En los 75 años de existencia la CDU ha logrado mucho para Alemania. Su posicionamiento debe seguir estando en el centro de la sociedad, afirma Norbert Lammert, expresidente del Bundestag y actual presidente de la Fundación Konrad Adenauer.

La Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) es el partido político más exitoso de Alemania. Esta simple oración puede parecer demasiado complaciente. Sin embargo, la observación sigue siendo correcta: en los 71 años de historia de la República Federal, cinco presidentes del partido CDU han liderado al país en calidad de canciller durante 51 años; seis de los doce presidentes federales provenían de la Unión. En las 19 elecciones del Bundestag hasta la fecha, en 16 ocasiones la CDU y la CSU (1) recibieron la mayoría de los votos y juntos lograron una mayoría absoluta en 1957, lo que hasta ahora ningún otro partido logró. Nuestra Ley Fundamental, la integración en Occidente, la economía social de mercado, la unidad alemana y la integración europea son características centrales de nuestra historia y de nuestro sistema político, económico y social, inseparables de la CDU.

Tal vez la CDU no haya tomado nota de algunos desarrollos sociales y expectativas antes que otros partidos, pero fue capaz de implementarlos más rápidamente. Antes que otros partidos mucho más antiguos, la CDU eligió con Angela Merkel, a una mujer como líder del partido, quien, como candidata de su partido, se convirtió en las elecciones federales de 2005 en la primera canciller de Alemania. Después de su renuncia a presentarse nuevamente, la CDU eligió otra vez a una mujer para presidir el partido, por cierto en competencia con dos candidatos masculinos. Por esta razón, el historiador Andreas Rödder describe a la Unión resumidamente como «partido inoficial del Estado federal».

Un aspecto esencial para comprender la CDU es la mirada hacia sus orígenes. Después de la Segunda Guerra Mundial, en todas partes de Alemania, comenzó un proceso fundacional del que surgió la Unión. Se trató de una fundación desde abajo, apoyada en la idea de apertura hacia todos los que estuvieran situados en el centro de la sociedad, es decir una unión entre ciudad y país, entre las clases sociales, entre trabajadores y empleadores, entre cristianos católicos y protestantes. Por supuesto que este proceso de unificación no transcurrió exento de conflictos. Pero finalmente la CDU se convirtió en un partido que proverbialmente se dirigía al ciudadano conservador protestante de Schleswig-Holstein, al católico de Renania y al liberal de Württemberg. Los hombres y mujeres que fundaron la Unión querían reunir en un solo partido las tradiciones socialcristianas, liberales y conservadoras de los partidos predecesores.

El primer canciller federal provino de las filas de la CDU. La fase fundacional de la República Federal de Alemania está inseparablemente unida a Konrad Adenauer, quien marcó el rumbo de la orientación política de la República Federal. La economía social de mercado y el milagro económico alemán están vinculados a Ludwig Erhard. El éxito y la popularidad de estas personalidades y sus políticas aseguraron a la CDU mayorías sólidas en las elecciones federales hasta finales de la década de 1960.

Luego, la transformación social en la República Federal se hizo evidente: el medio cristiano en el que la CDU reclutó a una parte sustancial de sus votantes se redujo notoriamente; el movimiento estudiantil de los años 68 y la aparición de nuevos movimientos sociales cambiaron el rostro social y político de la República Federal. La CDU/CSU no logró responder a esto en forma convincente, y perdió las elecciones federales de 1969 y 1972.

Sin embargo, el período en la oposición desencadenó un exhaustivo proceso de modernización, especialmente promovido por Helmut Kohl, presidente del partido y primer ministro del estado de Renania-Palatinado, quien en forma consecuente convirtió el partido de honorables en un partido de afiliados. Por supuesto que la CDU no se convirtió en un clásico partido programático, en parte debido a su concepción de la política pragmática y crítica de la ideología, y en parte debido al amplio espectro de posiciones e intereses que la Unión quería cubrir desde el principio. Sin embargo, el perfil se volvió más social en general, y más liberal en el campo cultural. Como secretarios generales, Kurt Biedenkopf y Heiner Geißler contribuyeron mucho al perfil de la CDU. La distribución de roles, no siempre libre de tensión, entre el presidente del partido y el secretario general, resultó ser ventajosa para el partido.

Con Angela Merkel comenzó una nueva era de la historia partidaria de la CDU, que casi nadie esperaba. Fue acompañada por una liberalización sociopolítica de la CDU. Después de siete años en la oposición, la Unión asumió nuevamente la responsabilidad del gobierno, y en 2005 Angela Merkel se convirtió en la primera canciller de Alemania. En tres gobiernos de coalición con el SPD (Partido Socialdemócrata) y una coalición con el FDP (Partido Liberal), Merkel se convirtió en una política y mediadora respetada internacionalmente, no solo en tiempos de crisis financiera y del euro.

Su decisión de septiembre de 2015 de mantener abiertas las fronteras frente a las migraciones de refugiados en Europa fue elogiada en todo el mundo desde un punto de vista humanitario, mientras que, a nivel nacional, cayó su popularidad cuanto más claros fueron los problemas y las tareas asociadas con esta decisión. El establecimiento de un nuevo partido a la derecha de la Unión, que ahora cuenta con representación en el Bundestag y en todos los parlamentos de los estados federales, plantea nuevos desafíos para el sistema de partidos tradicional en su conjunto y para la Unión en particular. Según sus propias dolorosas experiencias en este asunto, Markus Söder ha señalado que la Unión debe fortalecerse en el centro: «Hemos constatado que en el centro perdemos más votantes de los que ganamos por la derecha».

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Después de 20 años de un matriarcado moderado que cambió la Unión para siempre, coincidentemente con el aniversario de su fundación, la CDU se encuentra al comienzo de una nueva etapa de su historia. El dominio aparentemente seguro de los partidos populares ha sido víctima de una creciente segmentación en una «sociedad de singularidades» (Andreas Reckwitz), tanto en Alemania como en casi todas partes de Europa, y no es casual que se refleje en una erosión del sistema de partidos. Todas las grandes organizaciones tradicionales, desde la Iglesia hasta los sindicatos, han perdido adhesión en forma significativa, y los partidos políticos también encuentran cada vez más difícil actuar como correa de transmisión entre la política y la sociedad.

La reputación y el éxito de un partido popular dependen en gran medida de su capacidad para alcanzar e integrar diferentes grupos sociales e intereses. En el contexto de estos desafíos, ésta es una tarea exigente pero no imposible para la CDU, que porta la capacidad de cambio en su ADN.

(1) La Unión Social Cristiana (CSU) es el partido socio de la CDU en Baviera. Los representantes de ambos partidos forman conjuntamente una única bancada en el Bundestag.

Nota aparecida originalmente el 26 de julio en el diario Welt am Sonntag.

Traducción de Manfred Steffen, Montevideo

Los efectos de la pandemia serán contundentes. La región más desigual del mundo se enfrentará a un panorama muy complejo en términos políticos, sociales y económicos. Prioridades para pensar la salida de la crisis.   

Hace cinco meses que la pandemia llegó a América Latina y en muy poco tiempo se apoderó de todas las miradas que estaban puestas en, Asia primero, y luego en Europa. Las consecuencias que dejará el COVID-19 indican que para la región será el peor año en materia económica en más de 70. Se enfrentará a efectos que dejarán en situación de pobreza a más de 30 millones de personas nuevas. Para dimensionar: el equivalente a la población de Perú.

El panorama ya era complejo antes del coronavirus. Ahora, con los efectos de la pandemia serán desoladores. Los distintos gobiernos, obligados a combinar las recomendaciones sanitarias con las necesidades económicas, enfrentan proyecciones que auguran un futuro oscuro. Según el Banco Mundial, el PBI de la región caerá un estimado del 7,2% este año. La CEPAL, por su parte, asegura que la contracción económica significará un incremento de más del 4,4% en la tasa de pobreza y el 2,5% en la indigencia.

En 2019, hubo 5,4 millones de pobres más que en 2018. Con las proyecciones mencionadas, de 186 millones de personas pobres en 2019, se pasará a más de 214,7 millones en 2020. Mientras que la pobreza extrema saltará de 67,5 millones a más de 83,4 millones. Venezuela, Brasil, Perú, Argentina y México se sitúan como los países con caídas más profundas de PBI. En el primero de ellos, la economía –tal como viene ocurriendo desde hace años- caerá un 18%; en Perú cerca del 12%; Argentina alrededor del 7,3%; México un 7,5%; y Brasil un 8%. Estos números –del Banco Mundial- son fotos de hoy que podrían agravarse. El FMI es aún más pesimista.

Todo en una región que, además de ser la más desigual del mundo, cuenta con una característica que la torna muy vulnerable: la dependencia externa. América Latina está atada a dos factores a los que no puede controlar. Ellos son: el precio de los commodities y la variación de la tasa de interés. Los precios de las materias están a la baja, mientras que la posibilidad de financiarse con el exterior no resulta tan sencilla para algunos países que están endeudados y con Estados quebrados. Esta dependencia, frente a un mundo también golpeado por la pandemia, genera que el sombrío panorama para lo que viene se torne más aterrador.

Encima la política no colabora. Sin líderes de peso que puedan comandar el camino de la reconstrucción en conjunto, cada país atravesará la crisis y buscará la salida a su manera. A nivel regional se vienen tiempos de mayor conflictividad social, inestabilidad política y un aumento considerable de la desigualdad, que muchas veces se traduce en más violencia. Los conflictos sociales producidos en la región en 2019 (Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia) se profundizarán ya que, no solo no fueron resueltos, sino que el descontento económico crecerá y la escasa legitimidad de gobiernos –por falta de apoyo popular- no alcanzará para tranquilizar a una sociedad cada vez más incrédula. Todo esto generará una gran inestabilidad política. Las elecciones de septiembre en Bolivia, febrero en Ecuador y noviembre de 2021 en Chile podrían apaciguar ciertos reclamos ante la esperanza que pueda representar en la población una nueva conducción política, luego de gestiones muy cuestionadas.

Por su parte, uno de los gigantes de la región, Brasil, recién tendrá elecciones presidenciales en 2022, lo cual puede acelerar procesos internos que la pandemia expuso. Una falta de liderazgo político que no supo contener ni coordinar acciones en conjunto con gobernadores opositores y funcionarios propios. El relato de Jair Bolsonaro terminó de implosionar cuando, después de meses de subestimar la pandemia, fue diagnosticado con Covid.

Quien tal vez enfrenta uno de los peores panoramas es la Argentina. En default y a la espera de una renegociación de la deuda exitosa, el gobierno de Alberto Fernández solo apela a la emisión monetaria como única herramienta para sostener parte del tejido social. El escenario prepandemia mostraba una inflación anual de alrededor del 50%, un 35% de la población en situación de pobreza y un desempleo en crecimiento por el cierre de cientos de pequeñas y medianas empresas. Todos estos problemas ya se están agravando y, a diferencia de la crisis del 2001, las condiciones externas son muy distintas. Como si fuera poco, el déficit fiscal será el más alto en 30 años y crece el descontento social ante la dirigencia política. Se estima que, para fin de año, una de cada dos personas sea pobres en la Argentina.

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La coyuntura macroeconómica de la región ya evidencia la crisis. Enfrenta una dura caída de sus exportaciones, principalmente en los países que venden materias primas a China, como es el caso de Argentina, Brasil, Perú, Chile y Uruguay, quienes destinan en promedio el 20% de su comercio exterior al gigante asiático. El desplome del barril de crudo también afecta a las exportaciones petroleras. Todo en un contexto de baja recaudación tributaria y un alto nivel de endeudamiento, que con el correr de los años escaló profundamente y ata de pies y manos a muchos presidentes.

¿Dónde está la salida?                

En plena pandemia es difícil ver por dónde puede estar la salida, pero, como dice la frase, las crisis pueden representar una oportunidad. En este sentido, países como Uruguay, Paraguay y Panamá corren con ventaja ya que serán los que menos caerán en 2020 a partir de un buen manejo de la pandemia, ya sea por decisiones políticas o condiciones sociodemográficas favorables.

Pensando en volver a crecer, la región debe fortalecer sus instituciones, en busca de mayor estabilidad política y seguridad jurídica, con el objetivo de atraer inversiones y pensar en política públicas de largo plazo que impulsen un modelo productivo que tengan que ver con el siglo XXI y no con el siglo XX. Esto requiere de reformas laborales, fiscales e impositivas profundas y poner el foco en la educación y la sanidad. La evidencia, a partir del déficit en infraestructura que existe y la pandemia expuso, resuelve una larga disyuntiva: no pasa por tener Estados más grandes o más chicos sino por tener Estados más eficientes. Se necesita, principalmente, impulsar la inversión en infraestructura, en capital humano y el desarrollo de sectores como las finanzas y la tecnología. Pero para eso cada país tiene que promover políticas pro inversión y no anti, es decir, imponer una política exterior inteligente –no ideologizada- que aumente la cooperación regional para impulsar el multilateralismo y la integración con todos.

Las dos potencias miran la región

El rol de China y Estados Unidos en la reactivación latina es fundamental. El gigante asiático será clave por tres motivos: 1) Se trata del principal demandante de materia prima. 2) Ya puso un pie en la región con su iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. 3) Es un gran promotor de inversión extranjera directa. En Panamá, por ejemplo, la inversión china supera los 2.500 millones de dólares. Mientras que la firma ICBC ya está bien instalada en México, Argentina, Perú y Brasil.

Por su parte, el país norteamericano, además del comercio de alimentos, es el principal destinatario de la exportación de servicios basados en el conocimiento, algo que viene creciendo a buen ritmo en Uruguay, Argentina y Chile y puede hacerlo aún más.

Las dos potencias mundiales miran la región. No en vano la decisión de Donald Trump de romper con la tradición latina en la presidencia del BID. El presidente norteamericano, que en menos de cuatro meses pondrá su futuro en juego en las elecciones, quiere evitar que China aproveche las consecuencias de la pandemia en la región y continúe con su desembarco. La competencia –probablemente feroz- entre quien no quiere perder su zona de influencia y quien busca profundizar su peso en América Latina obligará a tomar decisiones importantes que pueden representar una gran oportunidad.

La recuperación económica en cada país de la región trascenderá a una gestión gubernamental, con lo cual los acuerdos políticos se tornan imprescindibles. La Unión Europea debería ser fuente de inspiración. La crisis post pandemia interpela a la región y la obliga a una recuperación rápida, de lo contrario, en 10 años hablaremos de otra década perdida.

¿Qué tan difícil puede ser diferenciar una mentira de una certeza? Tal vez más de lo que creemos. De hecho, las campañas de desinformación son estrategias para que no lo logremos.

La oferta de información se ha multiplicado. Recibimos noticas, análisis, opiniones desde todas direcciones. Nos llegan toneladas de información a través de los medios, de las redes sociales, de los chats en nuestros teléfonos. De hecho, nos faltaría horas del día si quisiéramos consumir todo lo que nos ofrecen. El problema de recibir tantos inputs está en cómo aplicamos nuestra capacidad de discriminación. ¿Qué estamos consumiendo? ¿De dónde proviene esa información? ¿Puede tratarse de información falsa? En ocasiones podemos detenernos a pensar en cada una de esas preguntas. Sin embargo, muchas veces esto no sucede y ese es el momento en el que las estrategias de desinformación han logrado su cometido.

La desinformación como estrategia

Es importante entender a la desinformación como a una estrategia, ya que no se trata de un proceso azaroso. Al contrario, se trata de una serie de acciones premeditadas con objetivos concretos que busca de forma cínica crear desconcierto, fomentar la apatía o paranoia en una sociedad y hasta generar una cierta desestabilización política económica o social.

El caso del Brexit es ejemplo de ello. Una parte importante de la campaña de los defensores de la salida del Reino Unido de la Unión Europea se apoyó en falsedades, datos manipulados y apelaciones emocionales sin respaldo empírico alguno. Y todo ello en concordancia con un análisis pormenorizado de segmentos muy concretos del electorado a través de las actividades de Cambridge Analytica. Aquella empresa que utilizaba la información personal de los usuarios de Facebook adquirida para supuestos fines académicos. El resultado fue el esperado: la campaña de desinformación pudo torcer la balanza y el brexit se convirtió en una realidad.

Jorge Tuñon, profesor de Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y Consultor en asuntos europeos explica que la “desinformación es una estrategia que se puede componer de distintas herramientas y una de las herramientas son estas fake news”.

¿Por qué se viralizan las fake news?

Según los criterios de noticiabilidad un suceso debe cumplir una serie de requisitos para que sea considerado noticia. Entre ellos, que sea verdadero. Es decir, por definición una falsedad, una mentira, una invención no pueden ser noticia.

Fanny Ramírez Esquivel, consultora internacional en comunicación política explica que la viralidad de las noticias falsas o fake news tienen que ver con sus elementos constitutivos: “titulares más llamativos, fotografías o imágenes alusivas que favorecen conexiones de conceptos, es decir, su forma está muy cuidada.” Según Ramírez Esquivel, el problema de las noticias que provienen de, por ejemplo, las instituciones públicas, no cuentan con ese poder de “empaquetamiento” de su información.

Las fake news son entonces un producto comunicacional que apunta a un mercado ávido de consumirlas. Están concebidas, pensadas, diseñadas para llamar la atención y generar interés. No están hechas para informar, para transmitir un hecho, su objetivo es otro, de ahí su poderío y, a la vez, ahí reside su peligrosidad.

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Seis veces más alcance

Según la empresa de gestión de redes sociales Hootsuite, Facebook cuenta con más de 2400 millones de usuarios activos, YouTube con alrededor de 2000 millones, Instagram con 1000 millones y TicToc ya supera los 800 millones. Son datos de enero de este año.

Con estos números las redes sociales han conseguido un alcance impensable hace apenas unos años. Un video, un post o un tweet puede llegar a ser visto por millones de usuarios en un período relativamente corto de tiempo. ¿Qué significa esto para la difusión de información falsa o manipulada?

Thomas Schaumberg, representante adjunto de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, escribió sobre las dos caras de esta digitalización. Por un lado, el beneficio de estar en contacto, de organizar conferencias y reuniones pese a la pandemia, de permitir que las instituciones democráticas sigan funcionando. Y a la vez de lograr que, pese a las limitaciones, sea posible seguir manteniendo una vida social. Pero por otro lado, Schaumberg también señala la problemática de las noticias falsas sobre Covid-19, así como de la difusión de teorías conspirativas. En resumen, la digitalización también da lugar a una diseminación de información manipulada o falsa con claros objetivos estratégicos.

El problema con esta cara oscura de las redes sociales es su poderío latente. Tuñon, que también es coautor del libro “Comunicación Europea ¿A quién doy like para hablar con Europa?” junto a Uxía Carral y Luis Bouza, apunta un dato que es revelador: “las estrategias de desinformación son mucho más eficaces que en el pasado porque el reach o el alcance es muy superior. Algunos estudios, como los de Mazzoni en Harvard que dicen que una desinformación tiene un alcance seis veces superior al de una certeza a través de redes sociales.”

Esa potencia surge de la combinación tres elementos: redes sociales, desinformación y sesgo de confirmación. Este último hace define al sesgo cognitivo por el cual las personas tienen una tendencia a adjudicarle veracidad a noticias que coinciden con sus ideas preexistentes, mientras que, por el contrario, tienden a rechazar aquellas que no lo hacen. Los tres elementos en conjunto aumentan las chances de consumir noticias falsas que llevan a ciertos sectores de la audiencia a interpretar una situación de una determinada manera.

¿Cómo combatirla?

En muchos países la desinformación se ha convertido en parte del juego político. Algunos opositores que quieren llegar al poder, otros gobiernos que quieren mantenerse allí, en ocasiones optan por esta estrategia en lugar de apelar a los valores democráticos y el Estado de derecho. La mencionada eficacia de la desinformación es un incentivo para ciertos sectores políticos y así es como se generan actitudes irresponsables. Ejemplo de ello es lo que sucede en el actual contexto de crisis del COVID19.

La infodemia. Aquel concepto que denominaba a la circulación de información falsa en relación al COVID-19. Se trata de una estrategia de desinformación que apuntaba básicamente a generar un clima de inestabilidad y desconfianza, una suerte de caos para aumentar la sensación de inseguridad en diversos sectores de la población. Las mencionadas teorías conspirativas que circulan entre aquellos sectores que critican la acción gubernamental en diversos países del mundo son algunas expresiones de los intentos estratégicos para desestabilizar gobiernos o erosionar la paz social. También sucede a la inversa cuando gobiernos irresponsables se inclinan por subestimar al COVID-19 generando con ello consecuencias sanitarias, sociales y económicas nefastas para sus países.

El peligro latente de la desinformación es tal que tal que la ministra de Defensa de Alemania y presidenta de la Unión Demócrata Cristiana, Annegret Kramp-Karrenbauer, lo menciona en un artículo sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Según ella la OTAN “debe mejorar su capacidad de lucha contra desafíos menos tradicionales.” Entre ellos menciona las campañas de desinformación.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, también encabeza una cruzada contra este flagelo. En un comunicado reciente ha llamado a “inundar Internet con hechos y ciencia.” Sin embargo, el interrogante sigue intacto: ¿alcanza con eso? ¿Se puede vencer el poderío de los sesgos de confirmación, el alcance y horizontalidad de las redes sociales, con ese tipo de estrategia?

En línea con la idea de Guterres, el Factchecking o la verificación de información es un intento por combatir la desinformación. Se trata de una actividad periodística que se ocupa de comprobar y contrastar los datos publicados o citados por noticias, políticos, organizaciones y demás actores. Incluso lo difundido y viralizado en redes sociales. En principio parece una estrategia interesante, Tuñon nos menciona algunos puntos débiles. Uno de ellos es justamente el sesgo de confirmación: “sólo nos exponemos a aquellas aseveraciones que concuerdan con nuestros principios ideológicos, es decir con nuestra forma de pensar. Por lo tanto si un equipo de verificación me dice que una noticia que a mí me gustaba está falseada, tenderé a ser escéptico con la verificación”, explica el académico español.

La verificación de datos, entonces, ayuda a conocer más sobre un tema, pero si ya se está familiarizado con el mismo, o si ya se posee una posición preexistente, su eficacia puede estar muy limitada. Y como si eso fuera poco, existe un efecto negativo e indeseado de esta actividad. Al realizar un chequeo y reproducir la información falsa que se pretende refutar con datos reales, lo que se termina haciendo es brindándole aún más espacio a esa mentira. Se le regala un espacio en el escenario, aunque más no sea para desestimarla.

Según Ramírez Esquivel la educación es un elemento muy relevante en la lucha contra la desinformación. “Hace mucho tiempo se decía que lo que hacía falta era más información para que la ciudadanía contara con esa posibilidad de poder opinar y poder decidir de manera más precisa. Ahora nos damos cuenta que no es más información lo que necesitamos, sino información de mejor calidad”. En ese sentido, la desinformación pierde margen de maniobra y con ello se debilita su impacto.

