El número de abril de 2019 de la revista Diálogo Político fue dedicado a los extremos políticos: una suma de ensayos que analizaban la forma en que la polarización de la vida pública había llevado a que en buena parte de las democracias la tendencia al radicalismo se instalara como estrategia para triunfar por la vía electoral.

Entre esos textos sumé uno que señalaba la posibilidad de, con los valores del humanismo y la democracia, construir un centro político que se convirtiera en una alternativa capaz de alejarse de posturas extremas para convocar a la ciudadanía, ya fuera desde la oposición o desde los gobiernos, y hacer frente a un fenómeno populista que hace mella en buena parte de los regímenes democráticos del mundo.

Una idea similar acompañó, en septiembre pasado, y con motivo de la celebración de los ochenta años del Partido Acción Nacional, el foro internacional «Entradas y salidas del populismo», organizado por la Fundación Rafael Preciado Hernández en colaboración con las representaciones de México y del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia, de la Fundación Konrad Adenauer, en el que se convocó a liderazgos de partidos afines en Latinoamérica y España.

Las intervenciones relativas a ese centro político fueron incluidas en el número de octubre de 2019 de la revista Bien Común, y coincidían cada una con la urgencia de presentar a las sociedades opciones que lograran dejar de lado las políticas y las narrativas radicales para dar paso a una renovación que permitiera constituirse como un espacio de diálogo, de acuerdo, de pluralidad, ajeno a los argumentos o las posturas demagógicas y extremas que, lindando en no pocas ocasiones con el autoritarismo de corte nacionalista o populista, se instalaron y fortalecieron en diversos países de Europa y América Latina a partir de la crisis económica de 2008.

Los populismos han aprovechado siempre un contexto adverso para emerger a la vida pública y azuzar a sus huestes contra la democracia; culpan invariablemente al sistema y a sus representantes tradicionales de tomar decisiones que, bajo el simplismo argumentativo expuesto de manera precisa por Daniel Innerarity en Teoría de la democracia compleja (Galaxia Gutenberg, 2019), son señaladas como causantes de los males que se padecen.

Como solución, el populismo ofrece liderazgos únicos que, bajo distintas formas de antipolítica, minan hasta anular los espacios de diálogo y acuerdo, los mecanismos complejos de la propia democracia que permiten la convivencia pacífica y civilizada, los cambios graduales y consensuados, así como la técnica que permite realizar transformaciones ordenadas y efectivas.

En Alemania, el populismo encontró cauce electoral y representación parlamentaria a partir de 2017, cuando Alternativa por Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) llegó al Parlamento esgrimiendo el argumento antiinmigrante, luego de que el gobierno de Angela Merkel permitiera la llegada al país de un millón de refugiados que huían de los conflictos armados en Siria.

Sin embargo, el reducido número de solicitantes de asilo, así como el desempeño en los rubros económico y político de la canciller en distintos momentos complejos para el país, han logrado que la preferencia por la opción populista se reduzca en los últimos años: de haber sido considerada por 1 de cada 3 votantes, hoy lo es solamente por 1 de cada 5.

Los datos provienen del Barómetro populista realizado por la Fundación Bertelsmann y el Centro de Ciencias Sociales de Berlín, presentado el 3 de septiembre pasado, que destaca el papel del centro político como clave del declive populista. En palabras del coautor del estudio, Robert Vehrkamp, «El centro político está demostrando ser capaz de aprender y mostrar fortaleza a la hora de lidiar con la tentación populista y está demostrando ser la piedra angular de este cambio en la opinión pública. […] está demostrando ser un estabilizador e impulsor de esta tendencia».

El caso alemán demuestra así la forma en que, lejos de los extremos políticos –y sin pretender contraponer al radicalismo otro liderazgo que lo contrapese desde una opuesta radicalidad–, la construcción de un centro incluyente, abierto, dialogante, plural y basado en consensos y acuerdos es una ruta mucho más efectiva que aquella que pretende solucionar el incendio populista arrojando el combustible de otro populismo de signo contrario.

El populismo, decía el uruguayo Pablo da Silveira (hoy ministro de Educación de su país) en el foro referido párrafos arriba, es un problema político, y debe resolverse desde la política: en este caso, la política democrática, la que se funda en valores compartidos, la que construye y logra solucionar diferencias a partir de hallar objetivos comunes y más grandes que los intereses inmediatos o parciales.

En resumen, cuidar y proteger a la democracia del embate populista, así como corregirla y mejorarla a partir de la reducción de las grandes desigualdades que cuestionan sus resultados, son causas que pueden y deben unir a las y los demócratas en los países, en las regiones, y también en la escala global.

No es un secreto que el coronavirus expuso todas las desigualdades en el mundo, desde las brechas salariales de género, pasando por las altas tasas de informalidad laboral, la fragilidad de los sistemas hospitalarios, entre muchas otras. Pero quienes están viendo afectado su presente, con consecuencias que las seguirán impactando por años, son las nuevas generaciones.

La niñez y la juventud son elementos esenciales en nuestras sociedades pero para desarrollarse necesitan dos pilares elementales: el acceso a la educación y a un empleo digno. Son justo estas dos áreas las que están siendo más afectadas por las cuarentenas. Analicemos la primera.

Tras conocerse los primeros casos de COVID-19, las escuelas fueron las primeras que cerraron sus puertas y aunque los gobiernos latinoamericanos han intentado que el ciclo escolar no se paralice, el 60% de las medidas tomadas están enfocadas en el uso de plataformas digitales; es aquí donde la desigualdad es evidente.

Según información del Ministerio de Educación de Panamá, apenas el 30 % de los hogares de los estudiantes de educación pública tienen acceso a una computadora y únicamente 11 % cuentan con banda ancha de internet. Pero la situación no es muy diferente en el resto de la región, según el informe del Monitor Global de Educación de UNESCO: tres de cada diez casas en la región no tienen acceso a internet, por lo que al menos un tercio de los estudiantes no podrán continuar sus estudios.

Otro aspecto poco analizado es si los profesores cuentan con las habilidades para enfrentar el reto de la educación digital. Veamos un ejemplo: en Brasil, únicamente el 20 % de los docentes están capacitados en educación a distancia, de acuerdo con una investigación de UNESCO.

Pero el panorama es aún peor si tomamos en cuenta que en muchos países, particularmente con condiciones más vulnerables, las escuelas son más que centros educativos, pues se han convertido en espacios de cuidado y alimentación para los alumnos. Así, la suspensión de clases deja indefensos a aproximadamente 85 millones de niños en la región que reciben desayunos y comidas en sus escuelas.

En conclusión, estamos presenciando un fenómeno único en la historia de la humanidad, cuyos alcances aún no somos capaces de dimensionar y, por ende, no estamos actuando en consecuencia. La pandemia nos obligó a entrar de lleno al mundo digital, pero a muchos países los toma sin las herramientas necesarias para hacerlo y el gran riesgo es que muchos se queden atrás, sobre todo los más vulnerables. Es ahí donde entra la labor de la sociedad civil, de todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo por nuestras comunidades?

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Abundan en la televisión y en los medios impresos o digitales, con gran o mediana influencia nacional e internacional, los demócratas liberales cuyos matices oscilan entre la centroizquierda, la centrodemocracia y el liberalismo. También encontramos voces escépticas respecto a la democracia liberal.

Recordemos, por cierto, que el panorama de la intervención pública incluye videos, podcasts, blogs y revistas que dan lugar a nombres de nuevas generaciones o de cualquier edad. Esto por no hablar de figuras que construyen su influencia en calidad de tuiteros o desde YouTube. Como ya se sabe, la figura central del intelectual del siglo XX ha sido desplazada, aunque tal desplazamiento no implica necesariamente democratización o cuestionamiento a la autoridad; en ocasiones significa simple desprecio por el conocimiento. Pero, en definitiva, tanto las voces reconocidas nacional o internacionalmente como las que experimentan con las dinámicas informativas posibilitadas por la revolución digital, comparten temas y preocupaciones.

Uno de estos temas es la crisis ambiental, así sea dentro de un enfoque crítico de determinadas políticas gubernamentales al respecto o desde posturas incluso negacionistas. Los movimientos migratorios están a la orden del día, sea para aceptar sus dinámicas, sea para impugnarlas. Igualmente, la violencia de género, el acoso sexual y la equidad entre hombres y mujeres han ganado espacio, por no hablar de las reivindicaciones de las minorías por orientación sexual y de género (movimientos LGBTIQ^[1]), fenómenos ambos que despiertan encarnizadas polémicas. La estrella de este año ha sido, qué duda cabe, el COVID-19, en especial los abordajes estatales de la pandemia y sus consecuencias en la economía y en la popularidad de los líderes gubernamentales, pero también se han reflejado en el debate público las respuestas de la población en cuanto a hábitos de vida y consumo.

A pesar de su protagonismo, el COVID-19 no ha restado importancia al gran tema político de la época: la crisis de la democracia liberal. Los asuntos antes mencionados no pueden discutirse fuera de este marco y del avance de los autoritarismos competitivos^[2] o autoritarismo a secas. Vladimir Putin asciende a una suerte de zar de todas las Rusias cuyo reinado tal vez termine con su muerte; la China de Xi Jinping se perfila como la alternativa no democrática liberal del libre comercio. La mermada popularidad de los líderes de las democracias liberales corre pareja con el éxito de sus homólogos tiránicos en cuanto a preservar la estabilidad gubernamental. Un buen ejemplo, Nicolás Maduro. Esto por no hablar de los muy respetables índices de aceptación de gobernantes cuestionados por sus opositores, en tanto intolerantes e irrespetuosos de las instituciones, al estilo de Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro. Semejante situación explica el generalizado interés en las elecciones estadounidenses, el que trasciende el marco de las preferencias políticas personales y de la siempre omnipresente política exterior de los Estados Unidos para ubicarse en una suerte de dilema existencial, pues se teme la conversión de este país en un autoritarismo competitivo de la mano de Donald Trump. También hay quienes prevén que la dupla Joe Biden-Kamala Harris sería incapaz de contener el ala izquierda representada por figuras como Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez.

Los extremos del espectro político suelen navegar en las aguas de los populismos de diverso signo ideológico que han alcanzado el poder en este siglo. Si bien el pensamiento de izquierda antiliberal (posmoderna, decolonial, posmarxista) tiene la primacía en gran parte de las facultades de ciencias sociales y humanidades de América Latina, la derecha antiliberal (nacionalista, tradicionalista y proteccionista) puede que no lleve la voz cantante en las universidades y otros foros públicos consagrados pero ha ganado en relevancia electoral y se mueve a sus anchas en las redes sociales. En estos contextos, desde luego, reina el escepticismo respecto a la democracia, y palabras como fascista, comunista, estatista y neoliberal se han naturalizado en las redes, desligadas de contextos históricos y connotaciones precisas. Los liderazgos autoritarios, populistas o no, promueven estas terminologías y las redes sociales se encargan de actualizarlas y llevarlas a extremos entre grotescos y paródicos que encarnan en palabras como feminazi, progre, facha.

