Iris Xiomara Castro, nacida en Tegucigalpa y esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales, establece un nuevo hito en la historia al convertirse en la primera mujer en ostentar la presidencia, rompiendo el bipartidismo tradicional en Honduras. A sus 62 años de edad, tomó posesión en su cargo para gobernar en el periodo 2022-2026.

La afluencia de hondureños a la ceremonia de traspaso fue masiva y diversas delegaciones internacionales demostraron su respaldo a la nueva presidenta. En un hecho importante, se contó con la participación de la señora Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, quien sostuvo reuniones bilaterales y manifestó la voluntad de su Gobierno para apoyar la lucha anticorrupción y promover la recuperación económica de Honduras. Esto abre nuevas esperanzas y futuras oportunidades.

A consecuencia de las disputas que se suscitan al interior del Poder Legislativo, en el que se registra el hecho insólito de contar con dos presidentes y dos juntas directivas paralelas, Xiomara Castro tomó la decisión de realizar su promesa de ley ante una jueza nacional y no de manos de alguno de los presidentes del Legislativo. Esta es una acción atípica que se genera para prevenir toda ilegitimidad en su juramento.

Combate a la corrupción y la impunidad

En su primer discurso como presidenta de los hondureños, indicó que el erario público se encuentra en una situación precaria a consecuencia de la corrupción y la malversación de fondos durante la administración de Juan Orlando Hernández. Esta condición obliga a más del 70 % de la población a vivir en pobreza y vulnerabilidad, lo que impulsa a sus compatriotas a ser parte de las famosas caravanas de migrantes que viajan a otros territorios en búsqueda de libertades económicas, sociales y culturales.

Ante su pueblo y la comunidad internacional, prometió trabajar incansablemente en el combate a la corrupción y la impunidad, flagelos que han capturado la institucionalidad estatal e impiden el desarrollo de la nación. En vista de que asume la presidencia de un país en ruinas, manifestó que es urgente reorientar las políticas públicas, fomentar nuevas líneas estratégicas de inversión y minimizar los altos flujos de endeudamiento.

Por otra parte, lamentó que el gobierno saliente haya desarrollado y aprobado un presupuesto general para 2022 que no se adapta a la realidad y se destina al pago ostentoso de sueldos y salarios. Esta situación limita la ejecución de proyectos de desarrollo, por lo que indicó que trabajará en la reorientación del presupuesto y fomentará la transparencia y optimización de los recursos.

Promesas y gabinete

Destacan entre sus primeras promesas de gobierno: solicitar la colaboración ante la ONU para la instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, trabajar para la derogación de la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), promover la aprobación de una ley de participación ciudadana sobre consultas constitucionales, designar atribuciones al soberano en la toma de decisiones, impulsar un subsidio a la energía eléctrica para que los pequeños consumidores no paguen por consumo y reducir los intereses bancarios para préstamos al rubro productivo, entre otras acciones.

Junto con sus promesas, Castro presentó el gabinete de gobierno que la acompañará en este proyecto. Alrededor de este se han suscitado algunas críticas, debido a la designación de familiares en puestos claves, lo que podría considerarse nepotismo.

En su cierre de discurso, la presidenta expresó que fomentaría la ley de condena a la reelección presidencial de 2017, por tratarse de un acto ilegal que violentó la Carta Magna. A la vez instó a retomar investigaciones sobre casos violatorios que se dieron durante el golpe de Estado de 2009.

Sobre el futuro del expresidente Juan Orlando Hernández

Durante la investidura presidencial no se contó con la participación de Juan Orlando Hernández, quien dejó la Casa de Gobierno en medio de críticas y múltiples acusaciones que lo vinculan con el crimen organizado, narcotráfico y corrupción. Trascendió en redes sociales que la congresista estadounidense Norma Torres solicitó al Departamento de Justicia de su país que se procese una orden de extradición en contra de Hernández por el delito de narcotráfico. Hernández niega esta acusación y manifiesta su inocencia.

En el goce de su derecho pleno como expresidente, Hernández se juramentó en ceremonia virtual como nuevo diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), funciones que desempeñará durante el mismo periodo que dura el mandato de Xiomara Castro.

Un Congreso Nacional y dos presidentes

No todo es armonía en el panorama político del país, ya que persisten los conflictos entre parlamentarios por la presidencia de este poder del Estado. Por un lado, el grupo que preside el diputado Luis Redondo, que surgió del acuerdo de coalición entre los partidos Libre y Salvador de Honduras, que permitió la victoria de Xiomara Castro en las elecciones. Por otra parte, el grupo que preside el diputado Jorge Cálix, quien salió electo por Libre pero posteriormente se alió con la bancada del Partido Nacional para alcanzar sus ambiciones.

Estas discrepancias involucran a los tres poderes del Estado y podrían provocar graves repercusiones en el sistema de Estado de derecho. La presidenta Xiomara Castro ha manifestado que reconoce la titularidad del diputado Luis Redondo. Sin embargo, el Partido Nacional (ahora de oposición) dio a conocer que reconoce la titularidad del diputado Jorge Cálix. Ante esta situación, se especula que la Corte Suprema de Justicia presentará un dictamen en favor de Jorge Cálix, dadas las influencias del Partido Nacional en el Poder Judicial.

La población hondureña comienza a preocuparse por las divisiones en el Congreso Nacional, que podrían generar nuevas confrontaciones en las calles. Algunos expertos consideran que la lucha de poder en el Legislativo se debe al interés de grupos particulares para concebir una ley de extradición que limite ciertas acciones judiciales.

Esperanzas y oportunidades

El 2022 se presenta como un año de esperanzas y oportunidades para el pueblo hondureño. Xiomara Castro asume la presidencia en medio de diversos retos a consecuencia de la pandemia de covid-19, las herencias negativas del gobierno de Hernández, las confrontaciones internas por el poder en el Legislativo y la falta de confianza en la institucionalidad. Se requiere madurez para unir a la sociedad y concebir un plan nacional de desarrollo que dignifique a las personas.

Para alcanzar esto es de vital que la ciudadanía se involucre y ayude a forjar un sistema de Estado de derecho confiable. En consecuencia, los diputados deberán deponer sus pretensiones individuales y buscar el bien de la nación. De no ser así, el país podría experimentar un nuevo clima de ingobernabilidad y repetir los sucesos grises que han enlutado su historia.

Polarización en el Congreso Nacional

La lucha de poderes al interior del Legislativo podría tener repercusiones en la agenda de Xiomara Castro, pues corresponde a los diputados la discusión y aprobación de iniciativas como la instalación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad y la derogación o continuidad de las ZEDES, por mencionar algunos ejemplos. Destaca que este tipo de mociones requieren la aprobación de mayoría calificada, es decir, un mínimo de 86 votos de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional.

Que impere una forma de gobierno complementaria e independiente será fundamental en los próximos meses. De persistir la polarización en el Congreso Nacional se podría romper el orden constitucional y retornar a una crisis política. En ese sentido, se requiere sabiduría política para impulsar un diálogo y generar los consensos que anhela la nación.

Se necesita humildad, madurez y sabiduría

Sobre las menciones de Xiomara Castro a temas vinculados con el golpe de Estado de 2009, no estoy seguro de que sea el momento oportuno y si es lo que necesita el país en este instante. Honduras requiere un clima agradable y pacífico para atraer la inversión, generar nuevas fuentes de empleo y forjar un sistema social que garantice el desarrollo pleno de la persona humana. Pero este proceso solo puede lograrse con humildad para perdonar, madurez para dialogar y sabiduría para unificar a la sociedad.

La primera mujer presidenta de Honduras asume su cargo con entusiasmo y la promesa de trabajar con honestidad para el bienestar de su nación.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/fd7a77a0-db8e-4d21-853e-e18f86ace49c?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Reflexiones sobre el escenario de autocracia global e influencia regional rusa en América Latina.

Autores: Claudia González Marrero y Armando Chaguaceda

Editado por Diálogo Político y Gobierno y Análisis Político A.C. (Gapac)

Resumen:

Las autocracias globales han influido activamente en el entorno político y económico latinoamericano. El patronazgo y proyección de potencias como Rusia han actuado sobre gobiernos y sociedades
donde la polarización política, el nacionalismo antiliberal y la limitación al Estado de derecho encuentran terreno fértil para la expansión autoritaria. Su difusión en los medios de comunicación afines y en las posturas de intelectuales notorios ha incluido sobre la opinión pública en favor de la legitimación de la autocracia.

[Lee también: DP Enfoque Nro. 10 Así nos habla el Kremlin]

En este rigor, Moscú ha apoyado el reconocimiento y fortalecimiento mutuo de regímenes iliberales, limitando regionalmente la defensa de las democracias. El presente artículo explora algunas expresiones y resultados del poder incisivo ruso sobre América Latina, atendiendo a naciones con gobiernos autoritarios y espacios de (re)producción de ideas y narrativas de legitimación del orden social iliberal.

Publicación: Febrero, 2022

ISBN: 978-9915-9444-1-8

Los autores realizaron una presentación junto a Diálogo Político que puedes ver en este video:

Un hecho que no sorprende, pero preocupa. Según una encuesta publicada en el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, un tercio de los estudiantes entre el sexto grado de primaria y el duodécimo de secundaria en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) no entienden bien qué ocurrió durante la Shoá (la palabra hebrea que designa el genocidio de los judíos). Piensan que el número de judíos muertos durante la Segunda Guerra Mundial ha sido exagerado, y que incluso el crimen contra la humanidad perpetrado por los nazis nunca ocurrió. Un 40% dicen que se ha informado sobre el tema a través de las redes sociales.

Esta encuesta se difunde justamente cuando se reporta que una junta escolar en el estado de Tennessee (EUA) decidió retirar la novela gráfica Maus de su plan de estudios de octavo grado porque contiene palabras e imágenes que consideran ofensivas. La obra de autor Art Spiegelman cuenta las atrocidades del Holocausto en Polonia.

Síntomas de un problema más profundo

La encuesta confirma lo que uno a veces puede escuchar en un salón de clases en una universidad canadiense. Por ejemplo, en un debate por Zoom sobre el tema del racismo contra los negros en Estados Unidos y Canadá, y sobre cómo tratar el tema en un curso, una estudiante hizo un comentario singular. Ante la observación de un profesor que había asistido a seminarios en universidades alemanas sobre el Holocausto —donde se podía mantener una discusión libre y abierta incluso cuando se compartía con los estudiantes virulentos materiales de propaganda antisemita sin que nadie se sintiera ofendido—, la estudiante dijo que lo «de los judíos no había durado tanto, solo cinco años», en cambio la esclavitud de los negros había durado dos siglos.

Sí, como lo está leyendo. El genocidio de los judíos había sido, según esta estudiante, un breve episodio histórico, borrando así dos mil años de historia de antisemitismo.

Las falencias del sistema de educación y el impacto de las redes sociales en el conocimiento superficial e incluso distorsionado de la historia son apenas síntomas de un problema más profundo. El inmediatismo en el que vivimos hoy en día borra o tamiza el recuerdo. Lo borra cuando no existe ni siquiera una comprensión de base de un proceso histórico relativamente reciente del siglo XX. Y lo tamiza cuando pretende borrar de la historia del mundo y de los países eventos que no corresponden al clima de opinión considerado aceptable, sea este de un signo político o de otro. Esto incluye a la extrema derecha, que pretende que el pasado siempre fue glorioso (lo que es sin duda falso), y a la extrema izquierda, que sataniza a la civilización occidental (que tiene seguro muchos defectos, y también muchos logros).

La impronta de las imágenes

¿Cómo superar esta carencia o distorsión del conocimiento histórico en un mundo dominado por las imágenes que circulan en el ecosistema digital? Justamente con imágenes o, para ser más precisos, con imágenes que contengan un gesto actual con nos permita entender mejor el sentido del pasado.

Por ejemplo, recientemente, Mickey Levy, el speaker (presidente) de la Knéset, el parlamento israelí, dio un discurso ante el Bundestag (el Parlamento alemán) justamente el día de la Conmemoración Internacional del Holocausto. Levy concluyó su discurso recitando parte del kadish (que leyó de un libro de plegarias que había usado un niño en su Bar Mitzvá en 1938 en Alemania que le prestó Yad Vayshem, el memorial de la Shoá de Jerusalén). Levy no pudo contener la emoción y se puso a llorar mientras recitaba la plegaria que se dice para la elevación de las almas de los fallecidos.

Ese momento merece verse y explicarse, pero no como un episodio sentimental, sino como un evento histórico que tiene un significado tremendo. El líder de una de las instituciones del Estado judío es invitado a hablar en el Parlamento del país que hace apenas unos años perpetró el genocidio contra su pueblo y escucha su discurso en el idioma ancestral de los judíos, el hebreo. Y concluye su mensaje con la santificación del Dios de Israel, y la invocación a la paz al final de la plegaria.

Cuando las palabras fallan

El gesto de Levy recuerda otro que ocurrió en 1970 cuando el entonces canciller de la República Federal de Alemania, Willy Brandt, se arrodilló ante el monumento en memoria de los combatientes del gueto de Varsovia en Polonia. La rebelión del gueto contra los nazis duró casi un mes, de abril a mayo de 1943. Combatientes judíos con la ayuda de algunos partisanos polacos atacaron a las fuerzas nazis que aceleraban las deportaciones hacia los campos de exterminio. Aunque la rebelión fue aplastada por la maquinaria militar alemana, señala un aspecto que muchas veces se olvida de la Shoá (Holocausto): la valentía de miles de judíos que tanto en Varsovia como en otros guetos, campos y lugares en Europa resistieron el genocidio.

Brandt explicó en sus memorias que se arrodilló frente al monumento de los héroes del gueto de Varsovia porque ante la inmensidad del crimen cometido contra millones de personas «las palabras fallan».

Los gestos de Levy y de Brandt sirven para, desde una perspectiva contemporánea, abordar un tema de nuestra historia reciente y sus implicaciones para el mundo en el que vivimos hoy. Es importante que las nuevas generaciones recuerden estos horrores de la humanidad pero, sobre todo, que entiendan su gravedad y sus consecuencias. Y que sepan que la humanidad no comenzó ni terminará con ellos.

Cuatro aspectos en los que existen diferencias y semejanzas entre los dos ciclos de gobiernos de izquierda en la región. ¿En qué se parecen y en qué no?

Latinoamérica ha tenido un nuevo repunte de gobiernos nacionales de centroizquierda e izquierda. Una segunda ola progresista, aunque menos bulliciosa que la primera. En este ciclo, los gobiernos, sus fuerzas políticas y apuestas programáticas son más heterogéneas. Difieren en las estrategias y tácticas de su ola predecesora. En todo caso, ¿en qué se parecen y en qué no?

Hay cuatro aspectos que nos permiten establecer diferencias y semejanzas entre las dos olas progresistas que han tenido lugar en el siglo XXI en la región.

La primera ola

Como primera ola progresista (pink tide) llamamos al bloque de gobiernos de centroizquierda e izquierda que debutaron durante los primeros tres lustros de este siglo. Inició con la irrupción del chavismo y la Revolución bolivariana en Venezuela con el ascenso de Hugo Chávez en 1999, e incluyó a Brasil y Argentina en 2003, República Dominicana y Panamá en 2004, Bolivia y Uruguay en 2005, Chile y Honduras en 2006, Ecuador y Nicaragua en 2007, Paraguay y Guatemala en 2008, El Salvador en 2009 y Perú en 2011.

Como figuras internacionales resaltantes de esta ola destacaron Chávez, Néstor y Cristina Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa. Todos llegaron al poder nacional por primera vez en ese tiempo. Obtuvieron mayorías parlamentarias, lo que les permitió gobernabilidad para introducir reformas y articular sus proyectos nacionales. Hubo mucha diversidad en el accionar de cada gobierno. No fue un bloque homogéneo. En 2015 finalizó esta ola.

La segunda ola

La segunda ola se abrió paso con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México en 2018, al que se les sumaron Argentina y Panamá en 2019, Bolivia en 2020, Perú y Chile en 2021 y Honduras en 2022. Aparecen en el horizonte el regreso de Lula da Silva como candidato presidencial en Brasil y Gustavo Petro entre los favoritos de las presidenciales en Colombia para 2022. Resaltan como sus figuras el propio AMLO, Alberto Fernández en Argentina y el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric.

Diferencias y semejanzas

La reconfiguración del mapa político permite establecer algunos puntos para contrastar las características de ambas olas. Para ello hemos identificado los siguientes ítems:

1. Trayectorias históricas

La primera ola fue la coincidencia en varios países del ascenso de partidos de izquierda que se estrenaban en el gobierno. Se caracterizó por una confluencia de actores de la izquierda tradicional que iba desde partidos y coaliciones de base popular con la participación de los históricos partidos comunista y socialista, hasta el protagonismo de nuevos partidos políticos nacionales y locales, y movimientos sociales consolidados al calor de las luchas sociales de finales del siglo XX. Contó con una fuerte impronta de la tradición populista latinoamericana. En la nueva ola, si bien estos elementos están presentes, la heterogeneidad de la base de apoyo es mayor.

En el primer ciclo, la izquierda latinoamericana llegaba al gobierno coincidiendo en el discurso de condena generalizada a las administraciones de derecha y centroderecha de finales de los noventa, la urgencia de políticas sociales y reformas estructurales —en algunos casos refundacionales—. Este nuevo ciclo cuenta con una batería de demandas más moderadas que apelan al perfeccionamiento de la acción estatal en algunos ámbitos, la inversión en políticas sociales y el reflote de la economía.

Ambas olas tienen en común la consolidación de liderazgos de larga trayectoria junto con figuras outsiders.

