Los migrantes venezolanos significan un enorme desafío humanitario e institucional para Colombia. Se trata de una experiencia inédita para un país que tradicionalmente generó flujos migratorios hacia otros países.

No ha sido fácil para las autoridades colombianas enfrentar el fenómeno migratorio venezolano. Por un lado, por la cuantía de los migrantes, casi un millón ochocientos mil, según la cifra manejada hasta ahora por el órgano migratorio de Colombia o más de dos millones doscientos mil, de acuerdo con los últimos datos aportados por la Dirección Administrativa Nacional de Estadística (DANE). Por el otro, debido al corto lapso en que la mayoría de los venezolanos arribaron al país, no más de cuatro años, de 2017 a 2020.

A ello se suma la muy escasa experiencia que Colombia ha tenido con la recepción de grandes contingentes de migrantes, a diferencia de los casos de Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela o Estados Unidos. Más bien, ha sido una nación que históricamente ha generado importantes flujos migratorios de varios millones de personas hacia América del Norte y del Sur e, incluso, hacia Europa.

[Lee el libro Florecer lejos de casa. Testimonios de la diáspora venezolana]

La abrupta llegada de cientos de miles de ciudadanos venezolanos, que en una gran proporción ni siquiera podrían calificarse de migrantes tradicionales, pues se acercan más al concepto de refugiados que huyen de una crisis humanitaria compleja en su país, sorprendió a Colombia sin una institucionalidad preparada para ello. Ni una Ley Migratoria —que acaba de ser aprobada por el Congreso Nacional en 2021— ni un sistema actualizado de refugio —veinte mil venezolanos aún están a la espera de que les den respuesta a sus solicitudes— y un rígido sistema de visas que pronto se apreció como insuficiente para enfrentar el problema.

Quizás, el único antecedente similar vivido por el país andino haya sido el de los desplazamientos internos de población, también de varios millones de personas, como consecuencia del conflicto armado que por varias décadas ha azotado a los colombianos.

Así las cosas, el gobierno de Colombia, primero bajo la administración de Juan Manuel Santos y luego de Iván Duque, tuvo que abocarse a buscar soluciones creativas para encarar esta compleja situación que amenazaba con convertirse en un problema de grandes dimensiones para un país de ingresos medios y con profundos problemas sociales.

El Permiso de Permanencia Temporal

El camino emprendido fue gradual y significó asumir una curva de aprendizaje. La estrategia gubernamental, en un primer momento, estuvo dirigida a otorgar, a partir de 2017, el Permiso de Permanencia Temporal (PEP) a aquellos migrantes que hubieran entrado legalmente al país. Posteriormente, a raíz de la realización del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), en 2018, se otorgó el beneficio del PEP a muchos venezolanos que se encontraban en situación irregular.

[Lee también el libro Venezolanos en Uruguay]

Siguieron otras modalidades asociadas al PEP, como la que hacía portadores de este a aquellos que obtuviesen un contrato de trabajo. Pero después de tres años en que se logró regularizar a cerca de setecientos mil migrantes, esta experiencia se agotó, por diversas razones; entre ellas, porque el PEP se otorgaba por solo dos años, lo que obligaba a las autoridades migratorias a prorrogarla de tanto en tanto. Tampoco generaba un historial migratorio en los beneficiarios, de modo tal que con el tiempo pudiesen acceder a visas de residencia. Igualmente, nunca llegó a generar mucha confianza en el sector privado de la economía, lo que dificultaba la absorción laboral de los venezolanos y su incorporación, por ejemplo, al sistema financiero.

Mientras tanto, la llegada de venezolanos seguía creciendo como consecuencia del deterioro de la crisis económica, política y social venezolana, en medio de una creciente pugnacidad entre los gobiernos de Caracas y Bogotá que ha llevado a la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. Como consecuencia de ello, al día de hoy viven en Colombia al menos un millón de venezolanos en situación migratoria irregular, algo que las autoridades colombianas apreciaron como inviable y altamente riesgoso.

El Estatuto Temporal de Protección de los Migrantes Venezolanos

Esta situación impulsó al gobierno colombiano a dar un salto cualitativo en su política migratoria y anunciar en febrero de 2021 el Estatuto Temporal de Protección de los Migrantes Venezolanos (ETPV), por medio del cual se pretende regularizar a todos los venezolanos que puedan demostrar que estaban en el país antes del 31 de enero de 2021, con miras a su plena integración en la vida productiva y social colombiana. Es, sin duda alguna, el mayor proceso de regularización de migrantes que se ha llevado a cabo en América Latina y, probablemente, está entre los mayores del mundo.

A través del ETPV, los venezolanos que viven en Colombia contarán con un documento de identificación seguro —el Permiso de Protección Temporal (PPT)— con información biométrica similar a la cédula de identidad de los ciudadanos colombianos. Tendrán, así mismo, un lapso de diez años para cumplir con los requisitos que les permita acceder a una visa de residencia en Colombia y podrán contabilizar los años de estancia regular en el país para estos efectos.

El primer paso de este proceso, el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), comenzó el pasado 5 de mayo y, al cumplirse tres meses de su inicio, 1.093.473 ciudadanos provenientes de Venezuela ya lo han completado y 920.276 tienen ya asignadas citas para el registro biométrico. Se espera que a partir de octubre comiencen a otorgarse los primeros documentos de identificación.

Es, sin duda, un excelente resultado que demuestra la voluntad política del gobierno de dar una solución estructural y duradera al tema de la migración y exhibe, igualmente, el entusiasmo con que los migrantes venezolanos se han volcado a participar en el procedimiento, sabedores de la oportunidad que representa para su integración plena en la sociedad colombiana que los está acogiendo.

Redoblar los esfuerzos de regularización

Más allá del éxito inicial de este proceso de regularización, es más que probable que las autoridades migratorias colombianas tengan que redoblar los esfuerzos para incorporar a otro millón de venezolanos que aún no se han inscrito en el registro. Los que lo han hecho, seguramente, son quienes ya contaban con el PEP, aquellos que tienen acceso a Internet y teléfonos inteligentes y que viven en las grandes ciudades. Es decir, quienes están más informados o que han logrado estabilizarse económicamente.

Llegar a los migrantes empobrecidos al extremo, a quienes no tienen acceso al sistema y la tecnología digitales o que viven en apartadas zonas rurales y deprimidas localidades urbanas, será el gran desafío para los agentes migratorios, que tendrán que reforzar y afinar las campañas informativas y los procedimientos de acompañamiento para alcanzar los objetivos que se han propuesto.

Mientras tanto, los países de la región que también han recibido importantes contingentes de migración venezolana —aunque siempre en menor proporción que en Colombia— deberían observar con atención el ejemplo colombiano para solucionar solidariamente el dramático fenómeno de la movilidad humana procedente de Venezuela. Hasta ahora, solo el nuevo gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador ha manifestado su intención de replicarlo. Obras son amores y no buenas razones.

.

En el sexto episodio de En Campaña abordamos el tema de la publicidad electoral. Este es el siguiente paso tras poner en marcha la investigación, la planificación, la estrategia electoral, el mensaje y las redes sociales. ¿Qué importancia tiene en una campaña? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo hacer uso de la publicidad en las redes sociales? ¿Es efectiva la publicidad exterior? ¿En qué consiste la publicidad negativa?

Para responder a estas preguntas contamos con la participación de César Martínez, fundador de MAS Consulting en Estados Unidos y México y presidente de la misma en ambos países; Ricardo Amado Castillo, consultor electoral y profesor de comunicación política en la Universidad George Washington, la Camilo José Cela de Madrid, la Católica Argentina y la Panamericana de México; Roberto Rodríguez, doctor en Periodismo, profesor universitario y consultor de comunicación política electoral y de crisis; Jorge Rábago, asesor de telegenia del Partido Popular; y Daniel Ureña, socio fundador de MAS Consulting y presidente de la compañía en España.

[Lee también: Audacia y anticipación: nuevas tendencias en publicidad electoral]

Conducción y realización: MAS Consulting.

En Campaña es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Las elecciones no son todo en la democracia, pero ciertamente sin ellas no hay democracia. No son un mal necesario, sino un elemento que define la calidad democrática y el elemento clave que dota de legitimidad a las autoridades. Lo mismo aplica a las campañas electorales. La gente no vota solamente por la campaña, pero sin una campaña electoral profesional y bien planteada, difícilmente se gana en democracia.

Algunas preguntas que respondemos en nuestra edición especial Campañas electorales:

• ¿Cómo se construyen los liderazgos, en especial el femenino, en tiempos de desconfianza?
• ¿Qué rol tiene la investigación electoral en la planificación de la campaña y la corrección de errores?
• ¿Cómo serán en el futuro las campañas, las encuestas y la construcción del mensaje? En este sentido, ¿qué rol ocupará el arte de contar historias?
• ¿Cuál será la relevancia de las redes y la publicidad?
• Y finalmente, ¿cuál será el rol del periodismo y la gestión de los medios?

La situación política en Nicaragua ha llegado a un punto crítico en los últimos meses. La democracia está siendo sistemáticamente socavada, la oposición política perseguida y los derechos humanos suspendidos. Para saber más sobre los últimos acontecimientos, la oficina Costa Rica de la Fundación Konrad Adenauer entrevistó al reconocido periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, recientemente exiliado en Costa Rica, sobre la situación política de Nicaragua.

Carlos Fernando Chamorro es director de Confidencial, un diario digital en Nicaragua que combina periodismo de investigación y noticias de actualidad. También dirige los programas de televisión Esta Noche y Esta Semana, que fueron sacados del aire por la censura en 2019 y se transmiten por medio de YouTube y Facebook. La redacción de Confidencial ha sido asaltada y ocupada, sin orden judicial, por la policía del régimen (en diciembre de 2018 y en mayo de 2021), y actualmente Chamorro se encuentra exiliado en Costa Rica, desde donde sigue dirigiendo Confidencial.*

Señor Chamorro, las noticias que nos llegan desde Nicaragua son muy preocupantes. Con las recientes detenciones, a menos de tres meses de las elecciones, el gobierno de Daniel Ortega tiene bajo arresto a 32 opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia. ¿Cuál es la justificación que utiliza el régimen para estos arrestos?

-Entre septiembre y diciembre del año pasado, el régimen aprobó cuatro leyes para criminalizar la promoción de los derechos democráticos e inhibir y despojar de sus derechos políticos a los potenciales competidores políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Estas son: la ley de «agentes extranjeros», la ley especial de «ciberdelitos», la ley 1055 de «defensa de la soberanía», y la ley de «delitos de odio». La mayoría de los detenidos han sido capturados por la policía, supuestamente para investigarlos por la violación de estas leyes, en particular la ley 1055, que les imputa sin pruebas el delito de «traición a la patria», por demandar elecciones libres. Según estas leyes represivas, disentir del régimen o promover una protesta cívica equivale a una tentativa de «golpe de Estado». Esta ha sido la justificación oficial para capturar y procesar a líderes políticos, cívicos, empresariales, campesinos, estudiantiles, periodistas y defensores de derechos humanos.

¿Qué se sabe de las condiciones de encarcelamiento de los presos políticos?

–De los 32 presos políticos, cuatro están bajo arresto domiciliario. Una de ellas es mi hermana Cristiana Chamorro, quien se encuentra en aislamiento, en su casa, pero le permiten que sea visitada por sus hijos. Los otros 28 detenidos, entre ellos 5 aspirantes presidenciales: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Miguel Mora, así como el politólogo José Antonio Peraza, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, los líderes del partido Unamos, entre ellos los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, la dirigente política Violeta Granera, los empresarios José Adán Aguerri y Luis Rivas, el periodista Miguel Mendoza, la defensora de derechos humanos María Oviedo, los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, y decenas más, se presume que están en la cárcel de El Chipote, de la Dirección de Auxilio Judicial. Nunca han sido vistos por un familiar o un abogado, y algunos tienen ya más de sesenta días presos. Están virtualmente secuestrados, en una flagrante violación de sus derechos humanos.

¿Cuál es la base de poder y apoyo que tiene el régimen Ortega-Murillo? ¿Cuánto apoyo tienen el presidente y la vicepresidenta realmente en la población?

–El soporte principal del régimen radica en el control total del Estado y del aparato represivo: policía, ejército y las bandas irregulares de paramilitares. Ortega y el FSLN tienen un apoyo político que oscila entre el 20 y el 30 % del electorado. Representan la primera minoría política del país, muy organizada y cohesionada, pero una minoría política al fin. Económicamente, el régimen se financia con una política tributaria extorsiva y, al terminarse los fondos de la cooperación venezolana en 2017, su principal fuente de financiamiento externo es el Banco Centroamericano de Integración Económica.

En 2018 hubo protestas antigubernamentales masivas que fueron reprimidas con violencia por las autoridades. ¿Usted espera que los acontecimientos antidemocráticos podrían provocar otras protestas masivas de la población nicaragüense?

-Desde septiembre de 2018, después de la matanza que dejó más de trescientos asesinatos, miles de heridos, cien mil exiliados y centenares de presos políticos, la protesta cívica está prohibida y criminalizada. En Nicaragua vivimos bajo un Estado policial, no hay libertad de reunión ni movilización, por lo tanto, es impensable que pueda surgir una protesta masiva, cuando estamos en medio de una escalada represiva. Solamente si se suspende el Estado policial y cesa la represión podrían generarse condiciones para una nueva ola de protestas y marchas masivas. En estos momentos, todas las acciones de protesta cívica son pequeñas y de corta duración, para evitar la represión.

¿Cuál podría y debería ser el rol que desempeñe la comunidad internacional en esta crisis? ¿Realmente puede hacer una diferencia?

-La comunidad internacional puede jugar un papel crucial para enfrentar la crisis de Nicaragua, pero no puede sustituir a la presión cívica nacional; juntas, la presión diplomática y la presión interna pueden hacer la diferencia.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos como la CIDH de la OEA y OACNUD de la ONU, han jugado un papel clave para documentar la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Pero, a nivel político, falta mucha más solidaridad y apoyo de Centroamérica y América Latina para aislar a la dictadura. Por ejemplo, en la última votación en la OEA, 26 países condenaron las violaciones a los derechos humanos y demandaron elecciones libres, pero algunos países clave como México y Argentina se abstuvieron de votar, y en Centroamérica también se abstuvieron Honduras y Belice.

Por otro lado, hay una nueva tendencia hacia la coordinación de acciones multilaterales entre Estados Unidos y la Unión Europea, para ejercer más presión en contra del régimen. Pero falta una estrategia de acciones más efectivas, que pueda incidir en algunas llaves de financiamiento del régimen como el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BID. Pero, insisto, la única forma en que el impacto de la comunidad internacional sea más efectivo es coordinando esta acción de forma simultánea con la presión de la oposición democrática nicaragüense, incluyendo la sociedad civil, el sector empresarial y el liderazgo moral de la Iglesia católica.

Usted mismo se ha tenido que exiliar. ¿Ve realista que después de las elecciones usted regrese a su país?

-Yo tuve que salir al exilio, igual que muchos nicaragüenses, para preservar mi libertad y poder seguir haciendo periodismo. Mi redacción fue allanada por la policía el 20 de mayo y mi casa el 21 de junio, sin ninguna orden judicial.

El 7 de noviembre no habrá una elección justa, transparente y competitiva, sino unas votaciones, bajo un régimen de partido único en la cual Ortega y Murillo no tendrán contendientes. Ortega se reelegirá, en medio de la abstención sin legitimidad política, y provocará un agravamiento de su propia crisis.

No es viable, por lo tanto, planear regresar a Nicaragua después del 7 de noviembre. Lo que los exiliados demandamos para regresar al país es la anulación de esas elecciones, la suspensión del estado policial y el retorno a Nicaragua de la CIDH y OACNUD como garantes mínimos del restablecimiento de los derechos humanos.

Mientras tanto, yo seguiré haciendo periodismo desde Costa Rica, y espero regresar a Nicaragua cuando existan garantías de que cesen la represión y se restablezcan todos los derechos democráticos.

* Chamorro ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). Obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, otorgado por Casa América Cataluña (España) en 2009, el Premio María Moors Cabot que otorga la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York en 2010, y más recientemente, el Premio Ortega y Gasset que otorga el diario El País, a la trayectoria profesional en 2021. Es miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo para el periodismo iberoamericano.

.

Dedicado a los activistas y técnicos
que se han esforzado por la democracia en todo el mundo.

Las imágenes de la caída de Kabul, tras el vacío dejado por la evacuación estadounidense, han sorprendido incluso a los más pesimistas. La ruta hacia un sistema representativo y pluralista en el atribulado país del centro de Asia parece destrozada.

Es un cliché decir que Afganistán es el cementerio de los imperios. De Alejandro Magno a Joe Biden, pasando por Turquía, los mogoles, Gran Bretaña y la Unión Soviética, los numerosos regímenes afganos solo pudieron ser absorbidos brevemente por la Persia de los sasánidas. No es tanto que los imperios decaen porque no pueden conquistarla, sino que su presencia en ese territorio parece hacerse inviable por razones geográficas y culturales. Es quizás la misma razón por la cual ese país no ha logrado tampoco, en su ejercicio soberano, un régimen estable hasta el reino de Mohammed Zahir Shah, que también cayó con una precaria transición al constitucionalismo.

Tras esa ruptura, Afganistán ha pasado por cuatro regímenes en seis décadas, incluyendo el temible Emirato Islámico de Afganistán al corte de este siglo, que había sido expulsado a los márgenes del país con la invasión estadounidense. Desde una república liberal débil, copada por una revolución comunista, subvertida por los muyahidines y señores de la guerra, a una república tecnocrática con apoyo occidental. Más allá de las motivaciones inmediatas —como el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001— o las causas más profundas —el apoyo de Estados Unidos a los muyahidines en la década de los ochenta—, el objetivo ostensible de la gran coalición de aliados que intervinieron en Afganistán en estas últimas dos décadas fue la creación de un país democrático. La guerra de Occidente contra el terrorismo, en la cual las dos campañas sobre ese país tuvieron lugar, no quería instalar regímenes títere ni antipopulares que asegurasen estabilidad a sangre y fuego, sino construir la democracia con la convicción que la acompañaría la mayoría de la población.