En este contexto, la multiplicación de las opiniones en el mundo de la posverdad amplifica los miedos y estos hacen estragos no solo en las redes sociales sino en la vida política y social. Tal vez la relevancia de aquellos y aquellas que desde la academia, el periodismo de investigación o el análisis político intervenimos en la vida pública sea el énfasis en la precisión, la información verificada y la apertura al diálogo, pero tal vez estoy aspirando a demasiado.

Notas:

^[1] Siglas de lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (no definido en ninguna de las palabras anteriores).

^[2] Término acuñado por el politólogo Steven Levitzki para denominar gobiernos que llegan al poder mediante elecciones, pero no respetan el Estado de derecho, es decir, la división de poderes, las garantías electorales y los derechos humanos.

Tierra de ciencia y recursos

En los 14 millones de kilómetros cuadrados de la Antártida la actividad más importante es la investigación científica. Investigaciones sobre meteorología y climatología son las más numerosas. Sin embargo, también se desarrollan proyectos en otras áreas. Por ejemplo, la biología, la astronomía o la astrofísica. Para cada uno de ellos la Antártida ofrece un ambiente propicio. La ciencia es una de las pocas cosas que florece en ese territorio.

Si se explora la cuestión antártica a fondo es inevitable abordar la geopolítica. El tema de la soberanía, la ocupación efectiva, la actividad militar son solo alguno de los puntos relevantes. A ellos se le agrega uno de gran importancia actualmente: la explotación de recursos. Carbón, plomo, hierro, cobre, oro, uranio son algunos de los minerales que posee la Antártida. Pero este continente tiene otro recurso invaluable: el agua. De hecho, se calcula que el 70 % del agua dulce del planeta está allí. ¿Cómo puede ser, entonces, que la Antártida no se haya convertido en una lucha encarnizada por sus recursos y su territorio? ¿Qué ha impedido que se desate un conflicto armado?

¿Libre de conflictos?

El 1 de diciembre de 1959, en Washington DC, Estados Unidos, doce países firmaron el Tratado Antártico. Junto a otros acuerdos complementarios, el Sistema del Tratado Antártico rige las relaciones internacionales sobre la Antártida desde hace más de 60 años. Su fecha de expiración es indefinida y sus resultados son contundentes: fin de los incidentes o conflictos bélicos en todo el territorio.

Su artículo 1 reza: “Uso exclusivo de la Antártida para fines pacíficos, prohibición de toda medida de carácter militar, excepto para colaborar en investigaciones científicas. Se prohíben los ensayos de cualquier clase de armas”. Este primer artículo del tratado encierra el espíritu del acuerdo y de la voluntad política de las naciones intervinientes. Una voluntad que se mantuvo inquebrantable incluso pese a conflictos internacionales en otras partes del globo o a los cambios de gobierno en los distintos países.

El Dr. Mariano Memolli es el presidente de la Fundación ProAntártida. Fue durante 27 años director nacional del Instituto Antártico Argentino (1989-2016) y ha dedicado prácticamente toda su vida a la Antártida. Memolli encuentra razones para entender la exitosa gestión de conflictos en el ámbito antártico: «Una cosa es el pensar una política a largo plazo y otra cosa es la enemistad a muerte. La Antártida hace que estas cosas no pasen. Que no seamos enemigos. Que tengamos diferencias, que cada cual vaya por lo suyo. Pero que se trabaje en el consenso».

Pese a todo, nada de esto significa que la Antártida esté libre de disputas. Al contrario, las superposiciones de reclamos sectoriales son una muestra de ello. Lo novedoso, entonces, no es la ausencia de conflicto. Por el contrario, lo interesante es la capacidad de las partes de manejarlos de manera pacífica, buscando el consenso general. Y justamente esa es la palabra clave en la política antártica.

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La importancia de construir el consenso

Son 54 los países que firmaron el Tratado Antártico hasta ahora. Veintinueve de ellos son miembros consultivos, es decir, tienen voz y voto cuando hay que tomar decisiones. Representantes de estos países y de los entes observadores, es decir, el Comité Científico para la Investigación en la Antártida, la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos y el Consejo de Administradores de los programas antárticos nacionales se reúnen desde 1961 regularmente. De hecho, desde 1991 se han celebrado reuniones anualmente (con excepción de 1993 y 2000). En estas reuniones consultivas se discuten temas diversos y las medidas que logran unanimidad son implementadas y jurídicamente vinculantes.

Se trata de una coordinación política internacional envidiable. Para Memolli, es un modelo digno de ejemplo: «En el caso de nuestra fundación tenemos muy claro que la Antártida puede ser mucho más que un laboratorio de descubrimientos científicos. Nosotros queremos que la Antártida sea un laboratorio de políticas a futuro». Según él, el sistema político que administra este continente puede convertirse en modelo para «una nueva forma de encarar las relaciones internacionales».

Memolli reconoce que el trabajo por consenso no es fácil. «Algunos nos critican porque este es un proceso lento. Y es cierto. Pero esa lentitud hace que las decisiones sean sólidas. Esto es clave para entender por qué los distintos gobiernos nunca han podido retroceder». Con base en el consenso que describe Memolli se puede explicar que, pese a todo, nunca se ha desatado un extractivismo voraz en la Antártida.

La conservación del ambiente como objetivo

La tentación para aquellos intereses extractivos es grande. Sin embargo, pese a las presiones, el sistema político antártico se mantiene firme y sostiene su línea de protección ambiental del continente blanco. La necesidad de unanimidad para la toma de decisiones, es decir, el concepto multilateral en el que se basa toda la estructura, es vital para que esto sea posible. No importa el tamaño, la influencia ni el dinero. Para ningún lobby o empresa multinacional es sencillo negociar con treinta países al mismo tiempo. Esto impide que se impongan intereses concentrados y, a la vez, refuerza indirectamente el interés de los países de sostener este sistema político.

La concientización de la opinión pública es otro elemento fundamental. A través del conocimiento y difusión de lo que significa la Antártida es posible crear una conciencia colectiva para protegerla. A ello se le suma el trabajo científico activo y regular y el aspecto político, que prevé la inclusión de la cuestión antártica en la agenda de los partidos políticos de los países implicados.

«Estas políticas actuales me dejan tranquilo pero sería muy ingenuo si creyera si esta es la solución para el futuro y esto se va a mantener siempre. No. Me parece que todos los días hay que reinventar políticas para seguir manejando las cuestiones ambientales», explica el Dr. Memolli. Y lo ilustra con un concepto que escuchó en la conferencia organizada por la oficina argentina de la Fundación Konrad Adenauer sobre los sesenta años del Tratado Antártico: «Le voy a robar las palabras a un galés que disertó con nosotros. Él hablaba de la geopoética. La geopoética se refiere a cómo las personas percibimos el territorio en el cual habitamos. Si nosotros podemos hacer entender que la Antártida es un territorio que nos beneficia a todos, estaríamos aceptando que el objetivo debe ser la preservación ambiental. No solo de la Antártida sino de todos los ecosistemas asociados, aquellos que pueden ir de Polo Norte a Polo Sur, y de Polo Sur a Polo Norte».

El aporte de la Antártida va mucho más allá del trabajo científico. Se trata de un sistema político ejemplar que pone al consenso y al multilateralismo por encima de las lógicas nacionales. Y que, a la vez, lucha por la conservación del ambiente en todas sus dimensiones.

La convivencia, la coordinación y el diálogo multilateral entre decenas de países no es un milagro. Estos países tienen intereses encontrados pero han sabido manejarlos de forma pacífica durante más de seis décadas. Y nada indica que esto vaya a cambiar. Lo que se ha logrado en la Antártida es terrenal. Es fruto de la voluntad política, del esfuerzo de cientos de personas que luchan por procesos pacíficos, de consenso. Que pueden ser lentos, sí, pero que a la larga favorecen a todos.

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Existe un lugar en el mundo que no tiene fronteras. Un lugar en el que la cooperación internacional, la investigación científica y la política del consenso son lo más importante. Se trata de un continente entero aunque su población no supera las 5000 personas: la Antártida. Allí las relaciones internacionales funcionan de manera particular. El consenso, el multilateralismo, el diálogo son valores prioritarios.¿Se trata de un milagro irrepetible o de un ejemplo a seguir?

Lo analizamos con el Dr. Mariano Memolli, presidente de la Fundación ProAntártida y ex Director Nacional del Antártico (1989-2016).

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne.

En el largo plazo, la paz social solo puede existir si la mayoría de la gente percibe que la situación económica es fundamentalmente equitativa y ecológicamente sostenible. La economía social de mercado prepara el terreno para esto, debido a que está diseñada, desde el principio, para la reconciliación: entre el capital y la mano de obra, la ciudad y el campo, los ricos y los pobres, los jóvenes y los ancianos, el crecimiento y el medioambiente. No sirve a los intereses y privilegios particulares, sino que les da a todos la oportunidad de desarrollarse. Combina la libertad empresarial, la estabilidad del marco regulatorio, la cohesión social y la sostenibilidad ecológica. Al garantizar la prosperidad, la innovación y el progreso, crea la base económica para que las personas puedan desarrollar su potencial a través de una buena educación y recibir apoyo en situaciones de mayor vulnerabilidad como la enfermedad, la discapacidad y el desempleo.

Sus fundamentos incluyen una comprensión liberal del Estado, una política social orientada a las oportunidades, la colaboración social entre sindicatos y gremios empresariales y la democracia como forma de vida. Es importante encontrar un equilibrio en la comunidad entre la responsabilidad personal y los límites de la acción basada en la solidaridad, entre el desarrollo de la libertad y unas reglas de juego justas y confiables. Ni el paternalismo ni el descontrol constituyen, básicamente, el camino correcto.

La economía social de mercado no es solamente un modelo normativo alemán y, ciertamente, no se debe equiparar con una política de austeridad de corazón endurecido. En cualquier caso, hace mucho tiempo que llegó a Europa: con el artículo 3 del Tratado de Lisboa, los Estados miembros de la Unión Europea se comprometieron ya en 2009 a lograr una «economía social de mercado competitiva» con objetivos sociales y ecológicos. También fuera de Europa hay que buscar la manera de poner en práctica sus principios y desarrollarlos aún más, respetando las experiencias históricas de cada lugar, las tradiciones culturales y las costumbres económicas de los diversos países.

En ningún lugar del mundo el poder económico debe acumularse de tal forma que cierre el mercado, que haga a la política dependiente y que dicte las condiciones laborales a los empleados. En ningún lugar del mundo las personas de escasos recursos económicos deben sufrir o el ambiente verse destruido por intereses privados. Por el contrario, debemos garantizar una participación equitativa y sostenible en la prosperidad y el desarrollo, a fin de lograr un progreso realmente inclusivo a través de una innovación responsable.

