El orden internacional vigente durante las últimas décadas reviste un carácter netamente democrático liberal. Por ende lo normal es que los actores que lo cuestionan sean, sobre todo, quienes se desmarcan de la democracia liberal.

En la nota «El ataque a Ucrania y su impacto en América Latina» señalamos que la invasión rusa de Ucrania no es independiente de la regresión autoritaria que vive el planeta. Y cuando una nación como China se constituye como gran contrapeso comercial a Occidente, es natural que los regímenes autocráticos que hoy proliferan en todo el mundo busquen en Beijing el apoyo necesario para evadir las dificultades que les plantean las sociedades democráticas.

Si a pesar de su tamaño considerable Rusia no es una excepción en este sentido, ¿qué cabe esperar entonces de los regímenes autoritarios que gobiernan en naciones mucho más pequeñas?

El impacto de la crisis ucraniana sobre América Latina ha de ser encuadrado dentro de esta creciente tensión geopolítica global entre democracias y autocracias por una razón elemental: estas tensiones no se canalizan del mismo modo que las que surgen entre democracias. Es tan marcada la tendencia de los Estados democráticos a resolver las diatribas que emergen entre ellos de forma legal y pacífica que prácticamente no hay guerras entre democracias.

No sucede lo mismo cuando al menos un Estado autoritario entra en juego; en ese caso, la guerra ha solido ser, históricamente, una opción a considerar.

Quizás sea sólo ahora, al producirse la agresión rusa sobre Ucrania, cuando de verdad veamos las implicaciones potenciales que tienen tanto la penetración militar de Rusia en varios países del Caribe como la consolidación comercial de China en la región.

¿Interdependencia como freno a la guerra?

La guerra no suele ser la primera fase de un conflicto; es más bien la última, y eso sólo cuando llega a tener lugar. Esto es particularmente cierto en una época como la nuestra, cuando el arma nuclear continúa teniendo un potente efecto disuasivo y cuando nunca como hasta ahora los distintos países del mundo han sido tan codependientes en términos económicos, tecnológicos, sociales y culturales. Esta elevada interdependencia, impulsada por el orden demoliberal aún vigente en el plano internacional, ha llegado a sobrepasar cualquier diferencia política.

De ahí que las primeras tensiones en Iberoamérica no se experimenten en el plano de la guerra, sino más bien en el pulso comercial que China y Estados Unidos mantienen en la región y en ciertos desacuerdos que ambas potencias evidencian con respecto al tipo de régimen político que están dispuestas a tolerar y apoyar en nuestros países.

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Conviene entonces examinar los diversos planos en los que se desarrolla esta tensión —ahora agravada con la guerra en Ucrania— entre potencias democráticas y autoritarias por consolidar su influencia en América Latina. De entrada, cabe señalar que es natural que cada país ejerza dicha influencia en función de los medios que tiene más directamente a su alcance.

Así, vemos que si por un lado el peso de Occidente se ha hecho sentir históricamente en todos los planos —cultural, político, económico, militar, etc.—, en virtud de la relación existente durante cinco siglos entre los países de América Latina, Norteamérica y Europa, por su parte, naciones lejanas e históricamente ajenas a la región como son Rusia y China han encontrado mayores dificultades para ejercer su influencia. Pero si Rusia ya fue muy relevante en el siglo XX en virtud de su posición ideológica y militar, China comienza a serlo en el XXI en virtud de su gran poderío económico.

Socios comerciales

En el plano económico el papel de Rusia es menor, comparado con el peso ejercido por los Estados Unidos y China. Y aunque por ahora los Estados Unidos parecen seguir siendo el principal socio comercial de la región, los intercambios entre China y América Latina alcanzaron un máximo histórico en 2021, superando los USD 450.000 millones.

China no es sólo ya el principal socio comercial de la mayoría de los países sudamericanos —destacando los casos de Brasil, Argentina, Chile y Bolivia—. Además ha realizado una asertiva política de aproximación política a los sectores empresariales de todo el continente.

Todo esto ha venido incidiendo en el plano propiamente político. Frente a la aspiración —que privó en América durante los años 1990— de constituirse en un continente alineado con la democracia liberal, consagrada en la Carta Democrática Interamericana y en las sucesivas Cumbres de las Américas, hoy vemos en cambio que un creciente número de gobiernos latinoamericanos se van sumando a la retórica de un mundo multipolar, mientras establecen relaciones de entendimiento cada vez más estrechas con Rusia y China. Relaciones en las que los compromisos con la democracia suelen quedar fuera de la agenda.

En el plano militar Rusia sí juega un papel proporcionalmente mucho más significativo que en otros ámbitos. Ante la mirada más bien indiferente de los Estados Unidos, compañías como Rostec y Rosoboronexport ha ido potenciando durante las últimas dos décadas sus ventas de armamento en América Latina, mientras Moscú consolida una relación política y estratégica cada vez más estrecha con las tres autocracias actualmente presentes en América: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estos hechos, hasta ahora de escasa preocupación para Occidente, podrían cobrar una relevancia mucho mayor a propósito de la crisis ucraniana. Lo mismo cabe señalar con respecto a la creciente venta de armamento chino en diversos países de la región.

Avance del soft power

Además de lo que viene sucediendo en los planos político, militar y económico, también es importante considerar lo que acontece en materia de soft power. Si bien las barreras idiomáticas y culturales son considerables para Rusia y sobre todo para China, ambas potencias van encontrando medios para salvarlas. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia de covid-19, estos dos países se mostraron particularmente activos en la venta de sus respectivas vacunas a América Latina —incluso si el porcentaje de vacunados en sus propios países ha sido más bien bajo—.

En el ámbito cultural —académico, periodístico, comunicacional—, tanto China como Rusia han favorecido por diversos medios la consolidación de narrativas proclives a la idea no sólo de multipolaridad, sino de equivalencia moral entre democracias y autocracias.

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Particularmente, en el caso de Rusia se ha hecho evidente el modo en que a través de medios como Russia Today y Sputnik, así como de una activa utilización de las redes sociales, Moscú procura alimentar los conflictos internos dentro de las democracias occidentales, granjeándose así las simpatías de sus sectores políticos más extremistas —curiosamente tanto los de izquierda como los de derecha—.

En contra de las expectativas que han predominado en Occidente, tras estallar la guerra en Ucrania no parece que la eficaz gestión de estas tensiones pase por esperar una eventual democratización de Rusia y China.

El próximo 13 de marzo se elige el Congreso. Analizaremos qué tanta renovación tendrá y cómo las fuerzas pueden cambiar para un mayor poder de los partidos alternativos. Este año, los influenciadores también incursionaron en la política.

«¡Ojo con las elecciones al Congreso!», «¡Ojo con el 2022! Hay que cambiar el Congreso». Son afirmaciones que se han repetido en Colombia en los últimos meses y han sido enunciadas por personalidades como Álvaro Uribe o por columnistas de prensa y analistas.

Este 2022, año electoral en Colombia, parece tener aires de cambio. Por primera vez, el próximo 13 de marzo se dará una especie de primera vuelta presidencial con elecciones de precandidatos de las tres coaliciones de centro, derecha e izquierda que aspiran a disputarse la presidencia. Y ese día, los colombianos elegiremos a nuestros congresistas en una baraja con intentos de renovación.

Reconfiguración del Congreso

Este 13 de marzo los colombianos elegiremos nuestros representantes en el Congreso de la República: 108 senadores y 188 representantes a la Cámara.

Hace cuatro años, los partidos tradicionales siguieron teniendo una fuerte presencia en el Congreso. El triunfo del Centro Democrático, con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, que logró 19 sillas en el Senado y 32 en la Cámara de Representantes, fue el antecedente del triunfo de su candidato Iván Duque. Esto, sumado al apoyo de conservadores y cristianos, así como el debilitamiento de La U, partido del anterior gobierno de Juan Manuel Santos, llevó a que Duque gobernara con las mayorías en el Congreso.

En 2018, Cambio Radical, partido en ese momento del expresidente y candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras, fue el segundo en escaños en el Senado (16), seguido de los conservadores con 15, y los liberales y La U con 14 cada uno. Los partidos alternativos como Alianza Verde, Polo y la Lista de la Decencia obtuvieron 10, 5 y 4 escaños respectivamente.

Cámara de Representantes

En la Cámara de Representantes, el Partido Liberal obtuvo 35 escaños; el Centro Democrático, 32; Cambio Radical, 30; La U, 25; el Partido Conservador, 21; y la Alianza Verde, 9. El MIRA, Polo Democrático, Opción Ciudadana, la Lista de la Decencia y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), obtuvieron 2 curules cada uno.

Pero tan solo un año después, en las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores el mapa empezó a cambiar. Los partidos alternativos como Alianza Verde crecieron, mientras que el partido de gobierno fue derrotado en varias de las ciudades.

Para el 2022, analistas coinciden en un posible cambio y una mayor fuerza de los partidos alternativos. Héctor Riveros, en su columna del portal La silla vacía, calcula que «los sectores que conforman el Pacto Histórico pasarán de tener el 6 % de representación en el Congreso a por lo menos el 20 %. Si las encuestas de opinión, que no son fáciles para esta elección, se acercan al resultado, ese sector tendría unos 22 senadores y 25 representantes. Colombia podría tener por primera vez en toda su historia un Senado con mayoría absoluta conformada por sectores de centroizquierda».

¿Nuevas mayorías?

Riveros agrega que «si a los 22 senadores del Pacto Histórico se les suman 9 o 10 de la Coalición de la Esperanza, 4 del Nuevo Liberalismo, 5 de los Comunes, 2 de la circunscripción especial indígena y, eventualmente, al menos una parte de los 15 que elegirá el Partido Liberal, estaríamos cerca de que se integre una coalición mayoritaria con tendencia de centroizquierda, muy opuesta a la actual mayoría congresional. Nunca, en toda la historia republicana de Colombia, el Congreso ha tenido una mayoría de centroizquierda, ni siquiera en los años treinta, en la época de la Revolución en Marcha, cuando si bien el liberalismo tenía mayoría, una parte de sus senadores y representantes eran de convicciones que podrían encuadrarse en la centroderecha».

Juan Pablo Milanese, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi, asegura que estas elecciones tendrán varias diferencias. «La estrategia de Gustavo Petro con su lista cerrada en el pacto histórico parece que le va a funcionar y aumentará las curules con lo que fue la Lista de la Decencia, pero también está la aparición del Nuevo Liberalismo. Probablemente, el Centro Democrático baje porque pagará el costo del gobierno y la salida de Uribe como candidato». Y agrega: «Indiscutiblemente va a ver un reacomodo de la acomodación de los asientos y no es uno más ni uno menos, sino una cantidad sensible. Frente a la incertidumbre que genera eso, los partidos le apuestan a una diversificación de la estrategia», agrega Milanese.

Las nuevas estrategias

El debilitamiento y la mala imagen de los partidos, así como del Congreso, ha hecho que los partidos traten de cambiar su estrategia y maquillen sus listas con nuevos rostros. La llegada del Nuevo Liberalismo, luego de la decisión de la Corte Constitucional que revivió el partido del asesinado Luis Carlos Galán, y la llegada del movimiento feminista Estamos Listas, con su lista cerrada al Congreso, marcan una diferencia en estas elecciones. La decisión de la Corte también revivió el Movimiento Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado y Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt.

Entre los cabezas de lista de los 16 partidos y movimientos solo cinco son actualmente congresistas. Aunque entre ellos sí hay figuras con una historia en la política como el negociador en los acuerdos de paz y exvicepresidente Humberto de la Calle, de la Coalición de la Esperanza, o Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien fue candidato por este partido a la alcaldía de Bogotá en 2019.

El Partido de la U puso como cabeza de lista a la medallista olímpica Catherin Ibargüen para mostrar un cambio, aunque las maquinarias y los clanes tradicionales siguen en la lista.

El Nuevo Liberalismo, que va al Senado con lista cerrada y cremallera, tiene como cabeza a la periodista Mabel Lara, seguida del ex-Defensor del Pueblo, Carlos Negret y de la académica Sandra Borda, quien tiene amplia difusión como tuitera.

Personajes como Borda o Ariel Ávila, parte de las listas del Centro Esperanza por la Alianza Verde, reconocido como uno de los investigadores en el tema de la parapolítica y que en 2018 abrió su canal de youtube Ariel Analiza, buscan cautivar el voto de opinión.

Pero aparte de estos candidatos, cuyo origen es la academia aunque han tenido una amplia influencia en las redes sociales, hay otro grupo de candidatos que directamente saltan de las redes sociales a la política.

Los influenciadores al ruedo de la política

Las elecciones de 2008 en Estados Unidos, con la estrategia digital de Barack Obama, y ocho años después la arremetida de las noticias falsas con Donald Trump han evidenciado que la estrategia digital es una parte vital de las elecciones. En Colombia, personalidades como el expresidente Uribe y el precandidato Gustavo Petro han incursionado en redes sociales como Twitter. Y el candidato Rodolfo Hernández ha sido tendencia por sus videos en Tik Tok.

Pero esta vez no solo los candidatos saltan a las redes, sino que los influenciadores de las redes saltan como candidatos. En las listas a la Cámara de Representantes vemos a influenciadores como la periodista Catherine Juvinao, reconocida por la campaña Trabajen Vagos para investigar a los congresistas; Francisco Rojas, quien está detrás del perfil de Twitter Movimiento Naranja; Beto Coral, Físico Impuro, Polo Polo y María Fernanda Carrascal, entre otros.

En este ecosistema de candidatos hay desde periodistas, pastores cristianos famosos en redes, analistas con amplia difusión en redes y tuiteros activistas. Luego de las elecciones de marzo no solo quedará clara la fuerza de los partidos políticos sino también la de estos influenciadores, si logran convertir clics en votos, pues el panorama de las elecciones del Congreso está muy ligado a las maquinarias y a los clanes electores.

Las relaciones cívico-militares son de suma importancia en una región marcada por las recientes dictaduras militares y la extendida violencia interna. Con la redemocratización, uno de los retos comunes para los países de Latinoamérica ha sido reformar, encauzar y adaptar las instituciones, agentes y actividades militares a los dictados democráticos.

En Brasil, desde la Constitución de 1988, promulgada tras la dictadura cívico-militar que empezó en 1964, se han observado múltiples obstáculos para romper con el orden dictatorial anterior y su legado, como la presencia militar en el aparato estatal y en el proceso de toma de decisiones políticas.

Recientemente, con la llegada del capitán (r) Jair Bolsonaro a la presidencia en 2019, este escenario se ha agravado. La participación de sectores militares se ha materializado en los más diversos espacios de la vida pública civil del país, con amplia participación militar desde la redemocratización.

Número de militares

En julio de 2020, el Tribunal Federal de Cuentas determinó que había «6.157 militares que ejercían funciones civiles en la administración pública federal». También en 2020, durante la crisis inédita provocada por la Covid-19, el aumento del número de militares en puestos en todos los niveles del Ministerio de Salud fue notorio y llamativo. Resaltamos el caso de un general en servicio activo, sin experiencia en el área de salud, que fue designado para el cargo de Ministro de Salud. En el mismo período, once de los veintitrés ministros de Jair Bolsonaro eran militares retirados o en servicio activo.

El aumento de la participación de personal de las Fuerzas Armadas en los organismos estatales y gubernamentales, además del incremento presupuestal para su beneficio sectorial, ha ido acompañado de la construcción de un marco legal que busca legitimar y blindar su actuación en actividades subsidiarias, especialmente las relacionadas con la seguridad pública. Este movimiento se refleja en la ampliación de la justicia militar para juzgar casos que involucran a civiles.

Los excesos de la justicia militar en Brasil

La justicia militar brasileña es una justicia corporativa, formada en su gran mayoría por militares en servicio activo, sin formación jurídica y sometidos a una cultura militar basada en la jerarquía y la disciplina. La justicia militar tiene como misión aplicar una legislación especial publicada en 1969, en plena dictadura cívico-militar: el Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal Militar. Estos factores ponen en jaque la independencia e imparcialidad de la justicia militar para juzgar casos que involucren a civiles, ya sea que estén en posición de acusados o de víctimas.

Además de los vicios derivados de la composición y la legislación aplicable, que en gran medida no se ajusta a las innovaciones que se han introducido al Código Penal y al Código Procesal Penal en los últimos años, existe un problema de socialización que hace que la balanza de la justicia militar esté siempre desequilibrada a favor de las fuerzas armadas. Esto se debe a que, en los términos de la propia Constitución, las fuerzas armadas se organizan «sobre la base de la jerarquía y la disciplina» (art. 142).

