y en la política del partido. El primer paso para esto es mirar la realidad y tomar las nuevas demandas sociales en serio, en lugar de ningunearlas. Como ya sabía el ex canciller alemán Konrad Adenauer, «la política comienza mirando a la realidad». El segundo paso es encontrar respuestas propias a estas demandas. Y el tercer paso es explicar a los ciudadanos que estos partidos tienen respuestas a los temas socioecológicos y sociopolíticos. Respuestas ojalá más eficientes y sobre todo más sostenibles que las que propone la izquierda.

Así, no toda agenda de progreso y de futuro necesariamente tiene que ser «progresista».

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El presidente de la Fundación Konrad Adenauer, Norbert Lammert, atiende a Expreso para conversar sobre el cierre de sus oficinas en 2014, la impresión de su organización al retomar operaciones en el país y sus planes a futuro.

En 2014, la Fundación Konrad Adenauer cerró sus oficinas en Ecuador por restricciones impuestas por el Gobierno de Rafael Correa. Ocho años después, retoma sus actividades en el país. La organización es políticamente allegada a la Unión Demócrata Cristiana en Alemania y está presente en más de 120 países.

La fundación retorna luego de ocho años. ¿Qué permite que reabran sus oficinas en el país?

Nuestro trabajo tiene dos condiciones indispensables y no negociables. Lo primero es contar con socios en los países para, en conjunto, implementar proyectos. La segunda condición es que haya la posibilidad de hacerlo… que el Gobierno quiera que nosotros realicemos el trabajo o, por lo menos, que sea tolerante.

¿El cierre de sus oficinas en 2014 fue porque no se daban estas dos condiciones?

En la última década, la segunda condición cada vez (se cumplía) menos, hasta que ya no existía y por eso dijimos que no continuaríamos.

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¿Qué impresión tiene del país tras ocho años?

Lo que más me ha impresionado en mi visita es la visión de autocrítica de los políticos, empresarios y asociaciones económicas sobre la situación del país y los cambios que se necesitan. También, de manera expresa y franca, mostraron su deseo de profundizar la cooperación con Alemania.

¿Qué planes tiene para esta nueva etapa en el país?

En los dos últimos años se han realizado más de una docena de eventos como conferencias y planeamos continuar con eso, pero debemos encontrar los formatos adecuados para hacerlo.

Señala que su trabajo necesita la colaboración del Gobierno. ¿Cómo funciona esa relación?

Es algo que no puedo contestar aún porque primero hay que analizar las intenciones (del Gobierno). Nosotros, seguramente, vamos a trabajar con socios de antes y nuevos, pero dependerá de los nuevos temas que surjan. Tampoco nos vamos a dejar sorprender.

Hay que ver si las preguntas de un plebiscito son idóneas para que sean útiles y no emocionales.

El Gobierno propone una consulta popular como vía para fortalecer la institucionalidad. ¿Se puede hacerlo así?

Según nuestra experiencia, no se trata de extremos. Sí hay que tener cuidado de cuáles son las preguntas que son idóneas para tomar decisiones a través de plebiscitos y que estos no sean emocionales, sino que sean útiles.

Entonces, ¿Cómo se fortalece la institucionalidad?

Transmitiendo a la población que ellos mismos son los responsables de la estabilidad del ordenamiento democrático, pero en el debate político eso se lo deja por fuera.

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¿Luchar contra la corrupción fortalece las instituciones?

Es al contrario. No hay espacio para la corrupción en un sistema donde se sepa que las reglas son válidas para todos.

¿Qué rol juega el crimen en la institucionalidad?

Cada país tiene sus cosas específicas, pero en la mayoría de casos hay una relación entre corrupción y criminalidad organizada.

En Ecuador, la inseguridad ha llevado al Gobierno a poner en una balanza los derechos humanos. ¿Debería ser así?

Los países deben imponer sus reglas, pero velar y proteger la dignidad de todos es la función de todo Estado.

Publicación original en Expreso, 20 de noviembre de 2022.

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Así como se han perseguido otras metas importantes, la humanidad puede y debe pensar en la utopía democrática. Es decir, en mejorar sus sistemas democráticos como principal garantía de libertades y realización social.

En un momento de multicrisis, a la humanidad se le acumulan los retos. Salvar el planeta, reducir la desigualdad o desescalar los conflictos son algunos de los más importantes. Tanto como el reto de construir órdenes democráticos dignos de este nombre. Urge centrarnos en la búsqueda de la utopía democrática. Y no hay utopía democrática sin prácticas deliberativas, sin instituciones diseñadas para favorecerlas y sin ciudadanos dispuestos a razonar. 

Qué países de Latinoamérica tienen democracias más avanzadas, qué se puede aprender de sus modelos y en qué nivel de la escalera democrática se encuentran el resto de los países de la región son preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa. 

Participa:

Adolfo Garcé, doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República de Uruguay (UdelaR) y profesor titular en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha universidad.

En este link puedes leer y descargar el DP Enfoque «Construir la utopía democrática«.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Guion: Raúl Gil | Rombo Podcasts

Edición de sonido: Pablo Fisher | Rombo Podcasts.

Después de la expansión económica y de relativa recuperación registrada en 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalaba este año que el crecimiento económico pasaría de 6,3 % en 2021 a aproximadamente 2,1 % en 2022. Una desaceleración de la actividad para retornar al bajo crecimiento que caracterizó a la región en los últimos tiempos. Sin embargo, dadas las repercusiones de la guerra entre Rusia y Ucrania, las estimaciones de incertidumbre y retorno al lento crecimiento se han profundizado.

En 2021 la región mostró procesos rápidos de recuperación con diferentes capacidades, tanto en los procesos de vacunación como en la implementación de políticas de atenuación de los efectos económicos y sociales ocasionados por la crisis sanitaria. Sin embargo, la guerra en Ucrania intensificó las presiones inflacionarias y la desaceleración de la actividad económica que ya se encontraban en curso. Y en 2022 el efecto rebote desaparece con daños a la actividad económica mundial.

En tal sentido, si bien la guerra ahonda la crisis global y los efectos para la región latinoamericana y caribeña, el deterioro económico es desigual entre los países. Es decir, es agudo en algunas subregiones/países e industrias, y prácticamente nulo en otras. Al igual que en las anteriores crisis como la financiera internacional de 2008-2009, la crisis pandémica o desde el 2017 las tensiones entre Estados Unidos y Europa, por una parte, y China, por otra, los efectos están siendo diferentes entre los países de la región.

Escenario complejo para América Latina y el Caribe

De acuerdo con la CEPAL, las economías de América Latina y el Caribe afrontan un escenario complejo en 2022. No solo por la desaceleración del crecimiento económico y el comercio internacional, sino también por la creciente inflación, la contracción de los mercados laborales y el aumento en la desigualdad. A esto se suman disrupciones de la producción energética y el incremento de sus precios, crisis alimentaria, caída de la demanda externa y volatilidad financiera.

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El informe de la CEPAL Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis? muestra que las estimaciones de crecimiento para 2022 apuntan importantes diferencias. Mientras que ALC crecerá 1,8 % y América Latina 1,7 %, América del Sur crecerá solo 1,5 % y las economías centroamericanas registrarán un crecimiento de 2,3 %. Y en cuanto al crecimiento del Caribe, si se excluye a Guyana, sería de 4,7 %, pero si se incluye aumentaría a 10 %.

En el comercio internacional, por un lado, las economías con mayor impacto negativo serán las del Caribe y Centroamérica, dada su condición de países importadores netos de energía. Esto se reflejará en presiones sobre la balanza comercial.

Impactos diferenciados

A pesar del escaso peso del comercio de México con Rusia y Ucrania, el impacto de la guerra ahonda las tendencias al alza de la inflación y las tasas de interés en detrimento de la actividad económica. Esto incide en una escalada de precios de los bienes y servicios e incluso pone en riesgo el valor de la moneda nacional. En lo que respecta a Brasil, la volatilidad de los precios de los fertilizantes y la reducción de su suministro han sido desastrosas para esta economía, dada su condición de importador de fertilizantes minerales. Brasil concentra el 56 % de las importaciones de fertilizantes que llegan a la región desde Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Esto se traduce en fuertes presiones al sector agrícola brasileño.