Calidad en lugar de cantidad. Información precisa y oportuna. Una concepción de la comunicación que no sólo tenga en cuenta el contenido sino también la forma en la que se transmite. Todo estos son algunas de las muchas claves para luchar contra el flagelo de la desinformación.

El teorema de Thomas dice que “si las personas definen las situaciones como reales, éstas terminan siendo reales en sus consecuencias”. Las palabras de este sociólogo norteamericano resumen el peligro que representa la desinformación. Si no la combatimos nuestros valores, nuestras democracias, nuestras libertades están en riesgo.

La cuarentena impuesta en el Paraguay desde el 11 de marzo ha resultado en un enorme éxito a nivel sanitario, con índices ínfimos en cuanto a afectados, comparando con las cifras de su vecino el Brasil, Chile o Perú. Sin embargo, el estricto y prolongado confinamiento ha dejado hasta ahora unos 300 mil desempleados y ha puesto en peligro de quiebre a unas 6 mil microempresas. El enorme nivel de empresas informales también ha contribuido a que la pandemia en el Paraguay sea mucho más complicada a nivel económico que sanitario.

María tuvo un pequeño taller de confecciones por varios años que tuvo que cerrar hace unos meses, por la difícil situación económica que le tocó vivir a este sector. Cuando finalmente iba comenzar un nuevo trabajo, llegó la pandemia de Coronavirus y junto con la obligación de quedarse en casa y la economía detenida casi por completo, los planes nuevamente quedaban postergados.

Estando en plena cuarentena, María decide subir a sus redes sociales la foto de un mantel que había confeccionado un tiempo atrás y del cual le quedaban aún algunos retazos de tela. Tal fue la repercusión de la imagen, que le empezaron a llegar pedidos de personas interesadas en comprarle ese mantel. Fue así que logró cerrar las primeras ventas. Y con esas primeras ventas y la repercusión que aumentaba, aquellos retazos de tela iniciales se le agotaban. María decide animarse a comprar más tela con un antiguo proveedor, convenciéndolo de pagar un pequeño porcentaje con lo que generó con las primeras ventas y el saldo a 60 días.

Con esa compra, María comienza a hacer frente a los pedidos, aumentando su capacidad de producción y derivando el trabajo de confección a pequeños talleres, de esos que funcionan en casas, en las afueras de Asunción. Así, sin darse cuenta, María asumió un rol al frente de una pequeña unidad de producción: tenía una persona encargada de los cortes de tela, un asistente de planchado y empaque, un repartidor y siete pequeños talleres de dos a tres personas trabajando a tiempo completo. Eran casi 15 familias, además de la suya, que habían quedado paradas por la pandemia y que ahora volvían a generar ingresos. Familias que al mismo tiempo volvían a comprar en las tiendas del barrio, alimentando así el círculo virtuoso de la economía.

Sin apenas percatarse María, además de volver a emprender con un negocio propio estaba llevando a cabo, a pequeña escala, una política de reactivación económica. Una reactivación propia, potenciando sus propias capacidades, muy distinta a cualquier reactivación que pudiera impulsar desde la comodidad de un escritorio algún burócrata, totalmente desconectado de cómo funciona el mercado o de las presiones que implica llevar adelante un negocio propio.

El caso de María es el claro ejemplo de cómo un emprendedor interpreta el mercado y saca lo mejor de sí para salir adelante en un momento de adversidad. Es el claro ejemplo de cómo nadie va ser mejor que el propio emprendedor para ponerse de pie y salir adelante, especialmente en Paraguay, un país donde se estima que más del 95% de las unidades productivas son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) pero de las cuales casi un 70% está en la informalidad y  por lo tanto prácticamente vive al día y  que, con la llegada de la pandemia,  vieron sus ingresos reducidos a cero de la noche a la mañana al acatar las medidas sanitarias. Es por eso que, más que nunca el Estado solo debe encargarse de fijar reglas claras, hacerlas cumplir y allanar el camino – remover obstáculos –, que después aquel que emprende “se las arregla solo”, como diríamos aquí en Paraguay.

Ya con algunos meses en pandemia nos suena hasta redundante seguir escuchando en forma reiterada hablar del escenario único que se nos presenta en lo que respecta a medidas económicas, casi tan repetitivo como el desafío a las empresas y a los trabajadores de la importancia de reinventarse y adaptarse al nuevo “modo Covid de vivir”. Sin embargo, es una pena que no escuchemos con la misma redundancia ni la misma contundencia que al pretender hacer las cosas de la misma manera solamente obtendremos los mismos resultados, ni tampoco escuchamos hablar de que el Estado, fuera de las medidas sanitarias de cuarentena, nunca va a ser tan ágil como el sector privado para llevar adelante su reactivación económica.

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Esto debe quedar bien claro al momento de prever medidas económicas en una situación tan adversa, justamente para no caer en el error de implementar soluciones que no llegan. Pretender reactivar basándose en fondos para créditos resulta lejano cuando la mayoría ni siquiera tributa o tiene una cuenta bancaria. Tal vez las transferencias monetarias den un alivio momentáneo, pero mientras, toca pensar por fuera de las recetas tradicionales. Sin embargo, en el Paraguay, se deben fijar las condiciones para la rápida y adecuada implementación de la recientemente aprobada ley que regula las operaciones de factoraje como opción de liquidez, la adopción de activos digitales cada vez más difusos, implementación de un recientemente reglamentado fondo de “capital semilla”, la apertura de canales de financiamiento colectivo. Romper paradigmas al típico de acceso a financiación.

Estamos ante el desafío de convertir la situación de dificultad en oportunidad y dar pasos necesarios en todas esas materias aún pendientes que puedan favorecer a un mercado dinámico y moderno, entre ellas una cruzada por la formalización y la inclusión financiera como vía para sanear la golpeada economía, pero además como herramienta para ampliar la base tributaria y compensar en lo posible la merma de ingresos fiscales del año complicado que se avizora.

Quedarse en casa no debe resumirse en la lejana y romántica idea de implementar e-commerce, en un país donde ni en tiempos regulares se logró que despegue. Hablar de capacitaciones es correcto siempre, pero los resultados son aún lentos para alguien que debe ver cómo llegar a fin de mes.

Por eso, quedarse en casa debe verse retribuido con trámites simplificados. Es el momento ideal para rever aquellos costos innecesarios típicos de la burocracia estatal, para aplicar regímenes ventajosos de menor carga social que incentiven el trabajo formal, optimizar procesos, implementar herramientas para dar una atención a medida a las MIPYMES y recabar datos (grandes ausentes a la hora de tomar decisiones en ambientes de alta informalidad) para brindar soluciones consecuentes y a medida y así tratar de inspirar a más personas como María, que con las mínimas trabas posibles van a tener un sano efecto multiplicador y al mismo tiempo mitigador de un embate tan duro como el que toca vivir.

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Todavía no ha pasado ni un año de las protestas sociales en Latinoamérica. Gente en las calles. En países gobernados por la derecha y por la izquierda. Un estallido social que parecía no detenerse hasta que llegó la pandemia y de alguna manera la llama se apagó. Sin embargo, los debates que siguieron a aquellos acontecimientos no se han agotado. Y hoy queremos poner algunos de ellos Bajo la Lupa.

Dos analistas nos ayudan a entender ¿qué hacer con la seguridad en Latinoamérica?

Iria Puyosa, investigadora y consultora en Comunicación Política, Estrategias Digitales y Políticas Públicas para Internet.

Jaime Baeza, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Descarga gratuitamente la última edición impresa de Diálogo Político sobre Seguridad: https://revista.dialogopolitico.org/

Conducción y realización: Franco Delle Donne.

En el centro de la tormenta, los presidentes latinoamericanos se encuentran ante el desafío de conseguir un equilibrio entre las cuarentenas largas y el aire a la actividad económica sin que por ello colapsen sus sistemas sanitarios.

Pasados más de cuatro meses desde el comienzo de la pandemia, las democracias de Occidente atraviesan distintas etapas. En Europa el (primer) pico de contagios y muertes parece haber quedado atrás, las naciones comenzaron la desescalada y el ingreso a la nueva normalidad. El continente americano, por su parte, es hoy el epicentro del Covid-19 y su horizonte de salida es incierto. Si la crisis sanitaria es desigual, la crisis económica es bastante homogénea. A uno y otro lado del Atlántico, los países sufren las duras consecuencias en términos de actividad, caída de consumo y desempleo de la pandemia.

En este contexto de enormes desafíos, ¿cómo evoluciona la popularidad de los líderes políticos? Para responder a este interrogante relevamos 230 encuestas de 17 países de América Latina, América del Norte y Europa.

Adelantamos la conclusión: la imagen de los presidentes y primeros ministros considerados en este estudio muestra una tendencia general a la baja. En el mes de junio, los líderes registraron niveles de aprobación promedio similares a los que tenían antes de la pandemia. El efecto “rally around the flag” parece haberse consumido. En términos de popularidad, lo que la pandemia dio, la pandemia lo quitó.

En la etapa inicial de la crisis (en abril), cuando la amenaza del virus produjo una fuerte conmoción en la opinión pública, tres mandatarios alcanzaron una imagen promedio superior a los 70 puntos porcentuales (los líderes de Argentina, Perú y Portugal). Hoy ningún líder sobrepasa ese umbral. La imagen promedio de abril de todos los presidentes fue 52,1%; la de junio, 45,1%.

Con la excepción de Lacalle Pou en Uruguay, que se encuentra en los primeros meses de mandato, todos los presidentes vieron caer en junio sus niveles promedio de apoyo en relación al mes anterior. En un grupo específico de países, la crisis del Covid-19 deja heridas en el liderazgo presidencial. La popularidad presidencial promedio de junio cayó, en comparación a marzo, en Brasil, Ecuador, Estados Unidos, España, Reino Unido y México.

Para la mayoría de los líderes, es un regreso a la situación pre-pandemia: poco les queda del capital acumulado por la crisis sanitaria. Es un volver a empezar. Con un agravante: para Latinoamérica, lo peor en términos de salud no pasó. Y en todos los casos, lo peor en términos de economía está por venir.

Variación regional en la respuesta a la pandemia

El nuevo foco del Covid-19 se trasladó a América, donde la crisis tiene más contrastes. Los Estados de la región están haciendo frente a la pandemia con menos capacidades y recursos que aquellos de los países desarrollados. ¿Cómo influyeron estas diferencias que preceden a la pandemia en las respuestas que dieron los gobiernos de América Latina y Europa?

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Para responder a este interrogante, agregamos a nuestra base de datos dos índices elaborados por la Universidad de Oxford. El primero es el Índice de contención y salud, que registra las restricciones estatales en la circulación, la política de testeos, el seguimiento de contactos, la inversión en atención médica, así como las inversiones en la búsqueda de la vacuna. El segundo, el Índice de apoyo económico, que considera medidas de acompañamiento por parte de los Estados como el estímulo a los ingresos y el alivio de la deudas de los ciudadanos.

Cómo vemos a continuación, la voluntad de los presidentes a uno y otro lado del Atlántico está subordinada a las restricciones de sus capacidades estatales. Mientras que en Europa lograron conciliar algunas cuarentenas administradas con altos estímulos económicos, la solución latinoamericana se caracteriza por los altos (y largos) niveles de aislamiento con menores inyecciones económicas. Es que una tormenta no se navega igual con un velero que con un acorazado. La estructura condiciona a la agencia y cada Estado hizo lo que pudo, con lo que tiene.

La mejor posición económica desde la que partieron los países del Norte les permitió volcar mayores recursos en la sociedad para hacer frente a la pandemia. La respuesta europea al Covid-19 fue mantener altos estímulos fiscales y económicos con olas sucesivas de aislamiento y apertura. No solo cuentan con sistemas de salud reforzados, sino también con arcas públicas de mayor tamaño.

Ninguna de esas características abunda en nuestra región. Con menos herramientas disponibles, la estrategia predominante en América Latina ha sido la implementación de medidas de cuarentena o aislamiento social más largas que la media de los países desarrollados, tal como se advierte en el siguiente cuadro.

No hay un “manual de buenas prácticas” frente a la pandemia. Hay países que aplicaron medidas de alta contención social y sanitaria que tuvieron una respuesta poco eficaz (Italia o Perú) y naciones con índices medios de contención y estímulo fiscal que registraron una mayor efectividad (Alemania o Uruguay). Lo más adecuado para comprender el grado de éxito de los gobiernos es atender las particularidades de cada país y analizar la secuencia de decisiones antes que mirar sus resultados. No hay una única estrategia exitosa, o un camino unívoco hacia el caos sanitario, sino muchas elecciones posibles.

En el centro de la tormenta, los presidentes latinoamericanos se encuentran ante el desafío de conseguir un equilibrio entre las cuarentenas largas y el aire a la actividad económica sin que por ello colapsen sus sistemas sanitarios. Es que en América la necesidad económica pesa más fuerte que en Europa. Y todo esto lo harán con un menor respaldo público promedio. El clima de unidad que dominó en la mayoría de los países ante la irrupción de la crisis sanitaria comienza a resquebrajarse. La política entra a la “nueva normalidad”.

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La crisis del COVID-19 pone en evidencia diversos problemas de las sociedades latinoamericanas. Entre los desafíos que deben enfrentar los Estados está la corrupción.

La importante cantidad de recursos que se han “movilizado” para hacer frente a la crisis sanitaria y de derechos humanos generadas por la pandemia, hacen urgente el fortalecimiento de los mecanismos tanto de fiscalización de la población, como de control administrativo/judicial por parte de los Estados para evitar que aniden prácticas corruptas perjudiciales para la democracia y los derechos humanos. El combate a la corrupción en estos momentos críticos que vivimos debe ser permanente y comprometer a todos los actores políticos y sociales, nacionales e internacionales y será decisivo para evitar que se sigan socavando tanto el Estado de Derecho como los derechos humanos en los distintos países de Latinoamérica.

1- Planteamiento general

La crisis del coronavirus ha obligado a varios Estados latinoamericanos a gestionar recursos, para afrontar de manera integral las múltiples amenazas y desafíos en materia de derechos humanos, que enfrentan frente a la pandemia.

La experiencia latinoamericana en el manejo de situaciones equivalentes está ensombrecida por el fantasma de la corrupción. La corrupción es una práctica ilegal que se encuentra extendida en nuestra región y que forma parte de la mala cultura política latinoamericana. Tanto su prevalencia, como sus efectos en los derechos humanos de las personas ya han sido estudiados por la CIDH.

En nuestra región, el mal manejo de las crisis y de los recursos que se movilizan detrás de ellas, ha terminado enriqueciendo a una élite política y empobreciendo a la sociedad en su conjunto, que paga durante generaciones, préstamos para ayudas que no siempre llegan a quiénes realmente lo necesitan. La corrupción es una práctica nociva para la democracia que se da tanto “desde arriba” como “desde abajo”. Por lo tanto, la transparencia en todos los niveles estatales será fundamental para asegurar que el dinero gestionado, se utilice en aquello para lo que de verdad se necesita, y la ayuda llegue a los más vulnerables de la sociedad.

La transparencia es la mejor respuesta a la corrupción. Es una herramienta y una práctica que utilizan los gobiernos democráticos para poner a disposición de la ciudadanía información relevante sobre su gestión, que puede ser utilizada con diferentes fines y propósitos, dentro de ellos la fiscalización del buen manejo de los recursos. Como buena práctica esta información debería brindarse de manera oficiosa y en aquellos casos en los que no se produzca de esa manera, al menos se debería permitir el acceso a la ciudadanía mediante procedimientos sencillos y de fácil acceso. La transparencia es necesaria tanto en la administración de los recursos como en el manejo de la información pública sobre el avance de la enfermedad, y desde la primera perspectiva, es fundamental en el combate contra la corrupción.

Como lo ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia en la gestión estatal están protegidos por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que literalmente dice “[t]oda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…)”

La información relacionada con el manejo de esta gran cantidad de recursos no puede ser administrada a discreción de los Estados, y debe transparentarse de manera pública. Los organismos financieros internacionales y los países involucrados con los préstamos o donaciones que benefician a los Estados latinoamericanos, deben exigir a los gobiernos beneficiados, la puesta en práctica de mecanismos para asegurar la administración transparente dichos recursos, como una condición para los próximos desembolsos, pues el combate contra la corrupción compromete no solo a los Estados y sus ciudadanías, sino también a la comunidad internacional que abarca a otros Estados y a organismos internacionales.

El manejo transparente de las donaciones, cooperación o préstamos permite combatir tanto la corrupción macro como la micro corrupción, entendida por esta última, las prácticas corruptas que ejecutan funcionarios públicos de bajo rango en la distribución de los beneficios destinados a la ciudadanía. Los Estados latinoamericanos, así lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deben “fortalecer sus capacidades para garantizar de manera proactiva el acceso a la información pública, clave en la lucha contra la corrupción; y fortalecer sus mecanismos de transparencia activa y rendición de cuentas”.

El rol de la ciudadanía, periodistas, organizaciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, es importante en este ámbito, sobre todo frente a Estados que se caracterizan por su poca apertura al escrutinio público o que enfrentan crisis institucionales agravadas por la existencia de esquemas de corrupción como Venezuela, Honduras, Nicaragua, Bolivia, por mencionar algunos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus resoluciones 1/17 sobre corrupción e impunidad y 1/18 sobre corrupción y derechos humanos, ha resaltado la importancia del control ciudadano que ejercen todos los actores sociales, en los procesos de investigación y denuncia de los actos de corrupción.

La ciudadanía y todos los actores sociales como parte de su ejercicio democrático deben fiscalizar los actos de las instituciones públicas, desde las compras hasta la distribución de las ayudas. En algunos países gracias a esta fiscalización permanente ya se han detectado anomalías en compras realizadas, tal es el caso de Honduras, Argentina y Bolivia, donde se han adquirido productos médicos o alimenticios a un precio mayor al del mercado. Algo similar ocurre en Centroamérica y otros lados del continente. Las leyes de emergencia que se han aprobado, en la mayoría de los casos contemplan, no solo medidas de confinamiento y de restricción de libertades, sino también procedimientos simplificados de compras públicas, como las compras directas u otros equivalentes. La no existencia de los filtros habituales nos obliga a ejercer un mayor rol fiscalizador para evitar que la corrupción encuentre en estos procedimientos una ventana de oportunidad.

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Según ha recordado la Corte IDH en el caso Claude Reyes versus Chile “[e]l control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios  sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad”

2- Algunas obligaciones de los Estados a la luz de los estándares internacionales sobre transparencia y corrupción

 Existen varios instrumentos internacionales (declaraciones, tratados, convenciones) que contemplan disposiciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública como prácticas democráticas que contribuyen entre otras cosas a la lucha contra la corrupción, dentro de ellas se encuentra la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción que establece los siguientes lineamientos que deben ser tomados en cuenta por los Estados:

• Sobre las políticas y prácticas para prevenir la corrupción, señala que los Estados deberán promover políticas “contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas”.
• Sobre la contratación pública y gestión de la hacienda pública, señala que los Estados deben establecer sistemas de contratación pública basados en la transparencia que deben incluir como mínimo la información relativa a procedimientos de contratación pública, incluida información de licitaciones e información oportuna sobre la adjudicación de contratos
• Sobre la información pública, señala que los Estados para combatir la corrupción deben promover la transparencia en su administración, esto incluye la adopción de procedimientos de acceso a la información pública; la simplificación de los procedimientos en los casos que proceda; y la publicación de información oficiosa.

No basta con fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, sino que los Estados a su vez deben fortalecer los mecanismos de control preventivo, así como los sistemas de administración de justicia. La CIDH ha señalado que sería incompleto implementar estrategias de transparencia y de acceso a la información pública en el combate contra la corrupción si estos no vienen acompañados de estrategias judiciales para procesar a responsables de actos de corrupción; y por tanto, señala que los Estados deben fortalecer la independencia, la imparcialidad, la autonomía y la capacidad del sistema de administración de justicia, y de las otras instituciones de control administrativas, para hacer frente a la corrupción.

También ha dicho que la cooperación entre los sistemas de administración de justicia de los Estados juega un papel fundamental en el combate contra la corrupción, así como en la recuperación de los activos por lo que se debe “promover una respuesta regional a la corrupción desde un enfoque de derechos humanos”.

3- Reflexiones finales

 En estos tiempos convulsos la corrupción debe estar en el centro del debate público. Debemos insistir en la implementación de mecanismos de transparencia que garanticen una vigilancia permanente de la ciudadanía sobre la actuación pública, a los fines de evitar actos de corrupción. La pandemia no puede distraernos de nuestro rol de fiscalización, sobre todo cuando la región tiene graves antecedentes en materia de corrupción como problema estructural.

Los Estados por su parte, deben implementar todas las medidas que estén a su alcance para promover la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana en las labores de fiscalización y control de la gestión pública, sobre todo, aquellas relacionadas con el manejo de recursos, como donaciones y préstamos. Congruentes con su vocación democrática deben transparentar toda la información, sin necesidad de que sea solicitada por la ciudadanía, aplicando de esta manera lo dispuesto en sus legislaciones nacionales y cumpliendo de buena fe sus compromisos internacionales de promover y publicar información oficiosa. A su vez se deben fortalecer los sistemas de control administrativo como los sistemas de justicia, los primeros para prevenir la corrupción y los segundos para perseguirla y sancionar a los responsables.

La lucha contra la corrupción debe comprometer también a la comunidad internacional que por un lado debe exigir la implementación de mecanismos de transparencia a los países receptores de préstamos o donaciones y por otro, colaborar con estos países y sus sistemas de justicia, en los procesos en contra de funcionarios corruptos y en la recuperación de activos provenientes de la corrupción.

Lo cierto es que el coronavirus pasará pronto, mientras que la corrupción y sus estragos parece que todavía no.

Transitamos una época incierta, en la que los fundamentalismos y la intolerancia amenazan la convivencia. Solo en el conocimiento y la comprensión del otro podremos enfrentar este desafío.

