La designación inconstitucional de un nuevo Consejo Nacional Electoral y el nombramiento de Juntas Directivas de los partidos de oposición por el Tribunal Supremo de Justicia dejan ver entre líneas que el régimen de Nicolás Maduro está ansioso por ganar una aparente legitimidad electoral y para eso está diseñando una oposición que juegue con sus reglas y baile a su ritmo electoral.

El régimen de Maduro utiliza el camino electoral a su conveniencia. El desconocimiento de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 marcó un antes y un después en la convocatoria de procesos electorales por parte del régimen: sólo hay elecciones si ellos pueden ganarlas.

Por mandato constitucional, este año corresponden elecciones parlamentarias en Venezuela, para escoger a los integrantes de la Asamblea Nacional. Desde principios de este año, Maduro ha puesto en el tablero de juego su convocatoria y la respuesta del pueblo venezolano, los países del mundo libre y las organizaciones internacionales ha sido clara: no puede haber elecciones parlamentarias sin una elección presidencial que subsane el hecho ocurrido en 2018 que condujo a la usurpación del Poder Ejecutivo.

Desde el año 2015 el régimen ha intervenido los partidos políticos de oposición. El primer partido en ser atacado fue el partido socialcristiano COPEI. Por medio de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia se nombró una Junta Directiva que resolviera los conflictos electorales internos de uno de los partidos más antiguos del país. A partir de ese momento, la dirección del partido ha quedado en manos de “opositores” que juegan en el terreno político a conveniencia del régimen.

En el año 2016 el Consejo Nacional Electoral convocó a cincuenta y nueve organizaciones políticas a una “renovación” con base a una interpretación de la ley de partidos políticos hecha por el Tribunal Supremo de Justicia, la cual establecía que los partidos que habían participado en los comicios electorales de 2013 y 2015 con tarjetas electorales de otras organizaciones, debían renovarse por haber dejado de participar con sus tarjetas. De esa renovación, se redujo a veintidós los partidos políticos capacitados para acudir a una contienda electoral, dejando por fuera a partidos con larga trayectoria nacional como La Causa R.

Luego de las elecciones municipales de 2017, Nicolás Maduro solicitó al Consejo Nacional Electoral que sancionaran a los partidos que no habían concurrido al llamado electoral. Es así, como en enero de 2018 el CNE convoca a Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Puente y MUD a la renovación de firmas para constituirse como organización política.

Los partidos Puente y Voluntad Popular decidieron no acudir a la renovación. Por su parte, Primero Justicia y Acción Democrática, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia ilegalizar el partido MUD (por incurrir en doble militancia), anuncian su participación en el llamado a su renovación, que por las trabas impuestas por el régimen condujo a la ilegalización del partido Primero Justicia.

A pesar de la propensión autocrática del régimen y el ensañamiento por destruir los partidos políticos, vuelvo a la frase inicial el régimen utiliza el camino electoral a su conveniencia. Maduro necesita una nueva Asamblea Nacional y en aras de conseguir esa “legitimidad electoral”, el Tribunal Supremo de Justicia designó de forma inconstitucional a los nuevos rectores del CNE y horas más tarde, anunció la intervención de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia.

De las últimas acciones de la cúpula del régimen queda clara su aspiración de convocar unas elecciones parlamentarias. Mientras el país sigue sumergido en la crisis económica y humanitaria, Maduro solo piensa en cómo mantenerse en el poder y cómo dar una aparente legitimidad a su gobierno autocrático.

Sin partidos políticos no puede haber Democracia. En la Venezuela de hoy y frente al régimen que domina el país, sólo queda entender que los partidos políticos son más que una figura jurídica, más que una tarjeta, más que unos colores y unos símbolos. Los partidos políticos son las ideas que mueven a sus militantes y los organizan.

El reto que tienen los partidos políticos opositores en Venezuela, es mantener su organización y su lucha a pesar de los atropellos del régimen. Toca en estos oscuros momentos que vive el país seguir formando a hombres y mujeres en el ideal democrático y continuar en la lucha por alcanzar la transformación democrática del país.

Te recomendamos leer también el artículo Arco Minero: devastación humana, política y ambiental de Paola Bautista de Alemán, sobre el mega proyecto de minería con el que se financia el régimen de Nicolás Maduro.

Dos motivaciones me hacían anhelar llegar a EEUU: participar por primera vez de la delegación argentina de ONU mujeres, donde había sido aceptada junto con Mercedes Moreno (presidente de AMA) para participar representando a las mujeres argentinas que defienden la maternidad y abrazan la vida. Y reencontrarme con mi hija que estaba cursando su primer año de doctorado en Economía en Washington DC.

El COVID-19 acechaba, exportado desde China, en Europa. Nosotros, en Latinoamérica, mirábamos el tema con preocupación, pero sintiéndolo lejano. Hasta que empezó a tomar vuelo y se aprestó a cruzar el océano, intentando colonizar América.

Aterrizada en NY, mi celular me indicaba que los eventos de la ONU, se suspendieron, al igual que dos reuniones pactadas. En mi travesía a Washington, me acompañaron una botellita roseadora de alcohol al 70 % (que se convertiría en mi fiel compañera) y descartables argentinos. Y en el equipaje más alcohol y desinfectante, y una cajita de paracetamol.

No es que no confiara en el suministro norteamericano, sino me guiaba el hábito alemán preventivo. Debo reconocer que en todo el viaje el sentimiento fue extraño. Veía imágenes de países que cerraban fronteras, cancelaban vuelos y aislaban a sus ciudadanos.

Sentía como que nos iban arrinconando, sin horizonte. Solo un anhelo me embargaba: volver a abrazar a mi hija. Al bajar del colectivo, y ver acercarse a mi sonriente “niña”, mi corazón dio un vuelco: ¡la alegría del reencuentro! “Ya está pensé, que ahora sea lo que Dios quiera. Estamos juntas”.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/cc1932d7-ee01-4579-b442-22eff1d5ae75?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Lo demás es anecdótico. Me puse en auto cuarentena. Y mientras veía que se cancelaba vuelos de regreso y el mundo se aislaba, abrumaba la tristeza de muchas familias a las que el COVID-19 golpeaba. Me concentré en dos ejes: regreso a mi país con mi hija y ayudar en acciones solidarias en mi patria.

Así empezó, por ejemplo, coordinación con AMA (Asociación Mujeres Americanas), mientras me embarcaba en el periplo de intentar regresar a Buenos Aires. Desde Washington y entre los halles de espera de diferentes aeropuertos logramos armar una cadena solidaria preciosa: Juntamos donaciones, para adquirir insumos y con ellos dar trabajo y permitir subsistencia a mujeres del Noroeste argentino, cociendo barbijos y produciendo máscaras 3D , con las que se ayudaba al personal de salud de todo el país!

Ya en Buenos Aires, más de 70 días de cuarentena: Hoy el tiempo está viviéndonos. Como decía nuestro Borges, “solo perduran en el tiempo las cosas que no fueron del tiempo.” (Jorge Luis Borges, La rosa profunda),
Vemos que esta pandemia azota a todos los países del mundo. Mucho más a aquellos con debilidad económica como el nuestro. Con una endeble estructura laboral desde hace décadas, que supo aumentar la informalidad de una forma dramática y con un crónico déficit fiscal.

Y con un gran defecto: la compulsión cleptocrática y la inflación. ¿Habrá interrelación? Y si bien el virus no discrimina, sí lo hacen los efectos que produce en algunos sectores económicos. La cuarentena nos ha sido explicada como una medida indispensable para acondicionar nuestro frágil sistema de salud y para aplanar la curva de contagios. No sabemos cuándo llegará ese pico de la pandemia. Este aislamiento nos debe permitir calcular cómo y cuándo volverán a funcionar las energías económicas.

Necesitamos vislumbrar un rumbo, un camino a seguir, que nos saque de este estado de angustia atemporal. ¿Qué estrategia económica, laboral y educativa vamos a implementar? ¿Podremos tener un plan quinquenal que incluya desde acceso a guarderías maternales hasta la exportación de nuestros productos? ¿Podremos contar con una financiación accesible para la producción y el trabajo?

¿Alguien está analizando qué frecuencia de banda ancha necesitamos que garantice conectividad para las videoconferencias, indispensables para inclusión educativa y laboral? Necesitamos un país capaz de transformar la crisis en oportunidad y capaz de recuperar la esperanza. No debería haber encrucijada entre salud y economía. Ambas hacen a nuestras vidas. ¿Cómo financiamos nuestro sistema de salud si no tenemos ingresos?

La concordia entre los argentinos justificará cualquier esfuerzo por parte de la dirigencia. Es un deber constitucional.  Sumemos a economistas, empresarios, productores agropecuarios, educadores, sindicalistas, iglesias, científicos.  Necesitamos encontrar, no solo la salida de la cuarentena, sino soluciones para reconvertirnos ahora, en plena cuarentena. Que sea el comienzo de una sanación como país. Y para ello, no hay dudas de que la primera medida debería ser erradicar la corrupción. Hagamos acuerdos que condenen severamente la cleptocracia, poniendo la prioridad en la ética del Estado.

Aprovechemos para priorizar además nuestras relaciones multilaterales. Muchas de ellas se han visto, además, propiciadas por las sanas relaciones construidas con otros países, en el marco de una política de integración internacional que nos ubica en el plano de la cooperación y el respeto mutuo, sin menguar por ello en la defensa de los intereses nacionales.

También es hora que en política internacional y nacional escuchen las opiniones de mujeres de Latinoamérica. Escribimos, nos manifestamos en redes, deliberamos, consensuamos. Organizamos acciones productivas, pero no encontramos escucha activa. A veces siento, que la voz de la mujer está a la deriva.

Trabajemos para construir una dignidad global, con conciencia ambiental. Esto es lo que debe perdurar. ¡Y el momento es ahora!

Al momento de escribir estas líneas ya han pasado más de tres meses desde que se detectara el primer contagio de COVID-19 en Chile. Hasta la fecha vamos en cerca de 120 mil casos confirmados y la triste cifra de más de mil doscientos fallecidos. Si bien es un período corto, parece que fuera mucho más tiempo. Entre las cuarentenas y la explosión de los contagios los días transcurren iguales.

Las y los niños solamente alcanzaron a ir a clases la primera semana del año escolar; de las cuarentenas selectivas pasamos a otras más extensas en duración y territorio; los aviones vuelan esporádicamente (lo que me ha impedido viajar a mi región de Magallanes y la Antártica Chilena) y para el trabajo en el Congreso Nacional, nos vimos forzados de un día para otro a funcionar tras la pantalla de zoom, todos desde nuestras casas, cumpliendo rigurosamente el aislamiento y distanciamiento tras los primeros casos de colegas que dieron positivo al test PCR.

Los días transcurren lentos entre el asombro y una rutina que se repite: Escuchar el recuento matinal de muertos y contagios, los comentarios de especialistas, la nota humana y los malos pronósticos.  Más bien, es como si el tiempo se hubiera detenido y todos los días fueran una copia del anterior, como la película El Día de la Marmota, en que nada cambiaba.

Si bien en Latinoamérica sabíamos del coronavirus y nos estremecíamos con los relatos que cada noche entregaban los noticiarios junto a las terribles imágenes que llegaban desde España, Italia o Francia, lo cierto es que ese período de espera hasta que finalmente nos enfrentamos al virus fue una especie de negación. “Chile está preparado” nos dijo el Presidente Sebastián Piñera, mientras su ministro de Salud señalaba confiado “hemos comprado respiradores” o “el Instituto de Salud Pública se anticipó para hacer los test de PCR”, entre otras frases, mientras una, entre el deseo de querer que así fuera y una actitud política de colaborar para salvar vidas, nos quedamos un poco más tranquilos. Pero todo eso no tardó en derrumbarse.

Cabe recordar que antes del coronavirus, Chile había logrado una tregua tras meses del denominado estallido social que desató una ola de manifestaciones multitudinarias y pacíficas que luego derivaron en violencia pura y dura, excesos policiales, y un marcado deterioro de la convivencia social y de la economía.

El compromiso de garantizar la participación de los ciudadanos en un proceso constituyente que permitiera contar con una nueva carta fundamental en democracia, había sido el camino trazado para el reencuentro de chilenos y chilenas. El estallido dejó repercusiones en los indicadores económicos, sumado a una baja en la confianza de casi todas sus instituciones, siendo la política en todas sus expresiones, la peor evaluada. En este panorama el COVID-19 nos llegó como la segunda ola de un tsunami que ya nos había golpeado, sorprendiéndonos mal parados, divididos en bandos y con una ciudadanía molesta y desconfiada.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/e16800f1-3c06-4a23-ab8b-0cfae4bfd713?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Lo cierto es que la pandemia vino a reafirmar todas aquellas demandas que la gente había planteado en las movilizaciones por mejor salud pública, mejor educación, y el fin a los abusos y privilegios. Un país exitoso como Chile quedaba desafiado a ir más allá de los indicadores económicos y dejó a la vista la incapacidad del mercado para dominar los ámbitos que tienen que ver con el bienestar de las personas. La realidad desnudó con crudeza como la desigualdad golpea no sólo a los más pobres, sino también a la clase media emergente.

En los barrios populares el hacinamiento, la informalidad laboral, la mayor presencia de enfermedades crónicas y el abandono de los adultos mayores, han sido el caldo de cultivo para el avance exponencial del virus. De la misma manera, las pequeñas empresas, ya golpeadas por el estallido social, no han tenido espaldas suficientes para mantenerse en pie con la consiguiente pérdida de ingresos para sus trabajadores y propietarios.

Si bien hasta ahora la letalidad por coronavirus se ha mantenido relativamente baja, estamos con nuestro sistema sanitario al tope de sus capacidades y el hecho que aún no haya colapsado se debe, en gran parte, al tremendo capital humano que tenemos en salud.

Sabemos que en los días que vienen no tendremos buenas noticias. Los muertos seguirán aumentando y las tardías medidas de confinamiento total costarán un precio demasiado alto, sumado a la desconfianza en el gobierno que no ayuda en que las medidas de autocuidado que aconsejan tengan eco en la ciudadanía. Pese a todo, somos un país que sabe levantarse pues estamos acostumbrados a ser golpeados por desastres naturales como los terremotos y no tengo duda de nuestra resiliencia.

Por otro lado, la pandemia nos ha hecho apurar el tranco en el uso de la tecnología. El teletrabajo llegó para quedarse y ha quedado demostrado que era posible trabajar desde casa, evitando largas horas de traslado en un tráfico infernal con el consiguiente costo ambiental asociado. Pero al mismo tiempo, ha quedado demostrado que las mujeres seguimos asumiendo mayores cargas que los hombres, pues el peso del hogar seguimos asumiéndolo nosotras y eso debe cambiar.

Creo que hoy en Chile nos enfrentamos al enorme desafío de hacer las cosas de manera distinta, saliendo de la polarización y las trincheras si queremos superar la crisis y aprender las lecciones que nos dejan las otras caras de la pandemia. Frente a un escenario de tanta incertidumbre quizás la única clave sea actuar con mayor humildad y más generosidad, sentando a todos los actores sociales en la misma mesa, buscando entre todos y todas, una mirada de país común.

Frente a la incertidumbre que parece nublarlo todo, mi peor temor no es sólo el virus, sino que todo lo que hemos pasado con la pandemia quede tan solo como un paréntesis doloroso tras el cual sigamos cometiendo los mismos errores como especie humana.

Cuando todos somos testigos en directo a través de la pantalla del celular como una misión tripulada, con fondos privados en coordinación con la NASA, despega rumbo a la Estación Espacial Internacional y nos sentimos testigos del inicio de una nueva era, lo que no puede pasar, es que nada cambie. Ojalá nuestra búsqueda de las estrellas alcance para iluminar un nuevo camino donde la solidaridad, la paz y la igualdad, brille de la misma manera para todas y todos.

Nota del editor: En los últimos días dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela despojó de sus siglas a partidos referentes de la oposición: la presidencia del partido Acción Democrática fue entregada al ex opositor Bernabé Gutiérrez. Después lo mismo con el partido Primero Justicia, cuya presidencia fue entregada al ex opositor José Brito. Esto se generó justo después de que se anunciaran algunos pasos de entendimiento entre el régimen de Nicolás Maduro y el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, para hacer frente a la crisis por Coronavirus. Diálogo Político publica el testimonio del Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia.

Aunque la política, los partidos políticos y los políticos, alrededor del mundo, suenen –sonemos– a desprestigio, yo prefiero asumir la sentencia del Papa Pío XI cuando afirma que la política es la forma más excelsa de la caridad –es decir, del amor– después de la religión. Creo en la política subordinada a la ética, creo que el poder es un instrumento y no un fin en sí mismo, creo que nunca podemos estar conformes con la sociedad que tenemos y que debemos luchar por perfeccionarla. Creo en el bien común, en la justicia social, en la libertad, en la igualdad de oportunidades y en la realización democrática. Creo en la participación, en la solidaridad, en el pluralismo –ideológico, político, social, económico, cultural, etc.–, en la subsidiariedad, en la descentralización. Pero sobre todo creo en el humanismo, en la eminente dignidad de la persona humana. Todo lo que hacemos en la vida debe estar centrado en la defensa de esa dignidad, nuestra y de todos. Todos esos valores y principios he tratado –con muchos defectos y pocas virtudes– de vivirlos en mi carrera política.

Sin duda, un instrumento adecuado para desarrollar la vocación política es el partido político. Lo importante es que el partido que escojamos reúna a personas con las que compartamos esos valores y principios, plasmados en la doctrina, la ideología y el programa y que luchemos por alcanzar democráticamente el poder para lograr la transformación de la sociedad. Por eso me inscribí en Primero Justicia casi desde su fundación. Durante estos casi 20 años de militancia, que se unen a más de tres lustros de militancia previa en la democracia cristiana venezolana, hemos trabajado por lograr que la nación pueda recuperar la democracia y la libertad que ha perdido. Es decir, no ha sido una lucha política convencional. Ha sido un esfuerzo titánico por la restitución de la democracia en nuestra patria.

Venezuela está secuestrada por una dictadura criminal, vinculada al narcotráfico, al terrorismo, a la guerrilla, al paramilitarismo, a países a los que nada les importan los valores democráticos: Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía, entre otros. Vivimos una tragedia que, en lo político, ha significado el fin de las instituciones, del estado de derecho, de la separación de poderes; en lo económico, se ha traducido en la destrucción de la producción, del empleo, del salario, del poder adquisitivo, de la moneda; y en lo social ha degenerado en una impresionante precariedad de la calidad de vida, de los servicios públicos, de la convivencia.