[Lee también: ¿Guerra en el vecindario? El conflicto Rusia-Ucrania en las subregiones latinoamericanas]

Por tanto, las previsiones de crecimiento para las dos principales economías de la región en 2022 también son diferenciadas. La CEPAL estima que México crecerá 2,3 %, en tanto que Brasil alcanzará solo un 0,4 %. Ambos países registrarán un enérgico retroceso de la lucha contra la pobreza.

En cambio, los efectos serán positivos para las naciones exportadoras de productos energéticos como Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia y Bolivia, debido al incremento en los precios del petróleo, el gas y el carbón. No obstante, como estos países son importadores de derivados, los efectos también pueden ser negativos.

¿Crisis global de alimentos?

En este contexto, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania puede desencadenar en una crisis global de alimentos, principalmente por la pérdida de capacidad productiva agrícola de Ucrania y la parálisis del comercio de cereales y fertilizantes con Rusia.

Para encarar estas situaciones de incierta complejidad, la articulación regional es fundamental. Tal como en su momento lo sugirió la FAO, América Latina y el Caribe deben reactivar en primera instancia el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 2025 y adecuarlo al contexto actual. La región también debe poner en marcha el plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe, elaborado por la CEPAL a solicitud de la presidencia pro tempore de México.

Publicación original: Latinoamérica 21, 18 de octubre de 2022

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El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá se firmó el acuerdo de paz que puso fin al conflicto de décadas con la guerrilla de las FARC en Colombia. Seis años después de ese hecho histórico, el 21 de noviembre de 2022, iniciaron en Caracas las conversaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y la última guerrilla que permanece levantada en armas en el país: el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Se reinstalan así estos diálogos, que se habían suspendido en el Gobierno de Iván Duque, en enero de 2019, tras el atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Y ahora llegan en el marco del plan del gobierno de Petro de la llamada «Paz total».

Este es en realidad el primer paso concreto de los anuncios de paz total del presidente de Colombia, que el pasado 15 de noviembre concretó sus primeros 100 días de gobierno.

Diálogo con el ELN

Aunque Petro no es el primer presidente en intentar un diálogo con el ELN —el séptimo—, esta negociación sí podría ser la vencida, según analistas.

Por un lado, el ELN llega golpeado a la mesa, no solo por los golpes militares del Gobierno en Colombia, sino porque ha sido desplazado de disputas con las disidencias y el Clan del Golfo. En la ecuación también entran la edad de los miembros del Comando Central y otros dos factores relevantes. Uno es la necesidad de Nicolás Maduro de ser protagonista en esta negociación para quitarse presión internacional como violador de derechos humanos. Otro es que el Gobierno de Petro llega con unas banderas que retoman puntos de la agenda del ELN, como el concepto del poder popular.

Carlos Velandia, quien fue miembro del Comando Central del ELN y negociador de esa guerrilla, aseguró en La Silla Vacía: «Tenemos un gobierno de izquierda, popular y con un programa progresista que asegura que se van a hacer las transformaciones. El ELN tenía todo un reclamo en lo que tiene que ver con el desarrollo minero-energético. Ahora Petro ha ido mucho más allá, incluso de cosas que el ELN no se pensaba, que es la descarbonización de la economía y de la vida. Esto no lo había propuesto el más revolucionario de los revolucionarios, y ahora lo está proponiendo Petro».

La incertidumbre de la paz total

Los balances de los primeros 100 días del nuevo Gobierno de Colombia, el primero de izquierda en este país, realizados por medios de comunicación o por centros de pensamiento y la academia, en su mayoría coincidieron en resaltar que con la paz total se abren las puertas a la búsqueda de salidas negociadas, especialmente con el ELN. Pero también frente a otros grupos como las disidencias de las FARC y bandas criminales como el Clan del Golfo.

Pero mientras la ruta con el ELN —aunque se trata de una guerrilla distinta a las FARC— puede estar más clara e incluso tener más esperanzas de llegar a acuerdos, la falta de claridad de cómo enfrentarla y bajo qué parámetros es una sombra en la paz total.

Paola Molano, coordinadora de la línea de justicia transicional de Dejusticia, explica que «en ese momento lo único que tenemos sobre la política de paz total es lo que está en la prórroga a la Ley de Orden Público, que es poco preciso sobre la estrategia para los distintos grupos. Entonces, a 100 días de haber iniciado el Gobierno uno puede afirmar que es una excelente señal la voluntad política, pero aún hay muchas incertidumbres sobre cómo se llevará a cabo. Lo único claro es que son dos aproximaciones diferenciadas: negociaciones para acuerdos de paz con grupos políticos (ELN) y acercamientos para el sometimiento a la justicia con lo que uno podría decir grupos grandes de crimen organizado. No se sabe más».

Indepaz, organización que ha hecho un seguimiento de los asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo, resaltó otro tema importante en su análisis: pese a los anuncios, la violencia no ha disminuido; al contrario, en algunos casos recrudeció.

Los primeros cien días

«Durante los primeros 100 días del actual Gobierno se presentó el pico de masacres más alto del año; también aumentó la cantidad de víctimas por hechos de masacre y de desplazamiento forzado en el país […]. Un primer hallazgo es que el comportamiento de la violencia letal poco ha variado a pesar del anuncio de la paz total. Esto demuestra que los actores responsables de los asesinatos no han revaluado su conducta en el marco de los acercamientos de paz con el Gobierno Petro, y en ningún momento ha sido una condición vinculante el hecho de frenar la violencia contra la sociedad civil».

Pero existe otro riesgo aun mayor en esta falta de claridad de la ruta de la negociación con los otros grupos. Se trata de las expectativas que pueda generar en estos. Un informe de la fundación Paz y Reconciliación (Pares) indica que «a fecha de corte del informe, diversas estructuras armadas ilegales han respondido al llamado a vincularse a este proyecto de paz total. Desde Pares se ha hecho un seguimiento a las expresiones manifestadas por grupos tales como el Clan del Golfo, Los Pachelly, Los Pachenca, los grupos pos-FARC, entre otros, contabilizándose para la fecha de este informe al menos 26 comunicados dirigidos al Gobierno nacional.

En estos comunicados, la mayor parte de estos grupos manifiestan su intención de participar en la Paz Total, pero solicitan ser reconocidos como grupos con carácter político, dado que los comunicados respondieron inicialmente a la oferta del Gobierno en cabeza de Danilo Rueda (alto comisionado para la Paz) al mencionar que el acercamiento del Gobierno con grupos armados se daría a través de un diálogo sociojurídico. Es decir, ninguno de los 26 grupos en Colombia se considera a sí mismo como estructura criminal organizada».

El que mucho abarca poco aprieta

Un dicho popular dice que el que mucho abarca poco aprieta y este adagio podría ser lo que ocurra con la paz total. Daniel Rico, director de C-Análisis, expresa que «el Gobierno Petro tiene muchos qué quiere hacer: quiere la paz total, fortalecer los PNIS, hacer reforma integral rural. Pero, cuando uno va a aterrizar eso en el cómo, nos toca irnos a políticas públicas claras y a medidas concretas y eso no se ha visto».

Petro, en campaña, fue un defensor del cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC y un crítico del Gobierno Duque por los incumplimientos en varios puntos. El avance más notorio de estos 100 días es la apuesta por la reforma rural integral, que ha tenido anuncios como la compra directa de 3 millones de hectáreas a Fedegán (aunque ha tenido algunos frenos), la propuesta de entregar tierras en manos de la Sociedad de Activos Especiales a campesinos y el acto legislativo 019, que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

Perspectivas

En el Gobierno de Colombia pasado, la Consejería para la Estabilización y Consolidación era la encargada de ejecutar y coordinar todo lo relacionado con el posconflicto. Pero ahora, según Petro, para centralizar todas las acciones, esto está en cabeza del comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien a su vez realiza los acercamientos con las disidencias, las bandas criminales y participa en la mesa con el ELN.

Y dependiendo de Rueda, quien se encargará directamente de este tema es Gloria Cuartas, exalcaldesa de Apartadó. Es una figura reconocida entre las organizaciones sociales, nombrada en octubre pasado como directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo.

Cuartas tiene que enfrentar temas álgidos como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), en el momento de más cultivos ilícitos en el país, y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos son unos de los puntos más criticados en el Gobierno pasado para la implementación del acuerdo en las zonas afectadas por el conflicto. Esa presencia del Estado en los territorios es la que puede dar un mayor cumplimiento a los acuerdos y dar garantías para una posible paz total en Colombia.

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¿Por qué un accesorio tan secundario como un sombrero puede siquiera jugar un papel en una personalidad tan importante como el primer canciller de la República Federal de Alemania, y mucho menos
servir como una humorada en el diseño gráfico de una publicación con algunas de sus más memorables citas?

«Konrad Adenauer no solo fue el primer canciller de Alemania, sino también uno de los primeros políticos con extraordinaria habilidad para tratar con los medios y transmitir mensajes a través de imágenes, sobre todo con lo que ahora se llaman relatos caseros.

En estos tiempos de crisis, uno se pregunta qué habría dicho el viejo Adenauer en tal o cual situación difícil. Definitivamente, no solo recordar al usuario de sombreros más famoso de la historia reciente de Alemania, sino también hacer accesibles con esta cuidada publicación sus más importantes (y más bellas) piezas de sabiduría, es una empresa que vale la pena».

Fragmento de la presentación del libro, por Michael Borchard.

Una de las cosas principales en política es no perseguir fantasías o utopías, sino reconocer claramente las circunstancias y posibilidades reales, tal como deben hacerlo el artesano, el comerciante y el agricultor en sus profesiones.

Acto de la CDU. Dortmund, 26 de julio de 1953. Fuente: Stbkah.

Publicación: Noviembre, 2022

ISBN 978-9915-9490-3-1

Editor: Fundación Konrad Adenauer

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Los derechos humanos que originalmente eran defensivos, para proteger a las personas, ahora se entienden como extensión del poder individual. Asumen la forma de nuevos derechos subjetivos que corresponden a una amplia variedad de deseos individuales. Así es como se consideran derechos sobre uno mismo, independientes de toda idea de bien o de justicia exterior al individuo, y reducen la dignidad humana a la voluntad de autodeterminación: «El derecho a disponer del propio cuerpo va reemplazando progresivamente el principio de indisponibilidad y autoriza las prácticas hasta entonces prohibidas por respeto a la dignidad de la naturaleza humana» (Puppinck, 2021, p. 121).

Libertad de decidir

Lo que vale ya no es tanto la vida, sino la libertad de decidir por encima de todo, aunque sea en contra de la vida y de la dignidad de las personas. Esto puede verse en planteos de actores políticos que argumentan en cuestiones bioéticas complejas, pero sin demasiados matices y solo en nombre de la libertad individual. Estos se expresan superficialmente a favor de la venta de órganos humanos, de la maternidad subrogada o de la eutanasia, como si se tratara simplemente de una decisión sobre el propio cuerpo, sin tener en cuenta los contextos de vulnerabilidad, injusticia y el respeto debido a la dignidad de un ser humano que, aunque él mismo no lo reconozca, los demás respetamos.

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Las advertencias internacionales en derechos humanos no dejan de quedar al margen cuando la opinión pública solo se centra en el interés individual y nada más. No se tienen en cuenta los pactos internacionales de derechos humanos que prohíben dichas prácticas por ser contrarias a la dignidad humana y a derechos fundamentales y siempre se plantean como una necesidad porque alguien o algunos simplemente así lo desean.

¿Y los demás? ¿La justicia? ¿La solidaridad con los más vulnerables? No lo relacionan, creen que solo se trata de cada uno y nada más. Se pierde de vista fácilmente la dimensión comunitaria de la vida humana y el impacto que tiene sobre los demás cuando no se reconoce la necesidad de ciertos límites.

La autonomía hipertrofiada

Hay dos supuestos que se han vuelto valores absolutos e incuestionables en la opinión pública. Uno es que la libertad es un fin bueno en sí mismo sin importar para qué se use. Y el otro es que la verdad es siempre subjetiva y relativa, abriendo la puerta a graves deformaciones del concepto de derecho.

En primer lugar, se asume con naturalidad que la libertad de hacer lo que cada uno considere bueno mientras no perjudique a otros es lo correcto, sin importar el fin de esa acción. Es decir, una libertad como fin en sí misma, sin importar para qué, sin importar el sentido ni la finalidad de las acciones, ni los valores que deben guiar la acción en orden al bien personal y social.

Se lleva así el derecho hacia planteos absurdos que terminan oponiendo unos derechos a otros, como si se tratara de gustos y preferencia subjetivas, como si el bien y el mal fueran intercambiables a todo nivel. Es cierto que lo que para unos es bueno, para otros no lo es tanto, pero este razonamiento no es aplicable a todos los ámbitos ni en todas las cuestiones éticas. El que los mismos valores no siempre sean compartidos en una sociedad plural es algo obvio. El problema se manifiesta con claridad cuando no queda ni siquiera en pie la dignidad humana y el mínimo respeto por los derechos humanos fundamentales.

Esto, y no otra cosa, explica que haya colectivos que defiendan determinados derechos particulares, desconociendo derechos fundamentales de quienes consideran adversarios políticos o simplemente que no les interesan. Se tiene extrema sensibilidad para determinados temas e indiferencia para dramas escandalosos.

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En segundo lugar, predomina un subjetivismo radical que hace de la perspectiva particular y emocional un criterio de verdad que los demás deben aceptar y hasta promover, confundiendo deseos con derechos y confundiendo empatía con estar de acuerdo. Puedo comprender emocionalmente a alguien sin por ello estar de acuerdo con sus ideas, pero cuesta cada vez más separar la implicación emocional del debate de ideas.

Derechos humanos: una conquista histórica

La gravedad de la cuestión es que, si no hay un bien común mínimamente objetivo, si no se reconoce una dignidad común en los seres humanos, entonces cada uno puede inventarse lo que es bueno, aunque eso implique desconocer los derechos humanos de quienes considero que no tienen derechos por estar del lado equivocado o ser los que no merecen nada.

Más allá de la absolutización de la libertad como fin en sí misma y las visiones reduccionistas e individualistas del ser humano que inciden en una visión de los derechos como deseos subjetivos y como si todo se tratara de bienes de consumo y descarte, incluso la vida misma, se olvida que mucho le costó a la humanidad la conquista del reconocimiento y el respeto de derechos.

Se olvida, como bien escribió Jürgen Habermas, que: «La autonomía o voluntad libre no es una propiedad caída del cielo, que automáticamente recibe cada ser humano. Es más bien una conquista precaria de las existencias finitas, existencias que solo teniendo presente su fragilidad física y su dependencia social pueden obtener algo así como fuerzas» (Habermas, 2002, p. 51).

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Pensando en la crisis social y política que viven muchos países, donde nuevas formas de autoritarismo se presentan como la solución a los problemas sociales, cobran siempre actualidad las palabras que con claridad escribió Joseph Ratzinger: «La libertad individual sin un contenido, que aparece como el más alto fin, se anula a sí misma, pues solo puede subsistir en un orden de libertades. Necesita de una medida, sin la que se convierte en violencia contra los demás. No sin razón los que persiguen un dominio totalitario provocan una libertad individual desordenada y un estado de lucha de todos contra todos, para poder presentarse después con su orden como los verdaderos salvadores de la humanidad. La libertad necesita, pues, un contenido. Lo podemos definir como el aseguramiento de los derechos humanos» (Ratzinger, 2012).

Referencias

Habermas, J. (2002). El futuro de la naturaleza humana. Barcelona: Paidós.

Puppinck, G. (2021). Mi deseo es la Ley: Los derechos del hombre sin naturaleza. Madrid: Encuentro.

Ratzinger, J. (2012). Verdad, valores, poder: piedras de toque de la sociedad pluralista. Madrid: Rialp.

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El ajustado triunfo de Lula en Brasil y el reciente anuncio de López Obrador de una cumbre de líderes latinoamericanos le han dado un segundo aire a la izquierda latinoamericana. No es menor: en los próximos años, las seis principales economías del continente estarán en manos de fuerzas de izquierda.

¿Significa, entonces, que la nueva marea rosa debe sacar cuentas alegres? La realidad indica que no. El nuevo mapa electoral no responde a una preferencia ideológica, sino al partido político más importante en América Latina: el voto de castigo. Si miramos los datos, de las últimas 14 elecciones, en 13 los votantes castigaron al oficialismo. La única excepción fue Nicaragua, donde no existe democracia.

Estancamiento y nueva década perdida

El escenario económico y político cambió. A diferencia del superciclo de los commodities de mediados de los 2000, América Latina está estancada económicamente y se encamina a cumplir una nueva década perdida (2014-2023), creciendo en promedio menos de 1 %. La bonanza fiscal que gozó la marea rosa hace dos décadas no tiene ninguna relación con la estrechez que enfrentan los gobiernos luego de la pandemia de covid-19.

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Si en el pasado la billetera fue generosa para planes sociales y programas de izquierda, hoy la mochila de la deuda pública es cada vez más pesada. Al shock de la pandemia se suman los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania y el endurecimiento de las condiciones financieras globales en 2023, como lo advierte el FMI.

Gobernabilidad compleja

Por su parte, la gobernabilidad también será más compleja para la izquierda oficialista. Si en el pasado gobiernos como los de Lula, Correa o Chávez aprovecharon la debilidad y fragmentación de la oposición, el contexto actual es completamente distinto. Lula tendrá al bolsonarismo como principal fuerza política en el Congreso; Boric debe lidiar con un Congreso equilibrado; y Petro descansa en una mayoría instrumental con riesgo de desarticularse.

La famosa luna de miel de los gobiernos prácticamente no existe y, con las contadas excepciones del fenómeno Bukele en El Salvador y López Obrador en México, la mayoría de los líderes latinoamericanos sufren bajos niveles de aprobación y caídas rápidas de apoyo. El cheque en blanco ideológico es cuestión del pasado, porque a la ciudadanía actual le interesa que los gobiernos resuelvan con rapidez y eficacia sus problemas más acuciantes, incluso indiferente de si lo hacen bajo un sistema democrático o no, como lo vienen señalando distintas encuestas.

Proyecto ideológico regional

La nueva izquierda en el poder probablemente enfrente ciclos políticos más cortos y con ciudadanías infieles a un libreto ideológico. Si a la gobernabilidad más compleja sumamos riesgos como la crisis migratoria, la caída de la inversión extranjera o el crimen organizado, la conclusión es una: no hay espacio en la nueva marea rosa para aventurarse en un proyecto ideológico regional.

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Bien han hecho los gobiernos de Chile y Colombia al nombrar ministros de Hacienda reconocidos en el mercado, como el pragmatismo que mostraría Lula si confirma la candidatura propuesta por Bolsonaro para el Banco Interamericano de Desarrollo. No obstante, esas señales deben ser reforzadas en el tiempo con reformas y acciones que se enfoquen en solucionar los problemas, más que en desenfundar ideas trasnochadas.

La marea rosa 2.0 no tiene muchas cuentas alegres que sacar. Más bien, debe ponerse el overol, asumir altas cuotas de pragmatismo y abandonar toda ilusión de un proyecto ideológico regional. De lo contrario, más que marea, será una simple brisa.

Publicación original en Diario Financiero, 9 de noviembre de 2022.

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Tras disiparse la polvareda un par de años después de Tiananmen y hasta la llegada de Xi Jinping al poder en 2012, China y el mundo occidental disfrutaron de tres décadas de relación plácida. No fue una época exenta de tensiones, pero todos ganaban. China fijó el rumbo de la modernización, emprendió reformas estructurales, se incorporó con el apoyo entusiasta de Occidente al comercio mundial. Emergieron entonces la fábrica del mundo y la globalización, la demanda interna china empezó a sacudir mercados y China inició su internacionalización. Todo marchaba sobre ruedas.

Pekín logró además que calara la idea de que necesitaba tiempo para acometer reformas políticas. Con esta coartada, las democracias siguieron beneficiándose de la coyuntura favorable al tiempo que mantenían su conciencia tranquila. Sin embargo, tras la llegada de Xi Jinping al poder, todo empezó a cambiar. Heredó una China más poderosa y próspera: compite ya globalmente, adquiere activos y tecnología, construye infraestructuras e influencia. Un gigante que rivaliza diplomáticamente, que objeta el orden mundial, que no se somete al escrutinio de nadie, que no tolera las críticas.

Freno en defensa propia

En el plano doméstico, la pujante clase media urbana y un sector privado innovador e interconectado con el mundo encarnaban la modernización y el bienestar relativo del país. Un salto cualitativo al que Xi Jinping no vio como una fortaleza, sino como una amenaza. Como ya ocurrió en Taiwán o Corea del Sur, y en tantos países latinoamericanos, China reunía los requisitos y empezaba a estar madura para una transición política. Ante la perspectiva de un movimiento democratizador imparable y con la lección del colapso de la Unión Soviética bien aprendida, Xi activó los frenos.

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Y, de acuerdo con su lógica política, el régimen impulsó —en defensa propia— la recentralización de la autoridad del Partido Comunista (PCCh) al objeto de asegurar su control de la sociedad, el mando sobre la economía y la eliminación preventiva de cualquier oposición. De este modo, para erradicar lo que Xi llama los vientos torcidos, lanzó una campaña contra los peligros ocultos que se derivan de la corrupción, la disidencia ideológica y la influencia occidental. Con el llamado Documento nº 9, una circular interna de 2013 que prohíbe la promoción en China de los «peligrosos» valores democráticos, se gestó la hostilidad ideológica contra Occidente y su sistema valores políticos basado en la libertad.

A imagen y semejanza de Xi

Esta China a imagen y semejanza de Xi y cada vez más autoritaria, forjada en la última década, es la que quedó afianzada en el 20º Congreso del PCCh celebrado el mes pasado. En dicho cónclave se consolidó no solo el tercer mandato de Xi y quizá también su perpetuación en el poder, sino que además saltó por los aires el liderazgo colectivo instituido hace casi medio siglo para evitar, justamente, que derivas personalistas lleven la anarquía a China, como ocurrió en el maoísmo.

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Rodeado de colaboradores cuyos méritos recaen en la lealtad que le profesan, y sin oposición interna en la cúpula comunista, Xi tendrá manos libres para ejercer el poder a su antojo. Todo ello afecta a América Latina. Veamos por qué. La relación forjada desde el arranque del siglo con China se ha cimentado sobre el supuesto indiscutible de que dicho vínculo procura a la región una ganancia económica fundamental. Las exportaciones, las inversiones, los aumentos del PIB y demás cifras macroeconómicas respaldan esta idea y, por tanto, se presentan habitualmente como evidencia del beneficio que América Latina obtiene gracias a la demanda china y a su presencia en el continente.

América Latina: riesgoso pragmatismo económico

Es cierto que un análisis más fino introduciría matices. Por ejemplo, que Latinoamérica no ha sabido aprovechar su trato con China para crear industrias de valor añadido que generen riqueza, y ha consolidado así su posición como mero exportador de recursos naturales sin procesar. O las secuelas que deja el modelo chino en términos de impacto socioambiental, así como la dependencia comercial o financiera que algunos países ya padecen de China. Sin embargo, los aspectos negativos quedan eclipsados por una idea fuerza mayor: que China es estratégica para el futuro latinoamericano.