Reconstrucción

Sumas extraordinarias fueron dedicadas al levantamiento de ese país. Miles de técnicos, desde ayuda militar hasta la reconstrucción de infraestructura civil e institucional, fueron dedicados a este este esfuerzo. Mientras tanto, desde los márgenes, con el apoyo no discreto de China y Pakistán, el ejército talibán tomaba crecientemente más territorio, al punto de ser reconocido nuevamente como beligerante legítimo por el gobierno de Donald Trump en el año 2020.

Pero será Joe Biden quien cargará, con su país, con el legado del desalojo catastrófico de Kabul. Biden habría estado convencido, ya como vicepresidente, del fracaso del trabajo occidental en Afganistán, y había anunciado la retirada formal de las últimas tropas norteamericanas. Posiblemente, haya sido una decisión inevitable desde la perspectiva electoral doméstica, así como de sus intereses nacionales: sin apoyo del Congreso para más gastos, con retadores problemas internos derivados de la pandemia y negociando un programa de inversiones internas sin precedentes en el último medio siglo, la tesis de la Casa Blanca es que Estados Unidos «no podía seguir peleando por un país que no quería pelear por sí mismo», lo cual ya habían adelantado otros aliados. Ese vacío anunciado endureció la posición talibana ante el gobierno constitucional, que se vio desbordado por la insurgencia en cuestión de días. Una revolución que dio la vuelta completa.

Ahora bien, los talibanes, cuya presencia en el poder de por sí renovará las discusiones sobre la guerra contra las insurgencias extremistas en el futuro inmediato, así como las ideas islamófobas en el populismo occidental, no llegan solos. Son ahora parte de otro entramado, y no significan en absoluto una liberación nacional: China aprovechará el vacío regional para asumir «la decisión interna del pueblo afgano» para proveer infraestructura en su proyecto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, mientras el régimen talibán ha prometido no interferir con la represión a la etnia uigur en la cercana provincia de Sinkiang, ni apoyar una yihad islamista contra el nuevo imperio que entra en el escenario. Hibatullah Akhundzada, el líder espiritual y militar del nuevo régimen, llega con la experiencia obtenida por su ejército en su ocupación de vastos territorios, la recaudación de impuestos sobre los cultivos de opio y la eficaz red logística y de comunicaciones que evitó que fuesen completamente desplazados por la intervención occidental.

¿Y la gente común?

¿Cómo quedan los afganos comunes ante este panorama? En todas las encuestas de opinión, pese a todos sus problemas, la democracia pluralista era preferida por dos tercios de la población afgana, la cual también apoya en menor medida, los avances en derechos de la mujer.[1] El emirato —o «la solución islámica» como se refiere a su régimen el Talibán—, no es visto como viable ni como garante de las libertades y derechos básicos que proclamó la constitución de 2004. Claro está, el poder está hoy en manos de quienes creen que la democracia liberal y el pluralismo son una corruptora fantasía occidental.

Todo este episodio, que aún no culmina, deja una sobrecogedora lección a quienes trabajamos de un modo u otro en la promoción de la democracia fuera de las sociedades donde las instituciones liberales y plurales son una realidad consolidada, y que debemos examinar como poderosa autocrítica. La primera es que la legitimidad requiere de la fuerza para sobrevivir: el vacío militar que dejan Estados Unidos y sus aliados en Afganistán dejó atrás y desamparados no solo a millones de ciudadanos, sino a miles de técnicos y activistas afganos y extranjeros que habían dedicado años a construir instituciones, promover acuerdos, desarrollar una cultura cívica. Hoy, solo cuentan con la fuerza de su convicción. Esto apunta a la segunda lección: es imprescindible la convicción de las élites locales. En ocasiones, la ambivalencia de quienes se encargaron de la transición desde el gobierno central hasta las asambleas provinciales reflejaba más los intereses creados, los poderes fácticos de la división étnica y la distancia de los dirigentes afganos educados en el extranjero, creando ambivalencia hacia la posibilidad efectiva de democracia. Sin esa convicción, y con la zona de confort provista por las subvenciones de Occidente, se desviaron enormes cantidades de entre los cuantiosos recursos destinados, desmoralizando el trabajo de los mejores cuadros. La huida frenética del presidente Ghani, sin coordinar la evacuación del gobierno o proteger a sus ciudadanos, es el gesto definitorio de esta caída.

Pero la más significativa de todas es la última lección: crear instituciones democráticas populares, legítimas y estables toma años y requiere de esfuerzos que son siempre frágiles. Esos esfuerzos son requeridos de los ciudadanos y de sus élites. Así ocurrió con las transiciones democráticas en todo el mundo luego de la Segunda Guerra mundial, creándose ese consenso entre gobernantes y gobernados que hoy damos por sentado. Es verdad que aquellos que no creen en la democracia y el pluralismo no tienen escrúpulos para servirse de ella cuando está establecida, ni tienen obstáculos morales para usar medios de fuerza que la subviertan. Sin embargo, la meta de una vida con dignidad y libertad, que solo es genuinamente vivida en la democracia, no solo vale la pena, sino que tendrá que comenzar otra vez. Aunque sea de entre las ruinas.

Nota
[1] Yaqub Ibrahimini. (2020). Political Settlement and Post-Conflict Order in Afghanistan: People’s Views. Kabul: Afghan Institute for Strategic Studies.

.

El calentamiento global afectará severamente nuestra vida. Este artículo analiza las claves y conclusiones del nuevo informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC).

Contundente

Así se podría resumir el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, titulado Cambio climático 2021: bases físicas publicado el lunes 9 de agosto del presente año. El estudio fue realizado por más de doscientos científicos, de los cuales el 41 % son de países en vías de desarrollo, que analizaron más de 14.000 publicaciones científicas. Para los que han seguido el trabajo del IPCC, las conclusiones podrían parecer historia conocida. Dicho esto, es el primer informe que de manera categórica indica que el calentamiento global se debe a la actividad humana, mención explícita de suma importancia, dada la narrativa siempre cautelosa del IPCC en este tipo de informes.

Además, también pronostica que la barrera de los 1,5 °C la superaremos inclusive en el pronóstico «más optimista» en alrededor de veinte años, dos décadas que son la mitad del tiempo de una generación o lo que duran cinco Juegos Olímpicos. Ese será el tiempo para que la temperatura del planeta se eleve (como mínimo) 1,5 °C y ocasione cambios irreversibles en muchos casos (como la elevación de los océanos o el derretimiento del Ártico) y que será a escala global, valga la redundancia, porque los efectos alcanzarán a todos los rincones del planeta.

[Lee la edición especial Política y ambiente]

En los minutos siguientes a la publicación del informe, las salas de prensa y las redes sociales se llenaron de posteos, notas y opiniones que remarcaban con signos de admiración, hashtags y enlaces la emergencia en la que nos encontramos. Innegable sigue siendo la sensación del cierto desamparo ante lo inevitable. Sin embargo, aún es posible revertir la situación y con esto reducir el impacto a través de acciones contundentes, persistentes y ambiciosas para tener reducciones rápidas y sostenidas en la emisión de gases de efecto invernadero y crear estrategias amplias de adaptación.

Latinoamérica y el Caribe

¿Por qué debería interesarnos esto en Latinoamérica y el Caribe? La región está llamada a ser un actor principal en la geopolítica mundial en lo venidero sobre el cambio climático. Si bien solo aporta alrededor del 8 % de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) —México y Brasil son los mayores emisores y únicos países que están en el top 20 de naciones emisoras, muy por detrás de China y Estados Unidos—, es por la biodiversidad, dependencia de los recursos naturales, conflictos sociales y problemas económicos que la región es y será fuertemente afectada por los efectos de las lluvias, sequías y huracanes, para mencionar algunos de los eventos. Sin embargo, esos mismos recursos de los cuales dependemos directamente pueden y deben sumarse a las estrategias de mitigación y adaptación que van desde la intensificación en la transición energética hasta la conservación y aumento de sumideros de carbono, amén de la conservación de la biodiversidad y la revalorización de los pueblos indígenas. Estos últimos, como guardianes del bosque, deberían tener un lugar en la mesa de las decisiones creativas porque en sus saberes ancestrales se pueden encontrar soluciones de rápida y sostenida ejecución, así como en la lucha contra la deforestación. Muchas veces innovar es volver atrás y rescatar la memoria.

Sabemos que no existe una bala de plata. El reto que afrontamos requiere de múltiples estrategias que se adapten a la circunstancia propia de los países, bajo la premisa de objetivos comunes, pero diferenciados, e integrarnos como una gran región que se posicione en el mundo como fuente de soluciones, no de problemas. Para evitar caer en un pesimismo paralizante es bueno recordar que existen ideas y soluciones en la región: desde todos los campos del pensamiento y la academia, con la economía circular y herramientas como el precio al carbono y la tecnología cada vez más presente con propuestas como el blockchain y la inteligencia artificial. Del mismo modo, las soluciones basadas en la naturaleza han tenido un auge significativo en varios países, más cercanas al campo que a la interfaz. Y el impulso al hidrógeno verde y la mejora en la eficiencia energética de productos están ganando campo, desde el sector privado hacia una creciente presencia de oportunidades legislativas.

Sociedad civil

Tampoco debemos olvidar que la sociedad civil, en su mayoría representada por movimientos juveniles y organizaciones ambientales, está aumentando la consciencia y los conocimientos sobre los retos y las oportunidades del cambio climático. En la política, la promulgación de leyes y acuerdos nacionales e internacionales, así como el fortalecimiento de ministerios dedicados al ambiente y la energía, ha visto una narrativa cada vez más contundente. Estas son solo algunas de las soluciones que ya existen y que en mayor o menor medida se encuentran moviéndose en nuestra región.

[Lee la edición El futuro de los partidos políticos]

Pero entonces ¿qué falta?, ¿en qué estamos fallando? Estas son preguntas que pueden tener múltiples respuestas y que tratamos de resolver desde nuestro trabajo en la Fundación Konrad Adenauer, pero digamos que uno de los principales es la voluntad política de ejecución: implementar las mismas normas y acuerdos que se promulgan, y a través de la medición, corrección y mejora continua, generar círculos virtuosos y ambiciosos de sostenibilidad que se contagien entre países e integren en toda la región. Sin duda, es necesaria la cooperación entre países y entre sectores, sea desde la integración regional como desde las alianzas entre la ciencia y política y sector público y privado, para generar relaciones simbióticas de beneficio para todos.

Una gran solución

Repetimos, Latinoamérica no es un gran problema, pero puede ser una gran solución. Tenemos una geografía accidentada pero rebosante de recursos con identidades sociales que nos vinculan desde Tijuana hasta la Tierra de Fuego con más similitudes que diferencias.

El informe del IPCC se publica en un momento en el cual el covid-19, un virus que todo indica que fue de origen zoonótico, dada nuestra turbia relación con los ecosistemas y sus especies, ha puesto en la mesa de debate el llamado retorno sostenible, idearios políticos que por el momento son más intenciones que acciones, y que con los resultados de este informe deberían tomar fuerza para dar el salto de lo discursivo a la acción.

Debemos interiorizar la solidaridad intergeneracional como motor, hacer lo que nos corresponde y dejar la posta a las siguientes generaciones que continúen el trabajo. Es el momento de ampliar el mensaje «piensa global, actúa local» a uno que nos involucre a todos en el nosotros: «pensemos global, actuemos global». Tenemos veinte años. Caminemos hacia la sostenibilidad, pero a pasos firmes.

Informe de Giovanni Burga (coordinador de proyectos) y Nicole Stopfer (directora), del Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA-KAS)

Más información sobre las actividades de EKLA-KAS.

.

Las grietas que dejó la crisis de 2019 en Bolivia siguen escribiendo una historia de polarización alimentada por la miopía política y la imposición de una narrativa desde el privilegio del poder.

El anuncio de la Fiscalía de cerrar el denominado caso fraude por el que se anularon las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, despertó una vez más los extremos adormecidos que han enfrentado a los bolivianos desde hace casi dos años.

La decisión fue asumida con base en el informe pericial del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación de la Universidad de Salamanca de España, que concluyó no haber encontrado «manipulación de datos», aunque sí detectó que los equipos informáticos eran vulnerables y manipulables. Sin embargo, este estudio fue encargado y pagado por la Fiscalía con material proporcionado por la misma institución, solo tomó en cuenta el ámbito informático y no la cadena de custodia o alteración de actas, que fueron dos de los aspectos más observados en el proceso.

El documento se contrapone a la auditoría realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que determinó, 45 días después de los comicios, la existencia de «operaciones dolosas» que alteraron «la voluntad expresada en las urnas». En las polémicas elecciones, el entonces candidato y presidente Evo Morales fue declarado vencedor con un margen de 10,57 % de los votos sobre su oponente, Carlos Mesa.

Uno de los puntos más controversiales de este proceso se refiere al sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), un tipo de conteo rápido implementado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que sufrió un corte durante 23 horas poniendo en pausa los datos que apuntaban a una segunda vuelta.

Juan Manuel Corchado, responsable del estudio de la Universidad de Salamanca, aseguró que la interrupción del TREP fue un «error imperdonable». Sin embargo, se mantiene en que no se detectó una manipulación que incidiera en la base de datos final. Mientras que para la OEA, el corte del TREP es justamente una de las doce «acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección» a favor del partido oficialista y considera además este hecho como un atentado contra la transparencia del proceso.

La auditoría de la OEA se realizó once días después de los comicios del 20 de octubre de 2019 in situ, con especialistas y auditores internacionales y por «invitación» del entonces gobierno de Evo Morales; por otro lado, el estudio pericial de los tres consultores de la Universidad de Salamanca se llevó a cabo luego de 18 meses y de manera remota.

Estos informes tienen muchos matices y han servido para instalar nuevamente el debate y preguntas necesarias sobre la labor de la Fiscalía y su relación con el poder Ejecutivo. ¿Por qué una pericia tan extemporánea? ¿Tiene más validez este informe que la auditoría presentada por la OEA? ¿Cómo queda la labor de la Fiscalía?

Con esta controvertida decisión, el sistema judicial alimenta la narrativa del Gobierno de que en 2019 hubo un «golpe de Estado», a pesar de que el mismo fiscal general instruyó acciones legales en contra de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la denuncia de fraude, que ahora parece querer archivar de manera definitiva. Si algo queda claro, en este punto, es que la Fiscalía está arando un camino muy lejos de la independencia de poderes y del esclarecimiento de los hechos.

La satisfacción del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce, empecinado en instaurar su verdad como el capítulo correcto de la historia y reforzar su postura de deslegitimación de la OEA, se ha traducido también en acusaciones directas a la oposición de tener fines desestabilizadores y golpistas, luego de que parlamentarios anunciaran impugnaciones al sobreseimiento y cierre de este proceso.

Mientras el caso fraude se desmorona, cobra fuerza el caso golpe impulsado por el Gobierno, con nuevas aprehensiones y la ratificación de la detención preventiva por otros seis meses para la expresidenta interina, Jeanine Áñez por los cargos de terrorismo, sedición y conspiración, en un primer proceso, y por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las Constitución y las leyes, en un segundo proceso.

Esta pulseta de narrativas convertida en una efervescente batalla desde dos opuestos se vuelve a adueñar de un escenario político frágil que no logró estabilizarse. Roberto Laserna, economista e investigador social que abordó las implicaciones de la crisis de 2019, define la polarización como «un proceso por el cual las posiciones y opiniones de la gente se van desplazando hacia los extremos, de manera que el centro de espectro de ideas y percepciones se va reduciendo».

En Bolivia, la tan anhelada convivencia democrática se queda nuevamente detrás del telón, así como los problemas de relevancia social; mientras la atención se vuelve a canalizar en los políticos, sus intereses o su miopía. A un año y ocho meses desde el brote de la crisis, el conflicto en diferentes niveles ha anclado a los bolivianos en un punto de no retorno. Y nada garantiza que esto no se vuelva a repetir en un mes o diez años.

¿Qué contarán los libros de historia cuando se lean los sucesos de 2019? Tal vez las nuevas generaciones encuentren verdades absolutas desde el poder y validen cómodamente su postura o sean críticos y traten de entender la complejidad de un tiempo que estuvo y seguirá pintado de grises..

Una ley para forzar al régimen de Ortega a desarrollar elecciones libres en noviembre y nuevas sanciones contra Cuba, esta vez para los dirigentes de la Policía Nacional Revolucionaria, son parte de las acciones de política exterior más recientes del gobierno de Estados Unidos hacia Latinoamérica.

El proyecto de ley conocido como RENACER (Reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral), aprobado por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, impulsaría con su aprobación en el Congreso la salida de ese país del tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) y frenaría los préstamos de instituciones financieras globales.

Varios legisladores procuran celeridad en la aprobación final considerando que este mes los partidos políticos opositores nicaragüenses deben inscribir a sus candidatos y quienes contaban con mayor reconocimiento de la población se encuentran retenidos por el régimen. Las elecciones en Nicaragua se deben desarrollar el 7 de noviembre próximo.

En el caso de Cuba, la administración de Joe Biden reaccionó luego de las protestas masivas de habitantes de la isla contra el régimen comunista que gobierna el país. Durante los cuatro años de la administración de Donald Trump se adoptaron más de 200 nuevas acciones contra la isla, la cual padece un fuerte embargo comercial desde la década de los sesenta del siglo pasado. Trump intentó con sus medidas impactar el apoyo de Cuba al régimen venezolano.