Por eso, en noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló al Estado brasileño que las acciones penales de responsabilidad deben ser procesadas y juzgadas por la jurisdicción ordinaria y no por la justicia militar. La Corte IDH trató de evitar la impunidad de los militares implicados en violaciones de derechos humanos en el contexto de la guerrilla de Araguaia, durante la última dictadura (caso Gomes Lund y otros vs. Brasil).

Acciones penales

En 2018, en la sentencia del caso Herzog y otros vs. Brasil, afirmó que el marco legal instituido por el mencionado régimen, que ampliaba la competencia de la justicia militar, aseguraba la impunidad «de quienes practicaban secuestros, torturas, homicidios y desapariciones» (§ 238). Reforzando esta orientación, en numerosas ocasiones la Corte IDH ha afirmado que los tribunales militares tienen un carácter excepcional y restringido, y que el juzgamiento de casos que involucran a civiles debe corresponder a la justicia ordinaria, como por ejemplo: Cantoral-Benavides vs. Perú (2000), Palamara Iribarne vs. Chile (2005), y Rosendo Radilla vs. Estados Unidos Mexicanos (2009).

La Constitución de 1988 solo estableció que la justicia militar «es responsable de procesar y juzgar los delitos militares definidos por la ley». Dos de estas leyes son legados directos del régimen autoritario establecido en 1964: el Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal Militar, ambos de 1969.

El artículo 9, punto III, del Código Penal Militar señala que los delitos cometidos por civiles «contra las instituciones militares» se consideran «delitos militares» y que, por tanto, serán competencia de la justicia militar (y no de la justicia común).

Estos defectos originales de la justicia militar nunca fueron eliminados por el orden democrático de 1988, ni a través de la legislación ni de los tribunales: las acciones ante el Supremo Tribunal Federal, por ejemplo, están pendientes de sentencia desde hace años.

Justicia militar

Por el contrario, a lo largo de la última década se han dictado normas que amplían la competencia de la justicia militar, como la Ley Complementaria 117 de 2004. Este instrumento legal estableció que el empleo de las fuerzas armadas en la garantía de la ley y el orden (GLO) se consideraría actividad militar a efectos de la aplicación del fuero de la justicia militar, y la Ley Complementaria 136/2010 atribuyó el carácter de actividad militar al empleo de las fuerzas armadas en actividades subsidiarias, entre las que se encuentran las actuaciones «contra los delitos transfronterizos y medioambientales» y también la «represión de delitos con repercusión nacional e internacional».

A estas hipótesis, la ley 13491/2017 agregó el homicidio doloso —con intención de matar—, perpetrado por personal militar de las fuerzas armadas contra civiles. Con este cambio, la policía civil ya no tiene atribuciones para realizar investigaciones que involucren a soldados acusados de homicidio en el ejercicio de sus funciones o en actividades subsidiarias, como en la seguridad pública o la vigilancia. La investigación y el juicio de los crímenes —que antes se sometían a un jurado popular— han permanecido desde entonces en la esfera militar. La nueva ley, aunque viola flagrantemente la disposición constitucional que establece la competencia del jurado en estos casos (art. 5, inciso XVIII), sigue vigente ante el silencio del Supremo Tribunal Federal, donde se están tramitando acciones al respecto.

¿Nuevos proyectos legislativos, más impunidad?

Paralelamente, se han presentado propuestas legislativas que amenazan con reforzar la impunidad de los agentes del Estado que cometen violaciones de los derechos fundamentales de la población civil. Ya en 2017, el proyecto de ley 9432, proponía, entre otras medidas, la exclusión de la ilicitud «cuando el militar en función de mando, ante la inminencia de un peligro o calamidad grave, obligue a los subordinados, por medios violentos, a realizar servicios y maniobras urgentes, para salvar la unidad o vidas, o evitar el desánimo, el terror, el desorden, la rendición, la revuelta».

Durante el gobierno de Bolsonaro, se presentaron otros dos proyectos de ley en este sentido. El primero, rechazado por el Congreso en 2019, formaba parte del llamado «Paquete anticrimen», encabezado por el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro. El paquete pretendía ampliar el concepto de legítima defensa a los casos en los que un agente de policía o de seguridad «evita una agresión injusta e inminente» contra sí mismo o contra otra persona, o cuando existe un «riesgo de agresión» a la víctima tomada como rehén (PL 882/2019). La segunda, actualmente en tramitación, aplica para las operaciones de garantía de la ley y el orden la presunción de legítima defensa cuando se produzca «la práctica o la inminente práctica» de «actos de terrorismo» o «conductas capaces de causar la muerte o lesiones corporales», «la restricción de la libertad de la víctima, mediante violencia o amenaza grave» o «la portación o el uso ostensible de un arma de fuego» (PL 6125/2019).

Horizonte

Este escenario nos presenta un horizonte trágico de desequilibrio institucional en las relaciones cívico-militares, en el que se combinan, por un lado, el aumento de la violencia y el autoritarismo, y por el otro, el blindaje institucional promovido por la expansión de la justicia militar con miras a la impunidad.

Un camino para evitar la profundización de la erosión de la democracia brasileña y aumentar el riesgo de una ruptura autoritaria, es fortalecer su compromiso con la democracia y los derechos fundamentales. En este sentido, es necesaria y apremiante la limitación de la competencia de la justicia militar. Especialmente, y con mayor urgencia, en aquellos casos que involucren a civiles.

Nota publicada originalmente en el sitio web Agenda Estado de Derecho, con el apoyo del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenuaer.

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Hay cada vez más investigaciones que están revolucionando nuestro conocimiento sobre el cerebro humano. Estas investigaciones han dado lugar en los últimos años a un área multidisciplinar llamada neurociencias. De estas han surgido nuevas disciplinas como la neurofisiología, la neurolingüística, la neuropsicología, la neurogenética, dentro del campo científico, que han cambiado radicalmente lo que sabíamos sobre los procesos mentales, las emociones y el aprendizaje.

Junto con las neurociencias han aparecido las nuevas neurotecnologías. Con un desarrollo imparable, abren un horizonte de posibilidades impensables hasta hace poco tiempo para la medicina, pero también de riesgos para la libertad y el respeto de la dignidad humana. Así, se está planificando el desarrollo de dispositivos para decodificar la información de nuestro cerebro, descifrar el código neuronal, amplificar nuestros sentidos, modificar nuestros recuerdos o crear cyborgs.

Los debates en bioética y las agendas políticas en estos temas se complejizan para establecer los límites entre las posibilidades para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas y los abusos y manipulaciones que pueden hacerse con las personas hasta niveles solo vistos en el cine de ciencia ficción.

Neurociencias e inteligencia artificial

La evolución de la neurociencia y, en paralelo, de la neurotecnología es imparable. Por un lado, las nuevas tecnologías de intervención sobre el cerebro permiten solucionar problemas de visión, de audición, de memoria y se está trabajando sobre enfermedades neurodegenerativas.

Pero, al mismo tiempo, se pretende impulsar desde el ámbito militar un modem cerebral que se implantaría en el cráneo del soldado para ampliar capacidades cognitivas buscando crear un supersoldado, junto a otras herramientas de superación de capacidades físicas.

El proyecto Neuralink, de Elon Musk, va más lejos. Pretende desarrollar una interfaz cerebro-máquina (bidireccional) que no solo estimulará el cerebro, sino que podrá recibir e interpretar información proveniente de la mente humana. Hecha la conexión se podrán identificar emociones, pero también inducirlas y crear estados de ánimo. Algunos llegan a especular con que se podrá leer el pensamiento de una persona, penetrar en su memoria y controlarla. Y no estamos hablando de una novela de ficción, sino de proyectos reales.

¿Qué pasaría con el análisis de esta información por medio de técnicas de big data para el marketing o las campañas electorales? ¿Cómo afectaría a los fundamentos de los sistemas democráticos que presuponen la deliberación pública y racional entre personas mentalmente libres?

Aunque algunos estudios actuales de neuropolítica ponen en cuestión algunos presupuestos racionalistas heredados de la Ilustración y atienden más al peso de las emociones y los marcos mentales para la aceptación de los hechos[1], la modificación del cerebro, más allá de lo que podamos saber sobre su funcionamiento, nos llevaría a posibles escenarios no imaginados por los teóricos de la neuropolítica. Lo que hemos visto con el manejo y análisis de datos y el poder de las redes sociales es insignificante en comparación con los desafíos que implicarían estos proyectos en materia de libertades y protección de derechos.

Aunque suene a ciencia ficción, en las próximas décadas veremos dispositivos capaces de decodificar la información de nuestro cerebro y de modificar nuestra memoria y nuestra percepción de la realidad.

Neuroderechos

En este escenario entran en juego los debates ante los límites éticos y jurídicos. Se está pensando sobre un nuevo marco jurídico internacional de derechos humanos llamado neuroderechos, como algo imprescindible para proteger nuestra privacidad mental y la dignidad de toda persona. En esta línea existe una comunidad internacional de neurocientíficos que han creado una fundación para desarrollar un código deontológico para científicos implicados en neurotecnología y para el reconocimiento internacional de neuroderechos.

La regulación internacional debería establecer tanto principios fundamentales de protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales como una regulación que permita el avance en cuestiones de salud, pero poner límites al mejoramiento humano con fines transhumanistas o que pongan en peligro la privacidad y la libertad de las personas.

Por diversas cuestiones referidas a la manipulación biotecnológica es que está surgiendo un nuevo sector dentro del derecho internacional especializado en bioética, por la necesidad de abordar los riesgos ligados a los nuevos desarrollos que afectan la vida en su sentido más amplio, no solo a los seres humanos. No se centra tanto en las relaciones entre los Estados, sino en la protección de la humanidad como comunidad de destino común. Algunas normativas comienzan a anticipar los riesgos y se adoptan antes de que los intereses políticos y económicos impidan el consenso en torno a principios y criterios de actuación.

En setiembre de 2021, en Chile se legislaron neuroderechos, anticipándose a problemas futuros que surjan debido a los progresos de la neurotecnología, y se ha vuelto una referencia para la reflexión internacional y futuras regulaciones. La ley chilena establece que «el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y que se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica».

Los cinco neuroderechos que quieren sumarse como nuevos derechos para proteger nuestros cerebros son:

• 1. Identidad personal: no alterar el sentido del yo bajo ninguna circunstancia.
• 2. Libre albedrío: las personas tomarán las decisiones libremente, sin manipulación neurotecnológica.
• 3. Privacidad mental: No se podrán utilizar datos de la actividad cerebral sin el consentimiento de las personas.
• 4. Protección contra sesgos: No se podrá discriminar a las personas a partir de datos obtenidos por neurotecnologías.
• 5. Acceso equitativo: las mejores de capacidades cerebrales deben ser accesibles a todos.

¿Un problema solo de palabras?

Si bien el concepto de neuroderechos no me parece muy convincente ni adecuado, porque los derechos no son del cerebro ni de las neuronas, sino de la persona, el objetivo de estas propuestas de nuevos derechos lo que hacen es buscar que se respete y se protejan derechos y libertades fundamentales que se derivan de la dignidad humana y que parecen estar en riesgo ante proyectos transhumanistas.

A su vez, esta iniciativa chilena intenta aplicar el principio de precaución y de responsabilidad intergeneracional,[2] entendiendo que podemos afectar no solo a las nuevas generaciones, sino a la especie humana en sus derechos fundamentales.

El problema con las nuevas tecnologías es que van desarrollándose y aplicándose antes de que exista la debida reflexión y discernimiento que permitan la correspondiente prudencia y precaución para evitar graves consecuencias para la vida humana. Si bien el entusiasmo en las ciencias biomédicas permite soñar una mejor calidad de vida para las personas más afectadas por discapacidades severas o enfermedades degenerativas, no es superfluo el impacto negativo que pueden tener estos proyectos sobre las personas, la convivencia social, la libertad de los individuos y, por ello, sobre la democracia tal como la conocemos. Un nuevo desafío de responsabilidad política que requiere un profundo y serio discernimiento multidisciplinario.

[1] Lakkof, G. (2008) The Political Mind. Nueva York: Viking.

[2] Jonas, H. (1995). El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder.

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La invasión rusa de Ucrania constituye, posiblemente, la evidencia más visible de que estamos ante un cambio profundo en el curso de la política internacional. En ella se concentran y sintetizan tal cantidad de elementos que, con toda probabilidad, y a falta de conocer su desenlace, dicha guerra será recordada como un importante parteaguas en la historia mundial. No obstante, es interesante examinar en qué medida dicho giro sobreviene como consecuencia de tendencias globales que se han venido consolidando desde que entramos en el siglo XXI.

Por un lado, las últimas tres décadas están marcadas por el indudable predominio de una visión liberal de la sociedad y de la política internacional. Como manifestaciones de ese predominio observamos una relativa consolidación de la tercera ola democratizadora (1974-1994), la expansión de la noción de derechos humanos, el avance del multilateralismo y el multiculturalismo, la flexibilización de las fronteras, la profundización de la unificación europea, el crecimiento económico sostenido, el enorme progreso material y tecnológico, la reducción de las tasas de pobreza y pobreza extrema a nivel global y, en suma, la expansión de la globalización liberal y todo eso que Fukuyama llamó en su momento «el fin de la historia».

Pero, por otro lado, en medio del auge de dicha hegemonía liberal también se han ido gestando todo tipo de reacciones adversas. Ante la reducción general de la pobreza ha emergido el clamor contra la desigualdad. Ciudadanos cada más prósperos cuentan con expectativas cada vez mayores. El auge de las redes sociales aumenta la presión sobre el desempeño de la función de representación política. La mayor fluidez en el movimiento de bienes (materiales y culturales), capitales y personas pone a prueba nuestras capacidades para gestionar lo transnacional y lo multicultural. Y la democracia liberal, en definitiva, experimenta tensiones crecientes que han desembocado en lo que ya es descrito como una nueva regresión autoritaria a nivel mundial. Quizás no sea «el regreso de la historia», pero sí es el retorno de la realpolitik.

Reacción contra el liberalismo

En la Rusia regida por Vladimir Putin se concentran de modo particularmente acusado y evidente todas estas dinámicas reactivas ante la hegemonía liberal de las últimas tres décadas. Su desafío armado ante Ucrania encarna lo que, hasta ahora, podría ser considerado como la máxima manifestación de la reacción iliberal, siendo como es un desafío directo y explícito contra la mayor alianza militar de Occidente y del mundo entero: la OTAN. ¿Lograrán en definitiva imponerse las tesis de lo que en algún momento se dio en llamar el mundo libre, o los últimos treinta años terminarán siendo recordados como un idílico y efímero interregno entre dos largas etapas de confrontación global?

A estas alturas no es posible dar una respuesta a tal pregunta, ni pretendemos aquí asomar posibles escenarios al respecto. Lo que nos interesa en este breve espacio es examinar de modo sucinto el modo en que la ofensiva bélica de Rusia en Ucrania, entendida en los términos expuestos en los párrafos anteriores, podría afectar a América Latina en el corto y mediano plazo.

Empezaremos realizando algunas precisiones de cara a la comprensión de la dimensión geopolítica de este conflicto. Lo primero que conviene tener presente es que el conflicto en Ucrania no debe ser entendido únicamente como una confrontación entre Rusia —un país que, según ya indicara Samuel Huntington en su momento, constituiría el centro de una civilización al menos parcialmente diferenciada de Occidente—, sus vecinos europeos y los países englobados en la OTAN.

Desafío a la OTAN

El desafío de Putin a la alianza atlántica, así como sus posibles implicaciones para América Latina, sólo pueden ser correctamente entendidos en el marco de una tensión global de la que China constituye un actor fundamental, al punto que del comportamiento del gobierno de Xi Jinping dependerá en buena medida el curso de los acontecimientos.

En segundo lugar, no cabe duda de que el papel de Rusia es más bien secundario en un contexto global configurado por la nueva bipolaridad global que genera el formidable desarrollo económico, tecnológico y militar de China. No obstante, la considerable extensión geográfica, el potencial energético y el poderío nuclear de Rusia hacen de ella un actor fundamental con capacidad para incidir notablemente en el desarrollo de las crecientes tensiones entre los Estados Unidos y China. De ahí que quepa esperar, en una medida nada despreciable, que el desarrollo de la competencia entre el gigante norteamericano y el Estado chino —con diferencia los principales socios comerciales de América Latina— dependa de cuál de ambos polos sea capaz de atraer a Rusia a su terreno.

