La ciencia y la política tuvieron el desafío de aprender a trabajar en equipo para hacer frente a uno de los desafíos más importantes de la última década: la pandemia de covid-19.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/2c40612e-f3fc-47c0-85a0-1ccaf67168fa?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Desde el inicio de la pandemia hemos sido testigos de algo novedoso: científicos y políticos trabajando en conjunto para elaborar la mejor estrategia. Y lo nuevo tal vez no sea la cooperación en sí, que en algunos lugares ya existía, sino que lo estemos discutiendo. Que se hable de esta relación en el espacio público, que pensemos en cómo hacer para que ambas realidades sean compatibles y que, al final, las decisiones que afectan nuestra vida sean las mejor fundadas. En el episodio de hoy ponemos todo esto Bajo la Lupa.  

Invitado: 

Rafael Radi, doctor en Biología, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario que asiste al gobierno uruguayo en relación con la crisis sanitaria.  

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.   

Conducción y realización: Franco Delle Donne.  

Ecuador transita todavía su proceso de búsqueda de un espacio en la democracia. Así, entre 1997 y 2007 hubo ocho presidentes de la República, mientras que entre 2007 y 2017 solamente uno. La elección del próximo 7 de febrero de 2021 presenta más incógnitas que certezas. La institucionalidad electoral no goza de credibilidad pública, como lo reflejan los sondeos de opinión, y podría derivar en escenarios de desestabilización.

La administración de Lenin Moreno ha sido calificada como un régimen de transición por varios cambios que ha emprendido en la conducción económica, política y democrática. De hecho, el modelo económico con el que arrancó su gestión dista del actual, así como también el político. Por otro lado, ha contado con cuatro vicepresidentes que demuestran el tono de la transición, de personajes cercanos al correísmo, hacia economistas y tecnócratas de visión más ortodoxa.

El 7 de febrero de 2021, los ecuatorianos votaremos por binomio presidencial, asambleístas nacionales y provinciales y parlamentarios andinos. Y en la ciudad de Cuenca, muy probablemente, se desarrollará una consulta popular a propósito de la minería.

Este artículo comenta el proceso electoral en Ecuador, busca provocar algunas reflexiones sobre la particularidad de la elección en pandemia y señala algunas perspectivas.

Unas elecciones diferentes

Luego de un amplio proceso de primarias internas en agosto pasado, los movimientos y partidos políticos definieron 19 binomios presidenciales con potencial de calificación ante el Consejo Nacional Electoral. Una vez que el proceso de inscripciones, impugnaciones y definiciones se encuentra en curso, ya suman 16 las fórmulas presidenciales calificadas en firme, con el potencial de llegar a 17. De esta forma, los ecuatorianos, a nueve semanas de la primera vuelta, todavía no conocemos cómo quedará configurada la papeleta presidencial.

Al menos existen cuatro razones por las cuales esta elección será diferente y casi todas obedecen a la coyuntura de la pandemia del COVID-19:

1. Las operaciones de tierra serán limitadas. Las normativas locales y el miedo al contagio de los potenciales asistentes a este tipo de eventos serán elementos disuasivos para ello.
2. La cantidad de candidatos derivará en populismo. Debido al importante volumen de opciones electorales, esa congestión provocaría que todos deseen ser vistos por los votantes, de manera que será probable que haya propuestas y altisonancias populistas.
3. Influencia de lo digital y las redes sociales. En especial debido a las restricciones señaladas en el primer punto, el distanciamiento social y, además, por ser las nuevas (y más directas) formas de contactar a los electores, primarán como herramientas de campaña.Esto además derivará en una batalla digital, donde las acusaciones, escándalos y provocaciones, son de alta probabilidad.
4. Incertidumbre económica, política y sanitaria. Serán las tres capas de duda que revestirán el proceso, ya que la economía sigue golpeada y con pronóstico de caída del 9,5 % para 2020 según el FMI; hay un gobierno débil y de salida (le quedan seis meses de mandato); y todavía no hay claridad sobre el proceso de vacunación ni certezas de su efectividad.

.

.

¿Por qué tantos candidatos?

En Ecuador siempre hemos tenido una importante cantidad de candidatos, que alcanzaron hasta las doce opciones en procesos anteriores. Al momento hay un potencial de 17 binomios en carrera. Sería un nuevo récord, con tres razones que lo explican:

1. Financiamiento público, que asegura a todas las candidaturas la presencia en televisión, radio, prensa y vallas (sin poder hacer gasto adicional en estos rubros), e incentiva a participar, incluso a quienes no cuentan con recursos adicionales (financiamiento privado, que es permitido, tiene límite y además controles).
2. Sistema electoral de cuotas mínimas, que determina una suerte de presión para que movimientos y partidos políticos no pierdan su registro electoral si en dos elecciones consecutivas no registran un mínimo de votación.
3. Proliferación de movimientos y partidos políticos, que a nivel nacional suman una veintena, y los registrados a nivel local que se han multiplicado. De esta forma, es amplia la cantidad de tiendas políticas que pueden presentar su opción en el proceso.

El dilema de las encuestas

Como en todas las elecciones en el mundo, las encuestas se vuelven materia de debate, en especial, en el círculo informado. Esto debido a que la mayoría de los electores batallan para resolver sus problemas cotidianos, en particular, los económicos.

Son varias las fuentes y las casas encuestadoras que difunden sus sondeos en estos días en Ecuador. Existen tres puntos que lucen, por ahora, como denominador común:

1. La indecisión de los electores todavía es importante y bordea el 50 %.
2. El voto de quienes han decidido su opción se mantiene bajo.
3. La segunda vuelta, por ahora, sería entre los candidatos Guillermo Lasso (CREO-PSC) y Andrés Arauz (UNES, correísmo).

Perspectivas

La elección en Ecuador presenta más incógnitas que certezas. La institucionalidad electoral no goza de credibilidad pública, como lo reflejan los sondeos de opinión. Esto podría derivar en escenarios de desestabilización, en particular, si los resultados llegaran a ser apretados y en momentos en que la fuerza de las instituciones sostiene los procesos. Por su parte, y vistas las últimas preferencias electorales, en Ecuador enfrentamos un punto de inflexión hacia una nueva mirada más cercana a la apertura o al modelo que imprimió la Revolución ciudadana en su década de gobierno.

El presidente aplica el manual de la desinformación en su despedida de la Casa Blanca.

Si los abogados del presidente de los Estados Unidos están en lo cierto, este país acaba de padecer uno de los fraudes electorales más sofisticados y exitosos de la historia, una verdadera trama conspirativa que tendría unas consecuencias gravísimas, pues pone en duda la fortaleza de los verdaderos cimientos de la democracia más duradera del mundo. Según lo que esos abogados tratan de demostrar en las cortes, la empresa norteamericana que gestiona el software de conteo de votos es en realidad una tapadera para manipular el resultado de las elecciones, en una estrategia que dejó atada y bien atada Hugo Chávez antes de morir.

La letrada Sidney Powell, que trabajó brevemente con el equipo que representa a Donald Trump, describe así a la empresa electoral Dominion y al software que supuestamente emplea, Smartmatic: «Smartmatic y Dominion fueron fundados por dictadores y oligarcas extranjeros para alterar el resultado del escrutinio de votos y para asegurarse de que el dictador venezolano Hugo Chávez nunca perdiera una elección». Según esa versión, ese software llegó a Estados Unidos por medio de fraudes y sobornos, muchos de ellos a políticos republicanos, para de algún modo cambiar el sentido de las elecciones presidenciales y darle la victoria in extremis al demócrata Joe Biden.

Los abogados del presidente, además de varios de sus más fieles portavoces, llevan semanas repitiendo argumentos similares en un último intento de invalidar los resultados y mantener a Trump en la Casa Blanca cuatro años más. Cierto es que Powell es la única que ha tratado de involucrar a Chávez, fallecido en 2013, en todo este entramado, y al ir tan lejos en sus elucubraciones ha sido apartada temporalmente del equipo de abogados más cercano, de forma discreta. Pero la esencia de esa teoría la comparte hasta el propio presidente: ha habido fraude en los estados en los que él ha perdido, por medio de un secuestro subrepticio de las máquinas de recuento electoral.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/36214e3f-b3fe-42b9-9d43-986c5b4962f5?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Sin embargo, como han demostrado hasta ahora todos los jueces que se han encontrado con estas demandas, se trata de invenciones, meras teorías carentes de prueba alguna que las sostenga. No hay pruebas de fraude masivo a gran escala, como se ha visto obligado a admitir el propio fiscal general (ministro de Justicia) del presidente Trump. Dominion, la empresa de conteo electoral, fue fundada en Canadá y hoy está radicada en Colorado. No utiliza el software Smartmatic. No tiene lazo alguno con Venezuela ni con ningún país extranjero, y nunca ha trabajado con Chávez ni con su sucesor, Nicolás Maduro, según han reiterado sus directivos tras las elecciones.

Pero al presidente y sus letrados eso les da igual. Sin pruebas, repiten sus sospechas y actúan de acuerdo con el manual clásico de creación y difusión de desinformación: repitiendo hasta la saciedad sus ideas, ignorando los hechos y las pruebas, apelando a las emociones. En este caso, el presidente sabe perfectamente lo que se hace. Se dirige en redes sociales a esos más de 70 millones de personas que han optado por él y les cuenta que sus votos no han valido para nada, que han sido echados a la basura, que si no se han impuesto a Biden sólo puede ser porque hay fraude.

Una de las definiciones de la desinformación es que esta es en gran parte una verdad emocional, una reacción sentimental, más que un hecho. Si el presidente dice que hay fraude, sus partidarios, enardecidos, sienten que lo hay, porque no han ganado. Si el contrincante ha triunfando, es porque ha habido fraude, aunque no haya pruebas de este. Esta táctica está importada del manual de injerencias y manipulaciones de la ciudadanía que con tanto éxito ha adoptado Rusia, interna y externamente. Por ejemplo, cuando el Kremlin anexó Crimea en 2014, a los rusos les decía que era un acto legal, porque se sentía como legítimo. Que Crimea era rusa era una verdad emocional, además de patriótica.

La diferencia en el caso de Estados Unidos es que, en una democracia, las instituciones sirven de cortafuegos. Es decir, puede que el presidente esté inmerso en un delirio de falsedades, peleando por su permanencia en la Casa Blanca. Pero el proceso electoral es inexorable: los resultados quedan certificados el 14 de diciembre; el Capitolio inaugura legislatura el 3 de enero, y 17 días después toma el cargo quien quiera que haya obtenido más votos, con o sin denuncias de fraude. Solo eso explica que, a pesar de las denuncias de Trump y sus abogados, al final Biden ya esté ejerciendo de presidente electo y haya comenzado a tomar las riendas del país. Son los beneficios de operar en una democracia: la desinformación es una enfermedad, pero de momento no mortal.

El clímax llegó el pasado 27 de noviembre, cuando una concentración de aproximadamente 300 personas —cifra que otros elevan a 500 participantes— ante el Ministerio de Cultura, forzó a las autoridades a prometer un diálogo sobre un conjunto de demandas culturales y cívicas. Esto suscitó una amplia solidaridad, tanto a nivel internacional como en otros intelectuales y ciudadanos cubanos.

En las jornadas sucesivas, el gobierno abandonó su promesa y desató una ola de ataques en medios oficiales, detenciones arbitrarias y asedio en las viviendas y centros autónomos como la sede del Movimiento San Isidro —foco de las protestas y huelgas de hambre que detonaron las movilizaciones—y el Instituto de Artivismo Hanna Arendt. La escalada ulterior, reciente, ha incluido amenazas de procesamiento legal y otras más graves, alusivas a la integridad física de los participantes, considerados por el Gobierno como dirigentes de la acción.

Ante los sucesos se han publicado diversos análisis preliminares que buscan poner en relación el contexto, los participantes y los posibles desenlaces. Aquí atenderemos a la forma distintivamente política que adopta este inesperado suceso.

La novedad

El 27N —con toda su diversidad, limitaciones y tropiezos— ha gestado, colectivamente, la forma de articulación, delegación y legitimación cívica más nítida e innovadora de las últimas décadas. Ha apelado a una confluencia entre cultura y ciudadanía, sin menoscabo de una u otra. Expresa, quizá sin proponérselo, aquel radicalismo autolimitado esbozado por Michnik. El poder de los sin poder explicado por Havel. El derecho a tener derechos, por encima de cualquier ismo, enarbolados desde el campo cultural político.

Al igual que experiencias precedentes en otros países gobernados por estadocracias de tipo soviético, este campo cultural político reúne a un conjunto de prácticas políticamente orientadas que tienen su origen en la esfera de la producción cultural. Las impulsan individuos —poetas, artistas, escritores, filósofos, historiadores— y pequeños grupos afines, que disputan la narrativa y política oficial. Se trata de un grupo social comprometido con una creencia sobre el estatus activo de la ciudadanía, la responsabilidad por los destinos de la nación y su propia capacidad para participar en la vida pública.

La propuesta original del 27N, aprobada en democracia directa en la asamblea más abierta que haya tenido ese país, fue clara: se piden gestos puntuales —excarcelación y cese de asedio—, revisión de normas menores —decretos 349 y 370— y se enarbolan principios básicos relativos a libertades que la humanidad, incluida la izquierda, acepta de forma universal desde la Revolución francesa. Gestos, revisiones y derechos que, de forma legítima, pueden ser procesados por el Gobierno, honrando su Constitución, siempre y cuando esté dispuesto a diluir su manejo obcecado del poder.

Tras cerrar el Gobierno el diálogo prometido, el 27N emitió un nuevo posicionamiento en respuesta a la censura y represión. Se sumaron nuevas personas a los firmantes y se explicitó un reclamo de derechos políticos. Ello ampliaba, sin sustituirlo o traicionarlo, el consenso y encomienda originarios. Porque durante la sentada/asamblea ante el Ministerio de Cultura (Mincult) se afirmó que la representación de los creadores admitiría la inclusión y salida de personas, siempre y cuando estas fuesen artistas y perteneciesen a los macrogrupos que estuvieron representados el 27 de noviembre. Adicionalmente, las demandas leídas por la poeta Katherine Bisquet (huelguista acuartelada en San Isidro) antes de entrar al Mincult aquella noche ya contenían señalamientos y reclamos de derechos políticos, claros y específicos.