Esa Venezuela ha contado con la entrega de Primero Justicia y de sus dirigentes, militantes y simpatizantes. A ella nos hemos dedicado con devoción. Anhelamos e impulsamos su liberación. Ansiamos su normalidad. Ese titánico esfuerzo ha llevado a la dictadura a intentar acabar con esta opción política y con otras que forman parte de la unidad democrática.

Ya hace varios años estamos ilegalizados y ahora, vía tribunal supremo de justicia –en minúsculas– deciden crear una dirección “ad hoc” bajo la conducción de diputados a quienes excluimos de la militancia partidista por haberse aliado –por dinero– con la oprobiosa dictadura de Maduro.

Pero todo eso no nos amilana. Primero Justicia no se puede reducir a sus siglas o emblemas. Primero Justicia es una familia, integrada por gente que, en todos los rincones del país hace esfuerzos por sobrevivir y por lograr salvar a Venezuela de la tragedia a la que nos han sometido Maduro y sus cómplices. Así que nuestra decisión es hacer caso omiso a decisiones írritas de un tribunal ilegítimo y seguir dando la pelea para que se produzca toda la presión posible –política, social, institucional, militar, internacional– que permita que se genere un clima hacia el cambio. Tengo la convicción de que de esto vamos a salir. Alcanzar el logro libertario e iniciar la reconstrucción y transformación del país son tareas a las que Primero Justicia se dedicará a plenitud.

Te recomendamos leer también el artículo Arco Minero: devastación humana, política y ambiental de Paola Bautista de Alemán, sobre el mega proyecto de minería con el que se financia el régimen de Nicolás Maduro.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/e16800f1-3c06-4a23-ab8b-0cfae4bfd713?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Las protestas raciales refuerzan la polarización y enardecen la campaña electoral. El asesinato de los afroamericanos George Floyd, en Minnesota, el mes pasado, y de Rayshard Brooks, en Atlanta, el viernes 12, por parte de policías blancos, son dos tragedias que nos hablan de la segregación racial de Estados Unidos(EEUU), una herencia fundacional y que, pese a los enormes avances que ha habido desde la década de 1960, cada tanto tiempo irrumpe como si se tratara de señales de un volcán con erupciones vesubianas.

Y en la era de Trump las explosiones han sido potenciadas por otras dos calamidades que, al ocurrir a la misma vez, adquieren un carácter inédito. La pandemia del coronavirus convive con una de las tres crisis económicas más importantes desde el siglo XX y una agitación social como no se veía desde 1968.

Las muertes de los dos afroamericanos despertaron la ira de buena parte de la sociedad que hasta se reflejó en acciones violentas que dieron una imagen equivocada sobre el origen del malestar social.

Edificios en llamas, hogueras en espacios públicos y actos de saqueos crearon un ambiente violento, aprovechado por Trump para amenazar con enviar al Ejército a las calles con el peligroso argumento de que “cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo”, entre otras sentencias que solo contribuyeron a crispar los ánimos.

La brutalidad policial es una expresión de la actitud discriminatoria de las fuerzas del orden, y también una manifestación del ejercicio de la política en la época de Trump: el “nosotros contra ellos”, tan presente en la gestión migratoria del jefe de la Casa Blanca.

La “ley y el orden” al estilo Trump fue rechazado por gobernadores e incluso el propio jefe del Pentágono, Mark Esper, y analistas que advirtieron sobre el peligro que supone militarizar la seguridad interna.

Las revueltas violentas perjudicaron el debate profundo acerca de una desigualdad racial que no empieza con Trump.

“No puedo respirar”

Es que el lamento de Floyd que resume su frase “no puedo respirar”, mientras el ahora ex agente Derek Chauvin presionaba con su rodilla derecha el cuello del detenido hasta provocarle la muerte, tiene mil rostros para la población afroamericana estadounidense.

La comunidad negra “no puede respirar” por la actitud discriminatoria de quienes deben velar por la seguridad y el orden público.

Un estudio académico, conocido el año pasado, reveló que en EEUU, estadísticamente, 1 de cada 1.000 personas de la población negra pueden morir en manos de la policía, más del doble que entre los blancos.

La discriminación también se refleja en la composición racial y étnica de las cárceles. Un análisis de Pew Research Center, divulgado en mayo pasado, destacó una mejora sustancial del encarcelamiento de afroamericanos. Sin embargo, sigue habiendo muchos más negros presos que blancos e hispanos, en relación al peso relativo de cada uno de ellos en el conjunto de los adultos estadounidenses.

La comunidad negra es además la más sufrida en relación al COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus y que ha golpeado con ferocidad a EEUU.

Similar a la tendencia de la violencia policial y de las cárceles, la población negra está sobrerepresentada en las estadísticas de COVID-19.

Es otra expresión de la desigualdad social que, en este caso, refleja una mala atención asistencial y pésimas condiciones de salud en comparación a otros grupos raciales.

Los afroamericanos están más expuestos que otros sectores poblacionales a la diabetes, a la hipertensión, a la obesidad, tres afecciones que potencian la posibilidad de contagio y de la muerte por el COVID-19.

Y, además, junto a los hispanos, son quienes se han visto más afectados por la caída de la economía como consecuencia del efecto del distanciamiento físico en la drástica baja en la producción de bienes y servicios.

Impacto electoral

La segregación racial en EEUU es un problema antiguo que sigue presente de alguna manera en normas sociales de determinados sectores y que se refleja en conductas y decisiones de ciertas instituciones. En el proceder policial y la actuación de la justicia que revelan las estadísticas de la población carcelaria.

Hay en ello una expresión cultural y la cultura, en última instancia, define el éxito de una sociedad.

Y la política, que participa en los asuntos públicos y puede intervenir en las normas comunes o influyentes de la sociedad, tiene un papel hasta para cambiar aspectos de una cultura. Y también puede ocurrir a la inversa: cambios en la opinión pública pueden desafiar a la política.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/e16800f1-3c06-4a23-ab8b-0cfae4bfd713?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

En ese sentido, las encuestas muestran que las protestas actuales tienen un amplio apoyo popular. Por un lado, reflejan un aumento de las opiniones críticas con la policía; y por otro, un crecimiento en el número de estadounidenses que reconocen que existe una discriminación contra los afroamericanos.

Un sondeo de la Universidad de Monmouth, difundida este mes, por ejemplo, arrojó que el 76% de los estadounidenses consideraron que el racismo y la discriminación son un «gran problema», 26 puntos más que en 2015. El 57% pensaba que la ira detrás de las manifestaciones estaba plenamente justificada, mientras que otro 21% lo consideró como un poco justificada. Una clara mayoría opinó que la policía es más propensa al uso de la fuerza contra los afroamericanos y admitió que éstos sufren de discriminación.

Si las encuestas están en lo cierto, significaría que por ahora la ola de protestas han reforzado el objetivo de los derechos civiles, en lugar del relato de la “ley y el orden” y las balas del presidente Trump.

Es un dato relevante para medir el pulso electoral. Según trabajos académicos, las protestas sociales pacíficas por el respeto a los derechos civiles favorecen al opositor Partido Demócrata; pero, las movilizaciones que se salen de madre, benefician al Partido Republicano como se comprobó en la candidatura presidencial de Richard Nixon en las elecciones nacionales de noviembre de 1968.

Aunque Trump ha perdido pie electoral ante su contrincante demócrata Joe Biden, según diferentes sondeos, en un escenario dominado por el sustantivo crisis, en Washington D.C. nadie lo da por vencido. No solo por su sorpresiva victoria en las elecciones presidenciales de 2016, sino por su poder de liderazgo en el Partido Republicano, en comparación a cuando arribó a la Casa Blanca, algo que se refleja en la fidelidad de sus votantes y en su influencia entre gobernadores, legisladores y políticos regionales del partido.

Uno de los factores decisivos en comicios no obligatorios es que las minorías de negros e hispanos concurran a sufragar, especialmente los votantes afroamericanos como lo hicieron en las elecciones triunfantes de Barak Obama. Si no participan con su voto, los demócratas pueden repetir la historia de fracaso de Hillary Clinton de casi cuatro años atrás.

Cuando Wikipedia complete la categoría de EEUU en 2020, incluirá las históricas tres crisis en una que hoy sufre el país.

Falta saber si el próximo 4 de noviembre, la enciclopedia libre de internet consignará un nuevo mandato de Trump por cuatro años o, en su lugar, figurará el veterano político Biden.

La crisis del coronavirus tiene sujeta a Chile. En vista del vertiginoso aumento en el número de infecciones y los efectos económicos y sociales de las medidas de cuarentena impuestas, el presidente Sebastián Piñera se dirigió recientemente a la oposición, con una propuesta de acuerdo nacional. A pesar de todo el escepticismo inicial por parte de la oposición, el fin de semana pasado se logró un gran avance en las negociaciones. Con casi todos los partidos de la oposición, el gobierno acordó 13 iniciativas legislativas concretas y nueve medidas administrativas para mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia en la sociedad.

La pandemia de COVID-19 golpea, en Chile, a un país económicamente en apuros, polarizado en extremo, y desconcertado política y socialmente.

Protestas y disturbios sociales

Las protestas sociales en octubre y noviembre de 2019, que en parte estuvieron acompañadas de violencia masiva, iniciaron procesos de cambio, cuyo desarrollo permanece en gran medida abierto. Las expectativas sobre tal cambio van desde la esperanza por un modelo social más justo, basado en el esquema europeo, hasta el temor a una caída en el populismo, la corrupción y la incompetencia, al estilo de Venezuela.

Lo que comenzó originalmente como resistencia frente al aumento de las tarifas de transporte público en Santiago, rápidamente se transformó en protestas a nivel nacional contra la desigualdad social imperante y el sistema político. Después de casi tres meses de manifestaciones recurrentes, algunas de suma violencia, 34 personas murieron y más de 3.000 resultaron heridas. Aún siguen pendientes numerosas demandas contra las fuerzas de seguridad por violencia policial y violaciones de derechos humanos.

Incluso después de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en funciones desde marzo de 2018, se acercase a los manifestantes con concesiones inmediatas, como el aumento del salario mínimo, los disturbios no cedieron. En noviembre, el gobierno y la oposición acordaron convocar un plebiscito el 26 de abril del 2020 para que la gente decida si quiere iniciar o no el proceso de una reforma constitucional que posteriormente debe ser avalada con otro plebiscito. Justo cuando la mayoría de las personas habían regresado de sus vacaciones de verano a principios de marzo, y tanto los manifestantes como los gobernantes se preparaban para dicho referéndum, la primera persona infectada con el nuevo virus del COVID-19 fue reportada en el distrito de Talca, una ciudad ubicada a 400 kilómetros al sur de Santiago.

Cuarentena dinámica

A diferencia del vecino Perú, donde el presidente Martín Vizcarra sometió a prácticamente el país entero a una cuarentena estricta desde mediados de marzo, el Ministerio de Salud chileno intentó primero contener el virus con una estrategia de «cuarentena dinámica», es decir, a partir de restricciones temporales y geográficas.

Después del aumento exponencial del número de personas infectadas hasta casi 40.000[1], de las cuales dos tercios se registraron en la región capital, se impuso desde el 15 de mayo una cuarentena total en la Región Metropolitana, es decir la región de la capital. Esto afecta a unos 7,4 millones de personas. Las personas pueden abandonar sus hogares para hacer la compra, ir al médico o a la farmacia, o pasear al perro en forma estrictamente regulada y sólo mediante un permiso especial que se puede descargar de una comisaría virtual (https://comisariavirtual.cl/).

Mientras tanto, el virus también ha llegado a la Moneda, el palacio de gobierno. Después de que el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, diera positivo por COVID-19 a finales de mayo, se anunció ahora el resultado positivo del ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. Además, la diputada Marcela Sabat, ha sido la primera en la Cámara de Representantes de Chile en dar positivo por el virus.

El sistema de salud

Chile tiene un poco más de 38.000 camas de hospital, lo que implica unas dos camas por cada 1.000 habitantes[2]. El gasto gubernamental en atención médica representa aproximadamente el 8.5% del producto bruto interno, a pesar de lo cual el sistema de salud del país manifiesta graves desequilibrios. Alrededor de la mitad del gasto se concentra en personas con seguro privado, que representan poco más de una quinta parte de la población. Por lo contrario, casi 14, de los más de 18 millones de chilenos, dependen del seguro de salud estatal Fonasa, para el cual, evidentemente, hay mucho menos dinero disponible per cápita. Además, los pacientes con Fonasa tienen que esperar, en promedio, significativamente más para una cita con el médico o para una cirugía, y el médico generalmente dispone de menos tiempo para ellos[3].

En cuanto a los respiradores artificiales, vitales para la supervivencia de los pacientes afectados por el COVID-19 en estado crítico, las autoridades de salud chilenas han añadido recursos adicionales en las últimas semanas. Antes de que estallara la pandemia, había poco más de 1.200 dispositivos disponibles en todo el país. Gracias a las compras y la conversión de dispositivos para anestesia en respiradores artificiales, la capacidad es ahora de casi 2.200 aparatos. En el marco del estado de emergencia, el primero de abril el Ministerio de Salud emitió un decreto que otorga a las autoridades de salud acceso a todos los recursos, equipos hospitalarios y respiratorios, tanto públicos como privados.

Si bien al comienzo de la pandemia la infraestructura sanitaria del país resistió relativamente bien al COVID-19, el aumento en el número de personas infectadas en los últimos días, con un promedio de más de 5.000 nuevas infecciones diarias, ha llevado a los hospitales de la región capitalina al límite de sus capacidades. Según la información más reciente de la Sociedad Chilena de Medicina de Cuidados Intensivos, el 99 por ciento de las camas de cuidados intensivos en Santiago están ocupadas al día de hoy. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ordenó que los hospitales dupliquen su capacidad de cuidados intensivos antes del 15 de junio. A corto plazo, los pacientes de cuidados intensivos serán trasladados de la capital a hospitales regionales con capacidades adecuadas.

Debido al alto número de infecciones y a la creciente tasa de mortalidad, el gobierno de Sebastián Piñera está bajo una enorme presión pública. Tras las continuas críticas a la gestión de la crisis, el presidente Piñera ha sustituido a su ministro de salud. En lugar de Jaime Mañalich, que actuó incansablemente, pero a menudo sin éxito, Enrique Paris asumió sus funciones este lunes.

Medidas de ayuda del gobierno

Ya desde octubre del año pasado las protestas causaron una caída masiva en el crecimiento económico y la disposición a invertir. La tasa de desempleo, que en octubre todavía era del siete por ciento, aumentará significativamente hasta los dos dígitos como resultado de las medidas de confinamiento. Sólo en marzo, hubo 300.000 despidos. El Fondo Monetario Internacional espera que el producto bruto interno de Chile disminuya en un 4.5%[4].

Ya en marzo el gobierno lanzó su primer programa de ayuda económica, que incluyó desgravaciones fiscales, pagos directos a los más necesitados, medidas de protección laboral, así como la disposición de recursos financieros adicionales para el sistema de salud. En abril se amplió el programa de ayuda para pequeñas y medianas empresas y para quienes trabajan en el sector informal. El programa tiene un volumen total de 17 mil millones de dólares, lo que corresponde a casi 7% del PNB chileno.

Además, el Parlamento aprobó la «Ley de protección al empleo». En conformidad con dicha ley, las empresas cuyas actividades comerciales se han visto afectadas por la pandemia pueden suspender temporalmente los pagos de salarios a sus empleados. Legalmente, la relación laboral continúa y puede reanudarse una vez que la crisis haya terminado. Al mismo tiempo, los trabajadores afectados tienen derecho a reclamar el seguro de desempleo de la AFC. Alternativamente, las empresas y los empleados pueden negociar un acuerdo de empleo de medio tiempo de hasta cinco meses. No obstante, la ley no obliga a las empresas que hacen uso de la suspensión de pagos salariales a garantizar el empleo. Hasta el 15 de mayo, más de 86.000 compañías se habían acogido ya a dicha ley, suspendiendo los pagos salariales de medio millón de trabajadores[5].

Para los numerosos hogares endeudados o sobre endeudados, la falta de ingresos mensuales equivale a la insolvencia inminente. Especialmente para el sector informal aún amplio, así como entre los numerosos empleados con los salarios más bajos, la necesidad existencial es grande. El gobierno intentó responder primero con un pago único de manutención (de unos 100 dólares al cambio) destinado a los más necesitados y con los salarios más bajos. Además, el gobierno estableció una «renta escalonada de emergencia para las familias» durante tres meses, de inicio. Alrededor de 4,5 millones de chilenos, casi una cuarta parte de la población total del país, son elegibles para recibir dicha ayuda.

El gobierno chileno responderá al impacto de la pandemia con gastos adicionales, que suman alrededor del 15 por ciento del PIB anual. Por lo tanto, Chile ocupa el primer lugar en la comparación regional entre los países de América Latina[6]. El país se beneficia de la sobria política de gasto de los últimos años, por lo que ante una crisis duradera, en caso de duda, se podrían tomar medidas de apoyo adicionales.

Esperanza para el diálogo político

Sin embargo, las dificultades existenciales son palpables para muchas personas. No sólo de las regiones más distantes del extenso país (4.300 kilómetros de largo) los políticos locales informan sobre las precarias condiciones en las que permanecen muchas personas, dadas las medidas de cuarentena impuestas y el paro económico, careciendo de lo esencial para sobrevivir.

Si bien el rápido crecimiento económico en Chile ha logrado reducir la proporción de personas en pobreza absoluta del 30% a menos del 4%, entre 2000 y 2017, más del 30% de los chilenos aún viven en condiciones económicas y sociales vulnerables. En muchos lugares de los barrios más pobres de Santiago, en estos días comedores privados y comités de vecinos se están organizando, entre otras cosas, para proveer a las y los numerosos escolares con una comida caliente al día, la cual, en condiciones normales, recibirían de las escuelas públicas actualmente cerradas. Desde el 22 de mayo, el gobierno comenzó a distribuir 2,5 millones de paquetes de alimentos a familias necesitadas.

A pesar de todas las medidas de ayuda estatales, la desconfianza general hacia el gobierno es aún profunda. La aprobación del manejo de la crisis por parte del gobierno sigue siendo, de un 34%, relativamente baja.

Lo rápido que puede cambiar el ánimo social quedó de manifiesto durante el fin de semana del 16 al 17 de mayo, cuando jóvenes en el distrito del Bosque, a pesar de la cuarentena y la prohibición de realizar asambleas, se manifestaron contra las medidas del gobierno, enfrentándose violentamente con la policía. Las barricadas y los pequeños incendios también afectaron otras partes de Santiago. Estos disturbios recientes muestran que las protestas sociales de finales del año pasado sólo se han suspendido temporalmente.

