Para responder a este interrogante relevamos 490 encuestas de 17 países de América Latina, América del Norte y Europa desde febrero a diciembre del 2020, con la finalidad de estimar el efecto que la crisis del covid-19 tiene en la popularidad de los presidentes. En esta historia pandémica podemos diferenciar tres etapas en la relación de la opinión pública y la dirigencia política: shock pandemico, nueva normalidad y la esperanza la vacuna.

El primer momento de shock pandémico estuvo signado por la incredulidad, el miedo y la confusión. Se acompañó de una creciente solidaridad nacional y la suspensión del conflicto político. Durante este periodo, comprendido entre los meses de abril y mayo, los presidentes vieron incrementar su popularidad ante el desafío de combatir la pandemia.

.

.

Popularidad presidencial

Aquel efecto inicial duró poco. Durante la segunda etapa, la nueva normalidad, el agotamiento social, la frustración y la incertidumbre llevaron a un nuevo ciclo de opinión pública dentro de la pandemia. La paz política dio paso al conflicto y la alta aprobación de los gobiernos comenzó a ceder. La esperanza social inicial de que noventa dias de restricciones serían suficientes para paliar lo peor de la situación nunca se hizo cuerpo. Desde mediados del 2020 en adelante, los gobiernos se enfrentaron no solo a la pandemia, sino centralmente a los efectos económicos y sociales de esta.

La tercera etapa, iniciada entre noviembre y diciembre de 2020, está signada por la esperanza de la vacuna. La noticia de la aprobación de las vacunas dio a los gobiernos una nueva centralidad pública cómo actores de la solución a la pandemia. Pero la ola de confianza, una vez más, duró poco. En Europa comenzó la segunda ola, con mayor virulencia que la anterior y se dio pie a una nueva política de aislamiento social. En diciembre encontramos una nueva caída en la popularidad de los mandatarios, que hasta el momento es aún más pronunciada en Europa —donde la segunda ola arrecia fuerte— que en América Latina.

.

.

Accionar de los gobiernos

La nueva cepa, el incremento de los casos y la persistente crísis económica ponen en tela de juicio el accionar de los gobiernos. Para la mayoría de los líderes, la emergencia sanitaria se tradujo a fin de año en una caída constante de su legitimidad, que cayó a los niveles más bajos del último año. Si bien los Estados han retomado el foco de la escena pública por las adquisiciones y las aplicaciones de la vacuna, ahora se les cuestiona la capacidad de implementar una vacunación eficiente.

El mundo aún está lejos de un horizonte sostenido de vacunación. Y esta tercera etapa trae resultados que han sido dispares, tanto en la adquisición de vacunas como en la logística de su aplicación. Hasta la última semana de enero se han vacunado 66 millones de personas, de los cuales solo 5 millones han recibido la doble dosis de vacunas. Las cabezas de esta cifra son Estados Unidos (21,8 millones), China (15 millones), Reino Unido (7 millones) e Israel (3,7 millones). En nuestra región, México, Argentina y Chile son los únicos países de América Latina que comenzaron su plan de vacunación en diciembre del 2020. Brasil inició en la tercera semana de enero; Ecuador y Bolivia no tiene aún vacunación definida y Uruguay está negociando sus compras.

Gobernar la esperanza global

La esperanza global se choca, también, con la desigualdad internacional. Más del 90 % de las dosis aplicadas se han realizado en países de ingresos altos y medios. Todo un dardo al presagio de que saldríamos de la crisis con más solidaridad. El inconveniente es que, lejos de llegar a esta nueva etapa con las espaldas fortalecidas y las credenciales renovadas, los líderes políticos escuchan tronar sus puertas.

.

.

La noción de que la aprobación y adquisición de las vacunas resolvería los problemas sanitarios de un momento a otro fue solo una ficción. Por lo tanto, todos los sustantivos, verbos y adjetivos exitosos que podrían constituir una alusión a la salida, tan comunes en los gobiernos, hoy son un campo semántico minado que basta pisar para saltar por los aires.

La vacuna es una solución al covid-19 pero no es el bálsamo a todo lo que la pandemia desnudó. Más allá de su impacto sanitario, es una crisis que profundiza la desigualdad. Acentúa la fragilidad de los Estados y pone en jaque los liderazgos nacionales. Aún queda mucho tiempo por delante y los mandatorios toman nota de la necesidad de administrar con prudencia las crecientes expectativas sociales.
.

.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/2c40612e-f3fc-47c0-85a0-1ccaf67168fa?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

«Los pueblos indígenas queremos seguir siendo lo que somos, pero no queremos seguir estando como estamos»

Esta es una poderosa frase que proviene de filosofía chinanteca (pueblo originario de México que habita el estado de Oaxaca), que se ha escuchado más de una vez en las diversas actividades del Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI). Una frase que establece la categórica necesidad de preservar los elementos de identidad colectiva de los pueblos indígenas pero que también evidencia la prioridad de atender las sentidas necesidades sociales, económicas y, por supuesto, de participación política de estos pueblos. Se trata de procesos en los cuales es imprescindible la relación, diálogo y comprensión de la diversidad entre sectores indígenas y no indígenas, donde la evolución y resignificación de las culturas es permanente.

Ahora bien, cabe establecer primero cuáles son los elementos (costumbres, símbolos y diversas manifestaciones culturales) que expresan la identidad indígena. Algunos de estos son: las lenguas, la vestimenta, la medicina ancestral, las expresiones estéticas y las artes, las costumbres, el acervo de conocimientos (denominado como cosmovisión), la espiritualidad ancestral y, por supuesto, las formas propias de participación y representación política. Cada uno de ellos atraviesa por un proceso diferenciado en términos de conservación; las medidas de protección y las acciones propias para su preservación varían según cada caso y cada país.

Uno de los elementos más importantes en términos de preservación y continuidad de la identidad de los pueblos es la lengua, [1] pues la construcción misma de la realidad se configura desde la lengua materna de cada persona. Ante el acelerado proceso de desaparición de lenguas indígenas en la región y en el mundo es que Naciones Unidas declaró al 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, así como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de 2022 a 2032. El propósito es promover la educación en lenguas nativas, pero además bajo el modelo de educación intercultural bilingüe (EIB). La estrategia propuesta plantea también el uso de tecnologías digitales.

Por citar un ejemplo, México, que es uno de los países con mayor diversidad cultural y lingüística del mundo, cuenta actualmente con 68 lenguas originarias reconocidas por el Estado. Sin embargo, según lo afirmado en el último #DiálogoPPI por Guadalupe Peralta, consultora mexicana y maestra en Estudios Regionales, se estima que la mitad de estas lenguas están en riesgo de desaparecer. El panorama a nivel global es aún más desalentador. El Foro Permanente de la ONU para Asuntos Indígenas ya ha advertido que el 90 % de los idiomas indígenas habrán desaparecido para el año 2100. Actualmente, y de acuerdo con estudios del Banco Mundial, uno de cada cinco pueblos indígenas de América Latina y Caribe ha perdido su idioma nativo y el 26 % de las lenguas indígenas está en riesgo de desaparecer.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/acb0faf3-6719-48f3-826b-ed342f7001d4?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Respecto a la vestimenta de los pueblos indígenas, si bien se han dado en los últimos años diversos procesos de recuperación y reivindicación de la vestimenta, se han observado también casos de folclorización, apropiación e incluso banalización de este elemento cultural. Los casos más frecuentes se registran en la industria de la moda, que obligan a los pueblos indígenas a establecer procesos de registro de propiedad intelectual.

Uno de los ejemplos con notable repercusión mediática es el caso de la diseñadora Carolina Herrera, por el uso no autorizado de referentes de vestimenta indígena de tres pueblos indígenas de México en 2019. Dicho caso generó incluso una nota del gobierno mexicano solicitando una explicación. Procesos como este se suscitan en otros países de la región, no solo respecto a la vestimenta sino también al uso de plantas medicinales, en los que no siempre los indígenas cuentan con apoyo legal o la atención mediática para la debida protección de sus expresiones propias, son pues procesos que —en todos los casos— debieran desarrollarse en un marco de reconocimiento y respeto a la propiedad intelectual de los pueblos. Casos como este evidencian que en el área de los mecanismos legales y del funcionamiento de mercados, los Estados nacionales, los grupos mayoritarios y los pueblos indígenas necesitan intensificar mucho más el diálogo intercultural para evitar choques de culturas y generar un ambiente de respeto.

Sobre el tema, en 2015 el PPI organizó un taller regional denominado Innovación es Esperanza, en el que se partió de preguntas como: ¿qué diferencias hay entre la creatividad indígena y no indígena?, ¿cómo partimos de la creatividad ancestral para ir más allá de las posibilidades locales?, ¿cómo combinamos saberes y habilidades para generar nuevas soluciones con perspectiva intercultural?

Para darles respuesta se invitó al profesor rumano-alemán George Teodorescu, quien explicó en detalle una metodología de trabajo intercultural denominada innovación es esperanza. Se trata de un proceso que permite incorporar soluciones creativas en procesos participativos e interculturales con comunidades indígenas, tomando en cuenta aspectos críticos como vivienda, refugio, energía y agua, en un marco de ecosistemas sustentables, enfocados en la búsqueda de soluciones basadas en oportunidades y talentos creativos locales. Todo el proceso, en todas sus etapas, toma en cuenta la imperativa necesidad de respetar la propiedad intelectual de los conocimientos indígenas. Experiencias como esta demuestran que es posible la preservación y protección de los saberes y conocimientos ancestrales de los pueblos en las economías de mercado y el Estado de derecho, en marcos de diálogo intercultural, innovando a través de soluciones creativas.

Por último, cabe revisar la situación de las legislaciones y por supuesto, de la voluntad política de los gobiernos latinoamericanos hacia la conservación y protección de las identidades indígenas. Si bien por un lado es imprescindible establecer el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica de nuestros países y la incorporación de normativa específica para su protección, en la práctica ello no es suficiente. Si algo ya ha quedado demostrado en América Latina es que las leyes son necesarias pero no suficientes. Los Estados de la región aún muestran carencias respecto a la generación de procesos participativos con las comunidades para encontrar soluciones escuchando propuestas e integrando conjuntamente cambios estructurales.

En el último Consejo del Programa Regional de Participación Política Indígena, reunido en marzo de 2019 con presencia de especialistas de diez países de la región,[2] se concluyó que, por un lado, en Ecuador, México, Paraguay y Perú los gobiernos han avanzado en la incorporación de medidas destinadas a la protección de la identidad indígena (por ejemplo, la reciente reforma del artículo 2 de la Constitución mexicana, que establece que el español y las lenguas nativas tendrán la misma validez, lo que conlleva al compromiso estatal de «promover una política multilingüe, en igualdad con el español, en todos los espacios públicos y privados»); sin embargo, aún es notoria en la región la escasa capacidad de los gobiernos respecto al diálogo intercultural, así como también hay mucho por avanzar para que los partidos políticos de América Latina adopten una real visión integral de lo indígena en sus estructuras y propuestas.

Para saber más sobre este tema: publicaciones del PPI

• Identidad indígena, género y masculinidades en un mundo globalizado
• Identidad indígena en América Latina (video)
• Diversidad étnica y cultural en América Latina (video)

Notas:

[1] Las lenguas, especialmente las indígenas, están en constante proceso de sincretismo lingüístico.

[2] Marco Mendoza (Bolivia), Geraldo Andrello (Brasil), Gabriel Muyuy (Colombia), Andrés Jouannet (Chile), Diego Iturralde (Ecuador), Simeón Tiu (Guatemala), Guadalupe Peralta y Griselda Galicia (México), Josué Ospina (Panamá), Ester Prieto (Paraguay) y Mirva Aranda (Perú).

El Gobierno busca acallar las débiles voces disidentes pero termina por potenciarlas y unificarlas aun en su heterogeneidad ideológica.

Hubo un intento de bloquear cuentas de redes sociales que convocaran a marchar, pero esto también resultó contraproducente. Y las numerosas detenciones y el alto nivel de violencia de la represión del sábado lo fue más. El Gobierno busca acallar las débiles voces disidentes pero termina por potenciarlas y unificarlas aun en su heterogeneidad ideológica. Logra de esta forma darle entidad a quien Putin ni siquiera nombra.

Rusia vio este fin de semana las mayores protestas en casi una década, con cerca de 120.000 manifestantes desperdigados por el inmenso territorio eurasiático en una convocatoria notablemente federal. El principal reclamo era la liberación de Alekséi Navalni, abogado, bloguero y la cara más visible de la oposición al gobierno de Vladimir Putin. Se registraron escenas de violenta represión policial y fueron detenidas más de 3500 personas, oficialmente por formar parte de manifestaciones ilegales, es decir, sin permiso del propio gobierno.

Navalni regresó a Rusia el domingo 17 de enero después de pasar cinco meses en Alemania. Había sido trasladado a un hospital de Berlín luego de ser envenenado, según el gobierno alemán, con Novichok, un agente químico nervioso desarrollado en la Unión Soviética. El Kremlin negó cualquier relación con el atentado e incluso el presidente ruso, que no pronuncia siquiera el nombre de Navalni en público, dijo en diciembre que si hubiera querido matarlo, el político opositor estaría muerto.

Al aterrizar en Moscú, hace apenas una semana, fue detenido y permanecerá bajo custodia por al menos 30 días. Se lo acusa de haber infringido los términos de libertad condicional impuestos en una condena de 2013 por malversación de fondos: no se presentó en forma regular ante la corte mientras se encontraba en tratamiento en Alemania. Si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que el juicio en contra de Navalni no había sido justo, que había tenido motivaciones políticas, y ordenó anular la sentencia, la corte rusa sostuvo la pena de 5 años de prisión en suspenso en 2017. Cuando al año siguiente el bloguero quiso presentarse como candidato en las elecciones presidenciales, la Corte Suprema se lo prohibió por aquella condena.

Sería un error creer que las protestas del fin de semana se deben exclusivamente a la nueva detención de Navalni, incluso que son un apoyo concreto al opositor o a sus proyectos electorales. Él es la cara más visible de un movimiento extremadamente heterogéneo en términos políticos e ideológicos, que va desde el liberalismo al comunismo, y que tan solo tiene en común a un rival: Putin. Los reclamos van más allá de la liberación de Navalni y apuntan a la corrupción endémica, a la eternización del presidente en el poder, a la falta de libertades y también de alternativas políticas. Es por esto que tampoco pueden interpretarse las protestas como el nacimiento de una oposición viable electoralmente, más aún considerando que, antes de que se prohibiera su candidatura en 2018, Navalni tenía una intención de voto que rondaba apenas el 5%. Su única participación electoral fue en 2013 como candidato a alcalde de Moscú, una ciudad en la que Putin no obtiene sus mejores resultados. Salió segundo y obtuvo el 27%.

La pregunta entonces es por qué el gobierno ruso se empeña en deslegitimar y debilitar a alguien que no representa una amenaza electoral, que no es un rival a su altura. Podría haber forzado sin problemas a que la Corte acatara el fallo del TEDH y permitiera la participación de Navalni en 2018. Los previsiblemente magros resultados hubieran servido al Kremlin para mostrar una imagen democrática, pero al mismo tiempo de solidez propia y de falta de apoyo a la oposición. Pero no, se optó por acallar completamente la voz de un candidato débil. Y así se lo fortaleció.

Algo similar ocurrió esta semana, primero con la detención del bloguero a su regreso a Moscú y luego con la violenta represión en las manifestaciones. Navalni sabía que sería apresado en el aeropuerto, por eso se mostró en redes sociales en forma decidida, valiente, como un luchador inalterable, aún camino a la derrota. Es difícil no empatizar con ese personaje. Ya detenido, mientras buena parte del planeta hablaba de él, su equipo difundió un informe exhaustivo sobre el palacio de Putin, el edificio residencial privado más grande del país y probablemente el más lujoso. El informe fue acompañado por un video que fue visto por más de 80 millones de personas en apenas cuatro días. Así, el accionar torpe del gobierno ruso se convirtió en publicidad gratuita para Navalni y su autoproclamada cruzada anticorrupción.

Durante la semana hubo un intento de bloquear cuentas de redes sociales que convocaran a marchar, pero esto también resultó contraproducente. Y las numerosas detenciones y el alto nivel de violencia de la represión del sábado lo fue más.

El Gobierno busca acallar las débiles voces disidentes pero termina por potenciarlas y unificarlas aun en su heterogeneidad ideológica. Logra de esta forma darle entidad a quien Putin ni siquiera nombra. Esta estrategia es difícil de entender, especialmente si se consideran los antecedentes de 2020 en la vecina Bielorrusia. Allí el presidente Aleksandr Lukashenko ordenó la represión salvaje contra manifestantes, en las protestas que sucedieron a unas elecciones claramente fraudulentas. Su gobierno perdió apoyo y legitimidad, y las convocatorias continúan hasta hoy.

A diferencia de lo que sucede en Bielorrusia, el movimiento opositor ruso sigue siendo muy minoritario, aunque eso podría cambiar. La semana que inicia tendrá nuevas protestas, y la tarea del Kremlin será evitar que las detenciones y las imágenes de violencia policial se traduzcan en un mayor apoyo a los manifestantes. El domingo 24 por la mañana el vocero del Gobierno Dmitri Peskov mostró una estrategia basada en tres argumentos: que las protestas fueron ilegales y se llevaron a cabo durante una pandemia, por lo que las detenciones son legítimas; que la cantidad de gente que participó es irrelevante comparada con la cantidad de votos que recibió Putin; y que hubo injerencia del gobierno de Estados Unidos para promover las protestas. Respecto a este último punto, el Kremlin recibió una ayuda un tanto inesperada: el Departamento de Estado norteamericano difundió un comunicado en el que hablaba de «permanecer hombro a hombro junto a nuestros aliados y socios» en Rusia. Esta suerte de salvavidas de plomo habilita al Kremlin a decir que Navalni y sus seguidores son «aliados y socios» del extranjero. Como si esto fuera poco, la embajada de Estados Unidos en Moscú publicó información sobre las protestas el día anterior, incluyendo puntos de la convocatoria. Un error no forzado que el gobierno ruso puede capitalizar.

