Argentina: crónica de una derrota anunciada

Argentina tendrá por delante dos años muy complejos, con una crisis económica severa y una gobernabilidad dificultada.

Por: Carlos Fara 15 Nov, 2021
Lectura: 6 min.
Argentina. Diálogo Político
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Este domingo 14 de noviembre se celebraron las elecciones legislativas de medio término, donde se renovaba la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores.

El 12 de septiembre se habían producido las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en las cuales el oficialismo ya había sufrido una derrota importante.

Los resultados de este domingo pasado ratifican en buena medida la foto que habían arrojado las PASO: derrota del oficialismo en la mayor parte de los distritos del país, sobre todo en la estratégica provincia de Buenos Aires —casi 40 % del padrón nacional—; triunfo opositor en tradicionales bastiones peronistas, inesperadamente; una diferencia de aproximadamente 9 puntos entre la principal oposición y el kirchnerista Frente de Todos.

Más allá de esos indicadores, se registró además un dato clave: por primera vez desde el regreso a la democracia en 1983, el peronismo pierde el quorum propio en el Senado Nacional. Eso obligará al oficialismo a negociar con otras bancadas el apoyo para poder sesionar. La oposición, Juntos por el Cambio, logra su número más grande de senadores desde su conformación en 2015.

Para comprender por qué se dieron estos resultados hay que retrotraerse al triunfo de Alberto y Cristina Fernández en 2019. En ese momento, dado el fracaso económico del expresidente Macri, la mayoría de la sociedad votó por una moderación, tanto de estilo como ideológica, teóricamente garantizada por la figura del actual presidente. El primer mandatario tuvo un momento de gloria entre marzo y junio de 2020 durante los dos primeros meses de la cuarentena dura por la pandemia, donde rozó el 80 % de aprobación. Era el líder del consenso para asegurar una eficiente lucha contra el virus.

Sin embargo, a partir de junio del año pasado, el presidente Fernández empezó un camino oscilante, que implicó mayor confrontación con la oposición y la toma de una serie de medidas más intervencionistas en la economía. Eso produjo un progresivo desgaste que lo fue desdibujando en su liderazgo hasta el momento de estas elecciones.

La cuarentena estricta por la pandemia se hizo muy larga para el humor social, produjo un cansancio severo y generó varias consecuencias negativas en el plano económico y social. El país fue uno de los que más retracción de su PIB tuvo dentro de la región, con un índice de inflación del 36 % en 2020 y un incremento severo de la pobreza.

Más allá de los errores políticos propios, incidió mucho su conflictividad permanente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella hizo públicas sus diferencias varias veces, cuestionando a sus funcionarios, e instándolo a una radicalización en sus formas y contenidos. En una Argentina con una fuerte tradición presidencialista, estos cortocircuitos le hicieron un flaco favor a Alberto Fernández.

A la cuestión política, un manejo deficiente de la pandemia, un rumbo errático en lo económico y un incremento de la inseguridad a medida que se fue volviendo a la vida normal, se sumaron una serie de hechos desafortunados como cuando trascendió una foto del festejo presencial de la primera dama con amigos en julio del año pasado, cuando la población sufría grandes restricciones, o el llamado vacunatorio VIP referido a la aplicación de vacunas a personajes cercanos al poder cuando aún había poca disponibilidad de dosis para los ciudadanos comunes. Todos esos gestos contribuyeron al desdibujamiento del liderazgo antes comentado.


La distribución de bancas en ambas cámaras. Fuente La Nación

A medida que fue progresando la vacunación y cayó la curva de contagios y muertes, la demanda social se centró claramente en la cuestión económica. Si bien Argentina está concluyendo este año con una recuperación del PIB del 8 %, va a registrar una inflación del 50 % —una de las más altas del mundo—, lo cual deteriora el poder adquisitivo de los salarios y frena un crecimiento sostenible en el tiempo. Este cuadro económico fue uno de los grandes determinantes para la derrota del kirchnerismo, a lo que se debe agregar una persistente percepción pesimista sobre el futuro del país.

Entre las primarias y la elección general —ambas en derrota— el oficialismo sufrió una crisis fuerte por planteos de Cristina Fernández al presidente, lo que desembocó en cambios en el gabinete que redujeron el poder del mandatario e implicaron una tregua hasta el comicio del 14 de noviembre. Luego se implementaron una serie de medidas para cambiar el estado de ánimo social, tratando de reanimar el consumo popular —el llamado plan platita en el bolsillo de la gente— y se hicieron algunos cambios en la estrategia de campaña.

En función de los resultados electorales y los sondeos propios, muy pocas de estas iniciativas tuvieron efecto sobre el ánimo de la población, ya que la mayor parte de los indicadores claves de opinión pública permanecieron inalterados. Si se analizan con detenimiento los números de la elección general, se verá que la foto es muy similar a la de las PASO, siendo lo más notable el achicamiento de la diferencia en el principal distrito, la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el Frente de Todos se complicó con malos desempeños en varios lugares del interior profundo, inclusive obteniendo el tercer lugar en la provincia natal del kirchnerismo, Santa Cruz.

La de este domingo 14 de noviembre es una nueva derrota en una elección legislativa que sufre el kirchnerismo, que desde 2009 nunca pudo ganar en un comicio de medio término y solo pudo imponerse en 2005. De este modo, Argentina se suma a la lista de oficialismos que pierden elecciones a partir de la pandemia del covid-19. Estas experiencias de voto ciudadano también muestran que cuando existe una ola de opinión pública contraria al gobierno de turno, no hay recursos fiscales que valgan para revertirlo. En todo caso, solo logran amortiguar algo la caída.

Por último, con este equilibrio en ambas Cámaras del Congreso, Argentina tendrá por delante dos años muy complejos, con una crisis económica severa y una gobernabilidad dificultada.

Carlos Fara

Carlos Fara

Consultor político especialista en opinión pública, campañas electorales y comunicación. Ha participado en campañas electorales en Argentina y Latinoamérica. Premio Aristóteles a la Excelencia 2010.

El discurso político

¿Cómo podemos usar imágenes para construir el discurso político? ¿En qué consiste el storytelling? ¿Qué importancia tiene el relato en el éxito de una campaña?

Por: Redacción 12 Nov, 2021
Lectura: 2 min.
El discurso político. En Campaña. Diálogo Político
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

En el décimo episodio de En Campaña abordamos el tema de la elaboración del discurso político. Este es el siguiente paso tras poner en marcha la investigación, la planificación, la estrategia electoral, el mensaje, las redes sociales, la publicidad electoral, la gestión de los medios de comunicación, la gestión de crisis y la gestión de la figura del candidato.

¿Cómo podemos usar imágenes para construir el discurso político? ¿En qué consiste el storytelling? ¿Qué importancia tiene el relato en el éxito de una campaña? ¿Qué pasos hay que seguir para redactar un buen discurso?

Para responder a estas preguntas contamos con la participación de David Redoli Morchón, sociólogo, experto en comunicación política y director de gabinete de la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear de España; Andoni Aldekoa, periodista, consultor de comunicación política y profesor de cursos de posgrado; Daniel Ureña, socio fundador de MAS Consulting y presidente de la compañía en España; Roberto Izurieta, profesor en la George Washington University-GSPM Latinoamérica, escritor y consultor político; e Ignacio Martín Granados, politólogo, asesor de comunicación y profesor en másteres sobre comunicación política, marketing político y liderazgo.

[Lee también: El arte de contar historias: por qué funcionan los relatos]

Conducción y realización: MAS Consulting.

En Campaña es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Redacción

Redacción

Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.

El éxodo venezolano en Colombia

Venezuela ha perdido el 17  % de su población, fenómeno de movilidad humana que es considerado por Naciones Unidas el segundo del mundo después del caso sirio

Por: Franco Delle Donne 12 Nov, 2021
Lectura: 9 min.
Venezolanos cruzan a Colombia. Diálogo Político
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Para finales de 2021, la Organización Internacional de Migraciones estima que unos siete millones de ciudadanos venezolanos habrán salido de su país a causa de la emergencia humanitaria y la crisis política en las que el país lleva tiempo sumido.

Venezuela ha perdido el 17  % de su población, fenómeno de movilidad humana que es considerado por Naciones Unidas el segundo del mundo después del caso sirio. Una parte muy importante se encuentra en Colombia, cuya respuesta se ha caracterizado por la solidaridad y el intento de adaptarse al enorme desafío.

Según los datos de Migración Colombia de principios de este año, hay 1.742.927 venezolanos en Colombia. El 56  % de ellos se encuentran de forma irregular, lo que les dificulta su integración e inclusión en la sociedad colombiana. Ante esta situación el Gobierno colombiano ha tenido que desarrollar planes que permitan reducir esa cifra y definir más concretamente cuáles son los objetivos de su política de puertas abiertas.

Crecimiento de las cifras

Daniella Monroy y Ronal Rodríguez, investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, un proyecto apoyado por la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, publicaron un artículo en Diálogo Político sobre las diferentes acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Colombia. Mencionaban algunas como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, el Permiso Especial de Permanencia, el Registro Administrativo de la Migración Venezolana o el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia.

«La última cifra que tenemos es de 31 de enero de este año, según la cual más de 983.000 venezolanos están en situación irregular migratoria aquí en Colombia», indica Daniella Monroy. Además de las cuestiones fronterizas en concreto, la investigadora adjudica a la pandemia el crecimiento de esa cifra: «Por las condiciones de extrema vulnerabilidad que se viven en Venezuela, la crisis económica social y política, los venezolanos no tienen más opción que migrar para poder incluso abastecerse de las cosas más básicas, como son alimentos y medicinas. Entonces, a pesar del cierre fronterizo por el covid, los venezolanos se ven obligados a cruzar la frontera de manera irregular y atravesar los pasos informales o también denominados trochas, que son más de quinientos a lo largo de toda la frontera. Al no tener una agencia en la frontera, esta ha sido controlada por grupos fuera de la ley. Y por eso tenemos tantos emigrantes irregulares aquí en Colombia».

Una sorpresa

Según Txomin Las Heras, investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de la asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano, en Bogotá, el fenómeno migratorio, que comenzó en 2015 y se intensificó en 2017, «agarró de sorpresa al país». Las Heras explica que en Colombia no ha habido grandes flujos migratorios y «esto hizo que cuando se produjo esta avalancha de migración venezolana, el país no contara con una estructura legal ni una infraestructura tampoco para recibir a esta migración».

El investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario subraya que no había un plan previsto: «Las autoridades de Colombia tuvieron que empezar a prepararse sobre la marcha y crearon una serie de instrumentos, entre ellos, el Permiso Especial de Permanencia como una manera de comenzar a controlar y a identificar a la migración que venía. Pero este instrumento resultó ser muy débil para este cometido. Fue lo que pudieron hacer en un primer momento».

Manos a la obra

El Gobierno de Colombia tuvo que enfrentar la cuestión de la alta cifra de personas en situación migratoria irregular. Daniella Monroy ha investigado en profundidad los planes del Ejecutivo colombiano para reducir ese número. «El Gobierno colombiano ha llegado ya a un punto de la recepción migratoria en el que comprende que hay que destinar acciones de largo aliento y de mediano aliento, y no simplemente acciones o política de emergencia que intenten reducir el flujo migratorio. Por fin hay un entendimiento de que la migración no va a frenarse por más de que haya un cierre fronterizo».

Monroy menciona que los planes del Gobierno se han concentrado en la emisión del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos, una medida de protección internacional que intenta darles a los venezolanos en un margen de diez años una permanencia regular en Colombia.

Txomin Las Heras señala que Colombia se dio cuenta de que no podía convivir con un problema tan grande como tener a más de un millón de personas en situación de irregularidad en el país. Por eso, desde mayo de este año puso en marcha el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, que también mencionaba Monroy.

El desafío de la convivencia

La operativa, en mitad de una pandemia, es gigante. Y pone a prueba la capacidad administrativa del país. Pero ahí no se termina el desafío: cómo es la convivencia entre venezolanos y colombianos y cómo la afecta este alto porcentaje de irregularidad son dos elementos clave en este tema.

«Precisamente, el problema de la convivencia y la escalada que ha tenido en algunas situaciones la xenofobia de los colombianos a los venezolanos e incluso también de los venezolanos a los colombianos, todo eso es muy causado en parte por la irregularidad. Digamos que los colombianos no temen a los venezolanos propiamente dichos, sino que temen a las personas que creen extrañas y que creen no identificadas y por tanto sospechan de ellas», analiza Daniella Monroy, con atino.

La amenaza latente de que alguien les pueda hacer daño y como está en situación de irregularidad no va a poder ser identificada ni judicializada es lo ha generado un problema de convivencia social. Por la percepción de la comunidad receptora sobre la migración. Y todo en mitad de una pandemia mundial. Monroy defiende que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos contribuirá a reducir esa amenaza latente y ese medio en la población colombiana.

Desde el punto de vista de la migración venezolana, Las Heras recuerda que quienes están en situación irregular son muy vulnerables, por no tener identificación ni papeles. Lo que implica un acceso limitado a los servicios básicos, especialmente el servicio de salud. Pero también tienen dificultades para acceder a una vivienda o a un trabajo formal. Viven en las zonas más pobres, donde el sistema les hace competir con la población pobre local, también en una situación de vulnerabilidad. Y se acaba produciendo la lucha del penúltimo contra el último.

Regularización

Sobre la situación de los venezolanos que están todavía en proceso de regularización, Daniella Monroy habla de situaciones muy dramáticas y de vulnerabilidad muy graves. No solo en la frontera, como era en 2015, sino también en las ciudades grandes. Hoy, la migración venezolana está repartida por todo el territorio de Colombia. Durante la pandemia, fueron aún más afectados, porque no podían realizar sus trabajos informales o los expulsaron de las habitaciones donde vivían.

Tanto Monroy como Las Heras insisten en que la única vía que tienen para salir de esa vulnerabilidad es acogerse al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes y poder dar comienzo a su proceso de regularización en el país. Esta apuesta de Colombia, respaldada por las organizaciones no gubernamentales presentes en el país, pretende dar una esperanza a estas personas.

Txomin Las Heras señala otro objetivo más aparte de la solidaridad. Considera que la estrategia de Colombia para la regularización de la población migrante pretende incorporar a estas personas al desarrollo nacional. Dentro de esa migración venezolana hay muchísima gente con una excelente formación a nivel técnico o a nivel profesional. Si están en situación de irregularidad se desaprovecha todo ese potencial que puede ayudar al crecimiento económico de Colombia. En unos años se verán los frutos de este proceso de regularización, permitiendo que los emigrantes venezolanos participen en la vida social y económica de Colombia en igualdad de derechos.

Principal éxodo del mundo

Este año, el éxodo venezolano podría superar al de Siria y convertirse en el principal desplazamiento de personas en el mundo. Colombia, como país vecino, es el principal receptor de las personas que huyen de su país para satisfacer sus necesidades más básicas y poderse imaginar una vida digna. La explosión migratoria encontró al Estado colombiano desprevenido. El país ha tratado de afrontar la grave situación con diferentes medidas que, hasta ahora, no han conseguido reducir la dramática cifra de personas en situación migratoria irregular. La mitad de los venezolanos presentes en Colombia esperan que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes sí sea la herramienta para regularizar su situación en el país. Lo necesitan ellos, para salir de la vulnerabilidad y precariedad en la que viven. Y lo necesita Colombia para aprovechar la contribución de los venezolanos a la economía, la sociedad y la cultura del país, y para dar pasos en la integración y la convivencia entre comunidad receptora y comunidad migrante. Todas las miradas están puestas en ese proceso. Ojalá salga bien.

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Franco Delle Donne

Franco Delle Donne

Doctor en Comunicación Política por la Freie Universität Berlin. Especialista en política alemana. Creador de «eleccionesenalemania.com», único blog de análisis político en español sobre Alemania. Conductor del pódcast «Bajo la Lupa».

Antes de las elecciones en Argentina: Fernández en desventaja

Tras la abrupta derrota en las primarias, el Gobierno puede volver a caer este domingo y perder el control del Congreso. Si eso ocurre, ¿la gobernabilidad vuelve a estar en duda dentro de la coalición peronista-kirchnerista? Mientras, en la oposición asoman discursos más extremos.

Por: Martín Torino 11 Nov, 2021
Lectura: 6 min.
Alberto Fernández ¿en desventaja?
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Tras la abrupta derrota en las primarias, el Gobierno puede volver a caer este domingo y perder el control del Congreso. Si eso ocurre, ¿la gobernabilidad vuelve a estar en duda dentro de la coalición peronista-kirchnerista? Mientras, en la oposición asoman discursos más extremos.

El gobierno argentino podría recibir un segundo tropezón en las elecciones legislativas de este domingo, tal como marcan las encuestas. En ese caso, asomarán las dudas sobre cómo continúa la gobernabilidad entre el mandatario peronista Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que representa sectores más progresistas. Por otro lado, los comicios abren la incógnita de si la oposición se polarizará hacia discursos más extremos.

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Apenas dos meses atrás, la sociedad rechazó en las urnas la gestión de Alberto Fernández. Perdió en 17 de los 24 distritos. Ese malhumor social, tal como midieron las últimas encuestas, no parece haber cambiado. La confianza en el Gobierno tocó su punto más bajo en octubre, según un informe de la Universidad Di Tella. Incluso, peor aún que durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

Si el Frente de Todos pierde este domingo, la siguiente pregunta será por cuánto. Es que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner podrían perder el control de ambas Cámaras del Congreso. Si ello ocurre, el oficialismo quedaría debilitado por fuera y también por dentro, porque las tensiones internas asoman luego de los traspiés electorales.

La derrota en las primarias del 12 de septiembre dejó en evidencia las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) le enrostró públicamente errores al jefe de Estado y hasta lo presionó para que renovara su gabinete. Si el poder depende de someter a través de amenazas o castigos, tal como escribió Talcott Parsons, entonces la carta de la vicepresidenta mostró quién tenía poder en ese binomio. Porque, acto seguido, el mandatario cumplió, echó a sus funcionarios de confianza, y su autoridad quedó debilitada públicamente.

Entonces, queda por delante la duda de qué ocurrirá si este domingo el Frente de Todos vuelve a perder. ¿Quién subirá al escenario? ¿El presidente volverá a pedir «a cada argentino» que lo «ayuden» a cumplir los dos años que le quedan de mandato? ¿Estará juntó a él la vicepresidenta o preferirá no salir en la foto de la derrota?

La oposición apuntala más a sus postulantes en cada publicación. Fuente: @horaciorlarreta

Hay que leer algunos movimientos de la vicepresidenta. Tras la derrota en las primarias, cambió su nombre en sus redes sociales: borró su apellido Fernández y se convirtió en Cristina Kirchner. La vicepresidente hace referencia a su exmarido y expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), para presionar al Gobierno en dos rumbos: dificultar el acuerdo con el FMI y aumentar el gasto. El ministro de Economía, Martín Guzmán, no tendría mucho para hacer si después de las elecciones gana poder el ala más kirchnerista. Ante una posible avanzada kirchnerista, los sindicatos más importantes del país y algunas organizaciones sociales encabezarán un acto tres días después de las elecciones, para mostrarle su respaldo al presidente.

El drama argentino reside en que la situación es delicada como para que la gobernabilidad vuelva a entrar en duda, con tironeos internos en el Frente de Todos. El dólar sigue subiendo de la mano de la inflación, que está cerca del 52,5 % anual, y la pobreza en el primer semestre de 2021alcanza a cuatro de cada diez argentinos. El plan del Gobierno para frenar estas variables no es claro para la sociedad, ni tampoco para el FMI, con el que el Estado argentino debe negociar el repago de un préstamo de USD 44.000 millones que tomó Macri. Precisamente, la falta de acuerdo dentro del Frente de Todos no permite trazar un plan económico, de compromisos creíbles, al menos hasta 2023.

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La elección del domingo dejará otro dato: si la sociedad se está polarizando aún más, y esto derivaría en posiciones más extremas de los representantes políticos. Esa polarización está siendo empujada por los candidatos libertarios Javier Milei y José Luis Espert. Este último, en el tramo final de la campaña, llegó a pedir «bala» para los delincuentes. O sea, que hay que matarlos. Entonces, cabe preguntarse si hay espacio para discursos extremos como los del presidente populista brasileño, Jair Bolsonaro, de cara a las presidenciales de 2023.

Esa es una incógnita que deberá develar la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio. Esta alianza de demócratas liberales, republicanos, conservadores, entre otros, es la favorita para las elecciones de este domingo, si es que repite los números de las primarias. Al menos, espera ganar en la provincia de Buenos Aires, donde reside la mayoría de la población y que suele ser el bastión del peronismo-kirchnerismo.

