El Anuario de Latinoamérica 21 tiene el objetivo de promover una mejor comprensión sobre nuestra región.

Coordinadores: Melany Barragán, Hugo Borsani y María del Carmen Villarreal

Esta publicación está compuesta por 26 textos escritos por académicos de diversas disciplinas, tanto latinoamericanos como latinoamericanistas, y busca analizar, a través de diferentes puntos de vista, el impacto económico, político y social de la pandemia de Covid-19 en América Latina, así como sus perspectivas futuras.

Los textos incluidos en el Anuario invitan a la reflexión y alimentan la curiosidad de todos aquellos preocupados por lo público. Con un carácter eminentemente divulgativo e informado, su lectura proporciona herramientas útiles para comprender la realidad política, económica y social de la región, así como sus desafíos futuros.

En pandemia, sin reformas públicas, algunos candidatos ya se lanzan a la campaña presidencial.

En Paraguay, el caótico y frenético tránsito que azota a las zonas urbanas no es lo único rápido y furioso que últimamente está a la vanguardia de las discusiones de rondas de amigos. Y es que ha habido elecciones municipales apenas el 10 de octubre pasado y para el 11, sin estar siquiera seguros de algunos resultados, algunos candidatos presidenciales ya iniciaban la carrera con respectivas campañas políticas.

El más apresurado es, sin dudas, quien parece tener la bendición del mismísimo presidente de la República Mario Abdo Benítez: su compañero de chapa, y por ello actual vicepresidente, Hugo Velázquez.

Velázquez, abogado de profesión, es un antiguo militante del partido de gobierno. Afiliado en 1986, con solo 19 años hizo la conscripción [1] y fue agente fiscal durante muchos años, aunque según las leyes paraguayas los magistrados y funcionarios judiciales no pueden hacer vida política activa.

Santiago Peña, su eventual contendiente dentro del Partido Colorado y abanderado del expresidente Horacio Cartes, criticó el apresuramiento del vicepresidente haciendo hincapié en que las leyes paraguayas establecen plazos bien determinados para iniciar una campaña política. Sin embargo, el muy desfasado código electoral paraguayo ni siquiera legisla sobre campañas en redes sociales e internet, por lo que todos los eventuales candidatos hacen ya activas y sistemáticas campañas en redes, especialmente Twitter e Instagram, maquillando contenidos políticos como si fueran relatos cotidianos o «casuales».

Claro que, aun habiendo leyes y prohibiciones de utilización de bienes del Estado en campañas políticas, el vicepresidente ni se molesta en maquillar el uso de avionetas estatales o inauguraciones de obras públicas para hacer su ya abierta campaña proselitista. No es casualidad que el sobrenombre que adquirió para ella sea Toro Velázquez, dejando claro que atropellará todo a su paso hasta llegar al sillón presidencial.

Burbuja electoral, lejos de la gente

Lo cierto y lo concreto es que los candidatos del partido de gobierno ya se lanzaron a la carrera por la presidencia que, por cierto, recién se definirá en abril del 2023. Enfrascados en la campaña electoral, la percepción de los ciudadanos de a pie es que nuevamente la competencia partidaria interna impedirá durante todo el 2022 que se tomen decisiones de gobierno pensando en el bien común, sino en ganar las elecciones.

Una de las preocupaciones más importantes es la cada vez más cercana renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, que debe llevarse adelante con el Brasil precisamente en 2023. Quienes se postulen para la próxima presidencia deberán tener propuestas serias y realizables para convencer a la ciudadanía de que se sentarán a la mesa de negociaciones con el ánimo de defender los intereses del Paraguay y no, como ha sido históricamente, de aceptar las migajas que ofrezcan desde Itamaratí, apelando a su tradicional política bilateral de imposición de su condición de gigante frente al vecino minúsculo y sometido. En la ciudadanía crece cada vez más el ánimo de terminar con los años de humillación y cesión de derechos frente al Brasil y, a cambio, sentarse de igual a igual, apelando a los nuevos tiempos que corren también en política exterior.

Esta sensación parece no leerse desde el poder, que sigue ciego y sordo a los reclamos ciudadanos sobre la binacional.

Crisis sanitaria

Por otra parte, el país está recién respirando luego de la pandemia que lo azotó desde marzo del 2020, luego de picos desesperantes en mayo y junio de 2021. Paraguay fue uno de los últimos en recibir las vacunas contra el covid-19. No fue hasta agosto y setiembre de este año que los índices de contagios y muertes empezaron a bajar. Hoy se vive un total relajo sanitario ante la reducción de los índices, lo que, sin embargo, ha catapultado en los militantes antivacunas un frenesí de desinformación que raya el fanatismo, a pesar de que es totalmente evidente lo efectiva que ha sido la campaña sobre las inmunizaciones.

Asimismo, la brutal crisis sanitaria vivida a raíz del covid-19, que dejó más de 16.000 fallecidos, tampoco fue suficiente para que el Presupuesto General de Gastos de 2022 contemple mayor inversión en el sistema sanitario o en el educativo o en mejoras de infraestructura. El año próximo, los paraguayos deberemos nuevamente estar dispuestos a solventar enormes gastos públicos con nuestros impuestos, principalmente en salarios y bonificaciones de funcionarios del Estado, ya que la maquinaria electoral que significan los estatales es la mayor garantía de éxito para los candidatos del partido de gobierno.

Nota:
[1] Así equiparaba en jerga militar el dictador Alfredo Stroessner a quienes hacían toda la carrera partidaria: afiliado, militante de seccional (unidades de base partidarias), presidente de seccional, miembro de la Junta de Gobierno del partido, etc.

A setenta años de la firma de la Comunidad del Carbón y el Acero el 18 de abril de 1951, un hito que cambió la historia de Europa para siempre, nos proponemos acercarnos a la realidad actual de la Unión Europea.

¿Qué queda de los objetivos que motivaron la creación de las comunidades europeas en los años cuarenta y cincuenta? ¿Cuáles son los logros a destacar o los temas pendientes y hacia dónde camina el proyecto europeo? Estas son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa.

Invitados:

Aleksandra Sojka, profesora en el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid.

Luis Bouza García, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro de la red OpenEUdebate Jean Monnet.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

La pregunta del título está dirigida a todos y todas. Interpela la responsabilidad frente al lenguaje utilizado en las redes y el respeto a la dignidad del prójimo.

Las recientes revelaciones de una exempleada de Facebook sobre sus «malignos algoritmos», y el anuncio de que la empresa cambiada de nombre (ahora se llama Meta) se embarca en un nuevo filón de realidad virtual tipo Matrix, dan la impresión de que los seres humanos estamos a la merced de poderosas corporaciones que controlan nuestras emociones, pensamientos y acciones gracias a la manipulación de cantidades enormes de datos y la violación de nuestra vida privada.

Aunque hay algo de verdad en esta afirmación, el problema con estas noticias es que tienden a dar la impresión de que somos solamente víctimas de grandes dispositivos de control social, y que no tenemos ya ninguna responsabilidad en la forma en la que nos comportamos en las redes sociales. Parece una excelente coartada para afirmar: «Fíjense, yo soy presa de estos monstruos informáticos, que manejan mis emociones y mis deseos». Nos declaramos así irresponsables sobre el uso que hacemos en las redes digitales.

Manipulación y propaganda

Los estudios de la comunicación y de los medios nos dicen que esta victimización no es del todo cierta. La manipulación de las emociones primarias es tan vieja como la propaganda. Cuando Facebook, Twitter, TikTok apelan a nuestras pulsiones más básicas (supervivencia, deseo sexual, narcicismo), hacen lo mismo que hicieron Goebbels, Lenin y los padres del marketing moderno como Edward Bernays. La diferencia es que las corporaciones digitales tienen acceso a tecnologías más sofisticadas para conocer nuestras preferencias y rutinas. Explotan esta información para inducirnos a que nos gusten o atraigan productos, personas, contenidos, ideas, imágenes, desde los más sublimes hasta los más grotescas.

¿El hecho de que Facebook y Google conozcan muy bien nuestras pulsiones nos hace menos responsables de lo que decimos y hacemos en las redes? La respuesta no es unívoca. Tiene matices. En primer lugar, tendremos que reconocer que los seres humanos somos un amasijo de pasiones y que buena parte de nuestros comportamientos tienen una alta carga emocional. Eso es cierto para todos los seres humanos, sin distingo de origen étnico, cultural, orientación sexual e incluso nivel educativo. Si esto es así, entonces, siguiendo al filósofo Baruj Spinoza, no nos queda otra cosa que desarrollar nuestra capacidad de reconocer nuestras pasiones, someterlas a la razón en la medida de lo posible y evitar que ellas sean las que dicten nuestros comportamientos. Si se quiere, nuestra primera responsabilidad es tomar conciencia de nuestras emociones.

Emociones en las redes

Pero no todo el mundo, ni en toda circunstancia, puede dominar sus pasiones. Es otra realidad bastante obvia. Solo basta asomarse por Twitter un rato para observar cómo las emociones se desatan, en ocasiones producto de hábiles manipuladores (llamados bots) que saben qué teclas tocar para provocar reacciones en la gente. O paséense por Instagram un rato para constatar cuáles son las imágenes que más gustan a las personas: aquellas que apelan a los deseos más primarios y al narcisismo.

¿Entonces? ¿Somos o no somos responsables de lo que decimos y hacemos en las redes? En parte sí lo somos. Al menos somos responsables de tomar conciencia de qué publicamos, compartimos y comentamos. El impulso a reaccionar rápido siempre está allí. Es la dinámica acción-reacción que tan bien documentó la psicología conductista. Frente al estímulo «x» esperamos la respuesta «y». En eso no somos muy distintos al perro de los experimentos de Pavlov. Lo único que nos diferencia es nuestra capacidad de darnos cuenta de esa dinámica pasional en la que caemos.

Es nuestro lado reflexivo el que debería permitirnos evitar la reacción rápida e impulsiva. Para evitar ser víctimas de nuestras pasiones, ejercitar el lado reflexivo es una estrategia que puede resultar positiva con el fin de hacernos más responsables de lo que decimos y hacemos en las redes.

La dignidad humana

El otro elemento a tomar en cuenta es menos conductual y está más arraigado en los principios y valores que nos hacen humanos. Uno de esos principios es la idea de dignidad. ¿Qué quiere decir dignidad? La respuesta no es obvia, aunque la dignidad está ligada a la universalidad de los derechos humanos. Sin embargo, alguien podría argumentar que la definición de dignidad variará dependiendo de la cultura, la religión, la sociedad, las costumbres, en fin, el sistema de valores de las personas.

Hay una forma de abordar el valor de la dignidad más allá del relativismo cultural o moral. El filósofo Rüdiger Safranski dice, en su libro El mal. El drama de la libertad, que la dignidad es un valor intangible, una suerte de tabú en este mundo secular, un valor que debe ubicarse más allá de las contingencias de la imaginación social. Esto quiere decir que la dignidad es una categoría de lo sagrado que debería estar por encima de las pasiones, opiniones, gustos y afinidades de las personas. Como todo lo que es sagrado, está más allá de lo que es accesible a los humanos, incluyendo todo aquello que vemos y experimentamos en el mundo de las redes digitales.

Ser más responsable implica entonces dos cosas: una toma de conciencia de nuestro lenguaje y comportamientos, y el respeto de un valor supremo, el de la dignidad de todos seres vivientes. Si más personas consideran estas opciones, es probable que a los monstruos informáticos no les sea tan fácil jugar con nuestras emociones para extraer beneficios financieros. Piénselo.

La economía informal es parte del escenario en países en vías de desarrollo. Bolivia no es excepción a este fenómeno que retroalimenta la pobreza y la inseguridad.

La informalidad es una característica general de países en vías de desarrollo. En el Estado Plurinacional de Bolivia, la economía informal se desarrolla en un escenario de pobreza a nivel urbano y rural, altas tasas de desempleo, subempleo, desigualdad de género y trabajo precario, inseguro y mal pagado.

Sin duda, el crecimiento de la economía informal en economías en desarrollo es el resultado de la baja capacidad del sector formal para generar fuentes de empleo digno e ingreso sostenible, en un contexto de fuerte crecimiento de la fuerza laboral y creciente migración campo-ciudad.

Evidentemente, la economía informal se caracteriza por un agudo déficit de trabajo decente y un porcentaje desproporcionado de trabajadores pobres. La evidencia empírica muestra que los trabajadores de la economía informal se enfrentan habitualmente a riesgos más elevados de pobreza que los trabajadores de la economía formal. Como resultado de estos factores, hay una coincidencia significativa, aunque no llega a ser total, entre el trabajo informal y el hecho de ser pobre y vulnerable (OIT, 2018).

Aporte de la KAS

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) oficina Bolivia trabaja hace mas de medio siglo apoyando el fomento de políticas públicas en pro del bienestar de los bolivianos, la democracia y el Estado de derecho. Uno de los problemas económicos que se ha hecho evidente es que, desde 1982, la economía informal ha crecido en progresión geométrica.

El mercado laboral en Bolivia se caracteriza por tener un elevado empleo informal. En el país hay un 62,3 % de informalidad respecto al producto interno bruto (PIB). La medición del PIB y el empleo puede traducirse en subestimaciones importantes si no tienen en cuenta las actividades informales. Las políticas nacionales estarán mejor fundamentadas si se conocen la magnitud del empleo informal y las condiciones de estos patrones de empleo. Según el Sistema de Cuentas Nacionales, ciertas actividades pueden ser tanto ilegales como legales. Se ocultan a las autoridades públicas para evitar el pago del impuesto sobre la renta, el valor agregado u otros. También para evitar el pago de cotizaciones a la seguridad social y para evitar tener que cumplir con ciertos estándares legales tales como salarios mínimos, horarios máximos, estándares de seguridad o salud, etc.

Las políticas de ajuste estructural y los procesos de reestructuración económica, incluida la privatización de empresas estatales y servicios públicos, a lo largo de la historia económica de Bolivia han contribuido también al crecimiento de la economía informal.

Informe de la OIT

Según la OIT (2002), en la región de Europa Central y Sudoriental (países no miembros de la Unión Europea) y la Comunidad de Estados Independientes, el desmembramiento del sistema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) estuvo seguido de altas tasas de desempleo y la rápida migración de las zonas rurales a las urbanas sin los correspondientes aumentos de la proporción de trabajadores en la industria. Esto se tradujo en altas tasas de empleo en el sector de los servicios, pocos cambios en las tasas de empleo vulnerable y de desempleo, como también desaliento entre los jóvenes.

En países en desarrollo extractivistas como Bolivia, las caídas en los precios de los productos básicos de exportación (minerales entre otros) determinaron el cierre de centros mineros y el aumento significativo de desempleados, lo que contribuyó al incremento de la economía informal. En 1985, la caída de precio del principal producto de exportación en Bolivia, el estaño, determinó la caída de la minería y el cierre de los centros mineros. Esa población desempleada migró hacia la ciudad de El Alto y los departamentos del eje central, entre ellos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Muchos se dedicaron al comercio informal y otras actividades informales.

Proceso de urbanización

Al 2019, Bolivia había ingresado en un proceso acelerado de urbanización. Más del 70 % de su población vive en las ciudades del eje central. Este proceso viene dándose con una fuerte presencia del sector informal, en donde las actividades terciarias como el comercio, los servicios, el transporte, y las administrativas, entre otras, configuran un rasgo característico.

En Bolivia prevalece la actividad económica basada en el extractivismo (minerales y gas, básicamente), en la explotación de recursos naturales. Esto provoca el debilitamiento de la demanda agregada interna y está afectando a los procesos de fortalecimiento del desarrollo entrampando a la economía boliviana en la informalidad.

La evidencia empírica coincide en afirmar que la gobernanza frágil es una de las bases fundamentales de la economía informal. En general, el crecimiento de la economía informal puede deberse a políticas macroeconómicas y sociales inadecuadas, ineficaces, encubiertas o mal aplicadas, a menudo desarrolladas sin consultas tripartitas, así como a la falta de marcos jurídicos e institucionales favorables y de buena gobernanza para la aplicación correcta y eficaz de las políticas y leyes.

Sin duda, la gobernanza inadecuada se traduce en poblaciones de trabajadores y empresarios que la legislación no reconoce ni protege. Los marcos jurídicos e institucionales cuya concepción y aplicación es esencial para luchar contra la informalidad son los que rigen el trabajo, la protección social, la reglamentación de las empresas y la garantía del derecho de propiedad, incluido el acceso al capital financiero (OIT, 2002).

Normativa inadecuada

En el caso de Bolivia, la normativa laboral es antigua y muy desactualizada y no responde a los desafíos del siglo XXI. La normativa de referencia sobre las condiciones laborales es la Ley General del Trabajo (decreto supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a ley el 8 de diciembre de 1942). Y su reglamento de desarrollo (decreto de 23 de agosto de 1943).

La normativa diferencia entre contrato individual o colectivo; este último caso, definido cuando se pacta «entre un patrono o asociación de patrones y un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores». Por ello, existen empleadores de grandes empresas que tienen comportamientos inadecuados y escamotean los derechos sociales y económicos de sus trabajadores; aunque, debido a la estructura empresarial del país, son pocas las empresas de ese tipo.

En general, en empresas relativamente grandes, los trabajadores gozan de protección sindical y las gerencias son profesionales y procuran cumplir con lo que establecen las normas laborales. Se podría decir que en estas pocas empresas el trabajo es digno (Erostegui, 2017). Por el contrario, en las micro y pequeñas empresas no se respeta la legislación ni la normativa laboral. En la mayoría de ellas no se practican relaciones laborales enmarcadas en la norma, los empleados no son sujetos de prestaciones sociales ni beneficios sociales, aparentemente porque la legislación laboral de 1939 está pensada para las grandes empresas y, por lo tanto, a estos segmentos pequeños les genera distorsiones, principalmente de costos y de productividad.

Datos del INE

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población económicamente activa (PEA) de Bolivia abarca a 4.739.203 de personas y sólo el 40 %, es decir, 1.895.681 personas, son asalariadas.

La población protegida por la Ley General del Trabajo (LGT) llega a 473.920 personas, que corresponden al 25 % de los asalariados, pues una gran parte de los asalariados están constituidos por los maestros, que tienen un régimen laboral particular, mientras que 450.000 son funcionarios públicos con un régimen laboral enmarcado en el Estatuto del Funcionario Público.

Lo que no muestran estas cifras es que 2.843.521 personas están vinculadas al sector informal o son trabajadores por cuenta propia, propietarios de empresas en todos los segmentos, mayoritariamente compuestas por centros de trabajo micro o pequeños y también por desempleados, que son un 5 %, es decir, 236.960 personas. Estas personas no tienen garantizada la atención en salud y tampoco gozan con efectividad de un régimen jubilatorio; no tienen un régimen de protección laboral.

