Las naciones de Centroamérica celebran doscientos años de vida independiente. Durante setenta años han intentado tener una unidad política y económica; sin embargo, la primera está totalmente fracturada y la segunda solo opera en lo comercial.

A principios de la década de los años 1960, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica conformaron el Mercado Común Centroamericano. Apenas unos pocos años antes, en 1957, se había creado la Comunidad Económica Europea.

Los fines de ambos bloques eran los mismos: intercambio económico y prosperidad para sus habitantes.

La gran apuesta europea en los países del istmo centroamericano, mediante la diplomacia y el apoyo económico, fue que se siguieran los pasos del conglomerado europeo y se llegara también a una unión política y monetaria.

Sin embargo, eso no ocurrió, pese a la creación de instituciones regionales. Hoy es claro que el sueño de la unión centroamericana es políticamente irrealizable.

Las diferencias se han profundizado y la línea que siguen naciones como Nicaragua y El Salvador se convierte incluso en fuente de conflictos mayores que amenazan con impactar la actividad económica y complicar más la convivencia social.

Raíces comunes, desarrollos desiguales

Las cinco naciones del Mercado Común Centroamericano nacieron juntas.

En 1821, las provincias de Chiapas, Guatemala, San Salvador, Comayagua (Honduras) y Nicaragua-Costa Rica proclamaron su independencia de España. Este mes de setiembre de 2021 celebran su bicentenario. Panamá se independizó dos meses después pero se unió a la Gran Colombia. Belice es parte del istmo, pero no solo tiene un idioma diferente, el inglés, sino que además se independizó en 1981.

La unión colonial provocó siempre una fuerte vinculación comercial; en el caso de Costa Rica, los nexos se extendieron a Panamá, y tuvo que pasar más de un siglo para que resultara económicamente conveniente que República Dominicana se uniera a la región para dar nacimiento a una serie de acuerdos comerciales en bloque.

Sin embargo, el motor de las relaciones siempre ha sido lo económico y no lo político. Tras la independencia, la Federación Centroamericana conformada no tardó en desmembrarse y dar nacimiento a las naciones que conocemos hoy.

Los países que surgieron en 1821, sin embargo, comenzaron a mostrar diferencias. Guatemala se conformó como una nación étnicamente diversa; hoy allí se hablan una veintena de lenguas indígenas, además del español. Políticamente siempre compleja, en la década de los sesenta dio inicio la guerra civil, padeció múltiples golpes de Estado y elecciones fraudulentas, y no fue sino hasta 1996, con la firma de los acuerdos de paz, que Guatemala comenzó a vivir una etapa de mayor estabilidad política.

El Salvador, territorialmente el más pequeño, vivió el siglo XX en medio de dictaduras y una guerra civil que concluyó en 1992. En Honduras, los regímenes militares se sucedían en el poder y una nueva Constitución en 1982 permitió una nueva dinámica democrática, interrumpida en 2009 por un golpe de Estado cuyas consecuencias aún se experimentan.

La presencia norteamericana en las actividades productivas y en la política de las tres naciones centroamericanas del norte tuvo especial fuerza en Nicaragua. El siglo XX transcurrió entre la sucesión de dictadores de una misma familia, una guerra civil de corte socialista con respaldo de países de ese bloque ideológico, un frágil retorno a la democracia en los años noventa de ese siglo, y un régimen sandinista durante cinco quinquenios con elecciones amañadas que se repetirán en noviembre de 2021.

Costa Rica, el gran opositor a la institucionalidad política que se creó para promover la unión centroamericana, ha marcado siempre una distancia: su democracia es considerada una de las más viejas de América Latina. Costa Rica, sus políticos y habitantes, nunca parecieron estar dispuestos a complicar su historia, cuyos conflictos han sido diferentes.

Eso no quiere decir que Costa Rica quiera dejar la unión económica centroamericana; de hecho, no le conviene, pues siempre ha mantenido una balanza comercial superavitaria.

Frágiles democracias bicentenarias

«En buena parte del mundo, las sociedades viven una etapa de debilitamiento de los pilares de la convivencia democrática. Incluso se habla de que la democracia está arrinconada y bajo fuertes presiones. En el caso particular de Centroamérica, aunado a la caída del respaldo ciudadano a la democracia, cuando se examina la situación de los países desde una perspectiva comparada, en la región se han dado retrocesos políticos concretos, como golpes de Estado y el establecimiento de gobiernos antidemocráticos, en una zona del continente donde prevalecen resultados mixtos en la calidad de la democracia».

La afirmación la realizó el Programa Estado de la Región en su más reciente informe dado a conocer en julio pasado. Según el Índice Global de Democracia que elabora la revista The Economist, solo Costa Rica y Panamá viven en democracia. Costa Rica es definida como democracia plena y Panamá como democracia imperfecta.

Guatemala, Honduras y El Salvador son catalogadas como democracias híbridas; antes eran democracias imperfectas. El Salvador se les unió recientemente, tras las acciones de concentración de poder adoptadas por el presidente Nayib Bukele. El deterioro en el rango se da por la presencia de rasgos autoritarios como la pérdida de independencia entre los poderes, mayor control de la gestión legislativa, nombramientos anómalos de magistrados, entre otros.

Nicaragua

Nicaragua es catalogado como un régimen autoritario.

El argumento de la importancia de la institucionalidad democrática y el respeto a las libertades es lo que ha frenado a Costa Rica a permitir avances en la integración política centroamericana. A diferencia de la Unión Europea, en que países fuertes como Alemania se convirtieron en motores de la integración y la institucionalidad, Costa Rica se ha negado a jugar ese rol.

Las diferencias son y siempre fueron sensibles. La integración económica de Centroamérica ha sido fundamentalmente comercial, entre los países y de todos en bloque con otra nación o región. Nunca hubo metas o compromisos económicos más allá.

Y, en lo político, la institucionalidad creada en Centroamérica es inoperante, una parte; o de bajo alcance, otra. Solo el BCIE, como banco multilateral, se ha mantenido incólume.

Esa realidad compleja es la que enfrenta Centroamérica al cumplir doscientos años de vida independiente. Es la realidad del autoritarismo, el populismo, la debilidad institucional, la pérdida de credibilidad en los políticos, más allá de los problemas económicos y sociales de sus 50 millones de habitantes..

El próximo 21 de noviembre se harán elecciones regionales y municipales en Venezuela. A continuación, algunas ideas que buscan ayudar a comprender la coyuntura actual.

Para el desarrollo de este artículo acudí a fuentes especializadas y a elementos que he advertido en el ejercicio de la política. Está dividido en tres partes: contexto, lucha democrática y perspectivas.

Contexto político

Índices internacionales sobre libertad y democracia ubican a Venezuela en el umbral del autoritarismo. El desarrollado por Freedom House la cataloga como «not free» (14/100). Y el de The Fund for Peace (Estados frágiles) indica que es un «Estado en alerta», antecedido por la República Democrática del Congo y seguido por Uganda. Las próximas elecciones del 21 de noviembre se realizarán en dictadura, sin condiciones electorales y en un Estado con limitadas capacidades administrativas y amplias herramientas coercitivas.

Debo hacer un inciso sobre las condiciones electorales. La ciencia política ofrece instrumentos para estimarlas. Y estos mecanismos incluyen dos ámbitos complementarios: lo técnico y lo político. Sobre lo técnico, se puede decir que en Venezuela aún no se ha logrado alcanzar el mínimo de transparencia que garantice el respeto de la voluntad del votante y genere confianza en la ciudadanía. Y sobre lo político, se debe indicar que la dictadura mantiene obstáculos graves para la participación, tales como: inhabilitaciones políticas, persecución a la disidencia y censura en los medios de comunicación. Sumado a esto, están las consecuencias de la crisis humanitaria compleja y de la pandemia. Hacer política en un entorno marcado por la pobreza, la violencia y el miedo es realmente exigente.

Lucha democrática

Antes de avanzar haré dos precisiones: primero, la oposición y la sociedad venezolana muestran signos de cansancio. La dictadura se ha hecho longeva y veintidós años de jaleo han tenido consecuencias en la psique de quienes luchamos por la democracia. Y segundo, la autocracia se ha perfeccionado en el tiempo. Lo que comenzó como un proceso de erosión democrática ha derivado en un sistema de opresión complejo que aparentemente reequilibra con facilidad. Es resiliente.

Considerando esto, compartiré dos desafíos que impone la realidad descrita: la participación y la unidad. La primera dificultad refiere a la decisión de participar en un evento de estas características. Después de meses de fuertes debates internos, la Plataforma Unitaria anunció su participación el 21 de noviembre y declaró: «Sabemos que estos comicios no serán unas elecciones justas ni convencionales […]. Sin embargo, entendemos que serán un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a la grave crisis de nuestro país: unas elecciones presidenciales y legislativas libres».

Esta postura exige la articulación de las fuerzas opositoras. La unidad es condición indispensable para aumentar las probabilidades de éxito en comicios amañados. Pero alcanzarla es una tarea compleja que dista del pueril «pónganse de acuerdo». El espectro político opositor está atomizado y el acoso de la dictadura agrava la situación. En los últimos años el régimen ha proscrito a los principales partidos políticos, ha enviado al exilio a sus jefes políticos, ha comprado la conciencia de algunos para que simulen ser opositores y ha inhabilitado a líderes naturales en territorios emblemáticos. De esta manera, construir la unidad es una labor artesanal que pasa, entre otras cosas, por distinguir la oposición democrática real de la oposición leal al régimen.

La oposición

A pesar de las dificultades, la oposición democrática real logró construir una maqueta electoral unitaria que se postulará ante el Consejo Nacional Electoral través de la tarjeta de la «Mesa de la Unidad Democrática». Este es el único mecanismo de participación que le queda a los principales partidos políticos del país. Hace meses la dictadura confiscó judicialmente sus tarjetas y limitó gravemente su trabajo político. Aún así, la oposición real anunció postulaciones de consenso a nivel nacional. Se dice fácil, pero no lo es: son 3082 cargos de elección popular que incluyen gobernaciones, alcaldías, diputaciones regionales y concejalías. Alcanzar acuerdos a nivel parroquial, municipal, regional y nacional fue exigente. Y aunque el resultado está lejos de la perfección, es motivo de esperanza y puede animar a la participación. Al momento de cerrar este artículo aún quedan cabos por atar y disputas que se han hecho amargas, como es el caso del estado Miranda. Sin embargo, todo parece indicar que se alcanzarán acuerdos y la oposición democrática real estará agrupada en la tarjeta «de la manito»”.

Perspectivas sobre Venezuela

Compartiré dos ideas sobre los resultados y la oposición. Sobre lo primero: la elección regional de 2017 es la referencia más cercana que tenemos para avanzar en el análisis. En esos comicios se contaron con mejores condiciones que las actuales. Era un entorno adverso pero más competitivo que el presente. En esa oportunidad, la oposición superó al chavismo en 85 circunscripciones municipales, de las 335 que existen. Además, el contexto político era menos complejo: la oposición no estaba fragmentada y el país estaba entusiasmado. En 2021, la competitividad es notablemente menor, la oposición está atomizada y el país está cansado.

Díficil escenario

Detengámonos ahora en la oposición. ¿Cómo enfrentar exitosamente un escenario tan difícil? Considero que hay dos claves que pueden ser importantes: decir la verdad y preservar la unidad. Primero, hablar con la verdad para asumir la coyuntura con esperanza responsable. Después de veintidós años de lucha democrática, los venezolanos estamos curtidos en el dolor. Lo hemos hecho todo y no hemos alcanzado la democracia. Hemos madurado, comprendemos las dimensiones de los retos y rechazamos que se nos ofrezcan expectativas irreales. Somos inmunes a los cantos de sirena. En tal sentido, es necesario que encontremos maneras de entusiasmar al país desde la verdad. Hay que denunciar las injusticias del proceso, exigir condiciones electorales y encontrar fuerzas para defender el voto. El 21 de noviembre enfrentaremos la injusticia sin ingenuidad y conscientes de la trascendencia que tiene el testimonio político.

Seguidamente, la unidad. Tal como lo describí en líneas anteriores, el camino unitario es complejo y tiene muchos obstáculos. Este año, la construcción de la unidad ha sido especialmente difícil. Se han abierto heridas que pueden afectar la cooperación interpartidista y el voto espontáneo. Hay que tener en cuenta que las peleas por espacios políticos alejan a la ciudadanía, quitan esperanza y desestimulan la participación. El único ganador en estas disputas es el régimen. En tal sentido, es importante que se moderen las luchas internas y se encuentren caminos para subsanar las diferencias. En 2022 necesitaremos a una oposición que pueda trabajar en unidad desde aquellos espacios que se hayan logrado rescatar el 21 de noviembre.

Las próximas elecciones regionales y municipales serán un episodio más en nuestro largo itinerario hacia la democracia. Difícilmente podrá ser valorado en el futuro como una coyuntura crítica que animó al cambio político. Sin embargo, sí podrá ser recordado como un hito que evitó el fortalecimiento de la dictadura y permitió la reagrupación de las fuerzas democráticas leales a la Constitución. El tiempo, nuestro desempeño y los imponderables de la historia tendrán la última palabra.

A dos décadas del atentado del 11S de 2001, persiste la exacerbación de teorías conspirativas, de la polarización y de la desconfianza. ¿Ese legado será más fuerte que la reflexión y los valores compartidos?

11S

El compositor Karlhein Stockhausen dijo que los atentados del 11 de septiembre de 2001 eran «la más grande obra de arte imaginable en todo el cosmos». Aunque Stockhausen después pediría excusas por su declaración, había en su extravagante valoración de los hechos del 11S una pizca de verdad. Quienes planificaron y ejecutaron los ataques tenían plena conciencia del impacto mediático de sus crímenes, y especialmente de la espectacularidad de estos.

Había algo de irreal pesadilla, casi de ficción, en las imágenes de las torres gemelas del World Trade Center que se incendiaban, y después caían como si fueran edificios de arena. La imaginación diabólica de los terroristas que pusieron en marcha el secuestro y el uso de los aviones como bombas voladoras marcó no solo un momento histórico, sino que tuvo una gran influencia en la forma que se ejecutarían otros ataques terroristas en Occidente. El 11S creó un estilo de horror que se centraba en el poder de la imagen en nuestra sociedad hiperconectada.

Sin embargo, debemos buscar el origen de este «estilo» de terrorismo un poco antes, más precisamente en el atentado con un camión repleto de explosivos conducido por «mártires» que ocurrió en 1983 en Beirut en el que murieron cientos de personas, incluyendo marines de los Estados Unidos, militares franceses y civiles. Ese ataque fue el bautismo de fuego de Hezbolá, la milicia chií libanesa aupada y apoyada por los ayatolás iraníes. Si bien doctrinariamente los islamistas iraníes y sus acólitos libaneses del «ejército de Dios» difieren de los suníes de Al Qaeda y del Estado Islámico (ISIS), la revolución islámica iraní tuvo una gran influencia en la forma de concebir el terrorismo como propaganda en todos los grupos terroristas islamistas.

Islamismo chií

El islamismo chií nace a partir de la glorificación del martirio del imam Hussein, nieto del profeta Mahoma, que ocurrió en el año 680 en la ciudad de Karbala (hoy en Irak). Los mártires juegan un papel muy importante en la ideología que motiva sus acciones militares y terroristas (miles de soldados iraníes mártires lo probaron con sus vidas en la guerra Irán-Irak). Además, el chiismo es mucho más abierto que el sunismo (la tendencia mayoritaria en el islam) al uso de imágenes, especialmente las de los mártires, como factor de adoctrinamiento y movilización.

La combinación de la glorificación del martirio y la conciencia de la importancia de la imagen marcaron la pauta de lo que sería el terrorismo islamista de todas las tendencias, y que tuvo su máxima expresión el 11S. De allí en adelante veríamos repetirse un patrón que buscaba la espectacularidad máxima en los ataques: Bali 2002, Madrid 2004, Londres 2005, París 2015, Niza 2016, por no mencionar los cientos de atentados terroristas en países árabes y musulmanes en la que las principales víctimas son las poblaciones musulmanas.

ISIS: terrorismo para las redes

Con ISIS el terrorismo entró en la era de las redes digitales. El Estado Islámico desarrolló la puesta en escena del «sacrificio» de los enemigos, con sus horrorosos videos de la decapitación de sus rehenes cuidadosamente grabados. Dentro de ese estilo de lo que he llamado en mi libro transparencia grotesca, ISIS llevó el terror de sus representaciones a niveles «superiores», como cuando registraron en imágenes la quema viva del piloto jordano Muath Safi Yousef Al-Kasasbeh, quien estaba encerrado en una jaula.

El Estado Islámico también integró las estrategias en línea en sus esfuerzos de reclutamiento y propaganda. Los llamados mijtahidun (‘laboriosos’) se dedican a difundir los mensajes e imágenes de ISIS en las redes. La organización se ha valido de Telegram como herramienta para captar militantes, especialmente en países occidentales, en los que jóvenes han sido atraídos para integrar las filas de esta organización en Siria y en Irak, o incluso para ejecutar acciones terroristas en sus propios países.

Marca con franquicias

Si bien ha sido prácticamente derrotada en la faz militar, ISIS es ya una marca con franquicias en varias zonas del mundo (es el caso también de Al Qaeda), que aparece públicamente de vez en cuando, como ocurrió recientemente en el aeropuerto de Afganistán en el ataque que cobró la vida de civiles afganos y militares de los Estados Unidos reivindicado por ISIS-K, su supuesta rama en ese país.

Como han afirmado algunos investigadores, las organizaciones islamistas como ISIS, Al Qaeda, Hamás o Hezbolá, tienen un claro sentido de construcción de su capital social. No son simplemente organizaciones que comunican odio hacia Occidente y a quienes considera sus enemigos en los mismos países musulmanes. Son máquinas de propaganda con una visión estratégica, que se valen del poder comunicativo de sus respectivas marcas, y que han sabido usar las tecnologías para difundir sus imágenes de martirio y horror en la era de la cultura de los selfies y del exhibicionismo generalizado.

Exacerbar la polarización

Uno de los legados del 11S es la explotación de la mentalidad conspirativa que, aunque ha existido desde siempre, encontró en los eventos de 2001 un caldo de cultivo para que pulularan toda clase de mitos y especulaciones. Algunas personas desconfiaron de la versión oficial, y se han dedicado a difundir teorías conspirativas que culpan al mismo gobierno de George Bush (h) de la orquestación de los atentados o, como nunca puede faltar en la mentalidad antisemita, a los judíos en su supuesta eterna maquinación para controlar al mundo.

Los atentados del 11S también abrieron la puerta para la polarización política, social y cultural en varios países. El discurso antiislam adquirió mayor fuerza en sociedades europeas y en el propio Estados Unidos. El miedo a la inmigración creció, incrementado por las olas de refugiados sirios en Europa.

Las consecuencias geopolíticas de estos eventos, como las invasiones a Afganistán y a Irak, también generaron desconfianza hacia los mandatarios occidentales que, como en el caso de los gobiernos de Bush en Estados Unidos, Blair en el Reino Unido y Aznar en España, mintieron invocando la presencia de armas de destrucción masiva que no existían para justificar la invasión de Irak y derrocar al dictador Sadam Hussein. Esa desconfianza se ha incrementado después de la caótica retirada de las tropas de los Estados Unidos de Afganistán y el retorno al poder de los talibanes.

Hoy, en medio de la pandemia de covid-19, vemos con mayor claridad las implicaciones de la exacerbación de la mentalidad conspirativa, de la polarización social y política, y de la desconfianza hacia los gobiernos. Veinte años después, aunque Bin Laden esté muerto y su organización se haya debilitado, su legado sigue teniendo influencia directa e indirecta en la forma en la que muchos piensan y actúan en un mundo de incertidumbre y ansiedad..

El 2021 es especial para los países centroamericanos porque conmemora su bicentenario de emancipación de la corona española. El 15 de septiembre de 1821 en la Ciudad de Guatemala se proclamó en acto público la independencia de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Esta situación trajo consigo un nuevo orden y diversos desafíos para la región, a la que posteriormente se anexaron los territorios de Panamá y Belice.

Entre aciertos y desaciertos han transcurrido doscientos años de soberanía y un sinfín de experiencias que han marcado su andar. Se estima que en la actualidad la población de Centroamérica es superior a 60 millones de personas, y aproximadamente el cincuenta por ciento viven en condición de pobreza. Honduras y Guatemala son los países más pobres. De igual manera, es la región que presenta los mayores índices de violencia y criminalidad del continente americano, sobre todo en aquellos países denominados del Triángulo Norte centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, Centroamérica toda atraviesa distintas situaciones que ponen en entredicho sus gobiernos republicanos y sus sistemas democráticos, por ende, sus Estados de derecho.