Los llamados a la renuncia anticipada de Piñera, que fueron sonoros y constantes entre octubre de 2019 y enero de 2020, se han desvanecido al menos por el momento. La inquietud inmediata en torno a la salud y el empleo han alejado temporalmente de la agenda social la demanda por un cambio de sistema y una reforma constitucional[7].

En particular, la oposición conformada por demócratas cristianos, socialdemócratas y comunistas considera un nuevo borrador de la constitución como la superación final de los 17 años de dictadura militar de Augusto Pinochet. Con la escalada de la crisis sanitaria y la probable prolongación del estado de emergencia más allá del 15 de junio, temen un nuevo aplazamiento del referéndum constitucional, ahora programado para el 25 de octubre.

En vista de los dramáticos desarrollos de las últimas semanas, el 25 de mayo el presidente Piñera convocó a las fuerzas políticas del gobierno y la oposición a un «gran acuerdo nacional», un pacto nacional para superar la crisis social y económica. En las primeras reacciones, los representantes de la oposición de centro izquierda, desde los demócratas cristianos hasta el Frente Amplio, se mostraron escépticos pero dispuestos a hablar -sólo el Partido Comunista rechazó la oferta del presidente.

Al final, todo sucedió rápidamente. Después de intensas conversaciones durante el fin de semana, el gobierno acordó con gran parte de la oposición un programa fiscal adicional por US$ 12 mil millones en 24 meses. El acuerdo económico-social se traducirá en 13 proyectos de ley y nueve medidas administrativas. Sobre todo, los más débiles deberían beneficiarse de las medidas. Además de otras medidas para proteger puestos de trabajo, el paquete incluye medidas para trabajadores, trabajadores independientes, familias y las Pymes. También está previsto un Fondo COVID y un Fondo Gastos en Salud, así como un aporte a organizaciones de la sociedad civil.

En una primera declaración, el presidente Piñera valoró los esfuerzos de los partidos del gobierno y de la oposición para encontrar un compromiso para mitigar las consecuencias de la pandemia.

Perspectiva

Las medidas tomadas e implementadas hasta ahora por el gobierno no pueden ocultar los problemas estructurales aún profundos en Chile. Más bien, la crisis sanitaria intensifica la divergencia entre las clases sociales. Los más débiles y pobres de la sociedad en Chile también son los más afectados por los efectos económicos de la pandemia. A ello se añade que, desde el regreso a la democracia a principios de los noventa, permanecen sin resolver problemas en los sectores social, sanitario y educativo, que desencadenaron las protestas del año pasado. Chile que fuera alumno modelo, está hoy con la espalda contra la pared.

Con todo, si cupiera una perspectiva optimista de la crisis, entonces ésta consiste en la posibilidad de que, dados los desafíos acumulados del país, los grandes actores políticos logren adoptar un enfoque político común, de forma que los innegables éxitos económicos de las últimas tres décadas se garanticen no sólo para unos cuantos, ya ricos de por sí, sino para la mayor cantidad posible de gente. Aun cuando el escepticismo y la desconfianza son todavía profundos en ambos lados, las señales de los últimos días apuntan hacia el diálogo.

[1] Hasta el 15 de junio, el número de personas infectadas había aumentado a 180.000, con alrededor de 3.370 muertes registradas como resultado de una infección con COVID-19.

[2] A modo de comparación: Alemania tiene alrededor de 500.000 camas de hospital (2017), lo que corresponde a unas seis camas de hospital por cada 1.000 habitantes.

Autores: Andreas Klein y Georg Sternal

[3] http://www.britcham.cl/wp-content/uploads/2020/04/CER-I- 2020.pdf

[4] https://www.imf.org/en/Countries/CHL; información publicada el 20 de mayo de 2020.

[5] La Tercera/Pulso del 20 de mayo de 2020, p. P2.

[6] https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/politica-y-gestion- fiscal-durante-la-pandemia-y-la-post-pandemia-en-america- latina-y-el-caribe /; publicado el 17 de mayo de 2020.

[7] Ver encuesta de Cadem: https://www.cadem.cl/encuestas/plaza-publica-no-331-18-de- mayo /; publicada el 20 de mayo de 2020.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/e16800f1-3c06-4a23-ab8b-0cfae4bfd713?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Los primeros meses de la pandemia han transcurrido. El mundo que hoy tenemos es distinto al de algunas semanas atrás. La crisis sanitaria impactó fuertemente en la vida de las personas y exigió un replanteo del rol de los gobernantes, de la política y del sistema institucional para el abordaje de problemas de semejantes magnitudes.

La prensa, la literatura y los escenarios de opinión han sido consecuentes con la discusión. Kilómetros de texto después, el mundo cuenta con una impresionante acumulación de reflexión filosófica, antropológica, científica y política, que prepara mejor a la humanidad para futuro desafíos. El contexto actual nos ha permitido pensar en qué cambiamos, cuáles son las enseñanzas de esta crisis inédita, cómo puede ser el mundo del futuro, por qué Internet ha sido el salvavidas del momento, y también, ha evidenciado cómo la humanidad, enfocada en solucionar el avance de este virus tan contagioso, ha dejado en un plano de menor exposición temas centrales como la protección del ambiente y la lucha contra el cambio climático.[1] No obstante, vale decir que iniciativas como la declaración Principios para un futuro sostenible de América Latina en tiempos de pandemia y crisis planetaria suscrita por diversos dignatarios y referentes, es una señal de la posibilidad de “renacer” desde el desarrollo sostenible.

Ahora vivimos con más cuidados, protecciones, protocolos y prevenciones sanitarias, pero también con más controles y restricciones. En estricto sentido es una vida más limitada. No en todos los lugares, pero sí en las democracias más consolidadas, la gente tiene las mismas oportunidades de ejercer su libertad (su “libertad responsable”, parafraseando al presidente de Uruguay). Este escenario trae a un nuevo plano la disputa democracia versus autoritarismo. La libertad ciudadana versus la monotonía del discurso único; las personas y sus circunstancias versus el pensamiento hegemónico, en algunos lugares más edulcorados por el capitalismo de Estado, en otros más crueles por la bancarrota y la miseria generalizada.

América Latina y su nuevo escenario

Desde que comenzaron a decretarse los distintos estados de emergencia sanitaria a principios de marzo, la región pudo evidenciar cómo la mayoría de los gobiernos desplegaron una batería de medidas, algunos con más restricciones, otros un poco más flexibles, y otros desentendidos del tema. Durante todo el mes de marzo y buena parte de abril la discusión sobre la efectividad de las medidas sanitarias gravitaba en torno a una política que para ese momento parecía crucial: el decreto de cuarentena total y obligatoria. En ese entonces las preguntas que nos hacíamos eran: ¿son suficientes las medidas drásticas para tener buenos resultados? ¿O hace falta que lo drástico esté acompañado de un abordaje institucional responsable y coordinado?

Hay que recordar que en marzo abundaron teorías en relación a que posiblemente los gobiernos autoritarios y de máximo control serían más eficientes para manejar la pandemia y evitar que la situación se saliera de las manos. Por el contrario, en las democracias consolidadas el intercambio, los contrapesos y la rendición de cuentas generarían demoras en la reacción coordinada. Sin embargo, esto no necesariamente es así ya que fue justo en terreno gobernado por un sistema autoritario donde una epidemia se transformó en pandemia. La democracia, con todas sus falencias, cuando cuenta con un sistema institucional saludable, puede responder a los desafíos, transmitir confianza en vez de miedo, y lograr resultados.

Cuarentena

Algunos de los países que optaron por la cuarentena obligatoria (con sanciones a los ciudadanos que incumplan) fueron Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, El Salvador, Honduras; otros llegaron al toque de queda como Ecuador y Guatemala; otros optaron por la militarización total con control estricto de ciudades y comunidades periféricas, toques de queda y restricciones de todo tipo, como Cuba y Venezuela. Entre los que tuvieron una apuesta más flexible están dos grupos: Costa Rica y Uruguay que apelaron a la cuarentena voluntaria; y Colombia y Chile, que mezclaron esto con restricciones severas en parte del territorio. Y finalmente los dos más grandes de la región, México (referente de la izquierda progresista) y Brasil (referente de la derecha radical), coincidentes porque sus gobiernos han sido escépticos desde el primer momento con el impacto del COVID-19, están entre los últimos en desplegar medidas de confinamiento, y sus presidentes se han encabezado actos públicos con convocatorias de cientos de personas sin la distancia recomendada. Si algo ha logrado la pandemia es matizar de la palestra pública la discusión ideológica y la ha llevado en su totalidad a lo práctico: resultados.[2]

Caso excepcional en la región es Nicaragua, país donde el régimen no dejó de promover actividades masivas desde el inicio de la emergencia, de forma diametralmente opuesta a todas las recomendaciones sanitarias y con importantes críticas a las cifras oficiales sobre el efecto de la pandemia. Por ejemplo, ahí nunca se detuvo el fútbol.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/cc1932d7-ee01-4579-b442-22eff1d5ae75?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

De todas estas experiencias, solo Uruguay y Costa Rica, las democracias mejor evaluadas de la región, han resaltado como casos de éxito en el abordaje de la crisis sanitaria. Mientras que al final de la fila las dictaduras de Cuba y Venezuela han aprovechado el Coronavirus para reforzar su dominio sobre la población castigando a la oposición. En el medio está el resto de los países, algunos con mejores resultados que otros siguen sorteando la lucha contra el Coronavirus. Para tener una mirada detallada de todas las naciones es recomendable leer un informe publicado por la Fundación Konrad Adenauer sobre la situación en Latinoamérica.[3]

Capacidad de respuesta

Cada país tuvo su experiencia particular. No necesariamente les fue mejor a quienes tomaron medidas más drásticas, y no necesariamente por desentenderse del tema e insistir en una retórica populista, otros pudieron zafarse. América Latina ahora es el epicentro del Coronavirus, y en contraste con Europa y China, su capacidad de respuesta es notoriamente inferior. Todavía en buena parte de la región se siguen generando reportes alarmantes de contagiados, fallecidos y los estragos económicos son importantes.

Otra pregunta pendiente: ¿la diferencia está entre izquierda y derecha, entre populistas o institucionalistas, o entre responsables e irresponsables? El primer aspecto hemos visto que ha quedado descartado, dejando la relevancia para el segundo y tercero: la confluencia entre institucionalidad y responsabilidad. Estos meses nos permiten tener tres aproximaciones preliminares.

1. Los países con mejores sistemas de salud y de contención social estuvieron mejor preparados para gestionar la creciente demanda de tests, contagiados y fallecidos, así como el abordaje a la población vulnerable ante la parálisis económica y laboral, brindando apoyo y tejiendo redes de solidaridad. Sin embargo, sin un sistema institucional sólido y un contrapeso de poderes esto no hubiera sido posible ante un delicado escenario que ha exigido por un lado autoridad y respuesta, y por el otro no incurrir en exceso de controles.
2. La retórica populista de defensa de los pobres, identificación de enemigos externos e internos y exacerbación del nacionalismo, no es funcional ante un escenario que requiere alta coordinación, diálogo político, y comunicación fluida con todos los sectores sociales.
3. Los gobiernos escépticos con el impacto de la pandemia llevaron a sus países a escenarios de alto contagio. Brasil hoy es el epicentro de la pandemia después de EE.UU. El rasgo clave es que sus líderes están ubicados en los extremos del espectro ideológico (México, izquierda; Brasil, derecha) y ejercen un liderazgo populista y desafiante de la institucionalidad. En cambio, los gobiernos encabezados por líderes de centro que priorizaron la articulación política interna, vienen superando progresivamente el confinamiento hacia fases de mayor flexibilización y entre ellos están los dos casos de éxito: Uruguay y Costa Rica.

Aprendizaje

Todavía falta mucho tiempo para aventurar conclusiones sobre el impacto de la pandemia y los resultados del desempeño de los gobiernos de la región. Los países aun luchan contra el virus en varios frentes. Sin embargo, los primeros meses nos permiten aprender que la democracia, y no el autoritarismo, y la moderación del centro político y no los extremos, son el mejor antídoto del que dispone la humanidad para gestionar una crisis de estas proporciones que reta la forma de vida de la humanidad.

¿Cuántas veces hemos escuchado discursos que desafían el sistema democrático, piden la refundación de las instituciones, la “mano dura”, la eliminación de los partidos políticos y el surgimiento de nuevos redentores que heroicamente salvarán a sus naciones? ¿Cuántas veces esto terminó en otra cosa que no fuera una práctica autoritaria? Aun cuando la retórica altisonante y los voceros populistas pueden sonar atractivos para cierto público en contextos de incertidumbre y miedo, es la sensatez y la responsabilidad de los demócratas la que puede llevar a que el bien prevalezca.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/e16800f1-3c06-4a23-ab8b-0cfae4bfd713?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

[1] Recomendamos leer el artículo Arco Minero: devastación humana, política y ambiental de Paola Bautista de Alemán.

[2] Un detalle sobre el nivel de cuarentena aplicada por los países en América Latina se encuentra aquí.

[3] La versión completa del informe se encuentra en alemán.

Oxford Languages define el “deep state” (estado profundo) como un “cuerpo de personas, típicamente miembros influyentes de las agencias de gobierno o militares, de quienes se sospecha están implicados en maniobras secretas para manipular o controlar las políticas del gobierno”. A esto agrega que “el deep state y su política de permitir el florecimiento de ideologías extremistas puede ser un asunto de preocupación”.

El deep state está últimamente en la boca de gobernantes, analistas, periodistas, profesores y personas que participan en las redes sociales, especialmente en Twitter.  El presidente Donald Trump lo usa regularmente para referirse a la conspiración que desde la misma estructura del gobierno de Estados Unidos, estaría en marcha contra él para evitar su reelección en las elecciones de noviembre próximo.

Las protestas y saqueos que han estallado a partir del asesinato del ciudadano negro George Floyd por parte de un policía blanco en Minneapolis han dado pie para que el deep state cobre fuerza en el discurso de Trump y sus partidarios. Se ha caracterizado al movimiento de protesta y a la violencia que le ha acompañado como un esfuerzo coordinado por varios factores para debilitar al gobierno de Trump, que ya tiene bastantes problemas por la pandemia de COVID-19 y sus devastadores efectos sociales y económicos.

El deep state, dicen los partidarios de Trump, estaría actuando ahora en alianza con factores como Antifa, una red de organizaciones de ultraizquierda, y con el financiamiento del multimillonario George Soros. A esto se junta la supuesta participación de revoltosos profesionales pagados por el chavismo que se habrían infiltrado en las protestas para producir caos, como habría sucedido en Chile el año pasado.

Desmenuzar las teorías conspirativas

Analicemos punto por punto para ver qué podría haber de cierto en la tesis del deep state y sus socios globalistas de la ultraizquierda que, como dijo alguien recientemente en una radio venezolana, “quieren destruir la libertad y los valores de Occidente”.

¿Existe el deep state? Sí y no, o como hubiera dicho el recordado expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, y también todo lo contrario. Me explico. En Estados Unidos, como en Francia, en Gran Bretaña, Alemania, Canadá e Israel, y otros países desarrollados, existe una burocracia profesional del Estado que permanece en sus puestos a pesar de los cambios de gobierno. Así que esa clase burocrática tiene sus intereses y busca mantener sus empleos y sus privilegios (pensión, seguro de salud, vacaciones pagadas, etc.).

Trump ha encontrado resistencia a sus “políticas” (a veces es difícil hacer la distinción entre sus políticas y sus caprichos) en ciertos sectores de esa burocracia, particularmente en el Departamento de Estado, en el Centro de Control de Enfermedades (CDC) e incluso entre los militares (el caso del capitán del portaaviones relevado de su cargo en plena pandemia sería un ejemplo de ello). Elementos de esa burocracia no quieren a Trump “four more years” (cuatro años más) en la Casa Blanca. ¿Eso quiere decir que actúan como un cuerpo coherente con un plan para derrotar a Trump? No necesariamente, o por lo menos, no hasta el punto de promover una violencia generalizada o una pandemia mundial para que Trump fracase como presidente. La violencia y la pandemia tienen otras explicaciones que no se pueden reducir a la conspiración de burócratas descontentos con el presidente.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/cc1932d7-ee01-4579-b442-22eff1d5ae75?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

¿Y qué me dicen de Antifa, la red de organizaciones de ultraizquierda? ¿No actúan de la misma forma en que actuaron los anarcocomunistas en las calles de Barcelona o de Santiago de Chile, provocando destrucción y caos? ¿No es parte de un movimiento mundial que tiene como financistas y promotores al Foro de Sao Paulo, plataforma de la izquierda latinoamericana que se ha apoderado de Venezuela y que pretende desestabilizar a los Estados Unidos? No se puede descartar que Antifa reciba apoyo logístico y financiero de los gobiernos de Venezuela, de Cuba o incluso de Rusia. Lo que resulta más difícil de creer es que los militantes de Antifa trabajen de forma coordinada con los burócratas del servicio público de los Estados Unidos. Aunque algunos burócratas no quieran a Trump, tampoco quieren una desestabilización a gran escala del país que ponga en peligro sus empleos y sus privilegios contractuales. Antifa quiere destruir el sistema. Los burócratas del gobierno quieren mantenerlo.

Dinero y política

Ahora veamos el supuesto papel que juega George Soros en esta “gran conspiración”. Soros es un multimillonario judío de origen húngaro que sobrevivió al Holocausto, estudió en el Reino Unido, hizo muchísimo dinero especulando en la bolsa y en el mercado de divisas, vive en los Estados Unidos y ha declarado públicamente que quiere que Trump salga del poder en noviembre. Uno de los enemigos declarados de Soros es el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, populista de derecha, que lo ha acusado de querer desestabilizar su país financiando la llegada masiva de refugiados del Medios Oriente.

Soros cumple con varios de los requisitos típicos de las teorías de conspiración. Es un multimillonario judío, imagen usada por la propaganda nazi y comunista. Su organización Open Society Foundations financia proyectos en todo el mundo, incluyendo los antiguos países comunistas de Europa del Este, países en desarrollo en Latinoamérica, África y Asia, en el Medio Oriente (incluyendo en los territorios palestinos). Yo tuve la oportunidad de tener a varios estudiantes afganos becados por la Open Society Foundations en la Universidad de Ottawa en Canadá. Y es un liberal, en el sentido original del término, que asegura luchar contra toda forma de autoritarismo que vaya contra la democracia.