Sector informal

Por otro lado, el 25 % de los trabajadores que gozan tanto de la protección de la seguridad social de corto y largo plazo como de la cobertura de la Ley General del Trabajo, son un número reducido pero de importancia para el país, debido a que están insertos en sectores importantes de la economía: minería, petróleo, industria, construcción, servicios bancarios, etc. Además, estos sectores cuentan con organizaciones sindicales muy bien estructuradas y con influencia en organizaciones sindicales internacionales, así como en la OIT (Erostegui, 2017). Asimismo, el otro grupo de trabajadores con dependencia económica del Estado en todos sus niveles (central, departamental y municipal), tiene protección de la seguridad social de corto y largo plazo, pero no cuenta con estabilidad laboral (exceptuando a los maestros), ni con organización sindical, y no puede defender sus derechos mediante una declaración de huelga.

Aunque algunas actividades ofrecen medios de vida e ingresos razonables, la mayoría de las personas que trabajan en la economía informal están expuestas a condiciones de trabajo inadecuadas e inseguras y tienen altos niveles de analfabetismo, poca calificación y escasas oportunidades de formación. Tienen ingresos más inciertos, más irregulares y más bajos que quienes trabajan en la economía formal; trabajan más horas, no gozan de derechos de negociación colectiva ni de representación y, a menudo, su situación en el empleo es ambigua o encubierta. Y tienen una mayor vulnerabilidad física y financiera porque el trabajo en la economía informal está excluido o efectivamente fuera del alcance de los regímenes de seguridad social y de la legislación en materia de protección.

A nombre de la Fundación Konrad Adenauer oficina Bolivia, agradecemos a los investigadores que realizaron esta investigación, cuyo objetivo es aportar a la comprensión del fenómeno tan complejo de la informalidad y la economía informal y servir de insumo para la formulación de políticas públicas.

Referencias

Erostegui, R. (2017, diciembre 26). ¿A quién protege la Ley General del Trabajo? La Razón.

Medina, L., y Schneider, F. (2018). Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?

OIT. (2002). Resolución y conclusiones relativas al trabajo decente y la economía informal. Conferencia Internacional del Trabajo, 90.ª reunión, 2002. Ginebra.

OIT. (2018). Women and men in the informal economy. International Labour Office.

Accede a la investigación completa:
Dufner, G., y Velásquez Castellanos, I. (coords.). (2020). Economía informal e informalidad en una sociedad multiétnica. La Paz, Bolivia: KAS.

(Ver evento de presentación aquí).

«Ante ustedes siento gratitud y humildad», expresó Angela Merkel en su despedida luego de 16 años como canciller federal de Alemania. Desde diferentes países, la red de autores de Diálogo Político reflexiona sobre su legado.

.
En tiempos en que la equidad de género se convirtió en un tema que la política declama unánimemente pero aún no ejerce sistemáticamente, la trayectoria de Angela Merkel marca un cambio de época. Su estilo de gobierno dio legitimidad al ejercicio del poder de las mujeres, pero también deja una cota alta para quienes la sucedan, cualquiera sea su género. Firme sin masculinizarse, confiable incluso para sus opositores, competente sin perder cercanía, deja una impronta que excede su mandato. Su liderazgo humanista anticipó tiempos que superan las diferencias que imponen los –ismos con una concepción universal de los derechos políticos.

Adriana Amado. Argentina
Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO). Presidente de Infociudadana, Buenos Aires

El arte de lo posible. Así ha definido y entendido a la política. Una constructora de consensos. Un ícono del pragmatismo. La labor de Angela Merkel quedará en la historia justamente por esa capacidad para encontrar caminos en las situaciones más críticas. Soluciones que fueron mejores o mejorables, pero que siempre fueron construidas a partir del diálogo y la negociación. Merkel ha sido la mayor exponente de esa cultura política y posiblemente no sólo Alemania sino el mundo entero echará de menos ese método para enfrentar conflictos.

Franco Delle Donne. Argentina-Alemania
Doctor en comunicación, periodista, conductor del pódcast Bajo la Lupa.

Wir schaffen das (‘Podemos hacerlo’) es una frase con la que identifico a Angela Merkel. Y aunque esta afirmación la dijo en el contexto de una política migratoria más humanitaria, en 2017, para mí es imposible desligarla de la lucha por la inclusión, en la que más mujeres lleguen a cargos de poder, y de su estilo de ser una líder. Para mí, la canciller significa esas dos palabras.

Ana María Saavedra Saavedra. Colombia
Periodista, editora de Colombiacheck.

Templanza y firmeza

Creo que no hay otro líder político ejemplar, otro modelo, como Angela Merkel en el siglo XXI. Me parece que gobernó con templanza, sin abusar del poder, promoviendo y defendiendo la democracia, aun durante la pandemia. Así, se volvió la contracara de líderes autoritarios o populistas que fueron sus contemporáneos. Para mí, su liderazgo fue ejemplar gracias a su ética. Por ejemplo, cuando abrió las puertas de Alemania a casi un millón de refugiados. Actuó como para que su decisión fuera universal, a pesar de que podía traerle problemas puertas adentro. En Argentina se la suele citar como el modelo a seguir y en Alemania su figura trasciende las diferencias partidarias. Acá y allá, sin Merkel, se termina una era.

Martín Torino. Argentina-Alemania
Periodista político. Cursa posgrado en Sociología de la Universidad de Bielefeld, Alemania.

Lejos de esa imagen inquebrantable, enigmática y poderosa me gusta pensar en Angela Merkel como la chica común que un día tuvo un trabajo sencillo muy lejos de la política y se transformó en una persona extraordinaria con un trabajo que estaba esperando por ella.

Luego de 16 años como canciller de Alemania, muchos hablan de este momento como un ocaso o el cierre de un telón, pero me gusta pensar que es otro inicio, uno que solo una mujer como Angela Merkel puede crear.

Fabiola Chambi. Bolivia
Periodista.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/d0a4823b-37aa-4277-b8db-750387ebc202?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Merkel, siempre reflexiva, intentó reconocer las causas de los problemas políticos y sociales para atenderlos desde una perspectiva de bien común. Por lo tanto, sin importar si el desafío era la consolidación del proceso de unificación alemán, enfrentar la inmigración descontrolada sin perder la coherencia por el respeto al derecho internacional humanitario, dictaminar lineamientos políticos impopulares en plena crisis económica y financiera en la zona euro, liderar la transformación energética hacia la sostenibilidad, ser transparente y empática respecto a las políticas para enfrentar la pandemia de covid-19 y sus resultados, y tantos otros asuntos que debió abordar durante su mandato. Siempre su sello fue la credibilidad y la honestidad.

Jaime Abredrapo. Chile
Politólogo, periodista. Director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián.

Angela Merkel es uno de los mejores ejemplos históricos globales de liderazgo femenino. En un mundo donde aún las mujeres son excluidas en muchos ámbitos, entre ellos la política y el poder real, Merkel es evidencia de la relevancia del aporte a la gestión pública desde una visión de mujer (sin que por eso se deba hablar de feminismo). Su liderazgo trascendió a su país. Su influencia y liderazgo fueron esenciales para la Unión Europea, para el G10 y G20, y para el mundo. Inteligente, audaz, sagaz, fuerte, segura… ¡que vengan más lideresas como ella, y pronto!

Yanancy Noguera C. Costa Rica
Periodista.

Dignidad y humanidad en tiempos de polarización

Son tiempos de polarización política: las democracias padecen el ascenso de opciones que simplifican la realidad y ofrecen, por ello, soluciones falaces. Angela Merkel logró trascender esa trampa que facilita el ascenso del populismo y ofreció, en cambio, un centro político: espacio de diálogo y encuentro desde el que tomó decisiones complejas —como el impulso a la acogida de migrantes en Europa— y asumió las consecuencias, a sabiendas de que hay momentos que trascienden el cálculo electoral para dar preeminencia a la dignidad humana y a la solidaridad: valores de los que no es posible claudicar sin sacrificar el sentido fundacional de la Europa moderna.

Carlos Castillo. México
Director de la revista Bien Común.

Angela Merkel se va por la puerta grande. Durante su extenso liderazgo no solamente ratificó la confianza depositada en ella por los alemanes, sino que, además, conquistó el afecto y el respeto de la comunidad internacional. Con su estilo firme, austero y profesional, se convirtió en un punto de referencia ineludible, especialmente en momentos de incertidumbre. Su manejo de la pandemia fue, en este sentido, ejemplar, combinando sensibilidad ante los temores de la ciudadanía y altos niveles de asesoramiento técnico. El mundo democrático la va a extrañar.

Adolfo Garcé. Uruguay
Profesor en la Universidad de la República, Montevideo.

Liderazgo femenino

En la compleja lucha por participación política de las mujeres en el mundo, el liderazgo de Angela Merkel ha significado un logro para ellas. En un ambiente en donde la regla de la imagen del político ha sido por excelencia masculina, su presencia mandó un mensaje poderoso a las mujeres del mundo entero.

Después de ella, muchas mujeres sabrán que, si así lo desean, es posible alcanzar los más altos puestos de decisión política. Su legado político descansa sobre su forma distinta de hacer política, y su liderazgo sin duda inspirará a cientos de mujeres y niñas del mundo entero.

Ruth Hidalgo. Ecuador
Abogada. Directora de Participación Ciudadana, decana en la Universidad de las Américas.

En el año 2006, siendo un reciente egresado de ciencia política de 24 años, fui a estudiar a Alemania. Llegué cuando la nueva canciller se definía de centro y hablaba de economía social de mercado. En la Argentina, tras la crisis del 2001, a un estudiante de ciencias sociales le decías la palabra mercado y salía a cortar la calle. Pero había ido allá para estudiar y poner en duda mis ideas, no para fijar certezas. De manera que dejé la etiqueta de lado y, para mi sorpresa, encontré una serie de principios bastante diferentes a mis prejuicios. El tiempo dio luz a sus acciones y ordenó mis pensamientos.

Mi apreciación de Angela Merkel comenzó con dudas, siguió con respeto y terminó en admiración. Esto fue cuando a fines del 2015 decidió abrir las fronteras a más de un millón de migrantes que huían de la guerra en Irak y Siria. Lo realizó a expensas de un alto costo político, poniendo su convicción por encima de las circunstancias. Ese evento, a mi juicio, no solamente inició una nueva era política en Alemania, sino que dio las bases de lo que será una Alemania del futuro.

Augusto Reina. Argentina
Consultor político. Profesor de la Universidad de Buenos Aires.

.

Construcción de la confianza

El liderazgo de Angela Merkel se puede resumir en el sustantivo confianza. Confianza en la política, en la acción social y en la ciencia —en definitiva, en la humanidad—, dando fe de ello desde el Rechtsstaat y la institucionalidad europea. Ejerció el cargo de canciller haciendo honor a la emblemática águila que enfrenta sin estridencia el picoteo de un cuervo: vuelo alto hasta que el viviente carroñero ya no puede provocar más daño. Encarna el mejor antídoto contra el populismo del siglo XXI.

Gabriel Pastor. Uruguay-Estados Unidos
Periodista.

Me alegra que contemos hoy con un ejemplo como el de la canciller Merkel para inspirar vocaciones políticas jóvenes. Teniendo tanto en contra, se elevó políticamente en un país tan complejo. Su ascenso es un testimonio de la apertura de la sociedad alemana, pero lo trascendente es su ejercicio del poder. En sucesivos gobiernos ha enfrentado crisis profundas con franqueza y aplomo: la Gran Recesión, las migraciones a Europa, la crisis administrativa del brexit, la crisis civilizatoria de la pandemia… Como venezolano, además, agradezco su claridad en el apoyo a la democracia y en la denuncia del sistema hegemónico.

Guillermo Aveledo. Venezuela
Profesor universitario.

También puedes leer la reseña de Angela Merkel. La física del poder en Diálogo Político.

El 28 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo las elecciones generales para designar a las nuevas autoridades hondureñas en los niveles presidencial, parlamentario y municipal, que asumirán sus cargos por el periodo constitucional 2022-2026. Lo que representó una fiesta cívica donde los hondureños acudieron a las urnas con respeto y entusiasmo.

Entre aciertos y desaciertos, el sistema electoral hondureño ha pasado por diversos cambios para fortalecer la participación ciudadana y frenar los abusos institucionales suscitados en procesos anteriores. Entre los puntos claves de estas elecciones 2021 destacan: las reformas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la designación de nuevos concejales, la entrada en vigencia de una nueva Ley Electoral (sobre la que hay que reconocer que aún necesita fortalecer ciertas áreas sensibles del sistema electoral), la actualización del Censo Nacional Electoral, la emisión de un nuevo documento de identificación nacional y la implementación de sistemas biométricos para garantizar la identidad de los votantes. Estas acciones ayudan para robustecer el sistema democrático del país y se convierten en puntos de partida de cara a procesos venideros.

Alta participación

El nuevo censo electoral habilitó a 5.182.425 hondureños para ejercer su derecho al sufragio. Aproximadamente el 70% de ellos acudieron a las urnas. Esto permitió que se diera uno de los niveles de abstención más bajos de la historia democrática del país.

El Partido Nacional de Honduras (PN) ha sido la institución de gobierno durante los últimos 12 años. Su actuación se ha visto opacada por las constantes denuncias sobre actos de corrupción, malversación de fondos públicos, impunidad y el estado de una nación con algunos de los niveles económicos y sociales más precarios de la región.

Al momento de redactar esta columna de opinión aún no se oficializan los resultados por el CNE. Sin embargo, con un 89 % de las actas procesadas, se registra una captación del 51 % de los votos en favor de Xiomara Castro de Zelaya (esposa del expresidente Manuel Zelaya), del partido Libertad y Refundación (Libre), seguida por el candidato Nasry Asfura, del PN, con un 36 %. Debido al amplio margen de distancia entre ambos contendientes, se establece una tendencia irreversible en favor de Libre, que abre el camino hacia un nuevo giro de gobierno. Esta situación ha sido reconocida por todos los sectores de la sociedad hondureña y por la comunidad internacional.

Sistema electoral

En Honduras, el sistema de elección es de mayoría simple. En este contexto, se descarta cualquier tipo de duda sobre la contundente victoria de Libre y su puesto en casa de gobierno. A la vez, la derrota del PN no se manifiesta exclusivamente en la contienda presidencial. De los 128 diputados que integran el Congreso Nacional, se establece que el 49 % serán representantes de los partidos Libre y Salvador de Honduras (juntos integran el nuevo bloque de gobierno). El PN tendrá una representación del 31 %, que lo convierte en la nueva fuerza opositora. De igual manera, se estima que la bancada del Partido Liberal de Honduras (PL) alcanzará un 18 % de las diputaciones. Esto implica que ninguna de las fuerzas políticas alcanzará la mayoría absoluta que se requiere para la promoción de nuevas leyes y proyectos. El 2 % restante de participación lo obtienen dos de los partidos minoritarios.

En ese sentido, la bancada del PL jugará un papel fundamental en las negociaciones y consensos que se desarrollen durante los próximos cuatro años. A la fecha se desconoce si sus estrategias girarán en torno a las propuestas de gobierno o se centrarán en hacer oposición.

En el nivel municipal estaban en contienda 298 alcaldías, de las cuales el PN obtuvo un 41 %, Libre un 23 %, PL un 27 % . El 9 % restante se divide entre los partidos minoritarios. Se podría considerar que el PN logró una participación considerable a nivel municipal. Sin embargo, las estadísticas dejan de lado un aspecto significativo: el PN perdió las alcaldías de Tegucigalpa (capital política) y San Pedro Sula (capital económica). Se trata de las dos ciudades más grandes e influyentes del país.

Primera mujer electa presidente

Xiomara Castro se convierte en la primera mujer en ostentar la presidencia de Honduras. A la vez, la victoria de Libre rompe el bipartidismo histórico que durante décadas se repartieron liberales y nacionalistas en el andar político del país. Es cierto que la elección de Xiomara Castro representa un hecho histórico y un avance en la participación política de la mujer hondureña. Sin embargo, los resultados generales del proceso denotan que aún existe una amplia brecha de género. A nivel parlamentario, el 30 % de los curules estarán a cargo de mujeres (38 diputadas) y el 70 % por hombres (90 diputados). A nivel municipal solamente el 4,36 % de las alcaldías serán dirigidas por mujeres (13 municipalidades) y el 95,64 % restante por hombres (285 municipalidades).

El 2022 comenzará con diversos retos y grandes desafíos para las nuevas autoridades, quienes deberán asumir con responsabilidad las herencias negativas del gobierno saliente. Entre los grandes temas a enfrentar destacan: erradicar los altos niveles de pobreza que afectan aproximadamente al 70 % de la población. Otros puntos son el desarrollo de políticas públicas inclusivas para sacar del abandono los sistemas de salud y educación del Estado, reducir los altos niveles de endeudamiento interno y externo, atraer la inversión extranjera, generar fuentes de empleo, desacelerar los altos niveles de emigración y sus caravanas de migrantes con rumbo hacia Estados Unidos.

Composición del Congreso Nacional

En cuanto al Congreso Nacional, será trascendental la madurez política en la generación de consensos para tomar las decisiones acertadas que requiere la nación. Corresponderá a los nuevos parlamentarios designar a las autoridades de las siguientes instituciones: Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Tribunal Superior de Cuentas. El desarrollo de un proceso de selección transparente y efectivo constituye las bases para la consolidación del sistema de Estado de derecho.

Sobre el actuar del PN de cara a futuros procesos electorales, es pertinente reflexionar sobre los innumerables errores cometidos y enderezar el rumbo mediante la promoción de nuevos liderazgos. En ellos debe imperar el rechazo al autoritarismo, corrupción, impunidad, exclusión e injerencia del crimen organizado. En cambio, deberán emerger como valores la honestidad, autorresponsabilidad, meritocracia y, sobre todo, la institucionalidad y amor por Honduras. Si esto no se lograra, esta institución tendrá que prepararse para continuar recibiendo el voto de castigo en las urnas.

El 28 de noviembre de 2021 fue una oportunidad para que la ciudadanía hondureña comprendiera y ejerciera el profundo significado de demo y kratos (el poder que reside en el pueblo). Debe seguirse avanzando en esta dirección, en concordia, para garantizar la armonía y el bien común. Esperamos que este proceso se convierta en la semilla para el florecimiento de una sociedad civil cada vez más participativa y democrática.

Guatemala 2019: novena elección presidencial en democracia: ocho millones de guatemaltecos podían votar, hubo 61 % de abstención.

El Salvador 2019: un partido novato y una alianza que excluyó a los dos partidos tradicionales asume el Poder Ejecutivo; en 2021 el Gobierno toma el control del Parlamento, lo cual le permite forzar el retiro de jueces y fiscales y controlar la Corte de magistrados.

Nicaragua 2021: en elecciones manipuladas de múltiples formas, incluyendo el encarcelamiento de precandidatos de partidos independientes, da inicio un cuarto mandato de un partido de izquierda con fuerte cercanía con Cuba y Venezuela.

Honduras 2021: en la jornada electoral más reciente en Centroamérica, se elige a una candidata, ex primera dama antes del golpe de Estado de 2009, que devuelve el poder a la izquierda tras 12 años de un gobierno conservador con importantes evidencias de corrupción y vinculación con el narcotráfico.

