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Distinguir las organizaciones y movimientos paraestatales, que en última instancia sirven para legitimar la autocracia al enturbiar las aguas del trabajo de desarrollo de la sociedad civil, es fundamental para no desperdiciar fondos y atención en instituciones y redes democráticamente vacías. Los niveles de libertad respecto a la coacción gubernamental marcan esta distinción.

En Rusia o China, los gobiernos están clausurando numerosas organizaciones que promueven derechos y agendas distintas a las oficiales. En las Américas, por ejemplo, el grado en que las organizaciones sociales leales a los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) pueden criticar la política en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en comparación con la sociedad civil en las democracias desarrolladas, resalta este espectro. El costo de la disidencia también estratifica la autonomía de la sociedad civil dentro de las democracias, aunque en una escala menos pronunciada.

Competencia global contra la autocracia

Estas distinciones entre la sumisión autoritaria y la autonomía democrática se hacen más claras durante las crisis. El mundo democrático ha sufrido nuevas pérdidas en su competencia global contra la autocracia, bajo el peso combinado de la pandemia, las crisis económicas resultantes y la exacerbación de los conflictos existentes. Según lo rastreado por entidades como Freedom House, las derrotas cívicas en sitios como Hong Kong, Venezuela, Tailandia, Turquía, India y Brasil, combinadas con las pérdidas relativas de las democracias avanzadas, tuvieron un grave costo para la libertad en todo el mundo. A nivel global, los países que experimentaron cierto deterioro democrático superan, en número, a los que registraron mejoras. La recesión democrática se está profundizando y extendiendo. La relativa resiliencia de las democracias y la capacidad de la sociedad civil para salvaguardar los principios democráticos han sido aun más cuestionadas.

Esta tendencia global llegó a un punto crítico en la América de Trump, cuando organizaciones emblemáticas de la sociedad civil estadounidense —Open Society, The National Endowment for Democracy y Freedom House, entre otras— adoptaron diversas posturas públicas en defensa de la ciudadanía estadounidense. Cuando desde la Casa Blanca se amenazó con reprimir las protestas en Washington D. C. y en otras ciudades, estas organizaciones, y muchas más, condenaron las tendencias autoritarias del presidente Trump. Se solidarizaron con los manifestantes, declararon su compromiso contra el racismo y denunciaron los intentos de erosionar la democracia. Simultáneamente, apoyaron a activistas y organizaciones con objetivos democráticos a nivel internacional, incluso dentro de gobiernos de derecha que recuerdan a la doctrina Trump. Estas organizaciones enfrentaron las pulsiones del poder ejecutivo, retórica y políticamente.

Sociedad civil

Estas declaraciones vinieron con su propio riesgo de consecuencias políticas, particularmente para aquellos que reciben fondos del gobierno. Incluso la sociedad civil estadounidense está sujeta a cierta coacción gubernamental, a pesar de ser una democracia avanzada. Las deficiencias de las democracias comprometidas no deben impedir el examen reflexivo de las desarrolladas. El precio de la disidencia en las autocracias es categóricamente más alto, pero la financiación y las redes siguen siendo un alto costo para cruzar líneas políticas en Estados Unidos. De todos modos, todas ellas tomaron una posición dentro de los límites de sus mandatos organizativos.

La National Endowment for Democracy y sus cuatro instituciones asociadas siguieron esta agenda después de los violentos incidentes en Washington del 6 de enero. Afirmaron que «un principio fundamental de la democracia es la competencia pacífica de ideas entre conciudadanos bajo la ley. Después de una elección libre y justa, cuando los titulares son derrotados, debe resultar una transferencia pacífica del poder. Es a través de estos procesos democráticos que se protegen las libertades fundamentales, y las oportunidades y la justicia son posibles para todos»». Si bien no es inflamatorio ni controvertido, el posicionamiento de National Endowment for Democracy fue claro —pese al riesgo de ser acusada de entrometerse en los asuntos internos, algo explícitamente fuera del mandato del Congreso— y defendió los principios democráticos. Trump fue derrotado electoralmente en términos inequívocos, alentó el asalto a la capital y amenazó con romper el legado de Estados Unidos de transiciones pacíficas de poder.

La National Endowment for Democracy también financia numerosas organizaciones en América Latina, no pocas de las cuales de agendas progresistas, que promueven la democracia frente a notorios gobiernos de derecha. En Guatemala, apoya a organizaciones como la Asociación Diálogos y Guatemala Visible y Sociedad Civil No-Ficción (que abordan la seguridad ciudadana, la supervisión de los tribunales electorales y constitucionales, y las amenazas contra el Estado de derecho). En la Colombia de Duque, ha apoyado a la Fundación Paz y Reconciliación (enfocada en la transparencia gubernamental), a la Corporación Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (apoyando a los medios comunitarios contra las amenazas por su trabajo), y a la Corporación Casa de la Mujer (empoderando a las mujeres líderes y defensoras de sus comunidades), entre otras organizaciones.

Además, el Brasil de Bolsonaro recientemente ha apoyado al Instituto Tecnológico e Equidade (contrarrestando la desinformación en las elecciones locales) y al Politizar, Instituto de Educación Política (promotor de una cultura tolerante y de un diálogo constructivo) en agendas claramente en contra de la agenda populista del presidente.

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Paralelamente, la Open Society aprobó un apoyo extraordinario para el empoderamiento de las comunidades afroamericanas después de las protestas de Black Lives Matter. La organización, financiada por George Soros, declaró que «con el fin de apoyar el movimiento histórico de esta nación hacia la justicia racial, las Fundaciones de la Sociedad Abierta anuncian inversiones por un total de USD 220 millones en organizaciones y líderes emergentes que empoderan a las comunidades negras en todos los países, apostando su capacidad para llevar el impulso de hoy hacia un futuro mejor». Dicho esto, la Open Society opera con una libertad comparativamente mayor que la National Endowment for Democracy en virtud del respaldo financiero privado.

La respuesta de la Open Society a la insurrección del 6 de enero dice: «Hemos visto escenas asombrosas cuando cientos de matones incitados por un presidente criminal invadieron las cámaras legislativas de un país y causaron caos y muerte en un esfuerzo por anular el resultado de una elección democrática… Fundada para promover los derechos humanos y la justicia en todo el mundo, la Open Society nunca ha estado ciega a la mota en el propio ojo de Estados Unidos, una sociedad con su brutal participación de injusticia racial y exclusión económica, pero nosotros, como muchos, habíamos contado con la autoridad del proceso democrático de Estados Unidos para proporcionar un camino a seguir». La Open Society llamó directamente a un presidente criminal, a pesar del peso debilitantemente partidista de involucrar a la Casa Blanca en ese momento.

La Open Society también ha apoyado proyectos e instituciones con agendas progresistas como la Unión Americana de Libertades Civiles (reconocida defensora de los derechos civiles y crítica de la erosión de las libertades civiles por parte de la Guerra contra el Terrorismo), la Fundación del Instituto Árabe Americano (que denuncia la ocupación israelí y la represión a los palestinos), el Movimiento de Base Malcom y NACCP Legal Defense and Education (defensores de los afroamericanos en América del Norte), el Consejo Nacional de La Raza (centrado en los derechos de los inmigrantes), Planned Parenthood (que promueve los derechos de las mujeres), la fundación Tide (identificado con la agenda izquierdista), y Voto Latino (grupo que fomenta la membresía electoral entre la comunidad latina), entre otros colectivos. También ha financiado entidades que trabajan con instituciones oficiales cubanas, como el Proyecto Archivo de Seguridad Nacional y el Programa Cuba de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Este último instituto es reconocido por su colaboración académica con la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales.

Freedom House, otro objetivo permanente de Beijing, La Habana y Moscú, también disintió cuando la Administración Trump más tarde se movió para descalificar las elecciones. Michael J. Abramowitz, presidente de Freedom House, afirmó: «De acuerdo con la ley y la Constitución de Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump terminará al mediodía del 20 de enero. Pero mientras mantenga sus falsas afirmaciones sobre el fraude, y sus intentos de imponer esas ficciones a otros políticos, instituciones gubernamentales y estadounidenses comunes, socavará los cimientos de nuestra república constitucional y dañará la causa del autogobierno libre en general». A pesar de su dependencia de los fondos federales, Freedom House coincidió con la denuncia inequívoca de Open Society de las acciones de la administración Trump; El 91 % del apoyo e ingresos totales de Freedom House provino de subvenciones federales sin restricciones de donantes en el año fiscal 2020.

Los ejemplos anteriores de disidencia de la sociedad civil elevan el listón para las organizaciones humanitarias con vínculos con regímenes autocráticos y populistas de cualquier signo ideológico. Revelan niveles y modos de autonomía —siempre relativos, pero aquí palpables y reales— para los que el gobierno centralizado no da espacio. Esta autonomía existe en la democracia bajo diversas calificaciones y limitaciones, por supuesto, pero la sociedad observa el poder y los ciudadanos critican al gobierno a su vez. Esto está ausente en las tiranías donde los líderes, el Estado, el gobierno y el partido son una sola cosa, exigiendo lealtad absoluta de sus súbditos.

Lo que sucede en Latinoamérica con las organizaciones no gubernamentales gubernamentales (conocidas en inglés por sus siglas GONGOs) es lo mismo que ocurre en Rusia o China con los movimientos, think tanks y organizaciones paraestatales, que pretenden mimetizarse como sociedad civil autónoma de los gobiernos. ¿Alguna vez los movimientos paraestatales del ALBA han condenado la violación de la Constitución bolivariana por parte del presidente Maduro? ¿Acaso organizaciones como la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba denuncian la censura a artistas de la isla? ¿La Unión Nacional de Juristas rechaza el aplazamiento del calendario legislativo previamente aprobado por la Asamblea Nacional? ¿Los Comités de Defensa de la Revolución cuestionan los aumentos en los precios de bienes y servicios que afectan a familias cubanas ya empobrecidas? Organizaciones de la red bolivariana —el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Asamblea de Movimientos Sociales del ALBA, por ejemplo— también están lejos de adoptar posturas de oposición en cualquier parte del espectro entre National Endowment for Democracy, Open Society y Freedom House. Hasta que puedan cuestionar un estallido o error de los gobiernos de Díaz-Canel, Ortega o Maduro sin sufrir amenazas de cerrar sus sedes, cortar sus fondos y ser clasificados como mercenarios y agentes de potencias extranjeras, la democracia bolivariana lleva un asterisco.

Mientras, en el frente de las democracias desarrolladas, aún se puede hacer más por empoderar a la sociedad civil para desafiar el deterioro democrático. El listón para la autonomía debe ser la censura sin coacción, independientemente de los fondos de financiamiento público. Corresponde a las instituciones democráticas evitar mezclarse con redes asociativas, causas supuestamente humanitarias o iniciativas académicas que comprometen la supervivencia y el reconocimiento de la sociedad civil como espacio de sujetos y causas autónomos. La recesión democrática se intensificó durante la pandemia, pero la sociedad civil activa se puso de pie donde pudo. Comprender, en lo analítico y lo práctico, la distinción entre la sumisión autocrática y la autonomía democrática puede hacer una crucial diferencia en las luchas por venir.

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Distinguishing parastatal organizations, which ultimately serve to legitimize autocracy by muddying the waters of development work, from civil society is critical for not wasting funding and attention on democratically hollow institutions and networks. Degrees of freedom from governmental duress mark this distinction. In Russia and China, the governments continue closing numerous organizations that promote rights and agendas distinct to official party lines. In the Americas, for example, the degree to which social organizations loyal to the governments of the Bolivarian Alliance for the Peoples of our America (ALBA) can criticize governments in Cuba, Nicaragua, and Venezuela, as compared to civil society in developed democracies, highlights this spectrum. The cost of dissent stratifies civil society autonomy within democracies as well, although on a less steep scale. These distinctions between autocratic submission and democratic autonomy become clearer during crises.

The democratic world has suffered new losses in its global competition against autocracy under the combined weight of the pandemic, the resulting economic crises, and the exacerbation of existing conflicts. As tracked by a study published by Freedom House, the civic losses in sites like Hong Kong, Venezuela, Thailand, Turkey, India and Brazil, combined with the relative losses of advanced democracies, took a serious toll on freedom around the world. On a global level, the countries that experienced some democratic deterioration exceed, in number, those that registered improvements. Democratic recession is deepening and spreading. The relative resilience of democracies, and civil society’s capacity for safeguarding democratic principles, have both fallen further into question. 

This global trend came to a critical point in Trump’s America. Organizations emblematic of American civil society—Open Society (OS), The National Endowment for Democracy (NED), and Freedom House (FH)—took diverse public stances in defense of American citizenship. When the White House threatened to suppress the protests in Washington D.C. and other cities, these organizations—and many more—condemned the authoritarian tendencies of President Trump. They stood in solidarity with the protesters, they declared their commitment against racism, and they denounced the attempts to erode democracy. They simultaneously supported activists and organizations with democratic goals internationally, even within right-wing governments reminiscent of Trump doctrine. They broke from the executive branch, at least rhetorically, at most politically.

These statements came with their own risk of political fallout, particularly for those that receive government funding. Even American civil society is subject to certain governmental duress despite being an advanced democracy. However, the shortcomings of compromised democracies should not preclude the reflective examination of developed ones. The price for dissent in autocracies is categorically higher, but funding and networks are still a steep cost for crossing political lines in the United States. Regardless, they all took a stand within the confines of their organizational mandates.

NED and their four associated institutions toed this delicate line after the violent incidents in Washington on January 6^th. They affirmed that “A fundamental tenet of democracy is the peaceful contest of ideas among fellow citizens under law. After a free and fair election, when incumbents are defeated, a peaceful transfer of power must result. It is through such democratic processes that fundamental freedoms are protected, and opportunity and justice are possible for all.” While not inflammatory or controversial, NED’s timing was sharp. For fear of being accused of meddling in domestic affairs, which is explicitly outside of NED’s congressional mandate, they stood up for broad democratic principles.

NED also finances numerous organizations in Latin America — not few of which of progressive agendas — that promote democracy in the face of notorious right-wing governments. In Guatemala, they support organizations like the Asociación Diálogos and Guatemala Visible y Sociedad Civil No-Ficcion (addressing citizenship security, the supervision of electoral and constitutional tribunals, and threats against the rule of law). In Duque’s Colombia, they have supported the Fundación Paz y Reconciliación (focused on governmental transparency), the Corporación Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (supporting community media against threats for their work), and the Corporación Casa de la Mujer (empowering women leaders and defenders of their communities), among other organizations. Furthermore, in Bolsonaro’s Brazil, they have recently supported the Instituto Tecnologia e Equidade (countering disinformation in local elections), and Politizar, Instituto de Educación Política (promoter of a tolerant culture and constructive dialogue), on agendas clearly against the president’s populist agenda.

In parallel, OS approved extraordinary support for the empowerment of African American communities in the aftermath of the Black Lives Matter protests. The organization, funded by George Soros, stated that “In order to support the historic movement of this nation towards racial justice, Foundations of the Open Society announce investments totaling in $220 million in emergent organizations and leaders that empower black communities in all countries, betting their capacity to carry today’s impulse towards a better future.” That being said, OS operates with comparably more freedom to NED by virtue of private financial backing.

OS’ response to the January 6^th insurrection reads: “We have seen astonishing scenes as hundreds of thugs incited by a criminal president invaded a country’s legislative chambers and caused mayhem and death in an effort to overturn the result of a democratic election… Founded to promote human rights and justice around the world, Open Society has never been blind to the mote in America’s own eye — a society with its brutal share of racial injustice and economic exclusion — but we, like so many, had counted on the authority of America’s democratic process to provide a way forward.” OS directly called out a “criminal president,” despite the debilitatingly partisan weight of engaging the White House at the time.

OS has also supported projects and institutions with progressive agendas like the American Civil Liberties Union (recognized defender of civil rights, and critic of the War on Terror’s erosion of civil liberties), the Arab American Institute Foundation (that denounces the Israeli occupation and repression of the Palestinians), the Malcom Grassroots Movement and NACCP Legal Defense and Education (defenders of African Americans in North America), the national Council of La Raza (focused on the rights of immigrants), Planned Parenthood (promoted of women’s rights), the Tide Foundation (Identified with the leftist agenda), and Voto Latino (group that encourages electoral membership amongst the Latino community), among other collectives. OS has also financed entities that work with official Cuban institutions, like the National Security Archive Project and the Cuba Program of the Latin American Studies of the University of Columbia. This latter institute is recognized for their academic collaboration with the University of Havana and the Superior Institute of International Relations.

FH —another permanent target of Beijing, Havana and Moscow — also dissented when the Trump Administration moved to disqualify the elections. Michael J. Abramowitz, president of Freedom House, affirmed that “According to the law and the US constitution, Donald Trump’s presidency will end at noon on January 20^th. But as long as he maintains his false assertions about fraud — and his attempts to impose those fictions on other politicians, government institutions, and ordinary Americans—he will chip away at the foundations of our constitutional republic and damage the cause of free self-government more broadly.” Despite their dependency on federal funds, FH matched OS’s unambiguous denunciation of the Trump administration’s actions; 91% of FH’s total support and revenue came from federal grants without donor restrictions in fiscal year 2020.

The above examples of civil society dissent raise the bar for humanitarian organizations with links to autocratic and populist regimes of any ideological sign. They reveal levels and modes of autonomy—always relative, but here palpable and real—of which centralized governing does not afford space for. This autonomy exists in democracy under diverse qualifications and limitations, of course, but society watches power and citizens criticize government in turn. This is absent in tyrannies where leaders, state, government, and party are a single thing, demanding absolute loyalty from their subjects.