Por ello, el 27N ha revelado una nueva forma, radicalmente democrática, de articular lo cultural, lo civil y lo político. Y de entender, también, que solo desde lo político (o desde la política) puede enfrentarse una discusión que aspire a un alcance real. La politización de la vida en Cuba atraviesa de manera transversal todo sector social —y así se defiende desde el propio Estado— por lo que sería inconsistente pensar que se está ante la presencia de elementos (dígase: ministerios, leyes, ciudadanos, etc.) que pueden diseccionarse y ser tratados de manera aislada.

Las respuestas

Se ha evaluado de modo diferente la naturaleza identitaria del 27N, en especial de su grupo de representantes electos y los integrantes del Movimiento San Isidro. Algunos insisten en descalificaciones ya conocidas: son personas marginales, manipuladas, mercenarios. Otros remiten a posturas más elaboradas, incluso polarizadas entre sí. Desde el campo artístico oficial se le reprocha al 27N que no se limitase a hacer reclamos gremiales, «culturales». Desde la oposición y el exilio más radicales —y, curiosamente, desde la intelectualidad crítica de izquierda— alegan en el 27N la ausencia en el posicionamiento de demandas mayores, «políticas». Unos piden que se rebajen las peticiones, otros que se suban los decibeles. Unos quieren un buzón de quejas y sugerencias, encauzado a debates estéticos y administrativos.

Los distanciamientos —derivados del celo por el logro ajeno, del temor a la represión o de la hiperideologización intelectual— no tienen esencialmente nada que ver con una propuesta supuestamente errática del 27N. Dicen más de quienes los esbozan. Y todos benefician al statu quo abonando a la fragmentación inducida desde el poder en Cuba.

Algunos intelectuales, alegando la «politización», procuran distanciarse del 27N. Si la propuesta original —basada en peticiones al Gobierno y en el ejercicio y en la exigencia de derechos— se mantiene vigente, no alcanzamos a distinguir la razón programática para descalificar o romper con el grupo por sus nuevos posicionamientos, que sólo responde a las descalificaciones, persecuciones y rupturas previas lanzadas desde el poder. El 27N no se ha convertido en un partido, no ha llamado a desconocer o derrocar al Gobierno. ¿Acaso es congruente criticarlo por estos nuevos pasos y al mismo tiempo aceptar el convite del Gobierno?

Y es ese gobierno, en peligrosa actuación, el que se equivoca al hermetizar su hegemonía y su manejo del poder; aunque se trata de una respuesta previsible de quien pierde legitimidad y está acostumbrado a operar de maneras semejantes ante conflictos de este tipo. Responder con violencia policial, acoso y burdos manejos de la objetividad en la prensa oficial no hace sino extender en el tiempo un estallido más peligroso y menos pacífico.

A pesar de todo, el aparato estatal continúa siendo efectivo: logran manipular a miles de espectadores, ocultan las violaciones de los derechos humanos a la mayoría de los protagonistas del 27N —quienes permanecen sitiados, acosados y han sido secuestrados—, evocan una amenaza extranjera que, claramente, supera al peligro de los siete puntos esbozados como ideas para la reunión que nunca ocurrió; y enarbolan haber sido ultrajados por supuestas ofensas porque eso les permite desmantelar un escenario que los ubicaría en desequilibrio —y por ende en peligro de perder su simbología— y desarmados ante el cuestionamiento público.

Hasta el momento no han sido analizadas o discutidas, desde lo gubernamental, las propuestas de los artistas del 27N —y seguramente esto nunca ocurra. Descalificarlos y convertirlos en antagonistas (un adversario que debe ser eliminado) les ha bastado para desentenderse de las exigencias y de ofrecer respuestas. No hay una sola demanda del 27N que sea inválida y que no represente un reclamo legítimo de ciudadanos cubanos que nada tiene que ver con el mercenarismo. Ello certifica una prepotencia política absurda y devela la incapacidad para enfrentar temas que cuestionan, sin amagues, su equivocada gestión cívica, política, cultural, educativa, económica, legislativa y social.

La retórica manida que escuchamos desde la mesa-tribuna presidida —y aquí el uso jerárquico del espacio no es un dato menor, despolitizable— por dirigentes de instituciones artísticas del país, debería bastar para entender la infertilidad del asunto. Han transcurrido ya más de seis décadas de argumentaciones de este tipo, más de seis décadas en las que ha primado la ineficiencia y los errores sucesivos (en los que aún continúan trabajando, según afirmaron) y en las que la distancia de esta institución con su gremio es cada vez mayor. Más de seis décadas inculpando a enemigos que tienen la extraña capacidad de torcer las ideas de los jóvenes que la propia Revolución ha formado.

La insistencia en correlacionar los términos cultura, Revolución, nación y Cuba como si coincidiesen en una misma acepción, no solo es un error conceptual sino una ruptura de las garantías democráticas y soberanas del país. Contribuir al discurso de odio, apartar al que disienta —expulsándolo del territorio nacional o convirtiéndolo en un no ciudadano— o insistir en la supervivencia de un modelo fallido —inhábil para sostener desde el plano filosófico su adhesión al socialismo— es la prueba existencial de alguien que continúa cavando su propia tumba.

Una reflexión final

Que la esfera pública y social en Cuba sean brazos extensivos de la estructura estatal ha provocado graves deformaciones cívicas. Es efectiva la represión, pero también lo es el desmantelamiento de una sociedad civil a la cual se le dificulta reconocer las herramientas básicas o necesarias no solo para organizarse, sino para triunfar en su agenda contra un poder autoritario. El secuestro de los espacios de la vida pública le ha permitido al gobierno controlar y ocultar los enfrentamientos, de opositores o no, que han existido desde 1959. Pero ese mismo desconocimiento de la existencia de los otros ha provocado que el ciclo renazca, de manera constante.

El camino que sigue no será sencillo y dependerá en gran medida de cómo logren sobrevivir al asedio los miembros del 27N y de cómo luchen para que no se desarticule el ejercicio de agencia que protagonizaron. El Estado cubano seguirá apostando por la discriminación irracional del nosotros/ellos —que se expresa en un registro moral—, por una lucha categórica «entre el bien y el mal» y por defender un escenario donde no sea posible el diálogo, ni la deliberación, ni el consenso, ni siquiera la «vibrante lucha agonista» de Chantal Mouffe.

A diferencia del proyecto Varela —en la oposición— y del viejo CEA —en la intelectualidad— el 27N es la frágil confluencia de mundos tradicionalmente segmentados por la represión y la propaganda; ahogados ante la imposibilidad de articularse sin mediaciones institucionales y obligados a reproducir discursos preconcebidos que se dirigen, acríticamente, hacia una disciplina cultural y una normalización de la conducta. No reconocer eso y abandonarlos es lamentable. Tendrá un costo no solo para sus participantes, sino también para los distanciados y dubitativos. Y para un país que, pese a todo, pese a ellos, está cambiando ya.

Pensamiento social de la Iglesia sobre el trabajo.

Primera crisis sanitario en la era digital

Las palabras, los gestos y hasta los primeros anuncios del presidente electo Joe Biden, desde antes incluso del comienzo formal del período de transición, el pasado 24 de noviembre, muestran su compromiso con la promesa electoral de que trabajaría afanosamente para unir el alma de una nación partida en dos, cuyos polos han estado en permanente cortocircuito durante el mandato del controvertido republicano Donald Trump. La lucha por el nuevo coronavirus y la calamidad económica son dos poderosos hilos conductores que podrían hender los muros partidarios.

Falta mucho para poder evaluar si la estrategia del político demócrata será acertada realmente para canalizar acuerdos políticos bipartidistas, pero ya se pueden ver atisbos de la dirección del derrotero para intentar mejorar el clima de concordia.

En estas semanas, el próximo inquilino de la Casa Blanca parece como un acróbata que avanza con cuidado sobre un delgado alambre a 500 metros de altura, con el tiento manejado con destreza para mantener el difícil equilibrio de respetar el establishment demócrata sin descuidar la sensibilidad más liberal ni espantar a potenciales apoyos conservadores.

Por ahora hay que confiar en que lo acompañe la buena suerte, pero mucho más en que pueda capitalizar su experiencia negociadora en Capitol Hill para que su hoja de ruta y sus principales arquitectos del plan para enfrentar la tormenta perfecta del covid-19 obtengan un apoyo que rompa las barreras partidarias.

Es muy difícil dejar satisfechos a todos, pero quizás no sea imposible derribar algunos muros que hoy separan a los dos partidos históricos del sistema político estadounidense y que han estado más fortalecidos que nunca en la administración saliente de Trump.

Huellas del entendimiento

Es alentador que los líderes legislativos de ambos partidos digan que quieren un acuerdo antes de fin de año. Los 908.000 millones de dólares que propone un grupo bipartidista de senadores son insuficientes para los demócratas y es lo máximo que están dispuestos a votar los republicanos.

En el juego de la negociación política, todas las partes siempre tienen que ceder en algo y, por ello, lo razonable es hijo del acuerdo.

Un entendimiento para extender el apoyo a desempleados que han agotado sus prestaciones y sus ahorros, así como a empresas que están en peligro de cerrar, es un mensaje también de los esfuerzos por una avenencia que llega en un momento oportuno, por la difícil circunstancia social y económica y el ambiente político ad portas de una nueva administración.

En el marco de una transición algo sucia, por la falta de información y la actitud hostil de Trump, todos los días son cruciales para el plan del próximo gobierno federal sobre la múltiple crisis pandémica, en el país con más muertos y enfermos de coronavirus del mundo.

Llegar al 20 de enero con un acuerdo cerrado no solo será un alivio para el arranque de la nueva administración, sino un sugerente mensaje de que el entendimiento político, pese a la polarización, no es una quimera.

Por eso Biden, el pasado viernes 4, instó al Congreso a que aprobara lo antes posible el plan de alivio.

«Si no actuamos ahora, el futuro va a ser muy sombrío. Los estadounidenses necesitan ayuda ahora», afirmó Biden.

No es una advertencia capciosa. Alrededor de 12 millones de estadounidenses están recibiendo actualmente beneficios federales de desempleo que finalizan este mes. El gobierno federal está enviando cheques semanales a unos 7,3 millones de trabajadores independientes y en contratación. También está enviando cheques a 4,6 millones de trabajadores que habían dejado de recibir beneficios estatales.

Mientras imploraba por un espíritu de grandeza política, el presidente electo empezó a anunciar los primeros nombres de quienes formarán parte de su gabinete, algunos de los cuales ocuparán puestos claves en áreas sensibles para hacer frente a los estragos pandémicos.

Quizás lo más relevante es que son figuras concebibles y coherentes con los planes en ciernes de Biden que huelen a un renovado New Deal.

Particularmente se destacan Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, para dirigir el Tesoro, y Xavier Becerra, como el próximo secretario de Salud. Yellen, de 74 años de edad, es una doctora en economía muy respetada y con una amplia experiencia en políticas públicas, que tranquiliza a la mayoría de los demócratas y sobre la que nada podrían decir los republicanos como candidata a dirigir el Tesoro de un próximo gobierno progresista.

Esta profesora emérita de la Universidad de California en Berkeley no solo sería la primera mujer que lideraría el equivalente a un ministerio de Hacienda, si es confirmada por el Congreso, sino la única en haber ocupado los puestos claves de política económica de Estados Unidos: presidenta del Consejo de Asesores Económicos (durante la presidencia de Bill Clinton), presidenta de la Reserva Federal (con Barack Obama) y probable secretaria del Tesoro.

La elección de Yellen, integrante del think tank Brookings Institution, convierte en una caricatura la advertencia de Trump sobre el ascenso del socialismo en Washington y mucho menos puede endilgársele el adjetivo de radical.

Como defensora de ideas de raigambre keynesiana, es esperable que Yellen refuerce las políticas de apoyo federal tanto a trabajadores como a empresas golpeadas por la pandemia, por su convencimiento de que la falta de estímulos fiscales en esta coyuntura retrasaría la recuperación económica.

Por el lado de la Secretaría de la Salud hay pocos nombres como el del abogado Becerra tan comprometidos con la agenda demócrata. De 62 años, si el Senado lo confirma, Xavier Becerra se convertirá en el primer hispano en encabezar esta secretaría. Ha sido hasta ahora un acérrimo defensor del Obamacare, la reforma de salud del gobierno de Obama, incluso ante la Suprema Corte.

En Washington hay pleno convencimiento de que el área de salud en manos del actual fiscal general de California supondrá la puesta en marcha de políticas afines al modelo de Estado benefactor europeo.

Hubo congresistas del ala más liberal que hubiesen preferido un candidato con más trayectoria en salud pública que Becerra, quien compensa esa carencia con una larga trayectoria en la Cámara de Representantes y su compromiso con el plan de salud demócrata tan vituperado por Trump y el cerno republicano.

La trayectoria de Biden es la de un político que está lejos de las ideas socialistas del bloque demócrata radical.

Pero el periodista Evan Osnos, que escribió un libro —publicado el mes pasado— sobre la vida y carrera política del presidente electo, asegura que Biden ha cambiado hacia posiciones más de izquierda estadounidense, a tono con los votantes más jóvenes. Las circunstancias cambiaron y Biden se empezó a volcar levemente hacia la izquierda de su partido, según las fuentes consultadas por el periodista de The New Yorker.

Lo cierto es que la pandemia le ofrece a Biden un ambiente político como no se veía desde el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, un presidente inspirador cuando se proyecta un gobierno dominado por la crisis del coronavirus.