Costa Rica: en una de las democracias más antiguas y sólidas de América Latina, a pocas semanas de las elecciones de febrero de 2022, más del 50 % del electorado se manifiesta indeciso para una contienda electoral en que aspiran a la presidencia 25 personas, la gran mayoría hombres.

En los seis países centroamericanos, el retorno de la izquierda, el populismo, el centralismo, la apatía electoral, partidos tradicionales debilitados, dispersión y falta de equidad de género son elementos comunes. El istmo además ha llegado a extremos: en Nicaragua hace mucho tiempo el pueblo dejó de gozar de soberanía y libertad.

¿A qué se debe este panorama complejo, preocupante y desafiante?

Una única explicación no es sencilla.

Distintas mediciones, sobre todo el Latinobarómetro, han venido mostrando que los ciudadanos dicen preferir un gobierno y una figura fuerte que realmente atienda los problemas sociales. El totalitarismo al que se ha llegado en algunos países de Centroamérica podría estar relacionado con esa preferencia casi mesiánica. A esto se suma la pérdida de credibilidad en la democracia: solo una minoría en casi todos estos países la apoya como mecanismo de organización.

Los problemas sociales en sí mismos son causantes de muchos desequilibrios. El 14 % de los centroamericanos padecen una nutrición inadecuada y más del 19 % de los niños y niñas menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Más allá de la baja o limitada escolaridad, hay un problema de calidad de la educación pública. En Guatemala, Honduras y El Salvador, más del 35 % de los hogares viven en hacinamiento; en Nicaragua, alcanza al 60 %. El fenómeno creciente de la migración hacia Estados Unidos es muestra fehaciente de la falta de oportunidades.

Adicionalmente, los partidos políticos tradicionales no han tenido, en la mayoría de casos, gobiernos efectivos en la atención de estas problemáticas. No hay renovación de liderazgos ni espacios suficientes para el poder femenino real. Surgen partidos políticos con figuras resentidas de otras agrupaciones, o personas que con oportunismo buscan espacios y cuotas de poder, y esa dispersión impacta el proceso electoral y el poder real del gobierno electo.

El recuento de hechos negativos vinculados a los partidos sigue: las alianzas que se producen en procesos electorales no son exitosas; el rechazo es abrumadoramente alto; no hay afiliación, se vota por personalidades, no por ideología, ideas y propuestas, ni por equipos.

El caudillismo y el populismo también llegaron a los procesos electorales en Centroamérica. El uso que se hace de las redes sociales y su recepción por el electorado amplifican esas voces retóricas.

Las acciones para luchar contra la corrupción han sido dispares, y la lucha contra la impunidad, débil. Existe una lógica de protección entre funcionarios electos y sus designados en posiciones claves. La independencia de poderes es frágil, así como lo son las instituciones en sí mismas.

Se alcanzó la paz, con la firma de acuerdos y el retorno a elecciones, pero la violencia se mantuvo y tomó nuevas formas: las maras (pandillas), el narcotráfico (Centroamérica es puente hacia Estados Unidos) y se ha evidenciado el influjo de ese crimen organizado al más alto nivel, incluso el presidencial (Honduras).

La libertad de expresión y prensa reciben amenazas continuas: prohibiciones de protestas o mítines, creación de medios oficialistas que influyen con contenidos falsos o manipulados en las redes sociales, el cierre de válvulas para la operación de los medios (control de papel y la publicidad, por ejemplo), la expulsión de periodistas y la anulación de organizaciones de la sociedad civil.

La mayoría de las democracias del istmo son jóvenes. Son herederas de regímenes militares y guerras. La llegada de la democracia creó ilusión. Sin embargo, la corrupción inundó las estructuras políticas y eso apagó la fe. La democracia no significó una mejora en la calidad de vida de la población.

El panorama no es positivo, todo lo contrario. La pandemia y sus continuas caras duplican los retos en todos los países. El desarrollo y los equilibrios del nuevo gobierno en Honduras no serán sencillos. Nicaragua vivirá el impacto de las acciones de y contra el régimen que la gobierna. Estas realidades y las propias impactarán las elecciones de Costa Rica en 2022, de Guatemala en 2023 y de El Salvador en 2024 (en este caso, con la recientemente abierta posibilidad de reelección).

La autocracia galopa aún, entre la derecha y la izquierda extremas. El populismo tiene fuerte vitalidad. el espectro de la reelección y la burla electoral y judicial están presentes.

La democracia tiene sus requisitos. Un «decretazo» centralizador de AMLO los pone en entredicho y desata polémicas.

Para que un régimen político sea considerado democrático en este se debe: 1) reconocer y proteger un catálogo de derechos humanos; 2) garantizar la distribución de funciones entre diversos órganos del Estado; y 3) las dos anteriores condiciones deben quedar plasmadas una ley fundamental, que es, además, la norma que cohesiona al sistema jurídico de dicho país.

En México, esta última condición ha sido puesta en entredicho en los últimos días.

El pasado lunes 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un Acuerdo administrativo. Aqui se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura. También se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar autorizaciones provisionales, con vigencia de un año, para que puedan iniciarse las obras de infraestructura respectivas.

El decreto mediante el cual se publicó este acuerdo ha sido criticado por la academia, colegios y barras de abogadas y abogados, partidos políticos de oposición, organizaciones de la sociedad civil, prensa e instancias internacionales.

En las siguientes líneas presentaré lo que en mi opinión sustenta las críticas que ha acumulado este decreto.

El decreto

El decreto publicado contiene un acuerdo que lleva a tres consecuencias claras:

• 1. Todas las obras de infraestructura de la presente administración pública en materia de comunicaciones, telecomunicaciones, aduana, frontera, hidráulica, hídrica, medio ambiente, turística, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energéticas, puertos, aeropuertos y aquellas que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, se considerarán de interés público y seguridad nacional.
• 2. Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán otorgar, en un plazo de cinco días, una autorización provisional para iniciar los proyectos u obras referidas. En caso de no responder en dicho plazo, se considerará como otorgada la autorización provisional.
• 3. La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, plazo en el cual deberá tramitarse la autorización definitiva.

El presidente justifica esta medida administrativa en la relevancia que tiene la infraestructura para un desarrollo incluyente en el territorio nacional. Esto le otorga (sin que exista nexo lógico) el carácter de interés público y seguridad nacional. Y funda su decisión en la atribución que tiene el Estado para organizar la planeación nacional para el desarrollo.

La inconstitucionalidad e ilegalidad del decreto

¿Por qué se indica que este acuerdo es inconstitucional e ilegal? En primer lugar, la medida es desproporcional a la afectación de diversos derechos humanos:

El derecho a la información pública. Al clasificar a todas estas obras de infraestructura bajo el rubro de interés púbico y seguridad nacional, la información se reservará hasta por cinco años. Así se evita el escrutinio público y periodístico que en varias ocasiones ha destapado actos de corrupción y desvío de fondos públicos. A través del decreto se evita la rendición de cuentas, indispensable para el combate a la corrupción que el propio gobierno dice encabezar.

El derecho al ambiente sano. Una de las autorizaciones es la manifestación de impacto ambiental, que regula obras de infraestructura para evitar o reducir sus efectos ambientales negativos. Este decreto, hace a un lado el principio precautorio al que están alineados la mayoría de los países, obliga a realizar el dictamen en cinco días. La autorización provisional pondría en riesgo flora y fauna, pero también el derecho a la salud de la población.

Derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Autorizaciones de este tipo ponen en riesgo el derecho a una consulta previa e informada de la población indígena. Ha quedado claro que varias de estas obras se realizan en territorios en los que esta población habita. Y el propio decreto señala que las autorizaciones requeridas pueden tramitarse durante el primer año de construcción de las obras de infraestructura. Con ello, se trastoca también su derecho a la autodeterminación.

Derechos de seguridad jurídica. Imaginemos que se otorga una autorización provisional de un año y, a partir de ella, se formalizan contratos de todo tipo. ¿Qué ocurriría si iniciada la obra se determina que no es viable otorgar una autorización definitiva? ¿En dónde quedan los derechos de trabajadora/es, inversionistas, contratistas?

Impacto en la división de poderes

Pero el acuerdo no sólo pone en un riesgo desproporcionado diversos derechos humanos, sino que también impacta en otro principio fundamental de las democracias, la división de poderes.

Esta determinación administrativa hace a un lado lo que distintas leyes establecen (adquisiciones, seguridad nacional, transparencia, equilibrio ecológico, entre otras). Esto contradice dos principios fundamentales para el ejercicio de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo: el de subordinación jerárquica y el de reserva de ley. Las determinaciones administrativas que expida el Gobierno deben estar de acuerdo a lo que señalan las leyes. No pueden regular aspectos que deben ser normados por las leyes (como la autorización provisional).

Finalmente, la Constitución obliga a las autoridades a fundar y motivar sus actos. Es decir, a señalar en dónde se le otorga la facultad de realizar el acto que pretende implementar y por qué es adecuado, razonable, proporcional o necesario dicho acto (más cuando afecta derechos de las personas).

El presente decreto, en cinco breves párrafos, expone consideraciones erradas o insuficientes. De ahí que se mencione que no hay una debida fundamentación y motivación y, por tanto, es inconstitucional.

Esta no es la primera vez que el presidente busca, a través de una medida administrativa, desmarcarse de lo que dicen la Constitución mexicana y las leyes.

En abril de 2019, López Obrador envió un memorándum para dejar sin efectos la reforma constitucional en materia educativa. En agosto del mismo año, el presidente decidió declarar inmueble de seguridad nacional al aeropuerto de Santa Lucía, para con ello evadir las suspensiones judiciales que se habían ordenado.

Lo que se viene

Contra este decreto y las autorizaciones provisionales que se otorguen en los próximos meses se espera que se presenten controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo. Así que habrá que esperar el análisis y resolución que haga la justicia constitucional federal al respecto, pudiendo determinar la suspensión de obras y de la propia aplicación del Acuerdo, antes de declararlo inválido.

Lo que hubiera sido deseable

Muchas personas coincidimos con el presidente cuando señala que muchos de los trámites en México son lentos, ahuyentan inversiones y frenan el desarrollo nacional.

Pero para hacer frente de manera seria y responsable a esta problemática existen vías específicas de hacer una revisión de la regulación existente, simplificarla o mejorarla.

En un Estado democrático, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La justificación de cada órgano estatal y la legitimación de cada autoridad radica en que con su actuación se amplíe el disfrute de los derechos. Ese es el mandato constitucional que se les ha dado y a eso se obligan al tomar protesta de su encargo.

Más allá de afectar derechos y competencias de órganos estatales, hacer a un lado las normas en estos casos también lesiona la cultura de la legalidad que, a duras penas, buscamos construir en nuestro país. ¿Cómo exigirle a la población que cumpla con la Constitución y las leyes cuando el presidente de la República las evade?

Estados Unidos es un país de migrantes. Pero en el borde sur de su territorio mueren los sueños de muchas personas que huyen de la pobreza y el hambre. ¿La llegada de Joe Biden cambió la política migratoria?

Crisis humanitaria

En la frontera sur de Estados Unidos, en la localidad de Del Río, estado de Texas, ocurre una verdadera tragedia. En cuestión de días, la cifra de emigrantes se multiplicó por diez. Son mayoritariamente haitianos, pero también cubanos, inmigrantes de Centroamérica. Meses atrás hubo otra crisis con la llegada de niños centroamericanos solos a la frontera. La situación es muy grave. Las cifras muestran el mayor aumento de migrantes en veinte años. Las detenciones en lo que va de 2021 han sido de más de un millón trescientas mil personas.

Gabriel Pastor, periodista residente en Washington y colaborador de Diálogo Político y del diario El Observador de Uruguay, conoce la gravedad de la situación. Nos habla de personas indefensas en busca de un lugar donde tener una vida digna, de niños solos, sin padres ni madres, que se enfrentan a la dureza de las rutas migratorias sin saber si podrán resistir el embate. «Que el octavo mes de la administración de Biden concluya con vuelos de expulsión, caballos a la carga y migrantes negros amenazados con látigo es muy revelador de esta tragedia humanitaria», expresa Pastor.

Ante esta crisis, la única solución que propone la administración Biden es un plan de evacuación con vuelos para el retorno de los emigrantes a Haití, pese a la situación de extrema pobreza que hay en el país. Pastor se pregunta dónde están las diferencias entre las políticas migratorias de Biden y de Trump.

El cambio de visión

Sin embargo, también es cierto que ha habido un cambio: «La Administración Trump aplicó políticas antiinmigrantes bajo un relato antiinmigrante, algo que Biden no hace. Biden es un humanista», afirma Pastor, aunque al mismo tiempo manifiesta que el nuevo presidente estadounidense se mantiene en «el terreno de las buenas intenciones». De hecho, el proyecto para iniciar el camino legal hacia la ciudadanía para los once millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, una promesa de campaña que Biden transformó en proyecto de ley, está demorado en el Congreso. Pastor explica que Biden se comprometió a establecer en 125.000 el límite de los emisiones anuales de permisos de refugiados, pero desde el próximo año: «Se estableció el techo en 62.500 pero, claro, estaba en 15.000 en la era de Trump. El cambio es importante».

La discriminación por origen y creencia que se institucionalizó en Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump tuvo también su traslado práctico en la prohibición de viajar desde países de mayoría musulmana impuesta por el anterior presidente. Esta medida ha sido anulada por Biden, que trata de separarse del mandato anterior tanto en decisiones simbólicas como en otras de más calado.

En lo referido a la emigración, su objetivo es proponer un modelo que vaya más allá de la gestión de una crisis permanente. Un modelo en el que se analicen las causas de la migración y sean atajadas. En ese sentido irían algunos de los programas promovidos por el mandatario demócrata, para invertir millones de dólares en mejorar las condiciones de vida en los países centroamericanos. El objetivo es que los ciudadanos de esos territorios tengan un lugar donde quedarse y no se vean obligados a huir. Centroamérica es el principal emisor de emigración hacia Estados Unidos.

Según Manuel Orozco, experto en migración y remesas del think tank Diálogo Interamericano, desde 2009 hasta el día de hoy casi medio millón de centroamericanos emigran cada año de El Salvador, Honduras y Guatemala, el triángulo norte, escapando de la pobreza y la violencia. Un fenómeno que no tiene visos de frenarse, por las circunstancias que se viven en esos países. Con los problemas estructurales que sufre Centroamérica es muy difícil que veamos cambios a medio plazo en los flujos migratorios.

Proyecto en stand by

Mientras tanto, el proyecto de Ley de Biden para que once millones de personas inicien el camino a la ciudadanía quedó aparcado en el cajón de un escritorio del Congreso. Tampoco ha salido adelante una alternativa, que fue planteada en el Senado y consistía en una partida de 150.000 millones de dólares para ofrecer residencia legal permanente a alrededor de ocho millones de inmigrantes.

Según Pastor, un grupo de académicos en leyes pidió a la vicepresidenta Kamala Harris que el proyecto se incluya en una iniciativa de conciliación presupuestaria. «Así se puede sortear el problema de las mayorías especiales que el Partido Demócrata no tiene», señala el periodista. Lamentablemente, la iniciativa no tuvo respuesta, al menos pública. Esto significa que este año no habrá un plan para los once millones de inmigrantes indocumentados y tampoco uno de alcance menor.

Cuando más necesarias son las iniciativas para una inmigración segura, ordenada y regular, llegan las trabas de todo tipo. Los bloqueos por razones ideológicas o cálculo electoral. Pero Estados Unidos debe reflexionar sobre si puede seguir creciendo como país cerrando la frontera a las personas que buscan un lugar para hacer su vida y aportar lo que saben hacer. Las trabas a la emigración tienen consecuencias en la economía. Más en sociedades envejecidas que necesitan afrontar procesos de renovación demográfica.

Una necesidad para Estados Unidos

«El censo de 2020 reveló una desaceleración en el crecimiento de la población de Estados Unidos. Durante la última década, entre 2010 y 2020, la población creció sólo un 7,4 %, la segunda tasa más baja de cualquier década desde el primer censo del país en 1790. No hay una explicación única para este fenómeno. Una de ellas es el declive de cierto tipo de migración. La inmigración legal se ha mantenido más o menos estable, pero el número de inmigrantes no autorizados se ha reducido desde 2007. La inmigración más lenta tiene implicaciones considerables para el futuro mercado laboral. Eso es innegable»,” profundiza Pastor.

La emigración siempre anima la economía del país de acogida. Y además imprime otra vitalidad como consecuencia de la interculturalidad, que siempre es enriquecedora. Estudios en Estados Unidos revelan que la desaceleración de la inmigración, en particular la de México, va a tener implicaciones para el futuro crecimiento de la economía y de la fuerza laboral estadounidense. Hay escasez de mano de obra en diferentes sectores y Estados Unidos sabe que debe cubrir ese vacío con trabajadores migrantes.

Sociedades abiertas

La perspectiva economicista está bien, porque suma a más gente al grupo de quienes piensan que las sociedades abiertas son más dinámicas, prósperas y tienen mayor calidad de vida. Pero en la frontera sur de Estados Unidos estamos hablando de una tragedia humanitaria, de familias desesperadas y niños no acompañados cuyo destino está marcado por factores contra los que no pueden luchar. Estamos hablando de derechos humanos, no de mano de obra. Aunque a veces nos olvidemos.

Hasta la fecha, la presidencia de Joe Biden se ha caracterizado más por las buenas palabras que por los hechos en política migratoria. El reto para el país sigue ahí. Once millones de personas sin papeles y un flujo migratorio constante desde Centroamérica que colapsa la situación en la frontera. Cerramos esta serie sobre migración con el mismo escepticismo con el que la empezamos. Las diferencias norte-sur o incluso dentro del mismo sur son tan notorias y sus causas están tan localizadas que resulta violento permanecer como si no pudiéramos hacer nada ante la desesperación de millones de personas.

Convertir los países en fortalezas inaccesibles no nos hace ni más prósperos ni más seguros, sino todo lo contrario. Pero sobre todo nos hace peores como personas y dice muy poco de nuestra manera de estar en el mundo. Tras la pesadilla de la administración Trump, esperamos de Joe Biden algo más que discursos bien escritos leídos frente a una pantalla. Esperamos algo más de humanidad y coraje para hacer las cosas por las que uno cree.

Las elecciones de México en 2022 se aproximan. Los partidos políticos comienzan sus procesos internos para elegir candidatos. Deberán tener en cuenta que lo que suceda el próximo año puede marcar una tendencia para la elección presidencial del 2024.

El 5 de junio del 2022, los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo vivirán procesos electorales para renovar sus gubernaturas. En el estado de Durango, además, se eligen 39 alcaldías, 39 sindicaturas y 327 regidurías, y en Quintana Roo, 25 diputaciones locales.