Las sociedades avanzan cuando sus normativas jurídicas e instituciones son capaces de garantizar la voluntad popular y permitir el involucramiento ciudadano con libertad y seguridad. En este contexto, resulta oportuno reflexionar sobre el Estado de derecho en Centroamérica. A continuación se comparten algunos aspectos que caracterizan el acontecer sociopolítico de Guatemala y Honduras.

Guatemala

Guatemala sufrió por más de 36 años un conflicto armado que forjó un desprecio hacia el cumplimiento de la norma de derecho. Esto ahora es cosa del pasado. Sin embargo, sigue padeciendo problemas estructurales, entre ellos, la violencia y la pobreza, que tienen múltiples causas sociales e históricas, rastreables desde las heredadas de la colonia hasta las que han surgido en tiempos recientes. En la actualidad, por ejemplo, la inequidad y exclusión social han propiciado la emigración de muchos guatemaltecos en busca de mejores oportunidades laborales y de desarrollo humano.

Guatemala aún necesita fortalecer la participación ciudadana como punto clave en la construcción del Estado de derecho. Esto se vuelve más imperativo si se considera que es un país con una gran diversidad cultural, pero en el que muchos de sus ciudadanos viven en condiciones de marginación y sin poder satisfacer sus necesidades básicas. Todo esto facilita la irrupción de poderes paralelos al Estado, tales como el crimen organizado y el narcotráfico, o la proliferación de la corrupción en los estamentos gubernamentales y sociales. Esto sin duda es un riesgo para el Estado de derecho.

Sin embargo, a pesar de las limitaciones, se puede observar que la ciudadanía guatemalteca ha empezado a hacer valer sus derechos. Una muestra de esto son las protestas de 2015. Ante la apatía de muchos, decenas de jóvenes guatemaltecos se organizaron para manifestarse en contra de la corrupción y la impunidad que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron en sus informes. Esta lucha fue un fenómeno positivo que dio vida a nuevas organizaciones sociales con deseos de transformar su realidad a través de participación política y ciudadana.

Estas manifestaciones sociales significan la toma de conciencia de algo fundamental: el fortalecimiento del Estado de derecho es un deber de todo aquel que ejerce la función pública, pero en este esfuerzo cada ciudadano guatemalteco debe verse involucrado, ejerciendo los derechos y deberes políticos que el marco jurídico otorga. Esto solo se puede lograr si se adquiere conciencia de que el respeto por el Estado de derecho y la búsqueda de la paz empiezan por la educación de la niñez. Si la construcción de la ciudadanía no se comienza a temprana edad, las nuevas generaciones no podrán conseguir un país donde la defensa de sus derechos sea una prioridad.

Como conclusión de lo expuesto, hay que decir que la construcción de un Estado de derecho fuerte en Guatemala implica velar por estos puntos fundamentales: 1) formar una ciudadanía participativa, a través del fortalecimiento de los estándares de conciencia, información y formación política. 2) Implementar un servicio público profesional, meritocrático y de carrera, que gestione la institucionalidad pública efectiva. 3) Implementar un modelo de desarrollo y ejecución de programas de asistencia social y educación según las mejores prácticas del mundo.

Honduras

Han transcurrido doscientos años desde la independencia, en los cuales no ha sido posible consolidar un sistema republicano estable e incluyente. Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística indican que aproximadamente el 59 % de la población vive en condición de pobreza, situación que convierte a Honduras en el país más pobre y vulnerable de la región. Por otra parte, atraviesa diversos problemas sociales relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Su ubicación geográfica hace que sea un puente idóneo entre los carteles de la droga de Colombia y México. En el terreno político prevalece además una situación de inestabilidad jurídica, injerencia entre poderes del Estado y polarización social. Estas condiciones propician altos niveles de violencia y corrupción en todos los estratos de la sociedad.

Está previsto para noviembre de 2021 un nuevo proceso de elecciones generales, en que se designará a las autoridades del periodo constitucional 2022-2026; por lo tanto, el bicentenario de independencia coincide con nuevos retos y oportunidades en ese camino por consolidar el Estado de derecho y la democracia. El gobierno entrante deberá hacer frente a problemas históricos y desafíos de un mundo cada vez más cambiante y exigente.

Las cifras macroeconómicas del país denotan la necesidad de promover políticas públicas que permitan inclusión y desarrollo. Esto vendría a disminuir los altos índices de emigración de los que son partícipes los hondureños. Durante los últimos años la población se ha visto inmersa en procesos de migración irregular (caravanas de migrantes) debido a la carencia de una vida digna en sus propios territorios.

Por ello, Honduras deberá retomar el camino que inició hace doscientos años y fortalecer el Estado de derecho asumiendo algunas tareas prioritarias que aún permanecen pendientes: garantizar la independencia de poderes, la democracia participativa, la seguridad jurídica, el funcionamiento de instituciones inclusivas y la justicia social, entre otras. En este escenario, es importante el involucramiento ciudadano en la búsqueda de consensos y políticas públicas que promuevan la dignidad y el bien común.

Hacia el futuro

Si la ciudadanía no es capaz de hacer prevalecer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, ¿qué garantía se tendrá en los años venideros en la construcción del Estado de derecho? Centroamérica no puede continuar con ese círculo vicioso donde el ciudadano se siente alejado del Estado, porque el Estado está lejos del ciudadano, y por consiguiente sobresalen los intereses particulares.

El Estado de derecho requiere de una economía social y sostenible del mercado. Es decir, una economía competitiva que se adapte a los procesos de vanguardia y promueva los derechos fundamentales de las personas. Una economía que ayude a potenciar la ubicación geográfica, diversidad cultural y riqueza natural que caracteriza a sus territorios.

Para ello se necesita una economía que respete la dignidad de las personas y el medio ambiente. Durante doscientos años ha quedado en evidencia que la práctica de una economía excluyente únicamente ha propiciado pobreza e inestabilidad en la región, por lo tanto, resalta la necesidad de un modelo económico que brinde oportunidades y bienestar para todos.

Las estadísticas son reflejo de la desigualdad y la brecha social existentes, lo que obedece a conflictos históricos y aún pendientes de resolución. Esto se traduce en altos flujos de emigración, violencia y criminalización (con mayor intensidad en los países del Triángulo Norte), donde las autoridades gubernamentales han olvidado aquellos principios que promueven los derechos fundamentales de las personas.

No obstante, en el pasado han existido esfuerzos importantes por luchar contra la corrupción y la impunidad en la zona. Destacan los casos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que pusieron en evidencia el daño que los flagelos antes expuestos generan en los sistemas de Estado de derecho y que por décadas han permanecido en estas naciones. Sin embargo, la misma inestabilidad jurídica por la que atraviesan estos países ha impedido todo intento de consolidación de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas.

De igual manera, el bicentenario de la independencia refleja que el Estado de derecho, como un sistema de partidos políticos y régimen electoral, ha sido endeble al momento de hacer prevalecer la democracia y gobernabilidad. Por ende, los ciudadanos tendrán la obligación en los años venideros de luchar por una región más justa e independiente.

Es importante preguntarse ¿serán los Estados centroamericanos capaces de brindar incentivos para trabajar, progresar e innovar? ¿Será posible que sus instituciones promuevan el Estado de derecho pleno y la dignidad de los centroamericanos? En concordancia con estos aspectos, resulta importante que las naciones centroamericanas retomen esfuerzos y trabajen en unidad. A medida que pasa el tiempo se percibe mayor división entre países y esta condición abona muy poco para el crecimiento regional.

El bicentenario de independencia se convierte en una oportunidad de nuevas reflexiones para una sociedad que merece un futuro mejor.

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El 11 de setiembre se está convirtiendo en una fecha en la cual los seres humanos debemos recordar el daño que el extremismo le ha hecho al mundo. Se suma ahora a esta fecha infame la muerte de Abimael Guzmán Reynoso, el que probablemente sea el mayor genocida de la historia hispanoamericana.

Curiosamente, esta muerte se da un día antes del aniversario 29 de su captura, un 12 de setiembre del año 1992, día que llenó de júbilo y esperanza a los peruanos de aquel entonces. Pero ¿qué significa este personaje y su muerte para el Perú y los peruanos?

Rubén Manuel Abimael Guzmán Reynoso (alias presidente Gonzalo) nació un 3 de diciembre del año 1934 en la ciudad de Mollendo, en el departamento de Arequipa, a 946 km al sur de Lima. Curiosamente su nombre Abimael en hebreo significa ‘mi padre es Dios’. Hijo ilegítimo de Abimael Guzmán Silva —un muy próspero comerciante arequipeño— con la joven arequipeña Berenice Reynoso Cervantes (Jara, 27). Tuvo una infancia muy traumática, marcada por el abandono de su madre cuando tenía solamente ocho años y los constantes viajes por varias ciudades del Perú a casas de diversos familiares, que lo desarraigaron y le hicieron perder muy joven el valor de los lazos afectivos, familiares y de la amistad. En años posteriores y ya casado (graduado como abogado, pero dedicado a la docencia universitaria en la reabierta Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la ciudad de Ayacucho), recibió la ingrata noticia de que su joven esposa, Augusta La Torre (camarada Norah), era estéril y, según algunos analistas, este fue el detonante final que generó que ambos profundizaran su apego al marxismo-leninismo y maoísmo y los llevara a elaborar una ideología propia denominada el pensamiento Gonzalo. Pretendieron llevar estas ideas a la práctica con la fundación en 1969 del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso (PCP-SL), agrupación que surgió de las cenizas del PCP Bandera Roja, partido que surgió de la escisión de sectores maoístas del Partido Comunista Peruano, que quedó en manos del sector prosoviético al darse el cisma Moscú-Pekín en los años cincuenta.

El PCP-SL es un fenómeno muy particular no sólo en América Latina, sino en todo Occidente. Entre los años sesenta y ochenta del siglo XX, las guerrillas y alzamientos de grupos armados y subversivos en la región no eran cosa rara, pero todos ellos tenían algo en común: su simpatía por la Revolución cubana y, por intermedio de la dictadura comunista cubana, una mayor cercanía con la Unión Soviética. Sendero Luminoso fue en cambio una organización terrorista de raíces maoístas (es decir, chinas), algo muy poco común en Occidente, cuya constitución en el Perú generó el episodio más traumático de la historia republicana del país.

El daño generado por Sendero Luminoso al Perú es altísimo. El drama humano que generó se tradujo en la muerte de alrededor de 70.000 personas, según el informe de la CVR, [1] el desplazamiento forzado de otras 600.000 de las zonas de violencia en el país, la destrucción de la vida comunitaria en las zonas rurales de la sierra sur del Perú, el terror permanente en las ciudades, etc. Y un daño económico que se calcula en alrededor de 21.000 millones de dólares al año 2000 (alrededor del 40% del PBI peruano, según cifras del Banco Mundial, y una cifra superior a la deuda externa peruana de ese mismo año, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas).

La crueldad de sus acciones se vio reflejada en matanzas masivas de campesinos en zonas rurales, principalmente de la sierra sur peruana (los casos de Lucanamarca y Soras son emblemáticos en ese sentido), así como en el absoluto desprecio que sus panfletos mostraban sobre la vida humana, donde frases como «pagar la cuota de sangre», «inducir al genocidio» o «la revolución costará un millón de muertos» resultaban ser estremecedoramente comunes.

La muerte de Abimael Guzmán se da en un momento muy complicado para el país, en el que la polarización, el desapego de la población respecto a la actividad política, la corrupción, la débil institucionalidad política, la crisis económica generada por la pandemia, la irrupción de grupos extremistas en la vida política, la incapacidad del nuevo gobierno para tender puentes con y entre los ciudadanos, etc., están ayudando a agudizar las contradicciones sociales. Queda el desafío de que esta esta situación no sirva de combustible para el surgimiento y crecimiento de una ideología tan perjudicial para el Perú como la que enarboló Sendero Luminoso.

No olvidemos que las raíces marxistas de Sendero Luminoso llevan a centrar su moral al éxito de la «lucha de clases», donde «salvo el poder todo es ilusión» y la centralidad, dignidad y visión integral del ser humano no son consideradas, en pro de una ideología que solo concibe al hombre como un ser económico, parte de «la masa» y un elemento desechable para la toma del poder. Y todo esto resulta siendo consecuencia de la prédica ideologizada que corroe a sus fanáticos seguidores.

Injusticias y sed de reivindicación y equidad han existido a lo largo de toda la historia. Pero no debemos olvidar que la sed de justicia sólo dará resultados cuando esté unida a la más importante condición humana que es el amor por la vida. Tal vez esta sea la reflexión mas importante que nos deja la muerte del genocida, que es la imperiosa necesidad de vencer a la injusticia y la miseria sobre la base de la solidaridad, la empatía y la búsqueda del bien común. Si lo hacemos por la vía del odio, el resentimiento y la «lucha de clases», el resultado será completamente contrario. Corresponde pues no solo a nosotros los docentes, sino también a los peruanos de buena voluntad inculcar en las nuevas generaciones estos valores a fin de no solo evitar que este episodio se vuelva a repetir en nuestra historia, sino principalmente para lograr una nación más integrada, justa y humana.

Bibliografía

Comisión de la Verdad y la Reconciliación. (2003). Informe final. Lima.
Gorriti, Gustavo. (2017). Sendero. Lima: Planeta.
Jara, Humberto. (2017). Abimael; el sendero del terror. Lima: Planeta.

Nota:

[1] Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR): organismo creado durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua, encargado de estudiar el periodo de la violencia subversiva en el país entre los años 1980 y 2000.

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El presidente Alberto Fernández subió al escenario este domingo 12 de septiembre a las 23:33 horas no solo para hacerse cargo de una dura derrota en las elecciones primarias, sino también para pedir ayuda. El mandatario quiso plebiscitar su gestión, postuló a los principales candidatos, y le fue muy mal: el peronismo-kirchnerismo perdió en 17 de las 24 provincias. Si los resultados de las primarias se repiten en las elecciones del 14 de noviembre, el Frente de Todos no controlará ninguna cámara del Congreso. Además, la autoridad de Alberto Fernández quedaría débil frente a una vicepresidenta con poder como Cristina Fernández de Kirchner, y frente a una mayoría de la sociedad que se estaría volcando por opciones más liberales y conservadoras.

La sorpresa de la jornada fue la caída del oficialismo en el distrito con más habitantes del país, la provincia de Buenos Aires. Allí el peronismo-kirchnerismo aspiraba a sacar cuatro puntos de ventaja, tal como publicó en plena veda electoral la agencia estatal de noticias. Pero ocurrió todo lo contrario. La principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, le sacó cinco puntos de ventaja a la lista que diseñó el mandatario y que sólo cosechó el voto duro del kirchnerismo (33,4%). Con esa mochila en sus espaldas, subió Fernández al escenario, hasta pararse entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dos de sus socios mayoritarios en la coalición de gobierno. A diferencia de los últimos actos de campaña, en los que primaba el optimismo, esta vez solo habló el jefe de Estado y se llevó los flashes de la derrota.

En sólo 8 minutos, Fernández intensificó la caída en las primarias hasta el punto de temer por su gobernabilidad: «A cada argentino y a cada argentina que está escuchando, quiero pedirles, que tengo por delante dos años de gobierno. Que no voy a bajar los brazos. Y que necesito de la colaboración de cada argentino y de cada argentina y, humildemente, les pido que me ayuden». Que Alberto Fernández ponga en duda si llega a completar el mandato es una cuestión que no estaba en agenda. En las primarias sólo se eligen los candidatos que competirán en noviembre, pero a su vez se comportan como una encuesta a escala real, que muestra la sintonía con la sociedad. En las elecciones de noviembre, el oficialismo puede mejorar su resultado. Pero pareciera que el mandatario ve un futuro complejo.

Estos son algunos escenarios que enfrentará Fernández, en las próximas semanas:

• Aumentarían las diferencias entre los socios del Frente de Todos. La arquitectura de esta coalición es atípica, ya que Alberto Fernández fue postulado presidente por su vice, Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó el país entre 2007 y 2015. Ella lo eligió, ella le transfirió sus votos, y ahora ella tomará distancia de esta derrota. Tal como se vio el domingo sobre el escenario, el presidente quedó como el único responsable del revés electoral. Cristina Fernández de Kirchner esta vez no profirió palabra, a diferencia de los últimos actos en los que protagonizó los discursos más largos. El politólogo Karl Deutsch escribió que una característica de los que tienen poder es que «pueden ignorar los costos de los errores, desplazarlos a otros o aplazarlos». La vicepresidenta pareciera desplazar el traspié electoral a su compañero de fórmula.
• La recesión económica, la inflación, el alto desempleo y una tasa de pobreza que alcanza al 42 % de la población no tienen solución en el corto plazo. Se da por descontado que el Gobierno buscará emitir pesos para financiar el consumo y llegar a las elecciones de noviembre con mejor clima social. Pero esta medida alejaría al Gobierno de un acuerdo con el FMI por la deuda de USD 44.000 millones que firmó el exmandatario Mauricio Macri (Juntos por el Cambio). Y la emisión para financiar consumo apalancaría aún más la inflación a futuro.
• Falta de apoyo de la sociedad. Más allá de la crisis económica y social, en el último mes la imagen del presidente cayó debido a un escándalo ético. La filtración de fotos y videos del festejo de cumpleaños de su esposa, cuando regían estrictos toques de queda, indignaron hasta a sus propios votantes. Es posible que este conflicto ético haya impactado en las PASO y dañado la credibilidad que tienen los ciudadanos en el presidente.
• Una oposición más fuerte. Si se repiten los resultados de las PASO, el espacio de Juntos por el Cambio (que reúne a liberales, conservadores, socialdemócratas, entre otros) podría construir mayorías en el Congreso o al menos bloquear los proyectos del oficialismo. Además, el espacio podría ser competitivo para las elecciones presidenciales de 2023, luego de perder el poder en 2019, tras los malos resultados económicos de Mauricio Macri.

El peronismo-kirchnerismo perdió las elecciones de medio término en 2009. Sin embargo, dos años después, Cristina Fernández de Kirchner logró la reelección con el 54 % de los votos. El problema es que, a diferencia de ese momento, ahora el Gobierno enfrenta restricciones económicas más graves. Además, debe acordar un programa de repago con el FMI, o declararse en default. Y, por último, atraviesa una pandemia que el Gobierno podría haber gestionado mejor. La Argentina sumó más de 113.000 muertos y es uno de los países con mayor tasa de mortalidad por covid-19, cerró las escuelas por un extenso período y dificultó la llegada de vacunas, además de otras medidas discrecionales que afectaron la vida cotidiana de sus ciudadanos. Este último domingo, la sociedad mostró su bronca con el Gobierno. Habrá que ver si el vínculo se recompone en solo dos meses.

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Los resultados de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) este domingo fueron un golpe para el gobierno de Alberto Fernández. ¿Podrá el oficialismo recuperarse antes de la próxima instancia electoral?

Moderación es una palabra que el presidente se debería haber tatuado en el brazo el día que asumió. Trató de llevarla adelante los primeros 100 días. Luego vinieron las mieles de la pandemia y más allá la inundación.

Porque a partir de principios de junio de 2020 Alberto perdió el rumbo y el estilo estratégicos, empezando a romper el contrato que había firmado con la mayoría de los votantes.

A principios de junio del año pasado el gobierno intentó intervenir la empresa Vicentin. Fracasó. Pero levantó un mal humor enorme en la provincia de Santa Fe. La ciudad sede de esa empresa es Avellaneda. El intendente de esa localidad, Dionisio Scarpín, fue precandidato a senador, y acompañando a Carolina Losada, ganaron la primaria de Juntos por el Cambio. Si los números de ayer domingo se mantienen en noviembre, el oficialismo habrá perdido un senador nacional por el affaire de dicha empresa gracias a la decisión de Alberto, fogoneada por el kirchnerismo ortodoxo.

Pero no solo eso. El caso hizo tanto ruido que entonces el gobierno perderá otro senador por Córdoba, tendrá derrota en Entre Ríos, y por qué no Chaco, donde Vicentin también tiene actividades. Todo porque el presidente no se tatuó en el brazo la palabra moderación. A partir de eso vino un dominó de sucesos que concluyeron con la cancha rayada de ayer domingo 12 de septiembre de 2021, un día que quedará en los anales de la historia electoral.

¿Por qué, si el kirchnerismo ya se recuperó de otras derrotas? Es verdad. Pero en 2009 el proyecto estaba transitando el boom de los commodities, vivía Néstor y tenía mucho para dar en materia de iniciativas. En 2013 perdió en la provincia de Buenos Aires, pero ganó a nivel nacional y mandaba Cristina. En 2017 estaba en la oposición. Ahora está en el gobierno, la crisis económica es fenomenal, no se sabe cómo evolucionará la pandemia y Ella manda pero no tiene la lapicera, con todos los conflictos que eso genera.