Los buenos oficios del demócrata pueden llegar a persuadir a legisladores republicanos, dependiendo de la profundidad de la futura intervención federal. El posible acuerdo en el Congreso puede dar pistas de hasta dónde están dispuestos a llegar los legisladores de un partido muy receloso del intervencionismo estatal, del que sin embargo no puede renegar sin más, dada la magnitud de la crisis estadounidense.

En el pasado, Biden ya demostró una actitud de empatía con el otro, proclive a la negociación política, aunque ello signifique ceder posiciones. Al hablar en el funeral de su colega Strom Thurmond, en 2003, un republicano y también segregacionista racial, Biden reconoció las «profundas diferencias» entre ambos, pero que ello no debía anular el espíritu de camaradería.

Del pragmático Biden habla mucho su oración fúnebre de entonces, en la que citó un poema de Archibald MacLeish, muy elocuente del talante que puede tener desde la Casa Blanca: «No es en el mundo de las ideas donde se vive la vida. La vida se vive, para bien o para mal, en la vida».

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/4459ae78-2bb3-4e88-a5cb-828122760a53?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Cómo la pandemia transformó la política latinoamericana, y qué podemos hacer para sobrevivir.

Es momento de preguntar: ¿ha sido la democracia infectada también por el coronavirus? Creemos que sí, y este libro de la KAS y el CAEP viene a relatar cómo sucedió.

Carlos Andrés Pérez M. y Sebastian Grundberger (editores) Publicado por KAS Partidos y CAEP (Colombia). 

Autoritarismos y democracias en la evolución de la integración del órgano de derechos humanos de la ONU, un informe de CADAL y la KAS.

Analizar la integración del Consejo de Derechos Humanos implica pensar en las víctimas de gobiernos represivos violadores de las libertades fundamentales, algunos de los cuales buscan legitimarse internacionalmente presentando su candidatura a dicho organismo, cuya misión desprecian. Quienes sufren la represión en dictaduras necesitan de la solidaridad democrática internacional, del apoyo moral y de que sus verdugos sean repudiados en lugar de premiados. Además de Cuba y China, dos de los tres países con mayor cantidad de años en el CDH, una larga lista de regímenes autoritarios integraron este organismo en estos primeros quince años: Arabia Saudita, Rusia, Qatar, Gabón, Angola, Camerún, Venezuela, Baréin, Yibuti, Jordania, Mauritania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irak, Afganistán, Azerbaiyán, Burundi, Congo, Eritrea, Kazajistán, Nicaragua, República Democrática del Congo, Ruanda, Sudán, Togo, Uzbekistán y Vietnam.

¿Por qué importa la integración del Consejo de Derechos Humanos?

Si bien los derechos humanos forman parte de la política exterior de todas las democracias, no existe una coordinación entre estas, como por ejemplo en las candidaturas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y requiere de una decisión política de establecerla de manera categórica para hacerla efectiva en línea con el artículo 27 de la Declaración Universal sobre la Democracia: «Una democracia debe defender los principios democráticos en las relaciones internacionales. En ese sentido, las democracias deben abstenerse de toda conducta no democrática, expresar su solidaridad con los gobiernos democráticos y los actores no estatales, como son las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la democracia y los derechos humanos, y extender su solidaridad a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos en manos de regímenes no democráticos», según la Declaración Universal sobre la Democracia de la Unión Interparlamentaria Mundial.

Analizar la integración del Consejo implica pensar en las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por gobiernos represivos de las libertades fundamentales, algunos de los cuales buscan legitimarse internacionalmente presentando su candidatura al organismo cuya misión desprecian.

CADAL y KAS Partidos han editado «Las sillas del Consejo», un análisis que te invitamos a descargar, leer y compartir.

Autoritarismos y democracias en la evolución de la integración del órgano de
DDHH de la ONU, un informe de Cadal y la KAS

La actividad política sufre hoy de un gran desinterés y descrédito, así como cierta apatía o desgaste de quienes han incursionado en ella y ven frustradas sus iniciales expectativas de transformar la sociedad en la que viven. Por ello vale la pena fijarse en Tomás Moro como modelo de vocación política y servicio público.

El escenario político actual se desarrolla en medio de una gran crisis cultural que viene de lejos y que deja al mundo occidental perplejo no solo ante los grandes cambios sociales, sino ante las herramientas de transformación política que conocía y que hoy no parecen tener demasiada validez. Ciertos niveles de incertidumbre junto a escándalos constantes de corrupción en diversos países, y la decepción o indignación de poblaciones enteras con sus gobernantes, han aumentado la falta de confianza y la pérdida de valor de la vocación política.

Escribe Hannah Arendt que los prejuicios que tenemos sobre la política no podemos ignorarlos porque «forman parte de nosotros mismos y reflejan fielmente la situación efectiva en la actualidad y sus aspectos políticos… Muestran que hemos ido a parar a una situación en que políticamente no sabemos cómo movernos. El peligro es que lo político desaparezca absolutamente».^[1] Y por ello es importante recuperar el sentido original de la política en cada tiempo y comprender su razón más profunda, para así recuperar la auténtica vocación por el bien común, en la comprensión de un sano pluralismo: «La política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de las diferencias».^[2]

En la antigua Grecia, en la Atenas del siglo IV a. C., el ejercicio de la política era la actividad humana por excelencia; ofrecer la vida para el bien común era una de las actividades más nobles y elevadas. Salvando las distancias, algunos de sus elementos originales pueden iluminarnos la comprensión de aspectos esenciales a la acción política en un sistema democrático.

Dos rasgos significativos de la democracia griega eran su carácter colegiado y su carácter gratuito. Las funciones públicas se ejercían en equipo, de modo que había un equilibro entre los que tenían el poder. Y quien renunciaba al beneficio particular para ocuparse de lo político lo hacía gratuitamente o, en algunas ocasiones, con una especie de salario mínimo, evitando así la búsqueda del beneficio propio. El problema era que solo los ricos podían dedicarse a la política, pero era interesante la concepción de actividad honoraria, voluntaria por el bien común, que conlleva la renuncia a los intereses particulares.

Aunque en su brevedad el modelo griego fue muy criticado y tenía varias limitaciones, sus valores fundamentales atraviesan la historia de la política.

En la tradición democrática occidental un elemento central es la igualdad de derechos de cada ciudadano. Todos pueden hablar, proponer, contradecir en igualdad de condiciones con todos y cada uno de los demás ciudadanos. A su vez, las personas designadas por todos para funciones públicas son responsables ante todos y deben dar cuentas de su gestión.

La política como tarea de todos

Reflexionar sobre política no es algo superficial para quien quiera comprender mejor el mundo en el que vive. La idea que tengamos de la política estará siempre relacionada a las concepciones que tenemos del ser humano y de la sociedad. Si percibimos la sociedad como un espacio naturalmente conflictivo y tenso, o como un orden que hay que descubrir y realizar, eso marcará una comprensión distinta de lo que entendemos por política y por ello existen grandes diferencias a la hora de pensar soluciones para los problemas de cada tiempo. A cada concepción política le corresponde una idea de ser humano y por ello esta división un tanto reductiva nos muestra que, aunque apelemos al bien común como fin de la política, no todos lo entendemos del mismo modo. Para los antiguos, los valores supremos desde los cuales se juzga el orden político son la justicia y el bien común, pero para la época moderna el valor supremo será la libertad. En el actual pluralismo ético en el que vivimos nos encontramos que para muchos ha desaparecido una cultura común, y los valores que antes eran incuestionables hoy aparecen enfrentados entre sí, haciendo más necesaria la deliberación pública sobre asuntos que antes se daban por evidentes para todos.

La política es el espacio de lo público, que se constituye en un espacio de todos, que interesa a todos, que afecta a todos y al que todos se someten. En la plaza pública se habla de lo que concierne a todos y se apela a la razón de todos. Este espacio es participable por todos y transparente a todos. En este espacio hay normas, leyes, reglas de juego que hay que respetar para el buen funcionamiento de la vida en común. El espacio público a su vez es acotado, distinto del territorio privado. Lo público y lo privado no deben enfrentarse, aunque en cada época y cultura varíen sus límites y en la actualidad estos estén cada vez menos claros.

Un modelo de vocación política

Tomás Moro (1478-1535), teólogo, político y humanista inglés, canciller de Enrique VIII, fue sin dudas una de las grandes figuras de la historia política occidental y sigue siendo un modelo de vocación política. En sus comienzos tuvo muchas dudas de si dedicarse o no a la política, porque tenía un gran prestigio como abogado y no quería servirse de la política, sino ser de los que sirven a la política. Su discernimiento se centraba en si su dedicación podría hacer mejor la cosa pública, porque sabía que de las decisiones que se toman en los altos niveles de la estructura política «fluye al pueblo entero caudal de todos los bienes y los males». Pero le animaba especialmente la influencia que un buen ejemplo de vida puede hacer de bien y se convenció de que el único modo de lograr un cambio real, profundo y duradero en la sociedad era el buen ejemplo, la presencia activa en la política y el prestigio profesional. Entendió que el político debe enfrentarse a tres problemas: la pasión por el poder, la corrupción y la obsesión por su imagen. La pasión por el poder debe enfocarse hacia el servicio a los demás en lugar de servirse a sí mismo. La pasión debe ser por el bien de todos. Por otra parte, el corrupto se sirve a sí mismo y abusa de su poder, cuando debe servir a los demás. La obsesión por el cuidado de la imagen también es un grave peligro porque lo esclaviza y le quita libertad para tomar decisiones.

A pesar de todas las dificultades que pueda acarrear el compromiso político, si de verdad se quiere humanizar la sociedad y construir un mundo mejor para todos, no se puede eludir la actividad política.

[1] H. Arendt (2019). ¿Qué es la política? Barcelona: Paidós, p. 47.

[2] Arendt (2019), o. cit., p. 44.

La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo dramática. Mientras el régimen intenta lograr legitimidad a través de un controvertido acto electoral, se suman las evidencias de crímenes de lesa humanidad de larga data.

En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad desde 2014 hasta la actualidad. No se trata de una afirmación hecha a la ligera, sino de la conclusión de un informe de más de 400 páginas, elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, establecida en la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en septiembre de 2019.

Durante varios meses, la Misión se dedicó a investigar casos de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En total, se estudiaron 223 casos en profundidad y se revisaron otros 2.891 para entender los patrones de las violaciones, que constituyeron ataques sistemáticos y generalizados contra ciertos sectores de la población. Si bien los integrantes de la Misión no pudieron viajar a Venezuela —porque el Gobierno no respondió a las solicitudes y por las restricciones de la pandemia—, el equipo realizó virtualmente 274 entrevistas a víctimas, abogados, familiares, representantes de la sociedad civil y exfuncionarios gubernamentales.  

La debilidad institucional y la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela ha sido terreno fértil para las violaciones a los derechos humanos. El informe de la Misión señala algunos ejemplos. Desde el año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia neutralizó todas las leyes y demás actos dictados por la Asamblea Nacional y asumió algunas funciones de ésta, cuando a partir de las elecciones de diciembre de 2015 pasó a estar integrada con mayoría opositora. Más tarde, en 2017, el Gobierno creó la Asamblea Nacional Constituyente, considerada inconstitucional e ilegítima por una buena parte de la comunidad internacional y varios expertos. Ayala Corao explica que hubo irregularidades en su conformación y elección. “La denominamos el Leviatán de la democracia porque se fue tragando a la Constitución y a la Asamblea Nacional, y empezó a funcionar como un poder legislativo paralelo. Destituyó a la Fiscal General y nombró a un nuevo Fiscal sin seguir los procedimientos. La promesa era que se elaboraría una nueva Constitución, pero hasta ahora no se conoce el primer artículo”, apunta el especialista.

En medio de este escenario, el poder Ejecutivo se ha ido consolidando con la declaración de más de 20 estados de excepción entre 2016 y 2020. Como explica el informe de la Misión, se trata de instrumentos que permiten limitar algunos derechos y que, además, se aprobaron sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución.

A eso habría que sumar las debilidades en el sistema de justicia. La elección de los magistrados del Tribunal Supremo ha estado sujeta a los vaivenes políticos, la mayoría de los jueces se nombran con carácter provisional, y se ha reportado que más de la mitad de los jueces están inscritos en el partido del gobierno. También hay jueces que son perseguidos por sus decisiones o que son objeto de presiones políticas. Pero, además, la Misión documentó casos en los que los integrantes del poder judicial también estuvieron involucrados directamente en las violaciones a los derechos humanos.

Acceda a la nota completa publicada por originalmente por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

Lea también Venezuela: ¿tiempo de rectificaciones?

El presidente Juan Guaidó ha planteado una consulta popular ante la conculcación de las elecciones legislativas: ¿se relanza la lucha democrática o se aferra a una última ilusión?

El sistema madurista ha impuesto, luego de años una agresiva represión y un poder judicial absolutamente parcializado, unas elecciones legislativas a su medida. Con una oposición suprimida y dividida, avanza hacia una mayoría absoluta en el Parlamento por medio de la cual formalizaría su pretensión de nueva normalidad, sin que esto recupere ninguna función efectiva para el Parlamento. Así, independientemente de la situación futura de la Asamblea Nacional, parece cerrarse el ciclo de promoción del cambio democrático iniciado con la importante victoria electoral opositora del año 2015.

¿Por qué decimos que se cierra un ciclo? Se ha argumentado que el contumaz autoritarismo electoral del sistema ha cancelado por muchos años toda posibilidad de avanzar en una restauración democrática por ese camino. Sin embargo, no se ha visto con suficientes ojos críticos la táctica dominante en estos dos años críticos.

El famoso lema del gobierno interino, liderado por el presidente Guaidó —«cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres»—, implicaba una dinámica clara: por medio de diversas presiones —la protesta interna y las presiones externas— la élite del sistema madurista se dividiría y, tras la expresión constitucional de la fuerza armada, entregaría el poder a la autoridad popular legítimamente expresada por el pueblo venezolano. Esto indica que la acción política del cambio, evidenciada abundantemente su validez y legitimidad a través del voto y la protesta, descansa no en decisiones propias sino ajenas: la decisión de otros Estados y la decisión de los militares venezolanos. Esto no ha ocurrido, y las premisas políticas que daban sustento a esta expectativa han cambiado: hasta los más contumaces críticos del chavismo reconocen resignadamente su resiliencia. Y la resignación es el primer paso para el olvido de aquello que no se desea enfrentar.