Más allá de las percepciones que pueda generar esta elección, nadie niega su trascendencia cuando se observa que, en suma, las seis entidades representan una población de poco más de 14 millones de habitantes, lo que constituye alrededor de un 11,4 % del total de la población del país. Una cifra nada despreciable desde la óptica de la estrategia electoral, si se piensa que la elección presidencial del 2024 está a la vuelta de la esquina.

Geografía electoral en los seis estados

Actualmente, los estados de Aguascalientes y Tamaulipas son gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN); Hidalgo y Oaxaca, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); y Quintana Roo y Durango, por la alianza del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el PAN. Sin embargo, el proceso electoral de este 2021 ha modificado sustancialmente la composición de las fuerzas políticas en estas entidades, lo que pone en duda la permanencia de los partidos gobernantes y ofrece una contienda electoral que pinta muy reñida en algunos casos.

En los que respecta a Aguascalientes, la participación electoral en 2021 alcanzó la cifra de 487.872 votantes y fue el PAN el que obtuvo la mayoría de los votos, con lo que logró mantener una importante presencia electoral, al ganar 13 de las 27 diputaciones y tres de las 11 presidencias municipales. En el estado de Durango acudieron a las urnas cerca de 568.925 personas y fueron Morena, junto con sus aliados, y el PRI los que obtuvieron la mayor cantidad de votos, dejando a la alianza partidista del gobernador (PRD-PAN) en un tercer lugar.

El estado de Hidalgo también vivió una reconfiguración política. Con una concurrencia de 1.039.763 votantes, la alianza encabezada por Morena obtuvo la mayor cantidad de diputaciones (19 de 30), y dejó a la alianza del gobernador (PAN, PRI y PRD) con tan solo 11 diputaciones. Asimismo, en el estado de Tamaulipas se registraron 1.443.527 votos, los cuales dieron como resultado que Morena y sus aliados ganaran 20 de 36 diputaciones, aunque, por el contrario, los resultados de las presidencias municipales dieron como ganador al PAN en 28 de 43 ayuntamientos.

De igual forma, los resultados electorales de 1.674.647 votantes en Oaxaca dieron el triunfo a Morena en 23 de 42 diputaciones locales y 51 de 153 ayuntamientos, lo que dejó en un lejano segundo lugar a la alianza PRI-PAN-PRD, que obtuvo 29 ayuntamientos y 13 diputaciones. Finalmente, el estado de Quintana Roo registró una votación de 585.095 boletas, con una amplia victoria de Morena en siete de 11 ayuntamientos, mientras que el PAN solo obtuvo dos.

Panorama electoral del 2022

Aunque nada está escrito en piedra, al efectuar un análisis simple sobre el panorama electoral es posible observar que Morena y sus aliados gobiernan a cerca del 46% de la población nacional (aproximadamente 58 millones de personas) y actualmente constituyen la primera fuerza electoral, hablando de gobiernos estatales y diputados federales. Si a ello se agrega que para el próximo año podrían sumar algunas gubernaturas más, la oposición queda en una situación complicada, ante lo que debería estar estructurando desde ahora un plan integral de largo alcance con miras al 2024 (y los años posteriores).

Además, no debe dejarse de lado que el presidente López Obrador logró que su iniciativa para la revocación de mandato prosperara en el Congreso federal y se espera que este proceso se realice durante los primeros meses del 2022, lo que enrarecería aún más el clima electoral del país y daría al presidente la opción para «intervenir» de forma indirecta en la promoción de su imagen y la de sus correligionarios de Morena y partidos aliados.

Un breve análisis de los seis estados puede brindar un mejor panorama de lo que se puede esperar para el próximo año:

Aguascalientes

A diferencia de todas las entidades en disputa, todo parece indicar que en esta el PAN tendría una amplia mayoría (sin alianza) y lograría minimizar la presencia de Morena. La exalcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, y el senador Juan Antonio Martín del Campo son dos fuertes aspirantes del PAN. El único factor que podría dinamitar esta ventaja sería una disputa interna en el blanquiazul que termine fragmentando a los equipos locales y abra un espacio que fácilmente podría ser ocupado por sus adversarios.

Durango

La difícil tarea de mantener el gobierno recae en una posible estrategia entre PAN, PRD y PRI, mientras que Morena ya ha expresado su interés en ganar este estado del norte. Entre los nombres que suenan, se encuentran los del panista Jorge Salum, actual alcalde de Durango, y Javier Castrellón, exdiputado federal. Por el PRI, se menciona que la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, puede ser una fuerte competidora. A su vez, por Morena han manifestado su interés el senador José Ramón Enríquez, la actual alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, y el expresidente del CEN del PAN, el ahora morenista, Manuel Espino.

Hidalgo

Aquí la competencia parece que se dará entre Morena y el PRI. Las priistas Carolina Viggiano (diputada federal y secretaria general del CEN del PRI) y la senadora Nuvia Mayorga se enfrentarán a los morenistas Julio Menchaca (senador) y Francisco Xavier Berganza (actual diputado local).

Oaxaca

Aquí la contienda será entre varias personalidades. Los senadores Susana Harp y Salomón Jara buscan ser los abanderados de Morena. Por el PRI, han levantado la mano su líder estatal, Eviel Magaña, y Francisco Ángel Villarreal (director del Instituto Estatal de Educación Pública).

Tamaulipas

La difícil situación política que vive el estado, después del proceso de desafuero que enfrentó el gobernador Cabeza de Vaca, podría modificar los resultados. Por el PAN se presenta a César Verástegui (secretario de Gobierno estatal) y a Gerardo Peña (diputado local) como contendientes, y, por su parte, Morena analiza el postular a la expanista Maki Ortiz o al senador Américo Villarreal.

Quintana Roo

El panorama en el estado parece dar una ventaja inicial a Morena, bajo los nombres de Mara Lezama (alcaldesa de Benito Juárez) y el senador José Luis Pech (uno de los fundadores de Morena en Quintana Roo). Por su parte, la posible alianza PAN-PRD podría postular a la senadora Mayuli Martínez.

Sin lugar a dudas, el próximo año las fuerzas políticas del país deberán echar toda la carne al asador y tratar de sacar cualquier ventaja posible. No se trata solo de competir: es el momento de elegir a los mejores perfiles, con propuestas bien estudiadas y aterrizadas, para que la ciudadanía brinde un voto de confianza.

Publicado el 22 de noviembre de 2021 en el blog “México 2021: realidades y desafíos” de la Fundación Konrad Adenauer, oficina México

Una vez que las acusaciones cruzadas se terminen y la prioridad deje de ser la disputa política y pasen a ser las personas, tal vez entonces pueda resolverse esta crisis. Entonces los seres humanos dejerán de ser moneda de cambio. La crisis es producto de la más absoluta falta de empatía, por más que parezca un tanto ingenuo. Porque todas las respuestas hasta ahora han sido peleas interestatales: la responsabilidad es tuya porque no me gusta tu gobierno, tu bandera, tus alianzas, tu ejército, tu retórica. Y nadie parece preocuparse por el verdadero punto en cuestión. Nadie escucha a los miles de migrantes que hoy son rehenes de dos países que se niegan a abrirles las puertas. Como si fueran sus verdaderos enemigos.

Miles esperan en la frontera

En la frontera que separa a Bielorrusia y Polonia, pero en territorio bielorruso, esperan miles de seres humanos. Ya hace mucho frío en esta región para mediados de noviembre y al clima se le suman el cansancio, la incertidumbre, el miedo de saberse rodeadas por soldados y armas. Son alrededor de cuatro mil migrantes los que acampan junto a la frontera, número que ha aumentado exponencialmente en la última semana y al que hay que sumar los cerca de 20.000 que se encuentran en otros puntos de Bielorrusia. En su mayoría, son kurdos de Irak, Siria e Irán, pero también hay árabes e incluso nacionales de Estados africanos, como Malí. Han huido de guerras o de pésimas situaciones socioeconómicas aun sin conflictos actuales. Bielorrusia es tan solo un primer paso, una forma de acercarse al destino que tantos añoran: la Unión Europea.

Entonces, ¿por qué Bielorrusia? En agosto de 2020, Aleksandr Lukashenko, presidente desde 1994 y único en la historia de esta ex república soviética, ganó oficialmente las elecciones con más del 80 % de los votos, cifra tan exagerada como increíble. Tanto es así que las protestas masivas se sucedieron durante semanas, hasta que la represión y el desánimo comenzaron a apaciguar las convocatorias. Svetlana Tijanovskaya, candidata presidencial, debió exiliarse y decenas de representantes de la oposición o meras figuras públicas que apoyaron los reclamos, también lo hicieron.

Sanciones comerciales

Desde entonces, la Unión Europea ha impuesto sanciones comerciales, tanto sobre el Estado bielorruso como sobre distintos miembros del gobierno, incluyendo al mismo Lukashenko. Si bien no han bastado para presionar al mandamás de Minsk, sin dudas han afectado la economía nacional. Por eso son tantos los que ven un intento de extorsión en esta crisis migratoria: si no se levantan las sanciones, Bielorrusia empujará a miles de personas a colapsar los sistemas migratorios del occidente europeo.

La razón por la que tantos seres humanos eligen Bielorrusia como primera parada es porque Minsk ofrece procesos de visado simplificados, sin mayores obstáculos. Es decir, atrae migrantes. Además de eso, actualmente hay casi 60 vuelos semanales directos desde países de Medio Oriente (entre ellos Turquía, Líbano, Siria e Irak) y las autoridades de aviación civil han aprobado otros 40. Esos cerca de cien vuelos no llegarán repletos de turistas. Claro que no. Incluso el gobierno de Irak ha expresado en un comunicado oficial su preocupación por los ciudadanos iraquíes «que intentan ingresar a la UE a través de Bielorrusia, que ofrece procedimientos de visado simplificados». E informó que ordenaría el cierre de los consulados bielorrusos en Bagdad y Erbil.

Fronteras sangrientas

Las imágenes de estos días son contundentes. No quedan dudas de que hombres armados bielorrusos han empujado a los migrantes contra las vallas que separan a ambos países, que los han forzado a cruzar de cualquier forma. Al menos ocho han muerto en la última semana. Como extranjeros arribados legalmente a territorio bielorruso, son responsabilidad de Minsk. Pero para Lukashenko estos miles de seres humanos no representan más que una herramienta para forzar a la UE a que levante sanciones, o al menos negocie una salida a la crisis y, de esta forma, lo reconozca como presidente legítimo por primera vez desde 2020. Poco importa que mueran algunas decenas de personas por el frío y el hambre.

La historia podría terminar aquí, en la exclusiva responsabilidad de un líder autocrático y violento que ha torturado a sus compatriotas, que censura y reprime a toda disidencia. Pero la realidad es más compleja. Polonia se ha negado rotundamente a aceptar el paso de los migrantes a su territorio y ha expulsado a quienes lograron sortear las vallas fronterizas. Esta expulsión automática, sin que los migrantes puedan acceder a protección legal y a que se respeten sus derechos, se denomina devolución en caliente y es una práctica contraria al derecho internacional.

El marco legal

El artículo 33 de la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados prohíbe a los Estados firmantes expulsar a una persona y devolverla a territorios en los que pueda correr peligro su vida o su libertad.

Al negar la posibilidad de un procedimiento individualizado y simplemente expulsar a cualquier migrante, Polonia está negando su responsabilidad internacional. Ningún soldado o policía polaco tiene por qué conocer la situación individual de cada migrante ni las razones puntuales que le han llevado a cruzar la frontera en forma irregular. El derecho internacional es claro: no se puede expulsar primero y preguntar después.

El factor político

Lamentablemente, las decisiones de esta índole no representan ninguna novedad en Polonia. Cuando en 2015 más de un millón de personas, provenientes en su mayoría de Siria, solicitaron asilo en la UE, el bloque continental implementó un sistema de cuotas por país. Los Estados miembros debían recibir a un número determinado de refugiados de acuerdo a su tamaño, población y capacidad económica.

Ese mismo año ganó las elecciones polacas el partido nacionalista Ley y Justicia, que apenas asumió el poder respondió a Bruselas con un NO incuestionable. Polonia no aceptó ni a un solo refugiado en medio de la crisis y la justificación fue tan solo la xenofobia, el desprecio a lo diferente, el prejuicio.

Hoy la realidad no es tan distinta y los migrantes musulmanes no son los únicos blancos del odio. La persecución estatal hacia todo lo que no sea polaco, católico y heterosexual es notablemente explícita, tanto es así que, por ejemplo, el presidente Andrzej Duda ha calificado a los movimientos de diversidades sexuales como «una ideología más peligrosa que el comunismo». Y en los últimos días se viralizaron videos de manifestantes polacos clamando «muerte a los judíos».

El rol de la OTAN

Mientras Polonia reclama mayor apoyo de la OTAN para proteger sus fronteras y Rusia envía aviones con capacidad nuclear para apoyar a Bielorrusia, la zona se militariza a niveles insólitos. Como si estas miles de personas atrapadas entre dos países que se niegan a recibirlas no fueran más que moneda de cambio, instrumentos de negociación o tan solo la excusa necesaria para hacer estallar una disputa latente entre Minsk y la Unión Europea. Una oficialización y legitimación de la trata de personas.

Hasta ahora ha habido demasiadas acusaciones cruzadas, pero pocas propuestas concretas. Solo Irak ofreció repatriar a sus ciudadanos y algunos Estados (Lituania, entre ellos) y organizaciones internacionales han provisto de comida y abrigo.

Pero eso no basta. Las limosnas no alcanzan para proteger a miles de seres humanos cuyo único crimen es buscar una vida mejor, es huir de guerras, persecuciones y distintos tipos de penurias. Hoy el mundo los está condenando a muerte. Hoy el mundo mira hacia otro lado y se enfrasca en discusiones circunstanciales que esquivan el punto central: cómo proteger a quienes necesitan protección.

Publicado en el portal de CADAL, el 16 de noviembre de 2021

Desde octubre de 2019 quedó de manifiesto la necesidad de transformación en Chile, a través de movilizaciones multitudinarias en todo el país que fueron acompañadas de actos violentos que no se habían observado desde la década del setenta del siglo XX.

El cambio de época irrumpía en la agenda del país con una ciudadanía empoderada, que reclamó por la incapacidad de las instituciones de la República para procesar sus demandas, encendiendo un cuestionamiento a la propia democracia representativa desde la calle, ya que los partidos políticos tradicionales del centroizquierda y la centroderecha, que habían gobernado el país desde el retorno a la democracia (1990), parecían no tener la capacidad para canalizar y responder a las demandas sociales y políticas. Además, las elites políticas cuestionaron su propio legado y avanzaron peligrosamente hacia el populismo con la esperanza de ganar aceptación entre los ciudadanos, cuestión que tendió a legitimar aún más el malestar social.

Agenda e interés ciudadano

Desde la perspectiva del derecho al desarrollo de los pueblos, a través de movimientos sociales se expresaba y exigía concordar la agenda política del país con los temas de interés ciudadano. Esta situación, que puso en jaque a la institucionalidad de Chile (y por cierto al gobierno de turno), creó las condiciones para la búsqueda de una salida institucional a la crisis de legitimidad y confianza mediante una discusión constitucional, la que permitiría crear un nuevo consenso respecto a las trasformaciones que el país demandaba en los ámbitos políticos, sociales y, sobre todo, culturales.

En definitiva, la realidad de un Chile posmoderno levantó banderas identitarias en un marco de ampliación de la autonomía subjetiva del individuo, que exige o demanda respuestas en clave de cambios normativos y actitudinales que provienen desde grupos animalistas, medioambientalistas, de diversidad sexual y un sinfín de temáticas que representan distintas asociaciones y movimientos. A estos también se han adherido agrupaciones que durante décadas no han tenido respuestas satisfactorias a sus demandas, tales como las pensiones para los jubilados, déficit habitacional de viviendas sociales, calidad y oportunidad de atención en la salud pública, reformas que apunten a mejorar la educación pública y enmendar el crecimiento inorgánico de la sociedad que tiende a segregar a la población más desposeída, carencia de reconocimiento de los pueblos originarios, entre otros asuntos.

Resultados el plebiscito

Esto explicaría que en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 el 78 % de las personas haya votado por la opción apruebo (recordando que en Chile existe una abstención estructural que, desde que el voto es voluntario, supera al 50 %). Con este antecedente, los movimientos sociales se organizaron para votar por los independientes (no partidos tradicionales), ya que se había internalizado que el problema era fundamentalmente de la elite política que se había desacoplado de la ciudadanía, y se habían transformado en parte de los privilegiados de la sociedad.

Así, y contra todo pronóstico, en las elecciones de la Convención Constituyente de mayo de 2021, fueron elegidos representantes que posteriormente se conocen como los de la Lista del Pueblo, entre otros independientes, situación que manifestó una voluntad de cambios profundos en la morfología de la distribución del poder en Chile.

Sin embargo, debido a la propia atomización de la sociedad y, fundamentalmente, a los niveles de violencia que se han registrado en el país, se puede entender la respuesta que la ciudadanía expresó en la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre de 2021, en la cual se manifestó un aumento de votantes que se han identificado con fuerzas políticas que representan la estabilidad y, sobre todo, que proponen un mensaje de orden y respeto al Estado de derecho.

En efecto, el triunfo en la primera vuelta de la candidatura de José Antonio Kast, del naciente Partido Republicano, por sobre Gabriel Boric, del pacto Apruebo Dignidad (PC + Frente Amplio), por un 28 % a 25 %, marca un punto de inflexión en la tendencia de las elecciones precedentes, las cuales expresaron un mandato de transformación social.

¿Transfornaciones necesarias?

En los comicios recién pasados, elciudadanoparece haber apreciado más el valor del orden como respuesta a la violencia que se manifiesta en distintos ámbitos de la vida nacional, desde la delincuencia ordinaria pasando por el fortalecimiento de las organizaciones de narcotraficantes que evidentemente se han extendido en dominio y control sobre el territorio nacional, la violencia política luego de cada manifestación pública y la conflictividad cada vez mayor en la macrozona sur del país, en el contexto de las reivindicaciones de representantes «de la causa mapuche».

Este factor parecería ser esencial en el cambio de voluntad de la ciudadanía, que significó un alza en la votación de la derecha en el Senado (alcanzando el 50 % de los escaños), la irrupción del Partido de la Gente liderado por el independiente Parisi con 6 diputados, más los 18 diputados y un senador del Partido Republicano que lidera Kast. Debe recordarse que estos partidos no contaban con representantes en el Congreso y que sus espacios se han conseguido en desmedro de los partidos tradicionales autodefinidos como de centro (izquierda y derecha).

Es decir, la violencia, en sus diferentes expresiones, estaría condicionando el mandato de las transformaciones a un segundo lugar, anteponiendo una exigencia de estabilidad política, económica y social que estaría creciendo entre los electores. De hecho, Gabriel Boric, con posterioridad a los comicios, ha estado intentando soslayar la necesidad de estabilidad política y social y ha criticado la violencia en todas sus formas.

