En Nicaragua, los medios independientes se unen frente al régimen. En El Salvador la represión contra los medios toma fuerza. Las muertes de periodistas siguen en Honduras y la descalificación los amenaza en Guatemala.

Cuatro países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, padecen del mismo mal, en dosis y con enfoques diferentes: sus gobiernos acusan y obstaculizan constantemente a la prensa y evitan que el Estado actúe para proteger su labor.

Las frágiles democracias centroamericanas, sometidas a una crisis económica sin precedente debido a la pandemia, padecen además un retroceso importante en el clima requerido por una prensa independiente para denunciar las actuaciones irregulares de la administración de turno. Aun así, los medios no ceden.

La tarea nunca ha sido fácil en esos países. De 180 países evaluados en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF), en abril último, Honduras ocupó la posición 148, Nicaragua la 117 y Guatemala la 116; El Salvador tenía en ese momento la posición 74.

Un mes después del anuncio del ranking, para el caso de Guatemala, RSF destacó los ataques continuos del presidente Alejandro Giammattei a los medios.

El mandatario, a solo dos meses del mandato que inició en enero dijo, con enojo, que «quisiera poner en toque de queda a los medios pero no se puede» y pocos días antes roció con bactericida a los periodistas que se encontraban esperándolo en el Congreso diciendo que era un spray «antiperiodistas».

«En Guatemala y Honduras, los periodistas de los medios de oposición o comunitarios que se atreven a denunciar los actos de corrupción de los políticos suelen sufrir agresiones, amenazas de muerte, e incluso pueden ser asesinatos, por lo que a veces se ven obligados a exiliarse», señaló RSF.

En octubre pasado, la misma organización estimó como «extremadamente preocupante» la actitud autoritaria del presidente Nayib Bukele contra la prensa independiente.

Sobre Nicaragua, en su reporte de abril, RSF insistió en la «feroz represión» del gobierno de Daniel Ortega contra la prensa independiente.

A diferencia de las luchas del pasado de los medios, este año la pandemia no solo profundizó las acciones en contra de la libertad de información por parte de estos gobiernos, sino que también aceleró la crisis que viven los medios de comunicación en razón de la pérdida de ingresos por la publicidad y de la caída en las suscripciones. Y, mientras tanto, la democracia queda todavía más desprotegida y sometida a presión.

En El Salvador, José Luis Sanz, periodista español radicado en ese país y director del medio digital El Faro, asegura que Bukele concentra y busca concentrar más poder. Su fuerte denuncia no es la única en estos meses. El Faro enfrenta un fuerte asedio del gobierno de Bukele, según se evidencia en múltiples informaciones de medios altamente reconocidos como BBC y Univisión.

El pasado 24 de setiembre, en cadena nacional de radio y televisión, Bukele dijo que El Faro estaba siendo objeto de una investigación «por evasión de impuestos y lavado de dinero».

Luego de esto la Fundación Gabriel García Márquez, radicada en Colombia, promovió una carta con la firma de 500 periodistas y escritores preocupados por los ataques de Bukele a El Faro y a otros medios que, según ha dicho, serán investigados por sus omisiones tributarias. Además, todo parece indicar que la Fiscalía salvadoreña también está utilizando la misma receta de Bukele, pues ha trascendido que desarrolla una investigación por una denuncia de violación que involucraría a dos periodistas de El Faro.

Entre los múltiples trabajos de denuncia de El Faro, el que desató la mayor furia del mandatario fue un reportaje de setiembre que dio cuenta de cómo el gobierno ha negociado con líderes de la pandilla Mara Salvatrucha la reducción de homicidios y apoyo electoral a cambio de beneficios carcelarios.

«La historia autoritaria en América Latina vuelve a repetirse. El avance incesante del presidente de El Salvador sobre libertades, con ataques a periodistas y medios […]», mencionaba en un tuit Edison Lanza, hasta hace pocos meses relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Una de las últimas denuncias de El Faro la realizó el columnista Juan Martinez d’Aubuisson, quien fue víctima de un asalto armado y señaló que a partir de fuentes diversas quedaba claro que se trataba de un hecho «orquestado desde dentro del Gobierno», según una noticia publicada por La Prensa Gráfica de ese país.

Este medio, además de El Diario de Hoy, revista Factum y Gato Encerrado, también fueron mencionados por Bukele en la conferencia de prensa del 24 de setiembre por mentir y atacar al Gobierno con propósitos políticos antes de las elecciones legislativas del 2021.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) también ha denunciado ataques de seguidores del Gobierno en las redes sociales y en setiembre pasado fue excluida del proceso de elección de una terna para el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Esta constancia de denuncias en pocos meses es la misma tónica que durante años ha mantenido la prensa independiente nicaragüense. El octavo pronunciamiento emitido por el Foro de la Prensa Independiente de ese país rechazó la Ley de Ciberdelitos que castigará con cárcel la propagación de noticias falsas y gestionaría la extradición de aquellas personas que se estime atentan contra la seguridad del Estado.

Esta organización agrupa a propietarios y directores de medios de comunicación de Nicaragua, a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a la red de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) y a la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN). Esta agrupación ha elevado la voz más allá del país luego de la represión constante establecida desde abril de 2018 cuando, además, fue asesinado el periodista Ángel Gahona mientras realizaba su labor en la zona costera de Bluefields.

Honduras, sin embargo, ocupa la primera posición en cuanto a periodistas muertos se refiere. A la fecha, han muerto asesinados tres periodistas, dos en junio en la zona costera de La Ceiba y otro en setiembre a 60 km de la capital, acribillado por sicarios.

Este tipo de crímenes no son nuevos. Honduras contabiliza 85 periodistas asesinados en los últimos 20 años, en medio de una ausencia del Estado de derecho en la investigación y justicia para el 90% de los casos. Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha condenado en reiteradas ocasiones la fallas del Estado hondureño en la investigación profunda y oportuna para el juzgamiento posterior.

En Guatemala, también la Relatoría ha condenado situaciones similares. En marzo último urgió a las autoridades de ese país a resolver el asesinato de un periodista de solo 24 años quien era vicepresidente de la Red de Comunicadores Sociales, así como de otros que se encuentran impunes. «Es fundamental que el Estado priorice la creación e implementación de un mecanismo de protección para periodistas en el país», indicó en ese momento.

RSF también ha señalado en los últimos meses las dificultades que enfrentan los periodistas para obtener información, la censura y la continua descalificación de los comunicadores en público.

«¡No, no se debe poner en toque de queda a los medios!», afirmó Emmanuel Colombié, director de la oficina en América Latina de RSF, tras la advertencia irónica del presidente guatemalteco.

Desprotección estatal, debilitamiento de las estructuras de los medios, censura y obstaculización del trabajo periodístico, investigaciones y acciones intimidatorias, y asesinatos: así se ejerce el periodismo en cuatro de las naciones centroamericanas que aún no logran fortalecer su democracia.

Consecuencias de la elección en Estados Unidos sobre la política exterior de Brasil

El triunfo electoral de Joe Biden en los Estados Unidos coloca al gobierno de Bolsonaro frente a la decisión de si es necesaria una reorientación estratégica de la política exterior brasilera. La creciente influencia de China en Latinoamérica seguramente constituya en el futuro un tema clave para ambas partes, y ofrece sin dudas posibilidades de cooperación. En cuanto a cuestiones relacionadas con el clima y el ambiente, Brasil podría estar amenazado por un creciente aislamiento en el contexto internacional si no se alcanzaran acuerdos al respecto.

Mientras Joe Biden recibía numerosas felicitaciones de Angela Merkel y muchos otros presidentes por su triunfo electoral, tanto el presidente brasilero Bolsonaro como Itamaraty, el ministerio de Relaciones Exteriores brasilero, permanecían en silencio (esta nota fue). En cambio, el presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Maia (Demócratas), expresó su felicitación a Joe Biden y fue citado por su expresión: «A vitória de @JoeBiden restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal, que preza pelos direitos humanos, individuais e das minorias». [1]

A diferencia del pasado, cuando el interés en Brasil en las elecciones presidenciales estadounidenses era limitado, esta vez no solo en la capital Brasilia se siguió con atención el desarrollo de la elección en EUA. Cuanto más se postergaba la dilucidación de quién ingresaría en la Casa Blanca, mayor era el dilema, especialmente para el presidente Bolsonaro. Este no había disimulado en el período preelectoral su preferencia por el presidente en ejercicio Trump y había atacado duramente al retador Biden, después de sus iniciativas para «salvar la selva tropical» presentadas en el marco del primer debate televisivo a fines de setiembre. Ahora que se confirmó el triunfo del demócrata, a pesar de que el presidente en funciones Trump todavía no lo acepte e intente apelar los resultados electorales ante los tribunales, parece haber llegado el momento en que Bolsonaro tenga que dar un golpe de timón hacia un pragmatismo diplomático. Antes de la elección había declarado a sus seguidores que la esperanza es lo último que muere y que, debido al complejo sistema electoral norteamericano, había que ejercitar la paciencia. Todo hace pensar que deberá pensar en una estrategia para el trato con su nuevo colega.

En los últimos dos años, desde la toma de posesión de Bolsonaro en enero de 2019, en lo que refiere al estilo de gobierno, al comportamiento y a los planes políticos, las similitudes entre el excapitán del ejército brasileño y el empresario inmobiliario estadounidense eran imposibles de no ver. Tanto Bolsonaro como Trump siempre trataron de mantener la imagen de presidente antisistema creada en sus respectivas campañas electorales; no tuvieron inhibiciones, aun en tiempos de coronavirus, de buscar la proximidad física con la base de sus partidarios, y prefirieron una comunicación política directa, mientras que los medios tradicionales que criticaban al gobierno a menudo eran presentados como enemigos.

Después de asumir el cargo, Bolsonaro, en un gesto de gran carga simbólica, fue el primer jefe de Estado extranjero en visitar al presidente Trump en la Casa Blanca. Además, siempre mostró interés en una buena relación personal con Trump y una mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil. En forma similar a la política de Trump «America first», también el gobierno de Bolsonaro persigue un rumbo fuertemente nacional bajo el lema «Brasil acima de tudo, Deus acima de todos» (Brasil sobre todo y Dios sobre todos). De manera análoga a la controvertida decisión de la administración Trump, Bolsonaro también había anunciado a principios de este año, de acuerdo con las demandas de los evangélicos, uno de sus grupos de apoyo más importantes, el traslado de la embajada brasilera en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, a más tardar en 2021.

Desde una perspectiva general, bajo el presidente Bolsonaro se produjo un alejamiento parcial del tradicional compromiso multilateral de Brasil en la política internacional. Sin embargo, a diferencia de Donald Trump, Bolsonaro no cumplió con el repetido anuncio de que se retiraría del Acuerdo de París sobre el clima. También en lo relativo a cuestiones comerciales, Brasil sigue mostrando un gran interés por los acuerdos multilaterales, lo que contradice la concepción transaccional de Trump sobre la política comercial. Así es que los representantes del gobierno brasileño reconocieron expresamente como un gran éxito la celebración del acuerdo UE-Mercosur en julio de 2019.

No se esperan cambios en los ejes temáticos de la política exterior

A pesar de la entrada de Joe Biden a la Casa Blanca a partir de enero del próximo año y de cambios de personal en puestos clave en la política exterior de Estados Unidos, es de suponer que la lista de temas dominantes en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil apenas cambie. Las prioridades en la agenda seguirán ocupadas por el ascenso económico de China y el aumento de la influencia geoestratégica asociada de Beijing en Brasil y América Latina, las cuestiones ambientales, climáticas y comerciales.

Aunque el presidente Biden seguramente no sea admirador declarado de la política exterior desarrollada hasta el momento por Bolsonaro, al igual que muchos de sus predecesores, es consciente de la importancia de Brasil en el contexto regional y global en su calidad de país más grande y poblado de América Latina. Esto es particularmente cierto en vista de la creciente dependencia económica del país de China; desarrollo que, por encima de las preferencias partidarias, en Washington se ve con preocupación. El proceso de concesión de licencias 5G en Brasil, previsto para el próximo año, juega un papel importante frente a la relevancia futura de esta tecnología y al enorme potencial de Brasil como mercado en crecimiento, con más de 200 millones de habitantes y una alta tasa de uso de teléfonos inteligentes. Incluso bajo el presidente Biden, es probable que Estados Unidos intente decididamente excluir al proveedor chino Huawei.

Las cuestiones ambientales y climáticas indudablemente contienen el mayor potencial de conflicto entre Bolsonaro y el recién elegido presidente Biden. Brasil deberá demostrar que se toma en serio las preocupaciones de la comunidad internacional con respecto a la selva tropical de la región amazónica, dañada por la deforestación y los incendios. Aferrarse a explicaciones cuestionables y científicamente insostenibles, y culpar a las ONG, podría marginar cada vez más a Brasil en este tema. Más le convendría apoyarse en la ayuda internacional y brindar garantías creíbles, afirmadas mediante proyectos políticos, que en el futuro se trabajará más en preservar y proteger la selva tropical y otros biotopos únicos en el país y en asegurar la biodiversidad. Un primer paso prometedor en esta dirección fue el viaje a la región amazónica de diez embajadores de diferentes países representados en Brasilia, organizado recientemente por iniciativa del vicepresidente Mourão. Durante este viaje se presentaron a los representantes diplomáticos diversos proyectos gubernamentales. Por el contrario, también debe quedarle claro a la comunidad internacional que Brasil espera negociaciones en pie de igualdad y desea que se respete su soberanía en materia ambiental.

Brasil es uno de los veinte socios comerciales más importantes de Estados Unidos, y en América Latina es incluso el segundo en importancia después de México. En octubre, Brasil y los Estados Unidos firmaron un protocolo sobre normas comerciales en el que Brasil se comprometió a realizar más reformas regulatorias y de competencia.[2] Si bien el libre comercio entre los dos Estados y una intensificación de las relaciones comerciales desde la perspectiva de EUA podrían ser útiles para frenar el aumento antes mencionado de la influencia de China en la región, también Brasil tiene un interés propio en profundizar las relaciones con socios comerciales tradicionalmente importantes como EUA y la Unión Europea. Actualmente, más de un tercio de las exportaciones brasileñas van a China y poco menos del diez por ciento a Estados Unidos, lo que muestra un claro desequilibrio y un alto riesgo de dependencia. En el pasado, la administración Bolsonaro buscó el apoyo de Estados Unidos para la membresía brasileña en la OCDE, y todavía espera la ayuda de Estados Unidos en este asunto.

¿Cambios en el gabinete ministerial como reacción a un triunfo electoral de Biden?

En el portal de noticias G1 del Grupo Globo, la empresa de medios más grande e influyente de Brasil, incluso antes de que Biden fuera proclamado ganador de las elecciones se publicó un artículo que pone en discusión una potencial reorganización del gabinete como reacción a una victoria electoral del candidato demócrata. Es posible el traslado del anterior ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, a otro cargo dentro del gobierno. Salles había causado sensación varias veces en los últimos meses con declaraciones escandalosas y, al igual que Bolsonaro, no había mostrado entusiasmo por la oferta de Biden de un pago de ayuda internacional de más de 20.000 millones de dólares para proteger la selva amazónica. El cambio del ministro de Medio Ambiente, cuya destitución prematura se preveía incluso antes de las elecciones estadounidenses, podría valorarse positivamente en Washington como señal de voluntad de cooperar en temas ambientales y climáticos. También se especula animadamente entre bastidores sobre el futuro del canciller Ernesto Araújo. El diplomático de carrera ha apoyado durante mucho tiempo la política de Trump y cree que el mundo debe liberarse del globalismo. Sin embargo, el presidente Bolsonaro aparentemente puso fin a esta especulación al dejar en claro que «no hay posibilidades» de que el canciller Araújo pierda su cargo si Biden gana las elecciones.

Conclusión

Deberán observarse con atención tanto el desarrollo de las relaciones brasileño-americanas después de las reñidas elecciones presidenciales en los Estados Unidos como el manejo de la creciente dependencia económica y política de China, que desde hace mucho tiempo reconoció la importancia estratégica de América Latina. En estas condiciones, bajo un presidente Biden que actúe racionalmente, las consideraciones geopolíticas y políticas reales podrían, en última instancia, resultar más importantes que las diferencias personales o ideológicas con el presidente Bolsonaro. Esto significaría que frenar el aumento de la influencia de China, especialmente a la luz de la inminente batalla por las ventajas en tecnologías futuras como 5G, debería seguir siendo una prioridad para los estadounidenses. Brasil, bajo el presidente Bolsonaro, que es crítico con China y rechaza abiertamente el comunismo, podría incluso ser un socio decisivo en este momento.