Se requiere un equilibrio entre el desarrollo de la libertad y normas justas, especialmente en lo que respecta a la digitalización y los mercados financieros, que desde hace algún tiempo están cada vez más desconectados de la economía real. La economía social de mercado, como orden humano, es capaz de proteger contra la completa comercialización digital, así como contra el estado de vigilancia digital. Todas las personas deben preservar su soberanía digital con la ayuda del sistema legal, una infraestructura digital adecuada y la educación. Asimismo, determina el esquema para una economía financiera que sirva a la paz social. Cualquiera que esté comprometido con la economía social de mercado también debe plantearse la cuestión de cómo hacer frente a las desigualdades de la riqueza y de los ingresos, sin rigideces ideológicas. La desigualdad social excesiva general tensión social.

La economía social de mercado no solo es un orden económico, sino que siempre ha sido principalmente un orden moral de libertad y solidaridad responsables. Por lo tanto, siempre es también un proyecto cultural. Conlleva la ética democrática del diálogo, el compromiso, la moderación, la tolerancia y el respeto hacia las diferentes formas de pensamiento. En el siglo XXI, los derechos humanos y de las minorías, la lucha contra el racismo y la degradación de otras personas, así como la sostenibilidad ecológica, son algunas de las metas en las que debe basarse una buena convivencia. El Manifiesto para una ética económica global, presentado hace diez años a las Naciones Unidas, nombra los valores éticos y religiosos aceptados en todo el mundo, que también constituyen la base de una economía social de mercado europea y global: los principios de humanidad y la regla de oro, la no violencia y el respeto por la vida, la justicia y la solidaridad, la veracidad y la tolerancia, el respeto mutuo y la colaboración.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los 193 países de las Naciones Unidas, entre los que se incluyen la educación de calidad, la lucha contra la pobreza, la equidad de género, el trabajo digno y las instituciones estables y promotoras de paz, se corresponden con ello. Si tenemos éxito en alinear la libertad económica con la responsabilidad global, habremos preparado el camino para los procesos innovadores y de aprendizaje que requerimos urgentemente para lograr la paz social y el desarrollo sostenible del hoy y del mañana.

Publicación original: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23 diciembre 2019.

El temible COVID-19 llegó al Uruguay el 13 de marzo de 2020. No hacía dos semanas que el flamante presidente Luis Lacalle Pou había asumido la presidencia y cuando aún se procesaba la transición entre la vieja administración del Frente Amplio y la nueva del Partido Nacional llegó la temida noticia de que había personas infectadas en el país. A partir de ese momento el Gobierno debió adoptar medidas urgentes y elegir un camino entre los varios que se presentaban.

El faro cuya luz alumbró todas las decisiones desde el primer momento en que el presidente se puso al frente del combate contra la pandemia fue la libertad de las personas. Si bien otros países optaron por cuarentenas obligatorias, y existió muchísima presión para que Uruguay ordenara confinar a todas las personas en sus casas, Lacalle Pou se la jugó por la libertad responsable y apeló a una complicidad con la sociedad y, en vez de prohibirle salir a la calle, exhortó que en la medida de lo posible se quedaran en sus casas y se cuidaran.

Apeló al buen uso de la libertad por cada individuo, mientras se adoptaban medidas de carácter urgente como cerrar las escuelas y centros de enseñanza, posponer conciertos, actividades deportivas y manifestaciones multitudinarias, cerrar las fronteras y alistar los centros de salud por si el brote se propagaba. Paralelamente se anunciaban medidas de apoyo a las familias más desprotegidas con el fin de que el inevitable golpe en las economías personales no fuese devastador.

Las primeras tres semanas posteriores a la llegada del virus en Uruguay circulaba muy poca gente; sin embargo, se decidió mantener prendidos los motores de la actividad económica. Sectores como la agropecuaria y la construcción siguieron funcionando con las medidas adecuadas de protección; las actividades de oficina rápidamente se volvieron a distancia y con la complicidad de la población se avanzó hacia el invierno y se logró contener el brote.

Se formó un comité científico honorario integrado por los más destacados científicos del Uruguay que brindaron información permanente de calidad al Gobierno para que este adoptase decisiones basadas no en la intuición o el olfato, sino en la evidencia científica. Si bien la decisión final es política, tiene un enorme respaldo científico.

Muchos se preguntan cuál es la clave para que Uruguay haya logrado hasta el momento bajos guarismos de contagios y de pérdidas en vidas humanas. En el artículo extenso en el libro editado por la Fundación Konrad Adenauer, intentaré plantear algunas respuestas con la convicción de que la comunicación transparente, clara, abierta y directa con la población fue vital en la estrategia global.

Más sobre este tema puede leerse en el capítulo del autor «Manejo de la comunicación gubernamental ante el COVID-19 en Uruguay», en el libro Entre información y conspiración. Comunicación digital en tiempos de crisis (Fundación Konrad Adenauer, 2020), disponible aquí:

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La reforma aprobada en 2018 dio mayor sustento a los derechos fundamentales en la Constitución cubana; un tenue rayo de esperanza para la población. Pero, en la práctica, los cubanos siguen sometidos a fuertes limitaciones. Sobre todo la libertad de expresión y la libertad de asamblea se limitan considerablemente. De hecho, el Gobierno las impide activamente. El lento progreso digital en Cuba y la crisis causada por el coronavirus generan aun más restricciones para los cubanos.

En Cuba los derechos fundamentales no son evidentes

Desde los tiempos de Fidel Castro, el gobierno cubano ha tenido una visión muy limitada de lo que son los derechos fundamentales y cómo la población cubana puede gozar de ellos. Si bien la reforma constitucional de 2018 garantiza más derechos fundamentales, dos años después la esperanza de que se incrementen las libertades en el país no se ha hecho realidad.

Tanto la libertad de expresión como la libertad de asamblea forman parte de los derechos fundamentales inalienables. Sin embargo, no en todo el mundo gozan de la misma protección. En el World Press Ranking sobre la libertad de prensa publicado por Reporteros sin Fronteras, Cuba ocupa el lugar 171 de 181 países. En su índice de libertad, el think tank estadounidense Freedom House otorga solamente un punto de cien en derechos políticos y trece puntos de cien en derechos civiles. En esta clasificación, Cuba recibe el atributo «no libre». No obstante, estas cifras no llegan a plasmar de manera integral la vida cotidiana de muchos cubanos.

En Cuba hay leyes que limitan la libertad del individuo. Más allá de las leyes, también la cultura política y la estructura de la sociedad impiden que los ciudadanos puedan hacer uso de sus derechos fundamentales. De manera similar a la RDA en sus tiempos, el partido único, el Partido Comunista de Cuba (PCC) es idéntico al Estado y tiene la soberanía sobre lo que se puede aprender, debatir y expresar en Cuba. El Estado es el propietario de todas las empresas mediáticas y determina qué libros, películas y otros medios se pueden publicar y consumir. Así es como puede controlar los contenidos y por ende el discurso público. Ningún posicionamiento ni ninguna reunión pueden contravenir sus ideales. Cualquier violación de las reglas es perseguida y castigada, ya que al Estado no se le escapa nada.

Restricciones a pesar de garantías constitucionales

Cuba adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de Hombre (DADH) en 1948. Sin embargo, pasaron varios años hasta que estas declaraciones se plasmaran en tratados internacionales. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) nunca fueron reconocidos por Fidel Castro y hasta la fecha no han sido ratificados por Cuba.[1] Pero ambos tratados son básicos para garantizar la libertad de expresión y la libertad de asamblea. Aunque la comunidad internacional intente una y otra vez recordar a Cuba las obligaciones que se derivan de la DUDH y de la DADH, no se trata de instrumentos vinculantes en términos de derecho internacional, lo cual complica significativamente su exigibilidad jurídica frente a Cuba.

En cuanto al derecho interno, ya la Constitución cubana de 1976 garantizaba ciertos derechos fundamentales. Sin embargo, estos fueron limitados por leyes secundarias para la protección del Estado dentro de la Constitución. En la Constitución reformada que entró en vigor en 2019, este ya no es el caso. Además, aquí se consagran explícitamente la libertad de expresión en el artículo 54 y la libertad de asamblea en el artículo 56. Si bien a primera vista parece ser un progreso, siguen existiendo otras leyes y reglamentos nacionales que limitan los derechos fundamentales. De esta manera, la soberanía de la información y el monopolio de la comunicación siguen estando en manos del Estado. Además, en la Constitución se estipula el mandato de conservar el orden público y los ideales del Estado, lo cual en la práctica es una fuerte restricción de los derechos fundamentales concedidos.

Algunas leyes que limitan los derechos fundamentales son el Código Penal de 1987 y la Ley N 88 para la Protección de la Independencia Nacional —también conocida como Ley Mordaza, elaborada durante las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos en los años 1980—,la Ley N 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas y el Decreto Ley N 370 que desde 2018 regula la informatización de la sociedad cubana.[2] Sobre esta base, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que existe una falta de proporcionalidad entre el derecho penal y las libertades de expresión y asamblea como derechos fundamentales, especialmente para los periodistas, científicos, artistas, defensores de derechos humanos y opositores al gobierno, y en general, para cualquier persona con una postura crítica hacia el Estado.

Realidad cubana en la era digital

Cuba sigue estando aislada en su mayor parte, pero ya no tanto como en la época de Fidel Castro. Por un lado, existen intentos vacilantes pero muy necesarios de diversificar la economía. Por el otro lado, ciertos inicios de globalización y digitalización se perciben también en Cuba, a pesar de los bloqueos internacionales. Pero falta mucho para que todos los cubanos se beneficien de ello. Según datos del Ministerio de Comunicaciones, cerca del 30 % de los cubanos tiene acceso a teléfonos con datos móviles, alrededor del 5 % también a 4G, además de existir 1500 lugares públicos con wifi. Los expertos estiman que el acceso en realidad es aún menor, debido a conteos dobles.[3] La integración en la red está aumentando en Cuba, aunque a paso muy lento.

Sin embargo, estas evoluciones no tienen automáticamente repercusiones positivas en las libertades de expresión y asamblea. El gobierno cubano mantiene sus restricciones. Así, todos los periodistas en Cuba tienen que pertenecer al Estado, el periodismo independiente es ilegal. Aquellos que ejercen el periodismo a pesar de estas restricciones son constantemente detenidos, interrogados y sentenciados a multas o penas de prisión de hasta tres años. También cualquier otra persona que exprese una opinión crítica sobre el Gobierno, ya sea en forma escrita, oral o también artística, puede ser objeto de persecución penal en Cuba.[4] Además, las protestas sociales se ven dificultadas considerablemente. La creación de una organización requiere de la autorización del Estado, y para ello es necesario coincidir con los ideales del gobierno.[5] También las autorizaciones para llevar a cabo manifestaciones se otorgan de manera muy restrictiva, si es que se otorgan.

