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A 30 años de la reunificación, Alemania hace un balance. Por un lado, para festejar por lo que ha conseguido. Por otro para revisar lo que todavía debe mejorarse.

Imagina un mundo sin contaminación del aire. Un mundo en el que producir energía no suponga un daño al ambiente. Un mundo que deja tras el carbón, el petróleo y el gas. Un mundo que avanza hacia una nueva era energética. Tal vez sea sólo un sueño o tal vez pueda ser la consecuencia de conseguir dominar el hidrógeno como fuente de energía. Si es posible, si durará demasiado, si es demasiado costoso… Son algunas de las preguntas que ponemos hoy Bajo la Lupa.

Invitado:

Pedro Fresco. Experto en Energía y autor del libro Un nuevo orden verde ¿Cómo la transición energética cambiará al mundo?  

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne.

Esta crítica es, a la vez, limitada y predecible. Por una parte, se pretende establecer que el papa es iconoclasta, cuando desde la doctrina social de la Iglesia Católica se han hecho advertencias desde el siglo XIX sobre cómo armonizar las presiones contemporáneas con una existencia humana integral. Desde León XIII a Benedicto XVI, pasando por Pío IX, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, los señalamientos severos hacia las consecuencias humanas de las nuevas desigualdades sociales —primero en las economías industriales europeas y luego a escala global— han sido una de las fuentes de la posición distinta y específica de los partidos demócrata y socialcristianos.

Nuevas ortodoxias

Sin embargo, se espera que la Iglesia sea parte de una santa alianza contra la heterodoxia del momento. Más bien, el pensamiento del humanismo cristiano —que incluye a las denominaciones protestantes e individuos seculares identificados con sus ideas— se ha mostrado resueltamente insatisfecho con las nuevas ortodoxias y frente a los poderosos de hoy.

Esas nuevas ortodoxias han sido sucesivamente las derivaciones de la modernidad ilustrada —los regímenes puramente liberales y socialistas— y sus consecuencias económicas: los regímenes de planificación centralizada y el capitalismo sin cortapisas. En esto, claro está, abundan matices. Las críticas al capitalismo y al socialismo desde la Iglesia han estado acompañadas del elogio del trabajo y del emprendimiento como manifestación de la creatividad humana como don providencial.

Así lo recordaba Juan Pablo II en su Centesimus Annus (1991), con una importante prevención: «Existe el riesgo de que se difunda una ideología radical de tipo capitalista, que (…) de forma fideísta, confía su solución al libre desarrollo de las fuerzas de mercado». Sobre esto regresa Francisco, cuando asevera que, desde finales del siglo pasado, «algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado (…). El fin de la historia no fue tal, y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles».

Si la modernidad se planteó políticamente con las nociones de igualdad, libertad y fraternidad, en su encíclica el papa recuerda que deberíamos ser consecuentes con las implicaciones de esta declaración. Los dones que hemos recibido implican una responsabilidad mutua. Pero, a medida que crece la economía global, el rezago de millones se hace más evidente. Citando al papa emérito Benedicto XVI, Francisco nos recuerda que «la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos» (Caritas in veritate, 2009).

De esa simple pero sombría constatación, viene la pugnaz crítica del papa, que evoca las encíclicas de la convulsa etapa de los 60 y 70 del siglo pasado: se nos demanda, como humanos y como hermanos, que atendamos las tribulaciones que presentan los populismos, el racismo, el tráfico de personas, la explotación fabril, las amenazas a los más vulnerables. Exhorta a que atendamos esto reconociendo con misericordia y caridad el valor de nuestros contemporáneos de todos los credos, géneros y razas. Es decir, la inalienable dignidad de la persona humana.

Hermandad olvidada

La fraternidad es presentada, en oportuna evocación a san Francisco de Asís, como la virtud cristológica que constituye el elemento olvidado de nuestra promesa contemporánea. Promueve la asociación, la cooperación, la constatación según la cual nadie es dispensable y todos podríamos aportar algo a diversas comunidades. Concentrados dilemáticamente en la expansión de la libertad y la igualdad como mutuamente excluyentes, se nos había olvidado la hermandad. Esto no es propiamente revolucionario desde una actitud piadosa. Al fin y al cabo, «hermano» es el apelativo ordinario entre muchas denominaciones religiosas. Pero sí es revolucionario ante la normalidad que hemos ido aceptando, a medida que desmontamos los Estados sociales.

El aspecto menos comprendido de la encíclica entre comentaristas radica en su señalamiento de la insuficiencia evidente de la vida contemporánea para la dignidad humana: «Algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado». Esa ilusión finisecular del triunfo del capitalismo como triunfo de la libertad ha sido desmentida por el modo en que potencias autoritarias, imbricadas de manera compleja en la dinámica avasallante del flujo de datos, bienes, personas y servicios en la economía global, avanzan en contra de la dignidad humana. ¿Cuántas multinacionales basadas en Occidente pueden simplemente desmontar sus inversiones en tales países? ¿Cuánto de la trasformación del trabajo liderado por inversionistas cada vez más desvinculados con las empresas en las que apuestan, contribuye al malestar popular que alimenta los populismos en alza?

Recalibrar el humanismo

La exhortación del papa es universal. Aunque, se ha reclamado que su encíclica tiene un importante punto ciego: hace un énfasis demasiado intenso en las carencias del Occidente desarrollado, olvidando hacer señalamientos directos hacia la opresión, por ejemplo, en China —país con el cual la Santa Sede ha tenido un complicado acercamiento en las últimas décadas—, pero podrían interpretarse implícitamente. Por otro lado, los llamados que, desde Roma, el pontífice hace en seguimiento de los más salientes conflictos globales, como la guerra siria o la emergencia humanitaria venezolana, nos dan un debido contexto.

Es notable cómo esta encíclica hace seguimiento de los argumentos de la carta encíclica Laudato Sì: nuestra responsabilidad con la creación divina, y con ello la obligación de proteger la casa común, impone un cambio de nuestra normalidad, retando la complacencia con un orden que afecta nuestro futuro. El cambio de un mundo atado fundamentalmente a un frenesí de circulación de bienes, servicios y personas, que se convierte no en un medio para la realización, sino en un fin en sí mismo. Y, si bien los datos generales pueden parecer alentadores, la persistencia del sufrimiento concreto de millones, y las evidentes consecuencias políticas del malestar frente a las diversas desigualdades objetivas y subjetivas, desmiente la optimista conclusión según la cual el capitalismo traería mayor libertad.

Con su tercera encíclica, ya con un pontificado claramente definido en sus propósitos, aunque atribulado por diversas presiones, los planteamientos del papa invitan a aprovechar la inventiva humana para resolver nuestros problemas más acuciantes. Sirva este texto como una de las fuentes más audaces para recalibrar la específica posición del humanismo cristiano frente a nuestra ecuménica hermandad.

En el caso de Twitter, hasta se prohibió a los usuarios publicar ese enlace durante horas, algo que llevó a quejarse hasta al mismo presidente norteamericano, quien lo hizo en esa misma red social. La lección aprendida —y desgraciadamente es tarde para aprenderla— es que el mal periodismo no es desinformación.

La crónica del New York Post es un ejercicio de mal periodismo. Fuentes parciales —amigos del presidente Trump— entregaron al diario imágenes supuestamente sacadas de un ordenador, que un técnico invidente de Delaware dijo haber obtenido de Hunter Biden, hijo del candidato demócrata. En las imágenes aparecían correos ambiguos, que sugerían nepotismo con unos negocios en Ucrania, pero no delitos claros. El diario publicó la exclusiva en su portada. La campaña de Trump, cerrando el círculo, denunció que la prensa había destapado el escándalo del siglo. Hubiera sido una tormenta dentro de un vaso de agua si no fuera porque Twitter y Facebook decidieron tomar sus drásticas medidas.

Fue lamentable. Primero, porque la noticia cobró mucha más relevancia de la que tiene, y la campaña de Trump demostró que empieza a llegar el día en que la actualidad no la marcarán los algoritmos de esas poderosas plataformas, sino otros medios de distribución, sobre todo los mensajes directos, donde se viralizó sin problemas. Pero sobre todo porque, mientras Twitter y Facebook han censurado a un medio norteamericano por su dudosa ética periodística, no han hecho absolutamente nada sobre el verdadero problema de la desinformación.

Hay ejemplos a miles. Estos titulares habitan en ambos servicios, sin ninguna restricción y miles de interacciones combinadas entre ellos: «COVID-19, arma de Estados Unidos o Israel para dañar a China e Irán». «Estados Unidos ha producido el coronavirus en sus laboratorios secretos». «El coronavirus, ¿un arma caída del cielo para Estados Unidos en su lucha contra China?». «El azúcar ¿un arma potencial contra COVID-19?». «La vacuna soviética contra la tuberculosis, ¿un arma contra el coronavirus?». Todos ellos son titulares reales, de medios como HispanTV o Sputnik, financiados y controlados por regímenes autoritarios como la teocracia iraní o Rusia.

Parece escapársele a los directivos de Twitter, Facebook y otras plataformas digitales que la desinformación no es periodismo, por malo que sea, sino que lo es la producción, de forma industrial, de notas de dudosa veracidad con un objetivo principal, que es atacar a las instituciones de Occidente en beneficio de esos regímenes autoritarios que la financian a gran escala. Esa desinformación opera, sobre todo, en sus propios portales, como los antes vistos. Lo hace además en multitud de idiomas, y el español es uno de los principales por la importancia de América Latina. La practican no solo Rusia o Irán, sino también China, Arabia Saudita, Cuba, Venezuela y otros Estados ajenos a la democracia.

Con esta medida drástica y equivocada, las redes sociales bien pueden haberse dado un tiro en el pie. Para los republicanos, Trump primero, han cometido censura, y por lo tanto han actuado como editores de contenido, cruzando un umbral muy importante. El presidente ya ha pedido a su partido que haga los cambios legales en el Capitolio para que así sean considerados; de ahí la cita a testificar. No es una cuestión menor, ni mucho menos.

Un viejo caballo de batalla de los conservadores estadounidenses es la sección 230 de la llamada Ley de Decencia en las Comunicaciones, aprobada en 1996, la prehistoria de internet. Esta dice explícitamente que las plataformas digitales como Twitter, Facebook o Google no son editoras de contenido y por tanto no están sujetas a las mismas normas de verificación o prevención de la censura que los medios de comunicación tradicionales.

El propio Senado, que ahora se dispone a investigar el incidente del New York Post, bien podría ser el que iniciara los trámites para revocar esa sección 230 que, si cae, cargará a las plataformas digitales de muchas más responsabilidades de las que ya tienen, incluida la moderación de comentarios, el control de lenguaje que incita al odio y, cómo no, la verificación de todo lo que se publica. Este es un gran peso que hasta ahora ha recaído sobre los ya de por sí cargados hombros de los castigados medios de comunicación.

El acuerdo UE-Mercosur definitivamente debería concluirse durante la presidencia alemana de la UE. Por razones políticas, económicas y geoestratégicas, este acuerdo es indispensable para Alemania y para Europa.

El análisis de la 75.ª Asamblea General de las Naciones Unidas es aleccionador. La valoración crítica del secretario general concluye que la Naciones Unidas, y con ella el orden internacional basado en normas, no están en buena forma. Sin embargo, son precisamente las economías europeas orientadas a la exportación las que dependen de un marco normativo internacional que funcione de manera estable.

El libre comercio es de particular relevancia en este contexto. No solo crea el marco para el intercambio de bienes, servicios y personas entre Estados y continentes. También constituye un pilar importante del orden internacional basado en normas. El libre comercio y los acuerdos de libre comercio garantizan el crecimiento económico y, por lo tanto, la prosperidad y la paz social en Europa y en todo el mundo.

Mediante una agenda ofensiva de comercio, la UE logró abrir regiones y mercados en el pasado reciente. Esto fue una señal contra el creciente proteccionismo y desarrolló el orden internacional en forma activa. Se trata de continuar esta estrategia en forma consecuente.

El acuerdo UE-Mercosur reviste una importancia política, económica y estratégica fundamental en este contexto. Después de casi 20 años de negociaciones, el acuerdo planeado ya se considera un hito para el libre comercio global basado en normas. Con él, se creará la mayor área comercial contigua del mundo. Se trata de un compromiso de más de 700 millones de personas con estándares justos y socialmente equitativos en la economía, el ambiente y la sociedad.

Acuerdo es sinónimo de comercio libre y justo

Para nosotros, la bancada parlamentaria de la CDU/CSU, una cosa está clara: la rápida conclusión del acuerdo UE-Mercosur tiene máxima prioridad. Por esta razón, este acuerdo es una de las principales demandas dentro de nuestra estrategia respecto a América Latina y el Caribe «Visión 2030. Una alianza para el futuro». Justamente, para enfrentar las consecuencias económicas de la crisis de COVID-19 puede ser una contribución positiva.

Su entrada en vigor sería un oportuno paquete de estímulos económicos para las economías europea y alemana, y para una América del Sur en crisis.

El acuerdo UE-Mercosur representa un libre comercio justo y basado en normas. Es un acuerdo por la sostenibilidad, la protección del ambiente y el clima, cadenas de suministro responsables y el mantenimiento de estándares estrictos. Por lo tanto, su firma sería un claro mensaje a populistas de izquierda y derecha, que actualmente están tratando de torpedear el libre comercio en todo el mundo y de construir nuevas barreras proteccionistas.

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Desde el punto de vista geoestratégico el acuerdo también reviste especial importancia. Se trata de expandir aún más las relaciones tradicionalmente buenas y cercanas con América del Sur. Es la oportunidad única de vincular nuevamente en forma estrecha a América del Sur con Europa y, por tanto, también a nuestros elevados estándares laborales, de protección del consumidor y ambientales. Porque el mercado sudamericano está cada vez más en el foco de otras naciones, sobre todo la República Popular China, cuyas relaciones comerciales se basan en estándares significativamente más bajos.

Los modernos acuerdos de libre comercio son el futuro de un mundo sustentable, justo y basado en normas. Esto lo subraya el balance positivo del acuerdo CETA con Canadá. Solamente en el acuerdo UE-Mercosur se establecen reglas vinculantes también en relación con la protección ambiental. Sin este acuerdo, Europa se queda con las manos vacías. Esto también debe recordarse a los críticos.

Alemania debería permanecer a la vanguardia de los defensores del libre comercio en la UE. Durante la presidencia alemana del Consejo de la UE hasta finales de 2020, el acuerdo UE-Mercosur debe avanzar con decisión. El objetivo debe ser cerrar a principios de 2021. El Mercosur puede convertirse en el modelo para nuevos acuerdos comerciales multilaterales con reglas modernas y, al mismo tiempo, proporcionar el impulso para reformar la Organización Mundial del Comercio.

Para Europa y América Latina, el acuerdo será catalizador de una cooperación general más estrecha y desarrollará un potencial significativamente mayor de esta cooperación bicontinental.

Publicado originalmente en alemán el 18.10.2020 en Handelsblatt y posteriormente en español en el diario El País.
Traducción al español: Manfred Steffen

Sustentar la actividad económica en las riquezas naturales de un país no es novedad. Sí lo es el impulso de una industria productora de alta tecnología en agricultura, farmacia y en la medicina en momentos globales de una pandemia y a partir de los cambios en los patrones de consumo de la población.

«Se trata de que Costa Rica, un país rico en biodiversidad, la aproveche. Si uno comienza a conectar todo eso, Costa Rica podría convertirse en una potencia mundial en biofarma, por ejemplo. ¿Tienen que ser solo los biólogos o los biotecnólogos los que trabajan en esto? No. Metamos a los científicos de datos, a los bioquímicos, a los microbiólogos, a los matemáticos. Tenemos un clúster biomédico, esa es una enorme oportunidad».

Así resume Ignacio Trejos, ingeniero tecnólogo, lo que puede ser una nueva ola de fuerte atracción de inversión y de promoción de empleo de calidad para una nación de 5 millones de habitantes que en 1996 logró atraer al gigante Intel para producir microprocesadores y que en sus 51.100 km² cuenta con el 5 % de la biodiversidad del mundo.

La biotecnología es toda aplicación tecnológica a partir de sistemas biológicos y organismos vivos y la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Es una actividad multidisciplinaria y se desarrolla a partir de la biología, la química y otras ciencias.

La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) publicó en junio pasado los resultados de un estudio para evaluar el desarrollo de esta industria. A 2018 el sector generó 6.821 empleos directos, una cantidad aún modesta si se considera que el clúster de productos médicos y de precisión emplea a 26.000 personas (y no ha tenido ningún impacto negativo producto de la pandemia) y genera el 32% de las exportaciones de bienes del país.

El clúster de biotecnología, aún incipiente, está compuesto por empresas ya constituidas, emprendimientos y centros de investigación relacionados. De hecho, el 22 % de los trabajadores están dedicados a actividades de investigación y desarrollo.