The issue in Latin America with Government Organized Non-Governmental Organizations (GONGOs) is the same issue found in Russia and China with parastatal movements, think tanks and organizations which attempt to mimic autonomous civil society. Has ALBA ever condemned the violation of the Bolivarian constitution by President Maduro? Has the Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba ever denounced the censure of artists of the island? Has the Unión Nacional de Juristas rejected the postponement of the legislative schedule previously approved by the National Assembly? Has the Comites de Defensa de la Revolución questioned the increases in prices of goods and services that affect already impoverished Cuban families? Organizations of the Bolivarian cloth — Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Asamblea de Movimientos Sociales del ALBA, for example — are also far from taking oppositional stances anywhere on the spectrum between NED, OS and FH. Until they can question an outburst or error of the Diaz-Canel, Ortega or Maduro governments, without suffering threats of closing their headquarters, cutting off their funds, and being classified as mercenaries and agents of foreign powers, Bolivarian democracy bears an asterisk.

Whereas on the front of developed democracies, more still can be done to empower civil society to challenge democratic deterioration. The bar for autonomy should be censure without duress, regardless of federal funding. It is incumbent on democratic institutions to avoid mixing with ostensible humanitarian or academic networks that compromise the survival and recognition of civil society as a space of/for autonomous agents and causes. Democratic recession escalated during the pandemic, but autonomous civil society stood up where it could. Knowing the difference can make a world of difference in the struggles to come.

La propuesta contiene un exceso de optimismo en cuanto a los pronósticos económicos del próximo año, con lo que se corre el riesgo de recurrir a un incremento de la deuda pública en caso de no cumplirse los escenarios esperados.

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022 es una propuesta elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los ingresos y egresos del gobierno federal. Está integrada por la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

Fue enviada el 8 de septiembre. Las Cámaras de Diputados y de Senadores ahora revisan la ILIF y tienen como fecha límite para aprobarla el 20 y 31 de octubre, respectivamente. El PPEF es revisado por la Cámara de Diputados, que tiene hasta el 15 de noviembre para aprobarlo. Una vez aprobados, la iniciativa se convierte en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En lo que respecta al Paquete Económico 2022, se contemplan ingresos por 7.088.250,3 millones de pesos. Los aspectos más relevantes en la ILIF son los escenarios económicos que se esperan para el siguiente año: 1) Se pronostica un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 4,1 %; 2) se estima una inflación de 3,4 %; 3) se prevé un tipo de cambio promedio de 20,30 pesos por dólar; 4) una tasa de interés promedio de 5 %, así como 5) un precio promedio de 55,1 dólares por barril de petróleo.

El planteamiento básico del presupuesto es gastar la misma cantidad de lo que se tiene de ingreso, así que se busca ejercer un gasto neto de 7.088.250,3 millones de pesos. En términos generales, esto representa un incremento del gasto de 8,9 % en comparación con el año anterior.

En el sector salud se plantea un aumento de 131.000 millones de pesos, lo que representa un aumento de recursos de 31 % para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de 8 % para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de 28 % para la Secretaría de Salud (SA). No obstante, cerca de la mitad de los recursos corresponden a pensiones.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para 2022 es en exceso optimista

Se propone también un incremento de recursos de 64 % para la Secretaría de Turismo y de 50 % a la Secretaría de Bienestar. En contraparte, hay un recorte para la Secretaría de Economía de 47 %, de 25 % para la de Desarrollo Agrario y de 11 % del presupuesto para la Defensa Nacional. De igual manera, en los organismos autónomos hubo recortes, aunque estos fueron mínimos, con excepción del Instituto Nacional Electoral, cuyo presupuesto se redujo en un 11 %.

En cuanto a los programas sociales prioritarios del gobierno federal, se propone un aumento de 36 %, es decir, de 390.299 millones de pesos. Gran parte de este incremento se debe a la elevación del 70 % en el presupuesto del programa Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La formulación actual del paquete económico para 2022 refleja las prioridades del Poder Ejecutivo en cuanto a programas y proyectos

Asimismo, para los proyectos emblemáticos del gobierno federal, se consideran: 1) un incremento de 73,45 % para el Tren Maya, equivalente a 62.942 millones de pesos para 2022; 2) un aumento de 70 % para la Guardia Nacional, equivalente a 29.803 millones de pesos; 3) una reducción de 3,4 % respecto de los recursos que recibió en 2021 la refinería de Dos Bocas, equivalente a 45.000 millones de pesos;^[1] y 4) para el Aeropuerto internacional «Felipe Ángeles» se asignaría un gasto de 11.450 millones de pesos, 98 % menos que el año pasado, ya que se planea su entrega para el 21 de marzo de 2022.

De acuerdo con Carlos M. Urzúa, exsecretario de Hacienda de la actual administración federal, contrario a lo que se podría suponer de manera lógica, el presupuesto no se elabora a partir del estimado de los ingresos disponibles, sino al revés. Primero se estiman todos los «gastos irreductibles, irremediables» y luego «los componentes del gasto que son un tanto más discrecionales». Una vez hecho esto, los encargados de la parte de los ingresos tienen que argumentar y justificar la manera en que estos se obtendrán.

Al revisar la ILIF, se observa que la SHCP prevé un escenario de crecimiento económico del PIB de 4,1 % para 2022, el cual solamente es compartido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que contrasta con las estimaciones de otras instituciones como el Banco Mundial (3 %), Citibanamex (2,7 %), el Banco de México (2,9 %) y la OCDE (3,25 %). En lo que respecta a la inflación, estimada en 3,4 % por la SHCP, contrasta también con los pronósticos de 3,8 % en promedio de las instituciones mencionadas. Si bien estas estimaciones pueden cumplirse o no en 2022, lo cierto es que el paquete económico está asumiendo los escenarios más optimistas para el cálculo y la justificación del Gasto federal y, en caso de que dichos escenarios no se presenten, el Gobierno federal enfrentaría grandes desafíos en el terreno económico y probablemente tendría que recurrir al uso de la deuda pública o al aumento de impuestos para solventar sus gastos.

Por último, cabe mencionar que una vez más para en el PPEF 2022 no se contemplan programas de apoyo ni acciones para la recuperación de empresas y negocios afectados por la pandemia de covid-19. Tampoco se incluyen programas de cuidados para que las mujeres se puedan incorporar a la fuerza laboral, ni se han focalizado recursos hacia las poblaciones más vulnerables.

Publicado el 4 de octubre de 2021 en KAS Blog «México 2021: realidades y desafíos»

Nota

[1] Los 45.000 millones de pesos destinados a la refinería se clasificaron dentro de la partida para la Secretaría de Energía (Sener), que recibiría 47.057 millones de pesos en su presupuesto.

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En el noveno episodio de En Campaña abordamos el tema de la figura del candidato.

¿Qué características debe tener la relación entre el candidato y el asesor? ¿Qué es ser un buen candidato político? ¿Cómo puede transmitir naturalidad y credibilidad? ¿Cómo potenciar sus virtudes y convertir sus defectos en puntos fuertes? ¿Qué papel juega el candidato en la ejecución de la estrategia?

Para responder a estas preguntas contamos con la participación de Jorge Rábago, asesor de telegenia del Partido Popular; Roberto Izurieta, profesor en la George Washington University-GSPM Latinoamérica, escritor y consultor político; Verónica Fumanal, experta en asesoría y consultoría política y presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP); Fran Rosillo, director de Crisis & Risk Managment de Mas Consulting; María José Canel, catedrática de Comunicación Política y Sector Público en la Universidad Complutense de Madrid; Roberto Rodríguez, doctor en Periodismo, profesor universitario y consultor de comunicación política electoral y de crisis; Daniel Ureña, socio fundador de MAS Consulting y presidente de la compañía en España; y Andoni Aldekoa, periodista, consultor de comunicación política y profesor de cursos de posgrado.

[Lee también: Así debe ser una lideresa política]

Conducción y realización: MAS Consulting.

En Campaña es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Las elecciones no son todo en la democracia, pero ciertamente sin ellas no hay democracia. No son un mal necesario, sino un elemento que define la calidad democrática y el elemento clave que dota de legitimidad a las autoridades. Lo mismo aplica a las campañas electorales. La gente no vota solamente por la campaña, pero sin una campaña electoral profesional y bien planteada, difícilmente se gana en democracia.

Algunas preguntas que respondemos en nuestra edición especial Campañas electorales:

• ¿Cómo se construyen los liderazgos, en especial el femenino, en tiempos de desconfianza?
• ¿Qué rol tiene la investigación electoral en la planificación de la campaña y la corrección de errores?
• ¿Cómo serán en el futuro las campañas, las encuestas y la construcción del mensaje? En este sentido, ¿qué rol ocupará el arte de contar historias?
• ¿Cuál será la relevancia de las redes y la publicidad?
• Y finalmente, ¿cuál será el rol del periodismo y la gestión de los medios?

En 2016, el sí y el no dividieron una parte del país frente al acuerdo de paz con las Farc. A siete meses de las próximas elecciones presidenciales, vale la pena preguntarse si otra vez nos encontramos ante un país polarizado y cuáles son los temas de división entre los colombianos.

A cinco años del plebiscito, ¿se podría decir que Colombia es un país dividido entre dos extremos? La respuesta a esta pregunta no puede reducirse a un sí o a un no. Aunque la polarización de los extremos radicales llama más la atención, pues son estas minorías las que gritan más fuerte, la realidad actual es mucho más compleja.

El país afronta problemas y retos diferentes, y el conflicto armado ya no es el foco principal de las narrativas en medios de comunicación y redes sociales como lo era en años anteriores. Pero en los últimos tres años la situación de orden público se ha recrudecido.

Cinco años

El 2 de octubre pasado se cumplieron cinco años del plebiscito por el acuerdo de paz, y en redes y medios de comunicación se revivieron las posturas del sí y del no. «El no ganó, pero nos robaron», «Santos le mintió al país», «El tiempo nos dio la razón con la falsa paz, Santos dió curules a los narcoterroristas de las Farc», eran algunos de los mensajes repetían algunas personas que estaban contra el acuerdo.

En el otro extremo de la discusión, se culpaba al uribismo, a la pérdida del plebiscito, al «incumplimientos en los acuerdos», al asesinato de reincorporados de las FARC de la actual violencia que vive Colombia. Otros insistían en la falta de validez de la decisión por «la estrategia de mentiras de los promotores del no».

Al día siguiente del aniversario, el 3 de octubre de 2021, en un salón del hotel Tequendama en Bogotá, el Centro Democrático realizó un foro para presentar a sus precandidatos presidenciales. El plebiscito fue uno de los puntos claves de las intervenciones. «Estamos celebrando cinco años de la mayor victoria de la historia de nuestro país en los últimos cincuenta años de la organización de la ciudadanía. El triunfo del no fue el triunfo histórico de una sociedad», aseguró el precandidato Óscar Iván Zuluaga, quien en 2014 perdió las elecciones en segunda vuelta con Juan Manuel Santos.

Hace cinco años, una semana después de que en Cartagena se firmara el primer acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc, 6.431.376 personas (el 50,2 %) votaron no a la pregunta «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?». Una elección con la abstención más alta de los últimos 22 años.

Precisamente, el hecho de que haya sido una pregunta con solo dos respuestas generó divisiones. Para Luciana Manfredi, profesora de la Universidad Icesi de Cali, «el plebiscito era una elección atípica, que te daba dos opciones excluyentes: sí y no, y eso polariza».

Un análisis similar hizo el columnista Roberto Angulo en Portafolio: «[…] quiero enfocarme en algunas consecuencias que tuvo el hecho de haber iniciado una batalla entre los del sí ylos del no que todavía no termina. El plebiscito disolvió matices, avivó la polarización al haber ceñido la discusión a una pregunta que solo admitía una respuesta binaria; atizó contiendas, sin duda, pero le quitó brillo al debate reduciendo el mundo a una sola controversia. La batalla entre el sí y el no erigió, además, una suerte de taxonomía social: la de los amigos de la paz y los amigos de la guerra. Cada bando es, según sus partidarios, el único ungido moralmente para definir lo bueno y lo justo para el país».

La polarización actual

Pero en estos cinco años ha corrido mucha agua debajo de este puente. Este 2021 el país vivió un paro, que fue creciendo con los días, saliéndose de control y poniendo a prueba la institucionalidad democrática. También la pandemia centró la discusión por meses y causó, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que la pobreza monetaria subiera 6,8 puntos porcentuales en 2020. Había 21 millones de habitantes en esa situación al cerrar el año pasado. Y la llegada de más de 1.700.000 migrantes venezolanos ha marcado los temas de la agenda nacional.

Los desacuerdos y divisiones por el sí y el no del acuerdo de paz terminaron siendo coyunturales por el aniversario y, con los días, tienden a desvanecerse para darle paso a nuevos temas. La polarización se da frente a eventos específicos.

Juliana Uribe, de Movilizatorio, un laboratorio de participación ciudadana e innovación social para Latinoamérica que investiga las redes sociales, coincide en que «en la actualidad el proceso de paz no es el tema central de conversación, aunque sí sigue siendo el tema que más nos polariza. Los colombianos no se identifican como enemigos y defensores del acuerdo de paz en este momento, como en el 2016. De hecho, hay una gran mayoría que habla del fracaso del proceso. La división hoy en torno a la paz corresponde más a quién culpar del no cumplimiento de las expectativas. El eje más conservador culpa a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a los líderes de la guerrilla que retomaron actividades ilegales, mientras que otro eje más de izquierda culpa al Gobierno de Duque y al Congreso por la falta de implementación».

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Entre los nuevos temas que forman parte de la polarización está el paro, que primero generó múltiples emociones, incluso el miedo, y que divide las opiniones entre apoyarlo o considerar vándalos a quienes lo llevan adelante, y entre negociar o recuperar el control por la fuerza. El paro nacional empezó el 28 de abril y llevó a miles de personas a marchar en varias ciudades del país, coincidiendo en exigir que se tumbara la reforma tributaria que el Gobierno Duque había presentado en el Congreso. Pero el consenso entre personas de todo tipo (centro, izquierda y centroderecha) no duró mucho cuando el paro se fue extendiendo con los días y, en algunas ciudades, especialmente en Cali, hubo destrucción de infraestructura pública, saqueos y bloqueos. A esto se le sumaron las denuncias por excesos de la fuerza pública, recopilados en un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este paro, a diferencia del que se presentó en 2019, tuvo una mayor participación de jóvenes, pero también los temas de la protesta fueron diferentes e incluyeron la exigencia de que se cumpliera con los compromisos del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre en el teatro Colón de Bogotá.

«Hay temas que siguen en la agenda política como el narcotráfico, los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados o el discurso que nos vamos a volver como Venezuela, seguirán siendo usados en estas elecciones. Todavía hay polarización, los políticos en campaña quieren generar posiciones opuestas; no es un fenómeno que se deba a las redes sociales, lo que pasa es que las redes, con el alto flujo y esto de poner verdades y mentiras manipulando la información, van generando mayor polarización en el electorado. En los candidatos no hay cantidad de propuestas, pero sí discusiones con altos niveles de agresividad», explica Manfredi.

Para Yann Basset, del Grupo de Estudios Políticos de la Universidad del Rosario, no se debe hablar de un país polarizado a más de seis meses de las elecciones y con más de sesenta precandidatos. «Hay una realidad en las redes sociales donde unas minorías radicalizadas y muy visibles hacen ruido, pero no alcanzan a representar a la sociedad».

Las opiniones de si Colombia está dividida y polarizada también están divididas. Liliana María Gómez Céspedes, directora de la Maestría de Comunicación de la Universidad Javeriana de Bogotá, asegura que en el país desde el bipartidismo siempre ha habido esa polarización, pero ahora con las plataformas se exacerba. «Sí la hay, tanto en lo offline como en lo online», explica.

«Durante el proceso, la discusión era sobre si la salida era militar o de diálogo, con mucha desinformación por parte del no y con una desconexión con la realidad por parte de los del sí. Hoy el tema del proceso de paz no va a estar en el centro de la polarización ni en las agendas de los candidatos. Este es un tema fundamental sólo para territorios lejanos afectados por el conflicto, está invisibilizado y se ve menos importante que la seguridad y la economía. La polarización de ahora se ha dado frente al paro y a movilizaciones sociales, que ha sido tratada con una narrativa de vándalos, usada para polarizar», concluye la docente.

Una reciente encuesta de Invamer Poll, que describe la percepción sobre el Gobierno, las instituciones, las autoridades locales y los principales líderes del país en cinco ciudades, no evidenció solo el aumento de la desconfianza hacia estos y la democracia, sino en que también mostró que los colombianos ven como sus principales problemas la corrupción, el desempleo, la economía, la seguridad y el orden público.

En las últimas encuestas, los alcaldes de ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín y el presidente Iván Duque han perdido aceptación.

Así que serán temas relacionados con la seguridad, como la necesidad de mano dura contra la delincuencia, las críticas a los gobernantes locales, la corrupción, las movilizaciones sociales, las denuncias de infiltración al paro, el apoyo a la fuerza pública, la migración venezolana, la interrupción voluntaria del embarazo, entre otros, los que marcarán el camino de las conversaciones del 2022, aunque del proceso de paz el tema que podría seguir sería la JEP, que ya empezó a dar sus primeros resultados en los macrocasos de los falsos positivos y las FARC.