2. Relación con Estados Unidos

Si por algo destacó la primera ola fue por su retórica hostil con la potencia norteamericana. Proliferaron iniciativas para condenar los tratados de libre comercio, la ayuda humanitaria y la actividad de organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial. Igualmente, algunos países mantuvieron una convivencia cordial con la potencia —desde grandes como Brasil hasta pequeños como Uruguay—.

A la primera ola le tocó vivir la nueva reconfiguración geopolítica en que China se posicionó como contrapeso de Estados Unidos. Rusia también permeó intensamente la región en este tiempo. Sin embargo, los gobiernos progresistas de la nueva ola parecen tener menos interés en apostar por una confrontación geopolítica contra Norteamérica.

Símbolo de ello es la firma del tratado de libre comercio entre AMLO y Donald Trump, y las acciones para controlar el flujo migratorio. Gabriel Boric anunció contactos con Joe Biden. También la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que aspira a una relación pragmática con la potencia durante la visita de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en su toma de posesión.

Una figura influyente como Lula da Silva ha hablado de tener una amistad con Estados Unidos.

3. Venezuela, Cuba y Nicaragua

La primera ola progresista tenía en su epicentro el impulso de la Revolución bolivariana de Venezuela, a su vez apoyada por una profusión de recursos económicos que la convirtieron en una potencia exportadora de su proyecto político y de la integración bolivariana. Este financiamiento a la coordinación estrechó el vínculo con Cuba, Estado mentor del régimen venezolano, y en menor medida Nicaragua, ubicado más en la periferia de la atención regional. Sin embargo, con la consolidación de los autoritarismos hegemónicos en Venezuela y Nicaragua, comenzaron a presentarse matices en la convalidación del modelo.

La nueva ola es más moderada y pragmática en su relación con Cuba y los otros regímenes. Existe una posición mediada por el escepticismo de lo que ha sido el socialismo del siglo XXI para Venezuela y su vínculo se ha resumido a la prédica del principio de no intervención y algunos espacios de interacción partidaria. Sin embargo, salvo algunas diferenciaciones puntuales que se mostraron a priori como distantes del autoritarismo, como la de Boric en Chile con su crítica a los regímenes de Venezuela y Nicaragua o el llamado a consulta de los embajadores de México y Argentina, de momento no se evidencia pista de una condena general a la amenaza que estos gobiernos representan para la democracia y los derechos humanos.

4. Asociación internacional

La convicción latinoamericanista y anti-Estados Unidos de los gobiernos de la ola anterior generó espacios alternativos de coordinación regional. Con esa lógica se crearon ALBA y Unasur, configurados como clubes de presidentes con afinidad ideológica para la promoción y solidaridad mutua. Sin embargo, quedaron en desuso. En la nueva ola, de momento no se ha evidenciado interés por revitalizar estos espacios o por la creación de otros nuevos.

En la OEA, escenario históricamente criticado desde la izquierda por su influjo estadounidense, curiosamente la primera ola actuó con eficacia como un bloque de voto mayoritario durante la secretaría general de José Miguel Insulza (2005-2015). Con la llegada de Luis Almagro (2016) la crítica gravitó más hacia el accionar del secretario y no de la organización, lo que llevó a suspensiones de algunos países y varias controversias. En esta nueva ola progresista se ven más discordancias específicas con Almagro que con la institucionalidad del sistema interamericano.

Conclusiones

La nueva ola de gobiernos de centroizquierda e izquierda en Latinoamérica se diferencia sustantivamente de la anterior. Esta vez se proyecta más moderada y parece apostar más por el pragmatismo que por la afinidad puramente ideológica. Hay señales de que prioriza más el diálogo con las grandes potencias que estar en la hinchada de un bloque en el ajedrez geopolítico.

Ahora los gobiernos de izquierda no debutan en el poder. No son tiempos de vacas gordas y en muchos casos no cuentan con abrumadoras mayorías. A tono con esto, no se han anunciado planes refundacionales sino reformas bajo las normas del juego democrático. La segunda ola arrastra los escombros de la primera: dos autoritarismos hegemónicos que junto a Cuba hacen el trío de las dictaduras realmente existentes en la región.

¿Podrá la nueva ola progresista formular una condena explícita a las dictaduras? ¿Podrá impulsar un clima de diálogo con el resto del sistema político? ¿Tendrá dentro de sus objetivos disminuir la polarización y no caer en la deriva populista? Ejemplos en México y Argentina indican que es difícil que suceda. Sin embargo, nuevos liderazgos se han sumado, y en 2022 las presidenciales en Brasil y Colombia pueden colocar más actores en el mapa.

El presidente Lasso busca inversiones y apertura comercial para el Ecuador. En ese contexto designó canciller a Juan Carlos Holguín y el exministro Mauricio Montalvo dirigirá la representación ante la OEA.

Ecuador comenzó el nuevo año con un flamante funcionario al frente de su Cancillería. Luego de una destacada gestión, el embajador Mauricio Montalvo recibió una nueva misión, al frente de la representación ante la Organización de Estados Americanos. Por su parte, Juan Carlos Holguín tomó la posta de las relaciones exteriores ecuatorianas. Destacado por su capacidad de gestión, Holguín asume este encargo con la visión de implementar una diplomacia comercial.

El ascenso de Holguín

De origen empresarial, Holguín siempre estuvo interesado en los temas públicos. Vinculado al mundo del fútbol y la tecnología, logró destacarse en su generación como un gestor. Fue candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento CREO, del entonces emprendedor y político Guillermo Lasso, elección en la que llamó la atención por sus ideas frescas, que envolvió en su eslogan «Innovar para cambiar».

Luego de ello, participó en el grupo cercano a Lasso en la candidatura que lo llevó a la presidencia en 2017 y, de inmediato, fue nombrado líder de la transición de gobierno. Una vez arrancada la administración de Lasso, Holguín ocupó la posición de embajador ad honorem para temas estratégicos, con una destacada participación en la denominada diplomacia de las vacunas, que permitió conseguir suficientes dosis para inocular a nueve millones de ecuatorianos en cien días (compromiso de campaña).

Formado en comunicación corporativa y relaciones públicas, su interés por la política y por los temas externos se reflejan, además, en sus estudios de maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, de las más prestigiosas en esta materia.

El reto comercial

De la mano del lema de campaña «Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador», el país apunta a firmar diez tratados de libre comercio hasta 2025. De arranque, y durante el primer trimestre de 2022, se espera cerrar la negociación con México. Una vez concluido este proceso, se estima ingresar a la Alianza del Pacífico como miembro pleno durante el primer semestre. De hecho, en la reciente cita del bloque, Lasso extendió su pedido formal de admisión.

En el radar comercial de Ecuador se encuentran, además: Rusia, Japón, Turquía, Canadá, Australia, Corea del Sur, Israel, India, Costa Rica y Panamá. Además, el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la Unión Económica Euroasiática. En lo inmediato, el presidente Lasso emprende viaje a China para —entre otros asuntos— firmar un memorando de entendimiento a fin de arrancar la negociación comercial, que estimarían concluir a fines de año. Por otro lado, el frente de Estados Unidos se mantiene como un reto trascendental y relevante, a pesar de que la agenda interna norteamericana ofrece poco espacio, por ahora, para concretar un acuerdo de este tipo a corto plazo.

El reto de la seguridad

Uno de los ejes de trabajo que han destacado el presidente Lasso y el canciller Holguín es la batalla contra la inseguridad en Ecuador. En el rango de su competencia, el ministro de Relaciones Exteriores ha mencionado su intención de profundizar la cooperación internacional, en especial, con Colombia y con Israel.

Los otros frentes que implican seguridad no son menos importantes. La ciberseguridad, el crimen transnacional, el narcotráfico, entre varios, también estarían en esta agenda de cooperación. Vale destacar la candidatura al Consejo de Seguridad, posición que se buscaría asegurar, y que significaría el retorno de Ecuador a la instancia luego de 30 años.

El balance del multilateralismo

El Gobierno nacional ha sido muy claro en cuanto a su posición general en materia de relaciones internacionales: el multilateralismo es el camino y la búsqueda de inversiones la misión. De esta forma, se abrió el abanico a las relaciones con Occidente y con Oriente.

Lasso ha demostrado estar muy cercano a Estados Unidos y, de manera correspondida, el gobierno norteamericano ha extendido su mano, en especial, en la participación del país en la iniciativa B3W y la notoria visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, hace pocos meses.

Por otro lado, las relaciones con China han sido virtuosas también. El 65 % de las vacunas contra el covid-19 que llegaron a Ecuador provinieron de ese país. Adicionalmente, al momento de escribir este artículo Guillermo Lasso emprende viaje a China a fin de multiplicar las relaciones con el país asiático, en varios ámbitos.

La integración y el liderazgo regional

De manera general, se podría afirmar que el ciclo político de Sudamérica se encuentra en camino hacia la izquierda. Esto se refrenda en la última elección y la constituyente chilena, la elección peruana, los gobiernos de Venezuela y Bolivia, así como los potenciales resultados de las elecciones en Brasil y Colombia. Dicho esto, Lasso y Lacalle Pou podrían ser los dos presidentes que presenten a sus países como islas de la derecha en esta zona del continente.

En este sentido, para Lasso se abre la oportunidad de capitalizar la atracción de inversiones en la región e incluso emprender un camino de liderazgo. Para ello, dependerá de la estrategia, prioridad y resultados de sus esfuerzos internacionales.

A manera de conclusión

El nombramiento del canciller Holguín obedece a la necesidad de Lasso de emprender un camino de búsqueda de inversiones y apertura comercial; además, a la oportunidad del perfil para reactivar la economía con el aporte de su gestión y a la capacidad de un político que ha probado ser un gestor eficiente.

En esta publicación conoceremos los testimonios de diez mujeres que encontraron en la política la vocación de su vida. Mujeres de distintos países, con distintos orígenes, edades, cargos y, principalmente, con realidades muy diversas en el ejercicio de su actividad política. A todas las une la pasión por la causa pública.

Ellas son:

• Gabriela Michetti, Vicepresidenta de la Nación Argentina (2015-2019)
• Carolina Goić, Senadora nacional de Chile (2014-2021)
• Nadia Blel, Senadora de la República de Colombia (desde 2018)
• Johana Bermúdez, Diputada de Honduras (desde 2018)
• Laura Rojas, Presidenta de la Cámara de Diputados de México (2019-2020)
• Zulphy Santamaría, Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá (2018-2019)
• Marisol Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos de Perú (2016-2017)
• Beatriz Argimón, Vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay (desde 2020)
• Marialbert Barrios, Diputada nacional de Venezuela (2016-2021)
• Ronja Kemmer, Diputada federal de Alemania (desde 2014)

A través de estas experiencias personales queremos visibilizar sus aportes y logros, pero también las frustraciones que tuvieron que superar y los sueños por cumplir. ¿Qué las llevó a la actividad política? ¿Con qué dificultades se encontraron, incluso entre sus propios compañeros de partido o agrupación? ¿Qué objetivos les gustaría alcanzar?

Editado por Fundación Konrad Adenauer y la Red de Mujeres Humanistas de Latinoamérica.

[Lee también: La política partidista es cosa de hombres]

La desconfianza de la ciudadanía hacia instituciones como los partidos políticos ha aumentado. Esto los ha debilitado y una prueba de ello es que las consultas en las elecciones de marzo próximo no serán por partidos sino por coaliciones.

El próximo 13 de marzo de 2022, el mismo día en que los colombianos elegirán a los congresistas, también se llevará a cabo la elección de las consultas. Pero esta vez no se trata de que los miembros de un partido político escojan a su candidato, sino de que elijan al candidato de su coalición: el Pacto Histórico (izquierda, con 6 precandidatos), Coalición de la Esperanza (centro, con 5) y Equipo por Colombia (derecha, con 5).

Es una elección inédita en este país, en un escenario del que se habla que sería una especie de primera vuelta. Hasta ahora, los únicos dos candidatos avalados por partidos que no forman parte de estas coaliciones son Óscar Iván Zuluaga, quien salió ganador de una encuesta interna del Centro Democrático, y el pastor John Milton Rodríguez del partido cristiano Colombia Justa Libres. Ingrid Betancourt, quien hasta la semana pasada integraba la Coalición de la Esperanza, anunció este viernes que lanzaba su candidatura sola por su partido Verde Oxígeno, luego de que un fallo de la Corte Constitucional le devolviera la personería jurídica al Nuevo Liberalismo. Un candidato que ha aumentado en las encuestas y podría dar una sorpresa, y que lo ha llevado a ser comparado con Donald Trump, es el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.

Antecedentes

En las elecciones de 2018 los partidos estaban más fortalecidos. El Centro Democrático tuvo su candidato (Iván Duque, finalmente ganador de la elección) y fue apoyado por los conservadores. También contaron con candidatos otros partidos como Cambio Radical (Germán Vargas Lleras, que como estrategia se presentó por firmas pero estaba apoyado por el partido del que era el jefe político) y el Liberal, con Humberto de la Calle, a pesar de que no lo apoyó en realidad.

Pero esta vez las coaliciones no están amarradas a los partidos. En casos como el Polo Democrático o el Partido Verde, sus integrantes están divididos en los apoyos presidenciales. En 2022 no son los candidatos los que se montan al bus de partidos, sino que los partidos se montan al bus de los candidatos.

Desconfianza ciudadana hacia los partidos

María Alejandra Arboleda, consultora y profesora de comunicación política, explica que «al analizar estudios de opinión de 2020 y 2021 podemos ver que la desconfianza que siente la ciudadanía con las instituciones como el Congreso y los partidos políticos ha aumentado. Se ha generado una brecha entre ciudadano y gobernantes que lleva a que los diferentes líderes políticos decidan reinventarse para tener una posibilidad de participar en las elecciones. Pero esa misma desconfianza acentúa algo que ya se estaba dando en Colombia, esos liderazgos personalistas por encima de los liderazgos de partidos fuertes».

Ipsos Global Advisor evidenció que «en la mayor parte de los 25 países encuestados por Ipsos en 2021, una mayoría de los ciudadanos expresa sentimientos de alienación al pensar en su país: en promedio, un 56% creen que la sociedad de su país está rota, y 57% piensan que su país está en declive. En muchos lugares prevalece la percepción de que el sistema político y económico está roto. Esto tiende a estar acompañado por sentimientos populistas y antiélite, junto con un creciente nativismo. El índice Ipsos de «sistema roto» muestra altos niveles de correlación con las medidas que indican cuánto se están satisfaciendo las necesidades sociales y ambientales de los ciudadanos, y qué tanta corrupción se percibe en el sistema público».

No solo en Colombia

En el caso de Colombia, el 85% de los encuestados (la cifra más alta de toda Latinoamérica, seguida por Chile) creen que «los partidos tradicionales y los políticos no se preocupan de personas como yo».

Además, una de las conclusiones de Ipsos 2021 es que el sentimiento populista y antiélite está fuertemente relacionado con el del sistema roto. Y este es más prevalente en Chile, Hungría, Colombia, Perú y Rusia.

Este sentimiento pudo ser una de las razones del paro del 2021 que colapsó varias ciudades del país y que se acrecentó luego con los bloqueos, la destrucción de bienes públicos como estaciones del sistema de transporte, las denuncias contra la fuerza pública y la polarización que se vivió.

Arboleda agrega en su análisis que las consultas se han convertido en una forma en la que los precandidatos buscan posicionarse como posibles favoritos y aumentar su capital político. «Hace cuatro años, el despegue del actual presidente Iván Duque empezó luego de la consulta del Centro Democrático”.

Las elecciones de marzo y la campaña que se vive actualmente sirven para que los precandidatos se midan y para que también lo hagan las tres coaliciones.

Las coaliciones

Cada una de las coaliciones tiene sus particularidades. En el caso del Pacto Histórico, los resultados de la consulta serán casi cantados a favor de Gustavo Petro. La última encuesta Guarumo y Ecoanalítica arrojó que Petro es el más preferido entre los que integran la lista del Pacto Histórico, con un 90,6 % de intención de voto, seguido por Francia Márquez (7,2 %) y Camilo Romero (2,2 %).

Pero también, según la encuesta, un 31,1 % de las personas encuestadas votarían por alguien del Pacto Histórico, frente a un 14,5 % que votarían por un candidato de Equipo Colombia, del que forman parte los exalcaldes Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Enrique Peñalosa; el conservador David Barguil y Aydeé Lizarazo. El último lugar es el de la Coalición de la Esperanza, conformada por Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya, Ingrid Betancourt y Juan Fernando Cristo, y por la que votarían un 10,6 % de los encuestados.

Los precandidatos por las coaliciones de la Esperanza y Equipo Colombia están más parejos; quienes puntean, Sergio Fajardo (41 %) y Federico Gutiérrez (47 %), tienen cifras similares. Sin embargo, estas coaliciones, especialmente la de centro, aún no despegan y parecen dividirse cada vez más, como se evidenció luego de la salida de Ingrid Betancourt por no estar de acuerdo con unas alianzas políticas de Alejandro Gaviria.

Así arranca el año electoral en las elecciones colombianas, luego de un 2021 de elecciones sorpresivas en otros países de América Latina con los triunfos de Pedro Castillo en Perú y Gabriel Boric en Chile. Aún restan varios meses para que Colombia elija su nuevo presidente, pero es claro que esta vez, con las consultas entre coaliciones, tendremos tres vueltas y no dos.

En Latinoamérica los partidos son hoy elementos clave de las democracias fatigadas de la región. Acompañan al presidencialismo realmente existente donde las pulsiones para alcanzar el poder les hace gozar de una instrumentalización vacía.