Estaban todos los condimentos para la derrota, a saber:

• humor social de angustia, miedo, incertidumbre, frustración;
• sensación de otra vez sopa;
• gobierno desaprobado;
• presidente sin poder y desdibujado, cuestionado por la vicepresidenta;
• la economía es el problema principal y en eso está muy mal evaluado;
• expectativas negativas sobre el país;
• la mayoría social quería que perdiera;
• una oposición que jugó fuerte usando a su favor el sistema de primarias, con una nueva cabeza asomando;
• irritación con una gestión que perdió legitimidad por casos como el vacunatorio VIP y el cumpleaños en Olivos; y
• un oficialismo que empezó a dar señales de fatiga interna en sus cuadros militantes jóvenes.

La pregunta era si la sumatoria de todos esos factores climáticos iba a producir la tormenta perfecta. Se produjo sin atenuantes. Claro, como la brújula —las encuestas— parecía oscilante, no era sencillo predecir cuánto efecto iba a tener el viento en contra. Ya le pasó a Macri hace dos años atrás: sus gurúes le llegaron a decir que podía empatar. Dieciséis puntos abajo los contradijeron.

Un capítulo especial deberá ser dedicado en los análisis de los días posteriores a la abstención electoral. Habrá que mirar con lupa el mapa y hacer muchas correlaciones estadísticas para deducir quiénes no fueron. Porque ahí puede estar una de las claves: ¿el electorado propio se quedó en la casa? Si se confirma que el oficialismo suma solo 30 % a nivel nacional, eso significa que se perdieron por el camino unos 7 puntos comparado con 2017. Una enormidad. Si tomamos como parámetro a 2019, en las PASO el Frente de Todos ganó por 53 a 33 %. Hoy tiene 33. Apenas 20 puntos de deterioro.

Pero esto solo fueron las primarias. A favor del oficialismo: el ensayo general salió mal, tiene 60 días para ajustar clavijas como pasó en 2017 que logró dar vuelta dos imposibles (San Luis y La Pampa). En contra: en noviembre tiende a votar más gente que ahora, y esa expansión de la torta en la elección general viene favoreciendo a Juntos desde 2015 hasta 2019. No está muerto quien pelea, y si no pregúntenle a Macri y a CFK. Paciencia y tenacidad.

La elección de ayer además fue un laboratorio a nivel latinoamericano, porque —al igual que Lacalle Pou— Alberto transitó casi toda su gestión en pandemia. Bolsonaro al menos había tenido un año de changüí. En este sentido, Argentina por ahora se suma al lote mayoritario en donde los oficialismos de turno pierden. Ya sucedió en Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Dominicana, Chile. Las excepciones han sido las legislativas de México y las municipales de Uruguay. Pareciera que covid mata oficialismos.

La Argentina lleva diez años buscando la moderación y no la encuentra. Parece ser una dama difícil de conquistar. Cada vez que el fiel de la balanza sintió que aquella se perdía, reaccionó de manera contundente. Pasó en 2013, 2015, 2019 y 2021. Solo no ocurrió en 2017, la excepción a la regla. Tenemos un problema, Houston.

Este artículo fue publicado originalmente en Perfil.

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La estropeada evacuación de Estados Unidos (EUA) de Afganistán aguó la fiesta del presidente estadounidense Joe Biden, que había planeado poner fin a la intervención militar más larga de la historia de su país, en la emblemática fecha del 11 de septiembre, en el vigésimo aniversario de los asombrosos ataques yihadistas, en los que murieron casi tres mil personas, convirtiendo en escombro las torres del World Trade Center, de la ciudad de Nueva York, un símbolo del capitalismo, y destruyendo parte de la sede del Pentágono, muy cerca de Washington DC, un imponente edificio que rezuma el poder militar de la principal potencia del mundo.

El significado simbólico que el presidente quería darle a la conmemoración de las dos décadas del 11-S no solo se arruinó por la tensión y temor que provocó la retirada caótica de Kabul. También empañó la decisión histórica del jefe de la Casa Blanca de que el punto final en Afganistán significara el primer mojón de una nueva política exterior, más ajustada a los desafíos que enfrenta EUA en el ya consolidado siglo XXI en el que conviven viejos y nuevos demonios.

«Esta decisión sobre Afganistán no se trata solo de Afganistán. Se trata de poner fin a una era de importantes operaciones militares para rehacer otros países», explicó el mandatario estadounidense, en una de las tantas apariciones públicas de fines de agosto, en que reiteró su convencimiento de que había llegado el momento de archivar la doctrina de la guerra contra el terrorismo tal como la interpretó en su momento el presidente republicano George W. Bush (2001-2009).

Estrategia internacional

La remozada estrategia internacional y militar de Biden tácitamente supone también una crítica velada a la política de su exjefe, el demócrata Barack Obama, que en esencia siguió caminando en la misma dirección de Bush. Por lo menos, nunca hubo más soldados estadounidenses en Afganistán que durante la gestión del primer presidente afroamericano en llegar a la Casa Blanca, pese a que había prometido terminar con la campaña militar en este complejo país.

La política internacional debe estar a tono con «un mundo nuevo» y ello significa dar respuestas efectivas, no a las amenazas de hace 20 años, sino las que representan los verdaderos peligros para EUA de hoy y de cara al futuro: un terrorismo que se ha extendido más allá de Afganistán, a lo que se suman desafíos múltiples como la rivalidad con China, las operaciones de Rusia, los ciberataques y la proliferación nuclear.

La retirada de Afganistán es una reacción a una misión militar eterna y de objetivos imposibles de cumplir. El cierre de una guerra sin sentido se sumó a una nueva visión de la política exterior cuyo foco se pone en la lucha contra un terrorismo que ha mutado, con una tecnología estadounidense de armamento militar que no justifica la presencia masiva y permanente en el terreno, y en una batería de políticas en función de las «nuevas amenazas». Y todo ello sin descuidar la diplomacia, las herramientas económicas y el trabajo en conjunto con los países aliados.

«Al pasar la página sobre la política exterior que ha guiado a nuestra nación durante las últimas dos décadas», dijo Biden, es momento de realizar una autocrítica y aprender de los errores.

Para el presidente, es una quimera embarcarse en grandes operaciones militares, acciones propias de la Guerra Fría, con el propósito de «rehacer» a largo plazo países en conflicto, como es el caso de Afganistán. Los dos billones de dólares gastados en veinte años de una guerra en la que hubo más de 20.700 estadounidenses heridos y 2.461 soldados que perdieron la vida, para finalmente retirarse por la puerta de atrás, parecen darle la razón al gobernante demócrata que trazó el camino para terminar con el EUA como policía del mundo.

Pese a ello, la doctrina Bush de la guerra global contra el terrorismo tuvo un resultado mixto, pues, junto con el fracaso de pretender construir una nación democrática, cohesionada y unificada, tuvo un éxito notable en impedir ataques terroristas a gran escala en su propia casa, el objetivo más importante. Además de matar a bin Laden, la personificación del mal en términos occidentales, en este tiempo murieron alrededor de cien estadounidenses en su propio país por atentados inspirados en el radicalismo islámico.

La visión internacional de la Administración Bush fue ganada por una actitud triunfalista por la derrota del comunismo soviético y las mentes de Guerra Fría de sus colaboradores más influyentes como Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz.

Tras el 11-S, el Gobierno republicano resolvió rápidamente invadir Afganistán, con los objetivos claros de atrapar a Bin Laden y acabar con los talibanes en el poder, quienes le habían dado cobijo. Y, como dijo Bush dos años después de la intervención militar, contribuir «a liberar a un pueblo oprimido», convirtiéndolo en un país «seguro» y reconstruir la sociedad, además de ayudar «a educar a todos sus hijos, niños y niñas.

El historiador noruego Odd Arne Westad, especializado en la Guerra Fría, profesor de la Universidad de Yale, observó con agudeza que la reacción al 11-S no fue solo la necesidad de infundir tranquilidad a los ciudadanos, sino también una oportunidad para demostrar el poder estadounidense y promover el régimen democrático en el mundo, que, quizás, no hubiera ocurrido sin una experiencia tan dramática (Westad, 2018).

El fracaso estuvo en creer en la posibilidad de construir una democracia liberal, unificada y centralizada en Afganistán, un país con características muy peculiares. En ese sentido, llama la atención que EUA no haya tomado debida nota de la nefasta experiencia de la ex-Unión Soviética.

En la monumental biografía sobre Mijaíl Gorbachov, el cientista político neoyorquino William Taubman (2018) cuenta que el último presidente soviético se arrepintió de no haber decido mucho antes la salida de su país de Afganistán, donde sufrió una «derrota ignominiosa».

Taubman aprovecha el pasaje donde aborda la autocrítica de Gorbachov para introducir una reflexión luminosa: «Los paralelismos entre los problemas soviéticos en Afganistán en 1985 y los dilemas estadounidenses treinta años después son innumerables: unos líderes afganos corruptos; unas fuerzas armadas afganas de poco fiar; una población cada vez más ajena al esfuerzo de guerra; santuarios enemigos al otro lado de la frontera paquistaní; un proceso de reconciliación nacional que no funcionaba, y unos plazos de retirada en apariencia indeterminados».

Biden, en cambio, sí parece haber aprendido de la lección soviética de hace 35 años y por ello prefirió pagar un enorme costo, seguro de corto plazo, con la salida fallida de Kabul, antes que mantener una guerra perenne y sin un propósito claro.

La partida de Afganistán es para culminar una intervención sin fin, pero de un enemigo permanente como es el movimiento yihadista internacional, que ha ganado terreno en amplias regiones de Oriente Medio, Asia del Sur y África del Norte, cuyas condiciones políticas son violentas e inestables y de un futuro desalentador desde el punto de vista económico, un caldo de cultivo para que los grupos terroristas recluten jóvenes desesperanzados.

Se calcula que el número de ataques y víctimas del terrorismo islámico es de entre tres y cinco veces más en términos anuales que los que hubo en 2001 y que hubo un aumento exponencial de grupos activos, que, según estudios, suman entre 100.000 y más de 230.000 combatientes.

Biden, de una gran veteranía en los pasillos del poder de Washington, y con gran experiencia en el desenvolvimiento del orden internacional, tiene muy presente que la guerra tras el 11-S terminó con bin Laden, debilitó a Al Qaeda en su afán de crear un poderoso ejército yihadista global y dejó a ISIS lejos del sueño del califato.

La amenaza del yihadismo

Pero es consciente también de que a veinte años de los atentados a las Torres Gemelas y a la sede del Pentágono, el yihadismo transnacional, ahora bicéfalo, sigue siendo una amenaza real, con un enorme ejército sin Estado sin temor a la muerte.

La doctrina Bush no pudo derrotar un relato islámico radical que no nació el 11-S sino a mediados del siglo XX en las cárceles de Egipto. Desde entonces existen grupos islámicos que, con mayor o menor éxito a lo largo del tiempo, promueven una lectura intolerante de la sharía que, hoy por hoy, se conjuga con la violencia extrema contra los vértices de Occidente.

Biden cree que su nueva política internacional es más apropiada para un mundo muy diferente al del 11 de septiembre de 2001. Pero ha permanecido inmutable el odio de un movimiento fundamentalista, convencido de que el «infiel» Estados Unidos encarna un genio maligno.

Referencias
Westad, O. A. (2018). La guerra fría. Una historia mundial. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Taubman, W. (2018). Gorbachov. Vida y época. Barcelona: Debate.

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El 11S hace veinte años el mundo cambió. Siempre hubo cambios, pero esta vez todo fue drástico, en vivo y directo. Miles, seguramente millones de televidentes en todo el mundo, se horrorizaron frente a la imagen de unas torres en llamas, de un avión estrellándose, del colapso entre nubes de polvo. Esto no se borra.

Posiblemente la sorpresa, incluso la incredulidad, sean los sentimientos más recurrentes. Una y otra vez se hace tema de conversación recordar dónde estábamos, qué vimos, quién nos avisó que algo absolutamente sorprendente estaba ocurriendo en Nueva York a esa hora. Se confunden los relatos, la desazón por las imágenes dramáticas de los que caminaban cubiertos en polvo entre escombros, o de personas lanzándose al vacío desde las alturas de un edificio en llamas.

Luego vino el doloroso recuento de víctimas, muertos y desaparecidos. Lentamente fuimos tomando nota de las dimensiones del desastre, presintiendo lo que vendría.

Ideólogos y perpetradores

Los perpetradores directos fueron una veintena de hombres que habían secuestrado cuatro aviones comerciales estadounidenses cargados de combustible. Pero los ideólogos del crimen eran otros: redes invisibles de enemigos de un estilo de vida que hasta el momento parecía garantizar la circulación, el encuentro y, a pesar de las diferencias, la convivencia. Al atentado le siguió la contundente respuesta de los Estados Unidos y sus aliados. Siguieron guerras, migraciones masivas, crisis políticas, y se logró dar con el paradero del cerebro del ataque.

A veinte años de aquel fatídico 11S, cabe preguntarse qué cambió. Una primera conclusión es que cualquier conflicto local puede traer consecuencias globales. Las oleadas de migrantes huyendo de guerras, los botes cargados de personas buscando una mejor vida del otro lado del mar. Ahora las imágenes de aviones abarrotados de aterrorizados afganos, muestran esto.

Desde Diálogo Político recordamos a las víctimas y ponemos la lupa en el mundo que cambió. Este mundo nos interpela y exige mayor reflexión para comprender los desafíos del presente.

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¿Cuáles son los planes del Gobierno de Colombia para enfrentar el desafío de la migración? ¿Cómo es la situación con esa cifra tan alta de personas en situación irregular y cuáles son los objetivos de la política de puertas abiertas del ejecutivo?

Para finales de 2021 la Organización Internacional de Migraciones estima que unos siete millones de ciudadanos venezolanos habrán salido de su país a causa de la emergencia humanitaria y la crisis política en las que el país lleva tiempo sumido. Venezuela ha perdido el 17 % de su población. Según los datos de Migración Colombia de principios de este año, hay 1.742.927 venezolanos en Colombia. El 56 % de ellos se encuentran de forma irregular, lo que les dificulta su integración e inclusión en la sociedad colombiana. Cuáles son los planes del Gobierno de Colombia para reducir esa cifra, cómo es la situación con esa cifra tan alta de personas en situación irregular y cuáles son los objetivos de la política de puertas abiertas del ejecutivo son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa. 

Participan:

Daniella Monroy, Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Colombia.

Txomin Las Heras, investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de la asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano, en Bogotá

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

Esta ley desata una gran polémica y despierta sospechas en la sociedad de Honduras. Se plantea la pregunta: ¿se trata de bienestar para todos o de un seguro para corruptos?

Con el establecimiento de las llamadas zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), el Gobierno de Honduras quiere atraer inversiones e impulsar la economía del país. Sin embargo, también existe la sospecha de que las ZEDE pretenden crear un Estado dentro del Estado, permitiendo que los políticos corruptos y sus «socios» escapen a la acción judicial sin tener que huir al extranjero. La legislación que permite la creación de las ZEDE se remonta a 2013, cuando el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional (2010-2014). Este emblemático proyecto logró la aprobación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fue nombrada de manera arbitraria por el Congreso Nacional en 2012.

Este año, el presidente Hernández ha retomado el proyecto con renovado vigor. Por un lado, puede referirse al hecho de que Honduras ha sido particularmente golpeada económicamente por la pandemia de covid-19. Por otro lado, puede tener que ver con el hecho de que el presidente se está acercando al final de su mandato y quiere crear un retiro para sí mismo, sobre todo, si se diera el caso de que los organismos nacionales e internacionales de justicia realicen investigaciones sobre las acusaciones de apoyo al negocio internacional de la droga.

Las ZEDE

En cualquier caso, el partido de gobierno es la única fuerza política que sigue apoyando el concepto de ZEDE. No obstante, se está formando una oposición política y social, porque temen que el ansiado desarrollo económico sólo beneficie a unos pocos, de por sí, ya privilegiados.

La sociedad hondureña se debate en torno a las ZEDE, destacando que su marco normativo se instauró en medio de controversias y sus efectos comienzan a emerger. Por una parte, sus detractores manifiestan que estas representan un alto peligro para la soberanía, integridad y seguridad del territorio nacional. Las zonas especiales están autorizadas para establecer sus propios sistemas de educación, salud, seguridad social y promoción de la ciencia, de modo que su aplicabilidad beneficiará a segmentos privilegiados de la sociedad, mientras la mayor parte de los hondureños continuarán desarrollándose en situaciones de vulnerabilidad. Se estima que entre el 60 y 70 % de la población vive en condiciones de pobreza.

En otra dirección, los promotores de las ZEDE declaran que el objetivo general es incentivar y atraer la inversión extranjera para generar nuevas fuentes de empleo, destacando que el territorio hondureño posee diversas riquezas naturales que impulsarán la inversión y la rentabilidad. Por lo tanto, se deben propiciar estas zonas independientes y autónomas con normativa especial para estimular el capital transnacional.

Diversos sectores de la sociedad se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional para interponer recursos de inconstitucionalidad y derogar estas zonas especiales. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que en algunos territorios del país se comiencen a edificar proyectos bajo esta normativa. En consecuencia, aumenta la tensión y la polarización social.

Aún se desconocen los alcances de este proyecto y sus efectos a futuro. Se espera que los congresistas del próximo período constitucional asuman un rol decisivo sobre la continuidad o anulación de las ZEDE.

Consideraciones finales y perspectivas

Ante el escenario que gira en torno a las zonas de empleo y desarrollo económico, es necesario preguntarse también qué tipo de inversionista vendría a depositar sus recursos financieros en este proyecto.

Según el marco constitucional de Honduras, el 28 de noviembre de 2021 se debe desarrollar un nuevo proceso de elecciones generales y designar a las autoridades de los cargos de elección popular para el período 2022-2026. De los 14 partidos políticos inscritos para la contienda, solamente el Partido Nacional de Honduras (partido de gobierno) ha manifestado su aceptación y continuidad con las ZEDE.

En la actualidad se tiene previsto desarrollar cabildos abiertos en diferentes comunidades y municipios para establecer la aceptación o rechazo a las ZEDE. Entre los principales temas a tratar figuran los vinculados con la expropiación de tierras de alta y baja densidad poblacional.

Aunado con lo anterior, ha trascendido que en el municipio de Roatán (departamento de Islas de la Bahía), sus autoridades locales analizan si es posible convertir el municipio completo en una ZEDE. De esta manera, todos los pobladores podrían gozar de las mismas oportunidades y beneficios que ofrece la normativa. Esta nueva condición no se concibió cuando se emitió la Ley Orgánica de las ZEDE y surgen nuevas interrogantes: ¿los inversionistas estarán dispuestos a incluir en sus proyectos a todos los residentes del municipio?, ¿la máxima autoridad de Roatán será el alcalde municipal o el secretario técnico de la ZEDE?

Referencias

Acuerdo n.º CSJ-01-2021. Establecimiento de la jurisdicción especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). 14 de junio de 2021.

Decreto n.º 120-2013. Por medio del cual se expide Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). 6 de septiembre de 2013. Diario oficial La Gaceta n.º 33,222.

Decreto n.º 9-2013. Por medio del cual se ratifica el decreto n.º 236-2012 de fecha 23 de enero de 2013. Diario oficial La Gaceta n.º 33,080.

ONU. (2021, 8 de junio). Naciones Unidas Honduras. Obtenido de las ZEDE podrían suponer serios riesgos para la garantía de los derechos humanos por parte del Estado de Honduras. https://honduras.un.org/es/130598-las-zede-podrian-suponer-serios-riesgos-para-la-garantia-de-los-derechos-humanos-por-parte

UNAH. (2021, 22 de junio). Blog de Facultad de Ciencias Jurídicas. https://blogs.unah.edu.hn/cienciasjuridicas/carta-publica-zedes/

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En el séptimo episodio de En Campaña abordamos el tema de la gestión de los medios de comunicación.

Este es el siguiente paso tras poner en marcha la investigación, la planificación, la estrategia electoral, el mensaje, las redes sociales y la publicidad electoral. ¿Qué intereses tienen los medios de comunicación? ¿Cómo debe ser nuestra relación y escucha con ellos? ¿Hay que preparar una entrevista y un debate electoral ante los medios? ¿Cómo podemos hacer llegar el mensaje de una campaña electoral a los consumidores de esos medios?