Mientras tanto Putin no aparece, prefiere resguardarse, ajeno a todo, inaccesible, fuerte. Sabe que Navalni puede tener repercusión en redes sociales y que puede movilizar a sus simpatizantes, pero que no representa una amenaza real a su poder, al menos hasta ahora. Pero si el bloguero opositor logra convertirse en un símbolo, en una víctima del sistema, incluso en una especie de mártir, y si demuestra habilidad suficiente como para unificar a todos los que cuestionan al Kremlin, entonces sí tiene alguna chance de cambiar el escenario..

Publicado el 26 de enero de 2021, en el sitio web de CADAL..

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/c354ecda-eba7-4d69-a57f-486eba09d1b2?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Diálogo Político lanza «DP Enfoque», su nueva serie de Policy Papers.

En lo que respecta a sus sistemas de partidos, América Latina está mucho más cerca de Europa que gran parte del llamado tercer mundo. Para sobrevivir en medio de la tormenta de protestas sociales, promesas populistas o cortejos chinos, los partidos de América Latina necesitan el apoyo estratégico de Europa y un diálogo permanente sobre los desafíos compartidos.

El coronavirus golpeó a América Latina en medio de una prueba de resistencia para la democracia. En varios países del continente, la pandemia se sumó a agudos conflictos sociales, desconfianza respecto a las instituciones, la erosión del consenso político y social y promesas populistas de salvación. En medio de la crisis del coronavirus los partidos políticos, ya de por sí debilitados, apenas estuvieron en condiciones de convertirse en intérpretes calificados de la crisis como portadores de conceptos políticos coherentes. El protagonismo del Ejecutivo durante la crisis y el poco frecuente vínculo institucional estrecho entre el Gobierno y un partido político fuerte no bastan como explicaciones para esto. La pandemia, además, hace difícil hallar respuestas según el clásico esquema izquierda-derecha. Si bien los desafíos estructurales que enfrentaron los partidos en América Latina durante la crisis tendieron a atraer menos atención internacional, no solo mantienen su vigencia, sino que también son de crucial importancia para el futuro de la democracia en la región.

En su primera edición de DP Enfoque, la nueva serie de policy papers de Diálogo Político, se analizan varios de los desafíos fundamentales de los partidos políticos latinoamericanos, hoy en una encrucijada. Mientras que los países latinoamericanos siguen siendo en su mayoría democracias de partidos políticos, los signos de debilidad de estos son cada vez más serios.

En los últimos años, América Latina participa de la tendencia global hacia una erosión del consenso político básico y una polarización del panorama político en dos campos enfrentados en forma irreconciliable. Lo que en Argentina es llamado la grieta se repite en cada vez más países de la región. En este entorno del todo vale, los partidos institucionalizados son asfixiados en su capacidad de articular demandas sociales a través de discusiones. Además, llama la atención que hayan sido grupos de interés de diversa índole, y no partidos políticos, los que encabezaron las protestas sociales recientes. Los partidos, a menudo, eran percibidos por los manifestantes como parte de un sistema injusto que debería ser combatido. En estos casos, los partidos no fueron capaces, en su calidad de sistemas de alerta temprana anclados en la sociedad, de hacerse eco de las demandas sociales y de orientarlas hacia canales institucionales, evitando así una explosión violenta. En este entorno, figuras caudillescas, empoderadas por las oportunidades de comunicación vía canales digitales, han ganado nuevamente fuerzas y se presentan como antipolíticos poniendo en peligro serio la institucionalidad democrática.

Si bien la pandemia ha demostrado claramente los déficits de la gestión de crisis de algunos líderes populistas, no parece más que una expresión de deseo que esta crisis pueda colocar a los caudillos en su lugar y oriente a la ciudadanía hacia partidos moderados con programas. Por el contrario, podría darse que el empobrecimiento como consecuencia de la pandemia y el sentimiento de desamparo frente a estructuras estatales den fuerza a propuestas populistas y soluciones supuestamente simples.

Los partidos políticos, además, se hallan ante el desafío de adaptarse plenamente a las reglas de la democracia digital y de realmente transformar su modo de funcionamiento según esta lógica. Esto vale especialmente en América Latina, la región con el uso diario más intensivo de las redes sociales en todo el mundo.

Y, finalmente, los partidos políticos están en la mira de fuerzas extranjeras. Especialmente la República Popular China trata de instrumentalizar a los partidos latinoamericanos para legitimar su modelo autocrático, presentándolo como superior a las democracias liberales. Al firmar documentos conjuntos de «solidaridad» y «respeto», los partidos latinoamericanos caen en este juego geopolítico sin medir las consecuencias. Esto será el tema de la próxima edición de DP Enfoque a mediados de febrero.

A los partidos políticos latinoamericanos, que comparten desafíos cada vez más similares con los partidos europeos, les hace bien la intensificación de un intercambio permanente entre partidos democráticos. Las áreas a desarrollar en este diálogo interpartidario abarcan todo lo relativo a la conexión entre los partidos y sus sociedades. Esto comprende el programa político, la búsqueda de un consenso básico en la sociedad y la orientación estructural de los partidos hacia los patrones de comunicación y debate rápidamente cambiantes en la era digital.

El programa Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer (KAS Partidos) se ve justamente como una plataforma para este diálogo.

Lea más en Siete claves acerca de la situación de los partidos políticos en América Latina

Lo discutiremos en DPEnVivo este martes 2 de febrero. La transmisión puede seguirse a través de Youtube y Facebook Live

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/c354ecda-eba7-4d69-a57f-486eba09d1b2?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

La libertad es un concepto esencial en el discurso humanista cristiano. Generalmente se liga la libertad a la dignidad del ser humano, entendido como persona, y al bien común. Este artículo recorre brevemente el pensamiento humanista cristiano a través de la palabra de algunos de sus pensadores.

Por su libertad, la persona humana trasciende las estrellas y todo el mundo de la naturaleza. Jacques Maritain

El bien común incluye la libertad. Francisco Suárez

La paz sin libertad no es paz. Konrad Adenauer

La libertad es un concepto esencial en el discurso humanista cristiano. Generalmente se liga la libertad a la dignidad del ser humano, entendido como persona, y al bien común. Entre los pensadores de esta tradición se afirma que «toda persona goza de una dignidad que le es inherente y de unos derechos y deberes anteriores y superiores al Estado». La dignidad humana es anterior a la existencia del Estado y del mercado. Aquí se nota una gran coincidencia o influencia con los estoicos griegos.

Como escribió Luis Bedoya Reyes, «la dignidad de la persona humana es consustancial al acto de su creación a imagen y semejanza de su creador, y es indesligable de su libertad, de su responsabilidad y de su destino trascendente».

Dentro de ese marco, la política debe estar orientada al servicio de la dignidad de la persona humana. La libertad entonces no debe ser absoluta sino sujeta a la responsabilidad y a la dignidad humana. La libertad permite o debe permitir que la persona se realice plenamente en su dignidad. Sin libertad no hay dignidad.

El humanismo cristiano se basa en la tradición aristotélico-tomista según la cual la comunidad política y el Estado deben estar al servicio del bien común, es decir, el bien del todo y de las partes. De tal manera que mientras en los autores liberales el Estado debe tener como fin la libertad, en los escritores del humanismo cristiano el fin es la dignidad humana y el bien común. Por ejemplo, para Enrique Pérez Olivares, «el Estado es la parte instrumental de la sociedad política, encargada de la rectoría y gerencia de esta, con el fin de asegurar y promover el bien común». De tal manera, para estos pensadores el Estado debe respetar y promover la libertad de la persona dentro de los límites establecidos por la dignidad humana y el bien común.

Jacques Maritain define al ser humano como persona libre: «el hombre es persona: un universo de naturaleza espiritual, dotado de razón y libertad y un centro inagotable de conocimiento, de amor y de libertad». Un intento de conciliar el concepto griego del ser humano como entidad dotada de razón y libertad con el concepto cristiano que define al hombre como espiritual y capaz de amar. Para el pensador francés, «por su libertad, la persona humana trasciende las estrellas y todo el mundo de la naturaleza».

Por otra parte, dicho ser humano no es simplemente un individuo que forma parte de la sociedad, sino que es persona, lo cual significa, en palabras de Xavier Zubiri, que «el hombre existe ya como persona, en el sentido de ser un ente cuya entidad consiste en tener que realizarse como persona, tener que elaborar su personalidad en la vida». Ahora, la libertad es indispensable para que dicha persona tenga la posibilidad de realizarse.

Como escribió Charles Taylor: «La libertad es inherente a la persona humana: de hecho, la persona es un centro de libertad, de libre búsqueda de la verdad, dotada de potencialidades para expresarse, realizarse y respetar la propia autodeterminación. Es, sin embargo, responsable, ante todo, de las consecuencias de sus actos y omisiones. Quien valora la libertad y no quiere asumir sus responsabilidades con la sociedad, probablemente está erosionando aquello que hizo posible la conquista de la primera». En síntesis, la libertad es inseparable de la responsabilidad, particularmente de la responsabilidad social.

.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/fb1efa02-6f05-449d-92c4-5efce71d5fcc?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

.

Gutenberg Martínez ha establecido brillantemente la distinción entre individuo y persona del siguiente modo: «La individualidad es parte de la persona humana, pues cada ser humano es único e irrepetible. La cuestión es que junto a aquella característica existe la alteridad, esto es, la necesidad de relacionarse con el otro, para así ser propiamente una persona humana. Un ser que sea solo individuo es un ser evidentemente imperfecto». Con lo cual su pensamiento regresa para conectarse con Aristóteles, quien había definido al hombre como un animal cívico o político.

De allí que los humanistas cristianos tienden a valorar la libertad, pero no de manera unilateral y absoluta, pues prefieren balancearla con otros valores igualmente respetables tales como la justicia, la solidaridad, el pluralismo, la tolerancia y la paz.

Así, por ejemplo, para el filósofo neotomista francés Jacques Maritain, «los fines de la democracia son a la vez la justicia y la libertad», y, en general, para los escritores que se afilian a este pensamiento, «no hay libertad sin justicia, ni justicia sin libertad». Entendiendo por justicia derechos iguales para todos.

Otros establecen un balance entre libertad y solidaridad. En palabras de José María Gil Robles: «Los demócratas cristianos sabemos que la libertad es esencial para la existencia de relaciones verdaderamente humanas. Esencial, pero no suficiente. Si estas han de superar el choque descarnado de los egoísmos y la ley del más fuerte, es necesaria la solidaridad». Entendiendo por solidaridad estar a la disposición de los demás.

Asimismo, autores como Sergio Micco y Eduardo Saffirio consideran también de vital importancia no guiarse solamente por los intereses personales, sino promover el servicio a los demás: «Consideramos a la humanidad nuestra familia. Hemos de esforzarnos en ser afables y generosos. No debemos vivir solamente para nosotros mismos, sino que, por el contrario, hemos de servir a los demás».

Los valores básicos del humanismo cristiano son la libertad, la justicia y la solidaridad. Los tres se exigen y limitan recíprocamente. Según estos humanistas la sabiduría política consiste en balancear esos valores a fin de construir una sociedad libre y responsable, que estará al servicio de la dignidad de la persona humana y del bien común.

Varios autores de esa tendencia humanista cristiana han promovido el pluralismo frente al totalitarismo y a las dictaduras en general, sean de izquierdas o de derechas. No solo el pluralismo político, que permite y promueve la convivencia pacífica y tolerante entre diferentes partidos políticos, sino también el pluralismo ideológico, social, económico, mediático, cultural y religioso.

Es decir que dentro de una sociedad democrática pueden y deben coexistir respetuosamente diferentes formas de economía, organización social, ideologías, culturas y religiones. En este contexto, nadie puede arrogarse como poseedor de la verdad absoluta o de la única forma válida de responder a las interrogantes de la vida social, económica, política, cultural o religiosa.

En ese marco, Sergio Micco reivindica el concepto de tolerancia dentro de la democracia: «La tolerancia en democracia supone el respeto absoluto al otro, a sus opiniones y derechos, junto con la proclamación activa de ciertos valores como la igualdad, la libertad, la paz y la solidaridad». Un concepto que nos recuerda el espíritu de Voltaire: «Estamos todos amasados de debilidades y errores; perdonémonos recíprocamente nuestras tonterías: esta es la primera ley de la naturaleza».

Asimismo, el gran estadista alemán Konrad Adenauer vinculó a la libertad con la dignidad humana y la paz: «Paz y libertad: esas son las bases de cualquier existencia humana digna. Sin paz y libertad no pueden progresar los pueblos, no hay felicidad y tranquilidad para la humanidad. La paz del individuo no es posible sin paz en la comunidad. La paz del individuo no es posible sin paz en su pueblo. Pero la paz sin libertad no es paz».

Los artistas siempre han estado en la mira de los regímenes autoritarios. El caso de Cuba muestra que, lejos de debilitarse, los grupos organizados del 27N construyen una identidad colectiva y se movilizan. ¿Será la libertad más fuerte que la prepotencia?

«Nobleza, dignidad, constancia y cierto risueño coraje.
Todo lo que constituye la grandeza sigue siendo esencialmente
lo mismo a través de los siglos».
Hannah Arendt

Un contexto para la represión

En Latinoamérica, 2021 ha iniciado con una ofensiva general de las autocracias del bloque bolivariano contra su sociedad civil. Neutralizadas por la represión, la cooptación o el exilio, las fuerzas de oposición político partidarias —los regímenes de Caracas, La Habana y Managua— apuntan a destruir las bases mismas de la autoorganización y autonomía civil. No importa que se trate de grupos de reivindicación de identidades sociales específicas, de colectivos de defensores de Derechos Humanos o de organizaciones asistenciales de anclaje comunitario. En Cuba se amplía la campaña estatal —mediática, policial— contra los artistas del movimiento 27N. En Nicaragua aprueban medidas para criminalizar el trabajo y apoyo internacional a las ONGs. En Venezuela apresan activistas que repartían alimentos y medicinas en zonas pobres. En los tres casos, la organización autónoma de ciudadanos y la solidaridad hacia ellos se convierte en obsesión gubernamental. [i]

Sin embargo, los casos difieren en su estadío de desarrollo. Lo que en Nicaragua y Venezuela se advierte como un proceso (la autocratización) en pleno avance, en Cuba es un bucle despótico que se enreda, sucesivamente, sobre sus propios y vetustos precedentes. Y, en la isla como en sus vecinos, la disputa entre poder y sociedad se monta sobre una enorme asimetría de fuerza bruta, información y apoyos geopolíticos, que aún beneficia al primero. Pero que adquieren, en la actual coyuntura pandémica, nuevos rostros y texturas, que merecen ser explorados.

Pese a la vocación totalitaria, los conflictos sociales y políticos en la Cuba posrevolucionaria existen. Históricamente han sido manejados y sofocados, por disímiles vías, desde las ventajas del Poder. El Estado cubano no sabe —porque su naturaleza no es la de un orden democrático donde los funcionarios responden a la deliberación, a el control popular y a la publicidad política— resolver los conflictos. Arroja a los individuos involucrados en ellos a la incivilidad, al descrédito, a la represión sostenida, a la vigilancia, a la muerte moral y social. Y luego trabaja, desde sus herramientas gubernamentales, para justificar, ocultar y tergiversar la realidad que provocó el conflicto. Se trata de un fenómeno observable empíricamente, que ha provocado —incluso en la mayoría aparentemente pasiva y resignada de la población— la constante pérdida de legitimidad de un gobierno cada vez más abusivo, aislado e incapaz de continuar sosteniendo la idea de representatividad y legitimidad que dice ostentar.

El desafío emergente

Cuando el 26 de noviembre de 2020 se desalojaba a la fuerza a un grupo acuartelado en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), alegando causas epidemiológicas —toda muestra de biopolítica autoritaria— comenzaba una escalada de conflictos cuyo desenlace era —y aún es— complicado de predecir. Porque si bien se presuponía cuál sería la actuación estatal, muchos otros factores contextuales incidían en el dibujo de una situación, podríamos decir, novel en comparación con las ocurridas con anterioridad en el archipiélago.

Sobrevino la articulación del 27 de noviembre (27N) frente al Ministerio de Cultura (Mincult), el rompimiento del diálogo por parte de esta institución, las campañas mediáticas —constantes y difamatorias— para empujar la legitimidad de los reclamos hacia el discurso del mercenarismo. Sobrevino también la vigilancia y la represión a numerosos participantes, en especial al grupo de los 30 que dialogó esa madrugada con Fernando Rojas, viceministro de Cultura.

El propio Mincult, a través de alocuciones en la Televisión Nacional y declaraciones oficiales en sus redes oficiales —ocurridas a partir del 4 de diciembre de 2020— dejó claro que no habría diálogo con los miembros del 27N por considerarlos una mezcla de contrarrevolucionarios, insolentes y confundidos por una estrategia de golpe blando proveniente de los Estados Unidos. El Mincult promovió y realizó una serie de reuniones con jóvenes seleccionados —algunos estuvieron presentes el 27 de noviembre— pero sin reconocer o responder a los reclamos iniciales del 27N. Aunque, incluso, en esos espacios bajo diseño y control del Estado, se colaron reclamos por derechos y contra la violencia estatal que remitían al 27N.