Se destaca, además, que el 60 % es empleo femenino y que el ingreso promedio generado por persona que trabaja en la actividad es tres veces mayor a la productividad promedio del resto de la economía.

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Para Ignacio Trejos la historia se repite. Así como desde décadas atrás se promovió desde la academia la formación tecnológica temprana que luego permitió ofrecer a Intel un país modelo para su producción, hoy se tiene la misma situación ventajosa con los profesionales que han sido formados desde hace años en las actividades vinculadas con la biotecnología.

Las empresas de las ciencias de la vida, dentro de las cuales se ubica el clúster médico y el biotecnológico, son las primeras generadoras de empleo en las estadísticas de inversión extranjera directa (IED). Experimentan un crecimiento constante en las ventas desde 2015. Costa Rica exporta aproximadamente 436 distintos tipos de dispositivos médicos, fabricados por 72 empresas.

El emprendimiento ha estado de la mano de este sector. Establishment Labs, con diez años de existencia, es una empresa costarricense que ocupa el tercer lugar en el mercado global de implantes mamarios. En enero pasado, Establishment Labs lanzó una oferta pública de acciones y recaudó 69 millones de dólares en el mercado Nasdaq. Está registrada en esta plaza bursátil desde 2018 y ya alertó a Wall Street sobre su proyección de superar la barrera de los 100 millones de dólares en ingresos anuales este año. El fundador de esta empresa es Juan José Chacón, economista de profesión, hijo de un cirujano plástico y una enfermera obstetra. Tiene 48 años.

Una historia de éxito similar podría alojarse en alguna de las 87 empresas o emprendimientos de la industria de biotecnología. Un caso promisorio es el de Speratum, nacida en 2014 y dedicada a la investigación y desarrollo de terapias moleculares específicas e innovadoras para el tratamiento del cáncer.

En el marco de la pandemia, Speratum firmó un convenio con la farmacéutica Roche y está realizando una investigación para desarrollar una potencial terapia molecular contra el SARS-CoV-2, virus causante de COVID-19. Su fundador, el biólogo molecular Christian Marín-Müller, de 39 años, ganó en 2018 la categoría de Ciencia y Tecnología de la cuarta edición del Premio Innovadores de América.

A partir del estudio de evaluación del estado de situación de la biotecnología en Costa Rica, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) desarrolla una estrategia para fortalecer el posicionamiento de las actividades a nivel local e internacional. Se considera que esta actividad tiene un importante potencial para reactivar la economía de Costa Rica.

Para esto se trabaja en una mejor vinculación entre las universidades, los centros de investigación y las empresas, así como en procesos de trabajo más simples. El acceso a financiamiento también está en la estrategia de Procomer, con el fin de acompañar a las 32 empresas que trabajan en biotecnología forestal, agrícola y ganadera, a las 18 que impulsan aplicaciones biotecnológicas en medicina humana y animal, y a las otras 37 firmas distribuidas en distintos campos.

El objeto de la consulta (poco claro incluso después de la deliberación judicial) consistió en preguntar a la sociedad mexicana sobre su acuerdo o desacuerdo para que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones.

El proyecto de resolución formulado por el ministro Luis María Aguilar proponía calificar de inconstitucional el objeto de la consulta. A su juicio, la consulta popular, en los términos planteados por el presidente, restringía diversos derechos humanos reconocidos en la Constitución y, por tanto, era materia de prohibición expresa para formularla; derechos de la envergadura del acceso a una justicia pronta y expedita, presunción de inocencia, debido proceso, no discriminación y reparación a las víctimas.

Como suele suceder con aquellos casos o deliberaciones de gran relevancia, el proyecto planteado por el ministro Aguilar fue publicado unos días antes de su deliberación. De manera casi automática, el auditorio legal del país comenzó a circular, comentar y criticar el proyecto y, con ello, a enmarcar la discusión a través de distintas posiciones, más bien polarizadas, como suele suceder ahora en el discurso ante lo público. La más recurrente fue la que explica las tensiones existentes entre democracia deliberativa y diversas normas presentes en la Constitución.

Si algo quedó claro en la discusión del pasado jueves en la Suprema Corte de Justicia es que en México dimos un paso importante en el debate democrático. Con independencia de las diversas opiniones y posturas sostenidas, la semana pasada observamos a un tribunal constitucional deliberar sobre uno de los aspectos más complicados del constitucionalismo liberal. En un contexto de creciente polarización, vimos y escuchamos a la Corte enfrentar un debate que, por donde se busque, carece de una respuesta del estilo one size fits all.

Las maneras y los argumentos son, sin duda, debatibles. Para algunos, ciertos ministros quedaron a deber con su argumentación, mientras que para otros hubo quienes sorprendieron con lo progresista de su interpretación. Nos parece que las razones detrás de estas sorpresivas posturas deben leerse en clave coyuntural y no necesariamente jurisprudencial. Son muestra de que los vientos políticos también hacen mover los sólidos cimientos judiciales. Y de que, para defender y preservar una función judicial independiente, a veces resulta necesario realizar ciertas concesiones argumentativas, aunque contrasten con posiciones asumidas desde mediana data.

Sin embargo, para decepción de muchas y muchos, la del jueves no fue la discusión que esperaban presenciar. Lo discutido por la Corte no fue si la democracia semidirecta debe estar por encima de los preceptos constitucionales, o viceversa. Tampoco si es que en una democracia los derechos humanos pueden ser objeto de consulta y deliberación democrática. Esos debates no pueden zanjarse en una sesión de cuatro horas con discursos previamente redactados. Por el contrario, requieren de señalamientos más apasionados, ideológicos y acalorados como los que presenciamos con la contradicción de tesis 293/2011 o con el caso Florence Cassez, dos de los precedentes más emblemáticos que han definido la posición de los derechos humanos y el acceso a la justicia en nuestro país.

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La Corte reservó ese debate para la academia, o bien para ella misma, pero en un momento posterior —quizás de menor efervescencia— y a través de algún otro medio de control constitucional. En cambio, se mantuvo en un nivel argumentativo inferior. Se centró en analizar la manera en que debe operar una figura constitucional de reciente incorporación que, en el marco de una democracia tambaleante, arroja sombras de sospecha —algunas justificadas y otras no tanto— sobre su implementación. Pero también fue enfática en lanzar mensajes políticos importantes sobre su papel en este juego democrático de la llamada consulta popular.

Así, en una discusión en la que nada de lo que se dijo es lo que parece, pero también en la que se hizo gala de técnicas interpretativas para salir del paso, la Corte dejó algunos mensajes importantes. El más relevante, quizás, es que la participación democrática es un derecho de primer orden en nuestro sistema constitucional. En ello, las y los ministros fueron enfáticos: la participación de la sociedad en la discusión y la deliberación democrática encuentra una protección constitucional a priori.

Esta posición debe destacarse al menos por dos motivos. Primero, porque representa la consolidación de un derecho exigido y conquistado por la sociedad mexicana a un altísimo costo que, tal como lo recoge la historia contemporánea de nuestro país, ha costado vidas. Y, segundo, debido a que la postura sostenida por el proyecto puesto a consideración de la Corte, si bien enfatizaba plausiblemente la relevancia de derechos humanos de primerísimo orden, también suponía un desconocimiento del derecho a la participación ciudadana. Paradójicamente, la fortaleza jurídica del proyecto desde el ámbito de los derechos humanos contrasta notablemente con su falta de asertividad política, lo que pudo haber generado un costo más alto para la Corte, e incluso para la democracia y la vida institucional mexicana.

El segundo mensaje que vale la pena rescatar es que, no obstante dicha protección, el desarrollo de una consulta popular no altera en realidad la distribución del poder institucional en la estructura del Estado mexicano. De la discusión del jueves queda claro que en México la Corte sigue teniendo la última palabra. Entre dimes y diretes de vinculatoriedad tácita y expresa, de nuevas formas y modelos de control constitucional, así como de facultades administrativas y jurisdiccionales, la Suprema Corte reservó su competencia —y la de las instituciones de procuración e impartición de justicia— para conocer con posterioridad al ejercicio de la consulta popular, y con independencia de su resultado, acerca de las investigaciones y sanciones a las que pudieran hacerse acreedores los expresidentes. Muestra de ello fue la reformulación de la pregunta y, sobre todo, de la incorporación de la frase «con apego al marco constitucional y legal», con lo cual tácitamente la materia devino inconstitucional.

Este resultado es particularmente relevante. Quizás la Corte no lo haya dicho de la manera en que muchas personas deseaban escucharlo, pero si se atempera ante el silencio de la serenidad, es que el mensaje adquiere su voz más clara y potente. Al señalar tácitamente la inconstitucionalidad de la pregunta, la Corte musitó la que parece haberse convertido en una máxima jurídica: los derechos humanos no se consultan.

¿Podríamos pensar en la discusión de la Corte como un empate técnico? ¿Es posible salir de la polarización, sin que ello implique dejar de tomar postura? Finalmente, a quienes nos inclinamos por un modelo más constitucional de protección contramayoritaria, la Corte nos envió un mensaje de calma al susurrar que, pese a todo, nuestros derechos están a salvo de las tentaciones mayoritarias. Pero a quienes —al mismo tiempo— nos inclinamos hacia un modelo deliberativo nos puso en la mira la relevancia constitucional de la participación democrática ante la declaración de constitucionalidad de la consulta popular.

¿Y seguimos pensando que los tribunales constitucionales no son políticos y no hacen su tarea a partir de la política? Juzguen ustedes mismos.

Publicado originalmente en Diálogo de Derechos Humanos, una iniciativa web del Programa de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer

En este punto, los medios de comunicación juegan un papel fundamental y es posible que enfrentar exitosamente los retos del cambio climático dependa en parte de la capacidad de estos para transmitirnos la existencia de la amenaza y, con ella, el riesgo para nuestro planeta.

Cuatro datos

Actualmente los niveles de dióxido de carbono en el aire son los más altos de la historia. Según la NASA, son los más altos de los últimos 650.000 años. A causa de ello la temperatura global ha subido dos grados desde 1880. Un número que a simple vista puede resultar pequeño, pero que deja de serlo si se observa su consecuencia directa: la desaparición de más del 12 % de los hielos del mar Ártico. El impacto se refleja en el nivel del mar, que ha subido casi 20 cm en promedio en los últimos cien años.

Las consecuencias de todo esto son graves: inundaciones, disminución del agua potable, olas de calor, incendios forestales, sequías, etc. Uno de los problemas es que la percepción de esto no parece estar atada al comportamiento humano. Al contrario, la falta de información y de formación sobre el tema nos impide ver esa conexión estrecha entre la forma de vida y consumo de las sociedades actuales y el daño a los distintos ecosistemas de la Tierra. La pregunta es, entonces: ¿pueden los medios cumplir un rol en este sentido? ¿Qué cuentan y cómo cuentan las catástrofes naturales, que funcionan como indicadores de esta situación alarmante? ¿Cuán grande es la cobertura periodística sobre la crisis climática?

El verdadero poder de los medios

Los medios de comunicación están actualmente diversificados como nunca antes. Cada uno de ellos posee una agenda, es decir, un listado de temas que tienen prioridad sobre otros. Algunos consideran que el poder de los medios se basa en su capacidad para influenciar el pensamiento de sus públicos. Sin embargo, el verdadero poder de los medios no es ese. Su poder reside en determinar sobre qué piensan sus públicos. La frase corresponde al politólogo norteamericano Bernard Cohen, y es retomada hacia fines de los años sesenta por dos estudiosos de la comunicación como Maxwell McCombs y Donald Shaw para construir una de las teorías de la comunicación más importantes: la teoría de la agenda setting.

Esa teoría explica que los medios construyen una agenda y que con ella generan cierta influencia sobre lo que la opinión pública discute. Sobre lo que se considera importante para nuestra sociedad. Esta selección implica también que otras cosas, otros temas, quedan fuera. Y al hacerlo, dejan de ser prioritarios aunque sigan siendo temas importantes. ¿Sucede algo así con la cuestión del clima?

Un radar climático

Un radar es básicamente un sistema de medición. Su objetivo es proveer de información sobre un elemento determinado. En Perú se ha desarrollado uno para medir la cobertura periodista de los medios de comunicación. Se trata del Radar Climático. «El Radar Climático es un reporte especializado digital publicado mensualmente. En él se analizan más 50 medios digitales de América Latina», explica Maite Cigarán, directora de ConexionCop. Cigarán y su equipo son los encargados de esta herramienta, una iniciativa de la plataforma periodística ConexiónCop y del programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer (EKLA). Lo realizan desde 2017 y podríamos decir que su aporte es único en nuestra región.

Mes a mes analizan los medios digitales de 13 países en la región. Su trabajo permite conocer, estructurar y evaluar la cobertura de estos medios sobre todo lo publicado en relación con los retos del cambio climático. Según Cigarán, la muestra se compone de medios tradicionales e históricos y de medios más recientes con fuerte alcance. En ella no solo se incluyen países de Sudamérica, sino que también han incorporado algunos de Centroamérica y del Caribe.

Uno de los elementos más interesantes del Radar Climático es su mecánica dual. Su funcionamiento depende de la labor de un equipo de analistas y del trabajo de un software especializado. Este último es un programa que captura noticias directamente relacionadas con el cambio climático, con base en una serie de palabras clave. «Gas efecto invernadero, adaptación al cambio climático, mitigación, Protocolo de Kyoto, Acuerdo de París son algunos de esos términos», comenta Cigarán. Luego de esa parte cuantitativa, el proceso se complementa con el análisis cualitativo del material. «En él vamos identificando cuál ha sido el giro de la noticia, si profundiza sobre la temática, si relaciona el cambio climático con algún tema social, económico, de infraestructura. Esa parte la hacemos un grupo de personas, no el software», acota la directora de ConexiónCop.

Según el Radar Climático, las noticias que se ocupan del tema apenas llegan al 2 %. «Bajísimo», evalúa Cigarán, que opina que es preciso que los medios aumenten ese porcentaje, ya que con ello se lograría una mayor visibilidad. O lo que explicábamos previamente, que la función de agenda propia de los medios de comunicación se active. Así la opinión pública, los actores políticos, los Gobiernos tendrían al tema entre sus prioridades.

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¿Lo que quiere la audiencia?

Existe una pregunta recurrente cuando se analiza la producción de los medios de comunicación. ¿Los medios construyen su agenda con base en los gustos de los espectadores? ¿O son aquellos los que modifican esos gustos con su programación? En el caso de la crisis climática, la falta de cobertura ¿es un indicador de falta de interés de los medios o de la población?

En Latinoamérica la cobertura es diversa. En algunos países la importancia del tema es mayor que en otros, aunque el número general sigue siendo muy bajo. Cigarán comenta que en junio «los medios que más cobertura le dieron fueron Infobae de Argentina, Milenio de México, Clarín y La Nación de Argentina». Sin embargo, si observamos el análisis anual vemos que «entre 2019 y 2020, los medios que más cobertura le dieron fueron Clarín y La Nación de Argentina, El Comercio de Perú y El Tiempo de Colombia». En su experiencia, Cigarán pone el acento en los factores propios de la industria periodística. Uno de ellos es el criterio de noticiabilidad. En el caso de los retos del cambio climático, el riesgo tiene un carácter demasiado difuso como para transmitirlo como peligro real. Sin embargo, la cuestión se vuelve más noticiable cuando aparecen figuras que lo pueden encarnar, que pueden transmitir emociones. A través de ellas, los medios ven la chance de contar una historia.

Un caso representativo es el de Greta Thunberg, la niña sueca que recorrió el mundo, y que lo sigue haciendo, tratando de concientizar sobre el peligro que significa esta crisis climática. El caso de Thunberg es un ejemplo de cómo los medios de comunicación redescubren su interés por el tema. Las reacciones positivas y negativas en torno a la figura de la joven activista genera un interés particular y, como consecuencia, eleva la producción periodística. Cigarán indica que el impacto en los medios es clarísimo cuando surgen estas figuras hablando del tema: «Ha pasado con las declaraciones del papa Francisco, por ejemplo».

El gran desafío

Lograr la visibilidad del tema termina siendo el mayor desafío. Sin visibilidad es muy complicado tomar conciencia y avanzar hacia las medidas más necesarias. Y no solo eso, también es importante entender que esas medidas, esos cambios, pueden generar una mejora en la calidad de vida.

El Radar Climático es una herramienta importante porque observa y analiza el trabajo de un elemento fundamental en las sociedades actuales: la prensa. De la construcción de su agenda depende, muchas veces, nuestra percepción y nuestra jerarquización de los temas. Allí es donde el radar climático pone el foco y nos alerta de la necesidad de tener más presente a la cuestión climática en nuestras vidas.