Por su parte, la candidatura de José Antonio Kast, que precisamente creció sorpresivamente desde la derecha política tras una promesa de paz social y respeto al Estado de derecho, ha centrado su esfuerzo en presentarse como un actor de unidad nacional en vista a «combatir» la violencia política en el país.

País polarizado

En consecuencia, el país se ha polarizado entre dos fuerzas que se alimentan entre sí, situación que dificulta el camino del diálogo, ya que pone cuesta arriba la consecución de acuerdos que permitan proyectar un país con una visión de futuro e integrado. Este escenario dificulta las transformaciones en comunión que demanda el cambio de época.

Pese a las vicisitudes, debemos insistir en que el país necesita templanza, prudencia y justicia en el seno del proceso constituyente. Por lo tanto, sea quien sea el que llegue a la Casa de Gobierno, deberá realizar sus mejores esfuerzos por pacificar los ánimos, rechazar la violencia y renovar su compromiso con el diálogo y el entendimiento social. De otro modo, la polarización y su consecuente conflicto político y social pueden desencontrar más al Chile de hoy y del mañana.

Comienzan a prepararse elecciones en Brasil. Mientras la oposición se organiza, el presidente Bolsonaro enfrenta una campaña también dentro de su bloque. ¿Podrá la democracia lidiar con este escenario polarizado?

Brasil presenta un escenario electoral sumamente polarizado y complejo. Hasta hace poco, las elecciones presidenciales brasileñas giraban básicamente en torno a dos opciones. Por un lado, el Partido de los Trabajadores (PT), de centroizquierda, y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), de centroderecha. Si bien ambos partidos tienen visiones diferentes sobre una serie de variables políticas (el rol del Estado en el mercado, el control fiscal, las políticas sociales, etc.), se puede decir que la resiliencia democrática y la amenaza a las instituciones nunca fueron temas debatidos en las disputas presidenciales.

La paradoja del caso brasileño es que, si bien el PT y el PSDB constituyeron una especie de bipolaridad dentro del mercado electoral presidencial, [1] esta disputa no produjo efectos centrífugos. O, al menos, eso es lo que parecía.

En junio de 2013 una serie de manifestaciones sociales presionaron a los agentes políticos. El descontento generalizado fue luego encabezado por una serie de nuevos movimientos, algunos de naturaleza liberal y otros de inclinación conservadora. En común, ambos denunciaron la incapacidad de las instituciones políticas brasileñas en proveer soluciones prácticas a los ciudadanos. Temas como la corrupción, el aumento de la violencia y el desempleo generalizado comprenden algunos de los elementos allí presentes y que ayudan a entender la implosión de la bipolaridad PT-PSDB y el surgimiento de candidatos antisistémicos.

Antecedentes

Jair Bolsonaro emerge en esta ola crítica en la que se encuentra la democracia brasileña. Lejos de ser un novato en la política, siempre fue una figura controvertida y casi caricaturizada en la escena política. Conocido en Brasil como miembro del bajo clero, generalmente diputados con poca expresión o peso político, difícilmente hubiera tenido la oportunidad de obtener cargos más prestigiosos como el Senado o los Ejecutivos estatales antes de la crisis actual. Fue un político más conocido por su excentricidad que por su capacidad para representar un proyecto político definido.

Su proyecto de candidatura se forjó poco después de la elección de Dilma Rousseff del PT en 2014, en un contexto de creciente polarización ideológica. El descontento del electorado se hizo sentir por el elevado número de abstenciones y votos nulos. [2] En su voto, Bolsonaro, entonces diputado federal, incluso hizo referencia a uno de los torturadores de Dilma durante el régimen autoritario cuando entonces ella formaba parte de un grupo guerrillero.

El ascenso de Bolsonaro provocó una serie de transformaciones en la vida política brasileña. El primero fue la canalización de la derecha hacia un proyecto común. Muchos políticos tradicionales se hicieron cargo de su candidatura y comenzaron a buscar una relación más cercana con él. El objetivo era aprovechar electoralmente esta ola conservadora. También nuevos actores, muchos de los descontentos en 2013, ingresaron al campo de la política institucional a su lado.

El bolsonarismo se convirtió en una idea que reunió a una serie de aliados y simpatizantes como exmilitares, blogueros, representantes de movimientos sociales conservadores e incluso figuras políticas tradicionales vinculadas a la derecha. Aún faltaba un partido para albergar a estas figuras, ya que el Partido Progresista (PP), al que estaba afiliado Bolsonaro en ese momento, rechazó su candidatura.

Nuevos actores

Entonces entró en escena el Partido Social Liberal (PSL). Era una agremiación de menor expresión y en 2014 eligió a un solo candidato para la Cámara de Diputados. El partido se benefició enormemente de la presencia de Bolsonaro en su conjunto. De partido pequeño e inexpresivo, el PSL, además de ganar la presidencia de la República, pasó a ser el partido con la segunda bancada más grande en la Cámara Federal. Tuvo además muchos representantes en las Asambleas Legislativas estatales.

Una vez elegido, comenzó la ruptura de Bolsonaro con el PSL. Cuestiones sobre el uso de los fondos de la campaña y la asignación de parlamentarios en puestos claves en la Cámara presionaron al grupo de aliados bolsonaristas. El propio presidente del PSL durante la campaña, Gustavo Bebianno, perdió su puesto ministerial por conflictos con uno de los hijos de Bolsonaro. Finalmente, al no haber aceptado plenamente sus deseos, el presidente decidió abandonar el partido.

Todo apunta a que en las elecciones brasileñas, Bolsonaro se sumará al Partido Liberal (PL). Partido con la tercera bancada más grande actualmente en la Cámara Federal. A diferencia de lo que sucedió en 2018, Bolsonaro ahora enfrentará la resistencia de algunos de sus antiguos aliados. Además está el costo de haber gobernado el país de manera conflictiva durante cuatro años. Más que eso, al definir su destino en el PL, Bolsonaro desagrada a los aliados cercanos que intentaron atraerlo a sus respectivas agremiaciones. El caso de Roberto Jefferson del PTB, por ejemplo, es el más evidente, ya que su grupo expulsó a políticos que se manifestaron en contra del presidente de la República. Además de perder representación parlamentaria, quedaron sin Bolsonaro.

Perspectivas para las elecciones brasileñas

De hecho, el bolsonarismo se alimenta del conflicto, pero hasta 2018 estos disensos siempre fueron contra adversarios externos. Desde entonces, las rupturas y las disputas internas han creado un nuevo escenario para las elecciones brasileñas del próximo año. El precio de su estrategia electoral en 2018 y la forma de dirigir el gobierno durante los últimos tres años pueden haber sido demasiado costosos. Además de oponentes tradicionales como Lula (PT) o el candidato del PSDB, [3] los bolsonaristas se enfrentan ahora con antiguos aliados. Sérgio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro, y que se ha convertido en uno (más) de los enemigos, ingresó a la carrera presidencial y puede atraer una porción decisiva de los votos que irían para Bolsonaro.

La disputa electoral para 2022 aún no ha comenzado oficialmente, pero el escenario ya se está preparando. Los actores están alineando sus discursos, estrategias y construyendo sus bases de apoyo. ¿Bolsonaro tendrá suficiente destreza política para permitirle enfrentar una campaña en dos frentes simultáneamente? Además, ¿en qué medida la democracia brasileña podrá sostener este escenario tan polarizado?

Notas relacionadas publicadas en Diálogo Político:

La sociedad civil en las Américas: entre la sumisión autoritaria y la autonomía democrática

Censura sobre la libertad académica en Brasil

Brasil en modo de crisis múltiple

Notas

[1] Entre 1994 y 2014, la suma de votos válidos del PT y el PSDB en la primera ronda ascendió al 75%. En un país con una alta fragmentación de partidos, estos datos son significativos.

[2] El voto en Brasil es obligatorio. El acto de no votar debe estar justificado (en zonas electorales en Brasil y consulados en el exterior), de lo contrario el votante será multado. Sin embargo, este valor es bajo y no produce costos reales para quienes no votan.

[3] João Dória y Eduardo Leite, gobernadores de San Pablo y Río Grande del Sur respectivamente, siguen disputando la interna del partido.

Honduras asistirá este domingo 28 de noviembre a unas decisivas elecciones generales. Además de estar en juego la hegemonía política del partido gobernante, también lo está el futuro de su democracia y la de Centroamérica.

Este domingo 28 de noviembre, más de cinco millones de hondureños están llamados a elegir nuevo presidente, junto con la renovación de los 128 miembros del Parlamento y 298 alcaldes. Las miras están puestas en las presidenciales donde, de 15 candidatos, solo cuatro han acaparado la intención de voto en unos comicios que han generado expectativa ante la posibilidad de relevo político en el país centroamericano.

Las encuestas realizadas entre septiembre y octubre de este año muestran potenciales escenarios electorales. En un sistema electoral de mayoría simple como lo es el hondureño, los principales candidatos con verdaderas opciones de ganar la elección son Nasry Asfura (Partido Nacional de Honduras, PNH) y Xiomara Castro de Zelaya (Libertad y Refundación, LIBRE). En ese sentido, la victoria del oficialista PNH podría tener un margen de entre 2% y 5% según las encuestas que le favorecen. La continuidad del PNH en el poder podría concretarse con la combinación del voto duro de sus simpatizantes más los vínculos clientelares que ha establecido el partido en áreas rurales.

Por otro lado, la oposición podría obtener la victoria en estos comicios con la candidata Castro de Zelaya, cuyos márgenes de victoria oscilan entre 0,9% y 17% de ventaja sobre Asfura. Uno de los factores que le entregarían la victoria es la formación de la alianza entre la candidata opositora y Salvador Nasralla, excandidato del Partido Salvador de Honduras (PSH). En octubre, Nasralla declinó su candidatura en favor de Castro de Zelaya por lo que se esperara que esta alianza produzca un endoso automático de votos en favor de la candidata de LIBRE. Un dato muy relevante en estas encuestas es el declive pronunciado del Partido Liberal de Honduras. [1] El otrora actor fundamental del bipartidismo hondureño aparece como la cuarta preferencia, superado por el PSH. Incluso sin esta candidatura, la candidatura de Yani Rosenthal no logra ni el 10% de intención de voto.

¿Qué importancia tienen estas elecciones?

Está en juego la democracia del país centroamericano. Hablamos de Honduras, un país que en su última década ha sufrido un golpe de Estado en 2009, una crisis poselectoral y presenta el porcentaje más alto de ciudadanos que no apoyan a la democracia en América Latina. [2] El desafío de estas elecciones es doble. Por un lado, aumentar la confianza ciudadana en la democracia recuperando la integridad de su sistema electoral, gravemente afectada por las elecciones conflictivas de 2017; y por otro, que estas no se conviertan en un juego de suma cero que polarice la sociedad y siga contribuyendo a la erosión democrática que se alimenta de concentración de poderes en el Ejecutivo.

Finalmente, lo que suceda en Honduras tendrá eco en la región. Centroamérica padece problemas de corrupción, desigualdad y prácticas antidemocráticas cuyos efectos más visibles son la inseguridad y migración forzada. El denominado Triángulo Norte es ahora un triángulo autoritario: junto a la autocracia de Ortega en Nicaragua y la semidemocracia salvadoreña de Nayib Bukele, Honduras ha contribuido al retroceso de la democracia con un gobierno cuya legitimidad de origen como de ejercicio ha sido seriamente cuestionada por las acusaciones de fraude electoral, abuso de poder y nexos con el crimen organizado. Estas elecciones pueden profundizar este proceso de autocratización o bien revertirlo. Esto último contribuiría a la estabilidad de Centroamérica reduciendo la conflictividad social y fortaleciendo el Estado de derecho como condición necesaria para que Honduras tenga un mejor desarrollo social y político a futuro.

Referencias

Corporación Latinobarómetro (2021). Informe Latinobarómetro 2021: Adiós a Macondo.

The Economist (2021, agosto 28). Democracy is quickly eroding in Central America.

Rodríguez, C. G. (2019). Elecciones bajo sospecha. Análisis de las elecciones generales en Honduras 2017. Estudios Políticos, 54, 203-232.

Llanos, M., y Marsteintredet, L. (2010). Ruptura y continuidad: la caída de «Mel» Zelaya en perspectiva comparada. América Latina Hoy: Revista de Ciencias Sociales, 55, 173-197.

Insight Crime (2021, febrero 10). Presidente de Honduras enfrenta nueva investigación criminal en EE.UU.

Fuentes de encuestas

La Prensa. (2021, septiembre 11). CID Gallup: La mayoría cree que Nasry Asfura será presidente.

Peña, C. (2021, septiembre 11).  Así van honduras: Xiomara castro a la cabeza. TResearch.

CESPAD (2021, octubre 17). Encuesta del CESPAD: ¿Influye en la intención del voto la alianza LIBRE y PSH?

Torres, M. (2021, octubre 27). En su última encuesta del proceso electoral actual, Paradigma declara empate técnico entre Nasry Asfura y Xiomara Castro. HCH.

Notas

[1] El declive del PLH este asociado con el surgimiento y el éxito electoral de LIBRE. En las elecciones de 2013 y 2017 las candidaturas de LIBRE superaron a las liberales, posicionándose como la segunda fuerza política del país.

[2] La última medición de Latinobarómetro mostró que el 30% de los hondureños apoyan la democracia y sólo el 15% están satisfechos con este sistema político. Sorprendentemente, el 62% esta de acuerdo con la afirmación “No me importaría que un gobierno no democrático llegará al poder si resuelve los problemas”.

Apuntes sobre la valoración de la democracia y las instituciones registrados en el informe Latinobarómetro 2021.

¿Qué nos dice el Latinobarómetro 2021 sobre la valoración de las instituciones y la democracia en América Latina? Las alarmas siguen encendidas.

La pandemia movió los cimientos de la sociedad y sus instituciones. Pero demostró ampliamente que la democracia es el mejor sistema posible para navegar las mareas más embravecidas. Este aprendizaje también derramó, aunque discretamente, en el ideario latinoamericano con relación a la valoración que hacen los ciudadanos de la región sobre la democracia.

Insatisfacción con la democracia en América Latina

El más reciente informe de la Corporación Latinobarómetro publicado en octubre de 2021[1] cuenta con una muestra tomada en plena crisis del coronavirus entre octubre de 2020 y mayo de 2021. Registra un pequeño descenso de la insatisfacción con la democracia como sistema de gobierno: 70%, dos puntos porcentuales menos que los registrados en el último reporte de 2018.[2] De tal forma que la satisfacción apenas subió un punto porcentual y se ubica en 25%. Es una confianza escasa, tímida y lamentablemente en picada. Los principales actores de la democracia, los partidos políticos, han sufrido un descalabro sin igual. Solo un 29% de los encuestados en los 18 países de América Latina declaran cercanía partidaria. En 2015 este dato era de 40%.

Si bien la insatisfacción con el sistema democrático en América Latina se acentúa. La región promedia un 49% de apoyo a la democracia. Los casos más dramáticos de bajo apoyo a la democracia se encuentran en Honduras (30%), Guatemala (37%), Brasil (40%), México (43%) y El Salvador (46%).

Una de las preguntas interesantes que el estudio hace a los encuestados es su adhesión a la frase de Wiston Churchill: «La democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno». En 2013, Latinobarómetro registró el valor más alto de apoyo a esta afirmación: 79%. Desde entonces, la caída de este indicador no se ha detenido. Para 2020 fue de 63%.

¿Auge de la mano dura como idea popular en América Latina?

El descenso en los números de soporte a la democracia encuentran un correlato en el respaldo al autoritarismo, a la posibilidad de gobiernos militares y al populismo. Grosso modo, el nuevo Latinobarómetro dice que 31% de los latinoamericanos apoyaría a un gobierno militar en reemplazo del gobierno democrático y al 51% no le importaría «que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas». Son dos puntos porcentuales más que en el año 2008. Estos números cuentan de una situación preexistente a la pandemia. El apoyo a la democracia en América Latina requiere un empujón y las luces amarillas (casi rojas) están encendidas.

¿Cuánto más fuerte deben sonar las alarmas? En resumen 7 de cada 10 personas están insatisfechas con el sistema democrático, y apenas 3 de cada 10 dicen tener simpatía por algún partido. Nuestras democracias se están quedando sin apoyo popular y sin militantes.

La paradoja del poder

¿En la actualidad tienen más poder los actores en quienes menos confiamos? ¿Confianza y poder están desvinculados? Son preguntas propias de reflexiones en marcos de autocracias. Pero, en la región, con más democracias que autoritarismos, Latinobarómetro refresca que la confianza de la ciudadanía no está puesta mayoritariamente en la élite política responsable de conducir el barco. Está encabezada por la Iglesia (65%), con distancia sobre las fuerzas armadas (44%), la policía (36%) y luego aparece un primer actor político: el presidente (33%). El Parlamento (20%) y los partidos (13%) aparecen entre los últimos lugares cuando se pregunta sobre la confianza institucional.

Los números que presenta Latinobarómetro sobre democracia en América Latina en su informe 2021 son preocupantes. Interpelan directamente el trabajo del sistema político en su conjunto. Muy especialmente a los partidos políticos. Estas señales aparecen en un contexto de crisis de la institucionalidad democrática en varios países y consolidación de experiencias autocráticas como la de Venezuela y Nicaragua, y la permanencia histórica de la dictadura cubana. Pero también, del ascenso de algunos populismos que, desde distintos puntos del espectro político (como por ejemplo México con un gobierno de izquierda y El Salvador y Brasil con gobiernos de derecha), influyen en la percepción ciudadana sobre la democracia como el sistema que garantiza las libertades y el consenso social.

Notas

[1] El artículo toma algunos indicadores relacionados a democracia, instituciones, confianza y actores políticos. No obstante, el informe entero de Latinobarómetro en 2021 releva otras variables como distribución de la riqueza, garantías democráticas, igualdad y desigualdad, corrupción, violencia, libertad de expresión, entre otras.

[2] Este dato merece una puntualización: el estudio de Latinobarómetro toma la satisfacción/insatisfacción con la democracia como indicadores de desempeño del régimen/sistema. Distinto del apoyo a la democracia, que es tomado como indicador sobre el tipo de régimen/sistema. Latinobarómetro explica en su ficha técnica que 19.004 personas de 17 países fueron encuestadas cara a cara y en Argentina se implementaron 1200 encuestas online.

El 17 de junio de 2020, México fue electo por quinta ocasión como uno de los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU), uno de los órganos principales de la ONU. En noviembre, México asumió la presidencia del Consejo y con ello tendrá también su única oportunidad de dirigir la agenda temática de discusión de la seguridad internacional. Si bien el tráfico de armas permanecerá en la agenda, el gobierno mexicano ha decidido elevar las discusiones sobre la pobreza y desigualdad al plano de la seguridad internacional.

Con el respaldo unánime de la región latinoamericana y una votación total de 187/192, México ingresó con altas expectativas al CSONU en junio de 2020. Dichas expectativas involucran la confianza que depositó la comunidad internacional en la diplomacia mexicana, especialmente en un contexto pandémico donde, además del tema de la seguridad sanitaria, el combate al tráfico de armas y la influencia del cambio climático en la seguridad internacional también formarían parte de la agenda.