Después de esta elección, Juntos por el Cambio deberá definir si se polariza hacia posiciones libertarias, con Milei y Espert en su espacio de cara a 2023, o no. El expresidente Mauricio Macri está promoviendo ese acuerdo, mientras plantea que un próximo gobierno opositor debiera adoptar con urgencia un paquete de reformas promercado desde el primer día: laboral, previsional. Un shock de ajuste. Sin embargo, los discursos de mano dura y defensa a ultranza del capitalismo de libre mercado pueden alejar a otros socios de Juntos por el Cambio y dividir a la oposición. Los números de este domingo servirán para ver si esa polarización tiende hacia los extremos o no.

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El sistema argentino es frenético, con elecciones cada dos años, por lo que a partir de este lunes ya comenzará a haber discusiones sobre la sucesión presidencial. Entonces, habrá que ver si se mantiene la fragmentación actual de cuatro espacios con el Frente de Todos, la izquierda, Juntos por el Cambio y los libertarios. O si la Argentina entra en un proceso de polarización extrema que reduce la oferta a dos discursos opuestos respecto al tamaño del Estado, la inclusión social, la seguridad pública, el pago al FMI, el control de cambios, el control de precios, la propiedad privada, el apoyo a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, entre tantos otros.

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Martín Torino

Martín Torino

Periodista político. Corresponsal en la Casa de Gobierno argentina entre 2016 y 2020. Exredactor de «El Cronista Comercial». Msc Global Politics (Birkbeck, University of London). Actualmente cursa posgrado en Sociología de la Universidad de Bielefeld, Alemania

La paradoja electoral en Nicaragua: ganar para perder

El nuevo acto electoral en Nicaragua no trajo sorpresas. Con gran parte de los opositores presos, el triunfo del matrimonio Ortega es cuestionado dentro y fuera del país. Sin legitimidad el régimen se aísla y debilita aún más.

Por: Elvira Cuadra Lira 10 Nov, 2021
Lectura: 7 min.
Nicaragua. Diálogo Político
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El nuevo acto electoral en Nicaragua no trajo sorpresas. Con gran parte de los opositores presos, el triunfo del matrimonio Ortega es cuestionado dentro y fuera del país. Sin legitimidad, el régimen se aísla y debilita aún más.

Por cuarta vez consecutiva, Daniel Ortega fue declarado ganador de las elecciones presidenciales este domingo 7 de noviembre en Nicaragua. Su esposa Rosario Murillo también fue declarada ganadora de la vicepresidencia, por segunda ocasión. El Consejo Supremo Electoral les atribuyó 75,9 % de votos con el recuento de 93 % de mesas escrutadas y una participación electoral del 65,3 %. Estos resultados supondrían una fiesta cívica, pero han estado señalados de ilegitimidad y falta de credibilidad por la oposición nicaragüense y la comunidad internacional, de manera que, ganando, Ortega en realidad ha sufrido una derrota política. ¿Cómo se explica esta paradoja?

Nicaragua experimenta una profunda crisis sociopolítica desde 2018, cuando emergió una ola de descontento social que ha sido respondida por el Gobierno con una sistemática política de represión que ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos, tales como el asesinato de más de 320 personas, miles de heridos, más de 150.000 exiliados, más de 600 prisioneros políticos en 2018 y alrededor de 150 en la actualidad. Con esta crisis convergen otras dos: la crisis sanitaria por la política gubernamental para enfrentar la pandemia del covid-19 que, en vez de proteger a la población, la ha expuesto a los contagios, los fallecimientos y un bajo nivel de inmunización; y la crisis económica que, combinada con las otras dos, golpea fuertemente a amplios sectores de población con altos índices de pobreza, desempleo, informalidad y encarecimiento de la vida.

En ese complejo escenario, los nicaragüenses identificaron en las elecciones presidenciales una alternativa para cambiar de gobierno y abrir una nueva transición democrática para aliviar la situación del país. Las organizaciones del movimiento social que surgió con las protestas de 2018 y otras fuerzas de la oposición se prepararon para la competencia electoral y para propiciar el cambio, pero esta expectativa chocó con la voluntad de Ortega y Murillo de permanecer en el poder, de manera que, sintiéndose amenazados, decidieron asegurar su victoria con mano dura.

Para lograr su cometido han puesto a funcionar una estrategia de control político utilizando los demás poderes estatales bajo su control. A finales de 2020, la Asamblea Nacional, con mayoría gubernamental, aprobó varias leyes consideradas punitivas que han servido como justificación legal para desatar una vendetta política en contra de candidatos y partidos políticos de la oposición que tenían probabilidades de derrotar a Ortega en las urnas. A siete candidatos, los primeros, los encarceló y les abrió procesos judiciales, mientras que a tres partidos les canceló la personería jurídica para impedirles entrar a la competencia. Desde mayo hasta la fecha, ha apresado y enjuiciado a otras 32 personas, entre las que se cuentan líderes de organizaciones y movimientos sociales, líderes juveniles, periodistas, empresarios, exdiplomáticos, defensores de derechos humanos y exguerrilleros de la época de la Revolución sandinista. También se ha cancelado la personería jurídica de más de 50 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas asociaciones médicas. El propósito de esta escalada de violencia fue eliminar cualquier posibilidad de competencia electoral y descabezar a la oposición para evitar protestas ciudadanas.

Además, Ortega ha silenciado las voces críticas amenazando, intimidando y atacando a medios de comunicación y prensa independiente en el país. Muchos de ellos han sido citados a la Fiscalía para amenazarlos con la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos, entre ellos, el laureado escritor Sergio Ramírez. Varios medios de comunicación han sufrido ataques directos, como el allanamiento y la nueva confiscación a Confidencial y Esta Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, para quien también ordenaron su captura, y el diario La Prensa, cuyo gerente Juan Lorenzo Holmann continúa preso desde el mes de agosto. Analistas políticos y otras fuentes de información también han recibido amenazas e intimidaciones, forzando una nueva ola de exilio de numerosos periodistas, líderes políticos, empresarios privados, defensores de derechos humanos, entre otros.

Para completar el control, en mayo del año en curso se efectuó una reforma de la Ley Electoral que incluyó más restricciones a la participación política; se nombraron nuevos magistrados electorales leales a Ortega, se redujo el período de campaña y se restringió fuertemente la realización de actividades proselitistas. La competencia se redujo a los candidatos oficialistas y cinco partidos con baja credibilidad porque la población los considera colaboracionistas. La campaña electoral adoleció de otras condiciones indispensables para una competencia justa y transparente, entre ellas: un padrón electoral actualizado, observación nacional e internacional, pleno ejercicio de libertades y derechos ciudadanos, y transparencia de los resultados. Ante esta situación, diversas organizaciones de oposición denunciaron la ilegitimidad del proceso y demandaron a la comunidad internacional que no reconociera los resultados.

El 7 de noviembre la prensa reportó poca asistencia de votantes a las mesas electorales desde tempranas horas; la tendencia se mantuvo durante el día y tanto en los medios independientes como en las redes sociales circuló abundante evidencia de la ausencia de votantes, así como la decisión de numerosos empleados públicos que decidieron acudir a las urnas y anular sus votos a pesar de las amenazas que recibieron. Al final de la tarde, simpatizantes gubernamentales intentaron obligar a empleados públicos para que se acercaran a las juntas de votación, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Así, a pesar de los datos oficiales, el organismo Urnas Abiertas reportó un porcentaje de abstención promedio del 81 %. Mientras dentro del país la gente se abstuvo de votar, en diferentes ciudades del mundo los nicaragüenses organizaron marchas y actividades en rechazo a las votaciones. Una de las más concurridas se efectuó en Costa Rica y contó con una amplia cobertura de prensa internacional por la decisión de Ortega de cerrarles las puertas.

Desde antes de iniciar la campaña electoral, Ortega ya enfrentaba un amplio rechazo de la comunidad internacional por la sistemática violación de derechos humanos y su negativa a resolver la crisis sociopolítica del país por medios pacíficos y democráticos. La presión internacional se incrementó gradualmente a medida que se acercaba el momento de las votaciones. En julio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución fuerte. Más recientemente, el Consejo Político de la OEA emitió dos resoluciones similares y el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Renacer, que endurece las sanciones contra el gobierno de Ortega. Luego de que el órgano electoral anunció los resultados, numerosos países han declarado su no reconocimiento y la Secretaría General de la OEA circuló un informe previo a la próxima Asamblea Ordinaria, en el que recomienda la anulación de estos resultados y un nuevo proceso electoral con todas las garantías y verdadera competencia.

Aunque Daniel Ortega y Rosario Murillo permanezcan en sus cargos para un próximo periodo, el futuro inmediato no es halagüeño. El descontento social se ha profundizado; la situación económica del país es crítica y necesita una alternativa de solución pronta; su escasa base política sufre de erosión acelerada y su apoyo descansa fundamentalmente en la fuerza y la represión; el aislamiento y rechazo de la comunidad internacional se incrementarán en los próximos meses, así como las medidas de presión económica. Finalmente, el movimiento cívico y las fuerzas de la oposición han dado muestras de recomposición, conformación de nuevos liderazgos y capacidad de acción. La gran paradoja entonces es que, resultando victorioso, Ortega en realidad ha perdido.

Elvira Cuadra Lira

Elvira Cuadra Lira

Directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Socióloga.

El bitcóin y las otras (peligrosas) apuestas de Bukele

El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo que ofrece un (ambiguo) marco jurídico que convierte a la criptomoneda del bitcóin en moneda de curso legal.

Por: Álvaro Bermúdez-Valle 9 Nov, 2021
Lectura: 9 min.
Bukele y el bitcoin. Diálogo Político
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

«Por favor, mantengan alejada su “democracia” de nuestro país». Con estas palabras, el presidente salvadoreño Nayib Bukele respondía a Juan González, director senior para el hemisferio occidental en la Casa Blanca.

Un día antes, en declaraciones a EFE, González espetaba: «Usar la popularidad para debilitar un sistema democrático lo hemos visto en otras partes de Latinoamérica. Y vamos a trabajar con la comunidad internacional para prevenir que El Salvador se convierta en otra Venezuela».

Que El Salvador se haya convertido en el primer país del mundo que ofrece un (ambiguo) marco jurídico que convierte a la criptomoneda del bitcóin en moneda de curso legal, ha opacado una serie de desafortunados sucesos que han terminado por dinamitar los cimientos del frágil régimen democrático salvadoreño.

El bitcóin se convirtió en la moneda legal a inicios de septiembre. A poco mas de un mes de su implementación, es difícil saber qué significa para el sistema financiero nacional tal apuesta. Lo que sí se sabe es que la mayoría de la población estaba en contra de su uso en vísperas de su implementación. Sin embargo, más de dos millones y medio de salvadoreños —según el presidente— han descargado la billetera digital Chivo Wallet, la mayoría de los cuales lo hicieron con el propósito de monetizar en dólares el bono de USD 30 que el Gobierno daba a cada usuario para promover su uso.

También se sabe que el Gobierno ha destinado USD 200 millones de dólares de fondos públicos para la adopción del bitcóin en el país, sin que se brinde detalles de su uso; y que la aplicación creada (Chivo Wallet) no es una herramienta oficial, sino un servicio privado gestionado por personas de confianza del presidente que, además de ser sumamente invasivo con los datos privados de los ciudadanos, tiene importantes problemas de seguridad.

Además, medios de prensa han revelado que la decisión de implementar el bitcóin es solo el primer paso de una estrategia para digitalizar la economía, un proceso en el que el presidente y su familia tiene intereses privados particulares.

De momento, la vigencia de la criptodivisa como medio de pago no ha representado un cambio sustancial en la dinámica económica del país. La mayor parte de las transacciones se continúan realizando en dólares y muchos ciudadanos se muestran suspicaces ante la posibilidad de un cambio abrupto del circulante.

Sin embargo, con el ruido que causaron las monedas digitales al caer, Bukele compró la atención de la opinión pública internacional logrando, con relativo éxito, distraer de las decisiones con las que los cómplices del Ejecutivo en los demás poderes del Estado sentaban las bases para garantizar la continuidad del Ejecutivo a toda costa.

Las tres apuestas de Bukele son la cooptación, el voto de los salvadoreños en el exterior y, como seguro, la fidelización personalista de las fuerzas armadas.

Así, solo cuatro días antes de que la ley del bitcóin entrara en vigencia, el máximo tribunal constitucional —impuesto por el Ejecutivo de manera arbitraria en mayo pasado—, en contra de la letra y el espíritu de la Constitución vigente, aprobó la reelección inmediata del presidente Bukele, disposición sobre la cual cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de manera pusilánime, se limitaron a señalar que estaban dispuestos a acatar.

En declaraciones a la prensa, un diputado oficialista hacía eco de la aberrante e irrisoria interpretación que hizo la Sala de lo Constitucional, en la que esencialmente señalan que la prohibición no es para el presidente en ejercicio, sino para la persona que ejerció el cargo en el «periodo anterior», entendiendo como tal el que precede al Ejecutivo en curso.

Una semana después de que la ley del bitcóin entrara en vigor, llegó el turno de la Asamblea Legislativa. La bancada oficialista y sus aliados aprobaron la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.Un tercio de la población salvadoreña —más de tres millones de personas— viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Si bien la ley responde a un aspecto importante para la ciudadanía, ha sido señalada de«ambigua y discrecional» por la oposición y otros sectores de la sociedad civil.

La oposición sospecha que ante un creciente descontento ciudadano que amenace una eventual y ya de por sí ilegal reelección, Bukele busque entre los salvadoreños en el exterior los votos suficientes que garanticen su continuidad. Pero sin mecanismos rigurosos que garanticen la transparencia y el proceso electoral en el exterior, se teme que el régimen —que se esfuerza por mantener una fachada democrática—, si también es incapaz de obtener estos votos, simplemente tratará de fabricarlos.

Y es que, a dos años de haberse convertido en presidente, Bukele tiene —por primera vez— razones para dudar del apoyo popular.

El 15 de septiembre, El Salvador conmemoraba el bicentenario de su independencia. Fue un día muy distinto al que se podría haber imaginado un jefe de Estado con marcados rasgos narcisistas. En vez de escuchar su nombre y un coro de vítores a su favor, y a pesar de solicitar una suma millonaria para la celebración, la festividad no solo fue discreta, sino que se vio opacada —para el oficialismo— por multitudinarias marchas en la capital salvadoreña en contra de distintas medidas del Gobierno.

Principalmente, la multitud reclamaba en contra de la introducción arbitraria del bitcóin, de la cuestionable destitución de jueces y magistrados y en contra de las aspiraciones de reelección del autoritario millenial.

Esa noche, durante su discurso frente a los embajadores y las fuerzas armadas, a Bukele se le vio temeroso y presa de los nervios. Parecía que le costaba reconocer las grietas en lo que hasta ahora creía un sólido apoyo popular.

«Lamentablemente son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional […] e incluso financiados […] fueron a luchar contra una dictadura que no existe […] “¡Dictadura!”, dicen. ¿En qué sentido es una dictadura? ¿Por qué ganamos muchos diputados? ¿Por qué los diputados hacen las elecciones de segundo grado que les toca hacer a ellos? […] los que se quieren manifestar sigan manifestándose, este país es libre y respeta la libertad de manifestación, de asociación, de protesta y, también, su derecho al voto. Por tanto, en las próximas elecciones son libres de elegir a otro presidente, otros diputados y otros alcaldes que mejor sienten que les representa; pero ahora el pueblo salvadoreño escogió a los funcionarios que están aquí parados.»

Solo un mes después de aquellas palabras, la oposición convocó otra vez a movilizaciones y dejó en entredicho las palabras del presidente. La prensa denunciaba que, en diferentes puntos del país, controles policiales impedían que ciudadanos se sumaran a las marchas en contra del Ejecutivo y, solo unos días después, los diputados oficialistas aprobaron medidas para prohibir concentraciones de personas, amenazando penar con cárcel a quienes las convoquen. Así, Bukele traicionaba la primera de las garantías ofrecidas.

Mientras que, sobre la segunda de sus aseveraciones (que en las próximas elecciones son libres de elegir a otro presidente), se cierne la incertidumbre.

La manera de hablar manifiesta alienaciones ocultas, ha advertido Fromm. Y quien se ha autodenominado como un instrumento de Dios, el dictador más cool del mundo e, incluso, emperador de El Salvador, busca cada vez con más desesperación fortalecer su ejército, el cual aspira que se convierta en su garantía en el poder.

Como lo hemos venido advirtiendo en Diálogo Político por más de un año, la acción más decisiva —y de la que peligrosamente poco se habla— es la relación clientelar que construye el Ejecutivo con los portadores de armas del país.

Solo un mes después de la aprobación de la ley del bitcóin, a través de redes sociales el presidente avisó que, en el marco de su plan de seguridad (al cual denomina secreto), el Ejército salvadoreño —y no la Policía nacional civil— aumentaría el número de efectivos, duplicándose en los próximos cuatro años. Es decir, el ejército pasaría —según datos brindados por el mismo Bukele— de 20.000 a 40.000 tropas en los próximos cinco años.

El mensaje conlleva una advertencia para los ciudadanos y constituye un peligro manifiesto para la democracia. Lastimosamente, las manifestaciones ciudadanas no han sido suficientes para sacar del poder a los regímenes en Nicaragua y Venezuela, que parecen constituir los «modelos democráticos» del bukelismo. Y, como hemos señalado, cuando Bukele tenga que elegir entre los ciudadanos y los soldados, estos últimos tendrán siempre prioridad para el presidente.

La historia nos ha ensañado que con el tiempo Bukele perderá su apuesta antidemocrática. De momento, es importante el apoyo a los nuevos liderazgos; la discusión pública amplia, tolerante, pedagógica y crítica en todos los medios, tanto en redes sociales y demás medios – incluyendo los digitales – así como fomentar espacios de encuentro ciudadano y, finalmente, procurar organizaciones amplias, incluyentes y coordinadas.

Solo los salvadoreños pueden defender su democracia.

Álvaro Bermúdez-Valle

Álvaro Bermúdez-Valle

Politólogo. Docente e investigador de la Maestría en Política Educativa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Fue responsable del Programa de Personas Desaparecidas del CICR en El Salvador.

Chávez y Trump: dos «auténticos» hijos de la política mediática

Los medios de comunicación son un factor clave en la formación de la opinión pública. Algunos políticos se sirven de ellos para mensajes polarizantes que son replicados y amplificados. ¿Constituye esto una amenaza para la política responsable?

Por: Isaac Nahón Serfaty 8 Nov, 2021
Lectura: 6 min.
Política mediática. Diálogo Político
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Los medios de comunicación son un factor clave en la formación de la opinión pública. Algunos políticos se sirven de ellos para mensajes polarizantes que son replicados y amplificados. ¿Constituye esto una amenaza para la política responsable?

Los populistas, ya se declaren de izquierda o se posicionen a la derecha, explotan en estos tiempos de política altamente mediatizada lo que podríamos llamar la impresión de autenticidad. A muchas personas les resultan atractivos los políticos duros como Hugo Chávez o Donald Trump, porque no tienen filtros, dicen lo que piensan y no se detienen ante las formalidades institucionales de la democracia, pasando sobre ellas cuando les da la gana. Eso es lo que sus seguidores llaman «ser auténticos».

El auténtico Chávez

El fallecido Chávez fue, a su manera, un precursor de esta política de la «autenticidad» que marcaría la pauta en contextos tan distintos como el Brasil de Bolsonaro o la Hungría de Viktor Orbán. Chávez fue un personaje que se sirvió de lo grotesco, del humor (muchas veces, bastante malo), de lo cursi, de lo religioso y de la irreverencia para posicionarse como el salvador de los pobres. En el otro polo del espectro político, Donald Trump siguió la misma línea. También se valió de lo grotesco para conectarse con una buena parte del electorado. Aunque menos inclinado al humor que Chávez, Trump ha sido un personaje que se valió de su picardía (o su viveza, como dirían en Venezuela) para comunicar que él estaba por encima de las reglas y las leyes.

Como Chávez, Trump supo presentar sus fracasos en éxitos. En el caso del militar venezolano, fue la fracasada «gesta» de sus intentos de golpe de Estado en febrero y noviembre de 1992 lo que lo catapultó a la escena pública. Y aunque esos intentos de violentar el orden constitucional dejaron un saldo de muertos, heridos e inestabilidad, Chávez los pudo recuperar como si hubieran sido su heroica saga para salvar a Venezuela.

Desde el lado de la retórica capitalista, Trump creó un relato de un empresario muy exitoso, aunque la realidad indica un récord de quiebras, proyectos faraónicos que se hundieron y promesas incumplidas, como la de la Universidad Trump que se promocionó como un centro de élite para convertir a sus estudiantes en estrellas de los negocios.