¿Forma parte Soros de un proyecto de gobierno mundial, de la llamada “conspiración globalista”?  No. Lo niego porque no creo que exista tal proyecto. Ese enunciado me recuerda a lo que el antisemita Henry Ford (sí, el fundador de la compañía de autos) denominaba el “judío internacional”. Una fantasía delirante que pretende explicar todos los males del mundo a partir de una simplificación al mismo tiempo infantil y muy peligrosa. Infantil, pues ve al mundo de una forma “totalizadora” y “totalitaria”, donde habría una causa única del mal (por ejemplo, los judíos, o los illuminati, según Dan Brown). Y peligrosa, porque propone que la solución es eliminar a ese “fuente” del mal. Ya sabemos qué es lo que ocurre con esa prescripción: el genocidio.

¿Qué valores defiende Trump?

También vale la pena discutir la supuesta defensa de los “valores de Occidente” que se le endilga a Donald Trump. ¿Cuáles serían esos valores? Por ejemplo, analicemos uno que es fundamental: la dignidad humana. ¿Trump ha dado prueba de defender este valor? Vale la pena recordar sus expresiones en 2005 (cuando todavía estaba frente al programa The Apprentice) sobre las mujeres (a las que, en propias palabras de Trump, las agarraba por la vagina – “pussy” –  y “puedes hacerles lo que quieras”) que fueron difundidas en la campaña en 2016. Y no olvidemos el reciente episodio en el que, como presidente, caminó de la Casa Blanca a la Iglesia Episcopal St. John en Washington para tomarse una foto con la Biblia en la mano, es un evento que algunos dirigentes cristianos han calificado como “blasfemo”. Trump atentó con ese acto de oportunismo político contra el principio de toda república de Occidente en la que existe la separación entre religión y Estado.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/e16800f1-3c06-4a23-ab8b-0cfae4bfd713?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

¿Qué podemos concluir? Pues que no existe tal conspiración del deep state en alianza perfecta con la ultraizquierda y las cacareadas pretensiones globalistas de Soros (y otros, como Bill Gates, pero eso amerita otro artículo). Lo que sí existen son intereses políticos, ideológicos y económicos que quieren ver a Donald Trump fuera de la Casa Blanca. ¿Por qué? Por múltiples razones que no siempre coinciden en la forma y en el fondo. La burocracia gubernamental en los Estados Unidos quiere estabilidad. Los anarcocomunistas de Antifa quieren sembrar el caos para desestabilizar el sistema político y económico de los Estados Unidos, centro del capitalismo. Soros quiere usar su dinero para influir en la política y la economía. Pero eso no quiere decir que ha puesto en marcha un plan calculado para gobernar el mundo. Como tantos otros millonarios, se vale de su fortuna para lograr resultados políticos. Lo mismo que ha hecho Donald Trump, lo que lo califica como un plutócrata.

Su manejo decidido frente a la crisis del COVID-19 le dan al presidente uruguayo el respaldo para su ambiciosa agenda de reformas.

El nuevo gobierno de centro de Uruguay tuvo solo doce días para familiarizarse con tarea antes de que los primeros casos de COVID-19 lo obligaran a entrar en modo de crisis. Sin embargo, el arranque en frío salió bien. El presidente Luis Lacalle Pou demostró ser un administrador de crisis decidido, pragmático y exitoso que también podía marcar un estilo propio más allá de la pandemia. Si bien hasta ahora ha sido aceptado por la mayoría de los uruguayos, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia mantendrán ocupado durante mucho tiempo al país.

“Libertad con responsabilidad” – Durante los primeros 100 días del nuevo gobierno, la ciudadanía en Uruguay tuvo que acostumbrarse a esta consigna. El nuevo presidente, Luis Lacalle Pou, lo repite cada vez que se le pregunta por qué su país ha tenido éxito en la crisis de COVID-19. Y su respuesta es que se debe principalmente al «uso responsable de la libertad» de sus casi 3,5 millones de compatriotas.[i]

Después de que ocurrieran los primeros casos de COVID-19 en Uruguay el 13 de marzo, Lacalle Pou tomó una decisión audaz contra el consejo de muchos expertos y del Sindicato Médico del Uruguay: en lugar de restricciones, toques de queda y penalizaciones, apostó a la información amplia y al cumplimiento voluntario de la recomendación del gobierno de, en pro del bien común, abandonar las viviendas solamente en casos excepcionales. Este cálculo funcionó. Según las encuestas, incluso sin toque de queda, más del 90 por ciento de la población siguió la recomendación del gobierno, especialmente en las primeras semanas.[ii] Al mismo tiempo, inmediatamente después de los primeros casos Uruguay declaró la emergencia sanitaria, amplió enormemente las capacidades de cuidados intensivos y de testeo, y cerró las escuelas, centros comerciales, fronteras e instalaciones públicas durante varias semanas. El resultado es bastante impresionante: el 7 de junio, día 99 del gobierno de Lacalle Pou, por primera vez desde el estallido de la pandemia no se registró ningún nuevo caso de COVID-19 en el país. El número de casos activos en el país está muy por debajo de 100, el número de fallecidos es un total de 23.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/cc1932d7-ee01-4579-b442-22eff1d5ae75?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Estos éxitos han permitido al gobierno establecer una «nueva normalidad» a la ciudadanía. Como primer país sudamericano, Uruguay está reabriendo escuelas a las clases presenciales en varias etapas. Con la excepción de viajes al departamento norteño de Rivera, que limita con Brasil, y la prohibición vigente de eventos importantes, hay cada vez menos restricciones fundamentales de las libertades individuales.

Además del buen ejercicio del gobierno, existen otros factores que han hecho posible el éxito de Uruguay en la lucha contra COVID-19. Entre estos se encuentran el sistema de salud pública, que está altamente desarrollado en comparación con América Latina, la baja densidad de población de 19,2 habitantes por kilómetro cuadrado con pocos centros urbanos, y el nivel relativamente alto de confianza que las personas tienen en el Estado. Sin embargo, la comunicación clara de la crisis por parte del gobierno contribuyó sin duda al éxito. El presidente Lacalle Pou ha seguido constantemente su línea de apelar al «uso responsable de la libertad» y hasta ahora ha evitado cualquier actitud triunfalista. En sus decisiones respecto a las políticas sanitarias el presidente busca deliberada y transparentemente estar cerca de la ciencia y coordinar cada paso con un consejo científico asesor de cuatro miembros compuesto por un funcionario del gobierno, dos médicos y un matemático.

Un jefe de Estado omnipresente

Al mismo tiempo, el jefe de Estado que con 46 años es el más joven desde la vuelta de Uruguay a la democracia en 1985, ha interpretado el papel de presidente en forma novedosa. En contraste con su predecesor inmediato, Tabaré Vázquez, quien dosificó sus apariciones públicas, Lacalle Pou fue casi omnipresente en sus primeros 100 días, recordando, motivando, transmitiendo noticias, como alguien que parece ocuparse personalmente de casi cada uno de los problemas del gobierno. En las conferencias de prensa, suele responder a las preguntas de los periodistas y (poco antes de la pandemia) también cabalgó en un festival tradicional de jinetes. Es interesante que hasta ahora esto no haya sido a expensas de la visibilidad de los miembros del gabinete y que al menos el vocero del gobierno y los ministros del interior, trabajo, economía y exterior hayan podido ganar un perfil propio.

Las condiciones en el momento en que asumió Lacalle Pou eran todo menos color rosa. Elegido presidente el 29 de noviembre de 2019, en segunda vuelta y con solo un 1,6 por ciento de ventaja, se hizo cargo de un país con un déficit presupuestario anual del cinco por ciento, una deuda pública del 70 por ciento, un desempleo de casi el diez por ciento y una tasa de inflación casi igualmente alta. Especialmente en el último período de gobierno de 15 años de la heterogénea coalición de izquierda «Frente Amplio» (FA), la tasa de criminalidad había aumentado dramáticamente[iii] y la economía se había estancado. Lacalle Pou también tiene que apoyarse en una coalición de cinco partidos liderados por su tradicional partido «Partido Nacional» (PN), entre los cuales se halla el partido «Cabildo Abierto» fundado en 2019, socio incierto con un discurso de mano dura con características populistas de derecha.

Desde el primer día de su gobierno, Lacalle Pou buscó demostrar su capacidad para actuar, particularmente en el área de seguridad pública, su tema de campaña más importante. Como primer acto oficial, convocó a la sede de gobierno a los 19 jefes de policía del país para que lo asesoraran, y les aseguró apoyo político. Una presencia policial más fuerte, redadas en la periferia de Montevideo y más personal militar en las fronteras también constituyeron una señal en la lucha contra el crimen organizado. La incautación de cientos de cuchillos y otras armas después de una razzia en la prisión más grande de Montevideo, un ataque explosivo contra una brigada antidrogas a principios de mayo y, por último, el asesinato de tres infantes de marina por un solo autor, subrayan la necesidad de acción. A medida que la pandemia del COVID-19, deje de ser el tema más importante en el debate nacional, es probable que la seguridad interna recupere importancia para el gobierno.

Agenda de reformas de urgente consideración

A pesar de la pandemia del COVID-19, no estuvo exento de controversia que el gobierno introdujera una parte importante del programa electoral de la coalición en forma de ley de urgente consideración. Aunque Lacalle Pou durante la campaña electoral había prometido introducir dicha ley, abreviada con el acrónimo «LUC» [iv], la oposición criticó que en medio de la pandemia se requerirían largas consultas parlamentarias y de las comisiones parlamentarias con presencia física de los diputados. Además, la posibilidad de protesta democrática estaría limitada debido a la pandemia. La modalidad de las leyes de urgencia es una tradición en Uruguay y también fue utilizada por gobiernos anteriores. Sin embargo, es nuevo el alcance de este paquete legislativo.

Finalmente, el 6 de junio, con los votos de la coalición gubernamental, el Senado aprobó un paquete legislativo de 476 artículos, que incluye cambios en áreas clave de la política, que comprenden economía e inversión, educación y seguridad interna. Si bien numerosos artículos, como la creación de un Ministerio de Medio Ambiente y la simplificación de las regulaciones administrativas o la ley de adopción merecieron pocos motivos de controversia, en particular el endurecimiento del sistema penal juvenil previsto en la LUC, la concesión de más poderes a la policía para combatir el crimen y las nuevas regulaciones sobre el derecho de huelga, son objeto de crítica.

La influyente central sindical «Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores» (PIT-CNT), tradicionalmente cercana al FA, se moviliza en particular contra el hecho que la LUC garantiza a los no huelguistas el libre acceso a sus trabajos lo que de hecho significa la prohibición de la práctica de ocupar los lugares de trabajo (llamada «piquete» en Uruguay). La influencia de los sindicatos, particularmente en el sector educativo, también es limitada. Mientras que PIT-CNT y FA ven un recorte inadmisible en el derecho de huelga y, por lo tanto, realizaron un paro parcial de medio día el 4 de junio, algunos analistas ven la LUC como una forma necesaria de corregir la influencia sindical. Durante 15 años de gobierno de la FA, el PIT-CNT jugó un papel importante en la estructura de poder. Un ejemplo de esto fue la práctica de los gobiernos de FA de poner todas las radios y canales de televisión del gobierno a disposición de la organización sindical para una Cadena Nacional todos primero de mayo. Cuando el presidente Lacalle Pou se negó a permitir al PIT-CNT esta forma de comunicación, que en realidad está reservada para el presidente, la central sindical criticó esto como «antidemocrático».

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/e16800f1-3c06-4a23-ab8b-0cfae4bfd713?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Algunos artículos originalmente previstos en el LUC para liberalizar la importación de productos derivados del petróleo, y también la provisión de conexiones telefónicas fijas y a internet, no prosperaron en principio por la oposición de los socios menores de la coalición gubernamental. Uruguay tiene un monopolio en ambas áreas a través de las empresas estatales ANCAP y ANTEL. A pesar de este previsible fracaso, el gobierno ve como un éxito que la coalición haya podido llegar a un acuerdo respecto a temas clave de la LUC gracias a la incansable mediación de la respetada vicepresidenta Beatriz Argimón. A pesar del rechazo en general del paquete por parte del FA, la mitad de los artículos fueron aprobados con su apoyo. La adopción pendiente de la LUC en la cámara baja parece ser una cuestión de forma, debido a las mayorías parlamentarias. Independientemente de su destino, la coalición habrá procesado legislativamente una parte importante de su agenda de reformas en unos pocos meses.

Consecuencias económicas de la crisis

En vista a los trastornos sociales asociados con la crisis de COVID-19, el gobierno tomó la decisión de no implementar la rigurosa agenda de austeridad por un monto de 900 millones de dólares previstas. Por el contrario, se creó un paquete bastante ambicioso de estímulos económicos, ayudas puente, préstamos especiales y apoyo social, lo que también dificultó a la oposición de caricaturizar a Lacalle Pou como un neoliberal insensible. El gobierno pudo saltar pragmáticamente sobre su propia sombra y colocar el bien común antes que la ortodoxia económico-política. La declaración de la ministra Azucena Arbeleche de que ante la crisis era necesario «quemar algunos viejos libros para pensar las soluciones», puede servir de ejemplo.

Acciones como la subasta del avión presidencial, adquirido recién en 2018, o en particular la reducción temporal de hasta 20 por ciento de los sueldos en el servicio público que pasan de cierto umbral, incluido el salario presidencial, transmitieron la imagen de un gobierno ahorrativo y capaz frente a la emergencia. Una anécdota que ejemplifica esto fue el comentario accidental de un funcionario sindical de alto rango frente a un micrófono abierto: “Fue muy inteligente lo que hizo este hijo de …”[v]

La prueba real para el presidente Lacalle Pou aún está por venir. Aunque Uruguay también parece estar atravesando la crisis mejor que la mayoría de sus vecinos latinoamericanos en lo económico, los expertos esperan una reducción de la economía de hasta un cuatro por ciento, un aumento del desempleo hasta un 15 por ciento y un aumento en el déficit en 2020.[vi] Las exportaciones de carne, soja y celulosa a China y la Unión Europea, que representan respectivamente el 30 y el 17 por ciento de las exportaciones, ya se redujeron drásticamente. La tasa de inflación en mayo fue del 11,05 por ciento interanual, la más alta en cuatro años. Particular preocupación provoca el aumento de 18.9 por ciento en los precios de los alimentos. La estatal Universidad de la República (UdelaR) estima que solo en abril entre 94.000 y 127.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza, principalmente debido a la caída del empleo en el sector informal.[vii]

El acuerdo Mercosur – Unión Europea como chance

Para la reactivación económica de Uruguay parece necesario un estímulo para el eminentemente importante sector exportador. La ratificación del acuerdo Mercosur – UE, ya negociado en su totalidad, podría ser sin duda uno de estos estímulos. El gobierno ve la presidencia uruguaya del Mercosur, que también incluye a Argentina, Brasil y Paraguay, a partir del primero de julio, como una oportunidad para hacerla más flexible internamente, en particular para implementar el acuerdo con la UE. Si bien en Montevideo hay preocupación por las señales ambivalentes del nuevo gobierno argentino respecto a esto, el presidente Lacalle Pou tiene grandes esperanzas de que la próxima presidencia alemana del Consejo de la UE imprima una nueva dinámica al proceso de ratificación. Tal éxito se correspondería con las prioridades de política exterior del gobierno uruguayo, claramente comprometido con el libre comercio, el multilateralismo, los derechos humanos y un orden mundial basado en normas.

También en el área de la digitalización Uruguay visualiza un gran potencial.[viii] El país ya está desempeñando un papel pionero en muchas áreas, como la introducción de la primera red 5G en América Latina. La desarrollada plataforma de aprendizaje «Plan Ceibal», que se introdujo en el sistema escolar durante los gobiernos de FA, también ha demostrado ser ejemplar en la crisis de COVID-19. En la rama más importante de la economía, la agricultura, se está experimentando con la «agricultura inteligente» y con cosechadoras de funcionamiento autónomo. La experiencia de la crisis de COVID-19 podría dar un nuevo impulso a estos desarrollos.

Panorama

En sus primeros 100 días como presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou no solo se adaptó rápidamente a su nuevo cargo, sino que también sorprendió a muchos con una gestión prudente de la crisis y un curso claro. En medio de la pandemia, también ha tenido éxito en impulsar fundamentos en otras áreas políticas. La opinión pública parece honrar esto. Según una encuesta realizada por el Instituto Equipos Consultores, el 62 por ciento está satisfecho con el liderazgo de Lacalle Pou y solo el 19 por ciento lo rechaza. [ix]

Lacalle Pou necesitará este capital político cuando la crisis económica se haga evidente en toda su dimensión en los próximos meses. Existe la posibilidad de que la insatisfacción de amplios sectores de la población con su situación económica devuelva su influencia a la oposición, que actualmente parece no tener liderazgo y orientación. Es probable que el tono político se vuelva más rudo en el futuro, también porque se puede esperar que el presidente haga un nuevo intento de flexibilizar algunos monopolios estatales. También está por verse cómo los numerosos artículos de LUC, que son difíciles de entender incluso para algunos expertos, afectarán la vida cotidiana de los uruguayos.

Si Lacalle Pou pudiera continuar hacer valer su capacidad política respecto a los desafíos políticos como hasta ahora, los partidos gobernantes estarían preparados para la próxima prueba en las urnas. El 27 de septiembre, los ciudadanos uruguayos elegirán a todos los funcionarios regionales y locales. El «Partido Nacional» en particular espera beneficiarse de la presidencia de Lacalle Pou y poder ampliar aún más su papel como fuerza más importante en el interior del país.

[i] Vgl. https://www.kas.de/de/einzeltitel/-/content/lateinamerika-hat-sich-zum-neuen-globalen-hotspot-der-covid-19-pandemie-entwickelt, recuperado el 2 de junio de 2020.

[ii] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52837193, consulta del 7 de junio de 2020.

[iii] En los cinco años del gobierno de Tabaré Vázquez entre 2015 y 2020, los asesinatos aumentaron un 45% y las rapiñas un 53%. https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/homicidios-crecieron-rapinas-ultimos-anos.html, consulta del 3 de junio de 2020.

[iv] „Ley de Urgente Consideración“; debe ser tratada por el Parlamento dentro de 90 días. En caso de no suceder entre en vigencia.

[v] https://sso.elpais.com.uy/cas/login?showAs=paywall&service=https%3A%2F%2Fwww.elpais.com.uy%2Fcas-check&utm_source=article, consulta del 6 de junio de 2020.

[vi] Cifras de El Observador del 7 de junio de 2020, página 14.

[vii] https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/5/instituto-de-economia-de-la-udelar-concluye-que-en-abril-unas-100-mil-personas-cayeron-por-debajo-de-la-linea-de-pobreza/, consulta del 6 de junio de 2020.

[viii] https://www.antel.com.uy/institucional/sala-de-prensa/eventos/antel-presento-la-primera-red-5g-con-servicio-comercial-de-america-latina, consulta del primero de junio de 2020.

[ix] https://www.subrayado.com.uy/el-62-aprueba-la-gestion-del-presidente-lacalle-pou-segun-encuesta-equipos-n632785, consulta del 7 de junio de 2020.

En la actualidad China juega un rol protagónico. No sólo por la cuestión del coronavirus en particular, sino porque justamente esta pandemia nos ha mostrado que a través de las últimas décadas China ocupa un lugar muy importante en el sistema mundial. Posiblemente, demasiado importante.

La crisis sanitaria se ha transformado en una nueva oportunidad para los chinos. Por un lado, intentando transmitir un rol de país benefactor y solidario. Por otro, para reforzar estrategias políticas y económicas en distintos lugares del planeta. Y en medio de ello, se posicionan como los enemigos de Trump, o se dejan posicionar en ese lugar. ¿Cuál es el lugar de China hoy? ¿Cuál es su estrategia detrás de su accionar global? ¿Qué lugar ocupa Latinoamérica en ese plan? Preguntas varias que, hoy, ponemos Bajo La Lupa.

Nuestros invitados de hoy:

Frank Priess, director adjunto del área internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Juan Pablo Cardenal, autor de varios libros sobre el país oriental e investigador asociado al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne.

La República Popular China aprovecha la coyuntura de angustia global para dar un zarpazo definitivo a las libertades del territorio de Hong Kong, que ha pasado por protestas en defensa de sus libertades desde el año pasado. ¿Podrán las democracias soportar el expansivo autoritarismo chino?

Hace cuatro décadas cuando los nuevos regímenes de China y el Reino Unido reanudaron las conversaciones en torno al status de la ciudad de Hong Kong y sus territorios -bajo dominio británico desde las Guerras del Opio-, una coincidencia acercaba a ambos Estados: tanto el líder supremo de la revolución, Deng Xiaoping, como la primera ministro conservadora, Margaret Thatcher, habían iniciado sendos procesos de apertura económica. Para China, esto implicaba no sólo dejar atrás las décadas de aislamiento frente a Occidente, sino una eventual ruta de escape de la suerte de los socialismos reales. Para el Reino Unido, completando su repliegue postcolonial, significaba poner como prioridad los criterios económicos y modernizadores en su diseño de políticas.

Hong Kong, celebrado por economistas neoliberales como bastión del libre mercado, gozaba de relativas libertades económicas y seguridad jurídica, pero no alcanzaba aún importantes avances en libertades políticas. Importantes analistas pasaron los ochentas y noventas, aún con la masacre de Tiananmen de por medio, bajo la expectativa de que la transformación económica China implicase una eventual transformación hacia la democracia. Está expansión económica del país asiático estrechó lazos con todas las redes económicas productivas de Occidente, convirtiéndolo en el centro de la manufactura mundial, y logrando una interdependencia cuya magnitud histórica apenas empezamos a comprender.

Cuando el príncipe de Gales, el gobernador Chris Patten y el primer ministro Blair vieron el descender del Union Jack por última vez sobre los dominios hongkoneses en 1997, el proceso de demandas de más libertades de esa sociedad motivó la negociación de un estatus de relativa autonomía a la región dentro de China. Los ciudadanos de Hong Kong gozaban de libertades limitadas, pero crecientes e inconmensurables con la China continental. «Un país, dos sistemas», rezaban los eslóganes del tiempo, mientras más y más ciudades chinas aumentaban su poderío económico y disminuían la importancia relativa de la región autónoma.

La existencia de estos dos sistemas, con inevitables tensiones, se hizo insostenible con el ascenso de Xi Jinping como premier chino. La reafirmación de la soberanía unitaria de China tenía en la excepcionalidad de Hong Kong un consistente desafío, que generaba tensiones culturales y económicas entre los territoriales y los continentales, y hacían aparecer el fantasma de la independencia. Imponer un solo sistema implicaba allanar las libertades alcanzadas en los noventa, pero también la independencia del sistema judicial como pilar de su seguridad económica. Beijing ha bloqueado consistentemente las expansiones del derecho al sufragio y la autonomía de las autoridades electas en esa metrópoli, y se ha propuesto imponer un estatuto de seguridad que minimice ese estatus autonómico y expanda los poderes de las fuerzas del Estado chino sobre ese territorio, provocando originales y valientes protestas reprimidas con violencia. Recuerda a los episodios de imposición soviética en Europa del Este, con el añadido de ser China el Estado vigilante más avanzado y penetrante del planeta, cuya feroz propaganda califica a los demócratas chinos de agentes pagados por las potencias imperialistas.

La respuesta de las cancillerías occidentales, complicada por la guerra comercial de EEUU y China, y los problemas de la pandemia global, ha sido la condena a las acciones de ese país, pero sin capacidad de frenar lo que para del régimen comunista es una acción ejemplarizante. Y esto pone a las democracias en una extraordinaria paradoja: la única presión real de Occidente es limitar el estatus preferencial migratorio, comercial y financiero de Hong Kong, de modo que cueste algo al gobierno de Beijing, pero con el probable efecto de destruir las capacidades económicas de la sociedad hongkonesa, y el riesgo de un colapso financiero en Asia impredecible en un sistema global ya frágil.

Probablemente, la situación de los demócratas de Hong Kong y quienes les apoyan sea insostenible. En América Latina, donde la apertura a China le ha permitido ocupar la posición de preferente socio comercial de casi toda la región, la demanda de más libertades puede verse oscurecida de manera aguda en países dentro de su celosa esfera de influencia, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero aún más allá. ¿Seguiremos privilegiando el equilibrio de mercado ante las necesidades democratizadoras? Posiblemente, este sea el precio de pagar por la cándida expectativa de las mentes más brillantes de una era pasada: que las democracias pueden quedar desamparadas si las autocracias son lo suficientemente ricas para imponerlo.

Pasaron algo menos de 90 días desde que la OMS le asignó el status de pandemia al COVID-19. Superada la conmoción inicial, que tuvo una traducción positiva en la popularidad de la mayoría de los presidentes de la región, un nuevo ciclo comenzó a emerger. La crisis del coronavirus pasó de la incredulidad a la asimilación; el clima de unidad frente a la amenaza externa se atenuó y el conflicto político recuperó terreno en la mayoría de los países.

¿El desgaste producido por las cuarentenas largas está haciendo mella en la popularidad presidencial? ¿Quienes reaccionaron tarde pudieron reencarrilar la situación? En otras palabras, ¿cómo evoluciona la imagen de los mandatarios en este segundo tramo de la pandemia? En este informe respondemos estos interrogantes a partir de información de 150 encuestas de opinión realizadas en 17 países de América Latina, América del Norte y Europa.

En la primer entrega de nuestro estudio (abril), analizamos cómo la pandemia tuvo, en promedio, un impacto positivo de 10 puntos porcentuales en la popularidad de los presidentes de la región. En un ciclo inicial la crisis del coronavirus  le permitió a muchos presidentes recuperar la iniciativa pública. Esto ocurrió en casos tan heterogéneos como Argentina, Bolivia, Chile, Canadá, Colombia o Perú. Pero hay otros, como Brasil, México y EEUU, cuyos liderazgos se vieron desafiados. En términos generales, las medidas de aislamiento social dieron un espaldarazo a la aprobación presidencial y los mandatarios más reacios pagaron un costo por la respuesta tardía. Cómo siempre, hay excepciones. Sería impreciso sostener que todos los presidentes perjudicados fueron quienes evitaron las políticas de aislamiento nacional estricto. El caso de Uruguay, por más particular que sea, demuestra una conciliación posible entre políticas de distanciamiento social sin aislamiento y un alto respaldo al presidente.

El denominador común viene de otro registro y es la subestimación del impacto de la pandemia. La escenificación pública de una liviandad frente a la crisis sanitaria y la contestación abierta al diagnóstico mayoritario. Con diferentes intensidades, Bolsonaro, Trump y AMLO han transitado alguna vez este camino.

Al analizar los datos pudimos observar tres grandes grupos con efectos divergentes en la opinión pública: los que incrementaron los niveles de aprobación de gestión, los que sufrieron mermas y los “ni-ni”. Entre los países cuyos presidentes aumentaron sus niveles de popularidad están Canadá, Argentina, Chile, Colombia, Francia, Italia, Perú y Uruguay. Las naciones en donde sus mandatarios cayeron en las encuestas son Brasil, Reino Unido, España y México. Entre los “ni-ni” que ni subieron ni bajaron aparecen Estados Unidos, Bolivia y Ecuador.

La incógnita actual es la trayectoria de estas tendencias. Lo que está en juego hoy es la evaluación de los presidentes gestionando. Ya no es solo su reacción ante la crisis, sino la acción política de sus gobiernos. ¿Se trata de burbujas de entusiasmo o de nuevos ciclos de opinión pública?

La información clarifica la pregunta. En primer lugar, el alza en la popularidad paró. En el reporte anterior hicimos mención a un efecto rally around the flag que describe cómo la existencia de determinados episodios críticos en la historia de un país generan un realineamiento momentáneo de los respaldos detrás de su máximo líder. En abril encontramos una mejora sustantiva en la imágen presidencial de la región. Pero hoy observamos que ese shock inicial de popularidad se estabilizó, y en algunos casos está empezando a decrecer.

Los datos muestran que los presidentes que incrementaron su aprobación  subieron por un ascensor y los que tuvieron bajas en la opinión pública fueron por la escalera. Bolsonaro cae paulatinamente. Trump lo hace milimétricamente. AMLO parece haber frenado la caída, dió un nuevo marco a su posicionamiento y recuperó cierta iniciativa. En cualquier caso, no hemos registrado en estos dos meses caídas abruptas en la aprobación de los presidentes analizados. El fenómeno es interesante para continuar evaluando la resistencia de ciertas coaliciones sociales aún ante los efectos de la pandemia.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/cc1932d7-ee01-4579-b442-22eff1d5ae75?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Hasta acá vemos que la pandemia configuró dos ciclos de opinión pública. En una primera instancia, ante la llegada de la crisis, un grupo mayoritario de líderes incrementó súbitamente su popularidad (con distinta intensidad) y el resto registró caídas, pero más moderadas (aquéllos subieron por ascensor, éstos bajaron por escalera). Una vez pasado el shock inicial, parecemos acercarnos a un nuevo punto de equilibrio: los presidentes que subieron comienzan a bajar algunos puntos y los que habían bajado detuvieron el retroceso de su imagen.

El clima de unidad que dominó en la mayoría de los países ante la irrupción de la crisis sanitaria hoy ya no está presente. Los mandatarios están expuestos a una mayor conflictividad interna. En Europa los líderes transitan la senda de la desescalada del confinamiento con la meta de evitar un rebrote de contagios. En América, los presidentes que llevan adelante cuarentenas largas evalúan cómo ingresar a la “nueva normalidad” para darle aire a la actividad económica sin que por ello colapsen sus sistemas sanitarios. En unos pocos países del continente el tan temido pico ya llegó, trayendo no solo severas consecuencias en términos de muertes sino también interrogantes para los liderazgos presidenciales. En algunas naciones concretas, las crisis sanitarias se tradujeron en crisis políticas.

Más allá de los efectos de la opinión pública en el ciclo inicial de la pandemia, el recorrido será largo y los Presidentes deberán usar con inteligencia su capital político disponible: a medida que se atenúa la amenaza del coronavirus, crecen las consecuencias nocivas de la recesión económica y esto plantea nuevos problemas y desafíos, especialmente a los mandatarios de Latinoamérica.

El pasado 24 de abril de 2020, el gobierno de Argentina comunicó a sus pares del Mercado Común del Sur que su país dejará de participar “en las negociaciones de los acuerdos comerciales en curso y de las futuras negociaciones”.

A los pocos días, Argentina revió su posición y anunció que seguirá siendo parte de las negociaciones externas. Más allá de este ida y vuelta de comunicados, las señales dadas por el gobierno que encabeza Alberto Fernández sirvieron para reavivar una nueva incertidumbre en un bloque que está en crisis hace más de una década. Pero también es una motivación para transformar esta situación en una oportunidad de modernizar al Mercosur. 

Apertura hacia el mundo

Un reciente trabajo publicado por KAS, analizó el “futuro posible” del Mercosur. No pasa ni por refundar ni por terminar con el bloque. Sino más bien por promover una mo­dernización que lo acompase a los tiempos actuales.En este sentido, se plantean diferentes propuestas para avanzar con dicha modernización. Resulta clave focalizar el debate sobre el Mercosur en propuestas concretas. Más aún en este contexto actual en el que la región deberá hacer frente al impacto de la pandemia Covid-19. Se trata de un hecho sin precedentes, tanto en términos sanitarios como socieconómicos, en la región. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ajustó drásticamente las previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe. Mientras en enero de 2020, calculaba una expansión del PBI regional del 1,6%, actualmente estima una caída de entre 1,8% y 5,5%.

Los países del Mercosur se verán especialmente afectado por la reducción de los precios de los productos básicos; la actual dislocación de los mercados financieros y la caída de los flujos de entrada de capital.

A este shock de oferta se le sumará una importante caída de la demanda dado que sus principales socios comerciales se verán afectados de igual manera.Una vez superada la crisis sanitaria, seguramente enfrenten un escenario donde los países, en especial los desarrollados, llevarán adelante políticas comerciales más restrictivas.

Ante estas dificultades, el Mercosur debe responder de manera coordinada, con más integración hacia el interior del bloque y al mismo tiempo más apertura hacia el mundo.

Propuestas de modernización

Primero, es necesario poner sobre la mesa que, si se toman los 483 acuerdos comerciales regionales (ACR) notificados a la OMC, aproximadamente el 90 % de estos acuerdos son zonas de libre comercio, y el restante 10 % representan herramientas de integración más profundas, como la unión aduanera, por ejemplo. Es decir, Mercosur ha avanzado hasta donde la mayoría de los acuerdos ha llegado (ZLC) y es importante consolidar eso. Pero no pretender llegar a horizontes complejos de difícil logro por economías tan heterogéneas entre sí.

La modernización del bloque parecería el camino a seguir. Entonces, ¿por dónde empezar esa transformación?

Es decir, ¿cómo transformar en políticas concretas una modernización que tenga como eje la flexibilización en la pertenencia de los miembros al bloque sin que ello implique darle la espalda al proyecto de integración? En los puntos siguientes planteo algunos pasos concretos que podrían ser adoptados por los miembros del bloque.

Un primer paso de este proceso de modernización debe promover la señal clara de los miembros de ratificar la consolidación y profundización de la zona de libre comercio ya existente, dando certeza a todos los actores económicos de los países miembros que los beneficios regionales ya adquiridos no estarán jamás en duda.

Esta consolidación debe estar en el papel y no en las palabras. Cumplido este primer paso, se debería preparar la plataforma institucional para fomentar un mayor dinamismo del bloque a través de acuerdos internacionales, ya sea mediante acuerdos bilaterales de sus miembros o acuerdos que se decidan negociar en conjunto.

Negociaciones combinadas

En el plano de las negociaciones como bloque, un paso concreto para la flexibilización sería el que se consideró para el recién concluido (aún sin firmarse) acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que incluye la figura de la ratificación bilateral. Es decir, una vez que el acuerdo se firma, cada país que ratifique el acuerdo podrá comenzar a hacer uso de este sin que sea necesario esperar a los demás miembros del bloque. Este paso ya dado en diversos acuerdos del bloque debería tomarse como la norma de aquí en adelante.

En el plano de avances bilaterales, cada país debería tener la libertad de avanzar bilateralmente en acuerdos con países que sean de su interés. Y para que esto sea dentro de un marco equilibrado y transparente se podría considerar, por ejemplo, cláusulas que presenten una lógica de transparencia más que de consulta o “veto”. Acuerdos recientes en otros bloques comerciales, ya han determinado mecanismos en los que se establece que si uno de los socios desea comenzar un acuerdo comercial con un tercer país externo al bloque deberá avisar (no consultar) a los socios antes de iniciar las negociaciones.

Hay que remover la lógica de “veto” que hoy existe en el bloque, para hacer más dinámicas las negociaciones de aquellos que quieran llevarlas a cabo. También podría considerarse la idea de negociar acuerdos en los que, al inicio de las negociaciones con terceros países, el Mercosur se presente como bloque y se negocien, en conjunto, temas generales como cooperación internacional; y luego se pase a negociaciones bilaterales para aquellos temas más específicos como comercio e inversiones.

En definitiva, cualquier debate sobre la modernización del bloque que se concrete en el futuro deberá tener como ejes centrales la claridad y la transparencia para trazar un mapa de ruta que genere certezas y no más incertidumbre de la que ya existe en los mercados internacionales. Mercosur, como mercado, debe ser un trampolín de las exportaciones regionales y no un tobogán donde todo confluye hacia un mismo destino creando mayor dependencia y vulnerabilidad.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/e16800f1-3c06-4a23-ab8b-0cfae4bfd713?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Para descargar la versión en PDF de este libro, haga click en el siguiente enlace:

Descargar PDF

[et_bloom_locked optin_id=optin_3]

Descargar PDF

[/et_bloom_locked]

Las personas, por lo menos las reales, se equivocan. Resaltar ese hecho evidente y lógico es el principal aporte de ¨Nudge (Un pequeño empujón): El impulso que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad¨ de Richard Thaler, Premio Nobel en Economía y Cass Sunstein. Un mensaje con sentido común, eso es lo conseguido en este libro. En un mundo atravesando una de sus más complicadas crisis, enfrentar las consecuencias que aguardan requerirá principalmente de eso: sentido común.

Es anticuado ver a las personas como entes únicamente racionales, quienes, sin importar la circunstancia, eligen perfectamente en cada ocasión.  Esa evidente realidad es señalada por Thaler y Sunstein. Citando varios estudios constatan que las personas actúan de manera irracional y cometen errores sencillos. Para entender ese comportamiento, los autores señalan que en cada persona convive un lado racional (reflexivo y consciente) y otro automático (impulsivo, intuitivo e irreflexivo). Alrededor de ambos, determinantes en sus respuestas, existen presiones sociales, problemas de autocontrol, sesgos y falta o sobrecarga de información.

Entonces sí, las personas normales actúan por intuición, de manera impulsiva, tienen problemas con la información y cada contexto influye en sus decisiones. Se puede ser muy ingeniosos algunas veces y muy ingenuos en otras y es que la racionalidad de las personas falla en diversas ocasiones, ese es el mensaje que Thaler y Suntein se concentran en promover.