En tercer lugar, y en relación con lo anterior, conviene no perder de vista que tanto Rusia como China se perciben —y son— distintas a Occidente. Ambas abandonaron sus monarquías mediante sendas revoluciones comunistas. Ambas experimentaron, con sus variantes, tanto el control despótico a manos de sus respectivos partidos comunistas como las limitaciones de la planificación económica centralizada. Y, tras la caída del muro de Berlín, ambas han extraído grandes beneficios del libre mercado, pero ninguna de las dos se ha regido jamás por un régimen de genuina libertad política e individual.

Ausencia de libertad

La prolongada continuidad de esta ausencia de libertad parece ser esencial para comprender por qué las élites del poder que gobiernan tanto en Rusia como en China procuran reconstruir el poderío de sus naciones desde concepciones políticas ajenas a la democracia liberal, y en confrontación cada vez más abierta con esta.

En este sentido, es llamativo que Rusia y China, apenas tres semanas antes de la invasión rusa a Ucrania, publicaran desde Beijing un comunicado conjunto —que vagamente, y salvando todas las distancias, nos recuerda el pacto Ribbentrop-Molotov, suscrito nueve días antes de la Segunda Guerra Mundial. En él manifestaban que «la amistad entre ambos Estados no tiene límites», y que no existen «áreas prohibidas de cooperación» entre los dos países. Nada garantiza que Putin y Xi Jinping honren dicho acuerdo hasta sus últimas consecuencias. Pero en todo caso nos da una idea de quién puede ser el principal beneficiario del conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN.

Todo lo anterior sirve como preámbulo para analizar hasta qué punto la repercusión de la guerra en Ucrania sobre América Latina está relacionada con la tensión global entre las potencias que defienden la democracia liberal y las que no sólo no la comparten, sino que incluso la combaten.

El mundo asiste con asombro a la primera guerra de la posverdad, iniciada impúdicamente por uno de sus paladines, que viene justificando sus atropellos desde un conglomerado de medios creado casi al tiempo en que el conflicto con Ucrania empezara. Las grandes guerras del siglo pasado se gestaron junto con los medios masivos y las teorías de la hegemonía ideológica. La guerra de la posverdad está experimentando con las plataformas y la falta de certezas.

Paradójicamente, las mismas redes que propician la circulación de desinformación son también el lugar donde la vieja propaganda sería rápidamente detectable. Por eso mismo el sistema de la posverdad requiere de una mayor sofisticación. Su poder no está tanto en la manipulación directa sino en la desconfianza generalizada que cultiva la proliferación de versiones. Los sistemas de desinformación suelen legitimarse como la solución a la desinformación, al a) presentarse como la versión alternativa, b) que viene a develar algo que alguien quiere mantener oculto, c) aprovechando alguna evidencia pequeña para desarrollar un gran engaño.

Medios alternativos

El desarrollo de un medio «alternativo» se apoya en la idea de las dos campanas, tan afín a la polarización de la época como falaz teóricamente. Su premisa es que el contraste de visiones de una noticia enriquece la perspectiva. Esto habilitó a muchos gobiernos a financiar medios gubernamentales con el justificativo de brindar versiones oficiales para desmentir las que publica la prensa tradicional. Montados en el prestigio de los verificadores, se arrogaron la potestad de chequear al periodismo a través de fact-checkers oficialistas. La falacia de ese supuesto es que el balance entre una noticia veraz y una falsa no es la verdad promedio, sino una verdad a medias.

La agencia de noticias que sirve de fachada para la oficina de prensa gubernamental, adopta las formas de un agencia de noticias internacional: distribución en la mayor cantidad de países, corresponsales locales para escribir variedades con que camuflan los partes oficiales, y opiniones de analistas que dan legitimidad a lo informado. Sin embargo, la diferencia con medios de derecho público como la BBC o la DW es que estos son entes de gestión autónoma con consejos ciudadanos y rendición de cuentas, mientras que los medios institucionales dependen financiera y políticamente de los gobiernos. Así lo aclara Twitter en las cuentas pertenecientes al sistema ruso.

No lo hacía en 2014, cuando la señal RT se empezó a emitir en el sistema de la Televisión Digital Argentina. Ni era un condicionamiento para la entonces presidente por segunda vez (y actual vicepresidente), que dijo de la iniciativa: «Es multilateralismo en serio, es pluralidad en serio y diversidad» porque, a su criterio, se trataba «no solo de escuchar una sola campana, sino todas las campanas para elaborar la propia opinión». La paradoja es que la supuesta pluralidad se postula desde una posición monolítica que descalifica sino persigue cualquier versión que contradiga la campana oficial.

Las tres P

Al alimentar la polarización, la posverdad es funcional al populismo. Estas serían las tres P en que se apoyan las autocracias, según Moises Naim analiza en su último libro La revancha de los poderosos. «Así como las seudociencias se apropian de las formas externas a las ciencias para pervertirlas, la seudoley toma prestado el aspecto del principio de legalidad para vaciarlo de contenido».

La misma operación aplica a los seudomedios al servicio de un gobierno. Estos buscan remedar los medios de servicio público, con poca credibilidad en particular, pero muy efectivos a la hora de relativizar la información en general. En la etimología de ψεῦδο está la idea de impostación, de como si. Naim cita a Hannah Arendt para recordar que «el objeto ideal de la dominación totalitaria no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas para quienes ya no existen la distinción entre el hecho y la ficción […] y la distinción entre lo verdadero y lo falso».

A la operación de verosimilitud le basta un hecho aislado para presentar una versión descabellada que justifica su rareza en que se trata de una revelación. Así reza la cuenta de la agencia Sputnik: «We exist to tell the stories that aren’t being told». El artificio se perfecciona agitando la sospecha de conspiraciones que obstaculizan la realización de grandes causas. Como la «Operación para limpiar Ucrania de nazis» con que el Kremlin venía justificando su invasión, como menciona el libro de Naim. Y que apareció como una de las noticias de esa agencia rusa el 22 de febrero fatídico.

El sistema de propaganda de estos tiempos de escepticismo generalizado sabe que la manipulación simbólica a través de medios es improbable. La hipótesis de manipulación por medios y mensajes ya había sido refutada a mediados de siglo XX, cuando las teorías de la comunicación asumieron los efectos moderados, si no difusos, de la comunicación. Sin negar la importancia de las campañas de comunicación en la estrategia política, quedó demostrado que su efectividad está supeditada al concurso de otros factores coercitivos como el ejercicio de la fuerza, la coacción o, simplemente, la naturaleza de las circunstancias.

Rol del relativismo

Hacia el final del siglo, el posmodernismo teorizó la imposibilidad de certezas y legitimó el relativismo al punto que fue confundido con pensamiento crítico. La consecuencia es el escepticismo generalizado que intoxica incluso a las democracias más consolidadas. Lejos de la duda razonable que lleva al conocimiento, sus cultores esparcieron el veneno de la desconfianza generalizada. Allí se gestó esta guerra de la era de la posverdad.

La paradoja es que en la misma entropía del sistema está su contrapeso. La desinformación se confirma como una mínima parte de una abrumadora mayoría de información que ya no es un privilegio de medios o de gobiernos. La información que llega directamente desde Ucrania confirma que los ciudadanos como cronistas de guerra inmediatos perforan las burbujas de las elites informadas y van más rápido que los corresponsales. Años de construcción de una red oficial rusa se muestra limitada frente a la agilidad de los microvideos que se popularizaron durante la pandemia. Y que, a pesar de su juventud (o quizás por eso), antes había burlado a Trump y ahora expone al mundo en videos de segundos la crueldad de Putin y desmorona la moral interna.

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Como muchos otros, nosotros en la Fundación Konrad Adenauer estamos siguiendo los eventos en Ucrania con consternación e indignación. Nuestros pensamientos están con las personas en el lugar en estas horas difíciles. La agresión de Rusia no es solo un ataque a Ucrania, sino también un ataque a nuestro orden europeo e internacional; por último, pero no menos importante, cuestiona nuestro trabajo en Rusia y en toda la región. La guerra ahora está arrasando de nuevo en Europa: demasiados líderes en la política y la sociedad han suprimido las experiencias del siglo XX con sistemas autoritarios durante demasiado tiempo y quieren reemplazar la realidad con ilusiones.

La Fundación Konrad Adenauer tiene una oficina de relaciones exteriores en Kiev desde 1994; desde 2017 también en Kharkiv, en el este de Ucrania, para acompañar los desarrollos en una región que es crucial para toda Europa. Al abrir la oficina, deliberadamente queríamos enviar una señal de que seguiríamos apoyando a Ucrania en su proceso de reforma y que defenderíamos su integridad territorial.

Nuestros colegas, la Dra. Brigitta Triebel, Tim Peters y Bruno Hamm-Pütt, que se ocupan de nuestras oficinas en Ucrania, están de regreso en Alemania. También tomamos medidas de apoyo para nuestro personal local, por quien nos preocupamos. Además, estamos evaluando constantemente cómo los eventos actuales afectan nuestras oficinas y nuestro trabajo en otros países relevantes. Las consecuencias previsibles e imprevisibles de los acontecimientos actuales en ese país para el orden europeo e internacional plantean un desafío particular para el trabajo de las fundaciones políticas en la región.

Es evidente que otros países están observando de cerca la forma en que nosotros en Europa, y junto con nuestros socios transatlánticos, estamos respondiendo a la agresión rusa. Debemos estar hombro con hombro con las democracias de todo el mundo y encontrar respuestas juntos. Aunado a esto, con la esperanza de que muchas personas, incluidas y especialmente las más jóvenes, vuelvan a trabajar más duro por la democracia, el Estado de derecho y la coexistencia pacífica. 

Prof. Dr. Norbert Lammert

Presidente de la Fundación Konrad Adenauer. Político perteneciente a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU). Expresidente del Parlamento Federal (Bundestag).

El 14 de febrero de 2021, el Estado de Honduras recibió la solicitud de Estados Unidos para la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, por suponerlo responsable de colaborar con el narcotráfico y el crimen organizado, propiciando el envío de drogas a su territorio. El 15 de febrero de 2021, la Corte Suprema de Justicia emitió la orden de prisión preventiva y designó al juez natural que llevará el caso.

El proceso

El expresidente fue requerido en su vivienda de Tegucigalpa y trasladado al comando especial de la Policía. Para proteger su seguridad e integridad, no estará recluido en una prisión estatal. En virtud de lo que emana la ley, el 16 de febrero se dictó la audiencia inicial para presentar los requerimientos que imputan a Hernández. Ese día, el juez natural estableció que la próxima audiencia será el 16 de marzo de 2021 y se hará un estudio del caso para determinar si es admisible la extradición. No se descarta que en dicha audiencia se solicite ampliación de tiempo para dar prórroga al caso.

De suponer que la orden de extradición es admisible, Juan Hernández tiene el derecho de una apelación ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Si se llegase a admitir el recurso de apelación, significa que se deniega la orden de extradición y Hernández tendría que ser puesto en libertad. En caso contrario, si se llegase a denegar el recurso de apelación, se estaría aprobando la solicitud de extradición a Estados Unidos y el juez natural tendría que emitir la orden de entrega.

En caso de que el expediente de Hernández tuviese requerimientos fiscales pendientes con la justicia hondureña y que hayan sido presentados previo a la solicitud de extradición, no podría ser enviado a Estados Unidos hasta pagar sus delitos en Honduras.

¿Quién es Juan Orlando Hernández?

Nació el 28 de junio de 1968 (53 años de edad) en el municipio de Gracias, en el departamento de Lempira (zona de la ruta lenca-maya hondureña). Obtuvo su título de licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde muy joven comenzó su carrera política en las filas del Partido Nacional de Honduras (PN), donde rápidamente demostró su vocación política y capacidad de liderazgo. En 1998 se convirtió en diputado propietario del Congreso Nacional y este hecho marcó el inicio de una carrera de ascenso.

Los conflictos que experimentó la nación a consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, aunados con las disputas y divisiones del Partido Liberal (que era gobierno en ese entonces), facilitaron la consolidación del PN y de Hernández en el sistema político del país.

Entre 2010 y 2014 estuvo a cargo de la presidencia del Congreso Nacional. En ese periodo se impulsaron algunas iniciativas controversiales, como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la intervención del Ministerio Público, la sustitución del fiscal general y la derogación de los artículos pétreos de la Constitución que impedían la reelección presidencial, entre otras. Sin embargo, se aprobó la reforma al artículo 102 constitucional que permite la extradición de hondureños por delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo, cuando existe un tratado o convenio con el país solicitante.

Un giro en el panorama

En las elecciones generales de 2013 dio un paso significativo al convertirse en el presidente de la República para el periodo 2014-2018, forjando la segunda victoria consecutiva del PN. Posteriormente se postuló para la reelección presidencial con el favor de las leyes que se habían modificado durante su gestión en el Congreso Nacional. En medio de un controversial proceso electoral realizado en noviembre de 2017 (del cual continúan las denuncias de fraude y acusaciones de delitos por traición a la patria), el Tribunal Superior Electoral declaró la victoria de Hernández y se oficializó la reelección presidencial para el periodo 2018-2022.

Con el giro hacia un nuevo gobierno para 2022-2026 y la investidura de la presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (opositor del PN durante la última década), se instauran nuevas autoridades gubernamentales y se propician cambios en la política exterior de Honduras.

Dos escenarios controversiales

La trayectoria de Hernández presenta dos particularidades: por un lado ayudó a la extradición de varios narcotraficantes hondureños a Estados Unidos y a la disminución del trasiego de la droga en su país; por el otro lado de la moneda, figuran constantes denuncias y testimonios de operadores de justicia, políticos e incluso narcotraficantes que vinculan a Hernández con acciones ilícitas de narcotráfico.

El 30 de marzo de 2021 se dictó sentencia en una corte de Nueva York contra Juan Antonio Hernández Alvarado (hermano del expresidente), que paga una condena de cadena perpetua más treinta años de prisión por los delitos de conspirar para transportar drogas al territorio estadounidense, conspirar para usar armas y dispositivos destructivos y hacer declaraciones falsas ante la justicia estadounidense. Ante esto surge una gran interrogante: ¿Juan Orlando Hernández era ajeno a los delitos que se le imputan a su hermano o conspiró con el narcotráfico para su ascenso?

El caso sigue su curso y refleja la necesidad de hacer una pausa para reflexionar sobre el quehacer político centroamericano y la condición de sus sistemas de Estado de derecho.

¿Hay consenso sobre la idea de democracia en Latinoamérica? ¿Qué elementos se deberían cumplir para certificar que un país tiene un régimen democrático? ¿Puede aumentar el respaldo a la democracia mientras se mantengan los niveles de pobreza y desigualdad y la corrupción y la violencia estén tan instaladas en el día a día de los diferentes países?

La insatisfacción democrática es la norma y no la excepción. Los más escépticos son quienes fueron víctimas de corrupción, reportan situaciones económicas negativas o desaprueban su gobierno. Hay menos rechazo a los golpes de Estado y menos apoyo a las elecciones. Estos son algunos datos del estudio «El apoyo ciudadano a la democracia en América Latina» editado por Diálogo Político y LAPOP Lab.

Invitado:

Luis Schiumerini, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Notre Dame de los Estados Unidos. 

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

La democracia en la región atraviesa una crisis de reconocimiento por parte de la sociedad. El apoyo de la ciudadanía al sistema de gobierno ha descendido al igual que la confianza en las instituciones y en las elecciones. “El apoyo ciudadano a la democracia en América Latina” es el más reciente estudio sobre el tema. Fue editado por Diálogo Político en conjunto con LAPOP Lab de la Universidad Vanderbilt (Estados Unidos). Este artículo hace una síntesis del análisis sobre la opinión de los latinoamericanos em relación a la democracia a partir del Barómetro de las Américas.

Deterioro en la percepción del sistema

El compromiso de los ciudadanos con los principios democráticos es un factor clave para el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, este compromiso depende en gran medida del desempeño y la eficacia de los gobiernos. En los últimos años, Latinoamérica ha atravesado por escenarios críticos que podrían ser síntomas de inestabilidad democrática en la región: protestas masivas contra el mal gobierno, la elección de líderes antisistema y la toma de poder por algunos Ejecutivos.

No obstante, la democracia se mantiene como el sistema de gobierno de los países de la región. Para evaluar el futuro de la democracia, es preciso dilucidar si estas demostraciones suceden a pesar del compromiso de los individuos con el sistema democrático o si por el contrario son consecuencia del apoyo ciudadano a medidas que atentan contra la democracia.