Es una evidencia indudable que la democracia representativa funciona con partidos políticos. Su presencia a lo largo de dos siglos no hace sino reforzar esa realidad que, no obstante, de vez en cuando se cuestiona. Entonces se habla de crisis. Aunque la teoría sobre su naturaleza y funciones está mayoritariamente basada en los casos europeos y norteamericano, la presencia de los partidos en América Latina es tan señera como la de aquellos.

Partidos políticos como canalizadores

En su devenir, los partidos tuvieron su razón de ser como conductos a través de los que efectuar la dimensión electoral de la política. Y, paralelamente, fungieron como depositarios de determinadas cosmovisiones que representaban las ideologías y su afán a la hora de proyectarlas canalizando demandas sociales. Pero, por encima de todo, debieron discernir si eran instituciones. Es decir, prácticas rutinizadas de comportamientos con arreglo a algún tipo de regla, o máquinas. Esto es, puros y meros intermediarios sin añadir valor agregado al proceso político.

Lo que ha cambiado son las formas de hacer política al unísono con las transformaciones habidas en la sociedad desde inicios de siglo por el impulso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Si el relato siempre fue fundamental en toda forma de acción colectiva, la política nunca se desentendió de este. De manera que ha estado presente en la configuración de procesos relevantes que dieron paso a la creación de las naciones o de los Estados, así como a otros que tuvieron como hilo conductor grandes revoluciones.

De la afinidad a la fidelidad

En estos tres ámbitos los partidos fueron indudables canales movilizadores. A las funciones clásicas de representación y de participación se unieron las de agregación y de articulación de intereses a las que acompañó dos fundamentales en tanto que generadores de nuevas identidades políticas y como ejecutores de la acción de gobierno. En su interacción terminaron segregando al electorado, que se alineó siguiendo sus postulados, engendrándose una relación de cierta fidelidad, y, sobre todo, de gestión de la responsabilidad por cuanto que el electorado premiaba y castigaba las políticas ejecutadas por aquellos.

Pero los cambios recientes que facilitan la expresividad inmediata de la gente han hecho que el votante mediano tienda hoy, con mucha mayor facilidad, a emitir su voto por razones emocionales o muy personales en las que su adscripción a diferentes burbujas configuradas por las redes sociales puede ser determinante y no desde la fría racionalidad, la pertenencia o la identidad, ya que esta se ha diluido enormemente y, además, resulta cada vez más inestable.

Instrumentalización vacía

Los partidos siempre estuvieron al albur de, al menos, dos circunstancias: los cambios que se daban en la sociedad y las transformaciones en las reglas del juego político que se registraban por uno u otro motivo. Cada época y cada país, en la lógica de su propio proceso, decantaron diferentes escenarios. En América Latina, con las dificultades que siempre existen a la hora de la homogeneización de un grupo de países muy dispares, los partidos hoy son elementos clave de las democracias fatigadas de la región y, en este sentido, acompañan al presidencialismo realmente existente donde las pulsiones para alcanzar el poder les hace gozar de una instrumentalización vacía.

No se trata tanto de los vacíos de la memoria cuanto del vaciamiento de sus funciones clásicas y su mantenimiento forzado. Bien porque gracias a los ordenamientos legales siguen conservando el monopolio de la representación vinculada a ellos, así como en lo atinente a la organización de las elecciones (para tramitar, por ejemplo, los gastos electorales), bien porque existe cierta dependencia estructurada en quehaceres del pasado.

Presidencialismo realmente existente

En un marco institucional como es el presidencialista, en que la elección recae en una sola persona, lo que ahora sucede es que las campañas electorales propician la creación de amplias coaliciones en las que se diluye el componente partidista, como se ha visto recientemente en Chile y se avizora en Colombia. Otro elemento que se registra es la floración inusitada de un elevado número de candidaturas que, como ocurre en Costa Rica para las elecciones del primer domingo de febrero, llega al paroxismo con un número que asciende a 25.

Además, también se registra el hecho de que desde el poder se construye el partido. Como resultado, los partidos concitan escenarios en los que la prominencia de una persona, que a veces no está identificada con ninguno desde el inicio, se reconoce con un proyecto con características pluridimensionales, perfiles programáticos difusos y una base social de apoyo muy heterogénea.

Polarización

El caso más clamoroso de las capturas partidistas desde arriba es el del presidente Jair Bolsonaro, que acaba de afiliarse al Partido Liberal (PL), una fuerza de derecha exponente de la llamada vieja política, con el cual deberá convivir el último año de su mandato para intentar la reelección en octubre próximo. Lo irónico es que en algunos estados el PL es aliado del Partido de los Trabajadores. Bolsonaro, que estaba sin afiliación desde que rompió en 2019 con el Partido Social Liberal, por el cual fue electo en 2018, estuvo afiliado a cinco partidos y no logró en 2020 reunir las firmas suficientes para fundar Alianza por Brasil, como lo intentó junto con sus hijos.

La consecuencia es un panorama de partidos que hace tiempo dejaron de ser instituciones para configurarse como máquinas que operan en contextos donde la polarización es el principal motor. No se trata de una dibujada en torno al clásico eje ideológico que históricamente definió la política entre los polos de la derecha y de la izquierda.

Ahora, como refiere Mariano Torcal, la polarización tiene un componente afectivo que es consecuencia de los sentimientos encontrados, odios, amores y fobias generadas en torno a las identidades colectivas que forman parte del acervo personal de la gente y que no hace sino potenciarse en el seno de la sociedad digital.

Artículo publicado originalmente por la plataforma Latinoamérica 21.

La investigación sobre la relación entre el Estado de derecho y la justicia transicional ha surgido recientemente y sigue sin línea clara de estudio. En el debate surgen preguntas como: ¿Es una relación unidireccional o más bien bilateral? ¿Cómo se relacionan?

El informe de la Organización de las Naciones Unidas The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies (2004) considera que ambos aspectos están estrechamente relacionados y que la justicia transicional contribuye de manera importante a la consolidación del Estado de derecho y a la reconstrucción del sistema legal y judicial después de un periodo de conflicto.

El Estado de derecho

Es importante enfatizar que el Estado de derecho puede ser operativo de al menos dos maneras: De un lado, como un enfoque procesal, centrándose en las instituciones necesarias para garantizar que la ley sea general y aplicada en igualdad de condiciones. Del otro, como un concepto maximalista con una perspectiva amplia que abarca instituciones eficaces y eficientes del sector de la justicia y garantías de derechos humanos (DDHH) como el debido proceso, la equidad, la igualdad, e indicios de buena gobernanza como la transparencia y la responsabilidad de las instituciones gubernamentales.

Partiendo de que la comunidad internacional reconoce que los principios centrales del Estado de derecho son la legalidad, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la independencia judicial y el control judicial efectivo, la violación de los derechos a sujetos individuales o colectivos en el marco de un conflicto muestra que el Estado falló en la protección de la ciudadanía y, por eso, es su responsabilidad restablecer los derechos.

¿Y la justicia transicional?

Algunos investigadores anclan la justicia transicional en el restablecimiento del Estado de derecho. Según Andersen, la justicia transicional es un proyecto viable dentro del Estado de derecho y que permite su (r)establecimiento. Este enfoque parte de la idea de que el objetivo principal de la justicia transicional debe ser la no repetición.

Desde el concepto maximalista, la justicia transicional no permite, sino que exige la participación de la sociedad local, específicamente de las víctimas. Porque son sus derechos los que deben ser restablecidos para garantizar los principios del Estado de derecho.

Por ello, si se inicia un proceso de justicia transicional, deben tenerse en cuenta los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. El restablecimiento de los principios del Estado de derecho en una sociedad en conflicto debe tener como premisa principal la participación activa de las víctimas en todos los mecanismos de la justicia transicional para consultar sus perspectivas y necesidades. Así, la transición es legítima no solo para la sociedad en su conjunto sino para las víctimas, ofreciendo una mayor probabilidad de reparación de los daños ocasionados y de contribución a la no repetición. De esta forma, se pueden sentar las bases para el (r)establecimiento del Estado de derecho.

El caso de Colombia

Colombia ha vivido un conflicto armado interno durante más de medio siglo (1964-2016), que, en teoría, terminó formalmente con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016. Hasta entonces, al menos 220.000 personas perdieron la vida en el marco del conflicto.

El Registro Único de Víctimas de Colombia ha documentado 9.204.910 víctimas dentro del conflicto armado interno desde 1985 hasta el 31 de octubre de 2021. ¿Cómo un proceso de justicia transicional puede ser efectivo sin la inclusión de las experiencias y demandas de esta gran cantidad de personas victimizadas?

Con el fin de restablecer los derechos de estas personas afectadas y así promover el Estado de derecho, el Estado colombiano ha emitido varias políticas en el marco de la justicia transicional. Sin embargo, al igual que la propia naturaleza del conflicto, el desarrollo de la justicia transicional en Colombia ha sido complejo. Una razón es la naturaleza continua del conflicto en el cual las principales legislaciones de justicia transicional empezaron a aplicarse.

La situación en Colombia sigue siendo compleja y la violencia se mantiene alta o ha regresado en algunos territorios. Sin embargo, el modelo de justicia transicional en Colombia, especialmente el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) fue declarado no solo como uno de los proyectos de Justicia Transicional más ambiciosos y holísticos del mundo, sino también como pionero en enfoques innovadores y centrados en las víctimas. El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera afirma que la justicia transicional está centrada en las víctimas, principio reforzado por las normas establecidas en el marco del SIVJRNR. La Ley 1957 de 2019 constata que el “Estado tiene el deber jurídico de garantizar y atender los derechos de las víctimas y […] la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz”. Asimismo, la Ley 1922 de 2018 destaca la centralidad de los derechos de las víctimas y cómo debe incluirse este enfoque en los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La necesidad de abordar un pasado violento se ha hecho evidente antes y seguirá siendo así en el futuro. Colombia ofrece una oportunidad valiosa de investigar si el papel de las víctimas es importante en la justicia transicional y cuáles son sus posibilidades reales de participación desde la óptica del Estado de derecho. Los aprendizajes de este análisis contribuirán al diseño y la implementación de futuros procesos de justicia transicional en la región y en todo el mundo, lo que permitirá evaluar si el caso colombiano es un modelo o no a seguir. Solo entonces será posible determinar si la inclusión de las víctimas en procesos de justicia transicional satisface las demandas de la sociedad en su conjunto y permite restablecer el Estado de derecho.

Ampliar esta línea de investigación contribuirá también con la comprensión de la relación entre el Estado de derecho y la justicia transicional. Aunque la inclusión de las víctimas resulta útil para entender la justicia transicional como un proyecto de Estado de derecho, existen otros enfoques que permiten analizar esta relación.

Otros enfoques: la relación entre justicia transicional y Estado de derecho

Algunos investigadores afirman que el desarrollo y la consolidación del Estado de derecho se conecta con los juicios nacionales de DDHH. Si un Estado facilita la investigación, el juzgamiento y la sanción a los responsables de violaciones de los DDHH, podría afirmarse que está comprometido con los estándares internacionales. Pero si los juicios implementados demuestran parcialidad o falta de transparencia, pueden ser un impedimento para la justicia transicional y la consolidación del Estado de derecho.

Otras perspectivas académicas dudan de una relación unidireccional, ya que existe una asociación poco precisa, en la cual los principios del Estado de derecho no son una condición necesaria ni suficiente para la justicia transicional, pero sí han contribuido a ella; y, a su vez, el éxito de algunas medidas de la justicia transicional puede mejorar el Estado de derecho.

Ottendörfer resume que el Estado de derecho se refiere al resultado de la justicia transicional:  el abordaje del pasado violento forma la base de una sociedad democrática asentada en el Estado de derecho. Por otro lado, es la calidad del proceso de reconciliación: someter este proceso a los principios del Estado de derecho se presenta como políticamente neutral y puede ser aceptada por todas las partes del conflicto.

Cabe concluir que existe una estrecha relación entre la justicia transicional y el Estado de derecho. Entender la justicia transicional como un proyecto dentro del Estado de derecho ofrece una posibilidad valiosa para entender esta relación, considerando el papel de las víctimas en procesos de transición y por lo tanto en el (r)establecimiento del Estado de derecho.

Nota publicada originalmente en Agenda Estado de Derecho, con el apoyo del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenuaer

Citación académica sugerida: Speidel, Jana. La relación entre justicia transicional y Estado de derecho, Agenda Estado de Derecho, 2022/01/24. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-relacion-entre-justicia-transicional-y-estado-de-derecho/

¿Cómo debe proyectar América Latina su relación de largo plazo con el gigante asiático? ¿Qué riesgos presenta la cada vez mayor dependencia comercial y de inversión en sectores estratégicos? ¿De qué forma la rivalidad Estados Unidos-China afectará al hemisferio?

El año 2001 fue un punto de inflexión para el orden mundial. Mientras el planeta miraba atónito el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, ese mismo año China se incorporaba formalmente a la Organización Mundial de Comercio, en línea con las reformas de apertura económica iniciadas en la década del setenta por Deng Xiaoping.

Contexto

Tras veinte años, las dos principales potencias han experimentado cambios. Estados Unidos se concentró en las acciones militares al liderar la llamada guerra contra el terror y años más tarde sufrió una debacle económica con la crisis subprime de 2008. China, por su lado, se enfocó en su desarrollo económico y tomó posiciones importantes durante la crisis financiera, generando un rebalance del poder económico global. La vocación global de China la resumió el presidente Xi Jinping en su participación en el Foro Económico Mundial de Davos en 2017. Como primer mandatario chino en la instancia, señaló que «los países deben redoblar los esfuerzos para interconectarnos, comprometernos en el mercado libre y la inversión, la liberalización y evitar el proteccionismo […]».

Así, del momento unipolar post Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos como director de orquesta, el mundo fue transitando hacia una bipolaridad emergente, reflejada en la rivalidad estratégica actual entre Washington y Beijing. Una rivalidad que, a diferencia de la Guerra Fría con la ex Unión Soviética, enfrenta a dos potencias interconectadas. En palabras del profesor de la Universidad de Yale, Stephen Roach, en su libro Unbalanced: the Codependency of America and China: «ambas naciones están atrapadas en una web de codependencia».

Trump, Biden y China

Esta confrontación estratégica se profundizó durante la administración de Donald Trump, con la llamada guerra comercial, y ha continuado con el actual presidente Joe Biden, incluyendo tarifas comerciales y restricciones tecnológicas, de seguridad y financieras. Para los americanos, enfrentar a China es un asunto de política interna que goza de apoyo bipartidista. Según el Pew Research Center, la imagen negativa hacia el país asiático superó el 70% en 2020. En ese contexto, cabe preguntarse: ¿cómo encontrarán ambas potencias espacios de colaboración para abordar desafíos globales, como el cambio climático, terrorismo, futuras pandemias o la revitalización del sistema multilateral?

Este nuevo escenario geopolítico es un primer desafío para América Latina y requerirá ajustes en sus definiciones de política exterior. La rivalidad de las potencias podría poner en la encrucijada a los países de la región, que hasta el momento han buscado lo mejor de los dos mundos: una convergencia histórica y de valores con Estados Unidos, a la vez de las crecientes oportunidades económicas con China. ¿Cómo se irá definiendo la región respecto de esta rivalidad? ¿Existe una visión compartida?

El endurecimiento del conflicto tendrá impacto en la región y pondrá la difícil tarea de conciliar intereses nacionales con la competencia de sus dos principales socios económicos.

El ascenso de China en Latinoamérica

Un segundo tema central es el ascenso chino en Latinoamérica, planteando oportunidades —pero también interrogantes— a nivel comercial, de inversiones, político y de cooperación.

Según el Foro Económico Mundial, el comercio de China con el hemisferio creció 26 veces entre el 2000 y 2020, proyectando que se duplique al 2035 a más de USD 700.000 millones. El crecimiento ha sido tal que en el 2000 la participación de China en el comercio total de Latinoamérica fue inferior a 2%. Y al 2035 podría llegar al 25% del total. Si hace dos décadas Estados Unidos era el principal socio comercial de nueve de doce países de Sudamérica, en la actualidad China lo ha sobrepasado, con las excepciones de Ecuador, Colombia y Paraguay.

Mientras el lugar común consiste en criticar la escasa atención de Washington hacia el hemisferio, Beijing continúa avanzando en la firma de un acuerdo comercial con Ecuador. Iniciando los primeros pasos con Uruguay y manifestando su interés de formar parte del Acuerdo Transpacífico, conocido como CPTPP o TPP11. Estos avances se sumarían a los tratados ya suscritos con Chile, Perú y Costa Rica.

Si excluimos a México, la tendencia del intercambio comercial de la región con las dos principales potencias ha seguido la siguiente trayectoria.

El énfasis económico

Por otro lado, las inversiones han mostrado un crecimiento sustancial. Entre 1990 y 2009, las inversiones extranjeras directas provenientes de China en América Latina fueron cerca de 7.000 millones de dólares, pero desde 2010 a 2015 superaron los 64.000 millones según datos de la CEPAL. En el año 2018, la inversión del gigante asiático superó los USD 180.000 millones, un 13% más que el año anterior.

La inversión china ha mostrado dos elementos relevantes. Primero, su diversificación, que va desde el sector extractivo y agroindustrial hasta una progresiva participación en sectores estratégicos como el de la energía. Segundo, el acompañamiento en muchos países de la región con financiamiento de su banca, en algunas ocasiones bajo su proyecto global One Belt One Road (la Franja y la Ruta).

Al 2018, un total de 16 países latinoamericanos y caribeños, incluidos Uruguay, Costa Rica, Chile y Ecuador, habían firmado memorándums de entendimiento con China respecto de la Franja y la Ruta.