Pero hay un punto en el que la directora de Movilizatorio resalta y es que «muchas veces, la polarización es más fuerte en torno a personas e instituciones. Hay una hiperpersonalización en las discusiones. Entrando en etapa electoral, entendemos que habrá en ese sentido mucha polarización alrededor de las candidaturas y partidos. Es un fenómeno que ya estamos empezando a ver».

Y aunque todavía faltan siete meses para las elecciones de 2022, si estas se centran de nuevo entre uribismo y petrismo y los candidatos más que propuestas usan la demagogia y el ataque al otro, en Colombia nos espera un panorama de polarización electoral que tendrá sus picos.

Después de un largo proceso, todo parece indicar que el nuevo acuerdo global México-Unión Europea podría entrar en vigor a finales de este año.

Expertos en la materia han elogiado las oportunidades que brindarán el nuevo paquete de instrumentos y las medidas contempladas en el acuerdo, y han resaltado sus bondades para potenciar el comercio bilateral y la cooperación en diversos ámbitos. No obstante, el renovado acuerdo global también enfrentará retos, sobre los cuales es oportuno realizar un diagnóstico preliminar.

México y la Unión Europea (UE) concluyeron en abril de 2020, tras cuatro años de negociaciones, la modernización del acuerdo global vigente desde el 2000. Después de un proceso de traducción a las 24 lenguas oficiales de la UE y de ratificación en los parlamentos nacionales de Europa y en el Congreso mexicano, que no estuvo exento de desafíos, todo parece indicar que el nuevo acuerdo podría entrar en vigor a finales de este año. Según las declaraciones del presidente de la delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) México-Unión Europea, Massimiliano Smeriglio, el nuevo acuerdo global estaría listo para entrar en vigor a finales de 2021, cuando se celebre el próximo encuentro de la delegación, ya sea en octubre o noviembre. En este contexto, distintos expertos han elogiado las oportunidades que brindarán el nuevo paquete de instrumentos y las medidas contempladas en el acuerdo, y han resaltado sus bondades para potenciar el comercio bilateral y la cooperación en diversos ámbitos. Sin embargo, el renovado acuerdo global también enfrentará retos, sobre los cuales es oportuno realizar un diagnóstico preliminar.

Las bondades de un acuerdo a la vanguardia

Con la entrada en vigor del acuerdo en el 2000, el comercio de mercancías entre la UE y México se ha incrementado 148 %, con un crecimiento a una tasa anual promedio de 7,6 %. Tan sólo en 2018, el comercio de México con la UE ascendió a 78.500 millones de dólares, equivalentes al 8,6 % del comercio exterior mexicano. Actualmente, el comercio bilateral ya incluye numerosas mercancías que se exportan e importan, pero algunos mercados todavía enfrentan obstáculos. El nuevo acuerdo global, en su parte comercial, abrirá aún más el mercado mexicano a exportadores e inversionistas de la UE e incluirá nuevos ámbitos y medidas, como los servicios, alimentos y bebidas, o el comercio digital. Con esto, prácticamente el cien por ciento del comercio de mercancías entre ambas partes estará exento de aranceles. Además, el acuerdo contempla nuevas medidas para la contratación pública, lo cual permitirá a proveedores de la UE licitar contratos de suministros y bienes en determinados sectores de la administración pública mexicana.

Dentro de los casos de éxito destacables en el marco de esta cooperación se encuentra Alemania, país con el cual México ha fortalecido sus lazos económicos y políticos en los últimos años. El intercambio comercial y las inversiones entre ambos países colocan a Alemania como uno de los principales socios de nuestro país dentro de la UE. En 2019 y 2020, Alemania superó a Japón en cuanto a aportaciones a la inversión extranjera directa (IED) en el sector de manufacturas, el cual concentra la mayor parte de la IED que recibe México. Estas dinámicas de intercambio entre México y la UE también se han visto beneficiadas por la expansión del comercio en la región de América del Norte con el TLCAN, ahora T-MEC, que ha propiciado la creación de grandes cadenas verticales de abastecimiento, especialmente a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, en las cuales distintos países europeos participan de una u otra forma dentro de los procesos.

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Es importante señalar que, en un contexto de recuperación económica global pospandemia, la entrada en vigor de este nuevo acuerdo vanguardista con la UE promete abonar al impulso de la actividad económica que se requiere para recuperar lo perdido a lo largo del 2020 y 2021. De acuerdo con el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el caso de México, la recuperación económica ha estado fuertemente vinculada al aumento de las exportaciones, producto del impulso al consumo, así como de las remesas, que han alcanzado niveles históricos. Asimismo, la recuperación positiva en Estados Unidos es un factor importante debido a la estrecha interdependencia con México. Aquí es donde el acuerdo global podría jugar un papel importante para el futuro de la economía mexicana y también para el propio proceso de recuperación en Europa, que ha realizado esfuerzos importantes en búsqueda de nuevos socios comerciales.

Los retos de un acuerdo con carácter global

Como su nombre lo indica, el acuerdo no se limita únicamente a la parte comercial, sino que, en su carácter global, incluye las bases sobre las que se sustentan las relaciones entre México y la UE en un sentido más amplio. En él, ambas partes se comprometen a cooperar en cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza o el combate a la corrupción, más allá de los mecanismos de diálogo político existentes. La cooperación conjunta para profundizar en estas materias y alcanzar los objetivos comunes será uno de los principales desafíos de este nuevo convenio. En cualquiera de estos ámbitos, México enfrenta retos importantes, como lo ejemplifican los recientes llamados de las Naciones Unidas a que las autoridades mexicanas respeten los derechos humanos de los migrantes tras los violentos operativos efectuados en la frontera sur del país.

En especial, la lucha contra el cambio climático podría presentar importantes obstáculos para fortalecer las relaciones entre México y la UE en los próximos años. La UE ha sido una de las principales entidades promotoras del desarrollo sostenible a nivel global, por lo que no resulta extraño que el acuerdo lo contemple como uno de sus objetivos principales. Sin embargo, la orientación de la política energética del actual gobierno federal dista mucho de perseguir estos fines y ha encontrado críticos tanto al interior como fuera del país. En 2020, la UE envió una misiva a la Secretaría de Energía nacional para expresar su desacuerdo y preocupación por el futuro de las energías renovables en México. Pero no parece que la política vaya a cambiar en los próximos años. Con otros socios, algunos mandatarios dentro de la UE han rechazado acuerdos comerciales que el bloque ha suscrito al no ser compatibles con la agenda climática y de biodiversidad, como fue el caso del presidente francés Emmanuel Macron con el reciente acuerdo entre la UE y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Está por verse si esta situación se repite en el caso mexicano.

Finalmente, la competencia será otro de los retos que enfrente este nuevo acuerdo, ya que en los últimos años la UE no sólo ha impulsado acuerdos comerciales con México, sino con distintos países. Tras dos décadas de negociaciones fallidas y complicadas, la UE logró alcanzar este año un acuerdo comercial con el bloque de Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, lo cual abre las puertas para Europa a un mercado bastante amplio al que no se tenía acceso preferencial. Pero Mercosur no es el único actor relevante con el que la UE ha logrado nuevos acuerdos, pues en la lista también se encuentran economías como las de Canadá, Japón, Vietnam o Singapur. Por ello, el acuerdo con México no tendrá el camino completamente libre para alcanzar una integración más profunda, sino que dependerá de las sinergias que todavía sean factibles y tengan sentido para ambos bloques.

La entrada en vigor del nuevo acuerdo global entre México y la UE requiere de un balance sobre las oportunidades y los retos para alcanzar una mayor integración.

Reflexiones finales

En vísperas de la entrada en vigor del nuevo acuerdo global entre México y la UE, es oportuno realizar un balance sobre las oportunidades y los retos para alcanzar una mayor integración. Por un lado, las nuevas medidas e instrumentos contemplados en esta ardua renovación tras cuatro años sin duda beneficiarán a una gran cantidad de agentes económicos de ambas partes, ya que amplían en gran medida la entrada a mercados que enfrentaban obstáculos con el acuerdo anterior. En el contexto de la recuperación económica, se espera que esta entrada abone al incremento de los niveles de comercio que impulsen las economías tanto de México como de la UE, lo cual dependerá también del pulso con el que continúe la actividad económica integrada en América del Norte.

Por otro lado, esta alianza enfrentará desafíos importantes en las agendas paralelas en las cuales se pretende profundizar, principalmente en materia de combate al cambio climático. Y no sólo eso, sino que también competirá con otras iniciativas de integración económica impulsadas por la misma UE en años recientes, como es el caso del nuevo acuerdo logrado con el Mercosur. No obstante, la entrada en vigor de este acuerdo vanguardista será una buena ocasión para celebrar los altos niveles de integración que se han alcanzado entre México y los países miembros de la UE.

Publicado en KAS Blog: México2021: realidades y desafíos, el 20 de septiembre de 2021.

¿Implicancias del cambio de gabinete? El presidente del Perú Pedro Castillo, renueva el liderazgo de su equipo.

Discordia interna

El presidente Pedro Castillo dio la bienvenida a un renovado gabinete asegurando que se inicia una nueva etapa de liderazgo que «busca fomentar el diálogo, la gobernabilidad y el trabajo en equipo». Sustentó con estas palabras la renuncia de Guido Bellido a la Presidencia del Consejo de Ministros, brazo derecho del fundador del partido de gobierno Vladimir Cerrón.

Pero lo que provocó la renuncia de Bellido no fue el cercano vínculo con Cerrón, acusado de ser el líder de Los Dinámicos del Centro, una organización criminal destinada a cobrar cupos por licencias en el gobierno regional de Junín, sino la filtración del contenido de un chat de WhatsApp en el que la bancada de Perú Libre y el ahora ex primer ministro lanzaban críticas a sus propios ministros de Estado y coordinaban respuestas en busca de desautorizarlos.

En los mensajes de la bancada de Perú Libre, Guido Bellido y Vladimir Cerrón lanzaban dardos al ministro de Relaciones Exteriores Oscar Maurtua quien aseguró ante una comisión del Congreso que el Perú oficialmente no reconocía gobierno legítimo en Venezuela. En los textos también se lee hostilidad contra el ministro de Economía Pedro Francke, quien trató sin éxito que Bellido firmase la resolución para ratificar a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reservas. Esto último con la intención de generar mayor estabilidad macroeconómica.

A todo eso se le sumó la confrontación que generaron sus declaraciones contra el Congreso de la República a quienes de forma reiterada insinuó, en quechua y español, que disolvería si no se alineaban con las propuestas del Gobierno. Estas expresiones en su momento recibieron como respuesta de los congresistas que ellos también podrían vacar al presidente de la República por incapacidad moral si se continuaba con el clima de ingobernabilidad.

En los días previos a que el medio independiente Epicentro TV revelara el contenido de este chat, Castillo no daba señales de querer un cambio en casa, pero ante la fuerza de la evidencia el presidente optó por renovar algunos miembros de su gabinete. Un gabinete con mayor inclinación al diálogo, aunque no sin espacio para críticas.

El perfil de la primera ministra

Cuando el nombre de Mirtha Vásquez comenzó a correr por las redacciones periodísticas para reemplazar a Guido Bellido en la Presidencia del Consejo de Ministros, se comenzó a expandir un aire de tranquilidad. En el Perú, a Vásquez se la conoce principalmente en su rol como presidenta del Congreso del Gobierno de transición de Francisco Sagasti, quien a su vez ocupó el cargo tras la vacancia de Martín Vizcarra y el cambio en la mesa directiva que removió a Manuel Merino de Lama de la presidencia interina. Si bien llegó al Parlamento de la mano del Frente Amplio, un partido que se mostró como de oposición y que votó a favor de la mayoría de las propuestas de vacancia presidencial en el último quinquenio, su liderazgo al frente del Congreso y su temperamento para manejar los debates en un Parlamento polarizado le valieron la confianza y el apoyo de la clase política.

Vasquez es abogada de profesión y se define como una activista ambientalista y defensora de derechos humanos. En su haber tiene un amplio registro de trabajo en organizaciones sin fines de lucro relacionado a estos ejes y tiene, hasta el momento, un currículum limpio de denuncias o controversias.

En general, la clase política la percibe como una mujer capaz, dialogante, que puede construir consensos en una coyuntura como la actual. Sin embargo, la derecha tiene algunos reparos, sobre todo por su oposición a proyectos mineros por temas ambientales. A pesar de esta postura, en una reciente entrevista a TV Perú, Vásquez aseguró que no se opone a la minería pero que sí se exige a las empresas un manejo responsable.

Sobre el otro tema que tiene en suspenso al país, la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente para cambiar la carta magna, la actual primera ministra no la descarta pero indicó que «no es prioridad del Gobierno en este momento». Agregó que existe una movida interesante sobre este tema a nivel de América Latina y que «muchos países se han dado cuenta de que en nuevos momentos se necesita hacer ajustes a la Constitución». Sin embargo, para Perú agregó que en una conversación con el presidente Castillo estuvieron de acuerdo en que es necesario generar un «momento constituyente», ya que la población debe primero sentir «la necesidad de modificar la Constitución».

Pruebas de este nuevo aire de diálogo que trae Mirtha Vásquez es que al día siguiente de su toma de juramento como nueva presidente del Consejo de Ministros el dólar registró una caída importante. Como primera además firmó la resolución que ratifica a Julio Velarde y sus directores al mando del BCR.

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Ministerios en la mira

En total se dieron siete cambios en el gabinete. Uno de ellos fue la incorporación como ministra de Trabajo de la congresista de Perú Libre, Betsy Chávez, quien días antes dijo a un medio local que «así como hay una derecha bruta y achorada, también hay una izquierda bruta y achorada». Ella reemplazó en el cargo al cuestionado Iber Maraví, quien incluso tenía en camino una censura en el Congreso de la República. Mientras tanto, Gisela Ortiz, activista de derechos humanos y vocera de las víctimas de la matanza de La Cantuta cometida durante el gobierno de Alberto Fujimori, asumió la cartera de Cultura. Otros rostros nuevos son José Rogger Incio Sánchez en el Ministerio de la Producción y Eduardo Eugenio González Toro en Energía y Minas.

Si bien los cambios en el gabinete han sido celebrados por la mayoría, hay dos nombramientos que han llamado la atención de los medios de comunicación por los antecedentes de los nuevos ministros Luis Roberto Barranzuela Vite en el Ministerio del Interior y de Carlos Gallardo Gómez en el Ministerio de Educación.

El abogado y exmayor de la Policía Nacional Luis Roberto Barranzuela Vite reemplaza en el cargo al exfiscal Juan Carrasco, quien se vio obligado a renunciar al Ministerio Público tras su nombramiento debido a la incompatibilidad con el cargo. Las críticas a Barranzuela vienen por el lado de su práctica privada como abogado, debido a que es el socio fundador del estudio acreditado para la defensa de Vladimir Cerrón y Guido Bellido en la investigación que se les sigue por lavado de activos en Lima. Además, en su paso por la Policía entre 1981 y el 2012 registró 90 sanciones por negligencia, abuso de autoridad y desobediencia, según informó el medio independiente Ojo Público.

Por otro lado, el profesor retirado Carlos Gallardo Gómez reemplaza a Juan Cadillo, profesor nominado al Global Teacher Prize en el 2017, ganador de Maestro Que Deja Huella y palmas magisteriales, un reconocimiento nacional por contribuciones extraordinarias en la educación del país. Según reveló la revista Caretas, Gallardo Gómez es uno de los fundadores del FENATE, sindicato del presidente Pedro Castillo. El FENATE es señalado por tener vínculos con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso.

La presencia de Gallardo genera, además, incertidumbre sobre la continuidad de la reforma educativa debido a que él presentó en 2007 una demanda de inconstitucionalidad contra la carrera pública magisterial que evalúa a los maestros. Caretas reveló que la demanda argumenta que la evaluación a los docentes vulnera los derechos de estos, al no permitirles el ascenso «por haber desaprobado la evaluación de desempeño laboral en tres oportunidades».

El camino de la confianza

Mientras la designación de la mayoría de miembros del gabinete ha generado tranquilidad, dando un poco de estabilidad a la tendencia al alza del precio del dólar. aún queda mucho pan por rebanar, ya que, según la Constitución peruana, para continuar en el gabinete Vásquez debe recibir el voto de confianza del Parlamento en los primeros 30 días de su nombramiento.

La mayoría de parlamentarios de distintas tiendas políticas aseguran que lo otorgarán. Mientras tanto, congresistas de Perú Libre allegados a Vladimir Cerrón han recibido la noticia de un cambio de gabinete con un mal sabor y ha dado «libertad» para que cada uno de los miembros de la bancada decida a conciencia si dar o no la confianza.

Haciendo sumas y restas parece que «la confianza» al gabinete es una apuesta segura. La presencia de cuadros con perfiles técnicos, mejores hojas de vida en general y mayor carácter democrático parecen haber dado un respiro a la conflictividad y al enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, que había llegado al punto de enfrentar al país a la dualidad de la vacancia o el cierre del Congreso día por medio. Un dilema en el que los peruanos ya están cansados de participar.

«Y en guerra con mis entrañas», dice nuestro corresponsal desde Madrid, citando al poeta y reflexionando sobre una fecha histórica que invita a la reflexión en España y América.

El 3 de mayo de 1930 Manuel Azaña visitó el Lyceum que en Madrid dirigía María de Maeztu para hablar sobre Cervantes y la invención del Quijote. El intelectual alcalaíno aludía a la virtud de la creación, la invención, la belleza, y la innovación, sin límites. Señalaba también que el tiempo moral de una generación no tiene límites. Y que por eso Cervantes y Alonso Quijano, la única criatura que pudo decir «yo sé quién soy», eran intemporales.