[Lee El apoyo ciudadano a la democracia en América Latina]

El Barómetro de las Américas de LAPOP Lab ofrece vital información para este cometido. A través de datos de una encuesta bianual y multinacional de ciudadanos que incluye preguntas que evalúan el apoyo a la democracia desde diversos ángulos, el Barómetro de las Américas permite identificar cuáles son las raíces de la resiliencia o la erosión de la democracia. Se encuentra que existe un aparente compromiso con la democracia como idea. Pero por detrás existen señales preocupantes que sugieren un deterioro en la legitimidad democrática.

Erosión del apoyo a la democracia

En particular, se identifica un decrecimiento gradual pero decisivo en el rechazo a los golpes de Estado por parte del Ejecutivo y en la confianza en las elecciones. Este declive democrático es consecuencia de experiencias negativas de los ciudadanos con sus gobiernos, especialmente alrededor de la corrupción y el deterioro económico.

Según datos de fines de 2021, la mayoría de los ciudadanos en América Latina y el Caribe apoyan la idea abstracta de democracia. El 61% de los ciudadanos de la región consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno. Sin embargo, se evidencia una fuerte erosión en el apoyo democrático si se lo compara con los porcentajes registrados en 2004.

A nivel individual, expresan menores niveles de apoyo a la democracia quienes se encuentran en los niveles socioeconómicos y de educación más bajos, aquellos que fueron víctimas de la delincuencia y de la corrupción, las personas que tuvieron experiencias económicas negativas y quienes no aprueban al gobierno.

Insatisfacción con la democracia

Esta disminución en el apoyo al sistema democrático se manifiesta al mismo tiempo que se evidencia una profunda insatisfacción entre los ciudadanos latinoamericanos. En 13 de los 20 países incluidos en la muestra del Barómetro de las Américas, más de la mitad de los encuestados reportan no estar satisfechos con la democracia.

La mayoría de los países experimentan un aumento en la insatisfacción a través del tiempo. En Chile, Colombia y Honduras, la magnitud del crecimiento de la insatisfacción supera los 30 puntos porcentuales. Las claras excepciones son República Dominicana, Ecuador y El Salvador donde la satisfacción aumenta en 33, 25 y 17 puntos porcentuales respectivamente. Las experiencias personales de los individuos definen cuán satisfechos se encuentran con la democracia. La insatisfacción es particularmente mayor entre quienes fueron víctimas por corrupción, las personas que reportan situaciones económicas negativas y aquellas que desaprueban a su gobierno.

Rechazo a los golpes de Estado

La erosión al apoyo abstracto a la democracia y la insatisfacción con este sistema vienen acompañadas de una disminución en el rechazo a retrocesos democráticos como golpes de Estado por parte del Ejecutivo o golpes militares. Todavía la mayoría de los individuos en Latinoamérica se encuentran en contra de estas medidas antidemocráticas. Sin embargo, el rechazo a los golpes del Ejecutivo se redujo en más de 10 puntos porcentuales en todos los países excepto en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Los niveles de oposición a los golpes militares se han mantenido en la región. Sin embargo, en Argentina, Haití, Jamaica y Paraguay, se identifica una disminución significativa en el rechazo a esta forma de retroceso democrático (de 9, 34, 15 y 10 puntos porcentuales respectivamente). La oposición a los golpes del Ejecutivo es menor. Ha disminuido más rápidamente entre las personas con bajo nivel socioeconómico y de educación, los más jóvenes y quienes reportan haber tenido experiencias negativas con el Estado como la corrupción.

Al mismo tiempo que el rechazo a golpes de Estado disminuye, la confianza en las elecciones ha experimentado un declive a lo largo del tiempo. En 2021, en promedio, el 42% de los latinoamericanos dicen confiar en las elecciones. La confianza es baja o extremadamente baja en la gran mayoría de los países. En Colombia, Honduras, Haití y Paraguay, la proporción de ciudadanos que confían en las elecciones es menor al 30%. Son en particular los más jóvenes quienes más desconfían de este mecanismo democrático, además de quienes evalúan negativamente al gobierno y aquellos que han sido víctimas por corrupción.

Video con los autores

La diplomacia de Washington en América Latina es como un programa de computación que opera en segundo plano: es un proceso informático importante pero su ejecución exige menos recursos y es invisible al usuario que está frente a la pantalla.

La Casa Blanca de Joe Biden ha dado un giro a la política exterior dirigida a nuestra región, en comparación con la de su antecesor Donald Trump. Aunque raya en la oscuridad por otras políticas internacionales en primer plano: la crisis geopolítica en Ucrania —urgente hoy—; la rivalidad de guerra fría con China —la más honda y que agudiza el apremiante enfrentamiento de Occidente con la Rusia de Vladimir Putin—; el polvorín y la tensión permanente en Medio Oriente —cuya punta del iceberg en la actualidad pasa por el eventual acuerdo nuclear con Irán—. Incluso ante la preocupación que existe en torno al peligroso arsenal atómico en manos de Kim Jong-un que hace temblar a aliados como Corea del Sur y Japón.

La lupa de Biden

El viraje de Biden en Latinoamérica, que comenzó a caminar por su segundo año, todavía es más visible en gestos de buena voluntad y en discursos de grandes promesas.

Reconociendo que ahora las intenciones de cooperación ocupan el lugar de la verborragia amenazante de Trump, es ostensible la falta de resultados palpables en todos los planos significativos de la praxis diplomática.

Un año y poco más de gobierno, aunque se trate de la primera potencia del mundo, puede ser poco tiempo para una valoración apropiada, y por ello injusto, mucho más aún ante un mundo palidecido y desafiado por la pandemia, sonidos de tambores de guerra y un orden internacional liberal en entredicho.

Empero, a esta altura se esperaba algún resultado a la vista.

La notoria ausencia estadounidense en Latinoamérica ya contiene un mensaje implícito: en Washington, la región no es vista como una amenaza, un poderoso aliciente en política exterior para ponerse en movimiento, como muestra la trágica historia desde mediados del siglo XX hasta la caída del comunismo.

¿Es una buena noticia? Pues no lo es.

Ante la deriva autoritaria

El eje bolivariano está en decadencia o por lo menos ha perdido el protagonismo regional que tuvo en vida de su alma máter, el extinto presidente venezolano Hugo Chávez.

Pero ello no significa que los principales intérpretes del eje del mal latinoamericano de hoy, el trío conformado por Cuba, Venezuela y Nicaragua, hayan perdido capacidad para provocar un enorme daño, tanto en su propia casa —violando sistemáticamente los derechos humanos fundamentales— como fuera de fronteras, una amenaza latente siempre para la geopolítica regional.

Venezuela está en bancarrota, pero con un chavista Nicolás Maduro astuto en estratagemas para sobrevivir en el Palacio Miraflores, con una economía destruida, sin Estado de derecho y sin apoyo en la opinión pública.

El resguardo militar y el miedo social por la acción represiva de equipos parapoliciales de seguridad no son la única explicación para que el régimen esté pudiendo flotar en el océano de la miseria.

A la vez, buena parte de la fortuna chavista no se explica sin incluir el fracaso de las estrategias diplomáticas de Estados Unidos en Caracas, desde la Casa Blanca de Trump hasta el presente —podría ser más correcto incluir al demócrata Barack Obama—, y la contracara de los apoyos efectivos de China, Rusia e Irán.

La amarga realidad venezolana no es una prioridad para la Casa Blanca del demócrata Biden. El discurso políticamente correcto de encontrar una salida mediante una conversación multilateral convive con la táctica de máxima presión de la época de Trump —golpeando donde más duele, con sanciones financieras y en el sensible negocio petrolero—. Pero la atención está en «piloto automático», como califica un reciente análisis de WOLA.

Piloto automático

Es muy pertinente, por cierto, que desde esta organización de investigación y promoción de los derechos humanos en las Américas, con sede en Washington, se reclame una nueva hoja de ruta. Que se pida el nombramiento de un funcionario de alto nivel, consagrado a la crisis venezolana en sus diferentes aristas; una verificación realista de los modos de una negociación en suspenso; una revisión de las sanciones que incluya el reconocimiento de la severa crisis humanitaria; y más compromiso en las investigaciones y denuncias de las graves violaciones a los derechos humanos por el régimen.

No es difícil percatarse de una dinámica similar en piloto automático en relación con la dictadura cubana y la que encabeza Daniel Ortega en Nicaragua.

Cada uno de estos tres regímenes autocráticos ganan impulso en la agenda de Washington en función de las urgencias más inmediatas.

Es una conducta diplomática rápida en comunicados oficiales pero de escasa permanencia en la agenda pública, que se difumina con el transcurso del tiempo.

La política de Biden más dura contra el gobierno cubano, incluso comparándola con la Administración Trump, es visible de un modo reactivo. Declaraciones críticas por los juicios sumarios a participantes de las protestas del 11 al 17 de julio del año pasado, pero que desaparecen cuando Nicaragua pasa a ocupar su lugar ante la muerte de un preso político en situaciones deplorables, como el lamentable fallecimiento reciente de Hugo Torres.

La presión migratoria

La represión y crisis económica en estado permanente en la tríada autoritaria, y la descomposición múltiple de otros países de la región, alimentan dos problemas muy graves: el de los propios migrantes ilegales y el de aquellos que diariamente intentan ingresar como sea a Estados Unidos.

Hasta el momento, Biden ha fracasado en su intención de dar una respuesta acogedora y justa a estas dos caras de la crisis migratoria.

Por un lado, fracasó su proyecto de ley, presentado al Congreso al inicio de su mandato, que abría la posibilidad de que 11 millones de indocumentados obtuvieran la ciudadanía.

Por otro lado, sin la deshumanización en el tratamiento a los migrantes del gobierno de Trump, han seguido adelante los controles fronterizos represivos, en coordinación con México, que impiden a los solicitantes de asilo o refugio llegar a territorio estadounidense.

El plan controvertido Quédate en México, por el cual quienes solicitan asilo o refugio en Estados Unidos deben realizar el trámite y esperar el resultado en territorio azteca, es una herencia de Trump que permanece vigente por una decisión judicial. El gobierno demócrata considera que es «ineficaz e inhumano», pero está obligado a ejecutarlo.

En ese contexto es que el año pasado se registró la cifra récord de dos millones de arrestos en la frontera sur.

La permanencia de problemas migratorios criticados por Biden en la campaña electoral es, quizás, la desilusión más significativa desde el punto de vista de América Latina y el Caribe. Una responsabilidad exclusiva de una torcida política interna polarizada y divisiva que el presidente no ha sido capaz de enderezar.

La inestabilidad regional le juega en contra a Biden, pues ejerce presión sobre un fenómeno migratorio que llegó para quedarse y que se desarrolla muy por delante de las políticas públicas.

La fatalidad del Triángulo Norte

Desde la perspectiva de Washington, es justo reconocer que la conducta ímproba en buena parte de la región no ayuda demasiado.

Cuando se termina de acomodar cada pieza del puzle de América Latina, el resultado es el de un mapa tan indisciplinado como adverso a Washington.

El Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) es un verdadero polvorín y de un grado de corrupción que los programas de asistencia social nunca cumplen con las expectativas.

Los más de 860 millones de dólares para asistencia al Triángulo Norte para el año fiscal 2022 releva la importancia que tiene para Estados Unidos, pero la corrupción es de tal magnitud que la utilización de estos fondos ahora está atada a procesos de accountability de muy difícil cumplimiento por fallas del Estado de derecho, debilidad institucional y una larga tradición de manejo espurio de fondos públicos.

La extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), el pasado 14 de febrero, acusado de introducir 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde 2004, es solo el ejemplo más reciente de la política venal en Centroamérica. Una política que genera cortocircuitos en el diálogo diplomático con Washington y perjudica a los programas asistenciales.

También es un hándicap que el gobierno estadounidense no tome debida nota de las consecuencias que tiene su desinterés en ayudar de algún modo a amortiguar el declive de la región, particularmente problemático desde la irrupción de la pandemia.

Biden tiene poca afinidad política con los principales presidentes latinoamericanos, desde Brasil y México, hasta Argentina y Colombia.

Pero en su dilatada trayectoria política, que inició en la Guerra Fría de los primeros años de la década de 1970, ha demostrado una habilidad innata para la diplomacia en muchas de sus acepciones.

Sabe como nadie que «las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes».

Si no reacciona ante una Latinoamérica olvidada, entonces más presidentes como el brasileño Jair Bolsonaro o el argentino Alberto Fernández posarán sonrientes con Putin en el Kremlin y abrirán aún más las puertas al ambicioso plan expansionista de la China de Xi Jinping.

El 8 de febrero, el presidente peruano Pedro Castillo prestó juramento a su cuarto gabinete ministerial en seis meses y al tercero en quince días. Esta seguidilla de cambios no ha calado bien en la opinión pública. La desaprobación del mandatario de izquierda ha aumentado a 60 %. Y a 56 % el porcentaje de peruanos que piden su renuncia, según la última encuesta de Ipsos Opinión y Mercado.

Cuatro gabinetes en seis meses

El abogado Aníbal Torres, exministro de Justicia, asumió como nuevo presidente del Consejo de Ministros en reemplazo del abogado y parlamentario Héctor Valer Pinto, quien ostentó el cargo tan solo tres días. Hace una semana, el presidente nombró su tercer gabinete luego de la inesperada renuncia el 31 de enero de la primera ministra Mirta Vázquez por desacuerdos con los ascensos policiales.

Sobre los más recientes cambios se puede decir que, de seis ministros que se suman al nuevo gabinete, tres están vinculados al partido de izquierda Perú Libre, que llevó al poder al presidente Castillo. Esta vez el cambio no ha sido total; 12 de los 18 miembros del gabinete han conservado sus cargos. Uno de ellos es el ministro de Finanzas, Oscar Graham, quien recientemente sucedió a Pedro Francke.

La economía más estable de la región

A pesar de la inestabilidad política, que genera un constante cambio de liderazgo en el Ejecutivo, y la falta de una postura clara del Congreso, el Perú sigue teniendo una economía estable.

Según la actualización de los informes de riesgo de la agencia Bloomberg, con 56,28 puntos el Perú se coronó como la economía más estable de América Latina, superando a Chile que alcanzó 52,79 puntos.

De hecho, en el 2021, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el producto bruto interno (PBI) del Perú creció cerca de 13,31 %. Esto refleja, según analistas, la reactivación de las actividades comerciales tras la caída del 11,03% del PBI en el 2020, producto de las restricciones de la pandemia.

La recuperación, según los expertos, es un rebote casi automático tras la reapertura de actividades comerciales y el avance del proceso de vacunación. De hecho, si analizamos el detalle, el PBI creció en 1,7% en diciembre, sumando así 8 meses de desaceleración continuos en el crecimiento del PBI (INEI).

Según los economistas, estas cifras indican que hemos llegado a una moderación del crecimiento de la economía. Algo que debería poner en autos al gobierno de Pedro Castillo, debido a que ahora más que nunca se encuentra en su cancha la generación de nuevas oportunidades de crecimiento para el país.

Forjar sostenibilidad a corto y mediano plazo es algo que —según recientes declaraciones— tiene presente Castillo, quien aseguró que su nuevo ministro de Economía Oscar Graham «tiene mucho por hacer». Y que Graham tiene «toda la disponibilidad de no solo mantener equilibrada la economía, sino de garantizar este espacio económico que nos oxigena y nos permite decir que el Perú va a sostener una economía estable, sin ningún riesgo».

¿Voto de confianza o renuncia?

Si bien la proyección económica se mantiene relativamente estable, esta dependerá en gran medida de las acciones que comience a tomar el Gobierno en ese sentido. El tercer gabinete de Pedro Castillo en menos de un mes deberá ser aprobado por el Congreso. Este, a su vez, es controlado por una oposición que suma cada vez más votos para respaldar una moción de vacancia y constantemente presiona para que Castillo renuncie.

Sobre este tema aún no hay certezas, ya que el actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no necesariamente tiene una relación amigable con la oposición. El abogado se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos desde que el gobierno de Castillo asumió el cargo el 28 de julio de 2021.

En ese tiempo, Torres promovió el traslado del expresidente Alberto Fujimori a una prisión común. Fujimori, presidente del 1990 al 2000, cumple una condena de 25 años. Por su parte, el partido de su hija Keiko Fujimori, Fuerza Popular, lidera la voz de la oposición que exige la renuncia de Castillo a la presidencia. Si el Congreso no da la confianza al nuevo gabinete, el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres deberá renunciar y Pedro Castillo deberá armar un nuevo Consejo de Ministros.