Curioso resulta entonces que el 11 de diciembre de 2020 el viceministro Rojas se pusiera en contacto con una integrante del grupo de los 30 e indagara si continuaban prestos al diálogo. Pidiendo discreción y prometiendo un encuentro con el ministro de Cultura Alpidio Alonso. Luego de negociaciones internas, el 29 de diciembre se reúnen tres voceros del 27N con Rojas e intercambian sobre condiciones para el diálogo. Hay aquí un primer dato: una voluntad de diálogo, inteligentemente sostenida por los manifestantes, que revela tanto su postura política favorable a la deliberación como la sagacidad para no dejarse orillar a las posturas de la intransigencia o la cooptación. Una muestra de poder de los sin poder. 

El día 12 de enero de 2021 los integrantes del 27N envían un correo electrónico con sus propuestas y condiciones. Catorce días después el viceministro pide reunirse nuevamente con los tres voceros el 27 de enero, día en que se cumplían dos meses de la plantada frente al Mincult y en vísperas del natalicio de José Martí. Para ese día, algunos de los miembros del 27N deciden congregarse nuevamente en las afueras de la institución para exigir una respuesta pública y transparente de lo que hasta el momento venía sucediendo. A ello se sumó la protesta por las detenciones arbitrarias que esa mañana se produjeron contra artistas y periodistas independientes.

El desenlace de esta nueva situación no solo fue violento, sino anticonstitucional por atentar contra el derecho a la mainfestación pacífica consagrado en la nueva Constitución. Cumpliendo, además, con los criterios sanitarios —uso de cubrebocas, sana distancia— que muchas de las propias actividades gestionadas por el gobierno —colas para venta de productos, concentraciones de apoyo «a la Revolución»— no han mantenido. La represión desatada, con funcionarios saliendo de las instalaciones para agredir a los manifestantes, es otra muestra adicional de que el aparato gubernamental cubano no está dispuesto a consentir ningún tipo de reclamo de derechos de parte de individuos o grupos organizados. Que su guión «deliberativo» sigue siendo: yo te convoco, tú participas, yo pongo la agenda, tú la apruebas.

El poder —tangible y simbólico— del Estado cubano continúa siendo prototípicamente autocrático. Sus argumentos contra las reivindicaciones son similares a los que presentan sus aliados bolivarianos, pero también los gobiernos de Rusia o China. Se invoca la desestabilización desde afuera, el incumplimiento de la ley o las buenas costumbres. Un coctel conservador, reaccionario y autoritario, que poco tiene que ver con cualquier noción de revolución y poder popular. Todos los mecanismos de funcionamiento del sistema tributan a ese control y discurso despóticos. Y tributan para mantener en jaque a una sociedad civil que cada vez pareciera radicalizarse más desde sus individualidades y comunidades, aunque aún no alcanza la masa crítica —necesaria para la democratización— que se erija como contrapoder al Estado, forzándolo a dialogar en igualdad con sus ciudadanos.

Los sucesos alrededor del Movimiento San Isidro y el 27N desatados en noviembre de 2020 —desde lo político, lo cultural y lo cívico—debieran entenderse como auténticas manifestaciones de la agencia de individuos que se rebelan contra la estructura social. Estructura social que conceptualizamos aquí, desde Giddens, como marcos de comportamiento que impone la sociedad a los sujetos. Ejemplo práctico del dilema teórico entre estructura y agencia planteado desde la sociología clásica: ¿hasta qué punto somos actores creativos que controlan activamente las condiciones de nuestras vidas o simples reproductores de dinámicas derivadas de un marco social —nación, instituciones, clase— más amplio?

El caso cubano, posterior a 1959, deviene contexto para observar y dilucidar estos procesos que matizan las interpretaciones más dogmáticas las teorías. Y de eso se trata. En ausencia de análisis situados e interdisciplinarios, no podrá entenderse o explicar la Cuba posrevolucionaria en toda su dimensión. Estamos ante la presencia de un campo de fuerzas con una dominación estatal muy definida. Que se ha ramificado hasta penetrar todo aspecto micro y macro social, individual y colectivo, privado e íntimo. Pero donde brotan, constantemente, y producto del propio sistema, desafíos endógenos a aquella dominación.

El MSI y 27N debieran entenderse desde la importancia real —lo cual no quiere decir efecto inmediato o automático de las cosas— de la acción humana. Una acción que se desata, siempre, desde la individualidad. Desde una comprensión, digamos, empírica, de que la estructura es estructurante, pero la agencia la reta y, en ciertos modos y momentos, la modifica.

Tanto el MSI como el 27N, desagregados en ciudadanos con capacidad de agencia —que coindicen en tiempo, espacio, deseos y perspectivas— han reconocido que poseen un papel activo en la construcción y readecuación de la estructura social. Que esto es posible durante el mismo devenir de sus actividades cotidianas. Y aunque el asunto pudiera parecer algo lógico, en el caso cubano no lo es, pues la imposición de una conciencia homogénea por un lado y la administración férrea del Estado, por otra, ha construido una narrativa maligna que busca ocluir y anular, sistemáticamente, este poder de agencia.

El 27N ha reconocido, por otra parte, que las estructuras sociales solo pueden existir si los sujetos que las conforman se comportan de forma regular durante el uso de ellas. Por lo tanto, la primera ganancia tangible del MSI y del grupo que se manifestó ante el Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, es la conciencia —que alcanzó esta vez una cuantía apreciable de ciudadanos— de que la acción humana es capaz de cambiar y remodelar aún las estructuras bien establecidas. Toda meta comienza por un inicio. Un milagro de acción, diría Arendt.

Ahora bien, están inmersos, a la vez, en un complejo marco social que responde a un determinado frame goffmiano, con principios de organización que gobiernan los acontecimientos. El hecho de que varios individuos actúen de manera conjunta para lograr un determinado objetivo no puede entenderse como un dato, sino como un hecho que exige explicación. No siempre, aunque compartan intereses similares, individuos aislados actúan de manera conjunta para conseguirlos. «Hay que explicar —especifica Ludolfo Paramio— por qué, cuándo o en qué condiciones pueden llegar a actuar conjuntamente en función de sus intereses».[ii]

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/c354ecda-eba7-4d69-a57f-486eba09d1b2?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

.El juego está abierto

Cada diez años aproximadamente, tras el triunfo de la Revolución cubana, se han producido en el archipiélago antillano picos de tensión social. Estos vienen acompañados de una acumulación de malestares que el gobierno cubano ha procurado resolver abriendo válvulas de escape o deslegitimando las expresiones legítimas que los han impulsado. Estos picos poseen las más variadas conformaciones sociales y los más diversos reclamos. Han incluido el allanamiento de la sede diplomática de Perú en Cuba, en 1980; el encarcelamiento de 73 activistas, periodistas y opositores durante la Primavera Negra, en 2003: y, ahora, hasta la presión generada por el MSI y la articulación representativa del 27N.

Se trata de ciclos recurrentes, en los que el Estado cubano ha actuado contra la acción colectiva con éxito, remozando su dominación a mayor escala. Buena parte los protagonistas de estos sucesos terminan abandonando el país y, por ende, quebrando una línea de resistencia interna. Los protestantes aparecen aún cómo minorías —con respecto a la población total del país— que no logran mutar en un movimiento social con influencias que trasciendan a las redes de semejantes. Al tiempo, al evaluar la situación actual, se puede visualizar un panorama tenso, con ciertas características observables.

En primer lugar, tenemos a un Estado que pierde legitimidad —la cantidad y calidad de sus convocatorias y narrativas de apoyo lo demuestran, así como las reacciones espontáneas de la gente ante actos represivos— que ha tenido que desplegar su ardid coercitivo a mayor visibilidad y con mayor brutalidad. Pero se trata de un Estado aún ostensorio de todo el poder. Cuya aparente sobrereacción —cortes de Internet, campaña histérica en medios masivos— revela que, si quienes tienen toda la ventaja informacional sobre el adversario responden de este modo, alguna preocupación deben tener sobre las posibilidades de su éxito.

Por otro, aparecen instituciones estatales y organizaciones de masas —burocratizadas, ineficientes y parasitarias— incapaces de garantizar derechos o representar a sus miembros, pero que les encuadran en modos de participación pasivos y aquiscientes. Existe una esfera pública —medios masivos— y mercantil —mercado oficial, privado e informal tolerado— bajo la vigilancia del Estado, lo que le garantiza la neutralización de las tensiones sociales que se acumulan. Y continúan existiendo individuos —mayormente envejecidos, desinformados y políticamente insertados— que apoyan, perpetúan y legitiman las violaciones del gobierno de la isla.

El 27N y el Estado cubano representan dos minorías enfrentadas, sobre una mayoría a medio camino entre la expectación y la apatía.[iii] Una posee todos los recursos terrenales del poder, pero descansa sobre una lógica vertical y analógica que no consigue derrotar una emergencia en red —física y digital— que le desafía de modo transparente.[iv] La otra exige derechos y reta a través del cuerpo y mediante una concepción aún vaga en términos políticos. Una, la cívica, no logra mellar el poder y el poder no logra hacer que desaparezca físicamente la cívica. No hay victoria. Pero no hay supresión.

De modo que, aunque no florece aún una masa crítica en el país, sí se gesta. Tres factores, de manera esencial, han incidido en la eclosión que significa el 27N —aunque a la vez son elementos que atentan también contra su supervivencia—: a) la agravada represión del gobierno cubano sobre los artistas y sobre cualquier individuo que disienta y reclame los derechos que no posee, b) la creciente precariedad de la vida en Cuba y c) la situación sanitaria que atraviesa el país debido al covid-19. A todo lo anterior se le suma lo complejo que ha resultado para los miembros del 27N lograr una articulación funcional. Algo típico de los problemas de acción colectiva, bajo entornos autoritarios.

A pesar de ello están ya desatados, aunque modestos, algunos aspectos necesarios para la movilización colectiva. Y los traspiés de la actuación estatal solo tributan a ello. La represión y la difamación a los miembros del 27N han provocado que el grupo reaccione y no que se destruya, han provocado que busquen la fortaleza en una identidad colectiva que ya es y que ya existe. Y en esa búsqueda se enfoca también el descubrimiento de la libertad; de saber quién se es y poder elegir en consecuencia.

Notas:

[i] Como explicaron en sus obras la historiadora Anne Applebaum (El telón de acero. La destrucción de Europa del Este 1944-1956) y la filósofa Hannah Arendt (Los orígenes del totalitarismo) la ruta y estrategia hacia al control total(itario) de una sociedad no supone el dominio inmediato ni permanente de cada espacio y factor de poder, comunicación y producción. Pero sí la neutralización, meticulosamente planificada, de aquellos elementos donde la gente se encuentra creando por voluntad propia: espacios, lenguajes y acciones ajenos -aunque no siempre opuestos- al Estado, mediante los cuales recupera las ideas de comunidad, individualidad y libertad. Es preciso que la gente sea orillada al aislamiento, a la impotencia y a la pérdida de referentes, para así colocarlos, política y psicológicamente, en manos de un poder total.

[ii] Paramio, L. (2005). Teorías de la decisión racional y de la acción colectiva. Sociología, 19(57), pp.13-34.

[iii] Algo común a otros entornos con similar legado y presente de autoritarismo, conservadurismo y reclamos cívicos, como puede leerse aquí https://carnegie.ru/2021/01/14/how-proponents-and-opponents-of-political-change-see-russia-s-future-pub-83607

[iv] Para otra analogía con los nuevos acontecimientos en tierras de viejos camaradas, recomendamos https://carnegie.ru/commentary/83724

Siete claves acerca de la situación de los partidos políticos en América Latina, escrito por Sebastian Grundberger, director de KAS Partidos.

América Latina está mucho más cerca de Europa que gran parte del llamado tercer mundo. Para sobrevivir en medio  de la tormenta de protestas sociales, promesas populistas o cortejos chinos, los partidos de América Latina necesitan el apoyo estratégico de Europa. En tiempos de cambio global, ellos son indispensables como aliados estratégicos en cuanto a los valores compartidos.

Si desde el lado europeo se descuidara la cooperación entre los partidos políticos, se estaría dejando el campo libre a actores como China, con su partido único dictatorial. Europa, por esto, no debería ser indiferente a que China logre entrar con su cooperación y propague en América Latina su modelo de partido político. Los partidos son portadores y sostén de democracias vivas, liberales y plurales. La voluntad de Europa de fomentar con visión estratégica este diálogo entre socios que comparten valores será decisivo para que los partidos latinoamericanos puedan resistir la prueba de fuerza que enfrentan.

[Lee también: Entre esperanza y resignación: juventud y política en América Latina]

El 2021 ha sido un año muy esperado, pues se cumplen 200 años de la independencia del Perú. Esta
celebración se da en un contexto muy especial, un año electoral que deberá enfrentar los desafíos de la
pandemia del COVID-19.

Durante los últimos meses, muchos países han llevado a cabo procesos electorales con distintas medidas
que garantizaron la seguridad de sus ciudadanos e incentivaron una participación activa. El Perú no será la
excepción, ya que en abril se realizará un proceso con medidas adicionales para que, durante los próximos
cinco años, las autoridades electas tengan un mandato legítimo.

En estas circunstancias tan especiales, desde la Fundación Konrad Adenauer en el Perú estamos honrados
de haber acompañado a los investigadores del Instituto Peruano de Derecho Electoral, en el desarrollo
de la tercera edición del Manual para Candidatos: Elecciones Generales 2021. El equipo de investigación
ha diseñado y elaborado un documento que busca resolver de manera práctica las consultas de todos los
involucrados en este proceso electoral.

Desde la KAS Perú nuestra misión es contribuir al fortalecimiento de la democracia, un sistema que defiende
el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades. Como decía Konrad Adenauer: “Democracia significa
el poder del pueblo. Cada uno es parte del pueblo. Poder significa responsabilidad. Cada uno de nosotros
debe ser consciente de que tiene responsabilidad por todo acontecer político y económico”.

Esperamos que este documento sea de utilidad para los miembros de los partidos políticos que desde
distintos ámbitos serán parte de este proceso y, por supuesto, para que los ciudadanos participen con
responsabilidad en unas exitosas elecciones del año del Bicentenario.

Dr. Robert Helbig
Representante en el Perú
Fundación Konrad Adenauer

La pandemia de covid-19, con sus graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas para Brasil, echó sombras sobre el segundo año de mandato del presidente Bolsonaro. El pobre desempeño en las elecciones locales de noviembre puede interpretarse como un freno al bolsonarismo. La lista de desafíos políticos internos para 2021, comenzando con los traspiés en el comienzo de la campaña de vacunación, es larga. Con el presidente Bolsonaro la reputación internacional de Brasil también se ha visto afectada. Pero la economía más grande de América Latina, con su orientación tradicionalmente multilateral, será necesaria en el período posterior a la pandemia no solamente por cuestiones ambientales y comerciales.

El 1 de enero de 2021 marcó el segundo aniversario de la toma de asunción de Jair Bolsonaro, lo que, de acuerdo con las reglas del sistema político brasileño, significa que transcurrió la mitad de su período en el cargo.

La victoria electoral del candidato populista de derecha que se presentó como antisistema, con el 55 % de los votos en la segunda vuelta contra Fernando Haddad del izquierdista PT (Partido dos Trabalhadores), marcó sin duda un punto de inflexión para la política brasileña en octubre de 2018. Los pronósticos demasiado pesimistas sobre el fin de la democracia brasileña y el avance hacia la dictadura, como temían muchos medios, no se han cumplido, y tanto las instituciones y como los medios del país funcionan incluso en tiempos de pandemia.

Sin embargo, el gobierno de Bolsonaro fracasó hasta ahora claramente en cumplir las promesas grandilocuentes de ofrecer soluciones para prácticamente todos los problemas y cambiar el país. La polarización en la cuarta democracia más grande del mundo se fortaleció aún más en el curso de la pandemia de covid-19, con todos sus graves efectos negativos.

A pesar de algunas reformas exitosas de los primeros días del gobierno, este se enfrenta a un sinnúmero de problemas viejos y nuevos. Así, a principios de año, el mismo Bolsonaro dijo que Brasil estaba «en bancarrota o al final» por el gasto gubernamental récord relacionado con la crisis, para afirmar poco después que «Brasil está bien y todo es maravilloso». Como suele ocurrir, la verdad está en el medio, pero con una tendencia claramente negativa. Así lo vieron los brasileños, porque la mayoría de los candidatos apoyados por Bolsonaro en las elecciones comunales de noviembre de 2020 fueron castigados de manera relativamente significativa por el electorado.

Covid-19 en Brasil: política gubernamental entre gripezinha y auxilio de emergencia

En vista de los 201.328 brasileros fallecidos por o con covid-19 al día 19 de enero de 2021, y de bastante más de un millón de personas tratadas en clínicas, queda fuera de duda que la pandemia trajo sufrimientos indescriptibles al país. Después de que Brasil fuera durante la primera ola en la primavera de 2020 el país más gravemente afectado del mundo después de Estados Unidos, el número de infecciones y muertes se dispararon desde mediados de noviembre en una segunda ola, con trae impactantes noticias de hospitales superpoblados en casi todas partes del país. La situación es particularmente dramática en la remota metrópolis amazónica de Manaos, donde los hospitales se quedaron sin el oxígeno necesario para ventilar a los pacientes de covid-19 gravemente enfermos.

En forma similar a los Estados Unidos durante la administración Trump, Brasil es uno de los países del mundo que aplicó las medidas menos restrictivas para combatir el virus. El presidente Bolsonaro se refirió repetidamente al covid-19 como una gripezinha, marcó un curso confrontativo con los gobernadores estaduales y sus demandas de restricciones de salida y contacto. Y antes y después de superar él mismo la infección, buscó un contacto estrecho en la calle con sus partidarios, generalmente sin utilizar la mascarilla. En particular, en las capas sociales más adineradas y educadas en las metrópolis de Río de Janeiro y San Pablo se formó rápidamente y se mantiene una resistencia que se expresa en las caceroleadas de protesta típicas en América Latina.