Así, el 18 de junio del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció los temas clave que el Estado mexicano impulsaría durante su participación en el CSONU, a saber: la solución pacífica de controversias, el respeto al Estado de derecho, la protección de grupos vulnerables, la promoción de la agenda con perspectiva de género, la prevención y combate al tráfico ilícito de armas, además de mejoras al funcionamiento del CSONU.

La agenda planteada es muy completa, oportuna y demuestra un buen entendimiento de los tópicos relevantes en la agenda internacional de seguridad. Sin embargo, no se puede pasar de lado la crítica que algunos medios han hecho sobre la dicotomía de la política del gobierno de AMLO. Por un lado, se promueve el debate y se crean propuestas sobre los temas referidos en el contexto internacional, mientras que a nivel local no se atienden estas graves problemáticas que afectan al país y a los ciudadanos.

México asume la presidencia del CSONU

La presidencia del CSONU no se deriva de un acto democrático ni mucho menos político. Las reglas internas del Consejo establecen que la presidencia es rotatoria por periodos de un mes y en orden alfabético. Dada la composición actual del CSONU, durante el periodo 2021-2022, en el que México será miembro no permanente, solamente ocupará el cargo de presidente del Consejo en una ocasión. En ese sentido, será únicamente este mes de noviembre cuando la agenda temática esté a cargo del gobierno mexicano, además de la incorporación de otras discusiones ya abiertas. Durante su presidencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, México anunció que organizará tres discusiones en torno a los siguientes temas:

a) Corrupción, desigualdad, exclusión y los conflictos armados.

b) El tráfico de armas y su impacto en la seguridad internacional.

c) Mejorar la colaboración y la coordinación entre los órganos principales de la ONU para hacer más efectiva su labor preventiva en la agenda de paz.

AMLO se presenta ante el Consejo de Seguridad

Para la comunidad internacional, el tema que ha ocupado la agenda esta semana es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) en Glasgow, Escocia. A pesar de que la delegación mexicana se ha hecho presente en la COP26, AMLO anunció que no asistiría y añadió críticas a los jefes de Estado que sí lo hicieron, además de reiterar las declaraciones que minimizan la urgencia de combatir el cambio climático.

En este entorno, AMLO realizó su segundo viaje internacional en los tres años que van de su mandato, y se presentó al primero de los tres debates abiertos de alto nivel organizados por México como presidente del CSONU. Durante la apertura del primer debate, titulado «Mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales: exclusión, desigualdad y conflicto», el presidente mexicano propuso el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar.

Eliminar pobreza y desigualdad

Este plan pretende acabar con la pobreza y la desigualdad, y uno de sus ejes rectores es la donación del 4 % por las personas más ricas del mundo y la cooperación del 0,2 % del PIB por los países del G20. AMLO también planteó un esquema de entrega directa de monederos electrónicos a los más pobres del mundo y pidió la cooperación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para las gestiones administrativas. El presidente aseguró que ningún miembro podría oponerse a su propuesta, ya que no altera la paz mundial y, por el contrario, se fomentan la igualdad y el desarrollo.

Durante el debate, 13 de los miembros permanentes y no permanentes (Estonia, Estados Unidos, India, Noruega, China, Kenia, Francia, Túnez, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Vietnam, Irlanda y Níger) coincidieron con el mandatario en que la desigualdad y la pobreza contribuyen a los conflictos e impiden el desarrollo posconflicto, pero enfocaron sus comentarios a la seguridad internacional.

En contraste, la delegación rusa respondió a la propuesta de AMLO con el señalamiento de que acabar con la pobreza y la desigualdad no son labores del Consejo de Seguridad y que tampoco cuentan con las herramientas para la formación de modelos económicos. También le recordó al gobierno mexicano que el desarrollo no necesariamente garantiza la paz internacional ni la paz internacional garantiza que exista el desarrollo. Finalmente, le reiteró que el mandato del CSONU es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

Dado que la intervención de AMLO se dio únicamente en el contexto de un debate, se desconoce si la delegación mexicana intentará elevar el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar a un proyecto de resolución y con eso someterlo a la consideración de los miembros del Consejo.

¿Qué se puede concluir de la participación de México ante el Consejo de Seguridad?

Si bien es relevante que México ocupe la presidencia del CSONU, y que así pueda impulsar los temas que considere pertinentes, no se debe perder de vista que no es un cargo político, sino más bien un derecho que tienen todos los miembros del Consejo.

Por otro lado, la comunidad depositó su confianza en México para ocupar el lugar en el Consejo como miembro no permanente durante dos años, para justamente incentivar los temas de mantenimiento de paz y seguridad. Si bien los funcionarios mexicanos en la delegación ante las Naciones Unidas han dado muestras de liderazgo y profundo entendimiento del sistema de la ONU, en esta ocasión ocurrió una desconexión con el planteamiento expuesto por AMLO. La delegación mexicana aún cuenta con 13 meses de trabajo para cumplir las expectativas de liderazgo que la región latinoamericana depositó en el país. Sin embargo, debe generar propuestas que sean facultad del Consejo de Seguridad.

Finalmente, tras la participación de AMLO en el CSONU, se validan las críticas de la incongruencia entre la política exterior y la política interna, así como la falta de entendimiento y, especialmente, de interés que guarda el presidente hacia los temas internacionales.

Publicación original y fuentes: Blog «México 2021: realidades y desafíos», de la KAS, oficina México, el 12 de noviembre de 2021.

A los voluntarios y militantes democráticos de todo el país.

Más allá de su resultado concreto, las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre en Venezuela tendrán consecuencias inmediatas en la política venezolana, tanto en la redefinición de alianzas y compromisos internos como en la dinámica de poder en los grupos de la diáspora venezolana. Su importancia se ve magnificada por la presencia de varias delegaciones de observadores internacionales —antes vetados por el chavismo— y especialmente por la readmisión de partidos opositores en la contienda, tras años de inhabilitaciones y persecución.

Esto puede parecer un dato curioso: después de todo, las elecciones regionales en Venezuela no han sido de alta participación. Pese a varios conflictos históricos y normas a favor de un sistema federal, el país ha sido históricamente centralista en la práctica: tanto en herencia del sistema colonial como bajo caudillos centralizadores. La democracia de partidos comenzó con un gran celo contrario al federalismo, porque lo identificaba con el dominio caudillista y las guerras civiles que caracterizaron al primer siglo republicano. Pero desde finales de los años ochenta, con el objetivo de remozar una democracia en dificultades, se reformó el mecanismo de selección de gobiernos estadales y municipales, dándose paso a su elección directa. Aunque esta reforma se propuso como una cantera de renovación de liderazgos, los resultados fueron mixtos, y la promesa de mayor participación nunca se cumplió.

Antifederalismo bolivariano

Con la llegada del chavismo al poder, por otro lado, el fuerte antifederalismo bolivariano y la concepción hiperpresidencialista de la nueva élite se impusieron: aunque la Constitución de 1999 siguió reconociendo el federalismo como pilar de la república, la voracidad del Ejecutivo nacional y diversas sentencias judiciales han disminuido crecientemente las competencias y las capacidades fiscales de municipios y estados. Sin embargo, algunas regiones han sido consistentemente bastiones para los partidos de oposición, especialmente en atención a la posibilidad de mantener activos cuadros de organización local. Si se pasa revista a los líderes opositores en estas últimas dos décadas, la gran mayoría hicieron su trayectoria en gobernaciones y alcaldías, especialmente en los grandes centros urbanos como Caracas, Maracaibo, Lecherías, Barquisimeto o Valencia.

Todos los candidatos presidenciales opuestos a Chávez o a Maduro han sido mandatarios regionales, y su aspiración de liderazgo viene del aval de su gestión local, posiblemente potenciado en competencia nacional. Los pocos gobernadores y alcaldes de ciudades importantes recientemente electos de entre la oposición, como el veterano Manuel Rosales del estado Zulia, seguramente aspirarán en la próxima contienda presidencial.

Claro está, el retorno de los principales partidos de oposición a la competencia electoral no fue un acontecimiento aislado: ha sido resultado de varios esfuerzos que en esa dirección desde varios sectores sociales y de oposición política representados en las negociaciones para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que incluyeron en ese cuerpo a respetados miembros de la oposición, así como la admisión de misiones de observación como la de la Unión Europea. La expectativa de estos sectores era que esta apertura relativa fortalezca lentamente la idea de un nuevo vigor para el voto como institución, en el nuevo ciclo electoral abierto con las cuestionadas elecciones parlamentarias del año pasado. En suma, que el voto readquiera su eficacia y que el descontento popular halle una expresión pacífica y efectiva para el cambio.

Esta expectativa es frágil, y puede aún verse frustrada. Las consecuencias del autoritarismo y el consecuente repliegue electoral de las alianzas partidistas opositoras siguen vigentes. Por un lado, el aparato electoral necesario para competir está debilitado por la emigración de cuadros y la dificultad de financiamiento en las campañas, así como las restricciones generales a una campaña abierta en medios de comunicación controlados. Por otro lado, la cooptación de partidos y de algunos liderazgos por parte del Estado y financistas afines al nuevo statu quo, ha incrementado razones para la desconfianza entre los diversos grupos, que resienten su posición relativa. Adicionalmente, son evidentes las aspiraciones de liderazgos locales autónomos de tener un espacio de reconocimiento propio frente al liderazgo tradicional, y reclamar los réditos de su tenaz participación, aunque en un contexto de descreimiento generalizado.

La perspectiva sobre esta elección, en cualquier caso, era distinta para los distintos sectores partidistas. Para el chavismo, estas elecciones no ponían en riesgo su controvertido mandato, han sido promovidas como una derrota al «extremismo» y como consolidación del proceso de «normalización» del país. La baja participación no acabó con esta narrativa dado el control político que tenía como punto de partida, aunque la reducción de la plantilla de la administración pública afectó su esquema de movilización electoral mucho más que el descontento nacional. Así mismo, el gobierno de Nicolás Maduro, cuya capacidad se daba por descontado en asistencia a los candidatos locales del Partido Socialista Unido, no necesariamente deseaba estimular un proceso muy llamativo de relevo generacional y nuevos liderazgos, aunque sí haya perseguido cierto reconocimiento internacional y el desplazamiento del liderazgo tradicional de la oposición.

Oposición fragmentada

Para la oposición, fragmentada y ambivalente ante estas elecciones, la situación es más desesperada. La votación de la oposición ha disminuido frente a las anteriores elecciones regionales y se ha mostrado atomizada. La ambivalencia y hasta hostilidad del liderazgo de Juan Guaidó hacia el proceso evitó que hubiese un criterio oportuno sobre la elección en un sentido o en otro, debilitando incluso un llamado estratégico a la abstención como denuncia del proceso y aislando su figura del proceso político general.

Internamente, las relativas victorias locales fueron muy pocas, dividiéndose los electores que participamos entre partidos vinculados al centro de la alianza opositora histórica (el llamado Grupo de los Cuatro), que partía con una mayor identificación por el electorado con la tarjeta de la hoy disuelta Mesa de la Unidad Democrática, y la no poco significativa votación alcanzada por otros factores distintos al gobierno, como la Alianza Democrática (que contiene a antiguos miembros de la MUD y a partidos cooptados por el Estado) y Fuerza Vecinal (una división de la tradicional alianza opositora en importantes bastiones urbanos), entre otros numerosos partidos locales.

Perspectivas de futuro

En el futuro inmediato, no sólo se abre una discusión urgente sobre un cambio general de vocería de la oposición venezolana, sino además de su línea estratégica dominante. Será imprescindible redefinir modos de coordinación y de toma de decisión colectiva, discusión abandonada y postergada desde hace años. Es necesario evitar un nuevo ciclo de recriminaciones y denuncias mutuas, y concertar una ruta común para los años por venir.

¿Debe la oposición apostar por un referendo revocatorio en 2022? ¿Podrá lograr capitalizar el descontento para unas elecciones adelantadas? ¿Debe prepararse, más bien, para las elecciones presidenciales de 2024 y las parlamentarias de 2025, usando los canales institucionales existentes? ¿Cómo incidirá este resultado en las negociaciones en México, actualmente en suspenso? Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta positiva para una eventual apertura y democratización del país, si no se acuerdan mecanismos de recomposición de la vocería opositora e instancias de diálogo interno entre las distintas fuerzas políticas de oposición. Para reencontrar un camino común, hay que saber primero a dónde hay que dirigirse.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/c5147a99-91c7-4402-bf49-c6e594c85f2a?dark=false» scrolling=»no» height=»200px» frameborder=»no»]

Esta vez los institutos de votación no se equivocaron: en las elecciones presidenciales y parlamentarias habrá final entre los dos favoritos de izquierda y derecha del espectro de partidos.

No hubo sorpresa. Finalmente, en la jornada electoral de ayer se impusieron el candidato de la alianza de partidos de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (25,83 %), y el candidato del derechista Frente Social Cristiano, el republicano José Antonio Kast (27,91 %), ambos a la cabeza de las encuestas durante mucho tiempo. Con esto, el resultado de las elecciones refleja la polarización de la sociedad chilena, que se ha vuelto aún más evidente desde los disturbios de octubre de 2019. Los candidatos de centro, Sebastián Sichel (12,79 %) y Yasna Provoste (11,61 %), terminaron incluso en los puestos cuatro y cinco, por detrás del economista Franco Parisi (12,80 %), que centró su campaña electoral totalmente en las redes sociales desde su residencia en Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos.

Situación de empate en el Congreso y el Senado

A pesar del alto grado de polarización en las campañas electorales presidenciales y parlamentarias, la participación electoral fue de poco menos del 46,8 %, lo que confirma la tendencia en las elecciones desde que se abolió el voto obligatorio en 2011.

Los votantes tampoco hicieron que la situación fuera clara en las elecciones al Parlamento (Congreso) y Senado. Los 155 escaños se dividirán en el futuro entre un total de 21 partidos (+3) y dos representantes independientes. Entre estos, 74 diputados pertenecen a uno de los partidos del campo de la derecha, 79 diputados pertenecen al campo de la izquierda. Además, Francisco Pulgar y Carlos Bianchi, dos candidatos independientes, han logrado ingresar a la Cámara de Representantes. El campo de la izquierda ha perdido así cuatro escaños y tiene una leve mayoría de dos votos en el nuevo Congreso.

A pesar de las pérdidas, Renovación Nacional (RN) sigue siendo el partido más fuerte dentro del próximo Congreso con 25 escaños (-6). Su aliado, la Unión Demócrata Independiente (UDI), perdió tres escaños y con 23 diputados se impone como segunda fuerza política. Evópoli, que se había aliado con RN y UDI en Chile Podemos Más, obtuvo cuatro escaños (-2), de manera que unidos alcanzan 52 diputados, once menos que en la anterior legislatura. Los votos perdidos en el campo de la derecha fueron conquistados por el Partido Republicano liderado por José Antonio Kast, que ganó 14 escaños, así como por el Partido de la Gente, dirigido por el candidato presidencial Franco Parisi, con seis diputados.

El campo de la izquierda se muestra aun más fragmentado. Aquí los votos se reparten entre 16 partidos que se organizan en las cuatro alianzas electorales Nuevo Pacto Social, Apruebo Dignidad, Dignidad Ahora y el Partido Ecologista Verde. En este espectro, el Partido Socialista (PS) sigue siendo la fuerza más fuerte con 13 miembros (-4) por delante del Partido Comunista (PC) con 12 escaños (+3). El Partido Demócrata Cristiano (PDC) alcanza ocho escaños (-4), al igual que el partido Revolución Democrática (+2). El partido del candidato presidencial Gabriel Boric, Convergencia Social, obtiene nueve escaños (+5). Los partidos socialdemócratas Partido por la Democracia (PPD) y Partido Radical (PR) respectivamente siete (-1) y cuatro (-1) escaños.

Los votantes han llevado al Senado —ampliado de 43 a 50 escaños— a una situación de empate. Aquí Renovación Nacional será la bancada más fuerte con 11 senadores (+5) por delante de la UDI con 9 senadores (+1) así como el Partido Socialista con 7, el PPD con 6, el PDC con 5, ninguno de los cuales pudo aumentar su representación, y Evópoli con 4 (+3) escaños. Con novedad en el Senado estarán los partidos Verde y Comunista, cada uno con dos escaños, y los republicanos con un senador. También hay un senador por Revolución Democrática y los dos senadores independientes Fabiola Campillai y Karim Bianchi. De esta forma, el campo de la derecha obtiene con 50 senadores, la misma cantidad de escaños que la izquierda con los dos candidatos independientes.

Final entre Kast y Boric

Antes de finalizado el escrutinio de los votos, los candidatos de centroderecha Sebastián Sichel y de centroizquierda Yasna Provoste admitieron su derrota y agradecieron a sus simpatizantes. Mientras Sichel ya anunció en la noche que se tomaba un descanso de la vida política para dedicarse a su familia, la demócrata cristiana Yasna Provoste se desempeñará como senadora hasta el final del período legislativo en 2026.

El 19 de diciembre, finalmente habrá una prueba de fuerza entre los candidatos de los dos extremos de derecha e izquierda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Mientras José Antonio Kast se dejaba celebrar por sus seguidores, esa misma noche renunció a la presidencia de su Partido Republicano para ser el candidato presidencial de todos los chilenos. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, llamó a todo su sector a votar por el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. En opinión de Elizalde, que en la primera vuelta apoyó a la demócrata cristiana Provoste, la presidencia de Kast representa una «amenaza a la democracia», por lo que llamó a la unidad dentro de la centroizquierda en diciembre.

Las biografías y las posiciones de los dos candidatos presidenciales, Kast y Boric, no podrían ser más diferentes. Por un lado se sitúa Kast, candidato de carrera con una excelente formación académica, proveniente de la región capitalina de Santiago, con raíces familiares y políticas en la dictadura militar, desde hace veinte años activo en política, de los cuales se desempeñó dieciséis años como diputado y dos veces fue candidato presidencial. Por otro lado, está Boric, el líder estudiantil rebelde de la remota región de Magallanes que interrumpió sus estudios, sin embargo, llegó a la Cámara de Diputados y ahora lucha por la presidencia con una posición prometedora.

Además del contenido político, también hay una competencia generacional que se refleja en los dos candidatos. A sus 35 años, Boric representa a la generación de los nacidos en los años de transición que no recuerdan la dictadura militar, pero constatan que las pensiones de sus abuelos son bajas y que sus padres deben esforzarse para conseguir con sus ingresos o por medio de préstamos, la cara financiación de la educación de los hijos, los servicios de salud y, dado el caso, la vivienda, el automóvil y los viajes de vacaciones. Kast, veinte años mayor que él, en cambio, con sus vínculos familiares en el régimen militar, defiende a los vencedores del orden económico liberal, que tampoco ha sido cuestionado fundamentalmente por los gobiernos democráticos desde 1990.