Consumadas las elecciones parlamentarias con la exclusión de la mayor parte de la oposición democrática, y con una menguada participación, el chavismo alcanzó cómodamente los dos tercios de los votos, anunciando el comienzo de una nueva era de «normalización» y «reinstitucionalización» en el país. El escollo de una Asamblea Nacional dominada por fuerzas políticas que pretenden un cambio de sistema había sido sobrepasado por el proceso de profundización autoritaria iniciado desde el ascenso de Nicolás Maduro al poder, y acelerado tras los avances de la oposición que tuvieron su punto culminante en la mayoría parlamentaria obtenida en 2015.

El ciclo de la lucha democrática venezolana entonces iniciado parece llegar a su fin. No porque no exista el deseo de los venezolanos hacia un cambio político, sino porque los fundamentos políticos de su legitimidad no pueden perpetuarse, material o intelectualmente. La elección del año 2015 no permanece flotando, suspendida a perpetuidad: el consenso en torno a su continuidad no se ha aclarado, y ese vértigo presenta una situación desesperada. La fórmula que ha planteado el gobierno interino y la Asamblea Nacional ante la conculcación electoral del pasado domingo 6 es la de una consulta popular, que en modo refrendario apela al criterio de los venezolanos sobre las siguientes cuestiones:

• ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?
• ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?
• ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

Se ha planteado que las respuestas a estas preguntas son evidentes. En cierto modo, esto es cierto: existe un amplio consenso opositor en torno a la necesidad del cambio político, que llevará a muchos a contestar afirmativamente. Sin embargo, las preguntas dejan por fuera cuestiones cruciales. ¿Cómo se puede alcanzar el cese de la usurpación? ¿Qué acciones precisas ha de organizar el liderazgo opositor? ¿Cómo se hace realidad una lista de deseos más allá de la voluntad de sus proponentes y de los millones que la apoyan? En ese sentido, puede que la consulta popular sea un plebiscito implícito a favor de la continuidad de una fórmula política, y con eso, crucialmente, la continuación de un liderazgo político determinado.

Las interrogantes son abrumadoras. Sin abordar el problema de consenso jurídico o político sobre la aplicabilidad de la propuesta de continuidad administrativa de la Asamblea Nacional, o el debate sobre el destino y funcionamiento material del gobierno interino, las limitaciones prácticas y de efectividad de este, ya evidentes. Lo cierto es que, si estas discusiones no son saldadas, las carencias concretas de la actual táctica se harán más abrumadoras. Y, en la crisis de confianza derivada del actual desencanto, apostar todo —como siempre, todo— a un gesto de difícil verificación y de aplicabilidad casi imposible, sin proporcionar claramente una revisión realista de las capacidades y los diagnósticos, es convertir a la voluntad de los ciudadanos en un fetiche.

Esta es una circunstancia trágica: la política ha sido reprimida por la voraz acción estatal, lo que nos deja estupefactos y anclados en un acaso. Como ha dicho la Conferencia Episcopal Venezolana —cuya voz autorizada no ha dejado de señalar el oprobio oficial—, declarar intenciones y omisiones no es suficiente. No es suficiente para los cientos de parlamentarios se enfrentan a la terrible amenaza del presidio o el exilio indefinido en el futuro cercano. No es suficiente para miles de militantes de partidos y activistas de organizaciones sociales que ven su actividad interna minimizada. No es suficiente para los ciudadanos que trabajan alrededor del mundo en nombre del gobierno interino y a favor de los millones de compatriotas expelidos en la diáspora global, que desde un siempre difícil exilio están a la expectativa de un cambio interno. No es suficiente para los aliados globales de la causa democrática. No es suficiente para el liderazgo democrático venezolano, y su referente principal, ciudadano Juan Guaidó. Y puede evidenciarse que no es suficiente para los millones de venezolanos que se pueden hacer irreversiblemente indiferentes a su destino político.

El debate, claro está, no es entre resignación y negación. No se puede pretender que hacer política sea asumir resignadamente que Venezuela no puede cambiar, que la legitimidad democrática es un lujo y que, quizás, el abuso de poder nos termine siendo llevadero. No puede tratarse tampoco de negar la desconexión entre las premisas tácticas y los resultados, e insistir tozudamente en ello. De lo que se trata es de evaluar con qué fortalezas y potencialidades se cuenta efectivamente, para a partir de allí reconstruir una base de crecimiento hacia la transformación democrática. Tal como tocó hacerlo en la primera mitad del siglo XX, con avances prometedores y terribles retrocesos, sí.

¿A qué fortalezas y potencialidades nos referimos? Como fortaleza podemos admitir que, a pesar de todas las decepciones, animosidades y desconfianzas internas, la abrumadora mayoría de los sectores democráticos aspira a un cambio político, cuya jefatura puede discutirse pero cuya forma es clara: un retorno a la democracia pluralista. También contamos con una sociedad mucho más compleja, que desea abrumadoramente vivir en libertad. Hay oportunidades de encauzar esta aspiración en organización y crecimiento, desde la base social, desde los partidos y más allá de estos. Políticamente, en elecciones locales, revocatorios, petitorios públicos de referendo. Socialmente, en la reconstrucción de la confianza interna entre los distintos grupos, organizaciones y personalidades, con lo cual podemos colaborar todos pero cuya iniciativa descansa en la rectificación de quienes son los referentes principales de la aspiración ciudadana de un cambio.

Lea tambien Crímenes de lesa humanidad en Venezuela: una radiografía

La muerte del expresidente uruguayo Dr. Tabaré Vázquez (1940-2020) este domingo en Montevideo marca el fin de una era para el país sudamericano y el comienzo de una leyenda que debería ser estudiada minuciosamente por la izquierda latinoamericana.

Vázquez fue un líder atípico para la política. Recién a los 43 años se afilió al Partido Socialista y a los 49 años fue candidato a la intendencia de Montevideo. No se le conoce militancia política anterior ni haber participado —al menos públicamente— de la resistencia a la dictadura militar (1973-1984).

Sin embargo, entre el colapso del socialismo real y cuando el Frente Amplio (FA) discutía un nuevo futuro que pintaba confuso a comienzos de la década de los noventa, encontró la ventana para entrar en el juego político y para no salir nunca más.

Vázquez fue el más exitoso exponente de la izquierda uruguaya de toda la historia. Fue el primer intendente de Montevideo del FA y el primer presidente de la República del progresismo (2005). El exitoso primer gobierno que lideró permitió la llegada de José Mujica al poder (2010) e inició el ciclo de 15 años de gobiernos de izquierda que finalizaron con su segunda presidencia hasta que el propio Vázquez entregó la banda presidencial a Luis Lacalle Pou, de otro partido político y otro signo ideológico el 1 de marzo de 2020.

En 2019, último año de su segunda presidencia, convocó a su Consejo de Ministros para anunciarles que tenía cáncer. Su lucha contra la enfermedad, que conocía demasiado bien (era oncólogo), fue la de un caballero y un valiente. La enfrentó con entereza y dignidad. En estas horas posteriores a su entierro trascendió que una de las razones que lo motivaban a seguir luchando era poder llegar al 1 de marzo de 2020 para entregarle la banda presidencial (y el poder) a su sucesor en la presidencia.

En el traspaso de la banda presidencial Uruguay simboliza las mejores tradiciones republicanas y democráticas y revela la fortaleza de las instituciones de un país modelo para el continente. En nombre de la izquierda uruguaya Vázquez honró mejor que nadie las buenas prácticas políticas del país y ahuyentó todos los miedos que tenían muchos —afuera y dentro del país— sobre el apego real a la democracia de un frente de izquierda que alberga en su seno al poderoso Partido Comunista procubano y al Movimiento de Liberación Nacional, que en la década del sesenta se levantó en armas contra un gobierno democráticamente electo.

Tanto para el Uruguay como para la izquierda uruguaya Vázquez deja un legado impresionante que deberá ser estudiado a fondo como modelo a seguir por el resto del continente. Manejó con firmeza de cirujano el poder componiendo dentro del complejo conglomerado de partidos de izquierda que conforman el FA y a su vez tuvo la personalidad de tomar decisiones que él creía buenas para el país, por encima de las luchas intestinas de su propio partido.

Así como viniendo de una izquierda antiimperialista no tuvo problema de acercarse al gobierno de Estados Unidos cuando el presidente argentino Néstor Kirchner promovió y fomentó el corte de puentes binacionales sobre el Río Uruguay por la instalación de una pastera, tampoco se le movió un pelo para derogar una ley que despenalizaba el aborto cuando todo su partido la apoyaba y venía luchando desde hacía años por esa causa.

A nivel internacional será recordado por su lucha contra el tabaco y por doblegar a la poderosa industria tabacalera en un juicio internacional contra Uruguay por sus prohibiciones a fumar en espacios cerrados y una serie de medidas impositivas y de restricciones publicitarias para desestimular el consumo de cigarrillos. El caso uruguayo de lucha contra el tabaco generó jurisprudencia en el mundo.

También quedará en la mejor memoria de la historia uruguaya la implementación del Plan Ceibal, con el que, al comienzo de la era digital y en los primeros años de Internet, Vázquez decidió achicar la brecha educativa otorgándole una computadora portátil (la ceibalita) a todos los niños de la tradicional escuela pública.

La forma de ejercer el poder sin caer en la demagogia populista que tanto daño le ha hecho a los países del continente, su pragmatismo y calma a la hora de comunicar las decisiones más trascendentes, junto con su total apego a las instituciones democráticas, lo convierten en una figura rutilante en el panteón de los grandes presidentes de la historia.

Un continente tan inestable y con líderes políticos más enamorados del poder que de la democracia y los problemas de sus pueblos, Vázquez marca con la típica cadencia uruguaya no exenta de garra silenciosa, un camino para los procesos políticos de los países del Río Bravo al sur.

Mientras que el cálido sol de este diciembre baña luminosamente los campos y ciudades del Uruguay, los restos de Vázquez descansan en el cementerio de La Teja, el barrio obrero que lo vio nacer, estudiar medicina, alentar a su querido Progreso Fútbol Club y templar los tambores en carnaval.

¡Que en paz descanse, presidente!

Los expresidentes del Uruguay escriben sobre Tabaré Vázquez (diario El País):

Luis Alberto Lacalle
José Mujica
Julio María Sanguinetti

Leer en Español

E o que o segundo turno das eleições nos trouxe?

Fechadas as urnas o ano de 2020 deixa suas marcas para os municípios brasileiros. A exceção é Macapá, que sofreu com um apagão de energia elétrica e terá seu pleito realizado em dezembro. O intuito desse texto é verificar o que teremos em alguns ambientes e de acordo com alguns resultados.

Nas capitais brasileiras, somando os resultados dos dois turnos, temos 10 prefeitos reeleitos – SP, BH, SC, PR, MS, MT, SE, RN, RO e TO, seguindo aqui as siglas de suas respectivas unidades federativas – e cinco estados onde o grupo do atual prefeito foi mantido no poder – BA, PE, CE, GO e RR. Assim, ao todo, são 58% das capitais. Se somarmos cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, João Pessoa e Belém que devolveram ex-prefeitos (ou ex-vices) ao cargo maior teremos quase três quartos das capitais do país apostando em políticos com experiência ou em grupos que estavam no comando. No limite, Rio Branco poderia entrar nessa conta, dado que o vencedor governou outra cidade do estado – Acrelândia. Ao contrário do pleito municipal passado, onde a lógica da novidade prevaleceu, algo nos indica que o eleitor agiu com mais segurança em 2020 – a despeito de alguns nomes vencedores carregarem consigo denúncias, processos e uma série de problemas ligados à justiça. Completa o quadro acima Vitória, Maceió, Teresina, São Luís e Manaus em que a vitória ficou com parlamentares ou nomes que não haviam governado, restando saber o que ocorrerá nesses lugares.

Outro ponto que merece destaque é que definitivamente foi possível assistir a um pleito em que discursos mais radicais à direita não lograram êxito na maioria dos lugares. O sinal amarelo se acende no Palácio do Planalto, bastante afeito a uma intensidade pouco republicana em seus discursos e posições. A família Bolsonaro não colheu resultados expressivos nos maiores colégios eleitorais do país. Russomanno em São Paulo e Crivella no Rio de Janeiro foram mal, e contaram com o apoio direto, apesar de tímido e discreto, do presidente. Sequer Carlos Bolsonaro teve uma votação expressiva para sua reeleição ao parlamento do Rio de Janeiro. Foi o segundo mais votado na cidade, com cerca de 30% menos votos que em 2016, atrás de uma candidatura do PSOL que ele enxerga como adversário visceral. O filho número dois do presidente sequer elegeu sua mãe para a Câmara, com pouco mais de dois mil votos. É cedo para dizer se o presidente terá dificuldade em 2022 por conta desses resultados, mas o movimento do eleitorado em torno de uma centro direita menos radical pode lhe servir de alerta. O ímpeto verborrágico de 2018 não teve o mesmo sucesso nas urnas em 2020.