Cuba experimenta su peor crisis económica en los últimos treinta años. Las exportaciones de azúcar, que tienen a China como destinatario, son decrecientes debido a la menor producción; los ingresos por la venta de servicios médicos a otros países también se han reducido; las sanciones de Trump impactaron la llegada de remesas y la pandemia frenó el turismo.

Nicaragua, por su parte, exportó USD 3500 millones a Estados Unidos en 2020, en el marco del CAFTA-DR. La salida del país del acuerdo, cuyas condiciones no están claras, representaría un fuerte golpe a la deprimida economía de ese país, el segundo más pobre de Latinoamérica, con 2,4 millones de personas en esa condición, de 6,5 millones de habitantes.

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 100.000 nicaragüenses han migrado desde 2018, año de fuertes protestas ciudadanas contra el régimen de Ortega. Una parte de esas personas llegaron a Costa Rica pero el flujo de migrantes a Estados Unidos ha aumentado.

Las sanciones de Estados Unidos —las de Trump y las recientes adoptadas en junio y julio por Biden— incluyen sanciones financieras a dirigentes del régimen nicaragüense, entre ellos el propio Ortega, su vicepresidenta y esposa, sus hijos, miembros de la Policía Nacional, el jefe de la fracción del Frente Sandinista en el Congreso, un centenar de miembros de la legislatura, el presidente del Banco Central, entre otros.

Además, mediante la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua del 2018, los representantes estadounidenses ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo deben oponerse a nuevos préstamos salvo aquellos destinados a atender necesidades básicas y promover la democracia. La ayuda a iniciativas de la sociedad civil, por al menos USD 25 millones, se mantienen.

A las sanciones de Estados Unidos se comienzan a unir las de la Unión Europea, que frenó el ingreso a los territorios europeos de 14 funcionarios y familiares de Ortega y Murillo. Europa también tiene vigente para los países de Centroamérica un acuerdo de asociación para beneficios fiscales de exportación.

.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/3dbbdd79-dd65-4223-88ab-f20e9c98a59d?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Cierran los Juegos Olímpicos de Tokio, que en su fecha original habrían coincidido con el 75 aniversario de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La simetría entre la cita universal de solidaridad deportiva y la muestra más terrible del poder humano no es casual.

Un legado

Tras un año pospuestas, las Olimpíadas de Tokio cierran con un legado que analistas deportivos, mediáticos y económicos debatirán por mucho tiempo. Como el primer evento deportivo global desde el inicio de la pandemia del covid-19, y con el propósito compartido entre el COI y el primer ministro japonés Yoshihide Suga de convertirlos en «la luz al final del túnel», el resultado no ha sido catastrófico, pero tampoco han recibido el entusiasmo del país, golpeado por décadas de relativa recesión, cambios demográficos y estancamiento político.

Con todo, no eran estos los juegos donde la reputación nacional de Japón estaba en juego. Ya Tokio se había postulado como sede en los Juegos de 1940, siguiendo a esos desfiles de poder y pompa de las Olimpíadas de Los Ángeles en 1932 y Berlín en 1936, que redefinieron mucho de los juegos modernos como despliegues políticos e ideológicos de primera línea. El Japón imperial quiso tener un éxito propagandístico panasiático con esos juegos, que pasaron por sanciones internacionales a Helsinki antes de ser cancelados por la Segunda Guerra Mundial.

Ese mismo Japón, que había iniciado un proceso de modernización y expansión en el este de Asia desde inicios del siglo XX, retando los mandatos de la Liga de las Naciones, desarrolló un fugaz imperio desde Mongolia hasta Indonesia, y desde Birmania hasta Polinesia. Durante una década, y como meta última, Japón estuvo involucrado en una prolongada guerra con China, uno de los catalizadores del conflicto global. Los caminos de ambas naciones, como los de todos los países alterados para siempre por esta guerra, tuvieron aspectos trágicos que aún nos tocan. La guerra sino-japonesa terminó en una guerra civil que llevó al poder al Partido Comunista chino. El final de la guerra para Japón, con la presión para su rendición incondicional —y evitando la entrada de los soviéticos en ese frente—, fueron las bombas atómicas estadounidenses en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de víctimas directas en un instante, y sobrecogedoras secuelas.^[1]

Destrucción mutua asegurada

Durante las décadas siguientes, mientras el mundo vivía bajo la Guerra Fría, el espectro de un conflicto nuclear permeó sobre la geopolítica, la economía y la cultura de los distintos bloques ideológicos dominantes. La «destrucción mutua asegurada» no era una amenaza banal, sino una presencia permanente que se veía reflejada en las angustias de numerosas obras literarias, musicales y cinematográficas. Los artistas parecían preguntarse si eran tantas nuestras diferencias que valía la pena destruir a millones en un instante. Las olimpíadas, espacio para la paz, la neutralidad y la reconciliación por medio del espíritu deportivo, pretendían ser un paréntesis pero eran un escenario sucedáneo para establecer la superioridad de cada bloque. Claro está, sin las secuelas terribles de conflictos regionales, aunque con otras circunstancias no poco escabrosas.^[2]

Los Juegos de Tokio de 1964 son un ejemplo palmario de la politización del deporte. Japón mostró su revitalización desde las cenizas y la vergüenza de la guerra, con una actitud pacifista y una organización impecable. El país reindustrializado mostró el vanguardismo tecnológico que aún lo caracteriza, con una ciudad de nuevo diseño urbano que no parecía ya el centro de una potencia amenazante. China comunista y Corea del Norte, junto con la Indonesia de Sukarno, boicotearon el torneo. Taiwán representaba a China, y Alemania compitió por última vez con su Gesamtdeutsche Mannschaft. Estados Unidos y la Unión Soviética permanecieron cabeza a cabeza en el medallero.

Temores nucleares

En los últimos treinta años, los Juegos cambiaron su rol como portada de la Guerra Fría. Desde Barcelona, y al menos hasta Atenas, solo el ascenso y despliegue del poder olímpico chino han registrado nuevos momentos de rivalidad que evocan ese tiempo, y que comenzaron con el despliegue propagandístico de la República Popular China en los juegos de Beijing, desde los cuales el nuevo gigante mundial se ha impuesto en numerosas disciplinas deportivas. Entretanto, los temores nucleares se han perdido de la imaginación popular. Otras urgencias geopolíticas, con el fin de la carrera armamentística entre las dos superpotencias y el retiro de numerosas armas nucleares, nos distraen de un hecho cierto: el poder de destrucción masiva de las armas nucleares sigue vigente y hoy son más los países que tienen un arsenal: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Si contamos además con la capacidad de obtener tecnología nuclear de parte de grupos terroristas, no es imposible pensar que la posibilidad de un conflicto nuclear, en un mundo que nota la agresividad geopolítica de potencias autoritarias, se convierta nuevamente en una angustia vital. Tenemos casi tantas armas nucleares como en el verano de 1964, pero de un poder inconmensurablemente mayor, con potenciales efectos irreversibles sobre el clima y con menores garantías de seguridad colectiva.^[3]

Las bombas

La discusión sobre si el fin justifica los medios sigue siendo central en la reflexión política de los viejos filósofos morales, aunque en las democracias liberales vivimos bajo la creencia de que los fines condicionan a los medios. Las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, quizás, pudieron prevenir mayores tragedias y lograron la victoria definitiva en el frente del Pacífico; pero esa tecnología abrió una caja de Pandora que no hemos cerrado decididamente, aunque se conmemore la tragedia con vigilias y editoriales de decreciente vehemencia. Mientras tanto, aunque no siempre desplegada de manera consecuente, la ética deportiva obliga a que la búsqueda de resultados y victorias no se logre por trampas y atajos. Hoy, que el mundo cambia su centro al Pacífico, y que el ímpetu de China reta antiguas seguridades, ¿no es deseable que emulemos ese espíritu? El presidente del Comité Olímpico Internacional, el retirado esgrimista alemán Tomas Bach, recordó en la ceremonia de apertura en Tokio que el mundo necesitaba más solidaridad: más solidaridad entre las naciones y más solidaridad dentro de las naciones. Citius, altius, fortius y communis: más rápido, más alto, más fuerte y juntos. Fuera del cinismo que una revisión de la historia de los torneos puede desarrollar, es aún tiempo de cumplir con el ideal humano.

Notas

[1] HERSEY, John (2020). Hiroshima. Nueva York: Vintage Books
[2] ESPY, Richard (2018). Politics of the Olympic Games: With an epilogue, 1976-1980. Berkeley: University of California Press.
[3] SCHLOSSER, Eric (2014). Command and control: the story of nuclear weapons and the illusion of safety. Londres: Penguin Books.

.

Desde 1994, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ocasión en la que se realizan diferentes actividades con el fin de visualizar las principales propuestas y también informar sobre las problemáticas que afrontan cotidianamente los pueblos indígenas de todo el mundo.

La Fundación Konrad Adenauer (KAS), consciente de que una verdadera democracia no es posible sin la inclusión de sectores históricamente marginados como los pueblos indígenas, desde el año 2005 desarrolla actividades en esta temática específica a través del Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI), desde el cual compartimos algunos de los asuntos de mayor interés para los pueblos indígenas de la región.

Visiones de desarrollo

La posibilidad de conciliar diversas visiones de desarrollo es uno de los retos más importantes en la relación de los Estados con los pueblos indígenas. Este proceso de interaprendizaje solo es posible fortaleciendo capacidades de diálogo intercultural, en todos los actores que están involucrados con el desarrollo económico y social.

La visión de desarrollo enfocada únicamente en crecimiento económico cuantitativo no suele ser concordante con la de los pueblos indígenas, que comulgan con prácticas más cercanas al desarrollo sustentable con su entorno. La falta de comprensión y aceptación de las diversas visiones de desarrollo, acompañada de la falta de capacidad de diálogo intercultural, ha ocasionado incontables conflictos y hasta enfrentamientos con pérdidas humanas a lo largo y ancho de América Latina.

El PPI considera que es central continuar promoviendo espacios de diálogo intercultural para encontrar puntos de encuentro entre las visiones de desarrollo. Un aspecto fundamental es considerar que todas las visiones de desarrollo son válidas en la misma medida. Por ello, la tarea pendiente es conocerlas y profundizarlas, para generar así mecanismos democráticos dirigidos a transformar conflictos.

Por ejemplo, en el contexto actual de la Amazonia encontramos constantes atropellos e invasiones de industrias extractivas a territorios indígenas, en zonas en las que la presencia del Estado como garante de derechos colectivos es prácticamente inexistente. Una propuesta de desarrollo de parte del PPI apunta a un aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos, respetando la consulta previa e informada a las comunidades. Pero, para llegar a ese ideal, se necesita que los Estados tengan marcos legales efectivos y flexibles, que las industrias extractivas y los gobiernos respeten los derechos indígenas, y que los pueblos indígenas desarrollen capacidades de diálogo para alcanzar acuerdos que les beneficien.

En la práctica, la desconfianza es un aspecto difícil de superar, dados los innumerables atropellos y prácticas arbitrarias que se han dado en territorios indígenas, sin consulta, sin diálogo, sin negociación. Aun en condiciones tan adversas, las organizaciones indígenas, en apariencia frágiles, han tenido la capacidad de resistir por décadas, de formas innovadoras, reivindicando el ejercicio de sus derechos territoriales.

Insistir en establecer diferencias dualistas entre las visiones de desarrollo no ha dado resultados. Por décadas el debate se ha movido entre discursos conservacionistas radicales o desarrollistas. Pero es más bien la lógica opuesta la que debiera invitarnos a la acción: encontrar los puntos de encuentro para que las partes involucradas puedan, todas, beneficiarse. Asumir que los pueblos indígenas no quieren mejor calidad de vida en educación y salud a través de una explotación ecológicamente sensible, mutualmente acordada y tecnológicamente avanzada, entre otras cosas, sería caer en viejos estereotipos.

Los territorios poblados desde tiempos ancestrales por indígenas tienen un enfoque de propiedad colectiva, a diferencia del mundo no indígena, en el que la propiedad se entiende casi siempre desde lo individual. Su forma comunal de propiedad ha de ser respetada y las intervenciones de las empresas y administraciones públicas en esos territorios, ya sea directa o indirectamente a través de concesiones, han de ser informadas y aprobadas por sus habitantes. Esto no exime al Estado de la obligación de prestar atención y apoyo a todos sus ciudadanos. También a los indígenas que son ciudadanos de cada país, en plenitud.

Para el PPI, es imperativa la necesidad de construir un modelo de desarrollo justo, solidario y sustentable, a partir de nuevos modelos económicos alternativos, más sostenibles y amigables con la naturaleza. Un modelo de desarrollo sostenible y socialmente inclusivo, en el que se combinen conocimientos científicos y tradicionales en el horizonte de empoderar a las comunidades indígenas en las que mayormente habitan mujeres, permitiendo que esas tecnologías sirvan para el bienestar y protección de los bosques.

En este proceso, se debe priorizar la necesidad de reconocer una realidad pluriétnica y multicultural en los países de la región, reafirmando el paradigma del buen vivir.

Estado de derecho, pluralismo jurídico y derechos y los pueblos indígenas

El fortalecimiento del Estado de derecho es uno de los pilares de trabajo de la Fundación Konrad Adenauer. Se requieren fundamentalmente instituciones sólidas, funcionales, legítimas y reconocidas por la población para formular e imponer un orden jurídico justo, además de parlamentos con poder de acción y gobiernos a la cabeza del sistema administrativo que asuman su responsabilidad frente a los ciudadanos.

Por otra parte, se requieren tribunales independientes y eficientes con la atribución de resolver litigios según la ley y el derecho, incluyendo los casos de violación de derechos por el Ejecutivo. No es posible pensar en un Estado de derecho sin partir de la idea de que este no puede existir en nuestras sociedades si no protege los derechos humanos. El Estado de derecho constituye el mecanismo fundamental para el reconocimiento y aplicación de los derechos humanos en todas sus dimensiones, fundamentalmente los de los pueblos y comunidades indígenas, por su condición de vulnerabilidad. El Estado de derecho y los derechos humanos guardan una relación indivisible e intrínseca.

La tradicional forma de comprender el Estado de derecho encuentra terreno algo fangoso en los pueblos indígenas, dada la recurrente ausencia de institucionalidad estatal, lo que hace necesario levantar un mapeo de las formas en las que el Estado de derecho es comprendido y practicado por las comunidades nativas de la región, en toda su diversidad.

[Lee la edición El futuro de los partidos políticos]

Adicional a la escasa presencia del Estado en muchas comunidades indígenas, se suma la poca comprensión de gobiernos y del sector privado sobre las formas de organización política, social, jurídica y cultural de estas comunidades. Debemos poner fin a la tendencia de mirar de forma etnocentrista a las formas de organización comunitarias, y comprender el trasfondo de las diversas formas alternativas de democracia y justicia, válidas para estas comunidades. Por ello, es importante trabajar en armonizar la vigencia de la legislación del Estado con los derechos individuales y colectivos reconocidos a favor de los pueblos indígenas, comprendiendo y reforzando, entre otros aspectos, el pluralismo jurídico.

Medidas efectivas

En el análisis del Programa PPI es fundamental la promoción de medidas efectivas para aliviar la situación de crisis socioambiental que amenaza la vida de las comunidades indígenas, poniendo énfasis sobre la crítica situación de apropiación de los bienes comunes de la naturaleza como el agua; o los recursos maderables a través de concesiones y empresas madereras ilegales; la caza y la pesca en condiciones predatorias; así como el desarrollo de megaproyectos no sostenibles como el caso de los hidroeléctricos, las carreteras, las hidrovías, los ferrocarriles y los proyectos de explotación minera y petrolera, todos ellos con fuerte influencia en el cambio y la variabilidad climática.

De manera paralela a la seria situación por la que atraviesan los territorios indígenas, es necesario poner atención en un aspecto que vuelve más compleja la situación de estas comunidades: la migración. Esta se profundiza a través de tres tipos de procesos migratorios:

• la simultánea movilidad de grupos indígenas en territorios de circulación tradicional, separados por fronteras nacionales e internacionales;
• el desplazamiento forzado de pueblos indígenas;
• las migraciones forzadas interregionales y el fenómeno de los refugiados, obligados a salir de sus países.

Ante ese escenario, y en concordancia con las investigaciones del PPI y sus redes de expertos, es preciso apostar por el reconocimiento y la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas reivindicando la protección de los derechos a la libre determinación, la demarcación territorial y la consulta previa, libre e informada.

Mecanismos propios de representación y participación indígena

Para cerrar este análisis, abordamos a continuación el asunto medular estudiado por más de una década por el PPI: la representación y participación política indígena. El PPI lleva trabajando 16 años ininterrumpidamente, cooperando con líderes e instituciones indígenas que promueven los valores democráticos, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos, la cooperación con los grupos poblacionales indígenas y no indígenas, para la creación de políticas públicas que beneficien a toda la sociedad. El programa comprende que la participación política indígena es un elemento fundamental de fortalecimiento de la democracia, que potencia sus cualidades de representación y participación desde un abordaje intercultural.

Desde nuestro análisis, las legislaciones de cuotas especiales indígenas de acuerdo a población (incluyendo tanto Estado central como espacios descentralizados locales) son una alternativa a considerar, pero que, sin embargo, por sí solas no resuelven los problemas concernientes a participación política.

Es necesario acompañar procesos con jóvenes indígenas, para una mejor comprensión de las estructuras y competencias de la administración pública; se precisa también profundizar aún más el debate sobre la conveniencia de conformar partidos políticos indígenas que, observando experiencias en la región, no han dado resultados positivos en la mayoría de los países, con lo que pareciera más pertinente la transversalización de las cuestiones indígenas en los posicionamientos de los partidos, con una mirada incluyente.

Amazonia

En los países que componen la Amazonia, hay un evidente descuido en materia de espacios de participación política indígena, si se compara, por ejemplo, con sus pares andinos de tierras altas, cuya cercanía es mayor a los espacios de decisión política de los países.