La popularidad de Bolsonaro no cayó al abismo, sino que por el contrario en agosto registró una tasa récord de aprobación según la encuesta de Datafolha. Esto se debió principalmente al hecho de que ningún país en desarrollo o emergente asignó tantos recursos financieros en medidas de alivio de crisis económicas como Brasil. Las medidas de apoyo de gran alcance beneficiaron a un total de 68 millones de brasileños, es decir, a un tercio de la población. El instrumento más importante ha sido el auxilio de emergencia, una medida de ayuda inmediata aprobada por el gobierno por un monto de 600 o 300 reales mensuales, que pagó a las pequeñas empresas, a empleados del sector informal y a desempleados de abril a diciembre de 2020.

Un número desproporcionadamente grande de personas, por ejemplo, en los estados más pobres del Nordeste se beneficiaron de la ayuda de emergencia mensual relativamente poco burocrática y, gracias a este beneficio social, en algunos casos pudieron incluso sobrevivir mejor que antes de la crisis. El gobierno de Bolsonaro recibió un agradecimiento por el apoyo y una cierta satisfacción con esta gestión de crisis puramente monetaria, pero este efecto probablemente sea tan insostenible como el de la reducción de la pobreza.

Política interna: polarización, elecciones comunales y politización de la campaña brasilera de vacunación

Ya durante su campaña electoral presidencial, Jair Bolsonaro se presentó como un luchador contra el establishment y no ocultó sus posiciones racistas, misóginas y homofóbicas. Como presidente, mantuvo su estilo de campaña, divide al país y siempre es controvertido, pero de ninguna manera fracasa.

Sin embargo, las elecciones locales de noviembre demostraron que los árboles del bolsonarismo no crecen hasta el cielo. Los candidatos apoyados por el presidente quedaron muy atrás, por ejemplo en San Pablo, y fueron claramente derrotados en la segunda vuelta en Río de Janeiro. También en las otras ciudades se impusieron fuerzas predominantemente moderadas, conservadoras y liberales del centro político a los populistas de derecha y también a candidatos o representantes de la izquierda. Esto demuestra que existen límites al fenómeno de la antipolítica basada en estridentes eslóganes antiestablishment y, en ocasiones, también en campañas basadas en fake news. Pero, aunque en 2020 la mayoría de los brasileños se pronunciaron a favor de la estabilidad y en contra de nuevos experimentos populistas, la relación de fuerzas interna es abierta y puede cambiar rápidamente.

.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/c354ecda-eba7-4d69-a57f-486eba09d1b2?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

.

Política ambiental: la destrucción de la selva amazónica avanza

Si bien durante los gobiernos de izquierda que antecedieron a Bolsonaro se talaron grandes áreas de la selva tropical y se implementaron proyectos ambientalmente controvertidos, hay que decir que la deforestación en la región amazónica y los incendios en el Pantanal han adquirido dimensiones dramáticas. El presidente brasileño considera que la protección del ambiente y del clima son obstáculos para el desarrollo económico. Si bien Brasil no se retiró del Acuerdo Climático de París a pesar de las múltiples amenazas, muchos miembros del gobierno —paradójicamente sobre todo el ministro de Medio Ambiente, Salles— niegan la crisis climática y dificultan la lucha contra la destrucción de la selva tropical.

A muchos especuladores de tierras, madereros ilegales y ganaderos se les señaló repetidamente que no debían temer las represalias del gobierno brasileño. Esta actitud afecta particularmente a la población indígena, cuya tierra está en peligro y que debido a una mayor vulnerabilidad sufre particularmente la propagación del coronavirus. Los eventos en la región amazónica también llevaron a Alemania y otros países a suspender la ayuda financiera para proyectos ambientales.

A pesar del recién creado Consejo Amazónico presidido por el vicepresidente Hamilton Mourão, se constata que 2020 fue un año perdido en términos de protección ambiental y climática.

La economía brasileña y la pregunta decisiva: ¿cuándo habrá pasado lo peor?

Desde el principio, el foco del presidente estuvo puesto en la economía, a la que dio prioridad sobre la protección de la salud. Además de trabajar contra los cierres de las actividades comerciales relacionados con el covid-19, el gobierno también eliminó en gran medida las restricciones de entrada para los turistas a fin de no sobrecargar aún más el sector turístico asolado por la crisis. No obstante, la economía brasileña se derrumbó significativamente, especialmente en el segundo trimestre, con una caída de 9,6 %. El Banco Central brasileño espera que el PIB disminuya alrededor de un 4,4 %en 2020.

Dado que nuevos paquetes de ayuda ejercerían presión sobre el presupuesto nacional y llevarían la deuda nacional a niveles aún más críticos, el gobierno cuenta con una campaña de vacunación exitosa y el repunte económico asociado en 2021. También hay grandes esperanzas de que el acuerdo comercial UE-Mercosur entre en vigor rápidamente para estimular la economía y dar un impulso a las exportaciones.

Política exterior: Brasil busca su rol

La orientación de la política exterior de Brasil, miembro del G20, tradicionalmente involucrado en foros e instituciones multilaterales, que ejerció diez veces como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y, por ejemplo, también proporcionó tropas para numerosas misiones de paz de las Naciones Unidas, después de dos años de Bolsonaro se ha vuelto mucho más impredecible.

El manejo del país de la pandemia de coronavirus es extremadamente irritante para los Estados vecinos de América del Sur. También lo es el zigzagueante curso en la política hacia China, donde debido a la creciente dependencia de Beijing se alternan la áspera retórica anticomunista y la política económica pragmática. Las serias diferencias en cuestiones climáticas y medioambientales provocaron rispideces entre Brasil y la UE. Aunque el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur fue negociado y está listo para ser firmado, ahora son necesarias más rondas de negociación para su pronta conclusión. Alemania también declaró recientemente que «en primer lugar, deben aclararse algunas cuestiones sobre Brasil».

El trato con Brasil y su difícil presidente sigue siendo complicado tanto para los europeos como para la nueva administración Biden en Estados Unidos. A pesar de todas las críticas justificadas, siempre se debe tener en cuenta que Brasil ha sido un socio confiable durante muchos años y debería permanecer involucrado en los foros internacionales. Brasil juega un papel central tanto en la mejora de las relaciones económicas con América del Sur como en cuestiones ambientales. Si la UE y los Estados Unidos se decidieran por una mayor protección climática y consecuencias económicas contra Brasil, cada vez más aislado en este tema, esto podría llevar a la mayor economía de América Latina a los brazos de China.

Conclusiones y panorama

Con sus declaraciones científicamente insostenibles y a menudo inquietantes sobre el tema del covid-19, Bolsonaro profundizó la división del país, y Brasil está lejos de controlar la pandemia. Aparte de la reforma del sistema de pensiones y seguridad social, es difícil identificar logros gubernamentales significativos. Brasil podría tener por delante en 2021 tiempos muy difíciles tanto en términos de política de salud como económicos. La disputa con el gobernador Doria en San Pablo y las discusiones sobre la elección de nuevos presidentes del Senado y la Cámara de Representantes dejan en claro que la próxima campaña electoral presidencial básicamente ya ha comenzado y que Bolsonaro hará todo lo posible para asegurar su reelección.

Publicado el 20 de enero de 2021 en la página web de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Brasil.
Traducción: Manfred Steffen

Al cumplir doscientos años de vida independiente, las naciones del istmo americano reviven el declive de sus indicadores sociales.

Las seis naciones centroamericanas están unidas por la posición geográfica y una vida independiente que llegará a los doscientos años en este 2021. Sin embargo, la mayoría sigue sin acertar el tiro de políticas públicas que otorguen opciones de prosperidad y calidad de vida a sus habitantes de forma sostenida.

Por una parte están Costa Rica y Panamá, al sur del istmo, con indicadores políticos y sociales mejores; por otra, el denominado Triángulo Norte que agrupa a Guatemala, El Salvador y Honduras, y en el medio, la siempre compleja Nicaragua.

Sin embargo, todas comparten el inicio de una celebración en medio de la pandemia y lo que será un declive importante de indicadores en los que se trabajó por casi dos décadas, desde que la región, de Nicaragua hasta Guatemala, alcanzó la pacificación y la democracia.

La Centroamérica del Bicentenario es una región dispar de seis naciones hispanoparlantes: allí están los países más pobres del continente, una de las democracias más antiguas y el país con mayor crecimiento de América Latina en los últimos años.

Bajo la tesis de que el progreso social genera condiciones para un mayor crecimiento económico, y a más crecimiento económico debe corresponder más inversión para el progreso social, el reto que encara la región en vísperas a la celebración de su bicentenario es enorme.

Cómo promover el lavado de manos en época de pandemia, si no hay acceso adecuado al agua potable. Solo en Costa Rica es seguro tomar agua del grifo. Cómo trabajar, emprender y estudiar si los países centroamericanos, en general, padecen un deterioro de la seguridad ciudadana. De qué forma generar prosperidad social y reducir la pobreza, si la educación y otros factores no son suficientemente fuertes para el desarrollo de oportunidades y la pandemia ha dejado sin trabajo a cientos de miles.

De acuerdo con el índice de progreso social 2020, Costa Rica tiene un nivel alto (83,01 de 100) y Panamá medio alto (76,55).

Por su parte, El Salvador y Nicaragua tienen un nivel de progreso social medio bajo (67,25 y 64,02, respectivamente), mientras que es bajo en Honduras y Guatemala (62,41 y 61,67). Estas cuatro naciones están en las últimas posiciones del índice en América Latina y solo superan a Haití.

Centroamérica ha crecido de 2015 a 2019 a una tasa del 4 % anual y este año decrecerá un 6 %. Sus 50 millones de habitantes tienen una esperanza de vida de 75 años, con algunas disparidades entre países, desde 73 años en El Salvador hasta 80 en Costa Rica.

La pobreza multidimensional es del 62 % en Guatemala, en donde la mitad de su población vive en zonas rurales; del 60 % en Honduras, 46% en Nicaragua (según estadísticas oficiales), 33 % en El Salvador y 19 % en Panamá y Costa Rica, respectivamente. Esta medición es previa a la pandemia.

La tasa neta promedio de matrícula en educación primaria va desde el 80 % en Honduras y El Salvador, hasta el 86 % en Guatemala y Panamá, y 96 % en Costa Rica; no hay estadísticas para Nicaragua.

El promedio de años de escolaridad de la población económicamente es de 6 años en Guatemala, 7 años en Nicaragua y Honduras, 8,5 años en El Salvador, 10 años en Costa Rica y 11 en Panamá. Aún no hay estudios que indiquen qué ocurrirá con la deserción estudiantil en 2020 y 2021, en razón de los niños y jóvenes que no puedan mantenerse en las escuelas debido a la situación de sus familias.

El índice de progreso social (IPS) es una medida alternativa al producto interno bruto (PIB) que mide indicadores sociales y ambientales para comparar el éxito que tienen los países en transformar progreso económico en bienestar.

En diez años de mediciones, con los datos más recientes anunciados en setiembre pasado, los países del Triángulo Norte han registrado mejoría en los rubros de necesidades básicas humanas, fundamento del bienestar, nutrición y atención médica, agua y saneamiento, abrigo y acceso a información y comunicaciones.

Sin embargo, las mejoras no son plausibles en Guatemala, El Salvador y Honduras en el desarrollo de oportunidades para sus habitantes, seguridad personal, acceso a conocimiento básico, salud y bienestar, derechos personales y libertad personal, inclusión y acceso a educación superior.

De estos tres países, la economía más grande, Guatemala, es la que tiene tasas promedio de crecimiento mayores, de 3,5 % al año en los últimos seis años (prepandemia).

Guatemala, Honduras y Nicaragua se encuentran en la parte baja del ranking de progreso social de Latinoamérica, junto con Bolivia, pese a haber mejorado sus niveles de crecimiento económico y en temas como infraestructura, agua y saneamiento, vivienda, conectividad eléctrica, construcción de escuelas y comunicaciones.

Panamá muestra crecimiento en los indicadores de satisfacción de necesidades, agua y saneamiento y es la economía con tasas de crecimiento más altas y sostenidas desde 2014, un 4,7 % promedio anual.

Costa Rica, la democracia más estable de la región, con la segunda tasa de indicadores más alta de Latinoamérica, ha mejorado sus índices de fundamento del bienestar medidos en el IPS aunque su tasa de crecimiento anual ha sido un modesto 3,3 % promedio anual desde 2014.

Tanto Costa Rica como Panamá aumentaron sensiblemente el acceso a información y comunicaciones pero falta consistencia y constancia en el crecimiento de los índices de acceso a educación superior, inclusión, seguridad personal y oportunidades.

Sin embargo, la crisis producida por la pandemia pone nuevamente estos resultados a prueba. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha anticipado el contexto desafiante del 2021 en adelante.

La integración comercial del istmo, entre sus países y con el mundo, luce como una oportunidad, sobre todo si se identifican los cambios y patrones de consumo y se atienden dichas necesidades. La cercanía física con Estados Unidos y las promesas de apoyo del nuevo gobierno de Joe Biden generan grados importantes de tranquilidad.

Sin embargo, la inversión extranjera, principalmente de ese país, se mantendrá y crecerá solo si se evita el deterioro en el capital humano y se mejoran las condiciones de competitividad. Igualmente, el turismo volverá a la rica región biodiversa solo si mejora la seguridad y el acceso a servicios de calidad.

Aprovechar las oportunidades económicas para evitar un mayor deterioro social en las poblaciones es solo uno de los retos. La política, tras doscientos años, aún tiene una gran fragilidad y las democracias del istmo también se ponen a prueba.

Indicadores de Centroamérica

Taiwán es hoy un símbolo de Occidente. Esto es paradójico: una isla a 12.798 kilómetros de Washington DC, a 9.960 de Londres y a 9.037 de Berlín ha alcanzado una dimensión geopolítica clave para comprender el desafío que enfrentan las democracias liberales y el asediado orden posterior a la caída del Muro en 1989 ¿Por qué?

Taiwán, una república democrática ausente de los principales organismos internacionales por presión de China continental, es considerado un modelo de desarrollo que logró entre 1952 y 1980 quintuplicar su ingreso real per capita, incluso cuando su población aumentó a más del doble, pasando de 8,14 a 17,8 millones. Es una democracia estable, con un sistema republicano, bajos índices de pobreza y delincuencia, alternancia en el poder y pleno empleo. Con un PIB que ronda los 586.000 millones de dólares, se destaca en una región convulsionada.

Taiwán es simbólico porque es un ejemplo contundente de una democracia eficiente para generar riqueza respetando los derechos humanos. Este último punto es clave porque representa una oportunidad para evitar la trampa de nuestro tiempo. Esta trampa sostiene que hay que resignarse al modelo chino. Es decir, hay que aceptar la combinación de altas tasas de crecimiento y represión política o, en su defecto, aceptar que el respeto irrestricto a los derechos humanos y libertades políticas puede repercutir en bajas tasas de crecimiento económico. En los últimos veinte años, las élites económicas y políticas de Occidente han sido (tácita o explícitamente) cómplices de esta trampa. Taiwán ha sido un contraejemplo contundente que, más aún desde la aparición del covid-19, ha demostrado que es posible lidiar eficientemente con una pandemia respetando los derechos individuales. Esta es la enseñanza política y moral más importante de nuestro tiempo.

La pandemia es (o debiera ser) un punto de inflexión en el tratamiento irresponsable hacia China continental por parte de actores relevantes de Occidente. En ese sentido, el papel de Taiwán es formidable desde lo moral, estratégico y geopolítico porque contribuye a refutar de manera precisa el discurso superficial que ligaba gran parte de la eficiencia china a su posibilidad de no respetar los derechos humanos para, por ejemplo, enfrentar una pandemia. Hoy sabemos (y para ello la experiencia de Taiwán ha sido crucial) que la opacidad y represión en China fue decisiva en el fracaso inicial para detener al virus y, más aun, hoy sabemos que la apertura y transparencia en Taiwán fue decisiva para la eficiente contención del virus en la isla donde, tomando como fecha de referencia el 23 de enero de 2021, han habido tan solo siete muertes. El éxito en la gestión de la pandemia y la campaña internacional para que sea miembro pleno de la OMS podría permitir a Taiwán afrontar uno de sus grandes desafíos: el desconocimiento y desentendimiento de Occidente y de gran parte del mundo sobre el país.

¿Es Taiwán el nuevo Berlín? Si así fuera, ¿es Occidente consciente de la necesidad de defender a Taiwán como en su momento defendió a Berlín? Hasta ahora no ha sido plenamente consciente. Sin embargo, al menos es posible percibir que ha comenzado un incipiente cambio. El Muro de Berlín aparece como una adecuada referencia para este momento de incertidumbre que atraviesa Occidente. Berlín es un faro cercano que debe servir como referencia para comprender la dimensión del desafío que hoy suponen Hong Kong y, más aún, Taiwán. Obviamente ambos están ligados a la amenaza a la libertad global que es el Partido Comunista Chino encarnado en su líder, Xi Jinping.

Mientras la Unión Soviética era un desafío claro y contundente para las democracias liberales y que, al final del día, fue un total fracaso económico, China comunista es un desafío opaco o más difuso que, al final del día, ha sido un éxito económico capitalista. Dado que una parte importante de ese éxito económico se debe al papel de los inversores y consumidores occidentales, es necesario remarcar que la amenaza a los valores de la democracia liberal y los derechos humanos del régimen chino es muy superior al desafío que representó el comunismo soviético.