El tiempo de la historia es, por definición, el tiempo científico sin límites. Igual que el tiempo de la memoria es el tiempo de la emoción sin límites, voluntaria o involuntaria, como demostró Marcel Proust. Un tiempo científico sin límites es el tiempo cívico de la humildad en el examen, del afán de comprensión desde el análisis. No nos permitirán vivir nuestros descendientes si no permitimos vivir a nuestros antepasados. Vivir, y convertir a la historia en la ciencia de la vida, y no de la muerte, y del futuro, y no del pasado, es empezar por asumir cuanto nuestros mayores hicieron.

Asumir. Pero asumir para avanzar. «Paz, piedad, perdón», pedía Manuel Azaña el 18 de julio de 1938 en Barcelona. Diez años después le preguntaron a Juan Ramón Jiménez, en una entrevista para la bonaerense España Republicana, qué quería para España. Respondió: «Una existencia digna, entre personas honestas, y en un régimen de libertades». Una existencia lúcida y consciente. O, como el 28 de junio de 1939 le decía Manuel Azaña a uno de los primeros democristianos españoles, Ángel Ossorio y Gallardo, ya en el exilio ambos: «Todo lo que soy lo llevo conmigo».

¿Qué llevamos con nosotros? El testimonio de gratitud hacia la colosal obra que acometieron quienes ganaron para nosotros la vida, la tierra, la dignidad humana, la justicia y la libertad que soñaron. El reconocimiento del rostro ensangrentado de nuestro espacio de civilización, nacido del afán de poder despiadado, pero transformado hoy, en sí mismo, en un signo de resistencia a la concepción de nuestro mundo como dominación, hegemonía e imperio, y no como una histórica oportunidad para la reconciliación y para la fraternidad.

Soy europeo, nací en dictadura y, por lo tanto, vengo de todas las violencias. Pero también del amor de la generación de mis padres, que conquistó la democracia, la Constitución y el Estado de derecho. ¿Mi tarea? La de Antonio Machado: «No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada; yo vivo en paz con los hombres, y en guerra con mis entrañas».

El resultado de las elecciones marca un cambio en el panorama electoral, cuyos contornos han ido dibujándose durante mucho tiempo. Fue sobre todo la disposición a cambiar el voto lo que decidió las elecciones. El voto hace tiempo que dejó de oscilar entre los dos frentes de democristianos/liberales (CDU/CSU-FDP) y socialdemócratas/verdes (SPD-Alianza 90/Verdes); ahora, los votantes migran a otros partidos políticos que no necesariamente tienen la misma orientación. Además, el porcentaje de votantes impredecibles aumenta de unas elecciones a otras. En estas elecciones, alrededor de las tres cuartas partes de los votantes identificados con un partido mostraban su disposición a cambiar el voto en el período previo a los comicios.

Estas elecciones se han caracterizado por los resultados mediocres de la Unión (CDU/CSU), que contrastan con las subidas de Los Verdes, el SPD y el FDP. Por otro lado, los extremos políticos han sufrido una pérdida de apoyos (leve en el caso de AfD y notable en La Izquierda).

Si bien en los resultados electorales del SPD prepondera la personalidad del candidato, esto tiene un escaso efecto sobre cómo se percibe el partido. En el caso de la CDU/CSU, por el contrario, tanto el partido como el principal candidato tienen una peor valoración que en los anteriores comicios, en 2017. Los Verdes obtuvieron mejores resultados que en las anteriores elecciones, si bien no lograron cumplir las expectativas. Incluso han perdido competitividad, en comparación con 2017, en el importante campo de la política medioambiental y climática.

Publicado en Monitor KAS. Acceda a la versión completa aquí

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A mediados de agosto, la opinión pública venezolana recibió una relativa sorpresa: el Estado venezolano y los principales sectores de la oposición venezolana firmaron un acuerdo de entendimiento para desarrollar un nuevo proceso de negociación que destranque la crisis política venezolana, mediado nuevamente por Noruega, animado por una serie de países interesados en una mitigación de la situación venezolana y sus efectos internos y externos, y auspiciado por México. El memorando de inicio era el resultado de meses de reuniones discretas, pendulares, pero dentro de un contexto muy distinto al de procesos anteriores.

Los valores expresados en el primer documento resultan impecables: el bienestar del pueblo venezolano, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, los derechos humanos, la responsabilidad social y el pluralismo político. Su interpretación, claro está, tiene la dificultad inicial de trascender los múltiples significados de estos términos y, con ello, construir un espacio común. ¿Es posible hacerlo entre partes cuya enemistad ha sido el factor primordial de la política venezolana en las últimas décadas?

Admito que mi punto de partida para observar este proceso tiene un doble sesgo: si bien me encuentro entusiasmado por todo proceso de entendimiento que implique una conducta pluralista, rechazo la equidistancia de atribuirle a las partes en conflicto una responsabilidad simétrica: con todas las críticas que pueden hacerse a los esfuerzos de los demócratas venezolanos en alcanzar el poder y presionar al statu quo, incluyendo sus efectos no esperados, la responsabilidad que las políticas e ideología dominante del Estado de la Revolución bolivariana tienen sobre la situación económica, social y política del país es inconmensurablemente mayor. Y tal es la revelación principal de todos los procesos de negociación previos, en sí mismos extraordinarios: encontrándonos bajo un sistema autoritario y con instituciones dominadas por un solo partido, no existe un público común ni espacios donde lo que serían conversaciones ordinarias entre adversarios políticos tengan lugar. En Venezuela no hay un sistema de partidos pluralista, la libertad de los medios está altamente restringida y no existen canales de reconocimiento formal hacia las alternativas políticas.

En este sentido, el actual proceso tiene la virtud de no pretender ser una pequeña constituyente, en la cual élites en contienda decidan la forma del país para las próximas décadas. Sin esa aspiración, más allá de otros gestos, la atención se centra en lograr que el partido que controla el Estado haga concesiones políticas de relativa liberalización que permitan la entrada de la oposición tradicional en eventos electorales competitivos que reten su hegemonía, recibiendo a cambio algunas de sus aspiraciones estratégicas. ¿Cómo han entrado las partes a este proceso?

Siendo la asimetría en responsabilidades un rasgo de la situación, también lo es la asimetría de poder político relativo. El gobierno de Nicolás Maduro se concibe como el sector victorioso de una larga contienda, y espera capitalizar esta percepción en el proceso. Tiene una serie de ventajas importantes, como el control del poder efectivo y de las instituciones del país, así como con una aspiración estratégica colectiva disciplinadamente desplegada. El chavismo busca que sean levantadas las sanciones internacionales sectoriales sobre activos y procesos financieros del Estado venezolano, generar un sistema que incluya a la oposición sin que esta amenace su dominio, y establecer una especie de corresponsabilidad de la alternativa democrática en la crisis venezolana. Si por añadidura obtiene algún tipo de reconocimiento de parte de Occidente, tanto mejor.

La oposición no tiene ventajas similares, sino enormes dificultades. Para empezar, ha perdido espacios efectivos de representación, debido principalmente a la represión estatal, pero también a las consecuencias de las decisiones tácticas de su liderazgo, aumentando su desconfianza interna, y también la insatisfacción de radicales y moderados. La oposición venezolana al chavismo ha sido históricamente un archipiélago de organizaciones, y hoy día carece de mecanismos formales de coordinación, así como una definición de objetivos estratégicos y medios tácticos unitarios, salvo una creciente convicción de que el propósito de la democratización está en su peor momento. Esto lleva a distintos sectores a elaborar agendas particulares según se definan en el emergente statu quo, que pasan entre buscar la restauración de oportunidades internas (lo que puede implicar involucrarse en la dinámica de un sistema esencialmente autoritario), a concentrarse en procurar una mayor presión internacional (lo que puede implicar la reducción de la incidencia política práctica de la oposición en el sistema venezolano). No es creíble que las dinámicas de reproches y descrédito mutuas que se han iniciado entre los principales partidos de la oposición venezolana no afecten el trabajo de su Plataforma Unitaria en México.

Hay que decir, por otro lado, que este proceso tiene la cualidad de no desarrollarse en un momento de presión inusitada sobre el hegemón venezolano: no hay protestas callejeras significativas, no hay murmuraciones en las fuerzas de seguridad, no hay una atención internacional constante, y la situación económica asoma signos superficiales de alivio. Parece un momento de distensión, pero eso podría cambiar en cualquier momento, especialmente por factores estructurales: en una sociedad empobrecida, el Estado no tiene las capacidades fiscales, técnicas y de aparato humano para desarrollar una gestión que revierta sus problemas de fondo, como el colapso de los servicios públicos, el estancamiento productivo y las alternativas criminales a su control territorial. El descontento con el Gobierno, aun disminuido, sigue siendo el ánimo dominante en tres cuartos de la población; solo la decepción con las alternativas políticas supera a aquel sentimiento.

¿Puede tener efectos positivos esta negociación? La necesidad de hacer diplomacia de micrófonos y gestos mediáticos, incluyendo la presión de los sectores más vocales de la opinión pública hacia soluciones maximalistas inalcanzables, es un riesgo inmediato al proceso. Por otro lado, la sobrecarga de demandas para incluir en la agenda de discusión, sumada a los deseos de entrar en el escenario mexicano por sectores políticos y sociales que a su vez critican la representatividad de las partes. Pesan además los posibles efectos de las elecciones regionales, cuyo resultado no se prevé halagüeño para la unidad democrática, dada las restricciones presentes dentro del sistema, así como la desconfianza y dispersión de sus organizaciones y sus votantes más fieles.

Pero lo más preocupante del proceso es que la posibilidad de un acuerdo entre posiciones estratégicas tan disímiles parece esquiva. La revolución bolivariana quiere una aquiescencia costosa, y la oposición democrática tiene que definir mejor qué puede y qué quiere alcanzar.

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En vista de la deficiente gestión de la crisis del coronavirus, de la creciente pobreza y de las elevadas tasas de inflación, los índices de aprobación de Jair Bolsonaro se encuentran en el nivel más bajo desde su investidura, a poco más de un año para las elecciones presidenciales.

Durante meses, el presidente ha buscado atacar a sus oponentes en las esferas de la política y el Poder Judicial mediante burlas y provocaciones específicas, al mismo tiempo que movilizar a sus partidarios. Las manifestaciones masivas en ambos ámbitos, en particular durante la fiesta nacional, solo dejan en claro la división progresiva del país como resultado de dicha política y alimentan una vez más el debate sobre la defensa de la democracia brasileña y sus instituciones.

El 7 de septiembre, decenas de miles de partidarios del presidente Jair Bolsonaro marcharon por las calles, en el 199 aniversario de la declaración de independencia de Brasil del poder colonial portugués, en 1822. La mayoría de las personas vestidas con los colores nacionales (verde y amarillo) protestaban contra una supuesta amenaza comunista y defendían la reelección de su titular en las próximas elecciones presidenciales, en otoño del próximo año. Puesto que en Brasilia y San Pablo, particularmente, existía el temor de contramanifestaciones de izquierda a gran escala, así como de una intervención masiva de las fuerzas policiales probolsonaristas, la noticia más importante fue que las marchas ocurrieron de forma mayoritariamente pacíficas y sin violencia. Ello es digno de mención también porque el propio Bolsonaro estuvo lejos de adoptar un tono conciliador en vísperas del 7 de septiembre, y en su discurso del Día Nacional, atacando más bien a sus oponentes en el Congreso y en la Corte Suprema con gran severidad y formulando amenazas públicas abiertamente.

A poco más de año para las elecciones, el presidente se encuentra bajo una gran presión. En julio, la proporción de quienes se oponen a su gobierno creció hasta un nuevo récord y alcanzó el 51 %. Solo alrededor de un cuarto de los encuestados dijeron estar satisfechos con el trabajo del gobierno, mientras que otra cuarta parte no quiso emitir una calificación, ni buena ni mala, sobre el Ejecutivo. Según el instituto demoscópico Poder Data, en agosto el 64 % de los brasileños desaprobaron el trabajo del actual gobierno. El Instituto Datafolha determinó también que una leve mayoría de brasileños apoyarían los procedimientos de destitución contra Bolsonaro. Por el momento, la Cámara de Representantes ha recibido un total de 126 mociones. Incluso si no tuviese lugar procedimiento judicial alguno, en este momento, al menos, la reelección del populista de derecha es incierta. Su rival, el expresidente Lula, ahora de 76 años, está muy por delante en las encuestas y, tal como están las cosas hoy, podría reunir casi el doble de votos en la primera ronda de votación, con un 46 %, frente al titular actual del gobierno (con un 25 %).

Pobreza, inflación y crisis energética

En el segundo trimestre del año, el desarrollo de la economía brasileña se estancó —e incluso disminuyó levemente en comparación con el periodo anterior (-0,1 %)—, y esto fue percibido por los expertos como una amarga decepción. En vista de la reciente, aunque leve, disminución de la tasa de desempleo del 14,1 % —tras alcanzar un nivel récord del 14,7 % en el primer trimestre de 2021—, Brasil necesita un fuerte crecimiento y una urgente creación de empleo. El porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que no están integrados al mercado laboral ni asisten a una institución educativa incluso llegó a un pico de casi el 30 % en la segunda mitad de 2020, [1] lo que no puede augurar nada bueno para el futuro del país.

Hay muchos indicios para pensar que la economía jugará un papel clave en la decisión de voto, especialmente para la mayoría de electores sin afiliación partidaria firme o convicción ideológica definida. En tal sentido, la rápida inflación, en particular, podría resultar problemática para los planes de reelección de Bolsonaro. El 13 de septiembre, el Banco Central elevó sus estimaciones sobre la tasa de inflación por vigesimotercera ocasión consecutiva y ahora la estima en un 8 % para 2021.

Bolsonaro en apuros

Desde hace algún tiempo, el presidente brasileño ha estado casi exclusivamente a la defensiva. En abril, una comisión parlamentaria de investigación (Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, CPI) comenzó su trabajo para examinar la acción del gobierno y poner bajo la lupa las decisiones gubernamentales y las fallas relacionadas con el manejo de la pandemia, así como la asignación de fondos del Gobierno, estatal y local, en relación con la pandemia. La información recopilada hasta ahora sugiere que la lucha del Gobierno en Brasilia contra el virus ha estado marcada por una serie de graves fallas y errores.

Luego de dos años y medio al frente del Ministerio de Medio Ambiente, el exministro Ricardo Salles, íntimo confidente del presidente Bolsonaro, renunció el 23 de junio de 2021. El abogado, que aludió «motivos familiares» para dimitir oficialmente, ha estado bajo el foco de los organismos de investigación. En uno de los casos, Salles está acusado de estar involucrado en un sistema destinado a exportar ilegalmente madera con destino a Estados Unidos y Europa.

Otro golpe bajo para Bolsonaro ha sido el fracaso de su intento de enmienda constitucional (proposta de emenda à constituição, PEC) en el ámbito del derecho electoral. En distintas ocasiones —siguiendo, en cierta medida, el ejemplo de otras fuerzas populistas de derecha en Europa y Estados Unidos—, Bolsonaro ha advertido contra un posible fraude electoral, aunque no ha proporcionado ninguna evidencia para respaldar su teoría de la manipulación masiva de las urnas electrónicas. Al final, la Cámara de Diputados rechazó su propuesta de voto impreso en futuras elecciones, consultas populares y referendos. No obstante, la conducta de Bolsonaro ha aumentado las dudas y la incertidumbre en torno al desenlace de las elecciones presidenciales de 2022 y el reconocimiento de los resultados.

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Ataques a las instituciones

Las acaloradas discusiones en torno a su propuesta de enmienda constitucional del voto impreso y las acusaciones de Bolsonaro contra parlamentarios y jueces de la Corte Suprema son solo un ejemplo de muchos, que demuestran que el presidente está actuando de forma cada vez más agresiva y con golpes más furiosos y ciegos contra sus opositores en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Al mismo tiempo, Bolsonaro parece estar probando hasta dónde puede llegar con sus provocaciones. El mismo día en que la Cámara de Representantes debía votar la propuesta de reforma constitucional, el cuerpo de la Marina marchaba frente al Palacio de Planalto en vehículos militares blindados. El motivo oficial del desfile militar del 9 de agosto habría sido llevarle al presidente una invitación para participar en un importante ejercicio militar en el estado de Goiás. Sin embargo, la aparición de militares en la explanada de los ministerios en Brasilia despertó fuertes críticas de los parlamentarios, quienes percibieron el desfile de tanques como una especie de intimidación ante la votación referida.

El 7 de septiembre, conmemoración de la independencia de Brasil, Bolsonaro intentó, de nueva cuenta, hacer muestra de su fuerza. Dado que el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Electoral lo están investigando por difundir noticias falsas y ha habido numerosos arrestos en el entorno del presidente, Bolsonaro eligió como diana para sus ataques al Poder Judicial, en particular a Alexandre de Moraes, quien presidirá el próximo año el Tribunal Supremo Electoral: «O el jefe de este poder federal mantiene a raya a sus jueces, o dicha autoridad va a sufrir lo que no queremos», declaró Bolsonaro. Después de numerosas y vehementes reacciones de parlamentarios de distintos partidos, así como de los tribunales, todos con un claro mensaje de que las instituciones y las fuerzas democráticas se mantendrán unidas y no se dejarán intimidar, Bolsonaro tuvo que retroceder dos días más tarde. Después de una reunión con el expresidente Michel Temer, escribió que «nunca tuvo la intención de atacar a ninguno de los tres poderes».