Además de ello, es importante considerar la relevancia que tiene para los indígenas el respeto y cuidado de la naturaleza, así como la conservación de los ecosistemas que habitan. Hoy más que nunca, es imprescindible acompañar a las comunidades indígenas y a sus líderes en fortalecer la comprensión de incidir defendiendo sus legítimas demandas, a través de mecanismos pacíficos en la defensa de sus derechos, en acceder a espacios de representación, con capacidad propositiva y con un profundo conocimiento del contexto democrático y de Estado de derecho, a nivel nacional y regional.

En ese contexto, es cada vez más relevante trabajar con las mujeres y los jóvenes. En el caso de las mujeres es preciso promover voces indígenas de mujeres para que sean escuchadas en espacios colectivos como los procesos de consulta y toma decisiones sobre el futuro de sus territorios, de los cuales son protagonistas, dado su rol en la defensa de sus derechos. En cuanto al rol de los jóvenes, es preciso reconocer su potencial en cuanto a su participación como líderes y animadores en sus comunidades y organizaciones, en la defensa de sus derechos como el territorio, la salud y educación.

.

El paro nacional, que empezó el 28 de abril pasado, ha evidenciado el ambiente de polarización que vive Colombia. Precisamente, ese clima es el caldo de cultivo perfecto para la multiplicación de las desinformaciones, también llamadas noticias falsas.

Un círculo vicioso en el que, a más polarización, más se difunden las noticias falsas, y estas, a su vez, aumentan la polarización.

Colombia ha vivido varios picos de noticias falsas en los últimos años: en 2016 con el plebiscito por la paz; las coyunturas electorales de 2018, en las presidenciales y legislativas, y de 2019, de alcaldes y gobernadores; el paro nacional de 2019; la pandemia y el paro actual de 2021. En Colombiacheck, medio especializado en la verificación (fact checking), en el que trabajo, hemos seguido de cerca estos momentos.

En este nuevo paro hemos identificado que las desinformaciones empezaron días antes de la presentación del proyecto de reforma tributaria en el Congreso, que fue uno de los detonantes para que miles de personas salieran a marchar el 28 de abril pasado.

En esos días circularon en redes sociales desinformaciones de la misma reforma tributaria, en la que se viralizaron mensajes y memes con datos falsos. Entre ellos, uno decía que lo que buscaba el presidente Iván Duque en la reforma tributaria era «quitarles el IVA a las armas y al material de guerra»; otro, que el Tribunal Superior de Cundinamarca «resucitó» en un fallo al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Después de ese 28 de abril, mientras crecía un estallido social con marchas, bloqueos y puntos de movilización, se sumaban ataques a infraestructuras de transporte y bancos, entre otros, y las desinformaciones también aumentaban.

A las protestas contra la reforma tributaria se sumaron las críticas al proyecto de ley 010 de 2020 que reformaría el sistema de salud colombiano. Y entre las desinformaciones que circularon, se recicló una cadena con datos que mezclaba verdades a medias con informaciones engañosas.

En total, en estos meses hemos publicado 58 chequeos de desinformaciones: videos o fotos que, aunque reales, no pertenecen a los hechos actuales o incluso son de otros países; montajes de pantallazos de supuestos trinos; audios con anuncios que buscan infundir temor y videos editados que inducen a las personas al error.

Entre las desinformaciones más comunes que vimos había videos o fotos de otros países, usados para atacar a los agentes del ESMAD de la policía. Pero también en medio de los señalamientos contra la institución empezaron a circular videos y fotos de supuestos cadáveres de manifestantes arrojados a los ríos.

En uno de esos casos, retuiteado por el senador Gustavo Petro, se usó una foto de dos muertos en un accidente de tránsito, cerca de Cali, para decir que se trataba de dos manifestantes detenidos por la policía. Los mismos jóvenes, que en efecto habían sido detenidos y luego liberados, grabaron un video desmintiendo la noticia falsa.

En este paro descubrimos otra forma de desinformación en redes: los falsos en vivo. Al consultar con nuestros colegas aliados de la Internacional Fact Checking Network —entidad que nos agrupa a los medios verificadores— si en el marco de protestas como las de Chile, Ecuador y Bolivia habían visto estas transmisiones, encontramos que ninguno había identificado este tipo de desinformación.

Lo que descubrimos en Colombiacheck fue que desde páginas de Facebook realizaban transmisiones de hechos como bloqueos, enfrentamientos entre ESMAD y manifestantes y saqueos, pero estos eventos habían tenido lugar días o semanas atrás. Era una clara estrategia de generar caos y miedo, usando una herramienta que tanto Facebook como Youtube permiten. Entonces, desde esas páginas, creadas recientemente y sin foto (pues los perfiles no pueden hacerlo) subían los supuestos en grupos, algunos creados semanas atrás y otros grupos de gamers para así tener una mayor difusión y no ser rastreados tan fácilmente.

Aparte de este tipo de desinformaciones encontramos otras muchas más elaboradas y con una clara intención de posicionar una narrativa. En ese caso verificamos, entre otros videos, uno con voz en off que hacía afirmaciones amañadas y acompañadas de fuertes imágenes, en el que se acusaba a Lucas Villa, asesinado en Pereira en el marco del paro, de terrorista y genocida.

Otro de esos videos era la imagen grabada desde un dron de la incursión de un grupo de indígenas a un conjunto residencial del sur de Cali. Con las mismas imágenes hicieron un video en español y otro en inglés que simulaba ser una noticia internacional, pues incluía una cortinilla de noticiero con la frase Breaking News (noticia de última hora), música de este tipo de programas y un banner en el que se señala a los indígenas como integrantes de la guerrilla. «Colombia está siendo aterrorizada por miembros del grupo terrorista FARC y ELN disfrazados de indígenas o mingas», decía.

Luciana Manfredi, docente de la Universidad Icesi de Cali y experta en temas de comunicación política, recuerda lo ocurrido ese 8 de mayo en el sur de Cali por la cantidad de información que circuló: «El caso de los indígenas, dependiendo del ángulo de los videos, pensabas que la gente del barrio había atacado a los indígenas que llegaron del Cauca, y otro video te hacía pensar lo opuesto».

Ese día en Cali, ciudad de Colombia que ha sido el epicentro del estallido social de este 2021, en redes sociales se transmitió el enfrentamiento entre habitantes de este sector de casas campestres y miembros de la minga indígena que hacía presencia en la ciudad apoyando el paro.

En una reconstrucción de los hechos, en la que analizamos 68 videos, así como un chat de WhatsApp y entrevistamos a siete personas, logramos identificar que en este caso el miedo y la desinformación habían jugado un papel clave, pues un malentendido ocurrido en una unidad residencial de un municipio cercano a esta zona hizo que la comunidad de Pance, al sur de Cali, saliera a bloquear la vía para no darle paso a los indígenas.

Y todo esto terminó en un enfrentamiento, en el que personas armadas dispararon contra los indígenas y estos reaccionaron quemando dos camionetas e ingresando a la portería de una unidad residencial. Ocho indígenas resultaron heridos. Y los indígenas, por su parte, quemaron dos vehículos, propiedad de vecinos de la zona y destrozaron otros que se encontraban en una de las unidades a las que ingresaron.

El miedo, la desesperación por los bloqueos que completaban varios días y los prejuicios contra los indígenas generaron uno de los episodios más complejos de este paro. Un episodio que fue transmitido en videos en Twitter y Facebook, pero cada video era un trozo de la realidad.

Ese quizá es uno de los problemas de esta nueva realidad que vemos en redes: solo vemos un trozo de la foto, no vemos el cuadro completo. Precisamente, esa ha sido una de las estrategias de las desinformaciones.

Este caos del 8 de mayo pasado nos hace recordar lo ocurrido en Colombia el 21 y 22 de noviembre, en el paro de 2019. Esos días, primero en Cali y luego en Bogotá, se creó un pánico colectivo con mensajes de WhatsApp en los que se aseguraba que una turba estaba entrando a las unidades residenciales de la ciudad.

Precisamente, en la investigación «Desinformación en contextos de polarización social: el paro nacional en Colombia del 21N», publicada por la Universidad de Ibagué, Tolima, se revisaron las desinformaciones verificadas durante el paro 2019 por los tres medios que realizan verificación en Colombia certificados por el IFCN: Colombiacheck, la Silla Vacía (con el detector) y la agencia de noticias AFP.

«Estos contenidos falsos e inexactos adoptaron unos marcos de deslegitimación de los actores institucionales, sociales y políticos. Tanto los actores sociales, encarnados en los manifestantes, como la fuerza pública fueron objeto de desinformación bajo un prisma común: la asociación con la violencia y los actos punitivos. Ello propició la configuración de un clima polarizado entre un ellos y un nosotros; un estado de alarma y tensión que rodeó la movilización social como vector deslegitimador», se indicaba en la investigación.

En este paro, de 2021, vemos que aparecen esos mismos actores como objetivo de la desinformación. Desde sectores de la izquierda se difundió desinformación contra la fuerza pública y el gobierno, y desde la derecha se publicaban informaciones falsas o engañosas contra la protesta.

Sin embargo, en este paro hay un elemento que, aunque no es nuevo, ha tenido un aumento: la falta de confianza en las instituciones. La última encuesta de Datexco, realizada para W Radio entre el 4 y 17 de junio de 2021, evidenció esta falta de credibilidad en las instituciones.

Por ejemplo, la policía, que ha tenido sobre sus hombros gran parte de la respuesta al paro y que se ha visto envuelta en denuncias por abuso de fuerza, tiene 64% de desaprobación y un 31% de aprobación. La Procuraduría tuvo un 68,19% de desaprobación, mientras la Contraloría el 67% y la Fiscalía un 71% de desfavorabilidad.

Y en el barómetro Edelman Trust, un estudio de la agencia global de comunicación que en 2021 encuestó a 33.000 personas de 28 países, se indicó que Colombia bajó 5 puntos en el índice de confianza general, y pasó del número 53 en 2020 al 48 en 2021. También somos el cuarto país que más desconfía de su gobierno y el quinto país que más desconfía de los medios de comunicación.

Esta falta de confianza en las instituciones y en los medios tradicionales es otro de los ingredientes propicios para el auge de las desinformaciones. En ese punto, en Colombiacheck también hemos visto un elemento en este paro que no encontramos en años anteriores, y es que en algunos comunicados de la policía o en declaraciones de comandantes de esta institución verificamos datos falsos y engañosos.

En ese sentido, la policía ha sido objeto de una gran cantidad de desinformaciones, pero al mismo tiempo en algunos casos también ha desinformado: como en dos casos ocurridos en Cali, uno de ellos el de la minga indígena y otro con un camión con policías de civil que llegó a un punto de bloqueo en el oeste de la ciudad.

En la reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ministerio de Defensa entregó un informe en el que reportó que «se adelantaron 21.675 horas de ciberpatrullaje y se identificaron al menos 154 noticias falsas y más de 2.300 publicaciones que contienen amenazas a la vida o la integridad física».

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) había llamado la atención sobre esta campaña llamada «La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad», del Ministerio de Defensa. En el comunicado de la FLIP se aseguró que era «irresponsable el uso de la expresión terrorismo digital sin que haya una explicación clara y precisa sobre lo que se considera es este término».

Las críticas de la FLIP coincidieron con lo dicho por la CIDH en su informe sobre Colombia: «La Comisión observa con preocupación que las fuerzas de seguridad se estarían abrogando facultades de chequeo de información, clasificando estos contenidos como verdaderos o falsos. Esto resulta especialmente preocupante cuando la información que categoriza corresponde, en su mayoría, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad».

Hay múltiples posiciones de gobiernos frente a las noticias falsas o desinformaciones, entre la necesidad de regular estos contenidos por el daño que le hacen al ejercicio democrático y la democracia misma con la libertad de expresión. El quién, cómo y bajo qué parámetros se puede calificar a algo como falso o verdadero es un punto importante para analizar.

Por eso, los fact checkers que formamos parte de la IFCN suscribimos un código de principios por una transparencia en la metodología y un compromiso con el no partidismo. En Colombia, con este ambiente de polarización que se suma a un escenario de próximas elecciones presidenciales y legislativas en 2022, el tema de la desinformación seguirá en la agenda y será usado, una vez más, con intenciones políticas por todos los sectores.

.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/0caa0e71-f463-4fc7-afad-ab31538f162c?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

En el quinto episodio de En Campaña abordamos el tema de la importancia de las redes sociales en campaña. Este es el siguiente paso tras poner en marcha la investigación, la planificación, la estrategia electoral y el mensaje.

Al igual que otros elementos de la campaña, como el mensaje, la publicidad o el discurso, las redes sociales también están sujetas a la estrategia electoral. ¿Cómo se debe llevar a cabo la estrategia de comunicación?, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de cada plataforma?, ¿qué necesita un contenido para ser viral?, ¿qué requisitos debe cumplir el equipo que maneja las redes sociales de un candidato?

Para responder a estas preguntas contamos con la participación de Yehonatan Abelson, consultor político y fundador de Bia Consulting, empresa especializada en comunicación de campañas políticas y gubernamentales; e Ignacio Martín Granados, politólogo, asesor de comunicación y profesor en másteres sobre comunicación política, marketing político y liderazgo.

[Lee también: El papel de Internet en campaña: lecciones aprendidas]

Conducción y realización: MAS Consulting.

En Campaña es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Las elecciones no son todo en la democracia, pero ciertamente sin ellas no hay democracia. No son un mal necesario, sino un elemento que define la calidad democrática y el elemento clave que dota de legitimidad a las autoridades. Lo mismo aplica a las campañas electorales. La gente no vota solamente por la campaña, pero sin una campaña electoral profesional y bien planteada, difícilmente se gana en democracia.

Algunas preguntas que respondemos en nuestra edición especial Campañas electorales:

• ¿Cómo se construyen los liderazgos, en especial el femenino, en tiempos de desconfianza?
• ¿Qué rol tiene la investigación electoral en la planificación de la campaña y la corrección de errores?
• ¿Cómo serán en el futuro las campañas, las encuestas y la construcción del mensaje? En este sentido, ¿qué rol ocupará el arte de contar historias?
• ¿Cuál será la relevancia de las redes y la publicidad?
• Y finalmente, ¿cuál será el rol del periodismo y la gestión de los medios?

El Perú inicia el Bicentenario con un nuevo gobierno de izquierda en medio de un peligroso e impredecible escenario político que pone en juego la estabilidad económica, política y social del país peor parado tras la pandemia por covid-19 en el mundo.

La resaca de las elecciones presidenciales en el Perú ha dejado insomnio, ansiedad, angustia y una incertidumbre entre los peruanos que a menos de una semana de asumido el gobierno de izquierda de Pedro Castillo parece no tener tregua. Los motivos para este desánimo son muchos, pero para entenderlos habría que hacer un recuento cronológico de los hechos que, uno a uno, han sumado a la angustia de los peruanos.

Antecedentes

No es una exageración decir que el Perú es uno de los países más golpeados social y económicamente por la pandemia del covid-19 en el mundo. Con cerca de 200.000 muertes, es el país que registra el mayor número de muertes ocasionadas por este virus por habitante. Además, según el FMI, la caída del 11,1 % de su PBI en el 2020, coloca al país sudamericano como la segunda nación más golpeada económicamente por la pandemia después de Argentina.

A este preocupante escenario se ha sumado una campaña electoral en la que nada menos que 18 candidatos, con poca o nula trayectoria política, pugnaron por la Presidencia y el control del Congreso de la República. En ese complejo contexto ganó Pedro Castillo, el profesor y líder sindicalista de una pequeña región del país cuyo partido Perú Libre controla la primera minoría en el Congreso con un programa de izquierda «marxista-leninista-maoísta», según su plan de gobierno.

En el mejor de los escenarios, muchos analistas coinciden en que el gobierno tendrá gran dificultad ejecutando su plan con una mayoría de oposición en el Congreso. Una oposición que incluso ahora tiene el control de la Mesa Directiva, que vela por los aspectos administrativos y la agenda legislativa, luego que la lista por la que postulaba el partido de gobierno fuera inhabilitada. Una clara señal de que en el siguiente quinquenio existirá nuevamente un choque de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo que pondrá en riesgo la estabilidad del país.

Las primeras 48 horas

El 28 de julio se dio la ceremonia de cambio de mando en la que Pedro Castillo asumió la presidencia, una fecha simbólica que además conmemoró el bicentenario de la independencia del Perú. Entre las propuestas de su primer mensaje a la nación, las que más atención y contraste generaron fueron las de orden jurídico y económico.

En cuanto al orden jurídico, Castillo reiteró la propuesta de cambiar la Carta Magna convocando a una Asamblea Constituyente, un mecanismo no previsto en la Constitución vigente. Y sobre el orden económico, si bien aseguró que respetaría los ahorros y la propiedad privada, también destacó su intención de realizar cambios en el modelo, ampliar el rol del Estado como actor en la banca, los hidrocarburos y como socio en nuevos proyectos.

En temas de relaciones bilaterales, a la juramentación de Pedro Castillo acudieron los presidentes Sebastián Piñera (Chile), Alberto Fernández (Argentina), Guillermo Lasso (Ecuador), Iván Duque (Colombia) y Luís Arce (Bolivia). También hizo lo propio el rey de España Felipe VI y el expresidente boliviano Evo Morales, con quien Castillo ha expresado afinidad ideológica y programática.

Pero dos actos en las primeras 48 horas de gobierno dejan claro el cambio en la política exterior de Perú en cuanto a Venezuela. El primero es la visita del canciller madurista Jorge Arreaza, marcando un alejamiento de la política exterior peruana que en el 2019 reconoció al opositor Juan Guaidó como legítimo gobernante del país caribeño. La segunda es que Iván Duque no fue invitado a la juramentación simbólica de Castillo en Pampa de la Quinua, lugar donde ocurrió el último enfrentamiento de las guerras de independencia en América del Sur. Colombia ha sido un gran opositor al régimen de Nicolás Maduro.