Por si fuera poco, al entrampamiento político que enfrenta el actual gabinete se le suma un incremento en la desaprobación a su gestión. Según la más reciente encuesta de Ipsos Opinión & Mercado, 56 % de los peruanos están de acuerdo con que Castillo dé un paso al costado. A su vez, más del 70 % se inclinan por la convocatoria a nuevas elecciones para que coincidan con la renovación de los alcaldes municipales y gobernadores regionales en el país.

En medio de este escenario, la conversación actualmente gira sobre qué debería suceder en caso de que Castillo dimitiera al cargo. Al mismo tiempo, cada vez que se menciona la posibilidad de una vacancia o renuncia del presidente ocurren fluctuaciones en el dólar a favor de la estabilidad del sol. La sensación general es que se ha iniciado una cuenta regresiva y que el gobierno actual ha alcanzado un punto de quiebre para el cual no parece haber retorno.

En memoria de Américo Martín, demócrata tenaz.

El 12 de febrero es una fecha pesada en la política venezolana. La primera democracia de masas del país declaró ese día como fiesta nacional de la juventud. Cada año ha sido el foco de actos de reivindicación y protesta por colectivos estudiantiles.

Durante décadas, fue escenario de protestas de izquierda contra la democracia representativa. Sin embargo, desde los inicios de la etapa chavista, la polarización tocó al movimiento universitario, aunque este se manifestaba más vocalmente contra el sistema. En el año 2014, esa fecha fue el inicio de un largo episodio de manifestaciones nacionales violentamente reprimidas. Estas incluyeron la muerte de varios estudiantes, en torno al movimiento La Salida, liderado entre otros por el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López. Esto llevó a López a ser inhabilitado políticamente y encarcelado, hasta su fuga en el año 2019 con la formación del gobierno interino presidido por Juan Guaidó.

Relanzamiento

Justamente, este reciente 12 de febrero, Guaidó conmemoró esa fecha, aprovechando la ocasión para el relanzamiento de la plataforma «Salvemos a Venezuela». El dirigente planteó una reformulación de los planteamientos estratégicos de la oposición, que ahora consistirían en: 1) retomar la organización y movilización para la exigencia de derechos; 2) mejorar la coordinación internacional y apoyo al proceso que adelanta la Corte Penal Internacional; 3) reimpulsar el proceso de negociaciones en México entre oposición y gobierno; y 4) ampliar y fortalecer la unidad opositora, ostensiblemente por medio de unas primarias aún no definidas en su alcance.

El dirigente venezolano hizo énfasis en afirmar que no se trataba de eslóganes, sino de acciones concretas. El panorama efectivo parece desmentirlo. Fuera de aquello que sobre lo que no tiene control la oposición, como las negociaciones en México o los apoyos internacionales, los planteamientos intrínsecos a las fuerzas de oposición muestran un considerable déficit.

La primera evidencia de esto está en que la convocatoria de presentación de estos pilares estratégicos fue promovida en las redes del Gobierno interino, y se realizó en la sede del partido Voluntad Popular, con el acompañamiento de partidos menores de la oposición: el liberal Encuentro Ciudadano, y los socialcristianos Convergencia y Copei. En convocatorias distintas, y con un lenguaje propio, el resto de los partidos grandes de la alianza opositora, antes denominado el G4, conmemoraron la fecha por separado.

Falta de vocería colectiva

Esta distancia, sin una vocería colectiva que declare objetivos comunes, refleja el problema central de la oposición venezolana: la falta de una visión estratégica de reglas de decisión y coordinación comunes. Pese a que el mandato de Juan Guaidó fue prorrogado un año más, las dudas sobre la efectividad de este mandato, sin mencionar las críticas a las acciones, viabilidad y legitimidad de la continuidad del Gobierno interino, permanecen vigentes, aunque soterradas.

La separación es aún más profunda con las organizaciones que se han distanciado de la alianza unitaria y han participado por separado en los procesos electorales legislativos, regionales y locales de los dos últimos años. Estas son Fuerza Vecinal, escisión opositora en los bastiones urbanos de la Gran Caracas, y la llamada Alianza Democrática, que incluye a partidos críticos de la vieja unidad con partidos sospechosos de ser cooptados por el Estado.

Igualmente profunda es la separación con agrupaciones que han rechazado la participación electoral dentro del sistema, pero que conservan una importante presencia en la opinión pública, como Vente Venezuela. Será un trabajo político de primer orden el poder restablecer relaciones con aquellas fuerzas e individuos que, hoy enfrentados, no han abandonado sus convicciones democráticas.

Con todo, lo más llamativo de la ruta propuesta por Guaidó es que apunta a una suerte de ajuste del horizonte opositor. Pasado el ciclo electoral previo, caracterizado hasta el 2021 por el boicot de la oposición unida ante el creciente autoritarismo del gobierno de Maduro, e imposibilitado un referendo revocatorio de ese mandato por decisiones administrativas. Todo apunta que los partidos de oposición buscan posicionarse ante las elecciones presidenciales de 2024 y las parlamentarias de 2025.

¿Unión opositora?

Oficial u oficiosamente, varios dirigentes y figuras públicas han sido mencionados como potenciales presidenciables para enfrentar a Nicolás Maduro, quien hoy no tiene rivales de consideración en el chavismo. Lo cierto es que, tras los resultados de las elecciones de noviembre, parece haber regresado en los partidos la convicción de la inevitabilidad de la participación electoral: los avances hubieran podido ser mejores de contar con una unidad opositora en todos los estados y municipios del país. Matemáticamente, el chavismo puede ser derrotable a nivel nacional.

No será sencillo. Ya las presiones autoritarias presentes sobre el sistema electoral y toda la actividad política son un obstáculo poderoso. Esto hace más acuciante la necesidad de recomponer la unidad de la oposición no solo en torno a un candidato, sino en torno a una visión política estratégica y viable a largo plazo. Se ha comparado el momento con las deliberaciones para las candidaturas de los años 2006 y 2012, cuando Chávez terminó enfrentando respectivamente a Manuel Rosales y a Henrique Capriles. El primer candidato emergió de un acuerdo tenue entre partidos que tenían mutuamente una enorme desconfianza; el segundo fue resultado de unas primarias, con un acuerdo programático previo y con un sistema de reglas concertado.

El camino de las primarias

Pretender unas primarias hoy, sin reglas ni visión estratégica acordada, puede ser el inicio de un refrescamiento, pero se queda a medio camino.

Aunque el camino parece adelantado por la promisoria colaboración a nivel local que han iniciado alcaldes de partidos opositores en varios estados, esto tampoco es una panacea. Los obstáculos a la gestión local, el contacto con las nuevas fortunas y el uso de viejas prácticas clientelares y populistas muestran los límites de ese horizonte sin una reorientación mayor.

Pero es necesario admitir que, independientemente de sus orígenes y del servicio de quienes lo han sostenido, la fórmula del Gobierno interino no parece ser capaz por sí sola de liderar una reorganización. No basta pues con guardar las apariencias, o aferrarse a medios que se convirtieron en fines en sí mismos. Se trata de replantear una alianza en torno a un mínimo de creencias comunes y tácticas realizables, pero con reglas de decisión que desestimulen que un liderazgo u otro busquen posicionarse como jefes a expensas del objetivo compartido. Eso requiere la claudicación de ambiciones y de orgullos, pero también la conciencia de los errores acumulados. Es decir, no hacer de la renovación un concurso entre liderazgos debilitados para que el menos rechazado determine por sí mismo el destino de la lucha democrática en el país.

Incluso, más allá de estos mínimos, ¿no debe la oposición también promover una revisión de sus postulados históricos, las más de las veces definidos solo en antípodas con el chavismo? ¿Cómo se puede enfrentar eficazmente la pobreza sin apelar al colectivismo y al populismo? ¿Cuál es el rol del Estado y los partidos frente a la sociedad civil? ¿Qué hará Venezuela ante la redefinición del panorama energético mundial? ¿Cuál debe ser la relación de la república con los millones de venezolanos que conforman la diáspora? Ninguna fuerza política dispersa, desanimada y sin confianza en su liderazgo puede atender estas cuestiones fundamentales.

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Los venezolanos de cierta edad recordarán el lema de la primera campaña presidencial de Carlos Andrés Pérez (CAP) en 1973: «Democracia con energía». Había en ese eslogan dos implícitos semánticos. Por un lado, se quería crear un contraste con el saliente primer gobierno de Rafael Caldera y del entonces candidato presidencial de la democracia cristiana, Lorenzo Fernández. Ambos eran señalados de representar una «democracia fofa». Por otro lado, CAP comunicaba con su lema el recuerdo de quien fuera el ministro del Interior del gobierno de Rómulo Betancourt, que combatió «con energía» a la guerrilla marxista fidelista en los años sesenta.

Hoy las democracias en el mundo están siendo percibidas como débiles, sin mucha energía. Lo estoy presenciando a unos cuantos kilómetros de mi casa, aquí en Ottawa (Canadá). Unas personas que se identifican como luchadores de la libertad piden que el Gobierno canadiense elimine el requisito de vacunación contra el covid-19 para los camioneros que cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Estos supuestos luchadores… ya llevan —al momento de escribir estas líneas— 18 días ocupando el centro de Ottawa. Bloquean el acceso a la avenida que conduce a la colina del Parlamento y causan todo tipo de problemas a quienes trabajan y tienen negocios en el corazón de la capital canadiense.

Otro grupo que se identifica con la misma causa bloqueó durante varios días el puente Ambassador que comunica las ciudades de Windsor y Detroit, las dos puntas de la muy integrada industria del automóvil de Estados Unidos y Canadá. El bloqueo del puente afectó a la industria que depende del flujo de partes que circulan cada lado de la frontera, además de otros productos que pasan por uno de los corredores comerciales más activos del mundo.

Estado de emergencia

La percepción de muchos canadienses es que los diferentes niveles de gobierno —el federal, el provincial y el municipal— han sido débiles a la hora de prevenir y terminar con las ocupaciones que el movimiento de los supuestos camioneros por la libertad están realizando en distintas partes de Canadá. Las principales críticas se dirigen al Gobierno del primer ministro Justin Trudeau. Él ha sido cuestionado por su indecisión y falta de acción para terminar con las ocupaciones consideradas ilegales. Finalmente, el premier canadiense decidió invocar el estado de emergencia, una medida percibida como tardía y criticada por algunos primeros ministros provinciales.

De alguna forma, la misma percepción de debilidad está presente en la geopolítica. Las democracias occidentales son vistas como fofas ante las amenazas de Rusia, Irán, China o Corea del Norte. O cuando deben enfrentar a las dictaduras de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Hacen muchas declaraciones e implementan sanciones sin que cambie la situación de los presos políticos ni se haga justicia ante las violaciones de los derechos humanos.

Y esta debilidad democrática contribuye a alimentar la idea de que los duros de la política son más necesarios hoy que nunca. Por eso un impresentable como Donald Trump levanta esperanzas entre sus seguidores de que volverá al ruedo electoral en 2024. Por razones similares, el discurso de una derecha extrema representada ahora por Éric Zemmour en Francia logra captar interés de electores que piensan que todo se arreglará si se aplican políticas de cero inmigración.

Calentar la caldera social

Uno de los resultados de estas democracias débiles es que la caldera social tiende a calentarse por la polarización creciente. Los ejemplos sobran. Está ocurriendo en Estados Unidos entre una izquierda obsesionada por las identidades particulares (los conocidos como woke) y una extrema derecha racista. Dos lógicas que chocan. Ahora lo estamos viendo en Canadá, donde quienes se califican como luchadores por la libertad incluyen también a supremacistas blancos y neonazis, como se ha visto en la ocupación de Ottawa. Está ocurriendo en varios países de Europa, donde los nacionalistas xenófobos ganan terreno.

Las democracias débiles tienen dificultad para mantener el centro. El centro es percibido como indeciso, demasiado tolerante. O, peor, como la manifestación de una gran conspiración global para acabar con los valores de Occidente. El centrismo también es percibido por la izquierda radical como el obstáculo para acabar de una vez por todas con el capitalismo. Vale la pena que los lectores vean las discusiones en la Convención Constituyente en Chile y lo que estas pueden representar para la que era percibida como una democracia sólida en Latinoamérica.

Toda esta polarización se produce en un ecosistema de comunicación en el que las redes digitales marcan las opiniones y la agenda de la conversación pública.  Los algoritmos seleccionan lo que leemos y vemos. Crean cámaras de eco en las que los más radicales solo escuchan sus voces y otras similares. Y estos sistemas de comunicación son usados por los enemigos de la democracia para crear más polarización y más confrontaciones. No es descartable que las manos peludas de los regímenes de Rusia y de China estén detrás de los ataques contra los gobiernos democráticos.

Me decía un amigo comentando la ocupación del centro de Ottawa: «Quién se iba a imaginar que esta cuidad, relativamente pequeña, bastante pacífica, básicamente compuesta por funcionarios del Gobierno y sus familias, se iba a convertir en el hervidero social en el que una minoría ruidosa ha sido capaz de causar caos en el corazón de la capital». La conclusión: no hay democracia en el mundo que esté a salvo de las tendencias polarizantes. Es deber de los ciudadanos rescatar el centro con energía.

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A pesar de haber llegado al gobierno con un respaldo sólido del 55,1 % en las elecciones de 2020, el presidente de Bolivia, Luis Arce, no ha podido hacer frente a varios cuestionamientos en su primer año de gestión. Protestas, huelgas, confrontación política marcan un desgaste prematuro y alimentan la incertidumbre sobre cómo y quién maneja las riendas del país.

La presión social ha sido una constante en su gobierno. Estas le han obligado a retroceder, en decisiones polémicas que lo pusieron en mira no solo de la oposición sino también de su propio partido. En noviembre, un paro indefinido sostenido por gremiales, empresarios y transportistas le torcieron el brazo a Arce. El objetivo era que la ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, fuera abrogada luego de nueve días de intensas protestas. Sin embargo, el conflicto y el descontento ya se arrastraban desde octubre.

Estrategia del partido del gobierno

El Movimiento Al Socialismo (MAS) quiso disfrazar esta derrota con la consigna de que «el presidente gobierna escuchando al pueblo», y que esto era un acierto para frenar los «pretextos» que afectan a la economía del país. Pero fue evidente el descontento de los sectores que habían sido siempre aliados y ahora daban señales de inconformidad.

Sin embargo, el Gobierno entró nuevamente en una marea de críticas cuando en enero decidió ceder ante la presión de grupos antivacunas y suspender la exigencia del carnet de vacunación, en medio de una cuarta ola que disparó los contagios de covid-19 en todo el país.

Algunos de los sectores que se oponían a la obligatoriedad de este documento, afines al MAS, empezaron a endurecer sus advertencias amparados en argumentos como la desconfianza hacia las vacunas, teorías conspirativas y la defensa de tratamientos naturales para combatir el covid-19. No fue casual que el mismo vicepresidente David Choquehuanca, luego de controversiales declaraciones, tuviera que vacunarse, recién con la primera dosis, en un acto mediático a inicios de año.

Entre errores y enmiendas, ese intento de normalizar los retrocesos muestran a un presidente casi arrinconado a un tutelaje que responde a grupos con influencia directa en el poder. Esos que por casi 14 años han tenido resonancia con Evo Morales.

Poder en disputa

El denominado Pacto de Unidad, conformado por movimientos sociales aliados al MAS como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa», el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), entre otros, plantearon de manera directa cambios urgentes, luego de evaluar las gestiones del gabinete ministerial y señalando la lista de quienes debían ser removidos.

Aunque Arce decidió ratificar la confianza en sus colaboradores directos, el escrutinio al interior del mismo partido evidenció pugnas de poder. Por un lado, el bloque del primer mandatario, que llegó con una promesa de renovación pero aún no consolida su liderazgo y está muy lejos en popularidad. Desde antes quiso dejar claro que él estará al frente del Gobierno, pero la cercanía de Morales es evidente y poco conveniente, considerando el discurso de confrontación que ha logrado permear también en esta administración.

Con el apoyo incondicional de las organizaciones sociales y basado en su trayectoria sindical, Evo Morales mantiene vigente su figura de líder indiscutible y tiene una incidencia innegable en el gobierno. Incluso el exvicepresidente Álvaro García Linera dijo recientemente que «a veces Evo piensa que todavía puede actuar como presidente cuando ya no lo es. A veces el presidente Luis Arce toma ciertas decisiones sin haber acordado o consultado previamente con el líder de las organizaciones sociales».

Línea indigenista

En esta correlación de fuerzas aparece la línea indigenista, representada por el vicepresidente David Choquehuanca, que va construyendo sigilosamente su espacio de poder.