Conclusiones y perspectivas

El por algunos temido «intento de golpe» del 7 de septiembre definitivamente no se materializó, pero es de suponer que un presidente Bolsonaro cada vez más amenazado continuará sus ataques a las instituciones democráticas del país. Resultados adicionales de una encuesta del Instituto Datafolha muestran que las valoraciones negativas antes mencionadas en torno a Bolsonaro parecen estar solidificándose aún más. Una encuesta realizada entre el 13 y el 15 de septiembre registró otro valor negativo récord desde que el gobierno asumió el cargo en 2019, con un 53 % de rechazo.

A pesar de todo, no es seguro que Bolsonaro —quien por cierto sigue huérfano de partido tras el fracaso de su proyecto de fundar una Alianza para Brasil (Aliança pelo Brasil)—, sea en efecto desbancado a fines del próximo año. Si la economía se recupera rápidamente y toma una senda de crecimiento, y las élites, especialmente los empresarios, se colocan una vez más de su lado por temor a un gobierno potencialmente de izquierda, Bolsonaro podría tener éxito en revertir esta tendencia.

Los próximos meses mostrarán hasta qué punto estas afirmaciones son correctas. También existe la posibilidad de una tercera vía, es decir, la entrada de un prometedor tercer candidato proveniente del centro político. No hay duda de que el 2 de octubre de 2022 los brasileños enfrentarán una elección difícil con un resultado abierto.

Publicación original en idioma alemán en el sitio web de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Brasil.
Traducción: Juan Carlos Gordillo

Nota:

[1] Neri, Marcelo. (2021). Juventudes, educação e trabalho: impactos da pandemia nos nem-nem. Río de Janeiro: FGV Social, p. 6.

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Con la llegada del chavismo al poder, se empieza a diversificar la migración venezolana. La diáspora moderna tiene un crecimiento importante en el año 2015, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, cuando los venezolanos comienzan a emigrar masivamente. A qué países se dirigen, qué dificultades encuentran y cómo de organizada está la diáspora venezolana son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa. 

Participan:

Magaly Sánchez, investigadora Fulbright 2020-2021 en Colombia y experta en Migración Internacional. Fue investigadora en las Universidad de Princeton, de Pennsylvania y profesora en el Instituto de Urbanismo (UCV).

Ángel Arellano, periodista venezolano, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la República de Uruguay y actual coordinador de proyectos de la Konrad Adenauer Stiftung en Uruguay. Es autor de dos libros sobre el tema: 

“Venezolanos en el Uruguay” de 2019 

“Florecer lejos de casa”, editado por la KAS en 2018. 

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

En 2020 se dio un cambio significativo en la apreciación de los liderazgos políticos de las mujeres, aunque es muy pronto saber si esta valoración persistirá en el tiempo.

La forma como algunas jefas de Estado o de gobierno manejaron la pandemia de la covid-19 llevó a que se realzara su gestión. En Brasil, por ejemplo, un estudio realizado con el apoyo de la Universidad de San Pablo y de la Universidad de Barcelona, que indagó sobre la gestión de la pandemia por los alcaldes y las alcaldesas, muestra que las alcaldías lideradas por mujeres mostraron una mortalidad 43,7 % menor que las lideradas por los hombres.

Liderazgos femeninos frente a la pandemia

Un mes después de que el director de la Organización Mundial de la Salud declarara que la covid-19 era una pandemia, salió publicado un artículo en Forbes en el que se señaló que los países que mejor la habían manejado tenían en común que eran gobernados por una mujer. Se destacó la labor realizada por Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán; Angela Merkel, canciller de Alemania; las primeras ministras Jacinda Ardern, de Nueva Zelandia; Sanna Marin, de Finlandia; Katrín Jakobsdóttir, de Islandia; Mette Frederiksen, de Dinamarca y Erna Solberg, de Noruega.

A partir de entonces, se publicaron artículos de prensa en todo el mundo resaltando su gestión en el manejo de la pandemia. Se destacaron cualidades como el cuidado de la ciudadanía que privilegió la vida de las personas por encima de la racionalidad económica. Todo ello con un enfoque que no desmontaba los estereotipos de género, sino que en muchos casos los profundizaba y se seguía aplicando el doble rasero: se evaluaban las conductas de manera distinta si las desarrollaba un hombre o una mujer.

América Latina no fue una excepción. Aunque la región actualmente no tiene mujeres gobernantes en la cúspide del Poder Ejecutivo, hay mujeres que dirigen gobiernos regionales o locales.

El estudio mencionado al inicio del texto, además de mostrar una mortalidad sensiblemente menor de las alcaldías lideradas por mujeres, demuestra también que estas tuvieron un 30,4 % menos de hospitalizaciones por covid-19. Además, los autores del estudio concluyeron que si la mitad de los municipios de Brasil hubiesen estado liderados por mujeres, la mortalidad en el país hubiese sido menor en un 15 %.

Es importante destacar que un enfoque excesivo en el género de los liderazgos para determinar los factores de éxito en la gestión de la pandemia puede resultar contraproducente para las mujeres; se corre el riesgo de que se las evalúe con mayor exigencia y que reciban un rechazo mayor si no cumplen con los estándares establecidos.

¿Qué tienen en común los países liderados por mujeres que han gestionado con éxito la pandemia?

Lo primero a destacar es que los siete países pertenecen al Norte global. Presentan una sólida institucionalidad, alta inversión social, incluida la salud pública (está demostrado que los países dirigidos por mujeres invierten más en esta área y eso está asociado con un menor número de muertes por la covid-19), están en los primeros lugares del Índice de Desarrollo Humano y hay una presencia alta de mujeres en los órganos legislativos que está por encima del 30 %.

Por lo tanto, estos países estaban entre los más preparados para gestionar la pandemia. Cabe destacar, no obstante, que se observaron diferencias entre estos países y otros liderados por hombres que también están entre los que tienen mayor Índice de Desarrollo Humano y una institucionalidad sólida, como Suecia y Reino Unido.

Esta información puede llevar a conclusiones simplistas de que las mujeres lo hicieron mejor por razones de género, pero es necesario profundizar y responder a un conjunto de interrogantes: ¿cómo fueron estas actuaciones? ¿qué medidas se tomaron? ¿qué determinó una gestión exitosa?

Liderazgo pandémico

Basándose en una investigación sobre la gestión de la pandemia de la primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinta Ardern, considerada una de las más exitosas, Suze Wilson desarrolló el concepto de liderazgo pandémico y los elementos que se tuvieron en cuenta en el manejo de la covid-19. Su estudio establece un marco analítico que permite evaluar las actuaciones de las siete mujeres gobernantes señaladas en este artículo.

El primer factor se refiere a la importancia que se le dio a las orientaciones y directrices de las personas expertas en pandemia a la hora de tomar decisiones. En el caso de Ángela Merkel, se asesoró con una red de expertos provenientes de distintas agencias de salud pública y universidades.

Otro elemento a destacar es el manejo de información seria, creíble y oportuna, que llegue a la ciudadanía. La primera ministra neozelandesa ha sido elogiada por la manera cómo ha manejado la información a través de las redes sociales y se ha mantenido en contacto con la ciudadanía. También destaca el caso de la primera ministra de Finlandia, quien usó a influencers para informar a la población más joven y evitar la propagación del virus.

La empatía ha sido uno de los factores altamente valorados en el contexto de la pandemia. Se han destacado los liderazgos que han reconocido públicamente el impacto de las medidas tomadas en la vida cotidiana y el mensaje que han transmitido sobre la necesidad de unir esfuerzos. En este caso destaca la primera ministra de Noruega, quien usó la televisión para hablarle a la niñez de su país sobre el virus.

El manejo de aspectos prácticos por quienes ejercen el liderazgo también ha sido importante. En ese sentido, Jacinda Ardern grabó videos sobre la vida cotidiana para concientizar sobre el confinamiento, mientras que Ángela Merkel explicó que se garantizaría el abastecimiento permanente de alimentos e instó a la ciudadanía a evitar el acaparamiento.

Estas líderes actuaron, además, de forma rápida y oportuna, y aunque tomaron medidas impopulares que afectaron la economía como el confinamiento obligatorio, las estrategias permitieron un manejo eficiente de la covid-19. Pero no hay una relación directa entre esta forma de actuar y el hecho de ser mujeres. También algunos hombres gestionaron de forma eficiente la pandemia, aunque no se hable de ellos.

Lo dicho anteriormente no desconoce el hecho que, por socialización de género, las mujeres lideresas hayan tenido más desarrollados ciertos rasgos fundamentales para el manejo de la pandemia, como la empatía y la cercanía con la población.

Que estos rasgos, considerados «típicamente» femeninos, sean valorados de forma positiva, lo que no ocurría anteriormente, parece abrir un camino nuevo en el estudio del liderazgo político. También hay que reconocer el impacto que tiene en la representación simbólica el hecho de que la gestión de las mujeres gobernantes sea evaluada positivamente.

Publicado el 30 agosto de 2021 en Latinoamérica 21, plataforma amiga de Diálogo Político.

Lineth Saborío, la persona que hoy lidera al Partido Unidad Social Cristina de cara a las elecciones presidenciales 2022 en Costa Rica, es una mujer con experiencia: exdirectora del Organismo de Investigación Judicial y exvicepresidenta de la República.

El Tribunal Supremo de Elecciones registra solo cuatro mujeres inscritas. La socialcristiana es la que presenta opciones reales de llegar a ser la segunda mujer en ocupar la silla presidencial.

La candidatura de la señora Lineth Saborío rompe paradigmas dentro de su agrupación política al ser la primera mujer en levantar la bandera socialcristiana para la Presidencia de la República. El partido y sus militantes han reconocido, con su voluntad popular, la importancia de la participación igualitaria de las mujeres y la identifican como una prioridad.

Lograr la participación plena de las mujeres en la política y en la toma de decisiones políticas ha sido objeto de gran atención. En numerosas ocasiones ha sido señalado por las Naciones Unidas. La Unión Inter Parlamentaria dice en su declaración de 1992: «El concepto de democracia sólo tendrá un significado verdadero y dinámico cuando las políticas y la legislación nacional sean decididas conjuntamente por hombres y mujeres y presten una atención equitativa a los intereses y las aptitudes de las dos mitades de la población.»

El Partido Unidad Social Cristiana se ha consustanciado con esta definición y asume el compromiso con la postulación de una mujer a la Presidencia de Costa Rica.

Hoy, el país enfrenta desafíos que requieren la inclusión de todos y la experiencia en la toma de decisiones, para lograr una verdadera satisfacción de las demandas sociales. Hombres y mujeres que dejen la violencia política de lado para optar por la mayor búsqueda del bien común.

La propuesta programática, bajo ideales inclusivos, conlleva el poner las instituciones públicas al verdadero servicio de la ciudadanía; llevar sus oficinas, o bien sus funcionarios, al mayor alcance de cada persona.

Las decisiones que afectan a la población no deben ser tomadas sobre un escritorio capitalino, sino sobre la tierra, sobre la misma necesidad puntual de la demanda social. Entender que las instituciones pueden ser, también, lideradas por políticos de las zonas rurales, hombres y mujeres que viven en el día a día las verdaderas necesidades de la población más vulnerable.

Reestructurar el Estado significa comprender que algunas instituciones perdieron su razón de ser, su visión y misión. En tanto no puedan reformarse al servicio del ciudadano, brindar soluciones sociales, estas deberán cerrarse, por el hecho de que ya no son parte del bienestar social.

La mejor inversión que puede hacer un país es en educación. La calidad, actualidad, estructura y el ambiente adecuado son preocupaciones que requieren inmediatez.

La reducción de la brecha digital es otro punto necesario a atender por la educación. Hoy es inconcebible el estudiante sin computadora o sin conectividad. Se hace imperioso contar con una plataforma de enseñanza en línea eficiente, accesible para todos. El discurso es vacío si la acción fundamental no se basa, en primer lugar, en hacer que Internet llegue a cada estudiante, a una velocidad adecuada y de forma gratuita.

La definición de un perfil profesional del maestro y del profesorado que hoy requiere el estudiante es imperiosa: su adaptabilidad a la tecnología, al cuestionamiento crítico, a la investigación científica, al constante cambio del conocimiento y sus formas de aprender, a la diferenciación de la episteme y la doxa en la gran búsqueda de la verdad.

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La población joven que ni estudia ni trabaja es, en la actualidad, rápidamente alcanzada por la pobreza, por la falta de conocimientos al no haber siquiera terminado estudios de bachillerato en educación media. Algunas de ellas con embarazo adolescente, otras dedicadas a la prostitución en citas o redes sociales. Otros son atrapados en la vida difícil de la drogadicción o reclutados en el mundo de la narcoactividad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que Costa Rica posee el mayor porcentaje de ninis que no han terminado la secundaria. Urge una política inmediata que reactive la educación costarricense. En Costa Rica, 25 de cada 100 jóvenes están en esa condición de no estudiar ni trabajar. Deben ser acciones inmediatas revisar la inversión, el quehacer del Concejo Nacional de la Persona Joven, ordenar las acciones de las instituciones y ministerios pertinentes, hoy ayunos de soluciones.

Nuestro país duplica la tasa de desempleo del promedio de la OCDE y, en el caso del desempleo juvenil, presenta la tasa más alta, con un 40 %. Es notorio el desajuste entre el mercado laboral, la educación general básica y la formación técnica profesional. Los jóvenes rechazados o desertores del sistema educativo son reclutados por el narcotráfico, la delincuencia y el sicariato; ello resulta en un aumento de la inseguridad y los homicidios. Estos problemas aumentan la tensión en las zonas periféricas, las cuales requieren atención especial.

Un pueblo entero espera una propuesta socialcristiana, con principios y valores que limiten la corrupción, redistribuyan la riqueza, la equidad, el crecimiento económico, disminuya el asistencialismo, aumente el empleo y el desarrollo empresarial.

El principal derrotero será devolverle la paz social a los costarricenses, la convivencia pacífica, no solo entre hombres y mujeres, sino con la naturaleza, la tierra y los animales. Implica el disfrute de los derechos humanos, la integración social, el desarrollo sin obstáculos institucionales para el emprendimiento.

Los nuevos contextos de mayor conflictividad social, producto de una mayor diversidad, han ocasionado aumentos de la desigualdad y la exclusión. Debe intervenir aquí el Estado social de derecho, para garantizar una sana convivencia, derechos a cada individuo y armonía al velar por el bien común, sobre los intereses personales.

Costa Rica es un país rico que requiere, hoy más que nunca, mujeres y hombres valientes, capaces de tomar decisiones en favor del bien común y la justicia social. De nada sirve el político que, al llegar al puesto encomendado, no ejerza su liderazgo y deje de pensar en los intereses de la mayoría y en los más necesitados.

Este pueblo, este país, esta Costa Rica merecen que el discurso se construya con acciones, desde la realidad social, desde los sin derechos, desde el hambre y la pobreza: desde el socialcristianismo.

En el Paraguay, las elecciones municipales se celebran cada cinco años en toda la República para elegir a las nuevas autoridades de los 254 distritos que forman parte de su territorio. En esta oportunidad, sin dudas estos comicios constituirán el termómetro político para las elecciones generales del 2023.

En el caso paraguayo, las restricciones sanitarias y medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia del coronavirus han obligado a suspender las elecciones municipales fijadas originariamente para setiembre del 2020. Esto significó que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), máximo órgano de todo proceso eleccionario de Paraguay, prorrogara por primera vez desde la caída de la dictadura en el año 1989 el mandato de las autoridades, y fijara nueva fecha de los comicios para octubre de 2021. Para el efecto, se adoptó un protocolo sanitario acorde a las recomendaciones dadas por las autoridades.

Pasada la crisis caliente de la pandemia, los partidos políticos volvieron a sus viejas prácticas clientelistas y prebendarias, que van reemergiendo a medida que la polvareda de la mayor crisis sanitaria mundial baja el denso humo gracias a la vacuna. No obstante, el proceso político de estos comicios que se vienen ya se puso en marcha desde hace meses, tras las internas de cada partido, en las que definieron sus candidatos.

Un total de 28 partidos, 113 movimientos políticos, 118 alianzas electorales y cuatro concertaciones, que tienen candidatos para presidir las intendencias y ocupar las concejalías, se jugarán su suerte y preconfigurarán el espectro político de cara a las próximas internas partidarias que se celebrarán en vísperas de las presidenciales del año 2023.

Para entender el panorama político y lo que está en juego en estas elecciones debemos remontarnos a la anterior elección municipal, del año 2015. En aquella oportunidad, el Partido Colorado, actual partido de gobierno, perdió en importantes departamentos del país. Tuvo su principal derrota en la capital, donde el opositor Mario Ferreiro ganó la intendencia. En 2019, Ferreiro renunció a su cargo, al haber sido denunciado por la existencia de una red de recaudación paralela en el municipio.

El tablero político

A escasos días de las elecciones municipales, se refuerza diariamente el clima de guerra entre los movimientos y facciones de los dos partidos tradicionales, la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), centrales en la disputa electoral. Ambos partidos son los actores principales que conforman el modelo bipartidista y la estructura clientelar imperante en el país, concentrando en conjunto algo así como el 80 % de votantes duros.

Los colorados, con una unidad de fachada entre los dos movimientos principales del partido —Añeteté, que lidera el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y Honor Colorado, amparado por el expresidente, el empresario Horacio Cartes—, se debaten como de costumbre en una interna feroz y, detrás de los candidatos de uno y otro bando, se disputan el auge de sus líderes de cara al 2023, año de las elecciones generales a la Presidencia de la República.