Además, bajo la presidencia de Biden, Estados Unidos seguramente observará si Brasil hace progresos en lo que respecta a la protección de derechos humanos, asuntos ambientales y climáticos, lucha contra la corrupción e importantes proyectos de reforma, como por ejemplo la reforma fiscal. Sin embargo, parte de una visión realista de las relaciones bilaterales es también la suposición de que Brasil, aparte del tema de la conservación de la selva tropical y la protección del clima, no jugará un papel prioritario en la política exterior de Estados Unidos. Son demasiado importantes otros países y regiones como Rusia, China y Oriente Medio. En América Latina seguramente se dé mayor prioridad a la crisis de Venezuela y a los problemas migratorios.

Después de que el presidente Bolsonaro enviara inicialmente señales cautelosas de alejamiento de Donald Trump, con la declaración «Trump no es la persona más importante del mundo», se han esperado en vano las felicitaciones oficiales de Brasilia al «presidente electo Biden». Independientemente de cuándo se produzcan, está claro que con la no reelección de Trump se ha roto un útil pero definitivamente no decisivo pilar de la base de poder de Bolsonaro. La derrota electoral del actual presidente de los Estados Unidos probablemente no perjudicará directamente al presidente brasileño Bolsonaro y su proyecto político, que es similar en estilo y contenido, pero definitivamente no dará ningún impulso en vista de su próxima lucha por la reelección en 2022.

Publicado el 10 de noviembre de 2020 en la página web de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Brasil.
Traducción: Manfred Steffen

[1]             O Estado de S. Paulo, 08.11.2020, p. 6.

[2]              O Estado de S. Paulo, 08.11.2020, P. A3.

Presentamos un número de Diálogo Político dedicado a reflexionar sobre el link entre el conocimiento y la toma de decisiones.

La ciencia, los científicos, los políticos y la ciudadanía en diálogo son indispensables en plena pandemia. La nueva edición de Diálogo Político sobre «Crisis, ciencia y política» ofrece diferentes miradas sobre este desafío.

El pasado jueves 12 de noviembre Diálogo Político lanzó un nuevo número de su revista, bajo el título de «Crisis, ciencia y política», de manera digital y en vivo a través de diferentes redes sociales. Participaron del streaming Nicole Stopfer, directora del Programa Regional Seguridad Energética y Cambio de Climático (EKLA) de la KAS, Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario de Uruguay, y Éctor Ramirez, doctor en Ciencias de la Salud, diputado federal y exministro de Salud del estado de Guanajuato, México.

El lanzamiento comenzó con la palabra de Sebastian Grundberger, representante de la oficina KAS Montevideo, y de Manfred Steffen, el jefe de redacción de Diálogo Político.

En su presentación, Nicole Stopfer aseguró que «La pandemia tuvo un papel inesperado y colocó a la ciencia en un papel principal». Además, la autora enfatizó en dejar bien en claro este concepto: «Durante esta crisis, los científicos aconsejan y los políticos deciden».

El diputado Éctor Ramirez centró su presentación en el caso de su país, México. «El gobierno mexicano invirtió menos en salud, de manera austera. Hubo puntos de encuentro entre ciudadanos, médicos y científicos«. Y afirmó que «el gobierno no sabe a quién hacerle caso; es el presidente el que tomó el liderazgo».

Por su parte, Rafael Radi, desde Uruguay, contó en primera persona el rol que ellos ocupan como grupo científico asesor y el caso de este país. Respecto al verano alentó a disfrutar del aire libre pero cuidando la distancia. Además, comentó: «En Uruguay hay un grupo honorario de científicos que asesora al gobierno en el combate del coronavirus» y «El político tiene que entender. Porque es quien finalmente toma las decisiones de la pandemia. Aquí el gobierno nos respetó los tiempos de los científicos».

Sobre el cierre, todos los expertos acordaron que la crisis del coronavirus es una oportunidad para unificar la ciencia, la política y la sociedad de una manera confiable y certera.

Este es el índice de la edición.

La pandemia de COVID-19 atacó un mundo frágil. La tecnocracia pretendió imperar al fin de la historia cuando cayó el Muro de Berlín. Se vistió con una coraza de soberbia creyéndose poseedora de todas las soluciones.

Terminó la guerra fría. El mundo aceleró su desarrollo tecnológico. Disminuyó vertiginosamente la pobreza y se dieron avances extraordinarios en educación, derechos de las mujeres, respeto a las minorías, disminución de la mortalidad infantil y aumento en la expectativa de vida. Se multiplicaron las democracias. A pesar de las numerosas guerras que sangran la tierra, vivimos la época con menos violencia bélica.

Pero a la vuelta de la esquina la historia y la naturaleza humana mostraron sus complejidades y con la Gran Recesión surgió el descontento. El aprecio por la democracia cae año con año, la globalización y las instituciones internacionales pierden adeptos, los ciudadanos desconfían de las élites a las que consideran indiferentes a su bienestar, los valores se desvalorizan, la cultura se banaliza, impera el espectáculo y no la sustancia. Se menosprecia la política y a los políticos. De la antipolítica surgen los populismos de derecha y de izquierda que carcomen el Estado de derecho, violan los derechos humanos y engatusan a los ciudadanos. A pesar del desembocado cambio en infocomunicación, inteligencia artificial, internet de las cosas, predominan las paparruchadas, o fake news como ahora se las conoce, y las falsedades se difunden y prenden más que las verdades. Vivimos en la posverdad, ya ni los hechos son objetivos. Las emociones se imponen antes que el debate racional. La envidia, el odio, el rencor son más fuertes que la admiración, el amor y la amistad. Las naciones y su acción internacional se muestran incapaces de enfrentar los grandes retos del calentamiento global, del armamentismo y los arsenales nucleares, del cambio tecnológico y la posibilidad de que se concentre en algunas personas la capacidad de determinar nuestras acciones, de la pobreza de naciones rezagadas y de familias que sufren la miseria en medio de la opulencia en países ricos y de ingresos medios. Y como lo demuestra este nuevo coronavirus, tampoco están preparadas para detener frontalmente las pandemias.

La pandemia que sufre el mundo desnudó nuestra ignorancia y puso al descubierto la vaciedad de nuestra arrogancia. Eliminó los vestigios de seguridad en nuestras capacidades que quedaban como residuos de la tecnocracia. Torna patente la futilidad de nuestro conocimiento y la inmensidad de nuestra ignorancia. Surge el miedo y aumenta la incertidumbre que, si no son detenidos por un valladar de fe y esperanza en un mejor mañana, pueden desencadenar violencia destructiva como ocurrió entre las dos guerras mundiales del siglo XX.

Sin duda la más apremiante necesidad actual es enfrentar este virus y defender la vida y la salud de todos, así como atender las necesidades básicas de las familias empobrecidas por la enfermedad y por las políticas de distanciamiento social requeridas para evitar un colapso de los sistemas de salud. A la vez, los gobiernos están llamados a actuar de manera que las medidas de mitigación actual tengan el menor costo posible para la reactivación posterior a la pandemia.

Pero es también preciso desde ya prepararnos para el mundo que debe surgir superada esta emergencia de salud.

Y creemos que el humanismo cristiano esta llamado —una vez más— a alumbrar con nuestros valores y principios un despertar de bienestar fraterno. El papa Francisco con Fratelli Tutti nos reafirma la urgencia de que resurja la fraternidad.

No se trata de menospreciar los grandes avances de la creatividad humana, de la cuarta revolución industrial, de los aportes de la innovación basada en ciencia y tecnología, de la infocomunicación, de las nuevas posibilidades de intercambio social.

Se trata de encauzar la organización social y las políticas públicas con valores que rescaten la centralidad de la dignidad, la libertad, los derechos naturales de cada persona. Para recuperar la confianza en nuestra capacidad de progresar en justicia debemos centrar la acción política en la dignidad de hombres y mujeres.

Pueden ser diferentes los motivos por los que demos central importancia a todas y a cada persona. Puede ser una visión basada en la introspección de la naturaleza humana y la vida en sociedad. Puede ser una construcción ética fundamentada en la capacidad de escoger. Puede ser una elaboración sustentada en la gradual y espontánea evolución social y la sobrevivencia de las instituciones humanas exitosas. O bien puede ser la fe trascendente en un Creador amoroso que nos creó a su imagen.

Con indiferencia del origen de su fundamentación conceptual, el humanismo cristiano nos une en valorar las instituciones y las políticas públicas según sus consecuencias para las personas, y en atribuir a toda persona una dignidad inviolable.

Para enrumbarnos después del covid-19 se requiere humanizar la tecnocracia, para que los valores de la dignidad de toda persona y el bien común enmarquen las fuerzas de la creatividad y las políticas públicas. Para que la consideración sobre mi bien incluya el bien del otro, de todo otro.

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Hoy más que ayer, y mañana más que hoy, América Latina necesita partidos moderados, partidos tolerantes, de centro, que admitan la humana posibilidad de estar equivocados, y la necesidad permanente de estar en diálogo creativo con quienes opinen de una manera diferente. Guiarnos por los valores del humanismo cristiano no significa creernos dueños de la verdad sino saber que por nuestra ignorancia debemos enmarcar nuestras acciones en valores que nos guíen, y estar abiertos siempre a la discusión inteligente, al diálogo constructivo. Como nos dice Frattelli Tutti, a la amistad social.

Por ello, el renacer después del covid-19 demanda ideologías abiertas, humildes, receptivas, pero comprometidas con los principios de la dignidad y libertad de toda persona y en permanente búsqueda del bien común de las generaciones actuales y futuras, lo que nos obliga a vivir en paz y armonía con la naturaleza.

Dignidad humana y bien común nos comprometen a someter nuestra acción política a la fraternidad, a la subsidiariedad y el respeto a la comunidad, a luchar siempre por mejorar porque la vida en sociedad es perfectible, a la vigencia de la democracia y el Estado de derecho, a tratar siempre de hacer buen uso de los limitados recursos con respeto a los intereses legítimos de las generaciones presentes y futuras.

Otro valor que debe encauzar nuestra acción es la búsqueda responsable de eficacia y eficiencia. Eficacia porque los objetivos de la acción política deben ser alcanzables y alcanzados. Eficiencia porque la limitación de los conocimientos, del tiempo y de los recursos nos obliga a que los gobiernos saquen el mejor fruto de ellos.

El conocimiento no solo es limitado, sino que también está distribuido entre todos, e incluso en buena parte es inarticulado y no trasmitible más que por su puesta en práctica. Por ello, para el progreso se requiere que operen mercados eficientes que propicien la innovación y la productividad. De allí la ventaja de la subsidiariedad, la descentralización y la participación.

Para lograrlo, nuestras acciones políticas deben ser evaluadas y debemos de ellas rendir cuentas.

Para rescatar lo mejor de la construcción social alcanzada antes de la pandemia y en el Gran Reinicio construir una sociedad más justa, que elimine la pobreza y abra oportunidades de superación personal y familiar, los partidos del humanismo cristiano conscientes de las limitaciones de nuestra naturaleza, y por ello humildes pero llenos de esperanza en las extraordinarias capacidades de las personas, debemos con moderación buscar equilibrios.

Equilibrio entre libertad y solidaridad, entre innovación y oportunidades, entre justicia social y eficiencia económica, entre mercado y Estado, entre derechos individuales y valores de vida y familia, entre producción y conservación, entre gobierno y comunidad, entre seguridad ciudadana y justicia incluida la rehabilitación de quien ha delinquido, entre las tradiciones locales que nos dan arraigo y pertenencia y la consciencia de nuestra responsabilidad global.

Ya antes del covid-19 las falencias de la tecnocracia señalaban la necesidad de profundas y difíciles transformaciones. Las condiciones posteriores a la pandemia hacen mayor la urgencia de los cambios.

Pero vivimos hoy y heredaremos mañana un mundo en el que predominan emociones negativas y no racionalidad crítica ni fraternidad. ¡Qué difícil tener éxito buscando equilibrio, buscando moderación, buscando el centro, buscando racionalidad y someternos a valores inconmovibles, cuando las pasiones que imperan alientan los extremismos!

Por eso, si siempre el debate y los acuerdos son más constructivos que las confrontaciones arrogantes, ahora será aún más necesario buscar el diálogo y la unidad. El humanismo cristiano debe resurgir con una posición abierta para escuchar y no solo vociferar nuestras verdades, recordando que siempre, aunque no logremos todo lo que queremos, de acuerdos libremente concertados podemos todos sacar ventaja.

Hoy más que ayer necesitamos partidos del humanismo cristiano con ideologías abiertas, que estén permanentemente en diálogo con los demás, humildes.

Un humanismo cristiano respetuoso de nuestros valores, moderado, humilde, en diálogo con los demás es respuesta necesaria. Pero no es suficiente.

Hoy cansados de la tecnocracia, los ciudadanos ven a los dirigentes políticos como personas solo interesadas en sus propios intereses, a menudo corruptos, desinteresados de las vivencias de sus conciudadanos, afanados a lo más en la persecución de fantasmas ideológicos desapegados de la cotidianeidad.

La fría tecnocracia notrasmite compromisode los políticos con los problemas y angustias de los ciudadanos. Los valores abstractos y la racionalidad no conmueven. La generalizada desconfianza hace que se demande trasparencia que es necesaria, pero a la vez se fortalezcan la envidia y el resentimiento.

Para ser exitoso en construir una mejor sociedad después de la pandemia, el humanismo cristiano debe recuperar la confianza en la política y los políticos, debe acercar las elites a los ciudadanos. Debe hacer que se aprecie como verdadero el dictum del papa Pío XII de que «después del sacerdocio la política es la profesión más sublime».

¿Cómo lograrlo?

De escuchar, de oír, de entender a los ciudadanos debemos aprender un nuevo lenguaje, y una narrativa, que nos permitan abrir los oídos, las mentes, las voluntades y los corazones de las personas del siglo XXI, de los milenios y las generaciones aún más jóvenes que están alejadas de la participación política. Así podremos rescatar el aprecio por los valores fundamentales y los procedimientos que hacen justa y civilizada la vida en sociedad.

Además de convencer de las ventajas de guiarnos por nuestros valores fundamentales, con moderación y humildad, construyendo racionalmente en diálogo participativo respuestas a nuestros problemas, requerimos recuperar la relación armónica entre ciudadanos y dirigentes políticos. Necesitamos ser más inteligentes y más apasionados que quienes abusan de la confianza y la credibilidad de las personas, con posiciones maniqueas, fáciles de comunicar, que logran fortalecer las hogueras del populismo pero que luego achicharran el bienestar de los ciudadanos. Para recuperar la relación de confianza entre ciudadanos y dirigentes políticos, los dirigentes políticos del humanismo cristiano debemos convertirnos en verdaderos apóstoles de nuestros ideales y el apostolado no es de palabra, es de vida. No se convence solo con la palabra, se convence con el ejemplo, con las acciones. Hoy necesitamos integridad en nuestras vidas, radicalidad en nuestro compromiso social y autenticidad en nuestras acciones.

La historia nos enseña que usualmente las personas comunes y corrientes son más sensatas, oyen mejor al sentido común, son más prácticas y funcionales que políticos e intelectuales. Sus reacciones suelen ser decentes y movidas por la razón. Debemos con humildad oírlas y restablecer la relación de entendimiento, cooperación y solidaridad entre el pueblo y los políticos del humanismo cristiano.

Es nuestra la responsabilidad

Una enorme responsabilidad porque pasada la pandemia deberemos no solo retomar el camino del progreso, y hacerlo de modo que sea un progreso compartido por todos, sino que deberemos a la vez resolver los desafíos de:

• la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, que concentran poder e ingreso y debilitan el poder distributivo del pago directo al trabajo;
• del calentamiento global;
• de la amenaza de nuevas epidemias;
• del resurgir de los nacionalismos y el debilitamiento de la globalización y la institucionalidad internacional;
• del peligro nuclear;
• de reestructurar los mercados para que sean eficientes en nuevas circunstancias;
• de reinventar los gobiernos.

Ese es el gran reto del humanismo cristiano. Y debemos cumplirlo con una visión moderna y modesta de nuestros conocimientos y habilidades.

Tenemos los valores, la moderación y la racionalidad. Pero necesitamos trasmitir pasión. Pasión por nuestros valores. Pasión por la dignidad, la fraternidad, el bien común. Pasión. Sí, pasión por la moderación y el diálogo humilde. Pasión que solo podremos trasmitir los políticos humanistas cristianos si empezamos por mirarnos a nosotros mismos, nos convertimos y somos auténticos apóstoles de nuestros ideales.

Los partidos del humanismo cristiano cumpliremos ese reto y seremos la solución constructiva posterior a esta pandemia si cumplimos las palabras del recordado político mexicano del humanismo cristiano, Carlos Castillo Peraza:

El partido debe ser instrumento de la sociedad y no de los miembros del partido. En la oposición o en el gobierno, los partidos políticos, los gobiernos, los Estados somos instrumentos de la sociedad para que esta sea más y mejor sociedad.