Hay quienes ven al presidente del Senado y dirigente cocalero Andrónico Rodríguez en un cuarto bloque de poder respaldado por los más jóvenes, pero aún muy hermético para mover intereses o débil para entrar en el entramado panorama.

El MAS es fuerte como instrumento político. Más allá de estos desencuentros y, aunque las grietas se profundizan, cuando percibe una amenaza externa hace un esfuerzo de cohesión, favorecido también por una oposición dispersa.

Si bien las organizaciones sociales son determinantes para garantizar la gobernabilidad, lo que se muestra hasta ahora no es precisamente la prioridad por atender las prioridades del país en salud, economía, educación o justicia, sino la proyección electoral para 2025, y se avizora un retorno de Evo Morales como candidato.

La economía

La reactivación económica es una de las apuestas fuertes de Arce, considerado por muchos como el artífice de la bonanza económica durante el gobierno de Morales. Esta reputación pudo ser un factor de influencia para ganar las elecciones. Sin embargo, hoy se ha convertido en una exigencia de capacidad que va más allá de lo técnico.

Con la pandemia en permanente acecho, se hace necesario establecer escenarios de mayor certidumbre y menos confrontación, sobre todo después de la crisis poselectoral de 2019 que sigue marcando al país. A pesar de todo hay optimismo. Según una encuesta en el eje central elaborada por Captura Consulting para el programa Asuntos Centrales: el 46 % considera que este año será mejor, frente a un 34 % que dice que será igual y un 16 % que será peor.

El gobierno de Arce llegó con promesas de mejores días y, aunque todavía le queda tiempo para demostrarlo, las señales no han sido convincentes. Es presidente pero aún no se siente que gobierne para todos, o que pueda garantizar estabilidad más allá de las presiones, inseguridades y pugnas de su entorno.

Junto al grupo de investigación Gobierno y Análisis Político A.C. (GAPAC) que reúne a académicos de la región, Diálogo Político presentó un nuevo número de DP Enfoque para analizar el creciente poder de Rusia en Latinoamérica. Los autores son investigadores en GAPAC: Armando Chaguaceda, doctor en Historia y Estudios Regionales y Claudia González, doctora en Estudios Culturales.

Sebastian Grundberger, director de KAS Partidos inició el encuentro llamando la atención sobre el delicado contexto geopolítico en Europa por el conflicto en la frontera entre Ucrania y Rusia. Desde Rusia se aduce que enfrenta una expansión de la OTAN. Sin embargo, la agenda de Putin parece ir más allá de este conflicto.

Cabe preguntarse si este conflicto se relaciona con la competencia geopolítica con China.

Corto y largo plazo

Según el Prof. Armando Chaguaceda transitamos por un período de reposicionamiento de los global players y sus roles. Por un lado, el crecimiento económico muy rápido de China, su régimen autocrático y megaproyectos como la Ruta de la Seda le permiten apostar al largo plazo. Rusia dispone de un considerable poderío militar y de inteligencia.

Sin embargo, como potencia derrotada en la Guerra Fría, situada geográficamente entre Occidente y Oriente, y con una desfavorable evolución demográfica, no dispone de esa alternativa. Cabe anotar que el régimen ruso no es un autoritarismo hegemónico, pero existen voces críticas. Esto lo demuestra el hecho de la cooperación de investigadores rusos en trabajos conjuntos.

Las agencias internacionales

La Profa. Claudia González anotó que Rusia tiene intereses concretos y mantiene presencia en diferentes países a través de una red de agencias ligadas a las representaciones diplomáticas. Estas agencias promueven explícitamente el mundo ruso.

Una de las dificultades para entender el nuevo fenómeno está en observarlo con lentes viejos y categorías heredadas de la Guerra Fría. «No hay competencia capitalismo-socialismo», observa Chaguaceda. En cambio, hay una amplia oferta de noticias cuyo tema central es el declive de las democracias occidentales.

Según Claudia González, existe una cámara de resonancia de esta crítica a la democracia liberal y ella está en las redes académicas de las que participan también académicos rusos.

Rol del Estado fuerte

Otro aspecto interesante es la promoción del Estado fuerte. Esta visión conecta con una visión soberanista popular en Latinoamérica, explicable desde su historia. Los partidos populistas de izquierda y de derecha se acercan en posiciones críticas a la idea de Europa y de la democracia. Mientras en Europa predominan los de derecha, en Latinoamérica es más fuerte la izquierda desde su crítica a la política de EUA. Sin embargo, hay sintonía entre Bolsonaro y el discurso populista de derecha.

El Estado fuerte como representante de los intereses del pueblo se basa en la visión soberanista que favorece las leyes de regulación y contra quienes son identificados como agentes extranjeros.

Compromiso con la democracia

La gente insatisfecha y la desafección de las élites con la democracia y su diseño institucional avalan visiones conservadoras en lo social. Los disertantes coincidieron en constatar que para algunos sectores de las élites pesa más la crítica a los Estados Unidos que la solidaridad en la defensa de los valores democráticos comunes.

Como conclusión se constata la presencia de agendas que buscan desestabilizar los sistemas democráticos. En esto coinciden los populismos de izquierda y de derecha.

En el caso de Rusia, a diferencia de China, no estamos frente a un Estado totalitario, donde ya no existe la disidencia. Se trata de dos potencias circunstancialmente aliadas, pero con conflictos entre ellas.

En conclusión, «sigamos siendo diversamente occidentales».

Video completo de la mesa sobre el poder de Rusia en Latinoamérica

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La primera disciplina en el año olímpico 2022 no compite por lo más rápido, más alto, más fuerte, sino por clics, likes y seguidores: China se está embelleciendo para los Juegos de Invierno, y para eso quiere contar con la fuerte ayuda de las redes sociales. El Consulado General de China en Nueva York ha firmado un contrato con Vippi Media, una empresa de relaciones públicas en el estado de Nueva Jersey. Esta iniciará una campaña positiva en torno a China y los Juegos de Invierno en Pekín, a través de TikTok, Instagram y el canal de transmisión en vivo Twitch.

En forma explícita no solo debe referirse a las competencias en sí mismas o a los atletas, sino también a «cosas interesantes y significativas antes/durante/después» de los Juegos. Esto incluye momentos conmovedores durante las competencias, así como la cultura y la historia del país anfitrión y la vida moderna en Pekín.

Se pretende que el 20 % de las publicaciones en Internet estén relacionadas con «la cooperación y todos los aspectos positivos de las relaciones entre China y Estados Unidos», como la cooperación en la lucha contra el cambio climático.

El contrato con la empresa de medios estadounidense, registrado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se hace eco del llamamiento del presidente Xi Jinping de que es importante transmitir una imagen de una «China creíble, querible y respetable».

«Es necesario encontrar amigos, unirse, persuadir a la mayoría y ampliar persistentemente el círculo de amigos en términos de la opinión pública internacional», afirmó el presidente frente a altos funcionarios del Partido Comunista en junio, según consigna la agencia estatal de noticias Xinhua.

Esta fue una clara reacción a los informes críticos en los medios occidentales sobre los campos de trabajo y reeducación para los uigures en la provincia de Xinjiang y las represalias masivas contra el movimiento prodemocracia en Hong Kong. En relación con los uigures, desde hace tiempo Pekín apuesta a personas influyentes occidentales en las redes sociales.

Voces prestadas

El Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) publicó en diciembre un informe según el cual al menos 546 publicaciones de medios de comunicación controlados por el Estado chino, escritas por 13 personas influyentes extranjeras, retrataban las políticas frente a los uigures en manera positiva.

Bajo el título «Borrowing mouths tos speak» (‘tomando voces prestadas para hablar’), el grupo de expertos con sede en Canberra identificó, entre otros, a ciudadanos británicos y canadienses como personas influyentes que blanquean la política de China. En sus contribuciones en video, suelen presentar a uigures que aseguran que las políticas del Partido Comunista son bien recibidas por la minoría musulmana en el noroeste de la República Popular.

Un ejemplo: en un video, el joven israelí Raz Gal-Or recorre con su cámara los extensos campos agrícolas en Xinjiang, donde se observan trabajadores con tractores. «Todo es normal aquí», dijo Raz Gal-Or, quien, según el New York Times, desarrolla actividades empresariales en China. «La gente es amable, hace su trabajo, vive su vida, es muy hospitalaria».

Frente a tales alabanzas, el diario estatal chino Global Times dio vuelta la tortilla frente a Occidente. «Estados Unidos es demasiado frágil para influencers de las redes sociales honestos respecto a China», era el título de un artículo de diciembre. El editorial reconoce claramente «la creciente influencia de China en los portales de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube».

Visita no deseada

Y explica que las denuncias en publicaciones como el Washington Post y el New York Times prueban que estos medios son «en sí mismos herramientas ideológicas y de propaganda del gobierno estadounidense». Continúa diciendo: «Cuando se presenta una imagen real de China y esta llama la atención, estas herramientas ideológicas se sienten incómodas y se apresuran a lanzar una ofensiva».

Mientras los blogueros simpatizantes son obviamente bienvenidos en la provincia de Xinjiang, a la que periodistas profesionales solo pueden acceder de forma muy limitada, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha estado intentando en vano visitar la región durante años desde 2018. Recientemente recibió el mensaje de Pekín de que podría realizarse una «visita amistosa» en los próximos seis meses, pero recién después de finalizados los Juegos Olímpicos.

También en el pasado, Pekín apostó repetidamente a la ayuda occidental para pulir su imagen. Cuando Xi Jinping visitó los Estados Unidos en septiembre de 2015, apareció un breve video en YouTube en el que se pedía a estudiantes extranjeros de 15 países que respondieran la pregunta en inglés «¿Quién es Xi Dada?», lo que se puede traducir como ‘¿Quién es el tío Xi?’.

Una estudiante asiática expresó el deseo de que su futuro esposo fuera como el político. Una estudiante alemana lo elogió como un luchador contra la corrupción, y un austriaco dijo que Xi se veía «bonito». Otros elogios lo describían como «inteligente, muy culto, sabio».

Como un Gran Hermano

Hasta la fecha, el video fue visto casi 180.000 veces, pero solo ha gustado 379 veces (solo cosechó 379 likes). Los comentarios son en su mayoría negativos. «¿Cuánto les pagaron?», pregunta un usuario. Otro, que se describe como chino, señala que no pudo ver el video en su país porque allí estaba bloqueado.

Hay numerosas referencias en la película a un indonesio que primero dijo que Xi era «como un hermano mayor», y luego se corrigió: «Como un padre». Sin embargo, «Gran Hermano» encaja mejor, según varios usuarios.

Un exembajador de México en Pekín dijo a Reuters, sobre la pieza de propaganda, que no creía que «pueda haber una sola persona que mire esto y diga: «Oh, interesante. Es tan adorable como un osito de peluche». Más bien cree que «será un tiro por la culata».

Claramente, China todavía tiene mucho trabajo por delante para mejorar su imagen, y es cuestionable si TikTok o los influencers de YouTube serán suficientes para hacerlo. Según una encuesta internacional publicada el verano pasado por el Pew Research Center, con sede en Washington, D.C., claras mayorías de al menos el 80 % en 15 de los 17 países industrializados desarrollados tienen una opinión negativa de la República Popular.

El 84 % de los británicos dijeron que China no respeta la libertad individual de sus ciudadanos, mientras que en 2013 solo el 71 % estaban de acuerdo con esta afirmación. En Canadá fue el 88 % (en 2013, 76 %); mientras en Italia, el 89 % (en 2013, 82 %).

En Alemania, por otro lado, el 87 % dijeron en 2013 que el gobierno de China no respetaba las libertades civiles. En 2021 esta opinión se expresó en una proporción ligeramente menor, con un 85 %.

Pekín ahora espera que los Juegos Olímpicos mejoren la reputación del país. El lema olímpico Citius, altius, fortius (‘más rápido, más alto, más fuerte’) no será el criterio decisivo.

Publicado originalmente en el portal t-online.

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Los presidentes Jair Bolsonaro, de Brasil; Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de México y Nayib Bukele, de El Salvador, desde las alturas del poder rivalizan en sus ataques directos a la prensa. Una conducta que hizo escuela en el fallecido Hugo Chávez. Entre 2014 y 2021 el chavismo cerró 84 medios impresos, canales de televisión y emisoras radiales. En Nicaragua hoy no existe prensa escrita en el país. Bolsonaro ha sido calificado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) como «principal depredador» de la prensa brasileña.

Hay un relato esgrimido por presidentes y dictadores latinoamericanos que atribuye todos los males a los monopolios informativos, a los medios hegemónicos y a supuestas conspiraciones contra los intereses populares. Y hay una realidad que es el asesinato de periodistas, el exilio forzoso, el hostigamiento con jueces cómplices y la censura o autocensura.

El relato falaz tiene la ventaja del respaldo que le ofrece la clase política en general. Como ha anotado el académico y periodista argentino Fernando J. Ruiz, la percepción negativa de los políticos sobre la prensa «está basada en la convicción de que la política y la economía gobiernan más al periodismo que sus estándares profesionales».

Los presidentes Jair Bolsonaro, de Brasil; Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de México y Nayib Bukele, de El Salvador, desde las alturas del poder rivalizan en sus ataques directos a la prensa. Una conducta que hizo escuela en el fallecido Hugo Chávez: «Desde Aló presidente circularon los insultos más vehementes que un jefe del Estado haya hecho contra la libertad de expresión», destacaba El Nacional de Caracas (17.08.18) —práctica continuada por Nicolás Maduro en Venezuela—; que fue constante en Ecuador, durante la administración de Rafael Correa; y que en Nicaragua arroja el resultado de que hoy no existe prensa escrita en el país centroamericano.

Asesinados

En México asesinaron a cuatro periodistas solo en enero de 2022. La última víctima mortal fue Roberto Toledo, reportero del portal Monitor de Michoacán, ultimado el 31 de enero. El domingo 23 de enero había sido asesinada Lourdes Maldonado, destacada trabajadora de prensa en Tijuana, Baja California, quien en 2019 advirtió sobre el riesgo que corría al propio AMLO en una de «las mañaneras» —conferencia de prensa diaria del presidente— informándole que las amenazas provenían de un ex gobernador estatal—Jaime Bonilla— dirigente del partido de López Obrador (Morena). Cinco días antes de ser abatida, Maldonado había dedicado su programa a rendir homenaje al fotoperiodista mexicano Margarito Martínez, asesinado el 17 de enero de 2022.

En la madrugada del miércoles 26 de enero, se registró un atentado en contra del periodista José Ignacio Santiago Martínez, de Oaxaca, quien había retornado a su ciudad después de sufrir un desplazamiento forzado. Por poco no fue otra víctima mortal. En la noche anterior, el gremio de periodistas mexicanos había realizado una manifestación en la vía pública en reclamo del cese de los crímenes, por investigación efectiva de los asesinatos de sus colegas, y contra la impunidad.

Enemigos

En 2021 sumaron nueve los periodistas mexicanos víctimas del crimen organizado: Benjamín Morales, Alfredo Cardoso, Fredy López y Gerry Aranda, Gustavo Sánchez, Jacinto Romero, Manuel González, Ricardo López y Saúl Tijerina, cifra que ubica al país americano como el más peligroso para ejercer la profesión, sostiene el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Según la periodista Yanely Fuentes Morales, del Diario Alternativo en el estado de Guerrero, —recién retornada a su país luego de estar exiliada en Barcelona en un programa de protección a periodistas— «los principales agresores son los mismos funcionarios, el Estado. Se creía que eran los grupos armados del narco, pero el narco no es solamente quien distribuye las drogas, sino que son aquellos que controlan la trata de personas, la tala indiscriminada de árboles, los que dan protección, que colocan personas en cargos públicos. El narco en México se ha diversificado bastante», sostuvo en una entrevista realizada por la emisora colombiana La W.

Preguntada si este sexenio es peor para la prensa que los de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox, respondió: «Sí, en el pasado no se tenía «las mañaneras» donde se legitiman estas agresiones contra la prensa».

AMLO habitualmente acusa a la prensa crítica de ser «tendenciosa, conservadora», de estar «al servicio del régimen corrupto» y al periódico El Universal lo llamó «enemigo del pueblo».

«Canallas»

Bolsonaro ha sido calificado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) como «principal depredador» de la prensa brasileña. El presidente de Brasil ha acusado a los periodistas de ser «unos canallas», de practicar «un periodismo canalla, que no ayuda en nada». Él también recurre a la publicidad oficial como premio y castigo, práctica común de otros jefes de estado autoritarios.