China y el coronavirus en América Latina

Un tercer elemento central para la región ha sido el rol de China durante la pandemia de covid-19. A través de las llamadas diplomacias de las mascarillas y vacunas, Beijing ha tenido una presencia activa en la provisión de insumos médicos, equipamiento y vacunas.

Países como Brasil, México o Chile se han visto beneficiados por el suministro de la vacuna Coronavac y, recientemente, el labotario Sinovac anunció su instalación en Chile con una inversión de USD 60 millones.

La provisión masiva de vacunas da cuenta de la activa presencia de China en el hemisferio en el contexto de la pandemia y abre nuevas oportunidades de cooperación científica.

La estrategia de expansión global china tiene, de momento, una motivación más pragmática que se plasma en dos objetivos claros: desarrollo económico y prosperidad para su población, y seguridad.

Esta proyección ha sido destacada en la estrategia de circulación dual definida en el plan quinquenal 2021-2025 del Congreso del Pueblo chino, cuyo eje es transitar de una economía dependiente de las exportaciones hacia una basada en el consumo interno, servicios y desarrollo de tecnología propia.

Asimismo, el presidente Xi Jinping ha impulsado el concepto de prosperidad común, con el objeto de lograr un mayor control sobre el sector privado y abordar el malestar social frente a la creciente brecha de desigualdad.

No obstante, todo lo anterior, el ascenso chino y su mayor influencia global no solo representa oportunidades, sino también dudas y preocupaciones hacia el futuro.

El dragón diplomático

La diplomacia más asertiva exhibida los últimos años, conocida como del lobo guerrero, ha enfrentado a China con distintos países y bloques, como Australia, Canadá o la propia Unión Europea, mediante declaraciones e incluso represalias comerciales. Enseguida, a ojos externos preocupan materias de derechos humanos como las minorías uigures en la provincia de Xinjiang, las tensiones con Hong-Kong y las restricciones a las libertades civiles. La situación del Mar del Sur y el comportamiento regional chino también son fuente de preocupación.

Más recientemente, la mayor injerencia del poder central chino sobre el sector privado, que afecta entre otros a las grandes tecnológicas y servicios de tutoriales privados, abren una interrogante sobre la dirección de una economía considerada capitalista estatal. ¿A qué China creerle?, dirán algunos. ¿A la ponderada y circunspecta en los foros multilaterales y comunicados oficiales, o la del lobo guerrero? La mayor influencia global y el rápido ascenso de China no han ido necesariamente de la mano con la construcción de una mayor confianza y legitimidad a nivel internacional.

China y América Latina: claves hacia el futuro

El libro China y América Latina: claves hacia el futuro [editado por el autor] no es sobre el pasado, sino sobre el futuro. Pretendemos hacer una contribución a la discusión regional sobre el rol de la China actual y los elementos principales que debe considerar la región.

Entre otras, buscamos responder las siguientes preguntas: ¿Cómo debe proyectar América Latina su relación de largo plazo con el gigante asiático? ¿Qué riesgos presenta la cada vez mayor dependencia comercial y de inversión en sectores estratégicos? ¿De qué forma la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China puede afectar al hemisferio? ¿Cuáles son las claves políticas y socioculturales para entender de mejor forma al país asiático?

Los autores del libro abordan el fenómeno de China desde múltiples dimensiones. Desde China frente al orden liberal y la democracia; pasando por su mayor influencia comercial y de inversiones en la región; la diplomacia sanitaria; la migración en América Latina; la rivalidad de las potencias; el desarrollo de su sistema financiero; las implicancias del megaproyecto One Belt One Road; hasta temas cruciales en seguridad y defensa.

Esta obra, desde una perspectiva académica, pretende transformarse en una suerte de libro blanco para prospectar la relación entre América Latina y China.

Este libro responde las siguientes preguntas: ¿Cómo debe proyectar América Latina su relación de largo plazo con Beijing? ¿Qué oportunidades y amenazas presenta el ascenso chino en la región? ¿De qué forma la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China impacta en el hemisferio? ¿Cuáles son las claves políticas y socioculturales para entender de mejor forma al país asiático?

Editado por la Fundación Konrad Adenauer en Chile y el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. El editor encargado es Jorge Sahd.

Los autores del libro abordan el fenómeno de China desde múltiples dimensiones. Desde China frente al orden liberal y la democracia; su mayor influencia comercial y de inversiones; la diplomacia sanitaria en la era del Covid-19; la migración en América Latina; la rivalidad de las potencias; el desarrollo de su sistema financiero; las implicancias del mega proyecto One Belt One Road; hasta temas cruciales en seguridad y defensa.

¿Hacia dónde se dirige el futuro gobierno? ¿Cuáles son los mensajes que envía el equipo conformado por Gabriel Boric? Son altas las expectativas y no pocas las tareas en un clima dominado por la nueva Constitución.

Una vez designado el gabinete del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, el pasado 21 de enero, es tiempo de interpretar hacia dónde se dirige el futuro gobierno que asume en marzo. Primeramente, debemos señalar que las expectativas respecto del futuro gobierno son altas entre la ciudadanía. Posiblemente, solo comparables con el gobierno del presidente Aylwin en el período el retorno a la democracia luego de 17 años de dictadura.

Una nueva comunicación

El gobierno de Boric representa una nueva comunicación política, una que lo muestra como líder más cercano y empático con la ciudadanía, a través de encuentros permanentes con personas que lo visitan en la Moneda Chica, lugar en el cual se gestó la negociación de su gabinete, ubicado en un lugar céntrico de la capital.

Esto ha estado en consonancia con el trabajo en redes sociales y medios de comunicación, en el que se ha presentado a su perro Brownie y se ha puesto en agenda los criterios del presidente electo y su pareja respecto a dónde situar su residencia en la capital, enfatizando que optarán por un lugar de clase media situado a distancia de los sectores acomodados.

Es definitiva, Boric representa una renovación generacional en sintonía con el cambio de época, que quedó de manifiesto en la puesta en escena sin corbata de su gabinete. Así se desprende de que, de los 24 ministros y ministras designadas, 14 son mujeres, más de 9 son personas nacidas en regiones y algunas pertenecen abiertamente a la comunidad de diversidad sexual, tales como la ministra del Deporte y el ministro de Educación.

Es decir, la diversidad y la inclusión han sido una lógica articuladora de la designación ministerial, lo cual también se ratifica en la reconfiguración del comité político, sacando al Ministerio de Desarrollo Social e ingresando el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, encabezado por Antonia Orellana (32) del partido Convergencia Social, del Frente Amplio.

Nueva generación

Si observamos el comité político del gabinete es nítida la convocatoria a la nueva generación de la que hablamos, distante de la ex-Concertación y en la que se convoca a los amigos de lucha estudiantil para que tomen las decisiones políticas. La futura ministra del Interior, Izkia Siches (35), el secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson (34), y la vocera de gobierno, Camila Vallejos (33), representan la culminación de un proceso iniciado el 2011 con protestas estudiantiles. Luego de una década se reunirán a tomar las decisiones políticas en el propio seno del centro de gobierno.

Lo descrito es parte del florecimiento de una nueva elite que se abrió espacio desde la periferia del sistema político tradicional chileno. Desde la izquierda del espectro fueron mostrándose como una alternativa a la desgastada dirigencia de centroizquierda y centroderecha, con una crítica permanente al desacople de estos de la realidad ciudadana, a la corrupción y malas prácticas. Y, en especial, a los resultados de la transición a la democracia.

En efecto, fueron iracundos críticos del proceso pactado desde la década de los noventa del siglo XX y pusieron el énfasis en la desigualdad que exhiben las relaciones políticas, sociales y económicas en Chile, dando espacio a la gestación y conformación de los partidos del Frente Amplio. Estos hace aproximadamente un año decidieron unir fuerzas con el otro partido que sistemáticamente ha criticado el modelo de desarrollo chileno: el Partido Comunista. El PC, pese a haber sido parte de la Nueva Mayoría (segundo gobierno de Michelle Bachelet, 2014 -2018), se muestra en desacuerdo con el «neoliberalismo», lo cual permitió confluir los diagnósticos acerca de la realidad chilena con los jóvenes del Frente Amplio.

El golpe de realismo

Desde la metamorfosis del candidato Gabriel Boric en vista a la segunda vuelta presidencial, el presidente electo no ha dudado en evidenciar un giro hacia la gobernabilidad del país. Una de las mayores pruebas de aquello es la designación del ministro de Hacienda, el independiente prosocialista Mario Marcel, quien estaba en la presidencia del Banco Central en Chile y ha tenido una trayectoria relevante en el orden económico del país. Siempre cautelando la disciplina fiscal y la responsabilidad en la política cambiaria.

Además, ha sido públicamente contrario a los retiros de los fondos previsionales que el propio presidente electo apoyó en tiempos de pandemia, argumentando que esa política constituía una presión inflacionaria que terminaría afectando a los más vulnerables.

La ampliación de las fuerzas políticas en el gobierno buscaría encontrar un mayor apoyo en el Congreso para las transformaciones que el Ejecutivo impulse, tales como las anunciadas por el presidente electo en materia de recaudación tributaria, reforma al sistema de pensiones, creación de la empresa nacional del litio, entre otras.

Apruebo Dignidad

Recordemos que la coalición eje de gobierno de Apruebo Dignidad estaba compuesta por cinco partidos (Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Federación Regionalista Verde y Social, y Partido Comunista), fuerzas que no alcanzan el 25 % de los escaños en la Cámara de Diputados, situación que hacía inviable que los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo lleguen a transformarse en ley de la República.

En ese escenario, Boric optó por ampliar la coalición a nueve partidos, sumando a los denominados socialismos democráticos que fueron parte de la ex Concertación (Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Liberal).

Al respecto, debemos advertir que la conformación del actual gobierno representa uno de los anhelos del autodenominado polo progresista del Partido Socialista y Por la Democracia, el cual era terminar con el eje histórico de conducción política del centroizquierda, es decir, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Esta última ha quedado aislada de los bloques políticos, por lo que muy posiblemente la directiva electa el pasado 23 de enero deberá reimpulsar una política de alianzas, la que muy posiblemente intente una nueva negociación con el presidente Boric.

La izquierda en el gabinete de Gabriel Boric

Desde otra perspectiva en el análisis del gabinete, el Partido Socialista se ha transformado en el eje de la oficialidad, ya que cuenta con carteras tales como Cancillería, con la independiente prosocialista Antonia Urrejola; Defensa, con la socialista Maya Fernández (nieta del expresidente Salvador Allende); Vivienda, con el exsenador Carlos Montes; y el señalado Mario Marcel en Hacienda; es decir, en el seno del comité político.

Por cierto, Mario Marcel está siendo interpretado por el Partido Comunista y algunos dirigentes de los partidos del Frente Amplio como un agente que obstaculizará las transformaciones que compromete el programa de gobierno. Esta situación sin duda incomoda al PC, partido que debe adaptarse a una posición secundaria en el gabinete que posiblemente sea compensada con subsecretarías.

No obstante, la desazón de los comunistas es evidente entre sus dirigentes, lo que vaticina tensiones en la coalición de gobierno, y una suerte de doble justificación para que el PC mantenga su acción política principal sobre el Constituyente y los movimientos sociales.

El escenario descrito para la ampliación de la base de apoyo a su gobierno no se comprende únicamente por las presiones de la centroizquierda, en especial del Partido Socialista, en las negociaciones con el equipo del presidente electo, sino que debemos considerar que Boric ha leído atentamente lo que ha ocurrido con Podemos en España, lo cual pareciera ser una suerte de lección que le ha movido a evitar cometer los errores que ha consignado el propio dirigente Iñigo Errejón, quien es amigo de Gabriel Boric y públicamente le ha trasmitido la necesidad de respetar el Estado de derecho, y, sobre todo, ampliar la base de apoyo para realizar reformas graduales que eviten el desborde del proceso de transformación, que finalmente terminan siendo su desfonde político.  

¿Un referente regional?

En tal sentido, el presidente Boric ha señalado su interés por pertenecer a la tradición democrática de los políticos chilenos que asumen idearios de cambios sociales graduales y realistas. Desde esta perspectiva, en una Latinoamérica sin timón, Boric se muestra para la izquierda como un referente en tiempos en que el chavismo de Venezuela se sigue descomponiendo y perdiendo seguidores. La Nicaragua de Ortega y la eterna Cuba son cada vez más percibidas como regímenes autoritarios entre las propias fuerzas de izquierda. Por su parte, Fernández en Argentina parece dirigirse al fracaso electoral. Castillo, en Perú, no ha generado alianzas que le permitan brindar alguna estabilidad y gobernabilidad. El caso de Lula en Brasil requeriría una columna especial, pero tampoco hay certidumbre respecto a si conseguirá estar de regreso en la presidencia.

En consecuencia, Boric es visto como una alternativa para la izquierda. Sin embargo, esta puede ser sólo una ilusión. El mandato aún no se inicia y la pugna entre las vertientes revolucionarias/refundacionales y las moderadas aún no se desata. Es un Chile en el que mayoritariamente se advierten muy altas (casi desmedidas) expectativas acerca de las trasformaciones que el presidente electo vaya a conseguir.

Es de buena crianza desear el éxito a todo presidente electo según las reglas de la democracia. Pero en un Chile que aspira a salir de una crisis institucional severa y con demandas crecientes de una ciudadanía empoderada y descreída de la dirigencia y los partidos tradicionales, el deseo de éxito va más allá.

De este proceso político que se inicia dependerá la sostenibilidad de los cimientos de nuestra nación en el futuro.

El presidente sobrevaloró su determinación y aptitud negociadora. Tuvo más voluntad que poder sobre su agenda reformista. ¿Qué tiene que mirar América Latina?

La inocultable irritación del presidente estadounidense Joe Biden, durante un discurso que efectuó en el Consorcio del Centro de la Universidad de Atlanta el pasado 11 enero, podría haber tenido un significado político más profundo del que sugirió el episodio en sí mismo.

El sorpresivo enojo presidencial, referido a los escollos legislativos a una reforma electoral, bien pudo interpretarse como la exteriorización de un sentimiento de disgusto en general por las frustraciones padecidas durante su intrincado primer año como inquilino de la Casa Blanca.

«Hace dos meses que tengo conversaciones discretas con miembros del Congreso. Estoy harto de estar en silencio», afirmó un cáustico Biden, lanzando dardos venenosos -que continuaron en la siguiente semana- en contra de los legisladores republicanos que obstruyen sus planes reformistas.

El atolladero parlamentario

Los atascaderos políticos en el Congreso no solo están impidiendo aprobar leyes para facilitar el voto de los afrodescendientes. Han significado un poderoso muro que impide que avance el programa  «rooseveltiano» de Joe Biden, en entredicho permanente.

A los 365 días en la Casa Blanca afloran las tirrias del presidente por la oposición republicana. Pero más apegado a la verdad es mirar hacia la propia interna del Partido Demócrata, donde uno o dos senadores de centro han impedido que se conviertan en ley reformas importantes para el presidente, agravando los problema de gobernabilidad.

Es que cada voto es decisivo en un Congreso literalmente partido en dos y que convierte en una odisea hasta aprobaciones de mayoría simple ante un bloque demócrata desquebrajado.

No obstante, es injusto no reconocer ningún mérito al 46º presidente de EEUU, cuyos procedimientos en el ejercicio del poder, sumado un tenaz compromiso con un New Deal del siglo XXI, lo ubican en las antípodas del liderazgo populista de Donald Trump.

A un presidente demócrata que retomó la participación activa de EEUU en la institucionalidad internacional, y la de su propia casa, proclive a la negociación, de vocación por el diálogo, es natural reconocerle aptitudes para poner en movimiento un espiral virtuoso en la gestión de conflictos internacionales o el manejo de una crisis como la pandemia de coronavirus.

Pero la verdad de las cosas, es que ha demostrado responsabilidad por la obra, ha sido un alma voluntariosa en honrar la palabra empeñada, pero de un poder limitado sobre el curso de los acontecimientos. 

Democracia vs. autocracia

El regreso hace un año de la primera potencia mundial a la liga de las grandes democracias, se devela como crucial en el conflicto entre la OTAN y la Rusia de Vladimir Putin, por una Ucrania recostada a Europa Occidental, recelosa con razón por la vocación expansionista de Moscú.

Pero recién en este momento es que este frente común pasa por una verdadera prueba de fuego para la estrategia internacional de Joe Biden: la independencia de Ucrania.

Una eventual invasión rusa a Ucrania o un estado de congelamiento permanente del ingreso de Kiev a la OTAN, en el marco de un rediseño de la arquitectura de la seguridad europea, pueden poner en cuestión la fortaleza efectiva -militar,  diplomática y política- de la alianza transatlántica, luego del hándicap trumpistas de una política exterior de “América first”.

La prédica áspera de Biden en contra de los gobiernos autoritarios, impulsando una estrategia diplomática del bloque de la democracia versus los regímenes autocráticos, todavía no ha doblegado las pretensiones de Putin. Tampoco ha ocurrido así con otros gobiernos en Latinoamérica como Venezuela, Nicaragua o Cuba.

El vínculo con China y Rusia

Pese a las palabras duras del mandatario estadounidense, sus advertencias de represalias si continúan los ataques cibernéticos desde Rusia. O las violaciones a los derechos humanos. El jefe del Kremlin se ha mantenido impertérrito. Incluso exhibiendo un talante desafiante que ahonda la incertidumbre acerca del mantenimiento de la paz en territorios centroeuropeos.