Con el pie izquierdo

Revelados los resultados de la primera vuelta electoral, Pedro Castillo conformó una serie de alianzas con fuerzas de centroizquierda; la más notoria fue con Juntos por el Perú, un partido que agrupa posiciones progresistas. Como fruto de esta alianza, incorporó a varios cuadros técnicos para afrontar la campaña de segunda vuelta y aseguró que el fundador y principal promotor del radicalismo de izquierda, Vladimir Cerrón, no figuraría «ni de portero» en su gobierno.

Pedro Castillo prometió un gabinete de ancha base; sin embargo, hasta el día de su juramentación no se sabía quién o quiénes lo conformarían a ciencia cierta. Una sorpresa poco esperada fue el nombramiento de Guido Bellido como premier y que el país, y sus aliados, se enteraran de esta decisión en pleno acto de juramentación el 29 de julio en Pampa de la Quinua, en Ayacucho.

La decisión generó una gran polémica que desencadenó en la renuncia, antes de haber asumido el cargo formalmente, de los cuadros convocados a conformar el gabinete de otras tiendas políticas. El motivo de tanto rechazo es que Bellido, congresista elegido por Perú Libre, tiene una investigación en curso en el Ministerio Público por apología al terrorismo tras realizar un homenaje a la líder de Sendero Luminoso Edith Lagos en sus redes sociales. Este es un tema no menor en un país que durante años estuvo enfrascado en una lucha sin cuartel contra el terrorismo.

Perú Libre

Además, el nuevo primer ministro es muy cercano al líder de Perú Libre Vladimir Cerrón, lo que revela así su influencia sobre Castillo desde el primer día de gobierno. Esto es mayúsculo debido a que en el Perú cualquier decisión tomada por el presidente debe contar con el respaldo de su Consejo de Ministros. Por ello, colocar a una persona tan allegada a Cerrón en el puesto de premier ha hecho tanto a aliados como opositores pensar que el líder de Perú Libre, quien además tiene una condena firme por corrupción, más que un «portero» será el que sostenga las llaves en el actual gobierno.

El día de la juramentación de Bellido asumieron en las demás carteras personajes poco conocidos en la política nacional, en su mayoría vinculados de una u otra forma a Perú Libre, cerrando así cualquier promesa o posibilidad de moderación. Pero las carteras de Economía y Justicia, las dos más importantes para la estabilidad, continuaron desiertas hasta el 31 de julio, cuando se logró algún nivel de consenso con los aliados. Los cuadros técnicos Pedro Francke, economista de la izquierda moderada, y Aníbal Torres juraron como ministro de Economía y Justicia, respectivamente. Queda en duda si este gabinete puede tender los puentes necesarios para lograr un voto de confianza del Parlamento antes de fin de mes.

Jugando con fuego

La figura del economista Pedro Francke debía colocar paños fríos a la compleja situación desatada y brindar confianza en el manejo de este gobierno de la economía peruana, pero muchos temen que el daño ya esté hecho. Con el anuncio del nuevo gabinete, el dólar pasó por primera vez en la historia del Perú la barrera de los 4 soles. lo cual significa una fuerte depreciación de la moneda peruana que ya se había visto impactada desde el año pasado por la grave crisis económica causada por la pandemia.

Además, julio terminó con una caída de 15,13% acumulado de la Bolsa de Valores de Lima, mientras algunos inversionistas empezaron a liquidar sus acciones. Un sector no menor de economistas cree que un impacto negativo en la calificación crediticia del Perú es inminente.

No se sabe si es por impericia o por determinación, pero en solo una semana de gobierno Pedro Castillo ha logrado alienar a sus aliados, generar división dentro de su bancada en el Congreso y perder gran parte de su capital político con la ciudadanía. Hay quienes creen que esta es una movida para que el Congreso no le dé la confianza al gabinete Bellido y así acelerar el camino a una segunda negativa de confianza que pueda forzar un posible cierre del Congreso. Pero también hay quienes, no solamente desde la oposición, ya hablan de un posible escenario de vacancia. «El que con fuego juega, se quema», dice el refrán.

La llama está prendida y no parece haber señales de que se vaya a apagar pronto.

.

¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Tienen respuestas para los desafíos actuales? ¿Están preparados para lograr adaptarse? Estos son algunos de los interrogantes que hoy ponemos Bajo la Lupa.

La nueva edición especial de Diálogo Político se propone discutir las problemáticas y los desafíos que enfrentan los partidos políticos en los próximos años: ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Tienen respuestas para los desafíos actuales? ¿Están preparados para lograr adaptarse? Estos son algunos de los interrogantes que hoy ponemos Bajo la Lupa.

Participan:

Sebastian Grundberger, representante del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Valentina Testa, licenciada en Relaciones Internacionales y presidenta de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU).

Manfred Steffen, jefe de redacción de la revista Diálogo Político.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

La salud democrática de los países está intrínsecamente relacionada con la capacidad de sus partidos para conectarse con la sociedad e interpretarlas de la manera adecuada.

No hay democracia viva sin partidos políticos. No obstante, según la última encuesta del Latinobarómetro en 2018, solamente 13 % de los encuestados en América Latina afirmaron tener confianza en los partidos políticos. Llama la atención que en muchos países de la región el desprecio a los partidos ha sido la antesala de regímenes autoritarios, populistas y personalistas de todo tipo de formas y tonalidades. Así, la crisis de los partidos rápidamente puede convertirse en una crisis de la democracia misma. Es algo que ignoran quienes, por razones populistas, electorales o simplemente por decepción alimentan los sentimientos de la calle contra los partidos, los mismos de siempre o —peor aún— el sistema. En vez de cuestionar si los partidos aún son necesarios, lo que debemos más bien es preguntarnos qué tipo de partidos necesitamos construir para que estos sigan o vuelvan a ser protagonistas de sus democracias.

Para superar la tantas veces constatada desconexión de los partidos políticos, estos deben asumir el reto de ser partidos conectados —con sus sociedades, con el presente y, sobre todo, con el futuro—. No existen respuestas fáciles sobre cómo lograr esta conexión. Sin embargo, ofrecemos algunas pautas en la nueva edición especial de Diálogo Político, un proyecto del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, con sede en Montevideo.

Área programática

El primer punto de conexión es el área programática. La principal tarea de los partidos políticos es trasladar demandas ciudadanas a la esfera política y —ojalá— convertirlas en leyes y políticas públicas. Como son diversas las demandas, y a veces contrapuestas, hacen falta distintos partidos que las interpreten de distintas maneras. No obstante, es peligroso cuando los partidos no hablan de los mismos temas que el tantas veces idolatrado ciudadano de a pie.

[Lee la edición El futuro de los partidos políticos]

Si los partidos ya no pueden enarbolar las demandas ciudadanas, estas últimas se buscan otros caminos. Las recientes revueltas sociales en muchos países de América Latina dan fe de aquello, indicando a su vez un fracaso de los partidos en su rol de sistemas de alerta temprana. Temas como la digitalización y el cambio climático ya están instalados en el debate político y marcan una parte de lo que deben ser las agendas partidistas mejor para hoy que para mañana.

Conexión

Esto lleva al segundo punto de conexión. Los patrones de comunicación de las sociedades están cambiando rápidamente. Los partidos conectados tienen que saber comunicar con el lenguaje de las sociedades que aspiran a representar y en todos aquellos espacios físicos o virtuales donde estas comunican. Un partido conectado debe invertir en esta comunicación. Claramente no es suficiente cuando antes de cada acto electoral se contrata a consultores profesionales y en el tiempo entre elecciones se deja la comunicación institucional partidista a algún familiar de un líder quien «sabe de redes».

Organización del partido

Como tercer elemento de conexión cabe mencionar la forma y la organización del partido mismo. ¿El partido se parece a la sociedad? Aunque es perfectamente legítimo que un partido represente más a ciertos sectores y sus demandas que a otros, existen algunas evidencias que un partido conectado no puede ignorar. La escandalosa subrepresentación de las mujeres en cargos de liderazgo en los partidos políticos es una de estas. Otra es la tendencia de muchos partidos de darse estatutos y procedimientos internos tan complejos que se necesita un ejército de abogados para resolver disputas internas mientras que el ciudadano mira para otro lado.

A esto se suman desafíos endémicos. Uno particularmente dañino es la extrema personalización. Donde el líder se convierte en un fin en sí mismo, completamente desconectado de ideas e ideales, los partidos se convierten en clubes de hinchas en vez de un lugar donde se debaten conceptos. No es de extrañar que, en países donde esta tendencia es muy avanzada, son los líderes quienes crean partidos a su semejanza, en vez de formarse en ellos y llevar sus banderas y, sobre todo, sus ideas con orgullo a los lugares de responsabilidad. En resumen, es el líder (o muy pocas veces la lideresa) quien debe pertenecer al partido y no al revés.

Fortalecer la democracia

Resulta llamativo escribir estas líneas justamente en Uruguay, país que alberga los dos partidos más antiguos de la región y que cuenta con una estabilidad política envidiada por muchos. No obstante, hay que estar vigilantes. Incluso sistemas de partidos estables han sido sacudidos por fenómenos como los descritos arriba. El caso chileno es quizás el más ejemplar. Otros casos se hallan en Europa. A pesar de sus matices, los desafíos de los partidos políticos en ambas orillas del océano Atlántico se parecen cada vez más. Por esto, el intercambio y la cooperación entre partidos democráticos cobra vital importancia. Este intercambio es aún más importante para afinar estrategias frente a la entrada de fuerzas autoritarias a la escena internacional, como China, que cuestionan de una manera cada vez más agresiva derechos y libertades fundamentales. La mejor respuesta a estos desafíos es el fortalecimiento de la democracia liberal hacia adentro. Y la más eficaz manera de hacerlo es dar respuestas convincentes al desafío de construir partidos conectados.

.

Actualmente la televisión y la prensa no llegan a los jóvenes. Si los partidos políticos quieren conversar con ellos, tienen que ir a donde están. Uno de esos sitios es Twitch.

Cuando la congresista estadounidense Alexandra Ocasio-Cortez sumó 429.000 espectadores jugando al videojuego Among Us en Twitch, el mundo de la política empezó a mirar hacia la plataforma de streaming. La representante del Partido Demócrata acababa de abrir su cuenta, pero con esa retransmisión se convirtió en la quinta persona con más espectadores de la historia del canal. Ocho meses después, tiene un millón de seguidores y aquel video suma más de cinco millones de reproducciones.

Sin embargo, Ocasio-Cortez es la excepción. El mundo político todavía no ha llegado a Twitch. Es posible que todavía no comprenda este territorio poblado por gamers. Y esto puede ser un problema, porque así se aleja de los más jóvenes. Actualmente la televisión y la prensa no llegan a ese sector de la población. Si los partidos políticos quieren conversar con ese segmento del electorado tienen que ir a donde están. Y uno de esos sitios es Twitch.

¿Por qué Twitch?

«Sin duda que la audiencia ha dado un paso al frente. Se ha empoderado», analiza Teresa Ciges sobre el significado de Twitch. Ella es doctoranda en comunicación política en la Universidad de Barcelona, consultora en comunicación estratégica y colaboradora en los diarios À Punt y La Vanguardia. Según Ciges Twitch, «es una plataforma que le ha dado poder a la audiencia. Y esto lo vemos claramente cuando entramos a la aplicación y vemos la interfaz, donde el chat tiene una gran importancia, a diferencia de otras redes sociales».

En Twitch, lo más importante es la interacción con la comunidad. Es lo que lo diferencia de otras plataformas y, de hecho, lo que le da contenido. Twitch va más allá del video en sí y tal vez esa es otra de las razones porque atrae tanto a los jóvenes. Incluso más que YouTube, en ciertos sectores: «Esto ya lo podían hacer en YouTube y muchos triunfaban, pero ahora hay una migración hacia Twitch porque el algoritmo de Youtube ha cambiado, es una red neuronal, y muchos youtubers no lo entienden y se frustran al ver que tienen miles de suscriptores pero no tienen visitas», explica Ciges. Además, la monetización en Twitch es más sencilla, siempre y cuando haya interacción, ya que sería imposible que un directo en esa plataforma tuviera éxito sin ese ingrediente.

El alcance

Twitch tiene una media de 26,5 millones de visitantes al día. Cada mes, más de 6 millones de personas transmiten contenidos propios. Varios de los creadores de contenido más populares ganan millones en publicidad, patrocinio y donaciones.

En Latinoamérica se ha convertido en la aplicación de streaming favorita para los gamers. Mientras, los streamers españoles baten récords y sitúan al país a la cabeza de varias estadísticas. A principios de año, un streamer español llamado David Cánovas Martínez superó la cifra de 2 millones de espectadores jugando a Fortnite.

Pero el boom de la plataforma no comenzó hasta el año 2014, cuando fue comprada por Amazon. El confinamiento en 2020 provocado por la pandemia ha terminado de disparar su uso y su popularidad. También han contribuido a su despegue el auge de la cultura gamer y la mejora de las tecnologías y la conexión a internet.

Cómo entra la política en Twitch

«Sí que hemos visto gamificación de la política a través de esta plataforma, de esta red social. Pero sí que es cierto que los sectores de la política que han entrado en esta red han aprovechado para llevárselo a su terreno. Apostando por una reflexión sosegada, a diferencia de lo que se hace en TikTok», describe Teresa Ciges.

Incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha accedido a un debate en Twitch. ¿Por qué? Básicamente, porque es consciente de que los jóvenes no ven la televisión. Teresa Ciges nos aclara que las instituciones públicas son aún más tímidas en el uso de Twitch, aunque hay algunos ejemplos como los de los gobiernos de Reino Unido y Guatemala que transmiten sus ruedas de prensa a través de esa plataforma.

Aquí el problema está en que el formato rueda de prensa es el contenido menos atractivo posible para un espacio al que acude la gente joven, en principio, a jugar y divertirse. Por lo tanto, una lección importante sería que no se trata de retransmitir por Twitch los contenidos de siempre, sino de crear nuevos contenidos que encajen con los gustos de esa audiencia y con los códigos de la plataforma.

«Los jóvenes de hoy en día no consumen como consumían antes. No ven la tele como la veían antes. Y ya no se informan políticamente como lo hacían antes», concluye Ciges. Si los partidos quieren acercarse a los jóvenes tienen que pensar en ingresar a las nuevas plataformas.

Si miramos hacia atrás, vemos que los partidos políticos hace tiempo vienen transmitiendo sus eventos por Youtube, incluso cuando eran presenciales antes de la pandemia, pero en estos tiempos de restricciones el streaming se ha vuelto obligado. No obstante, el miedo al rechazo del público joven es mayor que la oportunidad cierta de acercarse a un segmento del electorado que no consume política tradicional.

Evitar adaptaciones forzadas

La consultora Teresa Ciges tiene algunas recomendaciones para aquellos políticos que quieren entrar a Twitch: «Es fundamental que la política aprenda e incorpore las potencialidades de cada red social. Igual que al principio costó que aterrizaran en Instagram y ahora se ha convertido en una red imprescindible para la política. Que permite una cercanía, mostrar el backstage. La comunicación política se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, a todas las formas de comunicar. Y aprender e incorporar todas las oportunidades comunicativas, siempre y cuando pueda tener recursos para hacerlo. Tanto económicos como humanos. No puedes ir a Twitch o a TikTok y que te digan boomer, porque no has entendido nada. Tienes que tener un equipo detrás que sepa cómo funciona cada red. La política tiene que aprender. Siempre y cuando entienda los lenguajes».

El indicador clave quizá sería medir si, al aterrizar en Twitch, el público de ese político sigue siendo el mismo que lo seguía en Twitter o Instagram. De ser así, tal vez no merezca la pena el esfuerzo. En todo caso, como en otros aspectos de la comunicación política, lo mejor es ponerse en manos de los que saben. Y aquí, los que saben son los que estaban en la plataforma antes de que llegaran los políticos.

.

Nueva responsabilidad de Alemania en el mundo, por convicción, por la paz, la libertad y los derechos

Desde 2005, la Unión, la alianza de los partidos CDU y CSU, lidera un gobierno de coalición en Alemania. Ahora ambos partidos han presentado su programa electoral para las elecciones federales que tendrán lugar el 26 septiembre de este año. El candidato a canciller y líder de la CDU, Armin Laschet, presentó «El programa para la estabilidad y la innovación» junto con Markus Söder, presidente de la CSU, el partido hermano de la CDU en Baviera. En esta serie de artículos, damos una mirada al programa electoral y resumimos capítulo por capítulo las promesas con las que la CDU/CSU quiere convencer a los votantes. También ofrecemos, al final de este texto, una traducción completa al español del capítulo comentado en esta ocasión. [1]

Política exterior

La Unión dedica un total de unas treinta páginas de su programa a cuestiones europeas e internacionales. «Estamos comprometidos con la contribución activa de Alemania para superar las crisis internacionales y dar forma al orden mundial, en la Unión Europea, la OTAN, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales», afirman CDU y CSU. Así pues, en sus acciones de política exterior, la Unión busca la asociación internacional y un enfoque multilateral. De ello derivaría la obligación y la pretensión de reforzar de nuevo el orden internacional basado en normas y valores.

Como nación económica más fuerte de Europa, Alemania debería desempeñar un papel destacado en la política exterior y de seguridad. Más que en el pasado, Alemania debería estar dispuesta, junto con sus aliados y socios, a utilizar todos los instrumentos de la política exterior, de defensa y de desarrollo —incluso las fuerzas armadas, si fuera necesario— respetando el derecho internacional y los límites que pone la Constitución.