La beligerancia gubernamental ha generado miedo entre los periodistas brasileños expuestos al acoso virtual, detalla la periodista mexicana Guadalupe Galván, de El Universal, de México, en su informe Un grito de auxilio de los medios de comunicación en América Latina.

Las amenazas en las redes contra periodistas es la consecuencia natural de las agresiones realizadas contra la prensa desde el gobierno. Como las ha sufrido Patricia Campos Mello, de Folha de Sao Paulo, víctima de ataques misóginos hechos por Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del mandatario, quien fue condenado a indemnizarla.

«Panfletos»

«Bukele teme al periodismo porque detesta la trasparencia» sostiene Cesar Castro, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. El politólogo salvadoreño Benjamín Cuéllar, especialista en derechos humanos, citado por Galván, afirma que Bukele califica de «panfletos» a los medios que no se le alinean, y ha creado, con fondos públicos el Diario El Salvador, al tiempo que confiscó una cadena de radios que estatizó para difundir la labor gubernamental. Se suma lo que Cuéllar denomina «la maquinaria de medios de Casa Presidencial».

«Complot mediático»

Maduro otorga el apoyo estatal al Sistema Bolivariano de información y Comunicación de Venezuela, una plataforma de medios escritos, televisivos y radiales con el que enfrenta el «complot mediático», enemigo de su revolución. Entre 2014 y 2021 el chavismo cerró 84 medios impresos, canales de televisión y emisoras radiales.

Los presidentes y dictadores reseñados recibieron un espaldarazo a su práctica antiperiodística durante la administración Trump, quizás el presiente estadounidense que más se destacó en la historia de ese país por su belicosidad contra la prensa, a la que durante los cuatro años de su mandato de forma permanente adjudicó difundir falsedades, cuando él mismo batió el record de mentiras: The Washington Post informó que en diciembre de 2019 Trump había hecho más de quince mil cuatrocientas trece (15.413) afirmaciones falsas o engañosas como presidente, un promedio de aproximadamente 14,6 de declaraciones por día.

Es que la comunicación para entonces ya había superado largamente a la información, en especial la que brindan los medios impresos, y el gran público cree más en las redes sociales sin verificar las fuentes en que estas se nutren.

Por cierto, que el lunes 24 de enero de 2022, el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, no aportó precisamente al mejor reconocimiento del periodismo como profesión democrática cuando molesto por una pregunta trató de «estúpido hijo de puta» a un periodista de su país.

Nota publicada originalmente en el portal de CADAL, el 7 de febrero de 2022.

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Edición especial de la colección DP Enfoque de Diálogo Político, coordinada junto al Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos).

Luis Schiumerini (autor) es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame y asociado del Kellogg Institute. Doctor en ciencia política por la Universidad de Yale.

Noam Lupu (editor) es doctor y magíster en ciencia política por Princeton University. Profesor asociado de Ciencia Política en Vanderbilt University. Director asociado de lapop Lab.

Resumen:

Los ciudadanos en América Latina se encuentran superficialmente comprometidos con la democracia, pero este compromiso se ha debilitado drásticamente durante la última década y media. La reducción en el apoyo a la democracia también se manifiesta en un aumento en el apoyo a los golpes del poder ejecutivo. Hay un sesgo de clase en la desafección democrática.

Los ciudadanos de clases bajas muestran menos apoyo a la democracia en todas las dimensiones posibles –apoyo abstracto, oposición a golpes y confianza en elecciones– y también exhiben el deterioro más rápido. El mal desempeño de la democracia se encuentra fuertemente asociado con el menor apoyo. Los latinoamericanos se encuentran extremadamente insatisfechos con la democracia. Asimismo, el compromiso con la democracia es menor entre ciudadanos que han tenido experiencias más negativas, en términos de apoyo al gobierno, situación económica o exposición a corrupción.

Publicación: Febrero, 2022

ISBN: 978-9915-9444-0-1

Los autores realizaron una presentación de este documento junto a Diálogo Político que puedes ver en el siguiente video:

Hace justo un año, en este podcast, poníamos el foco en la estrategia de China en Latinoamérica. Hoy miramos hacia el otro gigante autoritario.¿ Cómo se relaciona la apuesta de Rusia en la región con la de China? El objetivo de Moscú ¿va más allá de sus relaciones clásicas con países como Cuba, Venezuela o Nicaragua?  ¿Qué está haciendo Estados Unidos para contrarrestar ese movimiento? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa. 

Invitados:

Claudia González Marrero, doctora en Estudios Culturales por la Universidad Justus Liebig, especializada en política cultural en sistemas autoritarios e investigadora de GAPAC.

Armando Chaguaceda Noriega, politólogo e historiador, especializado en el estudio de los regímenes y procesos autocráticos en Latinoamérica y Rusia.

Puedes leer el documento en la sección DP Enfoque aquí: El poder de Rusia en Latinoamérica. Autocracia global, influencia regional. 

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

Es un hecho que en Latinoamérica los partidos políticos no están pasando por su mejor momento. Sus índices de credibilidad siguen siendo bajos. Los electores les van perdiendo la fe, sobre todo a aquellas tiendas políticas de tendencias tradicionalistas y acartonadas que promueven posiciones polarizantes de izquierda o de derecha.

Mirar hacia el centro

Al parecer, la ciudadanía —y dentro de esta, en un porcentaje bien alto, los jóvenes— quiere otra cosa, y empieza a mirar hacia el centro buscando otras opciones.

Pero, ¿qué significa mirar hacia el centro? Pues, puede significar algunas cosas: desde desmarcarse de la polarización reinante, que no presenta soluciones eficaces y humanas a las causas que la democracia pospandémica está demandando, hasta buscar estructuras políticas distintas, que demuestren compromiso con la profesionalización de la política y que sintonicen con la modernidad del siglo XXI.

Siempre existe el riesgo de que la polarización y la baja credibilidad de las organizaciones políticas generen un momentum para la aparición de nuevos outsiders. Y estos puede que terminen siendo un salto de fe, un tiro al aire en momentos tan complejos para la región.

Defectos sistémicos

Si miramos hacia atrás, tratando de encontrar la génesis del debilitamiento de los partidos y del desencanto hacia ellos, se pueden hallar varias cosas. Los partidos han venido arrastrando defectos sistémicos comunes: una débil democracia interna, la falta de profesionalización de sus líderes y candidatos, cacicazgos arraigados, poca promoción de las mujeres y, sobre todo, corrupción.

El mirar al poder como una medida eficaz para ganar estatus social y económico terminó generando un cúmulo de malas prácticas. Estas terminan arrasando con la credibilidad en el ejercicio de la política. A ese respecto, hay estudios de percepción que hablan de la antipolítica como una nueva corriente, que promueve el alejamiento de todo lo que signifique militancia dentro de un movimiento o partido determinado, justamente por la mala fama de las organizaciones políticas.

Invertir en una reforma seria y a largo plazo

En esa misma línea, y tratando de ubicar el problema para plantear luego soluciones, hay criterios que sostienen que gran parte del desgaste de los partidos se debe a que están regidos por un sistema normativo bastante laxo y poco riguroso, y que, además, ha sido reformado a gusto del poder de turno. Como consecuencia de ello, las normas actuales son poco eficaces.

Siendo así, quizás convenga invertir en una reforma seria y que se proyecte a largo plazo. En este sentido, hay iniciativas para ir hacia una normativa más rigurosa y moderna, que motive a los partidos a reinventarse y fortalecerse desde adentro con normas adecuadas y, al mismo tiempo, profesionalizarse.

Ecuador: cruzada por la transformación

En Ecuador se ha iniciado una cruzada por la transformación de los partidos políticos, a través de la reforma del Código de la Democracia, por la construcción de un nuevo sistema de partidos. El leit motiv: rescatar el ejercicio de la política y promover la transformación de las tiendas políticas desde adentro; lograr marcar un camino normativo hacia la construcción de verdaderas usinas de pensamiento político.

Vale decir que el caso ecuatoriano es particular. Actualmente cohabitan más de 250 partidos y movimientos políticos, entre nacionales, cantonales y provinciales: una locura en términos de dispersión, un verdadero caso de estudio de lo que no se debe hacer.

Esta realidad ha traído muchos problemas: la dispersión misma hace que en cada elección haya sábanas infinitas de candidatos, que no permiten al ciudadano conocer a quién vota y que termina haciéndolo desde el desconocimiento y la poca responsabilidad. Las autoridades —especialmente en el ámbito local— son electas con porcentajes mínimos y llegan al poder con problemas serios de gobernabilidad para llevar adelante su gestión.

Por otro lado, a las autoridades electorales les resulta muy difícil controlar a tantos partidos, que los procesos de democracia interna se realicen apropiadamente, que se cumpla con las cuotas, etc. Para ejemplificar esta situación, ya se advierte que, para las elecciones locales del 2023, con ese número interminable de movimientos y partidos, es probable que se presenten unos setenta mil candidatos. Controlar una campaña de esas dimensiones, cuando aún persisten los estragos de la pandemia, será una tarea casi imposible para el Consejo Nacional Electoral.

Se necesita un salto cualitativo

Ante esta situación y la baja credibilidad que muestran los partidos y movimientos, en Ecuador se trabaja en una reforma rigurosa que plantee un salto cualitativo hacia buenas prácticas políticas. Se trata de forzar a los partidos a reinventarse y, de paso, eliminar a aquellos que no cumplen con requisitos obligatorios.

Esta propuesta de reforma está siendo elaborada por un grupo en el que participan académicos, la sociedad civil y técnicos electorales. Y pretende recoger el criterio tanto de la academia y la autoridad electoral como de los mismos partidos.

En tal virtud, entre otras cosas se plantea reformar el alcance territorial de los partidos, para que aquellos que ostentan carácter nacional puedan presentar candidatos a presidente y vicepresidente, asambleístas y miembros del Parlamento Andino; y aquellos de carácter local o provincial, únicamente puedan presentar candidaturas a alcaldes, prefectos y juntas parroquiales.

Exigencias a la organizaciones

Se plantean también hacer más rigurosos los umbrales de creación de organizaciones políticas. Se propone la eliminación de los adherentes, es decir, pasar a tener solo afiliados. Por otro lado, se incluyen obligaciones respecto a la generación obligatoria del padrón de afiliados; reglas sobre la actividad permanente de la organización; la alternancia obligatoria en la dirigencia; el fortalecimiento de la presencia y participación de las mujeres; actividades permanentes, publicidad y eliminación de distritos.

Es una propuesta amplia que, sin tocar temas procedimentales propios del proceso electoral, va dirigida al sentido mismo de la participación política. Esta iniciativa ha llamado la atención de varios sectores: medios de comunicación, líderes de opinión y las propias organizaciones políticas.

Se espera un debate amplio, plural y diverso, pero sobre todo honesto y generoso. Si logra reunir las voluntades de los varios actores, para tomar forma y traducirse en una reforma viable. Podríamos estar abriendo la puerta a que se descubra el secreto de la transformación que requieren los partidos para sobrevivir, con una nueva fisonomía: la cara de la política que necesita el siglo XXI.

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La cuarta democracia del mundo se encamina a una elección histórica. En un ambiente polarizado, los votantes no parecen orientarse por la calidad de las propuestas, sino para impedir la victoria de uno de los candidatos.

Leer el artículo en portugués

Hace algunos años, se decía en Brasil que, sobre política, fútbol o religión, no se discutía. Sobre los dos últimos temas, aún parece haber cierto acuerdo con la frase, pero nunca como en el último tiempo se discutió tanto sobre el rumbo político del país.

El debate político comienza a aumentar su temperatura a medida que se aproximan las elecciones generales en la cuarta mayor democracia del mundo, previstas para octubre de este año, y que determinarán el destino de los próximos cuatro años para la Presidencia y el Congreso Nacional, además de los Ejecutivos y Legislativos estaduales.

Brasil, con sus 148 millones de electores no solo es el cuarto país del mundo en términos de población electoral, sino que también alcanzó el deshonroso cuarto lugar entre los países que más se alejaron de la democracia, de acuerdo con el informe 2020 del instituto V-Dem de Suecia.

Polarización tóxica

Con niveles de polarización tóxica, además de violencia política y protestas favorables a posiciones autoritarias, el 2022 presenta lo que promete ser una de las campañas electorales más agitadas desde el regreso de la democracia en la década del ochenta.

La competencia electoral de este año se desarrollará en un Brasil aún de luto por las más de 620.000 vidas perdidas por la covid-19, muchas de ellas resultado de una negligente gestión del actual presidente y sus ministros negacionistas.

Como si la crisis sanitaria que aún está en curso no fuese suficiente, 12 millones de brasileños están desempleados y el endeudamiento de las familias alcanzó su mayor nivel en once años.

En relación con la cuestión climática, Brasil, que estuvo a la vanguardia en la discusión sobre el clima, aportando propuestas innovadoras en foros multilaterales, hoy se encuentra aislado, en medio de una crisis ambiental que desgasta la imagen del país en el exterior, con un aumento de la destrucción del área de bosques del 67% durante el actual período de gobierno.

Los temas en las elecciones de Brasil

Si en vísperas de las elecciones de 2018 los temas prioritarios para los brasileños fueron la corrupción y la seguridad pública, hoy los asuntos apremiantes son economía y salud pública. Auxilio Brasil, programa social propuesto por el Gobierno federal, que prevé el pago de R$ 400 a la población más pobre, es una de las embestidas de Jair Bolsonaro (Partido Liberal – PL) para galvanizar su apoyo popular, en un momento de desgaste.

Liderando la competencia electoral, el expresidente Lula (Partido de los Trabajadores – PT) cuenta con una amplia ventaja entre los electores de baja renta, y su discurso se centra en el recuerdo de los programas sociales de transferencia de renta desarrollados durante la gestión del PT, que contribuyeron a sacar al país del mapa del hambre en 2014, y al que regresó en 2021.

El fuerte rechazo a Bolsonaro, hoy con un índice de reprobación del 56%, de acuerdo con la encuesta de PoderData, lleva a la oposición a organizarse para hacerle frente. El expresidente Lula, su mayor rival, es quien lidera la intención de voto con 42% y podría ser elegido en primera vuelta, de alcanzar la mayoría de los votos válidos; esto significa obtener más votos que la suma de sus oponentes.

Mientras, y a pesar de liderar holgadamente, también presenta una imagen política desgastada debido a los escándalos de corrupción del PT, y un elevado nivel de rechazo, no solamente de su imagen sino de su partido. Atrás de Lula, Bolsonaro (PL) aparece con 28% de intención de voto, seguido de Sergio Moro (Podemos), en tercer lugar, con 8%; Ciro Gomes (PDT) con 3%; y Joao Doria (PSDB) con un porcentaje poco relevante de 2%. 

¿Bolsonarismo o lulismo?

Con Lula y Bolsonaro sumando el 70% de la intención de voto, el actual escenario de polarización impacta no solamente en la disputa presidencial, sino en todos los otros cargos en disputa. En el ámbito estadual, serán electos 27 gobernadores y más de mil diputados estaduales.

La proximidad (o distancia) con relación al bolsonarismo o al lulismo puede determinar las posibilidades de un candidato, e incluso las buenas relaciones al interior de su propio partido.

El Partido Social Liberal (PSL), la anterior sigla de Bolsonaro, fue irrelevante hasta la victoria del actual presidente, pero vio crecer su bancada y asumir el liderazgo en alcaldías y gobiernos importantes de Brasil, electos durante la ola del bolsonarismo.

Hasta que se cierre el plazo de cambio de partidos en abril, es posible que muchas piezas se muevan en el ajedrez político, especialmente tomando en cuenta los treinta y tres partidos políticos oficiales en la disputa. Ahora que Bolsonaro se afianzó en el PL y que Demócratas (DEM) y el PSL se fusionaron para crear la Unión Brasil, es probable que muchos candidatos abandonen sus siglas para acomodarse en aquella donde encuentren mayores probabilidades de victoria.

Bolsonaro, quien desde el inicio de su mandato gobierna a través del conflicto y no del consenso, necesita de un contrapunto para reelegirse, y ahí es donde el antipetismo le cae como anillo al dedo. El actual presidente exploró el odio a la política en las ultimas elecciones, presentándose como un hombre sencillo y outsider, transformándose en un fenómeno virtual. De un tiempo a esta parte, el discurso supuestamente apolítico de Bolsonaro cambió y, para zurcir alianzas, cambió el tono en busca de gobernabilidad.

Entre la izquierda y la derecha, los candidatos de centro están trabajando para forjar una tercera vía alternativa a estos polos, valiéndose principalmente del discurso de necesidad de renovación política. La renovación enunciada, entretanto, ya nace vieja, porque casi todos los representantes de esa tercera vía tienen sus raíces en el bolsonarismo.