Sin embargo, la vieja dirigencia colorada, en su afán de recuperar los municipios perdidos en las elecciones del año 2015, elaboró un plan de paz partidaria denominado Operación Cicatriz. Aún con molestias y dudas, el proyecto fue avanzando y logró apaciguar la virulencia de los enfrentamientos internos en el Partido Colorado. La intención tuvo mucha aceptación principalmente en los mandos medios, pero no así en los principales líderes, aunque estos entendieron la importancia de llegar con la menor división posible al 10 de octubre y depusieron muchos de sus enojos e intereses.

Por eso no sorprendió el abrazo entre colorados, enemigos irreconciliables que tuvieron que tragarse sapos y culebras en el afán de que la mayor cantidad de afiliados voten el día de las elecciones.

El ideólogo del plan Cicatriz, José Alberto Alderete, ex senador colorado, reconoció días atrás que las elecciones municipales serán un plebiscito de la gestión del actual gobierno de Mario Abdo Benítez. Mencionó que el objetivo es obtener el 70 % de las intendencias del país, por lo que cualquier resultado por debajo de este número será considerado un rotundo fracaso.

Pero el principal partido de Gobierno ya mira de reojo las elecciones presidenciales del 2023, y los comicios del 10 de octubre serán una antesala a lo que se viene. Por eso, el operativo cicatriz denominado Concordia Colorada no pudo evitar que los principales movimientos internos de la ANR prematuramente ya hayan designado a sus candidatos para las elecciones generales. Por un lado, el actual vicepresidente Hugo Velázquez, por el movimiento liderado por Abdo Benítez, y la dupla Santiago Peña-Pedro Alliana, este último titular del Partido Colorado, por el movimiento liderado por Horacio Cartes, comienzan a jugar sus propias cartas y chances electorales, pensando en el futuro.

La recuperación de importantes municipios para la ANR significaría lograr una tranquilidad momentánea recuperando espacios de poder, habida cuenta de que las elecciones presidenciales serán tan sangrientas como siempre, ya que el poder real se mide en las internas coloradas. Por de pronto, todas las fichas están puestas ahora en el actual intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, quien asumió tras la renuncia de Ferreiro hace dos años y cuenta con la bendición y el apoyo de Horacio Cartes con el objetivo de seguir al frente de esa comuna.

La oposición

Mientras tanto en la oposición, principalmente el PLRA, como ya es tradicional, también se encuentra enfrascado en una lucha sin cuartel casi suicida y ya de larga data entre el presidente del partido, Efraín Alegre, y el senador Blas Llano, líder de uno de los movimientos internos más grandes de la nucleación.

Sin embargo, esto no impidió que los candidatos ganadores en las internas negociaran con los otros sectores de la oposición alianzas para recuperar o mantener los principales municipios del país.

El caso más significativo fue el del outsider liberal Eduardo Nakayama, quien logró unir en torno a su candidatura a toda la oposición en la capital Asunción y se prepara para pelear palmo a palmo con el caballo del comisario, Oscar Nenecho Rodríguez.

Para el PLRA, una derrota significaría que ni aun con alianzas podría vencer a los colorados en importantes municipios y resultaría un llamado de atención importante de cara al 2023.

Precisamente, en este partido aparece un empresario del sector farmacéutico, Norman Harrison, para disputar la chapa presidencial con Efraín Alegre.

Los resultados de las municipales catapultarán a Velázquez-Peña (ANR) o a Alegre-Harrison (PLRA). Una debacle colorada será atribuida a un mal gobierno de Marito Abdo, mientras la derrota en importantes municipios será responsabilidad de Alegre en el seno liberal. Allí radica la importancia de estas municipales.

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Participación

Las internas partidarias simultáneas realizadas en junio pasado con miras a las municipales del próximo 10 de octubre arrojaron una pobre participación de la gente y una gran cantidad de votos en blanco, en unos comicios que inauguraron las innovaciones electorales del voto electrónico y el desbloqueo de listas, además de darse en medio de la actual pandemia de covid-19.

El voto joven tendrá una gran preponderancia en estas elecciones. Del padrón nacional que será utilizado el día de los comicios municipales, se desprende que un total de 1.457.822 hombres y mujeres de entre 18 y 29 años de edad están habilitados para elegir a las nuevas autoridades de los municipios de todo el territorio nacional. Habrá además 986.719 electores de entre 30 y 39 años de edad. Totalizan así 2.444.541 las personas de entre 18 y 39 años de edad que están habilitadas a votar.

En las elecciones municipales del año 2015 fueron habilitadas 3.947.574 personas, mientras que en estas elecciones 2021 están habilitados 4.644.536 electores. De este total, 50,9 % son hombres y 49,1 % son mujeres.

En las pasadas internas partidarias, en la mayoría de los municipios del interior del país se impusieron los clanes familiares que cada vez controlan más la política, perpetuándose a través de las generaciones, sin importar los extensos prontuarios de los candidatos.

La gran disputa estará sin dudas en la capital del país, Asunción, donde la alcaldía municipal es muy apetecible para los partidos políticos, por la gran cantidad de fondos que administra y el trampolín político que podría significar para el eventual ganador.

El nivel de participación jugará un papel fundamental para testear el estado de ánimo de la gente, el humor social, el hartazgo hacia la clase gobernante y sus abusos de poder sobre los ciudadanos y sobre los recursos públicos, que llegaron al paroxismo con las restricciones a los derechos ciudadanos y los escandalosos casos de corrupción impunes en las esferas estatales, y especialmente ante la pérdida de credibilidad de las instituciones públicas en general y de los gobiernos municipales en particular, caracterizados históricamente por su ineficiencia, su corrupción rampante y su falta de rendición de cuentas e impunidad.

Falta de propuestas

A escasos días de las elecciones municipales, y pese a la enorme cantidad de candidaturas (sobre todo a la concejalía), resulta notoria y llamativa la falta de proposiciones claras sobre los dramas ciudadanos.

La ciudadanía requiere de ofertas concretas sobre temas que hacen al bien común, como el tráfico, las coimas, la recolección de basura, veredas y calles destrozadas, la excesiva cantidad de funcionarios, la polución ambiental, la falta de lugares para esparcimiento y la tremenda burocracia a la hora de conseguir documentos. Sin embargo, la clase política sigue enfrascada en debates estériles y acusaciones mutuas entre sus candidatos.

El sensible vacío de contenido programático en las ofertas electorales, así como la banalización y la violencia política de género se hicieron más visibles que nunca. La gran mayoría de las municipalidades se encuentran en crisis, incapaces de enfrentar la demanda social, agudizada por la pandemia. Es que, desde hace un buen tiempo, los gobiernos municipales no logran satisfacer las necesidades básicas de sus comunidades.

El hecho de que los municipios reciban importantes fondos como royalties y Fonacide, no hizo más que deteriorar la calidad de la representación política, abriendo puertas a una mayor corrupción.

Corrupción

La oposición idea la consigna #ANRNuncamás, pero los principales dirigentes del PLRA se encuentran enfrentados y saltan al tapete manejos irregulares del dinero de aportes y subsidios en la administración de Efraín Alegre. La consigna #ANRNunca más desató el fervor de los colorados, pero en Asunción los candidatos solo se identifican con la lista 1 y no aparece mención alguna al Partido Colorado en afiches y propagandas. ¿Vergüenza? Eso está por verse.

El desempeño de los intendentes es muy cuestionado por la Contraloría General de la República, por malos manejos administrativos y hechos de corrupción vinculados a contratación de personal, compra de merienda escolar y construcciones varias. Eso requiere de complicidad de concejales de todos los partidos. Los casos de castigo son excepcionales, por lo que cabe afirmar que la verdadera pandemia en el Paraguay no es la del covid-19 sino la corrupción de su clase política, que priva de calidad de vida a sus comunidades.

En Argentina, los domingos de elecciones ocupan la programación de radio y televisión. El despliegue de lugares comunes electorales, transmitidos en continuado desde primera hora, agoniza las tres horas posteriores al cierre de los comicios, cuando la prohibición de difundir tendencias refuerza la dependencia habitual de las declaraciones oficiales. O de sus filtraciones, como la que en las primarias de setiembre daba una ventaja oficialista que no se confirmó en el recuento de votos. Como es habitual, la versión fue replicada en medios afines y críticos hasta que los resultados la desmintieron.

La derrota del partido gobernante derivó en una crisis de gabinete, pero la imprecisión de los periodistas no motivó ninguna reacción. Posiblemente porque la credibilidad del periodismo argentino está en el piso (2,79 sobre 10 en 2021, según el estudio de la Universidad San Isidro Dr. Plácido Marín), lo que se agudiza entre los votantes del oficialismo (2,33) más que entre la oposición (3,93). Las noticias tienen similar valoración: 36% de confianza según el Digital News Report 2021 del Reuters Institute. Esta crisis de credibilidad en el vínculo de la prensa con la ciudadanía no está disociada de la simbiosis del periodismo con las fuentes oficiales.

Personalización del mensaje

La personalización es una forma de controlar el mensaje. Muchos gobernantes latinoamericanos asumen el papel de presentador de buenas noticias y comentador de la realidad. Se trata de la política pop, en que ser un hit mediático se vuelve un fin en sí mismo, y el control de lo publicado, más relevante que la rendición de cuentas de lo ejecutado. Por eso, el líder pop prefiere su programa, la cadena nacional o una exclusiva estratégicamente concedida, a una conferencia de prensa abierta a medios diversos. El presidente Alberto Fernández dio trece en 2020 y solo cuatro en nueves meses de 2021, según registra el canal de la Casa Rosada. Esas conferencias de prensa al inicio de la pandemia fueron reemplazadas por anuncios grabados o entrevistas exclusivas (dio 77 en 2020), que le permiten mantener el protagonismo, evitando esas preguntas fuera de agenda que suelen despertar su iracundia.

La facilidad con que las versiones oficiales circulan en la prensa habla de un sistema de vertido de información donde el poder busca el máximo control del mensaje y el periodismo, el máximo acceso disponible. La pretensión de hegemonía del discurso público se delata en la hostilidad que los populismos manifiestan cuando la noticia no reproduce literalmente la palabra oficial. Cualquier interpretación o comentario crítico dispara la respuesta de que «Tal [medio, periodista, ciudadano] miente», con la que el líder populista señala el blanco de las medidas disciplinantes y de la hostilidad de los fanáticos. Esta hostilidad a la prensa que globalizó el tuit de Donald Trump es una práctica que inauguraron líderes latinoamericanos cuando apenas nacía esa microrred.

Conferencias de prensa

Cristina Fernández brindó 38 conferencias de prensa en diez años en el poder: 32 en el primer mandato, seis en el segundo que terminó en 2015, y ninguna en su rol de vicepresidente desde 2019. Además de sus redes sociales, que le aseguran el protagonismo mediático por varios días, hace públicas sus audiencias judiciales en las que hace una defensa más política que jurídica. Su argumento preferido es una teoría sui generis que llama ampulosamente (y pronuncia incorrectamente) law-fare, que consistiría en un contubernio entre lo que llama «medios hegemónicos» y el sistema judicial, que refieren también otros procesados como Rafael Correa y Lula da Silva.

De sus teorías conspirativas no se salva ni el equipo presidencial. Un tuit que publicó cuatro días después de la derrota electoral provocó la renuncia de Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación y Prensa, al que criticó como «Un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off, por ejemplo? Verdadero misterio». El misterio es, en realidad, que la vicepresidente esté asombrada de un vocero sin voz, rol que inauguró el mismo Néstor Kirchner en 2003. Y que ella misma mantuvo entre 2007 y 2015 en su política de personalización de la comunicación presidencial y manejo de la información sotto voce.

Derrota en las primarias

La derrota oficial en las primarias tuvo una imagen icónica, que mostraba a Cristina Fernández cabizbaja y, en proporción, más pequeña que en las imágenes que distribuye su equipo de prensa. Esa fotografía fue tomada por Franco Fafasuli, uno de los cuatro reporteros gráficos del pool de prensa autorizado a ingresar al comité de campaña. La fotografía circuló por todo el mundo y puso en evidencia la importancia del acceso abierto a reporteros independientes. Sin embargo, a diario enfrentan restricciones incluso en eventos en apariencia abiertos como la llegada de los cargamentos de vacunas. Si bien el gobierno alega razones de protocolo Covid19 para impedir el acceso, lo cierto es que se trata de actos públicos que suelen ser multitudinarios. Con lo que es nueva excusa para una vieja costumbre.

En teoría, el periodismo proporciona a la ciudadanía información para la toma de decisiones. En la práctica, no cuenta con la libertad que necesita para cumplir ese papel. La crisis de gabinete resultante de la derrota electoral generó renuncias en bloque y zozobra institucional sin que fuera contenida por declaraciones oficiales ni conferencia de prensa. No obstante, la versión off the record que destacaba el «volumen político» del nuevo gabinete, fue homogéneamente reproducida en los medios. Sin fuente, claro.

El mecanismo de canilla única es eficiente porque unifica y disciplina a la prensa. A la vez que difunde una versión oficial, garantiza la publicación con la amenaza implícita de que puede cerrarse el flujo informativo si no es adecuadamente tratado. Así, el acceso a la información deja de ser un derecho para ser un privilegio que el periodista debe agradecer. La comunicación populista se vuelve simulacro de un sistema de prensa democrático que es, en esencia, autoritario. Como las mañaneras de López Obrador, que no son una conferencia de prensa, sino el programa televisivo que todo líder pop sueña para sí, donde es presentador exclusivo del espectáculo de gobierno. O como las entrevistas que Fernández concede a selectos interlocutores, lejos de un acceso abierto al periodismo como portavoz ciudadano.

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En el octavo episodio de En Campaña abordamos el tema de la gestión de crisis. Este es el siguiente paso tras poner en marcha la investigación, la planificación, la estrategia electoral, el mensaje, las redes sociales, la publicidad electoral y la gestión de los medios de comunicación.

¿Qué es? ¿Cómo prevenir una crisis y cómo actuar cuando surge? ¿Se puede minimizar su impacto y salir victorioso de una situación así? ¿Qué es comunicación de crisis? ¿Qué características deben tener los portavoces y los gestores de crisis? 

Para responder a estas preguntas contamos con la participación de Fran Rosillo, director de Crisis & Risk Managment de MAS Consulting, y Luis Arroyo, consultor de comunicación política.

Conducción y realización: MAS Consulting.

En Campaña es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Las elecciones no son todo en la democracia, pero ciertamente sin ellas no hay democracia. No son un mal necesario, sino un elemento que define la calidad democrática y el elemento clave que dota de legitimidad a las autoridades. Lo mismo aplica a las campañas electorales. La gente no vota solamente por la campaña, pero sin una campaña electoral profesional y bien planteada, difícilmente se gana en democracia.

Algunas preguntas que respondemos en nuestra edición especial Campañas electorales:

• ¿Cómo se construyen los liderazgos, en especial el femenino, en tiempos de desconfianza?
• ¿Qué rol tiene la investigación electoral en la planificación de la campaña y la corrección de errores?
• ¿Cómo serán en el futuro las campañas, las encuestas y la construcción del mensaje? En este sentido, ¿qué rol ocupará el arte de contar historias?
• ¿Cuál será la relevancia de las redes y la publicidad?
• Y finalmente, ¿cuál será el rol del periodismo y la gestión de los medios?

El 28 de julio, Pedro Castillo, candidato del partido maoísta-leninista-marxista Perú Libre, asumió la presidencia del Perú. Sin embargo, a pesar de haberse puesto la banda presidencial, no se quitó el sombrero con el que ganó muchas simpatías durante la campaña política. Y tal parece, tras este primer mes y medio de gobierno, tampoco dejó de lado la campaña proselitista.

Fiel a su trayectoria como líder del sindicato de profesores, a donde va Castillo «recoge» reclamos, hace promesas y denuncia al poder aun siendo gobierno. Sin un camino claro, es difícil para los actores económicos, sociales e internacionales saber cómo interpretar los mensajes del Gobierno.

Tal vez el ejemplo más saliente sea el reciente tratamiento dado a la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. En los días posteriores a la muerte del terrorista Guzmán, lejos de dar un mensaje a la nación, el presidente Castillo continuó con una visita protocolar a Chota, el distrito de la provincia de Cajamarca que lo vio nacer y de donde viene su sombrero. Y evitó pronunciarse sobre la muerte del peor criminal en la historia del Perú más allá de un tuit de 51 palabras.

Esta es una actitud que no solo persigue el presidente, sino también el premier y la mayoría de sus ministros de Estado. Por ejemplo, la noche de la muerte de Guzmán, el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido tuvo tímidas declaraciones sobre el tema, desde el sur del país, a donde viajó siguiendo una agenda para escuchar los reclamos locales frente a las actividades mineras. Finalmente, al unísono el Ejecutivo terminó invocando un hidalgo respeto a la independencia de poderes para exigir que sea el Ministerio Público quien cargue con el muerto. El cuerpo de Guzmán fue cremado 12 días después de su muerte tras la aprobación de una ley en el congreso que regula el tratamiento de personas fallecidas condenadas por terrorismo.