Medios cómplices

¿Cómo convirtieron Chávez y Trump sus fracasos en míticas historias de éxitos? Los medios de comunicación contribuyeron mucho para que esto fuera así. Chávez, de forma casi intuitiva, se sirvió de la televisión el mismo día de su fracasada asonada militar el 4 de febrero de 1992, cuando dijo en vivo y directo su famoso «por ahora». Después, ya como presidente, armaría lo que Andrés Cañizález, un investigador venezolano, ha llamado la «presidencia mediática», convirtiendo la gestión de gobierno en un show televisivo.

En el caso de Trump, los medios jugaron un papel incluso mucho más importante en la configuración del mito del héroe empresarial. Fue con el programa The Apprentice al estilo de reality tv que Trump ganó notoriedad pública. Y es difícil pensar que hubiera podido hacer carrera política y llegar a la presidencia de Estados Unidos sin esa plataforma. A partir de allí fue que consolidó la imagen de un empresario duro, presto a decidir sin emoción lo que supuestamente era lo mejor para el negocio. Un hombre «auténtico» que no se detenía ante nadie ni nada.

Paradójicamente, dos políticos como Chávez y Trump, que supuestamente se colocaron en los márgenes del sistema, se aprovecharon de los medios del sistema para afianzar en muchos electores la idea de que ellos eran héroes exitosos que venían a hacer una política auténtica ante la falsedad de los políticos que ellos derrotaron. No hay que olvidar que élites mediáticas venezolanas, incluyendo a los Cisneros (canal de TV Venevisión) y la familia Otero, propietaria del diario El Nacional, apoyaron la candidatura de Chávez creyendo que la podrían controlar para sus propios intereses. Trump, por su lado, fue el niño mimado de la cadena de televisión NBC y aparecía con frecuencia en CNN comentando la actualidad política y económica (este canal de noticias se convertiría después en su enemigo declarado durante su presidencia).

Artificialidad

Pero la gran contradicción de estos dos populistas con inclinaciones autoritarias es que pudieron generar la impresión de ser auténticos a partir de una gran artificialidad, es decir, por la creación de una imagen mediática que sirvió para ocultar o trastocar sus historias de fracasos. Chávez y Trump se sirvieron del sistema de medios para comunicar la impresión de que ellos eran «verdaderos», en un mundo donde la verdad se ha diluido entre las diferentes capas de teorías conspirativas, usos hipernarcisistas de las redes sociales y la relativización de los hechos ante las llamadas narrativas posmodernas.

Como todo sistema de comunicación, las percepciones que generaron Chávez y Trump son el resultado de una dinámica de doble vía. Si ellos pudieron posicionarse como auténticos es porque la gente que los siguió tenía la necesidad de creer que estos políticos representaban verdades que no encontraban en otros líderes. El público también vive inmerso en una red de artificialidad, de representaciones idealizadas de los famosos, de decepciones ante promesas incumplidas de otros políticos, de prejuicios y de falsas informaciones. Chávez y Trump, con sus discursos sin tapujos, fueron percibidos, por efecto de contraste, como personajes que decían verdades que nadie se atrevía a decir. Incluso, sus expresiones vulgares (los ejemplos de Chávez y de Trump sobran) confirmaban en sus seguidores la impresión de «autenticidad», pues decían lo que pensaban sin tomar en cuenta las formalidades sociales o morales.

El estilo «auténtico» de estos dos personajes sigue marcando la pauta en varios países. Basta ver al «auténtico» Pedro Castillo, presidente del Perú, o la popularidad que ha ganado el populista de derechas Éric Zemmour en Francia. Y no se puede descartar que Trump vuelva al ruedo electoral en 2024, especialmente por contraste con un Joe Biden que es percibido por muchos como débil y falto de decisión. El «auténtico» chabacano Trump podría ganar por contraste ante un presidente demócrata demasiado «artificial» para ciertos electores.

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Isaac Nahón Serfaty

Isaac Nahón Serfaty

Doctor en Comunicación. Profesor en la Universidad de Ottawa, Canadá

Política exterior alemana: hacer lo correcto

La Unión Europea, los vecinos europeos más cercanos, la relación transatlántica y la OTAN, el multilateralismo. Prioridades de la política exterior alemana.

Por: Frank Priess 5 Nov, 2021
Lectura: 19 min.
Bundestag alemán
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El nuevo gobierno federal alemán debe cerrar la brecha entre las aspiraciones y la realidad.

Tras el final de una era —al menos así es como muchas valoraciones internacionales perciben, por ahora, los 16 años de la canciller Angela Merkel—, vale la pena realizar un inventario moderado. ¿Alemania y Europa se encuentran hoy mejor que en 2005? ¿Es mayor su influencia, ha aumentado su espacio de acción? En un mundo cambiante, ¿es el modelo alemán más elástico o resiliente, como se suele decir ahora? ¿En qué estado se encuentran los dos pilares tradicionales de la política exterior alemana, la Unión Europea y la relación transatlántica? ¿Y qué se puede decir en cuanto al peso de Occidente en el mundo? Las respuestas a estas preguntas señalan el camino de cara a los desafíos futuros que le esperan al gobierno federal, en especial en lo relativo a su acción hacia el exterior.

Desafíos futuros

Una conclusión medida, aunque crítica, no buscará asignar responsabilidades exclusivas desprendidas de la forma de abordar el rosario de crisis que configuraron dicha era: la crisis bancaria y financiera en los Estados Unidos, los países deudores y la crisis del euro, la crisis de los refugiados, el covid-19. Sin duda, podemos hablar de 16 años de bonanza para Alemania y, al mismo tiempo, preguntarnos si el país se ha equipado adecuadamente para los desafíos futuros.

La era se abrió con el intento norteamericano de «construir Estados nación en el extranjero» por parte del gobierno de George W. Bush —visto desde Alemania con ojos críticos ya en su momento—, y concluye con la rivalidad inédita entre las grandes potencias y el nuevo gigante chino, con unos Estados Unidos desconcertados después de cuatro años de Donald Trump y con el arduo intento de una Unión Europea, sumamente estresada, por recuperar una confianza de la que carece incluso dentro de su propio territorio y cuyo valor se diluye en el ámbito global.

Es probable que, en los próximos años, una de las principales tareas de la política exterior y de seguridad alemana consista en cerrar la enorme brecha entre el deseo y la realidad. Más aún, realizar esto mismo dentro del ámbito de la Unión Europea. Una potencia mundial, en términos morales, sin una voluntad y capacidad políticas corre el riesgo de convertirse en el hazmerreír de todo el mundo, y a la que nadie toma en cuenta. Y es que nuestro problema no es la ausencia de análisis o documentos estratégicos sesudos.

Política exterior alemana

La política exterior alemana —así como la de la UE— es muy exitosa a la hora de formular grandes reclamos. Desde hace muchos años ya el Ministerio de Exteriores y los presidentes federales han expresado que la capacidad de hacer política internacional conlleva asumir mayores responsabilidades. Pero, ¿y la realidad? Alemania y la UE han tenido que observar, impotentes, cómo en todas partes se tomaban acciones sin su participación. Violando el derecho internacional, Rusia se anexionó Crimea, desestabilizó Ucrania y expandió su propia influencia mediante «conflictos congelados». En cuanto a los vecinos próximos, Siria se hundió en el caos bélico, Libia se convirtió en un Estado fallido, y en ambos países potencias como Turquía o Rusia establecieron de facto su presencia militar, mientras la Unión Europea intentaba, de alguna forma, hacer frente a las oleadas de refugiados y se convencía a sí misma de que su tiempo estaba por llegar, así sólo se le requiriese a la hora de la reconstrucción. Incluso las acciones de países cercanos, de tamaño medio y con gobiernos dictatoriales, como Bielorrusia, no encontraron respuesta alguna, cuando su dirigente decidió transportar refugiados de Irak a las fronteras con Lituania y Polonia. China y Estados Unidos están trabados en un conflicto inédito entre grandes potencias y los europeos deberían guardarse de quedar atrapados entremedio y convertirse en víctimas de sanciones extraterritoriales de ambos contrincantes, en vez de poder desempeñar un papel autónomo. Al deseo de una mayor soberanía estratégica, le siguen apenas acciones concretas: la política de seguridad depende totalmente de Estados Unidos —cuyos intereses no siempre son congruentes con los de los europeos—, mientras que en el ámbito tecnológico Europa va a la retaguardia. El ignominioso final del compromiso de dos décadas con Afganistán ha vuelto a dejar en claro, como si se mirara bajo una lupa, la magnitud de los problemas y ha alimentado la narrativa de la abdicación de Occidente a pesar de toda retórica.

Seguridad

Como una novedad, la CDU había colocado la política exterior y de seguridad en lo más alto de su programa electoral. Sin embargo, durante la campaña las cuestiones allí planteadas brillaron por su ausencia. Ello es también parte del problema. Durante años, encuestas relevantes han indicado que las y los ciudadanos alemanes desean un mayor compromiso internacional de Alemania, pero en cuanto este se concreta y solidifica, más allá de la ayuda humanitaria, menos disposición parece existir. Después de todo, la misión en Afganistán no pudo justificarse en términos militares, sino que necesitó de una narrativa presentada en términos de política de desarrollo destinada a escolarizar a las niñas. ¿Debido a una sensación de peligro por parte de Rusia o de China? En todo caso inexistente. Por ello es que resulta difícil conseguir un aumento razonable en el presupuesto de defensa y presionar para que se cumplan los compromisos alemanes dentro de la OTAN. ¿Proyectos armamentísticos conjuntos con Europa para salvaguardar las capacidades tecnológicas o bien para desarrollarlas desde la raíz? Con mucho gusto, pero no para su exportación, lo que hace que, para muchos, Alemania sea poco atractiva como socio. ¿Un ejército europeo? Quizás, pero más como una hermosa visión que aparta la mirada de la triste realidad, en la cual nuestras fuerzas armadas y los grupos en conflicto desde hace años no pueden y sobre todo no quieren llevar nada a cabo. Otros toman acciones con esfuerzos y riesgos manejables, mientras que, entre nosotros, la cuestión de armar drones casi lleva a la coalición gobernante al borde de su viabilidad. Y es poco probable que ello resulte más sencillo para la nueva formación de coaliciones.

Nos resta, entonces, el poder económico con el que podríamos ganar puntos. A éste, sin embargo, lo sostienen pilares cada vez más inestables: la competitividad no va exactamente en aumento, los problemas demográficos son apremiantes y los costos también se disparan como resultado de decisiones climáticas motivadas ideológicamente. Al mismo tiempo, el rechazo al libre comercio —ni siquiera se ha ratificado el acuerdo con Canadá, el acuerdo con Mercosur se tambalea y uno con Estados Unidos es incluso difícil de imaginar en la actualidad— obstaculiza la estabilización de mercados importantes y la influencia sobre el diseño de sus normas y estándares. Al mismo tiempo, otros países comprenden mucho mejor cómo traducir la influencia económica en política. Basta mirar la participación de China en África y América Latina, continentes en los que, al menos de inicio, Europa llevaba ventaja. Así pues, si nuestro modelo económico ya no luce de manera tan impresionante, será cada vez más difícil, a su vez, abrirse camino mediante nuestros valores. En las Naciones Unidas y en las decisiones de su Consejo de Derechos Humanos, es fácil ver cómo los modelos autoritarios son más populares.

Implementación

Si se quiere hacer frente a las carencias antes mencionadas, no se tiene que empezar de cero. Se han formulado muchas estrategias y prioridades, pero para algunos suenan casi huecas. Una nueva palabra clave: ¡déficit de implementación!

Por supuesto —y es aquí donde debe estar el foco de cualquier gobierno federal— que es necesaria una Unión Europea fuerte y con capacidad de acción. Si en el futuro se quiere desempeñar un papel y se desea ser escuchado en el concierto global, ningún país europeo puede hacerlo a solas. Es importante cimentar las grietas, no dejar que las rupturas se hagan más profundas, acercar las agendas de los europeos del centro, oeste y sur del continente. Eso implica un compromiso alemán sólido con los intereses de seguridad de los países bálticos y de Polonia, así como la asunción de cargas en el marco de la OTAN que los Estados Unidos sólo quieren soportar de forma limitada, incluso si su escudo de protección nuclear sigue siendo insustituible. No menos importante —en lo que respecta al sur y el sureste—, ello también significa encontrar las respuestas frente a la presión migratoria, a la que están expuestos dichos Estados en particular, ya sea por mar o por tierra. Este tema no ha perdido un ápice de su importancia, incluso si en los tiempos actuales ha desaparecido parcialmente de los titulares.

Para Alemania, ello ha significado tradicionalmente asumir un papel activo de mediador, en vez de uno que toma partido. Al mismo tiempo, eso no será factible sin reformas estructurales: el principio de unanimidad dota con el poder de veto a países individuales con intereses particulares, lo que deriva en un costo para la capacidad de acción, ofreciendo a actores externos enormes oportunidades de influencia y sometiendo al resto al chantaje. La alternativa descansa en coaliciones de voluntarios que avancen con valentía. Se necesitan proyectos conjuntos atractivos en todas aquellas áreas de las que nadie se quiera ver excluido. El campo de las tecnologías clave y del mundo de los datos es central, en especial, porque Europa está amenazada por el riesgo de perder competitividad y quedarse atrás internacionalmente.

Estabilización de los vecinos

El segundo punto en importancia para Alemania y Europa debe ser un interés inmediato en la estabilización de sus vecinos al oriente y al sur. El interés en los Estados de los Balcanes occidentales y en Ucrania podría manifestarse a través de un mayor compromiso. El trato indiferente hacia Georgia y hacia la región al sur del Cáucaso merecen también ser vistos con nuevos ojos, lo que no resulta ser una empresa fácil en vista de las diferencias explícitas al interior de la UE, pero en la que Alemania debe desempeñar un papel de liderazgo.

Las ofertas, en particular aquellas de integración económica, hacia los países al sur del Mediterráneo permanecen muy por detrás de lo que sería necesario y esperado y de lo que estaría también en el interés de Alemania. Esto incluye, en particular, perspectivas para las nuevas generaciones en lo que respecta a la formación y creación de empleo, regiones en las que no se desea correr el riesgo de una mayor desestabilización y radicalización, cuyas consecuencias Europa sufriría directamente. Lo mismo vale —y aun en mayor medida— para el polvorín que es Medio Oriente, con la amenazante competencia entre los poderes regionales, con procesos de desestabilización en países que antes se consideraban modélicos —como Líbano—, con el peligro de proliferación del sector nuclear y, por último y no menos importante, con el problema aún sin resolver del terrorismo de motivación islamista, el cual desde hace mucho tiempo ha pasado a ser un fenómeno mundial. Y en medio de todo esto Israel, cuyo derecho a existir, según lo ha dicho la canciller, es una de las razones de Estado de la República Federal de Alemania. Turquía, mientras tanto, sigue siendo un país clave. Gracias a la minoría turca en su propio país, Alemania cuenta con los mejores prerrequisitos, y el mayor interés, para contribuir a que Turquía estreche lazos con Europa y su contribución a la UE, y para reconstruir los puentes, incluso en las situaciones más complejas.

Rusia

Con Rusia la situación es hoy más difícil. Desde el famoso discurso conciliatorio del presidente Putin en el Parlamento alemán en 2001 hasta ahora, la relación ha venido deteriorándose paulatinamente y, en la actualidad, existen muy pocos puntos de partida para una mejoría real de las relaciones. Si bien existe una gran necesidad de un control armamentístico creíble, al mismo tiempo, Europa apenas cumple un papel en todo ello. El socio negociador de Rusia, quien a pesar de todo se adhiere a la idea tradicional de potencia mundial y soberana, y, por lo tanto, apenas percibe a la UE como un igual, es en este aspecto Estados Unidos. El nuevo gobierno federal debe ejecutar un acto de equilibrio al interior mismo de la UE, y hacia la cual Rusia no se permite nunca tener un trato especial: no rendir sus propios valores y aliarse con la sociedad civil democrática en Rusia, al mismo tiempo que trabaja de forma pragmática en un compromiso con dicho importante vecino, en el cual dicten los intereses comunes. La participación del SPD y Los Verdes en el gobierno de coalición promete debates interesantes en tal sentido.

La base para que suceda esto mismo, pero también para que los intereses de Alemania y Europa sean percibidos globalmente, depende —y aquí llegamos al tercer punto central— de una estrecha relación transatlántica con Estados Unidos. Los años del gobierno de Trump causaron un daño a la confianza que no será fácil de reconstruir, en especial, cuando la nueva administración parece seguir los pasos del «America primero», del «consume productos americanos» y de un unilateralismo descoordinado en decisiones como Afganistán. El eje angloamericano establecido con Australia y Reino Unido (AUKUS) tampoco ha fomentado la confianza que digamos. No obstante, queda claro que Europa debe seguir mostrándose relevante para los Estados Unidos si es que desea seguir beneficiándose de aquellas garantías de seguridad indispensables que Europa, siendo realistas, no puede reemplazar.

Tratado de libre comercio

Desde un punto de vista económico, lo siguiente es evidente: un acuerdo de libre comercio debería ser una prioridad central, y el ya establecido «Consejo Europeo-Americano de Comercio y Tecnología» para la coordinación tecnológica va en la dirección correcta, a la que deberían seguir acciones concretas para la reforma de la OMC. Incluso si el enfoque norteamericano dentro del ámbito indopacífico llegase a cambiar. Mas ello sólo será posible, sobre todo, si Alemania asume más responsabilidades y cargas en la esfera de sus relaciones más cercanas: el flanco oriental en la OTAN, África del Norte, Medio Oriente y su contribución general dentro de la OTAN. Y esta debería ser la parte más sencilla de los problemas para Europa y Alemania. Por otro lado, parece ser que los Estados Unidos ven con más frecuencia su relación hacia Europa en función de su relación con China, y esperan que Europa tome partido sin chistar. Y, justo aquí, Alemania tiene un problema en vista de su considerable situación de dependencia hacia China. Además, todavía está por verse si China está lista para aceptar la pulcra compartimentación europea, a quien, simultáneamente, le gustaría ser vista como socio, competidor y rival sistémico y, si hace falta, tener acceso a las partes internas de la maquinaria. También en el propio país, a muchos les resulta difícil contestar con términos como un nuevo conflicto entre sistemas, al margen de socios en Asia, África y América Latina. No se necesita mucha imaginación para identificar aquí otro gran proyecto de colaboración para el nuevo gobierno federal.

Con todo, es un hecho que democracias como la alemana enfrentan un desafío internacional y que actores como Rusia y China están tratando de ejercer su influencia incluso dentro de nuestro país y de la UE. Se requieren estrategias para defenderse de los ciberataques y las campañas de desinformación que atentan y dañan permanentemente la esencia de las democracias y la confianza en la que se basa su funcionamiento. Al mismo tiempo, la promoción de la democracia y el apoyo a los actores de la sociedad civil sigue siendo una tarea de cualquier gobierno que se tome en serio sus propios valores. De cualquier nuevo gobierno se esperaría la continuidad de una política internacional comprometida con los derechos humanos.

Alianza multilateral

En cualquier caso —aquí se pueden establecer vínculos con lo ya vigente—, una alianza multilateral es una buena idea si busca socios que, como Alemania, favorezcan un orden internacional basado en reglas y guiado por ciertos valores y que busquen cualquier cosa menos un nuevo concierto de grandes potencias, donde de facto solo estas tienen la palabra. Con todo, este melodioso concepto por sí mismo no marcará la diferencia, como tampoco sucede con las numerosas asociaciones estratégicas alemanas, en las que uno se pregunta qué es lo que hay de realmente estratégico en ellas. Aun así, es probable que dicho término sea más útil que rescatar la idea de Occidente y explicar en dónde estriba lo occidental en países como Japón o la India. Estas dos naciones pertenecen, empero, al círculo de países con los que se debería buscar una alianza cercana en el ámbito de los organismos internacionales, como también lo son Australia, Nueva Zelanda y Canadá, e incluso Gran Bretaña, que a pesar del brexit desea seguir vinculado con Alemania y la UE lo más estrechamente posible. En todos estos casos, y más allá de la famosa referencia al soft power de Europa, es particularmente importante que este vaya acompañado de una expansión decidida de oportunidades de vinculación, desde los intercambios de la DAAD, pasando por plataformas como el Instituto Goethe, hasta el apoyo de medios de comunicación como la Deutsche Welle. En tal sentido, una potencia económica como Alemania aún se muestra demasiado tímida. También en Latinoamérica existen muchos países que están histórica y culturalmente vinculados con Europa, pero que reciben muy poca atención de este lado y, a su vez, hacen muy poco por reclamar esa atención por sí mismos. Justo los grandes jugadores como México y Brasil —de hecho, socios naturales— se encuentran encasillados muy por debajo de su categoría y peso, y países como Colombia y Chile —con su ambición de ser parte de la OCDE— ofrecen puntos de partida esperanzadores cuando, a pesar de las experiencias saturadas de decepciones, se rehúsan a cancelar el Mercosur todavía.