Rusia ha sido un constante dolor de cabeza para el presidente demócrata, pero la China de Xi Jinping, un suplicio de gran calado,  “la mayor prueba geopolítica del siglo XXI”, según la Administración Biden.

Washington tiene una agenda propia con Pekín, coherente con su preocupación por el ascenso de China en el ajedrez mundial y el temor de que un modelo de capitalismo de Estado y sin democracia, pueda opacar la supremacía estadounidense, dominante desde 1945.

Joe Biden, pese a las notorias diferencias en la gestión de los conflictos mundiales respecto a Trump, aún no puede mostrar avances significativos en la contienda con Pekín.

¿Una nueva Guerra Fría?

Hay cierto consenso nacional en que se está configurando una guerra fría compleja. 1. Una competencia global feroz por el dominio de la tecnología y el ciberespacio, que se traduce en 2. Demostraciones de poder en maniobras militares, por mar y tierra, que involucra a terceros países, sanciones diplomáticas y una guerra comercial perjudicial para la economía, de 3. Consecuencias insospechadas en el desenvolvimiento de la globalización.

Al igual que con Putin, el presidente Biden no ha tenido ninguna concesión por parte de Xi, quien incluso discrepa frontalmente de los severos cuestionamientos y acusaciones estadounidenses. La respuesta china, interpretando que la Casa Blanca no cambiará su opinión, ha sido embarcarse en un plan de desarrollo industrial y tecnológico de mayor autonomía.

En ese contexto internacional intrincado, ocurrió la retirada a las apuradas de las tropas de EEUU en Afganistán, en agosto pasado, apostadas allí hacía 20 años, ante el avance “sorpresivo” de los talibanes. Fue una decisión sin vuelta de Joe Biden, pese a las dudas de ciertas agencias de seguridad sobre la conveniencia de la salida de este montañoso país asiático.

En una agenda tan caliente, América Latina y el Caribe solo ocupó un lugar por la crisis migratoria en la frontera con México. Un tema que sigue sin resolverse, sobre el que se han generado más medidas y planes de ayuda a América Central. Pero, se mantiene el enfoque restrictivo de Trump en alianza con México y países de Centroamérica.

La polarización interna

Al asumir el cargo, el 20 de enero de 2021, incluso durante la campaña electoral, el líder demócrata explicitó un cambio total en la conducta política presidencial, con la sana intención de zurcir las heridas de una nación dañada por la polarización ideológica y las divisiones raciales.

El mensaje implícito de Joe Biden fue que era posible instalar en EEUU una conversación razonada con un cambio de comportamiento en el ejercicio del poder. Confió ciegamente en su veteranía política en las negociaciones en el Capitolio y en su experiencia diplomática en conflictos complejos de Medio Oriente, Rusia y Ucrania, Afganistán y hasta Colombia.

Quizás subestimó la profundidad y las razones de las particiones políticas y raciales de su país. Quizás confió demasiado en el poder de convencimiento de su afabilidad en el manejo de la cosa pública, creyendo que Trump era el responsable de la desunión y no la expresión de una discordia que se pueden medir en décadas en el mundillo de Washington.

El diálogo dio sus frutos en la aprobación de un plan de ayuda económica de $1,9 billones y una ley de infraestructura de un billón de dólares para acondicionar carreteras y puentes, vías férreas y aeropuertos, y también de mejora en el acceso de Internet y más banda ancha.

Pero falló en que el Congreso apruebe el  buque insignia de su administración, un ambicioso plan de gasto social y de combate al cambio climático, Build Back Better, equivalente a US$ 1,7 billones, que supone un nuevo enfoque de estado de bienestar.

Hacia un balance de Joe Biden

Acerca de la gestión de la pandemia de Covid-19, el problema más acuciante de su primer año de gestión, pueden reconocerse aspectos positivos y otros no tanto.

El 63% de la población totalmente vacunada es la consecuencia de un gobierno activo en la distribución de vacunas, la detección y seguimiento de los casos. 

Ello permitió encender los motores de la economía, lo que se reflejó en el crecimiento del nivel de actividad, en una inédita creación de puestos de trabajo y más ganancias de empresas y familias, lo que azuzó el consumo.

Pero Joe Biden pecó de optimista al creer posible que podía declarar la independencia del virus  el pasado 4 de julio, entusiasmado por la disponibilidad de las vacunas y una eficiente distribución en todos los estados.

No tuvo el suficiente poder de convencimiento acerca de la importancia del arma de la vacuna para alcanzar la inmunidad colectiva y ganarle la guerra al Covid-19.

Cuando este experimentado demócrata asumió el cargo, el 20 de enero de 2021, estaba convencido de que sería juzgado por su capacidad para resolver “las crisis en cascada de nuestra era”. Un año en la Casa Blanca puede ser poco tiempo para evaluar con rigor la obra realizada. Pero es suficiente para observar el rumbo y la velocidad del barco, muy lento, por cierto. O impedido de llegar a buen puerto por las anclas de la polarización.

Lamentablemente, América Latina ha estado, una vez más, ausente en la agenda.

En el documento que se presenta a continuación se hace una valoración de metodologías alternativas de votación que están siendo utilizadas en otros países, específicamente del hemisferio, con la intención de identificar una metodología que pueda ser aplicada para el caso de Guatemala.

Primero se recurre a hacer una caracterización del comportamiento electoral, incorporando el entendido de qué es democracia y participación ciudadana, se comprende que la participación electoral depende tanto de la voluntad ciudadana, como de la existencia de condiciones institucionales. Bajo la premisa de que los métodos alternativos de votación contribuyen al incremento de la participación electoral y la confianza de los electores, se procede a hacer un detallado recorrido de literatura sobre los métodos alternativos de votación para conocer qué son, cómo funcionan, sus ventajas y desventajas y tener insumos para una toma de decisión informada.

En este apartado se incluye información sobre los métodos alternativos de votación utilizados en el hemisferio, con el foco puesto en el caso de Guatemala, país que comparte varias similitudes con otros estados de Latinoamérica. Especialmente, con sus pares centroamericanos, es de destacar la experiencia de las excolonias británicas en el Caribe, de los cuales cabe resaltar la larga trayectoria de implementación de métodos que se caracterizan por la flexibilidad en la temporalidad de día de las elecciones o por la movilización de papeletas electorales en casos especiales de discapacidades crónicas. 

El libro busca ir más allá del estado del arte de las 196 iniciativas públicas latinoamericanas identificadas, pues también se explora la contribución académica y científica al tema y su estrecha relación con la innovación, así como se analiza la presencia de la economía circular en el discurso digital y en los medios de comunicación. Este análisis más profundo da como resultado al libro que tienen en sus manos (o en sus pantallas).

Es posible gracias a la estrecha colaboración entre el Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer (EKLA/KAS) con el Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE), con el apoyo de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, el Observatorio de Innovación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el Centro de Innovación y Economía Circular (CIEC).

[Lee también: Lo que nos cuenta Putin: medios rusos en América Latina]

1.- ACEPTACIÓN POR PARTE DEL USUARIO

El presente documento refiere a sus derechos y obligaciones en el uso del software de DIÁLOGO POLÍTICO («Software», “Aplicación”, «App”, “sitio web”) por parte del “usuario”. Estos Términos y Condiciones constituyen un acuerdo vinculante entre usted y DIÁLOGO POLÍTICO. A no ser que se indique lo contrario, estas Condiciones de Uso se aplican a todo lo que lleve la palabra DIÁLOGO POLÍTICO o derive de ella.

Si no está de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones, o alguna parte de ellos, o las Políticas de Privacidad y principios a los que se adhiere, no debe utilizar nuestra aplicación ni nuestro sitio web www.dialogopolitico.org

Usted debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones, así como en los demás documentos o enlaces incorporados al mismo, una vez que se haya registrado como usuario de DIÁLOGO POLÍTICO.

DIÁLOGO POLÍTICO se reserva el derecho de revisar los presentes Términos y Condiciones de Uso de tanto en tanto y los mismos se aplicarán desde la fecha de publicación en nuestra aplicación y en nuestro sitio web. Por favor, verifique este documento regularmente para asegurarse de conocer su versión actual.

2.- DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS EXPRESADOS EN EL PRESENTE ACUERDO

1) “Usuario/s”: Se considera la existencia de dos tipos de usuarios:

a) Cualquier persona física o jurídica, que utilice la aplicación directamente.

b) Cualquier persona física o jurídica, que ingrese al sitio para recorrer, conocer e informarse.

3.- REQUISITOS PARA EL USO DEL SERVICIO

Cualquier persona podrá hacer uso del servicio de DIÁLOGO POLÍTICO siempre y cuando esté registrada como tal a través de la aplicación móvil o de la web www.dialogopolitico.org. Sólo las personas que tienen capacidad legal para contratar están autorizadas a registrarse. Las personas que no cuenten con dicha capacidad, entre ellos los menores de edad, deberán ser asistidos por sus representantes legales.

El registro implica el previo consentimiento informado para otorgar sus datos personales a DIÁLOGO POLÍTICO, en concordancia con la Ley 18.331 (Ley de Protección de Datos Personales), sus concordantes y modificativas. El usuario registrado asumirá la obligación de custodia yprotección de su nombre de usuario y contraseña de acceso y debe mantener la

contraseña de su cuenta en todo momento en secreto y no debe revelarla a ninguna persona. DIÁLOGO POLÍTICO no le solicitará que le proporcione la contraseña ni que la proporcione a un tercero. DIÁLOGO POLÍTICO no se hace responsable de una posible vulneración de seguridad, como consecuencia de que el usuario no haya protegido y resguardado debidamente su clave, nombre de usuario y/o su terminal móvil, y haya extraviado dicha información o móvil, haya sido objeto de hurto, o lo haya compartido con otras personas y/o usuarios.

4.- SOBRE EL CORRECTO USO DE LA APLICACIÓN

Usted no debe utilizar nuestro servicio de ningún modo que cause o pueda causar daño al servicio, defectos en la disponibilidad o en la accesibilidad; ni de cualquier modo que resulte ilícito, ilegal, fraudulento o dañino; ni en relación con cualquier propósito o actividad ilícita, ilegal, fraudulenta o dañina.

Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en este acuerdo, harán pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes, y de las sanciones previstas por este acuerdo, así como lo harán responsable de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Usted no puede realizar ninguna actividad de recolección de datos sistemática o automatizada sobre o en relación con nuestra aplicación o nuestro sitio web sin nuestro expreso consentimiento por escrito.

DIÁLOGO POLÍTICO podrá suspender o inhabilitar una cuenta de usuario así como su información y recorridos, si el usuario quebranta la ley, no acata los términos y condiciones de uso de la

aplicación y sus documentos anexos, provee información inválida, comete fraude en el pago de las comisiones aplicables en el caso de que las hubiera.-

5.- LICENCIA DE USO DE LA APLICACIÓN

DIÁLOGO POLÍTICO se reserva todos los derechos de propiedad intelectual relativos a la aplicación o al sitio web, el Servicio y su base de datos, incluyendo derechos de autor, marcas, diseños industriales, patentes y secretos comerciales. Los mismos son de propiedad exclusiva de DIÁLOGO POLÍTICO. El diseño del sitio, la aplicación y el servicio es una obra protegida por las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual y todos los derechos son de propiedad exclusiva de DIÁLOGO POLÍTICO. Usted no puede copiar ninguna información o material que aparezca en el Sitio o software o App salvo con autorización expresa de DIÁLOGO POLÍTICO.

6.- CONTENIDO AUTOGENERADO POR EL USUARIO

El contenido de usuario significa, de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones de Uso, el material que usted provea a nuestra aplicación o sitio web, para el propósito que sea. Usted nos concede una licencia mundial, irrevocable, no exclusiva, para usar, reproducir, adaptar, publicar, traducir y distribuir su contenido de usuario por cualquier medio existente o futuro.

Usted también nos concede el derecho de sublicenciar estos derechos y el derecho de tomar acciones por infringir estos derechos.

Su contenido de usuario no debe ser ilegal o ilícito, no debe infringir ningún derecho de terceros y no debe ocasionar la interposición de acciones legales, ya sea contra usted o DIÁLOGO POLÍTICO o terceros.

Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier material provisto a nuestra aplicación o sitio web, almacenado en nuestros servidores, alojado o publicado en nuestra aplicación o en nuestro sitio web.

7.- GRATUIDAD DEL SERVICIO

La descarga de la aplicación y el registro como usuario en la aplicación o en el sitio web no tendrán costo alguno.

8.- LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Disponibilidad e inconsistencias en la aplicación y en el sitio web DIÁLOGO POLÍTICO no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al Usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet.

DIÁLOGO POLÍTICO no se responsabiliza ni garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su sitio y aplicación. El sistema puede no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a DIÁLOGO POLÍTICO; en tales casos, se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele ningún tipo de responsabilidad.

DIÁLOGO POLÍTICO no se responsabiliza por ningún virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como consecuencia del acceso, uso o examen de su aplicación o sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos en los mismos.

DIÁLOGO POLÍTICO no se responsabilizará por ningún error u omisión de contenidos en su aplicación o en su sitio web. No será responsable por ninguna pérdida o daño, así como por ninguna pérdida de ganancias, ingresos, rentas, contratos, negocios, reputación, datos o información.

Limitación de responsabilidad ante acciones legales

En los casos en que uno o más Usuarios, o algún tercero, inicien cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra otro u otros Usuarios, todos y cada uno de los Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones, eximen de toda responsabilidad a DIÁLOGO POLÍTICO y a sus directores, operarios, representantes, apoderados y colaboradores.

Independencia de las Partes

La utilización de los Servicios de DIÁLOGO POLÍTICO NO genera ninguna sociedad, franquicia o relación laboral entre los Usuarios y DIÁLOGO POLÍTICO.

Al aceptar los Términos y Condiciones de Uso, los Usuarios reconocen expresamente que el presente es un acuerdo entre partes independientes y que no existe ningún tipo de relación de dependencia entre las mismas. Cada una de las partes es exclusivamente responsable de las obligaciones propias de su giro o actividad, incluyendo, sin que implique limitación, las tributarias, laborales, previsionales, administrativas, civiles, comerciales, etc.

9.- LINK O ENLACE A TERCEROS SITIOS

El sitio de DIÁLOGO POLÍTICO puede contener dispositivos técnicos de enlace que pongan a disposición de los Usuarios (tales como links, banners, botones), directorios y herramientas de búsqueda que permitan a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes a terceros. La instalación de estos enlaces, directorios y herramientas de búsqueda en el Sitio tienen

por único objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda y acceso a otros sitios disponibles en Internet que puedan ser de su interés.

Los enlaces a otros sitios Web no implican aprobación ni responsabilidad alguna, por parte de DIÁLOGO POLÍTICO, respecto de la información contenida en los mismos. Por ello, DIÁLOGO POLÍTICO no asume responsabilidad desde el punto de vista legal ni de otra índole, por la precisión, oportunidad, contenidos, usos que se dé a la información y a los documentos que se presenten en esta página, o en aquellas que se encuentren vinculadas con ésta.

DIÁLOGO POLÍTICO no asume ninguna responsabilidad por la información proporcionada por terceros y reproducida en este sitio. Por lo tanto, el ingreso a un sitio enlazado es de única y exclusiva responsabilidad del Usuario.

10.- INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

DIÁLOGO POLÍTICO podrá notificar, suspender o cancelar, temporal o permanentemente, la cuenta de cualquier Usuario, en cualquier momento, y tomar acciones legales si este: (i) viola cualquiera de las representaciones, garantías y obligaciones contenidas en los presentes Términos y Condiciones de Uso o cualquier política o principios anexos a los mismos, (ii) lleva a cabo prácticas engañosas o fraudulentas, o utilización de un lenguaje inapropiado o contra el debido decoro, o (iii) realiza cualquier actividad o acción que cause, haya causado o pueda causar daño a los demás Usuarios o terceros o al equipo de DIÁLOGO POLÍTICO.

El Usuario no tendrá derecho a ninguna indemnización o compensación por la cancelación o suspensión de su cuenta en el sistema.

11.- CESIÓN DE DERECHOS

DIÁLOGO POLÍTICO podrá enajenar, transferir, subcontratar o ceder sus derechos y/u obligaciones bajo los presentes Términos y Condiciones de Uso sin notificarle ni obtener su consentimiento. El usuario no podrá transferir, subcontratar o ceder sus derechos y/u obligaciones bajo los presentes Términos y Condiciones de Uso.

12.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLES

El presente acuerdo estará regido por las leyes vigentes en la República Oriental del Uruguay.

Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a los Juzgados competentes de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

13.- CONTACTO

El correo electrónico institucional [email protected]

DIÁLOGO POLÍTICO es un proyecto educativo e informativo sin fines de lucro desarrollado por la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay.

Han pasado tantas cosas importantes en este 2021. No solo en la región, donde han tenido lugar eventos políticos muy relevantes, sino que también Diálogo Político ha experimentado varios cambios.

Una reforma que ha renovado, modernizado y diversificado la producción de contenidos. En este último episodio vamos a poner este proceso de cambio y lo que se viene en 2022 Bajo la Lupa.

[Lee también: Lo que nos cuenta Putin: medios rusos en América Latina]

Invitados:

Adriana Amado, periodista e investigadora de Worlds of Journalism, miembro del consejo de redacción de Diálogo Político.

Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la ONG Participación Ciudadana y profesora en la Universidad de la Américas. Miembro del consejo de redacción de Diálogo Político.

Sebastian Grundberger, representante del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Ángel Arellano, periodista venezolano, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la República de Uruguay y actual coordinador de proyectos de la Konrad Adenauer Stiftung en Uruguay.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

Las redes sociales difunden y amplifican contenidos negativos. ¿Pueden estar visibilizando fenómenos sociales profundos?