Existe una gran diversidad de interpretaciones sobre lo que entendemos por “Estado laico” y “laicidad”, sobre los límites de la libertad religiosa y sobre el vínculo que debería tener el Estado con instituciones religiosas. Pero lo complejo del asunto es que no existe una “laicidad” en abstracto, sino que existen diversos modelos de laicidad, formas reales de acuerdos que dan autonomía al Estado y a las religiones, donde lo que tienen en común es que el Estado debe ser aconfesional, es más, ampliando el concepto, no debería nunca imponer una visión doctrinal a los ciudadanos, ni religiosa, ni ideológica. Las relaciones entre la esfera política y religiosa son muy diferentes en estados laicos cuya diversidad sorprendería a quienes toman como modelo la propia forma concreta de ese acuerdo que llamamos “laicidad del Estado”. Estados laicos como Turquía, Estados Unidos, México, Uruguay o Francia, tienen notables diferencias. En México, aunque el Estado es laico unos años antes que en Uruguay, la fuerte presencia de la religión en el espacio público es incomparable a la forma uruguaya de esconder la dimensión religiosa, privatización más radical que la francesa. A muchos uruguayos les cuesta imaginar a México como un país laico por su cultura religiosa y su presencia pública, ni hablar cuando se piensa en Estados Unidos. Y es que en el caso francés y el uruguayo la separación de la Iglesia y el Estado vino acompañada de una ideología laicista que buscó hacer desaparecer de la vida pública la presencia de lo religioso.

El caso uruguayo

No hay que confundir separación de la Iglesia y el Estado con desaparición pública de la religión, que es una realidad más cultural que jurídica. Uruguay es imitación del modelo francés, pero desarrolló sus propias características y las radicalizó. En Uruguay no solo se separó el Estado de la religión, sino que se tomaron medidas para recluir culturalmente las manifestaciones religiosas al ámbito privado, haciéndola invisible socialmente. Y es que más allá de los aspectos jurídicos, hay cuestiones filosóficas y culturales cuyo impacto va más allá de las leyes. De hecho, que el Estado sea laico es algo bien visto por las Iglesias, porque se gana en libertad y autonomía en todas las partes involucradas. A nadie se le ocurre hoy pensar que a la Iglesia Católica o a las iglesias protestantes les interese algún tipo de casamiento con el Estado. La pugna está en otro lado y es que hay visiones de la laicidad más inclusivas, donde hay una mirada positiva hacia las religiones, como una realidad que enriquece la vida social y cultural, que aporta valores y espiritualidad; pero también hay visiones más negativas o excluyentes como la uruguaya o la francesa, donde la tradición jacobina y el influjo del positivismo vieron en la religión una especie de peste social que debe ser erradicada de la  sociedad, porque sería sinónimo de oscurantismo, dogmatismo, conflicto social y superstición. Nadie que estudie seriamente las religiones puede pensar eso, pero el prejuicio está instalado hace ya más de un siglo en Uruguay y sigue viviendo en el imaginario de mucha gente que tiene una suerte de “alergia” a todo lo que tenga que ver con religión, más aún si se trata de cristianismo.

A su vez, algunos grupos católicos y evangélicos buscan mayor visibilidad e influencia social y política, sin que eso cambie las reglas de juego de un Estado laico. Pero también es cierto que, en todo el mundo, los fieles católicos -en su mayoría- no siguen a pie de juntillas lo que enseña la Iglesia. En Uruguay los que se dicen católicos (nominales) no pasan de un 38% y siguen decreciendo, de los cuales la amplia mayoría no están vinculados a la Iglesia. Tan solo un ínfimo 4 o 5% de la población es católica comprometida con su fe y más militante, y tampoco son personas que no piensen por sí mismas. Eso nos da una idea de lo infundados que son los temores de quienes se preocupan por la “influencia” de la Iglesia Católica. Es algo más imaginado que real.

Más allá de cómo se dieron las cosas históricamente, el Uruguay salió ganando, porque ganaron ambos más libertad, el Estado y las iglesias. Los católicos uruguayos se sienten orgullosos de la separación, porque es garantía de libertad, aunque no celebran el prejuicio anticatólico que heredó el conflicto y que permanece todavía.

Laicidad en sociedades plurales  

Si bien en el diccionario de la RAE “laicidad” y “laicismo” aparecen como sinónimos y ese uso está generalizado en algunos autores y contextos, no es menos cierto que en muchos pensadores estos términos han servido para distinguir apropiadamente la laicidad como realidad de separación, de la ideología excluyente de lo religioso (laicismo). Muchos cristianos, aunque jurídicamente tienen libertad de culto y de expresión, se sienten excluidos del debate público por el solo hecho de profesar una fe religiosa, como si eso los inhabilitara para hablar. Lo que critican no es la laicidad, sino el laicismo. Esa forma de discriminación vive de presupuestos equivocados, como si alguien por ser creyente automáticamente “contaminara” el espacio público con sus dogmas religiosos, cuando en realidad puede entrar en un debate racional como cualquier ciudadano y nada debería impedirle hablar de temas sociales y políticos.

Estoy seguro de que es más constructivo entender la laicidad en forma positiva, inclusiva, reconociendo el aporte de las religiones y su diversidad cultural como riqueza para la sociedad y dándole la bienvenida en el debate público, donde el Estado es completamente independiente de estas instituciones y sus creencias, pero las escucha y las reconoce. Donde hay una visión positiva de la religión en la sociedad, su aporte es uno más en la construcción del bien común, sin confundir los ámbitos propios de institución.

El filósofo alemán Jürgen Habermas entiende que ha de existir una mutua comprensión y autorreflexión entre creyentes y no creyentes. El creyente religioso debe reconocer la preeminencia de la racionalidad, la igualdad y la libertad de los individuos y de una moral universal, de unos mínimos éticos comunes a toda la sociedad. Pero el laico debe superar la visión de las religiones como simples reliquias arcaicas y comprender que su no adhesión a las concepciones religiosas no puede ser impuesto a otros en el espacio público, no puede obligar a que los demás abandonen su fe para pensar y dialogar.

En la actualidad, en la construcción colectiva de la convivencia social no se busca ya esconder la propia identidad o abandonar las propias convicciones, u ocultar los signos particulares, sino que, a partir del descubrimiento de la diversidad cultural como un valor y una riqueza, el encuentro con el otro se vuelve fuente de respeto, de aprendizaje mutuo y de promoción de los derechos humanos. Solo en el conocimiento y la comprensión del otro podemos hacer frente a los fundamentalismos, ya sean religiosos o ideológicos.

Bill Gates se convirtió en el blanco predilecto de las teorías conspirativas sobre el COVID-19. ¿Qué sustento tienen dichas afirmaciones? ¿Son la causa del escepticismo de tanta gente respecto a la vacuna?

Hace algunos años conocimos por las películas de Marvel al personaje de ficción conocido como Thanos, un titán intergaláctico todopoderoso que tenía una preocupación aparentemente válida: la vida había dejado de ser sostenible en el universo y, por tanto, había que eliminar —sin pensarlo dos veces— a la mitad a sus habitantes. La última línea de defensa ante esta amenaza genocida eran, por supuesto, los Avengers, ese grupo de héroes liderado por Tony Stark, el genio multimillonario también conocido como Iron Man que, sin tener superpoderes, salvaría al mundo gracias a su dominio de la tecnología.

¿A quién se parece más Bill Gates, el cofundador de Microsoft y hoy copresidente de la Fundación Bill and Melinda Gates: a Thanos o a Tony Stark? Pues, si me dieran a escoger, pensaría que al segundo. Como Tony Stark en las películas de Marvel, Gates entendió que el mundo enfrentaba un peligro inminente —una pandemia para la cual no estábamos preparados— y soltó enfáticamente la clarinada de alerta en una charla TED que dio cinco años atrás.^[1] Pocos le hicieron caso, el mundo no se preparó como debía y nos cayó encima el covid-19 cual baldazo de agua fría.

Hoy, Gates está tratando de usar la tecnología para conjurar el problema sobrevenido, invirtiendo miles de millones de dólares de su propio peculio para tener lista la infraestructura que permita producir masivamente una o varias vacunas para controlar el nuevo coronavirus.^[2] Es, para algunos, uno de los héroes que nos está dejando esta pandemia, quizá el que tiene individualmente la mayor capacidad para actuar y ponerle freno.

Pero, curiosamente, hay también quienes creen que Bill Gates es una versión de Thanos que se escapó del celuloide. Lo que está buscando en realidad este pretendido filántropo es precipitar un genocidio a escala global para controlar el problema de sobrepoblación que tiene nuestro planeta. Y no solo eso, sino que quiere implementar un mecanismo para tener controlados a todos los que sobrevivan. ¿Cómo? Pues implantándoles microchips que permitan monitorearlos de forma permanente sin que se den cuenta.

Estas son solo algunas de las ideas más delirantes que están circulando alrededor de la figura de Bill Gates y el rol que está teniendo en esta época de covid-19. De hecho, parece haber desplazado ya a George Soros como el principal protagonista de las teorías conspirativas que inundan las redes sociales en estos días. ¿Cómo ocurrió esto?

El otro TED talk

Para entenderlo tenemos que revisar otra charla TED que dio Gates en el 2010 sobre cómo evitar que 2.000 millones de personas se vean afectadas negativamente por el cambio climático.^[3] Aquella vez, el filántropo dijo que para solucionar este problema el mundo debía enfocarse en crear innovaciones realmente transformacionales en tecnologías energéticas. Pero a mitad de camino en su charla, soltó un comentario que dejó pensativos a varios. Dijo Gates que la población global iba a pasar de 6.800 millones a 9.000 millones, pero que si se hacía un buen trabajo en materia de vacunas, sistemas sanitarios y servicios de salud reproductiva, se podía reducir ese aumento demográfico en 10#% o 15#%. ¿Quién se había creído Bill Gates para privar a esas personas del derecho de nacer?

No era la primera vez que el filántropo despertaba acusaciones por querer, supuestamente, controlar el crecimiento demográfico con prácticas que no todos veían con buenos ojos. El trabajo de la Fundación Gates en Ghana había sido cuestionado antes en un caso en el que se le acusó —infundadamente— de estar administrándoles a los nacionales de ese país un método experimental para esterilizarlos sin su consentimiento.^[4] Hasta el día de hoy circulan en la web varias imágenes manipuladas de la fachada de la Fundación Gates en las cuales se ha agregado en inglés la frase «Centro para la Reducción de la Población Global» como para convencer a algunos incautos de que esto es efectivamente lo que persigue la fundación.

Otra fuente de acusaciones contra Gates en el tiempo fue su labor en el campo de las vacunas, propósito en el cual decidió en el 2010 invertir 10.000 millones de dólares por una década con su fundación. Por ejemplo, se dijo —falsamente— que la vacuna contra la polio que su fundación había financiado había paralizado a 496.000 niños en la India entre el 2000 y el 2017.^[5] Curiosamente, quien había levantado esta infamia había sido Robert F. Kennedy Jr., sobrino del presidente estadounidense John F. Kennedy, y un conocido activista antivacunas.^[6] Gracias al trabajo de la Fundación Gates, la polio prácticamente había desaparecido del sudeste asiático,^[7] y si bien sí es posible que una persona desarrolle la enfermedad al recibir la vacuna, la probabilidad de que esto ocurra es 1 en 2,7 millones según la OMS y solo se habían registrado 17 casos de este tipo entre el 2000 y el 2017.

Digamos, entonces, que las teorías conspirativas que tienen a Bill Gates como villano vienen de tiempo atrás, pero ¿cómo reaparecieron con tanta fuerza a propósito del covid-19?

Corolario

¿Adónde nos está llevando todo esto? Pues a que casi la mitad de la población estadounidense hoy se manifieste en contra de administrarse una vacuna contra el covid-19 cuando esta exista y 23#% dice incluso que no permitirá que lo obliguen a hacerlo. Es decir, estas falsedades van a impedir que EEUU pueda llegar a la inmunidad de rebaño contra el covid-19 por la indisposición de tantas personas a vacunarse. Ese es el riesgo real de esparcir falsedades por las redes sociales: poner en riesgo la salud pública de todo un país.

Cuando en una entrevista con la cadena China Global Television Network le preguntaron a Gates sobre todas estas cosas que se estaban diciendo sobre él, el filántropo respondió: «Es irónico, si consideras que se trata de una persona (está hablando aquí de sí mismo) que está haciendo su mejor esfuerzo para hacer que el mundo esté preparado y poniendo en mi caso miles de millones de dólares (…) tratando de solucionar transversalmente el problema de las enfermedades infecciosas incluyendo aquellas que pueden causar pandemias. Pero estamos en una situación loca, así que va a haber rumores locos».^[8]

Pues esos «rumores locos» van a hacer que el covid-19 se quede con nosotros bastante más tiempo del que debería.

[1] ‹https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI›.

[2] ‹https://www.weforum.org/agenda/2020/04/bill-gates-7-potential-coronavirus-vaccines›.

[3] ‹https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I&t=12s›.

[4] ‹https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/coronavirus-bill-gates-conspiracy-theories›.

[5] ‹https://www.politifact.com/factchecks/2020/apr/23/facebook-posts/anti-vaxxers-spread-conspiracy-about-bill-gates-an/›.

[6] ‹https://arstechnica.com/science/2019/11/robert-f-kennedy-jr-is-the-single-leading-source-of-anti-vax-ads-on-facebook/›.

[7] ‹https://www.who.int/southeastasia/news/detail/27-03-2019-marking-five-years-of-polio-free-certification-who-south-east-asia-region-uses-polio-legacy-to-enhance-overall-immunization›.

[8] ‹https://www.youtube.com/watch?v=nFUdX_0PpT0&feature=youtu.be›.

Este texto es la transcripción parcial del podcast adjunto.

La fuerte polarización de la sociedad política estadounidense se refleja hasta en los comportamientos de los ciudadanos acerca de la buena práctica de cubrir el rostro en los espacios públicos o compartidos para evitar el contagio de la covid-19. En un ambiente político de crispación, el tapabocas forma parte de una guerra cultural entre los adláteres del presidente republicano Donald Trump, que se niegan a usarlo, y, en la vereda de enfrente, los votantes demócratas o independientes.

En Washington hay muy pocos temas que escapan a la reyerta política interna, algo que también se refleja en el resto del país. Uno de ellos es la preocupación por el papel de China en la política global sobre lo cual hay un amplio consenso, aunque no así en la estrategia para enfrentar a un enemigo que le pisa los talones y que, a esta altura, tiene todos los condimentos de una nueva guerra fría.

Cada vez más, los estadounidenses ven el poder y la influencia de China como una gran amenaza para Estados Unidos (EEUU), según una encuesta de Pew Research Center, difundida el mes pasado. Entre 2018 y mayo pasado, la percepción negativa sobre China subió 14 puntos porcentuales, saltando de 48% a 62%. La mala imagen del régimen que lidera Xi Jinping empeoró durante la gestión de Trump, quien emprendió una furiosa guerra comercial que tuvo una tregua en enero pasado, pero que ahora tastabilla debido a las tensiones diplomáticas por la gestión de la COVID-19.

El jefe de la Casa Blanca advirtió que maneja la opción de «cortar todos los puentes» con China. Joe Biden, el contrincante demócrata de Trump en las elecciones nacional del próximo 3 noviembre, es muy crítico de China, pero también de la política del presidente republicano de luchar en solitario, sin el apoyo de sus históricos aliados europeos. Pregona un frente común para enfrentar los abusos comerciales y tecnológicos de China.

El rechazo popular y el consenso político de Washington contra Pekín dejan ver que es un asunto que trasciende a Trump. La tensión entre las dos principales potencias del mundo se manifiesta como un conflicto de fondo como el que en su momento disputaron EEUU y la ex Unión Soviética (URSS).

Tecnológica en pugna

La Guerra Fría del siglo XX fue una confrontación entre el capitalismo democrático (EEUU) y el socialismo real (ex URSS) que llegó a reflejar un sistema internacional propio, de una gran influencia en el devenir de los países que se recostaban sobre uno u otro bando de la disputa mundial, y muchas veces de manera trágica. Los regímenes de China, de Corea del Norte y de Cuba, políticamente cerrados, podrían considerarse vestigios de aquella pugna, aunque en las aguas del mundo económico actual, el buque insignia avanza con el motor del capitalismo. Hasta los herederos de Mao, aunque con sus peculiaridades, se convirtieron en actores de la lógica de la globalización y la competencia empresarial.

El sistema capitalista globalizado explica en parte que la guerra fría del siglo XXI entre EEUU y China sea más compleja que la de la centuria pasada. Es una lucha por la supremacía mundial en términos geopolíticos e ideológicos y, a la misma vez, una competencia brutal en términos económicos. Es por eso que la guerra fría del presente supone una feroz carrera contrarreloj por el avance y la penetración global de la tecnología.

El ganador de la competencia representará un nuevo poder global medido en binary digit. Como escribió John Thonhill, editor de Innovación del Financial Times, “la guerra fría 2.0 tiene que ver con el software civil y la innovación tecnológica”. Y la principal batalla se libra en el terreno de la tecnología 5G, en la que EEUU y China miden sus potentes fuerzas. China se ha mostrado más beligerante con la compañía Huawei intentando tomar puerto europeo, latinoamericano y todos aquellos lugares donde pueda atracar.

Mientras tanto, el 5G del EEUU de Trump avanza más lento que el promocionado por Xi y exhibe una táctica a la defensiva: alerta al mundo de que las actividades de Huawei son una verdadera amenaza a la seguridad nacional y facilitarán las tareas de espionaje del régimen de Pekín.

Dejando a un lado las advertencias trumpianas, es cierto que la infraestructura de la red móvil de quinta generación, es mucho más que un aumento en la velocidad en la conectividad a Internet. Confiere mucho poder al proveedor porque también supone el desarrollo de extender la informática a objetos de la vida cotidiana (heladera, lavarropa, etc.) y cuyos usos exigen de una mínima intervención. Está previsto que hasta parte de la infraestructura urbana de las ciudades formen parte de esta imponente tecnología.

Es realmente inquietante que la gestión de todo ello —que se extenderá a intervenciones quirúrgicas teledirigidas, vehículos autónomos y hasta en tareas agrícolas e industriales— esté en manos de una multinacional de un país en el que funciona un capitalismo de Estado y que, además, como dejó al desnudo la pandemia, no es un socio confiable para Occidente.

Los aliados europeos han tomado nota de las quejas estadounidenses, pero por ahora no prohibirán los negocios de Huawei -aunque podrían limitarlos-, lo que puede desatar un conflicto con Trump si permanece en la Casa Blanca. La compañía china es un jugador clave en Europa en el avance de la tecnología 5G para no quedar rezagado del impacto que tendrá en la economía.

Los desafíos son enormes porque hoy el mundo global se desenvuelve con una institucionalidad multilateral malherida y presidentes recelosos, incluso entre aliados históricos. La guerra fría del presente es más peligrosa que la del siglo pasado y las características de liderazgos de Trump y Xi hacen que el mundo transite por un espeso banco de niebla.

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El recién electo presidente Luis Abinader enfrenta el desafío de terminar con la corrupción e implementar políticas transparentes en la República Dominicana.

La política anticorrupción se mantiene débil en la República Dominicana, de acuerdo al Bertelsmann  Tranformation Index. El escándalo de Odebrecht en diciembre de 2016 le pegó duro a la clase política del país. En las recientes elecciones presidenciales, el candidato del Partido Revolucionario Moderno puso fin a dieciséis años de hegemonía del Partido de la Revolución Democrática en República Dominicana. Luis Abinader, quien había quedado en segundo lugar en las elecciones pasadas, superó al candidato oficialista, muestra del hartazgo de la ciudadanía por la corrupción e impunidad asociados al liderazgo de centroizquierda.

El BTI 2020 demuestra que para el periodo bajo análisis (febrero 2017 hasta enero 2019) para Republica Dominicana fue más de consolidación en lugar de lanzar nuevas prioridades políticas. En su séptimo año como presidente, Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), gozó de un fuerte apoyo popular y de total control de su partido, aunque a medida que las elecciones de 2020 se fueron acercando, este control fue decreciendo, en gran parte por divisiones internas.

En las elecciones de 2016, el PLD de Medina, coalicionado con su enemigo histórico -el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- ganó con un sólido margen contra el débil y novedoso Partido Revolucionario Moderno (PRM), habilitando así la renovación de su mandato presidencial por cuatro años más.

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Actualmente, y como medida preventiva en medio de la pandemia por Covid-19, las elecciones previstas para el 17 de mayo de 2020 se pospusieron para el 5 de julio. Medina ya no es elegible para una nueva elección y por el PLD se presentó el candidato Gonzalo Castillo. Las recientes elecciones contaron con la presencia de observadores internacionales y resultaron en una victoria que trajo el cambio de signo político que no se daba desde 2004: el empresario Luis Abinader del PRM, quien había quedado en segundo lugar en las elecciones pasadas, superó al candidato oficialista, muestra del hartazgo de la ciudadanía por la corrupción e impunidad asociados al liderazgo de centroizquierda.

Entre las propuestas de campaña del candidato ganador estuvieron la creación de empleos, la finalización de la informalidad laboral y el empoderamiento de la mujer.

Cabe destacar que durante el mes de febrero de este mismo año se dio la inédita suspensión de las elecciones municipales estipuladas para el día 16 de ese mes. A raíz de ese episodio se despertó una oleada de protestas que, con el lema “Es pa’ fuera que van”, exigieron durante varias semanas una explicación transparente respecto de lo sucedido con el sistema de voto automatizado instalado por la Junta Central Electoral.

El gobierno expresó su preocupación respecto a la demanda de la sociedad, y el presidente Medina instruyó a representantes del gobierno a reunirse con el Secretario General de la OEA, Luís Almagro, para ventilar este asunto y explorar vías de cómo proceder.

Fruto de tal reunión se decidió solicitar a la OEA una auditoria-investigación que arroje luz sobre lo acontecido. Además, se estimuló la participación de otros organismos de carácter internacional de modo que haya la mayor independencia y credibilidad en los resultados de la investigación sin la injerencia de actores políticos.

Finalmente, la OEA concluyó que lo que produjo el episodio fue causa de la “mala gestión” del equipo de informática de la Junta Electoral, a lo cual se agrega “no haber contado con herramientas para detectar o prevenir la falla y no haber podido mitigarse a tiempo”. Además, se aclara que “no se encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude en los fallidos comicios”. En marzo, se volvieron a celebrar los mencionados comicios municipales, esta vez utilizando el voto manual.

En el BTI 2020, la gestión de la gobernanza fue la que registró más cambios positivos, particularmente en las características de coordinación de políticas y de cooperación regional.

Respecto a la primera de estas, la coalición fomentada por el oficialismo para enfrentar las elecciones de 2016 favoreció la coordinación de políticas y redujo los conflictos internos. No obstante, con el avecinamiento de las elecciones de 2020 fueron apareciendo nuevas escisiones internas al PLD que debilitaron su capacidad de coordinar políticas con otros partidos y también el control de Medina sobre el partido que lidera, lo cual terminó afectando indirectamente la coordinación de su administración, principalmente sobre la priorización estratégica de objetivos.