Para responder a estas preguntas contamos con la participación de Daniel Ureña, socio fundador de MAS Consulting y presidente de la compañía en España; Verónica Fumanal, experta en asesoría y consultoría política y presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP); Andoni Aldekoa, periodista, consultor de comunicación política y profesor de cursos de posgrado; y César Martínez, fundador de MAS Consulting en Estados Unidos y México y presidente de la misma en ambos países.

[Lee también: Periodistas y políticos, una relación necesaria]

Conducción y realización: MAS Consulting.

En Campaña es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Las elecciones no son todo en la democracia, pero ciertamente sin ellas no hay democracia. No son un mal necesario, sino un elemento que define la calidad democrática y el elemento clave que dota de legitimidad a las autoridades. Lo mismo aplica a las campañas electorales. La gente no vota solamente por la campaña, pero sin una campaña electoral profesional y bien planteada, difícilmente se gana en democracia.

Algunas preguntas que respondemos en nuestra edición especial Campañas electorales:

• ¿Cómo se construyen los liderazgos, en especial el femenino, en tiempos de desconfianza?
• ¿Qué rol tiene la investigación electoral en la planificación de la campaña y la corrección de errores?
• ¿Cómo serán en el futuro las campañas, las encuestas y la construcción del mensaje? En este sentido, ¿qué rol ocupará el arte de contar historias?
• ¿Cuál será la relevancia de las redes y la publicidad?
• Y finalmente, ¿cuál será el rol del periodismo y la gestión de los medios?

Y luego agrega: «No hay democracia sin partidos políticos. Por ende, la pregunta no es si habrá partidos en el futuro o no, sino qué partidos habrá que puedan interpretar los nuevos tiempos y conectar con las sociedades que cambian».

Esa frase refleja el contenido de esta nueva edición, titulada «El futuro de los partidos políticos». En ella, un grupo de autoras y autores reflexionan sobre esta cuestión desde múltiples perspectivas, lo que, en conjunto, configura una visión global sobre este desafío.

Los partidos no han muerto

Manuel Alcántara es uno de los politólogos más importantes de España. Es latinoamericanista y catedrático de la Universidad de Salamanca. Su conocimiento sobre los partidos políticos, y sobre los cambios que deberían ponerse en marcha en ellos, quedan volcados en una extensa entrevista publicada en esta edición de la revista.

Alcántara se expresa contrario a la idea de que los partidos «han muerto», como muchas veces se suele decir en América latina. Él no cree en eso, pero sí lanza una advertencia cuando dice que «van a tener que cambiar drásticamente y adaptarse a una sociedad líquida, como nos señaló Zygmunt Bauman». En una sociedad flexible, cambiante, incluso impredecible, las necesidades, las demandas que deben articular los partidos no son las mismas. Los sujetos políticos han cambiado, las plataformas de comunicación también. Por ello, Alcántara les da especial importancia a algunos aspectos que los partidos políticos deberían priorizar para lograr aquella adaptación: iniciar procesos de profesionalización, profundizar la formación de cuadros y la incorporación de nuevos, o luchar contra las prácticas corruptas.

El catedrático español señala también los peligros de la implementación de estos cambios. Por ejemplo, en el caso de la profesionalización, se corre el riesgo de que, al aumentar la influencia de las consultorías políticas en campaña, se produzca una homogeneización de las estrategias. El uso de la polarización en tanto herramienta comunicacional es un reflejo de ello. Y aquí los que se benefician son los individuos aislados, los candidatos, y no los partidos políticos.

Este último elemento de la personalización de la política es retomado en el artículo de Wilhelm Hofmeister de este número de Diálogo Político. El director de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal explica que «muchos partidos intentan enmascarar su pérdida de adeptos y votantes mediante la personalización». Según el autor, esto sólo exacerba el efecto antipartido. Se pierde el lazo entre ellos y la ciudadanía al quedar oculto tras la figura principal que aglutina los apoyos en su persona.

El problema, siguiendo a Hofmeister, es que no hay alternativa a los partidos políticos. Ni los movimientos, ni las organizaciones de la sociedad civil, por nombrar algunos ejemplos, pueden reemplazar a los partidos, ya que su legitimidad está construida sobre la base de la participación en las elecciones.

Lo importante, sin embargo, es no dormirse. Es decir, no creer que por ocupar un lugar clave en las democracias sus problemas son irrelevantes. ¡Al contrario! Están obligados a repensar constantemente su programa, su organización y su comunicación. Es en este sentido que Hofmeister sentencia: «Para constituirse en un modelo para el futuro, los partidos políticos deben estar preparados para las reformas».

Experiencias de adaptación

La pandemia también ha afectado a los partidos. En particular, a su funcionamiento interno. Ya no pueden celebrarse aquellos congresos partidarios para elegir representantes y autoridades. Un ritual que no sólo es el encargado de construir y completar el organigrama de la fuerza política, sino que es clave para fortalecer las redes, el intercambio y la discusión interna.

Carsten Ovens y Ellen Demuth escriben en esta edición de la revista sobre el primer congreso completamente digital de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU. Ovens es el director ejecutivo de ELNET, un think tank dedicado a las relaciones entre Europa e Israel. Demuth, por su parte, es miembro del Parlamento de Rheinland-Pfalz y del Consejo de Expertos Digitales de la CDU.

En este congreso, el partido debía enfrentarse a desafíos tecnológicos nada sencillos: transmisión estable, discusiones en tiempo real, votaciones sin fallas. Una odisea. Todo eso sin contar la importancia de la seguridad ante ataques cibernéticos y el uso paralelo de las redes sociales y demás herramientas de difusión.

En su artículo, los autores no solo subrayan la importancia de estar a la altura de los desafíos tecnológicos, sino también la necesidad de que los partidos y el propio Estado sean capaces de conseguir la flexibilidad para superarlos. En ello reside uno de los aspectos para el fortalecimiento de las democracias actuales.

Desafíos ineludibles

Uno de los desafíos más importantes que tienen los partidos políticos tiene que ver con el lugar que ocupan las mujeres en sus propias estructuras. Sobre esta cuestión reflexiona la profesora Flavia Freidenberg, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, coordinadora del Observatorio de Reformas Políticas de América latina y de la Red de Politólogas.

El panorama que describe Freidenberg respecto al lugar de la mujer en los partidos es muy preocupante: Aun cuando las mujeres representan el 51,5 % de las militancias, enfrentan múltiples obstáculos cuando quieren dirigir una organización, acceder a las candidaturas, contar con recursos del financiamiento público, hacer campaña o gobernar. «Cuando las mujeres quieren hacer política se enfrentan a una cancha inclinada que las pone en desventaja en relación con sus pares», explica la politóloga. Ignorar esta situación en la que las mujeres son vistas como intrusas en un mundo político dominado por la visión masculina, repercute negativamente en la legitimidad democrática de los propios partidos políticos.

Pero la cuestión de la igualdad de género no es el único problema que deben enfrentar los partidos políticos actuales; también surge la cuestión de la protección del ambiente. La crisis climática ha convertido a este tema en un ítem prioritario de la agenda de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. En Latinoamérica y en el mundo. Nicole Stopfer, directora del Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA-KAS), ofrece en su artículo una visión interesante: convertir al crecimiento económico sostenible en la base del bienestar de la población.

Para ello Stopfer ve a los partidos políticos de centro como los posibles garantes para la construcción de una agenda de sostenibilidad. Incorporando al ámbito privado y ofreciendo soluciones concretas. La autora cita a la propia canciller Angela Merkel para ilustrar su tesis: «No podemos ver el cambio climático como un obstáculo para el crecimiento, sino como un motor de crecimiento».

Los jóvenes y su relación con la política son una tercera cuestión ineludible para los partidos políticos del futuro. Valentina Testa, licenciada en Relaciones Internacionales y presidenta de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), explica que «hay una falta de identificación de los y las jóvenes hacia nuestros sistemas democráticos que han llegado a desplazarse y que en vez de alejarse de la política han logrado readaptarse a través de la conquista de espacios alternos, como la militancia en agrupaciones estudiantiles, en asociaciones de trabajo territorial y demás formas de asociación mucho más horizontales espontáneas e informales que hacen que estén preparados para hacer política.

Según Testa es preciso desarrollar iniciativas y proyecto integrados que ya desde su concepción incorporen a los jóvenes y logren, de ese modo, que se sientan identificados y parte de la cuestión: «Es menester que sean los propios jóvenes los que discutan y consensuen las políticas públicas quedan vigencia y sus derechos y necesidades e intereses. Y a través de mecanismos institucionales de participación efectivos con estrategias de impacto y con asignación de recursos acorde».

En este número de Diálogo Político sobre partidos y su futuro no podía faltar una visión global sobre lo que sucede en Europa con las nuevas fuerzas políticas actuales. Sobre ello escribe Franziska Fislage, gerente senior de relaciones públicas de la editorial Axel Springer. Y también la revista cuenta con el análisis del periodista e investigador asociado al Centro para la Apertura y Desarrollo de América (CADAL), Juan Pablo Cardenal, sobre el rol y la influencia del Partido Comunista chino en el mundo político latinoamericano.

Los nuevos desafíos de los partidos tras la pandemia en América latina

Un escenario que ha regresado, pese a la pandemia, es el de la protesta. En muchos países de América latina crece el descontento, lo que nos recuerda a aquellas imágenes de 2019. ¿Por qué los partidos no han logrado encauzar y articular esas demandas de muchos sectores de las sociedades latinoamericanas? ¿Qué es lo que se puede mejorar para impedir la inestabilidad social, económica y, sobre todo, política? No hay recetas ni fórmulas preestablecidas. Pero sí hay una máxima que ya hemos mencionado: «Sin partidos no hay democracia». En este sentido, la respuesta debemos buscarla entendiendo la situación de estas instituciones democráticas en la actualidad y poniendo el ojo en los desafíos.

Tanto Frank Priess, subdirector del Departamento de Cooperación Europea e Internacional de la Fundación Konrad Adenauer, como Sebastian Grundberger, a quien que ya hemos presentado antes, plantean esta problemática en sus respectivos artículos de esta edición de Diálogo Político. La polarización, el populismo, el rol de la desinformación y la profundización de los conflictos sociales a causa de la pandemia son algunos de los temas que analizan los autores.

Justamente ese es el objetivo de la revista Diálogo Político. Plantear ideas de personas expertas en las diferentes materias para mejorar la discusión pública. Vivimos tiempos en los que el debate público está cada vez más empobrecido, en los que resulta complicado mantener una conversación serena en las que las posiciones estén sustentadas por datos y no por estados de ánimo. Por eso son más necesarias que nunca iniciativas como estas.

Un proyecto editorial de prestigio

Manfred Steffen conoce mejor que nadie a la revista Diálogo Político (DP). No sólo porque es el jefe de redacción, sino porque ha participado en su producción durante largo tiempo. «La revista DP se inicia en 2006 a partir de una revista que había anteriormente. En el comienzo es un conjunto de monografías temáticas; vamos evolucionando hacia una plataforma multimedia, en la que ofrecemos, aparte de artículos cortos, entrevistas, reseñas, podcasts en diferentes formatos y llegamos a la configuración actual, en la que estamos publicando todos los días un artículo corto, un día a la semana un boletín, y dos veces por año la revista en ese formato de edición especial temática con diferentes autores».

Steffen explica que cerca de 30.000 personas reciben el boletín semanal y acceden así a todos los contenidos producidos por el proyecto. Un verdadero desafío que se va adaptando a los nuevos tiempos. Tal como indica Sebastian Grundberger: «Dentro de la nueva concepción, DP va a tener en muchos aspectos una plataforma multimedia. A lo que hasta ahora fue la revista de DP le corresponderá un lugar ligeramente distinto. Vamos a convertirlas en ediciones especiales, es decir, ediciones temáticas que solo tratan de un tema en especial. Y ese tema va a ser muy cercano a lo que es la razón de ser de nuestro programa Partidos Políticos y Democracia en América Latina».

El pasado 21 de agosto se celebró la elección para definir al candidato o candidata presidencial de Unidad Constituyente en Chile, la ex-Concertación, es decir, los partidos Socialista, Por la Democracia, Radical y Democracia Cristiana, a los que se sumaron el Liberal, Ciudadanos y Nuevo Trato. Fue electa la hasta entonces presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC). A pesar de esta victoria, la participación ciudadana nos permite evidenciar, una vez más, una tendencia al declive de este sector político autodefinido como de centroizquierda, que fue gravitante en el período posdictadura militar entre los años noventa y hasta la primera década del siglo XXI, cuando se produjo la alternancia en el poder con Piñera en la presidencia (2010-2014).

Posteriormente, el bloque de la ex-Concertación amplió su alianza hacia la izquierda, creándose la Nueva Mayoría, es decir, los partidos identificados con el espectro de centroizquierda en alianza con el Partido Comunista recuperaron el Gobierno. Este hecho político fue una de las causas de la fuga en la adhesión a los partidos tradicionales. En los hechos, la Democracia Cristiana, partido mayoritario al interior de la ex-Concertación, ha evidenciado una baja sistemática de votos que explica de manera importante el retorno al palacio de gobierno del presidente Piñera en 2018.

Cabe recordar que en el año 2000 la DC obtuvo 21,61 % de votos a concejales municipales; en el 2012 alcanzó el 13 %, y en el 2016 alcanzó un 12,75 %, mientras que para el 2021 en el subpacto electoral con el PRO y Ciudadanos consiguió un 14,5 %. En términos tendenciales, la DC en las sucesivas elecciones durante los últimos 20 años registra un descenso en su votación en torno a los 12 puntos, lo cual representa una reducción del 50 % de su votación desde inicios del retorno a la democracia. ¿No será que su viraje hacia la izquierda es la razón estructural de la baja sistemática en la adhesión ciudadana?

Desde otra perspectiva, debemos mencionar que dicho viraje le ha significado a la DC la renuncia de algunos liderazgos como el de Mariana Aylwin, exministra de Educación del presidente Lagos; Gutenberg Martínez, expresidente de la DC; Soledad Alvear, excanciller y también presidenta de la DC; además del propio candidato presidencial independiente en competencia por el actual bloque oficialista, Sebastián Sichel, entre otras figuras. Estas renuncias nos permiten observar cómo se fue desdibujando el bloque concertacionista por la fuga de actores que se identifican con el centro político.

Además, desde el propio seno de la ex-Concertación, Democracia Cristiana incluida, se suman en general a una lectura crítica del legado del bloque. En efecto, desde la gestación de movimientos y partidos que se sitúan en la izquierda del espectro político y que conforman el actual Frente Amplio, se inició un cuestionamiento y revisión de los logros políticos, sociales y económicos del período de la transición.

Cabe indicar la carencia de renovación en los liderazgos en el bloque concertacionista. Todas estas consideraciones explicarían el declive electoral del bloque de centroizquierda, soslayándose la paradojal actitud de la dirigencia de la ex-Concertación de sumarse a las críticas de su propia acción en política durante el período gobernado. Es decir, las dificultades de sintonizar o representar a la ciudadanía habrían sido la condición por la cual reniegan de lo obrado, situación que se vio amplificada en un contexto en el cual se hacía públicos y notorios los escándalos de corrupción, en especial, los relativos al financiamiento ilegal de la política.

Por lo argumentado, no resultaría consistente la explicación de los dirigentes de la ex-Concertación relativa a la causa que incidió en la baja participación ciudadana en el proceso eleccionario de la Unidad Constituyente, que solo alcanzó los 150.000 electores. El eje del argumento ha estado en que el proceso electoral no se enmarcó en las primarias legales. Al respecto, debemos recordar que ello se debió a la falta de acuerdo entre los partidos del bloque, lo que les impidió participar en el mismo proceso en el cual lo hizo la lista de Apruebo Dignidad (PC y Frente Amplio) y la de Chile Vamos (actual bloque oficialista), en el cual se registró una participación superior a los tres millones de votantes.

Si bien en las elecciones de la Unidad Constituyente (ex-Concertación) se impuso con claridad la senadora Provoste con un 62,2 % de los votos, mientras que Paula Narváez (PS y PPD) alcanzó un 26,4 % y Carlos Maldonado (PR) un 11,4 %, sin embargo, para el sector que ha sido considerado como el bloque político más exitoso en la historia republicana de Chile, la baja convocatoria confirma su tendencia hacia la irrelevancia.

En consecuencia, una de las interrogantes que se nos presenta ante el próximo proceso de elección presidencial es quien ocupará el espacio que representará el espacio político de centroizquierda, la propia ex-Concertación, el Frente Amplio en alianza con el PC, algún independiente en competencia.

La fuerza política que lo consiga deberá transformarse en un nuevo referente. Posiblemente, este estará llamado a impulsar un proceso que permita regenerar el tejido social erosionado en Chile, lo cual pasa primeramente por renovar las confianzas y, segundo, por actualizar las instituciones ante los nuevos requerimientos políticos y sociales, entre ellos, una nueva estructura partidaria.

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Muy pocas veces la cúpula del Gobierno se mostró en público unida. Hasta que un acto de campaña, a un mes de las elecciones primarias 2021 perfora la niebla política. Está hablando el presidente. Pero un eco se interpone. De fondo se oye una voz. Sobre el escenario, alguien intenta interrumpir el discurso del jefe de Estado, en vivo y en directo. Alberto Fernández habla, pero su hilo va perdiendo ritmo, cadencia, volumen. Hasta que se rinde y calla, en público, en vivo y en directo. El presidente cede el micrófono y la voz de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se interpone. Ella domina la escena. Lo hace con naturalidad, como si fuera una acción cotidiana, que suele repetirse en privado, pero que esta vez quedó registrada en público.

Las elecciones 2021 marcan un fin de época dentro de la coalición que gobierna. La imagen negativa del presidente llegó a su punto más alto, según encuestadores. La reciente filtración de fotos y videos del festejo de cumpleaños de su esposa, cuando regían estrictos toques de queda, indignaron hasta a sus propios votantes. Su primera reacción fue negar el festejo, luego rechazó haber participado de aquella reunión que data de julio de 2020. Hasta que todos pudimos ver a Alberto Fernández en una mesa de la residencia presidencial, junto con otras diez personas, sin barbijo, sonrientes, uno junto al otro, sin distancia, posando ante la cámara. Una reunión social que el mismo presidente prohibía al resto de los mortales.

Rompiendo las reglas

No hubo forma de excusarse. El presidente eligió romper las reglas que el mismo creó. Desde el 3 de marzo de 2020 ordenó a la sociedad cómo debía actuar, con base en un discurso alarmista. Y luego el mismo eligió romper sus reglas. Por las restricciones, las personas perdieron su trabajo, sufrieron problemas de salud, dificultades económicas y hasta conflictos cotidianos como tener que tramitar permisos para subir a un ómnibus o simplemente visitar a un familiar.

Muchos tuvieron que poner en pausa sus proyectos de vida. Otros incluso perdieron la vida, como el trabajador rural Luis Espinoza, quien fuera asesinado por la policía. Durante la pandemia, la fuerza de seguridad se vio totalmente apañada por el discurso alarmista del Gobierno y se cometieron abusos. Las fotos del presidente y sus excusas contrarían a la población: resulta ahora que esas mismas reglas se podían romper, y no había que tomarlas tan en serio.

Las encuestas

Las encuestas captaron el disgusto. Más del 80 % de las personas lo consideran un error o un escándalo propio de juicio político. Escándalo es un ‘hecho o dicho considerados inmorales o condenables y que causan indignación y gran impacto públicos’, según la Real Academia Española. Justamente, la ética del presidente parece mover la aguja electoral, más que la depresión económica o social que atraviesa la Argentina.

Ahora resta saber el impacto que tendrán las fotos del festejo presidencial en plena cuarentena en las elecciones de 2021 (véase infografía). Las primarias serán el 12 de septiembre y allí se elegirán los candidatos que competirán en noviembre. Así que las PASO (primarias) se convierten en una encuesta a escala real. Los argentinos plebiscitarán la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos, FdT) frente a la pandemia: es uno de los países que sufrió más muertes por millón de habitantes y que mantuvo las escuelas más días cerradas, así como atraviesa una de las recesiones económicas más fuertes de la región (el PBI cayó 9,9 %, en 2020).

También el futuro es una incógnita. Así que se evaluará si el Gobierno podrá frenar la suba de la pobreza, que hoy alcanza al 42 % de la población, y de la inflación, que en julio llegó al 51,8 % anual, según el INDEC. Desde septiembre estará claro cuál es la sintonía que tiene la sociedad con la gestión de Alberto Fernández.