Rol de la Bundeswehr

La Bundeswehr —las fuerzas armadas alemanas— debería disponer de todas las tecnologías modernas necesarias para la defensa. Esto incluye también los sistemas no tripulados e integrados en la inteligencia artificial (IA). Para garantizar la plena disponibilidad operativa, la Unión aumentaría el número de soldados de la Bundeswehr hasta 203.000, de acuerdo con el modelo de estructura de personal. Además, la Unión quiere avanzar en el control de armas y el desarme. El objetivo a largo plazo sigue siendo el desarme completo de todos los misiles nucleares en Europa.

Estados Unidos es el socio político mundial más importante, y la OTAN la columna vertebral de la seguridad euroatlántica. La Unión está explícitamente comprometida con el objetivo de la OTAN según el cual todos los aliados deben gastar el dos por ciento de su producto interior bruto en defensa para 2024. Alemania, según la Unión, tendría que enfrentarse a Rusia de forma constructiva y decidida, y tratar a China de igual a igual. Los socios orientales de la UE deberían ser reforzados.

Lee todo el capítulo 1 aquí
Lee el programa electoral 2021 de la CDU/CSU, en su versión completa o su versión resumida

[1] Esta traducción no constituye una versión oficial de los partidos CDU/CSU, sino una iniciativa de Diálogo Político para los lectores de habla hispana.
Traducción: Manfred Steffen, de la oficina KAS Montevideo.

Las inéditas protestas en Cuba en casi 30 años, ocurridas el pasado 11 de julio, obligaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a revisar una actitud diplomática más bien de indiferencia en relación con la tercera dictadura comunista más antigua del mundo, después de China y de Corea del Norte.

Luego de despertar la ira en las calles, que desde San Antonio de los Baños se extendió como pólvora en más de 40 ciudades de la mayor isla del Caribe, la Administración demócrata intervino no solo apoyando a los manifestantes, sino tomando medidas en contra del régimen que preside Miguel Díaz-Canel, el sucesor elegido por Raúl Castro, el máximo referente vivo de la generación originaria del movimiento revolucionario cubano.

Al otro día de estallar la cólera popular, Biden dijo que los cubanos están reclamando libertad después de «décadas de represión y sufrimiento económico», por el «régimen autoritario de Cuba».

Sus encendidas palabras llamaron la atención por un tono crítico que es más habitual del discurso sin fisuras del Partido Republicano. Ni que decir de su advertencia al gobierno cubano por «los intentos de silenciar la voz del pueblo».

Casi en paralelo, el gobierno demócrata anunció la posibilidad de que se vuelva a autorizar el envío de remesas de Estados Unidos a Cuba y de aumentar el personal de su embajada en La Habana, dos medidas a estudio que no satisfacen a los sectores más radicales de la isla, particularmente al núcleo más duro de cubanoamericanos, que son partidarios de más torniquetes que compriman al régimen.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca analiza alternativas tecnológicas, junto con el sector privado y la sociedad civil organizada, para ayudar a los cubanos a acceder a internet, la que funciona al ritmo de la censura oficial.

Lo que no es una evaluación sino una medida concreta es la inclusión en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior cubano, con prohibición de acceso al sistema financiero estadounidense.

La decisión obedece a «la represión de protestas pacíficas y prodemocracia en Cuba», y se ampara en la Ley Magnitsky, de 2012, que permite a Estados Unidos sancionar a ciudadanos extranjeros o personas jurídicas que hayan cometido abusos de los derechos humanos o actos de corrupción en sus países.

Es una acción más bien simbólica, pero supone un claro mensaje de reprobación. Y mucho más cuando se advierte de que «es solo el comienzo», pues el gobierno estadounidense «seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano», advirtió el propio Biden.

La visibilidad del malestar social en la isla marcó un mojón en la diplomacia demócrata hacia Cuba: cerró una etapa breve de silencio y análisis de la situación a otra de críticas, advertencias y medidas de presión, que empiezan a emerger a seis meses de Biden en la Casa Blanca.

En un principio, entre quienes seguimos de cerca la política exterior de Washington, llamó la atención de que el presidente se demorara tanto en revisar las medidas severas de su antecesor Donald Trump contra el régimen cubano, pues las había cuestionado vehementemente en la campaña electoral, comprometiéndose a desmontarlas y retomar el camino del deshielo trazado por el mandatario Barack Obama cuando él fungía de vicepresidente.

Cuba no figuraba en las preocupaciones internacionales de Biden, pese a embarcarse tempranamente en un choque global entre democracia y autocracia, que ubicó como blancos a China y a Rusia, y donde bien podría haber un lugar para un régimen autoritario de más de 60 años.

Hasta la semana de las movilizaciones callejeras, el gobierno demócrata no había hecho referencia alguna a la Cuba que viola los derechos humanos, coarta la libertad de expresión y de pensamiento e impide hasta con cárcel el legítimo ejercicio político opositor. Y todo ello en un contexto de máxima tensión por un cuadro de penuria económica y una crisis multidimensional por el avance del covid-19.

Si no hubiera estallado la protesta social, es muy probable que la política de mano dura de Trump hubiese continuado stricto sensu por lo menos un tiempo más.

La Casa Blanca tiene todas sus energías puestas en una agenda interna compleja —falta de acuerdos bipartidista, lucha contra el coronavirus ante la fuerte irrupción de la variante delta y desaceleración de la vacunación— y en una hoja de ruta internacional dominada por la rivalidad con China, los enfrentamientos con Rusia, el plan de retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y los conflictos en Oriente Medio.

La reacción lenta de Biden frente a Cuba tiene más de una explicación; no parece ser la cautela de un gobernante despreocupado de lo que ocurre a 367 kilómetros de su país, sino la de un líder atento a las consecuencias que podrían provocar tres desafíos diferentes pero que coinciden en el potencial de perjudicar su gestión.

Un punto de vista influyente es que la realidad política de los países, aun sin libertad, no permanece estática y, en ese sentido, hoy el ambiente de la isla no es el mismo que el de fines de 2014 cuando Obama puso en marcha su política de deshielo con la isla, entonces en manos de Raúl Castro.

Al poco tiempo de asumir Biden, el colombiano Juan Sebastián González, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, responsable diplomático de las políticas de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe, explicó justamente que las diferencias de época hacían inviable retomar en toda su dimensión el enfoque de apertura de Obama.

«El momento político ha cambiado de forma importante, se ha cerrado mucho el espacio político, porque el gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma, y de hecho la opresión en contra de los cubanos es peor aún hoy de lo que tal vez fue durante la administración (de George W.) Bush (2001-2009)», afirmó González en una entrevista de la cadena CNN en Español el pasado 11 de abril. A ello agregó como un argumento de peso el «desorden» heredado de la Administración Trump.

Un declive iliberal que se refuerza con la represión del régimen a los manifestantes del 11 de julio. Desde la sociedad civil y medios independientes se denuncian más de 400 detenidos hasta el pasado 20 de julio.

En un escrito presentado por Human Rights Watch en el Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional, se habla de «golpizas policiales» y de «múltiples casos de detención arbitraria de manifestantes, activistas y periodistas, incluidos muchos que han estado recluidos en régimen de incomunicación y algunos cuyo paradero sigue sin conocerse».

Sin ninguna duda, el contexto represivo no es un ambiente propicio para una mano tendida como la de Obama que, por otra parte, nunca tuvo una contrapartida cubana. En esencia, gobierno cubano siguió adelante con su modus operandi autoritario.

El liderazgo de Díaz-Canel y algunas reformas legales abrieron una hendija, pero no lo suficiente para que el aire fresco aliviara el ambiente asfixiante de una dictadura sin más.

Otro aspecto influyente ha sido la interna del Partido Demócrata, donde las aguas están divididas sobre la diplomacia más apropiada con Cuba.

Por un lado, los referentes del ala de la izquierda como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, están a favor no solo del deshielo, sino de terminar con el embargo económico. La figura influyente del senador Bernie Sanders, precandidato presidencial demócrata, por ilustrar con otro ejemplo, tiene una visión más condescendiente con la gestión comunista.

Pero hay un grupo de dirigentes más confrontativos, también con peso propio, en el que resalta el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a quien Biden escucha. Este hijo de inmigrantes cubanos es partidario de medidas en contra del régimen y de apoyo al movimiento disidente.

La reacción de choque de Biden es una prueba de la incidencia de Menéndez en la estrategia diplomática en la actual crisis cubana. Quizás por ello, ni se menciona en estos días la posibilidad de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, derogado por Obama y retomado por Trump.

La tensión demócrata, que obliga a Biden a ser muy cuidadoso de los equilibrios internos, tiene implicaciones electorales que no se pueden despreciar, y plantean otra perspectiva para entender la estrategia de la Casa Blanca.

El discurso radical de Trump contra el régimen fundado por Fidel Castro le permitió ganar las elecciones en Florida en 2020, contra un Biden más partidario del deshielo de Obama. Los votos de los cubanoamericanos del sur del estado fueron decisivos para la victoria republicana.

De cara a las elecciones de medio tiempo, en noviembre de 2022, la disputa electoral en Florida será crucial, un estado de dominio republicano absoluto en el Senado y mayoritario en la Cámara de Representantes.

El ambiente convulso de Cuba y un régimen que solo abre más heridas parecen conformar un escenario apropiado para que Biden pueda desmarcarse sin culpas de la diplomacia blanda de Obama y proyectar una estrategia de choque que, al mismo tiempo, aliente con ahínco los vientos de cambio y no vuelvan a morir en la orilla.

.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/c20f83b6-3874-418f-8849-ec45f52109bc?dark=false» scrolling=»no»  height=»200px» frameborder=»no»]

Producto de estas, se implementó una cuota de 20 % para las candidaturas pluripersonales. Posteriormente, en el 2000, se reformó la Ley Orgánica de Elecciones: se incrementó a 30 % el mínimo de representación de mujeres, se estableció el mandato de posición alternada y secuencial aplicable a la conformación de las listas plurinominales y, al mismo tiempo, se impuso, como sanción, la no oficialización de las listas que incumplieran con esta regla.

Con estos y otros avances se pensó que habría un incremento significativo en la participación de las mujeres, y que los partidos políticos, en cumplimiento con lo que señalaban los cambios introducidos, promoverían a más mujeres en política. Sin embargo, no fue así. Los datos han demostrado que, en la práctica, si bien se ha profundizado la paridad en la conformación de las listas, esto no necesariamente se refleja en los resultados electorales.

Desde el proceso electoral de 2009 se logró la paridad en las candidaturas, pero la participación de la mujer siguió cuesta arriba. Esta realidad interpela a todos, porque es evidente que la igualdad no está dependiendo únicamente de las normas electorales y de sus reformas, sino de otros aspectos.

Gracias a diversos estudios, que visibilizan las dificultades de lograr la paridad, ahora se sabe que estas están íntimamente ligadas a otros factores, en los que irremediablemente confluyen los partidos políticos y los estereotipos sociales que generan problemas estructurales que operan como desincentivadores para las mujeres el momento de optar por una carrera política.

Sin bien la representación de las mujeres en la Asamblea Nacional ha mejorado en los últimos períodos, las reformas institucionales no han conseguido que la representación en la toma de decisiones políticas en el seno del Legislativo alcance al cincuenta por ciento. Es importante anotar que en las últimas elecciones se verificó incluso una ligera disminución en el número de curules obtenidos por las mujeres. Ello termina siendo importante, porque bajó la representación femenina y también disminuyó la masa crítica de quienes podrían imprimir una visión de derechos en clave de género.

En las elecciones de 2021, lejos de aumentar, el número de candidatas que llegaron a ocupar curules descendió con relación al período 2017-2021 y más significativamente aún respecto al período 2014-2017 (ver gráfico). Ahora bien, con estos datos es necesario preguntarnos las razones por las que ocurre este fenómeno pese a que la normativa busca fomentar la participación.

Para entender este fenómeno conviene analizar varios aspectos. De las investigaciones realizadas por Participación Ciudadana, ONG especializada en temas electorales, se desprenden algunos hallazgos que aclaran el panorama. Por las particularidades del desarrollo de la participación política de las mujeres en Ecuador, este país podría llegar a ser un buen laboratorio, tomando en cuenta, además, que muchos de los hallazgos guardan similitud con lo que sucede en la región.

Se pueden ensayar algunas hipótesis sobre las causas del descenso de la participación de las mujeres. Sin duda alguna, los partidos y movimientos políticos juegan un papel preponderante al momento de construir sus listas, y, sobre todo, en la manera como se preparan o no durante el tiempo que no están en campaña electoral.

A ese respecto, la debilidad del actual sistema de partidos hace que no existan estructuras formales de formación e inclusión de mujeres con roles de decisión en el seno de los partidos. Además, la enorme dispersión, que se expresa en los más de 250 partidos registrados, no ayuda precisamente a la existencia de un sistema serio y formal de participación política.

De este modo, en cada elección —esta última incluida, y con poquísimas excepciones— se replica lo usual: partidos que salen a buscar a última hora candidatas para cumplir con la cuota, y a las que, además, colocan en distritos donde no tienen posibilidades de ganar. De esa forma, consiguen cumplir la ley, pero no aseguran la llegada de mujeres a las curules legislativas.

Por otro lado, un factor importante, que en los últimos años ha cobrado importancia porque se ha visibilizado, es la violencia política. Con la vigencia cada vez mayor de las redes sociales, esta se ha convertido en el arma más usada al momento de desprestigiar, atacar y vejar a quienes hacen política.

Si bien la violencia en redes se dirige tanto a hombres como a mujeres, monitoreos especializados identifican un acento bastante fuerte hacia las mujeres por el contenido, porque hacen especial mención y cuestionan su condición de mujeres, las cosifican, agreden y cuestionan sus roles sociales. Esto ha desincentivado la participación de las mujeres en política como candidatas porque consideran que conlleva un costo muy alto para sus vidas personales, especialmente en un contexto regional donde los roles y los estereotipos están tan fuertemente arraigados.

Así entonces, los porcentajes de participación han bajado. Se esperaría, sin embargo, que para las elecciones locales esta realidad cambie, y aún más para las elecciones presidenciales del 2025, ya que para entonces será obligatorio asignar a mujeres como cabezas de lista en al menos un 50%.

Se espera que de este modo ellas tengan asegurada su llegada al Legislativo y con esto se fortalezca el camino de equidad en la representación política de las mujeres en la región. Mientras tanto, el camino de la participación femenina sigue siendo cuesta arriba.

.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/fd7a77a0-db8e-4d21-853e-e18f86ace49c?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

A pocas semanas de la prevista instalación de una nueva ronda de diálogos entre el chavismo y sus opositores, episodios de represión y violencia vuelven a desatarse en Venezuela. Si la aproximación multilateral a la gestión de la cuestión venezolana contemporiza en la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, su eficacia seguirá viéndose comprometida.

En un reciente paper presentado para la Konrad Adenauer Stiftung, y más concretamente en su apartado final, hemos insistido en la necesidad de «perfeccionar la gestión multilateral de la cuestión venezolana». Nos referimos a dicha problemática como cuestión y no como crisis (término este último que se emplea con suma frecuencia en la prensa internacional) para recalcar lo siguiente: la situación que vive hoy Venezuela ya no puede entenderse como una coyuntura crítica o tránsito particularmente complejo entre dos supuestos períodos de relativa estabilidad, sino que ha pasado a constituirse en un problema de duración indefinida.

Esta cuestión ha sido, es y seguirá siendo un nodo esencial dentro de complejas dinámicas conflictivas que atraviesan a toda la región, y como tal amerita una gestión multilateral. La necesidad de implementar un enfoque multilateral obedece a imperativos de orden moral y pragmático. Por un lado, el imperativo moral tiene que ver con la necesidad de recuperar un orden constitucional y democrático en Venezuela. Para un país que vivió en democracia durante cuatro décadas ininterrumpidas (1958-1998), no otra cosa puede resultar deseable para los propios venezolanos y para las naciones vecinas, casi todas ellas gobernadas actualmente bajo sistemas democráticos. La libertad constitucional es requisito fundamental para que los venezolanos puedan resolver por sí mismos las profundas carencias a las que los ha condenado un régimen de controles despóticos y abusivos.

Por otro lado, desde un punto de vista pragmático, solo un enfoque multilateral permitiría que la presión foránea en procura de la redemocratización de Venezuela pueda ser realmente eficaz desde un punto de vista democrático. Además, los Estados latinoamericanos tradicionalmente se han opuesto a tentativas unilaterales que puedan afectar los términos de la convivencia regional. En este contexto, solo el multilateralismo permitiría alcanzar la legitimidad necesaria en las decisiones que la comunidad internacional democrática desarrolle con respecto a Venezuela así como también un razonable reparto de las cargas que ineludiblemente acarreará la gestión internacional de la cuestión venezolana.

Los costos hemisféricos de no asumir una aproximación multilateral y realmente eficaz a la cuestión venezolana por las democracias occidentales son enormes, aunque no del todo evidentes a primera vista. Más allá de los discursos oficiales, priva la idea de que el problema es exclusivamente venezolano, y que los demás países solo confrontan la necesidad de gestionar la cantidad de migrantes de ese país que vienen recibiendo en los últimos años (en una proporción y ritmo que solo temporalmente se han visto reducidos por la pandemia). La realidad, no obstante, es que en una época en que las amenazas a la seguridad revisten un carácter cada vez más transnacional, la cuestión venezolana es ya, indiscutiblemente, un foco de inestabilidad regional.

Dicha inestabilidad se ve potenciada, además, por la presencia cada vez más activa y determinante de Estados extrarregionales y autoritarios en los que el régimen venezolano intenta conseguir apoyo, y que a su vez desarrollan actitudes cada vez más osadas y desafiantes ante las democracias occidentales. No nos referimos tanto al preocupante incremento del peso económico de China (un factor que afecta por igual a las economías de las naciones democráticas de la región), sino sobre todo al decidido apoyo ruso y a la cooperación de Estados como Turquía e Irán. Particularmente decisiva en la deriva venezolana ha resultado la desproporcionada injerencia castrista, con la cual Nicolás Maduro se encuentra completamente acoplado ante otras facciones del chavismo. En buena medida, Cuba y Venezuela (y ahora también Nicaragua) forman parte de una misma problemática que horada el consenso democrático al cual debería aspirar todo el hemisferio.