Ademais, a esquerda também assistiu a nova derrocada do PT, que sai das urnas com menos cidades que 2016, quando já teve imensas dificuldades de eleger prefeitos. O partido não terá nenhuma capital sob seu comando, algo inédito desde os anos 80 e que se anunciava em 2016, quando saiu apenas com Rio Branco, e o então prefeito reeleito deixou o cargo em 2018 para sua vice do PSB, perdendo disputa pelo governo estadual. O PT, no segundo turno, venceu apenas Contagem e Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Diadema e Mauá em São Paulo. Essas duas últimas na Região Metropolitana da capital, onde o partido já teve grande domínio e busca sobrevida. Com a votação expressiva de Boulos em São Paulo e de Manuela D’Ávila em Porto Alegre, somados aos espaços totais de prefeituras conquistadas por PDT e PSB, o que se anuncia é um desafio de articulação relevante na esquerda. O PT terá que abrir mão de sua liderança nacional no campo, pois está longe de ter o poder de outrora. Mesmo o PDT, com Ciro Gomes, terá que buscar forma de dialogar com o PC do B que tem o maranhense Flávio Dino e a gaúcha Manuela, com um PSOL que tem Guilherme Boulos e com um PSB que mostrou força em Recife, local onde desde 2012 o racha com o PT dificulta o diálogo nesse campo ideológico.

No campo do MDB, talvez como reflexo da queda expressiva no total de deputados federais de 2018, o partido não repetiu em prefeituras o que fez entre os anos 80 e 2016. Sempre com mais de mil cidades sob seu comando, dessa vez ficou com menos de 800. Ainda é um partido relevante e capilarizado, o que mais governos locais possui, mas é descentralizado demais. Será a legenda com mais capitais no país: cinco, mas o PSDB e o DEM com quatro estão logo abaixo. Aqui um destaque: em Macapá os quatro mais fortes candidatos são do DEM, do Cidadania, do Podemos e do PSB, ou seja, o Democratas ainda pode empatar o jogo com o MDB.

Contabilizando não apenas as capitais, mas todas as 57 cidades que tiveram segundo turno, o MDB novamente saltou adiante. Foram 10 cidades, com o PSDB levando oito, o Podemos seis, e o PSD e o DEM cinco cada um. Isso mantém a lógica verificada no primeiro turno de força de legendas de centro e centrodireita. O desafio, nesse caso, seria compreender em que medida tais agrupamentos conseguem, se é que têm esse interesse, convergir para algum nome nacional forte em 2022. Aqui o PSDB cumpre um papel semelhante àquele do PT na esquerda. Se tentar, mais uma vez, organizar o bloco, terá que ceder demais nos estados e correrá, novamente, o risco de ser traído por aliados no plano nacional, como em 2018, e em anos anteriores quando perdeu a corrida presidencial para o PT. Será o PSDB a liderar o centro?

Complementarmente, para além do fato de que o Novo conquistou sua primeira prefeitura, a maior cidade de Santa Catarina (Joinville), e o PSOL conquistou uma capital, Belém (com um ex-prefeito do PT), um fenômeno merece atenção. Em 10 das 57 cidades onde houve segundo turno o total de abstenções superou a votação do primeiro colocado. Isso em nada deslegitima o processo, pois as regras são conhecidas, mas trata-se de algo que mescla o temor à pandemia e o afastamento do eleitor das urnas. Em que medida devemos estar atentos a tal realidade? O fenômeno ocorreu no Rio de Janeiro, com um volume que superou 1,7 milhão de votos, e também em Porto Velho, Campinas, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Gonçalo, Petrópolis, Governador Valadares e Goiânia. Nessa última, em que o vencedor está na UTI de um hospital de São Paulo com Covid-19, as ausências foram quase 30% maiores que sua votação.

Em outras 23 cidades as abstenções superaram o segundo colocado, e não foi em todas elas que a eleição foi desequilibrada a ponto de o perdedor ter poucos votos. A contrapartida são 24 cidades onde os dois postulantes da segunda rodadas uperaram as ausências. Aqui algo curioso: no Nordeste, com exceção feita a Maceió e Aracaju, onde o segundo colocado ficou abaixo das ausências, em todas as outras nove disputas o comparecimento foi mais expressivo e menos impactante em relação ao fenômeno destacado. Na Bahia, Feira de Santana e Vitória da Conquista tiveram adesões maciças do eleitorado, restando saber se isso ocorre por motivações republicanas ou por uma dependência elevada em termos econômicos da Prefeitura, o que faz com que a eleição não seja apenas o apogeu da disputa democrática.

Por fim, importante salientar dois fenômenos relevantes. Primeiramente um acentuado nível de violência: mais de cem assassinatos contra candidatos ou cabos eleitorais ocorreram esse ano no Brasil. Ademais, o presidente da República tem esbravejado contra a segurança da urna eletrônica, a mesma pela qual se elege desde os anos 90. Somado a ataques virtuais de hackers, o discurso tem se tornado perigoso e colocado o Tribunal Superior Eleitoral em estado de atenção. O comportamento de Bolsonaro parece antecipar eventuais dificuldades para se reeleger, em atitude semelhante àquela de 2018 quando afirmou que não aceitaria a derrota, bem como a de 2020, quando afirmou, sem qualquer prova apresentada, que venceu o pleito presidencial em primeiro turno. A política, que o eleitor sinalizou esse ano que pode ser mais branda, nas palavras e atitudes do mandatário maior do país pode trazer emoções e surpresas.

As opiniões externadas nesta publicação são de exclusiva responsabilidade de seus autores. Não são necessariamente opiniões da Fundação Konrad Adenauer.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/4459ae78-2bb3-4e88-a5cb-828122760a53?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

El manejo político del entierro del astro demuestra la falta de escalas intermedias: agonía o éxtasis.

Maradona es una buena representación de la idiosincrasia argentina: blanco o negro, excelente o un desastre, Dios o el diablo, 10 o 0. El era así en sus actitudes y sus opiniones, futbolísticas y políticas. Del gladiador tan admirado no podía esperarse que fuera un moderado en otros aspectos. Por eso era un líder admirado u odiado pero nunca pasaba desapercibido o generaba indiferencia.

Diego Armando Maradona siempre fue visto como el líder salvador, el desequilibrador, la gran solución, muy representativo de una sociedad que frente a cada crisis busca el mesías, que históricamente cree más en eso que en el resultado del trabajo en equipo. Por eso, cuando el mesías no está, los acompañantes se pierden.

En sus blancos y negros, sin grises, la vida de Maradona siempre estuvo emparentada con la agonía y el éxtasis. Por lo tanto, no debe llamar la atención ni su muerte prematura —tan solo 60 años— ni lo dramático de los hechos a su alrededor, que terminarán en un conflicto judicial. Es decir, ni siquiera las características de su muerte son apacibles y ordenadas. Una vez más, el mito se expresa de manera revoltosa.

Un mito viviente no podía estar al margen del poder. Ahí aparece otra faceta del Maradona abanderado de los humildes, la víctima de las injusticias de algún establishment: el penal mal cobrado en la final del Mundial del 90, el «me cortaron las piernas» del 94, etcétera. Si bien coqueteó con varias ideologías (Menem, los Kirchner, Fidel Castro, Chávez), lo cierto es que en ese diálogo con el poder representaba una tentación permanente para su uso político. La política es muy proclive a tomar lo que tiene a mano para congraciarse con «el pueblo». Es histórico, de todas las latitudes e ideologías, quizá con más acento en América Latina.

En ese marco, su muerte era «una gran oportunidad» para sintonizar con el dolor popular. Y la oportunidad le llegó a un gobierno que tiene muchos problemas de gestión y de comunicación. Esos déficits aparecieron casi todos juntos en pocas horas, desde que se conoció el deceso hasta el entierro. Más allá de lo ideológico y el uso político —esperable— era previsible que hubiese problemas por causa del sistema de decisión que tiene el presidente Alberto Fernández.

A su administración le cuesta organizarse, tomar decisiones sensatas, reaccionar a tiempo y comunicar adecuadamente. Todo lo hace de una manera un tanto amateur, con un jefe que es poco proclive a escuchar. De eso se quejan sus propios socios políticos dentro del Frente de Todos, más allá de lo que opine la oposición. Porque no es la primera vez que fallece un mito popular. Ya había habido casos como el del cantante Sandro, que fue velado en el Congreso Nacional durante 24 horas. Pero, claro, no había pandemia y Maradona era un referente mundial. Nada iba a ser pacífico.

De «la mano de Dios» se puede llegar al cielo pero también al infierno. El Gobierno no solo manejó mal su incursión en el sentimiento popular, sino que además entró en contradicciones que se fueron conociendo a medida que pasaron las horas. Resultado: Argentina pasó de ser noticia mundial por la muerte de uno de los tres o cuatro mejores futbolistas de la historia, admirado y reconocido, a generar en solo 24 horas otra noticia mundial por el desmanejo del velorio. Las escalas intermedias parecen no existir en este país: una vez más la agonía o el éxtasis, la gloria o Devoto (lugar de una famosa prisión), como dice el saber popular.

Ahora viene la saga judicial por las responsabilidades médicas y de su entorno respecto al fallecimiento. Eso nos dirá que Maradona sigue vivo en el recuerdo por los buenos y los malos motivos. Los dimes y diretes del conflicto político por la presencia policial para poner orden en el velorio popular ya se van acallando, aunque seguro volverán en algún otro escenario donde se dirima poder. Maradona será así una excusa perfecta para el aprovechamiento. Los problemas estructurales y coyunturales de la Argentina son tan grandes que nunca dejan en paz ni a los muertos.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/4459ae78-2bb3-4e88-a5cb-828122760a53?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Leer en Portugués

Los partidos de los dos líderes que confrontaron la elección presidencial —Bolsonaro y Lula— han obtenido malos resultados a nivel municipal. Los partidos moderados y de centro ganaron espacio en un país altamente polarizado. ¿Qué pasó? ¿Hacia dónde va el gigante sudamericano?

Cerradas las urnas, el año 2020 deja su marca en los municipios brasileros, con la excepción de Macapá, que sufrió un apagón de energía eléctrica y celebrará su contienda en diciembre. El objeto de este artículo es anticipar qué panorama tendremos, de acuerdo con algunos resultados.

En las capitales brasileras, considerando los resultados de las dos vueltas, tenemos diez alcaldes reelectos (San Pablo, Belo Horizonte, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Río Grande del Norte, Rondonia y Tocantins) y cinco estados donde el grupo del alcalde en ejercicio se mantuvo en el poder (Bahía, Pernambuco, Ceará, Goiania y Roraima). En total, representan el 58% de las capitales. Si sumamos ciudades como Río de Janeiro, Porto Alegre, Joao Pessoa y Belém, en las que retornaron exalcaldes o exvices al puesto de mayor relevancia, tendremos casi tres cuartas partes de las capitales del país donde se apostó por políticos con experiencia, o por grupos que se encontraban en el gobierno. Casi al límite, podemos incluir Río Branco, ya que el vencedor gobernó otra ciudad del estado (Acrelandia). Esto a diferencia de la anterior contienda municipal, cuando se impuso la lógica de la novedad, algo nos indica que el electorado actuó con mayor firmeza que en 2020, a pesar de que algunos candidatos vencedores acarrearon consigo denuncias, procesos y una serie de problemas vinculados a la justicia. El cuadro se completa con Vitória, Maceió, Teresina, San Luis y Manaos, donde la victoria correspondió a parlamentarios o figuras sin experiencia de gobierno, restando saber qué ocurrirá en esos sitios.

Otro aspecto a destacar es que finalmente fue posible presenciar una contienda en que, en la mayoría de los lugares, los discursos de derecha más radicales no fueron exitosos. En el Palacio del Planalto —muy cercano en sus discursos y posiciones a posturas poco republicanas— se encienden luces amarillas. La familia Bolsonaro no cosechó resultados significativos en las mayores circunscripciones electorales del país. Russomanno en San Pablo y Crivella en Río de Janeiro, a pesar de contar con el apoyo directo —aunque a veces tímido y discreto— del presidente, obtuvieron malos resultados. Ni siquiera Carlos Bolsonaro obtuvo una votación contundente para su reelección al parlamento de Río de Janeiro. Resultó el segundo más votado en la ciudad, aunque con un 30 % menos de votos que en 2016, por detrás de una candidatura del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), al que considera su adversario visceral. El hijo número dos del presidente no consiguió que su madre resultase electa para la cámara, al obtener poco más de dos mil votos. A pesar de ser temprano para anticipar si el presidente enfrentará dificultades en 2022 a partir de estos resultados, este movimiento del electorado hacia un centroderecha menos radical podría servirle de alerta. El ímpetu verborrágico de 2018 no fue igual de exitoso en las urnas en 2020.

También la izquierda experimentó una nueva derrota del Partido de los Trabajadores (PT), que salió de las urnas con menos ciudades que en 2016, cuando tuvo dificultades inmensas para obtener alcaldes. El partido no tendrá el gobierno en ninguna capital; algo inédito desde los años ochenta, y que ya se anunciaba en 2016, cuando apenas consiguió triunfar en Río Branco, y donde el entonces alcalde reelecto dejó su cargo en 2018 a su vice del Partido Socialista Brasilero (PSB) para disputar el gobierno estadual, que finalmente perdió. En segunda vuelta, el PT venció apenas en Contagem y Juiz de Fora, en Minas Gerais, y en Diadema y Mauá, en San Pablo. Estas dos últimas ciudades pertenecen al área metropolitana, donde el partido tuvo tradicionalmente un amplio dominio, y donde hoy busca sobrevivir. Con la importante votación de Boulos en San Pablo y de Manuela D’Ávila en Porto Alegre, sumados al total de alcaldías conquistadas por el Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el PSB, se presagia un interesante y relevante desafío de articulación para la izquierda. El PT tendrá que desistir de sus liderazgos nacionales, ya que se encuentra lejos de tener el poder de otrora. Incluso el PDT, con Ciro Gomes, tendrá que buscar formas de diálogo con el Partido Comunista de Brasil (PC do B), que cuenta con el maranhense Flávio Dino, y la gaúcha Manuela D’Ávila, con el PSOL que tiene a Guilherme Boulos, y con un PSB que exhibió fortaleza en Recife, lugar donde desde 2012 la grieta con el PT dificulta el diálogo en ese espacio ideológico.