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Toda la relación con la potencia asiática se supedita así al pragmatismo económico, lo que explica la conllevancia —y el silencio— oficial con respecto al autoritarismo chino. Ahora bien, ¿y si China sufriera el mayor deterioro económico en 40 años? ¿Cambiaría el escenario para América Latina? La cuestión es pertinente porque la coyuntura económica en China no pinta bien. Lo que durante décadas parecía imposible, un frenazo acusado, está ocurriendo. El Banco Mundial anticipa un crecimiento del 2,8 % para este año, un dato que social y políticamente en el contexto chino dispara todas las alarmas.

Síntomas de agotamiento

El desplome no es coyuntural sino consecuencia de la crisis inmobiliaria, que amenaza con contagiar al resto de la economía, y de las draconianas restricciones de la política de covid cero que han hundido el consumo y espoleado la indignación y las protestas sociales por todo el país, según Freedom House.

No son los únicos desafíos. El modelo de desarrollo basado en las exportaciones, la urbanización y las gigantescas inversiones muestra síntomas de agotamiento. El desacoplamiento selectivo del mundo democrático y los controles de Estados Unidos a la exportación de semiconductores, cuyo impacto es colosal para China, dibujan un futuro complejo y preocupante para el gobierno comunista. Ello sin contar las incertidumbres geopolíticas.

La fiesta toca a su fin y, por tanto, China y su relación con el resto del mundo entran en una nueva era, sin duda más complicada. América Latina, que durante más de dos décadas se benefició de la bonanza china, podría ver entonces frustradas las expectativas puestas en el gigante asiático. Si se cumplen los malos augurios, los gobiernos latinoamericanos tendrán que adaptarse a un escenario distinto, el de lidiar con una China menos seductora por su deriva autoritaria y por no ofrecer las oportunidades que solía.

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Noam Lupu y Fernanda Boidi son investigadores miembros del equipo del Latin American Public Opinion Project (Lapop Lab) de Vanderbilt University. El proyecto tiene como su producto más conocido el Barómetro de las Américas, uno de los estudios de opinión más relevantes para medir las actitudes de los ciudadanos frente a la democracia en Latinoamérica. Ambos son doctores en ciencia política y especialistas en opinión pública.

De acuerdo con el último Barómetro de las Américas, solo el 42% de los ciudadanos de la región dicen confiar en las elecciones. Desde principios de siglo, América Latina ha evidenciado una caída libre de la confianza en el sistema democrático, los partidos políticos y las instituciones. Por otro lado, existe un cambio en la aceptación de golpes ejecutivos y militares, así como en la validación de liderazgos autoritarios y populistas. El hartazgo social está marcando el termómetro social. Boidi y Lupu nos ayudan a comprender el panorama.

El mapa político de América Latina es totalmente diferente al de hace apenas cinco años. ¿Cómo comprender los cambios?

Fernanda Boidi (FB): En la mayoría de los países de la región hay democracia, y esto hace posible que los gobiernos pierdan elecciones. Hay transiciones. Quienes pierden lo aceptan, más o menos a regañadientes, pero eso es una buena noticia. El que los gobiernos pierdan elecciones, independientemente del signo, y que haya oposiciones vigorosas que se presentan a la elección con chances de ganar, y que ganan y generan recambios, es una buena noticia, sin duda.

Noam Lupu (LP): Me parece que lo que hemos visto desde principios de los 2000 son olas que, si bien a veces parecen ser ideológicas por el signo de los candidatos, en la preferencia de los ciudadanos no han existido muchos cambios ideológicos. Por lo cual, tanto la primera ola, llamada ola progresista o pink tide, estuvo vinculada más al cambio de ciclo económico, y no tanto con la ideología de los gobiernos. Sobre esto hay mucha evidencia.

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Creo que ahora estamos mirando un fenómeno parecido. Terminó el boom de los commodities y hemos tenido cambio en el signo de los gobiernos. En las encuestas vemos en algunos países un cambio ideológico de las personas hacia la derecha, por ejemplo, en Argentina o Brasil. Pero creo que tiene que ver menos con un cambio de preferencias que con que se haya vuelto más «legítimo» llamarse de centroderecha o derecha en países que habían tenido dictaduras militares de ese signo. Ese es el único dato que notamos diferente, pero esto tampoco explica por qué se está eligiendo más gente de izquierda ahora, por ejemplo.

En los últimos años casi todos los gobiernos han perdido la elección. ¿Podemos hablar de un ciclo de hartazgo social con los gobiernos en vez de un cambio de signo?

NL: Sí, es básicamente eso lo que vemos. Hemos tenido olas de escándalos de corrupción, desde los Panamá Papers, el caso Odebrecht, la compra de vacunas y la vacunación en la pandemia, y además resultados económicos no muy buenos desde 2014 en adelante en toda la región. Eso lo vemos en las encuestas. Hay una percepción de que los políticos no están respondiendo a las preferencias de la ciudadanía, sino en función de sus intereses personales.

FB: Tuvimos una pandemia en medio. Esto catalizó procesos de descontento. La crisis de salud sumada con la crisis económica jugó en contra de los gobiernos. Salvo excepciones contadas como la de Uruguay, donde la gestión del Ejecutivo de la pandemia le permitió una mayor luna de miel en cuanto a la aceptación presidencial y del gobierno.

Ganadores en elección al gobierno nacional en América Latina (2018-2022)

¿Se espera que los números de apoyo a la democracia desciendan con el actual contexto latinoamericano?

FB: Posible siempre es. La última encuesta del Barómetro de las Américas [2021] indicó que el apoyo a la democracia se mantuvo comparado con el histórico. En un contexto de pandemia y crisis. Pero si hay que hacer una apuesta diría que, salvo excepciones puntuales, es posible que se mantenga este apoyo o que incluso mejore, porque las condiciones objetivas de vida de las personas estarían incidiendo favorablemente. Creo en un panorama moderadamente optimista.

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NL: Hemos visto en las últimas rondas una especie de ciclo de apoyo o luna de miel con la democracia luego de una elección. Se hace la elección, se generan expectativas, luego no se cumplen esas expectativas y ahí vemos el descenso del apoyo y de la satisfacción con la democracia. Sospecho que lo que vamos a ver es una diferencia entre los países que han tenido una elección hace poco versus los países que van a tener una elección. Por ejemplo, en Brasil acaba de ocurrir una elección, ahí creo que va a estar alta; mientras en Argentina, que está de camino a una elección, va a estar baja.

Antes veíamos a las democracias del llamado tercer mundo como imperfectas. Hoy notamos que incluso democracias consolidadas están en dificultades. ¿Es un problema inherente a las democracias?

FB: Por definición, las democracias son sistemas dinámicos, abiertos. Hay tensiones cuando interactúan con otros sistemas. Es, incluso, por definición, frágil, porque está diseñada para cambiar constantemente. Depende de cómo funciona el sistema de partidos, la división de poderes, la fortaleza de las instituciones.

NL: La fortaleza y debilidad de la democracia es que se puede autocorregir. Una dictadura no tiene esa capacidad de alternancia si las cosas no van bien. Por tanto, como ciudadanos tenemos que creer en la capacidad de la democracia de corregir el rumbo del país. La debilidad concreta es que se puede convencer a la ciudadanía, y en algunos casos con razón, de que las instituciones no están funcionando. Esto es lo que básicamente hace el populismo, erosionar la legitimidad de las instituciones democráticas.

Existen casos paradigmáticos. El Salvador, por ejemplo, es uno de los países donde más se apoya la democracia con 73%, por encima del 61% que promedia la región. Sin embargo, tienen un presidente con prácticas abiertamente autoritarias, pero con alta popularidad. ¿Cómo comprender este fenómeno?