De este modo, a los muy visibles problemas del éxodo masivo de venezolanos (que se acerca ya a seis millones y a un 25% de la población total del país) y de la crisis humanitaria compleja en Venezuela, se suman las dinámicas transnacionales vinculadas al crimen organizado (narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, trata de personas, minería particularmente agresiva, etc.), la subversión armada (bien sabido es que Venezuela acoge a los disidentes de las FARC y al ELN colombianos) y el ejercicio de diversas formas de guerra híbrida en varias instancias regionales. Y si bien estas actividades han estado presentes en varios de los demás países de la región, en pocos parecen encontrarse directamente instigadas por el gobierno de turno, en abierta cooperación con autocracias extrarregionales interesadas en minar el consenso democrático del hemisferio occidental.

Ahora bien, está claro que la implementación de una gestión multilateral de la cuestión venezolana realmente eficaz enfrenta toda clase de obstáculos. El primero de todos se relaciona con un factor inherente a la multilateralidad misma: por lo general, en la medida en que se procuran mayores consensos, menor será su capacidad para promover el cambio. En segundo lugar, siguen siendo muchas las fuerzas políticas del hemisferio que apenas se molestan en disimular los vínculos y afinidades que aún mantienen con el chavismo, bien sean de carácter ideológico, político o económico. Tercero, aún en caso de alcanzarse amplios consensos a favor de un cambio significativo, los costos inherentes de impulsarlo suelen ser demasiado altos. Y en cuarto lugar, autocracias como China, Rusia, Cuba o Irán ciertamente no vacilan a la hora de brindar su apoyo material y diplomático al actual régimen venezolano.

Así pues, el reto del multilateralismo estriba en combinar legitimidad y eficacia. Hasta ahora, las sanciones norteamericanas y europeas han sido el principal instrumento de presión con el que han contado las democracias occidentales para presionar hacia un cambio político en Venezuela. Y a pesar de que, en efecto, dichas sanciones han propiciado (incluso de modo colateral o involuntario) cambios en la política económica que ayudan a perfilar un panorama de relativa mayor libertad financiera en la vida cotidiana de los venezolanos, su eficacia a la hora de propiciar un verdadero cambio político es claramente insuficiente.

En tal sentido, la búsqueda de acuerdos entre chavismo y oposición para el desarrollo de elecciones libres no puede dejar de lado (antes al contrario, requiere) una decidida defensa de los derechos humanos de los venezolanos. A menudo, el respaldo internacional al trabajo de las organizaciones civiles y partidos políticos en Venezuela, así como la condena al hostigamiento y persecución de que son objeto por el Estado (y el paraestado) venezolano, no ha llegado con suficiente celeridad y contundencia.

Y aunque actualmente todas las expectativas de la acción multilateral parecen concentrarse en el inicio de un nuevo ciclo de negociaciones entre gobierno y oposición a desarrollarse en México con mediación noruega, las recientes protestas en Cuba han coincidido (¿casualidad o causalidad?) con un recrudecimiento de la persecución sobre la oposición política en Venezuela, situación que se añade al incremento de las presiones que durante este año se han venido ejerciendo contra diversas ONG y defensores de derechos humanos. Entre los hechos más recientes destacan las detenciones arbitrarias de Javier Tarazona (directivo de FundaREDES y valiente denunciante de los episodios de violencia que tienen lugar en la frontera colombo-venezolana) y de Freddy Guevara, líder del partido Voluntad Popular que claramente venía apostando por algún tipo de acuerdo entre Maduro y la oposición venezolana.

De modo que si bien, por un lado, los tiempos y artes de la diplomacia exigen discreción y cautela, por otro lado la naturaleza de la cuestión a atender requiere algo más de lo que hasta ahora han podido brindar las aproximaciones multilaterales. Cuando se enfrentan situaciones que para cientos de miles de personas son de vida o muerte, y en un mundo en el que el multilateralismo va perdiendo terreno frente a la Realpolitik, es necesario tener presente que la ineficacia del primero solo puede redundar, de uno u otro modo, en la imposición de los caminos de la segunda. Lamentablemente, los autócratas parecen ser más diestros en ese terreno que los demócratas.

Este artículo resume reflexiones más amplias del autor publicadas en un paper de la Fundación Konrad Adenauer oficina Chile.

.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/95c98f94-5c2c-4654-a09a-81ac9679b34f?dark=false» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Los partidos políticos son componentes imprescindibles de la democracia. En la nueva edición especial de la revista Diálogo Político ofrecemos diferentes miradas sobre su rol en un futuro desafiante.

No hay democracia viva y vibrante sin partidos políticos. No obstante, cada vez se escuchan más voces que hablan de una crisis de los partidos. Como partidos y democracia están intrínsicamente conectados, la crisis de los partidos políticos deviene rápidamente en una crisis de la democracia. Es algo que olvidan quienes por razones populistas, electorales o simplemente por decepción con la política alimentan los sentimientos de la calle contra los partidos, los mismos de siempre o, peor aún, el sistema. Es un fenómeno que se puede observar no solamente en América Latina, sino en gran parte del mundo.

La democracia y sus principales actores, los partidos políticos, se encuentran ante el desafío constante de legitimarse y de responder a los desafíos de sociedades cada vez más cambiantes, diversas y tecnológicas. Como partimos de la convicción de que los partidos políticos son necesarios para las democracias, la pregunta no debe ser si los necesitamos. Por el contrario, la pregunta debe ser ¿qué tipo de partidos necesitamos para que sean protagonistas de las democracias del futuro? Sin duda, los partidos tendrán que adaptarse a muchas de las nuevas realidades para ser capaces de realmente interpretarlas. Su mayor desafío es ser partidos conectados.

En esta edición especial de Diálogo Político identificamos diversas áreas en las que los partidos políticos necesitan conexión si quieren tener futuro. Algunos ejes temáticos relevantes son las transformaciones digitales, del trabajo y la agenda ambiental. Es también ineludible el justo reclamo de las mujeres de una participación equitativa en la vida pública. Los partidos no pueden aceptar que la política siga siendo cosa de hombres. Otro tema clave es el rol que juegan actores externos, particularmente China, cuyo Partido Comunista aspira cada vez más agresivamente a ganar aliados para promover su modelo autoritario de gobernanza. Si los partidos políticos quieren responder a los nuevos desafíos políticos, necesitan discutirlos y presentar respuestas.

Un ámbito no menor de conexión con la sociedad es el de la comunicación. Si los partidos políticos no hablan un lenguaje acorde a los tiempos actuales, difícilmente puedan interpretarlos y presentar sus propuestas en forma comprensible. Esto va más allá de campañas electorales. Por el contrario, comprende especialmente el trabajo partidario entre los actos electorales. Los partidos también deben encarar la pregunta de si un modelo organizativo basado en pesados reglamentos internos aún responde a las exigencias de una militancia necesariamente más flexible y diversa.

Como principales protagonistas de la democracia liberal, los partidos políticos se benefician inmensamente de la conexión con otros partidos democráticos, no solamente latinoamericanos sino también europeos. Un intercambio sobre posibles respuestas a estos desafíos desde la convicción de la democracia y la libertad beneficia no solamente a los partidos mismos sino a la salud democrática en general.

Como Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer tratamos de ofrecer una plataforma para este tan necesario diálogo político. La democracia se fortalece debatiendo, construyendo y conectando. En este sentido, esperamos que la presente edición especial de Diálogo Político El futuro de los partidos políticos aporte insumos para estas discusiones, tanto para los partidos como para los influenciadores políticos.

Es nuestra esperanza de que fortaleciendo a los partidos políticos podamos fortalecer a nuestras democracias.

Entrevista a Hernán Iglesias Illa, escritor, editor del portal Seúl y jefe de campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia argentina en 2015.

La comunicación política suele ser un tópico que queda a cargo de los consultores, siempre predispuestos a exponer sus posiciones y las tendencias que guían sus servicios. Más escasa es la reflexión de parte de protagonistas de campañas y gestión. Es el caso de Hernán Iglesias Illa, jefe de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia en 2015 por Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio), a la que define como la coalición opositora en Argentina más sólida desde hace 20 años. En ese gobierno fue subsecretario de Comunicación Estratégica de Jefatura de Gabinete. Antes hizo un posgrado en España, vivió en Estados Unidos, colaboró como periodista con varios medios y escribió cuatro libros. Desde 2021 es editor general de Seúl, una revista digital con un nombre que parodia una idea de las redes donde se llama «Corea del Centro» a quienes eluden identificarse con el oficialismo o con la oposición. Quienes escriben en Seúl reafirman «con gracia y sin animosidad que estamos en Corea del Sur», como forma de reafirmar los principios de la democracia y el capitalismo. Esta es la conversación vía Zoom, a la que se sumó Manfred Steffen, redactor de Diálogo Político de la KAS.

DP: ¿Pensás que en Latinoamérica la expresión de las ideas liberales tiene espacios equivalentes a las tradicionales de la izquierda?

HII: Seúl nació como un lugar hospitalario para opiniones de corte liberal, republicano, reconciliado con la economía de mercado, pero sin dogmatismos y sin ser parte orgánica de la coalición de Juntos por el Cambio. En Argentina no parece ser un conjunto tan amplio. Después está el debate de dónde termina la política y empieza el periodismo, que excede a Seúl. Todos los medios, los tradicionales y los nuevos han estado surfeando esa frontera todos estos años. La experiencia de Trump ha dejado una herida y una pregunta. En Estados Unidos, los académicos de periodismo se empezaban a preguntar si los diarios no tenían que reemplazar esa visión histórica de contar las dos versiones para decir si una estaba mintiendo. Nunca había ocurrido, más allá de la línea editorial en las secciones de opinión. Pero cuando apareció Trump, los medios comenzaron a tomar partido más abiertamente. Es hacia donde vamos. Seúl toma una posición clara, pero trata de ser riguroso, no mentir y ser respetuoso. Son límites que, si se cumplen, importan menos que la adscripción política.

DP: Esa escasa oferta en los medios se refleja en pocas expresiones intelectuales liberales. ¿Hay algún cambio en ese aspecto?

HII: De a poco. Nosotros en medio año hemos logrado que escribieran personas que antes no se hubieran animado, pero todavía falta, sobre todo los expertos. Pasa con gente que trabaja en Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, o que depende de una decisión del Gobierno nacional, que les cuesta porque sus jefes son oficialistas.

DP: Ese es un punto interesante porque cuando se describe la dialéctica política como una batalla cultural, se omite el hecho de que no siempre es un debate en igualdad de condiciones y que existen mecanismos de poder que interfieren en la libre expresión de ideas. ¿Por qué se subestima ese factor?

HII: Los dos bandos es un éxito de la lógica populista que dice que están los buenos y los malos, y que tiene el mismo apego por la verdad. Los populistas dicen «yo no sé si tengo razón, pero vos tampoco». Y la debilidad del pensamiento liberal es que no propone lo contrario del populismo, un contrarrelato hegemónico, porque quiere un relato más complejo, donde convivan las diferentes opiniones. Como el liberalismo propone algo con menos certezas, más abierto, es menos atractivo para mucha gente, especialmente para los intelectuales, que en su necesidad racionalizar a veces se sienten más fascinados con proyectos que tratan de encapsular a toda la sociedad.

DP: Un punto crítico es el vínculo de los gobiernos con la prensa. ¿Qué aprendizajes tuvieron en los años de gobierno?

HII: La voz que tiene el gobierno en la conversación pública es una más entre miles. Los aprendizajes de cuatro años en el gobierno es trabajar con público segmentado, trabajar mejor con líderes de opinión y público informado distinto a lo que se comunica al público general. Pero sabiendo que obtener la atención, primero, y después la confianza del público, es muy difícil.

Del periodismo argentino diría que tiene una doble vara. Piden que los políticos hablen de política pública, del futuro del país, de los temas importantes, pero su cobertura está muy sesgada hacia la declaración que pueda obtener un titular inmediato. El periodismo le reclama a los políticos profundidad, visión de país, largo plazo y después, cuando cubren la política, es todo inmediatez, disrupción, conflicto.

DP: En el caso de su coalición, tuvieron una muy exitosa comunicación electoral que permitió la alternancia después de cuatro periodos del mismo partido, pero después encontraron dificultades para la comunicación de gobierno. ¿Cómo explicaría eso?

HII: Hay dos dimensiones. Primero está la dimensión ética y republicana, para lo cual se nos pone una vara que a los gobiernos peronistas no se les exige. Para pedirle a la sociedad un proceso de transformación profundo, que es lo que habíamos pedido nosotros y es lo que va a tener que pedir el próximo presidente, hay que hablarle en un idioma que no es el electoral; para pedirle paciencia o esfuerzo, por ejemplo. Nosotros, en parte, lo hicimos. A veces se nos olvida el esfuerzo que hicieron los argentinos para pagar los aumentos de luz y de gas. Y, aun así, ganamos las elecciones intermedias. Pero esta vez es más profundo, hay que hacer una convocatoria política y social, de resultados no inmediatos pero indispensables e impostergables. Y esto no puede hacerse con la lógica de campaña electoral. Ahí no estoy de acuerdo con Jaime Durán Barba. Para él no hay diferencia entre campaña y gobierno, y para mí sí la hay.

DP: La influencia de Durán Barba en la comunicación de la coalición sigue siendo magnificada por la prensa. ¿Esa imagen fue deliberada o fue resultado de la personalidad del consultor?

HII: Creo que tiene más que ver con lo segundo. Jaime Durán Barba es extranjero, pintoresco, siempre dice cosas un poco inesperadas y llama mucho la atención. Pero lo cierto es que a los meses de gobierno volvió a viajar a ver sus clientes y no estaba tan en el día a día del gobierno. Pero esa es la imagen que quedó. Aunque es cierto que participaba en la mesa chica, pero más que del gobierno, era del partido.

DP: Si tuviera que hacer un balance de la experiencia de gobierno, ¿qué aprendizajes podrían aplicarse a otros proyectos de partidos o de gobierno y qué errores recomendarías evitar?

HII: Una cosa es ganar las elecciones y otra cosa, después, es gobernar. Creo que nuestro método para ganar elecciones sigue siendo muy valioso: un método basado en investigación muy rigurosa, no prejuiciosa, abierta a cambiar; en adoptar una estrategia y en tener la fortaleza organizativa para después cumplirla. Eso sumado a la teoría del nuevo elector, un concepto de Jaime [Durán Barba] que me interesa mucho, que sostiene que cada vez más los latinoamericanos votan no por lealtades partidarias, históricas, intelectuales, étnicas o religiosas sino al candidato que más le gusta o en el que más confían. La confianza es una cosa muy importante en la teoría del nuevo elector. Según Jaime [DB] ahora se politizó, aunque no con los partidos políticos sino con causas como el cambio climático, cuestiones tecnológicas. Y es cierto que las causas más potentes de los últimos años, como #NiUnaMenos o #BlackLivesMatter, no son partidarias pero tienen mucha potencia política. Son nuevos electores, politizados por causas que les interesan, que hay que canalizar.

DP: Recordaba el famoso libro de George Lakoff, No pienses en un elefante, que explicaba la dificultad de las posiciones más liberales para desplazar la agenda, ganada por los valores más tradicionales como el del padre protector, que es tan extendida en Latinoamérica, que atraviesa todo el espectro ideológico.

HII: Es complejo y varía mucho entre los países. Hay países más tradicionales donde la voz del republicanismo y la economía de mercado estaba representada por elites muy conservadoras, no dispuestas a incluir a grandes masas de la población. La contraposición de ideas ahí se daba entre dos grupos, pero no es que venían populistas a romper algo establecido, valioso, sino que había una especie de resistencia muy conservadora a abrir el juego a otro tipo de actores. Creo que internet rompe un poco eso y cambia mucho la conversación en esos países en donde había un solo diario grande que hace treinta años tenía influencia en la toma de decisiones. En América Latina internet es libre, por lo que es difícil suprimir esa conversación, que es caótica, a veces un poco violenta, pero tiene más ventajas que desventajas. Permite la aparición de nuevos actores, e impulsa causas de una manera que cambia todo. Y me gusta lo que dice Durán Barba de que, si en América Latina antes de la pandemia el 50 o 60% de la población usaba internet, ahora es el 80%. Es una manera de pensar que va cambiando y puede tener efectos de largo plazo.

DP: ¿Cómo operan en la política los grandes cambios que enfrenta la humanidad? ¿Qué rol juega frente a estos eventos de ruptura, tan dramáticos?

HII: La política tiene dificultad para resolver estos problemas por sí misma. Va a tener que pedir ayuda porque no va poder coordinar grandes cambios en la población, en el Congreso, sin la participación de quienes estén afectados o quienes puedan ayudar a instrumentarlos. Los cambios en el mundo del trabajo, por ejemplo, se aceleraron. Son movimientos oceánicos, grandes tendencias sociales, que la política no va a poder solucionar por sí sola, haciendo leyes o decretos y esperando que la sociedad reaccione porque está publicado en un boletín oficial. El problema es que las instituciones tradicionales tampoco tienen, hacia abajo, la representatividad que tenían, sean las Cámaras, la Conferencia Episcopal, la central de los trabajadores, los medios. Y no sé si la política está diseñada para tener una conversación tan amplia con organizaciones no verticales, como los padres organizados o el movimiento feminista. Venimos con esta carcasa de organizaciones centralizadoras, medio lentas, que no están preparadas para esto. Yo soy optimista, pero si viene la ola, la política no tiene un muro para pararla, sino apenas unos ladrillitos.