Conclusión

En las próximas cuatro semanas, para ambos candidatos se tratará de ganar el centro político por sus ideas. Para Kast, esto significa que además de las exenciones fiscales que ya ha prometido, también tiene que hacer una oferta sociopolítica convincente. Por el contrario, Boric debería fortalecer su programa de política económica si quiere llegar a la clase media, para la que los últimos treinta años han significado prosperidad y avance social. Ante la escalada del conflicto en la región de la Araucanía, los estallidos de violencia a raíz de las protestas sociales y el aumento de la criminalidad en el país, uno de los temas ganadores para José Antonio Kast fue sin duda el de la seguridad interna. Aquí, también, existe una necesidad de corrección para Boric, quien recién gracias a las protestas sociales había logrado puntear en la carrera presidencial. También viaja acompañado por el Partido Comunista, un socio que no oculta sus simpatías por los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Cualquiera que sea el resultado de la carrera presidencial, ninguno de los dos campos políticos puede gobernar solo con la constelación que ahora se encuentra en el Congreso y en el Senado. Por eso, de la polarización que se observa, finalmente es posible derivar el mandato de los votantes de cooperar entre sí. Dados los desafíos internos y externos para Chile, existen suficientes puntos de partida para ello.

La migración venezolana persiste y es la segunda en el mundo. Detrás de los millones que han abandonado su país hay historias personales y familiares. ¿Cómo recuperar la esperanza frente a semejante tragedia?

En los últimos años, más de cinco millones de ciudadanos venezolanos se han visto obligados a salir de su país a causa de la emergencia humanitaria y la crisis política en las que su nación lleva tiempo sumida. Venezuela ha perdido el 17  % de su población, un fenómeno de movilidad humana que es considerado por Naciones Unidas el segundo del mundo después del caso sirio. Los principales países de acogida son Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y el norte de Brasil. Pero esto no fue siempre así.

Históricamente, entre los lugares preferidos por la emigración venezolana estaba la península ibérica. Había muchos venezolanos en España y en otros países vecinos como Italia y Francia. También en la costa de la Florida. Pero con la llegada del chavismo al poder, se empezó a diversificar la migración venezolana. La diáspora moderna tuvo un crecimiento importante en el año 2015, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, cuando los venezolanos comenzaron a emigrar masivamente.

La migración del desespero

La migración era protagonizada por la clase media venezolana hasta no hace muchos años. Sin embargo, esto ha cambiado: «Ahora migra no solo la clase media y media baja, sino fundamentalmente las clases populares y pobres», expresa Ángel Arellano, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la República de Uruguay y actual coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer. Arellano es autor de dos libros sobre el tema: Venezolanos en Uruguay, de 2019, y Florecer lejos de casa, editado por la KAS en 2018, ambos disponibles en la biblioteca digital de www.dialogopolitico.org. «Migraban caminando, en autobuses, de forma terrestre, y en ese sentido, no iban hasta Estados Unidos o hasta Europa, sino a los países que tenían más cerca», sigue narrando Arellano. Él describe los rasgos actuales de la migración venezolana, cuyo destino más importante es Colombia, seguido del corredor andino, llegando hasta Argentina y Uruguay.

Magaly Sánchez es investigadora Fulbright 2020-2021 en Colombia y experta en migración, con una extensa experiencia académica varias universidades de Estados Unidos. Ella profundiza en ese cambio: «En un primer momento hubo una gran ola o un flujo venezolanos altamente calificados y profesionales y educados, que fue seguido por una ola de jóvenes universitarios recién graduados y, recientemente, en la medida en que el autoritarismo se ha impuesto, el deterioro del sistema ha generado una gran pobreza y una crisis humanitaria compleja, evidentemente estamos en presencia de una salida de población masiva, una migración masiva, muchísimo más vulnerable, la llamada migración del desespero, que se inicia en 2014 y 2015 y se dirige fundamentalmente a Sudamérica».

Documentación y mafias

Los trámites para obtener la documentación esencial son uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los migrantes venezolanos. Una cuestión que comporta dos inconvenientes. El primero de ellos radica en la propia Venezuela. «En Venezuela desde hace muchos años se ha visto una crisis generalizada de las instituciones. Pero hay una crisis muy especial en cuanto a las instituciones que generan la documentación de las personas», describe Arellano. Ese déficit en el funcionamiento de la institución encargada terminó generando una red de mafias que proveían de documentación falsa a quien quería abandonar el país.

En Uruguay, por ejemplo, solo la mitad de los venezolanos que llegaron en el año 2017 tenían la documentación en regla y sin errores, o era directamente falsa. Se trata de documentación que es esencial para poder solicitar una residencia temporal o permanente en cualquier país de la región.

La segunda dificultad es la heterogeneidad de los marcos normativos para recibir a los migrantes en América Latina, donde cada país tiene sus condiciones. «Hay algunos que tienen un poco más de apertura, como es el caso de los países del Mercosur, donde destacan Uruguay y Argentina, con marcos positivos. Después hay otros países donde se necesitan otros trámites más complejos. El caso de Chile, que era en términos generales relativamente fácil, pse complicó con la visa de responsabilidad democrática que decretó el presidente Piñera, que requería un par de trámites extra. Trámites que para un venezolano cuestan mucho más de lo que puede costar para un ciudadano de otro país. De otro país democrático, naturalmente», explica Arellano.

Las demoras y los tiempos largos de los trámites administrativos, el papel de las mafias, así como la urgencia de la migración, castigan aún más a las personas en extrema vulnerabilidad, que no tienen recursos para regularizar su situación. Esto ha generado que grupos importantes de venezolanos en diferentes países de la región tengan su situación por regularizar, a pesar de que los países de acogida han dado pasos para solucionar esta situación.

La imposibilidad de acceder de manera segura y rápida a la documentación necesaria para emigrar, las diferentes regulaciones existentes en los países de acogida y la vulnerabilidad de una buena parte de los venezolanos que emigran, víctimas también de las mafias organizadas en torno a esta necesidad, dibuja un panorama verdaderamente preocupante. Más cuando la Organización Internacional de las Migraciones considera que para finales de este año habrá unos siete millones de venezolanos emigrantes en el mundo. Un desafío enorme para los países de acogida, estando todavía en situación de pandemia.

El rol de la diáspora

Con el deterioro institucional en el país de origen y las dificultades de los países de acogida para dar respuesta a este enorme movimiento migratorio, cobra vital importancia el papel de la diáspora venezolana, como instrumento de apoyo para los compatriotas que quieren emigrar y también para los que se quedan en el país.

Para la investigadora Magaly Sánchez, la mayor diáspora es la constituida a través de las remesas, el envío de dinero o especies de los migrantes que están incorporados a la sociedad de destino. Es tan importante esta aportación que supone en torno al 15% del producto interior bruto del país venezolano.  Su uso «está dirigido sobre todo al consumo, porque la población se ha quedado sin trabajo y queda altamente dependiente de esas remesas que le manda el familiar que salió, el migrante que salió», sentencia Sánchez.

Pero no solo es lo que generan a nivel económico para sus familias, sino que los venezolanos se han organizado en redes en los países de destino, que sirven de colchón para los nuevos migrantes que llegan a esos lugares. Sánchez afirma que «hay una diáspora organizada a destino que logra de una forma u otra de generar recursos de integración de esa población migrante».

Ángel Arellano sostiene que el servicio exterior del Estado de Venezuela no presta atención a la diáspora y su función es más de servir de propaganda del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, muy pocos migrantes se inscriben en el registro consular de los consulados venezolanos de los diferentes países. Ese vacío lo cubren organizaciones no gubernamentales y otras entidades.

«En el Cono Sur —Chile, Argentina y Uruguay— se ha visto una emigración bastante importante de ciudadanos venezolanos, cientos de miles. Y esos cientos de miles son atendidos por los gobiernos de esos países o por las asociaciones civiles y ONG de venezolanos organizados que han podido dar un apoyo o una mano, a través de coordinación de albergue y refugio con la Organización Internacional de Migraciones o ACNUR, que son las que básicamente organizan y coordinan la atención al migrante en el extranjero. Ahí hay una clara ausencia del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, de las instituciones oficiales, porque atienden el tema político afín al régimen y descuidan a la ciudadanía», concluye Arellano.

La Organización Internacional de Migraciones afirma que a finales de este año habrá siete millones de venezolanos emigrados de su país, en un movimiento que explotó y cambió por completo a partir del año 2015. Una tragedia humanitaria de proporciones que aún no podemos calibrar y un desafío enorme para los países de acogida.

En mitad de todo esto, podemos tener la tentación de olvidarnos de que cada persona que emigra tiene nombre y apellidos y una historia personal. Necesidades y deseos. Emigrar forzado es un trauma. Emigrar forzado en las condiciones en las que lo están haciendo los venezolanos, encontrando en el camino todas las dificultades del mundo, es una herida de guerra que no sabemos si algún día se curará. Por suerte, el apoyo de la diáspora y la extraordinaria labor de las organizaciones no gubernamentales ofrece algo de abrigo en medio del frío de la indiferencia.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/c5147a99-91c7-4402-bf49-c6e594c85f2a?dark=false» scrolling=»no» height=»200px» frameborder=»no»]

Obligados a gestionar una coyuntura sin precedentes en el mundo moderno, los líderes políticos quedaron expuestos a una situación límite frente a sociedades que les demandan un doble objetivo difícil de alcanzar: protección sanitaria y estabilidad económica.

Cómo reaccionó la ciudadanía ante la gestión de la mayor crisis sanitaria que ha conocido la humanidad y cómo se explican los ascensos y caídas de la popularidad de los presidentes y sus gobiernos son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa.

[Lee también: Subirse a la montaña rusa. Popularidad presidencial en Latinoamérica]

La pandemia lo cambió todo. Obligados a gestionar una coyuntura sin precedentes en el mundo moderno, los líderes políticos quedaron expuestos a una situación límite frente a sociedades que les demandan un doble objetivo difícil de alcanzar: protección sanitaria y estabilidad económica. En su paper «Subirse a la montaña rusa», publicado en la sección DP Enfoque de Diálogo Político, Daniela Barbieri, Javier Cachés y Augusto Reina analizan la popularidad presidencial durante la crisis de la Covid-19. Cómo reaccionó la ciudadanía ante la gestión de la mayor crisis sanitaria que ha conocido la humanidad y cómo se explican los ascensos y caídas de la popularidad de los presidentes y sus gobiernos son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa.

Invitado:

Augusto Reina, politólogo, consultor político y presidente de la Asociación de Consultores y Consultoras de Argentina. Coautor del manual de marketing y comunicación política «Acciones para una buena comunicación de campañas electorales» (publicado por la Fundación Konrad Adenauer en 2013).

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

Después de las elecciones comunales, de gobernador y de la convención constitucional, la agenda del 21 de noviembre prevé las elecciones de consejeros regionales, diputados, senadores y de presidente del país.

Casi 15 millones de chilenos y chilenas están convocados el próximo fin de semana para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años. Una cantidad récord de 4.427 candidatas y candidatos se presentan para ocupar los 155 escaños de la Cámara de Diputados, la mitad de los 50 escaños del Senado y los mandatos de los 302 consejeros regionales.

Además, se votará al sucesor del presidente saliente Sebastián Piñera. Seis candidatos y una candidata compiten por el cargo más alto del Estado con la promesa de llevar al hasta hace un tiempo país modelo de América del Sur a aguas más tranquilas. Últimamente, el malestar social a partir de octubre de 2019, el conflicto amenazador en la sureña región sur de la Araucanía y la pandemia de covid-19 han llevado al país al borde de la ingobernabilidad. Al menos esto último parece estar siendo controlado por el Gobierno gracias a un índice de vacunación entre los más altos del mundo. Con alrededor de 15.000 casos activos de covid-19 en el país, los epidemiólogos predicen elecciones seguras.

Chile en modo crisis

El plebiscito sobre la nueva Constitución tuvo lugar el 25 de octubre de 2020 en condiciones de pandemia. La elección originalmente prevista para abril, que se suponía iba a pacificar al país después de los disturbios sociales entre octubre y diciembre de 2019, tuvo que ser pospuesta seis meses debido al fuerte aumento del número de contagios en aquel momento y a un sector salud próximo al colapso. Desde entonces, la situación en Chile se ha estabilizado, en gran medida mediante una campaña de vacunación única que alcanzó al 82% de la población en condiciones de ser vacunada.[1] Mientras durante las elecciones comunales del 15/16 de mayo se contabilizaban más de 6.000 personas contagiadas diariamente, e incluso 7.500 en la segunda vuelta de las elecciones para gobernador el 13 de junio, el número de infecciones se redujo significativamente en noviembre de 2021 a un promedio de 2.500 casos. El número de camas para pacientes en cuidados intensivos pudo ser reducida de 4.500 a 2.000. Actualmente tiene lugar la tercera fase de vacunación que avanza con más de siete millones de personas vacunadas.

Pero no fue solamente la pandemia lo que golpeó duramente al país en los últimos meses. Desde el estallido social de finales de 2019, el ex país modelo del continente sudamericano no encuentra la calma. Lo que originalmente comenzó como una manifestación contra el aumento del boleto en Santiago se expandió durante las siguientes semanas a protestas a nivel nacional, a veces violentas, contra la desigualdad social imperante y el establishment político. Por primera vez desde la vuelta de Chile a la democracia en 1990, unidades militares salieron nuevamente a las calles para proteger la seguridad nacional después de que las fuerzas policiales, visiblemente superadas, ya no pudieron hacer frente a la situación. Para no poca gente, estas imágenes despertaron malos recuerdos del oscuro período de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que gobernó el país con mano dura de 1973 a 1990.

Coronavirus

Cuando la violencia amenazó en marzo de 2020 con volver a las calles después de los meses de verano de enero y febrero, la pandemia global le pegó duramente a Chile. Desde entonces, el país ha registrado más de 1,7 millones de casos de covid-19 con casi 38.000 muertes (hasta noviembre de 2021). Después de alrededor de ocho meses de lockdown con toque de queda nocturno, Chile está logrando estándares en todo el mundo con su impresionante campaña de vacunación. La tasa de vacunación y las estrictas medidas sanitarias han hecho que el país se vuelva a abrir paulatinamente y la cotidianeidad retorne a las calles.

Esto significa que además de los temas de salud que se mantuvieron álgidos durante la pandemia, están volviendo a la agenda política los temas sociales y el debate sobre la falta de igualdad de oportunidades en la educación. Estos últimos han vuelto a agravarse por las consecuencias de la pandemia y de los meses de enseñanza digital, especialmente en el sistema escolar público.

En julio de 2021, la asamblea constituyente (Convención Constitucional) finalmente inició sus actividades. Esta fue elegida en abril de 2021 a partir del plebiscito del 25 de octubre de 2020. Compuesta por 155 miembros, tiene a su cargo la redacción del texto constitucional. Dispone de doce meses para elaborar el documento correspondiente, que se presentará al pueblo chileno para su votación en el transcurso de 2022. Tras la euforia inicial por la redacción de la nueva constitución —que debe sustituir a la constitución de 1980, de la época de Augusto Pinochet, modificada varias veces desde el retorno a la democracia—, el desencanto apareció en muchos ámbitos.

Los grupos de la Convención parecen demasiado heterogéneos y sus intereses particulares parecen a veces demasiado divergentes. Los miembros de la Convención trabajaron tres meses solo en la redacción del reglamento. A fines de septiembre recién se acordaron las siete comisiones temáticas que elaborarán el texto constitucional en los nueve meses restantes. Mientras tanto, causó descontento el intento del Partido Comunista (PC) de reducir el quórum necesario para aprobar la constitución, de una mayoría de dos tercios a tres quintos. Siguen siendo motivo de controversia los plebiscitos dirimentes, que han sido aprobados, que deben ser consultados cuando los y las constituyentes no puedan ponerse de acuerdo sobre artículos constitucionales particulares.

La mala reputación de la clase política y una notable falta de interés por los procesos políticos en el país significaron que la participación electoral se sitúe por debajo del 50 %. Este desinterés afecta ahora también a la convención constitucional, que a principios de año muchos vinculaban con un futuro mejor. Mientras tanto, la confianza en el trabajo de esta se redujo al 43 %, según una encuesta del instituto CADEM.

Polarización en la lucha electoral

Al mismo tiempo, en los últimos dos años se ha incrementado significativamente la dureza y polarización del debate político. En cuanto a las elecciones presidenciales, actualmente lideran los dos candidatos de los bordes de la izquierda y de la derecha, Gabriel Boric y José Antonio Kast. Mientras Boric lideraba desde el día de su nominación las encuestas como candidato conjunto del Frente Amplio y el Partido Comunista, José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, fundado en junio de 2019, recién aumentó su popularidad en las encuestas en las últimas cuatro semanas y se sitúa ahora en segundo lugar.

No solo el nombre del Partido Republicano de Chile que fundó sugiere asociaciones con su homónimo de Estados Unidos. Los puntos centrales del programa electoral son la limitación de la inmigración, la lucha contra el crimen y la corrupción, la protección de la familia, el crecimiento económico y el orgullo por Chile. Con el lema «Atrévete Chile», Kast intenta convencer a quienes todavía tienen reservas de su pasado familiar en el régimen militar y, sin embargo, se sienten orgullosos de los logros de Chile en los últimos treinta años y, sobre todo, anhelan la restauración del orden social.

La propuesta opuesta desde el espectro de partidos de izquierda la presenta Gabriel Boric, quien el 11 de febrero cumplió con el requisito básico relacionado con la edad para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales: tener 35 años. El 18 de julio, Boric se impuso en las primarias de la alianza de izquierda Chile Digno al favorito Daniel Jadue, alcalde comunista del municipio de La Recoletta. A pesar de su corta edad, Gabriel Boric no es un desconocido en la política. Como presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fue uno de los impulsores de la ocupación durante cuarenta días del edificio de la facultad en la calle Pío Nono, Santiago, iniciada el 29 de abril de 2009. La acción de protesta logró entonces su objetivo y culminó en la destitución del controvertido decano Roberto Nahum.

Boric abandonó su carrera académica en favor de su carrera política. En noviembre de 2013 fue elegido por primera vez miembro del Congreso como candidato independiente por la región de Magallanes y Antártica. Repitió este logro nuevamente con su reelección en noviembre de 2017. Jugó un papel relevante en la creación del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que pretendía terminar con la perturbación social de 2019 y con el que se inició el proceso constituyente. Con su lema electoral «Sumando para un nuevo Chile», anima a la participación para dar forma a un nuevo Chile. En busca de la justicia social y la desconcentración del poder, afirma que el país debe ser remodelado a través de una política basada en el feminismo, una transición ecológica justa y la descentralización.

Las biografías y las posiciones de los dos candidatos en la punta, Kast y Boric, no podrían ser más diferentes. Por un lado se sitúa Kast, candidato de carrera con una excelente formación académica, proveniente de la región capitalina de Santiago, con raíces familiares y políticas en la dictadura militar, desde hace veinte años activo políticamente, de los cuales se desempeñó dieciséis años como diputado y dos veces fue candidato presidencial. Por otro lado, Boric, el líder estudiantil rebelde de la remota región de Magallanes que interrumpió sus estudios, sin embargo, llegó a la Cámara de Diputados y ahora lucha por la presidencia con una posición auspiciosa.