En los últimos años se ha incrementado la accesibilidad a Internet en Cuba. A los celulares ya se les pueden cargar datos móviles. En el contexto de esta conexión a Internet teóricamente disponible para la población, el Gobierno ha adaptado sus reglamentos. Con el decreto ley N 370, también llamado Ley Azote, reglamenta la informatización de la sociedad cubana. Esta refiere por un lado al acceso a Internet y a redes inalámbricas pero, por otro lado, también fija límites para hacer publicaciones en la red. Según el artículo 68 se prohíbe difundir información «contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas». Esto equivale a dotar al Gobierno de un cheque en blanco para recurrir a detenciones arbitrarias.

Desde la entrada en vigor en julio de 2019 han sido detenidas e interrogadas por lo menos 30 personas con fundamento en el decreto ley N 370. En total, se documentaron 1818 detenciones arbitrarias en 2019, de las cuales de presume que una gran parte fueron por haber ejercido la libertad de expresión. Sin embargo, es difícil comprobarlo, ya que por lo general la policía no respeta los estándares del debido proceso, no expide ni órdenes de detención ni otros documentos respecto a las detenciones y por lo tanto las verdaderas razones suelen quedar poco claras. En muchos casos se trata simplemente de poner trabas e intimidar. Además, es práctica común quitarles a los detenidos sus dispositivos móviles y no darles otras opciones para comunicarse. Así es que no pueden informar ni a familiares ni a abogados, por lo cual en muchos casos se reportan como desaparecidos. Además, se imponen multas de alrededor de 110 euros, lo cual equivale a tres veces el salario mínimo en Cuba, y la alternativa son penas de privación de la libertad de entre seis meses y tres años; son castigos draconianos.

Tan solo en lo que va de este año han sido detenidos más de doce periodistas y opositores al Gobierno, entre ellos también tres miembros de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD). Su vocero, Enix Berrio, se había pronunciado en público sobre la inconstitucionalidad de ciertos artículos del decreto ley 370 y fue detenido poco después. Pero también la cobertura crítica de la crisis provocada por el coronavirus se ve impedida por el gobierno mediante encarcelamientos bien calculados. Parece que la crisis se usa de pretexto para reforzar la represión.

Es cierto que muchos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos recobran su libertad. Pero esto no cambia el hecho de que cubanos ya encarcelados sean detenidos en cárceles abarrotadas bajo condiciones sanitarias precarias. Si bien las cifras oficiales de COVID-19 [6] en Cuba son muy bajas (en total unos 3000 casos y menos de 100 nuevos casos al día), la provisión insuficiente de alimentos e higiene constituye un riesgo para los presos.

Las posibles salidas están limitadas

La lucha por la mejora de las libertades de expresión y de asamblea parece estar estancada. Cualquier presunta apertura concedida por el Gobierno se implementa de una manera que limita aún más las libertades de la población. Las nuevas tecnologías les han dado más visibilidad a los críticos al régimen pero, a la vez, ahora están más expuestos para ser atacados.

Debido a la represión que el Gobierno ha ejercido desde hace décadas, no existe una oposición unida, y el grado de organización de la sociedad civil también está muy bajo. Los críticos del régimen en el país y en el exilio están muy divididos sobre el procedimiento a seguir. Unos exigen un aislamiento económico completo de la isla para establecer los derechos fundamentales mediante una reforma interna. Otros exigen que la comunidad internacional tome medidas más rigurosas.

Mientras que el bloqueo económico de Estados Unidos se ha vuelto a agudizar recientemente, la Unión Europea puede fungir de contrapeso. Desde los años 1990 ha reprobado el aislamiento económico completo de la isla. En 2016 se aprobó provisionalmente un Acuerdo Global UE-Cuba, del cual algunas secciones ya entraron en vigor. Además de las relaciones comerciales, el acuerdo contiene también elementos de cooperación en temas de derechos humanos y sociedad civil, al igual que en las áreas de desarrollo sustentable y ayuda humanitaria. Actualmente Lituania es el único miembro de la UE que no ha ratificado el acuerdo.

El acuerdo es controvertido dentro de la Unión Europea: mientras que los críticos rechazan cualquier cooperación con el régimen cubano por ver en ello una legitimación del sistema represivo, los partidarios alegan que los bloqueos económicos siempre acaban afectando a la población, empeorando todavía más la situación de los ciudadanos, por lo cual urge que la UE entre en negociaciones con Cuba.

La situación actual demuestra que el respeto a los derechos humanos sigue sin ser evidente en Cuba y pone de relieve lo compleja que puede ser la lucha por los derechos fundamentales. Considerando las relaciones de poder en el país y la postura contradictoria de la comunidad internacional, no se puede esperar un cambio positivo a corto y probablemente tampoco a mediano plazo.

Notas:

[1] Cuba no está sometida a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puede imponer la aplicación de la CADH. Si bien Cuba ha firmado el ICCPR, nunca lo ratificó, por lo cual actualmente no se está aplicando.

[2] Probablemente el concepto informatización refiere a una mezcla entre digitalización y mejor acceso a la información.

[3] A título comparativo, casi el 80 % de los ciudadanos de Alemania poseen un teléfono inteligente.

[4] Arts. 91, 97, 100, 103 y 115 del Código Penal de Cuba.

[5] Art. 208 párrafos 1 y 2, Código Penal de Cuba.

[6] Debido a que el gobierno cubano ejerce la soberanía de la información, es posible que las cifras reales difieran.

Las noticias falsas o fake news tienen el propósito de difundir información que no es real pero es verosímil y creíble. Su intención es manipular las acciones y el pensamiento de los individuos, y generar una atmósfera de temor y pánico que bloquee el raciocinio y el juicio crítico. Los casos son muchísimos y cada vez más comunes, acordes a la era digital.

Frente al COVID-19, la desinformación y las fake news implican otro tipo de riesgos que socavan la integridad del individuo, la cohesión social y afectan las medidas de salud pública. Al recibir información que no es veraz, suele suceder lo siguiente:

• se bloquea la capacidad de los individuos de tomar buenas decisiones;
• se genera desconfianza sobre las medidas implementadas por las autoridades;
• se cuestiona al gobierno, medios de comunicación e instancias oficiales;
• se crea contradicción en la población porque no se sabe a quién creer;
• se exacerba el pánico y, lo que es peor aún;
• se pone en riesgo la salud y la seguridad de los individuos.

La desinformación solo obedece a intereses políticos o comerciales, pero por ningún motivo contribuye a aliviar la crisis sanitaria actual. Son las redes sociales su mejor canal de difusión, debido a sus propias características: i) capacidad de difusión, ii) rapidez, iii) largo alcance para llegar a miles de personas de manera simultánea, iv) en tiempo real y v) cero costo.

También hay que tener en cuenta que a veces el problema no es solo la abundancia de información; influye también quién comparte y difunde el contenido. Puede ser una tía, una amiga, un padre, un actor o personas influyentes. Esto puede ser decisivo para no desconfiar del contenido y caer en el juego con efecto dominó, por la manera en que este se desparrama y disemina.

Durante los meses del nuevo coronavirus han circulado en las redes diversos remedios caseros o naturales que se viralizan, sin ningún sustento médico. Lo mismo sucede con la información relacionada a las vacunas, las mascarillas o con el origen del virus y su propagación. También se difunden teorías de conspiración de diverso tipo e información en que se relaciona a la causa del COVID-19 con la tecnología 5G, con los migrantes, entre otros datos falsos que solo generan alarma, agresión y pánico.

Lo dramático de todo esto es que un estudio de Kaspersky de febrero de 2020 muestra que en América Latina el 70% de la población no reconoce cuándo una noticia es falsa y, peor aún, un 16% desconoce lo que esto significa. Además, una encuesta del Pew Research Center en Estados Unidos, de abril de 2020, encontró que la mitad de los encuestados decían que encontraban difícil distinguir entre lo que era falso y lo real. Estos datos son muy preocupantes, por el efecto nocivo que la desinformación y su viralización pueden ocasionar en el individuo y su entorno. Revela la necesidad de sensibilizar a la población sobre este asunto y actuar de manera coordinada entre los distintos actores que intervienen.

Las medidas para mitigar las fake news deben darse desde los distintos sectores, pues este es un tema complejo, donde todos los actores tienen un cierto grado de compromiso y responsabilidad. Las principales acciones deben tomarse desde cuatro frentes:

• desde las corporaciones de tecnología
• desde los gobiernos
• desde el periodismo y los fact-checkers
• desde la ciudadanía

Más sobre este tema puede leerse en el capítulo de la autora «La desinformación y las fake news en tiempos de Covid-19» en el libro Entre información y conspiración. Comunicación digital en tiempos de crisis (Fundación Konrad Adenauer, 2020), disponible aquí:

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En los últimos años, los partidos políticos y los activistas de todo el mundo han invertido mucho en publicidad en línea, demostrando todo el potencial para llegar a más personas de una manera eficiente, dirigida y accesible, a veces por una fracción del costo de los métodos más tradicionales. Las campañas políticas no son un fenómeno nuevo, pero las herramientas utilizadas, la cantidad de datos accesibles y la capacidad potencial de influir en los votantes representan un escenario nuevo y desafiante para el Estado de derecho.

Las prácticas actuales de procesamiento no autorizado de datos personales están fomentando la desinformación y las estrategias de astroturf digital, capaces de influir en los ciudadanos con gran precisión. Los marcos legales sólidos, como las regulaciones generales europeas de protección de datos, son aplicables a las campañas políticas y pueden reducir el uso instrumental de datos personales para la manipulación política injusta.

Igual que la campaña de Donald Trump en 2016, en Brasil la campaña de Jair Bolsonaro en 2018 reveló que el envío de mensajes ilegales a través de las plataformas de redes sociales fue masivo. La manipulación política mediante la desinformación, la instrumentalización algorítmica, la segmentación por comportamiento y los bots sociales ha sido utilizada extensamente y ha tenido su base, sobre todo, en el procesamiento no autorizado de datos personales, que ha sacado provecho, también, de la idiosincrasia nacional y los aspectos culturales.

Aunque WhatsApp pertenece al mismo grupo económico que Facebook, la aplicación plantea un nivel distinto de desafíos. Como plataforma de mensajería instantánea ofrece un funcionamiento diferente y sus mensajes están encriptados de extremo a extremo. Por tanto, aunque garantiza una mayor protección de la privacidad y los datos personales del usuario, al mismo tiempo dificulta la depuración y el monitoreo constante, ya que la propia empresa no tiene (al menos a priori) acceso directo a los mensajes. Los entresijos de la plataforma hicieron casi imposible marcar el contenido electoral o, incluso, que la plataforma pudiera asegurar a los candidatos que esta no se utilizaría con fines ilícitos, ya fuera para la publicidad política dispar, para la propagación de discursos de odio o para diseminar información falsa.

Si los votantes no comprenden cómo se utilizan sus datos para influir en ellos, no podrán ejercer sus derechos legales en relación con esa información y las estrategias que se están aplicando. Una posible infracción del derecho de protección de datos personales en procesos democráticos, como las campañas electorales, puede afectar considerablemente a otros derechos fundamentales. Representa una amenaza real para la capacidad de los ciudadanos de tomar sus propias decisiones independientes o incluso su derecho a opinar, lo que socava el valor fundamental de la dignidad, que sustenta todos los derechos humanos.

El público tiene derecho a esperar que la publicidad política se realice de conformidad con la ley. Por otro lado, todos los partidos políticos y activistas deben cumplir con las mismas normas electorales y de protección de datos, independientemente del método o de los nuevos desarrollos tecnológicos.

Las estrategias de publicidad y manipulación política no son nuevas, pero no hay precedentes para dirigirse a las personas en detalles tan íntimos y en la escala de poblaciones enteras. Representa tanto una ganancia de escala como una eficacia. Debe manejarse con cuidado y siempre sobre una base legal, con transparencia, equidad y responsabilidad. Sin embargo, muchos países aún carecen de marcos regulatorios adecuados para garantizar la protección de datos y los derechos de privacidad que se ven afectados por este nivel de procesamiento de datos y manipulación injusta, especialmente en lo que respecta a datos personales sensibles, como opiniones políticas o etnia.

Sin una salvaguarda sólida y efectiva para el procesamiento de datos personales, pueden entrar en juego muchos abusos. Las prácticas actuales de procesamiento no autorizado de datos personales están impulsando la desinformación y las estrategias de astroturfing digital, capaces de influir en los ciudadanos con mayor precisión. Según la investigación más reciente, estas estrategias están teniendo una interferencia efectiva en los procesos democráticos políticos en diferentes países.

El procesamiento no autorizado de datos personales, junto con la desinformación y las técnicas de astroturf digital, socava la confianza de los votantes y la integridad de los procesos políticos, y deben ser considerados como amenazas democráticas. Los ciudadanos solo pueden tomar decisiones genuinamente informadas sobre a quién votar si están seguros de que sus decisiones no han sido influenciadas injustamente. Por eso, la confianza y la confianza en la integridad de los procesos democráticos no deben debilitarse.

Más sobre este tema puede leerse en el capítulo del autor «Datos y elecciones: la experiencia brasileña de 2018» en el libro Entre información y conspiración. Comunicación digital en tiempos de crisis (Fundación Konrad Adenauer, 2020), disponible aquí:

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La crisis del COVID-19 ha traído consigo malestares sociales. Existe una liberación en el estado de ánimo del pandemial y esta catarsis social es irreversible. Esta frustración, acompañada de rebelión y cuestionamiento al statu quo, es proyectada a través de las redes sociales.

En Twitter, por ejemplo, los ciudadanos informan en tiempo real, intervienen, inciden, presionan, comparten contenidos y puntos de vista, interactúan de manera neurótica, divulgan, generan debate, emprenden denuncias, exhiben los errores la ineficacia poder con respecto a la crisis.

Las redes sociales se han vuelto profundamente antisistema.

Los vigilados ahora vigilan y han llegado a producir contenidos, pero ¿cuánto de ese contenido realmente es orgánico y cuánto es instalado por agendas e intereses ocultos?

Es una nueva normalidad donde los bots son la nueva pandemia digital y las fake news no paran de crecer y, a través de titulares incendiarios, noticias con sesgo, alejadas de la neutralidad y el rigor informativo, son lanzadas con el objetivo primordial de alcanzar a un número de personas cada vez mayor para erosionar la imagen de alguien.

La utilización de la primera persona, la narración de los hechos, la magnificación de los sucesos y uso de la hipérbole otorgan respuestas rotundas, contundentes, certeras. Todo esto es utilizado para denostar al rival.

Inflar la conversación parece ser la tendencia.

Este es un resumen del artículo homónimo, elaborado por el autor para el libro Entre información y conspiración. Comunicación digital en tiempos de crisis (Fundación Konrad Adenauer, 2020).

Accede a la versión completa del artículo y al libro aquí:

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En tiempos de pandemia, posverdad, hiperconectividad e inteligencia artificial, ¿cuál es el rol de la comunicación política? Las noticias falsas y las redes sociales son caldo de cultivo de la antipolítica, afectando el mensaje y los canales que usan los gobernantes y los partidos para interactuar con la sociedad. ¿Exceso de libertad o irresponsabilidad? Las teorías de la conspiración están a la orden del día. Algunas son planteadas como parte del relato populista, otras buscan llamar la atención ante una situación que impacta fuertemente la democracia.

Durante la cuarentena se vienen dando varias situaciones superpuestas: nuestra exposición a cualquier tipo de contenidos se profundiza, sobre todo por la incertidumbre y la ansiedad que nos generan los vacíos de información. Pero las tecnologías no solo permiten el consumo, sino que también nos convertimos en creadores y reproductores de noticias, y prestamos una atención relativa a la calidad y veracidad de los contenidos.

Varios expertos destacados en comunicación política digital aportaron su visión para la elaboración de este artículo. Algunos de ellos comentaban que no se trata de un problema de fake news, sino de infodemia, entendida como un exceso de información que termina generando un caos comunicacional en la mente de los ciudadanos, con un efecto similar al logrado por las noticias falsas: confusión, ruido. Sin embargo, algunas opiniones indican que la generación de fake news no se ha expandido tanto gracias al sentido de responsabilidad de los medios de comunicación, que están brindando información certera.

En la misma línea, otros expertos comentan que, contrario a lo imaginado, el consumo de noticias viró hacia los medios tradicionales, dejando a las redes sociales en el rubro entretenimiento. Se refuerza así la pauta de que los diarios, radios y programas de TV tienen la necesidad de ganar confianza en el público para poder subsistir como oferta, lo que lleva a un replanteo del periodismo. En tiempos de pandemia y rodeados de desinformación, la clave es la confianza y la primicia pierde su protagonismo. Lo importante ahora es no equivocarse y no perder el rol de noticiabilidad legítima, que será su activo de cara al futuro.

¿Indica este comportamiento una pauta sobre el valor de verdad que los usuarios le dan a la noticia con que se nutren? No es lo mismo información que entretenimiento, y el hecho de buscar un saber concreto en medios tradicionales es un indicador relevante. Habla de una lectura distintiva del público entre la función que cumplen las redes y los medios.

Por otro lado, hay visiones que muestran una faceta diferente sobre el tema y analizan que tanto los sitios de noticias falsas como los medios tradicionales comparten audiencia, y entonces los usuarios no solo están expuestos a la mentira. Solo porque la gente haga clic en un título sensacionalista no significa que lo crean. Así, una cosa son los filtros de burbuja que se generan por la lectura que hacen los algoritmos de nuestro consumo digital (generando los sesgos de confirmación) y otra cosa es estar expuestos a noticias reales y falsas al mismo tiempo. Se podría decir que la primera reproduce la forma de ver el mundo, y la segunda son los estímulos que se reciben y a los que (consciente o inconscientemente) se elige creer o no.

De todas maneras, es importante poner el ojo en las bambalinas de las noticias falsas para saber si hay o no intencionalidad. Una cosa son las fake news y otra la misinformation; no es lo mismo buscar un determinado impacto en la opinión pública para que se modifiquen comportamientos, que solamente compartir o generar información errónea, incompleta o sesgada. Sin embargo, vale la pena preguntarse si las noticias falsas son tan efectivas como para lograr un cambio de tendencia, una modificación en las percepciones de la gente, o si únicamente sirven para reforzar identidades y creencias previas, sobre todo en sociedades polarizadas como la argentina.

Este es un resumen del artículo del autor, elaborado con la colaboración de Fernanda Veggetti, directora ejecutiva de Carlos Fara & Asociados, para el libro Entre información y conspiración. Comunicación digital en tiempos de crisis (Fundación Konrad Adenauer, 2020).

Accede a la versión completa del artículo y al libro aquí:

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Han transcurrido casi seis meses desde que el gobierno paraguayo decretó el estado de emergencia debido a la pandemia COVID-19 e impuso una cuarentena estricta y obligatoria para organizar una política sanitaria que disminuya los efectos devastadores de la peste, para preparar a la población en ese sentido y, al mismo tiempo, fortalecer el sistema de salud para enfrentar las contingencias más duras que se avecinaban.

Justo es reconocer que el primer trimestre fue exitoso en la aplicación de la política sanitaria y que tuvo un acompañamiento mayoritario de la gente. Por ello los indicadores de dicha gestión hasta hoy son valorados, aunque en estos días el desborde y la escalada amenazan con un deterioro de la situación.

Desde el primer momento la gestión política fue proactiva y practicada en consenso por los principales actores de los tres poderes del Estado. Tanto fue así que se aprobó desde el Congreso, con mucho debate pero con una aceleración pocas veces vista, un fondeo de USD 1600 millones al Poder Ejecutivo, que los solicitó para todos los gastos e inversiones que demandaría en términos de salud y economía general la pandemia.

Sin embargo, la frustrada adquisición de insumos médicos acabó con la oxigenación inicial que tenía el gobierno de Abdo Benítez. La peste desnudó antiguas prácticas clientelares y prebendarias de un Estado deficitario desde largas décadas en materia de salud y educación pública. Las denuncias ante el Ministerio Público y la interpelación a ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo arreciaron y las turbulencias continuas sacuden cada tanto a un gobierno debilitado que intentó construir reordenamientos estructurales, que hasta ahora no logra instalar, primero, por sus propias contradicciones y, segundo, por aquellos sectores de los partidos tradicionales que visceralmente rechazan cualquier atisbo de transformación que perjudique sus beneficios sectoriales.

Mario Abdo fue un político hábil para construir y articular una opción, una alternativa de poder al entonces presidente Cartes, y de este modo arribó a la presidencia de la República. Pero saber ganar una elección no es lo mismo que saber gobernar. Máxime si para conquistar el poder debió lotear su equipo de gobierno, con escasa tropa propia y leal, para lograr una gobernabilidad que le permitiera alcanzar sus objetivos propuestos.

Ya en mayo de 2019, con la crisis desatada por el acta bilateral de Itaipú, estuvo al borde de un juicio político. El articulador de una campaña electoral exitosa perdió, en ese episodio, una buena parte de esa energía vital que todo gobernante precisa en la primera mitad de su mandato para obtener los resultados pretendidos.

A estos hechos se sumaron innumerables problemas de inundaciones, sequías, de una baja considerable del precio de los commodities, que detuvieron el crecimiento económico del país y, en consecuencia, impactaron en la vida de la mayoría de los hogares paraguayos. Cuando se esperaba un 2020 prometedor, de sostenida mejora de los indicadores económicos, apareció la pandemia, rompió todos los esquemas previstos y obligó al Gobierno a medidas de salvataje ante el fuerte deterioro de la producción, del empleo y de grandes sectores de la economía que aún no han vuelto a la tarea y no se sabe si podrán retornar.

Ante los vaivenes de la inestabilidad política y social, el presidente de la República, en su afán de suturar heridas internas, pactó con su archirrival Horacio Cartes, en la conocida operación cicatriz, con el objeto de enterrar el chantaje y llegar al fin de su mandato. La pregunta que salta de inmediato es si esta será una paz duradera o apenas un intermedio provisorio.