Bajo esta lógica, la misma del mundo real, diversos detalles tienen un peso en las decisiones. Sin embargo, los autores señalan que dentro de ese complejo comportamiento existen identificables tendencias. La racionalidad de las personas falla de manera predecible. Específicos contextos representan mayores problemas. Es decir, algunos errores y conductas se repiten con circunstancias demasiado similares.

Dado que ciertos contextos influyen en las decisiones de manera predecible, Thaler y Sunstein proponen leves ajustes en esos escenarios para mejorar notablemente los resultados. Empujar levemente (Nudge) las decisiones hacia mejores opciones, es así como lo plantean. Pese a que utilizan otras palabras, el fondo de la propuesta es utilizar ciertos estímulos para inducir una adhesión a opciones que debiesen ser más beneficiosas.

¿Y quién se encarga de estos ajustes o empujones? Esa es la parte complicada. Algunos están pensados como consejos para mejorar aspectos personales (dejar de fumar o dormir mejor). Sin embargo, desde el comienzo de su libro, Thaler y Suntein reconocen que el objetivo principal está en remodelar, reinventar y efectivizar las políticas públicas.

Gobiernos direccionando las decisiones de las personas, esa es la critica hacia los autores. Ellos responden que estos empujones (Nudges) son simplemente ayudas y no restringen la libertad de elección. Se mantienen todas las opciones. Colocar la fruta a la altura de los ojos en colegios cuenta como un empujón. Prohibir la comida chatarra no. Es así como defienden su propuesta. Además, enfatizan que ningún escenario es neutral. El orden en que son presentadas las opciones, se haya dado de manera aleatoria o no, influye en las elecciones.

Sin duda, lo hecho por Thaler y Suntein es una importante revisión académica de como las personas deciden. Pero pocos se sorprenderán, o eso se esperaría, al saber que el entorno a menudo es determinante. Tampoco habrá mucho asombro al conocer el peso que tienen en las decisiones recientes experiencias, prejuicios fundados en base a la opinión de las mayorías, aversiones a perder cualquier cosa que altere mi estado actual, la inercia de seguir con lo preestablecido y el orden o visibilidad en que son presentadas las opciones o información.

Pero el trabajo de Thaler y Sunstein merece ser grandemente aplaudido. Primero, porque es un mensaje con sentido común de cómo funciona el mundo real y eso es con personas que se equivocan. Pero el libro tampoco supone una doctrina del perdón, corregir los errores (gubernamentales o cualquier otro) es algo aparte. Segundo, porque es un empujón, como dirían ellos, para no poder de enfoque los pequeños detalles. A realizar estudios, análisis y acciones observando el amplio espectro de factores que inciden, en este caso, en las decisiones.

“And indeed, just think: in many ways, body and soul, I have been more a battlefield than a human being.” ― Friedrich Nietzsche

«Y de hecho, solo piense: en muchos sentidos, cuerpo y alma, he sido más un campo de batalla que un ser humano». – Friedrich Nietzsche, carta a Peter Gast

En Uruguay, la crisis del COVID-19 casi coincidió con el cambio de gobierno. Menos de dos semanas después de que un gobierno de centro bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou asumiera el cargo, el 13 de marzo de 2020 ocurrieron los primeros casos. Desde el principio, el gobierno ha seguido una línea clara que ha continuado hasta nuestros días. Los elementos principales de esta estrategia fueron el llamado a un sentido de responsabilidad entre la población y la comunicación transparente de crisis.

Uruguay cerró rápidamente sus escuelas, centros comerciales, instituciones públicas y las fronteras, salvo algunas excepciones. Más tarde, el país aprobó la obligatoriedad del uso de barbijos en los supermercados y en el transporte público. Sin embargo, nunca hubo un toque de queda o un cierre obligatorio de restaurantes y comercios. En cambio, el presidente Lacalle Pou habló repetidamente de «libertad responsable” y pidió a sus compatriotas que siguieran las recomendaciones del gobierno.

Este lanzó una amplia campaña de información y pidió a la población, por ejemplo, que abandonara el hogar lo menos posible y que no viajara a otras partes del país. Carteles y letreros luminosos en todo el país llamaban a «quedarse en casa» y a estar informados sobre las normas de higiene. Los agentes del orden llamaron la atención sobre las medidas de distanciamiento social y distribuyeron barbijos. Todo esto fue acompañado por una aplicación de uso voluntario. Inicialmente, su objetivo era solamente brindar información, pero ahora podrá comprender una función de seguimiento anónimo en cooperación con Google. Esto último no tuvo consecuencias políticas explosivas en el país.

Es destacable además la comunicación regular y transparente del gobierno. Durante los primeros días de la pandemia, se realizaron diariamente conferencias de prensa en las que el mismo presidente u otros miembros del gobierno informaban sobre el número de casos y las últimas medidas. Más tarde estas conferencias se realizaron con menos frecuencia. Se evitó en forma sistemática cualquier retórica triunfalista respecto al éxito propio, mientras que el presidente enfatizó que el desarrollo positivo se debía a la disciplina de los ciudadanos.

El «camino uruguayo», como el propio Lacalle Pou llamó a esta estrategia, parece haber tenido éxito hasta ahora. Nunca ha habido más de 50 nuevas infecciones confirmadas en un día, y las capacidades de testeo se han ampliado a más de 1000 diarias. Con un total acumulado de 826 casos confirmados de corona y 23 muertes el 3 de junio, el país con 3,4 millones de habitantes hasta ahora ha tenido un desempeño extremadamente bueno en comparación con los otros.

Después de que las nuevas infecciones diarias confirmadas se redujeran mayoritariamente a menos de diez por día, se inició una cuidadosa reapertura de la vida pública y de varios sectores de la economía. Restaurantes, cafés, fábricas, comercio minorista e instalaciones públicas se abrieron nuevamente, mientras se implementaban protocolos de higiene (reglas de distancia, mediciones de temperatura, uso de barbijos). Las escuelas también deberían reabrir lentamente. Mientras tanto, se puede observar un descuido creciente de la población en cuanto al seguimiento de las recomendaciones higiénicas.

Uruguay fue el primer país de la región en reducir temporalmente hasta en un 20 por ciento los salarios altos del sector público, incluyendo al presidente y al equipo del gobierno. Los ahorros se utilizaron para poner en marcha un “Fondo Solidario Covid-19”, que se utilizará para financiar servicios de apoyo, como trabajo “part time” o ayuda estatal para empresas unipersonales. Como resultado de estas medidas, además de los paquetes de ayuda para los sectores vulnerables socialmente y empleados del sector informal, las demandas de la oposición de expropiación, impuestos especiales, un ingreso básico incondicional y una cuarentena obligatoria no tuvieron éxito. Por el contrario, el gobierno se benefició significativamente. Mientras tanto, la aprobación del liderazgo de Lacalle aumentó al 65 por ciento en las encuestas, mientras que solo alrededor del 20 por ciento de los encuestados calificaron como malo el trabajo del gobierno durante la crisis.

En general, la crisis del COVID-19 corona hasta el momento ha provocado poco potencial para la división social. Hasta ahora, la principal crítica al gobierno ha sido que, a pesar de la crisis, ha ingresado al Parlamento una ley de urgente consideración (llamada LUC) que comprende un paquete de temas relacionados particularmente con las áreas de seguridad, educación y economía, y que será debatida en sesiones maratónicas.

Con respecto a la dimensión internacional de la crisis, el gobierno y la ciudadanía están particularmente preocupados por la situación en Brasil, con el cual Uruguay comparte algunas localidades y cuya frontera seca no se puede hacer impermeable. La noticia del creciente número de casos de otros países y la acción errática del presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, en Uruguay seguramente contribuyeron a que la mayoría de la gente se adhiriera a las recomendaciones del gobierno. China ofreció suministros médicos y el embajador chino informó al presidente de sus experiencias en su país, pero esto fue solo una nota al margen para la opinión pública. Una desviación hacia estilos de gobierno autoritarios o antiliberales es tan poco probable en Uruguay, así como tampoco lo es un realineamiento de la política exterior como resultado de la crisis. Esta política continúa orientada hacia el multilateralismo, el libre comercio internacional y la integración regional. También es de esperar que Uruguay, más pronto que tarde, esté dispuesto a reabrir en gran medida sus fronteras.

Traducción: Manfred Steffen

Con la llegada del COVID-19, pandemia que afecta en forma transversal al planeta, el gobierno uruguayo se ha visto obligado, entre otras cosas, a posponer las elecciones departamentales y municipales establecidas para el próximo 10 de mayo y realizarlas el 27 de setiembre del corriente año.

Esto trae como consecuencia multiplicidad de cambios, que se originan básicamente en las distintas medidas que ha tomado el gobierno para palear la emergencia sanitaria que se generó. Una de esas medidas preventivas es el distanciamiento social, medida que ha resultado ser la más efectiva realizada hasta el momento y que seguramente se prolongue por un tiempo indefinido.

Las campañas electorales departamentales y municipales tienen características particulares, diferentes de las nacionales, debido a factores geográficos y poblacionales con un territorio de ciudades y pueblos relativamente pequeños. Esto facilita la cercanía permanente de los candidatos con sus votantes.

Estas campañas tienen una estructura tradicional que comprende candidatos recorriendo permanentemente los barrios y en contacto directo con la gente, la militancia aglomerada en los distintos comités políticos, caminatas masivas por las calles, reuniones en casas de familia, movilizaciones en ferias, plazas y centros comerciales. Todas estas actividades cumplen la función de conseguir el “face to face” con los vecinos. Con la “nueva normalidad” de distanciamiento social que se plantea, esta estructura de campañas electorales que acostumbrábamos, estaría destinada a desaparecer en el corto plazo.

Como consecuencia de ello, se generaría un cúmulo de limitaciones que si no se consideran a tiempo, podrían comprometer el resultado de quienes se presenten en la búsqueda del voto popular, principalmente en los casos donde la intención de voto es más ajustada. Al mismo tiempo se podrían beneficiar en mayor medida aquellos candidatos más conocidos por la población. Considérese que ante la poca o nula exposición de los nuevos candidatos en el territorio, inevitablemente la gente optaría por lo que ya conoce.

Otro punto a considerar que no parece menor, es el cambio en los acuerdos entre los referentes de los distintos grupos políticos y los candidatos, que al momento en que el órgano electoral resolvió postergar las elecciones, estaban en su mayoría definidos o casi definidos. Con las medidas tomadas y cambio en los plazos, se estaría generando una nueva ventana de tiempo que podría permitir reconsideraciones por parte de los grupos políticos y crear nuevas alianzas, que seguramente puedan favorecer a unos y perjudicar a otros.

La postergación de las elecciones conlleva a que las autoridades actuales del segundo y tercer nivel de gobierno, los intendentes, ediles, alcaldes y concejales salientes, deberán mantenerse en sus cargos durante cinco meses más de lo que establece la Constitución. Por otro lado, las nuevas autoridades electas permanecerán cinco meses menos en dichos cargos. Lo antedicho es muy importante, porque podría incidir en la negociación de las alianzas previas a la elección, ya que todas las partes seguramente querrán considerar ese cambio temporario.

La llegada de la pandemia fue tan sorpresiva, que al inicio parecía que el foco iba a estar puesto solamente en el plano de la salud. Con el paso de los días se visualizaron otras afectaciones secundarias que recayeron en las distintas áreas que hacen a la vida normal de los países y de las personas. No es posible hoy evaluar ni el daño, ni la duración de la afectación ni la recuperación hasta que todo esté funcionando de forma habitual.

Ante el advenimiento de un nuevo tiempo, se darán numerosas preguntas y discusiones que aún permanecen sin respuesta. La realidad de cada departamento, municipio, grupo político y candidato/a, genera situaciones totalmente diferentes. Por ese motivo es imprescindible que quienes se postulen para las elecciones de setiembre actúen en consecuencia, realizando un análisis de cada situación, buscando los mecanismos necesarios para adaptarse rápidamente a esta nueva normalidad en vista a la próxima campaña electoral. Sin duda no se deberá perder de vista la importancia que tiene para el votante sentir la cercanía del referente político.

Con el necesario cambio de perspectiva debemos buscar soluciones que permitan dar respuesta a las distintas interrogantes que la situación genera. Lo que hasta hace poco más de un mes era impensado y que hoy muestra una realidad adversa, nos reclama el uso de todas las capacidades y nos da la oportunidad de explorar nuevas herramientas sustitutivas para conservar el vinculo con los electores, relación  que no puede perderse. Dentro de lo que podemos incorporar, estaría el uso más adecuado de las nuevas tecnologías (Tic’s), las redes sociales y por qué no,  reavivar la utilización de algunos medios tradicionales de comunicación que parecían obsoletos. Eso nos permitiría encauzarnos hacia una salida rápida y transitoria a la nueva normalidad, manteniendo el valor democrático que tienen las elecciones departamentales y municipales en tiempos de COVID-19.

«Mi hogar está donde amanecen mis zapatos» es la frase que me enseñó Daniela, una buena compañera brasileña de maestría para ayudarme a superar el techaga’u añoranza, en idioma guaraní, en Costa Rica, mientras tenía estatus de migrante no autorizado a trabajar. Debía terminar mis estudios de posgrado como fuera. Estaba allí gracias a una beca de la Fundación Konrad Adenauer, no podía fallar. Yo repetía la frase de Daniela como un mantra día tras día, mientras avanzaba en mis estudios tratando de no detenerme a pensar en cuánto extrañaba a mi país, mis amigos, mi familia y el delicioso aroma a carne asada de los domingos.

Aun con el dolor que implica la distancia, sabía que era una migrante en condiciones muy por encima favorables de las que tiene el paraguayo migrante promedio: estaba estudiando, tenía una beca, un seguro médico, un techo y una familia que me adoptó con afecto. Mi experiencia laboral previa a la maestría me había permitido leer cientos de expedientes de paraguayos en situación de vulnerabilidad que solicitaban asistencia para retornar al país, la mayoría de ellos asentados de manera más o menos regular en España, Argentina y Brasil. Madres, esposos, hijos, incluso abuelas que habían emprendido una hazaña en busca de mejores ingresos y consecuentemente un mejor porvenir para los suyos. Al partir, el éxito era una posibilidad, una esperanza, mientras que permanecer en Paraguay era entregarse a la certeza de seguir padeciendo las limitaciones de la pobreza y la desigualdad de oportunidades.

Si bien yo conocía historias de vulnerabilidad y tropiezos, cabe destacar la gran cantidad de casos de éxito y superación de paraguayos en el exterior a lo largo de estos años, y más que historias son indicadores socioeconómicos que lo hacen evidente: las remesas llegaron a representar el cuarto rubro de ingreso de divisas en el año 2010, una inyección directa a la economía familiar. Cientos de familias pudieron acceder a una vivienda digna, a estudios universitarios y a mejores condiciones de vida gracias al esfuerzo de los suyos que habían decidido migrar. A otros les había ido tan bien que retornaron al país con ahorros y estos se convirtieron en capital operativo de nuevas mipymes que dan mano de obra a otros compatriotas. Externalidades positivas.

La realidad actual es que miles de paraguayos siguen siendo migrantes por motivos laborales y académicos. No me adentraré en este último aspecto, pero la educación en Paraguay es materia pendiente en todos los niveles, y yo lo padecí en carne propia cuando fui a la universidad y por primera vez experimenté la educación pública. Esto me motivó a realizar un posgrado en el exterior.

La migración de paraguayos por motivos laborales está fuertemente vinculada a trabajos temporales, precarios, de subsistencia. Un importante porcentaje corresponde a empleos en manufacturas y servicios en Brasil y Argentina; en estos casos, a una frontera de distancia, existe la posibilidad de retornar o visitar a sus afectos con cierta periodicidad y facilidad.

Es sábado de noche. Las fronteras están cerradas. Hay 10 ºC de temperatura en el Puente de la Amistad, por donde antes de que todo estallara o, mejor dicho, se detuviera, transitaba el intenso comercio entre las ciudades de Foz do Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Hace frío y un centenar de connacionales acampan en el puente deseando poder ingresar a su país de origen. No hay dónde correr. Atrás está Brasil, un país que se posiciona como el nuevo epicentro de la pandemia con medio millón de casos y casi treinta mil muertes por COVID-19; delante están los barrotes del paso migratorio del país que tuvieron que abandonar por falta de oportunidades.

Paraguay lleva más de 60 días en cuarentena. Al margen de las críticas, debemos reconocer que se actuó a tiempo. El motivo para acatar las medidas fue muy fácil de entender para la población: aun en tiempos de normalidad, el sistema de salud de Paraguay es deficiente y de ninguna manera aguantaría el pico de una pandemia. Estábamos saliendo de un brote de dengue y entendimos que este extraño virus es mucho más contagioso y letal. Obedecimos y respetamos las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y así, con una recesión económica que golpea duramente y tratando de reinventar la actividad económica con delivery, videoconferencias y todo lo que nos permita avanzar y al mismo tiempo mantener distanciamiento físico, aquí, en esta isla rodeada de tierra, tenemos solo mil casos confirmados y once decesos.

Ante la avalancha de compatriotas en el exterior que deseaban retornar al país, porque las empresas donde trabajaban cerraron, porque las universidades cancelaron sus clases o porque sintieron en peligro su salud, la respuesta y la gestión no han sido fáciles para el Gobierno. Ya cuando estábamos por debajo de los cien casos, los reportes indicaban que la mayoría de los nuevos positivos correspondían a personas que habían retornado del exterior. La reacción de una ciudadanía en pánico fue cruel: «cierren las fronteras, que nadie entre», entendible por el miedo pero absolutamente violatoria de los derechos humanos y constitucionales. No quiero hacer un juicio de valor sobre la gente que abiertamente salió a decir «que no dejen entrar a nadie más»; solo espero que sus zapatos nunca tengan que amanecer sobre un puente o varados en un aeropuerto para entender lo que estaban pasando nuestros compatriotas.

La solución a esta problemática han sido los albergues, en su mayoría puestos militares u otros edificios públicos acondicionados y habilitados para que los paraguayos retornados de otros países guarden cuarentena obligatoria durante 15 días. Además de una prueba de COVID-19 al ingresar y al salir del albergue.