Este es un punto evidente que, sin embargo, ha sido subestimado: la inminente consolidación de China como principal economía global no supone solo un desafío para el liderazgo material americano sino es una amenaza al estado de las libertades individuales en todas las sociedades abiertas. El proceso de erosión de esas libertades como consecuencia del creciente comercio e intercambio con China ha sido lento pero sistemático.

 ¿Por qué Taiwán es comparable a Berlín? Porque es una democracia que ha prosperado respetando los derechos humanos en medio de una agresión sistemática de un régimen vecino represivo, poderoso y culturalmente similar. Mientras que con la Unión Soviética Occidente nunca tuvo la ilusión de generar un vínculo sincero, las elites políticas y económicas de Occidente han buscado cooperar con China comunista a partir, precisamente, de la percepción de una inédita oportunidad de prosperidad comercial.

Si bien la administración Trump ha sido en muchos aspectos decepcionante, ha marcado el rumbo en la necesidad de modificar radicalmente cómo enfocar la relación con China. Trump, tras conversar con Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán, se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en acercarse al país desde que en 1979 Jimmy Carter rompió relaciones diplomáticas y estableció relaciones con la República Popular China. La disputa comercial iniciada por la administración Trump en 2017 agravó la tensa relación y fue seguida por un conjunto concreto de medidas. En octubre de 2020, el secretario de Estado Mike Pompeo, en una reunión en Tokio de la QUAD (un ámbito similar a la OTAN en Asia), fue contundente y manifestó la importancia de colaborar para proteger a las personas y socios de la explotación, corrupción y coerción de parte del Partido Comunista Chino. La última referencia fue declarar como genocidio la política del régimen chino contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjian. La administración Biden tiene un gran desafío por delante en su relacionamiento con Taiwán y China y debiera no solo ratificar esta política, sino involucrar en ella a la Unión Europea, Japón y Canadá. Occidente tiene una obligación política y moral con Taiwán.

Artistas y gestores culturales están enfrentados a regímenes como Cuba y Venezuela. ¿Constituye esto un síntoma de un deterioro más profundo? ¿Podrá la solidaridad ofrecer alternativas al autoritarismo?

En Petare y en San Isidro, grupos de artistas y gestores culturales han decidido que la cultura y el arte son herramientas para reconstruir los entramados sociales que la pobreza sistémica y el autoritarismo han destruido. Los regímenes autoritarios les temen al arte, a la cultura, a la solidaridad y a la libertad. Se lee, se ve, se escucha lo que ellos estipulan. La solidaridad se trastoca en colectivización y la libertad se aplasta en nombre de valores que nunca se plasman en realidades, como la justicia social.

Petare y San Isidro son dos barrios pobres de Caracas y de La Habana, respectivamente. Tienen en común un sinfín de carencias que podrían definirse rápidamente como ausencia de Estado: falta de agua, viviendas precarias, cortes de electricidad, violencia, abandono, pobreza y más pobreza. A pesar de todo, no carecen de esperanza. En Petare y San Isidro un grupo de artistas y gestores culturales han decidido que la cultura y el arte son herramientas para reconstruir los entramados sociales que la pobreza sistémica y el autoritarismo han destruido.

Desde mayo de 2020, en Petare, Zona de Descarga intenta cambiar la realidad del barrio. Sus fundadores, los hermanos Jaime y Jimmy Pérez, fueron expulsados lentamente del chavismo, como tantos otros artistas y gestores, a medida que el gobierno se radicalizaba y se volvía cada vez más intolerante.

Han sido testigos de cómo la violencia estatal, paraestatal y no estatal iba terminando con las vidas de vecinos, amigos, familiares. Las balas pasaban cerca, los cadáveres se apilaban en el barrio más peligroso de Caracas. Los Zona de Descarga, por lo tanto, decidieron intervenir antes de que las balas los alcanzaran. Pusieron una pantalla, precaria como Petare, en la terraza de un edificio para proyectar películas. Aprovecharon la geografía escalonada de los cerros para que el cine llegara a sus vecinos. Descubrieron que las balas dejaban de silbar cuando la pantalla se encendía.

Más tarde ampliaron su horizonte. Poetas, músicos, libros se sucedieron en las terrazas del barrio. Y de a poco el infierno fue encontrando momentos de pausas en los que sus habitantes podían imaginar mundos mejores, salidas posibles.

El pasado 30 de diciembre subieron la apuesta. El grupo de ska de mayor trayectoria en Venezuela, Desorden Público, fue hasta Petare a hablar de música, de ska, pintar y realizar el mejor concierto del 2020 en Venezuela. Un terremoto de pura energía que despabiló a los habitantes de Petare y de toda Caracas.

En San Isidro, un barrio olvidado de La Habana, la violencia es íntegramente estatal, totalitaria. La vigilancia y el control del Estado se sienten en cada momento del día, en cada aspecto de la vida. Allí, en 2018, un grupo de artistas radicales, contrahegemónicos, anti-Estado se organizaron para crear un evento social y cultural inaudito en Cuba: una contrabienal en las calles carenciadas del barrio, alejada del circuito controlado por las instituciones oficiales. Se hicieron muestras, se organizaron performances, se dictaron clases, y los habitantes de San Isidro participaron de su bienal.

Desde ese momento, el régimen cubano los acecha. En 2020, la Seguridad del Estado le ha mostrado al mundo, sin pudor, el asedio que ejerce contra este grupo de artistas desde hace años, dejando entrever cuánto teme la desobediencia cultural. Bien lo repite Díaz-Canel: el arte será revolucionario o no será.

Los miembros de Zona de Descargas también se encuentran bajo el asedio de las autoridades chavistas de Caracas. Amenazas telefónicas, persecuciones, pedido de pago de impuestos ridículos para un Estado que no existe.

Los regímenes autoritarios les temen al arte, a la cultura, a la solidaridad y a la libertad. Se lee, se ve, se escucha lo que ellos estipulan. La solidaridad se trastoca en colectivización y la libertad se aplasta en nombre de valores que nunca se plasman en realidades, como la justicia social. Además, carecen de metáfora. No van a parar hasta que estos artistas dejen de ser. Depende de quienes vivimos en sociedades democráticas que Zona de Descarga y el Movimiento San Isidro se sostengan y sean, para que la cultura ayude a reconstruir lo que los gobiernos autoritarios han destruido.

Publicado en el portal de CADAL, el 18 de enero de 2021.

La desinformación no es un fenómeno sino el síntoma de procesos que van más allá de las noticias. El desafío de la comunicación política es dejar de abonar la suspicacia generalizada y aportar información de calidad cívicamente convocante.

La desinformación es un fenómeno complejo que en poco tiempo generó evidencias y soluciones que obligan a replantear los debates. Apenas en 2016, año de procesos electorales que contrariaron las expectativas de medios y encuestadores, se consagró la palabra posverdad. Si la información ya no generaba los resultados esperados, la clave sería la desinformación, concepto preferido por la investigación, los fact-checkers y los reguladores, pero desplazado en popularidad por fake news entre políticos y en las búsquedas en Google. Su aparición fue en paralelo al crecimiento de las redes sociales, por lo que no faltaron teorías que convirtieran la correlación de los dos fenómenos en causalidad.

En estos años, investigaciones sistemáticas como las de los equipos de Brendan Nyhan desde América y Rasmus Klaus Nielsen en Europa, mostraron que la desinformación tiene impactos y escalas muy variables. Tampoco se demostraron efectos significativos de la publicidad en redes sociales como asignarle manipulación garantizada. En paralelo crecieron las iniciativas de verificación de fake news, que superaban las doscientas en todo el mundo según Ryerson University cuando la Organización Mundial de la Salud decretó preventivamente una infodemia. Este concepto resultó funcional a los gobiernos en crisis, aun cuando fueron sus principales promotores y, aun así, resultó marginal durante la pandemia, según el Reuters Institute.

Latinoamérica fue pionera en la descalificación presidencial a la información que no fuera la propia y se anticipó al ciberpatrullaje y a la cancelación de las redes sociales con la persecución desde los canales oficiales a la prensa y a la oposición. La centralidad de Estados Unidos en la agenda global puso en foco la suspensión de la cuenta @RealDonaldTrump aunque la hostilidad a medios y opositores, y la movilización de partidarios que la justificó, tiene antecedentes en las cuentas de @ChavezCandanga, @MashiRafael o @AlvaroUribeVel. La polarización alrededor de un líder político determina que la confianza en las noticias y la credibilidad de la verificación sea sensible al partido político. Por ejemplo, los republicanos desconfían más que los demócratas de la prensa, igual que los populismos con independencia de que se inclinen a derecha o a izquierda.

.

La propaganda siempre se valió de la divulgación de información falsa, sesgada, recortada, que fue instrumental a populismos y medios sensacionalistas a lo largo de la historia. Las tecnologías le dieron escala global y las redes incluyeron a cualquier persona en la circulación, pero su efecto dista de ser la manipulación. En cambio, contribuye a crear climas de suspicacia generalizada. La confianza institucional no ha mejorado a pesar de que la desinformación y los trolls declinaban mientras las plataformas depuraban sus cuentas, los verificadores revisaban más discurso público y la ciudadanía incorporaba estas herramientas. A la par, los grupos fanatizados obviaron las restricciones y reforzaron sus extremismos. Pero no es solo de ellos la resistencia a revisar sus posiciones, que se observa también entre los grupos informados.

Un ejemplo de posverdad resistente a la evidencia es el de Cambridge Analytica. Hacia 2015 una consultora se aprovechó de 87 millones de perfiles de Facebook, incumplimiento que le valió a la empresa una multa de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos de USD 5000 millones por desmanejo de los datos privados. Hasta aquí los hechos. El mito se construyó porque exempleados le arrogaron los resultados de la campaña presidencial de los Estados Unidos y el plebiscito del brexit. No importó que consultora hubiera participado marginalmente en ellas y que no tuviera otro éxito equivalente en su escueto portfolio. Tampoco que ninguna investigación científica detectara semejantes efectos en una campaña digital. Ni siquiera que la Oficina de Información del Reino Unido concluyera fehacientemente que el delito fue el desvío de fondos de campaña, es decir, no de un caso de manipulación de votos sino de corrupción del sistema electoral. Aún hoy, la investigación de 300.000 documentos y 700.000 gigabytes de la comisionada Elizabeth Denham pesa menos que el docuficción de Netflix.

Los fenómenos electorales que se atribuyó a esos eventos fueron refrendados en elecciones posteriores, lo que muestra que se trataba de un fenómeno latente, no detectado por las encuestas y subestimado por la prensa mayoritaria. Pero el caso también muestra que es muy difícil cambiar una opinión, una vez que es adquirida, y más si ya fue compartida entre pares, lo que dificulta la retractación.

Al combatir los síntomas con fervor, el sobrediagnóstico de la desinformación desdibuja las causas profundas de los discursos extremistas y desinformados que las redes sociales ponen en evidencia. Con el efecto paradójico de que, sin amedrentar a los grupos más radicalizados, ha vuelto a la ciudadanía más desconfiada a las noticias y más reticente a expresarse públicamente. En sociedades de escepticismo generalizado, el riesgo no es la manipulación de la ciudadanía sino la dificultad de construir confianza. El desafío de la política no es combatir las fake news o amenazar con controles en las plataformas donde la gente conversa, sino aportar a una información pública tan confiable que vuelva la desinformación irrelevante.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/0caa0e71-f463-4fc7-afad-ab31538f162c?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

El discurso inaugural apeló a la mejor tradición de la retórica política de Estados Unidos.

«Empecemos a escucharnos unos a otros, a oírnos unos a otros, a vernos unos a otros, a respetarnos unos a otros. La política no tiene por qué ser un incendio voraz que destruye todo lo que encuentra en su camino. Cualquier disenso no tiene por qué ser causa de guerra total. Y debemos rechazar una cultura en la que se manipulan e incluso se fabrican los propios hechos».

En su discurso inaugural, el 46.º presidente de los Estados Unidos no expuso grandilocuentes visiones sobre política exterior, la pandemia o política social. No prometió que después de cuatro años de su mandato Estados Unidos será un mejor lugar para vivir. Ni siquiera anunció medidas políticas. Pero esta ausencia fue la gran fortaleza del discurso de Biden. Habló de lo más importante: la unidad.

La unidad como motivo central

Lo que hizo Biden en su discurso fue otra y otra vez recordar a sus compatriotas los valores de la república y de la democracia, que se construyen en unidad y a través de consensos básicos. Fueron muy escasas las frases en las cual no apeló a este motivo central. Lo hizo con imágenes, con palabras directas, con aliteraciones, con repeticiones, con recursos a la historia de los Estados Unidos, con citas y con referencias religiosas abundantes. Lo hizo implorando, pidiendo, suplicando. A veces, sonó más como un padre educando a sus hijos a no pelear que como un presidente. Definitivamente sonó más como un predicador, un sacerdote, que como un líder político. Y esto no solamente cuando puso todo su capital humano y político en la gran tarea de unir a su país:

«Toda mi alma está en unir a Estados Unidos, a nuestro pueblo, a nuestra nación. Y pido a todos y cada uno de los estadounidenses que se sumen a mí en esta causa. Que nos unamos para luchar contra los enemigos que nos esperan: la ira, el resentimiento, el odio, el extremismo, el desorden, la violencia, la enfermedad, el desempleo y la desesperanza».

El poder de la palabra

Joe Biden sabía perfectamente en qué ocasión hablaba. Sabía lo transcendental y definitorio que iba a ser este discurso para su presidencia. En Estados Unidos se dice que uno de los poderes principales de los presidentes es el poder de la palabra. Como es sabido que Joe Biden es obsesivo con cada detalle de sus discursos, se notó esta fuerte impronta personal en lo que dijo, dando a su discurso un semblante de autenticidad pocas veces visto en política. Sus palabras expresaron mucho sobre la persona de Joe Biden aunque prácticamente no habló de sí mismo. No habló de sus logros, ni de los muchos momentos amargos de su vida. Sin embargo, mencionó a su alma —lo más íntimo de un ser humano—, conectándola con esta gran tarea de reconciliar a Estados Unidos consigo mismo después de años de un estilo político caracterizado por división, insultos y frivolidad.

En este sentido, dio mensajes inequívocos, no solamente a las personas que se sumaron a los insultos de su antecesor, a quien no mencionó personalmente. También recordó a su propio partido que la tarea de unir no es exclusiva de un bando político.

«Tenemos que poner fin a esta guerra civil que enfrenta al rojo con el azul, a lo rural con lo urbano, a los conservadores con los liberales. Podemos hacerlo si abrimos nuestras almas en vez de endurecer nuestros corazones, si mostramos un poco de tolerancia y humildad, si estamos dispuestos a ponernos en el lugar de otra persona solo por un momento».

Liderar con el ejemplo

Biden mismo demostró esto durante su discurso. Por mucho que haya mencionado brevemente los problemas estructurales de Estados Unidos, como la injusticia racial, el desempleo, el terrorismo, la degradación del medio ambiente, no lo hizo culpando a sus oponentes políticos sino para invitar a toda la nación a unirse en esta lucha. En este sentido impresionó su mención a la pandemia. En vez de acusar a posibles causantes del virus, subrayó una vez más lo que une a todos los estadounidenses: el luto por sus seres queridos, por quienes pidió un minuto de silencio.

«Hemos sufrido mucho en este país. Y en mi primer acto como presidente, me gustaría pedirles que se unan a mí en un momento de oración silenciosa para recordar a todos aquellos que perdimos el año pasado por culpa de la pandemia. A esos 400.000 compatriotas, madres y padres, maridos y mujeres, hijos e hijas, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Les honraremos convirtiéndonos en el pueblo y en la nación que podemos y debemos ser. Recemos en silencio por aquellos que perdieron la vida, por aquellos que se quedaron atrás y por nuestro país. Amén».

Mas prédica que discurso

La recurrencia a la idea fundadora de Estados Unidos y a sus ideales para superar adversidades es un clásico motivo en los discursos de líderes políticos de este país. Desde que el primer gobernador de Massachusetts, John Winthorp, creó en 1630 su famosa imagen del país como ciudad resplandeciente en la colina, numerosos líderes políticos han utilizado esta metáfora para superar las adversidades del presente. La ciudad resplandeciente significa todo aquello que hace especial a los Estados Unidos: la democracia, la república, la igualdad de oportunidades para todos, el sueño americano. Desde los padres peregrinos hasta Joe Biden, esta promesa de los Estados Unidos es todo un clásico de la retórica política. No parece azaroso que John Winthorp haya creado esta frase célebre en una prédica, no en un discurso político. La promesa de la ciudad resplandeciente, en palabras de Joe Biden suena así:

«Compatriotas estadounidenses, cierro igual que comencé, con un juramento sagrado. Ante Dios y ante todos vosotros, os doy mi palabra. Siempre seré sincero con vosotros. Defenderé la Constitución, defenderé nuestra democracia. Defenderé a Estados Unidos y lo daré todo para serviros, pensando no en el poder, sino en las posibilidades, no en el interés personal sino en el bien público».

Una lección para todos

No es tarea de esta columna cuestionar si las políticas de los demócratas van a ser adecuadas para cumplir con esta promesa. Tampoco pretende analizar la situación política estadounidense. Lo que sí aspira es a mostrar algunas lecciones de este discurso, de esta prédica, para todos los amantes de la libertad y la democracia. Aunque Joe Biden no sea nuestro referente político preferido, recordemos con atención sus palabras la próxima vez que esté por ganarnos la ira y nos aprestemos a utilizar el Twitter para hacer que todo el mundo participe de nuestras molestias. Pensemos en la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en mantener el nivel del debate político. Tratemos de no ser causantes de un incendio voraz que destruye todo lo que encuentra en su camino y en cambio pensemos en las causas comunes de nuestro pueblo y sumémonos a la lógica de la construcción de estos consensos. Sobre cuáles son, el predicador político Joe Biden tiene algunas pautas:    

«Hace muchos siglos, San Agustín, un santo de mi iglesia, escribió que un pueblo es una multitud definida por los objetos comunes de su amor. ¿Cuáles son los objetos comunes que amamos y que nos definen como estadounidenses? Creo que lo sé: oportunidad, seguridad, libertad, dignidad, respeto, honor y, sí, la verdad».