Dispersión de votos

Por un lado, las encuestas muestran dispersión y nadie se anima a vaticinar quién ganará. Todavía es reciente el fracaso de las consultoras en pronosticar la amplia derrota del expresidente Mauricio Macri en 2019. Algunas encuestas consideran que a nivel nacional ganará el Frente de Todos, con números que rondan el 30 %. El FdT reúne al kirchnerismo-peronismo, esto es, desde sectores nacionalistas, católicos, hasta progresistas, comunistas. Con base en resultados de elecciones anteriores, el oficialismo demuestra que cuenta con un tercio de base electoral fuerte, que se mantiene fiel a sus candidatos, a pesar de los escándalos. La sorpresa sería que esta vez, en la provincia de Buenos Aires, donde reside la mayoría de los habitantes del país, no alcancen siquiera el 30 %.

Por el otro, la oposición de Juntos por el Cambio reúne a conservadores, liberales, socialdemócratas y republicanos, entre otros. La apuesta de este espacio sería ganarle al oficialismo en su principal bastión que es la provincia de Buenos Aires. Y lo que busca es impedir que el Gobierno llegue a la mayoría de representantes en el Congreso, hasta las próximas elecciones presidenciales, de 2023.

Cambio de rumbo

Más allá del resultado, lo que parece un hecho es que después de estas elecciones el oficialismo cambiará de rumbo. La vicepresidenta Cristina Fernández interrumpió al presidente en público y tiene autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Fue ella quien lo postuló a presidente en 2019, fue ella quien le transfirió los votos. Después de estas elecciones de 2021, la vicepresidenta no dilataría más su intención de edificar otra alternativa de poder con los sectores más afines a ella. Es decir, con los sectores más kirchneristas. Estos tienen posiciones mas progresistas, enarbolan los discursos de soberanía latinoamericana, con aval a los regímenes de Venezuela y Cuba, con una mirada más proteccionista de la economía y un Estado grande.

Para ver esto es cuestión de mirar las últimas publicaciones de Cristina Fernández de Kirchner en Twitter. Quien fuera dos veces jefa de Estado (2007-2015) instala una narrativa de reconstrucción pospandemia, dando por sentado que estos dos años de su compañero de fórmula fueron de destrucción. En las imágenes, la vicepresidenta pone en el foco de sus fotos al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su hijo, Máximo Kirchner, quien lidera el bloque de diputados del Frente de Todos.

En sus mensajes menciona a Kicillof y a funcionarios afines a ella. Y en sus fotos, Alberto Fernández queda relegado a los bordes. Las elecciones de 2021 presagian cambios en la coalición de gobierno, con un presidente en baja, y una vicepresidenta que sigue en el centro de la escena. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner tiene un límite: las elecciones le mostrarán cuán dispuesta esta la sociedad a más años de kirchnerismo, o si está creciendo una ola opositora de cara a 2023.

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Entrevista con el canciller de la República del Ecuador.

Desde el cambio de gobierno en mayo de este año, el nuevo presidente ecuatoriano Guillermo Lasso Mendoza dio importantes señales. El gobierno se alineó desde el comienzo con la defensa de las instituciones democráticas y el irrestricto ejercicio de las libertades ciudadanas. Una eficiente campaña de vacunación contribuyó también a tener excelentes índices de aprobación. Otra característica del nuevo gobierno es la apertura y el fomento de relaciones cordiales hacia los países vecinos.

En este contexto, el equipo redactor de Diálogo Político realizó una entrevista con el canciller Mauricio Montalvo. Abogado y diplomático, estudió en Harvard una maestría en Derecho y es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha sido funcionario del servicio exterior desde 1982 y ha representado al Ecuador ante la ONU en Ginebra, la OEA en Washington D.C., entre otras misiones.

¿Dónde cree usted que están los mayores desafíos para la administración liderada por el presidente Guillermo Lasso, luego de este extenso periodo de gran polarización y desencanto popular con respecto al ejercicio de la política?

La respuesta se podría esbozar en función del planteamiento que ha hecho el presidente Lasso, con el Ecuador del Encuentro. Con esta propuesta, el Gobierno nacional busca ir al encuentro de todos los ecuatorianos y responder a todas sus aspiraciones, lo que precisamente es un gran desafío que pone al país frente a una coyuntura en términos de principios y valores. Por este motivo, el Gobierno busca fortalecer las instituciones democráticas reforzando prácticas como el respeto a las libertades y a las garantías ciudadanas, así como el ejercicio cotidiano de los derechos humanos en todos los ámbitos.

Del mismo modo, el Gobierno del presidente Lasso está proyectando una total apertura con la comunidad internacional, creando un clima de confianza para las inversiones y la interacción con otros socios y actores políticos, a través de diálogos y decisiones que se acompañan de una personalidad fresca y plural, con la que el presidente está entablando las mejores relaciones con el mundo, y que se han venido reflejando en estos primeros meses de Gobierno.

Uno de los desafíos en estos pocos meses que lleva el gobierno —y también uno de los éxitos internacionalmente reconocidos— ha sido la campaña de vacunación y conseguir las vacunas que muchos no creían posibles. ¿Cómo ha sido para el gobierno del presidente Lasso la experiencia en temas de vacunación? ¿Cuál es el estatus actual de las fronteras ecuatorianas?

El presidente Lasso se comprometió y se dedicó a llevar a adelante la campaña de 9/100, tener nueve millones de personas vacunadas en cien días. Es una meta que se va a cumplir. Para este fin, se emprendió una estrategia integral con la que hemos podido conseguir las dosis suficientes de vacunas e implementar el plan de vacunación de una manera amplia y diversificada, en todas las regiones del país.

Este proyecto ha sido confiado al vicepresidente (Alfredo Borrero), quien es un médico conocido con experiencia precisamente en el campo de la salud púbica, y a la ministra de Salud (Ximena Garzón), que acompañada de un grupo de expertos han trabajado arduamente. También la diplomacia ecuatoriana ha brindado su aporte, gracias a los diálogos con los representantes diplomáticos aquí en el país, como con las embajadas ecuatorianas en el exterior. La organización de toda esta logística, las negociaciones y los acuerdos concretados, así como las donaciones que se han conseguido, son en definitiva una labor de equipo, de mucha coordinación y complemento con un claro liderazgo de parte del primer mandatario.

Sobre las fronteras podemos decir que los aeropuertos se encuentran activos y cuentan con un importante número de vuelos con las medidas respectivas de bioseguridad. En relación con las fronteras terrestres, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que es un organismo interdisciplinario establecido precisamente para coordinar todo lo relacionado a la pandemia, ha considerado mantenerlas cerradas al público, exceptuando algunos pasos en los puentes Rumichacas y Walquiria para circulación de ciertos rubros, hasta que se realice la evaluación del impacto sanitario, y seguir una serie de protocolos con una apertura programada que implique el menor riesgo posible para la sociedad ecuatoriana.

Llama la atención el lema que este gobierno, y en especial el presidente, está imprimiendo en toda su gestión y que tiene que ver con la gestión diplomática: Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, sobre todo porque venimos de una sensación de que Ecuador se había restringido en sus relaciones internacionales. Este lema da una sensación de esperanza y cambio radical para mejor, en busca de que Ecuador extienda su presencia en más lugares del mundo. En ese sentido y contexto, ¿cuáles son los temas más importantes en los que estarían enfocados los acentos del gobierno en términos de política exterior?

El lema Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador es el axioma principal que se le aplica a la política exterior y opera evidentemente en el plano interno y externo. En el plano interno, precisamente, se inscribe en tener una mayor apertura y de transmitir una imagen de confianza y estabilidad, así como de respeto a las instituciones y al Estado de derecho. Y en el plano externo lo que busca es atraer mayor inversión al país, fomentar el turismo, que los socios internacionales encuentren en el Ecuador un socio confiable con el cual puedan conversar, negociar y llegar a unos acuerdos.

Vemos que la receptividad del Ecuador dentro de la comunidad internacional ha sido tan evidente, los indicadores económicos así lo dicen. El índice de riesgo país ha evolucionado favorablemente; los bonos ecuatorianos, considerados tan negativamente, ahora están considerados de manera positiva.

También existe lo que el Ecuador busca y, para ello, el presidente Lasso ha dado las directrices precisas sobre una total disponibilidad para entrar en acuerdos comerciales con todos los países del mundo. Ciertamente, dentro de estos lineamientos hay procesos que tienen más prioridad que otros, tal es el caso de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, con el que estamos trabajando constantemente con los representantes diplomáticos, con las misiones que han venido al país y otras que se anunciarán próximamente.

Otra de las aspiraciones que tiene este gobierno está relacionada al ingreso de Ecuador como miembro pleno a la Alianza del Pacífico, lo cual implica llegar a acuerdos bilaterales con México, y para ello venimos trabajando en las instancias política, diplomática y comercial. Confiamos en seguir avanzando e ir superando los elementos que se presenten para lograr una apertura con todos los países. En este sentido se inscribe el viaje a México con el presidente Lasso a la reanudación de las negociaciones del tratado de libre comercio para ingresar a la Alianza del Pacífico.

Vemos que, así como hay un Ecuador del encuentro, hay una diplomacia del encuentro y lo está demostrando el presidente Lasso en las reuniones que ha tenido a nivel internacional, procediendo con total variedad y apertura con sus pares internacionales y en el abordaje de la posición del Ecuador en el escenario internacional, lo que representa un eje fundamental de la política exterior.

En este sentido, se aprovechan todos los espacios, como se hizo cuando Colombia asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), o como se ha hecho recientemente en el cambio de mando de Perú, al que el presidente Lasso acudió y sostuvo encuentros con homólogos de diferentes orientaciones políticas e ideológicas, reflejando el pragmatismo y la personalidad con la cual el presidente ejerce su política internacional.

Usted hablaba de principios y valores y ha hablado de Estados Unidos. Hace poco vimos a una delegación de congresistas de Estados Unidos de visita y el presidente Joe Biden está propagando una Alianza de las Democracias, en la que participarán países europeos pero también otros países democráticos para defender las libertades y los derechos humanos frente a una creciente influencia de gobiernos autoritarios en el plano internacional. ¿Cómo se posiciona Ecuador en este sentido?

Este es un gobierno que está totalmente alineado a las libertades, el respeto, la promoción de los derechos humanos y las garantías ciudadanas, así que Ecuador estará siempre a favor de la defensa de las instituciones democráticas y a su libre ejercicio en todas las sociedades. El presidente Lasso ha sido muy categórico y enfático sobre este tema, y evidentemente, cuando hay una propuesta de esta naturaleza, el Ecuador estará siempre en primer plano para defender a la democracia.

En cuanto al contexto de América Latina y sus múltiples desafíos, frente a los regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿cuál es la posición de Ecuador? ¿Cómo se encuentra el país en este deseo importante de formar parte de la Alianza del Pacifico?

En cada pronunciamiento público que ha hecho el presidente Lasso y el Gobierno ecuatoriano se ha dado a conocer la importancia de la defensa y promoción del respeto a los derechos humanos y del ejercicio de las libertades. En el caso de los procesos que están en curso y en los cuales ha existido un alejamiento de estos valores y principios, el Ecuador abogará siempre por la democracia y que se respeten los mecanismos legítimos de expresión de los ciudadanos.

En este sentido, el Ecuador suscribe y promueve la doctrina Roldós establecida en la Carta de Conducta de Riobamba, en la que se establece que la defensa y promoción de los derechos humanos a nivel internacional es una obligación de los Estados y que cuando operan violaciones sistemáticas de estos en determinados países, la acción conjunta de los otros Estados para su protección no constituye una violación de principio de no intervención en aquellos Estados. Esta seguirá siendo la línea de conducta que tendremos en cuanto a relaciones bilaterales y espacios multilaterales en los que se traten estos aspectos.

En relación con la Alianza del Pacífico quisiera reiterar la plena disponibilidad del Ecuador de adherirse lo más pronto posible. Para ello, se han hecho gestiones directamente con otros jefes de Estado, en particular de Chile, Perú y México, para apoyar esta aspiración ecuatoriana. Inclusive se ha conseguido que la presidencia pro tempore a cargo de Colombia proponga en la próxima reunión que Ecuador pueda ser considerado de manera inmediata y se obvie la lista de países que quieren adherirse a la alianza. Esperamos que esta propuesta pueda caminar con la celeridad deseada y que Ecuador pueda acceder a la membresía como miembro pleno de la Alianza del Pacífico en el más corto plazo.

¿Qué esperanza alberga del retorno de la Fundación Konrad Adenauer a Ecuador?

Este retorno de la Fundación es un reflejo de los postulados fundamentales que tiene el Gobierno a favor de las libertades, la democracia y los derechos humanos, elementos que se comparten precisamente con instituciones como la Fundación Konrad Adenauer, por lo que será muy grato tenerlos aquí nuevamente en el país, y poder trabajar conjuntamente en ejes que son fundamentales y de nuestra plena convicción.

Esperamos que desarrollen su trabajo con total amplitud, libertad y pluralismo, que se sientan cómodos de trabajar no solo frente al Gobierno, sino también con la sociedad, y en donde estoy seguro que encontrarán socios muy dignos de las propuestas que ustedes traen y que estamos seguros contribuirán para el mejoramiento del Ecuador.

Entrevista realizada con la participación de Sebastian Grundberger, director del Programa KAS Partidos y de Ruth Hidalgo, miembro del consejo de redacción de Diálogo Político.

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Para Lukashenko, las victorias deportivas pueden ser muy importantes y un gran instrumento de propaganda, pero de nada sirven si quien las consigue cuestiona su mandato. El caso de la velocista Kristina Timanovskaya así lo confirma.

Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más grande, más vistoso, más espectacular del mundo. Y los adjetivos quedan cortos. Participar es un sueño para todo atleta, sin importar cuál sea su origen nacional o su historia. Mucho menos relevantes son las ideas políticas de ese atleta, porque lo que realmente importa es la competencia. Pero a veces esa lógica se rompe y el deporte pasa a ser un mecanismo de propaganda y control, especialmente en aquellos países en los que un gobierno autoritario pretende apropiarse de los triunfos de cada deportista.

Kristina Timanovskaya tiene 24 años y nació en el pequeño pueblo bielorruso de Klimavichy, a escasos 30 kilómetros de la frontera con Rusia. Logró el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio y representar a su país en dos pruebas madre del atletismo: los 100 y los 200 metros llanos. Era un logro gigantesco para una mujer tan joven, aunque difícilmente pudiera aspirar a una medalla. En la primera competencia, los 100 metros, finalizó cuarta en su serie y 38° entre el total de las participantes, y tres días más tarde le correspondía la revancha en el doble de distancia. Pero no pudo competir. Los entrenadores del equipo bielorruso de atletismo decidieron que no correría en la disciplina para la que había clasificado originalmente y, en cambio, debía participar del relevo 4 x 400, para el que nunca había entrenado.

La curiosa e inconsulta decisión llevó a que la atleta criticara a las autoridades deportivas en redes sociales: «Lo decidieron todo a mis espaldas. Intenté averiguar los motivos de la decisión, pero fui ignorada. Créanme, aunque nunca he corrido 400 metros, estaría dispuesta a apoyar al equipo, PERO creo que los funcionarios deberían respetarnos como deportistas y, a veces, tener en cuenta nuestra opinión». No hubo agresión ni insultos de parte de la atleta, tampoco una crítica abierta a su gobierno, sino tan solo un reclamo sumamente válido: escuchen a los deportistas. Pero fue más que suficiente para que la televisión estatal bielorrusa la condenara y que el Comité Olímpico de su país decidiera enviarla por la fuerza de regreso a Minsk. Es claro: en Bielorrusia no hay posibilidad de cuestionar.

Aleksandr Lukashenko es presidente desde 1994 y, al menos oficialmente, ha ganado con alrededor del 80 % de los votos seis elecciones consecutivas, incluida la última, en agosto de 2020. Desde entonces ha habido protestas multitudinarias enfrentándose a una represión policial salvaje, más de treinta mil personas han sido arrestadas por participar de las manifestaciones, al menos siete han sido asesinadas, se han registrado más de mil casos de tortura en centros de detención y los políticos opositores que no están presos se encuentran exiliados en países vecinos. El gobierno de Lukashenko es tan ubicuo que su hijo, Víktor, preside el Comité Olímpico de Bielorrusia (CONB), aunque el Comité Olímpico Internacional (COI) no considera su elección válida porque el dirigente ya cargaba con una sanción en su contra por discriminación a atletas.

En ese contexto, la velocista Timanovskaya tenía buenas razones para temer persecuciones y represalias tras un regreso anticipado a Bielorrusia. Por eso no abordó el avión y recurrió, primero, a las autoridades japonesas y luego a la embajada de Polonia en Tokio. Entendió que sólo podría recurrir a un asilo humanitario que le fue garantizado por el gobierno de Varsovia. Desde Japón voló a Viena, en donde fue custodiada por policía local, antes de arribar a Polonia. «Por motivos de seguridad, no difundiremos detalles del vuelo», dijo el viceministro de Exteriores polaco, Marcin Przydacz. No es un dato menor: a fines de mayo el Estado bielorruso desvío un vuelo comercial entre Grecia y Lituania para detener al periodista Román Protasevich. Nadie podía descartar que esto volviera a ocurrir con el avión de Timanovskaya.

El caso de la atleta no es único. Antes de los Juegos Olímpicos fueron detenidos o privados de la posibilidad de entrenar deportistas como la esquiadora Darya Domracheva (máxima ganadora de oros olímpicos para su país, con cuatro), la basquetbolista Elena Levchenko, el decatlonista subcampeón olímpico Andrei Krauchanka y la maratonista campeona de Europa Volha Mazuronak, entre otros. Su delito, al igual que el de tantos más, fue expresarse abiertamente en contra de la represión masiva y de las detenciones arbitrarias.

Para Lukashenko, las victorias deportivas pueden ser muy importantes y un gran instrumento de propaganda, pero de nada sirven si quien las consigue cuestiona su mandato. Mantener el aura intachable del presidente vale más que todas las medallas de oro. Así Bielorrusia empieza a convertirse en una gran cárcel a cielo abierto de la que es difícil escapar. Como si todo el país hubiera dado marcha atrás, a los días de Guerra Fría en los que tantos deportistas aprovechaban los grandes eventos para cruzar al otro lado la Cortina de Hierro. Como en 1956, cuando, tras los Juegos Olímpicos de Melbourne y mientras en Budapest avanzaban los tanques soviéticos para reprimir las protestas, 48 atletas húngaros abandonaron la delegación. Otros dos atletas húngaros desertaron durante Tokio 64; el mismo año una alemana oriental huyó a Occidente en medio de los juegos de invierno de Innsbruck; en Montreal 76 fueron cuatro rumanos y un ruso; mientras que siete futbolistas cubanos no regresaron a la isla tras un torneo clasificatorio para Beijing 2008.

El COI tiene ahora la posibilidad de analizar la situación de Bielorrusia e imponer sanciones relevantes que ayuden a cambiar el rumbo, o al menos a generar visibilidad y llamar la atención a nivel internacional. No sería sorprendente que los atletas bielorrusos fueran obligados a competir bajo bandera de su comité olímpico, en lugar de su bandera nacional, tal como ocurrió con Rusia en Tokio 2020. Incluso podría vetarse la participación del CONB para próximos eventos y los deportistas se presentarían en forma independiente, como sucedió con los yugoslavos en Barcelona 1992.

Por lo pronto, Timanovskaya y su marido se encuentran a salvo. Probablemente su carrera continúe en Polonia. Sin miedo y en paz.

Publicado el 5 de agosto de 2021 en el portal web de CADAL.

El sueño de la inmortalidad acompaña al ser humano desde que es consciente de sus limitaciones. Sin embargo, la manipulación tecnológica y el transhumanismo choca con principios éticos. ¿Todo lo posible es deseable?

Primeras reflexiones

El transhumanismo es un movimiento filosófico y cultural que promueve el uso libre de la tecnología para el mejoramiento del ser humano a través de la ingeniería genética y le inteligencia artificial, en sus capacidades físicas y mentales y en la prolongación de la vida, con el objetivo de vencer al envejecimiento y la muerte, así como muchas limitaciones de nuestra naturaleza. Es la utopía del momento, que pretende cumplir los sueños de inmortalidad y calidad de vida, en la que es central el culto a la técnica. Muchas de sus ideas ya están presentes hace décadas en la ciencia ficción, pero sus impulsores buscan hacerlas realidad. Sus críticos ven en el transhumanismo una distopía preocupante y sus defensores encuentran en estos proyectos la respuestas a las esperanzas de una vida feliz. Al igual que muchas utopías y especialmente en su promesa de vencer a la muerte, sus programas se sitúan en una difusa frontera entre lo real y la ficción, entre lo posible y lo imposible.