La falta de iniciativa sobre este tema es mayúscula y representativa en el Perú, que durante veinte años estuvo preso de la insanía del grupo terrorista Sendero Luminoso, al que dirigía Guzmán. En los días previos a su muerte, el país ya estaba pendiente de que el gobierno deslindara con acciones, firmeza y sin espacio a dudas cualquier vínculo con el MOVADEF, brazo político de Sendero Luminoso. Un deslinde que se hace especialmente necesario luego de que César Tito Rojas, dirigente de MOVADEF, estuvo rondando los más altos círculos del Ejecutivo y se reunió con el premier Guido Bellido en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Economía a la deriva

Otro espacio en el que la inacción del Ejecutivo está cobrando factura es la recuperación económica. El dólar en el Perú ha cruzado por primera vez en la historia la barrera de los 4 soles y según las proyecciones internacionales ahí se va a quedar hasta julio del 2022. El actual presidente del Banco Central de Reservas, Julio Velarde, la figura que más confianza da a los actores económicos sobre el manejo de la política monetaria en el Perú, adjudica la depreciación del sol a la inestabilidad política. Sin incertidumbre política, señaló ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, el dólar estaría entre S/ 3.60 y S/ 3.70. A pesar de los esfuerzos del ministro de Economía Pedro Francke de dar estabilidad en este rubro, el presidente Castillo aún no ratifica a Velarde en su puesto, contribuyendo así aún más a la incertidumbre y la especulación cambiaria.

Pero para los actores económicos el dólar es lo de menos; la verdadera amenaza a la estabilidad sería la creencia de este gobierno en el control de precios como salida política para los problemas de liquidez de los peruanos. El partido Perú Libre ya presentó un proyecto de ley en ese sentido y, días antes de la muerte de Abimael Guzmán, el presidente Castillo dio un mensaje a la nación para anunciar la incorporación del GLP en el fondo de estabilización que protege a los precios de combustibles de la fluctuación de los precios de los mercados internacionales.

Además, recientemente se designó a Julián Fernando Palacín Gutiérrez como el nuevo presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi). Palacín fue candidato de Perú Libre al Congreso y su designación causa preocupación en medio del debate suscitado sobre el alza de precios que se observa en el mercado, producto directo del alza en el tipo de cambio. La reciente exigencia de agentes políticos de Perú Libre se inclina a que el Indecopi pueda tener un rol más protagónico en la fiscalización de los precios.

La sombra de la asamblea constituyente

El actual gobierno sabe que no puede ejecutar su programa político bajo la Constitución vigente en el Perú, por lo que la prioridad absoluta a corto plazo es el cambio total de la carta magna mediante una asamblea constituyente. El problema de este planteo es que en la actual Constitución no existe esa posibilidad, ya que el artículo 206 establece que el único camino para hacer reformas parciales o totales del máximo texto legal es mediante votación en el Congreso de la República.

A pesar de su falta de legitimidad, miembros del Ejecutivo, como la vicepresidente Dina Boluarte, han mostrado su respaldo a la recolección de firmas. Boluarte aseguró públicamente que «están trabajando y recolectando firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente» durante el inicio de la entrega del bono Yanapay de S/ 350 soles de ayuda asistencial. Estas expresiones y respaldo a una iniciativa que debería ser ciudadana ha sido criticada como una injerencia, y contradice la promesa de Pedro Castillo en su mensaje a la nación del 28 julio, cuando aseguró que cualquier cambio se hará respetando la actual Constitución.

Este proceso de recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente, por parlamentarios de Perú Libre y miembros del Ejecutivo, causa más extrañeza si se considera que el mismo partido actualmente promueve una ley para incluir esa figura en la Constitución vigente, lo cual es un reconocimiento implícito de que no existe un marco legal para hacerlo. Marco legal o no, lo cierto es que tras las declaraciones de la presidenta del Congreso María del Carmen Alva aduciendo que «la calle pide vacancia», la mira del actual gobierno se ha puesto con más ahínco en un cambio de Constitución. La sola propuesta de un cambio de esta naturaleza es lo que mantiene al país en la absoluta incertidumbre económica y política, un entrampamiento del cual no parece haber salida.

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La CELAC pretendía ser espacio de encuentro. Sin embargo, la última cumbre pareció un escenario para el intercambio de gestos polarizantes. Queda pendiente la construcción libre y democrática de acuerdos.

Fue durante la conmemoración del 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar en julio pasado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció ante el cuerpo diplomático y funcionarios de embajadas la intención de incluir, como parte de la agenda para la siguiente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), la propuesta de explorar una ruta para conformar una institución en relevo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin mayor detalle, el mandatario mexicano tildaba al organismo presidido por Luis Almagro desde 2015 de obedecer a intereses ajenos a la región, de estar lejana a la «historia», las «realidades» y las «identidades» latinoamericanas. Y es que, a partir de su instalación en 2011, la CELAC ha procurado ser un espacio de encuentro para abordar de manera común temas que afectan a la región, bajo la premisa, expresada por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, de que «no podemos permanecer desunidos, no podemos tener éxito en el futuro en función de nuestras diferencias. Ahora nos corresponde a nosotros unirnos sobre la base de nuestras similitudes, que superan con creces nuestras diferencias».

El entorno local e internacional parecía en ese momento –julio de 2021– adecuado para la propuesta lopezobradorista: el país como sede de las charlas entre la oposición y el gobierno venezolanos; los resultados en la elección intermedia del Congreso mexicano, que aún se mantiene controlado por el partido presidencial –Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)–; los triunfos electorales de Pedro Castillo en Perú y de Alberto Fernández en Argentina; el rechazo de Cuba a las sanciones impuestas por Estados Unidos a causa de la represión contra disidentes y manifestantes en julio pasado…

Se configuraba así un ala en apariencia sólida, que ayudaría a medir el pulso frente a una OEA que ha condenado las represalias al derecho de protesta en la propia Cuba, los atropellos a la democracia, a las libertades y a los derechos humanos en Venezuela, el desgaste constante al que tiene sometidas las instituciones de la república Nayim Bukele en El Salvador, la persecución a partidos, representantes de la oposición y periodistas que ocurre ahora mismo en la Nicaragua de Daniel Ortega.

Un grupo de países que, o se encuentra en la esfera de lo que Federico Finchelstein llamó autoritarismo democrático (Del fascismo al populismo en la historia, Taurus, 2018), o son francas y abiertas dictaduras. Un grupo de países al que las posturas de la OEA le incomodan porque dan proyección internacional a los abusos de regímenes que se acercan o viven ya en la autocracia.

El ambiente previo a la VI Cumbre de la CELAC que se realizaría en Ciudad de México el 18 de septiembre dejó, no obstante, de lado aquella propuesta de López Obrador: el punto más delicado y que en verdad representaba un hito para la reunión fue relegado de la agenda pública y opacado por el anuncio de la Cancillería mexicana de que asistiría el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

La noticia, confirmada dos días antes de celebrarse el encuentro, desató una andanada de críticas contra el Gobierno mexicano por periodistas, académicos, intelectuales, organismos de la sociedad civil, tanto del país como de la comunidad internacional; durante la noche anterior a la inauguración, además, la llegada de Nicolás Maduro sumó argumentos y detractores que incluyeron a partidos de la oposición en México, activistas y protestas ante las embajadas de Venezuela y Cuba.

El trato que López Obrador ofreció a ambos mandatarios los hizo protagonistas en una fecha simbólica para la sociedad mexicana: los festejos de la conmemoración de la independencia del 15 septiembre tuvieron como principales figuras a Maduro y Díaz-Canel, este último invitado a pronunciar un mensaje durante el desfile militar que conmemora el inicio de aquella guerra. En la conversación política nacional esto generó una división ante un festejo que de común logra un ambiente de unidad en el país, de un sano debate público sobre la propia historia y de conmemoración patria.

La polarización de la opinión pública es una estrategia habitual en el mensaje de la presidencia mexicana. Las decisiones, el lenguaje y las expresiones de López Obrador construyen una narrativa en la que es complejo hallar puntos de encuentro, y en la que el denuesto o la descalificación del adversario bastan como argumentos. En El ocaso de la democracia (Debate, 2020), Anne Applebaum desentraña estos métodos y analiza el daño que han generado en Hungría, en Polonia, en España o en Estados Unidos… Un repaso abundante, profundo y bien documentado de la forma en que la radicalización misma socava los cimientos de las democracias.

El protagonismo de dos dictadores como invitados a la Celac fue parte de esa narrativa polarizante, una estrategia comunicativa y política llevada a cabo con precisión por el gobierno obradorista y ahora elevada al ámbito internacional. La propuesta de una institución alternativa a la OEA se insertaba también en una agenda que, a partir de la descalificación desde la vocería presidencial, lleva al debilitamiento de las instituciones y sus representantes: así se ha hecho en México con los organismos electorales, así se pretendía hacer desde el encuentro del pasado 18 de septiembre.

La Cumbre inició así bajo un ambiente polarizado y tenso, tejido con antelación pero al que se contraponía, justo la noche en que Nicolás Maduro aterrizaba en México, la moción del Parlamento europeo de condenar al Gobierno cubano por las flagrantes violaciones a los derechos humanos durante las protestas del pasado 11 de julio, que en cálculos de organismos de la sociedad civil asciende a más de mil arrestos.

Fallaban también los aliados: la ausencia de Alberto Fernández luego del resultado electoral argentino dejaba fuera a uno de los países fuertes de la región, candidato también a presidir la CELAC, lo que deja a la instancia internacional como plataforma para el propio López Obrador; Brasil y Chile, por su parte, también sin representación presidencial, se sumaban a los faltantes y dejaban a la reunión sin tres de los principales actores para impulsar cualquier agenda que pretendiera poner frente a la OEA un organismo legítimo y representativo.

Y si hasta ese momento eran dos dictadores la principal noticia de la Cumbre, su asistencia fue aprovechada durante la sesión plenaria por el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, para increpar a Díaz-Canel respecto de la falta de libertades en Cuba. Bastaron así los breves minutos de su intervención –incluido un fragmento de la canción Patria y vida que acompañó las protestas del pasado julio–, para que ese protagonismo quedara desplazado y se convirtiera más bien en vergüenza pública. Se sumó la voz de Mario Abdo Benítez, de Paraguay, quien desconoció el régimen de Maduro y defendió el papel de la OEA, y la de Guillermo Lasso, de Ecuador, que señaló la importancia del crecimiento conjunto de países «donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores».

Así, la propuesta que pretendía algún acuerdo en torno a la creación de una nueva institución fue presentada por el gobierno de Bolivia, solo tuvo el respaldo de México, Cuba y Venezuela, y se desvaneció sin mayor eco, mientras prosperaban acuerdos como el de asumir una postura conjunta ante la próxima COP26 en octubre o la creación de un fondo común de la región para desastres naturales.

La imagen de López Obrador envuelto en una gabardina negra, sentado con la espalda encorvada y el rostro adusto era el reflejo de un encuentro donde, ya hacia el final, la intención de una alternativa a la OEA quedaba relegada, dejando a México como escenario internacional de reunión de figuras autoritarias, y donde ni el mensaje transmitido del presidente chino Xi-Jinping logró opacar el reclamo democrático de tres países, Uruguay, Paraguay y Ecuador, que eligieron anteponer la defensa de los derechos fundamentales y el reclamo frente al atropello a las libertades, a cualquier acuerdo que pretenda pasar por alto la situación de pueblos como el cubano o el venezolano.

La declaración final conjunta de la VI Cumbre de la CELAC incluye, no obstante, aquellas coincidencias que, más allá de personalismos o megalomanías, rescatan temas de gran trascendencia para la región como la migración o los asuntos ambientales: realidades y necesidades urgentes en Latinoamérica, capaces de armonizar esfuerzos y sumar intereses que antepongan la premisa de la dignidad humana.

Ahí donde mayor dolor padecen los pueblos latinoamericanos es donde los esfuerzos internacionales deben enfocarse, porque es precisamente ahí donde la generación de consensos y acuerdos permite atender las necesidades más sentidas: las que ponen en el centro de las decisiones a la persona y su eminente dignidad.

Queda, además, el debate de trasfondo que acompañó a la Cumbre, y que tiene que ver con la forma en que ese autoritarismo democrático convive con democracias sólidas y consolidadas, con la complejidad de continuar instalados, tanto a nivel regional como a nivel mundial, en una polarización que agota y desgasta a las instituciones y a los actores políticos… con la complicación de construir en conjunto, cuando ni criterios preeminentes de coincidencia, como podrían –deberían– ser los derechos humanos, son capaces de generar un mínimo consenso: el consenso que permite salir de los extremos a través de la política enfocada en la construcción libre y democrática de acuerdos.

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En las urnas avanzan SPD, verdes y liberales, retroceden CDU/CSU y los extremos y no hay claridad sobre quien será el sucesor de Angela Merkel como canciller federal de Alemania.

Los alemanes han elegido un nuevo Bundestag. En línea con lo que vaticinaron las encuestas, esta elección modifica marcadamente la correlación de fuerzas y señala un cambio de época. Después de 16 años de gobierno de la canciller Angela Merkel, será otro el escenario político.

El resultado oficial preliminar es el siguiente:

Algunas claves para entender el veredicto de las urnas:

1. SPD, vuelta a primera fuerza.

Por primera vez desde 1998, la SPD vuelve a ser la primera fuerza política. Hace tres meses esto parecía muy poco probable. El resultado es sobre todo un mérito de Olaf Scholz, candidato a canciller socialdemócrata y actual vicecanciller de Alemania y ministro de Finanzas. Tiene un perfil centrista y tecnócrata. Llama la atención que un partido que en los últimos años ha virado hacía a la izquierda logre este buen resultado justamente con un político moderado.

2. CDU/CSU, una caída dolorosa.

La CDU/CSU ha cosechado su peor resultado en las urnas desde su existencia. Es difícil mencionar una sola razón por este mal resultado y seguramente habrá muchas explicaciones en las semanas venideras. El desgaste de 16 años liderando el gobierno, la falta de unidad en la designación del candidato Armin Laschet, errores en la campaña, descontento popular por los efectos de la crisis y un entorno político enrarecido son algunas de las posibles pautas. Lo cierto es que el partido va a tener que recomponerse y renovarse si aspira a volver a liderar.

3. Los Verdes, de más a menos.

Aunque Los Verdes han cosechado el mejor resultado de su historia, con menos de 15 % quedaron lejos de lo que parecía hace solamente tres meses una posibilidad real, convertirse en primera fuerza política. Con el cambio climático como principal bandera lograron captar muchos votos del movimiento climático. No obstante, su candidata Annalena Baerbock cometió varios errores, entre ellos publicar un currículo vitae con datos falsos o plagiar partes de un libro, que le costaron caro. Aunque la cúpula de los verdes está liderada por personas más bien moderadas, muchos nuevos diputados y diputadas tienen un perfil más de izquierda. Será interesante observar si el partido va a poder mantener su cohesión interna.

4. FDP, de menos a más.

Un desarrollo inverso ha tenido la liberal FDP, que ha aprovechado la crisis del coronavirus para criticar las medidas sanitarias y exigir más libertades sin mostrar cercanía con grupos de extrema derecha o teóricos de la conspiración. Los liberales también han aprovechado la debilidad de la CDU/CSU. Llama la atención que hayan sido el partido más votado entre quienes sufragaban por primera vez, incluso delante de Los Verdes. En general, es llamativo el avance de los partidos «pequeños» a costa de los grandes.

5. Los extremos, una pérdida notoria.

Tanto el extremo derecho como el extremo izquierdo de la política alemana han perdido claramente. El caso de Die Linke (La Izquierda) es particularmente llamativo. Perdió casi la mitad de sus votos dejándola al borde de quedar fuera del Parlamento. Obtuvo su peor resultado desde 1994. La AfD igualmente ha perdido, aunque en menor medida. El electorado alemán muestra así una tendencia hacia las opciones de centro y no participa en la tendencia de fortalecer a los extremos vista en otros países.

¿Qué viene ahora?

Alemania obedece a la lógica de un sistema parlamentario. Así, para formar gobierno se necesita una mayoría parlamentaria. Para esto ahora se iniciarán las conversaciones para la formación de una coalición. Esta no necesariamente tiene que ser encabezada por el partido mas fuerte, sino por el partido que logre negociar una mayoría parlamentaria. Según el resultado preliminar, hay tres opciones reales para ello.

Las coaliciones en Alemania suelen denominarse según los colores asociados con los partidos que las integran. La primera es una coalición semáforo entre la SPD, los verdes y los liberales, encabezada por Olaf Scholz como canciller federal. La segunda es una coalición Jamaica, liderada por la CDU/CSU, con Armin Laschet como canciller y formada también por liberales y verdes. La última opción, que muchos aseguran no apreciarla, es una reedición de la gran coalición entre SPD y CDU/CSU.

Una coalición formada por SPD, verdes y Die Linke, no alcanzaría una mayoría parlamentaria, lo que es un alivio para muchos votantes moderados que temían que una participación de la izquierda pudiera resultar en un gobierno de marcada tendencia izquierdista. El partido que queda definitivamente afuera de todas las coaliciones es la derechista AfD, que ha hecho guiños a grupos antivacunas y cuyo discurso se ha movido hacía posiciones cada vez más extremas.

Pase lo que pase, se esperan largas y complejas negociaciones para formar un nuevo gobierno. Mientras no esté asegurada una mayoría parlamentaria por uno de los candidatos, la canciller sigue siendo, de forma interina, Angela Merkel.

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No hay novedades en la previsible Rusia de Vladimir Putin, el país en el que las elecciones se ganan de antemano y en donde apuestas y encuestas no tienen mayor sentido. No podía haber sorpresas, ni siquiera en estas elecciones legislativas a las que el partido oficialista Rusia Unida llegaba con menos del 30 % de apoyo, piso récord en sus casi veinte años de historia. Aun así, el gobierno de Moscú obtuvo oficialmente casi un 50 % de los votos y retendrá la supermayoría en la Duma: más de dos tercios de las bancas en la Cámara baja del Parlamento. Esto le bastará a Putin y compañía para aprobar cualquier tipo de proyecto sin dificultades hasta 2026, dos años después de finalizado el mandato presidencial. Claro, siempre y cuando Putin no quiera permanecer en el poder hasta 2036, límite que hoy marca la Constitución rusa.