NL: Es un caso paradigmático de lo que se ha visto también en Hungría, Polonia, Turquía o Rusia, y que se ha denominado democratic backslading. En la época de los golpes ya sabías que los militares daban un golpe y se acababan las democracias. Hoy en día este proceso se gestiona desde adentro, a través del apoyo popular, debilitando a las instituciones y a la lógica de funcionamiento de las democracias. El presidente Bukele, por ejemplo, pide al pueblo, con un mensaje muy populista, que luche contra las élites, la élite política, económica, las corporaciones.

FB: La democracia, aunque cada vez más vaciada, es el sistema que tienen hoy los salvadoreños. Entonces, los ciudadanos están contentos por la gestión y por cómo actúa la figura visible de poder que es el presidente. Si vamos a los datos, vemos que es el país con la proporción más alta de ciudadanos que están dispuestos a tolerar un golpe del Ejecutivo. Un 51 % piensan de esta manera. Es decir, justifican que el presidente cierre el Congreso. Ha existido un trabajo intenso, aunque a veces poco perceptible, de erosión de la democracia, pero todavía no llega a ser visto por grandes mayorías de ciudadanos, al menos en el caso de El Salvador. El mismo dato se vio en Venezuela. En 2007 y 2008 los valores de satisfacción con la democracia eran altísimos. Cuando comenzó a decaer la democracia como todos sabemos, estos valores comenzaron a caer en picada.

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El estrecho margen en el resultado electoral entre Lula y Bolsonaro en Brasil, después de que las encuestas daban una diferencia más holgada a Lula, ¿habla del crecimiento del voto vergüenza en apoyo a expresiones autoritarias de la política?

FB: No hemos visto la suficiente cantidad de evidencia como para decir que es un fenómeno en crecimiento en la región. Sí hay indicios, por varias situaciones como las elecciones en Estados Unidos, Colombia o Brasil, que indicarían que es un tema presente. Hay factores que van en el mismo sentido y que configuran un problema metodológico porque es difícil medir lo que ocurre. Por un lado, una cierta cantidad de personas no están de acuerdo de declarar su afinidad política real. Hay gente más proclive a contestar que otra (por sus caracterísitas de personalidad, por su disponibilidad de tiempo, o porque odian a las encuestas) y eso puede incidir tambien en los resultados reportados. Por el otro, un cambio a muy último momento en la preferencia de voto antes de la elección, que no es registrado por las últimas muestras antes del día del día D.

En Brasil, por ejemplo, las estimaciones de las encuestas tuvieron un error en el voto a Bolsonaro. Es decir, el voto vergüenza estaba asociado con eso, no necesariamente con el voto a Lula. Es complejo, porque las encuestas ya no son únicamente un insumo, sino que se toman como un jugador más y por tanto como instrumento para orientar el voto.

De acuerdo con el Barómetro de las Américas, menos de la mitad de las víctimas de corrupción o con mala situación económica o que no apoyan al gobierno de turno, no confían en las elecciones. ¿Hay ahí una clave para la agenda de trabajo del sistema político?

NL: Sí, el tema de confianza en las elecciones es fundamental. Esto es importante y permite a la clase política, como se ha visto claramente en Estados Unidos, movilizar a las élites que pierden y generar un movimiento para deslegitimar el sistema democrático. No solo hay que enfocarse en que haya más confianza, sino en que los ciudadanos entiendan cómo funcionan las elecciones. Tiene que haber información para comprender que es poco razonable que exista un fraude electoral a los niveles nacionales que se ha alegado por ciertos candidatos y presidentes.

FB: Hay un desafío gigante de generar herramientas para que las personas puedan acceder a la información y tomarse una pausa para pensar «este dato es razonable y confiable, o no lo es», y en consecuencia discernir para hacerse una opinión con base en hechos reales.

El hecho de que las instituciones funcionen mejor para atender las necesidades de las personas, disminuir las prácticas corruptas y mejorar los servicios, tendrá un efecto derrame en la confianza en las elecciones y la democracia. Eso es lo esperable.

El fracking es una práctica por la que se obtiene gas y petróleo mediante la fractura del subsuelo. Se trata de un método sumamente polémico. Por una parte, implica desgarrar el sustrato inyectando gran cantidad de agua a alta presión, lo cual comporta un alto costo medioambiental. Por otra parte, la extracción del gas y el petróleo requiere la inyección de químicos que liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera y contaminan las aguas subterráneas.

Teniendo en cuenta las graves consecuencias para el planeta, ¿cómo se explica la proliferación del fracking? Porque resulta beneficioso para determinados actores, a los que les interesa más el beneficio que obtienen de esta práctica. Algo semejante sucede en la política.

A lo largo de la última década hemos visto crecer a una inquietante velocidad el fracking político. El procedimiento es idéntico al del fracking petrolero: determinados actores fracturan y contaminan la sociedad para obtener un beneficio propio. ¿No les interesa conservar la cohesión social? ¿No les preocupan las sociedades divididas que heredarán sus propios hijos y nietos? Quizá, pero su principal interés es el rédito político que les genera la polarización social.

Grietas aquí y allá

Ocurre en todo el mundo. También en América Latina. El periodista Jorge Lanata acuñó en 2013 el concepto de grieta para referirse a la división de Argentina en dos trincheras: kirchneristas y antikirchneristas. Esa grieta no hizo sino crecer, hasta que en septiembre de 2022 se cristalizó en un intento de asesinato contra la vicepresidente Cristina Fernández (para muchos, la creadora y principal impulsora de la grieta).

Esa misma semana, The Economist titulaba su nota de portada «The Disunited States of America» (Los Estados Desunidos de América), en referencia, precisamente, a la fractura del país en bandos ideológicos irreconciliables. Dos meses después, a la luz de las elecciones de medio término, lo explicaba Pablo Pardo en el madrileño El Mundo: «Los políticos agitan los miedos y evitan tender puentes entre grupos identitarios porque es más rentable en las urnas», hasta tal punto que un 43 % de los estadounidenses creen probable una guerra civil en los próximos diez años.

Chile y Brasil: violencia en campaña

Sin cambiar de semana, en Chile, en plena cuenta atrás para el plebiscito de salida de la Constitución, el diputado Gonzalo de la Carrera agredía a golpes al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda. Y en plena campaña, el hermano del presidente de Chile, Simón Boric, fue atacado a puñetazos y patadas hasta acabar hospitalizado. En Brasil, a partir de junio, se empezaron a producir agresiones entre los bandos de Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro: desde bombas de heces hasta un asesinato. Los días posteriores a la victoria de Lula en la segunda vuelta electoral se produjeron nuevos brotes de violencia y la apelación de miles de personas al ejército para que impidiera la asunción del líder del PT. A la luz quedan las preocupantes consecuencias del fracking político para la democracia.

El extremo del magnicidio

Un mes y medio antes del atentado contra Cristina Fernández fue asesinado el ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Pero la sorpresa que causó el magnicidio en Japón, donde los medios destacaban lo inesperado del atentado, contrasta con la naturalidad con que se asumió la tentativa argentina. Allí, la mayoría de los comentaristas coincidían en que el atentado contra Fernández era la destilación inevitable de la creciente polarización sociopolítica del país durante la última década y media.

La violencia física era asumida como extensión natural de la polarización hasta tal punto que el propio presidente Alberto Fernández afirmó: «Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina».

Democracia como obligación y responsabilidad

Así, mientras en Japón apareció un cisne negro, en Argentina se avistó un rinoceronte gris, al igual que en Estados Unidos, Brasil, Chile y en los numerosos países donde el fracking político se ha convertido en la principal forma de extraer ese commodity tan preciado: el voto. Todos estos países tienen la solución incorporada en sus sistemas políticos. Una solución sobradamente conocida, pero mal conocida: la democracia. Mal porque suele ser conocida exclusivamente como derecho, pero para detener el fracking político hay que concebirla como obligación, como responsabilidad. En regímenes autocráticos, los ciudadanos no tienen derecho a elegir a sus gobernantes; eso los exime también de responsabilidad. En democracia, en cambio, los ciudadanos pueden echar del poder al político (o partido) que explote el fracking. Si no lo hacen, no cabe exigir responsabilidades más que a sí mismos.