La política anticorrupción se mantiene débil (con apenas 3 puntos en el BTI 2020), en tanto, en este periodo de análisis, ha habido un aumento de la exposición de casos de corrupción, la mayoría por parte de instituciones estatales autónomas. El escándalo de Odebrecht en diciembre de 2016 le pegó duro a la clase política del país, ya que varios funcionarios y exfuncionarios se vieron implicados en la trama corrupta, demostrando la omnipresencia de esta problemática en los contratos públicos. La prensa y la opinión publica son los actores que más atención han prestado en torno a la exhibición de estos temas.

Ligado a esta cuestión, el indicador de libertad de expresión, dentro de la dimensión política, demuestra que ésta se respeta en términos generales pero que ha tenido un leve decline con respecto al BTI anterior. Hay aspectos puntuales que aun requieren mejorías; por ejemplo, la legislación sobre libertad de información está vigente (ley 200/04) pero se aplica selectivamente; además, el periodismo de investigación es poco común, pero de a poco se está abriendo paso en la vida política.

En torno a la cooperación regional ha habido avances significativos. El ministro de relaciones exteriores (y presidente del PRD), Miguel Vargas Maldonado, ha fomentado también la apertura de relaciones con China y, por primera vez en su historia, se dio la incorporación del país en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2019. Tal estrategia permitió la firma de tratados de libre comercio con la Comunidad del Caribe (CARICOM), Centro América, Costa Rica, El Salvador y los Estados Unidos de América, y un acuerdo comercial con Panamá.

Su relación con Haití es complicada, sobre todo debido a desacuerdos en temas de migración. El país ha sido criticado por la OEA y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su trato sobre la cuestión, especialmente desde la crisis de apatridia que estalló en 2013, consecuencia de la resolución del Tribunal Constitucional dominicano de despojar de su ciudadanía a miles de personas -incluyendo a hijos de inmigrantes haitianos nacidos en suelo dominicano-, lo cual no solo afecta su posibilidad de adquirir un empleo en el sector formal, sino que los excluye de los servicios de salud y la educación. Aquello desembocó en la retirada de Republica Dominicana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Inversamente, la dimensión del estado de la democracia ha declinado con respecto a la anterior medición, tendencia a la baja que se viene dando desde el BTI 2008. Los aspectos más afectados fueron el monopolio del uso de la fuerza y la aprobación de la democracia. El primero de estos está siendo afectado por el aumento del tráfico de drogas y del crimen organizado, particularmente preocupantes dado que se ha registrado la complicidad de la policía y los militares en estas actividades, situación que se da más frecuentemente en la frontera con Haití y en las zonas rurales del país.

Siguiendo la tendencia regional de una significativa reducción de la aprobación hacia el sistema democrático, Republica Dominicana registra actualmente sus resultados más bajos (7 puntos) en este indicador desde el comienzo de las mediciones del BTI en 2003.

No menor es el mediocre rendimiento que, durante el periodo bajo evaluación, el país demuestra en torno a la protección de los derechos civiles. “A menos que las personas se reúnan como grupo y protesten sistemáticamente, las autoridades no prestan atención a los ciudadanos sin poder” detalla el informe más reciente del BTI. Los grupos más afectados por las prácticas discriminatorias y violentas -que muchas veces están incluso institucionalizadas- son los inmigrantes haitianos, las mujeres y la comunidad LGBTQ. Los abusos policiales siguen siendo un problema presente en la realidad del país. La tasa de feminicidios es una de las más altas de la región. La despenalización del aborto, si bien apoyada por la administración de Medina para casos de violación, incesto o de peligro de la vida de la madre, aun dista de ser legal, dado su estancamiento en el Congreso a causa de la resistencia de las iglesias católica y Evangélica y otros, lo cual pone en peligro el derecho a la vida y salud de las mujeres.

La dimensión económica históricamente reflejó los resultados más fructuosos del país: a grandes rasgos, durante el último quinquenio, y bajo el PLD, República Dominicana fue el país con mayor crecimiento de toda América Latina.

Actualmente, presentó una calificación igual a la que obtuvo en el BTI de la edición previa. Si bien la economía ha mantenido un nivel de crecimiento casi constante desde la llegada al poder del PLD, y la pobreza ha disminuido enormemente (gracias al Programa Solidaridad), estos avances han perdido el empuje que solían tener. Los indicadores más apagados giran en torno a los derechos económicos y sociales.

Según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU en 2017 Republica Dominicana calificó con un alto nivel de desarrollo. “Sin embargo, el nivel de desarrollo del país no permite una libertad de elección adecuada para todos los residentes, la movilidad social es baja y existe una gran brecha en el desarrollo entre las zonas urbanas y rurales”, aclara el informe. Esto se debe en gran parte a las enormes inequidades geográficas, de genero y socioeconómicas enraizadas en el país.

Es necesaria la preservación del pensamiento estratégico a largo plazo, más aún bajo el tambaleante contexto de pandemia que se vive, para lograr sostener los avances logrados. También es indispensable la reforma de aspectos que afecten el acceso de todas las personas hacia sus derechos y que, por lo tanto, obstruya el desarrollo sostenible de la nación caribeña.

Esta nota se publica por gentileza de CADAL

El reto del cambio climático es el más importante del siglo XXI. Los objetivos que se ha puesto la comunidad internacional para lograr salvar al planeta se reflejan en los acuerdos de Paris de 2015 y se refrendaron en los principios de la Agenda 2030. Cumplir con ellos demanda el desarrollo de iniciativas creativas y posiblemente diferentes a lo que consideramos tradicional. En este sentido, la economía circular es una respuesta integral que puede significar un gran aporte para enfrentar este desafío.

¿Qué es la economía circular?

La economía circular es un modelo basado en un uso eficiente de los recursos. Su aplicación tiene múltiples beneficios. Algunos son directos, como la reducción de residuos, otros son indirectos, como el mayor rendimiento de los recursos. Nicole Stopfer, jefa del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, explica sin embargo que pese a lo que se piensa “la economía circular es mucho más que reciclaje o reutilización del plástico”.

En efecto, la definición clásica de este concepto está relacionada a la gestión de residuos a través de las tres “R”: Reducir, reciclar y reutilizar. Sin embargo, para poder comprender el alcance de la economía circular es preciso compararla con lo que se conoce como economía lineal. Esta última refiere al modelo clásico de producción y consumo. Se obtiene un recurso, se lo transforma en un producto, posteriormente se lo comercializa y tras su uso y agotamiento se convierte en un residuo. La gran diferencia con la economía circular reside exactamente en esto último: el residuo.

“La palabra residuo no existe en un sistema de economía circular” comenta María Fernanda Pineda, coordinadora de Proyectos del Programa Regional de Seguridad y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Según ella los deshechos en lugar de terminar en la basura se convierten en componentes de una nueva cadena de valor. Por ejemplo, los residuos de un restaurante, la parte de los platos que no se consume son normalmente enviados al vertedero. Sin embargo, existen empresas que se dedican a recogerlos y reconvertirlos en alimento para animales, de ganado porcino. En otras palabras, lo que antes iba a salir de la cadena de valor, recupera importancia y se reintroduce en la misma. La máxima es entonces transformar residuos en valor.

Beneficios en múltiples áreas

Producir un nuevo smartphone cuesta tanta energía como lo que demanda usar y recargar uno durante una década entera. Estamos hablando de un gasto de energía enorme que según los principios de la economía circular podrían convertirse en un enorme beneficio. Según la Unión Europea aplicar este concepto podría significar un ahorro neto de más de 600 mil millones de euros. Es decir, el 8% de la facturación anual de todas las empresas de esa región. Y además significaría una reducción de gases de efecto invernadero de hasta un 4%.

Los beneficios no son sólo económicos, sino también sociales y medioambientales. La agencia de evaluación medioambiental de Países Bajos calcula que sólo en ese país, la economía circular generaría más de 50.000 nuevos empleos, reduciría un 10% las emisiones de dióxido de carbono, ahorraría un 20% de agua y reduciría la necesidad de importar materias primas en un 25%.

Las claves para avanzar

“Podemos hablar de diferentes desafíos. Transitar de una economía lineal a una circular cuesta tiempo y dinero. A la vez el tema como tal es relativamente nuevo. En la academia apenas lleva unos 15 años de recorrido y en la política, aquí en América Latina, aún menos. Muchas veces la gente no entiende qué es la economía circular,” analiza Nicole Stopfer. La implementación de la economía circular demanda resolver cuestiones diversas. Y es en este punto en el que el rol del Estado es fundamental. En él reside la posibilidad de generar los incentivos suficientes para motivar al resto de los actores a dar el salto, a decidirse por la economía circular.

Stopfer explica que en Latinoamérica se ha avanzado bastante. De hecho, un estudio de la Fundación Konrad Adenauer ha identificado ochenta iniciativas en toda la región. Existen ejemplos como el de Chile o el de Colombia que avanzan con decisión en el tema. En el caso de este último, el Estado colombiano es el primero en desarrollar una estrategia de Economía Circular. Su lema “producir conservando y conservar produciendo” encabeza un plan para reducir emisiones, aumentar la tasa de reciclaje y reutilizar los residuos sólidos. En otras palabras, cumplir con las metas del Crecimiento Verde y los objetivos del desarrollo sostenible.

El desafío de la reactivación sostenible

La llegada de coronavirus ha trastocado objetivos y prioridades en todos los países del mundo. Pero también ha generado nuevos problemas. Las medidas higiénicas para prevenir el contagio han llevado a un aumento enorme del uso de material descartable. Mascarillas, guantes, bolsas y envases de desinfectante se multiplican. Los números son abrumadores: en apenas tres meses se han producido más residuos sanitarios que en un año entero.

La Organización de las Naciones Unidas ha emitido varios comunicados señalando esta situación y sus peligros. Un problema que puede parecer un aspecto más de una crisis global, pero que en realidad puede convertirse en uno muy grave en el mediano plazo.

Por otra parte, varios son los países que piensan en el futuro postpandemia. ¿Cómo reactivarán su economía? ¿Cuáles serán las prioridades? ¿Cuál será el modelo? Tal vez la crisis del COVID19 se transforme en oportunidad.

En esta línea el Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático de la Fundación Konrad Adenauer junto a otras organizaciones de la región adhieren a la iniciativa: “Por una América Sostenible, una reactivación sostenible”. Su objetivo es reunir el esfuerzo y motivación de todos aquellos que quieran comprometerse con los principios de la Agenda 2030 y el acuerdo de París de 2015. Es decir, a aquellos que trabajen por un sistema económico enfocado al crecimiento y la inclusión, con mayores oportunidades, combatiendo la crisis climática y asegurando el bienestar social.

Para Nicole Stopfer la conexión entre un desarrollo sostenible y la aplicación de la economía circular es natural. Para ella se puede pensar un modelo diferente en el que se conjuguen variables sociales, ambientales y económicas: “Ese conjunto será la receta para que la región no sólo salga de la crisis, sino para que pueda desarrollarse”.

Este texto es la transcipción del podcast publicado en junio de 2020. Todos los podcast pueden ser consultados aquí.

Un trienio con elecciones en 15 países de América Latina amerita una reflexión sobre la solidez de la democracia y el futuro de la política de la región.

En América Latina, el periodo 2017-2019 representa un trienio en el que 15 países de la región celebraron comicios en los que fueron elegidos o ratificados miembros del poder Ejecutivo y Legislativo, validando el componente electoral de la democracia y continuando con una práctica inaugurada con las transiciones que iniciaron a finales de la década del 70.

A diferencia de décadas anteriores, estos procesos han estado notoriamente acompañados por olas de movilizaciones que cuestionan la participación política convencional, alertando sobre el creciente número de sectores que buscan canalizar sus demandas a través de vías no institucionales. Pese a no ser los únicos, los casos de Chile y Bolivia son particularmente ilustrativos en este sentido. Asimismo, ambos resultan útiles para ilustrar fenómenos que están cobrando cada vez mayor relevancia en la región, tales como la desigualdad, la brecha entre gobernantes y gobernados o la creciente presencia de las Fuerzas Armadas como árbitros del conflicto político.

La obra que aquí se reseña representa una radiografía de la democracia electoral en la región en un ciclo corto, pero inevitablemente marcada por procesos políticos de largo aliento que han acontecido durante las últimas décadas. Coordinado por Manuel Alcántara, América Latina Vota (2017-2019) es un volumen misceláneo de quince capítulos que contribuye a ampliar investigaciones previas que privilegian el análisis comparado de los procesos electorales latinoamericanos, tales como Elecciones y política en América Latina (2008), América Latina: política y elecciones del bicentenario, 2009-2010 (2011), Elecciones y política en América Latina, 2009-2011 (2013), Elecciones y cambio de élites en América Latina, 2014-2015 (2016) y Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo (2018). En la Introducción, Alcántara pasa revista a elementos transversales que componen el libro, destacando cómo pese a que los acontecimientos recientes en Chile, Honduras, Venezuela o Bolivia parecieran sugerir un momento de creciente desinstitucionalización e inestabilidad en la región, vale la pena ampliar el panorama y no perder de vista que tan solo durante los últimos tres años se han celebrado 14 elecciones que mayoritariamente han cumplido su cometido. Estos comicios han tenido un promedio de participación de dos terceras partes del electorado; solo en cinco la concentración electoral entre los dos candidatos fue superior al 80 por ciento y en nueve de ellos se produjo la alternancia presidencial (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Uruguay).

En el primer capítulo, Mariana Sendra analiza la evolución de las alianzas de Cambiemos tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina en 2015, en un contexto en el que, dada la rearticulación de un peronismo dividido, el eje kirchnerismo-antikirchnerismo siguió presente en un momento de grandes dificultades en términos macroeconómicos. El malestar provocado por la situación quedó plasmado tanto en el surgimiento de movilizaciones, como en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), reafirmando que la competencia política en el país sigue estructurada a través de frentes o coaliciones electorales, abriendo paso a una suerte de ‘‘bipartidismo de coaliciones’’.

En el capítulo ‘‘Elecciones presidenciales y legislativas en Brasil. Crisis y victoria de la extrema derecha’’, Juan Vicente Bachiller y Soraia M. Vieira describen cómo Jair Bolsonaro, antiguo militar y candidato de la extrema derecha, logró ganar la elección presidencial sin plataforma partidaria y haciendo un uso importante de las redes sociales durante la campaña. La victoria del exmilitar del Partido Social Liberal (PSL) se dio en medio de un importante periodo de crisis política e institucional en Brasil, en una elección que tuvo como trasfondo tanto la herencia de la hegemonía del Partido de los Trabajadores (PT) –ganador de las últimas cuatro elecciones presidenciales–, como el desplazamiento del eje de la competición tradicionalmente articulado en torno a la rivalidad entre el PT y el PSDM, dos partidos que se habían disputado las elecciones presidenciales desde 1994.

Para el caso chileno, Nicolás Miranda y Miguel Ángel López abordan las condiciones alrededor de las cuales Sebastián Piñera logró regresar a la presidencia en noviembre de 2017 –luego de un primer mandato entre 2010 y 2014–, en el marco de la séptima elección presidencial desde el retorno de la democracia en 1990. Además del contexto económico, político-electoral y social, los autores privilegian un análisis enfocado en los efectos de los cambios institucionales introducidos a partir de 2015, particularmente la reforma del sistema electoral binomial heredado de la dictadura. Por su parte, abordando el caso colombiano, Adriana Ramírez describe en ‘‘La incertidumbre: competitividad, competencia y civilidad en la elecciones de 2018 en Colombia’’, cómo las condiciones sociales vigentes durante las elecciones de 2018 en Colombia incidieron de manera importante en la incertidumbre alrededor del ganador. Entre los factores principales, destaca la eliminación de la reelección presidencial y el clima social derivado de la implementación de los acuerdos de paz, así como el plebiscito de 2016, que sentó las bases sociales del proceso para que este se materializara electoralmente.

¿Cuáles son las principales características de las elecciones costarricenses de 2018? Con esta pregunta, Hugo Picado esboza cuáles fueron los rasgos centrales de las elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica, a partir de una perspectiva cronológico- comparada. Como señala Picado, la respuesta a esta pregunta pasa por analizar quiénes fueron los principales candidatos, cuáles fueron los temas más relevantes durante la campaña, cómo quedó el escenario político tras la integración de la nueva Asamblea y como se dio el comportamiento electoral de los costarricenses. Asimismo, en ‘‘El declive del socialismo del siglo XXI en Ecuador: las elecciones presidenciales y legislativas de 2017’’, David Molina destaca cómo el clima social, político y económico de las elecciones presidenciales y legislativas de 2017 en el país se diferenció de manera importante en diversos aspectos en comparación con los comicios celebrados cuatro años atrás. Los ingresos fiscales, el desempeño del PIB, la corrupción y un largo periodo de Revolución Ciudadana, entre otras cuestiones, marcaron el escenario previo a la convocatoria de febrero de 2017, en la cual Lenin Moreno llegó a la presidencia.

Por el contrario, en ‘‘Las elecciones de 2018 y 2019 en El Salvador: ¿el ascenso de la tercera vía?’’, Luis Mario Rodríguez y Luisa María Solano describen cómo los comicios salvadoreños de 2018 tuvieron un contexto similar al de los demás países de la región. Destacan en este sentido los graves escándalos de corrupción, el desempeño económico y el deterioro de la confianza de la población hacia las instituciones. A ello se suma el fracaso de la política de seguridad, que marcó de manera profunda el ambiente previo a las elecciones legislaturas y municipales, canalizando un voto de castigo contra el bipartidismo que dominaba las elecciones presidenciales desde 1992. De modo similar, en ‘‘Elecciones en Honduras 2017: debilidad institucional e incertidumbre electoral’’, Cecilia Rodríguez y Luis González Tule analizan la reconfiguración del sistema de partidos tras el quiebre del bipartidismo, así como el debilitamiento institucional tras la crisis política de 2009, como factores fundamentales para abordar el proceso electoral de 2017, en el que Juan Orlando Hernández ganó unas elecciones muy cuestionadas y con un estrecho margen de votos.

Por otro lado, en ‘‘Guatemala 2019: las elecciones del desencanto y la desafección’’, Rogelio Núñez y Eduardo Fernández abordan un ciclo histórico en el país que identifican como un ‘‘circulo no virtuoso’’: uno que provoca que las expectativas de la ciudadanía se traduzcan en cada periodo presidencial en un aumento de la desafección hacia los partidos y la clase política en general. La polarización, la fragmentación del voto, la volatilidad y la creciente desinstitucionalización han sido el caldo de cultivo de la desafección ciudadana, a lo largo de tres etapas diferenciadas desde la tercera ola de la democratización. Centrándose en la particularidad del caso mexicano frente a los demás países de la región, Aldo Martínez-Hernández aborda el proceso de transformación del sistema político mexicano tras su paulatina liberalización a partir de finales de la década de 1970, que hizo posible un tripartidismo a nivel nacional y una suerte de bipartidismo regional, permitiendo que dos partidos se alternaran el Poder Ejecutivo y las mayorías legislativas, garantizando la continuidad de un modelo político y económico instaurado a finales de la década de 1980.

Abordando el caso panameño, Harry Brown analiza las elecciones generales de 2019 en Panamá, las sextas desde la transición a la democracia en 1990. El transfondo son casi tres décadas de importantes cambios para el país, tales como la reversión del Canal de Panamá de una administración estadounidense a una panameña, la evolución del modelo económico, los escándalos de corrupción tras los Panama Papers o las relaciones entre el poder Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, en‘‘Paraguay: realineamiento electoral y profundización conservadora tras el proceso electoral de 2018’’, Sarah Cerna y Juan Mario Solís analizan el contexto político y social previo al proceso electoral de 2018 en Paraguay, destacando el crecimiento económico, la inestabilidad política, la protesta social y los escándalos de corrupción como telón de fondo para abordar la renovación del Poder Ejecutivo y las dos cámaras legislativas. Los autores sostienen que más que un ‘‘giro a la derecha’’, el país ha experimentado un viraje hacia un integrismo religioso, con cada vez mayor presencia e influencia de partidos con base religiosa que paulatinamente han incursionado en el campo electoral.

Con un enfoque centrado en los cambios, continuidades y la orientación de las políticas de Estado, Lucía Selios y Asbel Bohigues abordan el caso uruguayo luego de que el Frente Amplio (FA), partido en el poder desde 2004, fuese derrotado electoralmente. Factores como la introducción de primarias obligatorias o la doble vuelta en las elecciones presidenciales hacen que el escenario previo a las elecciones de 2019 fuese único, tras 15 años en los que la izquierda gobernó el país con los partidos tradicionales en la oposición.  Para el caso venezolano, en ‘‘Elecciones presidenciales 2018: ¿consolidación del autoritarismo en Venezuela?’’, Juan Manuel Trak describe los resultados de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018, en el marco de un proceso de transformación que propició que el sistema político venezolano pasara de ser una democracia electoral a un autoritarismo competitivo, abordando las principales implicaciones que esto tiene sobre los mecanismos a través de los cuales se legitima el acceso y ejercicio del poder político en el país.

Finalmente, en ‘‘América Latina vota (2017-2019), elecciones en el marco de una democracia fatigada’’, Alcántara cierra la obra a partir de un análisis sobre la importancia de la práctica electoral como componente central –mas no exclusivo– de la democracia y el orden político. Así, pese a que los procesos latinoamericanos son notoriamente heterogéneos, esto no impide destacar la estabilidad democrática como un denominador común a la mayoría de los países de la región en comparación con cualquier otra época de su historia.

Dado que pese a haberse celebrado, estos han sido invalidados, los comicios bolivianos de 2019 se incluyen en un Anexo. Pese a su invalidez, se trata de un proceso electoral que representará un hito en la historia reciente del país. Como apunta Franz Flores, la elección estuvo precedida por un proceso de pérdida de legitimidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el que además se cuestionó la manipulación del padrón electoral, la permisividad de acciones proselitistas del Movimiento al Socialismo (MAS), la ausencia de regulación publicitaria, entre otras cuestiones. El resultado ha sido una escalada de protestas, un paro nacional indefinido, el amotinamiento de la policía y la ‘‘sugerencia’’ del jefe de las Fuerzas Armadas a Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro Garcia, de que renunciasen.

Por último, la obra que aquí se reseña, dirigida tanto para un público general como al más habituado en el análisis comparado de los procesos electorales latinoamericanos, representa la continuación de una línea de investigación iniciada hace más de una década, que tiene como principal propósito ofrecer al público general un seguimiento temporal del fenómeno comicial en Latinoamérica durante los últimos tres lustros. El análisis sistemático de la evolución de este fenómeno, clave para el desarrollo de la democracia en la región, representa una aportación importante en la literatura sobre el tema, así como un esfuerzo y una contribución de gran relevancia para este ámbito de estudio. 