En el ámbito del Movimiento Democrático Brasilero (MDB), tal vez como reflejo de la caída pronunciada en el total de diputados federales de 2018, el partido no repitió en alcaldías lo realizado entre los años ochenta y 2016. Habitualmente, con más de mil ciudades bajo su mando, esta vez obtuvo menos de 800. Aún así, es un partido relevante y con buenos vasos comunicantes —es el que más gobiernos locales posee— pero se encuentra demasiado descentralizado. Va a ser la sigla con más capitales del país: cinco, pero el Partido de la Social Democracia Brasilera (PSDB) y Demócratas (DEM) con cuatro, lo siguen muy de cerca. Aquí hay que hacer una salvedad, ya que en Macapá los cuatro candidatos más fuertes son de DEM, Cidadanía, Podemos y PSB, por lo que Demócratas podría empatar al MDB.

Tomando en cuenta no solo las capitales, sino también las 57 ciudades que tuvieron segunda vuelta, el MDB quedó nuevamente por delante. En total fueron diez ciudades, mientras que el PSDB obtuvo ocho, Podemos seis, y el Partido Social Democrático (PSD) y DEM cinco cada uno. Esto mantiene la lógica de la primera vuelta, donde las siglas de centro y centroderecha tuvieron fuerte apoyo. El desafío planteado en este caso es comprender en qué medida esas agrupaciones consiguen —si en definitiva les interesa— converger para acordar algún nombre fuerte para 2022. Aquí el PSDB cumple un rol similar al que cumpliera el PT en la izquierda. Si intentase —una vez más— organizar un bloque, deberá ceder demasiado en los estados y correrá nuevamente el riesgo de ser traicionado por sus aliados en el ámbito nacional como en 2018 y años anteriores, cuando fue derrotado en la contienda presidencial por el PT. ¿Será el PSDB el que lidere el centro?

Como complemento, más allá del hecho de que Novo alcanzó su primera alcaldía en Joinville, la mayor ciudad de Santa Catarina, y que el PSOL conquistó una capital con la candidatura de un exalcalde del PT (Belén), otro fenómeno merece ser destacado. En 10 de las 57 ciudades donde hubo segunda vuelta el total de voto en blanco fue superior a la votación del ganador. Esto para nada deslegitima el proceso, porque es un resultado previsto dentro de las reglas, pero esta reacción constituye una mezcla de temor a la pandemia y muestra el alejamiento de los electores. ¿En qué medida debemos estar atentos a esa realidad? Tal fenómeno sucedió en Río de Janeiro, con un volumen que superó el 1,7 millón de votos, y también en Porto Velho, Campinas, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, Sao Gonçalo, Petrópolis, Governador Valladares y Goiania. En esta última, cuyo vencedor se encuentra con covid-19 en una unidad de terapia intensiva en un hospital de San Pablo, las abstenciones fueron casi un 30 % superiores a su votación.

En otras 23 ciudades las abstenciones fueron superiores al número de votos obtenido por el candidato ubicado en segundo lugar, y no por tratarse de circunscripciones donde el segundo tuviese pocos votos. En contrapartida, son 24 las ciudades donde los candidatos a la segunda vuelta superaron las abstenciones. Algo curioso sucedió en el Nordeste: con excepción de Maceió y Aracajú, donde el postulante que quedó en segundo lugar alcanzó menos votos que las ausencias, en las restantes nueve disputas la tasa de comparecencia fue más alta en relación al fenómeno señalado. En Bahía, Feira de Santana y Vitória da Conquista hubo sólidas adhesiones del electorado, quedando por saber si eso ocurre por motivaciones republicanas o por una elevada dependencia del electorado hacia la alcaldía en términos económicos, lo que hace que la elección no sea el apogeo de la contienda republicana.

Finalmente, es importante destacar dos fenómenos relevantes. En primer lugar, un acentuado nivel de violencia: más de cien asesinatos de candidatos o delegados partidarios ocurrieron este año. Además, el presidente cargó las tintas contra la seguridad de la urna electrónica (la misma con la que se eligen autoridades desde la década de los noventa). Sumado a los ataques virtuales de hackers, el discurso se tornó peligroso, poniendo en alerta al Tribunal Superior Electoral. El comportamiento de Bolsonaro parece anticipar eventuales dificultades para la reelección, en una actitud similar a aquella de 2018 cuando declaró que no aceptaría la derrota, o como la de 2020 cuando afirmó, sin presentar prueba alguna, que había ganado la elección presidencial en primera vuelta. La política, a quien el electorado señaló que puede ser más blanda, puede deparar sorpresas y emociones en las palabras y actitudes del primer mandatario del país.

Traducción: Federico Irazabal

Este texto fue publicado originalmente en Brasil em foco – Newsletter de la KAS Brasil

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor. No representan necesariamente opiniones de la Fundación Konrad Adenauer.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/4459ae78-2bb3-4e88-a5cb-828122760a53?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

El legado de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Seguirá teniendo un rol? ¿O sólo dejará un trumpismo residual en el tablero político estadounidense de los próximos años?

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/4459ae78-2bb3-4e88-a5cb-828122760a53?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

La polarización actual en Estados Unidos no es nueva, pero está claro que bajo Donald Trump ha llegado a los niveles más altos en mucho tiempo. ¿Qué rol cumplirá Trump en los próximos años? ¿Qué hará el partido republicano a partir de ahora? ¿Cuáles son los desafíos más importantes del gobierno de Joe Biden? Estas son algunas de las preguntas de este episodio de Bajo la Lupa.  

Invitada: 

Amanda Mars,jefa de la corresponsalía del diario español El País en Washington. 

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.   

Conducción y realización: Franco Delle Donne. 

Leer en español

El acuerdo comercial UE-Mercosur se ha debatido durante muchos años. Incluso después de su firma en 2019, todavía se plantean muchos desafíos para su ratificación.

Luego de más de dos décadas de negociación, el 29 de junio de 2019 finalmente se firmó el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Este acuerdo, que busca objetivos económicos, ambientales, políticos, comerciales y de cooperación entre las partes, aún necesita superar muchos desafíos, especialmente en un período posterior a una pandemia.

En el bloque del Mercosur existe una notoria relación gélida entre el actual gobierno argentino de Alberto Fernández y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, principalmente por razones ideológicas. Esta crisis entre gobiernos dificulta que un acuerdo de solución de controversias entre el bloque intente resolver o dar cumplimiento a los reclamos del bloque de la UE en el acuerdo comercial. Otro punto a destacar es una posible crisis financiera que atravesarán los países del Mercosur por la pandemia provocada por el nuevo coronavirus y una posible crisis presidencial en Brasil provocada, muchas veces, por los discursos y actitudes irreflexivas del presidente. Esto significa que los países de la UE pueden revisar el acuerdo.

El escenario internacional ha estado marcado por una crisis de multilateralismo y la expansión de medidas proteccionistas. Incluso los grupos de la Unión Europea que defienden estos dos aspectos deben lidiar con los desacuerdos dentro de ese bloque. Un ejemplo crucial es la fuerte resistencia de Francia e Irlanda a ratificar el acuerdo por el posible incumplimiento de la protección climática, dada la creciente quema y degradación de la Amazonía brasileña. Cabe recordar que los dos bloques asumieron el compromiso del Acuerdo de París para la Protección del Clima. La UE tiene una agenda comercial proactiva pero necesita llegar a un acuerdo total entre los países miembros y los grupos de presión, lo que no es una tarea fácil.

Según el politólogo y economista David Gregosz:

«Los partidarios del tratado destacan las ventajas económicas (aumento de la productividad, aumento de la competencia, aumento de los ingresos) del acuerdo, especialmente en el contexto de la política proteccionista. Los críticos del acuerdo comercial temen las consecuencias negativas para la agricultura, la seguridad alimentaria y la protección del consumidor en Europa y advierten sobre las graves diferencias políticas entre los Estados miembros».

El camino hacia la conclusión del Acuerdo UE-Mercosur es todavía largo. Hay muchas dudas sobre el compromiso de las partes, sobre el Acuerdo de París, sobre temas relacionados con la agricultura… Es necesario contar con mecanismos de implementación que garanticen, principalmente, la protección del medioambiente, uno de los temas más debatidos entre las partes.

El zeitgeist por la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur es aún incierto, pero para ambos bloques es fundamental, principalmente para superar las consecuencias económicas de la crisis provocada por el coronavirus.

Esperamos con interés las próximas presidencias del Consejo de la Unión Europea, que actualmente ocupa Alemania (a favor del Acuerdo), para concluirlo a mediados de 2021.

Referencia

THEMOTEO, Reinaldo J. (coord.) (2020). O novo acordo Mercosul-União Europeia em perspectiva, Série Relações Brasil-Europa. Río de Janeiro: KAS, y específicamente los siguientes artículos:

• pp. 43-58: GREGOSZ, David. «Acordo EU-Mercosul: Nova era glacial ou surpreendente avanço após a pandemia do novo coronavírus?»
• pp. 27-42: LABAQUI, Ignacio. «O presente incerto do Mercosul»
• pp. 9-26: ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. «Desafios para consolidação do sistema de solução de controvérsias do Mercosul»
• pp. 59-78: MARIANO, Karina L. Pasquariello, y ARAÚJO, André Leite. «Os limites institucionais das presidências do Mercosul e da União Europeia diante do acordo comercial»
• pp. 91-108: SARAIVA, Miriam Gomes; GALVÃO, Leandro. «Relações comerciais União Europeia-Mercosul, um breve histórico».

Ler em português

Os maiores desafios para a ratificação do Acordo Comercial em UE – Mercosul

Após mais de duas décadas de negociação, o Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul foi finalmente assinado em 29 de junho de 2019. Esse Acordo que visa objetivos econômicos, ambientais, políticos, comercias e de cooperação entre as partes, ainda precisa vencer muitos desafios, principalmente num período pós-pandemia.

Começando pelo bloco Mercosul, é notória uma gélida relação entre o atual governo argentino de Alberto Fernández e o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, principalmente por questões ideológicas. Essa crise entre os governos faz com que dificulte um acordo de solução de controvérsia entre o bloco para tentar resolver e/ou cumprir as reinvindicações feitas pelo bloco da EU no Acordo Comercial. Outro ponto a ser destacado é uma possível crise financeira que países Mercosulinos atravessarão por conta da pandemia causada pelo novo Coronavírus e uma possível crise presidencial no Brasil causada, muitas vezes, por falas e atitudes impensadas do Presidente.

O cenário internacional vem sendo marcado por uma crise do multilateralismo e a expansão de medidas protecionistas. Mesmo grupos da União Europeia que defendem essas duas vertentes, precisam lidar com discordâncias dentro do bloco. Um exemplo crucial é a forte resistência da França e Irlanda em ratificar o acordo por conta do possível não cumprimento de proteção climática, visto as crescentes queimadas e degradação da Amazônia Brasileira. Vale lembrar que os dois blocos assumiram o compromisso do Acordo de Proteção Climática de Paris. A UE tem uma agenda comercial proativa mas precisa alcançar o total acordo dos países membros e lobistas, que não é uma tarefa fácil.

De acordo com o Politólogo e Economista David Gregosz:

“Os apoiadores do tratado destacam as vantagens econômicas (aumento da produtividade, maior concorrência, crescimento de renda) do acordo, especialmente no contexto da política protecionista. Os críticos do acordo comercial temem consequências negativas para a agricultura, segurança alimentar, proteção aos consumidores da Europa e alertam para graves divergências políticas entre os Estados membros.”

O caminho até a conclusão do Acordo ainda é longo. Há muitas dúvidas sobre o comprometimento das partes, sobre o Acordo de Paris, sobre temas relacionados á agricultura… Se faz necessário a existência de mecanismos de implementação que garanta, principalmente, a proteção ambiental, um dos temas mais debatidos entre as partes.

O zeitgeist para a ratificação do Acordo União Europeia e Mercosul ainda é incerto, mas a conclusão do Acordo para ambos os blocos é fundamental principalmente para superar as consequências econômicas da crise causada pelo Coronavírus.

Esperamos com expectativa as próximas presidências do Conselho da União Europeia, que atualmente é ocupada pela Alemanha (favorável ao Acordo) para concluir o Acordo até meados de 2021.

Referências

THEMOTEO, Reinaldo J. (coord.) (2020). O novo acordo Mercosul-União Europeia em perspectiva, Série Relações Brasil-Europa, Rio de Janeiro: KAS.

Artigos específicos:

• pp. 9-26: ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. “Desafios para consolidação do sistema de solução de controvérsias do Mercosul”
• pp. 27-42: LABAQUI, Ignacio. “O presente incerto do Mercosul”
• pp. 43-58: GREGOSZ, David. “Acordo EU-Mercosul: Nova era glacial ou surpreendente avanço após a pandemia do novo coronavírus?”
• pp. 59-78: MARIANO, Karina L. Pasquariello; ARAÚJO, André Leite. “Os limites institucionais das presidências do Mercosul e da União Europeia diante do acordo comercial”
• pp. 91-108: SARAIVA, Miriam Gomes; GALVÃO, Leandro. “Relações comerciais União Europeia-Mercosul, um breve histórico”

Los objetivos y prácticas de cualquier comunidad cientifica dependen de su contexto social más amplio. Este determina el grado y modo de integración de la actividad cientifica en la sociedad y los nexos con la élite política. Abordar esos procesos desde la movilización del conocimiento remite al vínculo entre investigación y acción, a la utilización de los resultados de la investigación por los agentes pertenecientes al contexto en que se desarrolla. Para ello son imprescindibles la vigencia de un clima, canales y derechos que permitan la participación y libertad académicas.

La libertad académica se entiende como el derecho irrestricto de los académicos a la libertad de enseñanza, opinión y discusión en la realización de sus investigaciones y en la difusión y publicación de los resultados de estas. Abarca también la libertad de opinar libremente sobre la institución o sistema en que trabajan y de participar en organismos académicos profesionales o representativos. En Latinoamérica, la libertad académica vive hoy amenazada por actores antidemocráticos de diversa ideología. A la sujeción de la academia cubana por un Estado leninista, se añaden ahora intentos populistas como el de Jair Bolsonaro; orientado a acotar una comunidad académica en las condiciones (aún) democráticas de Brasil. Este texto revisa cómo los nexos conflictivos entre régimen político y libertad académica impactan la movilización del conocimiento en ambas naciones.