El discurso completo en traducción al español está en: https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/01/20/el-discurso-completo-de-joe-biden-en-su-toma-de-posesion-como-presidente-de-estados-unidos/

Las narrativas conspiracionistas pueden generar un gran daño. Especialmente si ponen en riesgo la salud pública y la democracia.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/c354ecda-eba7-4d69-a57f-486eba09d1b2?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

El hombre no llegó a la luna, la tierra es plana y Elvis está vivo. Las teorías conspirativas siempre han estado ahí, pero con la pandemia del coronavirus se han hecho más presentes. Han dejado de ser el entretenimiento de personas con una idea difusa del conocimiento científico y se han convertido en un peligro para la salud pública y la convivencia. Tanto que la Comisión Europea ha creado una sección en su web institucional para combatirlas. Cómo lidiar con este tipo de creencias. Cómo tratar de evitar la manipulación que se esconde detrás de ellas. Son preguntas que ponemos hoy Bajo la Lupa.  

Invitado: 

Arsenio Cuenca, trainee en la unidad de Cibercriminalidad de la Gendarmería francesa, donde estudia la extrema derecha y los discursos de odio en Internet. Cuenca es además investigador asociado de CINVED y colaborador habitual del portal “El Orden Mundial”.  

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.   

Conducción y realización: Franco Delle Donne.  

Un hijo de minero como constructor de confianza

«Tal vez no sea el hombre del gran espectáculo, pero soy Armin Laschet». Así se presentó Armin Laschet el 16 de enero a los delegados del Congreso Nacional de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), partido que desde 2005 lidera el gobierno federal de Alemania. Después de ser electo como nuevo presidente del partido, ¿quién es y qué se puede esperar de él?

Continuidad

Mucho se ha destacado que Armin Laschet, de 59 años de edad, representa en muchos sentidos una continuidad con la era de Angela Merkel. En su discurso a los delegados del partido antes de la votación, Laschet se presentó como la persona que uniría al partido y salvaguardaría la confianza que Merkel se había ganado del electorado en más de 15 años consecutivos de gobierno.

En los últimos años, Laschet ha defendido las políticas de la canciller, con quien tiene una relación de confianza. El católico practicante la apoyó durante la crisis migratoria de 2015, y es conocido por su pasión por Europa. Tiene una larga historia de militancia en el partido y mantiene buenas relaciones con distintos sectores de este.

Como temas con los que quiere convencer a los votantes en las elecciones federales que se celebrarán el 26 de septiembre, Laschet destacó que quiere más digitalización, menos burocracia, reconciliar la economía y la ecología, fortalecer la Unión Europa y la alianza con Estados Unidos. Destacó su experiencia política como una ventaja: «Hay que dominar las herramientas de una política del centro. La capacidad de unir».

Experiencia

Armin Laschet es un político de carrera. Fue miembro del Bundestag alemán, del Parlamento Europeo y del Parlamento del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado de Alemania. Como ministro de Familia, Mujeres e Integración de este estado federado, fue una de las piezas claves en la política social del gobierno estatal.

En 2017 fue electo primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, el centro industrial más importante del país y una de las regiones económicamente más fuertes de Europa. Allí, bastión histórico de los sindicatos y la socialdemocracia, gobierna en coalición con el partido liberal (FDP).

Además de su experiencia como primer ministro, él mismo subraya su talento para equilibrar diferentes intereses y su capacidad de relacionarse con la población. En la propia Renania del Norte-Westfalia, su nivel de aprobación es relativamente alto, aunque su popularidad haya sufrido recientemente durante la crisis de covid-19. Antes de la pandemia, gustaba mostrarse cercano a la gente y en los desfiles de carnaval, de larga tradición en la región.

También posee el don de la retórica, como comprobó el congreso de la CDU. En un discurso perfectamente orquestado, Laschet mencionó varias veces sus orígenes familiares. Creció en Aquisgrán, cerca de la frontera triple entre Alemania, Bélgica y Holanda como hijo de un minero del carbón. El hecho de que él y sus tres hermanos pudieran estudiar en su época no era algo habitual, pero muy importante para sus padres: «Mi padre me mostró que el esfuerzo en el trabajo vale la pena y que es posible ascender». Es justamente esta historia familiar la que le hace entender mejor que nadie los cambios estructurales que vive Alemania con el cierre de las minas y los cambios en la matriz energética.

El nuevo presidente subrayó su preocupación por la creciente polarización en la sociedad. Por eso, sería importante que un partido del centro luche contra el odio y el populismo: «La polarización es fácil, cualquiera puede hacerlo. Tenemos que hablar claro, pero no polarizar. Tenemos que ser capaces de integrar, de mantener una sociedad unida».

La gran pregunta ahora es si la CDU elegirá a Laschet como su candidato para canciller en las elecciones generales del 26 de septiembre de este año. Esta candidatura no es solamente una decisión de la CDU, sino que se tomará en conjunto con su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU). El presidente de la CSU y primer ministro de Baviera, Markus Söder, mantiene un nivel de aprobación alto en la población y suena como otra carta posible para ser candidato a canciller. En teoría, ambos partidos podrían también ponerse de acuerdo para nominar a otra persona. La decisión final se tomará en la primavera, después de las elecciones en Renania-Palatinado, Baden-Wurtemberg y Hesse, tres estados federados importantes.

Confianza

Al final de su discurso, Laschet dejó su manuscrito y sacó de su bolsillo una moneda como aquellas que usaban los mineros como cédula de identidad y símbolo de confianza entre ellos. Contó que se la había dado su padre, diciéndole: «Dile a la gente que puede confiar en ti». Y, dirigiéndose a los delegados en la sala plenaria virtual, Laschet —el que no quería ser un hombre de gran espectáculo— concluyó: «Se trata de la pregunta más importante: ¿en quién confiar?».

El relevo en la Casa Blanca no colocará a América Latina como tema prioritario en la agenda, pero sí cambiará su futuro económico-comercial, social, geopolítico y tendrá repercusiones en sus relaciones diplomáticas.

«Como presidente, tomaré medidas inmediatas para renovar la democracia y las alianzas de Estados Unidos, proteger el futuro económico de Estados Unidos y una vez más hacer que Estados Unidos sea líder en el mundo», escribió Biden en la revista Foreign Affairs en abril de 2020.

El 14 de diciembre del 2020 el Colegio Electoral confirmó a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos, tras un escrutado e histórico proceso que duró alrededor de cinco semanas, con 306 votos a su favor versus 232 para Trump. Ante una era de polarización mundial, Estados Unidos vive una etapa sin precedentes, en la que Biden tendrá que abogar por llamar a la unidad nacional y a reconstruir los core values estadounidenses. Con estas consideraciones, ¿cuál es el panorama para América Latina?

La crisis económica acentuada por la pandemia del covid-19, la mayor ola de protestas raciales a mediados del 2020 y las dos caras del voto latino influyeron de forma decisiva en la victoria de Biden. De hecho, es la primera vez en la historia que el voto latino superó en número al voto afroamericano, con un total de 32 millones de electores. En estados pendulares como Florida, Texas, Nevada y Arizona se demostró que, además de la heterogeneidad del voto hispano, este fue clave para las recientes elecciones. El voto latino decantó en Arizona para Biden, mientras que en Florida, Trump se impuso gracias al fuerte apoyo de la comunidad cubana, venezolana y nicaragüense en respuesta a su fuerte postura frente a los gobiernos izquierdistas.

Es claro que Biden quiere resarcir los errores del legado Trump; entre ellos, destaca: salvar la reputación de los Estados Unidos para retomar el papel del líder del mundo, la vuelta al liberalismo wilsoniano con una renovada doctrina Obama y el regreso de la política estadounidense a su núcleo del mercantilismo hamiltoniano. Para ello, la diplomacia como soft power será clave y el próximo secretario de Estado designado por Biden, Antony Blinken, defiende una política exterior estadounidense de liderazgo con diplomacia. Si bien América Latina no figura como tema prioritario en la agenda, la nueva doctrina Biden tendrá un impacto importante en la región.

«Latinoamérica reaccionó como siempre, entre extremos, a la novedad de la llegada al poder norteamericano de Biden», situación que ha creado un panorama heterogéneo, generando disgustos, escenarios sin aparentes cambios bruscos, pero también esperanzas.

Por un lado, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pierde a su homólogo Trump. Biden ha anunciado que creará una iniciativa global de USD 20.000 millones para preservar el Amazonas. Además, presionará a Brasil para cooperar a favor del cambio climático advirtiendo que, si no coopera, enfrentará graves consecuencias económicas. La lucha contra el cambio climático y la preservación del medioambiente será otra prioridad de Biden, algo totalmente distinto a la visión trumpista. Además de volver al Acuerdo de París, Biden plantea un revolución industrial verde para Estados Unidos; creará un modelo sostenible y de energías limpias y baratas a futuro, que a su vez generará empleo, investigación y desarrollo tecnológico, y que presionará a la región latinoamericana a seguir este cambio. Biden influirá en los aliados regionales del G20 (Argentina, Brasil y México) para emprender mayores compromisos ambientales. Igualmente, ha mostrado preocupación por la deforestación en la Amazonia. Con Obama se emitieron decretos para la preservación del mar de las Galápagos, situación que podría retomarse y fortalecer la cooperación ambiental con países como Ecuador.

Biden exigirá también cambios para México. López Obrador se abstuvo de reconocer la victoria demócrata hasta que el Colegio Electoral lo confirmó el pasado 14 de diciembre. La relación AMLO-Biden parecería ser más complicada respecto a temas como la agenda verde y los derechos laborales.

Por otro lado, con respecto a Venezuela y Cuba, la Administración presentaría contornos más amigables; no se prevén enfrentamientos pero sí sanciones. En cuanto a Venezuela, el presidente demócrata dejará las amenazas de intervención militar para buscar otras formas de negociación y ofrecerá un estatus de protección temporal (TPS) a los inmigrantes venezolanos. Con Cuba, se esperaría la reapertura del consulado, el restablecimiento de vuelos turísticos directos y la posible derogación de la aplicación de la Ley Helms-Burton, que ha endurecido el embargo a Cuba y ha puesto en jaque a las multinacionales que operan en territorios expropiados por el gobierno castrista tras la Revolución de 1959.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/36214e3f-b3fe-42b9-9d43-986c5b4962f5?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Ante el creciente peso de la comunidad latina en el panorama electoral de Estados Unidos, el tema migratorio será primordial en la agenda del nuevo presidente demócrata. El binomio Biden-Harris responderá al tema migratorio con un cambio de política pública: se regularizará la situación de los dreamers retomando el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), se flexibilizarán las restricciones de visa de estudiantes (F-1) y temporales de trabajo (H-1B) (Estados Unidos), se detendrá la construcción del muro en la frontera y se concentrará en atacar a los push factors de la inmigración en Centroamérica a través de la creación de un fondo de 4.000 millones de dólares destinado al triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).

En 2021 se verá un tinte de esperanza por renovar el espíritu democrático, el multilateralismo y las alianzas regionales. En la VIII Cumbre de las Américas se podrá medir la estrategia de la política latinoamericana del nuevo gobierno y en la Cumbre por la Democracia Mundial se impulsará la lucha contra la corrupción, la defensa contra el autoritarismo y la promoción de los derechos humanos. Ambas serán una prueba de fuego del repunte del liderazgo de Estados Unidos en el continente americano. El vínculo entre Biden y América Latina será también más estrecho debido a que el exvicepresidente de Obama viajó veinte veces a la región durante su anterior cargo, mientras que Trump solo hizo una visita fugaz en Argentina en la Cumbre del G20 en 2018.

En cuanto al escenario geopolítico, parecería que la región será el epicentro de una guerra fría 2.0 entre Estados Unidos y China. Según Carol Wise, académica de la Universidad de Southern California, «China dejó en claro que llegó a América Latina para quedarse». Ante la crisis del covid-19, China ha aumentado sus esfuerzos de ayuda humanitaria a la región, tal vez como un tipo de ayuda ligada con la intención de desviar la culpa de ser catalogado como creador del virus. China ha fortalecido los lazos con socios como Argentina, México, Ecuador, Perú y Venezuela ya que detrás de ello está el interés nacional de consolidación de su hegemonía comercial. Sin embargo, Estados Unidos también ha prestado ayuda a la región y Biden dotará de un rol protagónico a USAID para recobrar el tradicional papel de Estados Unidos en la asistencia para el desarrollo con la creación de un Departamento de Desarrollo Global. A pesar de la rivalidad, existirá un tipo de complementariedad entre las dos superpotencias y eso será un cambio interesante de visualizar.

Reflexión final

En conclusión, si bien habrá un enfoque un poco distinto con la región, Biden no difiere mucho de Trump en el sentido de que ambos convergen en impulsar primero el nacionalismo económico. Se debería tener aspiraciones más modestas con Biden ya que, al igual que Trump, se concentrará primero en la recuperación económica tras la pandemia. «La seguridad económica significa seguridad nacional y la industria manufacturera define el espíritu de América», dijo Biden en la Revista Foreign Affairs. El exsenador de Delaware impulsará una política exterior hamiltoniana basada en la estabilidad económica para tener una acción efectiva en el exterior. No obstante, tendrá que asumir internamente un Estado dividido y, en el nivel externo, enfrentar un sistema internacional que sigue el mismo camino.

La administración Biden se juega que en las elecciones del 2024 veamos o no el resurgimiento de los hijos del trumpismo o la continuidad de los demócratas en el poder.

Aristóteles sostuvo que la política no puede ser una ciencia rigurosa sometida a leyes lógicas, por eso no puede ser ciencia estricta, sino que tiene que contentarse con una aproximación racional que cae bajo el ámbito de la prudente comprensión de las situaciones cambiantes. Es un saber práctico-moral, un conocimiento reflexivo y un discernimiento prudencial y permanente de cada situación. Sin embargo, en la modernidad muchos de los saberes comienzan a imitar el camino de las ciencias fácticas, construyendo así una ciencia de lo político.

Habermas entiende que el giro que dan Maquiavelo y Hobbes de presentar a la política como ciencia rigurosa conduce a una funcionalización de esta, y que pierde así la dimensión moral, práctica, del quehacer político, caminando hacia una expertocracia en detrimento del ciudadano de a pie, carente de conocimientos políticos. Paul Ricoeur entiende que la verdadera política conjuga la racionalidad científico-técnica y de las leyes económicas y sociales con lo razonable que procede del mundo de la experiencia humana en comunidad, de los deseos, valores y afectos de las personas.

¿Ciencia y técnica política o saber práctico y moral? Ambos extremos tienen sus dificultades. Hacer de la política una mera cuestión científico-técnica corre el riesgo de disolver el saber práctico-moral en habilidades estratégicas y técnicas, bajo el manto legitimador de las ciencias sociales, con sus metodologías de análisis sobre prácticas y procesos políticos concretos. Pero también nos hicimos conscientes de la dimensión estructural de la sociedad y de los grandes fenómenos sociales gracias al desarrollo de estas ciencias. Quien quiere velar por el bien común debe comprender el carácter estructural de lo social y su complejidad, ayudado por las ciencias sociales y sus posibilidades de investigación y comprensión. Porque para cambiar estructuras se necesitan conocimientos técnicos.

En el otro extremo estarían quienes creen de modo un tanto ingenuo e idealista que con solo buenos deseos y valores éticos pueden hacer frente a los complejos mecanismos económicos y sociales.

Es necesaria una complementariedad entre el saber técnico y analítico con el saber práctico-moral. Ninguno puede suplantar al otro. La acción política debe contrastarse con las perspectivas de los expertos, con los intereses morales de la mayoría y con la propia reflexión racional (Habermas).

La actividad política es capital para la construcción de una sociedad y un hombre verdaderamente humanos. Responde a la dimensión social del ser humano y a su carácter abierto, en construcción de su mundo, porque la realización humana, la libertad y la responsabilidad están profundamente implicadas en la política.

Si se quiere humanizar la sociedad no se puede eludir la actividad política. Si bien es un quehacer complejo que exige conocimientos técnicos, que apela a la responsabilidad moral y que exige la información necesaria para un prudente discernimiento en la toma de decisiones, es una actividad profundamente humana y de una gran responsabilidad. En este sentido, el sano debate de ideas, donde tienen lugar los conocimientos técnicos y humanísticos, abre la posibilidad a que todos, cada uno desde su lugar, nos tomemos en serio el compromiso por el bien común.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/360e450c-face-4bf5-8d84-539350147ff3?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

La importancia del debate de ideas

En tiempos de creciente polarización social, de simplificación de ideas y de discusiones emocionales, donde muchas veces lo político forma parte del mundo del espectáculo, los debates que aportan ideas son poco frecuentes. En general, los debates políticos transmitidos por televisión se parecen más a una contienda deportiva, donde solo se buscan ganadores y perdedores, cuando las que deben ganar son las ideas. Se necesita reaprender a dialogar y debatir buscando corregirse a uno mismo, pulir las ideas y tratar de entender las razones de los otros sin importar de quiénes vengan. La democracia vive de la fe en el entendimiento racional y el debate político tiene sentido porque los seres humanos podemos entendernos y distinguir que algunas ideas son más razonables que otras. Hay que reconocer que no somos dueños de la verdad, sino que hemos de buscarla siempre junto a otros. Debatir nos ayuda a progresar y a cultivar virtudes cívicas necesarias para una sana convivencia social. Cuando la vocación política fundamental es la búsqueda del bien común, en la búsqueda de la verdad de la cual no somos dueños, podemos discutir razonablemente y hasta cambiar de parecer en el camino, explorando todas las razones para elegir las mejores opciones para el bien de los ciudadanos. Y es que, en cuestiones políticas, donde no hay verdades eternas sino problemas cambiantes y complejos, se hace siempre necesario un profundo debate de las cuestiones donde no hay claridad ni consenso.