Referencias

Alcántara, M., Buquet, D. y Tagina, M.ª L. (2018): Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas

Alcántara, M. y Tagina, M.ª L. (2016): Elecciones y cambios de elites en América Latina, 2014 y 2015. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca

_____(2013): Elecciones y política en América Latina (2009-2011). México: Miguel Ángel Porrúa.

_____(2011): América Latina: política y elecciones del bicentenario (2009-2010). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Alcántara, M. y García Díez, F. (2008): Elecciones y política en América Latina. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Tampoco en 2020 Bolivia encuentra la tranquilidad. Desde fines de marzo se intensifica una lucha por el poder entre el gobierno y la oposición, signada por la emergencia sanitaria, por la búsqueda de una fecha para nuevas elecciones y debido a las dificultades económicas de la población. La tarea del gobierno interino de pacificar el país dividido y organizar nuevas elecciones lo más rápido posible se convierte en una tarea gigantesca debido al estallido de la pandemia del coronavirus.

Consecuencias políticas de la pandemia

La pandemia del coronavirus golpea a Bolivia en el inadecuado momento de una transición política. La tarea del gobierno interino, de iniciar la pacificación del país y lograr nuevas elecciones, se torna extremadamente difícil. Los opositores políticos que en marzo y abril se mantenían cautelosos debido a la impresión de la aprobación generalizada de la población, ahora están haciendo todo lo posible para torpedear el trabajo del gobierno.

Los errores del Poder Ejecutivo dan aliento a los críticos. Queda en evidencia la fragilidad de la unión del gobierno multipartidario. Declaraciones y acciones no coordinadas, en particular por parte de los intransigentes anti-MAS en el Ministerio del Interior y Defensa, obligaron más de una vez a la presidenta a actuar. Además, hubo escándalos grandes (pagos excesivos por respiradores) [i] y pequeños (uso de aviones del gobierno para familiares de la presidenta), así como propuestas legislativas desafortunadas, como un decreto vagamente redactado sobre el castigo de las noticias falsas, que tuvo que ser retirado por presión de la opinión pública.  A pesar de la creciente disconformidad, la mayoría de los bolivianos aceptó y sigue aceptando las medidas de cuarentena impuestas por el gobierno interino, incluso las inicialmente rigurosas limitaciones del contacto y el toque de queda, así como el uso de la policía y el ejército para controlar el cumplimiento. Sin embargo, casos como estos tienen el potencial de provocar dudas en los ciudadanos respecto a la integridad del Gobierno interino y su capacidad de resolver problemas.

El partido del expresidente Morales ha perdido cohesión desde su partida en noviembre de 2019. Aunque sigue siendo la fuerza política más importante, pero ahora se divide en al menos tres fracciones:

• Los cocaleros del Chapare y sus representantes políticos, algunos de los cuales utilizan protestas violentas y armadas contra el gobierno.
• Representantes del MAS que, apoyados verbalmente por el exiliado Morales, que propagan la obstrucción política.
• Políticos más moderados del MAS, especialmente de El Alto, que critican al Gobierno interino, pero cooperan de manera limitada con él.

En el Poder Legislativo, estas tres facciones se encontraron recientemente, después de meses de profundo desacuerdo, particularmente para evitar que el FMI otorgue 327 millones de dólares en ayuda para combatir el COVID al gobierno, y para aprobar una nueva ley sobre el estado de emergencia que limita drásticamente la posibilidad del ejecutivo de sancionar a alborotadores mediante multas y encarcelamiento, y otorga al Poder Legislativo posibilidades de derogar dichas sanciones.

Así se combinan en el país más pobre de América del Sur tres objetivos difíciles de conciliar, y conforman una mezcla compleja. El interés por la protección de la salud choca con la voluntad de evitar una recesión y los efectos económicos y sociales resultantes. A esto se agrega la necesidad de elecciones anticipadas a las que debe llamar un gobierno interino, que no tiene la legitimidad de un gobierno electo, en un contexto signado por un cambio de era política, fragmentación, polarización, desconfianza e instituciones débiles.

Panorama

Para el gobierno de Jeanine Áñez, la situación actual lo coloca en el filo de una navaja, y comprende un potencial y también grandes riesgos. A pesar de los problemas descritos, el gobierno interino se benefició de la crisis durante mucho tiempo porque, en opinión de la mayoría de la población tomó decisiones sensatas en el terreno médico y técnico. Luis Arce y Carlos Mesa, principales oponentes de Áñez en la campaña electoral detenida, sufrieron durante mucho tiempo la omnipresencia de la presidenta y su valoración positiva de su gestión de la crisis.

Según una encuesta realizada en abril [ii], el 63,4% de la población valora positivamente la gestión de crisis del gobierno interino, y solo el 15,6% en forma negativa. Una imagen similar se constata para el trabajo general de Áñez como presidenta interina: el 64.1% calificó su trabajo positivamente, mientras que el 25% lo vio críticamente. Sin embargo, desde entonces la impresión del trabajo de la presidenta y del gobierno se ha deteriorado. A pesar de esto es probable que la carrera presidencial defina entre tres candidatos:

• Jeanine Áñez (coalición de centro derecha «Juntos», el candidato a la vicepresidencia es el político y empresario Samuel Doria Medina),
• Luis Arce (partido de izquierda MAS, el candidato a la vicepresidencia es el excanciller David Choquehuanca)
• Expresidente Carlos Mesa (coalición de centro izquierda «Comunidad Ciudadana», el candidato a la vicepresidencia es el abogado Gustavo Pedraza).

Los otros candidatos, entre los que está Luis Fernando Camacho de Santa Cruz, solo tienen una importancia regional, no decisiva en el próximo evento electoral. [iii]

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El Gobierno interino se encuentra en una situación difícil hasta que se confirme el 6 de septiembre propuesto por la OEP, como fecha para las elecciones presidenciales y legislativas finalmente. También es concebible que una escalada de pandemia pueda imposibilitar también esta fecha. Aunque pueda presentarse como administradora de crisis en la pandemia, esto solo tendrá éxito mientras los efectos económicos y sociales sean limitados. Además, desde una posición vulnerable, el gobierno interino debe mantener equilibrios difíciles entre la lucha contra la pandemia, los derechos democráticos, y el bienestar social y económico.

Que, a pesar de la tensa situación, hasta ahora no se hayan producido grandes disturbios o brotes de violencia se debe principalmente a las múltiples divisiones en el MAS y a la persistente paciencia de la mayoría de los bolivianos. Sin embargo, el estado de ánimo tenso puede cambiar rápidamente con el inicio de una recesión, aumentando las discusiones sobre la administración del gobierno, la demanda creciente de nuevas elecciones y la reactivación de la economía. Las amenazas desde los sindicatos y las organizaciones de su entorno cercanas al MAS no dejan ninguna duda al respecto.

La resolución de este dilema boliviano es, por lo tanto, extremadamente difícil. Para el gobierno de Áñez el camino estará signado por decisiones fundamentales respecto a la salud, la democracia y la economía, que deben tomarse en forma rápida y decisiva para evitar que el país sucumba al caos.

[i] El escándalo gira en torno a la compra de 170 respiradores que Bolivia adquirió a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Según informes de varios medios de comunicación de que el precio de compra era más de cuatro veces el precio oficial del producto, Áñez inició una investigación que culminó con la destitución de Navajas, Ministro de Salud. La justicia boliviana está investigando actualmente a tres funcionarios de salud y a dos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Anteriormente, el 8 de abril, Aníbal Cruz había renunciado al cargo de Ministro de Salud por razones personales y había sido reemplazado por Marcelo Navajas. Navajas fue removido del cargo de Ministro de Salud el 20 de mayo como consecuencia del escándalo de los respiradores. La actual viceministra de salud, Eidy Roca, es actualmente la ministra interina de salud.

[ii]     Ciesmori: Informe de opinion pública. Encuesta CATI Abril 2020.

[iii]     Quiénes son los ocho candidatos que se postularon a la presidencia de Bolivia, online unter: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/02/04/quienes-son-los-ocho-candidatos-que-se-postularon-a-la-presidencia-de-bolivia/

Este texto fue publicado originalmente en alemán por la oficina KAS-Bolivia: https://www.kas.de/de/web/bolivien/laenderberichte/detail/-/content/zwischen-neuwahlen-pandemie-und-rezession

Autores: Dr. Georg Dufner y Steffen Behme

Traducción al español de Manfred Steffen, oficina KAS-Uruguay

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La oferta de información se ha multiplicado. Recibimos noticas, análisis, opiniones desde todas direcciones. En medio de esas toneladas de información, ¿pensamos qué estamos consumiendo? ¿de dónde proviene esa información? ¿consideramos siquiera la posibilidad de que esa información sea falsa?  

Existen campañas dedicadas a la desinformación. Persiguen fines políticos y económicos. Se tratan de estrategias cada vez más comunes en nuestra vida diaria. Lo vemos con la crisis del COVID19, con las teorías conspirativas. Pero también lo vimos, por ejemplo, con el Brexit.

En este episodio ponemos todo eso Bajo la Lupa.

Dos analistas nos ayudan a analizar la desinformación:

Fanny Ramírez Esquivel, consultora internacional en Comunicación Política.

Jorge Tuñón Navarro, profesor de Periodismo y Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid, consultor en asuntos europeos y coautor del libro «Comunicación Europea ¿A quién doy like para hablar con Europa? junto a Uxía Carral y Luis Bouza.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne.

El crimen organizado es un concepto amplio y difuso, utilizado para describir actores y actividades tan dispares que es difícil encontrar un denominador común. Por eso, para los análisis empíricos y el diseño de políticas públicas resulta una categoría bastante inútil. En general, se considera que lo que define al crimen organizado no es el número de personas involucradas, sino la naturaleza misma del delito. Para ser considerado crimen organizado, debe haber un crimen que requiere la colaboración formal o informal de varias personas para llevarse a cabo.

A pesar de ello, solemos asociar las organizaciones criminales a estructuras poderosas y sofisticadas, con operaciones transnacionales y decenas o cientos de miembros leales, profesionales y despiadados. Sin embargo, las organizaciones de este tipo son pocas y excepcionales. Sin ir más lejos, en Uruguay el crimen organizado siempre ha existido y suele estar compuesto por pequeñas células locales y cuasi familiares que delinquen en el mismo barrio en el que viven. No siempre hay una membresía, ni siquiera una identidad grupal, sino que son personas que actúan en conjunto siguiendo una misma cadena de incentivos, generalmente económicos.

Así, por ejemplo, uno o dos ladrones roban una camioneta y la llevan a otro barrio. Ahí la recoge un tercero unos días más tarde, por si pudiese ser rastreada, y la lleva a un taller. Otro par de personas remodelan la camioneta o la desarman, y buscan donde puede recolocarse. Finalmente, hay alguien que le vende la camioneta a un cliente. Si bien podría haber una gran organización criminal detrás, por lo general son solo individuos y pequeñas células informales que colaboran entre sí para ganar dinero. Un esquema similar, de menor o mayor complejidad, es el que está detrás de muchos robos de electrodomésticos, joyas y armas, por poner solo algunos ejemplos.

En ciertos casos, la cadena delictiva puede ser transnacional, en tanto que puede haber quienes trafiquen el bien robado fuera de fronteras o a nuestro país. A su vez, los vínculos que dan lugar al tráfico pueden ser entre meros individuos, pero también pueden estar involucradas células y bandas organizadas de distintos países. En Uruguay, por ejemplo, se han descubierto vínculos estables entre criminales uruguayos y miembros de la poderosa organización criminal brasilera “Primer Comando Capital”, la cual estaría interesada en participar de los negocios ilegales en nuestro territorio.

Naturalmente, el narcotráfico tiene una importancia especial en este panorama. Tradicionalmente, Uruguay era un país de tránsito de estupefacientes, los cuales llegaban hasta nuestro territorio desde los países productores para seguir su camino hacia Estados Unidos y Europa. El crecimiento de la economía y del poder adquisitivo, junto al ingreso de la pasta base durante la crisis económica de finales de la década de 1990, hizo que Uruguay se convirtiese gradualmente en un país de destino, con una demanda propia de estupefacientes nada desdeñable.

También es importante mencionar que en los últimos años Uruguay se transformó en un país de producción y origen, como consecuencia de la legalización y regulación del mercado de cannabis. Así, tanto en Argentina como en Brasil se han hecho decomisos de marihuana genéticamente modificada de procedencia uruguaya. Si bien el tamaño de nuestro mercado hace improbable que nos volvamos un productor a gran escala, también es posible que la falta de controles y requisas en nuestro territorio pueda dar vía libre a clubes y cultivos ilegales que quieran traficar su producción.

Por otro lado, el combate a los distintos mercados ilegales se ha demostrado particularmente complejo, debido a que la motivación de quienes participan en ellos no es otra que suplir una demanda pujante. Por eso, y al igual que sucede en los mercados legales, la inhabilitación de un eslabón de la cadena solo suele ser temporal, en tanto que parecen haber siempre personas dispuestas a correr el riesgo y suplantar al eslabón perdido. En este sentido, la informalidad de muchos grupos criminales es un factor de complejidad adicional, en tanto que sus miembros o participantes no responden a un mando jerárquico y se intercambian con relativa facilidad.

A su vez, los mercados ilegales –y sobre todo aquellos de estupefacientes– suelen generar violencia. No solo porque quienes participan en ellos no pueden dirimir sus conflictos en el marco de la ley, sino también porque suelen satisfacer las demandas de personas de alto riesgo. En consecuencia, la mayor parte de la cadena delictiva transcurre sin incidentes violentos, pero es sobre todo el último eslabón el que suele llamar la atención de las autoridades o de quienes tienen la mala suerte de vivir cerca de una boca o lugar de expendio.

Esta notoriedad hizo que durante décadas se procediese a perseguir y encarcelar a los eslabones más bajos, sin que ello repercutiese con frecuencia en el resto de la cadena o grupo delictivo. Con el paso del tiempo, el aumento masivo de la prisionización de narcomenudistas y la incapacidad de impactar sobre las estructuras mayores, dio lugar a estrategias que priorizaban la persecución de los altos mandos. No obstante, esta estrategia tampoco puede considerarse particularmente exitosa, debido a que en muchos casos el descabezamiento de las organizaciones delictivas ha dado lugar a una lucha encarnizada por asumir el mando.

Como consecuencia, en la actualidad se suele creer que los mercados ilegales seguirán creciendo mientras no alteremos las estructuras de incentivos que motiva a sus participantes. Ello se consigue estudiándolos en detalle y encontrando elementos que puedan alterarse para crear desincentivos. Por un lado, persiguiendo y sancionando a todos los elementos de la cadena. Por otro, corrigiendo aquellos marcos regulatorios que ofrecen oportunidades para el delito. Finalmente, tomando acciones para desincentivar la demanda, como puede ser el consumo de drogas o de bienes robados.

Por desgracia, el crimen organizado y los mercados ilegales que los sustentan suelen surgir y extenderse con mayor facilidad en países en desarrollo, con Estados débiles e instituciones públicas incapaces de imponer su autoridad en el territorio y satisfacer las necesidades de su población. En definitiva, estas debilidades no solo dan lugar a vacíos de gobernanza que son aprovechados por el crimen organizado, sino que también hacen infructuoso el combate a estas organizaciones. Por eso, los casos de éxito en América Latina son pocos y relativos. Las fortalezas del Estado uruguayo le han permitido esquivar durante mucho tiempo a los grupos criminales de mayor envergadura, pero esa no es una garantía a futuro.

La pandemia es sin duda algo que no podíamos imaginar, aun cuando normalmente se analiza y piensa en todo aquello que se tendrá que enfrentar desde el ejercicio del poder. Hay situaciones, como esta, para la que ningún gobernante está preparado y sin duda marcará para el mundo nuevos tiempos; la democracia y el ejercicio político, también estarán marcados por este hito en la historia.

Sobre la base de una premisa, que es que la solidaridad es la forma en que se manifiesta el amor en el ejercicio del poder político, y que este es el que inspira y cimienta la vocación de los verdaderos políticos, abordaremos algunos aspectos que sustentan esta posición a partir de presentar lo que son los desafíos más importantes para los partidos políticos.

Por un lado, cómo pensar la democracia y la política con la nueva realidad social, y cómo lograr que sea una demanda ciudadana. Tanto lo uno como lo otro, en la medida en que no existe democracia sin partidos políticos y no existen partidos políticos con independientes y apolíticos.

Participación y compromiso

Hay una tarea pendiente para lograr la participación y compromiso de parte de los jóvenes en un ejercicio político responsable. Los partidos deben participar y activar políticamente, y asumir los retos que esto supone en términos de capacitación, formación y entrega a ideales superiores.

Sin duda alguna, otro desafío será el que los partidos políticos enfrentarán en el corto plazo un proceso electoral del 2021, en medio de una pandemia mundial que afectará  las elecciones. Todo esto a partir de reconocer y aceptar una realidad dolorosa para los políticos con vocación de servicio y es que no hemos estado a la altura de las expectativas de las personas. Aun con buena voluntad, no hemos solucionado ni logrado satisfacer sus demandas de justicia y de libertad, no hemos resuelto los problemas, y hemos permitido que ingresen a la política personas con intereses subalternos. Revertir eso quizá sea el punto de partida sobre el que pueden enfrentarse los demás desafíos.

Amar supone entregarse y eso es un requisito para poder hacer política en serio. La verdadera política es sacrifico, es compromiso, es consecuencia y consistencia. Implica trabajar para el futuro pagando el precio del anonimato, es sacrificar la vida privada, es sobre todo servicio.

Hacer política

Hay que estar preparado para no confundirse con el poder, que puede envolverte y confundirlo todo. El poder es solo un instrumento que el político debe saber usar para servir. No te pone por encima, no cambia tu esencia, no te hace diferente. Solo posibilita cambiar las estructuras que impiden que las personas desarrollen su potencial, como la pobreza, el machismo, la informalidad, la violencia estructural. Esto no se puede cambiar con caridad. Esta puede cambiar la realidad de una persona y es necesaria porque nos hace mejores personas y tiene un componente espiritual vital. Pero es la política y el ejercicio del poder lo único que puede corregir las estructuras. Y muchas veces esto solo se puede hacer si se renuncia al aplauso y al reconocimiento superficial.

En este momento hay personas intentando hacer política y trabajando. La mayoría están rebasadas, pero también hay personas aprovechando un cargo, una cuota de poder, corrompiendo el sistema y aprovechando su debilidad. La pandemia puso en evidencia lo que estaba mal y eso que estaba mal se puso peor. Hay tantas tareas pendientes, que quien quiera gobernar el Perú no podrá eludir las responsabilidades en salud y educación, reformas postergadas solamente posibles con institucionalidad. Hacer que la ley se cumpla, que la democracia funcione, que la autoridad resuelva, eso en un clima de seguridad y paz.

Nuestra democracia tendrá rápidamente que entender una realidad tecnológica que pueda presentar muchas opciones para representar, para escuchar las necesidades de la gente. También se agudizarán las brechas si no se cierran los problemas de conectividad física y virtual.

Gestión pública eficiente

En medio de todo esto los destinarios de la gestión pública eficiente, de la política y de la democracia no sienten que ésta sea necesaria. Las garantías que debía dar el Estado de derecho no se perciben, no se respeta la ley, hay impunidad. Tampoco se administran los recursos del Estado con eficiencia. Hay evasión, elusión tributaria, una informalidad que no da tregua y una corrupción que esta enquistada en nuestro aparato estatal.

Esto pone en evidencia cuanto se necesita de buena política y de buenos políticos y cuán frágil está nuestra democracia en estos días en que la gente improvisa y cree que se trata solo de ganar elecciones, ni siquiera se preparan para gobernar en el supuesto de ganar y sobre la marcha improvisan planes de gobierno, sin claridad en las decisiones que se toman, sin fundamento en principios que sirvan como orientadores en los temas y decisiones que impactan, se dan pasos para adelante y el doble para atrás.

Administración de recursos

La administración de los recursos que se recaudan se administran con criterios de solidaridad y eso es lo que permite que no se tenga que renunciar a la justicia en nombre de la libertad ni a la libertad en nombre de la justicia, esa solidaridad como un valor permite alcanzar el bien común y el amor es eso… preocuparse por el otro.

¿Cómo renovamos la política?, ¿cómo la repensamos? con las fuerzas morales de las que hablaba José Ingenieros, esa juventud que no tiene complicidad con el pasado y que por eso lo reta, esa que se rehúsa a aceptar que no se puede, que ya todo está hecho, esa que quiere vivir como piensa y decir lo que cree en el fondo de su corazón, sin calculo, con naturalidad, sin pompa y sin pose, esa que renuncia, esa que no se cuenta en años, sino que es energía, espíritu.

Estamos en manos de esos corazones capaces de cambiarlo todo, de ilusionar, de dar esperanza. Nos toca enseñar lo bueno para que lo mejoren y alertarlos de lo malo para que no lo repitan. Nos toca allanar el camino que transcurrimos sin éxito e invitarlos a probar otras rutas. Y si nuestro cuerpo y energía lo permiten, acompañarlos a descubrir nuevas posibilidades y dejarlos hacer aquello en lo que nosotros fracasamos. Quizá hasta nos permitan hacerlo juntos.

En pocos meses habrá un proceso electoral para elegir al presidente en uno de los momentos en que nuestra institucionalidad revela todas sus limitaciones. Tenemos que intentar que la fragmentación no termine permitiendo que un improvisado bien intencionado o un sinvergüenza con ganas e intenciones de cargarse al país, asuman las riendas.

¿Listos para gobernar?

No creo que algún partido esté listo para ser gobierno. Han sido años sostenidos de quebrar la democracia y de socavar el Estado de derecho y la institucionalidad. Pero podemos hacer una ruta común, retomar las políticas del acuerdo nacional, acordar mínimos, poner a los mejores cuadros. Debemos cerrar el paso a los partidos que no creen en la democracia, en suma, podemos hacer que esta tragedia sea una oportunidad.

El amor también es renuncia y en este caso el político de verdad debe saber que, por encima de sus legítimas aspiraciones, está lo que el país necesita. Y lo que nuestro país necesita es unidad y eso solo se logra sumando, vamos a buscar aquello que nos une.

Es un deber recuperar la política como servicio. No podemos dejar el espacio a quienes solo buscan satisfacer su ego, sus miserias o llenarse de plata; esa es nuestra responsabilidad.

Este es nuestro país no lo podemos dejar a la deriva como si las cosas se pudieran arreglar solas, hay que insistir en la necesidad de dar el paso y entrar en política con responsabilidad, nuestra casa nos necesita a todos. Por eso es una demanda comprometerse, y ese miedo a entrar en política y cambiar las cosas solo se le puede enfrentar en libertad y con la fuerza del amor.

Este texto fue publicado originalmente por la oficina KAS-Perú en Conversaciones PolítiKAS.

Desde el comienzo de la pandemia mundial de COVID-19 se estima que nacieron alrededor de 30 millones de bebés en el mundo, lo que analistas ven somo una explosión demográfica similar a la de 1945. Los pandemials serán una generación hiperconectada, pero aislada debido a las nuevas reglas sociales, 100% digital y sobre todo preocupada por el medioambiente.