.

Tras las primarias presidenciales vividas el pasado 18 de julio, Chile entró en un proceso de reflexión acerca del escenario político, que intenta sacar lecciones de la conducta del electorado y busca interpretar los sucesos al objeto de vislumbrar las tendencias hacia las elecciones presidenciales del mes de noviembre próximo. En los hechos, el país está inmerso en un evidente cambio cultural y político que aún no termina de comprenderse.

Al respecto, las encuestas una vez más se equivocaron rotundamente respecto de los resultados, mientras que los analistas políticos en general han soslayado algunos de los nuevos rasgos que explicarían las inesperadas victorias.

En efecto, las encuestas advertían un triunfo de Daniel Jadue (PC) en la lista Apruebo Dignidad del sector de izquierda, mientras que en la primaria de la derecha se indicaba a Joaquín Lavín (UDI) como el candidato que se impondría en el bloque oficialista Vamos Chile. Sin embargo, los resultados fueron muy distintos a los proyectados.

Los triunfos de Gabriel Boric (FA) sobre el comunista Jadue (68,43% a 39,57%) y el de Sebastián Sichel sobre el exalcalde de Las Condes (49,08% a 31,30%) se han interpretado como el desfonde de los partidos tradicionales o doctrinarios, lo cual se ha hecho sinónimo de un fin de ciclo en la política chilena. Cabe señalar que Ignacio Briones, representante del partido de gobierno Evópoli, alcanzó el 9,82% y que Mario Desborde, candidato de Renovación Nacional (RN), del presidente Piñera, obtuvo solo 9,80%. Debe recordarse que RN es el partido más grande en estos momentos en Chile, según el número de parlamentarios, alcaldes y concejales.

Un primer acercamiento para comprender los resultados electorales de las primarias es el factor Jadue, quien se mantuvo por meses encabezando los sondeos de opinión para la presidencial, lo cual habría movilizado al electorado a participar, en especial, a quienes se representan con posiciones más dialogantes y menos rupturistas que las que presentó en forma y fondo el militante comunista. La participación ciudadana llegó a un insospechado 21% del padrón electoral, lo cual es sustancialmente superior a las anteriores primarias.

Una segunda interpretación es que parecería que la ciudadanía no está dispuesta a votar para la presidencia a quienes han estado en la escena política en las últimas décadas, lo cual ha ido de la mano con una demanda de cambio generacional. Al respecto, cabe señalar que Boric tiene 35 años, mientras que Sichel 43.

Dicho lo anterior, la pregunta en el contexto de un cambio de paradigma podría estar vinculada a si se mantiene o no la diada izquierda-derecha. La respuesta no resulta sencilla, ya que tanto Boric como el independiente Sichel no representan a partidos con una ideología tradicional, pero ellos mismos acentuaron durante la campaña sus domicilios políticos en coherencia con las etiquetas de derecha e izquierda.

Por un lado, Gabriel Boric se siente heredero de la tradición de los líderes de la izquierda chilena, mientras que Sebastián Sichel invita a participar de un proyecto que se construye desde el centro político. Por lo tanto, los candidatos más votados establecieron con claridad sus domicilios políticos utilizando la diada izquierda-derecha heredada de la modernidad, como un elemento esencial para convocar a su electorado.

Desde otra perspectiva, se podría afirmar que Joaquín Lavín, quien cuenta con una larga trayectoria en la derecha, pudo verse afectado en su votación por la confusión ocasionada cuando sostuvo que es un líder con ideas socialdemócratas. Posiblemente el objetivo de aquello haya sido romper los límites de la representación de su sector; sin embargo, esto pudo significar haber perdido consistencia política entre sus electores.

En tal sentido, tras las recientes votaciones, la clave para explicar los resultados del pasado 18 de julio no parecería estar en una demanda por mayor pragmatismo, sino por actores políticos que permitan renovar la confianza en sus visiones de país. Ello exigiría coherencia entre el pensamiento y la acción para responder a los cambios políticos y sociales que se reclaman, en un marco de entendimiento y diálogo.

Volver a confiar

Algunos ejes de las demandas ciudadanas que se han expresado con nitidez desde el estallido social de octubre de 2019 en Chile permiten acercarnos a la comprensión de por qué se exigiría un cambio generacional en política. Al respecto, estaría imperando la lógica del que se vayan todos los que han cumplido algún papel en la política nacional en las últimas décadas, para permitir abrir espacios a independientes y personas que estén identitaria e ideológicamente cercanas a las temáticas de sostenibilidad social y medioambiental, inclusividad, libertad individual y mayor igualdad social.

En efecto, esto se traduce en temas que exigen reformas, tales como que el agua sea un bien público, el reconocimiento de los pueblos originarios, la necesidad de una descentralización efectiva, el fin del patriarcado, el abordaje de la inseguridad ciudadana con una respuesta integral y que permita ir a las causas de la descomposición del tejido social en Chile, la reducción del desigual acceso a la educación, el impulso de políticas que reviertan la desigualdad social y económica (discriminación), entre otros asuntos.

Todo ello en un contexto de cambio cultural posmoderno que promueve una mayor aceptación de la diversidad. Por tanto, se incrementa la demanda de reconocimiento de las diferentes identidades (contestando a la uniformidad) y se exigen mayores niveles de autonomía del individuo y una ampliación de la conciencia en materia de protección medioambiental, entre otras características que han cambiado los reclamos del electorado en el país.

En consecuencia, no resulta fácil para un actor político que ha estado inmerso en lógicas propias de la modernidad adaptarse con credibilidad a las nuevas exigencias. Se aprecia poco creíble que quienes hace una década tenían como preocupación principal el crecimiento económico sin que importara una mitigación del impacto medioambiental, hoy se presenten como ambientalistas competentes y comprometidos.

En consecuencia, el soberano en Chile parecería haberse pronunciado por cambios o reformas en un contexto de entendimiento social, evitando la polarización. Además, ha exhibido una voluntad de cambio, apostando por el recambio de liderazgos para renovar la confianza en la política.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/95c98f94-5c2c-4654-a09a-81ac9679b34f?dark=false» scrolling=»no» frameborder=»no»]

La pandemia del coronavirus ha trastornado las relaciones interpersonales, nuestros modos de vivir y convivir, y ha dejado en evidencia viejas falencias. El aislamiento social y las restricciones a la actividad económica que se impusieron a lo largo y a lo ancho de América Latina como medios para disminuir los contagios y, consecuentemente, las muertes, han cuestionado el rol de la sociedad en el diseño y la gestión de políticas públicas. La convivencia y la economía están en crisis. Atento a ello, es necesario que redefinamos ese rol, para salir de la pandemia y, sobre todo, para la pospandemia.

En Latinoamérica, el neoliberalismo radical ha promovido una sociedad individualista, que elimina a la comunidad, mientras que el populismo ha propiciado una sociedad corporativista, que suprime a la persona. Ambos fracasaron. Desde una política humanista, hay que rescatar el rol de la sociedad como primera destinataria y, sobre todo, como partícipe necesaria de y en las políticas públicas. Para recuperar la confianza perdida por el individualismo y el colectivismo populista, tenemos que innovar en el rol de la sociedad. Al respecto, me permito cuatro conjuntos de innovaciones:

1. Protagonismo de los sectores privados y ciudadanos

Es fundamental la participación de los actores privados y, por supuesto, de los ciudadanos, tanto en el diseño como en la gestión de las políticas públicas. Hace falta que la participación, tanto sectorial como ciudadana, sea capaz de transformar una simple sociedad en una comunidad organizada. Necesitamos que los gobernantes y administradores del Estado faciliten la participación social, que la vean como una oportunidad y no la consideren como una amenaza. Se precisa que los actores privados y ciudadanos ejerzan su derecho a la participación porque, a la vez, esa es su obligación.

2. Respeto irrestricto de la dignidad humana

Es primordial el respeto irrestricto de la dignidad humana. Se requiere buscar una ética de mínimos que parta del irrestricto respeto a los derechos de toda persona y de todas las personas, varones y mujeres, sin importar su condición. Hace falta progresar en la defensa de la dignidad humana, sobre la base de consensos y también de disensos entre humanistas de disímiles orígenes. Necesitamos asumir que ninguna persona debe claudicar de sus propios máximos éticos para encontrar algunos mínimos compartidos que nos permitan vivir y convivir en paz.

3. Búsqueda incesante del bien común

Es indispensable la búsqueda del bien común, priorizando la satisfacción de las necesidades de quienes tienen menos recursos. Se precisa realizar cambios de fondo en las estructuras políticas y económicas, asegurar la igualdad de oportunidades y garantizar la libertad de divergencias. Se requiere que esos cambios se basen en la práctica de los valores de la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Hace falta comprender que esos valores son el sustento del desarrollo de cada persona y de todas las personas en las sociedades donde viven y conviven, en general y particularmente en América Latina.

4. Satisfacción de las necesidades y aceptación de los ciudadanos

Es imprescindible que un buen gobierno conozca y entienda cuáles son las necesidades de la sociedad, tanto las demandadas como las no demandadas. Necesitamos que se ocupe de resolver los problemas que impiden u obstaculizan la satisfacción de las necesidades demandadas y que se preocupe de las necesidades no demandadas, elaborando planes y buscando recursos para satisfacerlas. Se requiere de un buen gobierno que desactive las demandas que no respondan a necesidades, con la firmeza necesaria para no causar crisis fiscales y la prudencia suficiente para no promover crisis políticas.

¿La ausencia de guerras significa paz? Este es el título de la mayor conferencia internacional de seguridad de América Latina, «Fuerte de Copacabana», que se realizará los días 16 y 17 de septiembre de 2021.

Desde 2003, la Fundación Konrad Adenauer en Brasil, en sociedad con el Centro Brasilero de Relaciones Internacionales (CEBRI) y la Delegación de la Unión Europea en Brasil, promueve anualmente la Conferencia de Seguridad Internacional del Fuerte de Copacabana. El objetivo principal de la conferencia es reunir especialistas del sector gubernamental, de las fuerzas armadas, de la academia y del sector privado para discutir asuntos de actualidad en el ámbito de la seguridad internacional que sean de interés de los socios a ambos lados del Atlántico. Aquello que comenzó como un encuentro relativamente pequeño entre políticos, especialistas y militares en el Fuerte de Copacabana, se transformó en la mayor conferencia de seguridad internacional de América Latina.

El reconocimiento de esta jornada puede atribuirse a la exitosa sociedad entre sus organizadores: la Fundación Konrad Adenauer, que cuenta con más de 50 años de actuación promoviendo la educación cívica y la cooperación internacional en Brasil; el CEBRI, considerado uno de los mejores think tanks de América Latina, según el ranking del Programa de Think Tanks y Sociedad Civil de la Universidad de Pensilvania; y la Delegación de la Unión Europea en Brasil, enfocada en la promoción de las relaciones políticas y económicas entre la UE y Brasil.

A través de los años, el evento contó con el compromiso y la participación especial de conferencistas e invitados de renombre. La presentación de varios ministros de Defensa, miembros de las fuerzas armadas, parlamentarios, cuerpo diplomático, investigadores, empresarios del área de la seguridad internacional y académicos de diversas regiones refleja el verdadero éxito del evento, al compartir su conocimiento y su experiencia en un ambiente acogedor y propicio para los debates e intercambios. Ciertamente, todos los invitados se mostraron dispuestos a incidir positivamente en la agenda política de Brasil, de los demás países latinoamericanos y de la Unión Europea.

Los debates impulsados durante la Conferencia de Seguridad Internacional del Fuerte de Copacabana poseen gran relevancia en términos prácticos, pero también como instrumentos de mantenimiento de la democracia. A partir de la emergencia sanitaria por covid-19 y las innumerables implicancias económicas provocadas por la pandemia, hemos atravesado por un escenario global de particular gravedad. Es necesario tomar medidas urgentes, producto de cuestiones políticas y de raíz sociológica agravadas, que esperábamos pertenecieran al pasado, como el populismo y el nacionalismo exacerbado, además de movimientos en contra de las vacunas, de la ciencia y los derechos humanos. Ambos se han manifestado en diferentes partes del planeta, y a pesar de que parecen haber perdido fuerza, están lejos de ser componentes inofensivos en el escenario del nuevo orden geopolítico mundial. Estos elementos sirven para destacar cuán importante es fortalecer y cuidar las instituciones y prácticas democráticas. Parte esencial de este mecanismo de protección es el diálogo presente en foros multilaterales en sus diversas instancias, como en la Conferencia de Seguridad Internacional del Fuerte de Copacabana.

Entre otros motivos que avalan esta exitosa trayectoria, la conferencia es un proyecto euro-brasilero concebido como un foro de diálogo, especialmente entre América del Sur y Europa. Para asegurar ese ambiente de debate de alto nivel, la programación es planificada cuidadosamente para reflejar los principales aspectos políticos y acercar las discusiones más recientes en materia de Seguridad Internacional en ambas regiones, y volver ese conocimiento accesible a un público amplio.

En 2021, el tema de la Conferencia de Seguridad Internacional del Fuerte de Copacabana será: ¿La ausencia de guerras significa paz? La 18ª edición de la Conferencia del Fuerte discutirá sobre las estrategias de seguridad internacional en un nuevo orden geopolítico mundial, tomando en cuenta de qué manera la globalización está transformando sistemas naturales y sociales —del clima a la energía, alimentos, agua y economías— fuertemente interconectados. Especialistas invitados procurarán analizar la gestión global de la crisis bajo una mirada tradicional de la seguridad, considerando primeramente el desempeño histórico de las fuerzas armadas en países latinoamericanos y europeos. Además, discutirán cómo las alianzas transnacionales entre países pueden mejorar las estrategias de defensa relativas a diversos tipos de amenazas y, a su vez, cómo la tecnología y el ambiente virtual pueden promover soluciones o mecanismos que arrojen respuestas a situaciones de crisis.

El papel de las fuerzas armadas en los países latinoamericanos y europeos será el segundo punto de la discusión en la conferencia de este año. ¿Para qué tipo de amenazas se están preparando las fuerzas armadas? Para obtener una respuesta satisfactoria y de consenso, es importante discutir cómo recientes procesos históricos dieron origen a la construcción de una relación de múltiples aristas y funcional entre civiles y líderes militares. Por otro lado, los especialistas buscarán seleccionar buenas prácticas que favorezcan cambios en orden a una mejor reputación y colaboración entre militares y civiles en los diferentes países.

Continuando con el tema de la cooperación internacional, durante el segundo día del evento se abordarán las alianzas transnacionales, que representan un importante apoyo y seguridad para países en situación de crisis. Tales alianzas tienen el potencial de fortalecer también la iniciativa de acuerdos de cooperación en áreas transversales y de aportar incontables beneficios a las partes involucradas. El objetivo de este debate es comprender la actuación de las alianzas transnacionales de seguridad y promover una gestión más eficiente para minimizar el impacto financiero de la crisis económica pospandemia en los presupuestos de defensa. En este sentido, el análisis del papel de la inversión en nuevas tecnologías de defensa en apoyo a las fuerzas armadas se torna fundamental, tanto en la preparación de escenarios de incertidumbre y amenazas como en el fortalecimiento de la cooperación internacional en el área de defensa y seguridad internacional.

Finalmente, el surgimiento de un nuevo orden geopolítico mundial complejo e independiente requiere un análisis sobre ciberseguridad y las respuestas cibernéticas en situaciones de crisis. De modo general, la nueva coyuntura mundial contribuyó a aumentar la prosperidad y la seguridad global. Así, factores como la pandemia, el terrorismo, el extremismo, el cambio climático, los nacionalismos, el deterioro de la biodiversidad, la escasez de alimentos y el aumento de la resistencia a los antibióticos en todo el mundo, entre otros, presentan serias amenazas y tienen el potencial de provocar crisis y situaciones de emergencia. La última mesa del programa contemplará las distintas respuestas a las emergencias, análisis de buenas prácticas, capacitación de fuerzas de seguridad internacional y estrategias de recuperación. Aun cuando la gestión de riesgos sea fundamental y deba formar parte de cualquier plan de reacción, las respuestas cibernéticas y las soluciones técnicas muchas veces terminan siendo relegadas. Los especialistas serán invitados a analizar las dificultades de este escenario e identificar mejores prácticas.

Acompañando la exitosa trayectoria de la Conferencia de Seguridad Internacional del Fuerte de Copacabana se encuentra la publicación Policy Paper – International Security Conference que, además de ser bilingüe, es redactada por especialistas y practitioners del área de seguridad internacional. En particular este año, con vistas a presentar nuevos nombres de analistas del área y fomentar la red de especialistas, se realizó un llamado público a artículos inéditos, que serán luego seleccionados por un tribunal altamente calificado, para editar un libro. Los Policy Papers buscan identificar desafíos y proponer recomendaciones políticas para el futuro.

La 18ª edición de la Conferencia del Fuerte se realizará en formato virtual para cuidar a todos los participantes, invitados, audiencia y organizadores. La virtualidad permitirá a este foro alcanzar una proporción sin fronteras, como comprobamos en la edición 2020, cuando contamos con público de más de 45 países. Entre las novedades que presentaremos este año, además de la traducción simultánea en varios idiomas, estará la interpretación en lengua de señas brasilera (LIBRAS), de manera que sea un evento más inclusivo, y ofreceremos mayor interacción con el público a través de las redes sociales, de forma de tornar este momento en una oportunidad de hacer llegar esta discusión sobre seguridad internacional a personas de perfiles variados y oriundas de innumerables regiones del planeta.

Para participar de la XVIII Conferencia de Seguridad Internacional del Fuerte de Copacabana, los días 16 y 17 de septiembre de 2021, pueden visitar la página oficial de la Fundación Konrad Adenauer en Brasil o en las redes sociales de la KAS y sus socios. Los invitamos a participar.

.