Aunque la política insiste en enfocarse en las minorías intensas de las redes, la mayoría las usa para consolidar con vínculos humanos en intercambios virtuosos. Estudios de interacciones en otros ámbitos pueden ayudar a reformular la hipótesis de que la hostilidad y la polarización es inherente a las redes en la pregunta de qué puede aprender la política de ellas.

La política entiende que debe ser parte activa de las redes sociales. Pero no pasa un día sin que alguna persona de poder las caracterice como algún tipo de amenaza. Investigadores, analistas y periodistas coinciden con los políticos en poner el foco en los fenómenos negativos del entorno digital como desinformación, burbujas de odio y sesgos de confirmación. El entusiasmo inicial del uso de redes en la campaña de Barack Obama rápidamente mutó en advertencias que se agitaron en la que consagró a Donald Trump. Tanto que a partir de 2016 se consagró el concepto de posverdad. Google Scholar acumula cincuenta mil artículos con la palabra clave misinformation y casi el doble con fake news desde 2017. 

Mala fama de las redes sociales

La mirada negativa hacia las redes sociales se volvió el lugar común políticamente correcto en la investigación académica y las columnas de opinión política. Mientras tanto, la sociedad elige las redes sociales para la mayor parte de sus interacciones cotidianas. Desde 2017 dedica más el tiempo que a los medios tradicionales. Aunque las plataformas siguen consolidándose, las que más crecen desde 2015 son las principales mensajerías. Esto advierte del uso personalizado para el que se priorizan. Según el Digital News Report del Reuters Institute, entre 2014 y 2021, todas las plataformas crecieron en el uso general. Pero cuando se pregunta cuáles se usan para noticias, el porcentaje cae a la mitad de manera consistente todos los años. Y no es el único indicador que señala que las redes sociales priorizan los intercambios y las narrativas transmedia que proponen los propios usuarios.

Yutubers, influencers, streamers, interactúan alegre e intensamente cada día con comunidades que se cuentan por millones. Twitch es la plataforma donde Ibai Llanos entrevistó al futbolista Lionel Messi para más de dos millones de espectadores en directo. Record que no lograron superar las televisoras presentes para transmitir el pase del futbolista al Paris Saint Germain. Pero fue nada comparado con el mundial de globos, trasmisión con más de nueve millones de esos usuarios que no solo participan en simultáneo, sino que están dispuestos a pagar por avatares que destaquen sus comentarios.

TikTok se consolida en los dos últimos años como la aplicación más bajada para un billón de usuarios. Es porque convirtió esa torre de Babel de 75 idiomas en un espacio en que se comparten músicas, escenas cotidianas y talentos con el idioma universal del humor. La política sigue sin entender esa narrativa de la buena onda. Y, si lo intenta, no deja de ser como ese tío mayor que se cuela en la fiesta de los adolescentes de la familia. La cuestión no es imitar la narrativa de redes sino preguntar, con apertura mental, qué puede aportar a las interacciones públicas.

Un caso de conversación virtuosa en redes sociales

Una investigación desarrollada desde Infociudadana nos permitió analizar en detalle una conversación en redes sobre un tema de interés general propuesta por otro actor social. Se trata de la campaña que hizo la empresa alimenticia Arcor en julio de 2021 a través de Instagram y Facebook invitando a sus usuarios a compartir su mirada sobre el futuro. Más de nueve mil comentarios fueron recibidos en un momento donde la pandemia todavía pegaba fuerte en Argentina Esto sirvió de base para indagar qué emociones expresaban y cómo se dirigían a la empresa. El equipo conformado por Adriana Amado, Valeria Groisman y Maximiliano Bongiovanni codificó la emoción dominante en cada mensaje. Según la clasificación que propone el neurólogo Antonio Damasio y las funciones del lenguaje priorizadas según el modelo performativo de Roman Jakobson.

Entre las emociones primarias, la emoción más presente era la alegría, seguida por la sorpresa. Luego aparecía el miedo asociado a la pandemia (enfermedad, muerte, falta de vacunas). Y la situación del país (inseguridad, falta de trabajo y oportunidades, feminicidios, pobreza, escuelas cerradas). Pero aun en este caso, la formulación era respetuosa y compasiva.

Emociones primarias (azul) y secundarias (naranja) de 9299 mensajes en Instagram y Facebook, julio de 2021 (se codificó solo la dominante)

De las emociones secundarias, la esperanza fue la más expresada. Siendo que, por definición, se trata de una evaluación realista de cómo se concretarán los deseos expresados, su presencia daba cuenta de la resiliencia de muchas personas en un contexto adverso. En coincidencia con estas emociones, la función predominante era la expresiva, que habla de la importancia de permitir que la gente exprese emociones, ideas y opiniones; y la referencial, que da cuenta del interés de hacerlo a partir de la actualidad del país y en el mundo.

Nube de palabras con más ocurrencias en los mensajes de la campaña Miradas (las 250 palabras que superaban las 500 ocurrencias)

Conclusiones

Las conclusiones de la campaña parecen ajenas a los foros políticos, pero es el tono dominante en las redes sociales. Coincide también en el uso extendido de emojis. Los corazones, caritas sonrientes, manos unidas en la nube de palabras de la campaña por su alta frecuencia son también los más usados en Twitter cada día, de acuerdo con Emojitracker. Si para un político puede ser sorprendente que en la red que supone más hostil el icono más repetido sea el corazón rojo, más le resultará el gráfico textual que resume la campaña. Es conmovedor que los términos más usados sean vida y futuro. Esto, considerando que en esa segunda semana de julio de 2021 la Argentina superaba los veinte mil contagios al día y llegaba a las cien mil muertes que la ubicaron entre los países con más pérdidas.

Sin embargo, varios estudios ya demostraron que en el peor momento de la pandemia las fake news o el discurso hostil fueron una parte minoritaria. La campaña muestra que incluso en contextos problemáticos, la gente usa las redes como espacios de interacción constructiva. Eso plantea el desafío de comprender cuáles son las condiciones en que esa conversación positiva en general se convierte en hostilidad digital.

La investigación de la comunicación política podría enriquecerse si cambia la prioridad que da a los fenómenos de las minorías intensas en las redes hacia el estudio de los comportamientos de las mayorías anónimas que disfrutan de las plataformas y construyen vínculos. La desinformación y la hostilidad en las redes con fines políticos no necesariamente significan que esos comportamientos sean propios de las redes con usos sociales. Especialmente cuando existen tantos campos de la vida humana donde desarrollan su mejor versión.

Con la primera Cumbre por la Democracia, organizada por los Estados Unidos, el año cierra con la conciencia del malestar democrático, pero también con el reto moral y político del proyecto autoritario global. Es hora de resaltar contrastes reales y no buscar comparaciones que frustren el propósito democrático.

Uno de los detalles de la gobernanza democrática está en que, si bien la política interna puede estancarse por la división de poderes y la competencia entre partidos, la política exterior suele ser un campo de relativa autonomía para los gobiernos; no es infrecuente que a través de ella se proyecten objetivos que no siempre concitan consensos internos. Anunciada como promesa en la campaña presidencial de Joe Biden en 2020, la llamada Cumbre por la Democracia convocó a delegados de unos setenta países de todo el mundo, reunidos de manera virtual. Aunque la mayoría de los asistentes fueron jefes de gobierno, activistas y líderes opositores también estuvieron presentes en el evento.

Defensores de la democracia

En sus palabras de inicio, el presidente Biden expresó que la «democracia necesita defensores», asumiendo claramente que la era de la hegemonía moral de los sistemas democrático-liberales, si no ha llegado a su fin, está gravemente amenazada. El avance de los autoritarismos, la regresión de las transiciones democráticas de tercera y cuarta ola, y las crisis en democracias más avanzadas, muestran la fatiga de los actores que protagonizan estos regímenes, así como las dificultades de los arreglos institucionales que no han podido responder a los cambios económicos, tecnológicos y sociales de nuestra era.

Construidas sobre el largo proceso de la ilustración liberal y las presiones democratizadoras de los siglos XX y XIX, las instituciones democráticas modernas parecían mejor adaptadas a una sociedad industrial o apenas posindustrial: partidos ideológicamente moderados, sindicatos fuertes, empresas localizadas nacionalmente, medios de comunicación plurales pero no fragmentados y un crecimiento general de la prosperidad colectiva e individual. Las promesas de la democracia estaban necesariamente atadas a la de un más equilibrado progreso material.

Los temas de agenda en esta cumbre fueron la defensa frente al autoritarismo, la lucha contra la corrupción y el avance en el respeto a los derechos humanos. Durante décadas, estos han sido los focos de la promoción de la democracia por los Estados Unidos y casi todas las potencias de Occidente y sus agencias de desarrollo. ¿Es tal agenda, con un sesgo profundamente institucional, suficiente ante las dificultades presentes?

Suficientes problemas

Como fuese, el propósito no ha quedado exento de polémica. Por una parte, se señala —y lo hizo el propio Biden— que los Estados Unidos tienen suficientes problemas con su sistema democrático como para dar lecciones al mundo sobre la forma ideal de gobierno, aunque esta crítica no está exenta de cierta ambigüedad ante la democracia, e incluso de cierto cinismo. Por otro lado, el foco más atento ha estado en criticar tanto la inclusión de delegados que representaban sistemas de dudosas credenciales democráticas, o la exclusión de algunos países cuyo emergente o latente compromiso con la democracia podría haber ameritado consideración. Lo cierto es que es difícil excluir a países con una importante tradición democrática —más allá de las veleidades de sus actuales gobernantes—, y que países que se encuentran bajo sistemas autoritarios fueron representados por activistas y figuras de disidencia civil.

La exclusión más ruidosa, sin embargo, fue la de la República Popular China. La superpotencia asiática desplegó una ola de ataques al evento, a la participación de Taiwán, y a su exclusión como una democracia: su sistema «no es la democracia que se despierta a la hora de votar, para mantenerse durmiente en adelante», señaló el viceministro de Relaciones Exteriores Le Yucheng, mientras que su Consejo de Estado publicó un papel de posición titulado China: democracia que funciona.

Sin dejar de acusar el golpe, ¿es posible caracterizar al sistema chino como una democracia? Si lo vemos en sus preceptos constitucionales, políticos y sociales, la exclusión no merece miramientos. Y, justamente, el modelo chino ha enfatizado más el progreso material y la estabilidad política, aun sobre la base de desigualdades tan atroces que harían sonrojar hasta a los viejos Estados predemocráticos.

Diatribas de la política

La tentación, sin embargo, está allí, y el modelo se perpetúa en los regímenes que se identifican con él. La concentración en el crecimiento productivo por encima de las diatribas de la política pluralista fue la fórmula dictatorial clásica del siglo XX, tapando la realidad de una creciente y agresiva oligarquización. ¿Demandan mayor democracia regímenes que se sostienen sobre la base de desigualdades de poder, acceso y recursos mucho más profundas? ¿Puede contarse con esos Estados como aliados eventuales en un fortalecimiento de la democracia? ¿No es necesario hacer una demarcación clara contra los autoritarismos, acaso por primera vez en la historia?

Las sociedades democráticas sufren de un complejo recurrente que se manifiesta en querer competir en términos materiales con los espectaculares desarrollos autoritarios, lo cual es un error conceptual. El contraste material es insuficiente señal, en tanto que la represión evita que los grupos sociales más débiles puedan expresar su inconformidad con el statu quo, y porque la riqueza de la democracia no está sólo en los aspectos superficiales del buen vivir. La calidad de vida está atada a un conjunto de valores y un sistema de instituciones que la hacen intrínsecamente superior y que, donde se ha podido mantener de manera estable el delicado equilibrio entre libertad responsable e igualdad relativa, la correlación entre un sistema democrático y la prosperidad es positiva.

Malestar

Así las cosas, atender el malestar profundo que existe en los regímenes democráticos implicará atender desequilibrios tanto político-institucionales como económicos, sociales, tecnológicos y ambientales. Si sólo se atiende lo formal, se profundizará el alejamiento de la población ante las normas y actitudes democráticas. Si sólo se atiende lo material, será una simple copia del modelo autoritario. Esto requiere una visión más amplia a lo planteado por los Estados Unidos, acaso limitado por la modestia que marcan sus presentes dificultades. Tal visión debe presentar claramente el contraste con la engañosa promesa autoritaria, no hacia un pasado irrepetible, sino como proyecto hacia el futuro basado en la dignidad de la persona humana, y consecuente con las reformas que deben realizarse desde el presente.

La democracia requiere de partidos políticos. Estos se enfrentan a una crisis de legitimidad y participación. Los cambios requeridos abarcan también la modernización se estructuras y procedimientos. Del éxito en esto dependerá todo el sistema.

Deconstrucción

Se dice que la democracia latinoamericana se encuentra en permanente construcción o deconstrucción. Muchos consideran que la representatividad vive su crisis más fuerte de los últimos tiempos, y hay varios que defienden la tesis de que lo que está por pasar prontamente es que la tienda política que no logre modernizarse y transformarse perecerá sin remedio. Los partidos y movimientos políticos están siendo cuestionados severamente por los electores. Especialmente a la luz de los actos de corrupción en los que se han visto inmersos, sobre todo, cuando ellos han gobernado.

Ciertamente, son varias las razones por las cuales se encuentran en esta situación. La poca profesionalización de sus cuadros, la ausencia de mecanismos de tamizaje y veto, el débil sistema de democracia interna. Sumadas a una mala percepción de la ciudadanía sobre los políticos, vuelven cuesta arriba la credibilidad y permanencia de los partidos.

Adicionalmente, la imposibilidad de responder a las necesidades y problemas contemporáneos de una sociedad cambiante. Esta se define desde diferentes formas de expresión y defiende causas más que ideologías, ha colocado a los partidos políticos contra la pared ante la demanda de repensarse y exorcizar sus demonios si quieren seguir vigentes.

Participación política

Finalmente, el poco interés por promover la participación política de las mujeres, la casi nula presencia de estas en los espacios de decisión y la ausencia de programas de formación, en un siglo en que una de las causas que mueven la opinión es justamente la equidad de género, vuelven caducos a muchos movimientos políticos que están siendo vistos como reproductores de prácticas exclusionistas.

Así las cosas, está claro que es urgente un cambio en la forma de hacer política de las organizaciones. Y, en esa línea, se está debatiendo acerca de si, para dar ese salto cualitativo, hay que forzar a los partidos a que dejen de lado su sistema autoproteccionista. Para ello quizás se necesite generar un sistema de partidos más riguroso, que exija que las organizaciones políticas se ordenen por dentro y hacia afuera. Y esa propuesta pasa necesariamente por plantear nuevas reformas a la normativa electoral vigente, que corrija falencias, llene vacíos y fortalezca el ejercicio de la política.

Criterios opuestos

Visto desde afuera, esta idea parece ideal y oportuna. No obstante, hay criterios opuestos que critican la tendencia de querer solucionar todo lo relacionado con la política a través de normas y la poca efectividad de esto a largo plazo. Quienes defienden esa postura sostienen que la región tiene una colección de normas muy buenas. Sin embargo, al final del día, no sirven de nada porque terminan siendo burladas, ya sea por la cooptación política de los órganos electorales que deberían vigilar su cumplimiento, o porque la corrupción también los infiltra.

Esa tesis también propugna que el meollo del asunto está más bien en fortalecer la institucionalidad electoral, de tal forma que sea un organismo blindado a toda incursión ilegal, y por lo tanto controle, organice el proceso y aplique justicia electoral de forma oportuna y adecuada.

Si bien tanto la una como la otra tesis son válidas, quizás lo que más convenga es generar un mecanismo que contemple las dos visiones. Por un lado, introducir reformas que fortalezcan la actividad política como tal: establecer normas claras y rigurosas respecto del alcance territorial de los partidos políticos por ejemplo, especialmente para aquellos países cuyos órganos legislativos cuenten con representantes nacionales y locales.

Los cambios requeridos

Algunos cambios claves en la línea de fortalecer a las organizaciones políticas podrían ser: fijar normas claras que establezcan umbrales razonables para la creación de partidos, regular la inscripción de los movimientos políticos con un registro mínimo y sensato de afiliados para evitar la doble o triple afiliación, la alternabilidad obligatoria en sus directivas con prohibiciones de reelección por más de dos períodos, y así por el estilo.

Paralelamente, y no menos importante, es clave trabajar a corto, mediano y largo plazo en el fortalecimiento de las instituciones electorales para que puedan ejercer a cabalidad sus funciones. Así también, revisar los mecanismos de selección de sus miembros y generar capacidades de control y sanción de infracciones.

Se dice que no hay democracia sin partidos. Por lo tanto, si la presencia de estos es inevitable, quizás convenga enfocar los esfuerzos en explorar formas de fortalecerlos y mejorar sus prácticas. Al fin y al cabo, si logran transformarse adecuadamente, pueden surgir opciones no solo más modernas sino más humanas de hacer política, que dignifiquen este oficio tan necesario y promuevan liderazgos transformadores y modernos.

Ciertamente, más reformas no siempre aseguran mejores partidos. Sin embargo, siempre será un mecanismo válido para renovar el ejercicio de la política. Quizás la sociedad líquida del siglo XXI necesita reglas más distintas que logren gestar políticos diferentes.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/e3d08654-586d-4854-a8dd-b5f00b7f84ad?dark=false» scrolling=»no» height=»200px» frameborder=»no»]

Fue un proceso inédito en la CDU. Por primera vez en sus casi 77 años de historia, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) acudió a una consulta popular entre su militancia para determinar quién será su nuevo presidente. El resultado fue sorprendentemente claro. La CDU será liderada por Friedrich Merz. Un 62,1 % votó por el abogado y diputado de 66 años. Le siguieron el experto en relaciones internacionales y diputado, Norbert Röttgen, con 25,8 %, y el exministro de la Oficina de la Canciller Angela Merkel y diputado, Helge Braun, con 12,1%.