La producción de energía en nuestro planeta está asociada a estrechamente a los combustibles fósiles. Primero fue el carbón y luego se le agregaron otros, como el petróleo y el gas. El problema reside en la contaminación, por un lado, y en su condición finita, por otro; esto provocó, hace aproximadamente 50 años, el comienzo de la búsqueda de energías alternativas. Un concepto que con el tiempo mutó y se convirtió en lo que actualmente se conoce como energías renovables. Las energías solar, eólica, hidroeléctrica son ejemplos de ello. Son limpias, de fuente inagotable. A ellas se suma la energía por hidrógeno, algo que según algunos expertos puede convertirse en el combustible perfecto y cuya dominación sería el inicio de una tercera revolución industrial.

La clave para la descarbonización

La energía por hidrógeno podría conseguir uno de los objetivos más importantes para superar la crisis climática: la descarbonización.

La descarbonización consiste básicamente en la eliminación del consumo de combustibles fósiles que poseen carbono en su estructura molecular. A partir de ello se evitarían sus consecuencias negativas. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero y, por consiguiente, el calentamiento global.

En otras palabras, descarbonizar equivale comenzar a construir un mundo más verde, con un ambiente más limpio, con una vida de mejor calidad para cada ciudadano. ¿Puede ser la energía por hidrógeno el camino hacia ese mundo? Según Pedro Fresco, experto en energía y autor del libro El nuevo orden verde. Cómo la transición energética cambiará al mundo, «El hidrógeno tiene un claro futuro porque es una energía descarbonizada, es un vector energético que viene de la electricidad verde y que nos permite acceder prácticamente a todo». Fresco explica que su producción es «extremadamente fácil de hacer» porque se trata de separar agua en hidrógeno y oxígeno. Un proceso que existe desde el siglo XIX.

Hidrógeno azul, verde y negro

El hidrógeno es el elemento químico más abundante de nuestro planeta. Pero tiene una cualidad muy particular. No está solo. Es decir, no está disponible como molécula en un yacimiento, y es por ello que debe obtenerse a partir de otras fuentes. El agua o los combustibles fósiles son posibles fuentes. La obtención puede ser más o menos limpia y de ahí la clasificación en hidrógeno azul, verde o negro.

El hidrógeno azul es el más común y se obtiene de los yacimientos de gas natural. Puede ser más o menos limpio en función de la liberación de dióxido de carbono en su obtención. Es decir, si se la contiene, lo cual es posible, no contribuye al calentamiento global, aunque sí contribuye al aumento de los costos de producción.

Por su parte, el hidrógeno negro, también llamado gris o marrón, es el que más daño causa a la naturaleza, ya que es producido a partir de carbón o petróleo, sin control de emisión de gases.

El hidrogeno verde es el único de los tres que se puede calificar de energía limpia, ya que su generación proviene de otros recursos renovables y ecológicos, por ejemplo, la energía eólica.

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Las dificultades del hidrógeno

El problema de producir energía por hidrógeno es la pérdida energética que supone. Esto encarece su generación y por ello lo hace menos eficiente que otras ofertas energéticas. Según Fresco, las pérdidas energéticas que produce el almacenamiento, transporte y liberación de energía por hidrógeno implican una pérdida de más de dos tercios de lo producido al inicio.

Revertir esa situación implica una inversión enorme que no todos los países están en condiciones de realizar. Y, por otra parte, también pone al hidrógeno a competir con energías de menor costo, pese a sus características contaminantes.

Alemania es uno de los países con gran interés en el desarrollo de energía por hidrógeno. El Ministerio Federal de Educación e Investigación invertirá 180 millones de euros hasta el año que viene y más de 300 millones hasta 2023. La apuesta es grande y tiene que ver con otra tendencia que impulsa, en este caso, la Unión Europea. Se trata de convertir a Europa en el primer continente Klimaneutral, lo que en palabras de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen significa «sin generación de emisiones de carbono».

Para von der Leyen se trata de una prioridad e incluso se lo piensa como un factor para generar la recuperación económica de los países de esa región tras la pandemia. El sello de esta política es el Green Deal o pacto verde. Con este, la Unión Europea pretende conseguir objetivos muy ambiciosos en términos de emisiones y en avances hacia la descarbonización del sector energético.

En América latina, el hidrógeno debe competir con un mercado de energías fósiles muy baratas. Fresco señala que los subsidios a estas últimas generan condiciones que hacen casi imposible el desarrollo de alternativas. El costo es tan bajo que no vale la pena. Sin embargo, apunta que «al final, el costo de generar hidrógeno es parecido, e incluso en América Latina podría ser aún más barato, gracias al enorme potencial hidroeléctrico o el enorme potencial solar que puedan tener Chile o México, por ejemplo, o el potencial eólico de muchas zonas».

¿Tercera revolución industrial?

Se trata, como en muchas otras cuestiones, de una decisión política que depende de muchos factores: la economía, las políticas públicas y la innovación. Según Pedro Fresco, la tercera revolución industrial «es la descarbonización; esa es la revolución industrial de los próximos 30 o 40 años, y el hidrógeno es una parte de ella». Tal vez no sea el hidrógeno en particular, tal vez sea un conjunto de energías de diversas fuentes las que se conviertan en la llave para un ambiente más limpio y sano. Seguramente cada sector tendrá características propias que le permitirán aprovechar mejor unas energías que otras. Pero lo más importante es que esa matriz energética diversificada será producto de un compromiso político y social que piense en un mejor futuro para todas y todos.

Donald Trump dejará de ser el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es el escenario que viene?

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No ha sido sencillo. Lo sabíamos de antemano. Pero finalmente Donald Trump ya no será el presidente de los Estados Unidos de América a partir del próximo enero. A Joe Biden le espera mucho trabajo ya que el país parece estar más polarizado que nunca. Sobre la estrategia de Trump, sobre la configuración del voto y sobre el impacto en América latina hablamos en este nuevo episodio de Bajo la Lupa.  

Invitado: 

Gabriel Pastor. Periodista residente en Washington y colaborador de Diálogo Político y del diario El Observador de Uruguay. 

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.   

Conducción y realización: Franco Delle Donne.  

Tras el cambio cultural profundo al que asistimos expresado en distintas manifestaciones de la ciudadanía a nivel mundial, en especial en Occidente, cabe observar el requerimiento por una mayor accesibilidad a la toma de decisiones políticas a nivel general y por cierto local.

En dicho contexto, parece que las instituciones de la República están siendo incapaces de responder a las demandas ciudadanas. Además, se han mostrado ineficientes al requerimiento de una sociedad en red que exige mayor información y horizontalidad en las relaciones sociales. Es decir, la jerarquización o verticalidad en las relaciones interpersonales son mal evaluadas por la ciudadanía, que ha visto en los gobiernos locales o municipios una forma para procesar y dar respuesta de mejor manera a sus demandas, principalmente porque las autoridades locales les resultan más cercanas y empáticas ante sus necesidades, mientras que las instituciones de nivel central, tales como los centros de gobierno o ministerios políticos y sectoriales, son percibidos como distantes e incompetentes al momento de comprender y responder a las necesidades de la población. Por lo tanto, el primer acercamiento a las propuestas que los partidos políticos deben elaborar e implementar frente a la ciudadanía de modo de revalidar su acción política debiera estar en el ámbito de traspaso de competencias, atribuciones y mayores recursos a los gobiernos locales.

Esa sería una medida programática inicial para que los partidos políticos se reconectaran con la realidad territorial del país, ya que una crítica central a su actuar en Chile es que están desconectados de la vida política y social del ciudadano. La descentralización y desconcentración en Chile es una promesa recurrente en los programas de gobierno, pero avanza lento y con muchas resistencias respecto al traspaso de recursos necesarios para permitir una decisión autónoma a nivel regional y local.

En definitiva, en el cambio de época se exige mayor cercanía y menos burocratización y, sobre todo, un mayor conocimiento de las distintas y diversas realidades locales. De alguna manera, se demanda una mayor humanización de las relaciones entre los que gobiernan y los gobernados, entendiendo que ello conlleva un nuevo sentido para la política. Esto puede tener distintas lecturas, y por tanto varias respuestas, pero una de ellas está en los clásicos, es decir, retornar a la valoración de las virtudes en política tales como prudencia, justicia, fortaleza y templanza.

Al respecto, entendemos que la política es transaccional y contingente en gran parte de su quehacer diario, pero en la actualidad se la denuncia por su excesivo pragmatismo estratégico por mantenerse en el poder, sin escatimar medios y propósitos para tales objetivos. Ello habría sido causa primera de la desconfianza en Chile frente a las estructuras partidarias, las que de alguna manera se han transformado en agencias de empleo público carentes de liderazgos comprometidos con una mirada de sociedad.

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Urge que los partidos políticos comprendan el cambio cultural que se está expresando; de otro modo, seguirán siendo parte del problema de desgobierno, ya que la democracia y sus instituciones se ven amenazadas de muerte sin organizaciones que consigan canalizar las inquietudes o demandas ciudadanas. En los hechos, la ciudadanía en Chile expresó su rechazo ante la elite política en el pasado plebiscito del 25 de octubre, votando en un 80 % por una convención constituyente, lo cual revela un llamado a los independientes para la discusión constitucional.

En efecto, los movimientos sociales que han irrumpido en la escena chilena y que en sí representan la desconfianza frente a los partidos políticos, revelan una indignación y una necesidad de cambio o renovación de las elites, lo cual pareciera demandar no solo cambio de rostros o recambio generacional, sino que se apela a una forma distinta de hacer política, lo cual en la historia de la humanidad no resulta novedoso. Estaríamos frente a la exigencia de un resurgimiento de personas en política que se interesen por la cuestión pública o república desde el compromiso con ciertos valores y coherencia de vida. En definitiva, lo que pareciera cuestionarse es la estrategia permanente por mantenerse en el poder por el poder, sin que ello lleve implícito los cambios políticos que el soberano —el pueblo— exige.

Al respecto, habría una desconfianza en que la elite de los partidos —que responde a la cosmovisión propia de la modernidad racionalista y que por varias décadas no ha sido capaz de comprender la necesidad de impulsar los cambios estructurales al sistema político y social vigente— consiga implementar un nuevo sistema de pensiones, un sistema de salud pública universal, mejorar la calidad en la educación pública, reconocer los derechos de los pueblos originarios cancelados desde la Pacificación de la Araucanía, entre otras demandas ciudadanas que conminan a cambios sustanciales a nivel constitucional, orgánico y legislativo, e incluso de paradigma social.

En este sentido, los partidos deben preguntarse por sus propuestas para el país y, sobre todo, convocar a quienes dan un testimonio coherente para llevar a cabo las transformaciones de una nueva agenda política y social que exige mayor sostenibilidad social y medioambiental, es decir, más humanizante o cercana, y menos entregada a la visión de desarrollo fundamentada en indicadores y estructura macroeconómica. Esta mirada explicaría el individualismo galopante que hizo de la competencia el motor de vida en Chile, creando las condiciones oligopólicas del país y su posterior fractura social exhibida en toda su emergencia desde el pasado 18 de octubre del 2019, aunque su sintomatología cuenta con varios antecedentes previos, tales como los movimientos estudiantiles del 2006 y 2011, la marcha de los bastones (por las bajas pensiones), entre otros.

En consecuencia, la exigencia para los partidos políticos tradicionales y los que están en proceso de formación pareciera estar en el reconocimiento de que la economía nuevamente debe ser una disciplina propia de la esfera ética. Para ello existen propuestas doctrinarias como la economía social de mercado, que nos advierte la relevancia de la autorresponsabilidad, cuestión que permitiría a los partidos políticos abrir espacios para una nueva elite que modifique las lógicas políticas que han imperado en los últimos tiempos, trayendo nuevos liderazgos conectados con los territorios y con las exigencias de sostenibilidad social y medioambiental, y así nuevamente cumplir con la función de canalizar las demandas ciudadanas, entendiendo además que deben abrirse nuevos caminos de participación ciudadana en las decisiones públicas.

Hablar de innovación en medio de la coyuntura de esta pandemia parecería trillado. La llamada nueva normalidad nos ha llevado a palpar lo que realmente significa la revolución digital.

Hace pocas semanas, los diarios del sur de nuestro continente comunicaban, con sorpresa, que la empresa Mercado Libre, emprendimiento digital de comercio electrónico y pagos, que hace pocos años inició su operación en un viejo garaje de Buenos Aires, valía ahora casi 25 veces más que YPF, la empresa de petróleos más importante de Argentina en las últimas décadas.

La telemedicina, la educación virtual, el teletrabajo, entre otros términos relacionados a esta revolución tecnológica, se convirtieron en nuestras herramientas más cercanas. Más allá del uso de plataformas tecnológicas de comunicación, también hemos sido testigos de cómo la tecnología ha ayudado a enfrentar esta pandemia. Las aplicaciones de trazabilidad, cercos epidemiológicos, entre otros, han marcado la pauta de este tiempo.

Pero, ¿hemos innovado nuestras estructuras democráticas? Los gobiernos, especialmente de nuestra región, ¿han modificado sus procesos o toma de decisiones con esta nueva coyuntura? ¿Qué está pasando en la educación y la salud pública? El término innovación corre el riesgo de ser abordado con superficialidad. Todos hablan ahora de innovación: los bancos, las universidades, los gobiernos. Pero, en general, no estamos claros en lo que realmente significa innovar.

Es importante analizar cómo esta revolución digital está afectando muchos ámbitos de nuestra vida diaria y nuestra democracia. Las redes sociales han generado un impacto definitivo en nuestros sistemas políticos. Y, con ello, no solamente la consecución de poder, sino también los nuevos modos de relación con los ciudadanos. ¿Cómo nos comportamos en este nuevo tiempo?

Pero, ¿qué es innovar?

Innovar, por definición, es un desafío. Es alterar algo, por pequeño que sea, introduciendo algún cambio o novedad. Innovamos cuando las viejas soluciones ya no sirven; cuando nos damos cuenta de que podemos quedarnos atrás en cualquier ámbito por seguir haciendo lo mismo.

Innovamos en la cocina, o en el fútbol. Pero también debemos hacerlo en la política y en la sociedad. La innovación pública es una obligación ante esta nueva realidad. Estamos acostumbrados a creer que nuestros sistemas de gobierno o los servicios públicos no tienen solución. Ponemos nuestras excusas en los grandes aparatos burocráticos de nuestros países. Innovar en el gobierno no es más que ratificar la visión de Konrad Adenauer de poner al ser humano como eje de cualquier acción gubernamental, a través de algunos principios simples: toda acción con foco en el ciudadano; cocreación de soluciones entre diversos actores; integralidad; experimentación; y cambio cultural.

Debemos innovar para el presente, pero también para el futuro de nuestros hijos. Nuestras sociedades están llenas de posibilidades, pero no podemos pedir cambios si seguimos haciendo lo mismo. Pero antes, debemos reconocer el estado actual de la sociedad.

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¿En qué áreas podemos innovar en el sector público?

La crisis del COVID ha intensificado la necesidad de hacer innovaciones públicas. Para ello es vital tener los marcos regulatorios que protejan los derechos más básicos de los ciudadanos. Que nadie pueda vulnerar nuestros datos y nuestra privacidad. La Unión Europea ha trazado un marco para la ética con el Reglamento General de Protección de Datos.

El momento actual de nuestros gobiernos está marcado por la necesidad de conectividad como eje fundamental. Uno de los riegos más grandes de la coyuntura es que una demora en la ampliación de cobertura de conexión, especialmente en los países en desarrollo, traería indudablemente un aumento de pobreza. Lo vemos ahora en aquellos niños que no pueden estudiar por falta de internet o por falta de un dispositivo.

La discusión del 5G toma una fuerza fundamental. Esta nueva tecnología móvil, en la que se viene trabajando desde el 2018, aumentará la velocidad de conexión para los usuarios y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados. Estaremos conectados todo el día, en el menor tiempo posible. El proyecto de globos satelitales de internet, como lo vienen haciendo Google y sus socios, a través del proyecto Loon, también es una innovación necesaria en este aspecto. El caso más interesante es el de dotación de internet satelital a través de estos globos aeroestáticos en la Amazonía del Perú.

El acceso a la red debe ser un servicio básico, un derecho de cualquier ciudadano. Con esto tendríamos la base para iniciar la primera innovación pública: la digitalización del servicio público y del gobierno.

En un mundo que nos demuestra la versatilidad y eficiencia de la educación virtual, de la telemedicina o de los trámites en línea, debemos enfocar que todos por igual tengamos acceso a esas herramientas. El caso emblemático de innovación pública lo tiene Estonia, donde en 1997, sus ciudadanos decidieron adoptar un gobierno digital con el objetivo de mejorar la competitividad del Estado, reducir los tiempos de trámites y mejorar el bienestar de la gente.