Hay muchas corrientes dentro del transhumanismo y algunas postulan mejorar tanto al ser humano que ya no pertenezca a la especie humana, dando un nuevo salto en la evolución gracias a las nuevas biotecnologías. Son los llamados poshumanistas, cuyo objetivo final es la creación de una especie radicalmente superior: el poshumano.

Corrientes

Las corrientes transhumanistas proponen profundos cambios estructurales en nuestra concepción de lo humano y entre sus propuestas encontramos proyectos de manipulación cerebral, a través de fármacos, interfaces cerebro-máquina e implantes, que no solo se proponen para tratamientos de enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer o la epilepsia, sino que se presentan como formas de crear seres superinteligentes, con un mayor control de los cerebros, incluso de programación emocional y moral de los individuos. Esto ha dado lugar al nacimiento de la neuroética, debido al desarrollo de las neurociencias y la inteligencia artificial, con propuestas de modificación cerebral, que deben ser discutidas.

Las cuestiones que plantea el transhumanismo no son fundamentalmente científicas, sino éticas y políticas: ¿Todo lo posible es deseable? ¿Cómo cambiarían nuestras sociedades y qué nuevos problemas se generarían por este tipo de proyectos? Este es un debate que ya ha entrado en el ámbito político; de hecho, ya hay partidos políticos transhumanistas en varios países.

El debate ético y político

El problema fundamental en los debates actuales sobre transhumanismo es que se hace necesario un profundo análisis y discernimiento ético y político, ya que lo que más se divulgan son posturas monolíticas y extremas, sea de quienes defienden apasionadamente una transformación biotecnológica sin límites y sin medir consecuencias, hasta quienes por miedos y prejuicios no asumen los retos intelectuales, científicos y filosóficos que plantea el progreso actual de la ciencia. Al final de su obra De animales a dioses, el historiador israelí Yuval Noah Harari dedica algunas páginas al transhumanismo y las posibilidades de la biotecnología. Su postura es devota del transhumanismo y acompaña el imperativo del mejoramiento humano como algo inesquivable: «Es cierto que todavía no tenemos el ingenio para lograrlo, pero no parece existir ninguna barrera técnica insuperable que nos impida producir superhumanos. Los principales obstáculos son las objeciones éticas y políticas que han hecho que se afloje el paso en la investigación en humanos. Y por muy convincentes que puedan ser los argumentos éticos, es difícil ver cómo pueden detener durante mucho tiempo el siguiente paso, en especial si lo que está en juego es la posibilidad de prolongar indefinidamente la vida humana, vencer enfermedades incurables y mejorar nuestras capacidades cognitivas y mentales».

Harari tiene una postura filosófica materialista y en sus obras pasa por evidencias científicas lo que son teorías, dando a entender que sus conclusiones son evidencias científicas, cuando es su propia postura ideológica la que impone al lector como concluyente.

Críticas

Las voces más críticas surgen especialmente desde la reflexión bioética o desde la filosofía política, ya que no es ético todo lo que es posible científicamente, entendiendo que corresponde al ser humano, pensando con responsabilidad en las generaciones futuras, cuáles son las decisiones más prudentes y justas, qué es más deseable para los seres humanos y qué deberíamos evitar. Y es que no siempre ha ido acompañado el desarrollo científico-técnico de la reflexión antropológica y ética. Cuando aparece una voz crítica como la del filósofo Michael Sandel, los transhumanistas la tildan de «bioconservadora» y que hace apología de la «mediocridad humana».

Cada vez más surgen nuevas técnicas que plantean interrogantes éticos sobre su conveniencia para la persona en cuestión, para las generaciones futuras y para el medio ambiente. El desafío de tomar decisiones sobre el futuro de la humanidad no es algo para dejar solo en manos de los científicos o de los políticos, sino que requiere una reflexión colectiva y responsable, especialmente por la magnitud de sus previsibles consecuencias. En este sentido, el diálogo entre ciencias, humanidades y política es fundamental para un discernimiento que tenga en cuenta todas las dimensiones del asunto.

Orígenes, actualidad y partidos políticos

Si bien sus postulados pueden rastrearse en la literatura de ficción, el término transhumanismo fue acuñado en 1927 por un biólogo y genetista llamado Thomas H. Huxley, pero no lo utilizaba en el sentido actual de utopía biotecnológica. Pero el movimiento actual surgió en la década de los noventa. Actualmente, la organización más influyente es la WTA (World Transhumanistic Association) fundada en 1998 por los filósofos Nick Bostrom y David Pearce, aunque en 2008 cambiaron el nombre y actualmente se es conocida como “Humanity+” (H+). El sociólogo James Hughes le ha dado una orientación política muy fuerte, logrando una mayor presencia en varios países, en las redes sociales y en los medios de prensa. Ya existen partidos políticos transhumanistas en esta línea, como en Rusia, el Partido por la Longevidad fundado por María Konovalenko en 2012; en Estados Unidos, el Partido Transhumanista, fundado en 2015, que generó la fundación del Partido Transhumanista Global, que tiene delegados en más de veinte países. En España existe la Alianza Futurista fundada en 2013 y también hay partidos transhumanistas en Gran Bretaña y en Alemania desde hace unos pocos años.

Los principales centros de investigación académica sobre transhumanismo están en la Universidad de Oxford, dirigidos por Nick Bostrom y Julian Savulescu, con prestigiosos investigadores transhumanistas como Anders Sandberg. Un centro pionero existe en México en la Universidad Nacional Autónoma de México dirigido por Jorge Linares y Elena Arriaga. En Granada también existe el Proyecto Mejora, dirigido por Francisco Lara y varios investigadores españoles y británicos.

Anticipar el futuro: responsabilidad política

Una de las cuestiones vinculadas a la previsión de los desafíos futuros es la velocidad de los cambios tecnológicos y la falta de reflexión crítica y discernimiento profundo sobre las decisiones políticas vinculadas a estas cuestiones hipercomplejas. Nuestra actual cultura tecnocientífica lleva a que la educación se oriente reductivamente hacia saberes tecnocientíficos sin reflexionar demasiado sobre quiénes somos y qué es lo que realmente queremos ser. La hipertrofia tecnológica está generando una atrofia antropológica y ética, dejando de lado el saber sapiencial de las humanidades, especialmente de la filosofía, que nos ayuda a comprendernos mejor y a pensar críticamente. Las humanidades nos previenen de reducir la realidad a una sola de sus dimensiones. Para poder anticiparse al futuro, descubrir las mejores estrategias para resolver problemas y prevenir consecuencias indeseables por el mal uso de la tecnología, no alcanza con un solo tipo de conocimiento que reduzca la realidad y el pensamiento a mero cálculo, sino que es fundamental un saber integral que ponga en primer lugar el bien de la humanidad.

Consecuencias

Entre las principales críticas al transhumanismo aparecen las posibles consecuencias sociales de crear humanos superiores, generando escenarios de inequidad sin precedentes. Además, los ideales transhumanistas se manifiestan fuertemente individualistas y pragmáticos, donde se busca mejorar las capacidades humanas de algunos mientras que se distrae la comunidad política de usar los recursos para problemas más graves y urgentes. A su vez, estos proyectos generan una gran incertidumbre sobre el impacto que tendrían sobre la vida humana tal como la conocemos.

Quienes tienen la responsabilidad de velar por el bien común y el futuro de nuestras sociedades tienen el complejo desafío de realizar un profundo discernimiento de todos los proyectos que bajo la magia de la palabra innovación puedan implicar graves alteraciones a la vida humana, trayendo nuevas formas de injusticia o, por el contrario, sean grandes posibilidades para hacer frente a nuevos problemas, mejorar la calidad de vida y la convivencia social. El diálogo sereno, el análisis crítico y la mutua cooperación de los distintos saberes aseguran mejores decisiones en temas que reclaman una gran responsabilidad ante el futuro.

La cuestión fundamental a plantearse ante cualquier propuesta de avance y mejora es si nos humaniza, si nos hace mejores o si es un camino deshumanizante sin retorno. No se trata de oponerse sin más a las mejoras de los seres humanos, sino de no ser ingenuos a la hora de modificar la naturaleza humana por el solo hecho de que sea posible. El debate recién comienza.

Para profundizar

Beorlegui, Carlos. (2019). Humanos: entre lo prehumano y lo pos o transhumano. Cantabria: Sal Terrae.
Coeckelbergh, Mark. (2020). Ética de la inteligencia artificial. Madrid: Cátedra.
Diéguez, Antonio. (2017). Transhumanismo. La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Barcelona: Herder.

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En Latinoamérica, la confianza en la democracia ha perdido adeptos. La deriva autoritaria gana peso dentro de las sociedades e incluso en algunos Estados. ¿Qué clasificación se puede hacer en los países de la región? ¿A qué se debe esta pérdida de empuje de los principios democráticos? ¿Cuáles son los peligros que ello entraña para nuestras sociedades?

Se trata de interrogantes que se plantearon los profesores e investigadores Armando Chaguaceda, doctor en Historia y Estudios regionales, y Fernando Pedrosa, doctor en Procesos Políticos Contemporáneos. Sus reflexiones fueron plasmadas en su paper Entre la geopolítica y las ideas. Reflexiones para una renovación democrática, publicado en la serie DP Enfoque de la Fundación Konrad Adenauer.

En su texto establecen la siguiente categorización: la polaridad política atiende los principios organizativos del poder, contraponiendo democracia y autocracia. La democracia es un tipo de régimen —y sociedad— que abriga un poder distribuido entre instituciones, abierto a la competencia de grupos y agendas. La autocracia remite a un poder concentrado, donde un polo —persona o élite— monopoliza prerrogativas e impone la agenda a los subalternos. Los grados de concentración o dispersión de esos poderes configuran regímenes que abarcan el totalitarismo, en su extremo autocrático, y la república liberal de masas, como culmen democrático.

Chaguaceda sostiene que es importante entender que «hay segmentos de la ciudadanía y de las élites autoritarias y democráticas en cada país. Lo que hace la diferencia es el régimen político que se ha constituido en cada país. Sobre todo, el régimen político autoritario que bloquea la propia renovación, reversión de esas élites». Para el académico, «Latinoamérica es un crisol, un caleidoscopio de posiciones políticas. Dentro de los Estados y en los Estados mismos».

En su artículo, Chaguaceda y Pedrosa dejan en claro su posición. No hacen falta demasiados informes para ver que en América Latina la coyuntura no es halagüeña. Y desde mucho antes de la pandemia. Pese a la vigencia formal de un marco mayoritario de orden democrático y del Estado de derecho, hoy la región es un caleidoscopio de tipos de regímenes y capacidades estatales.

En Latinoamérica, la recuperación regional de las democracias no vino de la mano de la construcción de Estados de bienestar robustos e inclusivos que convivan con mercados eficientes para asignar recursos. En ese sentido, la combinación de neoliberalismo y democracia ha sido tóxica para la democracia. Notables desigualdades en los terrenos social y económico se mantuvieron y, en algunos casos, se ampliaron.

Para sobrevivir, las democracias latinas han tenido que pactar con diversos poderes corporativos, cuyos valores e influencias erosionan los principios y funcionamiento democráticos.

Decrecimiento del apoyo a la democracia

Para alertar del peligro de la deriva autocrática, los autores destacan un indicador muy preocupante en su paper:  el apoyo político a la democracia ha caído de forma sistemática durante la última década, según los sondeos de Latinobarómetro. Mientras que en 2008 aproximadamente dos de cada tres ciudadanos latinoamericanos sostenían que la democracia era el mejor sistema de gobierno, en 2018 solo el 48 % respondió que prefiere la democracia frente a otra forma de gobierno. Se trata del nivel más bajo desde inicios del siglo XXI.

¿Este dato indica una insatisfacción con los gobiernos democráticos o se está abriendo paso una cultura autocrática que rechaza los principios de la democracia? Chaguaceda y Pedrosa apuntan a que ambas razones contribuyen a ese deterioro de la confianza en la democracia. En un territorio con tantas experiencias autoritarias, es cuando menos decepcionante esta pérdida de apoyo de la idea democrática.

Para profundizar un poco en esa contradicción deben observarse los casos europeos. Algunos de los países con un modelo más autoritario son precisamente los que se libraron del yugo del comunismo tras la caída del Muro de Berlín. ¿Hay un problema de socialización democrática de sus sociedades? Armando Chaguaceda apunta nuevamente a la heterogeneidad: «En Europa del Este, tenemos la evolución de Hungría, de Polonia, de Rusia, pero tenemos a los países bálticos que no solo son Europa del Este sino que estuvieron bajo el dominio zarista y soviético durante setenta años y son ejemplos de democracias avanzadas. La misma Polonia tiene efectivamente con Ley y Justicia un partido populista, nacionalista, pero hay una pugna importante de la sociedad civil, de los medios, de la oposición. Hungría es un caso interesante, ha avanzado más en el autoritarismo, con la figura de Viktor Orban, un liberal reconvertido. Pero tenemos a Croacia, tenemos a Eslovenia, hay una heterogeneidad en Europa del Este, que no es el caso del espacio postsoviético. Están las repúblicas bálticas, pero hay una mayoría inmensa de repúblicas centroasiáticas, y la misma Rusia y Bielorrusia, que han tenido un curso autoritario. Pero yo rescataría que hay una heterogeneidad».

Rusia y China en Latinoamérica: sharp power

La presencia cada vez mayor de dos regímenes autoritarios como el de Rusia o China, no contribuye a la defensa de la democracia en Latinoamérica. A esa creciente presencia de estos dos países en la región los autores del paperle llaman sharp power, en lugar del conocido concepto de soft power. El poder blando ha pasado a ser poder afilado.

Fernando Pedrosa reflexiona sobre el accionar que deberían llevar adelante Estados Unidos y la Unión Europea en Latinoamérica para compensar la presencia de China y Rusia. «En cualquier planificación de los países centrales acerca de su recuperación en el plano geopolítico, a partir de los acuerdos de libre comercio, a partir de generar imposiciones en organismos internacionales, a partir de hacer alianzas, sea lo que sea, tienen que tener una pata basada en el soft power, en las ideas, en presentarse en las discusiones que legitiman todas estas disputas, y que en otros casos como en la Guerra Fría o anteriormente también han sido claves: las ideas, los relatos, los imaginarios sociales son parte de esta batalla cultural que hay que dar».

Los autores concluyen que si los demócratas no actúan decidida y tempranamente en defensa de sus instituciones, derechos y principios, los próximos años no auguran escenarios halagüeños para las democracias latinoamericanas. Los altos grados de pobreza, la marginalidad, la inseguridad y, desde hace un tiempo, las consecuencias de la pandemia castigan a un continente que necesita fortalecer sus instituciones democráticas para afrontar los enormes retos que tiene por delante sin caer en derivas autocráticas. Si algo hemos aprendido del pasado es que menos democracia nunca es la solución.

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El enfoque partidario en Washington D.C., sumado la instantaneidad que le imprime el relato periodístico a los acontecimientos políticos, pueden tener el efecto de banalizar el significado último de la tragedia de Afganistán.

Sin exculpar al presidente estadounidense Joe Biden, la caótica y peligrosa salida de Estados Unidos de Kabul, ante la vertiginosa toma del poder en Afganistán por el movimiento terrorista islámico Talibán, es el corolario del fracaso de una guerra eterna en una doble acepción: extremadamente larga y repetidora, en esencia, de graves errores cometidos en el pasado por la primera potencia del mundo.

Y si nos guiamos por el regreso de una dictadura en manos de un régimen enemigo de los valores de Occidente, entonces no queda duda alguna de que el plan estratégico en Afganistán fue desacertado y subestimó las peculiaridades de un país muy complejo, influenciado por su ubicación geográfica, montañosa y sin salida al mar, de prácticas sociales tribales que recogen creencias ancestrales.

La doctrina Bush

Si se tomaran como referencia del comienzo o final de un período algunos hechos históricos notables que tuvieron la fuerza para cambiar el curso de los acontecimientos, el derrumbe de las Torres Gemelas, en Nueva York, y el ataque al edificio del Pentágono, en Virginia, el 11 de septiembre de 2001, por aviones comerciales asaltados por soldados del grupo fundamentalista musulmán Al Qaeda, hubiesen significado el inicio del siglo XXI.

Ello dio origen a una guerra contra el terrorismo, bajo una coalición de países liderada por Estados Unidos, que comenzó con la invasión a Afganistán, cuyo gobierno talibán había dado cobijo al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, el autor intelectual de los inéditos ataques terroristas en suelo estadounidense.

La idea del presidente George W. Bush de invadir Afganistán fue muy clara: capturar a bin Laden, terminar con Al Qaeda y derrocar al terrorífico Talibán que dio vía libre al terrorismo y llevó adelante un gobierno violatorio de los derechos humanos más básicos y convirtió en un martirio la vida de las mujeres, retrocediendo a prácticas sociales de la Edad Media, amparado en una supuesta lectura radical de la ley islámica.

En este país enrevesado de Asia pesa más el origen tribal de sus habitantes que la condición de afgano. Allí viven unos 14 grupos étnicos —entre ellos el pastún, mayoritario—, dos lenguas oficiales y el islam como religión oficial del Estado. El objetivo de las tropas estadounidenses era derrotar a los enemigos, «los terroristas» y quienes «los albergan», como definió el republicano Bush.

Bush logró que Afganistán dejara de ser una amenaza para Estados Unidos, pero igual mantuvo las tropas. Lo mismo hizo el demócrata Barak Obama, o peor, quizás, porque prometió poner fin a la guerra «mala» y, en realidad, reforzó la presencia militar estadounidense.

También fue una promesa del republicano Donald Trump, con el argumento de dejar de malgastar recursos y, aunque tampoco cumplió, disminuyó a 2.500 el número de soldados y firmó un mal acuerdo con los talibanes para salir totalmente de Afganistán.

Biden, como un activo vicepresidente de Obama en asuntos de política exterior, ya tenía entonces una opinión muy firme sobre la retirada de Afganistán e instó a su jefe a plantearse preguntas muy sencillas para definir un camino en la «tierra de los afganos»: ¿por qué, exactamente, es que estamos ahí?, ¿de qué recursos podemos echar mano para lograr metas específicas?

Siempre creyó conveniente retirarse de Afganistán, coherente con una voz escéptica respecto al uso de la fuerza, aunque hubo excepciones a la regla: los bombardeos de la OTAN en los Balcanes, en 1993, la guerra de Irak en 2002 —un apoyo del que luego se arrepintió— y una operación militar en Siria, en 2013, contra el presidente Bashar al-Asad, acusado de usar armas químicas.

Para Biden, en países como Afganistán el problema no es tener más o menos soldados en el territorio, sino que los líderes no aprovechan el «tiempo y espacio» para avanzar. Si ellos no resuelven sus problemas, «de nada sirve que nosotros nos quedemos ahí», le explicó al periodista Evan Osnos al hablar de sus ideas como candidato presidencial.

Pero echarles toda la culpa a los políticos afganos del regreso de los talibanes —argumento del presidente Biden para justificar la salida cuanto antes de militares, civiles estadounidenses y afganos colaboradores— es injusto y una simplificación de la realidad.

Reconociendo la debilidad de los liderazgos políticos, los graves problemas de corrupción y la falta de compromiso del ejército afgano, hubo también una enorme falla en el papel de Estados Unidos y, por extensión, de los aliados europeos.

El fundamento dominante de la intervención militar no era el de reconstruir una nación —si es posible tal designación—, sino apenas garantizar un ordenamiento político en armonía con Estados Unidos, con las potencias de Occidente, es decir, apenas una planificación de corto aliento.

Una lógica eminentemente militar, que no tuviera en cuenta las características identitarias de los afganos, desembocaría tarde o temprano en un eterno retorno.

No parece haber habido un plan muy realista, adaptado a las circunstancias, que haya tenido en cuenta, por ejemplo, que una organización territorial tribal es siempre desafiante de la organización política centralizada; que la ley y la institucionalidad es importante, por supuesto, pero no puede desconocerse el papel que juegan creencias y culturas en la convivencia social.

Las imágenes de televisión muestran con crudeza el caos, la angustia y desesperación de los afganos por el regreso del Talibán. Las poblaciones de las grandes ciudades, que fueron las más favorecidas por la intervención estadounidense y de la OTAN, huyen espantadas como si estuvieran a punto de quedar atrapadas en un tsunami.

Pero desconocemos a ciencia cierta lo que está ocurriendo en los territorios de localidades más pequeñas o rurales, donde la vida transcurre al margen del Estado de derecho por conductas de corrupción, muy alejadas de las lógicas de Kabul y más cercanas a las dinámicas sociales autóctonas.

La vuelta de los talibanes, a casi a veinte años del ataque terrorista, del que ellos fueron al menos cómplices, supone el fracaso de la doctrina del cambio de régimen, que puso en marcha Bush y que, en los hechos, mantuvieron otras dos administraciones. Republicanos y demócratas son responsables de una derrota histórica en términos políticos e ideológicos de imprevisibles consecuencias geopolíticas.

Es cierto que Estados Unidos derrotó a los talibanes en el campo de batalla y que el 2 de mayo de 2011 terminó con la vida del líder de Al Qaeda, escondido en Pakistán. Pero a casi dos décadas de permanencia militar, en que volcó millones de dólares para la recuperación del país y en prácticas democráticas, en que contribuyó a la mejora de políticas sociales —lo que se reflejó en indicadores de salud, educación y en los derechos de las mujeres—, no hubo cimientos potentes para dar forma a una sociedad con cánones de una democracia liberal.

En la capital de Estados Unidos, los líderes republicanos se frotan las manos por el enorme error que cometió Biden al apurar la salida de los estadounidenses y los colaboradores afganos de Kabul, para evitar muertes que prolongarían la presencia estadounidense por una década más, una experiencia tan lejana y tan cercana a la fatídica contienda en Saigón. Los referentes demócratas aprietan los dientes y los silencios hablan más que las palabras críticas a su presidente.

El conflicto en Afganistán es la primera crisis grave de la Administración Biden y, seguramente, lo que en este momento ocurre a más de 11.000 kilómetros de distancia de Washington afectará la política interna de Estados Unidos, sacudirá el tablero geopolítico y dañará la credibilidad de la primera potencia del mundo entre los aliados, incluso su papel en futuras guerras internacionales.

El 46.º presidente de Estados Unidos seguramente pagará un enorme costo por las malogradas evacuaciones de Afganistán. Pero la salida estadounidense por la puerta de atrás de Kabul y el regreso del Talibán, son dos estrepitosos fracasos del conjunto del país. Es el reflejo de la construcción de un castillo de arena.

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El presidente salvadoreño utiliza una retórica que comprende referencias a designios divinos. Mientras parte de las Iglesias callan, algunas voces elevan críticas y desafían al gobernante. ¿La polarización se extenderá también al ámbito religioso?

Intervención en la Asamblea Legislativa

El día en que la Asamblea Legislativa salvadoreña decidió cooptar ilegalmente al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República con funcionarios acordes a las pretensiones y conveniencia del Ejecutivo, era un sábado.

Esa misma noche, la Conferencia Episcopal de El Salvador canceló la conferencia de prensa que tenía programada para la mañana siguiente. Solo cuatro días después los obispos emitieron un tibio comunicado respecto a lo sucedido, el cual tuvo un tímido eco en los púlpitos en días posteriores.

El comunicado hacía referencia a las enseñanzas de monseñor Romero, el único salvadoreño en los altares, cuyo martirio fue consecuencia de la fuerza y valentía con la que denunció los atropellos y asesinatos de los regímenes autoritarios; del santo, los obispos solo aprendieron —según su propio comunicado— que debían «elevar sus oraciones» y «conservar la libertad para juzgar las acciones de los gobernantes». De manera similar, la mayoría de las voces de las numerosas comunidades de fe evangélicas también callaron.

Solo el pastor Mario Vega —cuya iglesia trabaja una zona periurbana con altos índices de pobreza, violencia y las peores consecuencias de ambos males— se atrevió a decir públicamente que el presidente Nayib Bukele, que está sembrando vientos, cosechará torbellinos. E, incluso, semanas después reflexionó sobre el deber cristiano de la desobediencia civil ante gobiernos injustos. Recientemente, a la voz del pastor se sumó la del cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien avisó del terremoto político en el que se encuentra El Salvador.

Convulsión

«El país está con una gran convulsión política en este momento, una crisis política muy grave porque no tenemos en este momento un Estado de derecho que funcione, no tenemos independencia de poderes, no tengo una figura política en quien confiar, no tenemos una ley que tengamos que respetar, hay un temor muy grande que no haya ley ni orden, por tanto no hay justicia verdadera», advirtió el cardenal, el único alto funcionario católico que se ha pronunciado con tal fuerza al respecto de lo que sucede en el país.

Bukele, que suele responder con furia inmisericorde a sus detractores, quizá por razones más políticas que piadosas, ha mantenido un cauteloso silencio ante los líderes religiosos que le critican. Esta es una de las pocas debilidades que, de momento, se puede advertir públicamente del presidente.

Como en la mayoría de los países de América Latina, en El Salvador señalar y acusar políticos de carrera es relativamente fácil y tiene un efecto redituable ante la opinión pública. Pero como en la mayoría de los países de la región, la salvadoreña también es una sociedad profundamente religiosa. Según datos de LAPOP (2014), más de 94% de los salvadoreños dice creer en Dios y el 85% pertenece a una comunidad de fe.

Conociendo esto, Bukele pretende ser un creyente y algo más ante sus devotos seguidores. En los días más infames de su gestión ha procurado convencer a los salvadoreños de que Dios está de su lado. El día que entró con militares armados al recinto del Poder Legislativo, dominado entonces por la oposición, se puso a orar rodeado de fusiles frente a las cámaras, asegurando que Dios mismo le había hablado y le había pedido tener paciencia.

Grandilocuencia

En otro de sus frecuentes ataques de grandilocuencia, y después de que su partido resultara triunfador en las elecciones legislativas y municipales del 2021, un eufórico Bukele se presentaba en Twitter a sí mismo como un instrumento de Dios en la nueva historia del país.

Pero no todos piensan lo mismo. Llevar a los líderes religiosos a su grey no está siendo fácil para Bukele. La mayoría de quienes callan no lo apoyan, sino que le temen; y quienes le apoyan —principalmente desconocidos pastores evangélicos— difícilmente son aceptados entre la comunidad evangélica del país.

A la fecha, parece que solo las Iglesias pueden pelear por la lealtad que los salvadoreños profesan al popular Bukele, por lo que este busca —al menos— neutralizar la influencia que los líderes religiosos puedan tener en la opinión pública entorpeciendo su ambiciosa agenda.

Cada vez que puede, de manera populista, apela a la voluntad de Dios para simpatizar con piadosos e incautos. Bukele ha utilizado a Dios para, por ejemplo, legitimarse a sí mismo, condenar a opositores, congraciarse con la población e, incluso, motivar a la portación de armas.

Cuando las voces de los líderes religiosos advierten que en el país hay temor, que no hay ley ni orden, que no hay justicia verdadera y llaman a la desobediencia civil, lo hacen porque actualmente arrecia la persecución política hacia opositores y se suman tropas a las fuerzas armadas con el propósito de instrumentalizarlas políticamente y que sirvan como seguro garante a la continuidad del Ejecutivo, al mismo tiempo que se acelera una reforma constitucional cuyo principal propósito es perpetuar al presidente y sus acólitos en el poder.

Cuando Dios es la ley

Todo ello, en un país en el que los órganos legislativo y judicial, así como la fiscalía, se rinden a los designios del autodenominado instrumento de Dios; y se han convertido en cómplices de un Ejecutivo que desbarata al Estado y que gobierna ensimismado, idolatrando el poder, a la espera de que los ciudadanos hagan lo mismo con él.

Aunque con su discurso el presidente insista en que convertirá el país en la tierra prometida, sus caprichosas, erradas y personalmente convenientes decisiones políticas nos dirigen a un largo caminar por el desierto. Así lo presagian los indicadores sociales y económicos del país, que no solo no han mejorado con la llegada de Bukele, sino que algunos empeoran de manera acelerada.

De momento, aunque los fanáticos defensores de Bukele en redes sociales se empeñan en atacar a los religiosos que se han atrevido a criticar los abusos del presidente, la ambigua respuesta de este frente a los señalamientos de los ministros religiosos sugiere que el régimen no está preparado para responder ante una situación en la que los líderes de las Iglesias se conviertan en líderes de la oposición.

Pero como organizaciones sociales, en las que los ciudadanos participan, las Iglesias ocupan un papel importante en la esfera pública, especialmente en momentos en que se necesitan voces que ayuden a comprender lo que está pasando.

Coyuntura

En El Salvador de hoy, las Iglesias y sus ministros enfrentan una coyuntura histórica que les reclama. Pueden callar y ser cómplices del régimen; o, por el contrario, pueden asumir el rol de acompañar a sus feligreses en desarrollo de una ciudadanía responsable en el debate público, exigir rendición de cuentas y la defensa de la democracia en un país con una profunda crisis institucional y de representatividad.

«En el debate político público —escribe Rawls— se pueden introducir, en cualquier momento, doctrinas generales razonables, religiosas o no religiosas, siempre que se ofrezcan razones políticas apropiadas […] para sustentar lo que ellas proponen». Haciendo eco de esta idea, Habermas explica que «aunque la religión no puede ser reducida a moralidad ni ser equiparada a orientaciones éticas, mantiene viva, sin embargo, la conciencia de ambos elementos».

Es decir, ahora que la democracia peligra, como miembros de la sociedad civil que los incluye, los líderes religiosos pueden y deben ser parte del debate público, y también sobre ellos recae el deber de orientar moralmente al pueblo que el bukelismo reclama para sí, advertir las injusticias, sus consecuencias y reconocer a quienes la provocan. Los líderes religiosos tienen la facultad y la obligación moral de llamar a la conciencia de los ciudadanos creyentes y no creyentes.

El juicio de Dios

Así lo hizo el Rev. Martin Luther King y lo plasmaba desde su celda en la cárcel de Birmigham: «Demasiado a menudo, la Iglesia contemporánea tiene una voz débil e intrascendente, de sonido incierto. Demasiado a menudo, se manifiesta como acérrima defensora del statu quo. En vez de sentirse perturbada por la presencia de la Iglesia, la estructura de poder de una típica comunidad se beneficia del espaldarazo tácito —y a veces explícito— de la Iglesia a la situación imperante. Pero el juicio de Dios se cierne hoy sobre la Iglesia más que nunca. […] Espero que la Iglesia en su conjunto esté a la altura de las circunstancias en estas horas decisivas. Pero, aunque la Iglesia no acudiese en ayuda de la justicia, no pierdo la esperanza en el futuro».

Y así lo hizo ver Mons. Romero cuando dijo a los salvadoreños: «»Toda potestad viene de Dios»; es cierto, nadie puede gobernar si Dios no le da un poder. […] pero cuando alguien absolutiza su poder y se erige ídolo del poder y se vuelve contra las leyes de Dios, contra los derechos humanos, en atropello del pueblo, entonces no podemos decir que esa autoridad viene de Dios».

La doctrina social de la Iglesia enseña que «la autoridad pública, que tiene su fundamento en la naturaleza humana y pertenece al orden preestablecido por Dios, si no actúa en orden al bien común, desatiende su fin propio y por ello mismo se hace ilegítima» (cf. 398).

La historia solo recuerda a aquellos líderes religiosos que se atrevieron a ser consecuentes con sus creencias de paz, justicia y libertad.

En América Latina y el Caribe (ALyC), la Cumbre para la Tierra de 1992 representó un importante impulso para la protección, la creación de legislación e institucionalidad y la construcción de los primeros instrumentos de gestión ambiental para la sostenibilidad. Haciendo eco de los postulados del Principio 10 (P10) que allí surgieron sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en ALyC, y en línea con los procesos de democratización que caracterizaron la década de los noventa en la región, algunas de estas reformas contemplaron instancias de participación de la ciudadanía, tanto a través de comisiones consultivas o asesoras de la autoridad ambiental como de instancias formales, procesos de evaluación ambiental de proyectos y la formulación de normas, entre otros.

El Acuerdo Regional sobre el P10, denominado Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 2021, es el único tratado vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20). En ALyC es el primer tratado sobre asuntos ambientales que establece derechos y procedimientos, pautas para el fortalecimiento de las instituciones ambientales, realiza un vínculo directo con los derechos humanos y pone especial énfasis en la protección de los más vulnerables. Es el primer tratado en el mundo que reconoce la protección de los defensores ambientales. Otra particularidad que marca vanguardia es que su proceso de negociación se realizó con la participación significativa de la sociedad civil y del público en general, siguiendo un procedimiento previamente fijado.

Proceso del acuerdo

Este acuerdo fue adoptado luego de un largo proceso de negociación e intensas reuniones que comenzó en Santiago (Chile) en el año 2013 y culminó en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018. Fue un acuerdo negociado por los Estados liderados por Chile y Costa Rica, que confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible, al vincular los marcos mundiales y nacionales. Es importante destacar el trabajo de apoyo técnico y financiero de la CEPAL, que permitió realizar estudios exhaustivos donde se informó, en 2013 y en 2018, la situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas de los países de ALyC sobre el Principio 10.

Uruguay firmó en 1992 la Declaración de Río. Y en 2012, junto con más de 15 países de ALyC, renovó su compromiso con el medio ambiente y, especialmente con el P10 en la denominada Cumbre Río + 20, también fue parte de todo el proceso de negociación y uno de los primeros países firmantes del Acuerdo de Escazú en 2018. La sociedad civil uruguaya participó y contribuyó también en todo el proceso, liderada inicialmente por CAINFO y GAIA, y CIEDUR al final, en alianza con otras organizaciones sociales de ALyC.

Implementación

Actualmente nos encontramos en la instancia de adaptación del Acuerdo de Escazú al ordenamiento jurídico nacional, que será guiada por las premisas del reconocimiento del derecho y deber que tenemos todos a ser parte y tener un ambiente sano, y también el derecho y deber a que el sistema jurídico nos garantice los mecanismos adecuados para ese ejercicio.

Uruguay, como la mayoría de los países de la región, ha creado su normativa e institucionalidad ambiental intentando seguir las tendencias y principios internacionales de los que era parte y ratificaba. Creó su institucionalidad ambiental en 1990, comenzó a emitir normativa específica con la reforma de la Constitución en 1996, que declaró en su artículo 47 al medio ambiente de interés general. En 1994 comenzó a regir la Ley de Impacto Ambiental que establece un proceso para solicitar autorizaciones ambientales (ante la institucionalidad ambiental creada) para ciertas obras o actividades que puedan provocar impactos ambientales negativos significativos.

En el año 2000 se sancionó la Ley General de Protección Ambiental que intenta reglamentar el mencionado artículo 47 de la Constitución y establece los principios y herramientas para regular la política, deberes y derechos ambientales. También crearon el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la Ley de Políticas Nacional de Aguas, entre otras, ya con una mirada más integral al medio ambiente.

El artículo 47 de la Constitución

Específicamente en relación con el P10 y su integración a la política y normativa ambiental del país, consideramos que se ha avanzado en la disponibilidad de la información ambiental, aunque aún existen problemas respecto a la declaración de información confidencial o reservada, información en manos de los organismos públicos. Donde menos hemos progresado, y deberíamos considerar la oportunidad que nos da este acuerdo para ello, es en mejorar los estándares que garantizan especialmente en el acceso a la participación y a la justicia ambiental.

La normativa ambiental en general (y Uruguay ha seguido tímidamente esa tendencia) ha abierto un cambio de paradigma respecto a la participación, ya que establece mecanismos para la participación de cualquier ciudadano en ciertas etapas de toma de decisión política, por ejemplo, para la autorización de una actividad o en la discusión de un plan o programa que involucre impactos ambientales en la población. Estas políticas participativas, incluso desde la planificación, no son usuales, y eso se debe al reconocimiento del tema ambiental como de interés general, o sea colectivo, que trasciende lo individual, que interesa y puede impactar a todos o a un número indeterminado de personas. Y también establece el deber que tenemos todos de proteger el medio ambiente.

En Uruguay, desde la sociedad civil se reclama la participación en etapas tempranas del proceso de toma de decisión; por ejemplo, antes de la firma del contrato de inversión o de la toma de decisión. El Acuerdo de Escazú introduce este concepto de participación en etapas tempranas. En nuestro país, las herramientas de participación aún son muy débiles; se sigue teniendo la visión del cumplimiento formal, sin llegar a lo sustancial. O sea, escuchar otras opiniones e incorporarlas en la política, o justificar una decisión diferente, para ofrecer al ciudadano una legítima defensa posterior.

Acceso a la justicia

Respecto al acceso a la justicia, en nuestro país estamos muy lejos de cumplir los estándares regionales. Los informes mencionados de análisis comparativo del estado de situación de los países de ALyC realizados por CEPAL, por ejemplo, muestran que Uruguay no posee procesos ambientales a nivel de la Administración ni del Poder Judicial. Por tanto, se hace muy complejo aún, para cualquier ciudadano, acceder a los procesos administrativos para realizar una petición o denuncia ambiental; se los suele rechazar por no poseer legitimación. Los procesos administrativos no reconocen aún hoy la legitimación por intereses difusos.

A nivel judicial no existe un proceso ambiental ni tribunales especializados, si bien se reconoce la legitimación amplia, intereses difusos o colectivos, se sigue discutiendo el alcance del interés general declarado en el artículo 47 de la Constitución, y, por tanto, siguen sin reconocerse principios estructurales del derecho ambiental declarados por la Ley General de Protección Ambiental como el principio de prevención y precaución, que justamente establece que se debe actuar preventivamente y sin necesidad de acreditar prueba científica fehaciente.

Esto se debe a que una contaminación ambiental a gran escala puede no tener remediación, por tanto, se debe actuar preventivamente, o sea, antes de que el daño ocurra. Este concepto cambia la lógica interpretativa jurídica clásica, de que el «daño debe ser actual y directo». Esto no sucede en las nuevas problemáticas ambientales, donde el impacto puede ser a futuro y no solo es directo a un individuo, sino que abarca a un número indeterminado de personas, a un colectivo general presente y futuro.

Desafíos pendientes

Sin duda tenemos un gran trabajo por delante. La problemática ambiental es novedosa y se complejiza rápidamente con el desarrollo tecnológico, de la ciencia y la economía. Ello se visualiza claramente en ALyC, continente de gran riqueza en biodiversidad y de gran complejidad cultural, con fuerte presencia de poblaciones originarias que reclaman por soberanía territorial y alimentaria.

Esto está provocando un alto índice de conflictividad ambiental que afecta a todos, al Estado y a las empresas que se enfrentan al boicot por no contar con la licencia social de las comunidades, y a las comunidades, que suelen enfrentarse a la violencia sobre sus derechos humanos, siendo desplazados de sus territorios o incluso privados de la vida de sus integrantes. Esta realidad también es reflejada por el Acuerdo de Escazú, que pone especial énfasis en la protección de los más vulnerables y es el primer tratado en el mundo que reconoce la protección de los defensores ambientales.

Para leer más sobre el tema recomendamos la nota Acuerdo de Escazú: luces y sombras de la política medioambiental regional de Nicole Stopfer, Dr. Marie-Christine Fuchs y Dr. Georg Dufner.

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El economista y profesor universitario Ángel Alvarado fue electo diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2015 como parte de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Dentro del poder legislativo trabajó como miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico y fue uno de los principales voceros económicos de la fracción democrática.

Su carrera política no comenzó en el Parlamento: desde el importante movimiento estudiantil universitario y junto con compañeros de varios centros de estudio estuvo entre los fundadores de la red FORMA, para la formación política de la juventud. Entre 2008 y 2015 fue colaborador desde diversas posiciones de la Alcaldía del municipio Sucre, posiblemente uno de los más complejos de Venezuela. Dentro de su activismo, también ha sido promotor del programa Alimenta La Solidaridad, como modelo de organización comunitaria para la nutrición de poblaciones vulnerables. En cada uno de estos espacios, Ángel ha intentado promover una visión moderna de las políticas públicas en el país con un elevado sentido social, y en concreto, una transformación sostenible y más equitativa de nuestra economía, ante una crisis prolongada que ha destruido los ingresos de las familias venezolanas, así como buena parte de su tejido social.

En medio de la creciente represión estatal, Alvarado aún permanece en el país. Nos reunimos con él desde la redacción de Diálogo Político para conversar sobre la situación económica en Venezuela y las implicaciones que esto pueda tener para los esfuerzos de promoción democrática en el país.

Se ha planteado que en Venezuela hay una apertura económica; que las viejas restricciones socialistas se han dejado de lado por un nuevo ambiente de libertades y reducción del gasto público. En algunas ciudades, emergen «bodegones» (comercios de bienes importados con poca regulación) pero también nuevas ofertas de bienes y servicios. El dólar norteamericano, el peso colombiano y otras monedas circulan con bastante desenfado, y hasta algunos servicios públicos están anclados discretamente a divisas. Tanto es el cambio en los últimos dos años que ha sido señalado por críticos a la izquierda del régimen chavista como una traición «neoliberal» a los principios de la Revolución, porque a la vez se constata que la calidad de vida solo ha cambiado para unos pocos. ¿Qué está pasando?

-Lo que estamos viendo es la crisis y colapso del petroestado. En Venezuela, con los ingresos petroleros recibidos a lo largo del siglo XX, a partir de las décadas de 1920 y 1930 se generó una dinámica en la que el principal motor de la economía nacional era el ingreso por los impuestos a la exportación petrolera. Esta dinámica posibilitó una enorme inversión pública en infraestructura, que sirvió para una importante modernización y para una significativa inversión social, pero también para la penetración del Estado en diversos ámbitos de lo social, fundamentalmente en lo económico. El petroestado llegó a su cenit en la década de 1970, con la nacionalización de la industria petrolera, y pese a intentos coyunturales de reforma, fue exacerbado durante la primera década de este siglo. Ese petroestado colapsó a partir de 2014, tanto por el shock externo de la baja de los precios petroleros como por las circunstancias concretas de la industria en el país: la corrupción, la sustitución de cuadros técnicos en la estatal petrolera PDVSA, la expansión de las tareas no petroleras de dicha corporación y las expropiaciones sobre convenios de cooperación con empresas privadas en el área. Se creó un Estado que dejó de ser propiamente un petroestado, sino un Estado depredador de la vida económica privada y pública, incluyendo a la industria petrolera, por razones tanto ideológicas como de ambición de poder. Con esta nueva dinámica, y con un sector económico privado muy disminuido, el colapso de la economía petrolera pone en riesgo fuentes de ingresos del Estado, y a la capacidad de distribución de renta desde la propia Revolución. Somos hoy testigos de un Estado que ha destruido su propia red de servicios públicos, por medio de subsidios y créditos baratos; que ha destruido la moneda, debilitando el control de la política monetaria por el Banco Central, y que se verifica en la crisis ya prolongada de abastecimiento y consumo.

Sin embargo, hay una especie de viraje, del cual hemos hablado desde al menos 2018… Siguiendo de algún modo los ejemplos de China y Vietnam (e incluso el Singapur de Lee Kwan Yew), se ha planteado que puede continuar un control político de partido único con aperturas económicas completamente liberales. La dominación política sigue allí, acaso más consolidada. Sí existen nuevas fortunas, pero fortunas vinculadas al Estado, en tanto que el chavismo está forjando sus nuevos grupos al margen de los otrora tradicionales (como los representados en las organizaciones empresariales históricas como Fedecámaras), y entre ambos coinciden en empujar a ciertas reformas. Hay un gran cansancio entre los grupos económicos por el costo creciente de perseguir cambios políticos, un gran desgaste en la relación entre el empresariado y la política: se ve hoy que para muchos es más crucial la supervivencia dentro del statu quo, con la restauración de derechos económicos. El parque empresarial está envejecido, sobreviviendo con dificultades ante el influjo de productos extranjeros que llenan los espacios del mercado sin mayor regulación.

En esa situación que has descrito como un nuevo modelo, ¿cómo es la vida de la familia venezolana promedio? ¿De dónde obtienen sus ingresos? ¿Qué priorizan?

-Este nuevo modelo del que hemos hablado tiene como principal característica la dolarización, el libre comercio, la ausencia del Estado, y con ello, la ampliación de la brecha social, que genera más desigualdades en una sociedad que ya era pobre. Es decir, desigualdad en la pobreza, en una economía que ya se había empobrecido. Recordemos que siete de cada diez venezolanos viven bajo la línea de pobreza, pero encontramos que hoy en esa pobreza hay matices. Estudios recientes, como los de ANOVA, revelan que el 10 % más rico de la sociedad venezolana, en los últimos dos años, había aumentado sus ingresos en 116 %, mientras que el 10 % más pobre había reducido sus ingresos en más del 50 %. Es decir, los venezolanos más ricos duplicaron sus ingresos, mientras que los más pobres los redujeron a la mitad. Este es el rasgo más típico de este nuevo modelo: mayores libertades económicas pero con una contracción de la actividad redistributiva del Estado que, sin una red de atención ni de seguridad social sólida, y con carencias en el sistema sanitario y educativo, está ampliando muchísimo la brecha. Y eso se va a mantener mientras el Estado siga en un colapso, generando unas burbujas económicas, unos bolsones de la sociedad de derroche ante grandes zonas de pobreza, que no genera prosperidad para todos, y que, en definitiva, viene a agravar los problemas sociales no resueltos.

Esa desigualdad en la pobreza se verifica como un problema acuciante. Se ha dicho que esta desigualdad radica esencialmente en el acceso, o no, a divisas extranjeras, dada la disolución del Bolívar, la moneda nacional. ¿De dónde vienen los dólares que circulan en el país?

-Los dólares que circulan en el país tienen un origen que no es completamente claro para nadie. Fíjate que cuando se dolariza la economía en Venezuela de manera fáctica, el FMI publica un estudio que indica que, por primera vez en la historia, la pieza monetaria con mayor circulación ya no era el billete de un dólar, sino el de cien dólares. No es una circulación ordinaria, que venga de actividades de menudeo en una economía abierta, sino del impacto brutal de 2500 millones de dólares en efectivo, más todo lo que circula en transferencias entre cuentas en dólares y otras plataformas distintas. Cantidades milmillonarias. Hay restaurantes en Caracas que facturan millones en transferencias que no entran al sistema venezolano, sino que están en el sistema financiero internacional. Y así también la compra y venta de vehículos, apartamentos… No todo lo que circula es completamente negro e ilícito, sino que se solapa lo ilícito y lo lícito. Ahora, ¿cómo entraron esos dólares? Sería difícil pensar que esa cantidad extraordinaria entró con vuelos entre Caracas y ciudades del Caribe. Muy posiblemente son dólares derivados de ventas directas de hidrocarburos en efectivo, especialmente en el Sudeste Asiático, que entran al sistema y empiezan a circular, sin descartar la economía sumergida que funciona en toda la región.

En este panorama, y con la abundante emigración venezolana, ¿qué papel juegan las remesas en las economías familiares? ¿Son un porcentaje significativo?

-Las remesas, sin duda, se han convertido en algo nuevo para Venezuela. Históricamente, Venezuela había sido un país emisor de remesas; desde los 1950 hasta la década del 2000, salían remesas a Portugal, Italia, España, Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay y otros países… Pero ahora los venezolanos se han visto forzados a emigrar y, con ello, a enviar remesas a sus familias en el país. Por supuesto, el cheque que mandaba el inmigrante español a, digamos, Canarias en 1970 no es el mismo monto que manda el venezolano emigrado en gran precariedad en la región, especialmente en un mundo en pandemia. Uno ha oído anécdotas de amigos, descendientes de inmigrantes, de cómo en ciertas partes del mundo había temporadas especiales a la espera del «cheque de Venezuela». Hoy, en encuestas se verifica que poco más de un millón de venezolanos en el extranjero envían remesas. ¿Qué significa esto? ¿Acaso son muy pocos emigrantes? Esta no parece ser la situación; más bien, que la gente no revela que está recibiendo remesas, o que incluso las condiciones de nuestra emigración sean mucho más precarias: están sobreviviendo ellos y no pueden enviar remesas. Otro factor que puede influir en esto es que la emigración consiste en grupos familiares enteros, de modo que no tienen a quién mandar nada al país. Esto no quiere decir que las remesas no sean un factor relevante, especialmente en los últimos cuatro o cinco años, pero sigue siendo un fenómeno que no comprendemos por completo, en una economía muy informal, donde las remesas no entran al sistema financiero sino en transferencias de cuentas y permutas, que hacen difícil establecer fielmente cuáles son los montos que se reciben. No podemos decir aún que Venezuela, como sí es el caso de algunos países centroamericanos, viva de las remesas. Aun hoy, el principal ingreso es la renta petrolera, incluso del modo exiguo en que se obtiene. Las inversiones importantes y el motor de la recuperación económica siguen teniendo como su fundamento el petróleo.

Hubo un intento oficial de superar el problema monetario por medio de las criptomonedas. Nicolás Maduro estableció el petro en el año 2018, y se lo incorporó a mecanismos de cuenta en el país. ¿Ha sido el petro una herramienta monetaria de importancia?

–El petro murió al nacer. No sólo por sus inconsistencias, sino además al haber sido sometido a las sanciones económicas de los Estados Unidos, por lo que carece de una transabilidad real en el mundo de las criptomonedas. La única importancia que ha tenido en el país es que potenció inadvertidamente la dolarización, puesto que al poner a esta como una suerte de moneda oficial, y adjudicarle un valor fijo en dólares, el Estado ancló el valor de varios servicios, tasas y otras cargas a la divisa extranjera, indexándolas. Al decir que un pasaporte son tres petros, o que tal gestión es un petro, queda implícita la referencia al dólar. Pero, más allá de esto, no ha tenido ninguna relevancia como fuente de financiamiento o evasión de sanciones para Nicolás Maduro.

Pasemos a hablar de la actividad comunitaria y las alternativas locales a la satisfacción de necesidades humanitarias, esenciales ante esta situación que describes de desigualdad en pobreza. ¿Qué nos puedes decir de la experiencia de Alimenta La Solidaridad? ¿Cuáles son sus perspectivas ante las amenazas del Estado sobre las organizaciones autónomas? ¿Qué pasa con el planteamiento del Estado comunal?

-Yo fui fundador de FORMA en el 2002, 2003, y desde entonces he tenido conciencia de que estamos en un entorno de vocación totalitaria, que ahoga todos los espacios de la sociedad. Tengo veinte años acostumbrado a trabajar en este entorno de persecución. Y cuando nace Alimenta La Solidaridad, en Petare —el barrio o favela más denso de Venezuela y una de las más grandes de Sudamérica—, nace como respuesta a la emergencia humanitaria compleja que veía explotar en mi cara, y ante la cual lo que yo podía hacer desde la Asamblea Nacional como diputado, para evitar que eso siguiera avanzando, era insuficiente. Así, me vi obligado moralmente a hacer algo: comenzamos con un comedor de treinta niños en el sur de Petare, con un financiamiento propio del equipo que lidera la organización —especialmente Andrés Schloeter, Pedro Méndez y yo—, para comprar comida a estos niños en situación de riesgo, que se iban a morir de hambre. Cuando comenzamos esa iniciativa, mucha gente empezó a apoyarnos con donaciones, con lo poco que tenían, y que se ha proyectado en comunidades en todo el país; en Petare llegamos a alimentar regularmente a alrededor de cuatro mil niños. Estamos claros que nos encontramos en un entorno totalitario, pero eso no nos debe inhibir de cumplir nuestro deber, de hacer lo que nos corresponde, y de obedecer a nuestras conciencias que entonces nos llamaban a una acción social mucho más intensa. Alimenta La Solidaridad es una iniciativa humanitaria, pero que responde a una visión global, de hace muchos años, de lograr un desarrollo sostenible e inclusivo en las comunidades más pobres de Venezuela.

Sin duda, este contexto autoritario y de vocación totalitaria desde el Estado tiene efectos en las políticas públicas y cómo se diseñan, esencialmente irresponsables hacia la sociedad. Históricamente, la Revolución bolivariana ha hablado de una «guerra económica», desestimando los efectos que sus políticas concretas han tenido sobre la economía y la vida social. Se ha planteado que el problema venezolano no es el de la mala administración del Estado, ni siquiera el de los precios del petróleo, sino el de los efectos de las sanciones de Occidente sobre el país, incluso por voces que no son cercanas al gobierno: se hace énfasis en la situación de los combustibles o el acceso a medicinas. ¿No sería necesario replantear esos mecanismos de presión? ¿Puede la oposición democrática venezolana hacer algo al respecto?

-Las sanciones han sido parte de la progresiva lucha del hemisferio por buscar salidas al problema venezolano. El esquema de sanciones sobre la economía genera dificultades sumamente serias a los venezolanos, no necesariamente por sí mismas sino por el fenómeno de overcompliance, de sobrecumplimiento, especialmente en el sistema financiero. En el año 2017, cuando el Estado se propuso seguir con una Asamblea Nacional Constituyente, imploré a Maduro no seguir con ese proyecto, porque los costos sobre la economía iban a ser gigantescos. Lo declaré con mucha fuerza, porque parecía que a Maduro no le importaba meterse y meter al país en un esquema de sanciones. Lamentablemente nos encontramos en esta situación, muy complicada, y ellos se han dado cuenta de que las sanciones tienen un efecto muy importante, y es por eso que buscan que estas sean levantadas por todas las vías posibles, pero sin comprometer su poder. Por eso, posiblemente, están dispuestos a hacer concesiones de derechos económicos y hasta de derechos políticos a cambio de su levantamiento. Claro, ese es el objetivo de las sanciones. Pero esto no es inmediato; no es que se impone una sanción y al poco tiempo tienes un cambio de conducta: hay unos hábitos autocráticos muy arraigados que no se podrán cambiar de la noche a la mañana. Dicho eso, creo que el objetivo de las sanciones ha sido siempre el cambio político, pero hasta ahora solo han generado un cambio económico: no hablamos de eso al principio, pero lo cierto es que gran parte de las reformas son producto de la presión derivada de las sanciones. Por otro lado, las sanciones excluyen, y deben excluir, los temas humanitarios; no deberían afectar la entrada de ayuda humanitaria, pero lamentablemente han tenido efectos adversos sobre esto, y por eso se han buscado corregir con licencias específicas sobre el ingreso de medicinas, uso y acceso a puertos venezolanos, y ciertos combustibles. La administración de Biden ha estado revisando esto, para minimizar la magnitud en que los venezolanos pagamos las consecuencias de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.

Hay sectores de la sociedad civil organizada —y mencionaste a Fedecámaras—, que están viendo críticamente el liderazgo político-partidista en el movimiento democrático venezolano, y que a su vez plantean un acercamiento al Estado, desde una serie de conversaciones sectoriales, entre cuyos ejes estaría una reforma económica. Más allá del agotamiento político que comentabas, ¿cómo observas las relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos?

-Yo creo que es fundamental el empoderamiento de la sociedad, la toma de conciencia del poder de la sociedad civil, y de su participación política para lograr la transición. Si en Venezuela no hemos logrado una transición, también es responsabilidad de una sociedad civil desarticulada, sin voz propia y sin conciencia propia. Hemos echado en falta sindicatos organizados y con autoridad, como Solidaridad, en Polonia; parte de la destrucción de los salarios se debe a que no ha habido la posibilidad de organizar gremios y sindicatos a esa escala. Así también grupos organizados de intelectuales, como los que insurgieron nucleados alrededor de Václav Havel, son fundamentales para enfrentar a un Estado totalitario, y la generación de tracción para presionar hacia una transición política. Así que, en la medida que la sociedad se hace más fuerte, más empoderada, estaremos más cerca de un cambio en Venezuela.

Por último, nos gustaría hablar de este fenómeno del llamado «nuevo extractivismo». Se anuncia la explotación de minerales distintos a los hidrocarburos, como el oro o el coltán, como un nuevo mecanismo de generación de renta, y como alternativas a la economía petrolera. El Arco Minero al sur del Orinoco reúne intereses muy variados dentro y fuera del Estado. ¿Qué sentido efectivo tiene esto?

-Es muy difícil atraer capitales de cierta importancia que inviertan en la periferia en Venezuela, cuando incluso sectores de la ciudad capital son vulnerables a la violencia de delincuentes que ocupan grandes sectores del territorio, como ocurrió hace unas semanas con el Koki y sus bandas armadas. Parece estar descartada la inversión extranjera que sea capaz de generar una gran industria, mientras Nicolás Maduro no muestre capacidad de control territorial efectivo. Venezuela tiene el reto de enfrentarse más bien a la transición energética: la industria petrolera, que es y seguirá siendo la fuente de ingresos más grande de Venezuela, está completamente amenazada cuando, a raíz del Acuerdo de París que demanda la reducción progresiva de hasta 70 % de la demanda mundial de hidrocarburos, por la huella de carbono que genera. Se está cerrando una ventana de oportunidad de potenciar la economía con los combustibles fósiles, pero se abre la oportunidad para las energías renovables. Venezuela debe culminar su etapa en esa oportunidad que se cierra, e insertarse en las energías renovables. Por su posición, capacidades y recursos, Venezuela está llamada a ser un hub energético importante, el más importante del hemisferio occidental. La oportunidad que tenemos es ver cómo transformamos la renta que aún se pueda extraer de la ventana de oportunidad que se está cerrando con el petróleo, para que en un cortísimo tiempo podamos ir hacia una economía basada en el conocimiento, basada en la innovación, basada en las ciencias, tecnologías y matemáticas, y es por eso que me preocupa muchísimo la destrucción del sistema educativo a todos los niveles. Estamos copiando las aperturas económicas del Asia sin sus elementos educativos. El nivel de los niños en capacidades verbales y matemáticas es bajo, así como su desarrollo cognitivo, a causa de la desnutrición. La oportunidad está allí, y hay que explorarla porque no hay otra opción, y para ello hay ejemplos como el de Singapur. Pensar que solo se depende de un cambio político, y que esto permitirá inversiones petroleras, es pensar en algo que ya no existe ni volverá. El Arco Minero no puede ser la fuente de riqueza, aunque existan esos recursos. La riqueza está en el desarrollo del elemento humano, y el extractivismo que nos trajo a esta situación ya pasó.

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Tercer capítulo: Nuevo bienestar. Con crecimiento sostenible hacia un país industrial neutro en emisiones

Desde 2005, la Unión, la alianza de los partidos CDU y CSU, lidera un gobierno de coalición en Alemania. Ahora ambos partidos han presentado su programa electoral para las elecciones federales que tendrán lugar el 26 septiembre de este año. El candidato a canciller y líder de la CDU, Armin Laschet, presentó «El programa para la estabilidad y la innovación» junto con Markus Söder, presidente de la CSU, el partido hermano de la CDU en Baviera. En esta serie de artículos, damos una mirada al programa electoral y resumimos capítulo por capítulo las promesas con las que la CDU/CSU quiere convencer a los votantes. También ofrecemos, al final de este texto, una traducción completa al español del capítulo comentado en esta ocasión. [1]

Economía, sostenibilidad y cambio climático

«Nuestra promesa como Unión: Volveremos a dar impulso a nuestra economía. Ya nos ocuparemos de empleos seguros y sostenibles en el futuro. En esto, el crecimiento sostenible y la protección del clima van de la mano», así lo dice el programa electoral de CDU y CSU (p. 33). La CDU/CSU apuesta por un paquete integral de incentivos que supuestamente aliviará a las empresas de los impuestos y la burocracia. El objetivo es convertir a Alemania en un país industrial neutro desde el punto de vista climático para 2045.

«Ahora, ya en esta década, queremos dar los pasos decisivos para que Alemania se convierta en un país industrial climáticamente neutro para 2045», dijo la Unión. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania en un 65 % para 2030 en comparación con 1990, y luego lograr una reducción del 88 % en 2040 y la neutralidad en 2045. Para ello, la Unión se apoya en las nuevas tecnologías e innovaciones, así como en el instrumento del comercio de derechos de emisión, para compensar las posibles cargas adicionales con una ayuda específica en los ámbitos de la vivienda y la movilidad.

Los ingresos del comercio de derechos de emisión, según la promesa de la CDU/CSU, se devolverán íntegramente a los ciudadanos y las empresas a través de descuentos en la electricidad. La CDU/CSU quiere abolir el recargo por la Ley de Energías Renovables (EEG). Además, quiere acelerar decisivamente la expansión de las energías renovables. Esto incluye la producción de energía a partir del sol y el viento, así como la biomasa sostenible, la energía hidroeléctrica y la energía geotérmica en las zonas rurales. La CDU/CSU quiere convertir a Alemania en el país número 1 del hidrógeno; el hidrógeno neutro en CO2 desempeña un papel decisivo en la lucha contra el cambio climático, tanto en el ámbito de la economía como en el de la movilidad. (pp. 40-44).

En cuanto a la recuperación de la economía tras la pandemia, la Unión considera que las subas de impuestos son el camino equivocado, ya que impedirían la necesaria reactivación económica. Por lo tanto, la Unión se opone a introducir nuevos impuestos sobre el patrimonio, como el impuesto a la propiedad, y aumentar el impuesto al patrimonio. La Unión quiere limitar al 25 % la carga fiscal sobre los beneficios que permanecen en la empresa. Las empresas deberían liberarse significativamente de costes burocráticos (pp. 33-35).

Lee todo el capítulo 3 aquí
Lee el programa electoral 2021 de la CDU/CSU, en su versión completa o su versión resumida

[1] Esta traducción NO constituye una versión oficial de los partidos CDU/CSU, sino una iniciativa de Diálogo Político para los lectores de habla hispana.
Traducción: Manfred Steffen, de la oficina KAS Montevideo.