Con este resultado, Merz será el único candidato a la presidencia de la CDU para su convención nacional el 21 y 22 de enero, haciendo que su confirmación por esta instancia sea una mera formalidad. Como Merz logró unir más del 50 % de los votos emitidos, no tendrá que someterse a una segunda vuelta. En la consulta participaron alrededor de 250.000 personas, es decir, cerca del 66% del padrón de militantes que maneja el partido. Este hecho fue aplaudido unánimemente como una participación muy por encima de lo esperado. En esta votación inédita, todo militante pudo votar o por carta o con un código individual de identificación de manera virtual. En una y en otra modalidad de voto, Merz se impuso con claridad.

¿Quién es el nuevo presidente de la CDU?

Friedrich Merz para muchos representa la esperanza de un perfil ideológico más nítido de la CDU. En la interna tuvo sobre todo el apoyo de los militantes del sur y el este de Alemania. Ideológicamente lo apoyaron los sectores más liberales en lo económico y los sectores conservadores dentro del partido. No obstante, el resultado indica que al final tuvo un muy fuerte apoyo más allá de estos grupos.

Merz no solamente destaca con su altura (mide 1,98 m), sino sobre todo con su retórica precisa y a veces ácida. Nacido el Nordrhein-Westfalen, el estado más grande de Alemania, fue electo al Parlamento Europeo en 1989. después de servir como eurodiputado durante una legislatura, ganó una banca en el Bundestag alemán. El momento más alto de su larga carrera parlamentaria llegó cuando sus pares le eligieron jefe de la bancada en el año 2000. Perdió este cargo en 2002 a manos de la nueva estrella ascendente del partido, Angela Merkel. En los años siguientes, Merz criticó algunas decisiones de Angela Merkel con quien, a causa de la competencia interna, tuvo una relación con muchas tensiones.

En 2009 decidió no volver a candidatearse al Bundestag para dedicarse a la actividad privada. Como presidente del consejo de supervisión de BlackRock, tuvo un puesto prominente y financieramente lucrativo. Desde afuera del Parlamento, a veces se expresó en términos críticos sobre Angela Merkel, particularmente sobre su posición en la llamada «crisis de los refugiados» en 2015. Cuando Merkel decidió en 2018 renunciar a la presidencia de la CDU, para sorpresa de muchos, Merz postuló su candidatura para seguirla en el puesto, liquidando sus participaciones en gremios de la empresa privada.

El camino a la presidencia del partido

Lo que siguió fueron dos procesos eleccionarios internos difíciles y estrechos, que Merz perdió por pocos votos, primero contra Annegret Kramp-Karrenbauer y después contra Armin Laschet.

Ambos procesos, que se decidieron por votación de delegados, estuvieron acompañados por ruidos e irritaciones internas, lo que algunos analistas identifican como una de las razones para el mal desempeño en las elecciones federales del 2021, cuando la CDU no solamente perdió el gobierno después de 16 años, sino que cosechó, junto con la CSU de Baviera, el peor resultado de su existencia, solamente 24,1 % de los votos. En este momento doloroso para el partido, la dirigencia encabezada por el candidato perdedor, Armin Laschet, decidió otorgar la decisión sobre el nuevo presidente del partido a la militancia.

La victoria de Merz, que en la elección del 2021 volvió a ser diputado, fue muy clara. Esto confirmó algo que era un secreto a voces: que Merz era más popular entre las bases que entre los funcionarios del partido. Pero es demasiado simple explicar su triunfo solamente con este aspecto. Él ha demostrado en los últimos meses su voluntad de incluir distintas alas del partido en su proyecto político, algo que ha dado más tranquilidad al conjunto. A pesar de su conocida ambición personal, ha subrayado que su interés es unir al partido, liderar con un equipo diverso y no ajustar cuentas viejas.

Parecidos y diferencias

En muchos aspectos, Merz es muy diferente a Angela Merkel. Es más emocional en su retórica, crece en discusiones controversiales, es más frontal y puede ser confrontativo. En realidad, estas cualidades pueden ser muy útiles para liderar una oposición. A la pregunta de los periodistas de si su elección no era una vuelta al pasado para el partido respondió, con un toque de humor, que le encantaría liderar al partido a resultados electorales «como en el pasado», cuando la CDU/CSU cosechaba resultados de cerca del 40 %.

Este pasado no es tan lejano. La última líder que lideró a la CDU a un resultado así fue justamente Angela Merkel, hace tan solo ocho años, cuando la CDU cosechó 41,5 %, alcanzando casi la mayoría absoluta de los escaños en el Bundestag.

Una gran tarea por delante

La tarea de Merz no será sencilla. Será un desafío ser una oposición organizada para un partido que lideró el gobierno durante 16 años. Es posible que para esta tarea sea una ventaja conocer el trabajo de ser oposición y no haber sido parte del gobierno de Angela Merkel. A Merz además le toca marcar un nuevo tiempo para el partido sin romper con todo lo que fue el gobierno de Angela Merkel. Tendrá que encantar y activar a las bases, e incorporar los muchos funcionarios del partido quienes fueron parte activa de la era Merkel.

Además tendrá que intentar crecer electoralmente arrinconando por un lado a la AfD y, por el otro, volver a ganar los votantes de centro que en algún momento apoyaron a Angela Merkel pero que en los últimos comicios votaron masivamente por verdes, liberales o socialdemócratas. Tendrá que volver a traer unidad y estabilidad a un partido irritado por pugnas internas. Y, muy importante, tendrá que poner a la CDU rápidamente en condiciones para disputar las próximas elecciones de los estados federados de Nordrhein-Westfalen, Sarre y Schleswig-Holstein que se celebrarán en el primer semestre del 2022.

Una ventaja que tiene Merz es que ningún líder de la CDU hasta ahora podía contar para tales tareas con un mandato tan claro desde las bases. Ganó una contienda interna bastante tranquila y respetuosa, luego de la cual todos los referentes del partido se pusieron a disposición de trabajar en unidad con el nuevo presidente. El tiempo, las encuestas y, sobre todo, los próximos resultados electorales mostrarán si la CDU puede volver a ser el partido tranquilo y unido capaz de interpretar a mayorías de la sociedad alemana que ha sido durante gran parte de su existencia.

Obligados a gestionar una coyuntura sin precedentes en el mundo moderno, los líderes políticos quedaron expuestos a una situación límite frente a sociedades. Estas les demandan un doble objetivo difícil de alcanzar: protección sanitaria y estabilidad económica.

En su paper Subirse a la montaña rusa, publicado en la colección DP Enfoque de Diálogo Político, Daniela Barbieri, Javier Cachés y Augusto Reina analizan la popularidad presidencial durante la crisis de covid-19. Y responden a varios interrogantes: cómo reaccionó la ciudadanía ante la gestión de la mayor crisis sanitaria que ha conocido la humanidad y cómo se explican los ascensos y caídas de la popularidad de los presidentes y sus gobiernos.

Rally round the flag

En la literatura sobre comunicación política se ha desarrollado un concepto clave para entender el fenómeno de la volátil popularidad presidencial en tiempos de pandemia. Se conoce como rally round the flag. Como explican los autores de Subirse a la montaña rusa, se trata de determinados episodios críticos en la historia de un país que generan un realineamiento momentáneo de los respaldos detrás de quien gobierna. No funciona con cualquier crisis. No es lo mismo un escándalo, un accidente natural o una guerra. El efecto que describe se limita a eventos internacionales, específicos, dramáticos y delimitados, que involucran al presidente o a la nación. Ejemplos de esto son las intervenciones militares, los atentados terroristas o los accidentes naturales. El efecto ha sido verificado por diferentes investigaciones.

Uno de los momentos históricos más conocidos en el que surgió el efecto rally round the flag fue el protagonizado por George W. Bush. El presidente norteamericano transitaba su primera etapa en el gobierno sin grandes logros, hasta que ocurrió lo inesperado: el ataque contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. El atentado disparó la popularidad presidencial, que ascendió en poco tiempo del 51 al 90 %. Terminó consiguiendo la reelección aupado por las consecuencias de ese efecto.

Consecuencias

Hay dos elementos importantes remarcables de este efecto. En primer lugar, es de corto plazo. La evidencia demuestra que pierde su rastro a medida que pasa el tiempo. Como evento crítico, pone en pausa la división política, supone un aumento en la cobertura de noticias. Además produce una curiosidad creciente del público por las acciones del gobierno.

A esta etapa se la conoce como la primavera del suceso crítico, pero no dura mucho. El escrutinio tiende a revelar ciertas debilidades y a exponer ciertas deficiencias. La oposición comienza a cuestionar los pasos y las decisiones del gobierno. Finalmente comienza una caída general del entusiasmo, lo que conduce a una disminución de la atención pública y a una normalización del ciclo noticioso. Resumiendo: lo que el pueblo da, el pueblo quita.

 La primavera de la pandemia

Los primeros que huyen de la unanimidad del rally round the flag son, obviamente, la oposición y los medios de comunicación, especialmente si son medios críticos con el gobierno de turno. Augusto Reina, politólogo, consultor político y presidente de la Asociación de Consultores y Consultoras de Argentina, explica esta situación en el contexto de la pandemia: «Lo que generó fue un realineamiento momentáneo de las principales fuerzas políticas, de la opinión pública e incluso de la prensa detrás de la figura presidencial. Lo que la pandemia hizo fue poner en pausa la polarización que tenían los diferentes países». A esa suerte de tregua debemos sumarle un aumento de la cobertura noticiosa sobre el tema. Reina sostiene que «el público visualizaba al gobierno como el actor que iba a proteger a la sociedad de la pandemia. Se generó un arco de solidaridad detrás de la figura presidencial».

El nivel de colaboración era tal que hasta la prensa compartió las mismas portadas llamando a la responsabilidad pública. Un hecho «inédito en el caso argentino», destaca Reina, coautor del manual de marketing y comunicación política Acciones para una buena comunicación de campañas electorales (Konrad Adenauer Stiftung, 2013).

El fin de la primavera

Este período tiene un límite. Augusto Reina manifiesta que el punto de inflexión se refleja en la pregunta «¿Son las acciones del gobierno las adecuadas para combatir la pandemia? En este punto es donde los caminos se empiezan a bifurcar. Es decir, la prensa y la oposición empezaron a ser un poco más duras y a fiscalizar con otra mirada lo que hacía el gobierno».

Se trata de un proceso, no de una situación que cambió de un día al otro. Y dicho proceso ha sido diferente en función de otro factor: el tratamiento que los gobiernos y las figuras presidenciales le han dado a la pandemia. «Hubo otros casos, como el del gobierno de Bolsonaro o el de Trump, que minimizaron la pandemia o no le dieron tanta importancia. Allí la prensa fue un organismo de control del presidente», sostiene Reina.

Esto pone de manifiesto la segunda condición que debe cumplirse para que aparezca el efecto rally round the flag: el incremento en la popularidad es condicional a la respuesta que el poder presidencial genera ante la crisis. La acción presidencial importa: las crisis pueden operar como mitos fundacionales de una gestión o ser el epílogo de un liderazgo.

Las matemáticas del efecto

Al fin y al cabo, estos cambios en los niveles de apoyo terminan por resolverse de manera lógica, casi matemática. Un presidente o presidenta normalmente es popular entre sus votantes o entre quienes simpatizan con su proyecto. Durante el efecto rally round the flag, el apoyo le llega también de otros segmentos de la población que no lo votaron en las elecciones. Lo apoyan por la situación de emergencia, pero también siguiendo el ejemplo de los partidos de la oposición, por los que votaron, y de la prensa. Cuando ese apoyo de la oposición y de la prensa empieza a erosionarse, los presidentes vuelven a la casilla de salida. A ser populares entre quienes simpatizan con ellos. Y ahí vuelven a regir las reglas de la política. De la comunicación política, diríamos. Los presidentes que aprovecharon la pandemia para —con sus medidas y sus mensajes— sumar a segmentos de población diferentes a los que los votaron, amortiguan esa caída en la popularidad que empieza a ocurrir tras la primera fase de la pandemia.

Tal como explica Reina, la pandemia desgasta en forma «constante y sistemática». Según el politólogo, esto se da independientemente de sus acciones, de la performance económica. «Es algo que hemos visto regularmente en la muestra del estudio. Desde mayo del año pasado en adelante, todos los gobiernos han visto caer su popularidad de forma constante. Con algunas excepciones. Pero la pandemia desgasta, de forma unívoca a todos los gobiernos. Lo hace con distintas intensidades, sí. Lo hace con distintas velocidades, también. En los casos en que las restricciones a la movilidad fueron muy altas y sostenidas en el tiempo, el impacto en la popularidad de los presidentes fue mayor».

Europa y América

En Europa, al disponer de más herramientas y recursos para compensar a los ciudadanos y a las empresas por el parón económico causado por las restricciones, este impacto ha sido algo menor que en América Latina. Ese modelo europeo de cierre con ayudas no pudo ser implantado en Latinoamérica por no disponer de las mismas capacidades económicas. Obviamente, en los países europeos donde se pusieron en marcha diferentes y cuantiosas políticas de gasto público para reducir las consecuencias de la pandemia en la economía de los hogares, hay menos razones para el enfado con el gobierno de turno.

Según Reina, la administración comunicacional de la propia pandemia ha sido un factor a tener en cuenta: «Con administración de la pandemia, nosotros vimos que hubo distintos caminos. Aquellos presidentes que se pusieron rápidamente enfrente de la pandemia y comunicaron de forma más optimista; otros de forma más pesimista; otros que subestimaron el rol de la pandemia, el impacto que iba a tener en el futuro; y otros que fueron muy claros en el mensaje respecto a lo largo que iba a ser la crisis de salud pública a nivel mundial. Esto fue el caso de Angela Merkel». Algunos gobiernos tuvieron la capacidad de proveer ciertas certezas en ese contexto de alta incertidumbre. Esto hizo que la palabra presidencial cobrara otro valor.

En el punto de mira de la oposición, los medios de comunicación y los ciudadanos y ciudadanas. Con la obligación de no fallar en un proceso de toma de decisiones en el que no hay posibilidad de prueba. Una parte demasiado alta de la población enfermando o falleciendo por el virus. Con la inmensa mayoría de la gente angustiada por la incertidumbre de enfermarse o de perder su modo de vida y su sustento. Las personas que presidían los gobiernos de los diferentes países se han enfrentado al mayor reto de sus vidas. Y lo han hecho mirándose las unas a las otras, tratando de aprender de lo que al resto le fallaba o de lo que se hacía acertadamente.

Todas tuvieron en común un tiempo de apoyo popular y alta popularidad, durante la primavera de la pandemia. Luego se rompieron algunos consensos, precarios y obligados por la gravedad del asunto, y volvió la disputa política a los lugares de siempre. La política saldrá tocada de la pandemia, a pesar del rally round the flag y de los espejismos de la subida de popularidad.

Moisés Naím es analista de tendencias políticas y económicas globales, con un foco especial en Latinoamérica. Es uno de los columnistas más leídos en español. Columnista de El País de España y La Repubblica de Italia. Autor de relevantes libros como «El fin del poder» o «La revancha de los poderosos». En 2011, recibió el Premio Ortega y Gasset, el premio más prestigioso del periodismo español. Conduce el programa «Efecto Naim» transmitido por el canal NTN24.

Moisés Naím fue entrevistado durante su participación en la sesión regional de las Américas de la Cumbre Mundial de la Alianza Open Government, en Corea del Sur.

Los signos vitales de la democracia en la región luego de la pandemia

Moisés Naím: La pandemia creó nuevos problemas importantísimos, pero también reveló viejos problemas preexistentes: desigualdad, precariedad económica, corrupción, antipolítica. Todo eso existía, y la pandemia comunicó con mayor claridad la profundidad y la dificultad que implican estos problemas. Lo desiguales y malos que son los sistemas de salud. Son inadecuados para atender una pandemia en la que la mayoría de la población no tuvo acceso a los sistemas de salud de los gobiernos porque no había implementos necesarios y vacunas.

En segundo lugar una sorpresa: ideas, instituciones, formas de pensar y de actuar que parecían permanentes han demostrado ser transitorias, y cosas que creíamos que eran transitorias parecen ser permanentes. El trabajo remoto, por ejemplo, que creíamos que era transitorio y resulta ser que está aquí para quedarse. Las políticas y los sistemas están ajustándose a esta nueva realidad.

[Lee también: Lo que nos cuenta Putin: medios rusos en América Latina]

Y otros temas que pensábamos intocables, inamovibles, permanentes han demostrado su fragilidad. ¿Quién hubiera pensado que la democracia de Estados Unidos pudiera ser cuestionada? Hay temores profundos acerca de su viabilidad en el futuro. Está bajo ataque. Y esto es algo normal porque la normalidad en estos tiempos implica ataques a la democracia, que muchas veces salen de adentro. Jefes de Estado popular y democráticamente elegidos que al llegar al gobierno empiezan a socavar y a debilitar, o a eliminar, los pesos y contrapesos que toda democracia necesita para impedir la concentración de la política y el poder.