Publicación original: Latinoamérica 21, 11 de noviembre de 2022.

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El primer gobierno de izquierda en Colombia liderado por Gustavo Petro llegó al poder bajo una bandera de cambio. La misión se anunció como extensa, ambiciosa y vertiginosa. Desde su independencia, este país ha gozado de una de las tradiciones democráticas más prolongadas de la región, paradójicamente acompañada por distintos conflictos y guerras. Hoy, después de cien días de gobierno del Pacto Histórico, es necesario hacer un balance de lo bueno, lo regular y lo malo, en esta amplia propuesta de cambio.

Tanto en campaña como en el gobierno, las propuestas de Gustavo Petro han versado sobre casi todos los sectores, proponiendo reformas a la política, salud, paz, justicia. De igual forma, cambios en materia de política exterior, agronomía, medioambiente y minería. Estas búsquedas de transformación promueven un Estado grande, más asistencialista. Sin duda, apunta a resolver problemáticas sociales inmediatas sustentadas en la reforma que impulsó el Gobierno en el Legislativo.

La paz total, una agenda vertiginosa

Todas estas banderas se enmarcan en el enunciado de paz total, que se traduce en la propuesta de plan de desarrollo bajo el concepto de seguridad humana. Este enfoque, que propone que la paz sea multisectorial, la amplía y a su vez la vuelve tan ambiciosa que es inalcanzable. Sin embargo, está bien poner faros para guiar el rumbo sin desconocer que es un trabajo permanente, constante, y que la llegada a la orilla es infinita. Es decir, siempre habrá algo por hacer en materia de seguridad. Todos los esfuerzos resultan cortos ante una paz total que se hace imposible.

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La paz total implica, en términos prácticos, que esta no dependa solo del control militar y territorial, sino de dar mejores oportunidades a las personas. En otros términos, pone énfasis no solo en la defensa, sino en la capacidad de desarrollo de las personas. Esto incluye mayor atención en educación, salud, desarrollo local y comunitario, mejor uso de los recursos naturales y la prevención de riesgos asociados a estos, seguridad social, seguridad económica y mejor democracia (seguridad política).

Hasta el momento, con solo cien primeros días a evaluar, se puede afirmar que la administración de Gustavo Petro tiene avances en los primeros cuatro sectores sectores. Queda en deuda frente a la seguridad económica y el ejercicio de una mejor democracia, con mejor calidad, inclusión y paridad. Por último, la seguridad social y sus posibles transformaciones todavía no se puede evaluar en este momento, porque la reforma ni siquiera se ha presentado.

A continuación, se propone un análisis sobre diversos puntos que obedecen a otros tantos sectores de la política.

Aspectos positivos

• Nueva gramática del poder: el hecho de que Francia Márquez, Leonor Zalabata Torres, Patricia Tobón y Giovanni Yule estén en el poder demuestra la posibilidad de que caras diversas y emergentes quieran y puedan aspirar a estos cargos.
• El incremento al presupuesto de la educación y el agro colombiano, así como la condonación de deudas del Icetex.
• Mejora de las relaciones bilaterales con Venezuela, reapertura de la frontera.
• Sobretasa al sector financiero para el desarrollo de infraestructura correspondiente a vías terciarias de transporte terrestre.
• Establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad.
• El Gobierno ha mostrado una preocupación decidida por las regiones. Ha estado presente viajando a los sitios de mayores problemáticas sociales y ha buscado para estas tener capítulos especiales en el plan de desarrollo, privilegiando el Pacífico colombiano.
• Trabajo articulado con sus bancadas de gobierno para la aprobación de la Ley de la Paz Total.
• Reinicio de negociaciones con el ELN y otros grupos al margen de la ley.

Lo regular

• Mantiene la gobernabilidad democrática con partidos tradicionales que representan lo opuesto al cambio solicitado por la ciudadanía. Adicionalmente, en procesos de diálogo con comunidades en el territorio, se han excluido voces divergentes. Estos procesos se parecen más a barras de hinchas de futbol que a procesos realmente inclusivos donde se construya con otras personas.
• Cambia la tradición de política exterior de no negociar con dictadores, en la línea de respeto férreo a la democracia.

Aspectos negativos

• Falta de manejo asertivo de la política macroeconómica para contener shocks externos. Crisis económica, hiperinflación, recesión mundial y, en consecuencia, incremento del dólar como principal divisa. Manejo poco asertivo entre gobierno y mercados, a los que Gustavo Petro incluso acusó de generar pánico financiero. También existen mensajes contradictorios a la opinión pública entre ministros(as), y esto tiene, sin duda, impacto en los mercados especulativos.
• Falta de coordinación entre ministerios y sus cabezas visibles.
• Se incumplió la promesa de paridad en altos cargos del sector público. Todavía no se ha nombrado a los 100 cargos más importantes del país.

Promesas de Gustavo Petro

El primer reto que tendrá el gobierno luego de la reforma tributaria es traducir esa gestión de recursos en obras de gobierno y políticas sociales que lleven al bienestar de los colombianos. Esto pasa necesariamente por quienes diseñan la política fiscal del país. No solo e requiere el enfoque asistencial, sino consolidar un modelo de bienestar que permita suplir lo urgente e invertir en el futuro económico del país.

Por otro lado, si Colombia no cumple con reglas fiscales necesarias para la estabilidad macroeconómica, así como para dar seguridad a inversores, es difícil que retome la senda de crecimiento económico.

El segundo reto se plantea en la conformación y mantenimiento de un equipo de gobierno estable, que todavía no se ha terminado de nombrar, y que se ha mostrado débil en cuanto a paridad e inclusión. Este equipo debe tener mayor sincronía entre sectores, tanto en el gabinete como con los equipos de comunicaciones y entre la bancada de gobierno. El mantenimiento y el nombramiento de cargos estratégicos en distintos momentos de su gobierno mostrará la sostenibilidad del proyecto del cambio.

La reforma de la salud no puede ser evaluada a la fecha en cuanto a su alcance e implicaciones, pero determinará la promesa de una nueva seguridad social.

Aprobación y rechazo

En los últimos días, dos encuestadoras (Invamer y CNC) evaluaron la aprobación ciudadana frente a este gobierno. La primera (Invamer, 49,7 %) es menos optimista que la segunda (CNC, 62 %), y denota una tendencia a la baja de 16 % desde el comienzo del gobierno. Mientras que la segunda muestra una estabilidad en la aprobación.

En un análisis posterior, se puede observar que el peor escenario (encuesta Invamer) no muestra una variación significativa (-0,5 %) respecto del porcentaje de personas que votaron por Petro, lo que demuestra que mantiene aprobación en sectores que tradicionalmente no lo habían apoyado. Y que, en caso de tener altos índices de predictibilidad y de representatividad, todavía gozaría con más aprobación que rechazo. De igual forma demuestra un contraste con su antecesor, Iván Duque, en estos mismos cien días (27 %).

Para el futuro de la administración, la reforma de la salud podría afectar el bienestar o la promesa de buen vivir de este proyecto de cambio.

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La importancia de la paridad en política

En la edición especial dedicada a «Elecciones» de la revista de Diálogo Político se aborda un tema clave para conseguir un aumento en la calidad de la democracia: la paridad en la representación política entre mujeres y hombres. «La paridad, al igual que la cuota, es una medida de justicia social y de reconocimiento del aporte que hacen las mujeres en todas las esferas de la vida social y humana», escribe Niki Johnson.

La autora es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay y coordinadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas, en su texto del mencionado número especial sobre el tema.