Por otra parte, se necesitan acuerdos de largo plazo en temas que no se pueden reinventar cada cuatro o cinco años, donde cada gobierno parece querer fundar el universo desde cero cada vez.

Hanna Arendt escribió que «el debate constituye la esencia misma de la vida política». Y es que donde no hay debate la vida política se degrada, porque quienes no son capaces de poner sus ideas en confrontación racional con las de los demás y solo quieren escucharse a sí mismos no podrán mirar más allá de sus propios intereses, yendo en sentido contrario a la vocación política.

Quienes buscan honestamente la verdad, suelen saber cultivar amistad con todos los que buscan, aunque piensen de modo muy distinto y tengan posiciones muy divergentes entre sí. Y es que pensar en serio requiere pensar con otros, que obviamente no piensan igual que uno mismo. El pensamiento auténtico nace de un diálogo auténtico. Pero para lograr una conversación verdadera, donde todos aprendemos y nos acercamos a la verdad, es preciso aprender a discutir. La discusión no es un combate entre posturas cerradas donde unos pierden y otros ganan, porque las polémicas son siempre una pérdida de tiempo y suelen herir a las personas que participan de ellas. Pero la verdadera discusión es algo que hemos olvidado y que es sumamente importante para crecer en la calidad de nuestros pensamientos y en nuestras relaciones con los demás.

El respeto por la pluralidad de opiniones es un signo de amor a la libertad y un signo de la claridad de las propias convicciones. Aprender a ver la realidad desde diferentes puntos de vista y perspectivas amplía la mirada e ilumina las propias ideas. Pero cuando solo importa tener la razón, no importa la verdad y vivimos presos de nuestros propios miedos a salir más allá de nuestras seguridades. Ortega y Gasset escribió en 1923 que «el primitivismo consiste siempre en confundir el propio horizonte con el mundo».

Esto no significa que todas las opiniones son igualmente verdaderas (relativismo). Aceptar el pluralismo de ideas y perspectivas no implica renunciar a la búsqueda de la verdad o caer en el relativismo. La pluralidad de enfoques suma, aporta, enriquece con más luz y disminuye la estrechez de miras. En un legítimo pluralismo pueden reconocerse la superioridad de un parecer sobre otro porque, aunque nadie tiene el monopolio de la verdad, ya que siempre estamos en camino, hay conocimientos más ciertos que otros, más verdaderos que otros.

En su primer congreso digital, el partido de gobierno alemán eligió a su nuevo presidente.

El primer ministro del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, fue electo como nuevo presidente de la oficialista Unión Demócrata Cristiana (CDU según sus siglas en alemán). Por primera vez y debido a la pandemia, los 1001 delegados que representaban a los 400.000 miembros del partido se reunieron y votaron a su presidente de manera virtual. El primer congreso digital de un partido político alemán con elecciones de la directiva impresionó tanto a los observadores como a otros partidos políticos por su organización impecable.

Armin Laschet, de esta manera, está en una buena posición para ser candidato a la sucesión de Angela Merkel durante las elecciones federales del 26 de septiembre, cuando ella deje la cancillería alemana después de 16 años en el cargo. No obstante, se enfrenta a un panorama político desafiante debido a la pandemia. La recuperación económica pospandemia pero también la digitalización y el desarrollo sustentable serán los temas que dominarán el debate político en los próximos meses.

Laschet, un político experimentado y moderado de 59 años de edad, venció al exjefe de la bancada de la CDU, Friedrich Merz, en una segunda vuelta por 521 contra 466 votos. Un tercer candidato, el exministro de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, fue eliminado en la ronda anterior. En la presidencia de la CDU, Laschet reemplaza así como presidente del partido a Annegret Kramp-Karrenbauer. Hace un año, ella había comunicado su renuncia a la presidencia del partido y por lo tanto a ser candidata a la Cancillería tras una crisis política en Turingia, estado federado en el este de Alemania. La crisis fue relacionada con un voto conjunto de la CDU con el partido populista de derecha, AfD, en las elecciones del primer ministro de ese estado.

El electo presidente de la CDU tiene que manejar el nuevo comienzo después del ciclo de Angela Merkel, unir los diferentes sectores del partido y prepararlo para las elecciones federales. A pocos meses de los comicios, aún no está claro si el presidente será también el candidato del partido a canciller. Es una decisión que tiene que tomar la CDU junto con su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU). Aparte de Laschet, este candidato podría también ser el presidente de la CSU y primer ministro de Baviera, Markus Söder. Por lo menos, en teoría, los dos partidos podrían ponerse de acuerdo en apoyar a otro candidato, como el ministro de salud, Jens Spahn, aunque esto por el momento no parece muy probable. La decisión final se tomará en la primavera y estará influenciada por las elecciones en tres estados federados importantes: Renania-Palatinado, Baden-Wurtemberg y Hesse.

Laschet durante los últimos años ha sido un leal partidario de la canciller y ha subrayado que un cambio de dirección del partido «sería la señal equivocada». En un discurso emocional e integrador, el nuevo presidente de la CDU se basó en su experiencia como primer ministro del estado más poblado de Alemania: «Debemos mantener la confianza del centro político en nosotros». Queda por ver si lo logra. Pruebas a superar no le faltarán.

Antes y después de las elecciones de Estados Unidos, las desinformaciones que relacionaron a Joe Biden con el régimen de Nicolás Maduro se viralizaron en redes sociales y cautivaron el voto latino en Florida. Ahora, las teorías del supuesto fraude electoral también incluyen la conexión con el castrochavismo.

Tras semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente saliente Donald Trump sigue con su discurso de un supuesto fraude, sin demostrar pruebas de este y sin reconocer del todo el triunfo de su contrincante, el demócrata Joe Biden.

El discurso de Trump y de sus abogados enlaza una serie de teorías de conspiración que, en realidad, hicieron parte de la campaña presidencial y tiene como uno de sus principales ejes al castrochavismo y a los intereses del comunismo y del socialismo. Como se evidenció durante la campaña, el miedo a ese castrochavismo convenció a muchos electores latinos de Florida, especialmente cubanos, colombianos y venezolanos.

Cristina Tardáguila, directora adjunta del International Fact-Checking Network (IFCN), explica que en el Fact Chat, una alianza que reúne a los doce medios hispanohablantes en Estados Unidos, vieron cómo la desinformación fue segmentada. «En Pensilvania estaban las teorías del fraude electoral, mientras en Florida se insistía en la relación de Biden con políticos polémicos de Latinoamérica».

En ese caso, asegura Tardáguila, no solo evidenciaron las teorías del castrochavismo y la supuesta relación de Biden con el venezolano Nicolás Maduro, sino también del danielorteguismo, el presidente de Nicaragua.

El mayor peso de las desinformaciones estuvo en el socialismo de Biden y sus supuestas relaciones con Maduro. Yan Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario en Bogotá, indica que “la noción de castrochavismo ha sido inventada para infundir temor hacia los candidatos de izquierda que se asimilan a un supuesto movimiento internacional autoritario cuya cabeza serían los gobiernos de Venezuela y de Cuba. Al uribismo en Colombia le funcionó muy bien para contener la candidatura de Petro en 2018, y por eso, muchos candidatos de derecha copiaron la receta».

Esa sombra del castrochavismo también apareció en las elecciones de México, Brasil y, con menos fuerza, en Argentina y en Chile con el reciente plebiscito por una nueva constitución.

En cuanto a Estados Unidos, durante la campaña fueron conocidas las relaciones entre Trump y algunos integrantes del Centro Democrático, partido del actual presidente Iván Duque. Incluso, el 27 de octubre pasado, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg escribió en Twitter: «el éxito de relaciones entre Estados Unidos y Colombia a lo largo de muchos años se ha basado en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses».

Pero la molestia del embajador Goldberg parece ser un llamado a no interferir en política en un solo sentido, ya que el propio Trump había publicado un trino en el que aseguraba: «Biden es un títere de los Castro-chavistas, tal como el loco Bernie (Sanders), AOC (Alexandra Ocasio Cortez) y la amante de Castro Karen Bass. Biden cuenta con el apoyo del socialista Gustavo Petro, un importante PERDEDOR y exlíder guerrillero del M-19. Biden es débil en el socialismo y traicionará a Colombia. ¡Estoy contigo!».

Además, el canal oficial de YouTube de Donald Trump publicó un video, en el que se asegura que «Biden es el candidato del castrochavismo». Ese discurso fue replicado en desinformaciones de portales como el Panam Post, una página web que toca temas de América, y otros menos conocidos, incluyendo páginas de noticias de Facebook o canales de noticia en Twitter, que usaron una foto, sacada de contexto, tomada en la posesión de Dilma Rouseff el 1 de enero de 2015, cuando Biden era vicepresidente.

En América Latina las desinformaciones se difunden en todo un abanico de canales:

• Facebook con sus páginas de noticias, grupos y perfiles individuales
• Instagram
• Twitter en cuentas de aparentes bots, de influenciadores y de políticos
• Tik Tok, un mundo no muy explorado para los verificadores de datos
• Cadenas de WhatsApp
• Youtube en videos de supuestos noticieros o youtubers
• Portales, algunos no muy conocidos y otros ya reconocidos por sus agendas políticas y por mezclar noticias reales, opiniones y desinformaciones

Es así como, usando las redes sociales para amplificar esos miedos, la campaña de Trump convenció a los electores latinoamericanos de Florida, pues el descalabro de Venezuela es muy llamativo mediáticamente. Esta vez, a diferencia de las elecciones de 2016, ganó Florida, incluyendo Miami.

Pero si antes de las elecciones el aparato de la desinformación se movió de una forma sincronizada, durante y después del 3 de noviembre, el castrochavismo siguió siendo parte del discurso de redes sociales y políticos.

Dos días después de las elecciones, el diario The New York Times publicó un reportaje en el que revelaba que en la noche de las elecciones proliferaron las publicaciones en redes sociales en español en las que denunciaban que al presidente Trump le habían robado la victoria. El artículo evidenciaba cómo en algunas cuentas en español con muchos seguidores hicieron el anuncio falso de que Trump había logrado una victoria temprana, que las redes sociales habían censurado su triunfo y que Biden había hecho trampa.

.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/36214e3f-b3fe-42b9-9d43-986c5b4962f5?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

.

Las teorías conspirativas del fraude, que aún son repetidas por Trump y sus abogados, fueron viralizadas en redes sociales por cuentas de Twitter y portales de Facebook.

The New York Times asegura que para «el 4 de noviembre, los expertos en desinformación como Quran compararon el diluvio de desinformación en español con una situación de emergencia e instaron a las plataformas de redes sociales a informar de manera retroactiva a quienes habían interactuado con ese contenido que las afirmaciones eran falsas. La desinformación tiene un gran alcance. En solo 24 horas, las noticias falsas en español habían generado un tráfico capaz de eclipsar incluso a la campaña de interferencia encabezada por la Agencia de Investigación de Internet de Rusia y respaldada por el Kremlin hace cuatro años».

Entre todo este panorama de las desinformaciones mencionaron un video publicado en Facebook por Mr. Capacho en Vivo, una supuesta página de noticias de Colombia con 40.000 seguidores en Facebook, que divulgó conspiraciones de QAnon y del fraude en las elecciones.

En Colombiacheck, un medio de comunicación dedicado al fact checking, que tiene una alianza con Facebook para combatir la desinformación, desde el 4 de noviembre hasta la fecha fueron desmentidas 13 desinformaciones acerca del supuesto fraude en las elecciones en Estados Unidos que circularon en redes y en portales. Precisamente, una de esas informaciones falsas o engañosas era una publicación de Mr. Capacho, que denunciaba muertos que supuestamente votaron a favor de Biden. Esto también fue difundido en redes en cuentas como Latinos por Trump.

Mr. Capacho, que no solo tiene página en Facebook sino un portal web abierto en noviembre del año pasado y un canal de Youtube, había difundido desinformaciones contra Bill Gates y las vacunas, George Soros, Hillary Clinton y el expresidente Obama. También ha publicado ampliamente columnas y desinformaciones que critican al socialismo o lo relacionan con los demócratas. Otra de esas informaciones que replicó este portal es la que señalaba al fundador de Black Lives Matter como «un partidario abierto del dictador socialista venezolano Maduro» o que tildaban a Biden como socialista.

Como este portal hay muchos más que han difundido estas teorías de conspiración acerca del castrochavismo. Las teorías del fraude han sido avivadas por las declaraciones de los abogados de Trump, que en noviembre pasado dieron una rueda de prensa y denunciaron que el voto fue pirateado, gracias a una tecnología desarrollada por Hugo Chávez en Venezuela. Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, ha insistido en que «una empresa propiedad de afiliados de Chávez y Maduro» amañó las elecciones. Se trata de Dominion, una empresa con sede en Canadá. Sin embargo, diversos verificadores de datos como Politifac, Factcheck.org y AFP Factual, entre otros, explicaron que esto era falso.

El martes 9 de diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos le infligió un duro revés al presidente Donald Trump y a sus teorías conspirativas al rechazar una solicitud del Partido Republicano que buscaba revertir la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden en el estado de Pensilvania.

Con este panorama se espera que Biden se posesione como presidente de Estados Unidos en enero próximo y que el fantasma del castrochavismo sea exorcizado del panorama electoral de Estados Unidos, aunque puede trasladarse a otros países.

País muy atrasado, con dictaduras de distintos signos, sumido en pobreza y opresión, represión desde 2018, pandemia y huracanes lo tienen en grave crisis. Las elecciones de noviembre de 2021 pueden ser una salida, pero hay dudas de que sean libres.

A Nicaragua la definen en el argot turístico como la tierra de lagos y volcanes, pero la crítica política la ve también como la tierra de las dictaduras.

Sumida en el segundo lugar de los países más atrasados de América, sólo superado por Haití, Nicaragua ha padecido desde el tiempo colonial autoritarismos férreos y hasta crueles. Las dos últimas dictaduras, la de los Somoza y ahora la de Daniel Ortega son las más longevas, con cuarenta o más años imponiendo su voluntad al hospitalario pueblo nicaragüense.

Ese formato histórico de gobiernos dictatoriales en Nicaragua, acaso interrumpido en el último siglo por pocas y pequeñas pausas de primavera democrática, se ha  agravado con la actual dictadura, por su carácter ideológico y populista de izquierda, y por tener como apoyo en la nueva geopolítica mundial un bloque de sistemas autoritarios que encabezan Rusia y China, y que completan Corea del Norte, Cuba, Irán, Turquía, Venezuela y otros simpatizantes.

Entre sus más recientes desaciertos, la dictadura de Ortega ha minimizado la pandemia del covid-19 y ha tratado de ocultar las cifras. Sólo reconoce el 40 % de los contagios reales y el 5 % de los fallecidos, una crisis sanitaria que se suma a la crisis sociopolítica que estalló con la rebelión estudiantil de abril de 2018, con 350 asesinados, 4.000 heridos y lesionados, 100.000 exiliados (el 80 % en Costa Rica), y 900 presos políticos, de los que aún están 113 en la cárcel.

En los recientes huracanes de noviembre 2020 que afectaron a Nicaragua, Ortega prohibió la ayuda a los damnificados por parte de la sociedad civil, afirmando que esa tarea «sólo es del Estado», haciendo manipulación política con la poca ayuda entregada.

Estas políticas del régimen frente a las distintas crisis ha llevado al rechazo de la población a niveles sin precedentes, que rondan el 80 a 85 % de inconformidad, según encuestas dignas de crédito.

Están previstas elecciones generales para noviembre de 2021, según la Constitución, y debido a la grave crisis en que se vive desde el 2018, la oposición y la comunidad internacional vienen solicitando su adelanto, que el Gobierno siempre rechazó.

El problema de fondo es que el sistema electoral de Nicaragua ha sido señalado como fraudulento en los siete últimos procesos electorales desde 2008, tanto nacionales como municipales.

La oposición viene por ello exigiendo reformas electorales suficientes para garantizar elecciones libres y transparentes. El mismo gobierno prometió en diciembre de 2019 hacer reformas electorales en este año 2020, pero aún no las hay.

La oposición contra Ortega está constituida por una serie de organizaciones políticas y sociales. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) es la instancia más notoria, representativa de los sectores sociales de las protestas de 2018, que con el apoyo de la comunidad  internacional llevó a cabo diálogos con el Gobierno en mayo de 2018 y en marzo de 2019, los mismos que fracasaron por incumplimientos de este.

La Alianza Cívica ha promovido también la unidad pero aún no se logra erigir un bloque unificado de oposición que represente la alternativa al actual régimen y que pueda, con credibilidad y legitimidad ante la población, dar batalla electoral en las elecciones de noviembre de 2021. Las perspectivas en Nicaragua para salir de la dictadura e iniciar un proceso de democratización con elecciones libres son aún grises. Hay más de 100 presos políticos, las libertades públicas están severamente restringidas, la represión no ha cesado desde hace dos años. Estamos ante una dictadura policial y militar, muy represiva, que muestra que su gran objetivo es mantenerse en el poder a la fuerza más allá de 2021 y no arriesgar una derrota en elecciones libres que, de todas formas, el régimen no parece dispuesto a facilitar.