Activación ciudadana con un aprendizaje acelerado de las tecnologías

Hablé de las condiciones preexistentes de la pandemia. Una de ellas era que las calles de América Latina estaban ardiendo, se convirtieron en el lugar de la participación. El descrédito de los partidos políticos hacía que el canal de comunicación normal fuera tomar una plaza, bloquear una calle, incendiar las estaciones del metro como ocurrió en Chile. Las calles incendiadas y un pueblo harto de los políticos, de la política, de la corrupción, de la ineficiencia, de la impunidad toma las calles.

Es muy interesante notar que con la llegada de la pandemia se atenuaron un poco las protestas callejeras, pero también se cambió el tema. No es que desapareció el descontento ni las condiciones que llevan a la actividad de calle. En cambio, se combinaron nuevos temas con los temas perennes. Ejemplos son los malos servicios públicos, los poco confiables que son los gobiernos, la ineficiencia, la corrupción y, sobre todo, la desigualdad.

Soluciones desde la función pública a estos problemas

Creo que es indispensable tener una relación fluida entre los funcionarios públicos decentes, trabajadores, modernos, y los medios de comunicación y periodistas que compartan esos valores. Ya no ocurren los golpes de Estado de antaño. Ahora, en vez de soldados tenemos a contadores y auditores que entran a las empresas, especialmente a los medios de comunicación, y los castigan con penalidades financieras.

Lo que estamos viendo en el mundo es el ataque a democracia a través del ataque a los pesos y contrapesos —en los Estados Unidos se llaman check and balances— que tratan de regular y garantizar que la democracia no lleve a una autocracia donde hay un jefe de Estado y un régimen que impone su punto de vista por encima de la participación democrática.

Estamos viendo en estos tiempos gobiernos de tendencia claramente autoritaria que montan una escenografía democrática que incluye elecciones. Uno se pregunta por qué Daniel Ortega pasa por el fastidio de hacer elecciones. ¿Por qué Nicolás Maduro, Putin, Lukashenko se toman el trabajo de montar elecciones que todo el mundo sabe que son falsas? Porque necesitan aunque sea un resabio de legitimidad, el recurso más escaso en el mundo político de hoy. Esto se conecta con mi frase anterior de que necesitamos que los funcionarios públicos modernos estén bien comunicados con los periodistas y los activistas que están denunciando estas tomas furtivas, clandestinas, opacas, a través de las cuales estos gobiernos se disfrazan de vocación democrática.

Caída de legitimidad de las democracias en toda la región

El desempeño es insuficiente. La paciencia y la tolerancia de los ciudadanos ante esas ineficiencias y corruptelas hace que se estén buscando otros caminos para expresar su disconformidad y exigir sus derechos. En ese sentido, es muy importante tener en mente y en la conversación la polarización. Siempre ha existido pero que ahora estamos viendo de manera muy tóxica. Y además se ha globalizado. Son raras las democracias donde no hay una polarización paralizante. La polarización es como el colesterol: hay uno bueno y uno malo. La polarización buena es cuando organizaciones y políticos rivalizan con quienes tienen otras ideas. Después, gracias a las elecciones limpias, transparentes y justas, una de esas visiones prevalece y gobierna teniendo la otra como oposición. Eso se llama democracia.

[Lee también: Riesgos para la democracia: tareas pendientes en Latinoamérica]

Pero hay otra polarización mala que paraliza, impide que el gobierno funcione, porque se tranca el juego. Lo hemos visto en Estados Unidos y en Europa, donde la polarización simplemente sirve para exacerbar ánimos, para aumentar las grietas que ya existen en la sociedad. Otra característica de la polarización mala es que no le concede al rival el derecho de existir. El rival no es un compatriota que tiene ideas distintas. Es simplemente un agente político que no merece existir. Esas ideas hay que combatirlas con búsqueda de acuerdos, de visiones compartidas. Se trata estar con ideas, personas y situaciones que no son de la simpatía propia que son necesarias para que se tomen decisiones. Allí los funcionarios públicos fundamentales.

Desigualdad tecnológica

La definición de poder sigue siendo la misma; han cambiado las fuentes del poder. En el siglo XXI el poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Eso ocurre el sector público y en la política. También ocurre en los medios de comunicación social, en los sindicatos, en las Iglesias, en las redes criminales, donde hay actividad humana.

Eso no quiere decir que no haya excepciones: Putin lleva muchísimo tiempo en el poder; Maduro y el chavismo en Venezuela tienen 21 años. Hay todavía lugares y espacios de concentración de poder y de permanencia, pero también hay muchísima volatilidad. El poder se está debilitando, pero simultáneamente se está concentrando. Yo escribí un libro, El fin del poder, que analiza las fuerzas centrífugas que fragmentan el poder y lo hacen más difícil de usar y más fácil de perder. Lo que estamos viendo es la interacción entre las fuerzas centrífugas de dispersión, que chocan contra fuerzas centrípetas que concentran el poder. Esa interacción explica el mundo de hoy. Y en el mero centro de esa batalla están los funcionarios públicos que tienen que hacer su trabajo en este contexto.

Los líderes de Latinoamérica y su dificultad de diálogo

En la lista de las promesas incumplidas de Internet está la discapacidad del mundo para actuar coordinadamente. Se nos había dicho que Internet ayudaría a integrar a los países, las culturas en los diferentes ámbitos del planeta. Que nos iba a integrar y a aumentar la capacidad colectiva de actuar multilateralmente, y eso no ha pasado.

[Lee también: El «sueño» constituyente: pugna, reforma o nada]

Con la globalización han aumentado los problemas que no pueden ser solucionados actuando a solas. La necesidad de actuar multilateralmente ha aumentado porque aumentaron los problemas multilaterales que necesitan que el planeta responda como un todo. Estoy pensando en el cambio climático. También hay una larga lista de otros temas: las migraciones, los Estados fallidos, la inteligencia artificial y sus consecuencias, la genética. En fin, hay una gran cantidad de temas que van a requerir la coordinación eficaz de diferentes gobiernos. Mientras más aumenta la globalización, también aumenta esta dificultad.

Esto lo he llamado el déficit más peligroso del mundo: el déficit entre la necesidad del gobierno de actuar en conjunto y su poca capacidad para hacerlo. Simplemente extrapola al nivel regional lo que acabo de decir, y lo vas encontrar amplificado.

Perspectivas de Moisés Naím

Este es un continente profundamente dividido, pero es posible que dentro de dos años peguemos un continente más unido. Si en Colombia gana el señor Petro, si Lula vuelve al poder en Brasil, si el señor Castillo sigue en el poder en Perú, si en Chile hay un gobierno de izquierda y Fernández y Kirchner siguen en Argentina, si Andrés Manuel López Obrador o sucesores siguen en México habrá una cantidad de gobiernos que comparten ideas y que pueden actuar en conjunto.

La mala noticia es que son malas ideas y entonces ahí vamos a tener que pagar las consecuencias de lo que he llamado la necrofilia política: ese amor apasionado por las malas ideas. América Latina va a sufrir una pandemia de malas ideas en el poder.

La versión original en video de la entrevista a Moisés Naím puede consultarse aquí.

.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/e3d08654-586d-4854-a8dd-b5f00b7f84ad?dark=false» scrolling=»no» height=»200px» frameborder=»no»]

El Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla por un lado, y el partido español populista de derecha VOX, por el otro, desafían a los partidos políticos latinoamericanos.

En su primer encuentro desde la pandemia, el ideológicamente izquierdista Grupo de Puebla huele una oportunidad. Mientras esperan «vientos progresistas» de los próximos procesos electorales, la izquierda democrática y la autoritaria cierran filas contra el neoliberalismo. La declaración final también apoya a las dictaduras latinoamericanas, lideradas por Cuba. Mientras tanto, el partido español populista de derecha VOX intenta posicionarse en América Latina como punta de lanza de la lucha anticomunista. Esta dinámica bipolar coloca en aprietos en particular a las fuerzas del espectro de centroderecha.

Radiantes y sin máscaras posaron frente al fotógrafo: el exprimer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero, el izquierdista autoritario exjefe de gobierno de Ecuador, Rafael Correa, y el actual ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. Acababan de inaugurar el encuentro pomposamente organizado del Grupo de Puebla (GP), que, según su propio relato, reunió alrededor de 200 «líderes progresistas» del 30 de noviembre al 1 de diciembre en la capital mexicana, aunque en gran parte solamente en forma virtual. No obstante, estaba clara la señal que debería enviar la reunión bajo el lema «Cambio ahora»: la izquierda unida está de vuelta, ganando influencia y unificándose contra el oponente común. La declaración final tampoco dejó dudas al respecto. Pidió nada menos que la sustitución del «anacrónico modelo neoliberal» por un «modelo de desarrollo solidario».

Si bien el documento tiene pocos aportes concretos sobre cómo debería ser este nuevo modelo, se manifiesta en general en pro de un papel fuerte de los Estados en la inversión pública, de una sesión especial de la Asamblea General de la ONU respecto a los caminos globales para salir de la pandemia, de la descarbonización de la economía, del «multilateralismo», de un impuesto mínimo global de al menos el 21% y de los «valores del feminismo».

En cuanto al compromiso con la libertad y la democracia, el documento es ambivalente. Si bien en dos pasajes idénticos pide «una democratización que dé espacio a nuevas voces», en el texto de 2629 palabras, democracia solo aparece una vez más como un concepto básico positivo. Ocho veces se usa la palabra en relación con Estados específicos y amenazas percibidas contra regímenes y gobiernos de izquierda. Los términos libertad o libre solo se mencionan dos veces, en contextos irrelevantes.

El Grupo de Puebla existe desde 2019, cuando fue fundado por el entonces recién electo jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador. En la percepción pública, el GP se superpone con el Foro de San Pablo (FSP), una alianza formal de partidos de izquierda fundada en 1990 por el entonces candidato presidencial brasileño Lula da Silva por consejo directo del dictador cubano Fidel Castro.

Según la página web de inicio del FSP, el Foro de San Pablo reúne hoy a 123 partidos de 27 países, desde el Partido Comunista de Cuba hasta el Partido de Unidad Socialista de Venezuela (PSUV) y fuerzas de centroizquierda democráticamente establecidas como el Partido Socialista de Chile, el Partido de los Trabajadores de Brasil o el Frente Amplio de Uruguay. La diferencia organizativa más importante entre el FSP y el GP es que el primero es una asociación formal de partidos, mientras que el segundo está formado por un grupo de individuos. En ambas organizaciones, sin embargo, existe la misma fusión entre elementos autocráticos, populistas y democráticos. En ambos casos está claro que la ideología es más importante que la democracia.

Halagos para México, Cuba y Venezuela

Como regalo al anfitrión, por así decirlo, el GP celebra la «profundización de la democracia» del gobierno populista de izquierda del jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador. Apenas unos días antes, este había emitido un decreto que le permitirá, en lugar del proceso de licitación legal, llevar a cabo importantes proyectos de infraestructura prácticamente a dedo y sin ninguna transparencia. Sin embargo, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff celebró al gobierno mexicano como una «luz» para la «integración latinoamericana».

La declaración final del GP también adopta sin restricciones la retórica de la dictadura cubana cuando se solidariza con «el pueblo cubano» y nombra a las sanciones estadounidenses como la causa del «malestar social» y las más recientes protestas de «redes y enemigos de la revolución cubana financiadas y promovidas desde Estados Unidos». El GP también declara su «apoyo a la democracia venezolana» y rechaza cualquier «injerencia extranjera».

Nicaragua también sale en gran parte ilesa. Aquí el Grupo de Puebla expresa su esperanza por la «reconciliación» y la «salvaguarda de las libertades y los derechos humanos», para luego agregar una vez más que son los Estados Unidos con sus sanciones los que «perturban la democracia en Nicaragua y crean un clima de polarización».

Además de otras declaraciones cuestionables sobre Bolivia, Chile, El Salvador o Perú, se destaca la exigencia de promover la propia «soberanía digital» y «abandonar paulatinamente la condición de consumidores de conocimiento y abastecedores de datos de Estados y empresas que concentran y monopolizan la información». El enemigo común en este contexto es claramente Estados Unidos, mientras que no se menciona a China.

Unidad de la izquierda democrática y autocrática

Está claro que la izquierda internacional en América Latina huele una oportunidad. Tras los cambios de rumbo político en México (2018) y Argentina (2019), el eje político se desplazó más a la izquierda por las elecciones en Bolivia (octubre de 2020) a través de Chile (elección a la asamblea constituyente en mayo de 2021), Perú (junio de 2021) y más recientemente en Honduras (noviembre de 2021). Según el expresidente colombiano Ernesto Samper, en la Ciudad de México se depositaba una gran esperanza en un persistente «viento progresista» en la región y, por ende, en una victoria electoral de Gabriel Boric el 19 de diciembre en Chile, del populista de izquierda Gustavo Petro en Colombia en mayo de 2022 y en particular del expresidente Lula da Silva en octubre de 2022 en Brasil. Según las encuestas actuales, todo esto parece posible o incluso probable.

Lo que llama la atención es la demostrativa unidad de actores indudablemente legitimados democráticamente como el presidente argentino Alberto Fernández, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff o el excandidato presidencial chileno y coordinador del GP, Marco Enríquez-Ominami, a través de tonos de gris hasta representantes de regímenes autoritarios de izquierda, especialmente los del exgobierno autoritario ecuatoriano de Rafael Correa, a quien se pusieron a disposición todas las tribunas y declaraciones de solidaridad imaginables.

Si bien el gobierno boliviano del MAS estuvo representado de manera destacada con un mensaje de video del presidente Luis Arce, el expresidente y cofundador de GP, Evo Morales, en particular, continúa disfrutando del aura de héroe en este grupo. Cualquier compromiso con los valores democráticos se vuelve completamente inverosímil si regímenes autoritarios y dictatoriales como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua reciben el apoyo incondicional del GP. El ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero juega un papel especial en el grupo. Muchos en España lo consideran un lobbista internacional a favor del «socialismo del siglo XXI», que se ha dedicado a abrir puertas para los jefes de Estado autoritarios de izquierda, más allá de sus fronteras.

La respuesta desde la derecha populista

Como antagonista de las dos alianzas de izquierda desde el comienzo de la pandemia, ante todo el partido populista de derecha español Vox intenta posicionarse específicamente. Su presidente, el diputado español Santiago Abascal, impulsa intensamente el Foro Madrid, una «alianza internacional para contrarrestar el comunismo en la Iberosfera[1]» (!). El objetivo es encontrar una «respuesta al Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla». El instrumento principal es la Carta de Madrid, una declaración firmada por 9640 personas (al 8 de diciembre de 2021) que ven que sobre parte de América Latina se ciernen «regímenes totalitarios de carácter comunista» bajo el liderazgo cubano.

Para enfrentarlos, diferentes líderes políticos y sociales de diferentes orientación política deberían acordar algunas declaraciones esenciales: el reconocimiento del «avance comunista» como una amenaza a la ley y la libertad, el compromiso con el Estado de derecho, la separación de poderes, la libertad de expresión y propiedad privada, la «defensa» de las libertades políticas y sociales, así como la promesa de los firmantes de trabajar por la democracia, los derechos humanos, el pluralismo y la justicia. En gran parte no prestando atención a la pandemia, las delegaciones de VOX viajaron en 2021, en particular el propio Abascal, su colega Víctor González Coello de Portugal y el eurodiputado español Hermann Tertsch a varios países latinoamericanos como Colombia, México, Perú y Ecuador, así como a Estados Unidos.

Al hacerlo, consiguieron persuadir a numerosos representantes de la política y la sociedad civil a que firmaran la Carta de Madrid. Entre los firmantes se encuentran políticos de partidos populistas de derecha en estrecha armonía con los del centro político. Este activismo se complementa con la Fundación Disenso, cercana a VOX, también dirigida por Abascal, que invita a jóvenes políticos latinoamericanos a programas de estudio en España. De esta forma, VOX reúne en un proyecto común a actores de filiación dudosamente democrática con representantes de partidos firmemente establecidos en el centro político.

La comparación con lo que sucede del otro lado político no parece del todo absurda. En forma colateral el partido populista de derecha español, como autoproclamada punta de lanza contra el «totalitarismo» y el «comunismo» latinoamericanos, se está ganando una legitimidad internacional que de otro modo difícilmente habría podido lograr. Por tanto, no es de extrañar que Abascal quiera más para el futuro: una estructura permanente y un plan de acción anual.

¿Y el centro político?

Comprometidos en la responsabilidad de gobierno en el contexto del covid-19 u ocupados con problemas internos, muchos partidos moderados quedaron bastante sorprendidos ante tal activismo. Dirigirse a individuos en lugar de estructuras partidarias enteras permite que tanto el Grupo de Puebla como el Foro Madrid ignoren a estas últimas.

Justamente para los representantes de los partidos de centroderecha, a menudo lentos, no es fácil reaccionar adecuadamente a esta táctica. Es grande la tentación de saltar al barco común con VOX contra la izquierda organizada y cada vez más fuerte. A menudo hay una falta de conciencia de que una acción realmente creíble contra el autoritarismo de izquierda organizado en la región solo es posible con socios cuya identidad democrática libre esté fuera de toda duda. Es de esperar que las alianzas internacionales de partidos latinoamericanos como la Demócrata Cristiana ODCA o la agrupación de centroderecha UPLA encuentren respuestas a esto. Los llamados, en parte desde rincones extremos de ambos lados del espectro político, deberían convencer a las fuerzas moderadas de la importancia de una estrecha red, coordinación y cooperación.

Publicación original en alemán en el sitio web de la Fundación Konrad Adenauer, el 13 de diciembre de 2021.
Traducción: Manfred Steffen

[1] En realidad, esta expresión no es usual en el idioma español. Sin embargo, es utilizada en forma sistemática por VOX al referirse a los países de la península Ibérica y a Latinoamérica.