Si te interesa el trabajo del Radar Climático puedes suscribirte y recibir el reporte mensual. Ingresa a conexioncop.com/radarclimatico o búscalo en la página web de EKLA, el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

En los países ricos los alimentos sobran, porque los subsidios que se otorgan a los productores vuelven rentable cualquier cultivo. El Estado se asegura de que así sea. Luego, la producción supera la capacidad de consumo del país, por lo que tales excedentes de alimentos se vuelcan al mercado internacional. Este fenómeno nocivo, que deprime los precios de las materias primas agrícolas, es conocido como dumping y ha provocado estragos en el sano comercio de productos básicos.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) [World Food Programme (WFP)] surgió en la década de 1960, fundamentalmente, para canalizar parte de los excesos de producción de granos de Estados Unidos de América y de productos lácteos europeos. Decidir que estos excedentes fueran a combatir el hambre de millones de seres humanos en vez de a distorsionar los mercados internacionales era, en sí, una iniciativa loable.

El PMA no es una agencia de la ONU especializada en un área temática, a saber, agricultura (FAO), salud (OMS), educación (UNESCO) o trabajo (OIT). Es un programa, como lo son UNICEF (para los niños), UNIFEM (para temas de la mujer) o PNUMA (para el ambiente). El PMA se encarga de desarrollar proyectos en comunidades muy pobres. Tan pobres que, para calificar como beneficiarios, deben demostrar que carecen absolutamente de dinero para adquirir esos alimentos y desplazar mercados.

El PMA nace con mayor ambición que la de un programa humanitario que atiende emergencias y subsana déficits en comunidades que carecen de alimentos en forma crónica. Es un programa de desarrollo. En los años setenta, el 80 % de sus alimentos iban a complejos y exitosos proyectos que pretendían resolver el problema del hambre en forma permanente.

Ejemplo 1. En un país donde el alimento básico era el trigo, los campesinos cultivaron primero el valle. Como eso no alcanzaba para la creciente población deforestaron para cultivar las laderas, cada vez a mayor altura y sembraron este alimento básico. El resultado fue pérdida de la masa forestal, erosión de suelo, cosechas cada vez más pobres e inundaciones en la época de lluvias en los llanos. El PMA le propuso a cada familia que ellos tendrían todo el trigo necesario durante todo el año y, en compensación, el campesino trabajaría jornales para hacer terrazas en las colinas, plantar hortalizas, más arriba árboles frutales y para reforestar las cimas. Todos trabajaron las parcelas de todos, sin distinción. A los diez años, cuando el proyecto del PMA culminó sus actividades, los campesinos producían frutas y hortalizas para comprar todo el trigo necesario para su familia. Habían recuperado su territorio y habían desterrado el hambre.

Ejemplo 2. En otro país, las vacas lecheras no producían más de dos litros de leche por día. Esta se comercializaba localmente a través de revendedores que la adulteraban para sacarle mayor beneficio. El PMA donó grandes cantidades de leche descremada y aceite de manteca a la planta lechera del pueblo. Lo producido por la planta con esa materia prima (quesos, yogures, manteca) se vendía al público y con lo recolectado se conformó un fondo para créditos al productor. El campesino podía retirar el dinero para comprar ganado capaz de producir 15 o más litros por día y raciones para el animal. El préstamo se devolvía a la planta lechera en litros de leche sana, no adulterada. El proyecto multiplicó la capacidad de producción de leche. La alimentación y la salud del pueblo mejoraron sensiblemente. Cuando el PMA se retiró, la planta quedó funcionando a pleno sobre la base de la producción local.

Estas son solo dos intervenciones exitosas del PMA que el público generalmente desconoce. Hay miles de ellas a través del mundo. Y no se trata de asistencialismo: dar un pescado, sino de enseñar a pescar. Además, muchos proyectos del PMA tienen que ver con alimentación en centros escolares y a pacientes en clínicas. En estos últimos, los alimentos salvan la vida; en los primeros, permiten que un niño o una niña se desarrollen mental y físicamente, en vez de sufrir trastornos por desnutrición que luego arrastrarán por el resto de sus vidas. Esto también es una valiosa contribución al desarrollo de un pueblo.

En este año, el PMA, premio Nobel de La Paz 2020, moviliza más de 7000 millones de dólares a casi 90 millones de beneficiarios en 83 países del mundo. Pocos organismos internacionales tienen tanto para contribuir a la meta de hambre cero para el 2030.

Lamentablemente, en este mismo año, las dos terceras partes de los recursos del PMA van a países afectados por conflictos que son aquellos donde la posibilidad de no acceder a alimentos es mayor. Es una ayuda urgente y necesaria, sin duda, pero el PMA puede contribuir mucho más aún.

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La región mesoamericana, desde México hasta Costa Rica, tiene elementos naturales, geográficos, económicos e históricos comunes. Ubicada en el centro del continente, es una región de clima mayoritariamente tropical, con dos mares y una gran riqueza en biodiversidad, una trayectoria de doscientos años como repúblicas y riqueza antropológica conexa. La vinculación comercial entre sus países es fuerte y estos comparten su cercanía económica, comercial, política y social con Estados Unidos. Sus poblaciones tienen similitudes en cuanto a educación, servicios sociales, calidad de vida, seguridad, aunque en grados distintos, lo cual genera índices de progreso social (IPS) que van desde 80,65 en Costa Rica y 71,51 en México a 58,97 en Nicaragua, 59,67 en Guatemala, 60,31 en Honduras y 64,65 en El Salvador.

Comparten también la importancia de la actividad turística. En México casi un 9 % del producto interno bruto (PIB) proviene del turismo; en Guatemala y Costa Rica representa un 8 % del PIB.

Propagación del COVID

La COVID-19 se propagó en el mundo por los aviones y con ello produjo la paralización del transporte aéreo. Los países vienen experimentando una paulatina reactivación de la actividad. ¿Volverá el turismo a ser el mismo? ¿Cuánto tardará en regresar a los niveles previos a la pandemia?

De acuerdo con The Economist, los destinos urbanos no parecen reactivarse pero sí se evidencia actividad y demanda por zonas rurales y cercanas a las playas.

Costa Rica quiere aprovechar sus condiciones y las tendencias para sacar ventaja de sus vecinos y reactivar una actividad que se considera la de mayor capacidad de encadenamiento con otras actividades productivas, de acuerdo con investigadores del Estado de la Nación.

Una de las apuestas está en aquellas personas conocidas como nómadas digitales, trabajadores independientes o con contrato laboral que requieren solo una computadora y conexión a Internet para trabajar.

Una reforma legal se discute actualmente en la Asamblea Legislativa para autorizar la permanencia por un año, con salidas múltiples, para quien pueda demostrar solvencia económica (ingresos de USD 5.000 mensuales mínimos).

¿Nuevas inversiones?

Para el ministro de Turismo, Gustavo Segura, eso podría representar una nueva etapa para la atracción de inversión extranjera a Costa Rica, ya no solo de empresas sino de trabajadores.

En 2018 ingresaron a Costa Rica 3 millones de personas, poco más de la mitad de habitantes del país. Estos visitantes generaron USD 4.000 millones en divisas, el doble que diez años atrás. El turismo equivalía a casi la mitad de las exportaciones de servicios y a una tercera parte de las ventas externas de bienes. Sin embargo, a diferencia de estas, el turismo tiene 13 industrias relacionadas y su influencia indirecta sobre buena parte de estas es muy relevante.

Para un país cuya economía se contraerá este año un 5 % y que crecería un modesto 2 % en el 2021, la reactivación del turismo parece esencial.

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Antes de la pandemia, el 80 % de los visitantes venían a descansar. La mayoría, el 75 %, buscaban sol y playa, y también el reconocido mundialmente ecoturismo del pura vida, la frase eslogan que identifica a los ticos en el mundo.

El modelo turístico de Costa Rica se sustenta en el desarrollo sostenible, al amparo de una protección natural legalmente establecida del 25 % del territorio. Las principales áreas silvestres protegidas visitadas por los turistas eran Manuel Antonio, el volcán Irazú, el parque nacional Marino Ballena, Tortuguero y Cahuita.

Estos elementos, la aceleración del teletrabajo junto con una facilidad legal de permanencia en el país, serían la base de la incorporación del turismo de trabajo digital al modelo de turismo sostenible de Costa Rica.

¿Qué factores le darían a Costa Rica una ventaja adicional en esta tarea?

De 149 países evaluados en el Índice de Progreso Social, una medición alterna al PIB que mide más que la riqueza económica, Costa Rica ocupa la posición 34. En la región central del continente americano es el único país con un nivel alto y está solo en Mesoamérica; Barbados está en el lugar 40, Panamá es el número 47, Jamaica 50 y México 55. El Salvador es el segundo país centroamericano en el ranking, en el puesto 88.

Los elementos que más impactan el resultado de Costa Rica y que serían de valor para la propuesta de turismo de trabajo digital y para la atracción de los nómadas digitales son: agua y saneamiento (99 de 100 puntos, misma puntuación que Noruega, el país que encabeza el ranking), calidad medioambiental (80; Noruega con 86) y salud y bienestar (79; Noruega tiene 87). En seguridad, un valor relevante para un modelo de viaje de turismo sostenible y teletrabajo, se registra una puntuación menor, 66 puntos (el valor más alto es 90 en Noruega, 73 en Estados Unidos, 70 en Panamá y Barbados, y 54 en México).

Estas cualidades o necesidades básicas humanas y fundamentos del bienestar cobran mayor relevancia si estas mujeres y hombres teletrabajadores buscan lugares para trabajar y permanecer con sus parejas e hijos, pues requerirán comunidades con escuelas y servicios adicionales.

El ministro Gustavo Segura dice que, si le unimos a nuestro modelo de turismo sostenible el elemento de bienestar (wellness), tendríamos un nuevo elemento de valor agregado para la atracción de turistas durante esta pandemia, producto de la recuperación paulatina de la confianza del viajero.

Los turistas que buscan el bienestar gastaban, antes de la pandemia, un 130 % más que el turista promedio. Producto de la pandemia, este dato podría no solo mantenerse sino incluso crecer.

Para el ministro de Turismo, el modelo de Costa Rica no debe orientarse a más visitantes, pues es importante que se preserve la naturaleza y la biodiversidad. De ahí que la propuesta de turistas de más calidad, vinculados a sol y playa, pero también a trabajo digital y bienestar son parte de una propuesta en pleno desarrollo.

La rapidez de su implementación es vital, en parte porque una de las principales demandas que tienen tanto el Estado como el sector privado es mantener los negocios en operación antes de que llegue la reactivación, en un plazo estimado no menor a dos años.

El 94 % de los hoteles en Costa Rica tienen 40 habitaciones y menos, es decir, son pequeñas y medianas empresas; el sector empleaba, antes de la pandemia, a poco más de 300.000 personas de forma directa. El Gobierno confía en un fondo de avales como un mecanismo para la obtención de créditos, también en discusión de la Asamblea Legislativa.

La propuesta, además, debe impulsar los encadenamientos, procurar una distribución entre las distintas zonas turísticas del país (Pacífico norte y Pacífico sur, norte del país y costa atlántica) y satisfacer las demandas de seguridad de esta población extranjera, considerando que el indicador de Costa Rica en este campo no es el mejor.

Y, sin duda, el reto mayor y más inmediato será ganar confianza. Costa Rica ha sorteado la crisis de salud, hasta ahora, y el sistema hospitalario ha podido atender todos los casos de personas que han requerido internamiento. Sin embargo, todo lo que pueda ocurrir en este tema será fundamental para que el país encuentre una vía importante de reactivación y sostenibilidad.

Antes de empezar este artículo quisiera hacerles una pregunta. Tómense diez segundos para responder: ¿ustedes van al médico antes de enfermarse?

Si la respuesta fue sí, los felicito, ustedes son de los que piensan en el seguimiento y el control antes de la materialización de una situación, en este caso de una enfermedad. Si por el contrario respondieron que no, tranquilos, hoy no están en problemas. ¿Y mañana?

Algo similar ocurre con las empresas y las crisis. En la mayoría de los casos nos acordamos de ellas cuando ya estamos inmersos en una. Un ejemplo cercano y que nos ha puesto a hablar de manejo de crisis ha sido el COVID-19 frente al cual muchas empresas públicas, gobiernos e incluso líderes políticos han improvisado para responder y reaccionar ante la inminente necesidad de información, combatir las fake news y tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus.

Entiendo que por la probabilidad y la frecuencia de que suceda una pandemia, los protocolos de crisis escritos pueden estar o muy viejos o pensados para otro tipo de factores de riesgo.

Teniendo esto en cuenta, y viendo que cada vez se hace más necesario aprender a gestionar las crisis de comunicación que hoy tienen un componente mayor en escenarios digitales es que quise dividir el artículo «Manejo de crisis en redes sociales: El equipo de respuesta», publicado en el libro Entre información y conspiración en tres momentos: el antes, el durante y el después.

Vale aclarar que antes de empezar a mencionar claves o recomendaciones hice una breve pausa en analizar qué es una crisis y cuáles tipos existen, y a partir de allí seguí desarrollando el texto enfocado en recomendar acciones para la mitigación de los efectos de estas.

Luego de hacer una caracterización de las crisis hago un recorrido por las variables que se deben tener en cuenta en el antes, es decir, en el estado de prevención, cuando aún no se ha desencadenado ningún momento que pudiese afectar la reputación y especialmente la confianza que pudiese existir entre los líderes políticos y sus audiencias.

En el durante me enfoco en compartir cinco elementos principales que considero se deben tener en cuenta a la hora de manejar los escenarios de crisis. La gestión es el punto más importante de este proceso, por lo que comparto varios tips adicionales que se pueden tener en cuenta para mitigar el impacto.

Finalmente, cierro el artículo hablando sobre el monitoreo en el proceso de crisis y poscrisis, y acompaño los diferentes escenarios desarrollados con ejemplos reales de líderes latinoamericanos que, por situaciones personales o políticas, se vieron inmersos en una situación de crisis.

En conclusión, si quieres conocer los principales elementos de los diferentes momentos de una crisis en canales digitales, te invito a leer el capítulo «Manejo de crisis en redes sociales: el equipo de respuesta», en el libro Entre información y conspiración. Comunicación digital en tiempos de crisis (Fundación Konrad Adenauer, 2020), disponible aquí:

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Pocos autores atesoran la extraña cualidad de enhebrar en su prosa académica claridad, atractivo y sofisticación. John Keane es uno de ellos. Hace veinte años, siendo un joven profesor universitario en Cuba, descubrí su texto seminal (Democracia y sociedad civil. Madrid, Alianza Universidad, 1992) que me llevó más allá de las tesis gramscianas popularizadas en la isla por los reformistas consentidos del Gobierno. Hallé, en su complejidad teórica y sociológica, una mirada que daba simultáneamente cuenta de los límites estructurales del modelo leninista y de los déficits de la democracia liberal para dar cabida a la autonomía reflexiva de los ciudadanos. Junto al monumental trabajo de A. Arato y J. Cohen, Keane fue decisivo en mi formación temprana como académico y activista ligado a la emergente sociedad civil, dentro de aquel régimen postotalitario.

Posteriormente, al leer su historia de la democracia (The Life and Death of Democracy, Londres, Simon & Schuster, 2009) encontré el tipo de universalismo complejo, atento a la demodiversidad, que echaba de menos en los trabajos de politólogos occidentales. Recorriendo las experiencias previas a la Grecia clásica y las repúblicas medievales, las movilizaciones anticoloniales y el fascinante experimento de la India, Keane pinta un fresco tan rico en testimonios, fuentes y detalles que asoma al vértigo. Nos recuerda que la idea democrática porta una doble promesa, auténticamente radical: destruye la idea de que el estado de cosas es natural y erige en su lugar la propuesta de que los seres humanos podemos dotarnos de instituciones para decidir colectivamente cómo queremos vivir. En la parte más contemporánea del libro, Keane apunta a que la democracia ha adquirido en el último medio siglo un nuevo significado histórico, allende las alternativas de la participación directa del modelo clásico o la representación delegada del paradigma moderno. Su actual versión monitorizada combina el autogobierno de los ciudadanos y sus representantes designados por medio de elecciones periódicas, con el escrutinio público permanente del poder en sus diversos locus de ejercicio: desde el Estado, pasando por las empresas y organizaciones internacionales hasta las asociaciones comunitarias.

En suma, es posible reconocer que el intelectual australiano ha producido una de las obras más eruditas e innovadoras de las últimas décadas, en el campo de la teoría política aplicada. Una que rebasa, simultáneamente, la ensoñación de cierto ensayismo con pretensiones filosóficas y la aridez de buena parte de la política comparada. Y, con esa mirada compleja, atiende tanto la génesis y evolución de las democracias como a sus enemigos milenarios.

Su más reciente trabajo (The New Despotism, Cambridge, Harvard University Press, 2020) acaba de ser publicado y seguramente generará debate entre intelectuales, políticos y curiosos de esos temas. Keane dedica su nuevo libro a explorar las nuevas gobernanzas no democráticas globales, experiencias que desafían tanto la teoría tradicional sobre regímenes políticos —centrada en nociones como la de dictadura y democracia— como el modelo poliárquico triunfalistamente dominante desde el fin de la guerra fría. El autor señala estos noveles despotismos como el mayor desafío sistémico que enfrentan las repúblicas liberales de masas, casi un siglo después de que el nazismo y el estalinismo se abatieran con salvajismo planificado y minucioso sobre los territorios y poblaciones de Europa y Asia.