«Un total de 566 casos positivos de COVID-19 de los 778 registrados actualmente en Paraguay se encuentran en albergues habilitados por el Gobierno Nacional. […] Este número representa apenas el 16 % de las 3495 personas albergadas tras su ingreso al territorio nacional del exterior, y que deben cumplir la cuarentena de 14 días para recibir el alta y volver a sus hogares. Sin embargo, los 566 casos en los albergues representan el 71 % de todos los tests positivos que ha registrado hasta el momento el país […]. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, explicó recientemente que la mayoría de los casos positivos registrados en los albergues corresponden a personas jóvenes que venían del Brasil y que prácticamente no presentan síntomas de la enfermedad. Indicó además que la carga viral en estas personas es notoriamente elevada a los casos positivos que se han registrado fuera de los albergues». [1]

Según los números oficiales el 85 % de las personas que ingresaron a Paraguay en el contexto de la emergencia sanitaria (más de 3500 a la fecha), lo hicieron a través del Puente de la Amistad (frontera con Brasil); de este porcentaje, el 98 % proceden de San Pablo y alrededores, la ciudad brasilera con mayor índice de infectados y fallecidos por COVID-19 en el vecino país.

Las personas que migran no dejan atrás sus derechos cuando salen de su lugar de origen. La Declaración Universal de Derechos Humanos manifiesta en su artículo 13 que: «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país».

El valor de la solidaridad, que ha sido constante para ayudar a las personas más afectadas por la crisis económica con donaciones, ollas populares y otras iniciativas, fue el valor ausente ante El miedo y la ignorancia a lo desconocido. Gran parte de la ciudadanía desaprobó la gestión del Gobierno, que, ceñido al mandato constitucional, intenta asistir (con tremendas limitaciones) a la población migrante.

Mientras tanto, la frontera de Encarnación (Paraguay) con Posadas (Argentina) nos enseña cómo la acción de un gobierno local, con el apoyo de una ciudadanía organizada y un sector privado comprometido, puede dar soluciones que ni el Ejecutivo nacional logra articular.

Ante la intención de que los paraguayos varados en Posadas (en gran proporción oriundos de Encarnación), pasaran a guardar cuarentena en albergues de Asunción (a 350 km), el intendente encarnaceno, Luis Yd, salió al paso de esta situación articulando los mecanismos necesarios para que sus conciudadanos guardaran cuarentena en su ciudad (municipio que para ese entonces reportaba cero caso positivo). Una parte de la infraestructura hotelera de la ciudad, hoy parada por el nulo turismo, adecuó sus instalaciones para dar paso a la iniciativa Hotel Salud.

«Conseguimos que un hotel, a un precio accesible, pueda utilizarse para que este grupo de encarnaceños e itapuenses pueda cumplir con el protocolo que Salud establece, estando en su ciudad y cerca de sus familias, que es lo que desearíamos seguramente para cada uno de nosotros si nos tocara atravesar esta situación». [2]

Hoy Hotel Salud ha sido replicada por el Gobierno nacional y se ha convertido en un plan piloto para atender a los connacionales que puedan costear su estadía en aislamiento, lo cual ayuda a descongestionar los albergues públicos.

¿Quién no ha oído alguna vez hablar del efecto mariposa (o al menos de la película), ese inocente aleteo de un insecto capaz de hacerse sentir del otro lado del mundo? Este viejo proverbio chino se ha hecho ejemplo palpable en el virus de un murciélago en China que se expandió por toda la Tierra, por la interconexión de este mundo globalizado, un efecto que sentimos todos, no solo por la magnitud del impacto sino también porque nos hemos detenido —días, semanas o meses— a observar sus efectos, reflejados en cifras sanitarias y económicas que cambian y se actualizan fuera de control.

Son muchos los hechos que suceden y que afectan a la persona vecina, a la ciudad vecina, al país vecino o al continente más cercano, y que terminan repercutiendo en nuestras vidas, pero no nos detenemos a observar sus efectos. Y menos aún queremos hacernos responsables de las consecuencias de nuestras acciones sobre los demás, al momento de cuidar el ambiente o (no) ir a votar, por ejemplo.

La pobreza, la corrupción, la falta de oportunidades y las injusticias, ¿no son los factores que expulsaron a nuestros compatriotas hacia el exterior en busca de un mejor futuro? ¿Estamos listos para hacernos cargo de nuestras acciones y palabras y del impacto que tienen sobre otras personas?

La buena noticia es que las acciones positivas también pueden tener una reacción en cadena. Son los valores de la solidaridad y la empatía los que nos salvarán de esta crisis.

No nos salvan las fronteras y el egoísmo, aunque tengamos un razonamiento falaz que lo afirme; nuestra humanidad sabe que no es así. En las crisis es cuando más debemos fortalecer el tejido social, con las reglas de una nueva normalidad que, ante el impedimento de darnos un abrazo, nos ejercita a mirar a los ojos —las ventanas del corazón— para reconocernos de verdad.

Paraguayos somos todos los que nacimos en estos 406.752 km². Personas con dignidad y derechos somos todos los seres humanos. Amparados en nuestra Constitución nacional y en los tratados internacionales, aun cuando el miedo y la desesperanza se impongan, no olvidemos nuestra esencia.

Notas:

[1] Boletín de la Agencia de Información Paraguaya, del 17 de mayo de 2020, disponible en www.ip.gov.py.

[2] Declaraciones del intendente Luis Yd, en su perfil de Facebook: https://www.facebook.com/LuisYdIntendente/posts/1621867834633213

El aplauso en el Gran Salón del Pueblo es una bofetada a la gente en Hong Kong: el 28 de mayo, la nomenklatura comunista decidió destruir finalmente el estatus autónomo de la metrópoli. Poco tiempo después de la entrega del territorio autónomo a China en 1997, ya el poder autocrático de Beijing comenzó a restringir masivamente la libertad del pueblo de Hong Kong. Esto sucedió a pesar de que la República Popular había firmado un acuerdo y aprobado la Basic Law, la Ley Básica de Hong Kong, que otorgaba a la ciudad sus propios derechos hasta 2047, que se resumían en la fórmula «Un país, dos sistemas».

La Ley de Seguridad aprobada por Beijing —ignorando al Parlamento de Hong Kong— dice que todo lo que Beijing considere separatismo será severamente castigado. Para Beijing, por otro lado, cualquiera que no obedezca incondicionalmente al presidente Xi será visto como un traidor y un creador de divisiones en la patria. Específicamente, la nueva Ley de Seguridad significa para Hong Kong que quien se exprese a favor del estatus jurídico de la ciudad, por el orden democrático prometido por Beijing, puede terminar en prisión. Ya en 2003, China intentó impulsar una ley de este tipo, lo que enfureció a cientos de miles de ciudadanos de Hong Kong y los llevó a las calles. Finalmente, en 2019, el Decreto de Extradición tenía la misma finalidad. Dos millones de personas salieron en masa para enfrentar nuevamente a China. En las elecciones regionales de noviembre, Beijing recibió una sonora bofetada en respuesta al Decreto de Extradición: 18 de los 19 distritos de Hong Kong votaron por la opción democrática.

En setiembre se elegirá un nuevo parlamento en Hong Kong. Probablemente, Beijing no podrá mantener su mayoría y perderá ante el movimiento democrático. Para evitar que esto suceda, primero los principales representantes del campo libre fueron arrestados en abril. En este contexto, la ley ahora promulgada amenaza con destruir permanentemente la libertad y la democracia de Hong Kong. Esto le da al mundo un testimonio contundente de que no se puede confiar en la República Popular y su liderazgo comunista bajo Xi Jinping. Parece lógico entonces que el Reino Unido y Estados Unidos quieran imponer nuevas sanciones a China. Otros países libres deberían sumárseles.

Aparte de esto, hay que repensar los pilares de la política exterior determinados por China hasta el momento. Después de que «Un país, dos sistemas» fuera sostenidamente socavado por Beijing, debe examinarse la política de «Una China». Esta refiere a la relación de la República Popular de China con su país vecino, Taiwán. La democrática nación isleña ejerce la soberanía sobre su territorio: el país dispone de parlamento y gobierno, fuerzas armadas y su propia moneda. La nación es rica y el pasaporte taiwanés abre puertas en todo el mundo. Sin embargo, el liderazgo comunista en Beijing afirma que la isla es territorio suyo. De hecho, la República Popular nunca tuvo control sobre la isla. En la guerra civil china, la democracia fue derrotada por los rebeldes maoístas. El gobierno de la República de China —aún hoy es el nombre oficial de Taiwán—, voló a la isla vecina con alrededor de dos millones de partidarios.

El presidente Xi ha amenazado varias veces con conquistar y anexar militarmente el país si los taiwaneses no se entusiasman con estar bajo el paraguas de «Un país, dos sistemas», tal como en Hong Kong. En Taiwán, la gente se horroriza al ver cómo se destruye a la Hong Kong libre. Esto le dio a la candidata demócrata a la presidencia, Tsai Ing-wen, y a su partido un resultado récord y un segundo mandato como jefe del Estado.

La fórmula «Una China», que se puso en papel entre Taiwán y China en 1992 como una declaración legalmente no vinculante, declaró que ambas partes pueden reclamar su derecho a representar a China. La República Popular ha socavado por completo este compromiso y amenaza a las cadenas hoteleras y a las líneas aéreas con prohibir su ingreso a China si incluyen a Taiwán en su oferta en línea. China también ha perdido credibilidad aquí: la fórmula «Una China» murió hace mucho tiempo para Pekín. La comunidad global debería asumir esta realidad y fortalecer a Taiwán estableciendo relaciones diplomáticas plenas con la democracia isleña. El Hong Kong que conocíamos está gravemente herido y no solo a causa de la última ley de Beijing. Pero todavía hay esperanza de salvar al socio democrático Taiwán de la anexión por China.

En todo el mundo, donde la gente todavía tiene la opción de elegir entre el estado autoritario de vigilancia del Sr. Xi y el orden libre y democrático, la gente elige democracia. Es el modelo superior que eleva a las personas en su dignidad y libertad. Por eso, el mensaje que envían Hong Kong y Taiwán a los demócratas de todo el mundo es: no nos dejen solos en nuestra necesidad.

Traducción: Manfred Steffen

En general, América Latina, es un continente joven. No por su composición poblacional, que también lo es, sino por su historia y procesos. Pero la complejidad de lo que nos pasa, de nuestra historia y de nuestra esencia, está íntimamente relacionada con que, siendo un subcontinente con características comunes, desde el Río Grande hasta la Patagonia, somos también una parte de Occidente.

Cuando decimos Occidente, hablamos de esa civilización o de ese conjunto de naciones y culturas que tienen sus orígenes en Grecia, Roma y en el judeocristianismo. Esa civilización que tiene en sus alforjas descubrimientos como la democracia, los derechos humanos, el método científico, la culpa y la consciencia de que podemos y debemos actuar en libertad, preferiblemente guiados por los valores, y que esos actos tendrán consecuencias de cuyos resultados somos personalmente responsables. Cuando hablamos de Occidente hablamos de la filosofía y la antropología que define a la persona humana como un ser con dimensiones, una temporal y otra trascendente, una individual y otra colectiva. El descubrimiento de la persona, de su eminente dignidad y de valores y prácticas derivadas como la libertad, la justicia, la equidad, la fraternidad universal, el imperio de la ley y, en definitiva, la democracia, son logros de Occidente desde sus raíces hebreas, fenicias, griegas y cristianas.

Venezuela es, entonces, parte de América Latina y de Occidente. Somos hijos, algunas veces a regañadientes, del mestizaje, principalmente de tres razas; y digo a regañadientes, porque en oportunidades renegamos de algunas o todas nuestras ascendencias. Renegamos del hecho de que somos lo que somos por la influencia cultural de los africanos, los amerindios y los europeos. Pero, fundamentalmente, nuestras instituciones (incipientes después de 200 años de república), nuestra cultura, nuestra religión, costumbres, nombres y apellidos son fundamentalmente, para bien o para mal, e independientemente del proceso que nos trajo hasta aquí, las que heredamos de los europeos de la península ibérica que ocuparon estos territorios. Íberos que venían saliendo de varios siglos de dominación morisca y cuya influencia también es parte de nuestra herencia. Y es ese legado, con sus cosas buenas y sus cosas malas, lo que nos hace hoy occidentales; sí, a nuestra manera, pero occidentales.

Esa parte de Occidente que es hoy Venezuela. o lo que va quedando de nosotros, fue un pedazo de una colonia española. Luego, una de las primeras repúblicas independientes, y después pasó cien años de revuelta en revuelta, madurando, tratando de asentar las instituciones democráticas a las que naturalmente nos sentíamos compelidos pero que la tendencia, también natural, a seguir al hombre fuerte, nos hacía tan difícil conseguir. Pero la ambición de alcanzar una verdadera democracia, el imperio de la ley, la separación de poderes, la educación universal, el respeto a los derechos, seguía allí; todos estos sueños fueron esquivos e irrealizables bajo los cascos de los caballos y de las cenizas de todas las guerras de nuestro siglo XIX, hasta que estalló la paz, como alguna vez escribió Caballero.

Allí, en nosotros, siguió el ímpetu de ordenar al país, de lograr unas fuerzas armadas institucionalizadas, de poner los frutos del petróleo al servicio del desarrollo de aquel país agrícola y palúdico que se iba transformando a trancas y barrancas, con avances y retrocesos y gracias a nuestros mejores hombres. Algunos de ellos en el gabinete de Gómez, otros en la transición que fue construyéndose antes del 45 y allí seguimos, empeñados. Vino el trienio y de nuevo la dictadura, con sus luces y sus sombras, fuimos madurando y logrando el avance en el que se empeñaba una generación de visionarios que pudieron ponerse de acuerdo e inaugurar nuestro mejor período en 1958. Y es que esos visionarios, al igual que aquellos que luchan hoy por liberar a Venezuela, anhelaban conseguir una democracia de partidos, el respeto a la persona y sus derechos para lograr un país próspero y desarrollado.

Hemos estado retrocediendo por veinte años. Quienes asumieron las riendas del país, bajo la guía de los cubanos, fueron acabando sistemáticamente con todo lo que se había construido. En el empeño totalitario fueron desmontando el Estado, el sistema de justicia, la educación, los sindicatos, las fuerzas productivas y la poca libertad económica que existía antes de 1998. El proyecto, además, se fue complejizando en la medida en que el desmontaje del Estado y de la república fue incorporando por acción u omisión a un conglomerado de organizaciones criminales locales y extranjeras que subyugan hoy a nuestro pueblo, ocupan nuestro territorio y mediatizan lo que queda del Estado.

Ese proyecto destructivo, conducido por un grupo de comunistas con pretensiones totalitarias y sus socios criminales, incorporó poco a poco, como aliados, a dos de las potencias del mundo no occidental. Así, China y Rusia pasaron a ser, junto con Cuba y un puñado de tiranías, los socios de quienes hoy usurpan el poder en nuestro país.

Este es el punto sobre el cual es importante llamar la atención de nuestros aliados naturales en Occidente: Venezuela es uno de los tableros más importantes en los que podría estar definiéndose esta parte de la historia universal. Rusia, ese enigma que abarca desde las fronteras orientales de Europa hasta el Pacífico, ha seguido jugando el rol que quisieron jugar, sobre todo, en la posguerra. Pero ya desde 1941, cuando todavía los convoyes de insumos que enviaba Occidente a sus aliados soviéticos cruzaban el Atlántico norte a costa de muchas vidas angloamericanas, Stalin mostraba los impulsos de hacer crecer el imperio soviético, incluso a costa de la alianza. Y esta tendencia se hizo evidente a las horas de haberse levantado la reunión de Yalta, pues ya hacía presagiar la imposibilidad de un acuerdo de posguerra entre Occidente y Rusia. Esa misma tendencia es la que hoy pone a Rusia del lado de la tiranía de Maduro y no del lado de quienes luchan día a día por la libertad. Pero, además, es muy importante entender no solo la posición geográfica de Venezuela sino, por evidente que parezca, la importancia de los recursos que yacen en nuestro subsuelo.

Alguien podría responder, entonces, que esto es un debate agotado y que estas líneas se quedan estancadas en un conflicto superado después de la caída del Muro de Berlín. Y es justamente allí donde debemos poner el acento, en la idea de que hoy somos un escenario proxy de un conflicto mucho más grande, pero, además, resaltar con orgullo, a los ojos de propios y extraños, el hecho de que Venezuela es un país esencialmente occidental y es por esos valores por los que luchamos y por los que creemos que el apoyo de nuestros aliados es fundamental, no solamente para nosotros, sino para esa comunidad cultural cuyo legado, en parte, ha sido democracia, libertad económica y respeto a los derechos humanos.

Enfrente están los rusos, enfrente está la autocracia china, enfrente está el fundamentalismo islámico que también se ha convertido en socio de la tiranía venezolana. Y no es que estas líneas pretendan igualar las culturas y características de esas sociedades que hoy apoyan a Maduro; por supuesto que son diversas y tiene, cada una, sus intereses por los cuales, hoy, se aprovechan de la calamitosa situación de los venezolanos; pero siendo diferentes no calzan, no comparten, no viven aquello que los occidentales consideramos como logros y que tanto progreso, democracia y paz ha traído al mundo.

Desde Venezuela y con el apoyo estratégico de Cuba se pretende sembrar América Latina de regímenes totalitarios, se intenta propagar el caos e impulsar a los movimientos de izquierda revolucionaria y a sus socios que controlan el narcotráfico regional. Y China y Rusia buscan, uno, usarnos como moneda de cambio para sus intereses en el Medio Oriente y en Europa Oriental, y el otro, como un elemento más de su esquema de crecimiento global. Es cierto que a Rusia pueden faltarle recursos para proyectar su poderío globalmente y es cierto que los chinos podrían tener socios más confiables y ordenados en la región que el Estado fallido que es hoy Venezuela, pero lo cierto es que ambos países harán lo posible por mantener a Venezuela en la situación desastrosa en la que estamos.

Los venezolanos debemos comprometernos aún más con la causa de la libertad; nadie más que nosotros puede o debe ocuparse de resolver la situación de secuestro a la que se nos ha sometido y quienes usurpan el poder hoy. ¿Por qué arriesgar lo que haga falta? Pues porque allí afuera está un mundo globalizado, justamente cimentado sobre los hallazgos de Occidente, en el que una Venezuela libre podría rápidamente atraer inversión y generar empleo y riqueza para todos los venezolanos. Nuestro país cuenta con una posición geográfica privilegiada y tenemos los recursos humanos y naturales necesarios para comenzar a recorrer el largo camino al desarrollo.

Confiamos en que Occidente entiende la importancia del caso venezolano, para que esa comunidad de valores que hemos construido con el paso de los siglos pueda seguir fortaleciéndose. Lo que pasa hoy en nuestro país definirá, en buena medida, el destino de la región y de 700 millones de personas. Contener el avance de los regímenes de izquierda totalitaria y apoyar a la región en la erradicación del narcotráfico y de la corrupción masiva que se apoya en las estructuras financieras mundiales, serán acciones clave que arrojarán beneficios para todo el mundo. No estamos diciendo que Occidente está obligado a esto, pero lo solidario y lo estratégico para el desarrollo, para el crecimiento de la región y de la economía mundial es lograr una Venezuela libre y próspera cuanto antes.