En América Latina hay avances fundamentales. El denominado Laboratorio de Gobierno de Chile es otro ejemplo positivo de innovación pública. Quizás el caso más importante es haber innovado en algo tan simple como el proceso de pago del consumo de luz eléctrica, tan solo haciendo ejercicios ciudadanos de experiencia de usuario.

Más que nunca debemos iniciar procesos de conectividad e innovación en la educación pública y la salud. Debemos fundamentar la creación de empleo basado en la innovación. Debemos dotar a los más jóvenes de habilidades blandas orientadas al emprendimiento general. Nuestros países deben innovar en la forma de educación, ofreciendo un sistema de educación móvil para que millones de jóvenes tengan dos herramientas fundamentales en el mundo de hoy: el idioma inglés y las habilidades de desarrollo para la nube. Esto último lograría aplacar el gran problema de desempleo en esta crisis, puesto que en la era COVID hay una gran demanda de profesionales que sepan hacer development de tecnología.

La propuesta es simple: la innovación no solo puede mejorar la vida de los habitantes de nuestros países, sino que puede crear oportunidades donde no las hay. Los nuevos valores como el conocimiento, la transparencia, la conectividad y la eficiencia energética podrían resolver muchos de los problemas que tenemos.

Tenemos que innovar para cambiar, porque no podemos ir hacia el futuro mirando hacia atrás.

Esta es la versión resumida de un artículo más extenso sobre el tema publicado por el autor en la revista Diálogo Político, en noviembre de 2020.

En medio de la pandemia, y cinco meses antes de las elecciones generales, el Congreso peruano cesó al presidente de la República, Martín Vizcarra. Es el último eslabón de una cadena de atropellos a las instituciones durante los últimos cinco años. El nuevo presidente, Manuel Merino, hereda un país enfrentado política y socialmente.

Tres presidentes en dos años. Probablemente esta cifra pase a la posteridad de la historia política del Perú y del mundo, una lamentable estadística que solo refleja la inestabilidad, fricción y trincheras que arrastramos desde hace varios años en nuestra sociedad, pero que, a su vez, nos envía un mensaje esperanzador: estamos solucionando nuestros problemas con arreglo a la Constitución, la ley y, por ende, con arreglo al Estado de derecho.

Lo ocurrido esta semana en el Perú es parte de una historia que inició el 2016 con la derrota de la candidata presidencial Keiko Fujimori. Desde la juramentación de Pedro Pablo Kuczynski, la bancada congresal del fujimorismo, ampliamente mayoritaria, tomó el rol de una oposición extrema y logró, dos años después, que el entonces presidente PPK renunciara a su cargo, entre acusaciones de corrupción y sobornos, para evitar una posible vacancia.

El entonces vicepresidente Martín Vizcarra empezó a tomar notoriedad puesto que él asumiría el timón del país y, aunque muchos rumores e historias se dieron previo a este cambio de mando, todas ellas quedaron de lado bajo el amparo constitucional que lo respaldaba con la sucesión en el cargo. Hoy, con las recientes conversaciones difundidas y entregadas a la Fiscalía por un candidato a colaborador eficaz, podemos sospechar que varios de esos trascendidos relacionados con la ambición de poder no estaban tan alejados de la realidad.

Desde que asumió Vizcarra, y a pesar de su discurso de unidad y colaboración entre todas las fuerzas políticas, lo único cierto es que las diferencias se acentuaron, las divisiones crecieron y el enfrentamiento fue parte del día a día político en el país. Con las encuestas a su favor, el presidente retó aún más al Congreso y valiéndose del respaldo popular, el apoyo de los gobernadores regionales y alcaldes y, por supuesto, de la Constitución, cerró el Congreso, sometió decisiones importantes a referéndum y se ganó aun más a la ciudadanía.

Llegó la época de la pandemia y, a pesar de la marcada crisis que nos tocó asumir por la debilidad de nuestro sistema de salud, la informalidad generalizada, el desacato a las normas de prevención y algunos malos manejos en las decisiones sanitarias, el presidente siempre dio la cara y poco a poco fuimos saliendo del hoyo… pero solo del hoyo sanitario y económico, no del político.

Martín Vizcarra tenía a su frente a un Congreso que asumió cargos a inicios de este año tras la disolución constitucional del anterior (así lo determinó el Tribunal Constitucional peruano), una representación parlamentaria transitoria que finalmente no llegó para pasar desapercibida. Tanto así, que cuando algunos pensaban que este Congreso simplemente cumpliría una función discreta e incluso conciliadora para arribar con relativamente estabilidad (políticamente hablando) al bicentenario, resultó todo lo contrario.

Entre proyectos de ley populistas (bajo el pretexto de la pandemia), acusaciones de corrupción (de ambos lados) y reclamos al Gobierno por el mal manejo de crisis y de los recursos, los enfrentamientos se convirtieron en pedidos de vacancia tras escándalos mediáticos sobre supuestos actos de tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y recientemente sobornos, que involucrarían al hoy expresidente. Vizcarra se libró de la primera, pero no de la segunda y, cuando se sentía confiado de que no llegaría a mayores, el Congreso lo sorprendió con una votación mayoritaria para que se vaya a su casa sin llegar a entregar la banda presidencial en nuestro bicentenario el 28 de julio de 2021.

A Vizcarra lo vacaron por incapacidad moral, que lo podemos traducir como juicio político, basados en el artículo 113 de la Constitución peruana vigente desde 1993, que señala que la vacancia procede cuando el Congreso establece la «incapacidad moral o física del presidente». ¿Pero cuál fue esta incapacidad moral? No queda muy claro, porque hasta el día de hoy todas las acusaciones vertidas al expresidente son solo trascendidos, algunos basados en informes periodísticos, otros provenientes de algunas bancadas de clara oposición o supuestos de las redes sociales. A pesar de la información proporcionada (y filtrada) por los candidatos a colaboradores eficaces y de la apertura de procesos para investigarlo, la reciente vacancia ha tenido que ver más con lo político que con lo penal, pero siempre bajo amparo constitucional, es decir, totalmente legítima.

Entre manifestaciones de rechazo en las calles y acusaciones de planear una repartija, ayer asumió como presidente transitorio de la República el señor Manuel Merino de Lama, quien venía desempeñándose como presidente del Congreso en representación del partido Acción Popular, y menciono esto porque durante el año 2000, tras la renuncia de Alberto Fujimori, asumió también como presidente transitorio el señor Valentín Paniagua, de Acción Popular.

Muchas de las críticas sobre la decisión de vacar a Vizcarra surgen a raíz del poco criterio de la representación congresal para realizar esta acción en plena pandemia y bajo la amenaza de una segunda ola de contagios, una situación que nos dañaría mucho por todo lo experimentado en la primera etapa de crisis sanitaria en el país. La indignación ha sido tanta que, durante las últimas horas, miles de manifestantes han salido a las calles en todo el país para mostrar su rechazo a esta decisión y, a la vez, para mostrar su apoyo a Vizcarra, que ha recibido un notorio clamor popular y ha quedado como la gran víctima de un Parlamento que solo quería su cabeza sin importarle las consecuencias económicas y de inestabilidad social de tan inoportuna decisión. Recordemos que el mandato de Vizcarra concluiría en ocho meses y antes, el 11 de abril de 2021, tendremos las elecciones generales (presidenciales, congresales y de parlamentarios andinos).

También recomendamos escuchar el podcast de Comité de Lectura sobre la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

Es probable que las revoluciones vayan bajando en las próximas horas y todo dependerá de las decisiones que tome el nuevo presidente transitorio, por ejemplo, con la designación de su próximo gabinete ministerial, que ahora sabemos será presidido por el experimentado político Antero Flores Aráoz (expresidente del Partido Popular Cristiano, PPC, y expresidente del Congreso durante el gobierno de Alejandro Toledo); de las decisiones que tome el Congreso, por ejemplo, insistiendo con algunas propuestas legislativas que anteriormente fueron rechazadas y observadas por el gobierno saliente y, por supuesto, de las decisiones que tome la Fiscalía, por ejemplo, con pruebas realmente contundentes que evidencien que Martín Vizcarra cometió actos de corrupción durante su mandato como gobernador regional (cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otras acusaciones). Ayer también se filtró el audio de una reconocida periodista que, en una conversación privada, reconoció que la situación del expresidente Vizcarra es más que delicada.

Nuestro país tiene muchos retos por delante en lo político, en lo económico, en lo sanitario y, sobre todo, en lo social. No solo nuestra representación política, sino también nuestra sociedad está enfrentada, y hoy erróneamente endiosa a un joven indignado que golpeó a un congresista de la República ante las cámaras de televisión. Necesitamos mucha reflexión y pensar en unidad como nación, como país.

A pesar de los golpes, la vacancia y la pandemia, este país no se rinde. Y aunque nadie imaginó llegar a esta situación justo antes de nuestro bicentenario, las cosas fáciles nunca fueron para los peruanos. Por eso confiamos en que este ciclo oscuro esté llegando a su fin y que solo quede como parte de una historia que nunca más debemos repetir.

«La dinámica de la política está en manos de los perdedores». William Riker (1993)

Una sombra se cierne sobre la democracia más antigua del mundo. El presidente Donald Trump ha discutido abiertamente la transparencia de los resultados electorales. La noche del martes 3 habló de fraude masivo, suspensión del recuento y  robo electoral. Aunque asombroso, no podría decirse que fuera una sorpresa. Durante la campaña electoral el mandatario insistió en sus sospechas sobre el voto por correo como un método fiable de sufragio. Mientras el presidente en las redes sociales pide el conteo y su equipo de campaña comienza acciones legales, el equipo de Biden espera, con mayor comodidad que la noche del martes, que finalicen los escrutinios.

Cualquiera sea el resultado, el daño ya está hecho. El peligro potencial es una elección no reconocida; el peligro seguro, una elección discutida. Los dos casos generan una crísis que impacta en la legitimidad del futuro presidente, del gobierno y, más importante aún, del regimen democrático. Esta semana el mecanismo más básico y estructural de la democracia se ha puesto en duda: las elecciones.

Se trata de la última estación de un desgaste que lleva tiempo en el sistema político norteamericano, que comenzó por la incidencia de actores extranjeros en la campaña presidencial del 2015 y el crecimiento de las protestas sociales, en un país donde las válvulas de participación democrática y canalización de reclamos han sido desbordadas. La corrosión tiene menos señales exteriores que las visibles hoy.

El consenso de los perdedores

La democracia es un juego político que reparte dos incentivos con igual importancia: victorias y derrotas. Requiere el compromiso de ambos para realizarse y la aceptación de ambos para consolidarse. Cuando Adam Przeworski sostiene que «la democracia es un sistema donde los partidos pierden elecciones», apunta precisamente a esa dinámica. El compromiso democrático central es aceptar las derrotas. Reconocer que quien ganó no es un tirano ni quien perdió un traidor. Ambos mantienen el reconocimiento mutuo porque saben que en el desenlace del juego democrático no hay ganadores eternos, sino victorias o derrotas temporales.

De esto se desprende una suposición clave: las derrotas no son dramáticas. Si el perdedor de hoy podría ser el ganador de mañana, la convivencia es tolerable. Esto es consistente con la idea democrática, y es cierto en la mayoría de los casos, pero muy problemático en las pocas excepciones. América Latina es testigo de muchos cuestionamientos electorales; lo hemos presenciado en elecciones nacionales (México 2006 o Bolivia 2019), regionales (Venezuela 2000) o provinciales como en la elección en la provincia de Tucumán, Argentina, durante el 2015. ¿Qué aprendimos de estos casos?

Valoración de la democracia

En primer lugar, sabemos que se genera un desgaste en la valoración de la democracia. Los estudios recientes dan cuenta de que los perdedores electorales muestran menores niveles de satisfacción con la democracia, incluso cuando la elección es reconocida como legitima. Así lo apunta la evidencia tanto en Europa como en América Latina. Estudios realizados en Argentina durante este año 2020 muestran, por ejemplo, que el 80 % de los votantes de Juntos por el Cambio se sienten poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia, mientras que el 85 % de los votantes del Frente de Todos se sienten muy o algo satisfechos.

Sabemos que los mayores niveles de insatisfacción de los perdedores electorales no son una bronca fugaz sino una tendencia que se mantiene de uno a otro ciclo electoral, que recrudece las movilizaciones, la polarización y dificulta la construcción de consensos multipartidarios (Vairo, 2006; Dalhberg y Linde, 2015).

El desenlace práctico y disruptivo de los puntos anteriores es el de las derrotas con protestas sociales, desde el desconocimiento de los resultados al pedido de recuento, pasando por efímeras denuncias mediáticas o largas sentadas populares. Todos los casos estudiados apuntan a que los perdedores tienen mayor propensión a la protesta poselectoral. Y no necesariamente protestas por rechazo a los comicios en sí (como sucedió con Andrés Manuel López Obrador durante el 2006), sino para diferentes temáticas que surjan posteriormente a la elección (Argentina 2020). Los perdedores permanecen más insatisfechos y activos en términos de movilización social, cualquiera sea el caso.

El desconocimiento de un resultado electoral hoy representa un desafío para Estados Unidos. A futuro lo será para todas las democracias occidentales donde la polarización bloquee los términos de entendimiento entre las fuerzas políticas, vuele los puentes de diálogo público y exacerbe la emergencia de fuerzas de derecha radical.

Referencias

Anderson, Ch., y Mendes, S. (2005). Learning to Lose: Election Outcomes, Democratic Experience and Political Protest Potential. British Journal of Political Science, 36(1), 91-111. Cambridge University Press.

Dahlberg, S., y Linde, J. (2015). The winner-loser gap in satisfaction with democracy over time. Evidence from a swedish citizen panel. Working paper series 2015:1. QOG. The quality of government institute. Department of Political Science. University of Gothenburg.

Estrada, L., y Poiré, A. (2007). Taught to Protest, Learning to Lose? Journal of Democracy, 18(1), 73-87.

Przeworski, A. (2004). Democracy and Economic Development. En E. D. Mansfield y R. Sisson (eds.), The Evolution of Political Knowledge. Columbus: Ohio State University Press.

Vairo, D. (2012). El «consenso de los perdedores» y la legitimidad de la democracia en América del Sur. Revista Política y Gobierno. XIX(1), 41-69.

NOVIEMBRE 2020

En medio de una pandemia global es muy difícil para la política dar respuesta a esta emergencia desde su usual lógica doctrinaria entre izquierda y derecha. Un lockdown, por ejemplo, ¿es una política de izquierda o de derecha?Todo indica que no es el tiempo para las ortodoxias. La pandemia no nos pone frente a preguntas ideológicas, sino frente a la pregunta sobre las instituciones y su eficiencia para enfrentar estos tiempos inciertos. ¿Las medidas de control de los contagios amenazan las libertades personales? ¿Los avances tecnológicos facilitarán la vida de nuestros hijos o les quitarán márgenes de libertad? ¿La introducción de tecnologías de comunicación y la expansión de las redes mejorarán la comunicación o convertirán lentamente a los seres humanos en manipulables? La gran pregunta que subyace es si la democracia es eficiente para resolver los grandes desafíos de la humanidad y, al mismo tiempo, asegurar la libertad de los ciudadanos. O si, finalmente, regímenes autocráticos, que no tienen que rendir cuentas ni asumir polémicas, podrán por su lado resolver desde el punto de vista técnico los problemas, basados en la conculcación de las libertades ciudadanas.

El pasado 13 de octubre el régimen cubano fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Una elección previsible pero altamente cuestionable, y que tiene pocas explicaciones fuera del intercambio de favores o votos entre gobiernos y de una diplomacia cubana que durante seis décadas ha cultivado una red de simpatías en todos los continentes.

Pero también es más que evidente que los 170 gobiernos que votaron a favor de la candidatura cubana, entre ellos varias democracias, no tomaron en consideración el desempeño y la trayectoria de La Habana en materia de derechos humanos. Veamos solamente algunos aspectos recientes de su historial.

Detenciones arbitrarias. Desde 2018, año de la última Revisión Periódica Universal sobre Cuba, y hasta el 30 de octubre de 2020, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado más de 7000 detenciones arbitrarias contra opositores y activistas de la sociedad civil. Estas detenciones han sido al margen de cualquier legalidad, al carecer de autorización judicial e incluso documentación para evitar su trazabilidad y tuvieron como finalidad impedir el ejercicio de otros derechos como la libertad de reunión. Los colectivos más perjudicados por estas actuaciones han sido la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y las Damas de Blanco, aunque recientemente el ensañamiento ha sido mayor con jóvenes pertenecientes al mundo de las artes y la cultura.