Johnson analiza el impacto de la cuota de género en la política latinoamericana y su actual camino hacia la paridad. Es una cuestión clave porque no puede haber democracia si la mitad de la población no está representada; si la mitad de la población no puede acceder en condiciones de igualdad a representarnos; si las ideas, las maneras de hacer y los anhelos de la mitad de la población deben competir en la arena política, atravesando las paredes y saltando las barreras que el sistema, diseñado por hombres, les ha colocado.

[Lee también: De la cuota a la paridad: lecciones de América Latina]

Asimismo, hace un recorrido por diversas leyes de cuotas y cupos que se aprobaron en distintos países de América Latina: «Algo de impacto indirecto han tenido estas leyes en tanto que en la última década ya es un fenómeno mucho más común ver fórmulas presidenciales electorales que incluyen por lo menos una mujer. Esa mujer está incluida para el cargo de vicepresidenta, pero de todas formas rompe con la absoluta masculinidad de esos cargos que fuera la norma antes».

La cuota como techo de cristal

La autora alerta de que la implantación del sistema de cuotas ha tenido una inesperada consecuencia, la de haberse convertido en algunos lugares en techos de cristal para la participación de las mujeres en política. «Esto es por la aplicación que hacen los que controlan los procedimientos de selección de candidaturas y de armado de las listas electorales, que en general en la región sigue estando en manos de dirigencias masculinas», explica Johnson, y agrega que el sistema de cuotas es pervertido por quienes controlan el proceso de selección.

En efecto, el mecanismo es muy sencillo: si la cuota exige un tercio de mujeres, lo que hacen es colocar a las mujeres en puestos con menores posibilidades de salir elegidas, por ejemplo, en los lugares 3, 6, 9 y 12 de la lista. De esta manera, lo que la ley pretende que sea un piso mínimo se convierte en un techo de cristal. Otro más a sumar a la serie de barreras para la participación efectiva de las mujeres en política y la asunción de liderazgos en los países de Latinoamérica.

No es de extrañar que en la región solo haya habido 9 presidentas y de los más de 120 partidos importantes solo 20 están dirigidos por mujeres. Pero no hablamos únicamente de números. Como recuerda Niki Johnson en su texto, las encuestas de opinión pública muestran que en América Latina las tasas de confianza en los partidos políticos y Parlamentos están en niveles muy bajos. El valor de la propia democracia como sistema de convivencia y gobernanza está fuertemente cuestionado en algunos países de la región. En este escenario, la adopción de leyes de paridad representa un aporte fundamental en la construcción de una nueva forma de política más inclusiva y diversa, que tiene el potencial de resignificar y fortalecer las instituciones y prácticas de la democracia representativa.

El dilema de la obligatoriedad del voto

En la mayoría de los países no es obligatorio votar. Según el portal de la red ACE, que provee de información sobre elecciones, hasta 2021 en apenas 24 Estados era obligatorio votar. Y lo que es aún más interesante, la mayoría de ellos se encuentra en Latinoamérica. Aquí comienza un debate sobre los beneficios y los perjuicios de este sistema.

Se trata de un debate también abordado por este número especial «Elecciones» de la revista de Diálogo Político: la idoneidad o no del voto obligatorio en la región. Es una discusión recurrente en Latinoamérica, puesto que es la zona del mundo con mayor proporción de países que lo han instituido en su sistema político. El texto en el que se analiza es de la doctora Viola Neu, una autoridad en la materia, que actualmente se desempeña como subdirectora de Análisis y Consultoría y directora del Departamento de Investigación Electoral y Social en la Fundación Konrad Adenauer.

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En su artículo plantea la disyuntiva, explicando que los defensores del voto obligatorio cimentan su posición sobre la base de un deber democrático que el ciudadano tendría que cumplir y que una democracia podría, a su vez, exigir. Los opositores argumentan, de igual manera, a nivel moral, pero desde un ángulo sobre todo libertario. En este caso, se pone la libertad de elección en primer plano, o bien, la libertad frente al Estado, en la que se incluye asimismo la libertad de no participar en una elección, ya que nadie puede ser obligado a mostrar interés político.

Entre los detractores del voto obligatorio domina el escepticismo de que la calidad de la democracia mejore con el voto obligatorio, ya que, si aparecieran síntomas de una crisis de la democracia, estos no podrían remediarse ni siquiera mediante esa herramienta, como puede observarse en algunos países donde está implantada.

Reformas electorales y representación

Eduardo Repilloza Fernández es coordinador de Tecnología Electoral y Análisis de Datos en Transparencia Electoral de América Latina y autor un artículo en la edición especial dedicada a «Elecciones» de la revista de Diálogo Político sobre reformas electorales. En su texto explica que desde 1978 todos los países latinoamericanos han cambiado algún aspecto de su sistema electoral, en una búsqueda permanente por maximizar los beneficios de los partidos y lograr una mayor eficiencia del sistema político.

«Es importante hacer una distinción entre lo que es calidad de la representación en el Ejecutivo y en el Legislativo a nivel nacional, porque para el Ejecutivo en general es más fácil centralizar demandas y responder basado en líneas programáticas de gobierno. Con las últimas reformas en la región, la política lo que trata es de forzar al Legislativo a hacer lo mismo», analiza el experto.

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Además, Repilloza explica en su texto que las reformas no siempre alcanzan el objetivo propuesto. En algunos casos en los que se implementaron sistemas mixtos y voto preferencial, se debilitó el vínculo entre ciudadanos y representantes, y se fragmentó la oferta electoral. Esto debilitó además a los partidos, sin mejorar la calidad de la representación.

Es importante recordar que los sistemas electorales tienen un impacto en el sistema político, sobre todo en lo relativo a la composición de los poderes legislativos y la capacidad para gobernar de los partidos o coaliciones políticas. Generan certidumbre y las condiciones para que las preferencias de la ciudadanía se trasladen a resultados concretos.

Sistemas electorales a la carta

Por eso, es necesario también un cierto consenso entre los diferentes partidos y la necesidad de establecer mayorías cualificadas para las reformas electorales, porque, de lo contrario, podemos correr el peligro de buscar sistemas electorales a la carta para cada mayoría política que haya en un momento concreto. La expresión más refinada de ello es el gerrymandering. Es un concepto que refiere a la práctica de modificar las circunscripciones electorales en búsqueda del electorado propicio para ganar una elección. Algo que, hasta el momento, en Latinoamérica no es una práctica popular.

En todo caso, la querencia por los sistemas mayoritarios, que benefician a los partidos más grandes, debilita la representación de las minorías y con ello reduce la calidad de la democracia. Llueve sobre mojado, porque, como afirma Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral para América Latina, los últimos períodos electorales en la región se desarrollaron en un contexto de desintegración del tejido social y partidario.

En su aportación a esta edición especial sobre «Elecciones» de la revista de Diálogo Político, este politólogo por la Universidad de Buenos Aires defiende que las crisis socioeconómicas, la fragmentación y desafección partidaria, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, el debilitamiento de las instituciones democráticas y la polarización de la ciudadanía son algunos de los fenómenos que se han dado en la región y que impactan en los procesos electorales.

Transfuguismo

La crisis de representación deriva en episodios de transfuguismo, práctica nacida en las democracias parlamentarias europeas que ha sufrido su particular mutación en Latinoamérica.

Querido explica que, en sistemas presidencialistas como los latinoamericanos, el tránsfuga no solo suele ser un candidato electo o en ejercicio de sus funciones que cambia de color político. También puede ser un aspirante que no se ve beneficiado por la selección interna de candidatos que realiza su partido, y por ello busca presentarse con otro partido o de manera independiente para garantizar su candidatura. El político tránsfuga en América Latina se desvincula del partido al que pertenece, antes de las elecciones, para tener una plataforma con la que competir por un cargo.

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Hay quienes ven en las medidas para atajar el transfuguismo una restricción del derecho a elegir y ser elegido que tenemos los ciudadanos. Siempre hay posibilidad de debatir. Y ojalá que la siga habiendo. Eso hablaría bien del estado de nuestras democracias.

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