Así como se logró en los Campos Cataláunicos frente a los hunos, en Poitiers contra el califato Omeya, defendiendo Viena de los otomanos, venciendo la amenaza totalitaria nazi y conteniendo el avance del imperio soviético durante toda la guerra fría, de esa misma forma será fundamental que Occidente pueda ayudar en el esfuerzo liberador que requiere hoy Venezuela, que América Latina pueda actuar en conjunto para defender a las democracias que aún existen y sobre todo trabajar en la integración que nos permita crecer en un mundo globalizado.

[advanced_iframe src=»https://player.simplecast.com/cc1932d7-ee01-4579-b442-22eff1d5ae75?dark=false» width=»100%» height=»200px» scrolling=»no» frameborder=»no»]

Los gobiernos son elegidos para representar a sus ciudadanos y para proteger sus intereses. A veces lo logran. A veces no. La opinión pública percibe y evalúa el accionar del gobierno. Esto se refleja en los índices de popularidad o aprobación que usualmente se miden mediante encuestas.

En este episodio de hoy queremos analizar esa popularidad, su variación y su redimensionamiento a partir del contexto actual de crisis sanitaria. Es decir, hoy ponemos todo eso Bajo La Lupa.

Lo analizamos con:

Daniela Barbieri, socióloga e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Autora, junto a Javier Cachés y Augusto Reina ,de una investigación sobre la aprobación de los líderes gubernamentales latinoamericanos en tiempos de pandemia.

Christina Mendoza Weber, periodista colombo alemana de la Deutsche Welle y co-autora de «Angela Merkel, la física del poder».

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne.

Visita dialogopolitico.org 

Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) muestran un aumento de 51 % del área total deforestada en la Amazonia Legal en el período entre enero y marzo de 2020, en comparación con el mismo período del año pasado. La superficie desforestada en estos tres meses es de cerca de 800 km2, lo que corresponde a más de 100.000 canchas de fútbol. El INPE monitorea la situación por medio de imágenes satelitales utilizando el Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER).

Se trata del mayor aumento de la deforestación en el primer trimestre de los últimos cinco años. Especialistas consideran que detrás de estas acciones hay grupos organizados, de gran poder financiero y en gran parte criminales. Estos grupos son posiblemente los únicos capaces de disponer del equipamiento, materiales e infraestructura necesarios para acciones de estas dimensiones. Es importante destacar que los datos fueron recolectados entre enero y marzo, lo que descarta la posibilidad de atribuir estas altas cifras a circunstancias específicas de la pandemia.

Desde principios de 2019, las dos instituciones brasileñas más importantes para el monitoreo e inspección ambiental, el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) y el Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), han perdido su capacidad de acción. Algunas de las acciones para combatir la deforestación ilegal, como la incautación y destrucción de maquinaria y equipamiento de madereros y mineros, autorizadas por el decreto 6514, de 2008, fueron criticadas abiertamente por el presidente Bolsonaro.

Al contrario de las autoridades, los madereros ilegales y demás aventureros de la región amazónica no detuvieron sus actividades por el COVID-19. De esta forma, la expresión que ya se ha hecho famosa entre los ambientalistas de que «el talador no hace home office» demuestra que las actividades ilegales no han cesado durante la pandemia, y existen grandes chances de que aun empeore la ya crítica situación de la selva y de los pueblos indígenas de la región amazónica.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, declaró en repetidas ocasiones que es necesario reevaluar la estructura y el funcionamiento del Fondo Amazonas. A través de este fondo, Brasil recibe donaciones de recursos para proyectos en la región, principalmente de Noruega y Alemania. A mediados de 2019, las divergencias se agudizaron y los países donantes suspendieron temporalmente sus contribuciones. Además, este año el ministro Salles despidió al director de IBAMA, responsable del monitoreo de la deforestación. Llama la atención que la destitución se produjera dos días después de una importante operación realizada por esa agencia en el estado de Pará, en la que se incautaron más de 70 tractores y otros equipos pesados de madereros ilegales, después de que invadieran el territorio de la tribu indígena Ituna Itata. En la administración actual, el apartamiento de funcionarios de las instituciones ambientales no es infrecuente y se temen nuevos despidos en la Coordinación de Control de Deforestación de IBAMA.

También es controvertida la medida provisional 910, que establece nuevos criterios para regularizar la ocupación de tierras. Este decreto abre los territorios de las reservas ambientales y de las poblaciones nativas a la exploración de compañías de energía y minería. El gobierno argumenta que se espera que alrededor de 970.000 familias se beneficien de las nuevas reglas. Por otro lado, los políticos de partidos de oposición, los ambientalistas y los expertos ambientales creen que la medida legitimará las invasiones ilegales. Y que, además, el decreto favorecería a los terratenientes y perjudicaría a los pequeños productores rurales, así como a los pueblos indígenas que viven en áreas protegidas. La votación de la medida provisional fue postergada y reprogramada para el 20 de mayo.

Por lo tanto, causó sorpresa la creación del Consejo Nacional para la Amazonia Legal (CNAL) en febrero de 2020. El nuevo organismo fue fundado con el objetivo de coordinar las actividades de todos los ministerios en la protección de la Amazonia y promover el desarrollo sostenible en la región. La presidencia está a cargo del vicepresidente de la República, exgeneral Hamilton Mourão. Su concepción es vista como una reacción del gobierno, con el objetivo de mejorar la imagen de Brasil en el extranjero, tan afectada por recientes desastres ambientales como el aumento de la deforestación y los incendios fuera de control en la selva amazónica.

El CNAL podría ser útil en asuntos de negocios y de comercio exterior, para atraer potenciales inversores a Brasil, mostrándoles el compromiso del gobierno de Bolsonaro con la protección del medioambiente. No es casualidad que la creación del Consejo haya sido anunciada por Paulo Guedes, ministro de Economía, en la Conferencia Internacional de Davos.

La composición del CNAL plantea dudas por estar básicamente compuesto por militares y por la ausencia casi completa de representantes de otros sectores. Por otro lado, se considera que se está desarrollando una dinámica positiva, que podría ejercer presión sobre el Ministerio del Medio Ambiente para que vuelva a actuar con más determinación contra la creciente deforestación.

La creación de este organismo parece haber permitido cierto desplazamiento interno del poder en términos de política ambiental, y hace creer en la posibilidad real de reactivar y aprovechar los recursos del Fondo Amazonas, ya que esta fue una de las prioridades anunciadas por el vicepresidente. Sin embargo, será necesario no solo elaborar un nuevo plan nacional para combatir la deforestación, sino también mejorar la asignación de recursos humanos y la financiación del IBAMA y el ICMBio. Con las nuevas atribuciones y competencias del CNAL en manos del vicepresidente, puede haberse abierto una ventana de oportunidad que permitiría encontrar nuevas posibilidades de políticas y proyectos de protección para la Amazonia brasileña.

La esperanza es que dentro del gobierno brasileño prevalezca la comprensión de que la protección del bosque no excluye la posibilidad de un desarrollo sostenible en la región. Para establecer un pronóstico respecto a esto, aún será necesario responder varias preguntas abiertas sobre la composición, el funcionamiento y la definición de prioridades del Consejo. Si bien la pandemia puede empeorar el problema de la deforestación, es legítimo cuestionar si habrá suficiente voluntad política y recursos para combatir la deforestación en un momento en que la economía atraviesa sus momentos más difíciles. La actitud del Ministerio del Medio Ambiente y las declaraciones del presidente de la República hasta el momento no dan muchas razones para el optimismo.

Traducción: Manfred Steffen

En este sentido, es interesante analizar las medidas que fueron ejecutadas desde el Centro de Comando Epidémico Central de dicho país:

• El control de sus fronteras: a través de la prohibición de los vuelos desde y hacia Wuhan y otras ciudades de la República Popular China;
• El uso de la tecnología para detectar nuevos casos: monitoreando la temperatura en los aeropuertos y disponiendo cuarentenas de 14 días a los pasajeros;
• Suministro de herramientas de protección: el Gobierno taiwanés dispuso, de inmediato, la prohibición de exportación de barbijos, e implementó un sistema de racionamiento y fijación del precio en solo 16 centavos cada uno;
• La educación de la población: en ningún momento se estableció cuarentena obligatoria y los niños siguen yendo a clases, pero se alertó a la población respecto de las medidas que había que llevar adelante, tales como la higiene y el distanciamiento social, difundiendo mensajes sistemáticos de las autoridades sanitarias por medio de radio y la televisión;
• La pena y castigo a los incumplimientos.

Al momento de redactar estas líneas, el Taiwan Centers for Disease Control (CDC) de Taiwán, organismo dependiente del Ministerio de Salud y Bienestar, señala que los casos confirmados de coronavirus COVID-19 son 440, de los cuales 349 son casos importados, 55 locales y 36 correspondientes a personal del buque Panshi, de la Fuerza Naval de Taiwán. Para destacar: hace ya más de un mes que no hay casos locales y una semana completa sin casos importados de COVID-19.

Al analizar estos números, fácilmente nos damos cuenta de que un país con 24 millones de habitantes atendió y actuó rápidamente ante esta crisis.

Este fenómeno puede explicarse a raíz de la experiencia de la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave (SARS), reportada por primera vez en 2003, que, además, les permitió disponer de infraestructura y equipamiento, así como también estar en situación de preparación constante ante posibles amenazas de enfermedades emergentes infecciosas. Pero ello no sería suficiente, si no fuera acompañado de un despliegue transparente para encarar emergencias de estas magnitudes.

En este aspecto, las autoridades taiwanesas informaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en diciembre de 2019, acerca de la existencia de una neumonía atípica, al aparecer los primeros casos en la ciudad de Wuhan, República Popular de China. Lamentablemente, no hubo respuesta de este organismo internacional ante las reiteradas advertencias. Haber oído a tiempo esta alerta, ¿no hubiera reducido al mínimo el desastre que vivimos al día de hoy?

Esto nos lleva a analizar otro tema: la falta de reconocimiento oficial del país (para la OMS, por ejemplo, Taiwán sigue siendo parte de la República Popular de China) y su inadmisión como miembro de la ONU y de la OMS, que, no cabe duda, influyó a la hora de hacer omisión a las mencionadas advertencias.

Las enfermedades no conocen fronteras. ¿De qué otra manera puede garantizarse este principio fundamental si no es a través de la cooperación entre los países y el intercambio de experiencias, en este caso, en materia de salud pública, y la contribución para combatir esta pandemia que avanza de manera agresiva?

Excluir por consideraciones políticas no ayuda a este objetivo y la OMS, y sus agencias conexas no deberían desatender ningún tipo de colaboración a la seguridad sanitaria global de ningún país.

La 73.ª sesión de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) —órgano encargado de la toma de decisiones de la OMS— que se celebró entre el 18 y el 19 de mayo, era una oportunidad excepcional que tenía la Organización Mundial de la Salud para reivindicarse y hacer honor a los principios establecidos en su Constitución. Excluyendo nuevamente a Taiwán, lamentablemente la ha desaprovechado.

Desde que la crisis democrática, política, social y económica estalló en Venezuela y desató la migración masiva de venezolanos hacia varios países, Colombia ha afrontado de manera directa esta situación. No solo porque somos un paso obligatorio en su caminata hacia Suramérica, sino porque también nos convertimos en refugio de millones de ellos, poniendo a prueba la efectividad del Gobierno nacional y de los gobiernos locales para brindar equilibrio a migrantes y a nacionales, a través de políticas públicas en diferentes materias.

De un par de años para acá, se volvió cotidiano observar caminantes venezolanos por las carreteras de Colombia y a cientos de ellos atascados en los pasos fronterizos. Uno de los puntos más difíciles es el puente internacional de Rumichaca, en el departamento de Nariño, la frontera de Colombia con la República del Ecuador: un paso imposible de omitir para los migrantes venezolanos que desean desplazarse al resto de los países suramericanos y que ahora, tras la emergencia de salubridad que generó el COVID-19 en el mundo, ve cómo una cantidad importante de caminantes busca regresar a Venezuela, para que, como podría suponerse, la pandemia los sorprenda en casa.

Sin embargo, el paso fronterizo de Rumichaca, en medio de la migración masiva de venezolanos hacia Suramérica, ha sido testigo de lo inmanejable de la situación, en varias ocasiones. Valga resaltar que, según datos de Migración Colombia, en 2019 más de 419.000 ciudadanos venezolanos salieron de Colombia hacia Ecuador, Perú, Chile y Argentina desde el puesto de control migratorio de Rumichaca. Esta cifra no incluye a los venezolanos que partieron con el mismo rumbo a través de los pasos ilegales entre Colombia y Ecuador.

Las veces que Ecuador cerró sus fronteras, Colombia debió aumentar en un 30 % los oficiales que regularmente trabajan en el paso fronterizo de Rumichaca. En agosto de 2019 Ecuador exigió visa a los ciudadanos venezolanos que deseaban ingresar a su territorio; para esa fecha, un aproximado de 4.500 viajeros diarios pasaban por allí hacia el sur del continente. Muchos venezolanos no pudieron continuar su obligada travesía por ausencia del documento migratorio y se vieron obligados a instalarse en Rumichaca, en Ipiales o en el resto de municipios del departamento de Nariño. Según cifras de Migración Colombia, cruzadas con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Nariño tiene más de 13.669 migrantes venezolanos regulares con su PEP (permiso especial de permanencia), además de otros irregulares. Pasto, la capital del departamento, ocupa el primer lugar en la región y alberga a 5.522 venezolanos, seguida por Ipiales, la ciudad fronteriza con Ecuador, con 4.739. Nariño tiene el 0,75% de población venezolana migrante. en el puesto 18 de los 33 departamentos del país.

Las condiciones meteorológicas, la falta de oportunidades laborales para extranjeros y algún rastro de la temible xenofobia son algunas de las difíciles situaciones con las que se enfrentan los venezolanos en Nariño. A ello debe sumarse el miedo que ha sembrado una minoría de ciudadanos de ese país no solo en ese departamento, sino en todo el territorio colombiano, por su participación en robos, secuestros, asesinatos y otros delitos, lo cual no favorece a los miles de venezolanos de bien que solo buscan un refugio temporal o una solución para facilitar su camino hacia otros países o hacia Venezuela mismo, ahora en aumento como consecuencia de la pandemia mundial. Sin embargo, es importante resaltar que, desde la perspectiva de la salubridad, nos encontramos con un altísimo riesgo para los migrantes, sin condiciones de bioseguridad, y para los nacionales.

Con la emergencia del COVID-19, los venezolanos en situación de calle en el departamento de Nariño —al igual que en otros departamentos del país— no saben qué es confinamiento, ni mucho menos pueden pasar una cuarentena o un aislamiento preventivo obligatorio, y no por capricho, sino porque no tienen las condiciones para llevarlo a cabo. Ahora, si a esto le sumamos que la emergencia por coronavirus tomó a muchos venezolanos en la frontera entre Ecuador y Colombia, pues la atención lanza una alarma aún mayor. El 30 de abril, cuando la emergencia por COVID-19 empezaba a acentuarse en Colombia y el Estado decretó un aislamiento preventivo obligatorio y un cierre de fronteras terrestres, los venezolanos que huían de Ecuador para regresar a su país protagonizaron desmanes con la policía colombiana, que no podía dejar ingresar a personas por el paso fronterizo. Esta situación desató la desesperación de los venezolanos atascados en Rumichaca y prendió las alarmas de salubridad en el departamento.

Si bien la Gobernación de Nariño, en conjunto con la Alcaldía de Pasto, Migración Colombia y otras entidades estatales hicieron realidad la iniciativa de «Vuelta a nuestra patria, vuelta a Venezuela» que planearon ciudadanos venezolanos en Nariño buscando ayuda del Estado colombiano para regresar a su país, es imposible desconocer, y sería absurdo además, las trochas y los pasos ilegales entre Colombia y Ecuador que aumentan el riesgo de una emergencia de salubridad en el departamento de Nariño y que, en consecuencia, comprometen a Colombia. Sabemos que es apresurado e irresponsable emitir afirmaciones basadas en rumores o vagos comentarios, pero varios habitantes de Ipiales, Nariño, afirman que, pese a los controles migratorios en Rumichaca, los pasos ilegales parecen ser un punto ciego; gente que viene y va desde Ecuador hasta Colombia, entre ellos migrantes venezolanos que buscan desesperadamente llegar a Colombia. A principios de mayo, 300 ciudadanos venezolanos se aglomeraban en el puente internacional de Rumichaca buscando llegar al Táchira, entre ellos, mujeres embarazadas, ancianos, niños y bebés. Un foco de contagio originado en este grupo de personas pondría en jaque el sistema hospitalario de Nariño pues, según el gobernador del departamento, solo el 10 % de las 147 unidades de cuidados intensivos estarían disponibles para atender emergencias por el virus.

Esta situación muestra un escenario alarmante para la región nariñense. Si no se adelanta otras iniciativas para ayudar a retornar a Venezuela a los ciudadanos de ese país que han tenido que parar en Pasto, Ipiales y otros municipios del suroccidente colombiano, volveremos la crisis migratoria en crisis de salubridad, de economía y de seguridad. Desde hace unos días, migrantes venezolanos deambulan por los barrios de Pasto, pidiendo a gritos comida, vestido o refugio a altas horas de la noche, cuando es humanamente imposible salir a las puertas a auxiliar. Y en algunas pocas ocasiones, los vecinos de la ciudad han sido víctimas de hurtos a sus residencias, al intentar ayudar.

Entiendo que la prioridad en esta pandemia mundial se centra en fortalecer los sistemas hospitalarios y detener la curva de contagios para manejar la situación de manera eficaz. Sin embargo, la pandemia nos ha dejado otros problemas que no pueden esperar; la migración es uno de ellos.

Soy nariñense y, pese a que reconozco la ardua labor del Gobierno nacional por poner riendas para que la migración masiva de venezolanos ande y todo sea más llevadero, considero pertinente expresar, no solo al Estado colombiano sino al mundo, que los venezolanos que huyen de su país no están solo en Cúcuta o en las grandes ciudades de Colombia; tenemos capitales de departamentos con miles de venezolanos sin atención, instalados en las calles y exponiéndose a riesgos. Y, en consecuencia, exponiendo a riesgos a la comunidad. Esto, de cualquier forma, exige que la atención se centre de manera equitativa.