Los especialistas se han planteado la existencia de ocho generaciones desde el comienzo del siglo XX: 1) generación interbellum (1900-1914); 2) generación grandiosa (1915-1927); 3) generación silenciosa (1928-1945); 4) baby boomers (1946-1964); 5) generación X (1965-1980); 6) generación Y o millenials (1981-1996); 7) generación Z (1997-2010); y 8) generación alfa (2010 a la fecha).

Según el Pew Research, analizar las generaciones ofrece «una manera de entender cómo los acontecimientos globales y los cambios tecnológicos, económicos y sociales interactúan para definir la forma en que la gente ve el mundo«.

Definamos algunas de las principales generaciones:

La generación baby boomer, se da en medio de una explosión demográfica y se caracterizan por la prosperidad económica.

La generación X a diferencia de la boomer, vivió en medio de la revolución feminista, la llegada del CD, el nacimiento del internet y la adicción al trabajo.

 Los millenials tuvimos la necesidad de adaptarnos a Internet, la tecnología y las redes sociales. Nos tocó vivir la burbuja inmobiliaria del 2008, el 11 de septiembre y la crisis causada por el coronavirus.

La generación Z carga el peso de ser la generación más estresada, deprimida y menos rica, a pesar de estar mejor educada, pero tampoco es peor que las anteriores.

La generación alfa es la primera 100% digital (realmente nativos digitales) son ajenos al mundo analógico, son los hijos de los millenials, en forma literal.

El mundo será otro después del COVID-19 ya la generación de niños que nacerán este 2020, marcará el inicio de una nueva generación, incluso muchos analistas van más allá, todos los que vivimos la crisis del Coronavirus, somos pandemials.

La generación pandemial

Las generaciones son grupos sociales que, por haber nacido en una misma época, comparten intereses, rasgos culturales y desafíos comunes, después del COVID-19 podemos hablar de que ha nacido una nueva generación, que a diferencia de las anteriores no la delimitan los cambios o avances tecnológicos sino el impacto de un virus que revolucionó la vida de cada habitante de este planeta.

La generación de los pandemials se caracteriza por el monumental desafío que deberá enfrentar en el próximo medio siglo: evitar una nueva extinción masiva de la humanidad debida al cambio climático.

Otra característica que marcará esta nueva generación es la sostenibilidad.

Los pandemials esperan que sus gobiernos se vuelvan totalmente digitales. Pero no solo los gobiernos, sino también que los modelos económicos se vuelvan sostenibles e inclusivos.

Los sectores económicos más contaminantes tendrán que reinventarse o sencillamente desaparecer. 

Otra característica es que esta generación (que recordemos somos todos los que nos ha tocado vivir la pandemia y los que han nacido en el 2020) buscan eficacia y eficiencia de sus gobiernos. La democracia tal como la conocemos está en terapia intensiva, el auge del populismo y el estatismo se ha instalado en los gobiernos últimamente, debemos repensar la sociedad.

Con la pandemia nos dimos cuenta que los gobiernos son ineficaces a la hora de gestionar el volumen masivo de información que los estados deben procesar para tomar decisiones. Por lo tanto, experimentaremos un auge de la inteligencia artificial y el big data.

Los modelos de negocios tradicionales deben cambiar drásticamente si quieren seguir vigentes. Después de muchos años, recordaremos como vimos el fútbol sin público desde nuestro hogar o visitamos virtualmente museos, escuchamos conciertos en vivo sin necesidad de salir de casa, pero la impronta de no haber salido de casa a como estábamos acostumbrados nos marcará y definirá muchos negocios en el futuro.

Palabras como nueva normalidad o aplanar la curva definieron nuestra vida en este momento histórico. 

Cuando volvamos a salir sin restricciones, nos daremos cuenta que el mundo cambió para siempre. Todo lo que tenga que ver con lo digital y online cobrará relevancia. El internet se volverá más accesible a nivel mundial (Proyecto 5G) y por lo tanto se convertirá en un espacio masivo, un canal tan masivo como la tele o la radio, solo que en ella, podremos hacer más cosas: comprar, vender, mirar un concierto, estudiar. Los pandemials estarán hiperconectados pero aislados a diferencia de las anteriores generaciones.

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Los cambios sociales, económicos y culturales serán parte de la «nueva normalidad». Somos una generación que inició el 2020 con el “distanciamiento social” y el «quédate en casa”, pero que rápidamente se adaptó. Seremos marcados por lo digital, la hiperconectividad y la comunicación online. La enseñanza se replanteará y se llevará a ambientes más digitales. La interacción social experimentará cambios para siempre. El teletrabajo cobrará mayor relevancia en las empresas.

Desde que inició la pandemia, nacieron alrededor de 30 millones de bebés en el planeta.

Dos causas en la agenda política

El medio ambiente: El siguiente gran desafío de la humanidad es la crisis climática, por lo tanto, las causas ambientales estarán en la agenda política. Los pandemials tienen un profundo interés en la conservación del planeta. ya que todas las personas que tuvimos que vivir y lidiar con la pandemia sirvió de advertencia sobre lo que podría ser el colapso ecológico mundial por el recalentamiento global.

El sistema sanitario: La reciente crisis causada por la COVID-19 marcará un antes y un después en la trasformación de la sanidad, poniendo la tecnología al servicio de los ciudadanos en ámbitos que van desde la digitalización del propio ecosistema sanitario a la atención virtual, el uso de la inteligencia atrificial y el big data en la prevención de pandemias, el desarrollo de nuevos medicamentos y el impulso a la innovación en términos médicos.

¿Cómo estamos ahora?

El panemial ahora mismo sufre el síndrome de cuarentena: miedo, incertidumbre, irritabilidad, depresión, estrés, ansiedad.

El pandemial se siente aterrado y en estado de indefensión, vulnerable, busca liderazgos fuertes, siente profundo rechazo por la política, pero sabe que no le queda otro camino que “confiar en alguien” para que lo rescate.
Están buscando certezas y los invade el pesimismo, las circunstancias lo llevan a pensar que todo irá peor y que “no puede enfermarse” en este momento.

Por otro lado, se ha interesado más por cuidar su salud, sigue las indicaciones básicas de prevención, valora más a su familia y amigos, aprendió a desarrollar nuevas habilidades de aprendizaje y competencias laborales. Se muestra sensible en apoyar a las personas más necesitadas.

Conclusiones

Esta pandemia pondrá en el centro muchas discusiones. La sociedad necesita que la ciencia lo oriente, la política la lidere y las instituciones la protejan. La sociedad verá con un prisma distinto a los políticos y gobernantes de aquí para siempre, se volverá cultural rechazar las campañas políticas y eso modificará drásticamente la comunicación política. Nada responde ya a los patrones establecidos.

Mucho se escucha hablar de la importancia de la participación de los jóvenes en la política, pero realmente nos preguntamos ¿por qué es importante? Más del 50% de la población a nivel mundial tiene menos de 30 años, pero apenas el 2% de los legisladores elegidos son menores de 30. A finales del 2016, la Organización de las Naciones Unidas lanzó una campaña mundial denominada Not Too Young To Run (No demasiado joven para ser candidato) a partir de una iniciativa nacida en Nigeria, donde la edad para votar es 18, pero la postulación para un cargo de elección popular puede ser a partir de los 30 años. Las opiniones al respecto pueden ser divididas. Es normal escuchar que alguien muy joven está poco o nada preparado y que por su falta de experiencia no sería un candidato idóneo para un cargo público. Por otro lado, muchos dirán también que los jóvenes pueden aportar ideas frescas y mejores prácticas a la política. Me pareció interesante preguntarles a ellos mismos; así, los protagonistas de este artículo son cuatro jóvenes políticos de América Latina, con quienes realicé una entrevista individual semiestructurada por videollamada, de aproximadamente 40 minutos.

¿Quiénes son?

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¿Por qué es importante que los jóvenes se involucren en la política?

María Angélica Perilla lo resume bien y con la energía que la caracteriza respondió: “nosotros, los jóvenes tenemos derecho a tener un pedazo del ponqué. Las decisiones se toman a diario y la política influye en la vida de todos nosotros, queramos o no, seamos indiferentes o no”. Además, resalta que los “veteranos” en política carecen de algo que la gente joven tiene refiriendo a “la esperanza de que las cosas salgan bien”.

En esta misma línea, Luz Serrano está segura de que no se puede seguir tratando de solucionar los retos actuales con concepciones viejas, entendiéndose por “viejo” a prácticas que no tienen sentido ético, sostenible y global. Luz reflexiona también que la participación de las minorías ha sido invalidada muchas veces, pero que es necesario incrementarla no precisamente para trabajar en una agenda propia, sino por el valor que le añade a la calidad de la toma de decisiones públicas. “Hay una brecha muy grande, incluso entre las mismas generaciones jóvenes, sobre las visiones de país y cómo deben ser las soluciones”, añade.

Antônio Mariano considera que el joven ve de una manera diferente y ayuda a mirar más allá o desde un ángulo distinto. Él cree que conforme pasa el tiempo, “por más jóvenes que seamos es natural que nos pongamos viejos, no de la manera obvia, sino que nos vamos acostumbrando a cuestiones ´naturales´ de la política, que no necesariamente son malas. Así dejamos de tener la dinámica de un joven, hacemos las cosas más despacio, esperamos más”.

Antonio enfatiza que a medida que esto ocurre hay que ir dejando espacio para los más jóvenes, para que sean ellos quienes hagan observaciones a otros jóvenes y también a otros que ya no lo son tanto. Por otro lado, Juan Carlos Holguín analiza otra perspectiva y es que “la edad no es ni una debilidad ni una fortaleza, es un momento de la vida de todas las personas. La edad en sí misma no es un atributo para bien ni para mal. Por lo tanto, depende de cada uno, del nivel de madurez, de preparación que le pueda dar al momento en la vida que lleva.” En su opinión es importante no pensar en la edad como un factor determinante a la hora de hacer política.

El descontento

A nivel mundial hay una clara tendencia a la desconexión de los jóvenes de la política convencional. Muchos prefieren el activismo, la defensa de ciertas causas sociales, el voluntariado, pero no militar directamente en un partido político. Esto se debe quizás al alto nivel de desconfianza en los partidos o la política en general. Entonces, ¿qué hacer para llegar a esos jóvenes descontentos con la política tradicional?

Juan Carlos fue muy conciso al decir que “son distintas vocaciones de servicio a la sociedad, pero cuando tú quieres cambiar las cosas de fondo puedes pasarte toda tu vida a través de fundaciones, que cuando llegas a la política, con un decreto las puedes cambiar y por eso es importante llegar a los puestos altos de decisión. No hay ningún otro sector, ninguna otra actividad que pueda generar cambios de manera inmediata con tanta profundidad, que genere modificaciones importantes en la sociedad que no sea la política”.

María Angélica no solo cree que se trata de desconexión, sino de apatía porque “los partidos políticos no se han encargado de enamorar a los jóvenes, de abrirles las puertas y decirles ´aquí estamos, los queremos escuchar´. Hay jóvenes que nunca han entrado a un partido y puede generarles alguna suspicacia, pero no hay nada peor que un joven que ya estuvo en un partido y que se haya desencantado porque ese joven ya no cree nunca más en un partido”. Ella resalta que el joven se va a entusiasmar si tiene garantía de acceso al poder y percibe que no todo se limita a reuniones o politiquería.

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Por otra parte, Antônio lo ejemplificó con algo ocurrido en Brasil. En 2013, después de fuertes protestas en el país, la defensa de causas y movimientos antipartidos aumentó lo que provocó que en su partido disminuyeran los militantes de las juventudes.  Sin embargo, unos años después, varios de esos mismos jóvenes volvieron al ver que aquellos que estaban en esos movimientos independientes empezaron a afiliarse a los partidos porque necesitaban ser elegidos y para eso se necesita un partido político. Antônio recalca que “las causas son importantes, pero si no valoras un partido, no valoras la democracia porque los partidos son una parte principal de ella”. Al preguntar a Antônio si decidieron hacer algo diferente para atraer a los jóvenes, respondió que continuaron haciendo lo de siempre: un trabajo de transparencia, democracia interna y formación política, resaltando que el joven quiere ser escuchado y reconoce que es una debilidad si “el viejo” del partido no sabe hacerlo.

Luz también señala la responsabilidad de los partidos políticos. Ella considera que debe haber un replanteamiento dentro de los mismos, en su quehacer político, sus concepciones de liderazgo y perfiles. “Ahí viene el sentido de hacer política, quizás desde una visión más comunitaria, social y más activista ligada a las causas que mueven a los jóvenes”. Ella opina que es necesario analizar la evolución de la conciencia social para atraer a los jóvenes, “no necesariamente desde una visión marxista, sino una concepción que tenga que ver con protección de derechos fundamentales, un sentido de globalidad, de la empatía y de cercanía comunitaria”.

Pregunta a las mujeres

¿El reto de adentrarse en política es mayor por el mero hecho de ser mujer?

Ambas coincidieron al responder “ciertamente”.

Luz Serrano cree que, si bien sigue siendo un reto en México, ella observa un cambio y que en varios partidos hay grupos de mujeres jóvenes. Comenta: “me ha gustado ver esta evolución que fue de las cuotas a generar una ley sobre la paridad. Si no se hubiese visibilizado o reglamentado las posibilidades de participación se habría reducido drásticamente”.

María Angélica, por su parte, señala que “la política está diseñada por hombres y para hombres”. Agrega que las mujeres están rompiendo paradigmas, pero que estadísticamente está comprobado que en muchos países el votante considera más confiable o prefiere votar por un hombre que por una mujer, o votar por un hombre mayor que por una mujer joven. Ella cuenta su propia experiencia: “en 2015, en Cajicá fui la primera candidata en la historia del partido Centro Democrático para la alcaldía y la gente me decía ´ ¡no! es que usted está muy joven, ¡no! es que es mujer y demasiado joven´.  Entonces, la gente sigue votando por aquellos que los siguen defraudando y eso está en su imaginario como un hombre mayor al que ya ha perdido antes, pero le vuelven a dar la oportunidad y no a una mujer y tampoco a un joven.”

María Angélica, además explica que no solo es difícil el acceso, sino que cuando una mujer llega al poder se le exige más, y puntualiza que “tenemos una responsabilidad más grande porque tenemos que abrir camino y no importa si eres una mujer de izquierda, de derecha, de centro, somos mujeres y debemos mostrar que estamos hechas para el poder y también para la política y hacer cambios positivos”.

Sobre las cuotas

¿Las políticas de cuotas son eficientes?

“Antiguamente, me costaba muchísimo entender la dimensión de las cuotas, yo como mujer lo sentía como un agravio” responde Luz. Sin embargo, explica que con el tiempo y su formación vio la importancia de visibilizar lo necesaria que es la participación política de la mujer y destaca que en el caso de México inició con cuotas y eso llevó, luego, a una ley de paridad en participación política. “Es importante marcarlo, reglamentarlo e institucionalizarlo”, apunta.

María Angélica reconoce que, a muchas personas, sobre todo mujeres, no les gusta el tema de cuotas, pero considera que “vale la pena mientras no haya mucha iniciativa o no rompamos con los roles clásicos del hombre que hace política y la mujer en la casa”. Habla del caso colombiano y la necesidad de una ley de cuotas porque, a pesar de tenerla, no siempre se cumple. Tampoco es porque de parte de los partidos no se quiera sino porque la gente no se entusiasma y falta una vocación real. Precisamente, María Angélica decidió entrar a la política por un hecho fortuito y relacionado a la política de cuotas. Cuando tenía 22 años, recién graduada de la universidad en el 2011, le propusieron ser candidata a la Asamblea de Cundinamarca porque no tenían suficientes mujeres y tampoco jóvenes. “Creo que fue una super experiencia. Tuve un poco más de 5000 votos en un departamento enorme, fue la mejor experiencia de mi vida, me mandé al agua sin nada y aprendí a nadar”, recuerda.

Lo ideológico

¿El espectro izquierda-centro-derecha es aún vigente?

Antônio explica que él creía que eso había terminado con la Guerra Fría, pero al profundizar sus estudios y vivir la política también repensó todo y considera que siempre será el mismo esquema, aunque no esté totalmente de acuerdo con aquello. Opina que “la cuestión de izquierda-derecha es una manera más sencilla de referirse a la intromisión del Estado más o menos en la economía”. No obstante, él plantea que en un partido político además existen sus corrientes conservadoras o liberales porque existe la persona de derecha conservadora, el de derecha liberal, o viceversa, el de izquierda conservador o liberal. Sin embargo, la sociedad, en general no le pone atención a esos detalles y solo le importa saber si el partido es de izquierda o derecha. “La gente quiere saber lo que es fácil, el gobierno se va a meter en mi vida ¿sí o no? si es que la respuesta es “sí”, el partido es más de izquierda, si es que la respuesta es “no”, es más de derecha”.

Por otra parte, Juan Carlos manifiesta: “más que pensar en izquierda-centro-derecha, creo que en el mundo hay ideologías que están presentes. Yo personalmente soy un humanista cristiano formado y por convicción, y creo que uno tiene que tener una ideología que marque el norte de todas las actividades públicas. Si tú no entras a la política con un plan de gobierno te conviertes en un político populista e irresponsable que va a ir navegando en la política conforme vaya la marea”. Él también enfatiza que uno debe elegir un partido político cercano a las ideas que posee porque “un partido político es como ponerte una corbata para ir a una fiesta, si no te sientes cómodo con esa corbata, vas a pasar mal toda la fiesta. Tienes que elegir un partido donde te sientas cómodo, con sus ideas, y en el que también tengas posibilidades de luchar para ocupar los espacios en los que vas a poder ser elegido. Si no estás de acuerdo con alguna idea que el partido está llevando, tienes que luchar como parte de una democracia interna. En mi caso personal, yo di esa pelea interna en el partido y me convertí así en candidato a la alcaldía de Quito. Es una responsabilidad también de la política cambiar las cosas casa adentro”.

Reflexiones finales

María Angélica Perilla: “la gente que lleva mucho tiempo en política pierde la esperanza, aprende del juego sucio y se queda ahí. La gente joven es más utópica y cuando hay utopía o cuando hay ganas de llegar, de obtener grandes ideas y perseguirlas, eso es lo que nos hace jóvenes y eso es lo que nos hace importantes en la política”.

Juan Carlos Holguín: “el primer elemento para tomar la decisión de hacer política activa es, que si tú no quieres ser gobernado por personas que no están preparadas para hacerlo, seas tú mismo quien ocupe esos espacios. El servicio público es un acto muy noble de servicio. Hay que meterse porque los cambios que necesitamos en nuestra sociedad solo se pueden conseguir con líderes políticos honestos y soñadores”.

Luz Serrano: “un punto muy importante es que exista una correspondencia y congruencia en los valores, con los que te forman en tu doctrina que suelen ser bastante esperanzadores, y que nos motivan o unen a un partido, y la toma de decisión pública”.

Antônio Mariano: “creo que desde la escuela deben existir nociones básicas de cómo es la política, del funcionamiento político como saber para qué sirve el Congreso o el Poder Judicial y la división de poderes. Eso generará interés en algunos desde temprana edad y quizás, aunque otros digan que eso no importa, esa persona va a saber.  Luego no será alguien que en la calle pida que se cierre el Congreso, porque sabrá para qué sirve”.

Decepción y alternativas

En conclusión, la juventud ha sido históricamente ese halo de esperanza de cambio. Sin embargo, una gran parte está decepcionada de la política donde la corrupción parece haberse normalizado, en particular hablando del caso latinoamericano. Los jóvenes, las mujeres, las minorías necesitan ser escuchados, para garantizar una efectiva y verdadera participación.

Por lo tanto, se requiere una restructuración de los partidos, que en una democracia son ese canal de acceso al poder. Muy probablemente aquello que falta en los partidos sea democracia interna y luego, si alcanzan el poder, que prevalezca la concordancia entre los valores o propuestas y las políticas públicas que implementan. Conversar con estos cuatro jóvenes políticos fue satisfactorio.

Más allá de sus ideologías o partidos tienen algo en común: ganas de hacer mejor las cosas. El objetivo de este artículo no es que todos los jóvenes aspiren a algún cargo público, pero sí que se genere más conciencia de la democracia en sí, seamos más críticos y nos convirtamos en líderes dentro del espacio en el que nos desenvolvamos.

La expresión Tierra/Aire evoca un encuentro de dos dimensiones presentes en la actividad militar, pero también en otros procesos, lo que la convierte en objeto de estudio en la comunicación política.

Hablar de lo que significa la expresión Tierra / Aire es crear un punto de encuentro, reflexión y análisis donde confluyen variables y enfoques sobre la concepción e implementación de ésta en los diferentes planos de la vida.

Normalmente la afirmación Tierra / Aire se ha utilizado en las aplicaciones de operaciones militares determinando un momento táctico de implementación de las acciones aéreas y terrestres, creando un concepto de articulación y complementariedad bajo el cumplimiento de un objetivo determinado.

Sin embargo, esta implementación táctica hace parte de un todo denominado “ESTRATEGIA”, que no es más que la suma del diseño (plano estratégico) y la ejecución (plano táctico) del camino para el cumplimiento de un objetivo determinado.

Aunque muchos autores han determinado la separación de sus componentes y han encasillado la relación Tierra / Aire al plano táctico, nosotros consideramos que los dos componentes hacen parte de un todo y ahí radica el éxito de los objetivos propuestos.

¿Qué son los conceptos tierra y aire?

Es importante entender que, aunque pretendemos estudiar ambos términos como un “macro concepto” y como un todo dentro de procesos estratégicos, cada uno ha tenido múltiples definiciones – más allá del plano militar. Aire por ejemplo ha sido relacionado con acciones que implementamos para llevar el mensaje a diferentes audiencias a través de distintos canales masivos, como las redes sociales, los medios de comunicación tradicional, o lo mítines.

En cuanto a la Tierra, han sido consideradas las acciones en el plano físico, es decir, todo lo que realizamos en el “terreno”, dividiéndolas en reconocimiento – como encuestas, investigaciones o tendencias – y táctica – contacto directo o día de elecciones -.

Teniendo clara la definición de cada escenario, consideramos que la “Estrategia” – como la definimos previamente – ha evolucionado a los diversos planos de la vida, siendo permanente y teniendo una constante retroalimentación. Esto nos lleva a afirmar que se encuentra presente en una gran cantidad de escenarios desde lo personal hasta lo político.

Y es allí, en lo político donde queremos marcar un punto de quiebre queriendo invertir la lógica conceptual de lo que representa la relación Tierra / Aire. Ubicamos su implementación en los diferentes procesos de incidencia pública, entendiéndose estos como los escenarios donde lo público se convierte en el eje articulador de la sociedad, como los gobiernos, las elecciones, los análisis y los políticos.