«Normativas pioneras», «grandes avances», «ejemplo en la región» son algunas de las expresiones que se usan para señalar a Bolivia como un país en el que se han dado claras muestras de que la participación política de la mujer importa, pero ¿realmente los hechos respaldan esto?

Hace un par de años, las palabras de Sandra Macías, concejal suplente en la gestión 2013-2014 en una localidad del centro de Bolivia, me dejó constancia de que hay realidades que no se pueden ocultar: «persiste el machismo y la discriminación en los espacios de poder». «En la política nos hacen participar, pero no decidimos».

Bolivia fue el primer país en aprobar una ley de paridad y tener una ley de violencia política de género, dos hechos históricos que son reconocidos a nivel mundial; sin embargo, las acciones para incluir a las mujeres en la toma de decisiones no tiene el avance esperado y sigue siendo un desafío en construcción permanente.

Un reciente estudio denominado «Electas. Mujeres en la política»,[1] que refleja el panorama de Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina y Bolivia, indica que América Latina está por encima del promedio mundial en la tasa de participación de mujeres en la política institucional: el 31,6 % de los escaños en las Cámaras de Diputados de la región son mujeres.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa de Bolivia, de las 130 diputadas 60 son mujeres y de las 36 senadoras 20 son mujeres. Los espacios se están ganando. Hay mujeres en el poder pero, en los hechos, falta demostrar si realmente tienen poder. Aunque esto está condicionado a un factor determinante: las cuotas de género, una regla que garantiza que los partidos políticos presenten, en tiempo electoral, un número equilibrado de candidatos y candidatas.

En el dossier «Mujer y política. El impacto de las cuotas de género en América Latina»,[2] Mona Lenna Krook hace referencia a tres categorías para entender este concepto: escaños reservados, cuotas de partidos y cuotas legislativas, que, sin embargo, pueden variar dependiendo de sus características y de los partidos. Para la autora, «todas buscan promover la representación de las mujeres a través de políticas concretas para el incremento de la selección de candidatas a cargos políticos».

La importancia de las cuotas de género es que aceleran el camino a la paridad. Marlene Choque Aldana, en el estudio «La apuesta por la paridad democratizando el sistema político en América Latina»,[3] considera dos antecedentes en el caso boliviano: el primero apunta a la aprobación la Ley de Cuotas (1997) y el segundo se relaciona con el período previo al proceso constituyente, cuando se admitieron las candidaturas de organizaciones no partidarias con varias condiciones, que incluían la paridad de género (2004).

El avance hacia la paridad pasa porque se la entienda como una medida definitiva y una verdadera apuesta política en el reconocimiento y la distribución del poder dentro de las mismas organizaciones, en igualdad de condiciones, promoviendo así la inclusión.

Redefinir la agenda política desde una perspectiva diferente incomoda a quienes se han acostumbrado a tener poder absoluto y decisiones sin objeción; por eso, el verdadero desafío es hoy consolidar la legimitidad.

Una ley no basta

La ley n.° 243 de 2012 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres es una conquista que llegó luego de un oscuro episodio, cuando el 12 de marzo de ese año Juana Quispe, una concejal de origen aimara de la población de Ancoraimes, de La Paz, fue asesinada luego de denunciar agresiones en su círculo político, en reiteradas oportunidades, por mantener resistencia en su cargo. Juana fue la primera en esa región que hasta entonces solo había tenido varones en los cargos, tanto del Ejecutivo como en el Concejo Municipal.

Ocho años han pasado y aunque las denuncias se hacen más visibles, así como la presencia de las mujeres en las esferas políticas, la impunidad se sigue arrastrado, más aún en áreas indígenas, periféricas y rurales.

Bolivia enfrenta desde hace ya varios años el desafío de consolidar espacios en los que las mujeres disputen el poder libres de violencia y se dejen atrás noticias como la de noviembre de este año, cuando los medios informaban sobre el calvario que sufrió una alcaldesa que se vio obligada a esconderse para salvar su vida ante la presión de vecinos que la agredieron para exigirle una autorización.

Que Bolivia sea un modelo en la región por tener normativas que protegen a las mujeres en el ejercicio político y garantizan mejores condiciones de participación, en este punto queda en una expectativa casi inútil, cuando se suman las denuncias y no se sanciona a los responsables. Falta que las leyes salgan del papel.

.

[1] Estudio del Instituto Update en colaboración con organizaciones de la región, también en serie audiovisual (diciembre 2020).

[2] Publicación de FLACSO Chile e IDEA Internacional (2008).

[3] Estudio de la CIM e IDEA Internacional (2013).

El asunto puede parecer lejano de las universidades latinoamericanas, y simplemente una moda progresista que viene de América del Norte. La realidad, sin embargo, es que la libertad académica está en peligro en todas partes del mundo por la arremetida de ideologías que ven en la palabra y el pensamiento libres una amenaza para una visión doctrinaria del mundo. Ya sea desde la extrema izquierda o la extrema derecha, el cuestionamiento es el mismo. Que hay cosas que no se deberían decir en los salones de clases o discutir en las publicaciones académicas porque molestan a oídos inquisitoriales.

Ha ocurrido en el Brasil del derechista Jair Bolsonaro, donde se ha pretendido suprimir programas de ciencias sociales o humanidades en universidades públicas por considerarlos superfluos o demasiado cercanos a una cierta ideología, como lo ha reportado la organización Scholars at Risk. Y ocurre en la Venezuela bajo el chavismo que se llama socialista, donde gracias al trabajo de la organización Aula Abierta, el mundo conoce la amplitud y brutalidad de los ataques contra el sector universitario, sus estudiantes y profesores (aunque muchos académicos de izquierdas prefieran ignorarlo).

Pero hay otra amenaza contra la libertad académica que viene desde el interior de las mismas universidades, incluso promovida por profesores y estudiantes que dicen luchar por la «justicia social». Ocurrió recientemente en mi propia universidad (la Universidad de Ottawa en Canadá), donde la joven profesora Verushka Lieutenant-Duval fue objeto de difamación y ataques por las redes sociales, después que fuera brevemente suspendida por haber usado la palabra que comienza por «ene» (eufemismo conocido en inglés como de N-word) en un curso sobre el arte y género para ilustrar cómo grupos marginalizados se apropian de términos despectivos como forma de empoderamiento (había dado también el ejemplo de la palabra queer usada por la comunidad LGBT+). El hecho valió que la llamaran racista, que difundieran en Twitter sus datos personales (dirección y teléfono), que recibiera correos electrónicos intimidatorios. La facultad en la que trabaja decidió abrir otra sección del curso para los estudiantes que no se sintieran «cómodos» en seguir con ella el semestre. La gran mayoría decidió mudarse a la nueva sección, lo que envió un mensaje extremadamente negativo a la libertad de cátedra. La profesora fue expuesta de este modo al escarnio público por un hecho calificado arbitrariamente de racista (que no lo fue, pues el uso de aquella palabra se dio en un contexto académico para ilustrar justamente lo contrario al racismo).

El rector de la Universidad de Ottawa, en vez de proteger el derecho de la joven profesora (que trabaja además por horas y no tiene una posición fija), dijo en una primera declaración que «miembros de grupos dominantes (?) simplemente no tienen legitimidad de decidir qué constituye una microagresión», legitimando así la acción intimidatoria de quienes atacaron a Lieutenant-Duval. Más recientemente, el mismo rector ha dicho que «a veces ellos [los estudiantes] usan sus plataformas de redes sociales para amplificar sus voces», lo que se puede leer como una justificación del uso de estos medios para difamar y atacar profesores como lo hemos visto en este caso.

El caso de Ottawa no es único. Se repite en América del Norte con cierta frecuencia. En estos días se dio a conocer el de un profesor de Geofísica de la Universidad de Chicago que ha sido objeto de acusaciones y de demandas para suspenderlo de comités universitarios y de la supervisión de estudiantes de posgrado por haber expresado su desacuerdo con algunas de las políticas que de equidad, diversidad e inclusión que se aplican para contratar profesores. El más emblemático ha sido el de Evergreen State College en el estado de Washington. Allí dos profesores fueron acosados violentamente y obligados a renunciar después de que un grupo de estudiantes radicales tomaron el campus para imponer su doctrina, que ellos llaman «antirracista» y de «equidad», pero que ha logrado imponer un verdadero reino del terror en esa institución de educación superior.

Como lo escribió Heather Heying, bióloga y profesora que fuera forzada a renunciar de Evergreen, estamos ante una guerra cultural, «pero la guerra no es contra fascistas y racistas, como nos quieren hacer creer los activistas. La guerra cultural no es ni siquiera primeramente contra conservadores y contra la policía, aunque los llamados a desfinanciar e incluso abolir a la policía revelan que estos grupos son blancos [de los activistas]. Más específicamente, la guerra cultural que enfrentamos es una lucha contra la lógica y el análisis, las matemáticas y la ciencia. Todas las herramientas de la Ilustración están sometidas al descuartizamiento, y todos aquellos que defendamos el uso de estas herramientas somos sus enemigos».

Reeducación, censura y autocensura

La situación en la Universidad de Ottawa expresa una tendencia en América del Norte en la que grupos afectos al discurso radical por la supuesta «justicia social» hacen llamados a la reeducación de los profesores que no pasan por el aro de su retórica políticamente correcta. Aquí algunos ejemplos: «Enseñe a sus profesores este conocimiento básico. Prohíba la palabra que empieza por ene, y otros insultos dañinos racistas»; «los profesores deben ir a entrenamientos «anti-opresión» (sic). Sin embargo, la propuesta de reeducación no es suficiente para algunos: «Si usted piensa que la palabra que empieza por ene puede ser neutral en cualquier contexto, no (sic). Renuncie».

En el debate público sobre este caso se justificaron la censura y la autocensura en el medio universitario. En un editorial firmado por el equipo de dirección del periódico estudiantil The Fulcrum se dijo: «Paren de decir la palabra que empieza por ene. Esto debería ser evidente. Incluso si es en una canción. Incluso si es citando a una película. O si es un «contexto académico». Si usted no es negro, usted no tiene el derecho [a pronunciar la palabra que empieza por ene]».

Cuatro profesoras de Sociología de la Universidad escribieron en una petición en línea: «Si alguien usa la palabra que empieza por ene, dada su historia, nosotras, entre otros, vamos a considerarlo racista por usarla». En una versión un tanto diferente de la petición que salió en francés en el periódico Le Devoir acusaron a los 34 profesores que firmaron la carta en apoyo a la profesora sancionada de «usar su poder y su privilegio para contribuir con las estructuras de la supremacía blanca». Por su parte, el presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Ottawa escribió que «la libertad académica no se aplica a los discursos de odio, y debe ser reconocido que el uso de insultos raciales, sin importar el contexto, es una forma de discurso de odio».

Una doctrina inquisitorial

Todas estas afirmaciones revelan una doctrina inquisitorial disfrazada de progresismo justiciero. Proponen censurar palabras basadas en la premisa según la cual no importa ni el contexto, ni el formato, ni las circunstancias en las que fueron pronunciadas o escritas. ¿Qué otras palabras deberían ser prohibidas en el salón de clases, en los libros o en la investigación? Por ejemplo, ¿deberíamos prohibir la palabra marrano que fue usada de forma despectiva para referirse a los judíos conversos en España y Portugal durante los tiempos de la Inquisición en un curso sobre la historia del antisemitismo? Algunos estudiantes judíos que estuvieran tomando el curso podrían sentirse ofendidos por el uso de la palabra que les recordaría el sufrimiento de sus abuelos en la Alemania nazi o en Irak, donde los judíos fueron masacrados y expulsados después de la fundación del Estado de Israel.

La propuesta de prohibir palabras o de estigmatizar a quienes las usan en un contexto académico es no solo absurda sino altamente peligrosa. En un mundo en el que los extremos de derecha y de izquierda hablan de posverdad y de hechos alternativos, es importante defender la verdad y las formas en las que esta se ha expresado en la historia de la humanidad, aunque en ocasiones los términos resulten chocantes.

Además, esta propuesta establece quien puede y quien no puede usar una palabra dependiendo del color de su piel o dependiendo de si se le considera miembro de un «grupo dominante», una categoría muy mal definida y plena ambigüedades. El encasillamiento de las personas en categorías raciales o a partir de definiciones esencialistas (todos los blancos pertenecerían a un «grupo dominante») es la antesala hacia un segregacionismo racista. E invierte el principio judicial, estableciendo que todo blanco, hombre, u otra categoría esencializada es culpable hasta que no pruebe lo contrario.

Y de forma nada sutil justifica y legitima la falta de civilidad, el acoso, la intimidación e incluso la difamación de quienes acusan sin base alguna a sus «enemigos» de racistas, pues ellos se lo «han buscado» desde su posición de privilegio «blanco».

La defensa de la libertad académica no está en contradicción con la lucha contra el racismo, la discriminación y el respeto de la dignidad humana. Si sacrificamos alguno de estos principios, podríamos poner en peligro la capacidad de las universidades de cumplir con su misión, que implica la promoción del pensamiento crítico, del debate de temas relevantes para la sociedad, y de la innovación en un ambiente de convivencia pacífica. El camino de la corrección política puede ser uno de miedo, intimidación y censura en las universidades.

La alta dependencia económica de los países centroamericanos respecto de Estados Unidos por comercio, inversión y remesas siempre hace que una nueva administración sea relevante. En esta ocasión se tiene la esperanza de más cooperación y de más negocios.

Las relaciones comerciales marcan, con preeminencia, la vinculación de Centroamérica con Estados Unidos. La política migratoria, la inversión extranjera y las acciones de colaboración y diplomacia ocupan un espacio importante pero el comercio define el tono de la agenda desde las pequeñas naciones del centro del continente.

Si la actividad comercial global sigue cauces más pacíficos en la era Biden, bajo un requerimiento global de recuperación económica, Centroamérica gana con la llegada del demócrata a la Casa Blanca.

Con exportaciones por el orden de los USD 32.000 millones, un 48 % se dirigen a Estados Unidos en el marco del tratado de libre comercio entre la región y dicho país. Las importaciones del istmo también provienen mayoritariamente de allí, un 41 % del total. Los datos corresponden al 2018 y son parte de las estadísticas del Sistema de Integración Centroamericano.

Un elemento adicional beneficioso para las relaciones comerciales de la región se daría con el restablecimiento de la institucionalidad multilateral que rige al comercio global, desmantelada o suspendida durante la administración de Donald Trump. Un socio comercial que respeta las reglas acordadas siempre es importante.

La mayor fiabilidad también es relevante en una región que también depende de fondos y recursos que favorezcan la situación social de sus poblaciones.

Se anticipa que habrá relaciones más fluidas con el gobierno de Joe Biden, lo cual incluiría una carga menos pesada en el tono y las acciones para el control del tráfico de drogas desde el sur, dada la utilización de la región como puente y tránsito, así como mayor cooperación en los asuntos migratorios.

Del mismo modo que el comercio es el tema de alto interés desde Centroamérica a Estados Unidos, la migración lo es para Estados Unidos respecto al istmo. Todo indica que, ante la coyuntura actual, los flujos migratorios desde Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente, no mermarán.

Alrededor de 3,5 millones de centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses (en su orden por relevancia numérica) viven en Estados Unidos. Existe en algunas de esas economías una alta dependencia de las remesas enviadas por estos migrantes a sus familiares. Solo en el caso de El Salvador, el 83 % de sus ciudadanos en Estados Unidos enviaron en 2018 la suma de USD 5.500 millones. Cuando esta cifra se compara con los USD 900 millones percibidos en inversión extranjera directa (IED), queda clara su importancia económica, más allá del tema social.

Cooperación e IED

Un antecedente positivo en materia de cooperación se encuentra en el hecho de que en el segundo mandato de Barack Obama, Biden, como vicepresidente, estuvo a cargo del programa de ayuda a Centroamérica.

De hecho, Biden ya anunció un plan de donaciones de USD 4.000 millones para atender las causas que generan la migración, principalmente para Guatemala, El Salvador y Honduras, así como apoyo para fortalecer el Estado de derecho, mejorar la seguridad ciudadana, combatir la pobreza y la corrupción.

Más allá de eso, las relaciones diplomáticas y la coincidencia política con Estados Unidos entre la mayor parte de los países centroamericanos —con excepción de Nicaragua— mantendrán su curso, que no se vio afectado durante la administración de Trump.

Un clima más calmo y una economía que se reactiva en Estados Unidos también debería aplacar el deterioro en los flujos de inversión extranjera directa en el entorno de recesión global.

De los casi USD 11.000 millones que el Sistema de Integración Centroamericano reporta por inversiones para Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá en 2018, más de la mitad en el caso de los dos países más fuertes (Costa Rica y Panamá) provienen de Estados Unidos. Si la economía norteamericana se fortalece, se podría esperar una recuperación de los ingresos por inversión y reinversión al istmo. Lo mismo podría ocurrir con el turismo, pues todos los países tienen en los norteamericanos sus principales visitantes.

Antes de la pandemia, Centroamérica —salvo el caso de Panamá— registró menores entradas netas de capital de IED en razón de la repatriación de utilidades que hicieron las empresas transnacionales aprovechando la reforma fiscal impulsada por Trump, entre otras razones.

Para una región acostumbrada a vivir bajo la sombra de Estados Unidos, en razón de su alta dependencia, un nuevo gobierno no debería representar un cambio importante en sus acciones o expectativas. Esta vez lo es más, en razón de que es Trump quien deja la presidencia. Si el próximo gobierno de Joe Biden genera un diálogo con las pequeñas naciones centroamericanas, esa mirada y la ayuda adicional resultará de muy alto valor pues, así como en el resto de América Latina, las secuelas de la pandemia estarán presentes por muchos años.

.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/4459ae78-2bb3-4e88-a5cb-828122760a53?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]