Retenciones en los hogares. En lo que va de 2020 se han documentado al menos 709 retenciones de activistas en sus hogares. En la mayoría de los casos, el Gobierno establece vigilancia policial en las afueras de las residencias. En algunos existe una advertencia verbal previa de un funcionario de la policía política, y en ningún caso existe orden judicial. Destacados activistas y comunicadores independientes como Yoani Sánchez, Luz Escobar, Ileana Hernández, Omara Ruiz, Camila Acosta, Reinaldo Escobar, Luis Manuel Otero, Bertha Soler, Zaqueo Báez, entre otros, han sido víctimas de estos operativos. Este tipo de mecanismos es una clara violación a la libre circulación y una forma de impedir el ejercicio de otros derechos.

Prisioneros políticos. Actualmente hay 130 prisioneros por motivos políticos y de conciencia. En este punto, aunque con carácter general, es importante tomar nota de que Cuba es uno de los diez países del mundo con mayor población carcelaria per cápita, con más de 200 cárceles. Desde 1959 la población cubana se ha multiplicado por dos, pero los centros de reclusión lo han hecho por más de diez.

Impedimentos de salida del país. Mecanismo usado para impedir que activistas puedan participar en eventos en el exterior. Desde enero de 2019 hasta esta fecha se han documentado al menos 180 casos de este tipo. Una de las organizaciones cuyos activistas se han visto fuertemente afectados ha sido la Mesa de Unidad Democrática. Pero el gobierno cubano no solo utiliza el control de salidas del país como mecanismo de represión contra los residentes en la Isla, sino que también impide de manera sistemática la entrada de ciudadanos cubanos residentes en el exterior a su propio país.

Derechos laborales. La Revolución cubana, que surgió por lo menos a nivel de propaganda en beneficio de los trabajadores, es campeona en la violación de derechos laborales como el derecho a la actividad sindical independiente, el derecho a la huelga y el derecho a un salario justo. Lo más clamoroso es la confiscación de la mayor parte de los salarios de trabajadores cubanos en el ámbito hotelero o de la inversión extranjera dentro de Cuba y de los miembros de las misiones médicas en el exterior. Este último asunto ha sido ampliamente denunciado a nivel internacional, y es considerado una modalidad de tráfico de personas y de trabajo forzoso por todo el sistema de coacción que se ha tejido en torno a las misiones médicas.

Derechos sociales. El régimen cubano siempre ha vendido a Cuba como un paraíso de los derechos sociales, pero la realidad cubana que hoy se visibiliza más gracias a las nuevas tecnologías, destroza ese mito. Estamos ante el fracaso más claro del sistema socialista. Según el último informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, un 21 % de las familias cubanas vive con menos de 20 dólares al mes, casi el doble de lo registrado en enero (11 %). El 24 % vive con entre 20 y 40 dólares mensuales, y el 19 % vive con entre 41 y 100 dólares. Considerando una media de tres personas por hogar, el 64 % de los cubanos viven con menos de USD 1,11 por día.

El 75 % de los cubanos que necesitaron medicamentos no pudieron conseguirlos en las farmacias estatales, que son las únicas legales. El 83 % de los cubanos no cuentan con agua potable permanente. El 46 % de las familias necesitan que su vivienda sea reparada. El 11 % habitan en viviendas en peligro de derrumbe. El 76 % califican entre regular y muy malo el abastecimiento de material médico e insumos hospitalarios.

Todo esto contrasta con el nivel de vida de los dirigentes socialistas y con los cuantiosos ingresos que el Estado obtiene de la venta de servicios en el exterior.

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Libertad de expresión y asociación. En un informe enviado recientemente por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el OCDH a los Estados representados en Ginebra y a la oficina de Michelle Bachelet, señalamos la «persistencia y agravamiento de situaciones de represión, hostigamiento, allanamiento y detenciones arbitrarias en Cuba». Además, cuestionamos que después de los compromisos adquiridos por Cuba en 2018 en la Revisión Periódica Universal, se aprobaran los decretos 349, que regula y limita la libertad de expresión artística, y 370, que establece sanciones a la libre distribución de información a través de internet. Ambas legislaciones han dado lugar a fuertes multas y a la confiscación de instrumentos de trabajo.

Cuba en Venezuela. Un elemento que no se puede obviar cuando se habla del historial de derechos humanos del régimen cubano es su implicación directa en el mantenimiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, recientemente acusado por un informe de la ONU de cometer graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas, crímenes de lesa humanidad. Por más que se mire a otro lado, Cuba es el gran elephant in the room del problema venezolano, como lo ha sido en otros países mediante sus constantes injerencias.

Mayor exigencia

En este contexto de empobrecimiento y represión, no debemos esperar por una reforma del Consejo de Derechos Humanos que ni siquiera está realmente sobre la mesa. Por ahora, el Gobierno no muestra ni la menor voluntad de cambio. Como siempre, juega a ganar tiempo, engañar a incautos y recibir concesiones sin pagar un costo político, tal y como hicieron con la buena voluntad demostrada por Barack Obama.

Los cubanos esperamos que las democracias redoblen la exigencia al régimen cubano como lo han hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe país y organizaciones internacionales como la Internacional Demócrata de Centro y la Organización Demócrata Cristiana de América, que han exigido al gobierno que comience un proceso de reformas políticas, económicas y sociales para que el país avance hacia una democracia y una economía próspera. Un propósito que será más efectivo en la medida en que Estados Unidos y la Unión Europea establezcan una política conjunta hacia la isla, que incluya también a las instituciones financieras internacionales, y que cualquier concesión esté vinculada a avances concretos y medibles en materia de democracia y derechos humanos.

Más información:

El estado de los derechos sociales en Cuba 3 (factsheet)

Informe sombra sobre la evolución de los compromisos asumidos por Cuba en materia de acceso a la información, la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica

El llamado del presidente electo a dejar las armas está chocando de frente en estas horas con un presidente saliente que desconoce la derrota y se embarca en una cruzada política y jurídica a caballo del fraude, pero sin mostrar todavía pruebas concretas.

A Biden, exvicepresidente de las administraciones de Barack Obama, que conoce como pocos los entresijos del poder en Washington, de una experiencia inigualable en el Capitolio, se lo identifica con la virtud aristotélica de la medianía, una ventaja comparativa para el zurcido de la política afectada por los extremos.

El presidente electo no tiene la seducción retórica de Obama ni el ángel de Bill Clinton, pero sí transmite, en gestos y palabras, un adecuado temperamento pacífico para estos tiempos, no como consecuencia de un espíritu cansado a sus casi 78 años, sino el reflejo de entender la política como el arte de la negociación, que respalda una larga trayectoria en el Senado, desde los tiempos lejanos y convulsos del caso Watergate.

«Que esta era de demonización en Estados Unidos comience a terminar, aquí y ahora», dijo Biden la noche del sábado 7, ya como presidente electo, en un acto al aire libre en Wilmington, la principal ciudad del estado de Delaware, en donde tiene su residencia familiar.

Fueron palabras que se transformaron en un clamor a favor del entendimiento cuando en el mismo estrado dijo que «este es el momento de sanar» e instó a los ciudadanos a que no consideren a sus oponentes «como enemigos», mostrándose empático con los votantes de Trump.

«Es hora de dejar de lado la dura retórica», afirmó Biden.

Ese es el talante que premiaron los estadounidenses en Biden, que sobrepasó el umbral de los 273 votos para el colegio electoral (279) que elegirá al presidente n.° 46 el próximo 14 de diciembre. Fue una elección popular que rompió todas las marcas de participación, asombrosamente alta en los sufragios por adelantado, debido a la COVID-19.

De una lectura en blanco sobre negro, la pandemia del coronavirus se impuso levemente a la preocupación por el declive económico, y ello favoreció al postulante demócrata.

Para comprender el enorme reto que supone «restaurar el alma de Estados Unidos», al decir del líder demócrata, no solo hay que incluir el apoyo a Biden (50,5 % de los votos escrutados), sino la fortaleza de Trump (47,7 %), quien obtuvo más respaldo que en la elección de 2016 que lo llevó a la Casa Blanca.

Biden recuperó los estados del muro azul (Pensilvania, Michigan y Wisconsin) y ganó en dos estados decisivos como fueron Pensilvania y Nevada.

Y Trump, si bien perdió la carrera presidencial, sumó más de 71 millones de votos, que lo están convirtiendo en un fenómeno político con probabilidad de expresarse como un movimiento opositor, que dependerá de la influencia que pueda ejercer en la agenda pública y la atención mediática fuera de la Casa Blanca y de cómo sortee el papel de los expresidentes en la fuerte tradición estadounidense.

Salirse del combate no depende de la buena voluntad de una de las partes. Y, en ese sentido, el llamado del presidente electo a dejar las armas está chocando de frente en estas horas con un presidente saliente que desconoce la derrota y se embarca en una cruzada política y jurídica a caballo del fraude, pero sin mostrar todavía pruebas concretas.

La interna de los partidos también se presenta como una amenaza al clima de concordia del que habló la mayor parte de los ciudadanos en las urnas.

Es probable que Biden inaugure su gobierno con un Partido Demócrata sin mayoría en el influyente Senado, obligándolo a abusar de la orden ejecutiva, que es un instrumento legítimo pero que resta significación política. Biden deberá demostrar su capacidad negociadora en la gestión de las diferencias internas entre el bloque moderado y otro más a la izquierda.

Por el lado de la oposición también se advierten desafíos, después de la presidencia de Trump que, al mismo tiempo que revitalizó al Partido Republicano lo adecuó, en cierto sentido, a su imagen y semejanza, en algunas decisiones de gobierno, pero mucho más en la práctica política. Las diferencias internas en estas horas sobre la legalidad electoral y la entrega del poder, y un líder con un comportamiento de outsider, seguramente se harán sentir en las discusiones partidarias.

Trump no tuvo éxito en instalar la noción de «Joe el dormilón» y parecería que en su lugar se impuso «Joe el bueno», que bota a la basura la política del rencor y le extiende la mano al adversario. Habrá que ver si honra las expectativas cuando se instale en la Casa Blanca.

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Necesitamos hacernos cargo de la creciente polarización en nuestras sociedades y del recrudecimiento del lenguaje político en muchas esferas.

«Por lo que sé… inmediatamente». Con estas palabras improvisadas, un día como hoy hace 31 años, un alto oficial de la (mal) llamada República Democrática Alemana (RDA) abrió la ventana de la historia. Su respuesta a la pregunta de un periodista sobre la entrada en vigor de un nuevo régimen de viajes al extranjero para los ciudadanos de la RDA desató una ola humana imparable. Miles de ciudadanos se dirigieron esa misma noche a los puestos fronterizos en el Muro de Berlín, cuyos guardias desbordados terminaron por levantar las barreras, abriendo así los candados de la Cortina de Hierro. El muro, que había separado alemanes de alemanes durante más de 28 años, se convirtió en escenario de fiesta. Mujeres y hombres del este y oeste se fusionaron en un abrazo colectivo, de júbilo, de euforia, de democracia. Empuñando martillos, hicieron las primeras grietas en ese monstruo de concreto, del cual el líder de la RDA, Erich Honecker, había dicho solo unos meses atrás que duraría «50 o 100 años más». Fue el triunfo del anhelo de libertad de un pueblo entero, de la justicia, de la ciudadanía. Una noche monumental que quedará grabada en la memoria colectiva de Alemania y del mundo entero.

El triunfo del 9 de noviembre de 1989 fue, ante todo, mérito de los ciudadanos de Alemania del Este, quienes, desafiando a la policía secreta, la temida Stasi, se manifestaban masivamente todos los lunes bajo el lema «Nosotros somos el pueblo». Decenas de miles se reunían en vigilias de oración y protesta en la iglesia de San Nicolás, en la ciudad de Leipzig. Juntos lograron derrotar a una dictadura comunista, en la cual un partido único, el Partido Socialista Unido de Alemania, encerraba, encarcelaba y torturaba a sus compatriotas. Vencieron a un Estado totalitario que espiaba a muchos de sus ciudadanos día y noche, registrando minuciosamente cuándo se levantaban, sobre qué conversaban y a quiénes amaban. Derrocaron un régimen que asesinó a cientos de personas cuando intentaban, por tierra, aire y mar, escapar del «paraíso socialista», en numerosas ocasiones incluso en vehículos de fabricación propia. Y tumbaron a un gobierno cuya economía planificada fracasó tan rotundamente que el ciudadano medio, que no formaba parte de la nomenclatura comunista, debía esperar entre 10 y 15 años para comprar un automóvil. Hoy, la memoria de la RDA y de su fin están presentes en la vida de los alemanes gracias a los muchos e impresionantes lugares de la memoria. Como sabiamente decía Helmut Kohl, el canciller de la unidad: «Un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el futuro».

Como Fundación Konrad Adenauer, el 9 de noviembre de 1989 se ha convertido en parte de nuestro ADN. Es una fecha para reivindicar nuestra misión de promover democracias resilientes, vibrantes e inclusivas, y con instituciones fuertes capaces de canalizar las demandas ciudadanas. Esta tarea cobra aún más importancia en vista de los nuevos desafíos que comparten Europa y América Latina, mas allá del contexto de la pandemia global. Necesitamos encontrar respuestas comunes a las amenazas del populismo, del surgimiento de nuevos autoritarismos y al cuestionamiento de un sistema internacional basado en la cooperación, el libre comercio y el multilateralismo. Pero especialmente necesitamos hacernos cargo de la creciente polarización en nuestras sociedades y del recrudecimiento del lenguaje político en muchas esferas, incluyendo la virtual. Necesitamos hacer frente a fuerzas que buscan discordia y desestabilización, impidiendo generar consensos.

El 9 de noviembre del 1989 nos deja el ejemplo de todo aquello que es posible cuando un pueblo se une pacíficamente en torno a un reclamo justo. Dejemos que este logro nos inspire para derrumbar las barreras que impiden la unidad de los demócratas y el trabajo por el bien común en nuestras sociedades.

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El estallido social del 19 de octubre de 2019 sorprendió a muchos por la violencia con que se manifestó. ¿Qué pasó con la nación que había tenido una transición ejemplar a la democracia en los noventas y que según los índices económicos y sociales de la CEPAL y mucho más, representaba a uno de los países más estables de la región?

Chile desde la transición había conseguido ingresar a la OECD y exhibía una disminución de su pobreza que pasó de más de un 40 por ciento de sus habitantes a fines de los ochenta a menos de dos dígitos terminada la primera década del siglo XXI. En el mismo lapso prácticamente se había cuadruplicado su Producto Interno Bruto.

Además, Chile exhibe coberturas de un 98 por ciento en educación primaria y secundaria, entre otros indicadores que parecían irrefutables en la demostración de la senda de progreso del país. Ello hasta la madrugada del 19 de octubre en la cual se gatillaron manifestaciones violentas a lo largo de todo el país, pero también pacífica y multitudinaria que exigen cambios estructurales en el desarrollo social, económico y político de la nación.

Hasta octubre de 2019 los presidentes de turno siempre manifestaban estimaciones para que el país consiga entrar al ranking de países desarrollados. Esa era una obsesión de los gobernantes que se comprende en la lógica racionalista que se había instaurado en Chile. Esta comprende la vida en sociedad como una permanente competencia y un planeamiento a ciertos objetivos macros que olvidan el rostro humano, o el sentido de la política. Por otro lado, también es un botón de muestra respecto al desacople de la dirigencia política respecto al sentir del pueblo, que de paso cuestiona la legitimidad de la representatividad del sistema político en general, y el sistema de partidos en particular. Estos últimos se concentraban en obtener el poder y mantenerlo, pero cada vez menos en representar a la ciudadanía y en comprender los enormes cambios culturales que se estaban provocando como reacción a la herencia de la modernidad racionalista, homogeneizante y despersonalizada que genera deshumanización tras la consecución de estructuras macroeconómicas. Ejemplos hay muchos, desde la salud y educación de calidad para quienes pueden pagar; pensiones indignas para una gran mayoría de adultos mayores en un contexto de normalización de cuentas individuales prácticamente carentes de un rol solidario por parte de la comunidad; segregación territorial; desamparo de los niños, niñas y adolescentes vulnerables; incentivos al endeudamiento inmoral de la ciudadanía a objeto de fortalecer  la capitalización de grupos económicos por medio del crédito de consumo; insostenibilidad medioambiental que hasta hace poco era entendida como el costo a pagar por el desarrollo, el cual se aprecia en las zonas de sacrificios, sobre explotación de recursos naturales; desertificación galopante; entre otros aspectos que hoy son cuestionados por organizaciones de la sociedad civil.

¿Cómo se está leyendo el cambio de época en Chile?

Para quienes aún desconfían de la democracia o gobierno del pueblo, las movilizaciones se comprenden en clave de tesis conspirativas, es decir, las corrientes del chavismo latinoamericano a través de su propaganda y acción encubierta han persuadido a grupos juveniles que han desestabilizado nuestra democracia. Para otros, grupos minoritarios de anarquistas se han tomado el control ideológico de colegios emblemáticos del país, quienes a su vez están orquestando la disrupción social. Por último, algunos se amparan en evidentes acciones de grupos antisociales provenientes del mundo de las barras bravas del futbol, el lumpen y el narcotráfico, como actores centrales de la violencia desatada en el país.

Ciertamente los actores mencionados han tenido un papel en la crisis institucional que ha vivido el país, ya que ellos son parte de la descomposición moral de la sociedad y han jugado un papel en la violencia exhibida tras el estallido social. Sin embargo, no explican las causas últimas del fenómeno político y social por el que atraviesa Chile. En efecto, responde más a una mirada reduccionista que invita a pensar que la situación podría controlarse por medio de una acción eficiente de las policías y una mejor inteligencia de las mismas, y con ello retomar el progreso del país.

En consecuencia, algunos miembros de la dirigencia política no comprenden la revisión profunda que vive occidente en general, y en Chile en específico. Ello se explica porque los programas de los partidos a los que pertenecen la clase política son propios de la modernidad, por lo tanto, les resulta complejo comprender lo que acontece. En paralelo, se está viviendo un proceso de descomposición moral de los propios cuadros políticos, sin aún surgir liderazgos de recambio que estén en sintonía con los cambios culturales que lleva consigo el Cambio Época al cual asistimos.

Al respecto, el contexto del financiamiento irregular de la política, el cual quedó impune debido a que el Servicio de Impuestos Internos decidió no presentar una demanda al Ministerio Público, quedando en evidencia la voluntad transversal de los políticos profesionales a favor de la impunidad.

¿Cómo salimos en defensa de la democracia en el cambio de época?

Revisando la modernidad y su legado, principalmente renovando liderazgos en política que sean sinónimo de testimonios de vida coherentes y cuya legitimidad vengan desde la propia comunidad. Esto abriría espacios a un nuevo Pacto social post inicio del proceso de Convención Constitucional luego plebiscito del pasado 25 de octubre de 2020, el cual abrió el camino a la construcción de un diálogo entre sensibilidades diferentes que facilite un reencuentro nacional para dibujar un futuro común.

En definitiva, reconstituir el tejido social perdido, renovar la ética en la esfera privada y pública, y a su vez reinstaurar un compromiso con la humanización de la economía, es decir, poner rostro humano. Dejar atrás la búsqueda en las redes sociales y en las encuestas para empatizar o sintonizar a los dirigentes políticos con la ciudadanía, sino que precisamente comprender que la sostenibilidad social y medioambiental debe ser un interés personal y colectivo de quienes busquen tener un espacio de servicio en lo público. Es decir, es renovar el compromiso social en un enfoque de convicciones para guiar los cambios institucionales, políticos y sociales en medio de un cambio cultural muy profundo, que en definitiva viene a replantear la legitimidad del poder y la relación entre quienes mandan y obedecen, cuestión que exige nuevos espacios de participación directa de la ciudadanía y liderazgos comprometidos que estén dispuestos a salir de los espacios de poder para dar cabida a nuevos personas que aporten al bien común y que entiendan que el poder es para conseguir una promesa de sociedad y no para satisfacer las necesidades de la propia élite política.

El presidente hizo una elección mucho mejor de la proyectada por el promedio de las encuestas. Gane o pierda, seguramente será imitado conceptualmente en varias partes del planeta. El laboratorio está a la vista.

Mientras todos los ojos del mundo están puestos en los votos por correo y los eventuales recuentos en los estados reñidos, independientemente de quién sea el próximo presidente, lo cierto es que se llegó a este escenario porque Trump hizo una elección mucho mejor de la proyectada por el promedio de las encuestas.

De entrada se sabía cuáles eran las claves para dar vuelta el color de la presidencia: que Biden sorprendiera en Arizona, quizá imaginar en imponerse en Texas y Florida, y sobre todo focalizarse en el cinturón oxidado con Michigan, Wisconsin, Ohio y Pensilvania. Sin eso, el magnate se quedaría en la Casa Blanca por cuatro años más.

Obsérvese qué sucedió con el conteo hasta ahora: en 27 distritos sobre 51 Trump se mantuvo aproximadamente en el mismo porcentaje que en 2016 (± 1 punto); en 17 superó su desempeño por 2 puntos o más; y solo en siete distritos perdió espacio. De esos siete, solo uno era previamente republicano (Arizona). Tuvo avances importantes en varios estados demócratas: Hawái, Illinois, Nueva York, Nuevo México y Nevada. Y ni hablar de los más de 10 puntos porcentuales de progreso en Alaska y Utah.

Mucho se habló en la semana previa sobre la posibilidad de que hubiera un voto oculto hacia el actual presidente, dado que mencionarlo en los estudios preelectorales no era políticamente correcto. Está claro que ese fenómeno se produjo, y tiende a suceder habitualmente cuando en la contienda hay un candidato antiestablishment político.

En América Latina tenemos bastante experiencia al respecto (acaba de suceder en Bolivia hace dos semanas). Más allá de eso, está claro que los sondeos tienen cada vez más dificultades en todo el planeta para detectar escenarios que salen del radar, ya sea porque la gente miente el voto o porque cierto segmento de electores rehúye responder encuestas de este tipo.

Por lo que arrojan las encuestas a boca de urna hasta aquí, se confirmaron los clivajes centrales que dividían a sirios de troyanos.

Trump se impuso entre quienes consideraban que reactivar la economía era más importante que el control de la pandemia, les importa la seguridad, los blancos y los que se dicen haber decidido su voto en la última semana.

Por su lado, Biden se impone entre los no blancos, los afroamericanos, latinos y asiáticos, quienes creen que controlar la pandemia es más importante que la economía, les preocupa la desigualdad racial, las mujeres y los menores de treinta años.

Por último, gran llamado de atención sobre el impacto de un liderazgo como el de Trump en una democracia sólida como la americana.

Los exabruptos, los tuits, lo disruptivo, la batalla contra algunos medios de comunicación y los periodistas, o el desenfado en decir lo que diría cualquier ciudadano de a pie, ya no parecen zonas prohibidas en la democracia americana.

Muchas cosas están crujiendo en la política contemporánea. Gane o pierda Trump, seguramente será imitado conceptualmente en varias partes del planeta. El laboratorio está a la vista.

Publicado originalmente en Telam.

La apretada contienda electoral de los Estados Unidos entre los candidatos presidenciales Joe Biden (Partido Demócrata) y el actual mandatario Donald Trump (Partido Republicano), que han convertido la proclamación del ganador en una tarea imposible, dejó en evidencia que la pandemia del nuevo coronavirus fue un factor menos determinante de lo previsto por los analistas.

Al cierre de este artículo, Biden sumaba 264 de 270 electores que se necesitan para ganar en el Consejo Electoral, de 538 miembros, y Trump, 214. El postulante demócrata logró avanzar en lugares que estaban en poder de su contrincante, cuando restaba por conocer los votos de cinco estados: Alaska (3 votos electorales), Georgia (16), Carolina del Norte (15), Nevada (6) y Pensilvania (20).

La victoria en Michigan, un estado clave y cuna de la industria automotriz del país, y en Wisconsin, colocó al postulante demócrata más cerca de la Casa Blanca.

En Estados Unidos, la fórmula presidencial se elige de modo indirecto. En función del voto popular, que surge de elecciones directas, como las realizadas el martes 3, se conforma el colegio electoral en los 48 estados y en la capital Washington DC, que definen el 14 de diciembre quién será el próximo jefe de Estado.

Hasta la víspera de las elecciones, el exvicepresidente del mandatario demócrata Barack Obama dominaba cómodamente los sondeos.

En el promedio de 13 encuestas realizadas entre el pasado 25 de octubre y el lunes 2, difundidas en el sitio RealClear Politics, Biden tenía una ventaja de 7,2 %, en un rango entre 1 y 11 puntos porcentuales de diferencia frente a Trump, quien, por otra parte, había mejorado su posición en relación con la semana anterior al llegar a 44 %, aunque menor al pico de 45,6 % del 22 de febrero pasado cuando la COVID-19 aún no era un problema de salud pública y había un desenvolvimiento normal de la economía.

Pero la realidad de las urnas del martes 3 terminó teniendo un final diferente a la película que mostraron las encuestas: no reflejó la preponderancia sólida de Biden, sino una carrera presidencial muy ajustada.

En la burbuja de Washington DC, por lo menos, la mayoría de los analistas coincidían en que la actitud de desdén del presidente ante la COVID-19 y la crisis económica por las medidas fluctuantes de confinamiento y permanentes de distanciamiento social, que provocaron una baja abrupta y profunda de la economía, y la pérdida de millones de puestos de trabajo, le iban a pasar una factura onerosa al postulante republicano.

Los demócratas estaban insuflados de optimismo al prever una avalancha de votos de estadounidenses decepcionados por el manejo presidencial de la pandemia y una confianza desmedida en las credenciales de Biden para atraer a los electores blancos de la clase trabajadora —que apoyaron a Trump hace cuatro años— y aumentar el apoyo de hispanos y afroamericanos.

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Biden estaba convencido de que podría liderar una gran coalición opositora, sumando a más votantes mayores, independientes e incluso republicanos. Pero los datos hasta anoche son más que suficientes para advertir el fracaso en crear una potente alianza contra Trump, al punto de que el partido desafiante no pudo conquistar una mayoría en el Senado.

La realidad vista con el diario del lunes muestra que la lectura demócrata fue demasiado optimista y que las encuestas no recogieron sutilezas de la elección.

El retador demócrata obtuvo un apoyo mayoritario entre las minorías raciales pero, a todas luces, fue insuficiente para asegurarse una ventaja holgada. Es más, Trump consiguió más votantes latinos en varios estados clave de los que obtuvo en las elecciones de 2016, según un estudio de CNN.

Una de las primeras señales de que la elección no sería fácil para los demócratas se hizo patente en Florida, particularmente en el condado de Miami-Dade, predominantemente hispano, que apoyó a Trump como en 2016, con una fuerte incidencia de los latinos de origen cubano, venezolano y colombiano que apoyan la mano dura del presidente contra los gobiernos de Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, y temen que Biden retome el camino diplomático de Obama, aupado por los dirigentes más a la izquierda del partido.

A medida que avanzaba el escrutinio se pudo constatar que la incidencia de la pandemia en el voto popular fue menor de lo que se podría llegar a creer o, en todo caso, que los electores no están responsabilizando totalmente a Trump del avance del coronavirus en Estados Unidos.

Una encuesta a boca de urna, difundida por CNN, reveló que la economía —el único asunto en el que Trump obtiene mejores calificaciones que Biden— fue el tema más importante para los votantes, seguido de la desigualdad racial y, en tercer lugar, el coronavirus, según consigna el diario británico Financial Times.

La zozobra de los electores por el declive de la economía podría explicar las circunstancias de una elección extremadamente cerrada, que alimenta la polarización política.

Trump impugnó el resultado electoral en Michigan, Pensilvania y Georgia, al tiempo que reclamó el recuento de votos en Wisconsin, confiriendo más incertidumbre que certezas a la elección que elegirá al 45° presidente de los Estados Unidos.

Las tensiones políticas y protestas en estas horas en Mineápolis, Seattle, Phoenix, Filadelfia, Nueva York y Portland, tras la furia del presidente denunciando fraude, perjudican la estabilidad institucional y abren una profunda herida en la democracia más antigua del mundo.

1. Incertidumbre ante el resultado electoral

Tal y como cabía esperar, el retraso en el recuento de votos, especialmente en estados fundamentales como Wisconsin, Michigan o Pensilvania, ha generado que aún no haya un candidato ganador claro. Los recuentos se podrían alargar varios días y por lo tanto, el resultado electoral ahora mismo queda en el aire.

2. Trump fuerte en el sur, pero pierde Arizona

Estados que eran importantes para construir la reelección de Trump han caído del lado del presidente. Florida, Carolina del Norte, Georgia, Texas… Todos ellos han tomado el color rojo del presidente. Es cierto que algunos de ellos aún no se han otorgado de manera oficial, ya que todavía quedan votos anticipado por recontar y eso puede beneficiar a los demócratas.

3. Biden confía en los estados del norte

Sin grandes victorias y habiendo descartado ya una victoria aplastante de los demócratas, Biden mira a los estados que le pueden hacer llegar a la Casa Blanca. Sus opciones pasan por victorias en Wisconsin, Michigan o Pensilvania. Además, el bando demócrata ha conseguido dar la vuelta Arizona, lo que facilitaría sus opciones para lograr los 270 votos del colegio electoral.

4. Trump y Biden valoran los resultados

En un discurso ante simpatizantes en la Casa Blanca, Trump se proclamó ganador de las elecciones y sembró dudas acerca del recuento, denunciando fraude y anunciando que lo llevaría a la Corte Suprema. Por su parte, Joe Biden ha asegurado que «no es labor de Trump o suya decidir quién ha ganado esta elección, que eso es cosa de los ciudadanos y que hay que esperar a contar todos los votos».

5. El impacto del voto anticipado

La cuestión del voto anticipado ha marcado totalmente esta elección. En los estados en los que se realizó el recuento con antelación, Biden comenzó con ventaja, pero a medida que entraba el voto del día electoral Trump ganaba terreno. Por otro lado, en los estados en los que el voto anticipado se ha comenzado a recontar después, Trump ha comenzado con ventaja, pero queda por entrar el voto de grandes urbes que suelen favorecer a los demócratas. Por ello, la gran participación anticipada está resultando determinante a la hora de poder declarar ganador a un candidato.

Pasados siete meses de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definiera al brote de coronavirus como una pandemia, el tema se ha consolidado como una verdadera piedra en el zapato de los presidentes de Occidente. Su intensidad, su longevidad y sus mutaciones están por fuera de la imaginación inicial. Tanto en Europa, donde la segunda ola de contagios impone cierres abruptos y vuelve a encender las alarmas sanitarias, como en Latinoamérica, que sigue siendo el epicentro de la crisis, el COVID-19 continúa mellando la popularidad de los líderes políticos.

Con la sistematización de la información de 370 encuestas en 17 países, en este artículo analizamos cómo evoluciona el impacto del virus en la imagen de los mandatarios y nos concentramos en cuatros casos (Argentina, Canadá, Inglaterra y Perú) que registraron una especial volatilidad. Estos mandatarios licuaron gran parte del capital político incorporado en abril y mayo, y actualmente cuentan con menor espalda política para resistir los embates de una segunda ola.

La última evidencia recolectada confirma la tendencia de los meses anteriores: en promedio, la imagen de los presidentes continúa en un leve pero consistente descenso. Atrás quedó la instancia inicial de unidad y apoyo incondicional a los liderazgos políticos ante la amenaza de un virus incierto y desconocido. En abril —en el pico máximo de nuestra muestra— la aprobación promedio de los presidentes alcanzó el 53,9 %. Ya en mayo ese indicador empezó a bajar ante el desgaste por las medidas de restricción a la circulación impuestas en la mayoría de los países, sumado a los problemas económicos que comenzaron a surgir producto de la pandemia. Hoy, cinco largos meses después de aquel pico, la imagen promedio de los mandatarios cayó más de 10 puntos porcentuales (42,1 %).

A continuación pondremos la lupa en la evolución de la popularidad presidencial en cuatro países: Argentina, Perú, Canadá y el Reino Unido. Los cuatro casos presentan una gran variación en los indicadores de opinión desde el comienzo de la pandemia y, por lo tanto, ameritan un análisis más detallado que explique esta volatilidad.

Argentina

Alberto Fernández fue uno de los mandatarios de América Latina que más rápido reaccionó ante la llegada de la pandemia. Dispuso el cierre absoluto de escuelas, comercios de producción, coordinó acciones con todos los actores del sistema político (oficialistas y opositores) y fundamentó sus decisiones en un consejo de expertos en epidemiología especialmente constituido para la ocasión. El resultado de este juego a múltiples bandas fue una disparada de su imagen, que en abril tuvo un promedio de más de 76 %. La pandemia encontró a la Argentina con un consenso ecuménico detrás del liderazgo de Fernández, algo inédito para los niveles de polarización que atraviesa el país desde hace más de 10 años. Poco queda de aquellos días. Durante el mes de mayo los conflictos políticos volvieron a aflorar, la tregua circunstancial se quebró y la crisis irrumpió.

Con el paso del tiempo, la cuarentena perdió consenso social; la oposición revirtió su actitud y se volvió más beligerante y crítica; los problemas económico-financieros recobraron intensidad; y el sector ciudadano más opositor se volcó sistemáticamente a la calle para protestar contra el Gobierno nacional.

En paralelo, la situación sanitaria se estabilizó en el área metropolitana de Buenos Aires pero se complicó en el resto del país. La imagen de Alberto Fernández registró un descenso persistente incluso por debajo de los niveles prepandemia. El promedio de encuestas le otorga un 49 % de popularidad en septiembre, un capital todavía importante pero debajo de sus niveles prepandemia. Mientras la pandemia se extiende y la situación económica se resiente, el liderazgo del presidente Fernández enfrenta severos desafíos a tan solo nueve meses de haber comenzado su mandato.