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La tercera vía mal concebida

Entre aquellos que se dicen una alternativa a la polarización entre Lula y Bolsonaro, una parte era bolsonarista hasta hace poco tiempo, lo que muestra una construcción torpe de este camino alternativo que, presentándose como una novedad, es viejo en la práctica. La otra parte está formada por antipetistas, quienes, muy abajo en las encuestas, no parecen contar con posibilidades reales de asumir el liderazgo de una tercera vía, como se autoproclama ese grupo alternativo.

Si en Más allá de la izquierda y la derecha (1994) Giddens utilizó ese concepto para proponer una reformulación del Estado de bienestar social, en el Brasil de 2022 la llamada tercera vía representa una alternativa política a la polarización Lula vs. Bolsonaro. Durante 2020, muchas precandidaturas fueron anunciadas para testear niveles de aprobación y validar una decisión política de uno sobre otros candidatos, pero hasta ahora ninguno de los competidores dentro de la tercera vía ha logrado asumir el liderazgo de ese grupo.

Sergio Moro, hoy tercero en la competencia, fue un fiel partidario del actual presidente, asumiendo el cargo de ministro de Justicia en su gobierno. Al asegurar la prisión de Lula en la Operación Lava Jato, el exjuez fue una pieza clave para el resultado de las elecciones de 2018. Era alguien de estima para Bolsonaro hasta que comenzó a cuestionarlo, y ahora intenta borrar al presidente de su pasado. Recientemente, Moro se afilió a Podemos, pero hace tiempo viene coqueteando con Unión Brasil, el nuevo superpartido, con los mayores recursos electorales y partidarios, para aumentar sus chances de competir.

João Dória (PSDB) llegó a pedir, en las elecciones de 2018, que los electores paulistas votaran por Bolsonaro, inaugurando el «BolsoDória», que lo catapultó al gobierno de la capital financiera del país. Pero las disputas internas del PSDB, un partido histórico que protagonizó la contienda electoral en seis de las últimas siete elecciones presidenciales y que pelea ahora internamente para lograr cohesión, lo debilitaron en la competencia.

Juego estratégico

Los vínculos partidarios se definirán, de hecho, a inicios de abril, cuando se cierre el período ventana para el cambio de partidos, e inicie el juego estratégico de definiciones de alianzas y articulaciones para el período de convenciones partidarias, que tendrán lugar en agosto y oficializarán la alineación de los equipos para la disputada contienda electoral.

Hasta octubre pueden pasar muchas cosas en este juego electoral. Las presidencias de Arce en Bolivia, Fernández en Argentina, López Obrador en México y Gabriel Boric en Chile son indicadores de nuevos vientos en América Latina más hacia la izquierda, lo que también es relevante para este análisis.

Las disputas en el interior de los partidos para la distribución de los cargos directivos, además de los movimientos de alianzas y rupturas con Bolsonaro y Lula en las diferentes regiones, serán los temas principales de los próximos meses para que podamos entender el ajedrez electoral en el que se encuentra Brasil.

En un Brasil radicalmente polarizado, sin una tercera vía competitiva, los brasileños deberán elegir un candidato, ya no por la calidad de sus propuestas sino para impedir la victoria del otro.

Una nueva elección con un nivel extremo de polarización deja al desnudo en Brasil una cultura política que carece más de héroes que de buenos proyectos políticos.

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Leia a versão em espanhol

No Brasil, dizia-se há alguns anos que política, futebol e religião não se discutem. Quanto aos dois últimos, a ideia parece haver ainda certa aderência, mas o fato é que nunca se discutiu tanto sobre os rumos políticos do país como nos últimos tempos. O debate político tende a esquentar nos próximos meses à medida que a quarta maior democracia do mundo se aproxima das eleições gerais em outubro deste ano, o que determinará os próximos quatro anos da presidência e Congresso Nacional, além de Executivo e Legislativo estaduais.

O Brasil é não só o quarto país em termos de população eleitoral, com seus 148 milhões de eleitores, mas também conquistou o fatídico pódio de quarto país que mais se afastou da democracia, segundo o relatório de 2020 do Instituto V-Dem, da Suécia. Com registros de “polarização tóxica”, além de violência política e protestos favoráveis ao autoritarismo, o ano de 2022 trouxe o que promete ser uma das campanhas eleitorais mais conturbadas desde a redemocratização, na década de 1980.

A corrida eleitoral deste ano vai se desenrolar em um Brasil que amarga o luto por mais de 620 mil vidas perdidas para a Covid-19, muitas delas o resultado da gestão negligente do atual presidente e de seus ministros negacionistas. Não bastasse a crise sanitária, que ainda está em curso, 12 milhões de brasileiros estão desempregados e o endividamento das famílias atingiu o maior nível em onze anos. Na questão climática, o Brasil, que já esteve na vanguarda da discussão sobre o clima, com propostas inovadoras em fóruns multilaterais, hoje se vê isolado em meio a uma crise ambiental que desgasta a imagem do país no exterior, com um aumento de 67% na área de floresta destruída no atual governo.

Se às vésperas das eleições de 2018 o assunto prioritário para os brasileiros era corrupção e segurança pública, hoje as questões prementes são economia e saúde pública. O Auxílio Brasil, programa social proposto pelo governo federal que prevê o pagamento de R$400 à população mais pobre, é uma das investidas de Jair Bolsonaro (Partido Liberal – PL) para galvanizar apoio popular nesse momento de desgaste. Na liderança da corrida eleitoral, o ex-presidente Lula (Partido dos Trabalhadores – PT) tem larga vantagem com eleitores de baixa renda, e seu discurso está centrado na lembrança dos programas sociais de transferência de renda desenvolvidos na gestão do PT, que ajudaram a tirar o país do Mapa da Fome, do qual havia saído em 2014 e para o qual voltou em 2021.

A forte rejeição a Bolsonaro, hoje com índice de reprovação de 56%, segundo a pesquisa PoderData, faz com que a oposição se organize para lhe fazer frente. O ex-presidente Lula, seu maior rival, é quem aparece na liderança das pesquisas de intenção de voto com 42%, podendo se eleger em primeiro turno caso tenha a maioria dos votos válidos, isto é, se obtiver mais votos do que todos os seus oponentes juntos. No entanto, apesar de liderar com folga, também tem sua imagem política desgastada por conta dos escândalos de corrupção do PT, enfrentando também alto grau de rejeição, não só da sua imagem, mas também de seu partido. Após Lula, Bolsonaro (PL) aparece com 28% das intenções de voto, seguido de Sergio Moro (Podemos) em um terceiro lugar com 8%, Ciro Gomes (PDT) com 3% e João Doria (PSDB) com o percentual pouco relevante de 2%.

Com Lula e Bolsonaro somando juntos 70% das intenções de voto, o atual cenário de polarização impacta não só a disputa presidencial, mas todos os outros cargos em questão. Na esfera estadual, serão eleitos 27 governadores e mais de mil deputados estaduais. A proximidade (ou distância) em relação ao bolsonarismo ou lulismo é o que pode determinar as chances de um candidato e até mesmo suas boas relações dentro do próprio partido. O Partido Social Liberal (PSL), antiga legenda de Bolsonaro, era inexpressiva até a vitória do atual presidente, mas viu sua bancada crescer e assumir a liderança de prefeituras e governos importantes pelo Brasil, eleitos na seara do bolsonarismo. Até o fechamento da janela de troca de partidos, em abril, é possível que muitas peças importantes se movam no xadrez político, especialmente, considerando um país com trinta e três partidos políticos oficiais na disputa. Agora que Bolsonaro se assentou no PL e que o DEM e o PSL se fundiram para criar o União Brasil, é provável que muitos candidatos debandem de suas legendas para se acomodar na que encontrarem mais chances de vitória.

Bolsonaro, que desde o princípio governa por conflito, e não por consenso, precisa de um contraponto para se eleger – é aí que o antipetismo cai como uma luva. O atual presidente explorou o ódio à política nas últimas eleições, se apresentando como um homem simples e «outsider», tornando-se um fenômeno virtual. De lá para cá, seu discurso supostamente apolítico mudou e, para costurar mais alianças, Bolsonaro mudou de tom em busca de governabilidade. Entre a esquerda e a direita, candidatos do centro estão trabalhando para formar uma terceira via alternativa a estes dois polos, valendo-se principalmente do discurso de necessidade de renovação política. A renovação apregoada, no entanto, já nasce velha, pois quase todos os representantes da terceira via tem suas raízes no próprio bolsonarismo.

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Dentre os que se dizem uma alternativa à polarização Lula versus Bolsonaro, uma parte era bolsonarista até pouco tempo, o que demonstra uma construção atabalhoada deste caminho alternativo que, se apresentando como novo, é velho na prática. A outra parte é formada por antipetistas que, muito abaixo nas pesquisas, não parecem ter chances reais de assumirem a liderança da terceira via, como se auto intitula esse grupo alternativo. Se em «Para Além da Esquerda e da Direita» (1994) Giddens utilizou esse conceito para propor um estado de bem-estar social reformulado, no Brasil de 2022 a chamada terceira via representa uma alternativa política à polarização Lula x Bolsonaro. Ao longo de 2020, muitas pré-candidaturas foram anunciadas para testar a aprovação e validar a decisão política por este em vez daquele candidato, mas até agora nenhum concorrente da terceira via conseguiu assumir a liderança deste grupo.

Sérgio Moro, em terceiro lugar na disputa até o momento, foi um fiel apoiador do atual presidente, no governo de quem assumiu o posto de Ministro da Justiça. Ao garantir a prisão de Lula na Operação Lava Jato, o ex-juiz foi uma peça central para o resultado das eleições de 2018. Era alguém de estima para Bolsonaro, até que começou a questioná-lo e, agora, tenta apagar o presidente do seu passado. Moro se filiou recentemente ao Podemos, mas já vem flertando há algum tempo com o União Brasil, o novo super partido com os maiores fundos eleitoral e partidário, para aumentar suas chances na disputa.

João Dória (PSDB), por sua vez, chegou a propor que os eleitores paulistanos votassem em Bolsonaro para presidente nas eleições de 2018, inaugurando o «BolsoDória», que o catapultou ao governo da capital financeira do país.  As disputas internas do PSDB, um partido histórico que em seis das últimas sete eleições presidenciais havia protagonizado a disputa com o PT, mas agora briga internamente por coesão, o enfraquecem na disputa.

As filiações partidárias se definirão, de fato, até o início de abril, quando se fecha a janela de troca de partidos e se inicia o jogo estratégico de definições de alianças e articulações para o período das convenções dos partidos, que acontecem em agosto e oficializam a escalação de seus times para a disputada partida que são as eleições. Até outubro, muita coisa ainda pode acontecer no jogo eleitoral. As presidências de Arce na Bolívia, Fernández na Argentina, López Obrador no México e Gabriel Boric no Chile são indicativos de novos ventos, mais à esquerda, na América Latina – o que também não é pouco relevante para esta análise. As disputas dentro dos partidos pela divisão de diretórios, além dos movimentos de alianças ou rupturas com Bolsonaro e Lula nas diferentes regiões serão os principais assuntos dos próximos meses para que possamos entender o xadrez eleitoral em que se encontra o Brasil.

Em um Brasil radicalmente polarizado, sem uma terceira via competitiva, os brasileiros terão que escolher um candidato para impedir a vitória do outro, e não pela qualidade de suas propostas. Em mais uma eleição, a polarização radical desnuda no Brasil uma cultura política que carece mais de heróis do que bons projetos políticos.

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Una abstención histórica, el regreso firme de un ex presidente de los noventa como primera opción y la irrupción de un outsider moderado, marcaron la elección. Diálogo Político convocó a expertos para analizarlo a fondo.

Costa Rica, una de las democracias de mayor calidad en América Latina, tuvo elecciones presidenciales y parlamentarias el 6 de febrero del 2022. Como en cada elección, el tablero político tuvo variaciones. Esta elección obligó una segunda vuelta en los candidatos que obtuvieron la principal votación y para analizar los cambios y reacomodos en el panorama Diálogo Político convocó a expertos a una Mesa de Análisis Electoral el pasado 7 de febrero.

Los invitados fueron Betsy Rojas, consultora política con amplia trayectoria y directora de la agencia Imacorp; y Sergio Araya, analista y coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Costa Rica. El espacio estuvo moderado por el director de KAS Partidos, Sebastian Grundberger.

Los resultados en Costa Rica

En Costa Rica no es común la segunda vuelta electoral para las presidenciales. No obstante, esta elección y su elevada cantidad de candidatos, logró provocarla. En la primera vuelta los triunfadores el ex presidente (1994-1998) José María Figueres con 27% de la votación y el economista y ex ministro del actual gobierno, Rodrigo Chaves con el 16%. Ambos irán a la segunda vuelta o ballotage el próximo 3 de abril. El pastor evangélico Fabricio Alvarado, líder del partido Nueva República, obtuvo un 15%.

“Figueres no pudo crecer en otros nichos de votos del universo electoral costarricense. Mantuvo el respaldo que tenía él y el respaldo de su partido. Ahí está su resultado”, expresó Araya. Por otro lado, agregó que Chaves se separó de la baja popularidad de la administración actual del presidente Carlos Alvarado, y potenció su diferenciación de los partidos tradicionales y del resto del sistema político.

Sobre la derrota de Fabricio Alvarado, recordado por sus controversiales y conservadoras declaraciones sobre diversidad sexual y otros asuntos sociales, y quien aparecía como posible segundo lugar por los estudios de opinión, Araya cree que “se mostró mucho más preparado que hace cuatro años, cuando fue un outsider que irrumpió en la escena política nacional. Trató mostrarse más plural y más democrático”. No obstante, no fue suficiente para lograr un resultado positivo. En otra vereda, el partido Unión Social Cristiana de la candidata Lineth Saborío, logró incrementar su bancada parlamentaria de 9 a 11 diputados.

El oficialismo, encabezado por el actual presidente, Carlos Alvarado, quedó fuera del Parlamento. “Jamás se había registrado que el partido oficialista quede sin representación legislativa. No logró ni el 4% de los votos ni obtuvo un diputado, lo que también lo saca del beneficio de financiamiento estatal del partido, porque para ello necesitan un mayor porcentaje, como establece la ley vigente. De tal manera que ha sido un revés muy fuerte para el gobierno”, explicó Sergio Araya. A criterio del analista este es ya un elemento que marca el carácter diferencial de esta elección.

Serán 57 los parlamentarios que integrarán el nuevo Congreso de Costa Rica y asumirán en mayo.

Algunos elementos claves

1. La elección estuvo caracterizada por la dispersión del voto y el multipartidismo. 25 candidatos presidenciales.
2. Alto porcentaje de abstención: el promedio común era del 34-35%, en este proceso ascendió hasta el 41%, el más alto en la historia del país.
3. El incremento de los indecisos y de los no afiliados a partidos políticos a un 42% de la población votante antes de la elección.
4. Ambos candidatos requerirán una ingeniería electoral sofisticada para conseguir los apoyos exactos que les permitan obtener una mayoría electoral en abril.
5. A contrapelo con lo que ocurre en América Latina, se espera que para el ballotage la polarización no sea el factor más relevante de la campaña.

Una campaña diferente

Para Betsy Rojas, el contacto directo y mecanismos como el puerta a puerta y los recorridos urbanos y rurales fue una herramienta altamente funcional para los candidatos que pasan a la segunda vuelta. “Los partidos que tenían más estructura y bases para movilizar en todo el país tuvieron mejores resultados como José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, y también a partidos como Unidad Social Cristiana”. Sin embargo, Rojas expresó que, aunque esta fue la regla, también hubo la excepción. En este sentido, el debutante partido Progreso Social Democrático y su candidato Rodrigo Chaves que pasó a la segunda vuelta como segunda opción, pudo capitalizar a su favor ataques recibidos durante la campaña que al final movilizaron un voto de opinión importante.

“Yo creo que más allá de las ideologías y de la doctrina partidaria, ahora está pesando más la emoción, la esperanza y, muy importante, el carácter pragmático del político. Es decir, la narrativa y la historia del candidato y su propuesta puede resolver los problemas”, expresó Rojas.

Ambos candidatos que pasaron a la segunda vuelta tienen muchas fortalezas, tienen contenido como demócratas y candidatos moderados. Tienen posibilidad de crecer, pero son varios los desafíos. Por el lado de Figueres, construir una imagen actual, y por el de Chaves amplificar su estructura y base de apoyo.

Aquí puedes ver el video completo de la Mesa de Análisis Electoral