La Unión Europea, los vecinos europeos más cercanos, la relación transatlántica y la OTAN, el multilateralismo. En cada una de estas prioridades se pueden echar de menos ciertas ausencias si se detienen los ojos en ellas. En primer lugar, pensemos en el continente africano, cuya importancia para Alemania y Europa está fuera de toda duda, y no solo desde el punto de vista de la migración y el combate contra sus causas. Estos aspectos también se pueden encontrar en Asia Central y Asia del Sur como lo muestran las estadísticas de migración actuales. Con su joven población y su enorme crecimiento demográfico, sus metrópolis en auge, su riqueza de materias primas, sus múltiples destellos de esperanza democrática, con sus más de 50 votos en los organismos internacionales, pero también con sus innumerables conflictos, África es de particular importancia para Alemania. Con todo, el compromiso sigue siendo manejable, más allá del enfoque en las políticas de desarrollo y a pesar de que antiguos patrones, como Inglaterra y Francia, siguen usando su ventaja inicial, perpetuando la carga colonial. En tal sentido, Alemania y sus esfuerzos de revisión han marcado un camino a seguir.

Cuestiones globales

Sigue habiendo cuestiones estructurales que surgen cada cuatro años con gran regularidad y, en última instancia, rara vez conducen a reformas importantes del aparato gubernamental. ¿Necesitamos un Ministerio de Desarrollo independiente? Se lo preguntan ahora mismo voces importantes. ¿Sería mejor solución optar por una relación más cercana con el Ministerio de Relaciones Exteriores o, por el contrario, una que aborde específicamente el comercio exterior? ¿Sería de hecho una solución novedosa aquella que vinculase al Ministerio de Desarrollo y al de Medio Ambiente con cuestiones globales, tal vez incluso con cuestiones agrícolas? La imaginación no tiene límites, ni tampoco los comentarios interesados. Sin embargo, es de suponer que ninguna de estas soluciones resolvería el problema del pensamiento compartimentado, sobre todo, porque existen otros ministerios internacionales en camino, sin mencionar a los que ya existen a nivel europeo. Queda por ver si un Consejo de Seguridad Federal puede resolver la situación y si tiene siquiera alguna opción de existir. El deseo de un relacionamiento con el exterior de una sola pieza seguirá siendo una aspiración piadosa. De ello, al menos, ya podemos estar seguros.

Traducción: Juan Carlos Gordillo

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Frank Priess

Frank Priess

Ex director adjunto del área internacional de la Fundación Konrad Adenauer. Analista político.

América Latina: Cinco elecciones en un mes

En noviembre de 2021 cinco países de América Latina tendrán elecciones. Tres con comicios competitivos y dos bajo un contexto de autoritarismo. Así, algunas serán elecciones; otras, votaciones.

Lectura: 9 min.
Elecciones en América Latina
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

En noviembre de 2021 cinco países de la región acudirán a las urnas: tres con comicios competitivos y dos bajo un contexto de autoritarismo. Así, algunas serán elecciones; otras, votaciones.

Solamente en noviembre del 2021, América Latina tendrá cinco procesos electorales, en contextos que difieren muchísimo uno del otro. Sus resultados marcarán el paso al camino político que tomará la región en conjunto. Nicaragua tendrá elecciones generales, Argentina legislativas de mitad de período, Chile presidenciales, Venezuela regionales y Honduras generales. Sin embargo, dos de estas convocatorias, la nicaragüense y la venezolana, cuentan con procesos minados de críticas de instituciones internacionales, que dan cabida a un enorme escepticismo sobre si los resultados derivarán en el corto o mediano plazo en un cambio de estrategia en los sectores oficialistas y las organizaciones opositoras.

De tal manera, esta agenda electoral tendrá oportunidad de traer renovación en algunos lugares mientras que en otros esperamos acudir a una ratificación del régimen existente. Latinoamérica no deja de tener importancia estratégica en el concierto geopolítico. La región que más valores comunes comparte con las democracias occidentales es hoy pista de aterrizaje de diversos proyectos de inversión de potencias no democráticas —China y Rusia a la vanguardia— que, política mediante, han puesto este vecindario dentro de sus prioridades de expansión y de exportación de su modelo, que rechaza la alternabilidad y la división de poderes. Por ello, mirar con atención los procesos electorales en América Latina reviste relevancia para quienes apostamos por el fortalecimiento de las democracias y de los partidos políticos y por la convivencia plural.

Nicaragua (generales): domingo 7 de noviembre

El domingo 7 de noviembre los nicaragüenses han sido convocados a votar en unas presidenciales intensamente criticadas. En los comicios se votarán 92 diputados nacionales, 70 que serán miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 del Parlamento Centroamericano. Es una elección (o, mejor, una votación) de ratificación, no de renovación del Gobierno, porque esta opción ha sido anulada desde el principio. La alternabilidad no está presente en el panorama electoral porque la oposición fue proscrita mediante sucesivos arrestos a los candidatos, ordenados desde el despacho del presidente actual, Daniel Ortega. De igual manera, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ha retirado la personería jurídica a varios partidos muy críticos con el Gobierno. A criterio del investigador Armando Chaguaceda, «en el ámbito internacional posiblemente se aumente en el corto plazo la presión sobre el régimen de Ortega, pero no tan decisiva como para generar algún cambio en este sistema decidido a mantenerse». En este contexto, y a una semana de la jornada electoral, Facebook e Instagram eliminaron una enorme granja de trolls alimentada desde el Estado nicaragüense para apoyar su campaña y desprestigiar a la oposición.

Argentina (legislativas): domingo 14 de noviembre

Luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2021 —en las que el gobierno del peronista presidente Alberto Fernández y su coalición Frente de Todos sufrieron una derrota notable en la mayoría de los distritos y hubo un repunte en el territorio de Juntos por el Cambio (antes Cambiemos)—, el sector oficial ha tenido que afrontar diversas crisis. Entre estas, la renuncia de varios ministros y divergencias dentro del Partido Justicialista. Tras una reconfiguración del gabinete y un relanzamiento de la gestión, el panorama luce incierto y poco alentador para el oficialismo. La aprobación presidencial no ha mejorado. Abundan críticas, como las referidas a las dificultades de acceso a la información pública. Una incógnita para las próximas legislativas está en el desempeño que pueda tener el sector del libertario-derechista Javier Milei, quien irrumpió a la esfera política con fuerza en las PASO, con un discurso antiestablishment.

Argentina vive un clima socioeconómico delicado: 50 % de su población está en condiciones de pobreza y hay pocas expectativas de un repunte económico en el horizonte. El descontento ciudadano con la práctica política emanada desde los partidos tradicionales quedó evidente en las PASO. Esta elección legislativa, como toda prueba a mitad del camino, será determinante para el futuro del gobierno de Fernández y de la alternativa opositora.

Chile (generales): domingo 21 de noviembre

En estos comicios generales, Chile elegirá un nuevo presidente o presidenta, 155 escaños en la Camara de Dioutados y 27 de 50 senadores. La elección se celebrará en medio de un clima político enrarecido. Los tumultos durante las protestas por el segundo aniversario del estallido social, este 18 de octubre, han demostrado que las fantasmas de la violencia no han desaparecido del todo de las calles. Según las encuestas, este escenario parece favorecer a la candidatura del derechista José Antonio Kast, a quien analistas por mucho tiempo habían considerado demasiado extremo para realmente tener una opción de triunfo en los comicios. Todo indica que su contrincante en la segunda vuelta en diciembre será el izquierdista Gabriel Boric, cuya candidatura enarbola mucho de los movimientos sociales detrás del estallido social y cuya coalición incluye fuerzas de extrema izquierda que contrarrestan la imagen conciliadora y dialogante que cultiva el joven candidato.

La creciente polarización entre Boric y Kast, quienes no forman parte de los colectivos políticos chilenos tradicionales, han dejado en el camino a los candidatos de los bloques tradicionales, los remanentes de la ex-Concertación y la ex-Alianza por Chile, quienes esperan dar la sorpresa con la candidata demócrata cristiana Yasna Provoste y el independiente Sebastián Sichel, ambos lejos de Kast y Boric en las encuestas.

La elección cobra especial relevancia en el contexto de la Convención Constitucional, dominada por fuerzas de izquierda, que está en proceso de elaboración de una nueva carta magna y que se vió involucrada en varias polémicas. El nuevo Congreso tendrá que coexistir con esta inédita Convención, y ello traerá consigo incertidumbres institucionales.

Venezuela (regionales/municipales): domingo 21 de noviembre

El país acude a unos controvertidos comicios, que han despertado más incógnitas y escepticismo que certezas. Hace pocos meses, la oposición democrática al régimen de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), congregada en la coalición Unidad Democrática, definió asistir a la convocatoria. Ello ocurrió tras una renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se incorporaron dos (de los cinco) rectores no afines al oficialismo. La entrada de dirigentes opositores a la arena electoral territorial incrementó la cantidad de opciones en el tablero y estimuló las movilizaciones políticas en regiones y municipios, dentro de un difícil contexto de pandemia y un débil plan de vacunación. Sin embargo, las 24 gobernaciones y las 335 alcaldías en juego, de las cuales la oposición hoy posee 4 y 30 respectivamente, cuentan con una baja capacidad de autonomía para la gestión gubernamental, toda vez que han sido vaciadas de atribuciones y recursos durante los 22 años que lleva el régimen chavista en el poder. De tal manera que la pugna no es por los espacios locales sino por ganarle terreno al PSUV. No obstante, algunos hechos recientes como el nombramiento de la anterior presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien dirigió el ente durante 12 años de gobierno chavista, como ministra de Educación Universitaria, en plena campaña electoral, solo puede alimentar las dudas.

En años anteriores, los partidos opositores fueron proscritos en un proceso ajeno a la legalidad, y su vuelta estuvo condicionada a que la conducción la llevaran otros dirigentes partidarios cuyas posturas han sido más favorables al Gobierno de Maduro. La historia dice que los autoritarismos pueden ceder espacios y permitir características propias del régimen democrático como las elecciones, siempre y cuando estas no supongan un riesgo para el poder nacional. La veracidad de los resultados es el aspecto central a relevar, y solo se podrá saber una vez que haya concluido el domingo electoral.

Por primera vez en 15 años, una delegación de la Unión Europea se hará presente para realizar observación electoral en el país. Es un indicador de que el mundo está observando.

Honduras (generales): domingo 28 de noviembre

La democracia hondureña tiene la prueba de renovar sus autoridades políticas en una elección general que comprende al presidente —en sustitución del actual mandatario Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional—, la totalidad del Congreso (128 diputados), los 20 representantes del país al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes y vicealcaldes, principales autoridades del nivel municipal de gobierno. La batalla presidencial se librará entre el oficialista Nasry Asfura y Xiomara Castro, la esposa del expresidente izquierdista Manuel Zelaya.

El desafío más importante será lograr el reconocimiento general de los resultados, ante una débil institucionalidad electoral y el avance del desprestigio de la actividad política. A esa consigna se han sumado representantes de organismos multilaterales en el país, como la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que llamó a respetar los resultados ante el tenso clima político.

Regímenes no democráticos a las urnas

Si bien aún falta en el camino por recorrer en la construcción y consolidación de las democracias latinoamericanas, la situación actual amerita una reflexión sistémica sobre la gravedad de la naturaleza de los regímenes autoritarios hegemónicos que convocan una votación —no una elección—, para ratificar su existencia y demostrar algún atisbo de democracia aun cuando éste sea en un contexto de total cooptación de las instituciones. Será particularmente importante la reacción de Occidente ante estos acontecimientos electorales. Otros poderes con intereses en la región, como la dictadura china y el régimen ruso, no tienen interés en elecciones democráticas y posiblemente ayudarían a fuerzas políticas ajenas a sus intereses geopolíticos.

Lo cierto es que no solamente América Latina mirará con mucha atención las lecciones que dejará el noviembre electoral en la región. Y este solo será un preludio de tres elecciones cruciales que vendrán en tres países democráticos de la región en el próximo año: Costa Rica, Colombia y Brasil. Latinoamérica, una vez más, está en movimiento. Con más incertidumbres que certezas.

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Sebastian Grundberger

Sebastian Grundberger

Coordinador de los países andinos en la Fundación Konrad Adenauer.

Ángel Arellano

Ángel Arellano

Doctor en ciencia política, magíster en estudios políticos y periodista. Profesor de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de Las Américas de Ecuador. Coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, y editor de Diálogo Político.

Nuevo capítulo del conflicto en Colombia: cinco años del acuerdo de paz con las FARC

El conflicto en Colombia, relacionado con masacres y desplazamiento, ha recrudecido en algunas zonas del país.

Por: Ana María Saavedra 3 Nov, 2021
Lectura: 8 min.
La paz en Colombia. Diálogo Político
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El conflicto, relacionado con masacres y desplazamiento, ha recrudecido en algunas zonas del país, pero no se trata de una guerra como la de años atrás, sino de disputas territoriales muy localizadas de grupos armados que se han multiplicado.

«Diez muertos y 400 desplazados dejan enfrentamientos en Argelia, Cauca»; «Denuncian masacre en Cumbitara, Nariño»; «Nueva masacre en Antioquia: asesinaron a cuatro jóvenes cantantes de rap»; «Ataque a patrulla militar en Turbo, Antioquia, deja tres soldados muertos». Estos son titulares en los que medios de comunicación reportan hechos de violencia ocurridos en octubre de 2021.

A cinco años

A punto de cumplirse cinco años de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en el teatro Colón de Bogotá, el conflicto en Colombia parece haber recrudecido y alcanzado cifras iguales o mayores a las registradas antes de la firma o, incluso, antes del proceso de paz. El 30 de septiembre pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó el acuerdo pero advirtió acerca de «los enormes desafíos y factores de riesgo» a los que se enfrenta la consolidación de dicho proceso a largo plazo, principalmente focalizado en la violencia y especialmente en territorios indígenas y afrocolombianos.

En las cifras dadas por Guterres resalta el asesinato de 292 excombatientes de las FARC desde la firma del acuerdo. «La continua violencia también provocó desplazamientos masivos y confinamientos, en especial, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño, afectando particularmente a comunidades indígenas y afrocolombianas», se indicó en el comunicado de la ONU.

En 2021 la violencia en el país ha aumentado. Según las cifras del Ministerio de Defensa que aparecen en las siguientes tablas, el homicidio ha aumentado entre enero y agosto pasado con respecto a los años anteriores, rompiendo una tendencia a la baja que venía desde más de una década.

En cuanto a las masacres, de las que también llamaron la atención Guterres y otros organismos internacionales, estas empezaron a aumentar en 2019. Y en 2021, hasta agosto, el Gobierno nacional contabilizó 23, un número que no se registraba desde 2011.

Las cifras del Gobierno son diferentes a las que manejan organizaciones de derechos humanos como Indepaz, que contabiliza 77 masacres con 279 víctimas en 2021; una diferencia que se debe a que esta organización habla de masacre a partir de tres personas asesinadas en un mismo hecho, mientras el Ministerio habla de homicidio colectivos a partir de cuatro personas.

A pesar de la diferencia en la forma de contar los hechos, la realidad evidencia en ambos casos cifras preocupantes, en las que se mezclan un deterioro en la seguridad ciudadana, relacionado con dinámicas locales de las economías ilegales como el negocio del gota a gota (un tipo de préstamo) y el tráfico de estupefacientes; pandillas y reacomodo de bandas delincuenciales, y unas disputas por el narcotráfico, minería ilegal y el control de territorios por grupos armados organizados: disidencias de las FARC, antiguas bandas criminales (reductos de grupos posdesmovilización de paramilitares o de ejércitos del narcotráfico), ELN y EPL.

¿Un nuevo conflicto o el mismo del siglo pasado?

En el informe Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución, de la Fundación Conflict Responses (CORE), se explica que «en todos los países que han pasado por procesos de paz es normal que persista la violencia. Colombia no ha sido la excepción y uno de los principales retos es la evolución de los grupos disidentes de las antiguas FARC-EP. Hoy, después de cinco años, hay 30 estructuras disidentes, cuando el 10 de junio de 2016 el Frente Primero Armando Ríos, de Guaviare, anunció que no se acogería al acuerdo de paz al considerar que solo buscaba «el desarme y desmovilización y no la solución de los problemas del país».

Pero desde antes del acuerdo era claro que uno de los riesgos del posconflicto incluía las bandas criminales (Clan del Golfo, Rastrojos, Caparros, Águilas Negras, La Constru, entre otras), con grupos de milicianos y de bandas delincuenciales al servicio de las FARC, que no estaban incluidas en el proceso de desmovilización, sumado a integrantes de esta guerrilla que no se desmovilizaron o que se rearmaron tras el acuerdo.

Estos grupos, como lo explica Juanita Vélez, cofundadora de CORE, no tienen un control de todo el país, sino que están focalizados. «No hay un regreso de la guerra como se conocía con las FARC, con su estructura de mando y control de varias zonas en toda Colombia, sino conflictos muy localizados que no tienen el alcance nacional de antes», explica.

Un análisis publicado en la BBC, titulado «Colombia: quiénes son y cuánto poder tienen los grupos que se resisten a la paz», explica así la situación actual: «La violencia en Colombia, entonces, se transformó: se fragmentó y concentró en regiones donde las cifras de homicidios sobrepasan a las de los países más violentos del mundo. Y surgieron múltiples grupos, desarticulados y heterogéneos, que intentan usar los símbolos y lenguajes del pasado para justificar su único interés actual: lucrarse de las economías ilegales».

Focos del conflicto en Colombia

La Fundación Indepaz publicó recientemente el informe «Los focos del conflicto en Colombia», en el que se explicó que «no es comparable la situación actual con la de las FARC-EP antes del proceso de paz. Hoy son tres grupos independientes desarticulados —como las astillas de un gran tronco— que hasta ahora no representan un proyecto insurgente y tampoco un escenario de guerra como antes del acuerdo de paz. Lo que se da hoy son conflictos focalizados de menor intensidad, con recurrencia de acciones en 14 departamentos y 74 municipios. Antes del acuerdo de paz, en 2011, la Defensoría del Pueblo señalaba una presencia sostenida en 31 departamentos y 249 municipios».

Camilo González Posso, director de Indepaz, aseguró en este informe que «los conflictos armados que persisten y seguirán recomponiéndose en la transición al posconflicto pasaron a la condición de conflictos menores subregionales y no tienen posibilidad, en esta década, de convertirse en alzamientos armados por el poder o en retos estratégicos al Estado y al régimen dominante».

Aunque se trate de un conflicto fraccionado y localizado que, según los expertos consultados, no tiene la posibilidad de convertirse en uno similar al anterior con una guerrilla como las FARC, la falta de jerarquías puede afectar de una forma más violenta a la población civil. En zonas como Argelia, Cauca, Tumaco, Nariño, enclaves de cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico, los amedrentamientos contra la población han ocasionado desplazamientos masivos. «Antes las FARC o determinado grupo ejercían un control con unas reglas, ahora son tantos los grupos que se disputan, que no existe ningún respeto y tampoco comunicación con los líderes y las lideresas en el territorio», cuenta una profesora de una de las zonas afectadas por el accionar de los grupos.

Golpe

La reciente captura de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, jefe de la banda criminal Clan del Golfo, es un importante golpe a una de las estructuras armadas causantes de la violencia en el país, pero aún falta una estrategia clara para enfrentar a los nuevos grupos. Jorge Restrepo, director del CERAC, lo explicó en la nota de la BBC: «No podemos derrotar a estos grupos porque las fuerzas armadas no estaban preparadas para el posconflicto. La preparación fue no solo episódica, sino interrumpida por el gobierno de Duque, que sigue utilizando elementos de la guerra de guerrillas para unos criminales que se han transformado en todo sentido».

Juanita Vélez asegura que, aunque era predecible un escenario de reorganización de grupos armados y del rearme de algunos exmiembros de las FARC, hay acciones del Gobierno que lo han acelerado. «Cuando el enfoque del Gobierno es implementar solo lo que no toca la agenda uribista en el acuerdo de paz, le estás metiendo al acelerador a estos rearmes o cuando no estás llegando con la respuesta gubernamental que se planeó. También se debe entender que golpear al narcotráfico no mejora la seguridad».

El 2021, justo meses antes de elecciones presidenciales, terminará con la sombra del regreso de la guerra: masacres, emboscadas a patrullas militares, desplazamientos. Y aunque el tema principal en los debates no estaría enfocado en el conflicto sino en la seguridad ciudadana, que afecta a las grandes ciudades especialmente con robos, por un lado, y aumento de homicidios, por otro, este nuevo conflicto debería tener una estrategia más clara por parte del Gobierno.