Los nuevos despotismos serían formas sui generis de poder, con arquitectura, dinámica y resiliencia propias, que dedican especial atención a las técnicas de perfeccionamiento de un gobierno inteligente —con mejores desempeños socioeconómicos y administrativos— y a la problemática de legitimación como elemento distintivo del ejercicio y conservación del poder. Para comprenderlos constituye un error centrarse de modo exclusivo o sobredimensionado —como suele hacer la media y la academia occidental— en sus líderes máximos. Parte de su resiliencia se basa en combinar cualidades básicas de la autocracia y elementos subordinados de la democracia. Su éxito depende de la capacidad de desplegar, de modo controlado, una violencia efectiva, de institucionalizar sus mecanismos adaptativos —como la deliberación y consulta tecnocráticas— y de promover un desarrollo socioeconómico sin libertad política. Su discurso abriga un collage de ideas y léxicos —ambientalismo y desarrollo, tradición y modernización— que dibujan cierto horizonte de altermodernidad.

En esa línea argumental, el profesor Keane describe las dinámicas de poder que —en países tan diversos como Rusia, Arabia Saudita, China, Hungría o Singapur— despliegan hoy los rasgos comunes de un nuevo tipo de régimen. Un nuevo despotismo capaz de anidar en sustratos culturales, sociales y económicos radicalmente distintos, al que diferencia —conceptual y empíricamente— tanto de las tiranías clásicas como de los autoritarismos competitivos reconocidos por el mainstream de la ciencia política actual. Esta, según el autor, estaría en cierto modo atrapada por ideas como las de autoritarismo o totalitarismo, las cuales, dentro de una lógica binaria del pensamiento político de Occidente —con aquellas como formas opuestas a la democracia liberal—, sustentarían cierto teleologismo: «ellos hoy no son, pero deben ser y serán como nosotros».

Se trata de gobiernos expertos en las artes de la manipulación, la seducción, la cooptación y la represión selectiva —coerción calibrada, según un periodista singapureño citado por Keane— o ampliada, como la que ha ensangrentado recientemente las avenidas de Hong Kong o Teherán. Usando los mecanismos del dinero, la legislación, los medios de comunicación y las instituciones democráticas fantasmas —como elecciones, foros y consejos de distinto tipo—, Keane dibuja las estructuras piramidales de poder que, por todo el mundo, establecen hoy nuevos esquemas de servidumbre voluntaria e, incluso, captan adeptos allende sus fronteras.

Un orden basado en la lealtad tranquila, que combina la aquiescencia al monopolio del poder sobre la política y una amplia libertad para perseguir el éxito en la vida privada, predecible y mejorable en modos opuestos a la impredecibilidad característica del terror totalitario. Un despotismo que despliega provisión de bienes y servicios a su clientela y oportunidades de enriquecimiento a sus privilegiados. Bajo ese esquema, la reveladora figura de los poligarcas —funcionarios y negociantes imbricados en relaciones dinásticas bajo un capitalismo neopatrimonialista— coexiste dentro de la estructura social de los nuevos despotismos con amplios segmentos de clase media —orientados al consumismo hedonista, bajo el modelo chino— y vastos sectores populares —notables en casos como el ruso— dependientes de la protección y la propaganda del Leviatán estatal.

Keane analiza incluso las mentalidades y actitudes del sujeto —o acaso sería más prudente decir súbdito— de dichos regímenes: enfocado en el ámbito familiar y el éxito personal, poco proclive a la cultura, la acción y la coordinación cívicas; sabedor de que entre la verdad oficial y las numerosas formas corruptas de sobrevivencia y ascenso dentro del sistema hay ritos y sortilegios que deben ser atendidos. Los múltiples ejemplos que muestra en sus páginas dan a la teorización keaniana una vitalidad extraordinaria.

Como creo que debería pasar con toda obra y autor con los que uno establece una identificación y proximidad reflexivas, la admiración no equivale a complacencia. En particular, me habría gustado una mayor discusión entre las tesis del actual texto y las sostenidas por el autor en un trabajo anterior (When Trees Fall, Monkeys Scatter: Rethinking Democracy in China, Singapur, WSPC, 2017) enfocado sobre la experimentación política en China. Entonces Keane parecía ubicar el caso asiático en un limbo alejado de la dictadura y democracias convencionales. El nuevo libro lo adscribe, correctamente y sin ambages, dentro de la categoría del nuevo despotismo. Casi como nave capitana de la flota despótica.

¿Qué cambios —ideológicos, políticos, socioeconómicos— acaecidos desde entonces en China sustentan semejante giro y énfasis? Creo que coincidiremos en que efectivamente Xi Jinping ha aumentado exponencialmente el asedio autocrático a toda expresión o reclamo de autonomía social, cultural y política. Pero, en tanto su liderazgo no es sino una mutación —de la dirección colectiva al maoísmo 2.0— dentro del modelo (pos)totalitario vigente, sería deseable una mayor reflexión del autor al respecto.

La opacidad represiva de la autocracia china no ha sido el mejor ejemplo de la gobernanza eficaz atribuible al nuevo despotismo. El Partido Comunista chino ocultó el brote del virus: censuró a sus expertos e impidió la temprana alerta internacional. Li Wenliang, Fang Bin, Chen Qiushi, Ren Zhiqiang y Xu Zhangrun, por solo mencionar algunos nombres de científicos, investigadores y activistas conocidos, terminaron silenciados. Hoy que Beijing se dispone a aplastar la rebeldía de los hongkoneses, aprobando una nueva legislación de seguridad que en la práctica aboliría la fórmula de un país, dos sistemas, el despotismo chino aparece en todo su siniestro esplendor.

El autor insiste en que la capacidad para una gobernanza inteligente, allende la fuerza y persona del autócrata, es forma clave del orden emergente. Sin embargo, la obra tampoco agota el debate acerca de la utilidad de la noción clásica de autocracia. Esta, a diferencia de conceptos más desgastados o imprecisos como los de autoritarismo o dictadura, preserva aún una capacidad explicativa capaz de dar cuenta de los viejos y nuevos despotismos.

The New Despotism… constituye un sólido aporte a la reflexión sobre los futuros posibles del mundo pospandemia. Demuestra que las referencias clásicas —aquellas de Platón y Aristóteles, basadas en el número y el modo en que somos gobernados— mantienen renovada vigencia, frente a una ciencia política parroquialmente obsesionada por la medición y el encuadre forzados. Necesitamos el tipo de imaginación, intelectualmente erudita y democráticamente comprometida, que atraviesa las páginas de este libro. Una mirada capaz de detectar, en el horizonte civilizatorio, la amenaza formidable que se abate sobre nuestras atribuladas democracias.

La Argentina ingresó en un sinuoso camino de oscuridad en el que no ve luz al final del túnel. La pandemia aceleró el proceso, pero no es la causa principal. Su máxima responsabilidad fue exponer un sistema que en las últimas décadas solo supo construir pobreza y exclusión. Frente a esto, la propia dirigencia política sigue sin discutir reformas estructurales que permitan enderezar el rumbo, y el descontento de la ciudadanía no se detiene.

El país se enfrentó al coronavirus con doce años de declive en la espalda. Del 2008 a hoy la película muestra: más pobreza, estancamiento del empleo, mayor presión tributaria, un PBI que solo creció ante la necesidad electoral y una sociedad que se fue polarizando al ritmo del enfrentamiento político entre las dos principales fuerzas. Con este escenario, la primera reacción de los principales líderes ante la llegada del coronavirus fue positiva. Un país apoyó y hasta pareció que, al menos por un rato, la Argentina era ejemplo en el mundo. Sin embargo, como manda la historia, duró poco. El país migró, del éxito en la estrategia, al fracaso; de la unidad nacional, a la división. De un extremo al otro, sin escala.

Con pocas semanas de diferencia, Alberto Fernández pasó de llamar amigo a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y principal líder opositor, a castigarlo quitándole dinero de la coparticipación. El mensaje oficial de unidad y la política de consenso que eligió el presidente al inicio de la pandemia se desplomó con el correr de los meses y fue reemplazada por la agenda de Cristina Kirchner, sujeta a sus necesidades judiciales. El cambio tuvo su costo: Fernández perdió 30 % de imagen positiva en siete meses.

El Gobierno, sitiado por el rol de la vicepresidenta y las internas entre las distintas fuerzas políticas que conforman la coalición, impone al manejo de la crisis una lógica populista, tal la define el expresidente de España, Felipe González: «Respuestas simples a problemas complejos, siempre buscando un culpable». Las respuestas se centran en subir impuestos y cerrar aún más la economía. ¿Los culpables? La herencia del gobierno de Mauricio Macri y las consecuencias de la pandemia.

Números que no se discuten

El fracaso de la tierra prometida no se dio por la pandemia, sino que lleva años de decadencia. La Argentina no puede perforar el piso de 25 % de pobreza desde hace más de 25 años. Tiene uno de los Estados más grandes del planeta con una presión impositiva comparable con la de los países nórdicos, pero con infraestructura y servicios del tercer mundo. En lugar de medir el funcionamiento del Estado por su eficiencia, en la Argentina se lo hace por su tamaño. Por eso, en los últimos veinte años creció exponencialmente. Sumados los programas que otorgó el Gobierno durante la pandemia, hoy en la Argentina más del 50 % de la población depende del Estado.

Tamaña expansión del sector público —acompañada de una contracción del sector privado— se volvió imposible de financiar. Las recetas que se utilizan para cubrir el déficit fiscal año a año son parte del problema: más presión impositiva, emisión monetaria o deuda externa descontrolada. Todo esto se traduce en menos inversión, menos trabajo, menos crecimiento, más inflación y más pobreza.

El último informe que dio a conocer el organismo oficial de índices y estadísticas (INDEC) da cuenta de la magnitud de la crisis que la Argentina ya atraviesa. El PBI tuvo la peor caída de su historia (19,1 %) en el segundo trimestre del año. Los indicadores arrojan que, durante dicho período, la inversión cayó un 38,4 %, la importación un 30,1 %, las exportaciones un 11,7 %, el consumo privado un 22,3 %, la construcción un 52,1 % y la industria un 20,8 %. La pobreza durante el primer semestre del año ascendió al 40,9 % de la población y la estimación del Banco Mundial indica que la caída del PBI en todo el 2020 será del 12,3 %, lo que arroja un pronóstico alarmante: se espera que para fin de año una de cada dos personas sea pobre.

El relato de un modelo de país productivo con eje principal en la generación de trabajo que intenta instalar la gestión de Alberto Fernández choca con la realidad: el dólar sube y el peso argentino cada vez vale menos, las empresas se van del país y las medidas económicas anunciadas en los últimos días no revirtieron la desconfianza que reina. Por primera vez en mucho tiempo en la Argentina, un gobierno de corte populista debe gobernar sin plata, algo a lo que no está acostumbrado. La escasez de respuestas al problema también sirve como evidencia.

La política construye su propio fracaso

Pese a los catastróficos números, en la Argentina no se debaten reformas para salir de la crisis y la fractura entre la clase política y la ciudadanía se hace cada vez más profunda. Gran parte de la sociedad, tal como ocurre en otros países de América Latina, se está despertando lentamente de un largo letargo y se manifiesta en las calles contra la falta de respuestas. Argentina sorteó la ola de estallidos de 2019 que se dio en la región, por tener una elección presidencial por delante. A ese mismo escenario hoy se le suman escándalos políticos de manera crónica, la profundización de graves problemas socioeconómicos y el desgaste de la cuarentena más larga del mundo, lo que presenta un futuro incierto.

Para retomar la senda de un verdadero desarrollo sostenido a partir de la generación de trabajo y la consecuente baja de la pobreza, el país va a necesitar mucho tiempo. Para eso se necesitan políticas públicas consensuadas entre todos los actores de poder que se transformen en políticas de Estado. Se necesita una verdadera vocación por alcanzar acuerdos, algo que hoy no se vislumbra realizable.

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La Argentina debe iniciar un sincero debate de reformas profundas. Debe discutir un nuevo sistema impositivo y fiscal, leyes laborales modernas, un impulso a la innovación tecnológica, el fomento al sector agropecuario con incentivos reales y la obligación de tener una política exterior inteligente y no ideologizada. De no acordar en estos puntos, las soluciones siempre serán de corto plazo y jamás brindarán seguridad jurídica ni estabilidad a un país que la precisa en carácter de urgencia.

La política debe cambiar el rumbo y evitar la fractura definitiva con la ciudadanía. De lo contrario, la expresión popular que se vayan todos, que marcó a la crisis del 2001, podría comenzar a escucharse nuevamente y, en ese momento, ya será demasiado tarde.

El 22 de septiembre pasado, los diputados sandinistas —con amplia mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua— presentaron un proyecto de ley de regulación de agentes extranjeros que busca controlar a las organizaciones no gubernamentales, agencia o individuos que reciban dinero, directa o indirectamente de Gobiernos o entidades extranjeras.

El proyecto de ley no solo pretende controlar las transacciones que puedan tener nicaragüenses con fundaciones o entidades extranjeras con las que establezcan alguna relación de servicios o asesoría, sino también dominarlas mediante un estricto control de inscripción que debe hacerse ante un Registro de Agentes Externos, creado por la misma ley y cuya regulación, supervisión y sanción, en tanto autoridad de aplicación, recae en el Ministerio de Gobernación.

El proyecto impone que deberá registrarse toda persona que trabaje bajo la supervisión de un organismo extranjero, en forma directa o indirecta, y que también deberán registrarse quienes trabajen dentro de Nicaragua como «consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos para o en interés de gobiernos, empresas o fundaciones extranjeras» que soliciten, reciban o desembolsen fondos. Tal es lo que surge de la extensa definición de sujeto obligado del artículo 4.º del proyecto.

Los únicos sujetos exceptuados son los extranjeros que reciban pensiones del exterior, los nicaragüenses receptores de remesas familiares, las empresas comerciales extranjeras con filiales en el país y los inversionistas nacionales y extranjeros que realicen actividades económicas.

Este proyecto, además de controlar el financiamiento a los medios informativos independientes, dejará prácticamente sin campo de acción a los defensores de derechos humanos, en tanto el artículo 12 prescribe que los «agentes extranjeros deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna», con lo que caerán bajo su órbita la defensa de todo tipo de derechos sociales, humanitarios o referidos a grupos determinados.

Por otro lado, la iniciativa se ajusta al contexto de los acontecimientos de un país en el que se busca someter a quienes no se alinean con el pensamiento oficial, a la vez que el gobierno nicaragüense ignora todos los llamamientos internacionales que se le han efectuado para que respete las libertades fundamentales.

El 23 de junio de 2020, la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al Gobierno de Nicaragua a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación.

El 2 de julio de 2020, en un llamamiento efectuado ante los miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH) en el 44.º período de sesiones, la alta comisionada declaró que se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y exdetenidos políticos, y denunció que desde 2018 el Estado nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil.

El 14 de septiembre de 2020, en el discurso de apertura del 45.º período de sesiones del CDH, Nicaragua volvió a estar presente cuando la alta comisionada presentó la actualización oral de la situación en el país. Declaró que no solo no se habían producido avances en la situación de los derechos humanos, sino que tampoco había señales del Gobierno para abordar de manera constructiva las tensiones y los problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril de 2018. Subrayó además la perpetuación de la impunidad, ya que la mayoría de las recomendaciones que le fueron formuladas al país en su informe de septiembre de 2019 no fueron aplicadas.

Cuando el gobierno nicaragüense, en tanto país afectado, hizo uso de la palabra, lamentó que los informes de la Sra. Bachelet estuvieran «politizados» por basarse en fuentes opuestas a las oficiales.

El sistema universal de protección de derechos humanos muestra la gravedad del historial de incumplimientos del Gobierno nicaragüense, ya sea atendiendo a su actuación en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) como ante los órganos creados en virtud de tratados.

Basta para ello con leer el Informe del Grupo de Trabajo del EPU, o la Lista de Cuestiones relativa al informe periódico de Nicaragua ante el Comité de Derechos Humanos, órgano a cargo de la supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Lista de Cuestiones sobre el informe periódico ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que examina el cumplimiento del de Derechos Económicos, Comité de Derechos Humanos Sociales y Culturales.

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El Gobierno nicaragüense no ha reanudado su cooperación con los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos ni con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la CIDH.

También dejó sin responder, desde noviembre de 2018, las comunicaciones de los procedimientos especiales que le fueron enviadas, suscritas en su totalidad por el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en forma conjunta con otros relatores especiales.

El contenido de las comunicaciones enviadas estuvo referido, en algunos casos, a la falta de investigación de agresiones, intimidaciones y amenazas, incluidas amenazas de muerte y detención en contra de periodistas, detenciones que en ciertos casos podrían ser consideradas actos de represalia motivados por la cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos en la esfera de los derechos humanos. Otras comunicaciones fueron casos sobre la cancelación de la personalidad jurídica de varias organizaciones no gubernamentales, allanamientos ilegales a sus oficinas y a las de ciertos medios de comunicación.