Las diferencias entre los casos obedecen a poderosas estructuras dominantes, que impactan las libertades públicas. Analizando los factores que enmarcan el ejercicio de la libertad de expresión en la región, un cuadro aproximado sería el siguiente:

Índice de libertad académica

Fuente: Elaboración propia con base en A. Schedler. (2019). Solidaridad ciudadana en democracias violentas. Nueva Sociedad, 282, julio-agosto.

En Cuba se mantienen el control de la producción y difusión, el veto a profesores y estudiantes —que ha llegado en algunos casos a la expulsión vitalicia del sistema de educación superior controlado por el Estado— revelando la vigencia del alerta lefortiana sobre la imbricación de poder, saber y ley bajo un régimen de tipo soviético. Se ha documentado el control de la libertad académica en centros de investigación y enseñanza, en tanto política de Estado lesiva de los miembros de la comunidad académica cubana e incompatible con varios instrumentos internacionales. Pervive un modelo de universidad sin reconocimiento de la autonomía y libertad de cátedra, que ha conducido a diversas formas de degradación, persecución y expulsión de quienes no se han adecuado a la interpretación de la política, la ciencia y los derechos de la máxima dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC).

En Brasil, el ascenso del populismo autoritario y conservador de Jair Bolsonaro —tras el golpe parlamentario a Dilma Roussef— ha tenido un impacto doble en la academia de ese país. Por un lado, ha intentado controlar la libertad académica con la imposición de autoridades y normas que socavan las condiciones de producción científica autónoma. La cruzada derechista contra la ideología de género y el marxismo cultural son ejemplos de ello. Sin embargo, la respuesta de la comunidad académica brasileña frente a semejante ofensiva ha puesto de manifiesto el legado de organización, articulación, valores e ideales democráticos dentro de la academia y sociedad brasileñas, que frena las intentonas autoritarias. Otro informe reciente advierte que las amenazas a la libertad académica en Brasil abarcan amenazas contra investigadores, procesos disciplinarios contra profesores incómodos, cortes presupuestarios a proyectos no subordinados, así como discursos oficiales que deslegitiman la actividad académica y promueven denuncias contra profesores.

La movilización del conocimiento por académicos latinoamericanos supone la libertad de investigación, enseñanza y difusión. Empero, en el seno de la academia latinoamericana actual se siguen evaluando de modo diferente autoritarismos condenables y excusables. Pero no hay que ponderar por ideología o grado de control entre modos diferentes de censurar la libertad académica. Lo correcto sería asumir simultáneamente la diferencia estructural de ambos casos, diferencia que explica las posibilidades de resistir y revertir el avance autoritario, al tiempo que sostenemos una denuncia común de sus efectos sobre los derechos humanos y la democracia.

Esta es la versión resumida de un artículo más extenso sobre el tema, publicado por el autor en la revista Diálogo Político (2020-2).

Contra todo pronóstico, Bolivia demostró que no es un país que se entienda mirando de reojo los sucesos que se amplifican en las noticias.

Los análisis, las encuestas y los sondeos de opinión casi apostaban por la posibilidad de un histórico balotaje en las elecciones generales del 18 de octubre de 2020. Sin embargo, el resultado fue contundente, un 55,10 % de votos válidos le dieron la victoria a Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, lejos del 28,83 % logrado por el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

Luego de casi un año de confrontación y tensión social tras la anulación de las elecciones de 2019 por denuncias de fraude electoral, la voluntad popular ratificó su preferencia por la misma línea de gobierno que prevaleció durante casi 14 años con Evo Morales, aunque ahora con un nuevo protagonista.

Luis Arce, el hombre al que se le atribuye el «éxito» del modelo económico de Bolivia cuando ocupó el cargo de minsitro por 12 años, llega a la presidencia con la presión de demostrar que tendrá un gobierno para todos y que no estará bajo la sombra de Morales, quien —después de retornar de su asilo en Argentina— ya da claras muestras de lo activa que será su vida política.

Ganó el Movimiento Al Socialismo, pero aún necesita consolidar gobernabilidad.

La polarización de fondo

¿Cuál es la Bolivia a la que llega Luis Arce? Los sucesos de 2019, que desencadenaron en la salida de Evo Morales y posterior llegada al poder de Jeanine Áñez para asumir un mandato de transición, avivaron las confrontaciones.

La investigación «Polarización en Bolivia: tolerancia a la violencia en conflictos sociales»^[1] realizada en noviembre por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) a través de grupos focales de clases media y baja en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, ciudades ejes de Bolivia, identifica dos tipos de polarización: una estratégica, que respondiendo a una ideología permanece más en el tiempo, y la otra esporádica, asociada al estallido social, que ha caracterizado también la dinámica de la región en los últimos años.

Esta última es entendida a partir de cuatro variables: limitaciones estructurales, medios de movilización, factores desencadenantes y economía de emociones. Aunque las percepciones varíen según los estratos, las diferencias socioeconómicas, los conflictos irresueltos, la debilidad institucional, los discursos de extremos, las acciones de organizaciones movilizadoras, el llamado en las redes sociales y hechos concretos que resultan provocadores son factores que fortalecen los entornos polarizantes.

Sin embargo, uno de los hallazgos más llamativos tiene que ver con la identificación de las emociones y sentimientos colectivos como frustración, insatisfacción, temor, desconfianza e incertidumbre hacia el futuro, exacerbados en los momentos más críticos del conflicto electoral que se dieron en octubre y noviembre de 2019.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/eb667a88-cc8f-4d46-be8e-769c0c4068e4?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Las redes sociales en un escenario ideal

Sin grises de por medio, todo apuntaba a asumir una postura obligatoria: respaldar la denuncia de fraude electoral o de golpe de Estado.

En este contexto, las redes sociales asumieron un protagonismo no contemplado antes, ya fuera para amplificar discursos polarizantes o como canales de coordinación de movilizaciones. Aunque WhatsApp haya priorizado la difusión de estos contenidos, Twitter tuvo un rol político mucho más activo.

En una investigación publicada por el Laboratorio de Investigación Forense Digital y la plataforma periodística de las Américas Connectas, en octubre de 2020,^[2] días previos a las elecciones, se concluye que «tal como ha ocurrido en otros países del vecindario, a las redes no solo se traslada el ambiente polarizado (pro-MAS versus anti-MAS), sino el papel de otros interesados que las aprovechan para desviar o mantener conversaciones y tendencias según su conveniencia». El análisis apunta a que Venezuela tuvo una participación importante para instaurar el discurso con tendencia al gobierno actual.

La crisis de 2019 catapultó las participaciones en Twitter, pero fue en 2020 donde alcanzaron un máximo nivel de conversación. Según este estudio, aumentaron 500 % respecto a la etapa preelectoral de 2019, en la que alrededor de 30.000 usuarios generaron tuits referentes a las elecciones y en 2020 más de 60.000 intercambiaron mensajes sobre el proceso electoral.

Otro estudio,^[3] esta vez abordado desde la inteligencia artificial –elaborado por el proyecto Check Lab–, identificó que el 18 de octubre de 2020 los hashtags empleados por los usuarios estuvieron marcados por sentimientos negativos en un 53,31 % de las 150 cuentas analizadas que arrojaron más de 188.000 tuits. Esta carga de emociones, que escondía ira, frustración, preocupación, tristeza, también se extendió en los días posteriores a los comicios.

Las redes sociales fueron escenarios de polarización en los que se acentuaron las diferencias ideológicas y el clima de tensión. Y en 2020 estos espacios fueron atravesados también por la pandemia con la llegada de los primeros casos de COVID-19 registrados en marzo. Incluso cuando el pico de contagios se elevó en agosto y septiembre, la política arrinconó a la salud.

En la actualidad soplan fuertes corrientes de posverdad, que buscan asentarse en el imaginario colectivo cambiando las percepciones de los días oscuros del conflicto, aunque aún conscientes de que el desorden político sigue vigente.

Aunque la mayoría del partido de izquierda haya sido contundente en los resultados de las elecciones, la crisis económica, la preocupación por un posible rebrote de la pandemia, pero sobre todo las huellas de la crisis poselectoral evidencian que los bolivianos ya superaron los efectos del discurso enfático y necesitan el cumplimiento de promesas. Quien gobierne debe entender a esta Bolivia fragmentada en una escala de grises y con la voluntad de tomar en sus manos el escrutinio constante del poder.

Notas:

[1] Investigación del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) en el marco del proyecto «Termómetro de polarización», noviembre 2020.

[2] Investigación desarrollada como ejercicio de capacitación en análisis de redes sociales, por DFRLab, en alianza con Connectas, octubre 2020.

[3] Monitoreo del proceso electoral presidencial 2020 en Twitter, en el marco del proyecto Check Lab, de la empresa Bolivia Tech Hub Collaborative, octubre 2020.

El mandatario no ha estado involucrado en ningún caso de corrupción y cuenta con respaldo popular.

Francisco Sagasti Hochhausler comenzó su discurso de toma de cargo como presidente de la República este 17 de noviembre recordando a los dos jóvenes muertos y a los heridos durante las marchas multitudinarias que llevaron al fin a la brevísima presidencia de Manuel Merino, quien asumiera el cargo luego de que prosperara el último intento por vacar al ahora expresidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente, el pasado 10 de noviembre.

Las medidas técnicas anunciadas por el nuevo mandatario fueron más bien genéricas: luchar contra la pandemia, reactivar una economía que este año se contraerá probablemente en un 13% y garantizar las elecciones presidenciales en abril de 2021. Quizás lo más novedoso de su mensaje fue un tono sinceramente conciliador y la manera prudente de expresar sus ideas y evitar cualquier confrontación innecesaria. Sagasti parecía llamar a toda la clase política a la reflexión para, así, cerrar un ciclo de eventos traumáticos que alcanzó su cúspide estas semanas, pero que en, realidad, lleva mermando la institucionalidad del país desde hace ya varios años.

Francisco Sagasti nació en Lima en 1944, de padre peruano y madre austriaca. Si bien gozó de los privilegios de una educación privada, no proviene de las elites económicas del país, sino más bien de la Bildungsbürgertum. Ingeniero industrial de profesión, por la renombrada Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con una maestría y un doctorado obtenidos en los Estados Unidos. Este perfil se complementa con su cultura humanista, gusto por la música clásica y labor como periodista. La trayectoria profesional de Sagasti ha sido fundamentalmente como académico en diversas universidades —es autor de más de 25 obras— y consultor en organismos internacionales (CEPAL, Banco Mundial, Naciones Unidas, entre muchos otros). En contraposición, su experiencia en el sector público peruano es limitada.

Si bien es muy común que organismos internacionales apoyen las carteras del Estado peruano, los consultores tienen el privilegio de poder incidir en políticas púbicas sin normalmente verse sometidos a los vaivenes, trueques e imputaciones a los se enfrentan los funcionarios nombrados; en este sentido, no cuentan con la misma experiencia política que estos últimos.

Un episodio muy particular de la vida de Sagasti fue haber sido tomado rehén en la embajada de Japón por el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en 1996. Cuando fue liberado, Sagasti traía consigo un pedazo de papel cartón con la firma de Néstor Cerpa Cartolini, líder de los secuestradores. Sagasti ha afirmado que hizo esto por un intento de documentar con objetividad periodística los acontecimientos. Este episodio ha servido, sin embargo, para que en las redes sociales se hayan dado ataques contra el presidente, calificando su acción como un acto de simpatía con los terroristas.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/fb1efa02-6f05-449d-92c4-5efce71d5fcc?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

La entrada de Francisco Sagasti en el primer plano de la política nacional se dio con la fundación del Partido Morado y su participación en las elecciones presidenciales de 2016. Este grupo político centroprogresista busca capitalizar una categoría intelectualmente elusiva en el Perú: la economía de mercado con una perspectiva social. Este es un sector del espectro político disputado por partidos históricos, como el Partido Popular Cristiano (de inspiración demócrata-cristiana) y Acción Popular, entre otros. Sus representantes deben, por un lado, defenderse de la crítica izquierdista de estar al servicio de los grupos de poder; por el otro, responder a una derecha más liberal y tecnocrática que, más bien, ve en el exceso de regulación y omnipresencia del Estado el verdadero obstáculo al desarrollo económico del país. Finalmente, fue un representante de este último grupo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien obtuvo la presidencia en julio de 2016, llevando a Martín Vizcarra como vicepresidente.

Hasta el momento, Francisco Sagasti ha maniobrado bien dentro de la posición conciliadora con la que ha decidido caracterizar su mandato. Su pedido de perdón por la muerte de los jóvenes en las marchas ha sido balanceado con una clara negativa a generalizar sobre la Policía Nacional del Perú como institución. Es así que la noche del 23 de noviembre, en su primer mensaje televisado a la nación, anunció el nombramiento un nuevo comandante general de la Policía y reformas en este sector. De la misma manera, a pesar de que ciertos sectores claman por cambios sustanciales en la Constitución política del Perú, ha subrayado que esta deberá ser decisión exclusiva del siguiente gobierno.

Institucionalmente, la posición del presidente Sagasti no deja de ser frágil, especialmente desde que el Tribunal Constitucional decidió no definir con mayor claridad las causales y procedimientos que rigen una vacancia por incapacidad moral permanente.

Sin embargo, tiene a su favor el no haber estado involucrado en ningún caso de corrupción y contar con el respaldo popular, en gran parte debido a que no fue partidario de la vacancia contra Martín Vizcarra. Quizás su moderación y prudencia puedan permitir un retorno a cierta normalidad y establecer un nuevo tono que marque las elecciones presidenciales del próximo abril.