Perú

El país andino es otro caso de gran volatilidad en la popularidad presidencial. Martín Vizcarra se anticipó a la llegada de la pandemia y actuó según lo indicaban «las buenas prácticas internacionales»: se rodeó de expertos para la toma de decisiones, impulsó una fuerte restricción a la circulación de personas para contener los contagios y otorgó un amplio paquete de ayuda para atravesar la tormenta.

En una primera instancia, la crisis fue oportunidad para Vizcarra: su imagen creció del 70 % al 79 % en un mes. Si ya gozaba de popularidad, el COVID-19 le significó un respaldo casi unánime de la sociedad. Sin embargo, el desgaste de las medidas de aislamiento, la ineficacia estatal para garantizar que la ayuda llegara a los sectores más vulnerables y el aumento exorbitante de contagios y muertos terminaron mellando el capital político del presidente.

Hoy Vizcarra enfrenta una situación compleja. Perú es el país latinoamericano con más muertos por millón de habitantes y cuya economía más se contrajo en la región. Como resultado, la popularidad del presidente descendió en septiembre a un promedio de 57 %. Es un número todavía muy positivo, pero inferior al que registraba antes de que arribara la pandemia. Vizcarra debe lidiar, además, con una crisis política de proporciones. El Congreso inició un pedido de destitución que, aunque no prosperó, da cuenta del complejo panorama que atraviesa el mandatario peruano.

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Reino Unido

Boris Johnson encarna otro ejemplo de gran variabilidad en sus indicadores de opinión pública. La pandemia le planteó una situación casi cinematográfica. La súbita irrupción del COVID provocó un desborde sanitario en la gran mayoría de los países de Europa occidental. El Reino Unido no fue la excepción. En ese tramo inicial, el primer ministro británico se contagió, fue internado y estuvo —según comentan las crónicas— cerca de la muerte, al punto de necesitar respirador.

Su recuperación le permitió construir un lazo emocional con buena parte de la población. En efecto, su popularidad creció del 50 al 58 % de marzo a abril. Pero pronto esa situación empática se desmoronó. Con el correr de los meses, el Reino Unido resultó uno de los países más afectados del mundo por la pandemia. La estrategia inicial de Johnson buscar el contagio de rebaño en la sociedad fue fallida, con lo que el primer ministro pasó a ser el principal responsable de la crisis. En agosto, su popularidad promedio cayó al 34 %.

Sin embargo, en septiembre Johnson registró un fuerte aumento de su imagen, que hoy se ubica en torno al 40 %. El primer ministro del Partido Conservador parece decidido a encarar el reciente rebrote de COVID-19 con fuertes medidas de aislamiento para evitar que el sistema sanitario británico vuelva a colapsar.

Canadá

En el alba de la pandemia, el primer ministro canadiense Justin Trudeau estaba atravesando una merma lenta pero sistemática en su popularidad. La crísis no lo encontró bien parado y fueron primero las autoridades regionales, en este caso de Quebec y Montreal, las que se pusieron al frente de demandas más estrictas de restricción de circulación y distanciamiento social. Los gobiernos regionales, como sucedió en Brasil, Chile, Colombia o México, fueron los primeros en hacer un llamado de atención al gobierno nacional. Trudeau, lejos de entrar en conflicto regional —como sucedió en Chile, Colombia o Estados Unidos—, reacomodó su posición y se puso al frente de la situación. En el ciclo marzo-mayo la comunicación del Gobierno se alineó y el mismo Trudeau fue afectado por el virus. El día después de que el primer ministro entró en cuarentena comenzaron discursos diarios especificando las medidas tomadas por el Gobierno para combatir el virus. Pasó del 33 % de aprobación en febrero, al 65 % en mayo. Por primera vez desde diciembre de 2018, la tasa de aprobación del Gobierno fue más alta que su tasa de desaprobación.

A partir de junio, con la llegada del verano, el país comenzó un proceso de apertura y relajamiento de las medidas, la política volvió a resurgir y el halo de concordia comenzó a replegarse. Su aprobación comenzó un pronunciado declive que lo hizo pasar del 65 % al 42 % de septiembre. Hoy Canadá está en las puertas de una segunda ola de contagios, con un primer ministro con capital político reducido.

Conclusiones

Durante el seguimiento que hemos realizado, pudimos observar diferentes periodos de ilusión y desencanto. En una primera etapa, la rapidez de reflejos parecía haber explicado el incremento en los apoyos de los presidentes. Aquellos mandatarios que minimizaron el impacto de la pandemia (Bolsonaro, Trump y AMLO) vieron menguar su popularidad. Sin embargo, una segunda etapa, de relativo empate colectivo, se midió por las respuestas de los Estados para acompañar la crisis económica y las soluciones prácticas de los gobiernos para disminuir el impacto de la pandemia. Es el periodo cuando los Estados europeos optaron por un equilibrio entre altos estímulos económico-fiscales y medidas de aislamiento social segmentadas, mientras los latinoamericanos hicieron más énfasis en las cuarentenas ante la falta de solvencia fiscal de sus Estados. Como lo muestran los cuatro casos que hemos analizado, aquellos países que tuvieron gobiernos con altas expectativas sufrieron grandes desilusiones. Cuando la segunda ola está en ciernes, ofrecen una historia con moraleja y sirven como un recuerdo a la prudencia a la hora de sacar conclusiones.

Son los partidos una expresión de nuestro pensamiento, un colectivo civilizado que posibilita el consenso y el disenso. De otra forma, ¿cómo sería el diálogo social? ¿Todos decidiendo todo a través de un formulario digital?

Algunos aspectos

La participación de jóvenes en las elecciones chilenas se incrementó.^[1] Buena noticia para la democracia. El radicalismo y la polarización siguen marcando la agenda en toda la región. Mala noticia para la democracia.

La pandemia puso en relieve la desconexión sociedad/partidos y sigue interpelando los diseños institucionales de nuestras democracias. El confinamiento no ha evitado las muestras de disconformidad; por el contrario, las ha impulsado. Desde el clima poco cordial de las redes sociales hasta las movilizaciones masivas en la calle, preocupación sanitaria mediante, han puesto en tela de juicio la gestión de la élite política y los partidos en relación con los grandes problemas de la humanidad. Porque si algo logró efectivamente el coronavirus fue poner en el tapete que existen problemas aún más alarmantes que los que permite visibilizar la agenda diaria: la posibilidad de más pandemias, la responsabilidad de la humanidad ante los desafíos del cambio climático, la necesidad de cultivar más y mejor conciencia ciudadana, entre otros retos existenciales. Y estos problemas no son del gobierno, o de los partidos, son de la ciudadanía en su conjunto.

Pandemia y resultados

Si bien han sido los países más democráticos y con instituciones más sólidas (priorizaron el diálogo efectivo ciencia-política y la coordinación interpartidaria) los que al momento siguen manteniendo mejores resultados en la gestión de la pandemia, en la atmósfera se respira un ambiente de desprecio in crescendo hacia la tarea de los políticos y los partidos como interlocutores de las demandas sociales.

En América Latina en particular esto no es noticia. Ya el Informe de Latinobarómetro de 2018 fue lapidario (y alarmante) en el tema, mostrando un 48 % de apoyo a la democracia, el porcentaje más bajo desde 2001. Además, y este es un dato importante, el porcentaje de indiferentes a la democracia como régimen de gobierno era de 28 %, el más alto desde que se realiza este estudio en 1995. Y, si les sumamos quienes preferían un régimen autoritario, o no supieron responder si apoyaban a la democracia, o no respondieron nada, llegamos a un 52% de los encuestados en 2018.

¿Cuál será el retrato de hoy de esa encuesta? No hay muchas razones para pensar que, en el momento más crítico de la historia moderna de la región, y con la abundancia de ejemplos de polarización extrema, populismo y mala gestión gubernamental marcada por escándalos de corrupción en plena pandemia y fake news, esto haya mejorado. Nuestra inferencia, y sobran elementos para considerarlo, es que el apoyo a la democracia y a los partidos habrá descendido este año, quizá dramáticamente.

Los partidos

No es buena señal que los partidos tengan graves desaciertos, tampoco lo es que la sociedad sienta que sus demandas y exigencias no están siendo discutidas en los sitios de toma de decisión. Hay una predisposición a creer que los partidos son malos y que la sociedad a través de sus organizaciones civiles puede y debe articular sus reclamos y convertirlos en política. Esto último sería lo bueno o lo ideal. Ese pensamiento, que vacía la democracia de su componente esencial como lo son los partidos, está ganando terreno.

Las redes y la pandemia son alfombra roja para el descontento. Ante eso, ¿qué harán la dirigencia política y la élite gobernante? ¿Dejarse rebasar y permitir el derrumbe de la democracia o reformularse, viejo reclamo, para estar a la altura de la circunstancia? También debemos preguntarnos: ¿es solo tarea de los partidos o de la sociedad toda fortalecer no solo desde el apoyo, sino desde la creencia, que los partidos son el interlocutor válido y vital de la democracia?

Finalmente, no existe democracia sin partidos. Pues bien, este contexto desfavorable también es una oportunidad inédita para la democracia. Nunca hubo una circunstancia que visibilizara tan nítidamente la necesidad de un reacomodo para acercar la política a la ciudadanía, profesionalizarla e incrementar exponencialmente los controles y la lucha contra la corrupción.

Partidos y democracia

Un hecho de coyuntura como el reciente plebiscito chileno, en que los ciudadanos, luego de una ola de protestas sin precedentes hace un año y la disminución del apoyo a los partidos, decidieron convocar una convención constituyente en 2021 para redactar una nueva Constitución, da paso a la siguiente reflexión sobre el tema que nos ocupa. Cito las palabras de Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales:

«Aunque suene raro o sorprendente, lo que nos enseñó la elección de ayer es que tenemos que hacer el esfuerzo por devolver a los partidos el lugar central que tienen en la democracia. Tenemos que hacer el esfuerzo porque sean las élites políticas quienes logren intermediar los intereses, acoger las inquietudes de la ciudadanía […]. A pesar de la distancia, o porque se evidenció la distancia, hay que subrayar la importancia de los partidos. Sin partidos no hay democracia, sin partidos lo que hay son líderes carismáticos, populismo, formas autoritarias. Tampoco es democracia un sistema político donde las decisiones colectivas las toman solo los actores sociales. No solo ellos hacen la democracia. La democracia requiere partidos políticos.»

Defender la democracia

Esto nos moviliza en defensa de los partidos, no de la mala práctica, del abuso, de la discriminación de las organizaciones sociales o del desconocimiento de la crítica, por fuerte que ésta sea. Sí en defensa de los partidos, en representación de la ciudadanía y legitimados por el voto popular, como conductores del gobierno y del aparato público. Los partidos son una expresión de nuestro pensamiento, un colectivo civilizado que posibilita el consenso y el disenso. De otra forma, ¿cómo sería el diálogo social? ¿Todos decidiendo todo a través de un formulario digital? ¿Todos prometiendo todo con la exacerbación de las pasiones que posibilitan las redes sociales? Sin partidos, la democracia sería desorden y expectativas no correspondidas con la realidad, o un boleto de ida al autoritarismo.

Nota:

[1] Los ciudadanos de entre 18 y 24 años participaron en 30% en 2013 y 35% en 2017, y ahora en 2020 llegó a 50%.

La contundente victoria electoral del MAS, que el 18 de octubre obtuvo el 55  % de los votos, no solo es un golpe a la oposición, sino también el resultado de una búsqueda de estabilidad. Las encuestas electorales habían colocado al expresidente Carlos Mesa al frente, pero en las urnas —en medio de un clima de profunda incertidumbre— los votantes se decantaron a favor del exministro de Economía, Luis Arce, quien para muchos representa los años de bonanza del boom de las materias primas.

La situación política hasta el día de las elecciones

La campaña electoral en Bolivia no solo se vio ensombrecida por el coronavirus y la crisis económica adyacente, sino que estuvo marcada, principalmente, por la división del país a raíz de las elecciones amañadas del 2019. A lo largo de casi un año, el gobierno interino de la senadora Jeanine Áñez (MDS) no pudo atender el caldeado estado de ánimo social, no se diga ya apaciguarlo. Varios de sus ministros participaron en la instigación política y el resentimiento regional, en lugar de aminorar la tensión. El cambio frecuente de ministros y los casos de corrupción no dejaron una buena impresión. La fase de transición se vio dificultada por la pandemia del coronavirus que, en Bolivia —el país más pobre de Sudamérica—, tuvo graves consecuencias económicas y agudizó aún más la crisis multifactorial. En tal contexto, muchos observadores consideran los recientes comicios celebrados el 18 de octubre como una encrucijada para el futuro del país.

Para prevenir una nueva manipulación electoral, una de las tareas centrales del Congreso consistió en la reorganización del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En virtud de la recomposición suprapartidista del TSE, bajo la presidencia de Salvador Romero, y habida cuenta de la depuración del adulterado censo electoral, se fortaleció la confianza de la población en los órganos electorales y los candidatos presidenciales reconocieron, asimismo, su legitimidad.^[1] La confianza adicional en torno al curso adecuado de la votación provino del envío de misiones de observadores electorales de organismos internacionales, como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA). Ya la misma noche de las elecciones, la OEA certificó el escrutinio pacífico en Bolivia y Romero calificó las elecciones como un «éxito total» y una «fiesta de la democracia».

Los resultados electorales

En contra de la mayoría de los pronósticos previos a las elecciones, el MAS salió victorioso en la primera vuelta con una mayoría abrumadora, como lo evidencian los resultados finales oficiales del 23 de octubre:

Según dichos resultados preliminares, el MAS venció en la primera ronda de votación, con una mayoría absoluta, y con una diferencia superior a 26  % frente al partido de Mesa, segundo en la tabla. A nivel regional, el cuadro es el siguiente:

En tres de los nueve departamentos el MAS no fue la fuerza más votada:

Los últimos pronósticos no dejaban augurar un resultado electoral así de claro. Aunque el MAS lideraba las encuestas en Bolivia, estas no preveían la mayoría absoluta y tampoco consideraban que la distancia sobre Mesa rebasara el porcentaje mínimo necesario de 10 puntos para evitar una segunda ronda. Por ello, gran parte de los analistas contaba con esa segunda vuelta, en la que quizás Mesa pudiera imponerse sobre Arce.

La explicación de una brecha tan pronunciada entre los pronósticos electorales y el resultado de las votaciones se debe, además de a la fuga de votantes, al comportamiento de los votantes indecisos, sobre todo, pues en último término eran casi el 20  % del electorado.

Las razones de la victoria electoral del MAS

La campaña electoral de la oposición liderada por Carlos Mesa se pareció más a una cruzada contra el MAS que a una campaña con un programa propositivo orientado hacia el futuro de Bolivia. A ello debe añadirse que la campaña de la oposición se concentró principalmente en las zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales apenas estuvo presente.

Como sucedió en años anteriores, las campañas electorales de todos los partidos, con excepción del MAS, se mantuvieron a la zaga de las exigencias demandadas por la realidad cultural, regional y social de una Bolivia dividida. Fuera de su propia clientela cautiva, los oponentes del MAS apenas alcanzaron algunos votantes adicionales.

La oposición dio por sentado, equivocadamente, que se encontraba en una situación electoral similar a la de 2019. Este error de apreciación motivó la confianza ilusoria en una victoria electoral en segunda vuelta. A diferencia del 2019, donde se trató de una elección a favor o en contra de Evo Morales, este 2020 la decisión oscilaba entre dos partidos y en medio de un contexto de profunda incertidumbre. Mientras que en 2019 incluso los partidarios moderados del MAS votaron a favor de Mesa, candidato de la oposición, como una forma de protesta contra un cuarto mandato de Evo Morales, esto no sucedió en 2020. Asimismo, la estrategia inalterada de Mesa de evitar comentarios en una contienda electoral tan polémica como la actual, le valió muchos menos adeptos, en contraste con 2019.

La gestión del gobierno interino tuvo el efecto de un ejemplo disuasorio, frente al cual el MAS y su promesa de estabilidad aparecía como el menor de los males.

Por otro lado, el MAS dispuso de una ventaja estructural frente a sus adversarios políticos: mientras que aquel cuenta con estructuras consolidadas por todo el país, el CC y Creemos, fundados recién en 2019, apenas tenían agrupaciones inconexas.

El anhelo de seguridad y estabilidad movilizó el voto a favor del MAS, no sólo del electorado indígena y rural de base, proveniente del altiplano, sino también de una parte importante de las clases medias.

Las elecciones del pasado domingo en Bolivia determinaron, a su vez, la distribución de asientos en ambas cámaras de los nuevos Congresos. En contraste con las últimas votaciones regulares de 2014, donde el MAS había perdido su cómoda mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa plurinacional, en estas elecciones obtuvo la mayoría absoluta de los escaños.