Durante el tercer EPU, en mayo de 2019, Nicaragua tuvo el inquietante récord de 124 recomendaciones no aceptadas sobre un total de 259. La argumentación para no aceptar un centenar de ellas fue que «no aplican por falta de fundamento y distorsión de la realidad», aunque lo curioso es que entre las recomendaciones que consideró como faltas de fundamento estuvieran las referidas a hechos absolutamente objetivos y no opinables como la reanudación de la cooperación con el ACNUDH, la CIDH y otros órganos de derechos humanos.

El gobierno de Nicaragua considera sin fundamento todas las recomendaciones referidas a restituir la personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación; a velar por que se respeten las normas internacionales de derechos humanos relativas a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación; a erradicar la práctica de la violencia sexual contra las mujeres privadas de libertad; a velar para que la solución a la actual crisis se centre en el acceso a la justicia, la verdad y la reparación, o a garantizar la independencia del Poder Judicial cooperando con el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la escalada de ataques a la prensa, la censura y clausura de medios de comunicación, y la detención arbitraria y enjuiciamiento de periodistas en Nicaragua. La Comisión documentó la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias e ilegales, así como condiciones de detención que violan los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familias.

En la Lista de Cuestiones del Comité de Derechos Humanos, de noviembre del mismo año 2019, se le solicitó al Gobierno de Nicaragua, con respecto al tema de las libertades de expresión y asociación e injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada (arts. 6, 7, 9, 17, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que informara sobre las garantías existentes para asegurar el derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con el artículo 19 del Pacto, y que respondiera, en relación con los hechos sucedidos entre abril de 2018 y agosto de 2019, sobre los informes que daban cuenta de restricciones arbitrarias de la libertad de expresión a trabajadores de los medios de comunicación, periodistas y defensores de los derechos humanos, así como sobre la presunta fuga de periodistas desde el Estado parte por la situación de amenaza y restricciones impuestas a la libertad de expresión, lo cual según fuentes suman alrededor de 100 periodistas que han dejado el país.

En la Lista de Cuestiones de los asuntos que preocupan al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también de noviembre de 2019, se le pide al Gobierno nicaragüense información sobre las medidas adoptadas para proteger a los defensores de derechos económicos, sociales y culturales de todo acto de represalia, incluyendo actos de violencia, hostigamiento, amenazas y atentados contra su vida e integridad personal, así como las medidas adoptadas para investigar las alegaciones sobre despidos injustificados de médicos, maestros y docentes universitarios que se llevaron a cabo en el contexto de la crisis sociopolítica en 2018.

Mientras la crisis de derechos humanos en Nicaragua ya lleva más de dos años, la respuesta del Gobierno consiste en continuar sin asumir las propias responsabilidades por las groseras violaciones de derechos humanos, implementando estrategias de represión, violencia y avasallamiento de las libertades públicas, haciendo recaer el peso de la carga sobre disidentes, defensores de derechos humanos o cualquiera que pueda caer bajo el paraguas de agente extranjero, como en el proyecto en cuestión.

Publicado el 30 de septiembre de 2020 en el portal de CADAL.

La reunificación de Alemania culminó el 3 de octubre de 1990. Treinta años después de esta histórica fecha, el Este y el Oeste han crecido juntos a pesar de las diferencias sociales y económicas existentes. La reunificación fue iniciada por un valiente y visionario plan de diez puntos del entonces canciller federal Helmut Kohl. Le preguntamos al jefe de redacción de Helmut Kohl de aquel entonces, el Sr. Michael Mertes, cómo vivió esta época tan emocionante en ese momento y qué opina de la reunificación hoy en día.

Estimado Sr. Mertes, usted fue en 1989 el principal redactor de discursos de Helmut Kohl. ¿Cómo experimentó el tiempo en torno a la caída del muro? ¿Qué expectativas tenía usted de los sucesos?

-En la Cancillería Federal ya sabíamos unos días antes que la dirección comunista de la RDA estaba dispuesta a facilitar la salida de sus ciudadanos hacia Alemania Occidental. Pero sí nos sorprendió lo dramáticas que fueron las consecuencias de esa decisión.

A continuación, los pueblos de Alemania Oriental y Occidental vivieron días de una felicidad inimaginable. Pero poco después, tras la euforia inicial, surgió la pregunta de cuáles serían las consecuencias políticas de esta situación. ¿Seguiría Alemania dividida en dos Estados, con una República Federal democrática (Alemania Occidental) y una RDA no comunista y renovada democráticamente (Alemania Oriental)? ¿Aceptaría la Unión Soviética la reunificación? Y, si así fuera, ¿aceptaría que la Alemania reunificada siguiera siendo miembro de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN)? Fue así como finalmente surgió el Programa de Diez Puntos del 28 de noviembre de 1989.

El plan de 10 puntos, que presentó Helmut Kohl ya en noviembre de 1989, preveía la unificación de Alemania y fue, por lo tanto, una sensación. Usted estuvo involucrado en su creación en ese momento. ¿Cuáles fueron las reacciones, tanto en Alemania como en el resto del mundo? ¿Alguna vez dudó de que el plan pudiera ser implementado?

-Deliberadamente no hablamos de un plan, sino de un programa. Después de todo, un plan contiene especificaciones de tiempo, y había tantas incertidumbres en ese momento que era imposible determinar tales especificaciones. El propio Helmut Kohl confirmó públicamente más tarde que asumíamos que pasarían otros tres, cuatro o cinco años hasta una posible reunificación, es decir, hasta el 1992, 1993 o 1994.

En esencia, el programa de diez puntos no hacía sino confirmar lo que oficialmente siempre había sido la política de Alemania Occidental, a saber, la reunificación de Alemania en paz y libertad. Pero para muchos, tanto en el país como en el extranjero, esto no era más que palabrería oficial, no un objetivo político seriamente perseguido. Se creía que la clase política de Alemania Occidental había aceptado el statu quo, e incluso que lo encontraba bastante bueno, una suposición que era válida para parte de la clase política. Hago el comentario porque me parece una explicación relevante al hecho de que el programa de diez puntos de Kohl haya tenido el efecto de una explosión: Kohl dejó claro que para él la reunificación no era una visión abstracta, sino un objetivo concreto a alcanzar paso a paso.

Existían muchas dudas en aquel entonces.

Por una parte, no estaba del todo claro si la Unión Soviética bajo el mando de Mijaíl Gorbachov aceptaría que una Alemania reunificada permaneciera en la OTAN. La RDA había sido la piedra angular occidental del Imperio soviético. También hubo resistencia de parte de nuestros aliados, especialmente en Londres y París. Lo que nos dio más confianza fue el apoyo incondicional del entonces presidente de los Estados Unidos Georg Bush padre.

La segunda gran pregunta era lo que quería realmente la gente de la RDA. Estaba seguro de que ellos también estaban a favor de la reunificación, pero eso tenía que establecerse en un acto formal. Este acto, esta clara expresión de voluntad, tuvo lugar el 18 de marzo de 1990, cuando el 80 % de los votantes en la primera elección libre y justa al Parlamento de Alemania Oriental, la Cámara Popular (Volkskammer), votaron por partidos que se comprometían a una rápida reunificación.

Treinta años después de la reunificación, ¿cuál es su evaluación? ¿Se cumplieron las esperanzas y los planes que usted asoció con la reunificación?

-Los alemanes tenemos la tendencia a ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno. No es mi forma de pensar. Creo que el vaso hoy está al menos tres cuartos lleno.

No obstante, admito que subestimamos las dificultades en el camino hacia la unidad económica y social de Alemania hace treinta años. Ahora bien, hoy podemos decir que la principal línea divisoria económica de Alemania ya no se encuentra entre el Este y el Oeste, sino entre las regiones que han tenido éxito y las que están quedando rezagadas. Hay regiones ultramodernas en auge en Alemania oriental que hace tiempo que han superado a algunas regiones tradicionales de la industria pesada en Alemania occidental.

También subestimé las enormes diferencias mentales que se desarrollaron entre Este y Oeste durante las décadas de división de 1949 a 1990. Aún son visibles hoy en día, y pueden verse, por ejemplo, en el hecho de que la aversión a los migrantes es significativamente mayor en el Este que en el Oeste. La confianza en las instituciones democráticas tampoco es tan alta en el Este como en el Oeste pero, si se considera que el vaso está medio lleno, es mucho más alta que en muchos otros países europeos.

La privatización de las empresas estatales de la RDA en los años noventa provocó muchas heridas, ya que en algunos casos condujo a despidos masivos. Esto dejó en algunos alemanes del Este la impresión de que habían sido aplastados por el Oeste con una brutalidad capitalista. Lo que no es cierto, aunque nunca negaría que en la privatización se cometieron muchos errores evitables.

[Lee también: Kohl y la grandeza política]

Según el plan de diez puntos, la Alemania reunificada constituiría una ventaja para la Europa en crecimiento y el proceso de unificación alemana se integraría en un desarrollo paneuropeo. Muchas de las nuevas democracias de Europa Central y Oriental también se incorporaron a la UE en el ínterin. ¿En qué piensa cuando mira el estado de la Unión Europea hoy en día? ¿Está cumpliendo Alemania con sus responsabilidades a nivel europeo e internacional?

-Para Helmut Kohl algo estaba claro desde el principio: ante el trasfondo de la historia del siglo XX, especialmente ante el trasfondo de la tiranía nazi y la Segunda Guerra Mundial, nuestros vecinos europeos solo aceptarían una Alemania unida si se integraba firmemente en las estructuras europeas y renunciaba de una vez por todas a su ambición de convertirse en una gran potencia desencadenada. Desde el punto de vista de nuestros vecinos, Alemania era y es un coloso demográfico, económico y potencialmente también militar en el corazón de Europa, que puede hacer mucho mal, pero también provocar mucho bien.

La reunificación ha desencadenado dos dinámicas históricas en Europa, conocidas como profundización y ampliación. El paso de profundización más importante fue el Tratado de Maastricht (1992), que transformó a la Comunidad Europea en la Unión Europea y creó la base jurídica del euro. Al mismo tiempo, Alemania se comprometió desde el principio con la reunificación de Europa.

En nuestra opinión, la Unión Europea no fue un proyecto de Europa Occidental, sino un proyecto paneuropeo. Las jóvenes democracias de Europa Oriental formaban parte de ella tanto como las democracias establecidas de Europa Occidental. Así lo había hecho también la Comunidad Europea con España tras el fin de la dictadura de Franco, con Portugal tras el fin de la dictadura de Salazar y con Grecia tras el fin de la dictadura militar. El mantra de Helmut Kohl, que escuché literalmente cientos de veces de su boca, era: «la unidad alemana y la unificación europea son dos caras de la misma moneda».

¿Y si Alemania cumple con sus responsabilidades a nivel europeo e internacional? Aquí también diría: el vaso está medio o tres cuartos lleno. Creo que Alemania desempeñó un papel muy constructivo en la superación de la crisis financiera hace unos diez años, en la superación de la crisis de la migración (que en realidad no es una crisis puntual, sino que se mantiene como un tema permanente) y actualmente en la superación de la crisis del COVID-19.

Es problemática la dependencia de Alemania de los suministros de energía de Rusia. Muchos europeos del Este temen, y con razón, creo, que Rusia pueda usar esta dependencia como una palanca política contra ellos, especialmente contra Ucrania. También se critica que Alemania, con su actitud pacifista —que es sin duda simpática— tiende a mantener reducida su contribución a la seguridad común de los europeos y los americanos. Esto provoca conflictos porque nuestros socios, sobre todo los Estados Unidos, nos repiten una y otra vez: «Ustedes son parásitos (free-riders): su éxito económico se basa en las exportaciones, pero nosotros debemos utilizar nuestro ejército para garantizar que las rutas comerciales se mantengan libres».

¿Qué desea para el futuro de Alemania? ¿Qué cree que queda por hacer desde su punto de vista antes del 50º aniversario de la reunificación?

-En un artículo para The Guardian, el historiador británico Timothy Garton Ash, un excelente conocedor de Alemania, escribió recientemente: «Los últimos treinta años han sido los mejores de la larga y complicada historia de Alemania. Si se le ocurre un período mejor para la mayoría de los alemanes y sus relaciones con la mayoría de sus vecinos, estoy presto a aprender… Pero los desafíos nacionales y regionales que Alemania ha tenido que superar en los últimos treinta años parecerán inofensivos en comparación con los desafíos globales que deberá afrontar en los próximos treinta años».

Hoy tengo 67 años y ante todo me pregunto en qué mundo vivirán mis nietos. Creo que su destino estará determinado no tanto por la política interna alemana —en este sentido sigo siendo optimista— sino por los acontecimientos mundiales. ¿Se convertirá Europa en el juguete de las rivalidades y luchas de poder entre los chinos, los americanos, los rusos y las nuevas superpotencias emergentes, o podrá afirmarse como un agente soberano? ¿Serán capaces los europeos de defender su modo de vida democrático liberal contra los extremistas de todo tipo —neonazis, islamistas, anarquistas—? ¿No se verán desestabilizados por las campañas de desinformación basadas en Internet de los servicios de inteligencia extranjeros? Y no por último: ¿qué hacemos con respecto a las causas y consecuencias del calentamiento global? Son las grandes preguntas a las que se enfrentará la generación joven, preguntas a las que la generación de adultos de hoy ya debe buscar respuestas.

Reportaje realizado y publicado originalmente por la oficina Costa Rica de la Fundación Konrad Adenauer.

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Tres décadas han pasado desde que Alemania ha vuelto a ser solo una. La reunificación firmada en el año 1990 significa muchas cosas en ese país. Un sueño de libertad cumplido, un horizonte para una vida mejor, un reencuentro tras décadas de separación. Tras 30 años, la pregunta es: ¿se han colmado las expectativas o todavía queda mucho por hacer? Para responderlo, hoy ponemos el balance de la Reunificación Alemana Bajo la Lupa.

Hablamos con:

Kristin Wesemann. Directora de Estrategia y Planeamiento de la Fundación Konrad Adenauer.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne.

Hace seis años, la Fundación Konrad Adenauer en el Perú empezó la construcción de un sueño: contribuir a la formación de jóvenes políticos que asuman el protagonismo, que tengan como meta el bien común, más allá de sus diferencias. Tras la llegada de un nuevo coronavirus a inicios del 2020, posiblemente por la lejanía de epidemias anteriores, no fue fácil dimensionar el impacto del COVID-19 en la vida de las personas, en sus rutinas y proyectos. Uno de ellos era la Escuela de Formación Política «Millennials para el cambio».

La EFP

Desde el 2015, cada año, entre 30 y 40 becarios han recibido, durante tres fines de semana largos, un conjunto de aprendizajes teóricos y prácticos sobre las bases de la democracia, los sistemas de partidos políticos, los desafíos sociopolíticos del Perú y del mundo, especialmente en el contexto internacional y de las nuevas tecnologías. Para llegar a este espacio formativo han pasado por una rigurosa fase de selección, a nivel nacional, entre jóvenes políticos que quieren ser parte de este exigente proceso conocido como la EFP.

Puntos de inflexión

La EFP ha recorrido un largo camino de aprendizajes. De un pequeño proyecto piloto pasó a ser una iniciativa que en el primer trimestre de cada año recibe cientos de postulaciones de todo el Perú.

A lo largo de su implementación se ha escogido alguna nueva ruta que se convirtió en un punto de inflexión, de transformación. Una de esas decisiones, hace tres años, fue poner en el centro de la formación política a miembros de partidos, apostar por líderes jóvenes enamorados de la política.

Una de las principales características de la EFP es facilitar la interacción de jóvenes políticos, entre ellos y con especialistas o políticos que les transmitan sus aprendizajes. Teniendo esto en cuenta, ante la llegada del COVID-19 se decidió tomar un tiempo extra, redimensionar el proyecto, repensar una nueva versión de la formación política y apostar por una transformación: una EFP 3.0, a partir de la implementación de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS).

Mismas preguntas, nuevas respuestas

Un proceso formativo no viene con un manual de instrucciones; se aprende y se mejora en la práctica. A partir de estas lecciones aprendidas, y con el ánimo de promover una reflexión sobre la formación política, parece haber llegado el momento oportuno para compartir algunos cuestionamientos que pueden contribuir a su innovación.

La formación política no es una capacitación, es un proceso de aprendizaje vivo, integrado por personas que tienen constantemente nuevas demandas de conocimiento. Para la KAS, la persona está en el centro de atención con su dignidad inconfundible, sus derechos y obligaciones. Ello es un pilar en la EFP, tanto a nivel de los contenidos como metodológico.