¿Quién ocupa el centro político?

Aunque las encuestas indican que el primer y segundo lugar en las preferencias, y por tanto el acceso a la segunda vuelta de la votación, parecen estar otorgados a los señores Boric y Kast, los candidatos de centroizquierda y centroderecha todavía confían en un golpe sorpresa. Allí se encuentran la demócrata cristiana Yasna Provoste y Sebastián Sichel, que se postula como candidato independiente para el sector del Gobierno.

Provoste, expresidenta del Senado, entró en la carrera por la presidencia relativamente tarde. Tras el resultado de la elección a la asamblea constituyente con un solo diputado, que fue percibido como catastrófico para el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el partido retiró a su candidata Ximena Rincón, quien ya había sido elegida en votaciones internas, y nominó a Yasna Provoste, más popular en las encuestas. Como única mujer y miembro de la etnia diaguita en la contienda, la candidata usa el lema «Ahora YAsna» para publicitar el cambio que proviene de las regiones y es implementado por las bases.

Ya como presidenta del Senado, Yasna Provoste se posicionó como opositora del presidente Sebastián Piñera y abogó por una oposición de izquierda unida. Ante los buenos resultados en las encuestas del candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, y el desempeño superior a la media de los candidatos comunistas en las elecciones a la asamblea constituyente, la democristiana abandonó ocasionalmente el camino del centro político y trató de alcanzar a Boric a través de posiciones más bien de izquierda, por ejemplo, en el debate sobre las pensiones. No fue hasta el último debate televisivo de los candidatos presidenciales el 15 de noviembre que Provoste recordó el legado de la Concertación, que gobernó de 1990 a 2010 y que, bajo los presidentes demócrata-cristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, dio forma a los primeros años del Chile democrático, después de que durante los últimos dos años podría haber surgido la impresión de que el PDC prefería unirse al coro de que el malestar social no era por 30 pesos, sino por unos 30 años.[2]

Desde el principio, el candidato Sebastián Sichel, del sector de gobierno Chile Vamos pero no perteneciente a ningún partido, se posicionó en el centro político. Sichel proviene de una familia sencilla. Luego de su niñez y juventud en Concón y Santiago, estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde completó su maestría en derecho público. Sus primeros pasos políticos los dio dentro de la democracia cristiana. Después de presentarse en 2009 sin éxito para un puesto en la Cámara de Diputados, Sichel trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet de 2006 a 2010 en la agencia estatal de turismo y, más tarde, en el Ministerio de Asuntos Económicos. Posteriormente, Sichel tuvo ocho años de experiencia laboral en el sector privado hasta que Sebastián Piñera lo incorporó a su gobierno en 2018, inicialmente como vicepresidente de la agencia estatal de desarrollo económico CORFO, luego como ministro de Desarrollo Social y como presidente del Banco del Estado de Chile. En 2015, Sichel le dio la espalda a la Democracia Cristiana. Mientras tanto, se afilió al partido Ciudadanos del exministro de Hacienda Andrés Velasco Brañes. En las primarias presidenciales, Sichel finalmente se impuso dentro de la alianza Chile Vamos como candidato independiente frente a los favoritos Joaquín Lavín y Mario Desbordes. En vista a su currículum, el lema de la campaña «Se puede», que podría haber tomado prestado del «Sí, podemos» de Obama, resulta obvio.

Perspectivas

Si bien las encuestas actuales se focalizan con relativa claridad en los aspirantes Gabriel Boric y José Antonio Kast para el ingreso a la segunda vuelta electoral, la contienda permanece abierta ante la gran cantidad de votantes que aún no han elegido su candidato. Además, la participación electoral, que es difícil de calcular, puede dar lugar a desplazamientos imprevisibles.

Paralelamente, las elecciones para diputados y senadores, para las que aún no se han publicado encuestas significativas, parecen estar todavía completamente abiertas. Todos los partidos se están centrando actualmente en sus candidatos para el cargo de gobierno más alto y esperan poder aprovechar lo mejor posible el viento a favor de sus dirigentes.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera, que dejará el cargo en marzo de 2022, ha estado sometido a una considerable presión desde el estallido social. Desde entonces, la oposición, desde los demócratas cristianos hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, no ha dejado piedra sin remover para dañar al gabinete de Piñera. Si bien el Gobierno apoya institucionalmente el proceso constitucional de la mejor manera posible, los errores del presidente son tema constante de discusión, como la reciente publicación de los llamados Pandora Papers, en los que aparece el nombre de Sebastián Piñera. La oposición ha tratado de capitalizar esto en la actual campaña electoral, incluso a través de un fallido proceso de destitución del presidente. Asimismo, el manejo de los fondos de pensiones privados y la tensa situación en la Araucanía dominan los debates políticos.

En resumen, la situación en Chile no ha tenido un desarrollo positivo en los últimos dos años. La situación política, social y económica es tensa y está asociada a una serie de incertidumbres de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales, así como al proceso constitucional.

Publicado en idioma alemán en la página web de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Chile, el 17 de noviembre de 2021.
Traducción: Manfred Steffen

Notas

[1] Fuente: Our World in Data [consulta: 15 de noviembre de 2021].

[2] Las protestas sociales de octubre de 2019 fueron provocadas por un aumento en las tarifas del metro en 30 pesos chilenos (aproximadamente 4 céntimos de euro). El argumento de muchas fuerzas de izquierda, sin embargo, fue que el motivo de los disturbios fue la desigualdad social que había existido en el país durante 30 años. Cabe señalar, sin embargo, que el propio PDC estuvo involucrado en diferentes gobiernos durante 24 años desde 1990 hasta 2010 y nuevamente desde 2014 hasta 2018 dentro de la denominada Concertación.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/c5147a99-91c7-4402-bf49-c6e594c85f2a?dark=false» scrolling=»no» height=»200px» frameborder=»no»]

Washington reaccionó muy tarde a la deriva autoritaria de Nicaragua que peligrosamente se extiende por Centroamérica.

El cuarto período consecutivo en el poder de Daniel Ortega en Nicaragua, tras el resultado cantado de la elección ilegítima del pasado domingo 7 de noviembre, representa el fracaso más evidente de las políticas reactivas de Washington respecto a la deriva autoritaria de América Latina y expresa a la vez la debilidad de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), para exigir a tiempo el respeto a las prácticas democráticas y al Estado de derecho.

Nicaragua representa hoy la tragedia autoritaria más acuciante de países centroamericanos que «están cayendo como fichas de dominó en el autoritarismo», con la impotencia de Washington, más preocupado por la crisis de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, y una OEA a paso lento.

El declive democrático ocurre —y en parte se profundizó— por la pandemia del covid-19, que provocó una crisis económica descomunal en la región que llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a advertir, en su informe de octubre pasado, acerca de «secuelas a largo plazo». El crecimiento de un promedio de 6,3 % del producto interno bruto (PIB) para este año se minimiza, si se tiene en cuenta la fuerte contracción de 7 % de 2020, más del doble del promedio mundial (3,1 %).

El declive económico tiene un déjà vu de la década perdida de 1980, alusiva a la deuda externa impagable, graves problemas fiscales y de inflación, políticas de tipo de cambio fracasadas. Los problemas son otros, pero el descarrilamiento de los indicadores económicos trae a la memoria tristes recuerdo de problemas estructurales de hace cuatro décadas.

Y es probable —para dejar un margen a la ilusión— que la enfermedad del coronavirus marque huellas de un monstruo de mil cabezas porque al declive económico se sumaron las crisis de la salud —que hoy reflejan la carrera por la vacunación— [1] y en la política por un clima de inestabilidad de los gobiernos y fragilidad institucional, dos flechas venenosas para la democracia, y el ascenso o fortalecimiento de regímenes autoritarios o dictatoriales.

El menoscabo democrático, en parte, también huele a pasado, aunque con otros ropajes. No hay en la región golpes de Estado clásicos, como sigue habiendo en países africanos, sino un nuevo fenómeno que avanza desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela: democracias que fracasan en manos de líderes electos «que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder». [2]

El descenso de la democracia sin la bota militar —sin negar el papel que les cabe a las fuerzas castrenses en la permanencia de los tiranos— parecería que repite la historia de un movimiento circular en la región, como plantea Anne Applebaum al explicar el ocaso de la democracia en algunas partes de Europa. [3]

Nicaragua es un buen ejemplo de ello. Bastaba con asomarse al balcón para advertir que Ortega iba camino a imitar la tragedia de Nicaragua con la dinastía de Somoza, la que fue su justificación para cargar el fusil y conquistar el poder por primera vez en la década de 1980, pero —vaya ironía— convirtiéndose en el gobernante con más años en el sillón presidencial de su país. Y desde hace un tiempo, ya con el traje de dictador como Anastasio Somoza, sin un golpe de Estado pero perpetuándose en el poder a como dé lugar.

Una elección amañada, siete aspirantes presidenciales de la oposición detenidos, entre 39 referentes críticos del oficialismo, más tres fuerzas políticas anuladas por el tribunal electoral, dejaron el camino despejado al Frente Sandinista de Ortega al competir contra candidatos que eran unos desconocidos a los ojos del electorado. [4]

El dictador fue reelegido con casi 76 % de los votos, según el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Una «elección de pantomima. que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática», al decir del presidente estadounidense Joe Biden, un reflejo más de la podredumbre institucional de Managua.

En el índice de Estado de derecho del World Justice Project (WJP) de este año, difundido el pasado 14 de octubre, Nicaragua ocupa el puesto 131 de 139 países en Estado de derecho. Según el ranking, cayó tres posiciones a nivel global y presenta un fuerte deterioro en aspectos sensibles en una democracia: límites al poder gubernamental, respeto a los derechos fundamentales y en las funciones de justicia civil y penal, entre otros.

El mundo democrático ha reaccionado con fuertes críticas a la estafa electoral de Ortega y tanto Estados Unidos como la Unión Europea (UE) se encaminan a aprobar nuevas sanciones. Pero, otra vez, las reacciones se han dado ante los hechos consumados.

Biden ahora pretende presionar al tirano con una batería de medidas bajo el paraguas de la ley RENACER (sigla en inglés que significa Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), aprobada por el Congreso el miércoles 3 de noviembre, que le ofrece instrumentos legales para perseguir la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Por ejemplo, sancionar a personas involucradas en abusos de derechos humanos y obstrucción de elecciones libres, ejercer más control en la aprobación de los préstamos financieros internacionales que terminan beneficiando al régimen y restringir el comercio.

Por su lado, la Asamblea General de la OEA aprobó en la noche del viernes 12 una resolución que condena la elección presidencial de Nicaragua: «no fueron libres, justas o transparentes, y carecen de legitimidad democrática». Además, plantea al Consejo Permanente que elabore un informe antes del 30 de noviembre con el fin de examinar «acciones apropiadas».

«Las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno» nicaragüense, afirma la resolución aprobada por 25 países activos en 34, mientras que siete, incluidos México y Honduras, se abstuvieron. Solo el delegado de Ortega votó en contra.

El camino que empieza a andar la OEA podría llegar a comprender el artículo 21 de la Carta Democrática, que ampara al organismo a «suspender» a Nicaragua, un extremo que requiere de mayorías calificadas de dos tercios (24 votos en 34), difícil de conseguir. Argentina, por ejemplo, que acompañó la resolución de la Asamblea General, ha tenido una posición que no asegura su voto. También hay dudas de que una sanción de esa naturaleza tenga el respaldo de algunos países centroamericanos y del Caribe.

Sin desmerecer el significado de la reprobación de la OEA, a todas luces es una decisión a destiempo.

La conducta desafiante de Ortega podría ser una señal de que está dispuesto a seguir en el poder, de espalda a las democracias occidentales.

¿Cómo hace para sobrevivir? La Rusia de Vladimir Putin es hoy el principal sostén de Ortega, que se refleja desde los buses que circulan en Managua, donaciones de trigo, las vacunas Sputnik, el armamento en manos de los aparatos de seguridad, hasta una estación satelital y un instituto de biotecnología. También Irán y Turquía alientan la tiranía de Ortega.

El régimen chino de Xi Jinping ha mantenido un bajo perfil, quizás por las relaciones diplomáticas de Managua con Taiwán. Pero el rechazo de las grandes potencias puede ser una oportunidad para que Ortega, empujado por las circunstancias, termine en los brazos de Xi Jinping, que ha mostrado un interés creciente por Centroamérica.

Los hermanos mayores, Cuba y Venezuela, no están en condiciones de prestar ayuda económica, pero asisten al régimen en la puesta en marcha de las políticas de control y represión.

Sería injusto no reconocer que Washington ha tomado medidas para defender el Estado de derecho en Nicaragua, incluso en otros países centroamericanos, pero ohan sido insuficientes o quizás llegaron a destiempo.

El deterioro democrático no comenzó ayer. Kevin Casas-Zamora, exvicepresidente de Costa Rica, escribió un artículo en diciembre de 2008, tras unas elecciones locales fraudulentas en Nicaragua, en el cual hacía un llamado a la comunidad internacional para impedir que el país cayera en las garras de una dictadura corrupta.

El autor, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, advertía entonces la necesidad de aumentar la presión mundial —particularmente de Estados Unidos y organismos internacionales que han prestado una ayuda financiera o económica al régimen sandinista— para que Ortega no se convirtiera en una versión en Centroamérica del régimen tiránico de Robert Mugabe en Zimbabue.

Casi trece años después, los temores de Casas-Zamora dejaron de ser un riesgo potencial para transformarse en una triste realidad.

Notas

[1] América Latina y el Caribe aún se encuentran bastante por debajo del parámetro de referencia del 40 % para poner fin a la pandemia, de acuerdo al FMI. Se prevé que, para finales de este año, 10 países más rebasen el parámetro de 40 %. En términos de cantidad de personas, se proyecta que alrededor del 60 % de la población total esté completamente vacunada para diciembre próximo. (FMI. [2021, octubre]. Perspectivas de la economía mundial, p. 3).

[2] Levitsky, S., y Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Bogotá: Ariel.

[3] Applebaum, A. (2021). El ocaso de la democracia: la seducción del autoritarismo. Madrid: Debate.

[4] Más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y más de 150 opositores han sido detenidos desde 2018.

La turbulenta relación entre la prensa y el gobierno en Bolivia muestra más que nunca la necesidad de un periodismo independiente que no tema enfrentarse al poder en la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento de la democracia.

«Prensa basura. ¡No los veas! Engañan, mienten, tergiversan, manipulan, son corruptos», ese fue el mensaje que circuló en un meme con los logos de varios medios de comunicación bolivianos, hace unos días. Hubiera pasado desapercibido de no haber sido porque el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, lo retuiteó desde su cuenta personal. La polémica se avivó tanto que incluso muchos usuarios fueron bloqueados por expresar su reclamo ante esa postura.

Anteriormente, el presidente Luis Arce había señalado que los medios de comunicación no tienen contento al pueblo de Bolivia, pero aún tienen la oportunidad de «reivindicarse». Un poco más radical fue el exministro de la Presidencia del Gobierno de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, quien en septiembre arremetió contra los medios independientes del país para asegurar que ahora reemplazan a los tanques militares. «Los medios de comunicación, hoy día, están sustituyendo a las fuerzas armadas, por diversas razones: porque manipulan la información, porque deliberadamente transforman la mentira en una presunta verdad», fue su frase.

Ataques

Los ataques de políticos y autoridades a la prensa no son novedad y en Bolivia han puesto en evidencia la creciente tensión con el sector, aún más luego de la crisis poselectoral de 2019 en la que, según el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido oficialista, muchos medios de comunicación respaldaron lo que consideran «golpe de Estado».

Pero este distanciamiento se arrastra desde hace mucho, en los casi 14 años de gestión del expresidente Morales, quien incluso advirtió que se deberían asumir acciones concretas contra los medios de comunicación porque son enemigos número uno. Esta percepción, que es compartida por muchos funcionarios del actual Gobierno, se da porque buscan ser respaldados en sus políticas y acciones, en síntesis: tener aliados de sus verdades, que bien podrían ser medias verdades o mentiras intencionales.

Un caso emblemático para intentar entender esta época de posverdad es la postura asumida por The New York Times respecto al expresidente Donald Trump en 2016. El diario estadounidense decidió eludir el principio periodístico de dar versiones contrastadas y dar por sentado que Trump era «un mentiroso», justificando que no se trata de decir a la gente lo que debe pensar, sino decir quién miente.

Golpe de Estado

En Bolivia, la intensa campaña de funcionarios gubernamentales por tratar de posicionar el discurso de que el 2019 se produjo un golpe de Estado busca mostrar que los medios o periodistas que no asuman esta postura son cómplices y niegan la verdad. Lo cierto es que las presiones del poder están presentes en la cobertura diaria, ponen en riesgo la libertad de prensa y por consecuencia la democracia.

Y es que este oficio no tiene que ver con la cercanía al poder sino mas bien con fiscalizar, cuestionar e incomodar, aun bajo el acoso y la intimidación. En este sentido, el reconocido periodista argentino Tomas Eloy Martínez señalaba: «El periodismo no tiene por qué conciliar con nada ni con nadie […]. Si el periodista consiente, si transa con el poder, si se vuelve cómplice de la mentira y de la injusticia, no solo está traicionándose a sí mismo; traiciona, sobre todo, la fe que el lector ha puesto en él y con eso destroza el mejor argumento de su legitimidad y el único escudo de su fortaleza».

Fuera del reporte

Sin embargo, también es necesario analizar a los medios y cómo los usuarios perciben su labor, muy lejos de la idealización de antes y más cerca de la crítica de ahora por la falta de confianza. El Digital News Report 2021, el estudio más importante sobre consumo de noticias en el mundo, aunque no incluye a Bolivia, refleja una crisis de credibilidad entre la prensa y la ciudadanía que resulta transversal en toda la región. Los autores indican que «la confianza en las noticias está en parte motivada por factores externos a las noticias en sí mismas».

Además, este informe identifica «la polarización y la politización de los contenidos como las principales causas de la pérdida de confianza en las noticias, ante un consumidor que desea una mayor imparcialidad». Aunque, en los hechos, esto sea casi imposible de lograr.

Entender que el periodismo es un servicio es un paso importante para establecer mayor responsabilidad en la difusión de contenidos, pero también la fiscalización porque, como se menciona en Medios de comunicación en el Estado Plurinacional, es innegable la tensión entre los periodistas y el poder político evidenciando los intentos de diferentes gobiernos de coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa.

La razón de los periodistas es, más allá de todo, asumir una labor de servicio y, como dice Gabriel García Márquez, ser conscientes de que «tenemos el poder y las armas para cambiar algo todos los días».

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/c5147a99-91c7-4402-bf49-c6e594c85f2a?dark=false» scrolling=»no» height=»200px» frameborder=»no»]