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Ana María Saavedra

Ana María Saavedra

Periodista colombiana. Directora de Colombiacheck. Ha trabajado como editora del diario «El País» de Cali. Becaria del programa Balboa en «El País» de España.

Los contrastes de la migración y los derechos humanos en México

México ha sido un gran defensor de los derechos humanos en foros regionales e internacionales. Pero esto contrasta con la atención y tratamiento que el Gobierno ha tenido en la frontera sur respecto a la migración centroamericana.

Por: Ilse Reyes 2 Nov, 2021
Lectura: 5 min.
Migración y los derechos humanos en México
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

México ha sido un gran defensor de los derechos humanos en foros regionales e internacionales. Pero esto contrasta con la atención y tratamiento que el Gobierno ha tenido en la frontera sur respecto a la migración centroamericana.

Migración en la frontera sur

En los últimos años, el número de personas migrantes que permanecen de manera temporal o permanente en México, así como de solicitantes de la condición de refugiado, han aumentado de manera exponencial. A pesar de que la mayoría de los migrantes provenía ya desde ese entonces del Triángulo del Norte, se prestaba poca atención mediática y gubernamental a la frontera sur, mientras las fallas estructurales de las instituciones del gobierno mexicano para solventar la situación continuaban deteriorándose.

Todo esto empeoró, como en un efecto dominó, con las políticas migratorias estadounidenses, que pretenden prevenir la llegada de migrantes y refugiados a ese país. Fue quizás durante el incremento de solicitudes de refugio de personas provenientes de Venezuela durante 2017 y 2018 cuando las fallas en las políticas públicas e instituciones mexicanas se hicieron más visibles, tales como la incapacidad de otorgar protección complementaria, resolver la situación migratoria de las personas en un periodo razonable o asegurar que su permanencia en estaciones migratorias no fuera violatoria de sus derechos humanos.

En términos legislativos, México tiene un paquete de ordenamientos jurídicos muy avanzados que anteponen la protección de los derechos humanos como pocos países. Empero, las políticas públicas, la infraestructura y la administración pública distan mucho del deber ser que proponen las leyes mexicanas. A la luz de esas condiciones, el agrandamiento de los flujos migratorios ha puesto en evidencia las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de migrantes y refugiados, lo que ha rebasado las capacidades del gobierno mexicano.

México como tercer país seguro

Desde hace varios años, en la frontera sur, diversas organizaciones internacionales, agencias de las Naciones Unidas y gobiernos extranjeros han documentado y denunciado las violaciones graves que ocurren en el cruce con Guatemala. La administración federal en curso también había anunciado que era una prioridad el respeto a los derechos humanos de migrantes y refugiados en la frontera sur y a lo largo del país, lo que contrasta con el uso de la fuerza del Estado a través de la Guardia Nacional como auxiliar del Instituto Nacional de Migración (INM) en las fronteras. Y, a pesar de nuevos lineamientos y guías para la protección de los derechos humanos emanados de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de los cambios en las dirigencias del INM y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), con perfiles mucho más capacitados, lo cierto es que las violaciones no han cesado y que, dado el aumento del número de migrantes y solicitantes de la condición de refugiado que permanecen en México, podría decirse que el problema solo ha empeorado.

El incremento del flujo migratorio hacia nuestro país tiene varias causas, pero sin duda el vaivén de convertir a México en un tercer país seguro ha tenido un impacto importantísimo en el asentamiento de migrantes en el territorio nacional. De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un tercer país seguro surge cuando una nación niega la solicitud de refugio a una persona y la remite a otro, donde considera que se le puede brindar la misma atención. La principal condición para ser un país seguro es la capacidad de garantizar al solicitante que no va a ser retornado a su lugar de origen, además de poder otorgarle vivienda, educación, servicios de salud y seguridad social, empleo e incluso una posible reunificación familiar. Además de que México no cumple con esas condiciones, el trato que sufren las personas en las estaciones migratorias del sur indica que es un país inseguro para los migrantes.

El contraste de la diplomacia mexicana

Luego del avance del régimen talibán y la retirada de tropas estadounidenses en Afganistán, la solidaridad internacional con el pueblo afgano ha sido un hecho celebrable y por supuesto mejorable también. México no se ha quedado atrás con las muestras de solidaridad y ha puesto a su cuerpo diplomático a disposición de las personas afganas en vulnerabilidad. El mismo canciller, Marcelo Ebrard, ha declarado que se les otorgarán las facilidades para tener el futuro que ellos decidan, que podrán resolver sus trámites migratorios y se les brindarán opciones para su desarrollo personal.

Tal solidaridad es y será siempre aplaudible y loable. En el caso mexicano, se harán cumplir las leyes y eso siempre será positivo. No obstante, México tiene una gran deuda con otra población, la centroamericana, la cual no recibe ni las mínimas garantías para resguardar su vida e integridad. Más bien, se acentúa la evidencia de un trato diferenciado y discriminatorio.

Así, nuestro país sigue mostrando dos caras: por un lado, es facilitador de los Pactos Internacionales de Migración y de Refugio y brinda asistencia humanitaria a quienes lo necesitan. Por el otro, aparece como una nación incapaz de atender lo que ocurre en sus fronteras, amedrentando a las personas que vienen en busca de una mejor vida, cuando el gobierno debería procurar el mismo grado de diligencia para todos los que buscan escapar de la violencia y que huyen, pues es la vida misma la que peligra.

Publicación original y fuentes: en página web de la Fundación Konrad Adenauer de México, 3 de septiembre de 2021.

Ilse Reyes

Ilse Reyes

Gerente de Proyectos en la Fundación Konrad Adenauer, oficina México.

Lammert: «La estabilidad del sistema político depende en gran medida de la estabilidad de las estructuras de los partidos»

El presidente de la Fundación Konrad Adenauer y expresidente del Parlamento alemán, Prof. Dr. Norbert Lammert, estuvo en Uruguay. Habló sobre los resultados de las elecciones alemanas, el empoderamiento de China, el populismo en el mundo, los problemas globales y de América Latina.

Por: El Observador 1 Nov, 2021
Lectura: 9 min.
Prof. Dr. Norbert Lammert
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El presidente de la Fundación Konrad Adenauer y expresidente del Parlamento alemán, Prof. Dr. Norbert Lammert, estuvo en Uruguay. Habló sobre los resultados de las elecciones alemanas, el empoderamiento de China, el populismo en el mundo, los problemas globales y de América Latina.

En entrevista con el diario El Observador, realizada por Ricardo Peirano y Micaela Vallarino, el presidente de la KAS aportó su perspectiva sobre los principales asuntos globales relevantes para la cambiante América Latina.

Norbert Lammert ha estado involucrado activamente en la política alemana. Fue miembro del Parlamento Federal alemán entre 1980 y 2017, siendo presidente desde 2005 hasta 2017.

El alemán, que en los gobiernos de Helmut Kohl fue secretario parlamentario de Estado en los ministerios federales de Educación e Investigación, Economía y de Transporte, se desempeña actualmente como presidente de la Fundación Konrad Adenauer, activa en Uruguay desde 1967.

La Fundación Konrad Adenauer celebra anualmente encuentros en cada continente para que los representantes puedan reunirse e intercambiar opiniones, compartir experiencias y planificar las actividades en los distintos países. Después de una pausa por la pandemia, se eligió a Montevideo para resumir estos encuentros.

En diálogo con El Observador, durante esta conferencia, Norbert Lammert se refirió a los resultados de las elecciones alemanas, cómo está posicionado China en el mundo, cuáles son los retos en América Latina, qué implican los populismos y por qué se dan en el mundo.

A continuación, un resumen de la entrevista.

Las elecciones en Alemania estuvieron marcadas por la fragmentación de votos. La Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) mostró su peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es su impresión de los resultados?

A pesar de que hubiera preferido otro resultado, no estoy sorprendido. En realidad, lo inusual es que en sociedades democráticas el electorado le dé al partido de gobierno 16 años de continuo mandato. Esto ha pasado con Angela Merkel y antes, también con Helmut Kohl. Luego de tan largo tiempo no es extraño que el electorado tenga interés en un cambio.

Sin embargo, los partidos principales perdieron electorado

Estoy convencido que esta elección marcó un punto de referencia en la historia de nuestras elecciones. Por primera vez, los dos partidos principales, es decir, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Social Demócrata (SPD) obtuvieron menos del 50% de los votos juntos. Ganaron los partidos más pequeños, los liberales y los verdes. Por primera vez, también, un próximo canciller de Alemania será instaurado cuyo partido no ha sido votado por el 80% del electorado. Esto es inusual para los estándares alemanes, pero no inesperado.

¿Cree que van a haber cambios políticos en Alemania por la llamada coalición “Semáforo”?

En la política interna sí, mientras que en el ámbito europeo y de Relaciones Exteriores diría que serán más bien marginales. Una de las características del sistema partidario alemán es el hecho que las políticas que estableció la CDU cuando fue gobierno hoy están prácticamente aceptadas por todos los partidos que  aspiran dirigir el país. Por ejemplo, la Economía Social de Mercado, la integración de Occidente, ser miembro de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), la cooperación transatlántica y la integración europea. Todos estos puntos fueron controvertidos en el momento en que se establecieron. El ejemplo más claro fue el del Partido Verde. Yo fui miembro del Parlamento alemán cuando los verdes entraron por primera vez en el 1983. Y entraron como un movimiento antisistémico: ni querían ser un partido ni un pilar del sistema. Estaban prácticamente en contra de todo pero no cambiaron nada y se fueron moviendo hacia el centro del sistema político.

¿Y qué cree que va a pasar con la política interna?

Creo que podría haber alguna ambición adicional, por ejemplo con las metas climáticas. Quedará por ver qué medidas y herramientas concretas acordarán. Ahora están comenzando las negociaciones sobre el acuerdo de coalición y ya han acordado no aumentar ni reducir los impuestos. Esta parte de la política interna probablemente no cambiará.

Dejando a Alemania de lado, ¿cómo ve la situación de los países de Occidente frente al desafío de un país como China?

Sigue habiendo diferentes intereses dentro de Europa, entre Europa y los Estados Unidos, dentro de la Unión Europea, dentro del sistema transatlántico. Lo positivo es que ya estos distintos intereses no se resuelvan a través de la guerra como históricamente había sido durante siglos. Esto es un logro histórico. Lo malo es que  después de haber alcanzado este logro histórico, la mayoría de los países europeos parecen satisfechos y no ven la necesidad de lograr más ambiciones. Esto es una percepción errónea de los retos del siglo XXI. La necesidad de respuestas europeas a los desafíos globales nunca ha sido mayor que ahora y la preparación de los estados miembros de la Unión Europea para encontrar esas respuestas comunes nunca ha sido menor.

¿Qué ocurre con la polarización entre China y Estados Unidos?

Más allá del interés en desempeñar un papel dominante en el mundo, no se debería olvidar que las claves políticas para lidiar con un mundo global son diferentes entre el mundo occidental y Asia, particularmente China. Hay dos preguntas importantes que tenemos que respondernos. La primera es si un mundo global necesita reglas globales. La segunda es que si las necesita, pensar de dónde vienen. Mi convicción en primer lugar es que necesitamos reglas globales porque estamos en un mundo global y entonces no hay posibilidad de aislarse del resto. Y en segundo lugar, estas reglas no caen del cielo, tienen que establecerse en la tierra. Pensamos en las sociedades y los sistemas políticos desde la perspectiva del individuo y cualquier organización estatal tiene que justificarse por su capacidad de cumplir los derechos individuales. La cultura asiática entiende el papel del individuo desde la perspectiva de la sociedad y desde la perspectiva del estado. Si no establecemos las reglas globales con cuidado y en forma conjunta, por ejemplo entre Uruguay, América Latina y Europa, no deberíamos sorprendernos que otros llenen este vacío con sus reglas.

Presidente de la Fundación Konrad Adenauer, Prof. Dr. Norbert Lammert

¿Pero quién establece estas reglas globales?

Los chinos cada vez aceptan menos la dirección occidental. Un ejemplo importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. No creo que la misma declaración podría ser aprobada hoy en día. Desafortunadamente vivimos en un período de la historia en que la necesidad de respuestas globales ha crecido, pero también ha aumentado la tendencia de insistir en la soberanía nacional. Y el ejemplo más claro es el mandato de Donald Trump con “America First”, el cual sienta las pautas de otros países, “Hungría First”, “Polonia First”. Si los países insisten en sus prioridades nacionales, obviamente no se podrá encontrar soluciones comunes para problemas comunes. China desde hace un buen tiempo no acepta reglas impuestas por la comunidad europea o americana, y con la influencia de su crecimiento económico está cada vez más dispuesta para poner sus propias reglas.

Como pudimos ver durante en la pandemia

No solo allí. Un punto importante, y desde mi punto de vista subestimado, es que China usa las leyes internacionales y acuerdos cuando le favorecen a sus intereses y rechaza las mismas leyes cuando perjudican sus intereses. Esto pasa hasta en desconocimiento de tribunales internacionales. Por ejemplo, en materias del derecho marítimo, de derechos de propiedad intelectual o de reglas para el comercio internacional. En los acuerdos internacionales, también con China, cabe preguntar qué sentido tienen si una de las partes las cuestiona cuando considera que ya no le sirve: Pacta sunt servanda (se traduce como “lo pactado obliga”).

Volviendo a América Latina, ¿cómo ve…

(Interrumpe) Cuando la Fundación Konrad Adenauer comenzó sus actividades internacionales en los años 60, entendimos que en América Latina podíamos cooperar con los partidos políticos. Sin embargo, hoy la mayoría de los partidos políticos desaparecieron o perdieron mucha influencia política. Uruguay es una de las poquísimas excepciones a las reglas. La estabilidad del sistema político depende en gran medida de la estabilidad de las estructuras de los partidos. Siento que mucha gente subestima la importancia de los partidos para una democracia. La estabilidad del sistema político en Uruguay definitivamente tiene que ver con el sólido sistema de partidos que existe. Mejor dicho, la inestabilidad de otros sistemas latinoamericanos tiene que ver con la inexistencia de una estructura partidista estable.

¿Este es solo un problema en América Latina?

No. Lamentablemente esta es una de las principales tendencias que podemos observar en todo el mundo: los países asiáticos, africanos incluso en los Estados Unidos, así como Europa. La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos es un ejemplo particularmente evidente de la debilidad del sistema de partidos políticos en este país. La tentación del populismo es dar respuestas simples a preguntas complejas.

¿Por qué pasa eso?

Hoy tenemos que ver constantemente con una combinación de problemas económicos y ecológicos, sociales y políticos. Por ejemplo cada vez que trato de encontrar una respuesta convincente a los desafíos ecológicos, creo inevitablemente efectos sociales que me gustaría prevenir. Y aquí nuevamente se puede ver la tendencia de estar fijo en la perspectiva particular, hay que encontrar soluciones, lo que significa criterios económicos, ecológicos, sociales y políticos simultáneamente. La frase que siempre digo es de un famoso autor irlandés, George Bernhard Shaw, que ya hace un siglo escribió en una de sus cartas: “para cada pregunta complicada existe una respuesta simple y esta respuesta suele ser incorrecta”.

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Ciencia, portavoces, ¿infodemia?

El diagnóstico de infodemia fue más repetido que demostrado. Antes bien, la pandemia significó una oportunidad para la difusión de otras voces que comprobaron que las ventajas de la divulgación compensan ampliamente las desventajas.

Por: Adriana Amado 29 Oct, 2021
Lectura: 7 min.
Infodemia. Diálogo Político
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El diagnóstico de infodemia fue más repetido que demostrado. Antes bien, la pandemia significó una oportunidad para la difusión de otras voces que comprobaron que las ventajas de la divulgación compensaban ampliamente las desventajas.

Antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara formalmente que el mundo enfrentaba una pandemia, su director general decretó el 15 de febrero de 2020 que la infodemia era un problema equivalente al coronavirus. El neologismo resultó un éxito publicitario que no necesitó de evidencias de su existencia para aludir, indiscriminadamente, a exceso de información, noticias engañosas, publicaciones en redes o discurso tóxico. También resultó muy conveniente para descalificar las voces alternativas al discurso oficial, más allá de si la versión fuera cierta o no, por lo que infodemia terminó siendo un instrumento para la cancelación de muchos expertos.

Al inicio de la pandemia, médicos y científicos eran percibidos como los portavoces más creíbles (+80 %) según el Trust Barometer Edelman, aunque entonces periodistas y funcionarios tomaron el protagonismo en las noticias, a pesar de que la credibilidad de estos era menor (–50 %). Era de esperar que la crisis sanitaria acelerara su desgaste y que los científicos ganaran espacio en la divulgación durante la pandemia, ya fuera colaborativamente desde sus cuentas en redes sociales, de las que saltaron a los medios, o bien, desde los consejos asesores de los gobiernos. Algunos países mantuvieron separadas las resoluciones de los organismos técnicos de las decisiones políticas, pero en otros, los comités científicos quedaron atrapados por la polarización reinante junto con decisiones sanitarias y las posiciones alrededor de vacunas y tratamientos, como ocurrió en Brasil, Estados Unidos o Argentina. En todos, los científicos tuvieron una visibilidad súbita para la que no estaban preparados.

Una encuesta realizada por la revista Nature a 321 científicos que participaron en medios y redes durante la covid-19 detectó que más de la mitad habían sufrido alguna experiencia de acoso o abuso o ataques a su credibilidad. El 22 % habían recibido amenazas de violencia de algún tipo, que en el 15 % llegó a amenazas de muerte. No obstante, solo el 5,6 % calificaron la experiencia mediática en pandemia como negativa. Para muchos, fue una oportunidad para fortalecer su aparición pública y coordinar con sus instituciones medidas de seguridad, tanto física como digital, que excedían a la pandemia. De hecho, los ataques son frecuentes con tópicos como el calentamiento global, el aborto o la eutanasia. Cabe entonces preguntarse si aquello que rápidamente se atribuyó a la infodemia y a las redes sociales, no se trata de problemas inherentes a la exposición pública que hoy involucra a actores tradicionalmente excluidos de ella.

Por lo pronto, hay evidencias de que lo que se llamó infodemia ni fue dominante ni generó los efectos temidos. El Reuters Institute de la Universidad de Oxford aportó datos tempranos de acceso y conocimiento de información sobre el coronavirus en dos estudios. El primero se realizó en seis países en abril de 2020 y encontró que la mayoría de las personas tenían los conocimientos correctos sobre el coronavirus y consultaban diversas fuentes, a las que valoraban diferencialmente. El segundo se realizó un año después en ocho países y confirmó que la confianza en las fuentes y en los distintos canales por los que accedían a la información era muy variable, sujeta a multiplicidad de factores. Antes bien, la circulación de desinformación ni siquiera guarda correlación con los efectos, especialmente en sociedades con alto nivel de desconfianza en medios y redes. En todos los países predominó una posición antes escéptica que crédula a la información de las redes, desmintiendo el mito de la hegemonía comunicacional tan caro a los populismos y a sus intelectuales, que ven en las plataformas y los trols el mal contemporáneo.

Sin embargo, cuando se analiza la hostilidad en relación con la totalidad de lo que ocurre en las redes, y no su mera ocurrencia, se confirma como un fenómeno marginal. Un monitoreo de la toxicidad entre enero y abril de 2020 analizó una muestra de más de 200.000 tuits que incluía hashtags críticos y actores controversiales como Bolsonaro, Trump, China y la OMS. El estudió concluyó que en el momento en que se diagnosticaba infodemia, el discurso tóxico no superaba el 21 % del volumen total de mensajes.

Esta conclusión es similar a la que llega el estudio de Nature y otros realizados en la pandemia. Un equipo que revisó 428.610 tuits de 273 usuarios de seis partidos españoles detectó que solo el 5,12 % (11.724 mensajes) contenían lenguaje tóxico, es decir, lenguaje utilizado para denigrar o faltar el respeto a un colectivo o adversario político. Los partidos extremistas como Vox llegaron al 8,2 % del total de la conversación y el Partido Socialista Español, en gobierno entonces, alcanzaron el 4,7 %. En los dos estudios no hay mayores diferencias por género ni en el que recibe el acoso digital ni en el que produce el mensaje tóxico.

La toxicidad de la política española en Twitter durante la pandemia de covid-19

La evidencia de que, aun en los momentos críticos de la pandemia, la conversación pública fue mayormente virtuosa desafía la idea de que la desinformación y la toxicidad fueron la regla. Lejos de ser un efecto de las redes sociales, la toxicidad del debate público parece más bien ser inherente a la visibilidad política. En todo proceso de fama el sujeto se ve expuesto a la valoración de los demás de manera exponencial, y así como se intensifica la aprobación de desconocidos y la admiración del grupo de pertenencia, también se incrementan la crítica y la envidia, de la que no se salvan ni siquiera las personas más carismáticas.