Surge entonces el primer cuestionamiento por resolver: ¿qué se llevan a la vida política quienes pasan por el proceso formativo? No se trata únicamente de definir los contenidos, si bien estos son una pieza fundamental. Resulta necesario que la respuesta incluya una reflexión más profunda e integral sobre cómo imaginamos a los participantes en su vida política; entendiendo, además, que esa imagen puede cambiar en el tiempo.

En la construcción del proceso formativo aparecen, a partir de esa pregunta, otros cuestionamientos para los que cada equipo de formación tendrá distintas respuestas.

Seguramente, un aspecto que tendrá más luces al inicio es ¿quiénes implementan el proyecto? Y que ellos aporten perspectivas variadas desde sus distintas experiencias. En la formación política es fundamental tener una perspectiva política pero también debemos pensar en las nuevas tecnologías, especialmente en este contexto de transformaciones, y, por supuesto, en la lógica del proceso formativo para alcanzar los resultados deseados.

Además de un equipo permanente, puede resultar favorable acercar al proyecto a personas que conozcan el objetivo del espacio formativo y que aporten otras ópticas y conocimientos. Será difícil incluir todas las recomendaciones pero, si somos buenos oyentes, encontraremos ideas innovadoras y creativas.

Una parte importante de este equipo son los docentes. Una pregunta que puede ayudar en su definición es ¿quiénes serán los referentes? de estos jóvenes políticos en el largo plazo. No solo deben responder a las necesidades académicas, sino principalmente al discurso y forma de hacer política. En el mediano plazo es recomendable evaluar su participación no solo sobre los contenidos, sino también sobre el performance en la clase.

Adicionalmente, un aspecto no menor en esta búsqueda es la dinámica del docente durante su presentación. En los entornos digitales la selección de los especialistas se hace más compleja; mantener la atención de los participantes es un desafío más grande. Es recomendable tener indicaciones claras sobre el manejo de las sesiones, por ejemplo, la importancia del diálogo con los participantes para resolver dudas, la definición de la moderación y la forma en que los participantes envían sus consultas. Asimismo, contar con profesores a los que previamente se les capacite o que manejen las herramientas virtuales puede hacer que las clases sean más atractivas o que el uso del tiempo, que es limitado, sea más eficiente.

En relación con los participantes, la pregunta ¿quiénes llegan? es más sencilla que la respuesta. Para garantizar que postulen las personas a las que queremos llegar es necesario crear una oferta formativa lo suficientemente atractiva y que responda a sus necesidades. Como se explicaba, en la EFP se ha acotado ese público objetivo; asimismo, se han creado las condiciones para que puedan postular jóvenes líderes de comunidades rurales, en donde es escasa la presencia de partidos políticos.

En estos tiempos de redes sociales (virtuales) no podemos perder de vista que lo más importante de las redes es que las integran seres humanos. En la EFP se ha logrado que los becarios se encuentren en otros espacios políticos y se sientan cercanos por su conexión con la EFP. Esto no es casual, se ha hecho un gran esfuerzo porque sigan vinculados al proyecto. En el largo plazo solo será posible reconocer el impacto de la EFP conforme estos jóvenes políticos lleguen exitosamente a posiciones de liderazgo y sigan construyendo este sueño común.

En esta nueva coyuntura es fundamental comprender que no se trata de trasladar la dinámica presencial a un ambiente virtual. Reflexionar sobre el proceso formativo nos brinda la oportunidad de cuestionar qué herramientas se van a utilizar para lograr el objetivo. Más allá de productos o aplicaciones, como la creación de una plataforma web o la realización de videoconferencias, es un buen momento para profundizar en cómo las distintas actividades contribuyen (o no) a la formación.

La EFP combina una metodología teórico-práctica. En esta versión 3.0, con las limitaciones de tiempo y de recursos, al repensar el proceso formativo hemos creado una serie de tareas que contribuyen a asimilar lo aprendido en las clases virtuales. Con la convicción de generar lecciones no solo a nivel académico, sino especialmente para su actividad política.

Como en todo proceso, lo que no se mide no se puede mejorar. Un aspecto fundamental es la implementación de recursos de monitoreo y evaluación del impacto. Las posibilidades son amplias, desde encuestas o dinámicas para medir resultados específicos hasta acciones que permitan explorar el impacto al término del proyecto, por ejemplo, entrevistas o focus groups.

Al tratarse de un proceso vivencial y no solo de acumulación de buenas calificaciones (a diferencia de los sistemas tradicionales de enseñanza), es recomendable desarrollar acciones de evaluación de impacto en el largo plazo. En la búsqueda de una formación que responda a las necesidades cambiantes, un mecanismo útil es la evaluación por exbecarios, quienes pueden brindar información valiosa sobre lo que les ha servido (y lo que no), ampliando la retroalimentación para mejorar el proyecto.

Finalmente, como una reflexión desde la experiencia de la EFP, es primordial no olvidar cuál es el sueño que motiva tanto al equipo como al público del proceso formativo. En el caso de la EFP se busca contribuir a la formación de jóvenes políticos que asuman el protagonismo, que tengan como meta el bien común, más allá de sus diferencias. Un norte que está presente en cada paso de la implementación.

A lo largo de estos seis años impulsamos a los becarios de la EFP a asumir su liderazgo político; les señalamos constantemente que nunca van a dejar aprender, así que deben aventurarse. Este año descubrimos que ese mensaje también ha servido para transformarnos en una EFP 3.0. Tal vez con este ejemplo podamos demostrar que, así como la formación, los políticos deben responder a las necesidades nuevas y cambiantes.

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Escribo este texto a principios de octubre de 2020. Todavía hay muchas interrogantes no resueltas sobre la pandemia. No sabemos si en algunos países ya estamos en la segunda ola o si estamos viviendo los coletazos de la primera. Tampoco tenemos certeza de cuándo y cómo será la temida segunda ola, que en el hemisferio norte coincidirá con la llegada de la gripe. No es seguro que las vacunas que se están probando sean eficaces y seguras, aunque ya los Gobiernos están firmando contratos para asegurarse millones de dosis para sus poblaciones. Se ha avanzado algo en el tratamiento, pero no existe la cura para la enfermedad.

¿Pero realmente COVID-19 es única como pandemia? No tanto. Aunque creemos que esta crisis nos ha tomado por sorpresa, la verdad es que ya habíamos recibido varias advertencias de que algo de estas dimensiones e impacto podía ocurrir. No es solamente el SARS, o la gripe H1N1 e incluso otros episodios de gripe aviar. Ya el VIH/sida en la década de los ochenta del siglo XX nos mostró lo vulnerable que somos ante virus nuevos. Enfermedades infecciosas como el ébola hicieron y siguen haciendo estragos en África.

Otro aspecto que no es nuevo es la estigmatización de los enfermos, como ya ocurrió al inicio de la pandemia del VIH/sida contra los hombres homosexuales o los haitianos. La estigmatización por COVID-19 se ha dado contra personas de origen chino o asiático. Lo ha hecho el régimen chavista en Venezuela al denominar como armas biológicas a las personas infectadas que vuelven al país desde Colombia.

Atrapados en las redes

Lo que sí ha cambiado es la forma en la que recibimos, procesamos, digerimos y compartimos la información sobre COVID-19. Y esto tiene implicaciones para la gestión de crisis de salud pública, la gobernanza de los países e incluso para la política. Desde hace algún tiempo se ha venido observando la pérdida de credibilidad y confianza en instituciones claves como los partidos políticos, los gobernantes, los parlamentos, las organizaciones internacionales e incluso los médicos. Las figuras de poder y de autoridad, derivadas de una elección popular o del conocimiento especializado, han visto minado su estatus de intocables. En el caso de los políticos, esto ha sido el resultado de una percepción de corrupción generalizada. En el caso de los médicos, los escándalos de marketing farmacéutico en el que algunos galenos participaron, y el cuestionamiento de movimientos conspiracionistas, como los llamados anti-vaxx (los antivacunas), han generado desconfianza hacia la profesión.

Las redes sociales han contribuido sin duda a este proceso que socava la confianza en instituciones y las personas que las representan. Esto se puede explicar por varios factores. El primero es la creciente fragmentación de discursos y contenidos en las redes. En la época de oro de los medios de comunicación de masas, como la radio y la televisión, era mucho más fácil promover puntos de vista consensuales en la sociedad, al menos desde los Gobiernos o instituciones como la medicina. Hoy en día, la explosión fragmentaria de las comunicaciones hace que cualquier voz, incluso la más descabellada e irresponsable, encuentre plataformas para difundir sus contenidos. La fragmentación es fuente de confusión, debates, pasiones desatadas, y se traduce en ocasiones en comportamientos irresponsables, como los que se han observado en Estados Unidos y algunos países europeos.

Otro factor que contribuye a esta atomización de puntos de vista es la diversidad que se manifiesta en las redes, redes que no están limitadas por el territorio, incluso en países que pretenden mantener un control total sobre las plataformas digitales como China, Irán o Arabia Saudita. Vimos cómo, al principio de la pandemia, se publicaron muchos videos desde China en que se mostraba el maltrato de la población y las medidas severas para mantener el distanciamiento físico y el aislamiento de las personas infectadas. Esta diversidad no solo implica variabilidad en los contenidos y perspectivas sobre un asunto tan delicado como la pandemia. Las redes azuzan una polarización creciente en torno a temas como el género, la orientación sexual, las sensibilidades religiosas, la etnia y otros asuntos influenciados por la corrección política.

Las redes también son usadas por toda clase de intereses para promover sus propias agendas. Se han convertido en instrumentos de propaganda de países como Rusia y Venezuela, pero también de grandes corporaciones que hoy cuentan con sofisticados algoritmos, bots y hackers para manipular las opiniones y sentimientos de las personas.

La pandemia como campo de batalla

Una de las observaciones que podemos hacer de este fenómeno que todavía sigue en pleno desarrollo es que la pandemia se ha convertido en un campo de batalla comunicacional. El origen mismo del nuevo coronavirus que causa la COVID-19 ha sido objeto de especulaciones y debates. Algunos insisten el llamarlo el virus de Wuhán o el virus chino, para señalar la responsabilidad del Gobierno de la República Popular de China, ya sea en la supuesta creación del virus o en el ocultamiento de su aparición en los primeros momentos de la epidemia.

Las medidas de distanciamiento físico o el porte de mascarilla han sido cuestionadas o banalizadas por políticos (como lo hicieron el presidente de Brasil Bolsonaro o el de México López Obrador). También por ciudadanos que creen que las políticas de prevención de COVID-19 son formas de control social para favorecer agendas conspiracionistas o corporativas.

Los tratamientos también han sido fuentes de polémicas. El medicamento contra la malaria, la hidroxicloroquina, suscitó esperanzas e incluso fue promovido por el presidente Donald Trump como profiláctico contra la infección del nuevo coronavirus. Otros, como el presidente venezolano Nicolás Maduro, han promovido irresponsablemente «remedios naturales» sin tener ninguna prueba científica de su eficacia contra la COVID-19.

Y, por último, está la posible vacuna para prevenir la enfermedad como el campo de batalla más polémico. Los grupos anti-vaxx se están movilizando para denunciar la inmunización contra la COVID-19. La llamada reticencia a la vacunación, un problema que ya existía antes de la pandemia, parece propulsar la resistencia de ciertas personas a vacunarse cuando la vacuna esté disponible. Según los expertos, si no se logra vacunar al 70% de la población, no se logrará el efecto de control de la enfermedad.

Un arma de doble filo

Los medios de comunicación y las redes sociales son armas de doble filo. Tienen el potencial de ilustrarnos, informarnos de forma equilibrada y responsable, y darnos los elementos para adoptar actitudes y comportamientos razonables. Pero tienen igualmente la capacidad de atizar nuestras pasiones, manipular nuestras creencias y miedos, e inducirnos a tomar acciones irresponsables que pueden dañarnos y dañar a otras personas.

La bipolaridad emancipadora y controladora de las plataformas digitales está a la vista en esta pandemia de COVID-19. Una app puede informarnos al minuto sobre el número de casos en una ciudad, las zonas más afectadas, sitios a evitar, medidas preventivas a tomar, centros para hacerse el examen, y otros contenidos que contribuyen con una mayor autonomía individual. Sin embargo, las redes también pueden ser fuentes de desinformación, rumores, medias verdades y reacciones apasionadas e irreflexivas al servicio de intereses de organizaciones, gobiernos y activistas que quisieran controlar nuestro comportamiento.

La pandemia COVID-19 sigue dándonos lecciones sobre cómo los seres humanos, en lo fundamental, no hemos cambiado mucho en cuanto a nuestros prejuicios o falso sentido de seguridad. Y también nos están indicando cómo, gracias a la tecnología, se está produciendo una transformación social cuyas consecuencias todavía no entendemos bien. Continuará…

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Joaquín Salvador Lavado, conocido universalmente como Quino, es uno de los pocos creadores latinoamericanos —más allá de algunos íconos de la música popular y algunos gigantes literarios— universalmente aclamado. Fallecido a sus 88 años, desató mensajes nostálgicos que recordaban sus trazos, en tiras y notas de una gran sensibilidad humana y agudeza intelectual.

Nacido en Mendoza en 1932, hijo de padres malagueños emigrados a la entonces próspera Argentina, fue uno de los puntales del boom autoral del cómic argentino, que ya era una industria de gran proyección continental, especialmente con su tira Mafalda, que nos plantea la ansiedad del mundo contemporáneo desde los ojos de esta precoz niña, de imposibles seis años, con respuestas adolescentes y candor infantil. «La Contestataria», la llamó la primera traducción italiana, promovida y prologada por no otro que el gran semiólogo y convencido del valor de cómic, Umberto Eco. En su prefacio, el sabio piamontés nos habla de una joven que «vive en permanente confrontación dialéctica con el mundo adulto, mundo al cual no estima, no respeta, es hostil, humilla y rechaza, reivindicando su derecho a seguir siendo una niña que no quiere hacerse cargo de un universo adulterado por los padres».[1]

En ese mundo, Mafalda vive con sus compañeros, en chiquillerías de un barrio bonaerense de clase media: Felipe, el mayor, fanático del Llanero Solitario y azotado por los deberes; Susanita Chirusi, aspirante a esposa y madre en rigurosa estratificación; Manolito Goreiro, hacendoso hijo de un bodeguero gallego; Miguelito Pitti, de tendencias autoritarias y no exento de vanidad; Libertad, espíritu libre algo desatendido por sus padres. Completan la comparsa el papá —siempre innominado—, la mamá —Raquel, que podría haber sido «alguien», en el duro comentario de su hija— y Guille, iconoclasta infante. Ah, y Burocracia, su tortuguita.

Pero las desventuras y angustias de este conjunto casi estereotípico no son las de una tira infantil más. Es más cercano al suburbano y psicológico Peanuts (aunque a Schulz la longevidad de la tira le melló el filo de sus primeras décadas), que a Nancy (Periquita, no la confundan con Mafalda, por favor), y sin las travesuras de un Dennis the Menace. ¿En qué otra tira cómica, una serie de viñetas sobre un yo-yo se convertiría en un pequeño ensayo de la competencia infantil a una metáfora más amplia de la sociedad de consumo? ¿Qué otros niños juegan a la guerra atómica porque es hora de regresar a sus apartamentos? ¿Cómo de otro modo nos habríamos dado cuenta que somos unos países cabeza abajo? ¿En qué otra página infantil hablaban de U Thant, Johnson y Goldwater, Kruschev y Mao, Guevara y Rockefeller? No deja de ser irónico que este cómic haya nacido de un ardid publicitario: le encargaron al joven dibujante una familia de clase media con nombres que comenzaran con la letra M, por los electrodomésticos Mansfield, cuyos avisos tendrían sus diálogos. Pospuesta la campaña, Quino publicó sus dibujos en Primera Página, El Mundo y, eventualmente, en Siete Días; al ser semanario, este último requería que los dibujos llegasen adelantados, con lo que muchos comentarios tópicos de coyuntura fueron perdiéndose.

Casi una década duró Mafalda, aunque pervive en una miríada de ediciones e idiomas, con sus tres mil strips. Esos nueve años vieron en la Argentina el paso de la democracia modesta e inestable con Illia, pasando por la Revolución argentina de Onganía a Lanusse y el comienzo de la caótica restauración peronista. En la crisis y la censura, Quino se trasladó a Italia, asistiendo desde allí a colegas perseguidos en el Proceso de Reorganización Nacional. Sería entusiasta partidario del regreso democrático con Alfonsín y pasaría sus últimas décadas cruzando el Atlántico, itinerante, mientras recibía el siglo dibujando para múltiples periódicos y revistas del mundo, compiladas en numerosos álbumes. Viñetas de humor blanco que eran más agudamente políticas y existenciales que las de los caricaturistas de diario. En ellas mismas uno ve un progreso del humor absurdista a la crítica desde un humanista individualismo apabullado por el sistema: cárceles, burocracias, instituciones, tradiciones y normas, en títulos como Bien gracias, ¿y usted?, A mí no me grite, Hombres de bolsillo, Déjenme inventar, Gente en su sitio y Potentes, prepotentes e impotentes. El funcionario alienado, el preso que sueña con ser libre, el granjero que habla con sus animales y el espacio, el marido o la mujer infelices que fantasean más allá de sus respectivas neurosis. Están, por supuesto, las tiras contra el esnobismo gourmet, artístico y musical. Pero también la última etapa, de gran misantropía y pesimismo: ¡Qué mala es la gente!, ¡Cuánta bondad! y ¡Qué presente impresentable! Aquí las desigualdades, la corrupción, la contaminación, la hipocresía parecían tomar lugar central, sin ningún optimismo por el cambio de siglo, y con muchos más diálogos.