El Congreso aprueba un presupuesto que nadie quiere

Después de una sesión nocturna de once horas, en la madrugada del 18 de noviembre, una semana y media antes de la fecha prescrita pero sin discutir los planes individuales, el Congreso aprobó el mayor presupuesto de la historia y el que, hasta la fecha, implica el mayor endeudamiento en la historia de Guatemala. La creación y composición del documento es objeto de duras críticas de la ciudadanía en general, del vicepresidente Guillermo Castillo e incluso de instituciones estatales. El presidente Alejandro Giammattei, que había pedido la adopción urgente, quedó abandonado a su suerte.

Con 99.699 millones de quetzales (el equivalente a unos 10.500 millones de euros), el presupuesto guatemalteco para el año 2021 se mantiene justo por debajo de la cifra simbólica de los 100.000 millones. Nunca hubo en el país un presupuesto estatal mayor, a pesar de que este año, debido a la pandemia, el gasto público de 107.750 millones de quetzales claramente superó este límite. El déficit nunca fue mayor. Un tercio del gasto previsto debe financiarse mediante nueva deuda; incluso en el año de crisis 2020, la proporción de nueva deuda fue menor.

Al día siguiente de la decisión parlamentaria, el diario El Periódico publicó una reproducción a página completa de la famosa foto de Edvard Munch El Grito, mientras que el diario Prensa Libre, de mayor circulación, enumera los «Siete pecados del presupuesto 2021» sobre fondo negro: nepotismo, opacidad, privilegio, secretismo, riesgo fiscal, baja financiación y falta de desarrollo social. Los medios reflejan la crítica sin reservas del público al presupuesto y la forma en que se produjo.

Controversia entre el presidente y su vice: Castillo se planta frente a Giammattei

Incluso el vicepresidente Guillermo Castillo hizo un llamado al presidente a vetar el presupuesto y devolver la ley al Congreso. Lo mismo piden los gremios patronales, la estatal Universidad de San Carlos, la Conferencia Episcopal e incluso el Organismo Judicial. El presidente Giammattei está atrapado en el círculo de sus asesores más cercanos. Durante semanas, él mismo había presionado al Congreso a aprobar como ley de emergencia el presupuesto presentado por su ministro de Finanzas. Esto significa un trámite acelerado, sin realizar tres lecturas y con una mayoría de dos tercios, para que la economía devastada por la pandemia pueda reactivarse nuevamente. El Parlamento finalmente le hizo el favor, pero nadie quiere aceptar el presupuesto.

El viernes 20 de noviembre, a las 16.30 de la tarde, el presidente declaró en conferencia de prensa que no podía y no iba a ejercer el veto a la ley de presupuesto. Como justificación, señaló que sin la ley se seguiría aplicando el presupuesto vigente en 2020, muy superior al nuevo, que, según él, es equilibrado y fruto de numerosas discusiones con representantes del sector empresarial y de la sociedad. Si bien el primer punto no es incorrecto, es engañoso. En primer lugar, un presupuesto existente puede ser complementado o modificado en cualquier momento por una nueva ley y, en segundo lugar, con un veto rápido hasta el 30 de noviembre, habría suficiente tiempo para cambiar el proyecto de ley para el año próximo. Las numerosas objeciones al plan presupuestario de todos los sectores de la economía y la sociedad muestran claramente que el segundo punto es meramente producto de la imaginación del presidente, quien claramente no logró el apoyo de la sociedad guatemalteca y sus organizaciones en la planificación presupuestaria.

Dos horas después de la rueda de prensa del presidente, el vicepresidente Castillo también emitió un comunicado a los medios. En él afirmó, en forma completamente sorprendente, que, dado que el presidente no estaba dispuesto a vetar la ley, como él mismo y otros le pedían, le había sugerido que ambos presentaran conjuntamente renuncia a sus cargos. Una renuncia unilateral de su parte quedó descartada. Sin embargo, no se espera que el presidente Giammattei acceda a la propuesta. Lograr la presidencia le constó cuatro intentos y sencillamente no estará dispuesto a renunciar después de menos de un año.

Mientras tanto, se presentaron ocho amparos contra la ley de presupuesto ante la Corte de Constitucionalidad. Un de estos amparos proviene de un grupo reducido de representantes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que con 52 miembros es por lejos la bancada más grande del Congreso. Sin embargo, la mayor parte de dicha bancada levantó la mano a favor del presupuesto, al igual que los diputados de otros doce del total de 19 grupos parlamentarios, aunque solo cuatro de las bancadas acordaron su voto. La pertenencia a un partido y su representación parlamentaria no significa mucho para la gran mayoría de los diputados, siempre que se les ofrezcan incentivos (financieros) por su voto.

Falta de transparencia, prioridades equivocadas, financiación frágil

Las críticas al presidente, al Congreso y al presupuesto provienen de tres direcciones diferentes. Las asociaciones de empleadores y otros expertos económicos critican el fuerte endeudamiento, la alta proporción de gastos de personal (63 %) y la falta de inversión (20 %). La Conferencia Episcopal, el Defensor del Pueblo y otros abogados de la población pobre (alrededor de dos tercios de los habitantes de Guatemala) se quejan de que de los escasos recursos previstos para inversión la mayor parte se destine a la construcción de carreteras y la seguridad nacional en lugar de educación, salud y la lucha contra la desnutrición. Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil objetan la falta de discusión pública del presupuesto y su adopción en una acción sorpresiva.

El presidente Giammattei se había embanderado sobre todo con la lucha contra la desnutrición, pero durante las negociaciones presupuestarias aceptó que los fondos especiales para la denominada Gran Campaña por la Nutrición, por 200 millones de quetzales, fueran cancelados por el Parlamento. En cambio, los diputados se autorizaron el dinero para comprar un nuevo edificio de oficinas. Recién en el último minuto el Congreso decidió una enmienda, mediante la cual el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social se aumentaba en exactamente 200 millones de quetzales. Sin embargo, este ministerio es constantemente criticado porque gasta el presupuesto asignado anualmente de forma particularmente lenta e incompleta.

Un particular rechazo provocó la adjudicación de 3.400 millones de quetzales a los llamados Consejos Departamentales de Desarrollo. Esto se debe, sobre todo, al hecho de que 1.350 millones no están asignados a proyectos específicos y, por tanto, es previsible que el dinero desaparezca por algún canal oscuro. Por esta razón, casi todos los comentaristas consideran estos fondos como sobornos para persuadir a los parlamentarios de los distritos particularmente beneficiados para que aprueben la Ley de Presupuesto. El hecho de que algunos alcaldes, que también ocupan una banca en el Congreso, defiendan por tanto el presupuesto, solo aumenta la desconfianza y las críticas.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/acb0faf3-6719-48f3-826b-ed342f7001d4?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Protestas a lo largo de todo el país

El sábado 21 de noviembre, varios miles de personas se reunieron en una manifestación contra el presupuesto en la plaza principal de la Ciudad de Guatemala, frente al Palacio de la Cultura y la Catedral. También hubo manifestaciones en las capitales departamentales de Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, Petén, Quetzaltenango y Huehuetenango. Todo transcurrió en paz. Solo en la Ciudad de Guatemala, a 600 metros de la Plaza de la Constitución, en un ala de oficinas del Parlamento, hubo violentos enfrentamientos de enmascarados que prendieron fuego al edificio. Presuntamente se trató de estudiantes de la Universidad de San Carlos, la única de estatal del país. A observadores les llamó la atención que justo ese día la entrada al Parlamento estuviera prácticamente sin vigilancia después de que el edificio había estado acordonado durante toda la semana. También hay imágenes publicadas por medios locales en las redes sociales que sugieren que agitadores del servicio secreto se mezclaron con los estudiantes para incitarlos a cometer disturbios. El objetivo aparentemente era desacreditar las manifestaciones en su conjunto.

Por lo demás, la policía se mostró mayormente mesurada. Sin embargo, poco antes del anochecer, miembros de una unidad especial que probablemente perseguían a un grupo de alborotadores dispararon cartuchos de gas lacrimógeno desde una esquina de la plaza principal, la mayoría de los cuales solo explotaron en el medio de la plaza e hirieron a algunos manifestantes pacíficos. En total, los hospitales informaron que tuvieron que atender a más de 20 personas, la mayoría de ellas debido a daños en los ojos causados por el gas lacrimógeno. Como resultado de estos hechos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el grupo de 13 países donantes de Guatemala, actualmente presidido por Alemania, pidieron al Gobierno que proteja el derecho a la libertad de expresión. El presidente Giammattei, en cambio, pidió a la OEA que investigue los violentos disturbios en el edificio del Parlamento sin mencionar las acciones de la policía.

¿Como seguirá todo esto?

Dos horas antes del inicio de las manifestaciones, el presidente Giammattei había anunciado su intención de mantener conversaciones sobre posibles reformas a la ley de presupuesto con representantes del empresariado, de la sociedad civil y de centros de pensamiento (think tanks) entre los cuales se encuentra ASIES, socio habitual de la KAS. De esta forma quiere abrir un camino para salir de una situación estancada sin perder la cara. Si hace promulgar la ley sin realizar cambios, tendrá prácticamente a todos en su contra. Si el presidente interpone su veto, se desautoriza a sí mismo. Es incierto que haya una salida a la situación dada la profundidad de las reformas exigidas por los interlocutores con los que entabló contacto.

Así fue que ASIES, uno de los centros de pensamiento más prestigiosos de país criticó públicamente no solamente la elaboración del presupuesto, sino ante todo la asignación de recursos, mencionada más arriba, a los Consejos Departamentales de Desarrollo y la falta de priorización de los deberes más importantes para cualquier gobierno de Guatemala: enseñanza, salud y combate a la pobreza.

Giammattei instruyó a su ministro de Finanzas para que invite a los think tanks a conversar esta semana. Mientras tanto, en la noche del domingo al lunes, la presidencia del Congreso decidió ni siquiera remitir al presidente la Ley de Presupuesto para su firma. Esto significa que no puede entrar en vigor, y el presupuesto de 2020 seguirá estando vigente por el momento.

Publicado el 23 de noviembre de 2020 en la página web de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Guatemala y Honduras.

Traducción: Manfred Steffen

Innovación y digitalización en la salida de la crisis

Cuando se trata de innovación y digitalización, la mirada desde América Latina suele dirigirse en primer lugar a Estados Unidos. Sin embargo, hay socios en otras regiones del mundo que pertenecen a las vanguardias y ofrecen perspectivas interesantes al continente. En particular, vale la pena echar un vistazo a Israel, la democracia más antigua de Oriente Medio.

Israel es conocido mundialmente como una nación startup. En ningún otro lugar hay una mayor densidad de nuevas empresas per cápita, y en ningún otro lugar se invierte más capital de riesgo en ideas innovadoras y empresas futuras. Además, el país también gasta cada año más del 4 % de su producto interno bruto en capacitación para las generaciones futuras.

El énfasis del ambiente tecnológico israelí está ante todo las áreas de tecnología agraria, ciberseguridad, salud, industria 4.0 y tecnología del agua. Debido a la alta densidad de talentos excelentemente capacitados y suficiente capital de riesgo, se agregan más startups cada año con lo que se expande el panorama, que ya cuenta con más de 6.500 empresas. Muchas se convierten en empresas valoradas en miles de millones que operan a nivel mundial. Solo en el último año, se crearon once nuevos unicornios, lo que supera a cualquier país de Europa o América Latina.

Organizaciones como la Start-Up Nation Central (SNC) o la European Leadership Network (ELNET) constituyen un interlocutor válido y vinculan el ámbito de las empresas emergentes israelíes con todo el mundo. Muchas corporaciones internacionales están presentes hace años en Israel con oficinas y sucursales de innovación y desarrollo, o invirtieron recientemente en tecnología israelí o compraron empresas emergentes.

Cada vez más gobiernos reconocen también este potencial. Por ejemplo, el gobierno federal alemán promueve desde comienzos de año la red israelí-alemana de empresas emergentes y medianas (German Israeli Network of Startups & Mittelstand, GINSUM), con la que ELNET vincula específicamente a las pymes alemanas con el ámbito de las startups israelíes. En cooperación con ciudades francesas e israelíes, la Safe & Smart City Conference vincula desde hace años a expertos de Israel y Francia, y en forma creciente de otros países europeos. También la Unión Europea integra cada vez más a Israel, por ejemplo, con el financieramente sólido programa Horizon 2020, para promover proyectos conjuntos de investigación e innovación.

Programas como Start-Up Chile o el 100 Sistema Open Startups ya están apoyando exitosamente innovaciones en América del Sur y Central. Sin embargo, las fortalezas del ámbito tecnológico israelí ofrecen mucho más potencial para sacar más rápidamente a América Latina de la crisis del coronavirus a través de la innovación y la digitalización. El programa Americas-Israel Innovation Networker de la estatal Autoridad de Innovación de Israel es ideal, por ejemplo, para promover nuevas relaciones y cooperaciones. Otro posible ejemplo es el trabajo conjunto del gobierno de Panamá y el BaseCamp de Innovación de Israel, que se anunció recientemente en la conferencia CybertechLive Latin America.

Estos programas son absolutamente necesarios porque particularmente las pequeñas y medianas empresas a menudo carecen de recursos internos de acceso al mercado internacional y de transparencia con respecto a los socios adecuados para abordar la necesaria transformación digital. Es cada vez más importante buscar en el mundo las mejores soluciones innovadoras y, por lo tanto, aumentar la propia competitividad.

En este tema se necesita más apoyo político. Las relaciones existentes entre América Latina e Israel deben fortalecerse y expandirse específicamente para incluir acuerdos que promuevan la innovación y el espíritu empresarial. Los viajes de las delegaciones a Israel y las conferencias conjuntas pueden ser los primeros puentes hacia el emergente Israel. Los programas de aceleración bilaterales o incluso multilaterales podrían utilizarse específicamente para atraer a más inversores y emprendedores israelíes a América Latina. Es importante que los políticos reconozcan las oportunidades a tiempo, pongan a disposición los presupuestos y así marquen el rumbo correcto.

Traducción: Manfred Steffen

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/fcbff386-500c-4f4e-bb31-0d6f8fb30293?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]