Si las plataformas trajeron el debate de la toxicidad no es porque la inventaran, sino porque la extendieron a personas que en la etapa de los medios masivos estaban fuera del espacio público. Entonces como ahora es improbable tener alta visibilidad sin los efectos colaterales tóxicos. La mayoría de las personas, igual que ocurrió con los científicos, va entendiendo que las ventajas de la mediatización compensan ampliamente los inconvenientes. Lejos de ser una razón para restringir la participación en redes sociales, la toxicidad advierte de la necesidad de desarrollar estrategias de contención institucional y tecnológica que la mayoría de los científicos no tenían.

El abuso del término infodemia que hizo la política evidenció su desconfianza en la capacidad de la población de procesar la información y condensa la reacción de las instituciones más tradicionales ante la irrupción de voces en el debate público por fuera de su control. La respuesta cívica sería expandir la alfabetización digital más allá de las herramientas tecnológicas para incluir recursos para lidiar con la exposición que las celebridades profesionales ya conocían y que la celebridad ciudadana empezó a descubrir desde que existen las redes.

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Adriana Amado

Adriana Amado

Doctora en Ciencias Sociales. Presidente de Infociudadana. Investigadora en Worlds of Journalism Study. Periodista en el diario La Nación y Radio de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre esperanza y resignación: juventud y política en América Latina

Encuesta a jóvenes políticos latinoamericanos sobre su percepción de la política y la democracia en la región. Escenario político incierto.

Lectura: 11 min.
Jóvenes en Latinoamérica. Diálogo Político
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

La juventud política latinoamericana enfrentan un escenario político incierto, desafiado por la desconfianza hacia inestables organizaciones gubernamentales y los partidos políticos que no lograron articular sus necesidades. ¿Podrá la democracia reconquistar a los jóvenes en Latinoamérica?

Por un lado, la digitalización y los nuevos movimientos de protesta, y por otro, los problemas tradicionales de la corrupción y la desarticulación social, hacen que los jóvenes de América Latina estén particularmente en el centro de la agitación política y social de la región.

Pandemia y jóvenes

La pandemia ha afectado a los jóvenes en un momento particularmente decisivo de su formación académica, y algunos han sufrido un duro bloqueo de su ritmo de vida habitual. Según la última encuesta de la ONU realizada a jóvenes de entre 15 y 29 años en América Latina y el Caribe, el 52 % de los encuestados afirmaron haber sufrido estrés y ansiedad debido a la pandemia. En consecuencia, se intensificó la migración de muchas actividades de los jóvenes latinoamericanos, que en comparación con otras generaciones ya estaban conectados digitalmente al espacio virtual. De hecho, ya en 2019, los jóvenes latinoamericanos pasaron una media de casi tres horas y media al día en las redes sociales, casi el doble que los norteamericanos.

Según la mencionada encuesta de la ONU, el 93 % de los jóvenes encuestados se consideran bien informados sobre la pandemia. La opinión sobre la respuesta de su propio gobierno a la pandemia es más diferenciada. Mientras que el 30 % lo califican de malo o muy malo, un porcentaje similar lo consideran medio (32 %) y bueno o muy bueno (38 %). Sólo el 21 % de los encuestados dijeron que su propia familia había recibido alguna prestación gubernamental relacionada con la pandemia. El 16 % dijeron que habían perdido su trabajo debido a la pandemia o que su trabajo se había reducido (por ejemplo, mediante el trabajo a tiempo parcial o la pérdida de ingresos). Teniendo en cuenta esta situación, no es de extrañar que en la lista de preocupaciones personales sobre el futuro, la situación económica de la propia familia ocupe el primer lugar, con un 64 %, seguida del miedo a perder a algún miembro de la familia y de un retraso en la propia educación, con un 50 % cada uno. Las disputas políticas, en cambio, están muy por detrás, con un 32 %.

Encuesta KAS en jóvenes: crisis de confianza en instituciones y partidos

Sin embargo, los jóvenes fueron y son protagonistas de numerosos conflictos sociales y políticos. Esto es especialmente cierto en el caso del malestar social que afectó a América Latina antes y durante la pandemia. El ejemplo más destacado es el de Chile, donde un movimiento de protesta iniciado con determinación por los jóvenes dio lugar a un nuevo proceso constitucional.

Por último, pero no menos importante, el conocido sociólogo y escritor chileno Carlos Peña señala que, además de todas las reivindicaciones relacionadas con el contenido, no hay que subestimar el factor generacional en las protestas, ya que en un contexto de debilitamiento de las instancias de orientación tradicionales como las Iglesias, los sindicatos o los partidos políticos, el activismo de los jóvenes está más fuertemente influenciado por sus propias experiencias subjetivas, el consumo y las múltiples influencias crecientes.

[Lee también: edición especial Jóvenes y Política]

Esto es cierto no sólo para Chile, sino también para otros escenarios de movilización social y protestas políticas muy diferentes durante los últimos meses y años, como Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Colombia, Cuba o Perú. Lo que tienen en común todos estos acontecimientos es que los llamamientos a la movilización se produjeron principalmente a través de los medios de comunicación digitales y que se apoyaron y se apoyan en alianzas más bien laxas y poco institucionalizadas. A menudo, estas protestas, protagonizadas principalmente por los jóvenes, se dirigen contra la incapacidad percibida de un sistema político osificado para dar una respuesta adecuada a las demandas de más participación, más derechos de diversos tipos y para diversos grupos sociales, más prosperidad o más justicia educativa. En este contexto, los partidos políticos se perciben a menudo como parte del sistema político contra el que hay que luchar.

Participación

En contraste con este activismo, diversos estudios y encuestas muestran que la participación de los jóvenes en los organismos democráticos formales, como los partidos políticos, y también la participación en las elecciones, está en crisis no sólo desde la pandemia de covid-19. La ampliación de la edad para votar a los 16 años en países como Argentina, Brasil o Ecuador no ha cambiado en nada notable la participación política. Es interesante observar que, en muchos países de América Latina, el derecho a presentarse a las elecciones para diversos cargos, como concejales, diputados o la presidencia, solo se concede a partir de los 21, 25, 30 o incluso 35 años (en el caso del cargo de senador o presidente en Brasil y Chile).

Los primeros indicios sugieren incluso que la crisis del coronavirus ha alejado aún más a los jóvenes de América Latina de las instancias formales de la política. El hecho de que la confianza de muchos jóvenes en sus élites políticas haya seguido disminuyendo es también un hilo conductor de una encuesta no representativa realizada por el Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina entre más de 350 personas afiliadas a la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y jóvenes con un alto nivel de compromiso político de entre 18 y 35 años. En este grupo, el 31,7 % de los participantes dijeron estar insatisfechos con sus gobiernos, mientras que el 33,7 % se mostraron bastante pesimistas sobre el futuro de su país. Sin embargo, otro hallazgo es aún más revelador. A la pregunta de si sus compañeros se interesan por la política, sólo el 36 % respondieron afirmativamente.

Principales preocupaciones

Para los mayores, y sobre todo para los jóvenes, un viejo problema de la región sigue siendo su mayor desafío: la corrupción. Durante mucho tiempo, la región no ha salido bien situada en las clasificaciones internacionales en este sentido. En los últimos años, una serie de espectaculares escándalos de corrupción, como las revelaciones en torno al juicio Lava Jato, han llevado el tema al centro del debate público, sacudiendo aún más la ya escasa confianza de la población en su clase política. No es de extrañar que más del 57,3 % de los participantes en la encuesta de la KAS citaran también la corrupción como el principal problema de su país, seguido de la pobreza, mencionada por el 32,6 % de los jóvenes encuestados. La pandemia ha agravado claramente los problemas sociales de los jóvenes. Según la mencionada encuesta representativa de la ONU, el 31 % de los jóvenes encuestados dijeron que había escasez de alimentos en sus propias comunidades, cifra que se eleva al 44 % y al 45 %, respectivamente, en el caso de los encuestados de origen inmigrante y de las comunidades indígenas.

Pobreza

Para los jóvenes, la pobreza y la desigualdad son especialmente evidentes en el sector educativo. En la mayoría de los países de América Latina, el sector de la educación está insuficientemente financiado y se caracteriza por un fuerte sector de escuelas privadas, a las que, sin embargo, acceden principalmente los jóvenes de familias con altos ingresos. Aunque más de dos tercios de los alumnos que abandonan la escuela se gradúan en centros públicos, sólo constituyen una cuarta parte de los estudiantes de las universidades estatales. La mitad de los niños no saben leer y escribir correctamente después de la escuela primaria; el 90 % de ellos proceden de familias de los estratos de ingresos más bajos.

Equidad educativa

En este contexto, no es de extrañar que, para los jóvenes encuestados de la KAS, la mayoría de los cuales se dedican a la enseñanza académica, la equidad educativa sea un aspecto importante de sus reivindicaciones políticas. Sin embargo, el acceso a la educación superior de alta calidad es mucho más limitado en América Latina que en Europa, ya que está mucho más vinculado a cuestiones de progreso social que en los países industrializados ricos. Mientras que en Europa se tiende a asociar más el estudio con las vías de autorrealización y desarrollo personal, la encuesta de la KAS sugiere que muchos jóvenes latinoamericanos dan más importancia a los aspectos materiales de sus estudios, que están vinculados a una relación laboral segura, adecuada y estable. En general, la actitud positiva hacia el futuro personal aumenta proporcionalmente al nivel de educación.

Cambio climático

Otro aspecto interesante de la encuesta de la KAS es que, aunque la mayoría de los encuestados consideran que el cambio climático es uno de los retos mundiales más urgentes (59,2 %), por delante de la pobreza (47,9 %), está muy por detrás cuando se trata de evaluar los principales retos políticos en el propio país, ya que sólo lo nombran el 10,4 % de los encuestados. La corrupción (57,4 %), la educación (41,6), el desempleo (38,8), la pobreza (32,6) y el narcotráfico (20,2) ocupan los primeros puestos. Las huelgas climáticas y acciones similares en América Latina son, en el mejor de los casos, un fenómeno marginal en las zonas económicamente más favorecidas. Aparentemente, los problemas sociales generales relacionados con la falta de estabilidad económica y política y que afectan a sus propios medios de vida pesan más en la vida cotidiana de la generación joven que las cuestiones climáticas más abstractas.

Política exterior

Lo mismo ocurre con las cuestiones de política exterior. La Unión Europea (37,8 %) y Estados Unidos (19,8 %), que se perciben como positivos, lideran como puntos de referencia para la política exterior de sus países. La UE se considera sin duda un modelo de buenas prácticas del que se puede aprender para la elaboración de políticas en el propio país. Estados Unidos desempeña un papel sobre todo como lugar de añoranza, desde el que muchos esperan una vida mejor que en sus países de origen. Es cierto que la mayoría de los encuestados creen que la política exterior de su país debe realizarse en cooperación con otros Estados. Sin embargo, una parte relativamente grande del 30,4 % de los encuestados afirman que esta política exterior debe seguir principalmente sus propios intereses nacionales, incluso con independencia de las organizaciones multilaterales. Con respecto a China, la ignorancia prevalece por encima de todo. Frente a su importancia global para el futuro y las enormes inversiones chinas, así como la enorme presión política que ejerce Pekín en amplias zonas de la región, el tema recibe poca atención, especialmente entre los jóvenes.

Nuevos canales de comunicación

En comparación con las generaciones anteriores, que a menudo lucharon contra sistemas autoritarios en sus años de formación, los jóvenes de hoy en día en América Latina, con todos sus déficits, han crecido en gran medida en estructuras estatales democráticas. Mientras que las generaciones anteriores solían considerar la democracia como el objetivo de su compromiso político, el compromiso político de muchos de los jóvenes del continente en la actualidad se dirige contra los déficits existentes o percibidos de estos sistemas democráticos.

Existe el peligro de que la protesta contra estas deficiencias se convierta en una creciente desconfianza en las instituciones democráticas y en los procesos de toma de decisiones como tales. Para evitarlo, es urgente que las instituciones y los partidos establezcan nuevos canales de comunicación sobre la realidad de los jóvenes y les den oportunidades reales de participación. Solo si las demandas de los jóvenes se toman en serio y se las incluye activamente en la formación de estructuras de consenso social, las democracias de América Latina podrán seguir siendo sostenibles.

Este texto es la contribución latinoamericana de un artículo aparecido en Auslandsinformationen 2021 que compara la juventud de África Occidental, el Sudeste Asiático y América Latina.

Sebastian Grundberger

Sebastian Grundberger

Coordinador de los países andinos en la Fundación Konrad Adenauer.

Thomas Schaumberg

Thomas Schaumberg

Doctor en historia antigua. Magíster en relaciones internacionales por la Universidad lumsa de Roma y grados en latín e historia.

Laura Rubio

Laura Rubio

Licenciada en Ciencias Políticas y Comunicación Empresarial Intercultural, cum laude, Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania. Pasante en la oficina KAS Montevideo (2021).

La democracia y los límites del multilateralismo

¿Es el multilateralismo un obstáculo para recuperar los espacios perdidos? ¿Qué ocurre con el multilateralismo como herramienta?

Por: Guillermo Tell Aveledo Coll 27 Oct, 2021
Lectura: 6 min.
Multilateralismo. Diálogo Político
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Al profesor Emilio Nouel

Hoy día es inescapable la necesidad de fortalecimiento del multilateralismo. Las instituciones globales contemporáneas emergieron de la constatación del fracaso de la política del equilibrio de poder entre las potencias verificada ante los hechos de las dos guerras mundiales del siglo pasado. Continúa vigente la necesidad de seguridad colectiva y no agresión en un mundo donde persiste la capacidad de destrucción nuclear y se profundiza el distanciamiento entre las superpotencias. Hemos asumido además objetivos comunes que requieren una atención colectiva: la erradicación de la inseguridad material y sanitaria —especialmente entre los sectores más vulnerables—, la superación de las asimetrías nacionales, la expansión educativa hacia nuevos modos de trabajo, la promoción de mayor igualdad entre los sexos, como herencia del desarrollismo de mediados de siglo pasado, potenciados por retos para toda la humanidad imposibles de enfrentar comprehensivamente por cada nación, como las migraciones, el tráfico humano y la crisis climática. Es decir, la sostenibilidad de la vida humana dentro del planeta.

A diferencia de las viejas ligas y alianzas, cuyos objetivos parciales estaban vinculados esencialmente a la razón de Estado, el multilateralismo exige para sí como principio la atención a valores compartidos trascendentes, asumiendo también la corresponsabilidad de la resolución de estos problemas globales. Sin embargo, esto también presume la admisión voluntaria, por cada Estado, de su soberanía a favor de la comunidad internacional y sus valores contingentes. Aunque la esperanza de algunos de los defensores del multilateralismo es que este mejore tanto la gobernanza global como la gobernanza interna —a fuerza de la aceptación de estos valores dominantes—a favor de la democracia, la tensión entre multilateralismo y soberanía, tanto popular como estatal, presenta una paradoja.

Por una parte, el carácter tecnocrático y distante de los sistemas multilaterales es fuente de desconfianza para audiencias domésticas, que pueden ser especialmente celosas de concesiones a políticas públicas globales, lo cual puede ser explotado por aquellos que denuncian el globalismo e intervencionismo del sistema, criticando a su vez los valores que promueve. Tómense como ejemplo las protestas en algunos Estados desarrollados por impuestos y medidas restrictivas ambientalistas. Por otro lado, la soberanía de los Estados —actores preferentes del sistema multilateral— muchas veces choca con los objetivos de los organismos multilaterales, al no aceptar plenamente su autoridad o jurisdicción, e incluso al interponerse entre las propuestas de desarrollo y bienestar de estos cuerpos y las demandas de la población. La relación de los Estados con el multilateralismo —especialmente si tienen un poder significativo— puede ser de una aquiescencia formal y de un desdén práctico. No es infrecuente que Estados autoritarios exploten su posición y bloques en los sistemas multilaterales para controlar la agenda de temas que pueden afectarlos directamente, como ocurre con el sistema de promoción de derechos humanos y países como Rusia, Irán, Cuba y Arabia Saudita.

Esta constatación no escapa a los proponentes más realistas del multilateralismo: limitando sus exigencias y reafirmando su necesidad: hay problemas demasiado urgentes para distraerse en diferencias ideológicas, y su atención redundará eventualmente en mejoras para la población, independientemente del sistema político imperante. Sin embargo, ¿puede haber una vida humana sostenible a nivel global sin democracia? Si la democracia presume la dignidad de los individuos que forman cada sociedad, ¿es posible mejorar sus vidas sin admitir sus derechos políticos?

Desde América Latina este es un tema particularmente relevante. Tras la marea rosa de las últimas décadas, la esperanza de avance democrático coronó, al romper el siglo, en la Carta Democrática Interamericana, especialmente diseñada contra la tradición golpista y militarista que había caracterizado a la región. Sin embargo, las crisis de la democracia en la década de los años dos mil fueron en su mayoría consecuencia de instituciones debilitadas y desprestigiadas, y de un electorado polarizado. El ascenso de un populismo a la vez reivindicativo y autoritario a partir de triunfos electorales, que ha sido el rasgo de este siglo, desde los ejemplos de Venezuela y Nicaragua hasta la emergencia del caso salvadoreño, ha puesto en evidencia cómo la fuerza de contención de los tratados regionales a favor de la democracia es poco eficaz. Más allá de este fenómeno, no es infrecuente que estos países demanden un nuevo multilateralismo que no solo siga siendo ineficaz, pero que además no los condene, lo cual a su vez refuerza el unilateralismo de países liberales.

¿Cuál ha de ser el rol de los gobiernos democráticos dentro de un sistema multilateral? Sería iluso pensar que se puede despachar la presencia e influencia de sistemas autoritarios en el necesario entramado de administración global; es imposible pensar en atender los problemas transnacionales sin países como China, entrelazada como está en todos los procesos contemporáneos. Es además debilitante para el prestigio de las democracias las denuncias de «colonialismo» e «hipocresía» cada vez que se advierten las acciones amenazantes de los países autoritarios dentro y fuera de sus territorios. Un modo de hacerlo es apelar a la racionalidad y no a la emoción. Mostrar las ventajas prácticas de las sociedades democráticas y reforzar —tras años de desconfianza— los lazos entre sus Estados líderes. Tanto la Cumbre por la Democracia, propuesta por el presidente norteamericano Joe Biden, como la Alianza por el Multilaterialismo, propuesta por Alemania y Francia, son pasos en ese sentido.

Sin embargo, para no caer en un ciclo de moralismo y denuncia, es preciso atender las faltas usuales de estos frentes democráticos: la credibilidad, que se debilita cuando la propaganda nacional oculta los problemas y las ambivalencias de las sociedades abiertas y sus sistemas políticos; la solidaridad, que se ve retada cuando potencias democráticas no hacen frente común en sus críticas a gobiernos autoritarios; y la inclusión, cuando se correlaciona la democracia con el Norte global y se deja de lado a importantes aliados democráticos —o al menos poco autoritarios— en los países emergentes de Asia, África y América Latina, cuyos sistemas son además mucho más frágiles y dependientes económicamente, exponiéndolos a la influencia autoritaria. La democracia no es un valor occidental, sino un propósito humano trascendente.

Compaginar el ideal democrático con el realismo político es un reto ante el cual la flexibilidad y el asidero moral de los sistemas políticos democráticos se pueden transformar de una debilidad presente a una fortaleza futura.

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Guillermo Tell Aveledo Coll

Guillermo Tell Aveledo Coll

Doctor en ciencias políticas. Decano de Estudios Jurídicos y Políticos, y profesor en Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas.

Unión Europea y América Latina: aumentar la apuesta con una nueva estrategia

Los espacios que quedan libres en el continente americano son ocupados por diferentes actores. Europa debe actuar con celeridad.

Por: Ignacio Bartesaghi 26 Oct, 2021
Lectura: 6 min.
Unión Europea y Latinoamérica
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Todos los debates sobre el estado actual de las relaciones económicas, comerciales y políticas entre Europa y América Latina sobrevuelan sobre los profundos lazos históricos y culturales que unen a los dos actores. La pregunta que cabe hacerse es si ese diferencial sigue siendo suficiente para sostener una relación estratégica en el nuevo mundo que emerge o, ahora más que nunca, es momento de complementarlo con acciones geoestratégicas de consideración.

Si nos remontamos a la década del noventa, donde aún China no era un actor central en las relaciones internacionales, los países europeos a través de la hoy Unión Europea (UE) desplegaron una ambiciosa estrategia en América Latina y el Caribe en competencia directa con las acciones tomadas por Estados Unidos.