El Kremlin puede aspirar a un triunfo legítimo, y efectivamente lo intenta: postula a candidatos conocidos y de peso, como el ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov o el ministro de Defensa Serguéi Shoigú; sortea coches y departamentos entre los votantes, anuncia bonos de entre 100 y 170 dólares para miembros de las fuerzas de seguridad y jubilados; se muestra como el baluarte de la estabilidad en el país. Y probablemente bastaría con eso para ganar las elecciones, aunque sin alcanzar los dos tercios de la Cámara.

Ganar siempre

Entonces el gobierno aplica una estrategia muy sencilla para garantizarse el triunfo que busca, el triunfo arrasador. El proceso consiste en eliminar a la oposición real, a los sectores políticos más molestos, y restringir a la supuesta oposición, a aquella que resulta más dócil, más maleable. Probablemente, la figura más conocida del primer grupo sea Alexey Navalny, el abogado que fuera envenenado en agosto de 2020, tratado en Alemania y finalmente detenido en enero al regresar a Moscú. Él no podía presentarse a elecciones por estar preso, pero tampoco tenían permitido hacerlo sus allegados: la Fundación Anticorrupción de Navalny fue designada como «organización extremista» y disuelta por el Tribunal de Moscú apenas tres meses antes de las elecciones. Ni siquiera pudieron candidatearse partidarios o simpatizantes en forma independiente: quedan vetados por cinco años incluso quienes hubieran participado de manifestaciones por la liberación del opositor. Y existen muchas más razones para que el Estado ruso prohíba las candidaturas independientes: un importante cúmulo de excusas, desde tener acciones en bolsas extranjeras, hasta la supuesta falsificación de las firmas necesarias para registrar postulaciones. Cualquier razón es buena para eliminar a la oposición molesta.

Para lidiar con el segundo grupo y alcanzar los dos tercios de la Cámara Baja existen tácticas diversas. A saber:

1. Boris Vishnevsky, candidato del partido progresista Yabloko, se encontró con que tenía dos clones: otros dos candidatos con el mismo nombre y un sorprendente parecido físico. El objetivo es tan solo desorientar al votante y la técnica es tan legal como efectiva. Se registraron al menos treinta casos similares en todo el país. De la misma forma, existe el Partido Comunista de la Federación Rusa, heredero de facto del homónimo partido soviético, y el Partido de los Comunistas, fundado en 2009. Ambos tienen los mismos colores y símbolos, por lo que no serán pocos los desprevenidos que los confundan. Por otro lado, de los 14 partidos que se presentaron a elecciones, 10 nacieron después que Rusia Unida. Claro que ni el Kremlin ni estas agrupaciones lo admitirán nunca, pero muchas de ellas cuentan con un apoyo gubernamental solapado. La idea es restar votos a la competencia, sea como sea.

2. Navalny y su gente intentaron una respuesta, una suerte de contraataque que pudiera debilitar al gobierno. Así nació la aplicación para celulares Voto Inteligente, que informaba a los votantes cuál era el candidato con mayores posibilidades de vencer a Rusia Unida en cada distrito. No importaba si se trataba de un comunista, un liberal, un representante de la derecha, de la izquierda, del centro o de cualquier otra postura. Lo único relevante, lo «inteligente», era conformar una Asamblea Nacional lo más plural posible, que no se limitara a ser una mera secretaría del Kremlin. Pero la aplicación fue bloqueada y, de todas formas, el gobierno tenía un as bajo la manga.

3. El voto online estuvo disponible para unos 16 millones de votantes, casi 15 % del padrón, y en siete distritos, incluyendo a Moscú; a Sebastopol, en la península de Crimea anexada en 2014 y reclamada por Ucrania; y a Rostov, cerca de la frontera con Donbass, región del este ucraniano en guerra desde hace siete años y en donde alrededor de 200.000 personas han recibido ciudadanía rusa desde 2019. Quizás el punto de esta nueva metodología fuera evitar las imágenes más evidentes y desvergonzadas del fraude, como a una persona llenando urnas con decenas de boletas al mismo tiempo. El caso de Moscú fue paradigmático: el comunismo ganaba tranquilamente en la capital rusa (al menos en parte, gracias al «voto inteligente» de Navalny) hasta que se contabilizaron los votos electrónicos, con una lentitud llamativa. Entonces los resultados se invirtieron inexplicablemente.

Poca participación

Según análisis independientes citados en los sitios de noticias The Moscow Times y Meduza, el apoyo genuino a Rusia Unida fue de alrededor del 33%, mientras que la participación real a nivel nacional no alcanzó el 40%, casi 10 puntos por debajo de los números anunciados oficialmente. Pero de poco sirven estos datos si los resultados se sabían de antemano, si no hubo ni podía haber sorpresas. La maquinaria del Kremlin está tan bien aceitada que ni siquiera le fue permitido participar a observadores internacionales. La estrategia funciona. Nada puede llevar a que Rusia Unida pierda las elecciones, ni el desgaste lógico tras dos décadas en el poder, ni el estancamiento económico o la inflación que ronda el 7 % anual, tampoco el descontento por el manejo de la pandemia y la falta de vacunas Sputnik V (tanto en Rusia como en otros países). Y mucho menos las manifestaciones y la represión que siguieron a la detención de Navalny.

El Partido Comunista habló abiertamente de fraude y convocó a protestas que fueron prohibidas bajo la excusa de la pandemia. Aun así hubo movilizaciones, aunque con una convocatoria muy escasa. Como si la resignación hubiera ganado la batalla.

Rusia ya no es la del 2011, cuando unas elecciones legislativas tan fraudulentas como las del fin de semana pasado derivaron en las mayores protestas en Moscú en más de 15 años. Uno de los referentes por aquellos días era Boris Nemtsov, ex vice primer ministro durante la última etapa de Boris Yeltsin en el poder, hacia fines de los noventa. Era un feroz crítico de Putin y fue asesinado a pasos del Kremlin, en febrero de 2015. El otro referente de las protestas de hace una década se llama Alexey Navalny y hoy está preso después de haber sobrevivido a un envenenamiento.

No parece haber lugar para alternativas en la Rusia de Putin. El Kremlin tiene una estrategia muy clara, casi invencible, un manual de instrucciones que le permite bloquear disidencias y críticas. Como si estuviera siempre un paso por delante de sus rivales. Y, por ahora, la oposición no encuentra salida a este laberinto.

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El Movimiento Al Socialismo (MAS), partido oficialista, intenta dejar atrás hechos que deterioraron su imagen, favorecido por una oposición frágil y desarticulada. Pero hay fisuras internas que ponen a prueba su renovación.

Luego de un intenso y polémico proceso electoral en Bolivia, el tiempo de reconfigurar escenarios, consolidar liderazgos y ampliar perspectivas parece haber llegado. Hasta diciembre, las organizaciones políticas reconocidas por el Órgano Electoral Plurinacional deberán adecuar sus estatutos para cumplir con la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (LOP), que apunta a fortalecer principios de paridad, interculturalidad, despatriarcalización y transparentar el uso de recursos.

Esta nueva normativa, promulgada el 1 de septiembre de 2018, establece condiciones que no serán fáciles de asumir por todos los partidos. Este no es el caso del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), liderado por el expresidente Evo Morales, que hasta ahora fue el único en presentar sus adecuaciones.

La victoria arrolladora de Luis Arce —exministro de Economía en el gobierno de Morales— en los comicios generales del 18 de octubre de 2020 mostró la fortaleza y relevancia del partido oficialista en el escenario político boliviano. Aunque varios factores externos también contribuyeron a esta consolidación estratégica, que dejó al bloque anti-MAS representado por Comunidad Ciudadana y Creemos, dos fuerzas con características muy diferentes, lejos de disputar el poder.

La fortaleza del MAS radica en su estructura sindical con la participación de organizaciones campesinas e indígenas que son predominantes y que encontraron en Evo Morales al conductor para llevar adelante su denominada revolución democrática cultural presente desde 2006 en el gobierno. Sin embargo, en esta consolidación y asunción al poder del MAS se deben considerar, por ejemplo, la crisis del sistema de partidos políticos —que persiste, aunque de otra manera—, la democracia pactada, la problemática neoliberal de los noventa y el estallido de manifestaciones sociales como la Guerra del Agua y del Gas en 2003.

No se puede discutir el rol de Morales en este proceso que lo llevó no solo a un triunfo con contundente respaldo popular sino a permanecer en el poder por 14 años. Pero esto se da por un continuum como explican varios autores en el libro Disonancias en la representación política, donde señalan al caudillismo como parte de la memoria histórica del país y la intrínseca relación entre el MAS y el evismo.[1]

Si bien el escenario actual reviste comodidad para el Movimiento Al Socialismo, las disonancias internas son evidentes. Según sus dirigentes, dos tendencias conviven: una dura y otra más dialogadora, que representan tensiones constantes e incluso derivan en el alejamiento de militantes.

También está la presión sobre Luis Arce, especialmente en la gestión de la crisis sanitaria por la pandemia, para que construya su propio liderazgo, lejos de la sombra de Morales. ¿Es posible pensar en un partido fuera de su popular líder histórico? Sus voceros aseguran que el triunfo en las elecciones presidenciales con el 55 % es una prueba de que como fuerza política es imbatible.

Evo Morales, respaldado por su trayectoria político-sindical y la externalización de su imagen como «primer presidente indígena» sigue aferrado al caudillismo. Un reciente mensaje emitido en su cuenta de Twitter busca dejar claro que él es el MAS y el MAS no se piensa sin él: «El plan de la derecha boliviana e internacional es dividir y destrozar al MAS-IPSP, principal fuerza política del país, y por eso quieren destrozar a Evo. Temen y odian a movimientos indígenas y sociales porque demostramos que otra Bolivia y que otro modelo económico son posibles».

Sin embargo, su liderazgo ya no es el mismo de antes. La crisis poselectoral de 2019 sigue mostrando escenarios altamente polarizados entre los relatos de golpe y fraude que han erosionado en cierto punto la estructura del partido. Por eso apura la definición de nuevos rumbos con su propuesta de una «revolución dentro de la revolución» que apunta a disciplinar a la militancia y allanar su control pleno con miras a un nuevo mandato a partir de 2025.

Por otro lado, las elecciones subnacionales fortalecieron a algunas agrupaciones ciudadanas y partidos opositores en sus regiones, dejando un poco más al margen al Movimiento Al Socialismo. Aunque la articulación nacional-popular del partido oficialista siga siendo predominante, los espacios cedidos —o, más bien, ganados— por las otras fuerzas apuntan a recuperar el pluralismo. Pero, ¿están los partidos preparados para esto?

La historia política de Bolivia muestra organizaciones fragmentadas, con débil estructura, frágil ideología y poca fuerza para reclutar militancia, factores que sin duda han favorecido la hegemonía del Movimiento Al Socialismo, pero también han generado un distanciamiento con la población. Algunos datos para entender este panorama: en las internas de 2019 el MAS tenía un millón de registrados, Demócratas tenía 250.000 y los demás partidos no pasaban de 100.000. A la fecha Demócratas se desarticuló.

Una encuesta [2] realizada en las tres ciudades principales de Bolivia en 2017 evidenció datos importantes: solo un 8,8 % de los consultados aseguraron que los que representaban mejor los intereses de la población eran los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas; el 42,6 % afirmaron que los sindicatos y organizaciones sociales y un 8,4 % que los movimientos sociales.

En este punto resulta importante cuestionarse si los partidos realmente pueden responder a la realidad compleja que se vive y si son capaces de una verdadera representación política. Para Wilhelm Hofmeister, director de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal, «el debilitamiento de los lazos entre los estratos sociales y ciertos partidos ha creado una volatilidad creciente en el comportamiento de los votantes, lo que, a su vez, dificulta que los partidos conozcan y predigan quiénes son sus electores y cómo pueden ser abordados. Finalmente, la fragmentación de los sistemas de partidos y los parlamentos dificulta la formación de mayorías gubernamentales. Ante todo, el problema de representatividad ha dado vida al populismo».

Más allá de la innegable fuerza del Movimiento Al Socialismo, hay dudas sobre si podrá resolver su encrucijada interna entre las voces más radicales y las conciliadoras porque el camino que tome tendrá una incidencia directa en los rumbos del país.

Notas:

[1] María Teresa Zegada, Erika Brockman, Daniela Guzmán, Alex Ojeda. (2021). Disonancias en la representación política. La Paz: CERES/PLURAL.
[2] Encuesta de percepciones ciudadanas realizada por Ceres, Ciudadanía, Los Tiempos, en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (2017).

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Escrito por Daniela Barbieri, Javier Cachés, Augusto Reina, politólogos, docentes-investigadores de la Universidad de Buenos Aires que han seguido mes a mes, desde el inicio de la pandemia del Coronavirus en marzo de 2020, la popularidad de los presidentes de América y Europa relevando cientos de estudios de opinión pública e informes de encuestadoras a nivel global. Un resumen de su trabajo lo encuentran aquí.

En este número, la colección DP Enfoque de Diálogo Político presenta un resumen de su trabajo con gráficos y información acumulada sobre la aprobación y rechazo de los ejecutivos nacionales.

En el contexto de la pandemia de covid-19, la popularidad de los presidentes tuvo variaciones importantes. ¿Cómo reaccionó la ciudadanía ante la gestión de la mayor crisis sanitaria que ha conocido la humanidad? ¿Qué tanto cambió el panorama el éxito o no de las campañas de vacunación? ¿Cómo se explican los ascensos y caídas de los liderazgos presidenciales? Este documento muestra el comportamiento de la sociedad en términos de aprobación y rechazo hacia los gobiernos nacionales.

[Lee también: Montaña rusa de la popularidad presidencial]

Los autores realizaron una presentación de este documento junto a Diálogo Político. Puedes verla en el siguiente video:

Un año y medio después de iniciada la pandemia: ¿dónde están posicionados los liderazgos presidenciales en materia de opinión pública? ¿Hay diferencias en las trayectorias individuales? ¿Cuáles son los números de la aprobación presidencial?

¿La sociedad ha responsabilizado a los líderes por los estragos de la crisis sanitaria y económica o ellos han logrado atravesar este tiempo excepcional con capital político? En esta nota respondemos estos interrogantes a partir de un relevamiento de 890 encuestas en 17 países de América Latina, América del Norte y Europa.

La evolución general de la muestra presenta una recuperación en los últimos meses en el promedio de aprobación presidencial. El avance de la vacunación, la caída de los casos y muertes en la mayoría de los países considerados y la consecuente apertura económica que se viene registrando en Occidente parece estar dando un pequeño respiro a los gobiernos.

En efecto, en mayo de 2021 registramos el piso de aprobación presidencial de nuestra serie histórica (38,3 %). Desde entonces, en estos tres meses la media de popularidad presidencial creció 4,5 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 42 % en agosto. Sí bien la cifra está lejos del 53 % de promedio registrado en abril de 2020, cuando los líderes políticos se vieron beneficiados por el contexto de conmoción internacional, ratifica un cambio en la tendencia general de opinión pública e indica que, a medida que se apacigüe la pandemia, la imagen de los mandatarios podría seguir fortaleciéndose.

Más allá de la evolución general, ¿qué nos dice la foto actual? En América Latina, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es quien ostenta los mayores niveles de aprobación: en promedio 73 %, en parte beneficiado por la luna de miel que goza tras haber asumido en abril de este año. Andrés Manuel López Obrador, de México, también registra altos niveles de popularidad (60 %) a pesar de que el coronavirus golpeó a su país con particular fuerza.

Entre los mandatarios de la región con peores niveles de popularidad promedio emergen Mario Abdo Benítez, de Paraguay (21 %) y el chileno Sebastián Piñera (23 %), quien enfrenta una crisis política en su país que precede a la pandemia y que ha signado su segundo mandato de gobierno.

Cuando se hace zoom en los casos individuales de América Latina y se las compara con los meses previos, se advierten trayectorias heterogéneas. Un grupo de mandatarios registra un ascenso de sus indicadores de opinión en los últimos meses. Es el caso de los líderes de Brasil, Chile y Colombia, quienes aún mantienen bajos niveles de aprobación en comparación con sus pares latinoamericanos. Lasso, de Ecuador, y López Obrador, de México, flotan alto: están equilibrados con niveles de popularidad robustos. Por su parte, el argentino Alberto Fernández y el uruguayo Luis Lacalle Pou presentan un desgaste en su popularidad en los últimos meses. El peruano Pedro Castillo queda excluido de este análisis, aunque sorprende la poca popularidad promedio con la que inicia su gestión de gobierno.

Los datos iniciales del segundo semestre parecen señalar una tendencia más estable para los mandatarios de la región. Al ciclo ascendente que registró la mayoría de ellos en los inicios de la pandemia le siguió una caída sostenida que se prolongó por más de un año. Este nuevo proceso de paulatino fortalecimiento de los presidentes parece relevante para seguir en el corto plazo, sobre todo de cara a las próximas elecciones de la región. Tanto Argentina como Brasil, Chile y Paraguay tendrán procesos electorales en los próximos meses y eso podrá reforzar o limitar el poder de los mandatarios en la salida de la pandemia..

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