Quizás por eso terminó a Mafalda cuando lo hizo —coincidiendo casi exactamente con el arco musical de sus ídolos, los Beatles—, dejándola en una niñez que, prematuramente madura, le habría augurado disgustos de avanzar cronológicamente. Los viejos amigos del barrio, enemistados por las heridas de una adolescencia y juventud bajo una terrible represión militar o por la polarización política recurrente. Los padres, con sucesivos auges y caídas de la clase media, a la ruina, al boom y otra vez, como las economías latinoamericanas, en las cuestas incompletas del desarrollo. Se ha celebrado mucho el humanismo de Quino —algunos criticando su admisión socialista insistente en sus últimas entrevistas— pero a veces pareciera que es un grito ante la sensación de incompletitud latinoamericana, lo cual no tiene poco de desesperanza aprendida. «El futuro ¿nos quedaba atrás?», rezaba desesperada la leyenda de uno de sus últimos volúmenes.

No sé si uno llega al interés en la política gracias a Mafalda, o si leer Mafalda implica que uno tiene interés en la política. Pero releyéndola estos días me ha vuelto a hacer reír, no porque necesito que me diga qué piensa de Trump, de Putin o de la pandemia, sino porque en el fondo estamos tan desorientados como esa pequeña. Somos unos pichiruchis, y queremos dejar de serlo.

Nota: [1] Mafalda “vive in una continua dialettica col mondo adulto, che non stima, non rispetta, avversa, umilia e respinge, rivendicando il suo diritto a rimanere una bambina che non vuole gestire un universo adulterato dai genitori». Umberto Eco, «Mafalda, o del rifuto», 1969. Versión castellana en El mundo de Mafalda, Barcelona, 1992, p. 63.

El martes pasado, en el primer debate de tres por televisión, el presidente fue un duro combatiente ante su adversario demócrata Joe Biden, tal como le adelantó cuatro días antes a un grupo de empresarios de la región. «Es como un combate en el ring. La misma cosa, un poquito menos físico, apenas», dijo en una mesa redonda en la ciudad de Doral, estado de Florida, equiparándolo a una pelea de artes marciales mixtas, un deporte muy violento de lucha cuerpo a cuerpo en el que vale casi todo.

Y así realmente transcurrió el debate por televisión, en Cleveland, Ohio, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, que estuvo dominado por un ambiente de inquina entre los dos contrincantes.

Un duelo político significante se convirtió en un espectáculo ominoso en cada uno de los siete ejes temáticos tratados durante algo más de 90 minutos sin descanso.

Las continuas interrupciones de Trump, para distraer o molestar a su contrincante, expresiones de vilipendio («no hay nada inteligente en ti, Joe») y de mofa permanente fueron tácticas para desacreditar al exvicepresidente de Barack Obama como eventual inquilino de la Casa Blanca. La capacidad de Trump para imponer sus propias reglas provocó una dinámica caótica que fastidió a Biden y descolocó al moderador, el veterano periodista Chris Wallace, de la cadena Fox News, quien tuvo un protagonismo inusual para intentar que se respetara el fair play y frustrando su intención de pasar lo más invisible posible.

Hubo una constante pendencia en una discusión en la que no hubo coincidencia alguna acerca de la integración de la Suprema Corte, la COVID-19, la economía, el racismo y la ley y el orden, la trayectoria de los candidatos, el cambio climático y la confianza o no en el sistema electoral.

Como sucede en un escenario de combate arduo que impide mantener la guardia baja, el centrista Biden se vio obligado a propinar duros golpes a Trump, a quien le lanzó los calificativos más ofensivos de la noche. Dijo que el presidente republicano es mentiroso, tonto y racista. Lo tildó de payaso y, en un determinado momento, ya aburrido de las provocaciones de su adversario, le soltó una frase que ya prendió en la campaña: «¿Te vas a callar, hombre?», que hizo recordar el «¿por qué no te callas?» con que el entonces rey de España Juan Carlos instó al venezolano Hugo Chávez a que dejara hablar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en plena Cumbre Iberoamericana, el 10 de noviembre de 2007.

En las semanas anteriores, ambos oponentes ya se habían arrojado dardos envenenados. Trump se burló de la salud mental y física de «Joe el dormilón», y planteó hacer una prueba antidopaje, previo al debate, a quien considera un anciano desorientado, manipulado por la «izquierda radical», incapaz de resistir una exigente discusión sin ingerir drogas; Biden, por su parte, comparó a Trump con Goebbels por la costumbre de repetir mentiras hasta el cansancio y convertirlas en un «conocimiento generalizado».

La lucha verbal sucia, como nunca se había visto en los debates televisivos, sin ninguna coincidencia en temas relevantes para la ciudadanía y el futuro próximo del país, fue un espejo de la fuerte polarización y del ambiente político inflamado, útil solamente para dejar más en evidencia las personalidades antagónicas de los competidores en el arte de gobernar.

Y en ese contexto tempestuoso, el provocador Trump se vio obligado a salir del cuadrilátero, enfermo de COVID-19, una noticia que estalló como una poderosa bomba, confirmada en un tuit del propio presidente este viernes 2, casi a la una de la madrugada de Washington.

Incluso si Trump permanece asintomático, la prueba positiva podría minar su suerte política por su actitud de desdén sobre la pandemia, desafiante incluso de la comunidad científica.

Por eso, al significado de un presidente de Estados Unidos infectado de COVID-19 se suma el impacto electoral de un candidato identificado con el menosprecio a la enfermedad y con una actitud de soberbia.

Trump se ha negado a usar una máscara en público casi siempre y ha cuestionado repetidamente su efectividad, un punto de vista que mantuvo durante el debate con Biden.

«Yo no uso máscaras como él», dijo Trump sobre su adversario. «Cada vez que lo ves, tiene una máscara. Podría estar hablando a 200 pies de distancia (unos 60 metros) y aparece con la máscara más grande que he visto», recordaron el viernes 2 innumerables portales web de Estados Unidos y de la región.

«Las máscaras hacen una gran diferencia», soltó Biden, y recordó que el director de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, dijo que si todos usaran máscaras y respetaran la distancia física entre ahora y el próximo enero «probablemente» se salvarían hasta 100.000 vidas.

«Y también han dicho lo contrario», replicó el presidente.

«No, ninguna persona seria dijo lo contrario. Ninguna persona seria», contestó Biden, que ha sido muy juicioso en el cuidado de su salud, consciente del peligro que corre a los 77 años de edad.

Las palabras de Biden sobre la COVID-19 adquieren hoy más fiabilidad, lo que refuerza el mejor reconocimiento que tuvo durante el debate con Trump, según sondeos.

Trump, que en estas horas aumentó el peso de carga en sus espaldas por el mal manejo de la pandemia, fue muy criticado, particularmente por no condenar a los supremacistas blancos, lo que le valió la inusual desaprobación de senadores republicanos.

Hubo una decepción generalizada con la manera en que se desarrolló el debate que, como muestran los sesenta años de historia desde el que protagonizaron Kennedy y Nixon, puede influir en disputas cerradas pero es insuficiente para ganar una elección.

La comisión que regula los debates presidenciales (CPD) anunció que tomará medidas para asegurar una discusión más «ordenada de los temas» en los próximos dos encuentros previstos para el 15 y el 22 de octubre, en Miami (Florida) y Nashville(Tennessee), respectivamente.

Parece ingenuo creer que nuevas reglas de juego sean una solución, cuando el problema de fondo parecería ser «el imperio que sobre la vida pública ejerce hoy la vulgaridad intelectual», como diría Ortega y Gasset.

Empero, en estas horas, poco importan las características de los debates en la pantalla chica, pues lo único cierto es la incertidumbre de una campaña electoral perturbada por la enfermedad del presidente que, por edad (74 años) y sobrepeso, integra el grupo de pacientes de alto riesgo.

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La prueba de que el grave problema de la desinformación ha permeado hasta los cimientos de las democracias más consolidadas es que en el primer debate de la campaña electoral de 2020 en Estados Unidos, el más tóxico y envenenado de cuantos ha habido desde que se adoptó la práctica formalmente en 1976, fue imposible discernir qué era verdad y qué era mentira entre las duras invectivas cruzadas por los dos candidatos. Esa técnica recientemente consolidada por los regímenes autoritarios, especialmente Rusia, de ensombrecer y hasta ocultar los hechos y sustituirlos por lo que se conoce como verdades emocionales se ha propagado por Occidente, donde ya muestra una gran raigambre.

Veamos un ejemplo. Las repetidas quejas de Donald Trump de que se está produciendo ya, en este momento, fraude electoral por el voto por correo. Así lo dijo el presidente en el debate: «Está habiendo fraude. Encontraron [papeletas de voto] en arroyos. Encontraron algunos que tenían el nombre de Trump en una papelera. Y están enviando papeletas por todos lados, incluso duplicadas en zonas demócratas». El hilo argumental de Trump es que el voto por correo se presta al fraude, que hay una conspiración demócrata para destruir votos a favor suyo y duplicar los de Joe Biden. En suma, que las elecciones serán, si él pierde, fraudulentas. El problema es que no hay ni una sola prueba de que lo que dice el presidente sea verdad.

Es así de sencillo: en estas elecciones no hay pruebas de fraude ni hay una sola causa penal abierta por la fiscalía por ese supuesto pucherazo. Esta queja de Trump, sin embargo, viene de lejos, ya que en 2016 —tras ganar la presidencia pese a perder el cómputo del voto popular— él mismo justificó que Hillary Clinton habría obtenido tres millones de votos más que él por fraude electoral, ya que habían votado numerosas personas fallecidas en las zonas demócratas. Estos son hechos fáciles de comprobar pero, si se comprueban, ello es a posteriori, uno tras otro, tras una riada de mentiras y medias verdades. Es decir, la comprobación de hechos, o fact-checking, tiene unos efectos extremadamente limitados cuando los malos hábitos de la desinformación se instalan en el proceso democrático y habitan dentro de las instituciones.

Por seguir con el argumento del voto fraudulento. La fiscalía estadounidense anunció el 24 de septiembre que el FBI había hallado nueve votos por correo procedentes de las fuerzas armadas, es decir, de soldados, en una papelera en Pensilvania. Según anunció el fiscal al cargo, David Freed, «los nueve sobres tenían votos a Donald Trump». Inmediatamente el presidente alzó la voz, incendiado, en Twitter, su red social favorita: «Esto es la prueba de un gran fraude». El problema es que la fiscalía se desdijo luego, y llegó a borrar el comunicado en que anunciaba ese hallazgo porque era mentira que todos los votos fueran de Trump. Al menos tres no lo eran, según reveló el FBI después. Y no hay pruebas de fraude. Es decir, los agentes consideran que pudieran ser papeletas duplicadas, o un simple error. Da igual, eso es lo que llevó al presidente a decir en el debate que «muchos» votos suyos han acabado ya en la basura.

Además del falso fraude, hubo mentiras abundantes en el debate: sobre el precio de la insulina, sobre qué efectivas son las máscaras para prevenir el coronavirus, sobre la cifra real de muertos, sobre la economía, sobre el empleo, sobre la criminalidad y una ingente cantidad de asuntos. Sería más rápido contar cuántas verdades dijeron el presidente y su oponente, que fueron pocas, mezcladas de ataques más dignos de una riña en un bar que de un debate presidencial, como cuando el demócrata llamó al presidente payaso, y este lo calificó de estúpido.

Tan lamentable fue el espectáculo, tan plagado de manipulaciones y de injurias, que la nación amaneció al día siguiente todavía atónita. Muchos republicanos, los que menos le temen al presidente y sus azotes en Twitter, se manifestaron estupefactos por aquel espectáculo. Lo mismo ocurrió en buena parte del Partido Demócrata, que guardó un tenso silencio ante la actuación de su candidato. Y, muy en línea con esta gran época de la desinformación, ni siquiera las encuestas fueron capaces de declarar un ganador claro, como suele suceder tras cada debate. El ejemplo perfecto es que la cadena conservadora Fox News dio a Trump ganador por un 60% de votos entre su audiencia y la CNN, más a la izquierda, dio la victoria a Biden por el mismo porcentaje.

Ante este panorama, como siempre digo, la labor del periodismo es crucial. Es necesario que los periodistas, como administradores de un derecho que no nos pertenece, el de una sociedad a estar informada, combatan esas tácticas de desinformación y ayuden a los lectores, oyentes y espectadores a discernir lo que es verdad de lo que no, en tiempo real. Desgraciadamente el moderador del este primer debate, Chris Wallace de Fox News, no lo hizo, atareado como estaba en distribuir los tiempos y defenderse de los ataques de Trump. Y más preocupante que la creciente tendencia de los políticos a mentir, es la renuncia de los periodistas a sus obligaciones esenciales.

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Sin partidos políticos no hay democracia representativa. Desde el programa regional KAS Partidos se trabaja en el fortalecimiento de los partidos, en la formación de nuevas generaciones y en la reflexión sobre los desafíos actuales de la democracia liberal, en particular, la polarización y la desinformación.

El programa regional KAS Partidos se ocupa de abordar estos objetivos a través de actividades con muchos partidos políticos de la región, de sus diplomados y de diversas iniciativas como el portal y la revista Diálogo Político.

Para profundizar sobre las bases de KAS Partidos hablamos con:

Sebastian Grundberger, representante del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay.

Frank Priess, director adjunto del área internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Lucero Sobrino Huarcaya, secretaria nacional de Comando Universitario del Partido Popular Cristiano del Perú.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne.

Como punto de partida acudiré a las obras de Svetlana Alexievich. Su pluma recoge con especial sensibilidad el mundo interior de quienes sobrevivieron a sistemas totalitarios comunistas. En El fin del Homo sovieticus publica entrevistas a hombres y mujeres que vivieron en la Unión Soviética y ahora son parte de una realidad postotalitaria que los aliena. Hay un testimonio anónimo que refiere a la lengua del sufrimiento. Dice lo siguiente: «Nunca dejamos de hablar del sufrimiento… es nuestra forma de conocimiento. Los occidentales nos parecen gente ingenua porque no sufren como nosotros. Tienen medicinas para todos los males. Nosotros, en cambio, sufrimos el Gulag, llenamos de cadáveres los campos durante la guerra y descontaminamos la tierra de Chernobil con nuestras propias manos desnudas… y henos ahora aquí sentados sobre las ruinas del socialismo. Parece el paisaje después de una batalla. Tenemos la piel curtida; estamos tan machacados… hablamos nuestra propia lengua, la lengua del sufrimiento.

Vuelvo a ese párrafo con cierta frecuencia. Sin ánimo de equiparar tragedias, me pregunto sobre el impacto de este episodio en nuestra cultura política, en nuestra historia y en el alma de nuestra nación. El informe expone realidades muy duras que no debemos —ni podemos— ignorar. Referiré tres. Seguramente hay más. Primero, los perpetradores son venezolanos. Ciertamente hay tutoría foránea. Pero nos toca desterrar la falsa premisa que le ofrecía consuelo a nuestro orgullo republicano y establecía que las torturas las ejecutaban «los cubanos». Los que persiguen, secuestran, torturan y asesinan son hijos de esta tierra. La degradación del odio llegó a nuestras venas. Convivimos con los perpetradores. Pueden ser nuestros vecinos. Por ser venezolanos, han puesto al servicio de la barbarie nuestra picardía criolla. Duele advertir rasgos de creatividad en la manera en que denominan las piezas que integran la estructura de mal. Los cuartos de tortura y las celdas de castigo tienen nombres ocurrentes: El cuarto de los locos, La casa de los sueños, El tigrito o El bañito. En ellos, nuestra alegre sagacidad se entregó a la perversidad.

Segundo, los militares y sus familias se llevan la peor parte. El informe distingue entre las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el SEBIN y en el DGCIM. Ambas son salvajes. Pero en el DGCIM se observan patrones especialmente viles. La barbarie se extiende de manera sistemática y despiadada a la familia militar. El punto 323 dice textualmente: «las parientes femeninas —de los presos políticos del DGCIM— llevadas a casas clandestinas eran agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas». Y es que también convivimos con las víctimas. Pueden ser nuestras vecinas. Después de leer el informe le tengo especial compasión a los militares y a sus familias. Para ellos todo es dolor. Los perpetradores criollos no advierten que son las primeras víctimas de esta estructura de mal. Y los perpetrados sufren una doble estela de dolor. Por un lado, enfrentan el ensañamiento de sus hermanos de armas y, por otro, soportan la mirada sospechosa de una sociedad que resiente la opresión.