La mayoría de dos tercios en las cámaras es necesaria, entre otras cosas, para aprobar las reformas constitucionales, los nombramientos de los más altos cargos o para iniciar procesos de rendición de cuentas de los servidores públicos.

Reacciones

La presidenta interna Áñez y el candidato de la oposición Mesa reconocieron la victoria del MAS la misma noche de los comicios, habida cuenta las claras encuestas poselectorales. Independientemente del carácter del voto que se hubiese asumido, los resultados provisionales emitidos desde el domingo electoral fueron reconocidos por gran parte de la población. No obstante, desde ese día ha crecido el recelo frente a los mismos resultados y las denuncias sobre un nuevo fraude electoral se han vuelto más sonoras. Santa Cruz es el centro de las protestas, pero también en otras ciudades como Sucre y Cochabamba ha crecido la resistencia. Hasta el momento se trata de protestas en gran medida pacíficas y, en comparación con lo sucedido en 2019, relativamente pequeñas. Con todo, hasta la eventual asunción del mando gubernamental del MAS, previsiblemente el 15 de noviembre próximo, esta dinámica puede agravarse.

¿Continuación del pasado o renovación del MAS?

En su discurso de victoria, Arce prometió renovar el MAS desde la base y dijo querer formar un gobierno para todos los bolivianos. Si podrá llevar eso a cabo depende fuertemente del papel futuro que juegue Evo Morales. Arce añadió en tal sentido que «si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido, pero eso no quiere decir que él estará en el gobierno». Si bien considera a Evo no solo su mentor sino un líder histórico dentro del MAS, Arce dejó claro que no tiene ninguna intención de convertirse en una marioneta política, y que será él quien gobierne, no Evo. Manifestó que tiene la intención de continuar una renovación política y promover la reconciliación entre todos los bolivianos. La condición previa para dicha transformación consiste, en su opinión, en la revisión crítica del trabajo del MAS hasta ahora. Aquello que del pasado prevalezca (tras dicha revisión crítica) tendrá continuidad; todo lo demás será reformado. Con todo, Arce dejó en el aire qué elementos de la política del MAS vigente requerirán una mejora.

Es poco probable que Evo Morales reciba dicha reorientación autocrítica de «su» partido sin emitir comentario alguno. La lucha interna en el partido entre Arce y el padre fundador del MAS parece sólo uno de los escenarios conflictivos posibles. Si bien es cierto que el poder de base de Morales se encuentra debilitado desde su exilio, sin embargo, todavía cuenta con un gran apoyo, en especial, de los militantes cocaleros y los sindicatos.

El poder de base de Arce, a su vez, se ha construido principalmente sobre su éxito electoral y mucho menos porque cuente con un sólido apoyo de las organizaciones de base constitutivas dentro del partido. Los comentaristas señalan que Arce pudo alcanzar la victoria electoral no gracias, sino a pesar de, la injerencia de Morales desde el exilio. Con todo, el Arce moderado y tecnocrático dispone también de una base prominente de partidarios. Uno de ellos es la presidenta del Senado, Eva Copa, quien mantiene una postura crítica contra el pronto regreso de Morales del exilio, pues contempla que los procesos de renovación del MAS y de pacificación de Bolivia peligrarían con ello.

Cabe señalar que aquella lucha de poder por las posiciones más importantes dentro del partido y dentro del gobierno, que diese inicio a raíz de la salida del carismático líder Morales, hoy ha vuelto a desatarse, tras la breve pausa obligada por la contienda electoral. La sección regional del MAS en El Alto demandó ya mismo un total de cinco ministerios (Trabajo, Justicia, Abastecimiento de Agua, Cultura y en la Oficina de la Presidencia). Por su parte, la Central Obrera Boliviana exigió, además del mismo Ministerio del Trabajo, también los ministerios de Hidrocarburos, de Minería y de Salud. La organización femenil dentro del MAS, Bartolinas, reclamaron el Ministerio de la Mujer.

Panorama

Después de casi un año de transición queda claro que el MAS retomará el mando en el gobierno. Los problemas económicos, sociales y políticos son más graves.

Los beneficios sociales prometidos dentro del programa electoral del MAS no serán viables en su forma original, habida cuenta de la crisis del coronavirus, la caída de los precios de las materias primas y el rápido vaciado de las arcas públicas. A diferencia de Morales, Arce ha tenido que renunciar a los costosos obsequios electorales.

Para superar la crisis actual será esencial explorar nuevas fuentes de ingresos, diversificar la economía y atraer inversiones extranjeras.^[2] Generar condiciones atractivas para la inversión o condiciones de negocio favorables para las industrias nacionales no ha sido uno de los distintivos del MAS hasta ahora.

Las elecciones han llevado al poder a un partido transformado. Pero aún no está claro qué tan profunda será dicha transformación. El poder de base del MAS ya no es tan indiscutible, como lo era en tiempos de Evo, por lo que el estilo de gobierno tendrá que ser distinto. Qué dirección política hará valer Arce, si Evo Morales regresará a Bolivia, si su gobierno podrá equilibrar con éxito los diversos intereses, si la pacificación del país podrá llevarse a cabo y qué estilo de gobierno establecerá la nueva administración —ante todo en lo relativo al diálogo con una oposición mucho más fuerte que la de 2014— son cuestiones que aún permanecen abiertas.

Notas:

[1] Vea nuestro informe sobre el país, Politischer Neustart oder Rückfall in Gewalt? Bolivien eine Woche vor den Neuwahlen, disponible en https://bit.ly/2TBNNnh

[2] Arce indicó ya que quiere revivir el proyecto de litio del salar del Uyuni entre Bolivia y Alemania. Se trata aquí de una empresa conjunta entre el grupo estatal boliviano Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACISA.

Informe publicado en el sitio web de la KAS oficina Bolivia.
Traducción: Juan Carlos Gordillo

En un proceso electoral histórico, el 25 de octubre una mayoría del 78,27 %, frente a un 21,73 %, de los chilenos participantes en el proceso electoral decidieron a favor de elaborar una nueva constitución. Bajo el lema «Vota y elige el país que quieras», se convocó a unos 14 millones de chilenos, mayores de 18 años, a que ejercieran su derecho al voto.

A un año del inicio de los disturbios sociales, el 18 de octubre de 2019, que sacudieron los cimientos de la república andina, con dicho plebiscito la política confía, a la larga, pacificar el país. Millones de chilenos esperan que la redacción de una nueva constitución finalmente los libere de la larga sombra de la dictadura militar de Augusto Pinochet y con ella se pueda remediar la desigualdad social estructural. No obstante, con una participación apenas superior al 50 %, la participación en este plebiscito se mantuvo muy por debajo de las expectativas y solo logró romper, por la mínima, la tendencia a la baja de la participación electoral, desde que se abolió el voto obligatorio hace nueve años.

Votación en condiciones excepcionales

El plebiscito tuvo lugar bajo los términos de una pandemia que, durante meses, ha planteado desafíos extraordinarios en todo el mundo. A lo largo del país, los centros de votación se prepararon para cumplir con las condiciones sanitarias. Desde hace meses, a nivel nacional es obligatorio el uso de mascarillas en los espacios públicos. Fuera y dentro de los locales electorales se colocaron señales para el distanciamiento social. Además, se pidió a las personas que trajeran sus propios bolígrafos de tinta azul y spray desinfectante. En muchos municipios se organizaron servicios de transporte gratuito hacia las mesas de votación. Para los votantes de mayor edad hubo horarios preferenciales por la tarde y se reservaron accesos especiales a los centros de votación.

En los días anteriores al plebiscito, la tensión fue en aumento progresivo. Ambos bandos, a favor («Apruebo») y en contra («Rechazo») de la redacción de una nueva constitución, volvieron a dirigirse a sus partidarios con emotivos anuncios electorales, principalmente a través de las redes sociales. El mismo día de la jornada electoral, el ánimo fue mayormente relajado y tranquilo. La gente cumplió con los protocolos sanitarios y disciplinadamente esperó en fila frente a las mesas de votación. Dadas las circunstancias particulares, los centros electorales estuvieron abiertos desde 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.

Tras un tercio de los votos contados, a partir de las 9 de la noche se perfiló claramente el voto a favor de una nueva constitución. Por ello, a las 9:15 p. m. el presidente Sebastián Piñera comparecía ya, con su gabinete completo, ante la sede del gobierno en La Moneda, reafirmando la voluntad inalterable de su gobierno de permitir que el plebiscito dé paso al proceso constitucional. Piñera elogió a sus compatriotas que hicieron de este día una fiesta democrática, al mismo tiempo que los exhortó a un espíritu de compromiso libre de violencia en los meses por venir.

Después de que, muy temprano, se confirmara la sólida distancia entre el «Apruebo» y el «Rechazo», las plazas centrales de muchos distritos en el país se llenaron rápidamente con banderas ondeantes y gente cantando. En la plaza Italia, en el corazón de Santiago, donde hace un año tuvieron lugar los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, varios miles de personas se reunieron hasta la medianoche para celebrar la victoria del «Apruebo».

Sobre este tema, lea además: Chile: avanzando hacia una nueva Constitución

¿Qué sigue ahora?

En una segunda papeleta, los votantes pudieron indicar cómo debía componerse la asamblea que redactará la futura constitución. En este caso, una mayoría de votantes optó por una «Convención Constitucional» (una asamblea constituyente electa) compuesta por 155 miembros. Los miembros de esta asamblea constituyente serán elegidos el 11 de abril del próximo año y, posteriormente, se reunirán para deliberar.

A partir de mayo deberá comenzar la redacción propiamente dicha de la constitución. Siguiendo el espíritu de Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura chilena, quien dijo una vez: «Tenemos toda una eternidad por delante, pero tenemos poco tiempo para prepararla», la convención constitucional tendrá nueve cortos meses —con tres meses adicionales de prorroga única— para elaborar un texto. Esto significa que a la asamblea constituyente se le ha dado un periodo de tiempo muy limitado, en el cual deberá elaborar una propuesta capaz de obtener la aprobación de al menos dos tercios de la convención. Cuando esta se alcance, la nueva constitución se volverá a presentar al electorado chileno para su votación. Solo entonces, tras su aprobación, la constitución finalmente entrará en vigor.

Perspectiva

El primer paso se ha dado. Lo que comenzó inicialmente con un acto de desobediencia civil frente al aumento de las tarifas de transporte público en la región capital de Santiago, y después rápidamente se transformó en violencia desatada a lo largo del país, encontró hoy un feliz apogeo en el plebiscito del 25 de octubre. Lo que el pueblo chileno nos mostró hoy fue una celebración de la democracia. Bajo las difíciles condiciones de la pandemia, Chile presentó ante el mundo, de una forma impresionante, una constitución republicana y una madurez democrática. Miles de personas celebraron pacíficamente la victoria del «Apruebo» hasta altas horas de la noche.

Mientras que la oposición unificada hizo campaña a favor del «Apruebo», la coalición conservadora del gobierno se dividió en torno a la cuestión de una futura constitución. Sólo el partido conservador nacional, UDI, apoyó unánimemente la campaña del «Rechazo». Aun así, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, también asumió la derrota de forma deportiva y ya en la tarde electoral dijo que ahora era momento de enviar a la mejor gente a la asamblea constituyente.

Pero incluso la oposición, que en esta noche se anotó la victoria, tampoco debería descansar demasiado. Hoy se ha dado el primer paso de un proceso que requerirá la voluntad de compromiso de todas las partes. La mayoría de dos tercios que debe alcanzarse dentro de la convención constitucional, así como el plazo ajustado de un máximo de doce meses para presentar el proyecto constitucional al pueblo chileno para su aprobación, demanda disciplina y capacidad de diálogo. Además, queda por ver cómo afectará la presión de las calles las deliberaciones constitucionales. Salvo algunas correcciones cosméticas, la legislación nacional apenas ha experimentado cambios significativos.

La victoria del «Apruebo» significa el triunfo de una etapa pero, al principio de esta, las preocupaciones existenciales, los salarios demasiado bajos y los excesivos costos en salud y educación llevaron a la gente a las calles. Estas preocupaciones se han visto agravadas por la pandemia en los últimos nueve meses. Mucha gente tiene grandes esperanzas en la nueva constitución, pero los acontecimientos del año pasado hacen dudar de que esa misma gente tenga la paciencia para esperar los cambios sociales hasta que concluya el proceso constitucional.

Hay dos formas que reinan al momento de reconocer a quienes se interesan en política: los que discuten con los mismos de siempre y los que actúan para, generalmente, buscar el ángulo que saque la fotografía perfecta y así autovalidarse. Existen, claro, aquellos que buscan la forma de comunicación y acción más efectiva para construir avances en comunidad. Pero en ellos no está inspirado este artículo. Tampoco en los figureti, como se reconocen en Ecuador a los que solo les importan los pobres en tanto y en cuanto sus likes en Instagram aumenten. No. Hoy nos enfocaremos en lo que hace el primer grupo. Esa gente a la que, a pesar de sus buenas intenciones, les cuesta abrir los ojos, reventar su burbuja y llevar sus ideas y aportes a sectores que poca oportunidad tienen de escuchar, aprender e identificarse. Hablaremos de la política pop como fuente de inspiración para dejar de hablar entre nosotros, especialmente en tiempos en que las redes son nuestro más especial y fuerte complemento.

¿A qué nos referimos cuando mencionamos política pop? Si pensaste en la política del chisme, tarimas, bailes y cerveza, por ahí no es.

En 2009, Gianpietro Mazzoleni, profesor de la Universidad de Milán, pensó en lo distante que puede ser la comunicación entre los políticos, la actividad política y la población. Fue así que buscó construir un término que reflejara la adaptación del lenguaje político al lenguaje mediático, consumido mayoritariamente por nosotros. La política, en este caso, no podía aislarse de lo que como ciudadanos vemos y escuchamos a diario. De tal forma, la política pop —en términos prácticos, política popular— aparece cuando las ideas, personas o los eventos, que antes se alejaban de la vida cotidiana, se convierten en personajes o mensajes más cercanos a lo que sentimos y nos rodeamos. Es una nueva forma de hacer y comunicar política para todos y todas. Aunque no tan nueva, porque la política popular ha estado más cerca de nosotros de lo que pensábamos.

Si bien este término se utiliza más entre estrategas de la comunicación política, principalmente en tiempos de campaña, su análisis nada tiene que ver con las próximas elecciones y el accionar de candidatos. Aprovecho esta oportunidad para decirles que la política pop puede y debe trasladarse a demás espacios de discusión, que toman forma con mayor fuerza en redes sociales. La representación del quehacer político tiene que ser transmitido con un lenguaje sencillo, sin formalismos, de forma que todos quienes se interesen (o no) tengan la oportunidad de conocer qué sucede a su alrededor. Recordemos que la sostenibilidad de una democracia se logra con una ciudadanía informada. Si un ciudadano no comprende un tema, no podrá decir ni hacer nada. Por eso, política pop nos da la oportunidad de enseñar y no imponer, peor suponer.

Reconozco que no es tan fácil. A los alarmistas y amantes de la comunidad digital se los escucha mucho hablar de la polarización en la conversación pública. Y no se equivocan tanto. Sabemos que mientras podamos escoger a quién seguir y a quién silenciar, difícilmente haremos que una idea trascienda. Pero no decaigamos. Las ideas bien comunicadas, transparentes y con las intenciones correctas sabrán llegar a más perfiles. Utilicemos la política pop como herramienta para compartir información que muchos podrán buscar y, especialmente, entender. Si eres de los que ama crear o liderar conversaciones en redes con el fin de hacer política, recuerda: si no te entienden, fallaste. Hay que dirigirse a la mente de las personas y no a su corazón.

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Nuestros perfiles y escritos son muy bonitos cuando los adornamos de palabras formales y complejas. Bonito también es cuando nos responde un actor político reconocido, que generalmente maneja la opinión pública. Pero hablemos en serio: ¿a quién más estamos llegando? Si al preguntarte esto pensaste en las mismas siete personas que diariamente llenan tu buzón de notificaciones, estás en problemas. Tener en tus manos la capacidad de llevar una conversación a una comunidad virtual o física no es un cargo que se gana fácilmente, úsalo de forma responsable y con miras a crear más conocimiento y autorreflexión. La vida pública y política no puede reducirse a las inclinaciones de opinólogos, periodistas de élite y analistas que solo comparten información con cuatro aficionados. Claro que tienen el derecho, se lo han ganado. Pero la vida pública debe incorporar también a esas otras personas que asimismo usan redes y que, al contrario de nosotros, no les ha llegado la información de manera tan clara. No dependió de ellos.

Lo sé. Este artículo no es tan pop que digamos. Pero mi objetivo es que quien solo conversa con los mismos de siempre, sepa que hay más personas que esperan y necesitan escuchar. Esta es la oportunidad que hará que más personas entiendan y se involucren en política.