Cabe recordar la firma del Acuerdo de Asociación con México en 1997 (pocos años después de la firma del NAFTA, ya transformado en el T-MEC), el que hoy ya fue renegociado y está en proceso de revisión jurídica. Luego de México suscribió otro acuerdo bilateral con Chile en el año 2002. En 2008 la UE cerró su acuerdo birregional primero con los miembros de la Comunidad del Caribe y en 2012 con Centroamérica. Ese mismo año también completó las negociaciones con los países andinos y por último en 2019 con el Mercosur. Parece evidente que la firma de acuerdos con prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe (con la sola excepción de Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam), le otorga al bloque europeo un diferencial respecto a Estados Unidos y China, los otros dos principales socios comerciales de la región.

Las acciones seguidas por los países miembros de la UE durante los últimos veinte años demostraban una estrategia bien definida en cuanto a la importancia otorgada a la región. La firma de los acuerdos de asociación recién señalados se complementó con espacios de diálogo y cooperación política como las Cumbres entre la UE y América Latina y el Caribe que comenzaron en 1999 y adquirieron otro formato en 2011 con la creación de la CELAC. Por otro lado, desde 1991 las Cumbres Iberoamericanas también ofrecían un espacio de diálogo permanente entre la región y algunos países europeos. Además de los acuerdos y foros políticos, que incluso tienen sus antecedentes en la década del ochenta, la presencia de la UE es clave en cooperación, inversiones y comercio de bienes y servicios, si bien en todas estas variables la presencia de China se ha transformado en su principal competidor.

Un cambio de contexto y nuevos desafíos

Más allá del legítimo debate sobre qué nivel de consenso se llegó a alcanzar entre los países miembros de la UE para cerrar el acuerdo con el Mercosur, lo cierto es que, desde su cierre en 2019, el escenario global y regional cambió de forma dramática. A nivel global, la aparición del covid-19 puso en cuestionamiento los pilares básicos de la vida en sociedad, lo que cambió de forma abrupta las prioridades de todas las naciones del planeta. La crisis sanitaria se dio en el marco de un sistema internacional que ya venía en crisis, pero que fue tensionado aún más por las políticas seguidas por Trump, algunas de las que continúan con Biden.

En este escenario, la UE proyectó al mundo la sensación de que no estaba siendo parte de los acontecimientos centrales. Claro, los desafíos no eran pocos, si se tienen en cuenta las implicancias del brexit, la compleja gestión de la pandemia y los cambios de liderazgos a partir de la salida de Angela Merkel. Todos estos fenómenos se dan en paralelo a una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que hoy es geopolítica y en donde los países europeos no parecen tener un rol de preponderancia. Algunas de las recientes coaliciones para enfrentar la política exterior de Xi Jinping y los acontecimientos ocurridos en Afganistán, son solo algunos ejemplos de la ausencia de las potencias europeas en el tablero geoestratégico global.

Sin sobredimensionar el rol de América Latina y el Caribe a nivel internacional, todo indicaría que la UE debe redoblar sus esfuerzos diplomáticos en esta región, para lo cual ya cuenta con varios espacios de diálogo político, cooperación y comercio. En este sentido, la pronta puesta en vigor del acuerdo de asociación con el Mercosur adquiere especial importancia.

Cabe recordar que dicho acuerdo cuenta con tres pilares: el político, el económico-comercial y el de cooperación. Si bien es cierto que su negociación demoró veinte años, lo que afectó los impactos esperados en términos de PIB, de entrar en vigor esta asociación se transformaría en el mayor acuerdo birregional que se haya firmado. Incorpora avances sustanciales en el acceso a bienes y servicios, además de introducir otras regulaciones comerciales. Sin desconocer los beneficios esperados por el alcance en las áreas recién señaladas, limitar el acuerdo con el Mercosur solo a los asuntos económicos es una enorme simplificación. Dichos convenios son potentes instrumentos que permiten profundizar las relaciones entre los miembros, en momentos en que se deben enfrentar amplios desafíos en la agenda global y en que, por diferentes crisis en algunos países de América Latina como Venezuela y Nicaragua, no se está avanzando en los espacios políticos regionales (reuniones CELAC-UE). Sumado a esto, la agenda bilateral entre países europeos y latinoamericanos ha perdido fuerza en los últimos años, otra cuestión que debe revisarse.

Debido a las dinámicas actuales, parecería el momento de aumentar la apuesta. Esto implica actuar con pragmatismo y flexibilidad, dando curso al proceso de revisión jurídica del acuerdo con el Mercosur más allá de las diferencias que aún siguen presentes. Contar con el tratado en pleno funcionamiento será uno de los ámbitos propicios para profundizar las discusiones sobre el cambio climático, pero especialmente le permitiría a la UE dar un paso de especial importancia en términos de su presencia global, en especial, en momentos en que las coaliciones vuelven a jugar un rol en los movimientos geopolíticos y geoestratégicos de las principales potencias.

De no actuar con celeridad, los espacios en América Latina seguirán siendo ocupados por otros actores, independientemente de las cercanías históricas y culturales.

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Ignacio Bartesaghi

Ignacio Bartesaghi

Doctor en Relaciones Internacionales. Posdoctorado en Integración Económica. Director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay.

Mujeres indígenas, equidad y lucha contra la violencia de género

Desafíos y oportunidades en las garantías de los derechos a las mujeres indígenenas en Ecuador

Por: Koya Shugulí Guerra 25 Oct, 2021
Lectura: 11 min.
Mujer indígena en Ecuador. Diálogo Político
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

En el Ecuador, según el Censo 2010, un 7,3 % de la población se autoidentifica como indígena. Esta población está conformada por 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. La Constitución del 2008 marca un hito dentro de la extensa lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas del país por romper una estructura racista, monocultural, monolingüística, institucionalizada, hegemonizante, decimonónica y positivista. El Ecuador se define a sí mismo en la Constitución del 2008 como Estado plurinacional. Esto implicaría la existencia de múltiples comunidades políticas y, con ello, nuevas cosmovisiones y formas propias de formular, establecer y gestionar políticas públicas. El Estado ecuatoriano reconoce los derechos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas u originarios. Entre ellos, el derecho de estos a la autodeterminación, a mantener formas propias de gobierno y toma de decisiones y a conservar la posesión de sus territorios. Sin embargo, a pesar de contar con marcos jurídicos nacionales e internacionales que contemplan estos derechos, en la práctica todavía no existe una hoja de ruta clara para implementar el Estado y la democracia plurinacional, y que garantice la protección, conservación y gestión efectiva de estos derechos por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas.

El Ecuador promueve la aplicación de los derechos de participación efectiva de mujeres en diferentes normativas, exclusivamente en relación con pueblos y nacionalidades indígenas. Es importante tomar en consideración para el presente análisis la Ley para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA), que dispone brindar apoyo técnico y presupuestario a los pueblos y nacionalidades para la creación e implementación de sus planes de vida y circunscripciones territoriales indígenas. Por lo que la hoja de ruta precisa para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas que garanticen la efectiva participación en política de mujeres indígenas, contemplada en la creación de circunscripciones indígenas territoriales (CTI), podría cristalizarse de forma efectiva, y con ello garantizar el autogobierno indígena, conservar la autonomía de los pueblos originarios y establecer mecanismos de defensa y protección de mujeres políticas indígenas frente a organizaciones privadas, públicas y del tercer sector.

Situación de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador

El informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del Ecuador informó, en 2019, que la Constitución del 2008 proporcionaba una base sólida para implementar un nuevo modelo de Estado plurinacional e intercultural. Sin embargo, como se ha mencionado, durante toda esta década poco o nada se ha hecho para la adecuación de leyes y políticas a favor de los derechos colectivos e individuales que se reconocen en la carta magna y que además están avalados internacionalmente. Veamos la situación de algunos temas de especial interés para los pueblos y nacionalidades indígenas:

Pluralismo jurídico. El desarrollo de órdenes normativas en términos de igualdad, que fortalezca el desarrollo del pluralismo jurídico ecuatoriano. Existe un claro ejemplo en la aplicación de la justicia indígena y en otros casos que se han suscitado dentro de las comunidades indígenas.

Proyectos extractivos. En otra acera están los proyectos extractivos que vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas (art. 86) y los derechos de la naturaleza (art.71) consagrados en la Constitución.

Vulneración de derechos ambientales. Además, el derecho a la libre determinación (art. 3), mediante el cual eligen libremente su condición política y persiguen su desarrollo económico, social y cultural. Y el derecho a su autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos o locales (art. 4), de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.

Pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Uno de los puntos más destacados es la inexistencia de una correcta planificación y medidas de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Educación. Entre otras problemáticas, en el campo educativo se reconoce la mala planificación en el cierre de escuelas comunitarias, unidocentes, bidocentes, interculturales bilingües y alternativas, que genera desplazamiento para las niñas y los niños indígenas y ponen en riesgo su seguridad, además de la pérdida de la lengua, cultura y cosmovisión de cada comunidad y pueblo indígena.

Salud. La falta de reconocimiento de las ciencias, saberes ancestrales y la medicina tradicional/ancestral. Además de un desarrollo insuficiente de los modelos interculturales de salud y su correcta coordinación e integración con los sistemas de salud nacional.

Zona de frontera norte. Uno de los aspectos más urgentes y de especial atención es la situación de riesgo en la zona de frontera norte, en donde los niveles de pobreza y violencia exponen de manera agravada a los once pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en esa zona.

Discriminación y violencia de género. Finalmente, la discriminación racial y el racismo estructural contra pueblos y nacionalidades indígenas, con especial afectación de las niñas y mujeres indígenas, quienes enfrentan múltiples discriminaciones.

Si bien las recomendaciones de la relatora de las Naciones Unidas son claras y apuntan contra varias de las problemáticas que deberá enfrentar el nuevo gobierno de Guillermo Lasso, que apenas empieza su mandato, una parte del justo análisis debe hacerse también puertas adentro.

Lamentablemente, poco se ha dicho de los numerosos y diversos intereses dentro de las comunidades indígenas, tanto de propios como de extraños. Hace ya varias décadas que los pueblos y comunidades indígenas han venido instalando procesos de folclorización, en donde el patrimonio se ha vuelto mera mercancía, con el fin de cumplir estándares eurocéntricos que satisfagan la creciente demanda de turismo alternativo en el mundo. Estas actividades han condenado a los pueblos a mantener la noción colonialista de que todo lo que difiere de la modernidad eurocéntrica es sinónimo de exótico, primitivo o natural, y que puede ser comercializado como tal, mercantilizando la dignidad y los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Ñukanchik kawsaymanta (‘Acerca de nuestra vida’)

Pero no todos los líderes y lideresas indígenas han seguido este camino. En este contexto, cabe destacar a muchas mujeres indígenas, entre ellas Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, inscritas en el sindicalismo indígena, ambas relacionadas con el Partido Socialista Ecuatoriano y dirigentas en diferentes marchas indígenas como las Marchas a Quito de 1930 y la primera Huelga Agrícola de 1931. La lucha feminista de las mujeres indígenas aún no se hace escuchar. La región necesita una profunda crítica sobre el feminismo hegemónico. Las mujeres indígenas estamos atravesadas por múltiples discriminaciones, muchas veces cometidas dentro de nuestro propio seno.

Situación de las mujeres indígenas

Han pasado 26 años desde la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en donde se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing para lograr la igualdad de género. El impacto desproporcionado en las mujeres que ha provocado la crisis del covid-19 pone de manifiesto la urgencia de avanzar con leyes, recursos, mecanismos de implementación y rendición de cuentas que permitan garantizar los derechos de las niñas y mujeres, en especial, de las más vulnerables.

Los datos muestran que la mujer indígena tiene la mayor tasa de pobreza por ingreso (49,3 %), mientras que los hombres indígenas alcanzan la cifra de 48,4 %, Si lo medimos por tiempo, las mujeres dedican 86,3 horas semanales al trabajo remunerado y no remunerado. En contraste, los hombres solo dedican 62,1 horas. Cinco de cada diez indígenas son pobres por ingresos, es decir, viven con $ 84,82 mensuales. Pero los hombres indígenas cuentan en la semana con un día completo libre más que las mujeres. La mayor carga de trabajo no remunerado la tienen las mujeres indígenas (55,8 %). Y también, la menor tasa de afiliación a la seguridad social (18,8 %).

Equidad y lucha contra la violencia de género

Adicionalmente, existe discriminación salarial en personas indígenas con el mismo nivel educativo que personas no indígenas. En el caso de las mujeres, estas reciben menos de la mitad del salario que una persona no indígena. El índice de analfabetismo en niñas y mujeres indígenas es alto, y alcanza un 26,7 %. Según la CEPAL, Ecuador presenta una tasa de participación económica de personas indígenas del 80,2 %. Sin embargo, la equidad de género en la participación es dispar y hay una brecha de 20 % en favor de los hombres indígenas. Las mujeres y niñas indígenas figuran con una mayor tasa de violencia de género, en relación con sus pares mestizas y de otras etnias (67,8 %).

Finalmente, los casos de violencia ambiental se vienen convirtiendo en un gran problema para América Latina y generan preocupación, puesto que han influido en el incremento de casos de trata de personas, explotación sexual y laboral, abuso sexual de jóvenes y mujeres indígenas, así como asesinatos a lideresas ambientales, cuyas muertes han ido en ascenso, sin mayor explicación o responsabilidad del Estado ecuatoriano. Ecuador reporta tres casos y el más reciente es el de la lideresa amazónica María Taant.

Derechos de las mujeres indígenas

La lucha no ha sido fácil y nos encontramos en un sistema que vulnera desde diferentes dimensiones todos nuestros derechos, no solo desde afuera, sino además desde nuestros propios espacios, comunidades, comunas y hogares. Por ello, se ve fundamental que el actual gobierno reconozca las graves vulneraciones en materia de derechos humanos, en especial, en los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, la violación constante a sus derechos reconocidos en la Constitución, así como otras vulneraciones, con especial foco en la vulneración a los derechos de las niñas y mujeres indígenas y en la erradicación de todo tipo de violencia contra ellas.

En un segundo momento, y más allá del reconocimiento que el Estado deba hacer sobre sus propias fallas, es importante llegar al momento de los compromisos. Para quienes hemos estado vinculados cercanamente a la política desde hace mucho tiempo, sabemos que se ha pedido expresamente al ahora presidente Guillermo Lasso la firma de compromisos mínimos con diferentes minorías. Es momento de que aquello que fue firmado, propuesto y dialogado, tome rumbo.

Espacios

Otro de los aspectos en alto relieve es la apertura de espacios para las mujeres indígenas dentro del ámbito político. Existe una deuda histórica, que las recientes elecciones de la CONAIE mostraron que no serán saldadas ni por nuestros propios movimientos y partidos, por lo que creemos trascendental buscar figuras de alto relieve que puedan influir en la agenda política a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, en especial, de las niñas y mujeres; profesionales con enfoque diferencial étnico en sus fuentes de datos y estadísticas para la producción y uso de información con pertinencia cultural.

Finalmente, nuestro papel como comunidades nativas de América es no permitir que se mercantilicen la dignidad y los derechos de los pueblos, proponer nuevas formar de comunicarnos como pueblos del Abya Yala, luchar porque nuestros saberes ancestrales y nuestra cosmovisión sean respetados. Deconstruirnos y volvernos a construir desde el equilibrio con la naturaleza que nos hace runas y desde el respeto por los otros, que nos hace seres humanos.

¡Ñukanchik AbyaYalamantami kanchik, Ñukanchik kichwa runa kanchik, Ñukanchik warmi runa kanckik!

(‘¡Nosotras somos del AbyaYala, Nosotras somos kichwa runas. Nosotras somos mujeres conectadas con la naturaleza!’)

Nota: Runa: ‘ser humana conectada con la naturaleza’.

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Koya Shugulí Guerra

Koya Shugulí Guerra

Investigadora kichwa, politóloga y cooperante. Experta en temas de género y pueblos y nacionalidades indígenas.

La deuda pública y el cambio climático

Los efectos de la crisis climática y las alteraciones en los patrones climáticos globales deben ser tenidos en cuenta cada vez más en los planes de desarrollo.

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Cambio climático
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Durante los últimos años, el cambio climático se ha manifestado mediante eventos climáticos extremos. Pero desde una perspectiva menos tangible como la económica, los efectos de la crisis climática y las alteraciones en los patrones climáticos globales deben ser tenidos en cuenta cada vez más en los planes de desarrollo, ya que afectan toda proyección de largo plazo. Las inundaciones, los tornados o las sequías afectan cada vez más el desarrollo de las economías lo cual impacta en las finanzas públicas y en la deuda emitida por los gobiernos.

El riesgo del cambio climático

El cambio climático está generando, aún de modo incipiente pero irrefrenable, significativos ajustes en las percepciones de los tenedores de instrumentos de deuda soberana, al asociar cada vez más las probabilidades de un default a las vulnerabilidades de los Estados al riesgo climático. Bajo esta lógica, los países más expuestos comienzan a registrar un mayor costo de endeudamiento (spread). De igual manera, se presume que, bajo este escenario de riesgo omnipresente, aquellos Estados que reducen su vulnerabilidad —invirtiendo en adaptación, por caso— obtienen mejores condiciones de acceso al financiamiento.

Esto se refiere al riesgo físico asociado al cambio climático, pero los operadores en los mercados de deuda soberana han comenzado a reparar también en el riesgo de transición o riesgo financiero. Dicho riesgo se asocia al problema de los activos varados: la pérdida en valor de los bienes intensivos en carbono. Así, una inversión en el sector hidrocarburífero puede terminar incrementando el costo de endeudamiento soberano.

Pese a todo, las estrategias de recuperación pospandémica siguen descansando en proyectos de explotación no convencionales, como Vaca Muerta en Argentina, o reincidiendo en la exploración de petróleo en áreas de alta biodiversidad como en el caso de Yasuni en Ecuador. En este contexto, avanzar en la dirección de dotar con recursos públicos a sectores intensivos en carbono puede resultar financieramente riesgoso.

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La dramática convergencia de la crisis pandémica, de endeudamiento soberano y climática ha suscitado que durante los últimos meses se reciclaran iniciativas de canjes de deuda (swaps) por naturaleza, por acciones climáticas. Propulsadas desde diferentes espacios político-académicos, las propuestas procuran dar respuestas a la Iniciativa de Suspensión de Servicios de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés) resuelta en el marco del G20 en abril de 2020.

Los costos de endeudamiento

Esta iniciativa preveía la suspensión de los pagos de capital e intereses de deuda de los países más pobres a acreedores estatales bilaterales entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2020. Pero al limitarse a los países catalogados como menos desarrollados, la DSSI no ha tenido en cuenta a los países de ingresos medios. La iniciativa tampoco genera incentivos para redireccionar los fondos suspendidos —no condonados, por cierto— hacia la transición poscarbónica.

Sin lugar a dudas, la propuesta presentada en forma conjunta por referentes de la Fundación Heinrich Böll, del Centro de Finanzas Sostenibles de SOAS de la Universidad de Londres y el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston fue la que mayor repercusión cobró en el ámbito de los gobiernos nacionales, instituciones internacionales, think tanks y académicos en general.

[Lee también: edición especial Política y Ambiente]

Ante un escenario marcado por la escasez de recursos fiscales y la amenaza del estallido de crisis de deuda en cadena, esta ambiciosa propuesta fue titulada Alivio de la Deuda para una Recuperación Inclusiva y Verde. Su principal objetivo es desafectar parte de los recursos financieros comprometidos al pago de la deuda soberana y destinarlos al financiamiento de un programa de transición a gran escala.

La selección de los actores participantes estaría atada a la sostenibilidad de la deuda de estos, análisis en el que deberían considerarse los riesgos climáticos. Bajo el esquema propuesto, el proceso de renegociación de los compromisos financieros soberanos implicaría una quita sobre la deuda original —en manos de acreedores públicos y privados— y la emisión de nuevos bonos (Green Recovery Bonds), proceso que no solo generaría nuevos espacios fiscales sino también compromisos de los Estados participantes en la lucha contra el cambio climático.

Agenda 2030

Los programas deberían además alinearse a las políticas y presupuestos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y a los compromisos asumidos en París 2015. Todo ello obligaría a los gobiernos a evaluar las necesidades de financiamiento que impone el programa, lo cual, a su vez, requeriría de una acción coordinada con la sociedad civil.

En la prima facie, la operatoria de estos canjes de deuda no solo disminuiría la carga para los Estados sino que liberaría fondos para mitigación y adaptación, lo cual sería fundamental para los países con niveles significativos de endeudamiento. Sin embargo, los detalles de la propuesta y el recurso a los swaps por naturaleza, en general, distan de ser política, económica y socialmente inocuos. Bien reza el dicho popular: todo comensal debe sospechar de la promesa de un (doble) almuerzo gratis.