Tercero, los sectores más humildes sufren con más intensidad la barbarie. En 2016 fui a un recorrido en el municipio Libertador del estado Carabobo. En la entrada de una casa había un charco de sangre. Adentro lloraban dos mujeres. La noche anterior había habido un operativo y los funcionarios ajusticiaron al joven que vivía en ese hogar. La madre del muchacho se esmeraba en afirmar que su hijo no era un malandro. El informe de la misión de Naciones Unidas describe con precisión las operaciones de liberación del pueblo y las operaciones de liberación humanista del pueblo. En estos procedimientos, funcionarios de la PNB, del SEBIN, del CICPC, del DGCIM y de la Guardia Nacional irrumpen en comunidades pobres y destruyen todo lo que encuentran a su paso. El plomo no respeta nada. Atraviesa paredes y cuerpos. En los casos incluidos se describen las detenciones y los ajusticiamientos. Cadáveres anónimos e insepultos. Desaparecidos. ¡Qué ironía! ¡La revolución y sus contradicciones! Siempre dijeron ser el gobierno del pueblo. Quienes prometieron una vida mejor nos imponen una sobredosis de muerte.

Reitero mis preguntas sobre la profundidad de las heridas y su impacto en el alma de nuestra nación. Dagoberto Valdés, pensador y luchador social cubano, refiere al daño antropológico que ocasionan sistemas autoritarios. Se trata del «debilitamiento, la lesión o el quebranto de lo esencial de la persona humana que subvierte la vida en la verdad, menoscaba su libertad y vulnera los derechos de las personas, lo que hiere profundamente su dignidad intrínseca, al mismo tiempo que provoca una adaptación pasiva del ciudadano al medio y una anomia social persistente».

En Venezuela se observan síntomas de la enfermedad que refiere Valdés. Hay signos concretos. El informe de la misión de Naciones Unidas nos confronta con una realidad que durante muchos años algunos negaron y otros catalogaron de exagerada. En el futuro no podremos decir que no sabíamos. Son demasiados casos documentados y no documentados, es perversidad galopante y sistematización racional del mal. Es la primera vez que los venezolanos enfrentamos tales horrores. Somos un país de víctimas y victimarios que nos debatimos entre el dolor y la vergüenza. Difícilmente volveremos a ser los mismos. Enfrentamos el desafío de la gestión de este episodio que nos ha revelado el mal del que somos capaces y que estamos llamados a reparar.

Para terminar vuelvo a las palabras que recogió Svetlana Alexievich y referí al comienzo de este artículo. Me pregunto si los venezolanos desarrollaremos una lengua del sufrimiento. Y si la desarrollamos… ¿cómo será? El horizonte que nos espera es amplio. Estamos obligados a colmarlo con la esperanza que ofrecen la justicia y el perdón. No debemos olvidar que debajo de esta piel curtida que ha causado y padecido represión, tortura, exilio y muerte está la nobleza criolla. Están las ideas de Roscio, los versos de Andrés Eloy, las novelas de Gallegos, los cuadros de Reverón, las obras de Cabrujas, la pericia política de los fundadores de la democracia y el testimonio de miles venezolanos que no se rinden. No somos huérfanos y acudir a lo mejor de nuestra herencia republicana nos ayudará a ganar en magnanimidad. Nuestra lengua de sufrimiento debe acompasar los horrores superados y lo afirmativo venezolano. Debe incluir nuestras luces y nuestras sombras. Rendiremos honor a las víctimas y revisaremos las causas que hicieron posible la devastación. Nuestro lenguaje de sufrimiento debe ser un camino de sanación que nos permita avanzar y alcanzar aquello que san Juan Pablo II llamaba la madurez moral de los pueblos que han sobrevivido al comunismo.

En el apogeo de la crisis del coronavirus, en marzo de 2020, numerosos partidos latinoamericanos de diversas tendencias políticas recibieron correo del Partido Comunista de China (PCCh). A través de los respectivos embajadores chinos, el Partido Comunista hacía un llamamiento a los partidos a firmar una Declaración Conjunta de los Partidos Políticos sobre la epidemia del coronavirus. El borrador presentado dice, entre otras cosas, que «apreciamos a los países, entre ellos China, por su actitud abierta, transparente (¡sic!) y responsable al publicar información epidemiológica y compartir experiencias en la prevención y el tratamiento médico, en especial, por sus asistencias como suministros», así como la constatación de que junto al COVID-19 «se está extendiendo un virus político que se disemina por la discriminación y el prejuicio», lo que no hace más que socavar los esfuerzos de los países para afrontar juntos la enfermedad. El texto concluye afirmando que la crisis mostró «la fragilidad de la gobernanza mundial», razón por la cual el orden global debe ser repensado. La declaración también está impregnada de expresiones melodiosas como «sincera simpatía y solidaridad», «compartir experiencias» o «fortalecimiento de la cooperación internacional».

Una nueva era de relaciones entre partidos

Para afirmar sus aspiraciones de poder, China está incorporando a América Latina en su planificación geopolítica y geoeconómica. El jefe de Estado y líder del partido de China, Xi Jinping, ha visitado doce países de la región desde 2013, con lo que superó a los presidentes estadounidenses Barack Obama y Donald Trump juntos. Además de asegurar las rutas de transporte y el acceso a las entregas de materias primas, Beijing también está extendiendo cada vez más su influencia a las élites de la región. Esto se aplica en particular a los partidos políticos de América Latina, con los que el Partido Comunista Chino (PCCh) ha construido una amplia red de relaciones durante los últimos 15 años. La ofensiva diplomática en la crisis del coronavirus fue, por tanto, solo el último componente de una estrategia reconocible desde hace años.

En noviembre de 2017, el PCCh organizó por primera vez en Beijing una reunión de alto nivel de partidos políticos a la que, según cifras oficiales, asistieron más de 600 delegados de 300 partidos de todo el mundo. En esta ocasión, Xi Jinping pidió un «nuevo modelo» de relaciones entre partidos, en el que los partidos se centren en lo que tienen en común y se «respeten» unos a otros, en lugar de enfatizar sus diferencias. En lo que respecta a América Latina, el PCCh ya había lanzado en 2015 un Foro de Partidos Políticos China-CELAC, al que, en pleno apogeo de la llamada ola rosada en América Latina, viajaron a Beijing representantes de 27 partidos mayoritariamente de izquierda pero también de centro y centroderecha de América Latina y del Caribe. El exvicepresidente izquierdista de Ecuador, Jorge Glas, hoy condenado a una larga pena de prisión por corrupción, celebró entonces la iniciativa como una nueva era de relaciones interpartidarias. En un segundo foro China-CELAC en Shenzhen, en 2018, los «más de 60» partidos y organizaciones presentes apoyaron una declaración que aceptaba «el camino de desarrollo independientemente elegido por cada uno de los partidos» y apoyaba la iniciativa de la nueva ruta de la seda.

En todas estas instancias, el partido estatal chino se presenta hasta cierto punto al mismo nivel que los partidos democráticos establecidos en América Latina y enfatiza la cooperación y el intercambio de experiencias «entre los partidos». Con la firma de documentos conjuntos sobre «solidaridad» y «respeto», el PCCh utiliza a los partidos latinoamericanos como pantalla de legitimidad y al mismo tiempo crea dependencias políticas y geoestratégicas.

El PCCh hace un doble juego con esto. Mientras atrae a los partidos moderados de América Latina asegurando el «mutuo respeto», al mismo tiempo se presenta enfáticamente como fuerza revolucionaria comunista. Así, el 12 de junio del 2020, el PCCh organizó un encuentro virtual con los partidos comunistas de Cuba, Argentina, Perú, Venezuela y Uruguay en el que se trató el tema de la «superioridad del socialismo en el combate contra el COVID-19». A pesar de la insignificancia política de estos partidos de izquierda radical en sus respectivos países (con la excepción de Cuba), estos eventos se prestan de forma significativa para fogonear sus aparatos de propaganda nacional.

El entrelazamiento del liderazgo del partido y del Estado en China lleva a Beijing a una línea divisoria solamente retórica de las relaciones entre el Estado y el partido. Finalmente es por esta razón que cada contacto partidario del PCCh está directamente relacionado con intereses económicos en China. Esta conexión directa no siempre se revela a los representantes de los partidos latinoamericanos, quienes suelen estar acostumbrados a una estricta separación entre las actividades partidarias y las estatales.

Oportunismo político

China está particularmente interesada en mantener vínculos estrechos simultáneamente con gobiernos y con líderes de partidos gubernamentales. Ejemplo de ello son los vínculos entre el PCCh y los partidos gobernantes en los países particularmente ricos en recursos como Brasil (Partido dos Trabalhadores, 2003-2016), Ecuador (Alianza País, 2007-2017) o Perú (Partido Nacionalista Peruano, 2011-2016), que conformaron los grupos de participantes más importantes en los congresos mencionados del PCCh. Ciertamente no es una mera coincidencia que los gobiernos relacionados con dichos partidos estuvieran particularmente abiertos a la inversión y al crédito chinos. El PCCh está dispuesto a acompañar los cambios ideológicos en América Latina.

En los países de América Latina gobernados dictatorialmente, en los que de facto gobiernan partidos de Estado como en China —a saber, Cuba, Venezuela y Nicaragua—, las relaciones entre los partidos y el Estado están particularmente entrelazadas. El apoyo financiero y material al régimen, especialmente durante la crisis del coronavirus, significa también apoyo al respectivo partido gobernante. En Venezuela, en 2017 China también suministró equipamiento para aplastar brutalmente las protestas de la oposición democrática.

China utiliza su involucramiento económico en América Latina para llevar a sus socios simultáneamente a dependencias políticas y geoestratégicas. Esto se les hace comprender claramente a los representantes de los partidos, por ejemplo, cuando se trata de evaluar eventos políticos en China o de ignorar cuestiones de derechos humanos durante las visitas de Estado. Otro ejemplo son los préstamos, que a veces solo se otorgan si se adjudica a empresas chinas la implementación de obras de infraestructura y, al mismo tiempo, los gobiernos adoptan una posición favorable a China en la cuestión de Taiwán. Los medios de coercive diplomacy (diplomacia de coerción) como la amenaza y la aplicación de sanciones por parte de China también se pueden observar en los organismos multilaterales.

Diplomacia de visitas

Respecto a los partidos políticos en América Latina, la diplomacia personal a través de invitaciones a China es quizás el elemento de relación más importante del régimen chino. En el diálogo de alto nivel entre los partidos políticos de diciembre de 2017 en Beijing, Xi Jinping anunció que el PCCh invitaría a 15.000 miembros de partidos a viajar a China para «intercambios» en los siguientes cinco años. De hecho, se ha observado un crecimiento masivo en los viajes de representantes de partidos latinoamericanos.

En algunos casos, los políticos de los partidos son invitados a diversos foros y programas de estudio, o bien el PCCh organiza viajes de delegaciones de partidos particulares, incluidos los de centroderecha. En muchos casos, los encuentros políticos pasaron a un segundo plano respecto a las actividades turísticas. También la organización juvenil del PCCh invita regularmente a China a delegaciones de políticos emergentes de diversos partidos. Según el autor Juan Pablo Cardenal, tales visitas y la abrumadora cortesía ofrecida a los invitados tienen un «efecto hipnótico» en los visitantes, que podrían nublar su impresión de la «compleja realidad de China y su sistema político» (p. 24).

Panorama

Las relaciones entre partidos ocupan ahora un lugar importante en la estrategia china hacia América Latina. En este contexto, es bastante notable que una discusión crítica de los avances chinos dentro de los partidos o de la política en general juegue, si acaso, un papel subordinado. Los intereses estratégicos detrás de las invitaciones a China y las pomposas explicaciones, a veces difíciles de leer en español, apenas se discuten. Dado que al público nacional realmente le importa poco si dicha declaración se firma o no, los partidos difícilmente arriesgan capital político o incluso votos en sus países. Definitivamente, es el sentimiento transmitido de la propia importancia y aprecio lo que hace que los políticos latinoamericanos corran hacia los brazos abiertos del Partido Comunista Chino. Para muchos, especialmente cuando viajan a China, esta experiencia es una alternativa bienvenida a la vida cotidiana a menudo difícil de los políticos en casa.

Por lo general, en América Latina la concepción democrática pluralista de los partidos es relativamente similar a la de Europa y otros países democráticos occidentales. Completamente diferente es la concepción de un partido estatal en el sistema chino de partido único. Por lo tanto, ciertamente debería alarmar cuando China entre en cooperación interpartidaria y propague su modelo de partidos políticos en América Latina.

Si Europa está interesada en fortalecer a los partidos latinoamericanos como socios estratégicos en cuanto a valores compartidos y portadores de democracias vivas, libres y pluralistas, necesita urgentemente una estrategia propia coherente y un compromiso fundamental con la cooperación entre partidos. Cuanto más creíblemente Europa pueda convencer a los partidos latinoamericanos de que ambas partes están comprometidas por valores democráticos liberales más allá de palabrerías, menos atractivos serán los señuelos de China.

Traducción de Manfred Steffen

El altísimo guarismo de votación y el clima de paz y tolerancia durante la jornada confirmó una vez más que la uruguaya es una de las democracias más sólidas del continente americano. Las elecciones departamentales se habían postergado —debían celebrarse en mayo— para el domingo 29 de setiembre de 2020.

En términos porcentuales votó un 1 % más que en las elecciones de 2015 cuando no había crisis sanitaria, lo que es un índice revelador de la importancia de la contienda política en los 19 departamentos que conforman la división política del Uruguay.

El resultado marca una consolidación del gobernante Partido Nacional (centroderecha) en el país y un triunfo del Frente Amplio (izquierda) en Montevideo y Canelones, los dos departamentos más populosos del país. De los 19 en disputa el Partido Nacional ganó en 15 departamentos, el Frente Amplio (FA) en tres y el viejo Partido Colorado en uno solo, Rivera, en el norte del país.

Dentro del FA destaca la victoria en Montevideo de la candidata independiente Carolina Cosse en alianza con el Partido Comunista y el Partido Socialista, cuyas bases fueron claves para obtener la victoria. El FA gobierna Montevideo desde hace 30 años, es la séptima elección consecutiva que gana.

La ingeniera Cosse, que arrancó tercera en las encuestas de intención de votos dentro su partido, mantuvo un discurso confrontativo desde el primer minuto contra el Gobierno nacional, lo que pareció darle réditos a la hora de posicionarse ante el electorado de la capital donde vive un 40% de la población de Uruguay.

Venció en la interna de su partido al exintendente socialista Daniel Martínez y al doctor Álvaro Villar, candidato del Movimiento de Participación Popular (el sector del expresidente José Mujica). Además de ganar en su partido debió enfrentar a la popular economista Laura Raffo, una candidata emergente del Partido Nacional que aglutinó tras de sí a cinco partidos políticos, los mismos que integran la Coalición Multicolor que llevó a la presidencia de la República a Luis Lacalle Pou en noviembre de 2019.

La candidata de la Coalición Multicolor, con cerca del 40 %, fue la más votada de Montevideo, pero no pudo superar el 51,6 % del Frente Amplio que, por la Ley de Lemas, sumó los votos de sus tres candidatos (Cosse, Villar y Martínez).

Tras la elección la economista Raffo irrumpe con fuerza dentro del Partido Nacional y ya anunció que llegó a la política «para quedarse». Analistas auguran un futuro interesante y promisorio para Raffo, reconocida por su rol de comunicadora de temas económicos en un informativo de horario central de televisión.

En Canelones, el segundo departamento con mayor población, resultó reelecto el profesor Yamandú Orsi, delfín del expresidente Mujica. Tanto Cosse como Orsi arrancan en punta para disputar en el FA la candidatura de la izquierda para las próximas elecciones presidenciales de 2024.

El Partido Nacional, del presidente de la República Luis Lacalle Pou, consolidó los doce departamentos en que ya gobernaba y le arrebató tres al FA: Paysandú, Río Negro y Rocha. El viejo Partido Colorado mantuvo su hegemonía en el fronterizo departamento de Rivera, limítrofe con Brasil. Es el único departamento en que gobernará la colectividad de José Batlle y Ordóñez.

El nuevo mapa político de Uruguay revela un Partido Nacional consolidado y creciendo en el interior del país y un Frente Amplio manteniendo posiciones en la zona metropolitana (Montevideo y Canelones). A su vez, el Gobierno nacional liderado por Lacalle Pou no tuvo un voto castigo por la crisis sanitaria ni por la crisis económica que vive el país por la pandemia del COVID-19.

Se configura un escenario donde la izquierda gobernará la zona metropolitana urbana y el Partido Nacional casi todo el resto del país. A su vez marca el nacimiento de nuevas figuras políticas de relevo en lo nacional como Cosse, Orsi y la propia Laura Raffo.

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