La oposición, por su parte, tampoco logró articular un proyecto amplio y capaz de construir una seria alternativa de poder. Solo movidos por irracionales movidas persecutorias contra intendencias gobernadas por opositores, o imputaciones a dirigentes liberales vinculados al triste episodio del 31 de marzo de 2017, 28 senadores sellaron un acuerdo para enfrentar políticamente el avance de la instrumentación de la ley y del sistema de justicia y el Ministerio Público. Es imposible obtener de estos hechos un pronóstico definitivo. El itinerario electoral que arranca el año próximo y termina en el 2023 dará una idea aproximada de la permanencia de los acuerdos mencionados, tanto en el partido de gobierno como en la oposición, y, en particular, cómo sale el país y de qué modo de la tremenda crisis creada por el terrible virus.

El Paraguay de la pandemia demostró que gracias a una macroeconomía bien sostenida a lo largo de los últimos 15 años está, por ahora, evitando una caída escandalosa de la economía. Pero también dejó en evidencia que el cuidado de los indicadores de la macroeconomía no basta, es insuficiente; que la salud y la educación, entre otras necesidades, quedaron con todas sus falencias expuestas, que la brecha social y económica es aún muy profunda y, si los actores políticos siguen en sus peleas interiores y en las prácticas corruptas, serán desbordados por la gente, por una ciudadanía que, si bien no hace un culto a la protesta, está harta del bajo desempeño de la dirigencia.

¿Será mucho pedir un poco más de patriotismo y sensibilidad social y humanista, esa mirada que se despoja del pensamiento de los extremos y busca en el aporte de todos los sectores el beneficio común, para sostener al Paraguay como país de enormes posibilidades?

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Previo al COVID-19, a nivel mundial solo el 45 % de la población mundial tenía cobertura en al menos un programa de protección social y solo el 29 % se encontraba protegido por un sistema de seguridad integral (OIT, 2017). En tanto, en América Latina y el Caribe alrededor del 40 % de la población no cuenta con ningún tipo de protección social.

Con la llegada de la crisis del coronavirus se han vuelto más notorias las vulnerabilidades asociadas a las brechas de género, la empleabilidad, el hacinamiento, la pobreza y desigualdad; problemáticas que históricamente nos han acompañado como región y que con la crisis nos obligan a plantearnos los desafíos para la construcción de políticas públicas.

En primer lugar, hasta que no se desarrolle una vacuna la región tendrá que lidiar con el virus, lo cual, sin duda, genera incertidumbre respecto al comportamiento de este. Países del continente europeo han sufrido rebrotes que los han obligado a volver a tomar medidas restrictivas y extender los beneficios sociales. La realidad parece indicar que para esta región no será distinto. Un primer reto será extender las políticas y beneficios sociales a largo plazo e implementar un buen diagnóstico con datos que den cuenta de la profundidad de los cambios socioeconómicos que aquejan a los hogares de ALC.

En segundo lugar, la extensión de las políticas públicas a los más vulnerables y dañados por la pandemia también amerita repensar la sostenibilidad fiscal. Previo a la pandemia, los países en su mayoría venían de una situación fiscal débil, con crecientes deudas públicas, acumuladas de años. Adoptar políticas de emergencia implica dinamizar la economía en el corto plazo y fortalecer a largo plazo la capacidad fiscal de los países de la región, conteniendo el gasto y la deuda pública con la finalidad de retomar la senda del crecimiento económico.

En tercer lugar, fortalecer la red de seguridad social integrada, especialmente las políticas destinadas al cuidado de niños y ancianos, y atender el desempleo, la informalidad y el hambre que impactan especialmente a las mujeres, jóvenes, ancianos, indígenas, afrodescendientes y migrantes. En sintonía con ello, los programas sociales deben ajustar los criterios de elegibilidad, de modo de ampliar la red de beneficiarios.

Finalmente, las políticas sociales deben ir de la mano de instituciones y líderes comprometidos con la democracia. Tras cinco meses de la llegada del coronavirus a la región, los gobiernos han implementado medidas de emergencia que no han estado exentas de problemas en su tránsito, dadas las rivalidades de grupos políticos que en tiempos de crisis abren paso a acciones demagogas y sin sentido de comunidad. Este comportamiento solo ocasiona que la población pierda la confianza en la gestión de la pandemia.

Los retos expuestos sin duda implican que toda transformación en las políticas públicas debe ir a la par con la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible (BID, 2020). En efecto, la crisis del coronavirus pone a contrarreloj el diseño de políticas públicas y la manera en que estas responden a los nuevos desafíos e interrogantes económicos, sociales y globales en un contexto histórico sin precedentes para la región.

Referencias

BID (2020). Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: una estrategia para un nuevo compacto social en América Latina y el Caribe. Nueva York: Banco Interamericano de Desarrollo.

OIT (2017). Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019: La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.

Los medios estatales del Kremlin ni siquiera han tenido que crear una nueva estrategia para cumplir su labor ante el caso del envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, trasladado de Siberia a Alemania, donde recibe tratamiento gracias a la iniciativa de la canciller Angela Merkel. La gran estrategia de engaño, confusión y blanqueamiento del régimen ruso en otro oscuro episodio de agresión a un crítico del presidente Vladimir Putin sigue un viejo patrón diseñado hace años y puesto en marcha tras el derribo de vuelo 17 de Malaysia Airlines en 2014 y el envenenamiento del espía Sergei Skripal en el Reino Unido en 2018, entre otras crisis humillantes para Moscú.

Son abundantes los ejemplos de notas en RT, Sputnik y el resto de medios afines al Kremlin que se dedican a sembrar dudas sobre el envenenamiento mismo y sobre las verdaderas intenciones del gobierno alemán para evacuar y tratar a Navalny. En esas informaciones se sigue el patrón adquirido en tantas y tantas campañas de desinformación: fuentes dudosas que dan lugar a titulares grandilocuentes y engañosos, ausencia de firma y confusión de géneros. Tomemos por ejemplo la nota de RT en español: «Médico ruso cuestiona el presunto envenenamiento de Navalny: Sus riñones, pulmones e hígado no estaban dañados».

Ese médico que cita el titular es «el toxicólogo jefe del Distrito Federal de Siberia, Alexánder Sabáyev», miembro del equipo que trató a Navalny en el hospital de Omsk y además funcionario del Estado ruso. Es decir, es una fuente de parte, ya que los médicos del hospital de Omsk, incluido él, sí trataron a Navalny por envenenamiento —le dieron tres miligramos de atropina, un antídoto para gases nerviosos— y, una vez el paciente estuvo estable por el efecto de ese tratamiento, afirmaron que no había rastros de un veneno que sí detectaron en sangre los médicos alemanes.

Es decir, ese médico ruso del titular de RT simplemente repite la que ha sido la línea de defensa del régimen ruso, del que él mismo depende. Aun así, sin contextualizar, el medio estatal ruso le atribuye, con todas las cautelas —«cuestiona el presunto envenenamiento»— una afirmación engañosa: «Sus riñones, pulmones e hígado no estaban dañados». Probablemente no estaban dañados porque el propio doctor Sabáyev le administró la atropina a tiempo, para luego negar, en contra de toda evidencia, que esta fuera útil.

Después esta nota de RT, que como muchas de las que publica ese medio carece de firma, rompe otra norma periodística: emplea a esa misma fuente de parte para reproducir conjeturas, opiniones, medias verdades: «En su opinión, la condición de Navalny podría haber sido provocada por algún factor externo. “Esta situación pudo haber sido provocada no solo por las dietas, pudo haber sido desencadenada tal vez por algunos excesos de alcohol que no conocemos. Podría haber sido desencadenada por un estado de estrés, un exceso de trabajo”, detalló el médico». Es decir, puede que Navalny fuera un alcohólico, y estas sean las consecuencias de su estilo de vida.

Todos los detalles y matices quedan fuera de este tipo de notas. Sí se molesta el autor de la información en hacer referencia a un experto que ha salido a relucir abundantemente en los medios del Kremlin durante toda esta crisis: Leonid Rink, a quien se identifica como «uno de los padres de los agentes nerviosos del grupo Novichok», que fueron los que según Alemania se emplearon con el opositor. «Rink afirmó que Navalny no pudo haber sido envenenado con esa sustancia. Según sus palabras, si el opositor ruso hubiera sido intoxicado con ese agente nervioso, “habría estado descansando en el cementerio desde hace mucho tiempo”, en lugar de haber entrado en coma».

Rink, como el doctor Sabáyev, cumple un papel esencial como fuente informativa: sembrar dudas de que Navalny fuera envenenado y librar de culpas al Kremlin ya no sólo de una posible autoría del envenenamiento sino también, y más oneroso, de su negativa a abrir una investigación. Calla ese experto, como callan los medios que lo citan, que en 2018 dos espías rusos emplearon Novichok en el envenenamiento del espía Skripal y su hija, y que ambos entraron en coma y sobrevivieron.

Como en aquella crisis, que la entonces primera ministra británica Theresa May gestionó con la misma determinación que hoy Angela Merkel en Alemania, las notas que emanan del Kremlin por medio de sus medios también apuntan a una conspiración para culpar a Rusia de algo que le es totalmente ajeno. Algunos ejemplos tomados de esos mismos medios: «Moscú no descarta que Berlín use a Navalny para justificar las sanciones antirrusas ya preparadas», «Expertos internacionales explican por qué son deficientes las teorías de que las autoridades rusas querían envenenar a Navalny», «Rusia afirma que “no se beneficiaría” si Navalny fuera envenenado deliberadamente y tacha de “ofensivas” las acusaciones de Occidente».

Como en los casos de Skripal y el vuelo de Malaysia Airlines, el objetivo es ofrecerle al lector tantas versiones y tantos matices que al final lo único cierto es que no hay ninguna certeza. Según esos medios de propaganda, en la neblina de la ignorancia, nunca se sabrá qué le pasó en realidad a Navalny, que, según las muchas versiones de los medios rusos, podía ser un alcohólico, podía haber sufrir una indigestión o tenía una dolencia rara del metabolismo. Es el antiperiodismo disfrazado de periodismo, la esencia misma de la desinformación.

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A inicios de agosto, alrededor de treinta organizaciones políticas de la oposición venezolana declararon que no participarían en las venideras elecciones parlamentarias, establecidas para diciembre de 2020. Desde el gobierno interino, el presidente Juan Guaidó inició a los pocos días una consulta abierta, emplazando públicamente a líderes significativos de la oposición venezolana, para adherirse a este acuerdo, en los términos por esta instancia planteados. Este llamado ha resultado en disidencias importantes en diversas direcciones.

Durante los últimos cinco años, la cuestión del liderazgo opositor estaba anclada a la legitimidad derivada de tres factores: el apoyo popular explícito en la mayoría parlamentaria obtenida el año 2015, el apoyo implícito por la opinión pública ante el descontento nacional y el apoyo plebiscitario directo a una ruta de cambio de régimen organizado por la Asamblea Nacional en el año 2017 y el estatuto de transición aprobado en 2018. El primero está condicionado al imperativo constitucional del fin del mandato legislativo, que debe cesar en enero próximo. El segundo, aun cuando nucleado en la figura del presidente Guaidó, ha menguado significativamente. El tercero, que se ha manifestado en diversas acciones políticas internas (la declaración de ausencia presidencial, la proclamación del gobierno interino, los intentos de rebelión armada de 2019 y 2020, etc.), no solo no han tenido el éxito esperado, sino que posiblemente han ayudado a la fragmentación de la oposición y a la cohesión de la élite dominante en torno al presidente Maduro. Paralelamente, las acciones dirigidas a una apertura democrática negociada, con variable nivel de compromiso de parte de los aliados democráticos de Occidente, han encontrado en esta doble dinámica de fragmentación opositora y cohesión gubernamental, escollos hasta ahora insuperables.

La fragmentación opositora no es nueva. Momentos de tensión y puja por la dirección han ocurrido en toda esta década, con una política unitaria más o menos dominante, si bien no siempre consistente. La búsqueda de crecimiento electoral, con marchas y contramarchas, se veía afectada tanto por orientaciones rupturistas dentro de la oposición como por las crecientes presiones autoritarias del gobierno. En última instancia, la tendencia rupturista se fue haciendo dominante especialmente desde la agresiva ofensiva del Partido Socialista del año 2017, que desdibujó las elecciones presidenciales del año 2018 y propinó a la oposición democrática su primera división significativa. Pero el núcleo tradicional seguía unido, ya no apuntando el crecimiento en el sistema, sino su quiebre.

Ante eso, el sistema autoritario se ha defendido eficazmente. No solo ha sometido con severa crueldad los intentos de rebelión militar, sino que ha causado mayores daños a la unidad opositora: la infiltración, invasión y secuestro judicial en los más importantes partidos opositores, luego de haberlos inhabilitado administrativamente durante varios años. Este mismo sistema convoca a elecciones parlamentarias, en aparente cumplimiento del calendario constitucional tantas veces violentado, pero esta vez agravando los vicios y ventajismos del pasado con un Consejo Electoral que no es representativo de la voluntad de los electores, con unas reglas electorales abundantemente más sesgadas a favor del Partido Socialista Unido, y en medio de una pandemia cuyo contagio se acelera exponencialmente en una sociedad casi aislada del mundo.

Sin embargo, alcanzar un consenso de actuación ante estos hechos no ha sido posible, acaso porque su debate abierto entre los líderes fue postergado demasiado tiempo. La insatisfacción acumulada con la dirección política en torno al presidente Guaidó, que va desde problemas de comunicación y coordinación con el núcleo de los cuatro principales partidos de oposición (Voluntad Popular, Primero Justicia, un Nuevo Tiempo y Acción Democrática), hasta la insatisfacción con los diagnósticos y aplicación de la estrategia planteada, han desatado unas reacciones contrarias al llamado público. El emplazamiento público del presidente demostró que no se había alcanzado consensos en privado, y las conversaciones posteriores se han desarrollado más como posicionamiento dentro de la opinión general para lo que viene, evidenciando los límites de su autoridad.

¿Cuál es la propuesta del presidente Guaidó y su equipo más cercano? Es difícil afirmarlo categóricamente. Uniendo fragmentos desordenados, parece inclinarse hacia proseguir con la presión externa —gracias a sanciones más severas sobre Maduro y la élite gobernante por parte de las democracias aliadas—, junto con la continuidad del ejercicio de la presidencia interina en los términos que indique la mayoría parlamentaria durante los meses que quedan de la actual legislatura, apoyado por una consulta popular sobre dichos términos. Más allá del debate jurídico-constitucional sobre esta continuidad, la idea de un gobierno en el exilio, enfocado en su acción externa y severamente limitado en su capacidad de acción e incidencia local, es un camino seguro hacia a la irrelevancia. Otra alternativa externa, planteada como una intervención armada de pacificación y estabilización desde el extranjero que cambie el régimen venezolano, parecería la consecuencia lógica de tal gobierno, aunque no parece estar tampoco previsto por ninguno de los aliados regionales o globales de los demócratas venezolanos.

Un creciente grupo de voces disidentes en el país ha planteado que hay que redefinir la negativa ante la participación electoral: desde importantes organizaciones civiles, gremiales y empresariales, así como la siempre relevante voz de la Conferencia Episcopal, han planteado que no basta políticamente con anunciar la abstención, sin que exista una ruta definida sobre la acción política interna, que no deje a la sociedad a merced de un resignado reacomodo ante el avance autoritario en esta nueva fase del poder. Sin embargo, participar en unas elecciones casi vaciadas de contenido político, para formar parte de un cuerpo disminuido en sus competencias constitucionales y en su capacidad representativa, con reglas que anularían toda posibilidad realista de obtener un resultado favorable, no parece una ruta hacia la recuperación inmediata. Es imposible ignorar, además, el costo político que implicaría a corto plazo todo gesto de apertura usado como arma propagandística por el sistema que lidera Maduro, con consecuencias severas para la unidad de los demócratas.

Ninguno de los liderazgos relevantes de la política venezolana asume una rendición, pero han usado fácilmente el término para acusarse entre sí, asomando una lucha fratricida de horizonte temporal incierto. La verdad es que todos estos liderazgos, más allá de incentivos tácticos, parecen tener la honesta convicción de que su ruta es la correcta; pero esa convicción no es garantía de éxito para la causa democrática en el mediano plazo. Entretanto, su enfrentamiento cubrirá con la espesa niebla de la mutua sospecha todos los espacios de la ya atribulada sociedad civil venezolana.

A los demócratas venezolanos debe ocuparles la tarea de reconocer con modestia la limitación de sus enfoques, deponer los ataques internos y reiniciar el camino de la recuperación de una base de poder interna. Esto puede pasar sólo en una ruta de largo aliento, por la renovación de la mística de organización política y social a nivel local, allí donde los demócratas han sido una fuerza: los municipios que concentran la mayor parte de la población venezolana, proyectándolos hacia los años por venir. Construir esa base sobre la ruina política del adversario coyuntural será cada vez más difícil.

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Conferencia de Michael Borchard, director de servicios académicos de la KAS, sobre la historia de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), el principal partido político de Alemania. «Proyecto Partido Popular: 75 años de la CDU» es uno de los pocos documentos en español que resumen el impacto de la organización en el mundo y un relato coherente sobre la vida del partido.

[Lee también: Angela Merkel según los autores de Diálogo Político]

«En Uruguay se pierde el 50 % del agua que se potabiliza. Esto ocurre desde hace más de veinte años y es un indicador preocupante, al cual se le debería prestar atención», señaló Gerardo Amarilla, subsecretario (viceministro) del nuevo Ministerio de Ambiente. Sobre esta cuestión planteó la urgencia de instalar el debate de los asuntos ambientales en la agenda política de Uruguay. Cabe preguntarse qué se puede esperar de esta iniciativa tomada por el actual gobierno. Y, sobre todo, cuáles son los desafíos que caben esperarse.

Un nuevo ministerio

El Ministerio de Ambiente en Uruguay, que formó parte de las promesas de campaña de Lacalle Pou, se creó a pocos meses de su presidencia, con el apoyo de todos los partidos representados en el Parlamento, en el marco de la Ley de Urgente Consideración. Al frente tendrá a Adrián Peña, del Partido Colorado, y a Gerardo Amarilla, del Partido Nacional. En su órbita estarán los asuntos que hasta hace unos meses eran responsabilidad de las anteriores Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y Dirección de Nacional de Aguas (DINAGUA). Aparte de responder a la urgente necesidad global de cuidar el ambiente, la decisión tomada por el actual gobierno también podría mejorar el posicionamiento internacional de Uruguay en el índice de sostenibilidad. Mientras que en 2002 Uruguay se encontraba en el sexto puesto de un total de 200 participantes, a la fecha el país latinoamericano quedó relegado al lugar 47 de esa escala internacional.[1]

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¿Cuál es el punto de partida?

Según el subsecretario Amarilla, el asunto de más urgente consideración, que ya debía haberse tratado hace mucho tiempo, es el control de las aguas. Especialmente el Río Uruguay asusta con altos índices de contaminación, que se expresan frecuentemente en superpoblación de algas verdes. Un estudio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) manifestó un total de 13 parámetros con valores superiores al estándar, entre ellos varios metales, aceites y bacterias. Desde luego, la temática no se reduce al agua, sino que también constituye un posible riesgo para el suelo, lo que explica las críticas a la planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM.

En lo que respecta a las áreas protegidas, el nuevo Ministerio de Ambiente considera apropiado extenderlas de 1 % al 6 % del territorio nacional.[2] Si bien la idea de aumentar las zonas protegidas es esencial a la protección del ambiente, también debe asegurarse que esta persiga sus objetivos en forma debida. En este sentido, no merece la pena declararlas áreas protegidas si luego su manejo profesional queda en el aire. Asimismo, Amarilla quiere prestar consideración al cuidado de la fauna y flora marina en la costa uruguaya, donde por ejemplo se ubican las islas pobladas de lobos marinos.

Aunque en el transcurso de los últimos años hubo varias iniciativas para cuidar el ambiente, estas han resultado insatisfactorias. Teniendo en cuenta que el transporte en Latinoamérica es responsable de un 20 % de las emisiones de CO2, la incorporación de 30 autobuses eléctricos en Montevideo representa una medida simbólica que, aún insuficiente, ha aportado a la concientización de la población y serviría como punto de partida para que en un futuro cercano se reemplacen gradualmente los autobuses tradicionales que funcionan con gasoil.

Algo parecido sucede con los residuos. La aplicación Dónde Reciclo permite a los montevideanos identificar los lugares donde dejar su basura. Paradójicamente, esto está en claro contraste con la gestión pública de los desechos, que luego de recogidos no se reciclan en forma adecuada. Ese es el caso de las pilas, por ejemplo, que se entierran.[3] A esto, se suma el interrogante de si hay suficientes contenedores de basura en los lugares públicos.

Otro aspecto crítico es el negocio cárnico. ¿Cómo se explica que a los ciudadanos uruguayos se les pida que consuman productos locales para reducir su huella de carbono, y luego se importen más de 14.000 toneladas de carne vacuna proveniente de Brasil y Paraguay solo en el primer semestre de 2020?

Misión y visión

Varias cifras impactantes dejan en claro la urgencia del cuidado del ambiente en Uruguay. De todos modos, para avanzar exitosamente en la agenda ambientalista, la nueva cartera debería trabajar en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), al que todavía corresponde la tutela de otros recursos ambientalistas. Y, más allá, habría que buscar también la articulación con distintos organismos departamentales para que las medidas repercutan en todo el país.

Las políticas públicas son decisivas para el cuidado de nuestro entorno. Ahí es donde entran en juego las prácticas educativas. Hasta ahora el ambiente forma parte de varias materias en el plan de estudios de las escuelas uruguayas, pero que no llegan a abordar el tema con una profundidad suficiente, lo que subraya la necesidad de mejorar el diseño de la educación ambiental.

Desde luego, es fundamental saber cómo se puede medir la eficiencia de las decisiones tomadas. Sería de gran ayuda plantearse objetivos concretos y seleccionar parámetros de referencia para evaluar posteriormente su grado de realización. El Dr. Amarilla lo resumió de esta manera: «Para mí sería un logro si el último día de gobierno abrimos la canilla y tomamos agua, o me bajo en un arroyo y tomo el agua sin problemas».

Notas:

[1] y [2] Entrevista personal con el subsecretario Gerardo Amarilla.

[3] Una investigación realizada por la asociación civil CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje), determinó que en Uruguay se genera más de un millón de toneladas de residuos domiciliarios por año, de los cuales solo el 12,3 % es reciclado.

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La pandemia ha sido el gran desafío de los gobiernos de todo el mundo. Algunos lo han hecho mejor, otros no tanto, pero hay uno que destaca por sobre el resto. Se trata de Uruguay. Su control de la pandemia, de los contagios, su decisión de no decretar una cuarentena obligatoria, entre otras medidas, ha llamado la atención en todo el planeta. En este episodio de Bajo la Lupa profundizamos en los factores más relevantes que explican la situación de Uruguay.

Invitado:

José Luis Satdjian, viceministro de Salud Pública de Uruguay.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne.

Se trata de una contienda entre dos formas diametralmente opuestas de entender el ejercicio del poder —y por tanto del liderazgo—, cuyo resultado influirá en el curso de los asuntos mundiales.

El discurso de Trump de aceptación de la candidatura republicana, con la Casa Blanca como el dominante escenario proselitista, fue tan controvertido como la negación del calentamiento global, la prédica en contra de los inmigrantes y el proteccionismo como arma de guerra, tres políticas de su combativa Administración.

No hay antecedentes de una convención partidaria con un candidato en un escenario montado en el jardín sur de la Casa Blanca, una decisión controversial desde el punto de vista ético, que bordeó la ilegalidad y que hasta puso en cuestión el uso de fondos públicos federales.

No menos llamativo fue su discurso de 70 minutos, ante 1500 invitados ajenos al protocolo del distanciamiento social y el uso del tapabocas, en que hizo muy pocas referencias a la COVID-19 en comparación con el candidato demócrata, Joe Biden, a quien nombró unas cuarenta veces para denostarlo.

El candidato republicano, y de alguna manera las cuatro sesiones de la convención, apretaron el botón sensible de la inseguridad para intentar seducir incluso a los estadounidenses que rechazan su retórica, pero ven con buenos ojos ciertas políticas de su gobierno o sienten temor o incertidumbre por el futuro.

Trump, con un lenguaje patriótico y de fervor antisocialista, advirtió el fin del mundo si el «débil» Biden llega a la Casa Blanca, una «marioneta» de la «izquierda radical» que podría destruir la «grandeza estadounidense».

Al aceptar la nominación, Biden, en las antípodas de su rival, exhibió un estilo más bien paternalista, en un discurso de apenas 25 minutos, el jueves 20 de agosto, al cierre de una convención que siempre estuvo apegada a la nueva normalidad.

Su tono conciliador se reflejó en la promesa de dejar atrás la «división» del país y dar vuelta la página del tormentoso periodo de Trump a quien, sin nombrarlo nunca directamente, dijo que «ha cubierto Estados Unidos de oscuridad durante demasiado tiempo. Demasiado miedo. Demasiada división».

Como un padre que le habla a sus hijos, Biden prometió que, si es elegido, va a ser un «aliado de luz» para sacar «lo mejor de cada uno».

El talante amigable de Biden y su larga trayectoria en el establishment de Washington lo han convertido más que nada en el candidato anti-Trump: desde quienes aborrecen su manera populista y autoritaria, hasta quienes cuestionan su gestión, particularmente la de la COVID-19 (reacción tardía y menosprecio de la ciencia) o su postura ante la violencia racial agravada desde mayo pasado.

El respaldo de muchos adversarios republicanos es elocuente de lo que representa Biden, particularmente hombres de confianza de George W. Bush, John McCain y Mitt Romney, muchos de ellos muy conservadores y de impensable apoyo a un candidato demócrata.

El papel de las minorías

Es probable, aunque no indubitable, que las minorías raciales, como las de los afroamericanos y los hispanos, particularmente los primeros, se vuelquen mayoritariamente por Biden, lo que es un comportamiento electoral clave para ganar la elección. Una tendencia que refuerza su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, la primera mujer negra en ser nominada por uno de los dos partidos históricos como candidata a la vicepresidencia.

La mayor incertidumbre del voto latino es que no es monolítico; se manifiesta de manera diferente según el origen y depende muchas veces de las realidades de los estados donde residen los votantes.

La inédita propuesta demócrata de iniciar una ruta para la ciudadanía a los once millones de indocumentados es una iniciativa que puede favorecer al candidato opositor. Muchos hispanos son sensibles a esta problemática, pues tienen algún familiar en Estados Unidos que vive bajo la espada de Damocles de la deportación.

Aunque Trump carga con la mochila antiinmigrante, todavía puede dar la pelea por el voto de los hispanos ante el vicepresidente del gobierno de Barak Obama que deportó a millones de extranjeros y no cumplió con una prometida reforma.

El promedio de las encuestas del 12 al 31 de agosto, difundido por Real Clear Politics, favorece a Biden por una diferencia de más de seis puntos porcentuales (49,6 % y 43,4 %, respectivamente), aunque Trump logró achicar la brecha del mes anterior.

Con el antecedente de la elección presidencial de 2016, y los tres debates pendientes, no es descabellado proyectar una remontada del líder republicano en las urnas.

Es exagerado afirmar que el próximo 3 de noviembre será la elección más importante de la historia de Estados Unidos, como dijo Trump, pero nadie puede poner en duda su carácter excepcional.

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El proceso integrador del comercio y la economía mundiales que representó la globalización tomó un curso que, bajo la ruta del capitalismo mercantilista de los últimos treinta años, llevó a limitar la calidad de sus resultados a un modelo que hizo del consumo y la riqueza material sinónimos de bienestar social.

Son innegables los logros que ha legado ese modelo. Hoy el mundo es, en comparación, más rico y próspero de lo que era hace tres décadas, goza de instituciones supranacionales que regulan y facilitan transacciones y acuerdos comerciales, y la economía mundial se encuentra integrada como un todo que, gracias al avance de las tecnologías de la información, hace del libre mercado una palanca de desarrollo, crecimiento y prosperidad.

Esta globalización, no obstante, ha dejado ver sus límites y sus no menores incapacidades. Y las más graves tienen que ver con los seres humanos: mujeres y hombres con rostro, con realidades particulares, con necesidades individuales y colectivas que constatan de manera cotidiana las injusticias de un proceso que dejó al margen a millones de personas.

Aquellos que constatan que un contenedor de productos tiene más derechos y garantías que un migrante; aquellos que ven muros levantarse para impedir el paso mientras las autovías están abiertas a electrodomésticos o prendas de vestir; aquellos que deben mendigar el alimento cotidiano a las puertas de tiendas de automóviles que cuestan lo que no podrían pagar en varias generaciones; aquellos que padecen condiciones laborales inhumanas que son aprovechadas por compañías para abaratar los costos de producción…

La globalización decidió dar la espalda a las y los marginales, los hizo prescindibles, los culpó según algunas teorías de su propia desgracia, los delegó a la responsabilidad del Estado, los marginó e incluso encerró en chabolas, suburbios, barriadas o favelas, nombres modernos para lo que en otro tiempo se llamó gueto.

La pandemia de la COVID-19 ha permitido asistir en tiempo real a la forma en que esas desigualdades se manifiestan en la vida cotidiana, y su símbolo más poderoso es el del repartidor de comida o insumos básicos que expone su vida mientras otros pueden esperar a salvo la llegada de los productos solicitados desde un dispositivo móvil: esta revaloración de esas profesiones que en muchos países son marginales, exentas de protección social o de beneficios laborales, es un llamado de atención sobre las injusticias que se han perpetuado y multiplicado en un mercado laboral que de pronto deja ver sus enormes inequidades.

Y ha sido también la pandemia la que ha llevado al debate público el cómo será esa realidad a la que volveremos como humanidad en cuanto sea posible regresar a las calles, a los lugares de trabajo o a las actividades familiares. Por principio, y una vez superada la etapa de la crisis sanitaria, llegará una nueva crisis que en Latinoamérica se manifestará, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en una caída del PIB de 5,3%, «la más grande desde la recesión de 1929».

Así, el informe Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar la reactivación señala que, en términos de producción y comercio internacional, «los escenarios posibles que aún están abiertos son por lo menos tres: continuación de la globalización pero sobre la base de nuevos modelos de gobernanza más receptivos al multilateralismo y la corrección de las desigualdades entre países; soluciones de alcance exclusivamente nacional; o una acentuación de la regionalización».

Si bien la solución regional ya cuenta con mecanismos que agrupan al norte, al centro y al sur de Latinoamérica en bloques comerciales, avanzar hacia una integración mayor que se ponga como origen y destino el bienestar de las personas, y dé con ello un paso para corregir las grandes carencias que hoy demuestra el modelo económico vigente, figura en el horizonte como una posibilidad que es importante instalar en el debate público.

La construcción de la Unión Europea a partir del tratado del carbón y el acero muestra en ese sentido un modelo que en la actualidad es el más avanzado, aunque aún perfectible, en cuanto a la preeminencia de los derechos de las personas. Si dos materias de intercambio pudieron conciliar a naciones a partir de encontrar aquellos puntos en común que permitieron dar los primeros pasos, Latinoamérica tiene hoy temas que la unen como región y que pueden fungir como punto de encuentro más allá de las mercancías: la migración, el medioambiente y las violencias son aspectos que afectan a la región en su conjunto y que exigen de soluciones que trasciendan lo nacional.

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Una integración regional que ponga a las personas como centro y al desarrollo sustentable como marco general tiene la potencialidad de vencer aquellos escollos —comenzando por los ideológicos— que han impedido avanzar de manera más firme y contundente en paliar las enormes desigualdades que padece América Latina.

Para ello, el humanismo tiene los valores sobre los cuales puede empezar a construirse una unidad que podría representar un nuevo paradigma en un mundo global al que le urgen soluciones y alternativas que devuelvan el rostro, la dignidad y el bienestar a millones de mujeres y hombres que aguardan un modelo de desarrollo más justo, plural e incluyente.

El humanismo tiene así el enorme reto, en el contexto de una pandemia como la que afecta hoy en día a la humanidad, de comenzar a reflexionar la manera en que puede volver a contribuir desde las ideas y desde la praxis política a la generación de soluciones que demuestren su vigencia y su capacidad de construir un mejor porvenir.