Como todo contrato de deuda, el paquete de canje obligaría al soberano a cumplir ciertas condiciones que ameritan un análisis concienzudo de costos y beneficios. En este sentido, se advierte que ciertos compromisos a asumir podrían redundar en proyectos contrapuestos a las necesidades e intereses de los habitantes y las operaciones pueden concitar beneficios significativos para las firmas e instituciones llamadas a planificar, ejecutar y auditar los proyectos financiados con los fondos reasignados.

Deuda

Teniendo en cuenta que el financiamiento de los proyectos de acción climática se realizaría previo a los vencimientos originales de la deuda canjeada, los swaps de deuda por acción climática reforzarían las presiones fiscales e inflacionarias de los Estados participantes, en el corto plazo. Por otra parte, la iniciativa podría implicar un avance, en última instancia, hacia la commoditización de la naturaleza.

Finalmente, debe apuntarse que, para que esta y otras iniciativas semejantes tengan éxito, deben desarrollarse a gran escala, mientras que los Estados participantes deben comprometerse con desarrollar economías sustentables. Las decisiones que asuman los gobiernos en los próximos meses y su habilidad para gestionar las crisis definirán nuestras condiciones de vida en el futuro, y quizás uno no tan lejano.

Publicado el 26 de septiembre de 2021 en el portal Latinoamérica21.

José Fernández Alonso

José Fernández Alonso

Economista. Doctor y profesor de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. Investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Especializado en deuda externa, swaps y cambio climático.

Leonardo E. Stanley

Leonardo E. Stanley

Investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES, Buenos Aires). Autor de «Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development», Cambridge University Press, 2020.

La democracia ganada

La esperanza de superar las crisis recurrentes que sacuden a nuestro país recorre las casi trescientas páginas de este exhaustivo pero al mismo tiempo ameno análisis.

Por: Redacción 21 Oct, 2021
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
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Las crisis que nos quedan son los consensos que nos faltan.

Autor: José Emilio Graglia

La esperanza de superar las crisis recurrentes que sacuden a nuestro país recorre las casi trescientas páginas de este exhaustivo pero al mismo tiempo ameno análisis.

Consenso y puntos de encuentro son los términos clave en el recorrido que presenta el autor, que, sin ofender pero sin hacer concesiones, recorre la historia argentina con la intención de explicar nuestra dinámica sociopolítica actual.

En un balance entre narración y documentación, desarticula sentidos comunes instalados en la sociedad argentina. Uno de esos sentidos comunes es el de que las convicciones pasan por la polarización y las “grietas” que se han instalado en la Argentina. Frente a esto, se propone moderación y equilibrio para poder construir consensos.

Asimismo, la licuación de las diferencias entre enemigo y adversario han transformado la convivencia entre fuerzas políticas y actores so- ciales. Hacer hincapié en esta distinción es clave para sentar las bases de un diálogo que no repose en falacias y mezquindades cuyo objeto es la eliminación del otro de la escena política.

Es de destacar la profunda inspiración humanista cristiana del trabajo de José Emilio Graglia, porque no hay democracia real sin el horizonte del bien común y la dignidad humana.

Olaf Jacob Representante de la Fundación Konrad Adenauer en la Argentina.

Redacción

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Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.

Multilateralismo perspectivas latinoamericanas

Reflexiones sobre los cambios en las relaciones internacionales y el peligro el orden mundial liberal.

Por: Redacción 21 Oct, 2021
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Multilateralismo perspectivas latinoamericanas
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Editor: Winfried Weck

Coordinadora: Teresa Marten

Fundación Konrad Adenauer: Programa Regional Alianzas para la Democracia y el Desarrollo con Latinoamérica (ADELA)

«Los grandes desafíos globales no pueden ser resueltos únicamente por estados nacionales o bilaterales, sino también mediante la cooperación multilateral”.

El modelo político de una sociedad libre, pluralista, democráticamente organizada y que, además, se basa en principios éticos e ideológicos se encuentra cada día bajo más presión. Los cambios en las zonas de influencia globales, el aumento de las políticas proteccionistas y el unilateralismo de algunos estados importantes en materia de política exterior están cambiando las relaciones internacionales y poniendo en peligro el orden mundial liberal.

Basado en el multilateralismo y el libre comercio el Gobierno Federal Alemán y con él, la Fundación Konrad Adenauer, están convencidos de que los grandes desafíos globales no pueden ser resueltos únicamente por estados nacionales o bilaterales, sino también mediante la cooperación multilateral que se ofrece, por ejemplo, en el marco de las Naciones Unidas o de la Unión Europea, en cooperación con sus socios en todo el mundo.

Redacción

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Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.

Radiografía política del territorio uruguayo

Insumos originales para el estudio de las nuevas dinámicas que derivaron de los resultados de las elecciones departamentales y municipales de 2020

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Radiografía política del territorio uruguayo
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Elecciones departamentales y municipales 2020

Antonio Cardarello y Martín Freigedo (coordinadores)

Para la Fundación Konrad Adenauer el fomento del estudio de la des- centralización como pilar de un Estado más democrático y más cercano a las personas se encuentra dentro de sus líneas estratégicas. La investiga- ción y la reflexión sobre las diversas dinámicas presentes en el territorio y los entes que lo gobiernan son relevantes para contar con autoridades y cuerpos representativos locales más profesionales y por ende más capaces de solventar las necesidades de la ciudadanía, en el entendido de que una mejora en la calidad de la burocracia y de la representación es también un impulso a la democracia y a su legitimidad como el mejor sistema de gobierno existente.

De tal manera que profundizar en la comprensión de las elecciones subnacionales, que en Uruguay se realizan en una convocatoria separada de los comicios nacionales y están divididas en el nivel departamental y el nivel municipal, es un aporte valioso que en la KAS encuentra apoyo.

Este libro que hemos editado junto al Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República nos trae una serie de insumos originales para el estudio de las nuevas dinámicas que derivaron de los resultados de las elecciones departamentales y municipales de 2020, en un año especialmente difícil para toda la ciudadanía por el contexto de pandemia y las dificultades que esta supuso para las movili- zaciones y los actos políticos. Uruguay votó y esa participación trajo cam- bios de representatividad en algunos espacios y continuidades en otros.

El mapa político territorial requiere una nueva radiografía y esto es lo que presentamos en esta obra coordinada por los profesores Martín Freigedo y Antonio Cardarello.

Para revisar y poner la lupa en cada departamento fue convocado un total de treinta autores, estudiosos del tema que ocupa a este libro. El re- sultado final es un texto diverso, con gran variedad de insumos cualitativos y estadísticos que sin duda cumplirán el objetivo de dejar registro y arrojar luz sobre cómo fueron las campañas territoriales, la oferta programática de los partidos y los candidatos durante el proceso electoral, cuál ha sido la evaluación de la gestión de gobierno subnacional y hacia dónde apuntan los retos que tiene la agenda de cada departamento.

Sebastian Grundberger – Representante en Uruguay de la Fundación Konrad Adenauer

Ángel Arellano – Coordinador de Proyectos de la Fundación Konrad Adenauer

Martín Freigedo

Martín Freigedo

Docente e investigador del ICP / UDELAR

Antonio Cardarello

Antonio Cardarello

Doctor en Ciencia Política por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil). Docente e investigador del Instituto de Ciencia Política (FCS-Udelar, Uruguay). Coordinador del Grupo de Estudios Subnacionales. Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay.

Un salto de calidad hacia el futuro. Becas en gobierno y políticas públicas

Estudio para la generación de un fondo de becas de maestría en políticas públicas desde el Estado uruguayo.

Por: Redacción, Adolfo Garcé 21 Oct, 2021
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Becas en gobierno y políticas públicas en universidades de excelencia del exterior.
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
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Estudio para la generación de un fondo de becas de maestría en políticas públicas desde el Estado uruguayo.

Adolfo Garcé (coordinador), Eliana Álvarez, Marcelo Dianessi, Esteban García, Camilo Martínez y Nicolás Pose.

Políticos profesionales y funcionarios públicos de carrera comparten una responsabilidad muy especial en las democracias modernas. Sobre sus hombros recae la delicada tarea de liderar la gestión de las estructuras burocráticas y de gobernar las políticas públicas. Semejante desafío exige recursos, a la vez, comprometidos públicamente y calificados técnicamente. Por eso, la evidencia comparada demuestra que es habitual que las naciones apunten a potenciar la formación de sus cuadros de gobierno mediante programas ambiciosos de becas de posgrado.

Uruguay, en distintos momentos de su historia, ha dado algunos pasos en esta dirección. Pero puede y debe dar un salto de calidad.

Apuntando a este objetivo, este documento, elaborado por un equipo mixto de investigadores uruguayos con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, propone la creación de un programa específico de becas que incentive el acceso de funcionarios públicos y militantes políticos de alto nivel a maestrías en gobierno y políticas públicas ofrecidas por universidades de excelencia en el exterior.

La evidencia disponible sugiere que, para ser efectivas, las becas deben tener como mínimo un año de duración. A pesar de las restricciones presupuestales que signan la actual coyuntura económica, Uruguay puede proponerse, como mínimo, financiar diez becas de maestría por año. Calculadas en usd 50.000 cada una, se necesitarían usd 500.000 por año.

Una política pública enérgica de formación de recursos humanos para el desarrollo puede contribuir de modo significativo a mejorar la calidad de las políticas públicas.

Redacción

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Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.

Adolfo Garcé

Adolfo Garcé

Doctor en Ciencia Política. Docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay

Los sueños quebrados en la frontera sur de Estados Unidos

En el tercer y último episodio de esta serie sobre migración abordamos la problemática en la frontera estadounidense y la relación contradictoria del país norteamericano con la emigración.

Por: Redacción 21 Oct, 2021
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La frontera sur de Estados Unidos
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

En el tercer y último episodio de esta serie sobre migración abordamos la problemática en la frontera sur de Estados Unidos y la relación contradictoria del país norteamericano con la emigración.

Estados Unidos es un país de migrantes, pero al mismo tiempo en el borde sur de su territorio mueren los sueños de muchas personas que huyen de la pobreza y el hambre. En qué estado se encuentra la política migratoria de Estados Unidos en relación con Latinoamérica y si ha cambiado algo con respecto a la desarrollada por Donald Trump son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa

Invitado:

Gabriel Pastor, periodista residente en Washington y colaborador de Diálogo Político y del diario El Observador de Uruguay.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

Redacción

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Uruguay nuevamente en campaña electoral

A medida que el país abre sus fronteras y su economía, un próximo referéndum domina el debate político. Después de veinte meses del presidente Luis Lacalle Pou en el cargo, la pandemia de covid-19 está perdiendo importancia en la percepción pública.

Por: Sebastian Grundberger 21 Oct, 2021
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Foto: Shutterstock
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Después de veinte meses del presidente Luis Lacalle Pou en el cargo, la pandemia de covid-19 está perdiendo importancia en la percepción pública.

Otros escenarios políticos cobran visibilidad. Después de un período de debilidad, la oposición ha recuperado contundencia y ve la oportunidad de lograr un impacto en el próximo referéndum sobre un paquete legislativo del gobierno. El Gobierno confía en su popularidad y trata de ganar, a través del referéndum, legitimidad para una agenda de reformas de aún mayor alcance. Hasta entonces, será tiempo de campaña electoral.

El presidente Luis Lacalle Pou describe como «popular, urgente, bueno y justo» el paquete de leyes mediante el cual su gobierno está implementando importantes elementos del programa electoral de la coalición gobernante. Con toda probabilidad, el presidente tendrá que volver a defender la reforma. Contrariamente a las expectativas de muchos, la oposición logró reunir 800.000 firmas, más de una cuarta parte del electorado uruguayo, para un referéndum. En caso de que estas firmas sean declaradas válidas por la Corte Electoral, se espera que los ciudadanos sean convocados a las urnas en marzo de 2022. Dado que casi no hay ninguna duda sobre la validez de las firmas, la campaña ha comenzado entre bastidores hace mucho tiempo.

Este pequeño país entre Brasil y Argentina (con algo menos de 3,5 millones de habitantes y una superficie que equivale a la mitad de Alemania) es considerado un remanso de calma política y se apoya en una larga tradición republicana con los partidos más antiguos de América Latina. Una cultura política claramente orientada al consenso, una baja brecha de riqueza en comparación con la región y un bajo índice de pobreza contribuyen a la cohesión social, por lo que el país a veces es visto como un ancla de estabilidad en la región. El presidente Luis Lacalle Pou gobierna desde el 1 de marzo de 2020 con una coalición de cinco partidos que abarcan desde el centroizquierda hasta fuerzas conservadoras-populistas, reemplazando en el gobierno luego de 15 años a la alianza de izquierdas Frente Amplio (FA).

Reformas complejas

En línea con su anuncio de la campaña electoral, poco después de asumir, el Gobierno promulgó una ley, cuyos 476 artículos entraron en vigencia el 9 de julio de 2020. La ley fue llevada al Parlamento en un procedimiento de urgencia, es decir, como la Ley de Urgente Consideración (LUC). Las disposiciones de la LUC van desde la seguridad pública (más derechos de intervención para la policía, endurecimiento del derecho penal juvenil por delitos graves, introducción de nuevos delitos penales, endurecimiento del derecho penal en general) hasta la economía (exenciones fiscales para las pymes, reducción de regulaciones, vuelta a la autorización del pago de salarios en efectivo), la legislación laboral (garantía a los no huelguistas del libre acceso a sus puestos de trabajo, lo que corresponde a la prohibición de que los sindicatos ocupen los lugares de trabajo —los llamados piquetes—) y la vivienda (facilitación de los contratos de alquiler y flexibilización de la protección contra el desalojo), hasta la creación del Ministerio de Ambiente, la simplificación del derecho de adopción y el permiso para mantener el propio número de teléfono móvil al cambiar de proveedor.

Aunque la adopción de un paquete legislativo tan monumental es constitucional y en gobiernos anteriores hicieron algo similar en menor medida, rápidamente surgió una discusión sobre si dicho paquete no debería discutirse y aprobarse en partes separadas. En particular, en opinión de la oposición, el enfoque del Gobierno carecía de transparencia y era democráticamente deficiente. El Gobierno respondió que el paquete legislativo ya era conocido antes de las elecciones y que el Parlamento lo había debatido adecuadamente en un proceso acelerado. En términos de contenido, fue sobre todo la influyente organización sindical paraguas Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), estrechamente vinculada al Frente Amplio, que se movilizó contra la LUC y, junto con el FA, inició la recolección de firmas para un referéndum contra 135 de los 476 artículos de la LUC.

El sorprendente éxito de esta recolección de firmas insufló nueva vida a una oposición que hasta entonces había estado buscando su papel y parecía desarticulada. En particular, la perspectiva de un referéndum también ayudó a unir a los grupos ideológicamente muy diferentes dentro de la alianza de izquierda detrás de una causa común. Al mismo tiempo, sin embargo, la votación también supuso que la heterogénea coalición gubernamental, que hasta ahora había funcionado en gran medida sin mucho ruido, estrechara filas.

La pandemia pierde importancia

El gobierno está entrando en la campaña electoral con confianza, pero no sin preocupación. Las encuestas predicen un resultado incierto, aunque la tendencia favorezca al gobierno. El factor decisivo será hasta qué punto el gobierno logre mantener sus índices de aprobación positivos hasta la fecha del referéndum y vincular estrechamente un voto negativo en el referéndum (es decir, contra la derogación de los artículos de la LUC en cuestión) con el apoyo a la administración del presidente. Este apoyo oscila entre el 49 y el 60 %, dependiendo del instituto de encuestas. Por lo tanto, los niveles de aprobación cayeron entre un 5 y un 10 % en comparación con las cifras de abril y mayo.

Los demóscopos explican este descenso por el hecho de que la pandemia de covid-19 está desapareciendo cada vez más de la discusión política y ya no está en lo más alto de la lista de prioridades de la gente. Con la exitosa campaña de vacunación, la situación pandémica en Uruguay se ha estabilizado en un nivel bajo. Por lo tanto, el presidente, elogiado en todos los ámbitos por su gestión del covid-19, está siendo evaluado cada vez más por su balance en los campos políticos habituales, como la seguridad, la educación, el crecimiento económico o la evolución de los salarios. La discusión actual sobre si pronto se levantará el estado de emergencia por la pandemia, que rige desde marzo de 2020, va de la mano de una normalización de la política uruguaya.

Apertura de la economía

A pesar de una pérdida neta de 35.000 puestos de trabajo en comparación con el período anterior a la pandemia, la economía uruguaya se está recuperando notoriamente. Según cifras del Gobierno, crecerá un 3,5 % en 2021. Después de un crecimiento inesperadamente fuerte en el segundo trimestre de 2021, para fines de año se espera un nivel económico similar al de antes de la pandemia. El crecimiento está siendo impulsado en particular por los sectores de agroexportación e inmobiliario. La situación es mucho más difícil para el turismo y el comercio, dos sectores que recibieron un apoyo especial del Gobierno durante la pandemia. A pesar de que la tasa de pobreza aumentó de 8,8 a 11,6 % entre 2019 y 2020, tanto su aumento como su nivel son muy bajos en comparación con los estándares latinoamericanos.

En términos regionales, Uruguay está principalmente comprometido con la flexibilización del Mercosur, con sede en Montevideo. La alianza de cuatro Estados formada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en realidad no permite que los miembros celebren individualmente acuerdos de libre comercio con terceros países sin el consentimiento de los demás, lo que el Uruguay ve como una gran desventaja por su dependencia de las exportaciones. En este contexto, el Gobierno uruguayo está particularmente frustrado por la resistencia europea a la ratificación del acuerdo comercial UE-Mercosur, que Uruguay apoya enfáticamente.

El rol de China

El vacío resultante es llenado cada vez más por China. A principios de septiembre de 2021, el presidente Lacalle Pou anunció que entablaría conversaciones bilaterales con Beijing para concluir un acuerdo de libre comercio. Uruguay espera particularmente que esto genere más oportunidades de colocación para sus agroexportaciones. Hasta ahora, apenas se ha producido un debate crítico sobre las implicaciones geopolíticas de una asociación más estrecha con China. Analistas y voces de todo el gobierno aseguran que el avance hacia China también pretende dejar en claro al Mercosur, y sobre todo a la proteccionista Argentina, la urgencia de flexibilizar la asociación y dar un sacudón que despierte a actores como Estados Unidos y la UE para que firmen acuerdos comerciales con Uruguay.

Uruguay no solo se está abriendo con respecto a los tratados de libre comercio. El jefe de Estado Lacalle Pou está fomentando activamente la presencia de inversores de la vecina Argentina, que se encuentra permanentemente en problemas, lo que se reflejó en varias entrevistas en canales de televisión argentinos. Al mismo tiempo, el Gobierno simplificó las condiciones para los compradores de vivienda extranjeros.

Además, está previsto que las restricciones de viaje por el covid-19 disminuyan en gran medida y el país vuelva a la normalidad. Dado que los propietarios de bienes raíces han podido viajar a Uruguay nuevamente desde el 1 de septiembre de 2021, los turistas deberían poder ingresar al país a partir del 1 de noviembre, justo a tiempo para la temporada principal de viajes. El requisito previo es la protección mediante la vacunación completa.

Perspectivas

Después de dos de los cinco años en el gobierno, este se enfrenta a una especie de elección de mitad de período con el referéndum sobre la LUC. Probablemente se trate menos de los detalles de un paquete legislativo difícil de entender y más del balance del gobierno de coalición encabezado por Lacalle Pou.

El gobierno se encuentra en una posición favorable gracias a la gestión de la pandemia, el liderazgo del presidente, las buenas cifras de las encuestas y los datos económicos bastante positivos, el próximo referéndum plantea un peligro que no debe subestimarse. Si los distintos grupos de oposición lograran movilizar a la mayoría del electorado contra la LUC, esto constituiría un sensible golpe de efecto que podría alterar seriamente la agenda de reformas del Gobierno.

Si los cálculos del Gobierno cerraran y obtuviera una clara victoria en el referéndum, dependiendo de la claridad del resultado es probable que la posición del presidente en particular gane impulso, no solo entre la gente sino también dentro de la coalición gobernante. Esto podría motivar a Lacalle Pou a seguir adelante con algunas reformas sobre las que aún no ha habido unidad dentro de su propia coalición. En particular, está en la agenda la flexibilización de algunos monopolios estatales, especialmente en las importaciones de petróleo. Por el momento, Gobierno y oposición están empeñados en convencer a los votantes de su propia visión de la LUC. Hasta entonces, reinará la campaña electoral en Uruguay.

Publicado en la página web de la Oficina Uruguay de la KAS, el 18 de octubre de 2021
Traducción: Manfred Steffen

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Sebastian Grundberger

Sebastian Grundberger

Coordinador de los países andinos en la Fundación Konrad Adenauer.

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