Es claro que precisamente estos procesos de incidencia pública, como posiblemente casi todos los escenarios sociales, se han tenido que ir transformando o “reinventando” a partir de la pandemia del COVID-19, siendo la digitalización de la sociedad la protagonista de esta “nueva realidad”. Vale aclarar que el uso y apropiación de herramientas digitales no es algo nuevo, pero en este momento pasó de una opción, a una necesidad.

En lo político – razón de ser de este artículo – el punto de quiebre de esta transformación digital inició con la campaña presidencial de Barack Obama en el 2008. El uso de las redes y de las herramientas digitales marcó una ruptura en la forma tradicional de ver y entender la relación candidato/político – ciudadano, evidenciando brechas, necesidades y oportunidades que han sido estudiadas, interpretadas y hasta emuladas por otros actores políticos, algunos con muy buenos resultados.

Analizando este tema a profundidad y regresando a la relación Tierra / Aire vale aclarar que Obama no ganó exclusivamente por el uso correcto de sus redes sociales, o porque hubiera logrado recaudar millones de dólares por medio de plataformas digitales. Fue una campaña que supo integrar diferentes elementos, online y offline, que le permitieron entender cómo llegar al ciudadano, qué decir, dónde hacerlo, y por supuesto cómo relacionarse adecuadamente en los diferentes escenarios que tuviera a disposición.

Este es un ejemplo que evidencia, 12 años atrás, el por qué debemos hacer esta reflexión académica frente a la necesidad de repensar la forma de hacer y entender la cosa de forma integral tanto en lo público y en lo privado. (De Obama al presente hay muchos ejemplos que compartiremos en los artículos siguientes).

En conclusión, esta “nueva” perspectiva de los conceptos Tierra / Aire – como objeto de estudio en la comunicación política – parte de la connotación actual que existe de los mismos, donde se les concibe como acciones del plano táctico alejadas de la toma de decisiones, buscando su reinterpretación para construir, desde la experiencia y la formación, nuevas metodologías, recomendaciones y por supuesto herramientas que se puedan aplicar en los procesos de incidencia pública.

Autores:

Juan Sebastián Delgado

Felipe Mendoza 

Analista, estratega político con experiencia de más de 15 años en procesos de gobierno, de análisis, políticos y electorales. Politólogo con énfasis en participación política de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Gobierno, Asuntos Públicos y Gerencia Política. Candidato a Magíster en Gobierno y Políticas Públicas.

El presidente Nayib Bukele despierta opiniones encontradas. Por un lado, maneja con decisión la crisis de la pandemia, pero por otro tiene conductas que debilitan o incluso atacan la institucionalidad democrática. Mientras tanto, los partidos políticos tradicionales no parecen tener la fuerza necesaria para enfrentarlo y presentar una alternativa creíble a la ciudadanía.

A principios de abril, en el contexto de la cuarentena sanitaria decretada por el gobierno salvadoreño y a pocas cuadras de su casa, un joven de 19 años recibió dos disparos salidos del rifle de un agente de la policía nacional. Según investigaciones de la prensa local y la Fiscalía General de la República, la agresión sucedió toda vez que la víctima se rehusó  a pagar una extorsión de cincuenta dólares para no ser trasladado a un centro de contención.

En la tarde de ese mismo día, desde la oficina de la presidencia se informaba que la policía nacional había tenido un encuentro y que en el contexto del mismo un oficial lesionó a una persona; mientras que la corporación policial, desde sus redes hablaba de un accidente.   Al día siguiente, cuando la noticia se volvió viral, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, guardó silencio. Algo es inusual para alguien que se encuentra muy pendiente de las redes sociales que, además de usar sin ninguna reserva para señalar a opositores y detractores, utiliza de vez en vez para compartir puerilidades; algo inusual, para un presidente que constantemente se jacta de que a toda costa cumplirá su juramento de cuidar la vida de los salvadoreños.

La víctima encaja en el perfil de los simpatizante del presidente y probablemente fue uno de sus electores; un ciudadano que defiende la gestión de manera vehemente y cuya vida es, según el presidente, su prioridad.

Sin embargo, el silencio del presidente dijo mucho y evidenció dónde están verdaderamente sus preocupaciones.

Desde que tomó el poder, una de las líneas estratégicas del presidente Bukele no solo ha consistido en hacer respetar la línea de mando institucional, sino en garantizarse la lealtad de los portadores de armas.

Cuando se presentó como comandante en jefe de la fuerza armada iniciando su mandato, y fuera de todo protocolo, el presidente pidió a las tropas jurarle lealtad –a él y no a la constitución-, mientras él les prometía recíprocamente a los castrenses la misma lealtad, un compromiso que el presidente ha extendido y mantiene hacia todos los portadores de armas del Estado.

La preocupación sobre las aspiraciones autoritarias del joven presidente han sido ya señaladas por HRW, la Alta Comisionada Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como medios de comunicación y  organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país.

El presidente Bukele se muestra intolerante a la crítica, y percibe como ataque y responde con furia a cualquier atisbo de contradicción a sus ideas, vengan de personas o instituciones.

Ante cualquier desencuentro, el presidente ha tratado como enemigos a la Asamblea Legislativa, a la Procuraduría de DD.HH., la Fiscalía General de la República e, incluso, a la Corte Suprema de Justicia. El plan del Ejecutivo se encamina a ocupar estos cargos con personas de su beneplácito y para lograrlo parece buscar dos cosas: armas y votos.

Y aunque el presidente requiere de armas para el control y votos para legitimarse, las armas son más importantes. Para el presidente mantener la lealtad de su ejército parece ser más importante que llamar la atención sobre los abusos de sus fuerzas de seguridad, ante los que no se pronuncia.

Es así como el apoyo de las armas ya se ha alcanzado. La fuerza armada no solo no lo impidió, sino que apoyó aquel 9 de febrero el amago con un autogolpe de Estado, cuando el presidente ocupó militarmente la sede del Poder Legislativo. Mensaje enviado.

Después de aquel espectáculo en el parlamento, la llegada de la pandemia significó una perversa oportunidad para el presidente. La emergencia sanitaria distrajo la atención de la opinión pública de aquel paso en falso.

En un inició el presidente Bukele gestiónó acertadamente la crisis causada por el COVID-19 lo que le valió vítores dentro y fuera del país. Pero también le permitió implementar medidas clientelares y populistas- como brindar transferencias monetarias a personas que no lo necesitan o decretar el día de la oración en medio de la pandemia- para mantener y afianzar el apoyo popular y fortalecer su plataforma electoral.

A lo largo de la pandemia y con una cuidadosa estrategia comunicacional con la que busca socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, el presidente ha acelerado el posicionamiento la marca Nayib Bukele, y potencia al instituto político con el que busca cooptar el poder legislativo.

Parece que nada evitará el partido Nuevas Ideas, fundado por Bukele y sus allegados, barra en las elecciones en las elecciones parlamentarias y locales del 2021. Y es que a casi un año de haber asumido como presidente, la gestión del ejecutivo es aprobada por más del 90% de los ciudadanos, lo que hace prever, ahora sí, el fin de los partidos tradicionales, a los que el presidente hábilmente ha encajonado bajo una misma premisa: los mismos de siempre.

Un mensaje que ha calado profundamente en la ciudadanía salvadoreña, que culpan a los mismos de siempre, incluso, de los exabruptos del presidente. “Ellos –los diputados- nos quieren ver muertos” comentaba una profesora de una escuela pública hace pocos días cuando repartía las guías de trabajo de casa en casa, haciendo eco de uno de los señalamientos favoritos del presidente que acusa a los miembros de la Asamblea Legislativa  de tomar decisiones porque no les importa la vida de los salvadoreños.

En el peor de los escenarios, una asamblea coloreada por el ejecutivo, implicará cambios importantes para la institucionalidad democrática salvadoreña en un sistema político que, diseñado para el balance de poderes, otorga importantes prerrogativas al poder legislativo.  

En el periodo de un año, la nueva asamblea legislativa podrá elegir a un procurador derechos humanos y un a fiscal general al servicio del ejecutivo- entre otros funcionarios-, al mismo tiempo que podrá proponer cambios en la constitución, entre los que podría incluir –aunque con tiempos ajustados- la reelección consecutiva del presidente.

Con una fiscalía sin independencia, una Asamblea Legislativa embelesada y una procuraduría de derechos humanos amordazada, la democracia salvadoreña agonizará.

Aunque sea por poco tiempo, la Corte Suprema de Justicia, a la que recientemente el presidente ha amenazado en desconocer y a cuyos mandatos atiende a regañadientes, se convertirá –mientras el tiempo lo permita- en el último bastión para la defensa de la institucionalidad salvadoreña.

Discutir si el presidente Bukele aspira o no a un régimen autoritario puede distraer sobre lo que realmente es importante en este momento y lo que, eventualmente, podría evitar una amenaza a la incipiente democracia salvadoreña, y esto es evitar la cooptación del Estado. Solo lo puede hacer la ciudadanía salvadoreña a través de las urnas.

Los ciudadanos salvadoreños deben asumir de manera crítica los mensajes del presidente. Reconocer en ellos no solo los aciertos del presidente, sino las amenazas, los intentos de manipulación y la propaganda disfrazada. Mostrarse críticos ante los golpeas a la debilitada democracia salvadoreña.

Hace un siglo, el filósofo austriaco Karl Popper describía la paradoja de la tolerancia. En esencia, Popper explica que los movimientos intolerantes no deben tolerarse en una democracia ya que, de permitirlo, quienes promocionan la intolerancia -acusando de engañosos a los argumentos racionales- responderán con el uso de puños o las armas ante lo que no les gusta o convenga.

Haciendo un símil, si los ciudadanos salvadoreños toleran y otorgan, en nombre de la democracia y la libertad del sufragio, el control total del Estado a un partido único, correrán el peligro de limitar su propia libertad y podrán en peligro su democracia.

El país necesita servidores públicos respetuosos de la democracia; necesita ciudadanos que de manera consciente e informada ejerzan sus derechos responsablemente y exijan el respeto de los mismos. El Salvador necesita de sus ciudadanos que no tengan miedo a las autoridades, aunque éstas quieran imponerse con las armas.

Los 75 años de la CDU muestran dos aspectos: una profunda necesidad de asumir responsabilidad y voluntad de dar forma y gobernar en el presente, porque solo de esta manera un partido político puede resolver problemas específicos. Por otro lado, existe un fuerte impulso visionario, la voluntad no solo de detenerse en el aquí y ahora, y de alguna manera defender temerosamente el statu quo, sino de crear un futuro feliz.

La CDU (Unión Demócrata Cristiana de Alemania) ofrece hace 75 años una y otra vez lo inesperado, incluyendo lo visionario, y también, una y otra vez, la mirada hacia adelante, los pasos orientados hacia el futuro. Y durante 75 años ha ofrecido soluciones pragmáticas a los problemas y una hábil gestión de las crisis. La CDU siempre quiere y también puede hacer ambas cosas.

Esta autodefinición ya fue establecida por Konrad Adenauer. A comienzos de mayo de 1945, durante los últimos días de la guerra, regresó a Colonia nombrado por los americanos como alcalde mayor. Su ciudad, sin embargo, se había convertido en otra durante su ausencia. Colonia compartió el destino de muchas otras ciudades después del régimen nacionalsocialista. La vivienda era tan escasa como el pan y la leche. Para cada persona era cuestión de sobrevivir, y para Adenauer se trataba de dar prioridad a niños, mujeres y hombres.

Sus herramientas políticas, ya aprendidas en el Imperio alemán, pronto le beneficiaron como presidente de la Asamblea Parlamentaria que elaboró la Ley Fundamental y, por supuesto, durante casi una década y media como canciller federal. La construcción de un nuevo sistema estatal con toda su administración, sus bases legales, sus exigencias administrativas, afortunadamente encontró en Adenauer un brillante arquitecto político y director de obra.

Y al mismo tiempo Adenauer no se perdió en la interminable rutina diaria. En vista del sufrimiento de millones de personas, no dejó de creer en la reconciliación con los anteriores enemigos. Las atrocidades cometidas en nombre de Alemania, no lo disuadieron de promover la admisión de Alemania en la comunidad del mundo libre. En vista al quiebre civilizatorio de la Shoah, no se dejó disuadir de buscar el perdón y la amistad en Israel. A lo largo de su vida, su trabajo político se caracterizó por grandes lineamientos y fuerza visionaria.

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También Helmut Kohl conectó estas dos características – no sólo cuando se trataba de hayas y robles en el bosque del Palatinado. Nunca dudó de la unidad alemana como objetivo final. Cuando otros vacilaron, él se mantuvo claro y firme. Al mismo tiempo era un innovador pragmático. Bajo el liderazgo de Helmut Kohl se produjo probablemente el mayor impulso de modernización de la CDU hasta ahora. Lo convirtió en el partido moderno de afiliados que es ahora. En 1989/90, comprendió inmediatamente el temor que la caída del Muro de Berlín despertaba en nuestros vecinos; el temor de una Alemania reunificada, súbitamente tan grande otra vez; el temor de que los alemanes ya no pudieran interesarse por Europa. Pero Kohl supo superar este temor prometiendo: «La unidad alemana y la unidad de Europa son inseparables”. Y no sólo lo prometió, sino que también convenció a nuestros socios y amigos de ello, a veces negociaciones que duraban toda la noche.

A menudo, se crea la impresión de que el sentido de la responsabilidad de gobierno convierte a las personas en seres nocturnos. Esas noches de lucha y rescate se suceden especialmente los años de ejercicio de Angela Merkel. Y donde se lleven a cabo negociaciones difíciles, se aplica siempre: ¡Abre los ojos y reflexiona! Mantente siempre bien despierto y nunca te pierdas nada. No hay otra forma de contrarrestar responsablemente la complejidad de nuestro tiempo.

Actualmente estamos viendo un mundo cada vez más equivocadamente creyente en el proteccionismo; un mundo que se está cerrando cada vez más a lo que lo mantiene unido: multilateralismo y comercio justo; un mundo que se aleja de la lucha por la paz, la libertad y la solidaridad, por la democracia y los derechos humanos; un mundo del cual China se quiere servir con su política de expansión. Vemos nuestro mundo partiendo a un viaje hacia lo desconocido – y a menudo se tiene la impresión que este podría ser un viaje fatal.

Observamos una Europa diferente y mejor que la de hace 75 años. Ya no la vemos como desolado campo de batalla, en el que pronto se erigirá un telón de acero. Sin embargo, nuevas fisuras amenazan, la prosperidad económica en el mundo ya no es un asunto exclusivo y evidente para Europa. Hemos avanzado en términos de estabilidad y solidez financiera, pero aún estamos lejos de alcanzar nuestro objetivo. Con el Reino Unido, un importante socio y aliado abandona la Unión Europea, aunque no a Europa.

Vemos a nuestro país desafiado en su modelo de economía social de mercado por nuevas tecnologías, y por la agitación, la división y el odio. Y observamos a Angela Merkel y reconocemos en ella, como en la CDU, una visión clara de los grandes lineamientos, así como una firme creencia en una nueva cohesión, caracterizada por el respeto a la dignidad de cada individuo – una nueva cohesión aquí y a nuestro alrededor.

A pesar de las contradicciones, la historia de mi partido me da confianza. Hace 75 años, el mundo tuvo que reordenarse después de una terrible guerra. Se enfrentó inmediatamente a una gran competencia de sistemas que requirió de nuevas alianzas. Era un mundo en el que las viejas coordenadas perdían su validez y los roles se redistribuirían en el escenario internacional. Los padres y madres fundadores de la CDU reconocieron con una claridad que aún hoy impresiona, su responsabilidad por un mundo pacífico y por la reconciliación con sus vecinos. 75 años de la CDU muestran dos cosas: en primer lugar, hay una profunda necesidad de asumir responsabilidades. Existe la voluntad de dar forma y dirigir el presente, porque sólo así puede un partido resolver problemas concretos. Existe la actitud de no querer huir de las crisis, sino de superarlas. Existe la convicción de que incluso la política de Estado es también tarea minuciosa y cotidiana, que comprende el estudio de las notas al pie de página en contratos de cien páginas, el estudio de archivos, el teléfono móvil junto a la almohada. Y cuando algo suena, no es el despertador. En segundo lugar, los 75 años de CDU muestran una fuerte fuerza visionaria, la voluntad de no quedarse simplemente quietos en el aquí y ahora y defender temerosamente el statu quo, sino de dar forma al futuro y plantear la pregunta: ¿Qué necesita nuestro país para tener éxito en los próximos diez, veinte y treinta años? ¿Cómo nos orientamos claramente hacia dónde queremos ir?

La orientación sólo funciona si uno sabe lo que quiere. Y sólo funciona si uno tiene una firme actitud interior. Cuando yo, como presidenta de la CDU de Alemania, observo a mi partido, hay dos conceptos alemanes muy bonitos que describen nuestra actitud de la mejor forma: coraje y curiosidad. Tener el coraje de tomar decisiones, nadar contra la corriente, poner los propios intereses detrás de los intereses del conjunto, plantear contradicciones y soportar la contradicción.

En estos 75 años, nuestro partido tuvo diferentes presidentes. Ninguno, ni hombre ni mujer fue como el otro. Creo que esto será menos decisivo para el futuro de la CDU de lo que pretenderán titulares y editoriales. Porque la CDU fue y es siempre mucho más que los individuos que la forman. Así como ha hecho a menudo lo diferente, lo sorprendente y lo inesperado, también es el partido de muchos individuos alineados tras uno u otra. Se puede confiar en la CDU – porque está preparada para resolver problemas muy concretos y gestionar crisis. Porque tiene la fuerza para mirar más allá del presente. Sí, en este sentido se puede confiar en la CDU incluso en tiempos de COVID. Un ejemplo de esto es el extenso paquete económico y de futuro que el gobierno federal lanzó hace unas semanas. Por un lado, se trata de desarrollar soluciones muy concretas para atravesar la crisis y salir de ella, entre otras cosas, reduciendo los impuestos al valor agregado, apoyando a las familias y reforzando los servicios de salud pública. Por otra parte, se trata de apostar fuertemente al futuro más allá de la crisis – con inversiones masivas en tecnologías de futuro innovadoras y respetuosas con el clima, con la reducción de la burocracia, con el impulso de la digitalización de la administración y con una educación moderna y verdaderamente digital. Esto convierte al paquete económico y de futuro en un verdadero impulso para Alemania. Puede hacer a nuestro país más innovador, fuerte, respetuoso con el clima, humano y mejor.

En este momento nos fijamos sobre todo el COVID, y ¿quién se sorprende? Habrá otra vez una vida sin esta pandemia, pero ésta presentará otras preguntas, otras necesidades, que veremos con más claridad: escasez de viviendas en las aglomeraciones urbanas, niños con oportunidades iniciales desiguales, condiciones de trabajo insostenibles en algunos sectores, el moderno proletariado del click, es decir el mundo laboral del futuro. Hoy, a diferencia de hace 75 años, no se trata de construir una nueva estructura estatal. Pero la acción y la administración del Estado necesitan un empuje masivo para poder cumplir las expectativas depositadas en ellos de forma rápida, eficiente e innovadora. Y es por eso que en nuestra campaña actual – #kickoff2030- también preguntamos a la gente sobre sus experiencias en la crisis del COVID, para poder desarrollar soluciones a partir de dichas experiencias. No siempre lo sabemos todo mejor. Pero siempre querremos mejorar nuestro país.

Es por eso que los democratacristianos nos preocupamos por preguntas de largo alcance que, sin embargo, requieren respuestas hoy. En diez años no podremos hablar de cómo se digitaliza la enseñanza. Los niños de hoy serán jóvenes adultos; aprenderán o estudiarán; formarán una familia y querrán vivir sus sueños. Y nosotros, necesitamos sus ideas, su curiosidad, su conocimiento. En diez años, ya no podremos querer planear, aprobar y construir nuestra infraestructura más rápidamente; básicamente la necesitamos mañana, a más tardar. Y ya no podemos permitirnos hablar sólo de innovaciones. Debemos crearlas; deben llevar con orgullo la etiqueta: «Hecho en Alemania».

Nuestro país necesita coraje y curiosidad. El coraje y la curiosidad también son necesarios para el partido que quiere estar a su servicio. Y a veces a la CDU le ha faltado este coraje y esta curiosidad. La CDU no estuvo por cierto a la vanguardia del movimiento de mujeres. Pero cuando nos dimos cuenta, fuimos coherentes: la primera canciller federal, la primera ministra de defensa, la primera comisaria de la UE. También hemos subestimado durante demasiado tiempo las oportunidades y sobre todo la necesidad económica que derivan de la migración, y también el reto de la integración. Tampoco confiamos en la capacidad de las familias de vivir como quieren. Hoy decimos que la familia está allí donde se asume responsabilidad mutua. Las familias deben vivir sus propias vidas y no de acuerdo con expectativas de otros. Sí, y no siempre hemos dado la prioridad necesaria a la protección del medio ambiente y del clima, aunque lo habíamos reconocido con suficiente antelación. Un país en el que vale la pena vivir es siempre aquel que entiende la protección de la creación como algo primordial.

Alemania se ve diferente hoy de lo que era hace 75 años. Alemania se ha vuelto más diversa, y esa diversidad no sólo es colorida sino también desafiante. Nuestros cambios son diferentes de los de hace 75 años. Sin embargo, sigue vigente ahora como antes que, sin conexiones, sin lazos fuertes entre todos los diferentes países, sin una verdadera cohesión, las cosas no funcionarán.

Así como la CDU mira su propia historia, decidirá la forma en que mira el futuro. Y cómo la CDU mira hacia el futuro, decide cómo mira su propia historia. El pasado y el futuro hacen visible lo que significa el cambio. La CDU no habría tenido tanto éxito en los últimos 75 años si no se hubiera preparado repetidamente para el cambio, si no se hubiera puesto en marcha repetidamente hacia nuevos horizontes, si no se hubiera atrevido repetidamente a hacer algo inesperado.

Como democratacristianos siempre vemos al ser humano como individuo, y por lo tanto muchos proyectos de vida diferentes. Queremos que todos vivan en paz con sus vecinos, colegas y amigos y puedan así dar forma a sus vidas como les parezca. No intentamos convencer a las personas de que existe algo que no pueden hacer. Deberían vivir como les parezca, porque creemos que ellas mismas saben mejor lo que eso significa. El ser humano en su dignidad inalienable es nuestra medida. Los tiempos pueden cambiar, las respuestas de la política deben cambiar, las crisis serán diferentes, los éxitos también – pero una cosa debe permanecer siempre: el respeto por la dignidad intocable e inalienable de cada ser humano.

Con este conocimiento, esta actitud y esta visión del futuro, la CDU de Alemania está celebrando su 75 cumpleaños en estos días: la CDU, es decir, 75 años de responsabilidad, cincuenta años de gobierno, cinco cancilleres federales, un partido. La Democracia Cristiana alemana se fundó sobre los escombros de una guerra que partiendo de suelo alemán, causó millones de muertes, asesinatos y sufrimientos. La CDU se fundó sobre estos escombros, pero ante todo se fundó para la reconstrucción. El llamado berlinés a la fundación (Berli­ner Grün­dungs­auf­ruf) de junio de 1945 comienza con las claras palabras: «En la peor catástrofe que jamás haya ocurrido en un país, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), desde su amor ardiente por el pueblo alemán, llama a las fuerzas cristianas, demócratas y sociales, a la unión, a la cooperación y a la reconstrucción de un nuevo hogar”.

La construcción de un nuevo hogar, ese fue el impulso para la fundación. Y la construcción de un nuevo hogar debe ser el impulso de cada generación de democratacristianos. Los padres y madres fundadores de la CDU se enfrentaron a la «mayor catástrofe que jamás haya ocurrido en un país». Hoy nos enfrentamos a una crisis que, en sus consecuencias económicas y sociales, es la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué puede hacer la CDU en esta situación del año 2020, aparte de orientarse en el coraje y la curiosidad de la generación fundadora?

El coraje y la curiosidad, unidos a la resolución de problemas y al pensamiento orientado al futuro, constituyen la expresión de una genuina responsabilidad demócrata cristiana; una responsabilidad que anuncia que primero está el país y luego el partido. Esto no es cualquier tipo de responsabilidad. Hace 75 años, los hombres y las mujeres que fundaron la CDU también acuñaron el concepto: «Les pedimos que dejen de lado todo lo que lleve a la división.” Cohesión desde la responsabilidad, de eso se trataba hace 75 años, de eso se trata hoy en día, de eso se tratará en el futuro.

Y por eso, 75 años después de la fundación de la CDU, se trata de cohesión desde la responsabilidad. Porque sólo podremos ofrecer a nuestros hijos y nietos un futuro feliz si la cohesión es una realidad. Y si aún hoy mantenemos la fuerza visionaria de dar valor a la gente.

El éxito depende de todos nosotros. El futuro está abierto. Las páginas del libro de historia del futuro todavía están sin escribir. Depende de nosotros si contribuimos a este libro y cómo lo hacemos. La CDU de Alemania está dispuesta y es capaz de hacerlo. Hoy exactamente igual que hace 75 años.

La versión original completa Mit Mut und Neugier, puede ser leída en la página de la CDU.

Traducción: Manfred Steffen

Durante la crisis global provocada por el COVID-19, el mundo vivió la caída más severa de precios de petróleo de las últimas décadas. Esto es particularmente preocupante para México, ya que el gobierno actual está canalizando todas sus inversiones hacia el petróleo, y pareciera que las acciones posteriores a la Reforma Energética (RE) del 2013 y los primeros pasos prometedores hacia una apertura y renovación del sector, han quedado en el pasado. A esto, se le debe añadir la propuesta de regresar a la autosuficiencia energética y el aumento de exportaciones de petróleo, desperdiciando con ello, el gran potencial que tiene el país en lo que respecta a la generación de energías renovables.

Una tradición nacional: dependencia del petróleo y existencia de monopolios estatales

Por mucho tiempo, los hidrocarburos fueron un motor importante de la economía mexicana, debido a las grandes reservas de petróleo y gas natural que tenía el país. Durante el auge de los hidrocarburos en los años 80s, el sector petrolero representaba más del 40% de los ingresos presupuestarios del Estado y hasta el 12% del Producto Interno Bruto (PIB).[1] Con la caída de los precios del petróleo y la disminución del volumen de producción en México, estos ingresos fueron disminuyendo paulatinamente hasta llegar a solo 1.7% de aportación al PIB, en 2016. En la actualidad, la dependencia de las finanzas públicas al petróleo, asciende a 17,7% del ingreso presupuestal del Estado.[2]

A pesar de que la producción de petróleo alcanzó su auge en el 2003 con un monto de 3,4 millones de barriles diarios, el gobierno de Vicente Fox (Partido Acción Nacional) era consciente de que los recursos restantes en el país sólo podían ser explotados aprovechando nuevas tecnologías. Pero, las inversiones privadas y extranjeras necesarias para ello no eran posibles, dada la situación jurídica del sector energético en aquél entonces. En aquella legislación, tampoco se fomentaban ni regulaban las inversiones en energías renovables, a pesar del enorme potencial que tiene el país: extensas horas de sol, fuertes corrientes de viento, zonas con baja densidad de población, y regiones fluviales para pequeñas centrales hidroeléctricas. La Secretaría de Energía, estima que México tiene un potencial probado y probable de generación de 125,984 GWh por año.[3]

El primer intento para reformar este sector, se hizo en el 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón (PAN), sin embargo, no se aprobó por la falta de apoyo de la oposición. En el siguiente sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional, PRI), los principales partidos políticos se unieron para formar el “Pacto por México”, el cual sirvió para concretar diversas reformas trascendentes para el país, siendo una de ellas la ambiciosa Reforma Energética (RE), aprobada en 2013 con el apoyo del PAN, el partido de oposición más fuerte. Con la promulgación de dicha reforma, se modificaron 12 leyes y se aprobaron ocho nuevas.

Entre lo más destacado, se encuentra la reestructura­ción de la participación de las empresas del Estado mexicano (CFE y PEMEX) en el mercado energético nacional; se permi­tió el ingreso de empresas privadas en la mayoría de las etapas de producción y distribución; y se logró la creación de orga­nismos del Estado mexicano que actúen como reguladores del sector energético.

Un segundo punto importante, fue la Ley de Transición Energética, la cual introdujo conceptos importantes como la seguridad energé­tica, la sustentabilidad, el compromiso con el medio ambiente y el uso de tecno­logía y combustibles más limpios. Además, esta ley obliga al gobierno a usar energías limpias en la industria, con metas graduales (25% en 2018, 30% en 2021, 35% en 2024, 45% en 2036 y 60% en 2050).[4]

Primeros resultados post Reforma

La RE modificó a PEMEX y CFE, pasando de ser empresas paraestatales a Empresas Productivas del Estado (EPE). Con estas modificaciones, se pretendía que el Estado ya no fuera el administrador de dichas empresas, sin embargo, eso no ha sucedido y todavía es el presidente en turno quien elige a los directores de ambas instituciones. Esto impide que se tomen decisiones empresariales en favor de las EPE, y por el contrario, todo se decide en relación a la situación política del país.

En lo relacionado al sector hidrocarburos (petróleo y gas), el monopolio de PEMEX sólo pudo romperse de forma limitada. Actualmente, algunas empresas privadas, sobre todo las principales compañías petroleras europeas (Shell, ENI, Repsol, Total) y asiáticas (Petronas, Qatar Petroleum),^[5] participan en ciertas actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural, además de que se les otorgaron permisos para actividades de refinación, transporte y almacenamiento de petróleo y gas natural. No obstante, PEMEX sigue siendo la empresa predominante en lo que se refiere a exploración y producción petrolera. Esto ha resultado un problema, ya que lugar de modernizarse, las inversiones que la EPE realiza en dichas operaciones han venido a la baja en los últimos años, y esto a su vez, ha afectado a otras empresas que anteriormente PEMEX contrataba para realizar estos trabajos. La mayor parte del petróleo que produce México es considerada como «pesado», ya que contiene altos niveles de azufre, lo cual dificulta los procesos de refinación en las refinerías mexicanas. Esta situación, paradójicamente, provoca que México tenga que exportar petróleo crudo e importe gasolina.

Al mismo tiempo, PEMEX se encuentra en una situación económica muy complicada: la empresa posee una deuda financiera de 105,200 millones de dólares, colocándola como la empresa petrolera mas endeudada del mundo.[6] Las principales agencias calificadoras internacionales le han dado a PEMEX en 2020, una calificación crediticia que le quita el grado de inversión y la coloca en grado especulativo, lo cual provoca que no se generen inversiones. Otro punto relevante, es la constante disminución en la producción de PEMEX. En el 2000, la producción alcanzaba los 3.3 millones de barriles de petróleo al día, la cifra para 2019 cerró en 1.7 millones.[7]

Con la finalidad de aumentar las inversiones en este sector, las autoridades energéticas iniciaron procesos de licitación, llamados “rondas”, para abrir la posibilidad a privados a que accedan a invertir en los procesos de exploración y producción. Se acordó que la ronda 0 fuera exclusiva para PEMEX, en donde eligió las áreas geográficas en donde iba a invertir en los próximos años. A partir del 2014, se han realizado tres rondas con 11 licitaciones en total, mismas que han generado una inversión aprobada de 40,412 millones de dólares en contratos privados.

Con relación al sector eléctrico, la RE buscaba traer cambios en lo que corresponde al rol de la CFE en el sector[8]. Sin embargo, la EPE sigue manteniendo un importante dominio del mercado nacional.

La situación de esta empresa, al igual que PEMEX, presenta importantes problemas de deuda e inversión.

Para el cierre del 2019, su deuda total era de 18.6 millones de dólares, sumado a que las agencias calificadoras internacionales, le han dado una calificación crediticia justo un nivel arriba de perder el grado de inversión y entrar en grado especulativo.

La CFE atraviesa por un periodo en donde sus ganancias han ido a la baja, derivado de mayores costos operativos y otros gastos. Sus centrales eléctricas utilizan principalmente el gas natural como fuente de energía, pero la cantidad de gas natural producido en México no es suficiente: el 90% de la demanda es importada, principalmente de los Estados Unidos.[9]

Otro aspecto importante de la reforma, fue la creación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el cual se encarga de ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional (generación y distribución de la energía eléctrica), además de regular la entrada y salida de empresas privadas en el sector, a través del Mercado Eléctrico Mayorista. Estas nuevas disposiciones, lograron la inclusión de empresas privadas en las etapas de generación y distribución de la energía eléctrica nacional. Cifras del propio Centro, muestran el registro de 176 empresas participantes en el Mer­cado Eléctrico Mayorista, de las cuales 110 ya realizan operaciones en 2020.

Una cantidad importante de las nuevas empresas en el mercado, han apostado por la generación de electricidad con energías renovables, pero el clima de inversión ha sido bastante incierto y los procesos de ingreso y aprobación son largos. Otro aspecto a destacar, son algunos conflictos entre las comunidades locales y los inversores que han instalado parques eólicos o plantas solares.

Para 2018, la aportación de las energías renovables (eólica, solar, hidráulica, de biomasa y geotérmica) a la matriz energética nacional, representaba alrededor del 10% (véase el gráfico). Además de los más de 40 parques solares de gran escala que existen en el país, cada vez hay mas hogares que han instalado paneles solares para uso domestico (generación distribuida). Se estima que para 2018, apenas el 1% de los hogares mexicanos habían instalado dichos paneles.[10]

Gráfica: Producción de energía primaria en México 2018 [11]

Retrocesos en la política energética nacional

Con la llegada del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre del 2018, el sector energético en México ha tenido un cambio importante de rumbo. Su gobierno declaró en reiteradas ocasiones que la RE fue una mala decisión de los gobiernos “neoliberales” anteriores, por lo que se debían tomar decisiones para detener su avance. Además, se ha comunicado la afinidad a aumentar la producción de energías fósiles y dejar de lado la promoción de fuentes renovables de energía, con el argumento que éstas eran «poco confiables» debido a la intermitencia en su generación, relacionado a las condiciones climatológicas.

El gobierno ha tomado acciones que obstaculizan el ingreso de nuevas empresas privadas en el sector. Entre estas acciones, está la cancelación de las rondas petroleras, con el argumento de que las empresas no han invertido lo suficiente y que su aportación a la producción total de barriles es apenas del 0.5%. Estos datos son contradictorios con los datos que la propia autoridad energética ha publicado, en donde se muestra que la iniciativa privada ha invertido 11 mil millones de dólares, además de existir compromisos contractuales por 36 mil millones de dólares más, esto sumado a que los privados producen 2.7% de los barriles diarios.[12]

Estas disposiciones muestran el interés del gobierno a querer volver a “petrolizar” los ingresos del país, y buscar una autosuficiencia energética para México.

Para lograr estos nuevos objetivos, el Estado ha tenido que destinar importantes inversiones a PEMEX y CFE con la intención de rescatarlas de sus respectivas crisis. Además, AMLO y la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, han defendido la construcción de una nueva refinería conocida como “Dos Bocas”, ubicada en el estado de Tabasco, estado natal del presidente.

La Secretaría de Energía también ha retomado la inversión en las otras refinerías que el país administra, sin embargo, ni las antiguas, ni la nueva refinería pueden procesar el petróleo pesado mexicano, ya que no hay inversiones en el desarrollo de las nuevas tecnologías requeridas para esto.

Las acciones del nuevo gobierno, también han repercutido en el sector eléctrico y la CFE. Al inicio del sexenio, el presidente nombró como director de CFE a Manuel Bartlett, un político mexicano que ha tenido importantes señalamientos de corrupción durante su paso en los gobiernos del PRI. Este personaje, junto con el presidente, se ha pronunciado abierta y firmemente en contra de la participación del sector privado en el sector energético nacional, y con especial énfasis, en lo que respecta a sus inversiones en energías renovables.

Aunque la generación de energía, a partir de fuentes renovables, ha aumentado en los últimos años, al inicio del nuevo gobierno, se cancelaron las subastas eléctricas, las cuales licitaban proyectos a empresas que buscaban suministrar energía limpia a la CFE. Además, se hicieron modificaciones jurídicas, post firma de contratos con el sector privado.

Por otro lado, a principios de mayo, el CENACE publicó un Acuerdo[13] que busca la suspensión de pruebas operatorias por parte de las empresas privadas que generan electricidad a través de plantas fotovoltaicas y eólicas y suspendió el acceso de nuevas empresas al mercado eléctrico nacional. Este documento le otorga prioridad a las plantas de energías fósiles para generar energía eléctrica y deja en segundo término a las empresas de energías renovables, lo que provoca un aumento de contaminantes y obstaculiza la libre competencia. Esta medida se argumentó como una acción necesaria para hacer frente a la crisis provocada por el COVID.

Estas nuevas disposiciones, provocaron reacciones fuertes por parte de los embajadores de 19 países de la UE y del gobierno de Canadá, quienes se dirigieron de manera formal y pública a la Secretaría de Energía, externándole su extrañeza ante dichos actos. Esta misma acción la realizaron las Cámaras Europeas de Comercio e Industria en México, quienes emitieron una carta dirigida a la Secretaría de Economía para mostrarle su asombro ante dichos actos. Además, las empresas afectadas han empezado a recurrir a tribunales nacionales para ampararse frente a estas acciones.

Esas acciones imprevistas, que van en contra de la reforma energética, desincentivan la inversión privada, al mismo tiempo que México desaprovecha su alto potencial en generación de energías limpias.

Para este año, el Renewable Energy Country Attractiveness Index colocó a México en el lugar 25º, cuando en el 2017 ostentaba el lugar 9º.[14]

Política Energética vs. Agenda climática

México fue uno de los principales promotores y firmantes del Acuerdo de París en 2015. Pero en vista de las prioridades del nuevo gobierno, la protección del clima se ha quedado atrás. La participación de la delegación mexicana (la cual asistió sin representación de los altos funcionarios del gobierno), en la pasada COP25 en España, estuvo llena de importantes contradicciones: Por un lado, se expresó que México mantenía sus compromisos con el Acuerdo de Paris, mientras que se comunicó el gran potencial del hallazgo de importantes reservas petroleras en Tabasco, y el interés de que México se convierta en una potencia en la generación de litio. Esto mostró al mundo, los objetivos que tiene la actual administración en seguir apostando por extracciones de minerales, gas y petróleo, y dejar de lado la generación de fuentes renovables, mecanismos de eficiencia energética y ahorro energético.

Después de la COP25, importantes ONG y expertos mexicanos (Transparencia Mexicana, Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Energía Hoy, Iniciativa Climática de México, entre otros) mostraron su inconformidad hacia el gobierno por seguir apostando fuertemente por el petrolero, a pesar del panorama negativo mundial, al mismo tiempo que se detenían las acciones para promover la  transición energética y se reducían los recursos destinados para la protección del clima, y el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación en el sector energético, que se necesitan con urgencia.

El gobierno mexicano debe revertir la tendencia a la baja en la que se encuen­tra la inversión pública en energías reno­vables. Además, se debe aumentar el % del PIB destinado a Ciencia y Tecnología (actualmente 0.38%) y reconfigurar el ac­tual presupuesto, aumentando lo desti­nado a investigación y desarrollo y dismi­nuyendo lo relacionado a becas de pos­grado.

México frente a la crisis del precio del petróleo

La creciente crisis económica, provocada por el COVID19, no ha dejado exento al sector petrolero. A principios de este año, Arabia Saudita comenzó una guerra de precios con Rusia, lo que provocó una importante caída en el precio del petróleo. A finales del mes abril, el precio del barril West Texas Intermediate (WTI) cayo a niveles nunca antes vistos, llegando al punto de estar por debajo de lo que cuesta una botella de agua. Esta situación obligó a buscar nuevamente un diálogo entre los países miembros de la OPEP+ para lograr una reducción de un 10% en la producción diaria de crudo mundial.[15] La propuesta obligaba a que México tuviera una reducción de 400 mil barriles de petróleo por día, misma que no fue aceptada por la secretaria Nahle. Esta situación detuvo el acuerdo mundial y provocó que el presidente de los Estados Unidos interviniera, ofreciendo que su país absorbiera la disminución que México no había querido aceptar.

Con esta nueva oferta, se acordó que México disminuiría su producción en 100 mil barriles diarios, sin embargo, no se han hecho públicos los términos que México aceptó con EUA para dicho trato.[16]

La caída de los precios del crudo mundial, prendieron las alarmas en el sector petrolero nacional. En una primera instancia, el gobierno mexicano se ha mostrado pasivo en su actuar, ya que cuentan con el respaldo de las coberturas petroleras que contrataron para garantizar los precios del crudo mexicano. Sin embargo, es conveniente señalar que dichas coberturas solo cubren

un porcentaje del precio total y expiran a finales de año. Esta situación debe obligar al gobierno mexicano a replantear sus esfuerzos en el sector energético, y demuestra lo incomprensible que es el apostar tan fuertemente por los ingresos petroleros, y dejar de lado la transición energética.

La importancia de los gobiernos subnacionales en la transición energética

Dado el panorama actual de la economía mundial, y la incertidumbre en el sector petrolero internacional, México no puede permitirse ignorar el gran potencial que representan las inversiones privadas en lo que respecta a energías renovables. Ante esto, cobra una importante relevancia el actuar de los gobiernos subnacionales.

Los gobiernos de varios estados del país, han iniciado importantes proyectos que buscan fortalecer la inversión en energías renovables. En el estado de Yucatán, por ejemplo, el año pasado se iniciaron 24 proyectos de generación de energía eólica y solar, en estrecha colaboración con el sector privado, los cuales generan inversiones por un valor de 4.500 millones de dólares. Con esto, la producción de energía limpia ya ha aumentado de 15 GWh en el 2018 a 695 GWh en el 2019, y en los próximos 5 años el gobierno planea no solamente ser autosuficiente, sino además exportar energía renovable.[17]

Otro gran ejemplo es el estado de Guanajuato, en donde se están promoviendo inversiones privadas para la generación de energía eólica y pequeñas plantas solares para los hogares. Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado, ha buscado iniciar una cooperación entre los estados miembros de la Alianza Centro-Bajío-Occidente[18], bajo el proyecto titulado “El rol de los gobiernos subnacionales en la transición energética de México”.[19]

Se espera que, con estas medidas y ejemplos de colaboración, el sector energético mexicano retome el camino hacia una diversificación de la matriz energética, trayendo con esto, beneficios a los consumidores finales, y una política sustentable que beneficie a las futuras generaciones.

[1] Centro de Estudios de las Finanzas Pùblicas, Camara de Diputados, https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0282002.pdf; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Paginas/unica2.aspx

[2] INEGI, Aportación de la extracción de petróleo y gas al PIB %, https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0&t=10200034#D10200034 ;Banco Mundial, Rentas del petróleo (% del PIB) Mexico, https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?end=2017&locations=MX&start=1970

[3] SENER, Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias, https://dgel.energia.gob.mx/azel/

[4] Cámara de Diputados, Ley de Transición Energética, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTE.pdf

[5] El Financiero, 14. Febrero 2018, https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/asiaticas-y-europeas-dominan-la-inversion-petrolera-en-mexico

[6] PEMEX, Estados Financieros. https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx

[7] Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética. http://sie.energia.gob.mx/

[8]Centro de Investigación Económica y Presupuestaria

https://ciep.mx/la-reorganizacion-de-la-industria-electrica-en-mexico/

[9] Woodrow Wilson Center, Mexico Institute, 2020 https://www.wilsoncenter.org/publication/economic-and-strategic-arguments-renewable-energy-mexico

[10] INEGI, Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 2018, https://inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/495/variable/V676

[11] Secretaría de Energía, Balance Nacional de Energía, https://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-energia

[12] Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH, Hidrocarburos, https://hidrocarburos.gob.mx/estad%C3%ADsticas/

[13] CENACE, 29 abril 2020, https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCENACE/Acuerdo%20para%20garantizar%20la%20eficiencia,%20Calidad,%20Confiabilidad,%20Continuidad%20y%20seguridad%20del%20SEN%202020%2005%2001.pdf

[14] EY, Renewable Energy Country Attractiveness Index, https://www.ey.com/en_gl/recai

[15] México no es miembro oficial de la OPEP, pero fue incluido en la votación extendida de la OPEP+

[16] El Economista, 15. Abril 2020, https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-solo-reducira-6-su-produccion-de-crudo-tras-acuerdo-con-la-OPEP-Nahle-20200415-0050.html

[17] YucatánAhora, 24. Enero 2020, https://yucatanahora.mx/yucatan-lider-en-energias-renovables/

[18] Conformada por los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco.

[19] Gobierno de Guanajuato , Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, https://smaot.guanajuato.gob.mx/eventos/forote2019/index.php

La economía circular es mucho más que reciclaje. Se trata de un sistema que puede impactar positivamente en nuestra vida. Producir menos basura, menos gases y aprovechar los recursos más eficientemente. No es tarea sencilla, pero tampoco imposible.

La reactivación económica pospandemia es una chance para implementar la economía circular. Todo eso lo ponemos Bajo la Lupa.

Nuestras invitadas de hoy:

Nicole Stopfer, jefa del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

María Fernanda Pineda, coordinadora de proyectos del Programa Regional mencionado arriba.

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Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne.