Ufano, el funcionario del gobierno mexicano a cargo de presentar de manera cotidiana los avances del COVID-19 en el país aparece a cámara, en su informe diario: el aparato de propaganda gubernamental ha hecho de Hugo López-Gatell una celebridad en medio de la tragedia.

Con capacidad argumentativa, paciente frente a las preguntas de la prensa, su fotografía llena revistas del corazón, medios de información y pantallas de televisión: para algunos «periodistas», lo que debe destacarse es la celebridad del momento, la fama transitoria, atributos que se construyen desde los despachos de asesoría de imagen.

Para otras fuentes, más serias y responsables, la cuestión no es tan sencilla: la información que se presenta suele ser confusa, envuelta en tecnicismos que complican el análisis, destinada, antes que a informar, a generar una percepción de calma y control frente a los estragos que la pandemia genera en el país.

Hasta el pasado 8 de mayo, las cifras de fallecimientos y de contagios mostraban a una autoridad capaz de enfrentar sin mayor complicación un escenario de emergencia.

Ese día, no obstante, distintos reportajes publicados en el Wall Street Journal, El País de España y el New York Times daban cuenta de una realidad que demolió el discurso autocomplaciente del gobierno mexicano: la baja letalidad del virus no se debía a la reacción oportuna que el presidente López Obrador ha presumido en sus mensajes, falacia fácilmente desmentida por su notoria e inicial indiferencia frente a la pandemia.

Tampoco era causa de las acciones de un gobierno que se esforzó hasta mediados de marzo por minimizar lo que a todas luces, y por la experiencia de otros países, era una amenaza que avanzaba país por país y continente por continente.

Esas cifras que permitían una actitud optimista eran fruto, en cambio, de que México es el país, junto con Bolivia, con menor número de pruebas efectuadas para diagnosticar el COVID-19 en Latinoamérica.

Las estimaciones de contagios de esas fuentes internacionales ascendían así a entre 620.000 y 730.000 personas para aquella fecha, contra las 51.633 que reportan los registros oficiales al momento de escribir estas líneas (19 de mayo).

Los estados gobernados por el partido del presidente son, en ese sentido, los que presentan el mayor número de casos (Ciudad de México, Baja California, Tabasco, Veracruz y Puebla), a causa del tiempo que tardaron en implementar las medidas de distanciamiento, confinamiento y prevención.

Y es la Ciudad de México la que, a raíz de una investigación periodística realizada por la ONG Mexicanos contra la Corrupción quedó también señalada por los subregistros en los fallecimientos: mientras el conteo de las autoridades capitalinas señala poco más de 900, los datos del Registro Civil arrojan 3.200 (la investigación está disponible en https://contralacorrupcion.mx/muertes-coronavirus-cdmx).

El gobierno de México ha manejado así un doble discurso. Por una parte, el de especialistas que presentan cifras basadas en modelos que, a falta de pruebas de COVID-19, diagnostican los fallecimientos como neumonías atípicas o complicaciones fruto de enfermedades respiratorias. Por la otra, el del presidente López Obrador, que ha tachado de «poco éticas» las investigaciones de medios internacionales y desdeñado las críticas de expertos en la materia, incluidos ministros de Salud de gobiernos anteriores, académicos y científicos de diversas instituciones nacionales.

Este desdén por el consejo de profesionales y frente las acciones basadas en experiencias internacionales efectivas, así como el anuncio presidencial de que a partir del 18 de mayo se comenzaría a regresar a las actividades de manera escalonada en las ciudades sin casos registrados, representan un riesgo latente para la población de comunidades marginadas y que no cuentan con infraestructura hospitalaria o médica adecuada para enfrentar posibles brotes futuros.

El manejo de la crisis de salud es errático, busca esconder la realidad, no aporta certezas a la población y es ocasión para que López Obrador continúe sosteniendo un mensaje que polariza, desinforma y es al final de cuentas confuso e incierto, que se distingue por un perverso optimismo frente a una pandemia que cobra día a día cientos de vidas: el costo inaudito de la irresponsabilidad.

La pandemia del coronavirus ha puesto en jaque a los gobiernos del mundo y ha sacado a relucir algunos liderazgos autoritarios, otros populistas, muchos incrédulos y unos cuantos más eficientes. Asimismo, nos ha llevado a meditar, en el nivel individual y como sociedad, sobre las prioridades que tenemos en un mundo con recursos finitos.

Byung-Chul Han, filósofo surcoreano y docente de la Universidad de las Artes de Berlín, escribió su opinión sobre esta coyuntura en el diario El País. Allí, establece que los países asiáticos han manejado mejor la crisis que los países occidentales. Entre los factores que han hecho esto posible, Han aborda un tema cultural: el individualismo versus el colectivismo. Pero también resalta que, mientras Europa se ancla al modelo de soberanía basado en el cierre de fronteras, China tiene un modelo de Estado policial digital de vigilancia social. Me resultó interesante este planteo porque lleva a cuestionarse si disolver la esfera privada y la protección de datos personales sería un costo que en Occidente estaríamos dispuestos a asumir.

Byung-Chul Han ha catalogado de destructivo al capitalismo y a la sociedad del consumo tras el final de la guerra fría. Entre sus obras están La expulsión de lo distinto, La sociedad del cansancio y Psicopolítica. Precisamente, haré un breve acercamiento a esta última.

Han comienza Psicopolítica hablando de la libertad como una transición a una nueva sumisión. Hace referencia además al concepto de la sociedad del rendimiento:

«La libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber tiene un límite. El poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. […] El sujeto del rendimiento, que se pretende libre, es en realidad un esclavo. Es un esclavo absoluto, en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. No tiene frente a sí un amo que lo obligue a trabajar» (Han, 2014, p. 7).

En esa sociedad del rendimiento, el sujeto es el yo como empresario de sí mismo. Leer este libro durante la cuarentena lleva a la reflexión sobre algo que se ve con frecuencia en varias redes sociales: la presión de no dejar de pensar en ocupar el tiempo de manera productiva. Han menciona que los seminarios de coaching, por ejemplo, ofrecen una eficiencia y optimización ilimitada de uno mismo. Y le llama la época del agotamiento. Han responsabiliza de este modelo de dominación al régimen neoliberal, resultante del capitalismo, porque argumenta que este ha sido muy hábil en encargarse de explotar la psique como fuerza productiva del sistema. Esto conllevaría una autoexplotación, extraña a lo que Marx pensaría, porque se disolvería la clase trabajadora explotada por otros.

En relaciones internacionales siempre se habla de soft power (poder blando) y hard power (poder duro). Han hace referencia al smart power (poder inteligente). Se trata de un poder seductor que no prohíbe, sino que invita a que compartamos opiniones, preferencias, etc., en medios digitales en general. Por ello, el autor establece al big data como un instrumento psicopolítico, con el que se cuantifica a la persona y se la puede controlar y predecir su comportamiento. Varios han sido los escándalos en torno a la filtración de información en el mundo; el famoso Wikileaks, por citar uno. De hecho, en procesos electorales, el big data se ha constituido en una importante herramienta para analizar los perfiles del votante. En este punto, el autor aborda la pasividad del votante como consumidor, dentro de lo que él denomina democracia de espectadores.

«El votante, en cuanto consumidor, no tiene un interés real por la política, por la configuración activa de la comunidad. No está dispuesto ni capacitado para la acción política común. Solo reacciona de forma pasiva a la política, refunfuñando y quejándose, igual que el consumidor ante las mercancías y los servicios que le desagradan. Los políticos y los partidos también siguen esta lógica del consumo. Tienen que proveer. De este modo, se degradan a proveedores que han de satisfacer a los votantes en cuanto consumidores o clientes». (p. 13)

Psicopolítica es un libro que requiere leerse con una mirada crítica, para repensar y repensarse en medio del llamado panóptico digital.

Ficha técnica

Psicopolítica
Byung-Chul Han
Barcelona, Herder, 2014
ISBN 9788425433986

Desde la recesión mundial de 2008 el sistema capitalista enfrenta problemas de legitimidad. Ahora la pandemia de COVID-19, con sus devastadores efectos económicos, viene a exacerbar esta sensación de ruptura política. La pandemia ocurre en tiempos de rápidos avances tecnológicos que están redefiniendo muchos aspectos de la participación y representación política. En este sentido, cambios tecnológicos en los gobiernos, las campañas electorales y la sociedad civil han sido objeto de intenso debate académico en las últimas décadas, pero poco se ha reflexionado sobre las transformaciones de los partidos políticos. Este es justamente el tema que discute Paolo Gerbaudo en su libro The Digital Party (2018) [1] a la luz de tres casos de estudio: el Movimiento 5 Estrellas de Italia, los partidos piratas del norte de Europa y Podemos de España.

En The Digital Party, Gerbaudo propone que entendamos el fenómeno de los partidos digitales como una forma específica de partido político, diferente de los tradicionales. El concepto también funciona como indicador de los cambios que comienza a sufrir el sistema partidista con respecto a membresía, participación y liderazgo. A modo de resumen, el libro plantea que estos partidos digitales surgen como respuesta a la necesidad de actualizar radicalmente los esquemas organizacionales de la política; es decir, adaptarlos a la era digital. En dicha adaptación, nuevos partidos representan la promesa de una democracia más directa mediante el uso de las plataformas digitales como instrumentos horizontales de toma de decisiones. Sin embargo, dado que persisten acentuadas desigualdades socioeconómicas en gran parte de Occidente, la digitalización de los asuntos partidistas comienza a producir una fractura entre los actores incluidos en el sistema y los que Gerbaudo llama excluidos conectados’ quienes gozan de un alto nivel de conectividad digital pero aun así se encuentran excluidos tanto de la democracia como del bienestar social.

El libro se divide en varios capítulos que, entroncados en los argumentos recién expuestos, van tratando diversas dimensiones de los partidos digitales. La discusión se abre en el primer capítulo con la historia de los partidos, para construir una tipología de estos en función de su posición ideológica, composición social y esquemas organizacionales. Esta tipología es luego usada por el autor como base para plantear su concepto de partido digital.

En el tercer capítulo, el autor trabaja el concepto de plataformización, que es cuando los partidos imitan la estructura organizacional de compañías de redes sociales exitosas [2], con el fin de lograr una relación más profunda con sus partidarios y avanzar en el utópico deseo de deshacerse de la burocracia. Así es como, por ejemplo, a través de su plataforma digital Rousseau, el Movimiento 5 Estrellas logra obtener y usar datos agregados de usuarios para sus procesos de toma de decisiones, simplificando además la membresía al partido con la opción de like.

Subrayo el séptimo capítulo como el mejor del libro, pues aquí Gerbaudo se aventura a formular algunas advertencias sobre la fragilidad de la democracia digital. Cuando el libro ya ha revisado distintas fórmulas de digitalización de los partidos políticos, tanto en lo estructural como en lo identitario, el autor entonces despliega su concepto de hiperlíder. Figura de liderazgo político carismática y plebiscitaria, el hiperlíder representa al partido en los medios de comunicación [3]. En tal personificación, el hiperlíder se comporta como una celebridad que usa las redes sociales para dar discursos instantáneos y levantar ideas en forma colaborativa (crowdsourcing). Este nuevo tipo de liderazgo, presente en la mayor parte de los casos estudiados en el libro, nos permite identificar la existencia de dinámicas verticales descendentes o jerárquicas en las que se supone son redes políticas descentralizadas. Así es como Gerbaudo desmiente los aspectos más utópicos de la ideología participacionista que define a los partidos digitales.

La digitalización política es un proceso reciente, lo suficiente como para hacer difícil su cabal comprensión. Si bien este libro hace un notable esfuerzo por analizarlo y desmitificarlo, es inevitable que algunos aspectos se queden en el tintero. Gerbaudo se plantea muy abiertamente el propósito de determinar la influencia de internet en los partidos políticos, mas no intenta dilucidar qué rol juegan los partidos digitales en darle forma al mismo entorno tecnológico en el que operan. Tenemos mayor certeza sobre esto respecto a otros emprendimientos políticos como comunidades insurgentes y organizaciones activistas [4]. Poner a los actores políticos como variable independiente es poco común en los estudios sobre digitalización, lo que podría haber sido uno de los aportes más novedosos del monográfico. Pese a esta limitación, The Digital Party es una lectura necesaria. Con el confinamiento global vivido este año, gran parte de las actividades intelectuales y políticas han intensificado su huella digital, por lo que cabe esperar que la digitalización de los partidos se vuelva más común en la pandemia. Tendremos entonces que estar atentos a la pulsante brecha digital que se produzca como consecuencia de esta nueva era partidista.

Notas

[1] El libro fue publicado por la editorial Pluto Press como parte de la serie Digital Barricades, que ofrece distintas miradas sobre cómo los ciudadanos generan relaciones de confianza y organizan resistencia política de nuevas maneras a través de los medios digitales.

[2] Nos referimos aquí a la estructura organizacional de Facebook y Twitter, pero también Gerbaudo lo discute como la cultura start-up que se vive en Silicon Valley, California.

[3] Gerbaudo da un ejemplo bastante concreto de lo que constituye un hiperlíder al referirse a Donald Trump.

[4] Consúltese, por ejemplo, los trabajos de Clemencia Rodríguez sobre medios ciudadanos en América Latina y los de David Karpf sobre plataformas de apoyo y promoción de causas sociales en el mundo anglosajón.

Ficha técnica

The digital party
Paolo Gerbaudo
Londres, Pluto Press, 2018
ISBN 9780745335797

La primera de estas etapas coincide con los primeros años de la publicación del índice y se extiende hasta aproximadamente mediados de los años ochenta. En este periodo hubo un predominio de regímenes autoritarios o iliberales a lo largo de la región. A mediados de los setenta se verificó el mínimo de regímenes democráticos del que se tiene registro, con solo tres de ellos: Costa Rica (que siempre ha estado entre aquellos con mayor respeto hacia los derechos civiles y las libertades políticas), Colombia y Venezuela. La mayor cantidad de parcialmente libres se encontraban en Centroamérica y el Caribe en este período (como eran los casos de Guatemala, El Salvador o el México priista), si bien también en esta región estaban las peores dictaduras, según Freedom House (como Panamá, Haití o Cuba). En Sudamérica, el escenario era abismal: con la excepción de Colombia y Venezuela, el resto del subcontinente se hallaba bajo gobiernos dictatoriales de algún tipo: desde el de Jorge Rafael Videla en Argentina, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay (que estaba hacía más de treinta años en esa posición), a los regímenes militares en Uruguay, Perú y Brasil.

Todo esto cambia drásticamente entre fines de los setenta y principios de los ochenta, comenzando con Ecuador en 1979, siguiendo con Bolivia en 1981, y luego Argentina, Uruguay y Brasil, iniciaron la llamada tercera ola de democratización en América Latina. Este fue el momento de mayor expansión de las democracias en la región, pasando de solo tres en 1976 a 11 en menos de una década. Esta fue la época de líderes como Raúl Alfonsín, Julio María Sanguinetti y José Sarney en el Cono Sur. A su vez, en esta década, los regímenes no libres cayeron de siete a solo uno (la eterna dictadura de Cuba). Para el momento en el que se publicó el informe de 1986, no solo había caído la cantidad de países no libres sino también la cantidad de parcialmente libres.

Luego, durante la década de los noventa se dio una tendencia diferente: si bien el número de países no libres se mantuvo en uno (Cuba), la cantidad de países libres descendió (situándose entre seis y siete, a mediados de la década), y los aumentaron los países parcialmente libres. Esta tendencia llegó a su pico en el informe de 1996, en el cual había 13 países de esta última categoría, comparados con solo seis países libres. Algunos de los países que cayeron de categoría durante los noventa fueron Ecuador (con la llegada al poder de Abdalá Buracam y su posterior impeachment y reemplazo por Fabián Alarcón), Brasil (luego del impeachment de Collor de Mello, la organización notó la mayor participación de militares en el gobierno y la creciente cantidad de casos de corrupción) y Venezuela (debido a los intentos de golpe al presidente Carlos Andrés Pérez, a quien consideraban un «héroe genuino por su rol en la revolución democrática de su país»).

Luego, con el cambio de milenio, las categorías de la mayoría de los países de la región parecieron estabilizarse. Los países libres eran los más numerosos una vez más, y eran la mitad de toda la región; los países parcialmente libres se encontraban en segundo lugar; y el único no libre seguía siendo Cuba. Este período de mayor estabilidad democrática coincidió también con una bonanza económica en la región debido al boom de las commodities. También coincidió con la llegada de varios gobiernos de izquierda o centroizquierda, que utilizaron estos recursos para ampliar el tamaño del Estado, aunque no siempre de manera responsable.

La situación comenzó a empeorar durante los últimos diez años. Desafortunadamente, ya no se puede decir que los países libres sean la mayoría, y su cantidad parece seguir una tendencia descendente. Si a principios de los 2000 eran diez, hoy son siete los países que respetan plenamente las libertades civiles y los derechos políticos. La cantidad de países parcialmente libres vuelve a ser la de fines de los noventa, y llegaron a ser once los países que estaban en esta situación en 2016.

Quizá lo más preocupante sea el aumento de países no libres, que desde el informe del 2019 se encuentran en su mayor cantidad desde hace 30 años. No es difícil adivinar cuáles son estos países: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estos últimos dos llegaron recientemente a esta categoría: Venezuela en 2016 y Nicaragua en 2019. Si bien este último ya había experimentado valores como los actuales durante los años ochenta, el caso venezolano es mucho más dramático, ya que solía ser uno de los países más democráticos en la región (desde 1976 a 1980, por ejemplo, tenía el segundo mejor puntaje después de Costa Rica).

Afortunadamente, no todas las tendencias son negativas: Costa Rica, por ejemplo, muestra que es posible mantener un régimen democrático estable en la región, incluso cuando proliferan gobiernos autoritarios: en todos los años de publicación de Libertad en el Mundo hasta 2019, su calificación nunca fue inferior a 1,5. Chile y Uruguay, si bien han tenido gobiernos autoritarios, hoy se encuentran entre las democracias más plenas de la región. Algunas situaciones como estas hacen que la puntuación promedio de los países libres (alrededor de 1,68) sea la mejor de la que se tiene registro en casi cuarenta años.

Publicado en el sitio web de CADAL, el 14 de mayo de 2020

Desde la perspectiva de Europa, América Latina es considerada, en el contexto de la pugna económica y la competencia de sistemas entre los Estados Unidos y China, como un socio confiable del sistema internacional multilateral de tradición occidental.[1]

Pero desde hace más de una década, la región está marcada por una presencia continuamente creciente de la República Popular China. Desde la fundación de la Alianza del Pacífico el año 2011, China cuenta con el status de observador y, gracias a sus extensas actividades de exportación, obtiene beneficios desproporcionados en comparación con los Estados fundadores y miembros. [2]

En el año 2015, el presidente Xi Jinping anunció la intención de realizar en la región inversiones por la suma de 250 000 millones de dólares. [3] Desde 2018, su país es el mayor contribuyente para proyectos regionales de desarrollo, desplazando a patrocinadores tradicionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.[4]

Especialmente Brasil, Argentina, Ecuador, Chile y Perú, debido a sus materias primas, están en el centro de los esfuerzos chinos para expandir su influencia en la región. Esto se da a través de la compra masiva de dichos recursos, inversiones en el sector energético, transporte, servicios financieros, o apoyo técnico y construcción de redes de telecomunicación, así como en proyectos estratégicos de infraestructura.

China y Perú, más que socios comerciales

Las relaciones entre Perú y China representan un ejemplo impresionante de la estrategia del país asiático en América Latina, las cuales van más allá de un mero mutuo interés económico. Perú, un aliado histórico de China debido a sus vínculos sociales y culturales, es uno de los países del continente con relaciones más estrechas con la República Popular. Desde 2010, ambos países son parte de un tratado de libre comercio. [5] Desde la firma de este tratado, el intercambio comercial se ha incrementado de 6 400 a 23 100 millones de dólares anuales. [6] El 50% del PIB del Perú depende del comercio exterior y un cuarto de sus exportaciones tienen como destino China [7], por lo que es su socio comercial más importante.

El Perú, debido a sus riquezas minerales (especialmente cobre), es de gran importancia económica para China. Desde hace décadas, empresas chinas invierten en el sector minero y se han convertido en actores líderes en la minería peruana.[8]

China ha invertido, además, en otros sectores relevantes como infraestructura, transporte, energía, y telecomunicaciones. Las casi 170 empresas privadas chinas activas en el Perú traen un ingreso al país de alrededor 18 000 millones de dólares.[9]

Con un volumen de 30 000 millones de dólares, China se ha convertido en el mayor inversor en el Perú. [10]

Sin embargo, las relaciones entre China y Perú van más allá del ámbito económico. Ambos países han formado una asociación estratégica que abarca la cooperación a nivel social, político técnico y cultural. Desde 2016, ambos países siguen el Plan de Acción 2021, el cual incluye la cooperación a nivel de políticas de desarrollo en los sectores del comercio, minería, centros industriales, tecnología económica, conectividad y tecnologías de la información, control de calidad y temas ambientales. [11]

El plan implica también una tendencia muy marcada por parte del Perú a favorecer a China en las votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto corresponde a la estrategia manifiesta de la República Popular de consolidar su influencia en distintos gremios a través de los votos de otros países en desarrollo.

El año pasado, esta asociación continuó su proceso de consolidación con un importante tratado de intercambio científico. El último acuerdo entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú y su homólogo chino prioriza la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, especialmente en la promoción del desarrollo económico y social de ambo países. Para profundizar aún más esta cooperación, se dará un apoyo prioritario en sectores como energías renovables, tecnología agrícola, protección ambiental y salud. [12]

Asimismo, la declaración del Perú de buscar el ingreso en la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, el buque insignia de la política exterior china, parece ser otra cereza del pastel [13] en la aparentemente siempre fluida asociación estratégica.

También se debe mencionar la presencia cada vez más palpable de La República Popular en los ámbitos de la política educativa y la cultura. Cuatro institutos Confucio, dos colegios chinos y un creciente programa de intercambio entre estudiantes de universidades chinas y peruanas promueven el objetivo chino de expandir su lenguaje y cultura (y, así, su influencia) en el mundo.

China usa hábilmente la crisis del coronavirus

Por otro lado, tras la llegada del coronavirus en América Latina, China ha entendido como aprovechar a su favor el enorme desafío que esta situación representa para las economías de la región y, así, establecerse como una potencia líder y un socio importante en la lucha contra la crisis sanitaria.

Junto a medidas de ayuda (como la donación de insumos) que fueron hábilmente presentadas en los medios, [14] China hace gala en América Latina de su voluntad de trabajar con la Organización Mundial de la Salud. [15] Todo esto a pesar de las acusaciones internacionales de falta de transparencia y cooperación al inicio de la crisis. Así, por ejemplo, el 20 y el 24 de marzo de 2020, se llevaron a cabo videoconferencias entre los 24 Estados de América Latina y China, en las que 200 representantes gubernamentales y expertos de salud –entre ellos expertos de la OMS y el BID– compartieron sus experiencias con el coronavirus. En la conferencia, los representantes chinos aseguraron que continuarían apoyando y aconsejando a los países latinoamericanos. [16]

En el caso concreto del Perú, tras el estallido del virus, el presidente Martín Vizcarra se dirigió a través de una carta al gobierno chino, solicitando cooperación y apoyo. [17] Esta fue respondida con otra misiva del presidente Xi Jinping, lo que demuestra el consenso entre ambos países en materia de cooperación.

En este contexto, debe también entenderse la idea de comprar el famoso hospital chino, construido en pocos días en Wuhan. [18] Muchos de los suministros que han llegado al Perú –como las 100 000 mascarillas de protección [19] donadas por el gigante tecnológico Alibaba y distribuidas a través de la embajada china en Lima– tienen un fuerte carácter simbólico y calzan en el patrón de otras acciones propagandísticas realizadas alrededor del mundo.

En este caso, llama la atención que, entre enero y marzo de 2020, Perú había exportado alrededor de 29 millones de mascarillas a China y Hong Kong. [20] Con la llegada del coronavirus se invirtió la cadena de suministros y el Perú importó 5,8 millones de mascarillas de Asia, principalmente de China. [21]

Algunos medios y analistas occidentales evalúan, acertadamente, de manera crítica estos gestos demostrativos de apoyo por parte de China como una nueva diplomacia de las mascarillas. Tanto más resulta sorprendente que muchos países latinoamericanos alaben la conducta de China. [22]

Parece realmente ingenuo como muchos países en América Latina olvidan a veces, debido a intereses económicos, que el comportamiento de China ciertamente no es altruista y que en algún momento podría haber un alto precio a pagar por tener relaciones aparentemente tan estrechas con la República Popular.

Su conducta podría tener como base la plena conciencia del rol que el poderoso socio asiático jugará, no solo a causa de las exportaciones e inversiones, en el proceso de recuperación de la crisis. El mensaje subliminal de Asia se manifiesta de forma cada vez más abierta: China es un aliado imprescindible no solo en la lucha contra el virus, sino también cuando se trata de la estabilidad de la región.[23]

Perú es sin duda un ejemplo de ello. El intenso y estrecho intercambio entre los gobiernos de ambos países muestra que se trata de una asociación sólida, en la cual Perú claramente tiende a mostrarse abierto y receptivo a los intereses y los consejos chinos.

La reacción rápida y estricta del presidente peruano –en comparación a otros países latinoamericanos– en la crisis del coronavirus da la fuerte impresión de estar orientada al ejemplo chino. Las medidas rigurosas, similares a las del modelo autocrático chino, las cuales incluyen el lockdown con toques de queda y una fuerte presencia militar en las calles, son complementadas con fuertes medidas de sanción. [24] Hasta el 6 de abril 51 000 ciudadanos habían sido detenidos temporalmente a causa de violaciones del toque de queda. [25] Medidas de emergencia en el corto plazo prevén que la difusión de noticias falsas pueda ser castigada hasta con 6 años de cárcel.[26] Aun cuando, a pesar de la crisis, Perú se mantiene sin dudas fiel a los principios democráticos y, debido a episodios difíciles de su pasado, usa los medios militares con muchísimo cuidado, las acciones del país en la crisis del coronavirus muestran nuevamente con claridad como China no solo es percibido como un socio en materia económica, sino como un modelo a seguir que no es cuestionado.

«En consecuencia tenemos mucho que recibir por parte de China como recomendación y como apoyo. Hay un gran compromiso por parte del gobierno chino a través de su presidente de apoyar, no solamente en accesorios, sino en conocimiento científico para que crucen información con quienes estamos trabajando en el Perú». (Presidente Martín Vizcarra) [27]

No hay razón para que Europa y Alemania se distancien

China ha conseguido posicionarse de manera estratégica en distintas partes de la región no solo desde una perspectiva económica y política. Si se observa la relación cada vez más cercana entre China y Perú, y se la entiende en el contexto global del aseguramiento de importantes recursos y la protección del clima y el ambiente, Europa y Alemania deberían observar esta tendencia con mucha atención y escepticismo.

El país podría ser, debido a sus riquezas minerales, así como por las condiciones generales favorables a las inversiones, el acceso libre a diversos sectores económicos, el libre movimiento de capitales, la libre competencia y acceso a créditos, un socio factible para el futuro de una política económica competitiva y más sostenible. Si se compara al Perú con otros países de América Latina que cuentan con un potencial similar en lo que respecta a su riqueza en materias primas, habría que señalar que el Perú está dispuesto a no perder de vista temas de sostenibilidad, protección del clima y el ambiente cuando se trata de la explotación y venta de sus recursos naturales.

Esto aplica especialmente a los estándares de trabajo y tecnología ambiental, aun cuando grandes socios comerciales como China buscan de forma deliberada socavar esto.

El acuerdo sobre materias primas con Alemania, vigente desde 2015, puede ser un buen ejemplo de cómo la seguridad, el uso eficiente de recursos y la capacidad de competir pueden ser promovidas de una manera concreta y anclada en valores. Finalmente, el Perú se compromete claramente con el multilateralismo, el libre comercio internacional y los derechos humanos.

Europa y especialmente Alemania deberían, ante la creciente y cada vez más articulada presencia e influencia de China en América Latina, incluida la asociación geoestratégica con el Perú (la cual continúa su proceso de consolidación) poner de manifiesto sus intereses en el continente y en sus relaciones bilaterales con el Perú, a través de un involucramiento más vigoroso en materia de políticas de cooperación y desarrollo.

Notas

[1] Günther Maihold, Hartmut Sangmeister, Nikolaus Werz (Hrsg.) Lateinamerika. Handbuch für Wissenschaft und Studium. Nomos Verlag 2019

[2] https://politica-china.org/general/oportunidades-en-la-interaccion-economica-de-la-alianza-del-pacifico-con-la-republica-popular-china-a-partir-del-proteccionismo-promovido-por-estados-unidos-en-la-era-trump (zuletzt aufgerufen am 21. April 2020, 17:37 Uhr)

[3] https://www.reuters.com/article/us-china-latam/chinas-xi-woos-latin-america-with-250-billion-investments-idUSKBN0KH06Q20150108 (zuletzt aufgerufen am 23. April 2020, 17:09 Uhr)

[4] https://www.bbc.com/mundo/noticias-46609465 (zuletzt aufgerufen am 15. April 2020, 17:28 Uhr)

[5] https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-peru-free-trade-agreement (zuletzt aufgerufen am 16. April 2020, 13:34 Uhr)

[6] https://elperuano.pe/noticia-nuestro-pais-esta-dispuesto-a-intensificar-inversiones-peru-89392.aspx(zuletzt aufgerufen am 23. April 2020, 16:39 Uhr)

[7] http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1019036285&Country=Peru&topic=Economy (zuletzt aufgerufen am 15. April 2020, 18:14 Uhr)

[8] http://cooperaccion.org.pe/la-cada-vez-mas-importante-presencia-de-la-inversion-china-en-la-mineria-peruana/ (zuletzt aufgerufen am 16. April 2020, 12:09 Uhr)

[9] https://theglobalamericans.org/2019/05/just-the-facts-peru-to-join-chinas-belt-and-road-initiative/ (zuletzt aufgerufen am 23. April 2020, 14:52 Uhr)

[10] https://elperuano.pe/noticia-nuestro-pais-esta-dispuesto-a-intensificar-inversiones-peru-89392.aspx (zuletzt aufgerufen am 23. April 2020, 16:42 Uhr)

[11] https://politica-china.org/areas/politica-exterior/el-alcance-y-performance-de-la-asociacion-estrategica-integral-entre-el-peru-y-china(zuletzt aufgerufen 23. April 2020, 12:33 Uhr)

[12] https://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/1814-peru-y-china-acuerdan-potenciar-ciencia-y-tecnologia-en-energias-renovables-agroindustria-biodiversidad-tics-salud-entre-otros (zuletzt aufgerufen am 16. April 2020, 12:54 Uhr)

[13] https://dialogochino.net/en/infrastructure/27815-chinas-belt-and-road-advances-in-latin-americas-andean-region/ (zuletzt aufgerufen am 23. April 2020, 14:23 Uhr)

[14] https://www.americasquarterly.org/content/could-china-be-white-knight-again-latin-america (zuletzt aufgerufen am 15. April 2020, 18:06 Uhr)

[15] https://www.elindependiente.com/politica/2020/03/22/china-de-la-batalla-contra-el-coronavirus-a-la-crucial-guerra-de-propaganda/ (zuletzt aufgerufen am 22. April 2020, 13:41 Uhr)

[16] https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1761606.shtml (zuletzt besucht am 22. April 2020, 14:14 Uhr))

[17] http://www.elperuano.pe/noticia-peru-coordina-apoyo-china-y-corea-del-sur-lucha-contra-coronavirus-93732.aspx (zuletzt aufgerufen am 21. April 2020, 18:13 Uhr)

[18] https://www.dw.com/es/perú-gestiona-con-china-compra-de-hospital-prefabricado/a-52852076 (zuletzt aufgerufen am 15. April 2020, 18:40 Uhr)

[19] https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-empresa-china-alibaba-dono-20000-pruebas-moleculares-de-diagnostico-de-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr (zuletzt aufgerufen am 21. April 2020, 18:19 Uhr)

[20] https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-china-estados-unidos-y-hong-kong-compraron-al-peru-mas-de-30-millones-de-mascarillas-en-los-ultimos-tres-meses-nndc-noticia/ (zuletzt aufgerufen am 15. April 2020, 18:18 Uhr)

[21] https://ojo-publico.com/1658/companias-concentraron-importacion-de-mascarillas (zuletzt aufgerufen 23. April 2020, 18:18 Uhr)

[22] https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-china-latinomerica-idLTAKBN21D37N-OUSLT (zuletzt besucht am 22. April 2020, 14:27 Uhr)

[23] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52238901 (zuletzt aufgerufen am 21. April 2020, 17:53 Uhr)

[24] https://www.tagesschau.de/ausland/peru-deutsche-urlauber-coronavirus-101.html (zuletzt aufgerufen 23. April 2020, 13:39 Uhr)

[25] https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-suman-mas-de-51-mil-los-detenidos-desde-que-inicio-el-aislamiento-social-obligatorio-estado-de-emergencia-covid-19-coronavirus-nndc-noticia/ (zuletzt aufgerufen 23. April 2020, 13:08 Uhr)

[26] https://elperuano.pe/noticia-coronavirus-carcel-hasta-6-anos-para-quien-difunda-noticias-falsas-94132.aspx (zuletzt aufgerufen 23. April 2020, 13:50 Uhr)

[27] https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-vizcarra-hay-un-compromiso-con-china-para-cruzar-informacion-cientifica-con-el-peru-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/?ref=ecr (zuletzt aufgerufen 04. Mai 2020, 12:57)

Cada país, según el estado de su cultura democrática, trata con las consecuencias de la pandemia de modo diferente.

En aquellos lugares en los que las instituciones son más débiles, la sociedad civil aparece aletargada, la oposición política tiene miedo de pagar costos y la prensa tiene poco rigor y objetividad. En estos escenarios, las autoridades políticas encuentran un espacio fértil para aplicar medidas que van en contra de la libertad de los ciudadanos y atentan contra el funcionamiento rutinario de la institucionalidad democrática.

Los extremos no son necesarios para percibirlo. No es necesario recurrir a la trágica situación cubana, con su nueva Constitución y el decreto 370, para encontrar que las situaciones excepcionales favorecen las tentaciones autoritarias.

En el caso de Argentina, gobernada hace pocos meses por un nuevo ciclo peronista, se han ido sucediendo una cantidad de hechos que ponen una vez más en discusión la calidad de la democracia.

Algunas cuestiones son estructurales y tienen capítulos en cada uno de los poderes de la Nación.

Durante muchas semanas el Ejecutivo se las ingenió para que el Congreso no sesionara. Más allá del funcionamiento de las comisiones parlamentarias, el Gobierno usó la pandemia para intervenir sobre el normal desempeño legislativo. Ahora da la sensación de que comienza a retornar la normalidad. Luego de un primer intento vano y muy costoso, cruzado por denuncias e inoperancias, el Senado volvió a tener una sesión, en modo virtual. Con solo cuatro senadores en sala y presidido por la vicepresidente, el pleno funcionó para legitimar los veinte decretos de necesidad y urgencia (DNU) que Alberto Fernández dictó desde el inicio de la pandemia.

Por el lado de la justicia, que se mantiene aún en feria, las cosas son extrañas por su selectividad. Claramente en feria para los ciudadanos normales, un tribunal federal determinó la prisión domiciliaria para el exvicepresidente de la nación, Amado Boudou. Otro tribunal, en este caso de casación y de la provincia de Buenos Aires, otorgó —amparándose en la situación de las cárceles y los peligros de contagio de coronavirus— la prisión domiciliaria a miles de presos. Alguno de ellos eran criminales peligrosos, violadores y abusadores de menores. Por más sorprendente que resulte, incluso hubo casos en los que se liberó ¡en plena cuarentena! a personas que acreditaban como domicilio su situación de calle. En este contexto poco sorprendió que no se cumpliera con la Ley de Víctimas —aquella que obliga a los jueces a informarles a las víctimas sobre la liberación de sus victimarios—, como tampoco asombró que se liberara a algunos delincuentes que terminaron siendo detenidos al día siguiente, cuando volvieron a violar la ley.

Es evidente que no es solo el Poder Ejecutivo quien actúa de forma arbitraria y avanza contra el cuidado de la población y la libertad de los individuos que debe cuidar. El problema encuentra expresiones en los diversos poderes y también es necesario señalar que no distingue partidos ni facciones. Si queremos encontrar un responsable tenemos que pensar en algo tan abstracto y, a la vez, tan concreto como la cultura política.

Estas tentaciones autoritarias no se limitan a la escala nacional. En la Argentina se comprobó que a nivel subnacional también se hizo un uso político de la pandemia y se buscó limitar las libertades personales. El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio, expresó claramente en un discurso que iban a marcar las casas de los contagiados para que todos supieran quiénes eran y así poder ejercer mejor el control social. Hay intendentes de lugares pequeños que han armado empalizadas para no dejar entrar ni salir a nadie del territorio, en una indudable actitud ilegal y coercitiva. Algunos instauraron toques de queda a la población que fueron anunciados con sirenas a determinadas horas y otros han decidido, arbitrariamente, que nadie puede circular los días domingos.

En la patagónica provincia de Neuquén, un poblado de poco más de 20.000 habitantes y ningún caso de coronavirus decretó la ley seca, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas, sin explicar la relación entre beber alcohol y la pandemia. La provincia de San Luis, un viejo feudo peronista, con la excusa del COVID-19 prohibió la entrada de los medios gráficos nacionales. Los puntanos solo pueden leer las noticias del diario La República que, casualmente, es propiedad de la familia del gobernador.

En la abierta y cosmopolita Ciudad de Buenos Aires también se han dado algunas muestras de lo tentador que le resulta al poder político ejercer el control de la libertad de los ciudadanos. El Gobierno quiso aplicar, hace unos días, una medida que limitaba a los mayores de 70 años salir de su casa, obligándolos a realizar un llamado a un número oficial y a obtener autorización expresa. El fuerte rechazo de la medida —ahí funcionó muy bien la activación ciudadana— obligó a las autoridades a explicar su política como un ejercicio de cuidado. Otra circunstancia en la que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también mostró su costado más restrictivo fue cuando, frente a un ambiguo anuncio del presidente de la Nación que pareció permitirnos a todos —adultos y menores— salidas recreativas de una hora a 500 metros a la redonda, se apresuró a explicarnos que eso no aplicaba a los porteños.

Hay elementos que pueden ser tenidos en cuenta para mensurar el rol de los Estados y la densidad de las distintas democracias. Uno de ellos es la provisión transparente de datos. Los países con mayores niveles de democratización manejan los datos con mayor fluidez y alcance ciudadano. Otra variante importante es la acción política conjunta, entendida como la capacidad de los gobiernos en un momento de crisis para consensuar con la oposición y con la sociedad civil las medidas que se toman, su temporalidad y su alcance. En ambas cuestiones, la Argentina ha mostrado debilidades.

Sin embargo, algo queda claro desde el inicio del problema del COVID-19: por más problemas que tengan, siempre los países democráticos están mejor preparados para hacer frente a situaciones extremas como estas. Por eso comprobamos que la utilización de la gravedad de la pandemia para cortar espacios de libertad se presenta en nuestra región con matices y diferencias. Hay casos extremos como el de Cuba, seguido de cerca por Venezuela, y los hay más leves como el de Argentina. Como en tantas otras situaciones, los problemas se resuelven con más y mejor democracia.

Publicado originalmente en el sitio web de CADAL, el 14 de mayo de 2020.

El último invierno no fue severo con los neoyorquinos. No hubo registro de una sola gran nevada. No se escribió en los titulares de enero, ni febrero, la palabra emergencia. No se suspendieron como en años anteriores las clases en las escuelas por tormentas de nieve. Pero todo era un mal augurio.

Días previos a la escalada mortal del coronavirus en la Gran Manzana, un boricua, sobre los 70 años de edad, con tono pausado, cuando compartíamos asiento en el subway, entre la estación Columbus Circle y Brooklyn, me dijo: «Este invierno que a ratos parece verano, nos prepara para algo que viene muy mal».

La ciudad venía de celebrar que ese último domingo de enero, marcado históricamente por temperaturas congelantes, estuvo fresco para caminar y pasear. Ahora, asumo que la sentencia de aquel señor tatuado hasta en la cara, con un diente de oro, era una desventurada profecía.

Ese compañero de vagón estaba ataviado con un blazer brillante a pleno mediodía, se bajó en la estación Brooklyn Bridge, ayudado por un bastón. Quizás nunca más lo vuelva a ver. Aunque no dejo de confirmar que, en efecto, ese «algo que viene muy mal» llegó y con un poder inédito de interrumpir el ritmo de la vitalidad de esta urbe, la cual solo se limitaba a ratos por la rudeza de su clima.

Dos meses luego de esa premonición en voz baja, la imponente capital del mundo se encontraba contra las cuerdas, asediada por un agente microscópico.

Llegó febrero. Ya las autoridades de la salud de Nueva York decían a los periodistas que cubríamos la fuente de salud, que solo era cuestión de tiempo para que el patógeno que se originó, apareció, surgió (desconozco cuál es el verbo más adecuado) en China, iniciara su marcador de muerte.

Ya entrado el mes de abril, los muertos se contaban en casi 10.000. Mucho más que el mortífero atentado terrorista a las Torres Gemelas. Un acontecimiento cuyo impacto emocional y económico está quedando como un hecho menor ante esta emboscada viral paralizante que arruina, mata y aniquila, con particular ensañamiento con los que menos tienen. Y con los que irónicamente pasaron a ser esenciales para mover las turbinas que quedaron encendidas en la ciudad. Y que nunca se apagaron del todo.

En esta parte del mundo aún se trata de descifrar exactamente de qué se trata y cómo se contagia. Lo que sí parece un hecho ineludible es que llegó a Nueva York con bríos más asesinos.

El COVID-19 encendió su máquina aniquiladora en la última semana de marzo. Entre 650 y 700 decesos, en un día, era ya un asunto corriente.

La segunda profecía

Las primeras advertencias de las autoridades de la Gran Manzana sobre el coronavirus exhibían una narrativa que buscaba no despertar el abandono de la cotidianeidad: el roce humano obligado, los bares colmados de gente al final de la oficina, lo promiscuo del subway y toda esa fiesta diaria del contacto casual.

Ahora me pregunto: ¿con cuántas personas se roza cada día en el trayecto cotidiano en la Gran Manzana? ¿Cuántas micropartículas de otro recibes en tu humanidad cada día, en esta danza neoyorquina de convivir con gente que ni siquiera ves a los ojos?

Obviamente, por sus discursos iniciales, las propias autoridades desconocían el instinto del enemigo y lo volátil de su presencia en la cuadrícula urbana.

Mientras avanzaban las noticias en Asia y Europa, y el coronavirus había llegado a Estados Unidos, ya un vagón del tren se presumía como un campo minado.

A mediados de enero, cuando el coronavirus parecía una historia lejana para los neoyorquinos, en un vagón del tren A entre el centro de Manhattan y la calle 181 en Washington Heights, un joven asiático estornudó. Toda la fauna multiétnica que ocupaba la hilera de los seis asientos color naranja, de ese pequeño costado del sistema de transporte, coincidió en verse las caras. El universo gestual fue de resignación.

En esos segundos en el tren, donde todos nos imaginamos que las gotitas contaminantes expectoradas por el joven nos alcanzaron, no hubo necesidad de intercambiar palabra. Estoy seguro de que al unísono todos asumimos que estábamos ya en la línea de fuego.

Ese fue el primer acto que me llevó a percibir que el temor, en este caso un antídoto muy necesario, ya estaba formando parte de la vorágine de la Gran Manzana. En cuestión de semanas, nada pareció exagerado.

Ya era difícil montarse en un vagón del subway neoyorquino, en donde el contacto con el otro es inevitable, sin terminar tu viaje con esa sensación esquizoide de que ese monstruo de un par de micras, que empezaba a castigar al mundo, se impregnaba en tu cuerpo, especialmente en tus manos.

Una tarde de febrero, una señora dominicana, con la elocuencia propia de estos caribeños que tienen su hogar mayormente en la parte alta de la isla de Manhattan, también me hizo una advertencia, en un vagón del subway: «Mira, ve. Cuando ese bichito que anda por allí llegué aquí a Nueva York, esto va a ser candela. A los muertos no los vamos a poder recoger».

¡Y así fue!

La ciudad de Nueva York, con esa vocación de pionera, de ser epicentro y laboratorio de muchas tendencias, pasó de nuevo al podio del mundo. Pero esta vez el protagonismo tenía sabor a muerte.

El 1 de marzo se confirmó tímidamente el primer caso positivo de COVID-19 en una trabajadora de la salud que había viajado a Irán. Ya el 18 de abril contar menos de 600 muertos en 24 horas, era descrito como un buen síntoma.

Los partes diarios reportaban en cuestión de horas más de 700 almas que sucumbían ante el COVID-19, en los cinco condados neoyorquinos, pero poniendo su garra con mucha agudeza en la laringe de la mayor minoría de la ciudad: los hispanos.

Lo que nadie advirtió

Sí, no había dudas, la pintoresca dominicana del tren tenía razón, al igual que el misterioso boricua tatuado. Después de un invierno benévolo vendría una gran tragedia y si el bichito llegaba, vendría repotenciado para poner de rodillas a una ciudad que se rehúsa a toda costa a postrarse.

Lo que nadie había precalculado es que los vientos asesinos de la pandemia postrarían justamente a los boricuas del Harlem y el Bronx, a los dominicanos de Washington Heights, a los mexicanos de Brooklyn y a los latinoamericanos de Queens. A los más pobres, a la mayor minoría étnica neoyorquina, para quienes una cuarentena es lo mismo que no poder sobrevivir.

En resumen, empezaron a morir más hispanos y negros. Como siempre lo ha delatado la historia de todas las pestes, sean naturales o por el poder destructivo del hombre, los más pobres reciben la factura más alta, pero en este caso convertidos en héroes porque son esenciales para la ciudad.

Todos esos inmigrantes, que nunca pudieron abandonar del todo los vagones del subway, siguieron compartiendo espacios de estornudos, de tos saturada con el patógeno, en una ruta laboral que no pudieron abandonar.

Así, en resumen, los inmigrantes, los sin papeles, siguen siendo el blanco más claro de la enfermedad respiratoria, que no discrimina, en apariencia.

La incógnita de volver a la normalidad

El verano pasado, un mexicano de Puebla, de manos fuertes y ropa ultrajada por el trabajo de construcción, me comentó alguna vez que abordé un tren entre Queens y Manhattan que, si alguna vez los inmigrantes de la ciudad no salieran a trabajar, la chispa que enciende a Nueva York todas las madrugadas posiblemente no funcionaría.

Y tenía razón. El COVID-19 está dejando claro que por lo menos 60 % de la fuerza necesaria para proteger, limpiar, transportar y alimentar a los neoyorquinos en tiempos difíciles proviene de esas comunidades, para las cuales el aislamiento social es tan cuesta arriba como legalizar su situación migratoria.

Lo único visible es que en una ciudad en donde se hablan más de 637 lenguas, quienes se comunican en español en el Alto Manhattan, en el Bronx y en Queens seguirán poniendo los números rojos de esta tragedia, todavía misteriosa.

La incógnita en la capital del mundo es mucho mayor que la surgida siglos atrás, durante las devastadoras pestes del mundo medieval.

Ese anhelo de volver a la normalidad para los neoyorquinos parece un camino muy empinado.

La otra cara de la ciudad, esa que solo se hace visible en tiempos de una emergencia, se pone más al descubierto en los sótanos de los vecindarios latinos de Queens, Brooklyn, el Alto Manhattan y El Bronx, en donde viven cientos compartiendo un espacio casi obligados, para dividir al máximo el costo de una renta que en la Gran Manzana es impagable para la mayoría.

Ahora no solo comparten los gastos, los sueños de volver algún día a sus países en el sur, el deseo de ahorrar para construir su propia casa para el retiro, sino también la mortal vulnerabilidad ante el virus.

Allí, en esos sótanos y en los proyectos de vivienda pública sembrados en esta megalópolis, en donde miles de apartamentos en torres gigantescas congregan a centenares de familias en pocos metros cuadrados, tampoco es posible el aislamiento social.

Para estos miles de neoyorquinos que viven en los projects, la mitad hispanos y negros, y para otros tantos que viven en sótanos y apartamentos superpoblados, es muy confuso el objetivo de volver a la normalidad, si eso implica que su cuota para evitar la propagación es el aislamiento si se sienten enfermos.

Mientras la ciencia no encuentre el antídoto, en general, se impondrá la receta de renunciar al encuentro con el otro, al subway, al bar, a la muchedumbre que toma las calles en el verano, pero hay un grupo que difícilmente podrá evitar su propio conglomerado en casa. Justamente todo esto es Nueva York en sí misma.

Pareciera que para vencer la pandemia en Nueva York se requiere renunciar a todo lo que implica vivir aquí. Con todas sus letras.

El 2020 será recordado como el año de la pandemia. Un año difícil, que dejó miles de muertos en todo el mundo, que nos mostró nuestra fragilidad pero que, a la vez, nos mostró otras fortalezas: las de pensar en el prójimo y actuar en consecuencia; valorar a nuestros seres queridos, a nuestras familias y a nuestras amistades; reflexionar sobre nuestro comportamiento y acciones.

Todavía es muy temprano para sacar conclusiones sobre esta pandemia. No obstante, es posible señalar algunas cuestiones que han cambiado y que, posiblemente, no vuelvan a ser como antes.

La labor de los gobiernos

La centralidad de los Ejecutivos es enorme en estos tiempos de crisis. Los líderes populistas de por sí ocupan un lugar protagónico. Su estilo, su accionar, su forma de hacer política les exige estar en el centro. El contexto actual no hace más que potenciar esa característica.

Y esa exposición desmedida tiene como consecuencia un crecimiento igual de desmedido de los beneficios o los perjuicios políticos de estar al mando. En otras palabras, la percepción de la opinión pública de que sus gobernantes están accionando de buena o mala manera frente a la pandemia tiene un impacto mayor. Para bien o para mal.

Aquellos ejemplos de gobernantes demostrando enorme irresponsabilidad en su labor tienen un correlato en su popularidad, que cae de igual manera. Basta con recordar el ejemplo de Donald Trump llamando a probar con inyectarse desinfectante. Si bien poco tiempo después aclaró que lo había dicho de manera irónica, el mero hecho de insinuarlo deja de manifiesto que el primer mandatario estadounidense sigue sin comprender las dimensiones de este escenario.

Trump, al igual que otros líderes negacionistas, ha demostrado que no es capaz de gestionar la crisis. Su discurso confrontativo, arrogante, directo y provocador le ha servido para romper el tablero político de su país y obtener la presidencia. Con ese tipo de comunicación ha sido capaz de movilizar a sectores descontentos y decepcionados de la política tradicional.

Sin embargo, ese discurso nacionalpopulista tiene un límite. Ejercer el gobierno no es lo mismo que estar en campaña y menos aún en una situación de crisis global como la actual. Al contrario, la capacidad de liderazgo se ve en otras características.

Una de ellas es la responsabilidad política. En muchos países gobierno y oposición comprendieron que era momento de aunar fuerzas, al menos en algunos objetivos muy generales. Aquellos relacionados con la cuestión sanitaria, sobre todo. Y allí se generó un esquema de cooperación pocas veces visto en países como Argentina, por ejemplo, en donde la polarización política era enorme hace apenas algunos meses.

En otras latitudes también se vieron actitudes similares. En Alemania hubo un fuerte consenso a favor de la labor del gobierno, de la cuarentena. También hubo ciertas críticas de sectores políticos como la ultraderecha o de representantes del Partido Liberal alemán. Pero en líneas generales dicho consenso era lo suficientemente amplio como para que el país germano pudiera gestionar la crisis de manera eficiente.

Un consenso que también se refleja en las encuestas de opinión pública. El gobierno alemán posee un 67% de aprobación en su accionar según datos de mayo del Instituto Infratest dimap. También es cierto que, luego de semanas en cuarentena, se han movilizado algunos sectores que consideran que el Gobierno está equivocado. Piden el levantamiento de la cuarentena y critican la restricción de las libertades individuales. Este grupo es muy heterogéneo. Sus adherentes van desde representantes políticos de los liberales y la ultraderecha hasta negacionistas de la pandemia y seguidores de teorías conspirativas.

La estrategia de la canciller Angela Merkel fue la correcta porque siguió la máxima número uno de la comunicación de riesgo: comunicar el riesgo. Una movida que puede ser interpretada como un mensaje negativo, pero que en este contexto es un elemento necesario para legitimar las medidas de restricción del contacto y movimiento. Explicar a la población la situación y los escenarios posibles. Eso brinda certidumbre. Y este accionar le dio resultado. La adhesión a la cuarentena fue altísima y hoy Alemania tiene una tasa de mortalidad de las más bajas del mundo pese a la gran cantidad de infectados.

La labor de Merkel también se ve reflejada en el trabajo realizado en otros países como Dinamarca, Islandia, Nueva Zelanda o Taiwan. En todos ellos existe un denominador común: las jefas del Ejecutivo son mujeres. Un elemento del que se hicieron eco varios medios de comunicación y que nos obliga a pensar por qué las mujeres están gestionando mejor esta pandemia.

La crisis climática

Poco tiempo antes de la pandemia la crisis climática se había convertido en prioridad de la agenda en muchos ámbitos. En la política, en las organizaciones no gubernamentales y en las supranacionales como la Unión Europea, por ejemplo, se discutía el tema y se pensaban planes de acción y objetivos concretos a alcanzar. Todo esto pareciera haber quedado en stand by por el coronavirus.

Sin embargo, la llegada de la pandemia cambió algo que parecía muy complicado, algo que llevaría años de deliberaciones y discusiones políticas. En efecto, la paralización de actividades impactó positivamente en nuestro medioambiente.

En cuestión de semanas se redujo radicalmente la contaminación del aire. Según datos de la Agencia Europea del Medioambiente en Milán, Italia, la concentración de dióxido de nitrógeno, un gas emitido por los automóviles, bajó 25 % en tan solo cuatro semanas. Y si comparamos las mismas mediciones en Barcelona contrastadas con el año anterior, la caída es superior al 50 %. En otras palabras, estamos viviendo en un ambiente más limpio. Más sano para todos. El Instituto Max Planck publicó a fines de abril un informe que señalaba la caída de los casos mortales por deficiencias respiratorias.

Frente a estos datos, ¿es posible afirmar que esta cuarentena no solo salva vidas porque evita la propagación del virus, sino también porque ha obligado a contaminar menos? Cuando pase el lockdown y regrese la «normalidad», ¿volverá también con aquel comportamiento egoísta que destruye el planeta y que afecta negativamente a la salud? ¿Hay chances de modificar el comportamiento de consumo excesivo? Los datos muestran que sí es posible, pero que se convierta en una realidad lo dirán el tiempo y la responsabilidad de nuestra sociedad.

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Conectividad y pobreza

Matthias Horx subraya en su artículo de la edición más reciente de Diálogo Político: «Nos sentiremos aliviados con la súbita detención de ese constante correr, hablar, comunicar». Pone el acento en la situación de hiperconectividad actual. La cuarentena generó las condiciones para una pausa obligatoria, que ha permitido cierto espacio para la reflexión y el desarrollo de una perspectiva. Algo alejado de la rutina sin respiro.

Pero también es cierto que el parate tiene su lado negativo. En efecto, la economía lo sufre y, con ella, los más vulnerables. No se trata solo de un problema sanitario, sino de un golpe al sistema de producción apoyado en las cadenas globalizadas de producción. La conexión es tan fuerte que el impacto es total. Primero, shock de oferta por la falta de producción, luego shock de demanda por la falta de consumo. Según los economistas, nunca se vio algo así.

Quienes viven al día, aquellos que necesitan de la circulación para conseguir lo básico, la comida del día, son los más afectados. Se trata de los que dependen de la economía informal. En América Latina el número de personas en esta situación es muy alto. Para estos sectores vulnerables, el lockdown no es un momento de reflexión y relajación. Al contrario, es más pobreza. Y aquí es donde el Estado debe estar más presente que nunca.

Ventajas y peligros de la web

El homeoffice se ha vuelto la regla para muchas personas. Reuniones en plataformas de teleconferencia, tener una videollamada con la familia o discutir con amistades en las redes sobre alguna serie es, por ahora, la base de nuestras relaciones sociales fuera de casa. Sebastian Grundberger, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo, lo define de la siguiente manera: estamos viviendo «una vida relativamente normal en circunstancias anormales». Es decir, al menos para los trabajos que no precisan presencia física, internet se ha transformado en una salvación. En un salvavidas para poder satisfacer la necesidad de contacto.

Sin embargo, internet también plantea desafíos. La web ha facilitado un estado de sobreinformación. La información circulante es tanta y tan variada que se mezcla fácilmente con la desinformación. Y los riesgos de ello son muy altos.

La desinformación, mal llamada fake news, mina la capacidad de discernimiento. Alimenta el sesgo de confirmación de nuestra mente, aquel que nos hace ver solo aquello con lo que estábamos de acuerdo previamente. La exposición a información falsa es constante. Se trata de información peligrosa porque es coherente, o al menos eso parece, pero a la vez esconde datos manipulados, argumentaciones maniqueas, comparaciones malintencionadas. Las teorías conspirativas ganan mucho espacio en este contexto.

Este material demanda de nosotros una alta capacidad de atención y reflexión para no caer en la trampa. Y en ocasiones no tenemos el tiempo, las ganas o el interés para ello. Pero no hay que rendirse. Durante la pandemia, las noticias falsas no han dado tregua. Y los Estados intentan por todos los medios de evitar los daños que estas generan. Solo hay que ver los esfuerzos del Ministerio de Salud de Alemania, por ejemplo, que dedica gran parte de su comunicación en redes a impedir la propagación de la desinformación: cuáles son las fuentes confiables, cómo contrastar información sobre el COVID-19, etcétera.

En resumen, internet es una gran herramienta. Ayuda a estar en contacto y a realizar tareas otrora imposibles a la distancia. Pero a la vez puede ser usada para dañar, causar caos y expandir el miedo en la población. Este tiempo de pandemia nos ha mostrado ambas caras de este mundo virtual. Aspectos no necesariamente nuevos, pero sí potenciados como nunca antes.

Uruguay, el país pequeño ubicado al sur de América del Sur, muestra algunas singularidades en medio de la pandemia por el COVID-19. La más mediática es la acción humanitaria que se viene llevando a cabo en las últimas semanas para salvaguardar la salud de viajeros y tripulantes del crucero australiano Greg Mortimer. Esto le ha valido titulares de prensa en medios como la BBC o Europa Press. Pero además es el único país al que la pandemia sorprendió en plena transición de gobierno. El 1° de marzo de 2020 el saliente presidente Tabaré Vázquez entregó la banda presidencial a Luis Lacalle Pou. Este hecho marcó el fin de un ciclo de 15 años del Frente Amplio en el poder y, con ello, un relevo casi total en las posiciones de gobierno y la orientación política. Tan solo trece días después —cuando aún quedaban muchos cargos por adjudicarse— se detectaron los primeros casos de COVID-19.

La incertidumbre era tan alta como el desafío que tenían que asumir las nuevas autoridades. Es que, por un lado, el escenario político muestra a un presidente que debe apoyarse en una coalición inédita en la historia del país, conformada por cinco partidos. Dos de ellos son viejos conocidos, el Partido Nacional, que lidera el presidente Luis Lacalle Pou, y el Partido Colorado. Pero a ellos se suman los nuevos fichajes: Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente. Por otro lado, está el contexto socioeconómico. Luego de un período de buenos desempeños, el país da señales de deterioro. Los datos más recientes dan cuenta de un persistente estancamiento económico, déficit fiscal que llega al 5 % del PIB, desempleo en aumento que llega al 10,5 % en febrero, inflación del 9 %, pobreza relativamente baja del entorno del 8,8 % de la población y una tasa de informalidad del 25 %. La pandemia del COVID-19 ha impactado fuertemente, como en todo el mundo, y estos indicadores se verán agravados por los efectos de la crisis sanitaria. El FMI prevé una caída del 3 % para la economía uruguaya en 2020, pero con un rebote para 2021 que se estima en un 5 %, lo que, de ser así, significaría una recuperación importante.

Las primeras medidas del Gobierno

Desde su asunción, y en esos pocos días donde los uruguayos miraban la pandemia de reojo, el novel gobierno procuró atender algunos de los temas que había posicionado durante la campaña electoral. La agenda del Poder Ejecutivo se orientó rápidamente a abordar la política económica, algunos aspectos de la seguridad interna y la atención a sectores agropecuarios en dificultades. En tal sentido, entre las primeras medidas se establecieron topes máximos para la ejecución presupuestal del año corriente, patrullaje militar en zonas de frontera y beneficios fiscales para aliviar la situación de sectores agropecuarios. Pero, principalmente, el Ejecutivo se estaba preparando para dar ingreso al Parlamento de un proyecto de ley de urgente consideración (LUC) largamente anunciado y que, como veremos, ha marcado un antes y un después en la relación entre oficialismo y oposición.

Momentáneamente, la estrategia del Gobierno de presentar la LUC se vio truncada por la crisis sanitaria. Ello obligó a un cambio de prioridades en la agenda. El Ejecutivo optó por extremar las medidas para frenar la propagación del virus y anunciar de forma paulatina una serie de disposiciones orientadas a preservar la cadena de pagos y contener las consecuencias sociales de la crisis. En general, las medidas han ido en consonancia con las estrategias recomendadas por la OMS: suspensión de clases, protocolos y controles sanitarios; y otras de carácter socioeconómico: ampliación del seguro de paro, ampliación de políticas sociales focalizadas, aplazamiento de aportes de empresas, líneas de subsidio y crédito para sectores más vulnerables. Ahora bien, en lugar de ir hacia una cuarentena general, se exhortó a mantener una cuarentena voluntaria, aspecto que generó chisporroteos entre oficialismo y oposición pero donde Uruguay ha conseguido resultados positivos en comparación con sus vecinos de la región. El otro aspecto a tener en cuenta es el rol de organismos multilaterales que respaldaron al país con líneas de crédito contingentes.

No sin dificultades, el Parlamento restableció su trabajo con algunas adaptaciones que garantizan el distanciamiento social. Aunque ya no están presentes algunos líderes históricos, como los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Pepe Mujica, que por su edad son parte de la población de riesgo.

La emergencia sanitaria encontró a un sistema político unido y dispuesto a votar por unanimidad una serie de medidas de enorme relevancia. Entre ellas se destacan proyectos para la implementación de la telemedicina, creación de un fondo económico de emergencia basado en la reducción de salarios de políticos y empleados públicos de altos ingresos, exoneraciones de aportes patronales, inclusión del COVID-19 en la lista de enfermedades profesionales y prórroga de las elecciones departamentales que estaban previstas para mayo de este año.

La Ley de Urgente Consideración

Pero el clima de cooperación entre oficialismo y oposición cambió radicalmente cuando el Gobierno decidió retomar su agenda, aún en el actual contexto de la pandemia. Nuevamente la singularidad del hecho concitó la atención de algunos medios internacionales. El País de España, por ejemplo, tituló: «Uruguay inicia un maratón legislativo para achicar el Estado y endurecer el Código Penal. El gobierno de Lacalle Pou envía al Congreso una ley de 502 artículos que la oposición considera antidemocrática e inconstitucional». Veamos.

En Uruguay, el Poder Ejecutivo no puede legislar por decreto. A diferencia, por ejemplo, de Argentina, no existe el decreto de necesidad de urgencia. Lo más cercano a un instrumento de decreto es el proyecto de ley de urgente consideración. ¿Por qué? Porque, si bien tiene que ser enviado al Parlamento, hay un plazo perentorio, luego del cual, si el Parlamento no se expide, queda firme el proyecto del Ejecutivo y se convierte en ley. Esto lleva a que los legisladores trabajen a contrarreloj. Dicha cuenta puede admitir entre un mínimo de 75 días, un plazo intermedio de 90 días, o un máximo de 100 días, dependiendo de las modificaciones y aprobaciones de las Cámaras (artículo 168, inciso 7 de la Constitución). Para tener una noción de su singularidad cabe señalar que desde la reapertura democrática en 1985 se enviaron al Parlamento 13 proyectos de este tipo, en su mayoría, referidos a algún tema en particular.

Pero este proyecto no refiere a un tema particular, sino que en sus 502 artículos sintetiza buena parte del programa de la coalición de gobierno (política económica, seguridad, educación, vivienda, empresas públicas, entre otros temas). En la jerga técnica se le llama proyecto de ley ómnibus. Por ello ha dado pie a distintas interpretaciones. Dependiendo del lugar político desde donde se mire, se lo cataloga como válido, o como un abuso, o como inconstitucional. Con este proyecto el oficialismo retoma su agenda de gobierno y espera aprobar (podríamos decir que al por mayor) una batería de medidas a través de la LUC.

Para ir redondeando, por el momento, parece ser que el Gobierno viene salvando con buena nota el desafío de gestionar esta crisis. Tal es así que Lacalle Pou lidera el ranking de aprobación de jefes de Estado en manejo de crisis realizado por IPSOS. A nivel local, la empresa Equipos Consultores afirma que el 65 % de los uruguayos apoya su gestión. No obstante, dicha aprobación es coincidente con el período de mayor aceptación de un gobierno, conocido como período luna de miel. El deterioro de los indicadores socioeconómicos probablemente impactará en la aprobación del Gobierno, pero esto está por verse. Por último, cabe mencionar que Brasil —país con el que Uruguay comparte frontera— es un factor que empieza a preocupar al Gobierno, dado que se ha consolidado como el mayor foco de coronavirus en América del Sur.

Los desafíos son varios y, a la uruguaya, gobierno y oposición asientan el recambio político en la agenda del país.

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El 2020 será el año de la pandemia. Así será recordado. Un año difícil, que dejó miles de muertos en todo el mundo, que nos mostró nuestra fragilidad, pero que a la vez también nos mostró otras fortalezas. Pensar en el otro, valorar a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestras amistades.

Está claro que todavía es muy temprano para sacar conclusiones. Pero sí podemos señalar algunas cosas que claramente han cambiado y que posiblemente no vuelvan a ser como antes. Eso es lo que hoy pondremos Bajo La Lupa.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne.

Visita dialogopolitico.org 

El secreto de la longevidad de la OTAN es su adaptabilidad. Efectivamente, la alianza transatlántica evitó que el comunismo soviético invadiera Europa, es capaz de gestionar con solvencia crisis en todo el mundo y genera estabilidad a través de una red de alianzas. Además, en este momento, está facilitando la cooperación internacional en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

La OTAN siempre ha estado a la altura del desafío del momento y mantiene una tradición de éxito y eficacia. Para mantener esta tradición es necesario que los Estados miembros reflexionen sobre cómo hacer que la OTAN se mantenga en forma y pueda así cumplir con su propósito en los próximos años. A continuación, algunas sugerencias.

En primer lugar, no es necesario reinventar la OTAN porque su éxito se basa en principios sólidos: democracia, libertad individual, Estado de derecho. Su promesa fundamental —que un ataque contra uno es un ataque contra todos y todos están dispuestos a ayudarse mutuamente— va más allá de una mera defensa y disuasión colectivas. La tranquilidad que la alianza proporciona les permite a los Estados miembros dejar de preocuparse por su supervivencia y concentrarse en prosperar, contribuyendo de este modo a la estabilidad internacional.

El éxito económico de Alemania en la posguerra, el Wirtschaftswunder, fue posible gracias a esta garantía de seguridad y lo mismo puede decirse de los Estados de Europa central que derribaron la Cortina de Hierro y se unieron a la OTAN después de la guerra fría. Desde que la OTAN comenzó a expandirse al acabar la guerra fría, la adhesión a la alianza ha precedido a la integración en la UE; la seguridad allana el camino tanto para el desarrollo político como para el económico.

Ahora que los Estados miembros se enfrentan a las consecuencias económicas de la COVID-19, debemos tener presente esta lección y ser capaces de apreciar los valiosos beneficios geoestratégicos y económicos de unos acuerdos de seguridad fiables y de una Europa entera y libre.

En segundo lugar, la OTAN necesita mejorar su capacidad militar y su preparación. Las crisis de largo alcance como esta pandemia son peligrosas más allá de su efecto inmediato. Los adversarios podrían aprovecharse de sociedades confundidas y debilitadas. La OTAN es indispensable en este momento si queremos evitar que una crisis sanitaria se convierta en una crisis de seguridad.

Para ello, la OTAN necesita disponer de capacidades militares adecuadas, lo que convierte en esencial el cumplimiento de sus objetivos de planificación.

Por su parte, el compromiso de Alemania con las capacidades de la OTAN sigue firme y acorde a su tamaño y fuerza económica; lo hace hoy, lo hará mañana y lo seguirá haciendo dentro de una década.

Honrar nuestro compromiso con las capacidades de la alianza redunda en los intereses alemanes a la vez que fortalece el pilar europeo dentro de la OTAN, haciendo que los compromisos concretos sean más importantes que los objetivos porcentuales abstractos, que dependen de las fluctuaciones económicas.

En tercer lugar, la OTAN necesita mejorar su capacidad de lucha contra los desafíos menos tradicionales en materia de seguridad, como esta pandemia, que es una de las muchas amenazas a la seguridad nacional además del terrorismo y los ataques cibernéticos o las campañas de desinformación y los efectos del cambio climático.

Los tanques y misiles ya no son suficientes para la disuasión. De hecho, la mejor defensa es fortalecer nuestra capacidad para absorber estos golpes y para seguir enfrentando sus causas. Esto significa que debemos mejorar nuestra capacidad de resiliencia a través de, por ejemplo, el fortalecimiento y ajuste de nuestra infraestructura crítica, ya se trate de las redes de energía, las carreteras y los ferrocarriles o de las redes informáticas y los sistemas sanitarios. Aunque sea una tarea en manos primordialmente de los gobiernos nacionales, la OTAN debe desempeñar un papel de apoyo sólido, creando capacidad de resiliencia en sus propias estructuras, fuerzas y operaciones y añadiendo su experiencia militar y organizativa a los esfuerzos nacionales.

La OTAN lleva tiempo trabajando en todo esto, desde el Centro de Excelencia de Ciberdefensa en Estonia hasta la gestión de la ayuda de emergencia a través del Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuesta ante Desastres.

La resiliencia debería convertirse en la consigna de la alianza y gozar de alta prioridad. Para crear esa capacidad de resiliencia, la OTAN debe trabajar de manera más regular y sistemática con organizaciones civiles, desde las fuerzas de policía hasta las agencias de asistencia en caso de desastre, pasando por expertos en medicina, clima y seguridad cibernética.

La alianza acaba de crear un grupo de reflexión, presidido por líderes estadounidenses y alemanes. Confío en que este grupo ayudará al desarrollo estratégico de la OTAN, desarrollando nuevas ideas sobre cómo lograr la mejora de la seguridad para todos los aliados transatlánticos.

Mi país está contribuyendo en dinero, capacidades y compromiso, con un aumento significativo en 2020. No en vano celebrábamos la semana pasada el 65.º aniversario del ingreso de Alemania Occidental a la OTAN. Nuestra adhesión a la alianza supuso el retorno a la civilización occidental, apenas diez años después del final de la segunda guerra mundial y, gracias a ello, fueron posibles, unas décadas después, la reunificación alemana y una Europa unida.

Hoy en día, la OTAN sigue manteniendo a nuestra patria segura, proyecta estabilidad y proporciona ayuda inmediata frente a desastres imprevistos como esta pandemia. Basándonos en esta orgullosa tradición de salvaguarda de la libertad y la seguridad de todos los Estados, los treinta miembros soberanos deberíamos dar un paso más para crear una alianza más resiliente.

Artículo publicado originalmente en Financial Times, el 10 de mayo de 2020

El 24 de febrero de 2016 Nicolás Maduro anunció la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero, en decreto presidencial n.º 22148. Es un territorio ubicado al sureste del país que ocupa 112.000 km². Bajo tierra se esconde la segunda reserva de oro más importante del mundo: 4.300 toneladas certificadas. Junto al oro, también hay diamantes, coltán y bauxita.

Después de cuatro años de su creación, es un territorio que está reservado para grupos nacionales e internacionales que saquean las riquezas y mantienen en estado de sitio a la población civil. Es una extensión marcada por la violencia, la extracción ilimitada de bienes no renovables y la destrucción medioambiental. Nuestro análisis busca alertar sobre las dimensiones del problema y está dividido en tres partes: i) Arco Minero y la aplanadora revolucionaria; ii) Arco Minero y Estado gangsteril; y iii) desafíos.

Arco Minero y la aplanadora revolucionaria

El Arco Minero surgió para aliviar los efectos políticos de la destrucción económica de la Revolución chavista. Fue creado para alimentar la lealtad de sus aliados. Sus fines de poder explican la devastación que ha dejado a su paso. La urgencia política apartó cualquier consideración sobre el impacto humano o ambiental. Lejos de buscar el desarrollo integral de la nación, buscó fortalecer los vínculos que permiten su dominación política, económica y social.

El primer obstáculo que debió enfrentar Maduro para avanzar fue la depuración de la dinámica natural de las minas. Sustituir a los productores locales —quienes extraían el oro de manera ilegal— por los nuevos explotadores exigió medidas de fuerza que fueron ejecutadas por cuerpos de seguridad del Estado en alianza con grupos irregulares y bandas de crimen organizado.

El 5 de marzo de 2016 ocurrió la Masacre de Tumeremo. Testigos afirman que civiles armados —miembros de la banda El Topo— y fuerzas de seguridad del Estado dispararon contra los mineros y asesinaron a 28. Cuatro años después solo se tiene el testimonio de las familias de las víctimas y los relatos de los pobladores.

Después de la Masacre de Tumeremo se emitió un decreto que convirtió a los municipios del Arco Minero en zona militar especial. Según el diputado chavista Héctor Rodríguez, la militarización permitiría «garantizar el orden». Sin embargo, no fue así. Se extendieron los llamados operativos y aumentaron los asesinatos. No existen datos oficiales que registren la situación. Investigaciones periodísticas y el trabajo de asociaciones no gubernamentales denuncian a cuentagotas y es difícil totalizar la magnitud del daño. Así opera la aplanadora socialista.

Arco Minero y Estado gangsteril

Al profundizar en este tema surgen consideraciones de tipo político. Comencemos por la situación del Estado venezolano. Existen distintas aproximaciones al problema. Fund for Peace alertó sobre su condición casi fallida, voceros internacionales hablan de un narcoestado y otros destacan su relación con el crimen organizado. Su categorización es un ejercicio complejo que no agotaremos en esta oportunidad.

Encontramos en la literatura especializada un concepto que parece describir con mayor precisión el fenómeno que nos ocupa. Se trata del concepto de Estado gangsteril, de Katherine Hirschfeld [1]. En el Arco Minero encontramos aspectos que coinciden con lo descrito por la autora. En 2016 el Estado venezolano se propuso imponer un monopolio extractivo en el sureste del país. La tarea incluyó al alto mando militar, a grupos guerrilleros, a redes de crimen organizado internacional y a empresas de capital extranjero. La consolidación del monopolio exigió medidas de fuerza que acabaron con la vida de cientos de mineros y de población civil. La consolidación del monopolio extractivo derivó en el establecimiento de un sistema cleptocrático de dimensiones globales integrado por miembros de la fuerza armada, del crimen organizado, de grupos terroristas y de aliados internacionales como Rusia, China y Turquía.

Conviene ahora detenernos en las consecuencias ambientales. La diputada a la Asamblea Nacional María Gabriela Hernández alertó que la legislación vigente prohíbe la explotación del oro. Denunció que estas actividades afectan las fuentes acuíferas del país. Y explicó que las consecuencias son irreparables y se extienden hasta el Parque Nacional Canaima, en donde está ubicado el famoso salto Ángel.

Desafíos

Adentrarse en el Arco Minero es encontrarse con devastación. La poca información que tenemos es extraoficial. Y la opacidad lo arropa todo. ¿Cuántas masacres ha habido desde 2016? ¿Quiénes las han ejecutado? ¿Cuántos asesinatos ha habido hasta el momento? ¿Cómo es la relación entre las empresas estatales y los capitales extranjeros? ¿Cómo interactúan el ELN y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Cuál es la profundidad del daño medioambiental? Además, nos preguntamos por el futuro político: ¿cómo avanzar en un proceso de democratización cuando el Estado, depositario de las formas de gobierno, ha derivado en una transnacional criminal?

Las inquietudes imponen desafíos. En lo inmediato es urgente promover instancias que registren las violaciones a los Derechos Humanos y acumular testimonios que permitan ofrecer caminos de justicia. También es necesario documentar el daño ecológico que trasciende a las fronteras venezolanas y adquiere dimensiones globales.

El Arco Minero es quizás el lado más perverso de la Revolución chavista. Esta dinámica ha permitido que el país se convirtiera en aliviadero para la guerrilla, el crimen organizado y terroristas. Venezuela, lejos de ser una tierra sin ley, es un lugar en donde «la ley» es administrada por los criminales en búsqueda de fuentes de legitimidad política y financiera que les permitan expandir sus actividades. El daño es integral: humano, ambiental e institucional.

Nota: [1] Katherine Hirschfeld. (2015). Gangster states: organized crime, kleptocracy. political collapse. Londres: Palgrave Macmillan, p. 68.

N. de R.: Un abordaje más extenso de este tema se ofrece en el artículo homónimo publicado en la revista Diálogo Político de mayo de 2020.

Durante 2019, distintos países de América Latina experimentaron una serie de protestas ciudadanas, seguidas por represiones estatales que provocaron nuevas protestas. Esta seguidilla de acontecimientos configuró un círculo tan vicioso como peligroso. Las motivaciones de esas revueltas fueron varias y diversas.

No se pueden comparar los casos de Venezuela y Nicaragua con los reclamos populares que se dieron en el resto de los países citados. Nicolás Maduro y Daniel Ortega encarnan gobiernos dictatoriales que deciden y accionan en contra de las Constituciones y las leyes propias de un Estado de derecho. En este trabajo, nos ocuparemos del resto.

Los casos de Honduras, Ecuador, Chile y Colombia se originaron en asuntos económicos o sociales. En cambio, los de Perú, Bolivia y Panamá fueron a causa de temas políticos e institucionales. Más allá de estas diferencias, en todos los casos hubo un elemento catalizador que puso en evidencia un amplio y profundo descontento social.

A pesar de que la seguridad es de los principales problemas que perciben los latinoamericanos (Latinobarómetro, 2018), las protestas tuvieron en este tema su raíz. No obstante, las protestas también pusieron en evidencia el estrepitoso fracaso de las políticas de seguridad.

En general, las políticas públicas pueden ser definidas como planes (programas o proyectos) que tienen a un Estado (nacional o subnacional) como responsable principal y a una sociedad como primera destinataria y partícipe necesaria; buscan el bien común, la satisfacción social y la aceptación ciudadana (Graglia, 2017).

Más específicamente, las políticas de seguridad son aquellas políticas públicas que buscan la baja del delito y la violencia (seguridad objetiva) y, por consiguiente, la disminución del miedo a ser una de sus víctimas (seguridad subjetiva). En materia de seguridad, eso es buscar el bien común mediante la satisfacción social y la aceptación ciudadana.

El éxito de una política de seguridad es, en definitiva, que las personas puedan vivir las unas con las otras pacíficamente, ejerciendo los derechos propios y respetando los derechos ajenos. Con ese fin, deben observar y ampliar libertades, no limitarlas ni mucho menos eliminarlas.

Atento a ello, sostenemos que las protestas y represiones acaecidas durante el año pasado pusieron en evidencia el estridente fracaso de las políticas de seguridad. Para empezar, porque los problemas de origen económico-social o político-institucional no se solucionan con fuerzas armadas o policías militarizadas en las calles. Todo lo contrario.

Además, las políticas de seguridad no fueron capaces de garantizar la libertad de expresión de los manifestantes ni de prevenir y, en su defecto, reprimir a los delincuentes y violentos. Ambos fracasos fueron la consecuencia de una sorprendente incompetencia de los gobiernos latinoamericanos para interpretar el sentido y alcance de las protestas.

Lejos de prevenir o reprimir el delito y la violencia y, de esa manera, garantizar el ejercicio de las libertades, los militares o los policías militarizados que intervinieron, ratificaron su consabida ineptitud de implementar políticas de seguridad en un régimen democrático.

Hacen falta policías nacionales con personal formado y capacitado en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Sin dudas, una monumental asignatura pendiente en Latinoamérica, independientemente del signo partidario o ideológico de los gobiernos, más o menos neoliberales o populistas.

En síntesis, las políticas de seguridad deberán garantizar las libertades y no reprimirlas, identificar a los delincuentes y violentos, apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia para que esta los juzgue y los condene de acuerdo con las normas jurídicas en vigencia. De lo contrario, la democracia está en peligro.

Respecto a la pandemia de COVID-19, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 2015 y recientemente reelegido, destacó la dimensión humanitaria de la crisis y pidió más ayuda internacional y orientada a los Estados más débiles. Durante una conferencia virtual organizada por el Proyecto Regional «Partidos Políticos y Democracia en América Latina», de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), Almagro comentó: «Los Estados deberían mostrar un mayor compromiso no solo a nivel de las organizaciones multilaterales, sino también en el ámbito de la cooperación subregional y bilateral».

Con respecto a la crisis actual, afirmó que no tendría sentido si, en unos pocos meses, la mitad de la población mundial estuviera vacunada contra el COVID-19, mientras que la otra mitad estuviera infectada o en riesgo de infección. Esto afectaría sobre todo a las regiones del mundo con más desigualdad social. Los miembros más pobres de la sociedad son particularmente vulnerables en esta crisis. Por lo tanto, tenerlos en cuenta y proteger sus derechos debe ser una prioridad para todos los gobiernos en la lucha contra la pandemia, afirmó Almagro, quien fue ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay de 2010 a 2015.

En su interlocución, Almagro identificó riesgos para la democracia en América Latina. Tras el aplazamiento de las elecciones en Bolivia y en República Dominicana, por ejemplo, ahora hay que buscar alternativas eficaces al ejercicio del derecho de voto en tiempos de pandemia. «Debe garantizarse el funcionamiento de los Parlamentos y demás instituciones, y el Estado de derecho debe seguir funcionando». El fortalecimiento de la democracia no debe ser olvidado ni siquiera en tiempos de pandemia. Por otro lado, la lucha contra la corrupción sigue siendo un elemento clave para garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas. En este sentido, es necesario apoyar a los países para que fortalezcan sus sistemas de salud y reduzcan la corrupción en este importante sector público.

Además de reforzar la cooperación internacional y la protección de los derechos humanos y civiles incluso en tiempos de crisis, Almagro apeló a la responsabilidad de cada ciudadano. A cada individuo corresponde hacer una contribución observando las reglas de la distancia y prestando especial atención a los grupos de riesgo. El apoyo psicológico y la protección contra la soledad también son importantes en estos tiempos, concluyó Almagro.

El intercambio virtual fue organizado en cooperación con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (LAC), una organización dedicada a la promoción de la democracia y los derechos humanos en América Latina, especialmente en el marco de las Cumbres de las Américas. Más de 500 participantes de toda la región se unieron al seminario web, que se transmitió a través de los canales de social media de la KAS Montevideo y de los Jóvenes LAC.

Durante su visita en noviembre a la sede central de la KAS en Berlín, Almagro y la KAS estrecharon sus vínculos. En esta ocasión, Almagro se entrevistó con el Dr. Gerhard Wahlers, jefe del área internacional de la KAS, y altos funcionarios de la Fundación. Almagro además fue el principal orador de una conferencia de la bancada de la CDU/CSU en el Parlamento alemán, durante la cual se discutió la estrategia de la bancada para una más estrecha relación entre Alemania y América Latina. La estrategia llamada Visión 2030. Una Alianza para el Futuro presenta a América Latina como un socio de valores para Alemania, en tiempos turbulentos y agitados en la política mundial. Durante su intervención en esta conferencia, Almagro elogió expresamente el compromiso de la KAS en la región para fortalecer la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Puedes acceder a la videograbación de la conferencia aquí.

«Sobrevivir es vencer», anotó Thomas Mann cuando la contienda terminó con el armisticio del 8 de mayo de 1945. Unos meses antes, Albert Camus ponía fin a sus Cartas a un amigo alemán, el primer testimonio de la reconciliación que constituía el fundamento de una construcción europea basada en el coraje y en la inteligencia.

Y con inteligencia y coraje, el 9 de mayo de 1950, cinco años y un día después, Robert Schuman y Konrad Adenauer sellaban en nombre de Francia y Alemania el acuerdo que ha posibilitado el período ininterrumpido de paz —y además paz libre para cada uno y justa para todos— más prolongado de la historia de Europa. El legado vigente, vivo y en permanente construcción del siglo de la democracia cristiana. Un legado que se ha sobrepuesto ya a todas las formas posibles de crisis: a las económicas, a las de salud pública y a las agresiones populistas, expresiones contemporáneas del mismo totalitarismo racista y sectario. Una Europa de la amistad cívica, «la ciencia del hombre libre», la más importante de todas las ciencias. Una Europa en donde seguimos luchando, como quería Camus, por los matices que separan «el sacrificio de la mística; la energía de la violencia… lo falso de lo verdadero, y al hombre que esperamos de los cobardes dioses que ustedes soñarán».

Ese ser humano sigue siendo la única fuerza capaz de expulsar a tiranos esperpénticos y a falsas deidades que se tienen a sí mismas por el alma de la República. Porque la religión política del nazi-fascismo-estalinismo fue derrotada en Europa en 1945 y en 1989 a costa de un trágico tributo de persecución, muerte, fractura y devastación material y moral. Pero no desaparecida, y mucho menos muerta, la tiranía sigue encontrando en el ser humano rebelde su único obstáculo. Nosotros luchamos, decía también Camus, «con la obstinación de las primaveras». ¿Alguien duda de que prevaleceremos sobre cualquier forma de extremismo?

La democracia cristiana pertenece a la primavera. También un 9 de mayo, de 1921, había nacido Sophie Scholl. La mejor Alemania, enfrentada al nazismo en nombre de los ideales federales y europeístas, demócratas y cristianos. En el último panfleto de La rosa blanca, el de 18 de febrero de 1943, el llamamiento a la insurrección de la Alemania de Schiller y de Goethe contra el nazismo convocaba a la «devota irrupción de la libertad y el honor». Una juventud alemana se inmolaba defendiendo «una Europa del espíritu». No existe otra. Porque ya no se trata de sobrevivir, sino de existir plenamente. Fausto y Don Quijote son invencibles juntos.

El 29 de marzo de 2008 Robert Mugabe se robó las elecciones generales en Zimbabue. Acudió a la violencia estatal y paraestatal para silenciar a la oposición. Mientras orientaba sus esfuerzos a reprimir a la disidencia, su país seguía sometido a la precariedad que había desatado la política expropiadora que inició en el año 2000. En medio de esta terrible crisis que limitaba su acceso al financiamiento internacional, el veterano dictador llamó a las fuerzas opositoras para negociar y «solucionar los problemas del pueblo». La propuesta fue apoyada por importantes sectores de la comunidad internacional. De esta manera, el 15 de septiembre ocurrió lo inimaginable: Robert Mugabe y Morgan Tsvangirai firmaron el «Acuerdo de compartir el poder» (Power sharing agreement).

El pacto confirmó a Robert Mugabe como presidente de Zimbabue y designó a Morgan Tsvangirai como primer ministro. El acuerdo le sirvió al dictador para ganar legitimidad y acceder al financiamiento internacional. Por su parte, la oposición «llegó» al gobierno. Tsvangirai fue el encargado de crear las políticas públicas que sacarían al país del abismo creado por la autocracia. El líder opositor fracasó. Sus iniciativas no pudieron avanzar. Las estructuras de corrupción del régimen actuaron como un muro de contención para las reformas políticas y económicas. Tsvangirai, preñado de buenas intenciones y acompañado por la comunidad internacional, amortiguó la responsabilidad de la dictadura y se hizo receptor del descontento popular.

Los años pasaron, Zimbabue siguió sometida a la miseria y la disidencia perdió apoyo popular. La crisis económica y social que debía solucionar la oposición se profundizó. «El pueblo» metió a todos los políticos en el mismo saco y las esperanzas de libertad mermaron. En noviembre de 2017 miembros de la fuerza armada lideraron un golpe de Estado. Robert Mugabe salió del poder y en su lugar fue designado Mnangagwa, su vicepresidente. En julio de 2018 se realizaron elecciones semicompetitivas. El señor Tsvangirai no acudió a la convocatoria. Unos meses antes fue derrotado por un cáncer de colon fulminante. La oposición no logró rearticularse y el candidato Mnangagwa ganó los comicios. En Zimbabue aún no hay democracia.

Recurro al itinerario de Zimbabue a modo de introducción para analizar la situación de Venezuela. El advenimiento de la pandemia ha profundizado el colapso estructural que inició desde hace años. El COVID-19 aceleró la dinámica destructiva que creo la revolución chavista. Venezuela está en ruinas. Los hospitales carecen de lo mínimo. No tienen agua, alcohol ni gasa. Tampoco hay suficientes respiradores ni unidades de cuidados intensivos. No hay gasolina ni transporte público. El personal médico y sanitario camina largos trayectos para llegar a sus puestos de trabajo. Nuestra moneda desapareció y la hiperinflación cabalga en dólares. Los pocos productores agropecuarios que han sobrevivido no tienen cómo transportar su mercancía. Muchos han perdido sus cosechas y el trabajo de toda una vida. Campea la escasez de alimentos. En los últimos días se han registrado saqueos en distintas regiones del país. La cuarentena es una exigencia inalcanzable para los que menos tienen. Los sectores populares no se pueden dar el lujo de quedarse en casa. Las imágenes muestran barriadas enteras aglomeradas en calles estrechas buscando comida.

La dictadura acude a tres recursos para enfrentar la situación: i) propaganda, ii) represión, y iii) solidaridad autocrática. Tal como se puede advertir, ninguna de estas medidas busca solucionar la crisis. Su único objetivo es surfear el tsunami y afianzarse en el poder. Nicolás Maduro pretende salir ileso y fortalecido de esta coyuntura. A continuación, me detendré brevemente en cada uno de estos recursos.

Propaganda. Cada día, cerca de las seis de la tarde, algún vocero del régimen se dirige al país. Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez o Delcy Rodríguez aparecen en pantalla. Nos espetan con cinismo su relato. Después del saludo revolucionario de rigor comienza el desparpajo. Parecen personajes creados por Ionesco. Los domina el absurdo. Celebran el éxito de una cuarentena que pocos guardan, destacan las maravillas de un sistema educativo que no existe y felicitan a médicos que no tienen recursos para curar. Intentan silenciar el sufrimiento del país. Especialistas —y la realidad— aseguran que sus cifras son inconsistentes. Para que tengamos una idea, en Venezuela solo hay capacidad para hacer 100 pruebas PCR al día. En Alemania hacen 200.000 pruebas de este tipo cada jornada. En Venezuela, el régimen indica que hay 318 casos y 10 fallecidos. En Alemania, el gobierno registra 156.000 casos y 5846 fallecidos. Sencillamente mienten. Intentan dar sensación de control mientras el virus avanza de la mano del hambre.

Represión. El régimen acude al terror para avalar sus mentiras. Tal como decía Hannah Arendt, la propaganda y el terror se potencian entre sí. La represión opera de varias maneras. Identificamos dos niveles: quienes están en la mira y la población regular. Los primeros son los políticos, los periodistas y el personal médico. Están en la mira porque sus acciones podrían darle cauce al descontento y alterar la paz sepulcral que la dictadura se empeña en instalar. Los segundos son quienes, sin considerar los riesgos de contagio, salen a la calle a protestar por falta de comida, de electricidad o de combustible. Hace dos días fuerzas de seguridad del Estado reprimieron una protesta en el estado Bolívar y asesinaron a un hombre de 28 años.

Solidaridad autocrática. El régimen de Nicolás Maduro es reconocido como una dictadura por la mayoría de las democracias del mundo. Por tal motivo, acude a las grandes potencias autocráticas para encontrar apoyo técnico y financiero. China, Rusia, Cuba, Turquía e Irán han ofrecido barreras para contener el colapso. Sumado a esto, organismos multilaterales con fines humanitarios insisten para crear condiciones que permitan ingresar al país algún tipo de ayuda. Sin embargo, se corre el riesgo de que los bienes se pierdan en las redes cleptocráticas sin llegar a sus destinatarios finales.

Los tres recursos descritos que utiliza Nicolás Maduro para gestionar el colapso son limitados y pueden desgastarse con el tiempo. La propaganda pierde eficiencia cuando es superada por la realidad. La represión es inoperante cuando quien la padece toma conciencia de haberlo perdido todo. Y la solidaridad de las potencias autocráticas puede tender a disminuir si el equilibrio internacional que les permite existir se pone en riesgo.

Vuelvo a Zimbabue, la referencia inicial del artículo. Las perspectivas para Venezuela son complejas. Podemos advertir que están dadas las condiciones para que ocurra una catástrofe. En el mediano plazo podríamos enfrentar el repunte inocultable de infectados por coronavirus, escasez grave de alimentos, ausencia de combustible y hospitales sin recursos. Es muy probable que aumenten la conflictividad social y la violencia política. Este escenario podría interpelar al régimen y demandar una respuesta de las fuerzas políticas de oposición.

De la experiencia del país africano podemos extraer tres lecciones que pueden animar a la reflexión. Primero, puede resultar inconveniente para el proceso de democratización que las fuerzas opositoras suscriban acuerdos o emprendan acciones que las coloquen frente a la opinión pública nacional e internacional como un actor capaz de ofrecer soluciones a la crisis política y económica mientras la dictadura permanece en el poder. Estas decisiones, lejos de concretar lo que prometen, tienden a aliviar al régimen y a ayudarlo a reequilibrar el poder.

Segundo, las soluciones reales en materia económica y social solo son posibles si se abren las puertas hacia la democracia. Las autocracias son un obstáculo real en contra del desarrollo integral de los pueblos. Morgan Tsvangirai —con el apoyo de la comunidad internacional— intentó penetrar la dictadura y reformarla desde adentro. Lejos de lograrlo, perdió prestigio e hizo retroceder a las fuerzas opositoras. El ensayo de Tsvangirai alejó la democracia de Zimbabue y afianzó a Mugabe en el poder. Tsvangirai no acercó a Mugabe hacia la democracia. Ocurrió lo contrario. Mugabe acercó a Tsvangirai a la dictadura.

Y tercero, suscribir un acuerdo inconveniente puede alejar la liberación del horizonte cercano. Entiendo por acuerdo inconveniente aquel que no conlleve al cambio político o que no contribuya con su causa. Se trata de un asunto delicado que exige prudencia y audacia. Ciertamente, toda negociación con cualquier dictadura es un regateo y una apuesta. Y lo deseable es resolver los conflictos a través de actos conciliatorios. Sin embargo, la experiencia de Zimbabue nos enseña los límites del buenismo y la importancia de la cautela. Los pactos solo llevan hacia la democracia si están respaldados por voluntades rectas. De lo contrario, no alcanzan sus objetivos de libertad y traen decepción a quienes depositaron sus esperanzas allí.

Frente a este escenario los diferentes gobiernos deben desarrollar soluciones y paliativos para impedir que la crisis económica, que ya está anunciada por expertos y analistas, sea fulminante para sus naciones. Y además lo tienen que hacer a contrarreloj y lidiando paralelamente con la cuestión sanitaria y social.

¿Existe una salida para esta situación? ¿O apenas se puede esperar un control de daños? ¿Cuáles son los problemas más graves que debilitan la posición de los países en América Latina? ¿Qué hacen los países en otras latitudes para ayudar a sus ciudadanos, trabajadores y empresas?

Los datos

La caída del PIB en Latinoamérica será de 5,3 % en 2020, es decir, la peor de su historia. No se compara ni con la gran depresión en los años treinta. A ello se agrega una caída en exportaciones de hasta el 15 %, un desempleo superior al 11 % (8 % en 2019) y un crecimiento de la pobreza de 4,4 puntos. En resumen, América Latina tendrá 37,7 millones de desempleados en total, casi una de cada tres personas será pobre y cerca de 16 millones caerán en la pobreza extrema.

Según todos estos datos, provenientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región se enfrenta a una situación sin parangón. Algo que también se observa en otros países del mundo. En Europa, por ejemplo, los números no son más alentadores. En efecto, se espera un derrumbe del PIB que, según el país, varía entre el siete y el 13 %.

Marta Domínguez, investigadora económica española residente en Bruselas, explica que «la naturaleza de la crisis es totalmente distinta. No es que haya algunas debilidades del sistema y que en algún momento colapse, sino que ha llegado un shock externo y no sabemos cómo lidiar con él». Domínguez sostiene que la crisis más reciente, la de 2008, fue diferente y que, pese a su fuerte impacto, se trataba de un fenómeno medianamente conocido y visto en el pasado. «En este caso estamos ante una crisis distinta. Esto es un shock externo totalmente ajeno».

Este escenario —hasta ahora intransitado y, a la vez, inesperado— ha llevado a los Gobiernos a tomar medidas inéditas: cuarentena, aislamiento y distancia social, actividades de todo tipo paralizadas o suspendidas hasta nuevo aviso, por solo mencionar algunas. Y aquí es donde el Estado cobra centralidad y su labor se vuelve fundamental.

La reacción de los Estados

Los sistemas sanitarios en América Latina no son lo más óptimo que poseen. Según los datos de la CEPAL, en nuestra región apenas el 2,2 % del PIB está dedicado a la salud. Muy por debajo del 6 % que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y es justamente esta merma en la inversión del área lo que aumenta la necesidad de controlar el contagio e imponer la cuarentena. En otras palabras, ningún país se puede permitir que el sistema de salud llegue a sus límites. Y menos en Latinoamérica.

Por otra parte, cada Gobierno se vio obligado a pensar en la economía y el impacto que supone el cese de actividades: los ingresos de la población, la supervivencia de las empresas, especialmente de las más pequeñas, y, al mismo tiempo, la caída en la recaudación fiscal que limitaría justamente ese apoyo económico a los distintos sectores.

En Europa cada país elaboró estrategias de ayuda o salvataje en correspondencia con sus capacidades, su situación fiscal y su estructura económica. Alemania, por ejemplo, anunció un paquete de ayudas de más de 150.000 millones de euros. Un número que quintuplicaba el total de recaudación fiscal perdida. Un dinero que ayudaría a empresas, trabajadores, sistemas de salud y otras áreas. Se trata de una acción que Alemania se puede permitir por su robusta situación. De hecho, desde 2015 no generaba deuda y su capacidad de pago es tan alta que le permite pedir prestado a costos casi nulos.

En contraposición, la situación de Italia es diferente. Con una deuda pública que supera el 130 % de su PIB, precisa del apoyo externo, en particular, de la Unión Europea, para poder enfrentar la crisis. Y justamente en torno a ello gira la discusión actual entre los Estados miembros del organismo supranacional.

España, por su parte, discute la introducción de una renta básica universal. Una suerte de sueldo fijo para todos los ciudadanos en edad laboral, por un tiempo limitado. Una ayuda que le permitiría sobrevivir a muchas personas. Especialmente las más vulnerables.

¿Es imaginable algo así en América Latina? Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, advierte sobre el peligro de importar soluciones: «A veces desde Latinoamérica miramos lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, y extrapolamos demasiado». Según Iturralde, es importante entender las variables que son propias de nuestra región y a partir de ellas desarrollar diagnósticos y sus eventuales soluciones.

«El grado de informalidad de nuestras economías las hace mucho más precarias, hace que haya mucho más trabajadores en una vulnerabilidad absoluta cuando dejan de ir a trabajar». Es una de esas variables que marca el economista graduado en la London School of Economics. En ese sentido, una renta básica universal podría precisar de una cantidad de recursos que los países de nuestra región no tienen. Y no solo ello; también podría afectar a los más perjudicados por esta crisis, que son los grupos más vulnerables. Iturralde concluye: «Es tal la escasez de recursos en esta enorme crisis que Latinoamérica tiene que ir a prestaciones y ayudas más focalizadas».

Escucha nuestro podcast sobre este tema:

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La deuda y la escasez

La escasez de recursos está asociada a otro problema: la deuda. En casos como el actual, en el cual los recursos genuinos se reducen y a la vez caen la recaudación y los ingresos de las distintas fuentes de riqueza, como la explotación de los recursos naturales o el turismo, los Gobiernos deben recurrir a la emisión de deuda. Sin embargo, para un país endeudado previamente, esta opción puede ser extremadamente costosa o incluso imposible.

Según el Fondo Monetario Internacional, los países más complicados son Argentina y Brasil con deudas que superan el 90 % de su PIB. Les siguen Uruguay, Bolivia, México y Colombia, todos con una deuda por encima el 50 % del PIB.

Frente a esta situación se han levantado varias voces a favor de una condonación de la deuda. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo recientemente que es preciso una «paralización de la deuda para todos los países», especialmente los de renta media y baja. Según su análisis, la mayoría de ellos no tiene las espaldas para hacerle frente. En la misma línea se expresó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Según Iturralde, esta opción no es de fácil realización, aunque dada la excepcionalidad de la situación tampoco habría que descartarla de plano: «Hasta hace unos días te hubiera contestado sin dudar que ese tipo de planteos estaba más en el marco de la expresión de deseo. Aunque es verdad que la frontera de lo posible se está moviendo a una velocidad muy rápida, y no solo los escenarios económicos quedan obsoletos, sino que por el nivel de excepcionalidad de lo que estamos viviendo quizás haya algunas sorpresas que hoy nos cueste imaginar».

Según el economista, la mayor traba se da por la composición de la deuda: «El grueso no es con organismos internacionales. Es con capitales, con fondos, con inversores. Son actores que no trabajan por interés en el desarrollo económico; lo hacen para conseguir una utilidad, un fin económico». Es este contexto el que impide imaginar una operativización concreta de una eventual quita.

La informalidad

La economía informal es una porción muy relevante de las economías de nuestros países. Muchas personas trabajan en circuitos no registrados, que precisan de la circulación, del consumo habitual y diario. Sus actividades sufren fuertemente la paralización generalizada, ya que sin movimiento no hay ingresos.

El sector social más afectado por esta cuestión son las capas más vulnerables del tejido social, justamente aquellos que más precisan de la ayuda del Estado en este contexto. Es cierto que existen planes sociales dirigidos a estos grupos, que apuntan a combatir la pobreza. De hecho, varios países latinoamericanos han desarrollado políticas públicas exitosas en este sentido. Pero pareciera que no alcanza, en este contexto tan excepcional. Así lo indican los datos de la CEPAL: se espera que esta crisis deje como mínimo 37,7 millones de personas en la pobreza en nuestra región.

Alicia Bárcena, máxima representante de la CEPAL, insiste con medidas de redistribución. Asegura que un ingreso básico universal costaría el 2 % del PIB de la región. Tal vez un esfuerzo del sector de ingresos muy altos podría tener un impacto positivo en este punto.

La dependencia

La dependencia externa es el tercer problema y tal vez uno de los más importantes. China, Estados Unidos y Europa concentran el intercambio comercial en la región. Si ellos se paralizan, América Latina tiene grandes problemas. Y eso es lo que ha sucedido con la pandemia.

Se trata de las consecuencias de las cadenas de valor globalizadas. La investigadora económica Marta Domínguez, egresada de Oxford, sostiene que «la globalización de las cadenas de valor es un tema que se trató mucho al principio, porque obviamente esta crisis empezó en China, y China es el origen de un tercio de las exportaciones de productos intermedios. Creo que ahora la conversación ha cambiado. Ahora no se habla de que vengan más o menos productos de China, sino del problema interno en cada país».

Desde la perspectiva de Domínguez es posible que esta situación lleve a una reevaluación de la dependencia con China en toda Europa. ¿Es una oportunidad para que América Latina también revise sus cadenas de valor y su acoplamiento a ellas? En la CEPAL subrayan la necesidad de una mayor integración, de profundizar los lazos, de coordinar los esfuerzos para una economía más dinámica en la región.

Y a ello se le suma la necesidad de una diversificación. Un elemento que permitiría robustecer la economía y que, como explica Nicholas Nassim Taleb en su bestseller, nos haría más fuertes frente a la llegada de un cisne negro. Uno como el que estamos viviendo en estos tiempos.

Referencia:

Taleb, N. N. (2010). The black swan. The impact of the highly improbable (2.ª edición). Nueva York: Random House.

Además del sólido sistema de atención de la salud, los factores clave del éxito fueron la respuesta rápida y coherente del Gobierno, la buena cooperación interinstitucional de las diversas autoridades y el amplio cumplimiento de las directrices por la población. Los actores destacados de esta crisis son el ministro de Salud, Daniel Salas, y el presidente de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), Román Macaya, quienes han demostrado un manejo convincente de la crisis. El ministro de Salud incluso ya está siendo considerado como candidato para las elecciones presidenciales de 2022.

El presidente Carlos Alvarado ha concedido a los expertos una gran libertad de acción en la gestión político-sanitaria de la crisis. Por su parte, se centra en la coordinación de la cooperación entre las diversas oficinas estatales, trabaja con los agentes relevantes en la adopción de medidas para mitigar el impacto económico y social, y representa los intereses de Costa Rica ante las instituciones multilaterales.

#Aplanandolacurva: Las medidas contra la propagación del virus

El principal recurso de Costa Rica en la lucha contra la pandemia es su sólido sistema de salud, que se encuentra entre los mejores de América Latina. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene hospitales en todo el país y cuenta con más de 50.000 empleados, es decir, un empleado cada cien habitantes. Con 79,6 años, la población costarricense tiene la mayor esperanza de vida de América Latina. Además, las instituciones estatales están entre las más desarrolladas del subcontinente.

En Costa Rica se aprovechó el retraso en la llegada del virus para prepararse para la pandemia, basándose en la experiencia internacional. La declaración de emergencia nacional significó también el cierre de fronteras el 16 de marzo. Esto significa un gran perjuicio para un país cuya economía depende en gran medida del turismo. La vida pública se redujo al mínimo. Los funcionarios públicos fueron enviados a realizar sus tareas desde sus hogares y se pidió al sector privado que siguiera este ejemplo. Las playas y los parques nacionales fueron clausurados y las escuelas cerradas. Al mismo tiempo, el país se abstuvo de imponer un toque de queda total y se concentró en restringir el tráfico de vehículos, especialmente de noche. Durante la Semana Santa se prohibió completamente la circulación para evitar que los costarricenses se trasladaran a las playas con sus familias durante la principal temporada turística.

La población se ha comportado en forma disciplinada. Según una evaluación de los datos de telefonía móvil, la frecuencia de las visitas a tiendas, centros turísticos, playas y parques en Costa Rica disminuyó entre un 82 y 84 %, lo que es comparable a las cifras de Perú, pero sin el toque de queda que rige en el país andino.

Costa Rica también apuesta a una estrecha cooperación con las instituciones multilaterales. Por ejemplo, la iniciativa Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator de la OMS, que tiene por objeto proporcionar un mecanismo de acceso a las tecnologías relevantes en la lucha contra la propagación del virus, fue propuesta por Costa Rica.

Además de la aplicación rigurosa de medidas para contener la pandemia, Costa Rica se benefició de varios otros factores. En comparación con Europa, la población de Costa Rica es joven. La edad media es de 31,3 años, en comparación con los 42,9 años de la Unión Europea. El clima cálido del país tropical también puede haber jugado su rol en la lucha contra la propagación del virus. Los expertos también establecieron un vínculo entre la obligatoriedad de la vacuna BCG contra la tuberculosis en Costa Rica y la baja propagación del virus y la tasa de mortalidad.

Repercusiones sociales y económicas de la pandemia

También en Costa Rica la dimensión de la política sanitaria compite con la de la política económica. Ya antes del brote de coronavirus la economía se encontraba en un estado precario. En el último trimestre de 2019 el desempleo alcanzó al 12,4 %. Aunque el gobierno de Alvarado logró aprobar una reforma tributaria largamente esperada, los resultados aún no se reflejan en las finanzas públicas: a fines de 2019 el déficit presupuestal era de casi 7 %. Recién en febrero Moodys bajó la calificación de la solvencia de Costa Rica de B1 a B2.

Debido a las medidas adoptadas para contener el virus, muchos sectores de la economía se encuentran ahora en un punto muerto. El Banco Mundial predijo que el producto interno bruto del país caería 3,3 %. Los analistas financieros predicen además un 16 % de desempleo para finales de año. Numerosos costarricenses se han quedado sin empleo en el curso de la crisis; 1.130 empresas han suspendido temporalmente los contratos de trabajo de sus empleados y otras 705 tuvieron que reducir las horas de trabajo de su personal.

El turismo ha sido particularmente afectado. Se calcula que solo en abril de este año este sector perdió 365 millones de dólares debido al cierre de fronteras. El 13 % de los empleos están en la industria del turismo. Según estimaciones empresariales, unas 400.000 personas que trabajan directa o indirectamente en el sector (por ejemplo, en restaurantes y proveedores) ya han perdido sus empleos.

Para casi un millón de costarricenses que tenían empleo informal antes del brote de la pandemia, la situación es aún más precaria. Los migrantes se ven especialmente afectados por la crisis, ya que están representados de manera desproporcionada en el sector informal.

Es probable que la crisis exacerbe aún más el alto nivel de desigualdad social. Si bien las personas con trabajos de oficina bien remunerados pueden seguir trabajando desde su casa, las personas de bajos ingresos perdieron sus trabajos. El cumplimiento de las medidas de cuarentena e higiene también es mucho más desafiante para el 21 % que viven en la pobreza. Hay 104.000 hogares que no tienen acceso a agua y electricidad, y 15 % de las casas ocupan menos de 40 m². Solo un poco más del 50% de los hogares más pobres tienen acceso a Internet, que es actualmente un factor clave no solo para trabajar sino también para acceder a los servicios institucionales.

Medidas para aliviar la crisis económica

La rápida respuesta de Costa Rica a la pandemia fue posible gracias a maratónicas sesiones de la Asamblea Legislativa. Aunque se permite que las comisiones se reúnan digitalmente, esto no se aplica a la promulgación de leyes en régimen de plenario, ya que esto no está previsto en la Constitución. Por esta razón, los diputados se reúnen ahora en el mucho más espacioso auditorio del Museo de los Niños. Sin embargo, si un miembro del Parlamento se contagiara de COVID-19 y la Asamblea Legislativa fuera puesta en cuarentena, la consecuencia sería la suspensión de la actividad legislativa. Por esta razón, las leyes para mitigar las consecuencias de la pandemia son aprobadas en tiempo récord. Esto ha dado lugar a críticas de algunos parlamentarios, que subrayaron la falta de tiempo para analizar las iniciativas legislativas introducidas por el Gobierno.

Entre estas medidas están:

• moratoria de tres meses para el pago de varios impuestos, incluyendo el impuesto sobre el valor agregado, el impuesto a la renta y el impuesto a las importaciones;
• suspensión provisoria de la aplicación de la reforma fiscal de 2018 para cuatro instituciones que desempeñan un papel central en la lucha contra la pandemia;
• puesta en marcha del programa estatal de fondos no reembolsables Bono Proteger, que proporciona hasta el equivalente a 200 euros mensuales durante un período de tres meses a familias que hayan perdido sus ingresos debido a la pandemia;
• puesta en marcha del programa estatal Alivio, que tiene por objeto prestar ayuda de emergencia a las pequeñas y medianas empresas más afectadas por la crisis, con fondos de emergencia no reembolsables;
• inversión en grandes proyectos de infraestructura, en particular, para la construcción de carreteras.

También se instruyó a los bancos estatales para que amplíen los plazos de reembolso de los préstamos. Además, El Banco Central reaccionó bajando el tipo de interés de referencia.

Si bien existe un amplio consenso entre los partidos políticos respecto a las medidas para combatir la pandemia, aumenta la crítica del manejo de la crisis económica desde la oposición y círculos de expertos. El expresidente y economista de Berkeley, Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, hace un llamamiento a una mirada de largo plazo respecto a la política económica y advierte que no se deben gastar de golpe los fondos puestos a disposición por las instituciones internacionales. Los expertos critican además que las medidas actuales solo posponen la crisis y no alivian suficientemente la carga sobre pequeñas y medianas empresas. La oposición critica la falta de una estrategia global y afirma que se trata de múltiples medidas superficiales u puntuales de carácter únicamente paliativo.

Innovación e improvisación: el camino costarricense

Costa Rica ha demostrado agilidad y espíritu de innovación en la lucha contra la pandemia. Para esto son de relevancia central los expertos a los que puede recurrir, en particular, en el campo de la tecnología médica. La estrecha cooperación entre instituciones privadas y gubernamentales ha dado lugar a soluciones innovadoras, que van desde el desarrollo de equipos de protección mediante impresoras 3D hasta el establecimiento de un hospital especializado en casos de COVID-19 en solo once días.

Por ejemplo, la fábrica nacional de licores FANAL convirtió su producción de aguardiente en desinfectante en pocos días, y este fue distribuido a los hogares por el servicio postal de Costa Rica. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también se adaptó rápidamente y estableció un servicio de entrega de medicamentos a los grupos de riesgo.

Debido a la escasez mundial de respiradores, los equipos de investigación del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica están desarrollando conjuntamente respiradores que pueden fabricarse de manera rápida y económica.

El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica también está a la vanguardia del desarrollo de un fármaco contra el virus utilizando el plasma de pacientes COVID curados.

Debido a la escasez de dispositivos de testeo, Costa Rica decidió reducir su dependencia de los proveedores extranjeros también en esta esfera. El 23 de abril se anunció que el país desarrollará sus propias pruebas para el diagnóstico de COVID-19 bajo la dirección del Centro Nacional de Innovación Biotecnológica (CENIBiot) y en colaboración con la ONU.

Desafíos

A pesar de los enfoques positivos y los logros iniciales, Costa Rica sigue enfrentándose a enormes retos.

En Nicaragua, país con el que comparte la frontera norte, hasta ahora apenas se han adoptado medidas contra la pandemia. Mientras los países vecinos ya habían tomado amplias medidas de cuarentena, el gobierno autoritario de Daniel Ortega organizaba manifestaciones masivas y pedía dar la bienvenida al turismo internacional. La frontera entre Costa Rica y Nicaragua es permeable. En épocas normales, semanalmente cientos de nicaragüenses cruzan hacia el próspero país vecino. A pesar del aumento de la fuerza policial y del uso de drones para la vigilancia, el cierre completo de la frontera difícilmente será posible. De esta forma, incluso si Costa Rica lograra contener la pandemia, seguiría existiendo un alto riesgo de que el virus volviera al país desde Nicaragua.

Otro factor que inhibe a Costa Rica en la lucha contra la crisis es la tenaz burocracia, debido a la cual los programas de ayuda anunciados solo se han puesto en marcha lentamente. Por lo tanto, los desembolsos del fondo Bono Proteger no se esperan hasta mediados de mayo. Hasta entonces, cientos de miles de costarricenses permanecerán sin ningún ingreso.

Sin embargo, el principal reto es financiar las medidas manteniendo la estabilidad macroeconómica. El margen de maniobra financiera de Costa Rica es muy limitado, debido al difícil punto de partida. El país depende del apoyo de las instituciones internacionales.

Aunque Costa Rica ha logrado aplanar la curva, los expertos señalan que la pandemia está lejos de ser controlada. Por otro lado, la baja tasa de infección significa baja inmunidad en la población. En vista de la difícil situación económica y de la baja tasa de infección, se hizo una primera flexibilización de las medidas. Los expertos en salud están emitiendo ahora urgentes advertencias de los peligros de un rápido retorno a la normalidad, que podría significar una nueva ola de COVID-19 en las próximas semanas.

Traducción: Manfred Steffen

Argumentos clave

+ La combinación del rastreo por GPS y el procesamiento de grandes cantidades de datos (big data) apoyo de la inteligencia artificial puede facilitar el registro de patrones de movimiento y la creación de redes de grupos de personas. Esto acelera la trazabilidad de las cadenas de infección.

+ El uso y almacenamiento de datos personales según el modelo asiático no es posible sin una seria interferencia en la privacidad y los derechos fundamentales del ciudadano.

+ En lugar de seguir el enfoque asiático, el proyecto europeo se centra en el rastreo de proximidad para preservar la privacidad (privacy-preserving proximity tracing, PEPP-PT). Es un sistema de rastreo voluntario, anónimo y que protege la privacidad, basado en la tecnología Bluetooth, y funciona a través de las fronteras nacionales. Se busca un equilibrio entre la salud pública y la protección de la privacidad.

+ Con el PEPP-PT, Alemania y Europa dan una señal importante para un enfoque de la tecnología basado en valores que puede servir de modelo para un Estado de derecho moderno en tiempos de crisis. Además, permite la disminución gradual de las restricciones de movimiento.

Rastreo de teléfonos móviles contra COVID-19: punto de partida

En cada vez más regiones del mundo, la cuarentena combinada con el uso a gran escala de datos personales debería ayudar a frenar la actual pandemia de COVID-19. En el aspecto tecnológico, también se está utilizando el rastreo de teléfonos móviles, es decir, la evaluación de los datos del GPS de los teléfonos inteligentes en tiempo real, con ayuda de la inteligencia artificial. Lo que ya se conoce de aplicaciones como Google Maps o para fitness, debería ayudar a contener la pandemia, en especial, en la reconstrucción de las cadenas de infección.

La idea de frenar la propagación del patógeno mediante la lectura de datos de localización en los teléfonos móviles ya se ha puesto en práctica a gran escala, especialmente en las regiones asiáticas, sobre todo en China. El punto de partida fue identificar a los visitantes de una cafetería cuyo dueño dio positivo al test de coronavirus. A través del proveedor de telefonía móvil, las autoridades chinas pudieron identificar más de tres mil nombres cuyos teléfonos celulares se encontraban en o cerca de la cafetería, según los datos del GPS. Los investigadores reconstruyeron la cadena de infección a través de conversaciones telefónicas con los posibles visitantes infectados. Sin embargo, ese enfoque analógico ocupa mucho tiempo de trabajo y no garantiza la exhaustividad, ya que las declaraciones personales siempre pueden contener lagunas de memoria.

Rastreo de teléfonos móviles contra COVID-19: implementación

A fin de acortar y, sobre todo, aumentar la precisión de las investigaciones, se pidió a la población que diera a conocer proactivamente sus datos personales y de localización a través de una aplicación para teléfonos inteligentes. Esto incluye no solo los datos del GPS. Además de la divulgación del lugar, también se debe proporcionar el número del documento de identidad, el nombre y la dirección. Los usuarios de la aplicación recibirán entonces directamente la información sobre si existe un posible contacto con personas infectadas. Para ello, la aplicación compara los datos personales y de movimiento con los de los ciudadanos que ya han sido registrados como contagiados y luego calcula su propio riesgo de infección. En China esto se hace a través de la aplicación del Código de Salud, que se desarrolló en cooperación con la empresa Alibaba. A los usuarios de la aplicación se les muestra el riesgo de infección mediante tres códigos de color diferentes, que les indica así si pueden seguir participando o no en la vida pública. Si la aplicación muestra un código verde, es posible la plena libertad de movimiento; el amarillo significa libertad de movimiento restringida; si el código es rojo, debe entrar en cuarentena. Las fotos de la región china de Hangzhou, por ejemplo, muestran el control sistemático de los códigos de color en la entrada de la estación de metro. También se recoge en un lugar central la información sobre qué ciudadano muestra qué código de color y dónde, y se evalúa para monitorear constantemente la situación. Esto ayuda a identificar los puntos calientes (hot spot) con alto riesgo de infección. En Corea del Sur, los ciudadanos incluso reciben un mensaje de texto de advertencia en sus teléfonos inteligentes cuando se acercan a un bloque de pisos con muchos casos registrados. Este tipo de rastreo no permite separar claramente la vigilancia de la voluntad de mantener informada a la población.

El rastreo ayuda, pero…

En el caso de China, este enfoque es posible, entre otros motivos, porque ya existe una infraestructura de datos en gran escala que es utilizada diariamente por la mayoría de la población. Lo demuestra el ejemplo de Alibaba. Debido al volumen multimillonario de su negocio en línea, en Occidente la compañía todavía es percibida como equivalente chino de Amazon. Alibaba es un símbolo de la extensa estrategia de digitalización de China. Diariamente, 700 millones de personas en el país acceden a la oferta en línea de la empresa, que abarca desde sistemas de pago en plataformas de venta hasta sistemas de navegación.

Es de suponer que los datos de los clientes de Alibaba son suficientes para deducir pautas reveladoras de los movimientos de la población china, lo que podría proporcionar información sobre la propagación y la tasa de infección del virus. Por lo tanto, no es sorprendente que la aplicación del Código de Salud también provenga de Alibaba. El intercambio de datos personales y el uso regular de teléfonos inteligentes en la vida cotidiana está profundamente arraigado en la sociedad china. El llamado a revelar también la propia ubicación encaja con el enfoque cultural y político de la República Popular sobre las nuevas tecnologías. El rastreo de teléfonos móviles es solo una de las diversas fuentes de datos utilizadas en la lucha contra el virus.

En un principio, el acceso a los datos del GPS en la evaluación de los resultados es importante para un análisis geográfico de la extensión de la infección. Una vez que se dispone de cierta cantidad de datos, es posible trazar las pautas de movimiento de los grupos de personas, que contienen información sobre quién tuvo un posible contacto con quién y cuándo. En este caso se trata específicamente de datos de las conexiones de telecomunicaciones individuales. Se generan cuando los dispositivos terminales se conectan a una infraestructura electrónica y la utilizan para la comunicación. El análisis y la evaluación de estos datos se utiliza, entre otros casos, en acciones penales porque permite sacar conclusiones sobre el establecimiento de redes y contactos sociales de personas y grupos de personas. Cuanto más grande sea este registro de datos, más precisamente se podrán delimitar geográficamente los grupos de infección. Sin embargo, solo la adición de otras fuentes de datos diferentes permite una intervención selectiva y concentrada. Big data es concepto clave aquí.

El caso de Taiwán

Taiwán, una región que debería encabezar la lista de casos de infección debido a su proximidad con el territorio continental chino, ha logrado impedir por el momento una propagación nacional, recurriendo a diversos datos personales. Tras el brote de SARS en 2003, los datos de las autoridades de viajes, las oficinas de registro y las agencias de seguros se vincularon en un sistema central de vigilancia como medida preventiva para futuras epidemias. Como resultado, el gobierno taiwanés pudo poner en cuarentena preventiva a los ciudadanos en la fase inicial del comienzo de COVID-19 basándose en los síntomas y el historial de viajes. El rastreo de los teléfonos móviles mediante datos del GPS sirvió principalmente para controlar si se mantenía la cuarentena.

Al reunir diversas fuentes de datos, Taiwán pudo identificar posibles infecciones e iniciar un rápido rastreo de contactos basado en esta información. Los datos recogidos por el GPS ayudaron a emitir y hacer cumplir alertas de cuarentena específicas en una etapa temprana. Los modelos matemáticos de propagación de COVID-19 muestran que este enfoque puede retrasar con éxito e incluso contener una epidemia, especialmente en la fase inicial de una onda de infección. Sin embargo, una vez que el virus se ha propagado en el país, cambian las prioridades de las contramedidas y, con ello, la cuestión de qué datos siguen siendo útiles.

El caso de Alemania

El anuncio del Instituto Robert Koch (RKI) de que también se ocuparía de la utilización de los datos del GPS desencadenó un debate muy politizado, especialmente en relación con la protección de datos. Las consecuencias de la lectura de los datos, tal como se aplican en China y Taiwán, se parecen a intervenciones en la privacidad que serían difíciles de conciliar con los derechos fundamentales en Alemania.

Este debate es comprensible, porque la suposición de que se puede deducir el estado de infección individual a partir de los datos personales del GPS es una conclusión errónea. La transmisión de un virus es influida por diversos factores ambientales. La duración y la distancia del contacto con una persona infectada son factores variables que no se pueden deducir solo con los datos del GPS. Por lo tanto, puede cuestionarse la validez individual de los datos del GPS recogidos en China y Taiwán, pero esto no le hace nada al efecto que ha tenido su uso. Tanto el RKI como el Gobierno Federal son conscientes de ello.

Por vía de urgencia fue aprobada la “Ley para la protección de la población en caso de una situación epidémica de extensión nacional”, que otorga al Ministerio de Salud amplias facultades de decisión en caso de una ola de infección en toda Alemania. Se suprimió la normativa originalmente prevista en el proyecto de ley para permitir también el acceso a los datos de localización de los dispositivos móviles. Sin embargo, el uso de los teléfonos inteligentes y el acceso a sus datos aún no ha desaparecido de la agenda. Esto es bueno, porque el uso de esta tecnología ayudará a combatir la pandemia y así salvar vidas. La cuestión esencial es si este enfoque es posible sin intervenir los derechos fundamentales. Un enfoque plausible para una solución viene de Singapur y está siendo impulsado como proyecto europeo. Alemania también participa en el desarrollo y está a punto de introducirlo.

El distanciamiento social del Gran Hermano

El gobierno de Singapur ha creado la aplicación TraceTogether, que sigue el principio de privacidad por diseño, es decir, la protección de datos a través del diseño técnico. A diferencia de las anteriores aplicaciones de rastreo, TraceTogether no recoge datos de localización, sino que mide la distancia directa a otras personas en su propia vecindad a través de Bluetooth. Todos los usuarios se hacen anónimos mediante números de identificación cifrados y temporales. La aplicación guarda durante 21 días los datos de que alguien se acercó demasiado y a quién, únicamente en su propio smartphone. Si un usuario de la aplicación da positivo por el virus, puede transmitir voluntariamente la información a un servidor central. Los demás usuarios que se encontraban críticamente próximos a esa persona (a menos de los 1,5 metros recomendados) recibirán un mensaje con la correspondiente solicitud de cuarentena, y ello puede darse incluso antes de que la persona se entere de su test positivo. Esta persona podría haber infectado a otros sin saberlo, antes de su cuarentena. Hasta ahora, sin esta tecnología, las personas potencialmente infectadas eran identificadas solo por información personal que ellas mismas proporcionaban. TraceTogether acelera y puntualiza este proceso.

La variante europea también se basa en la estimación de la distancia a través de Bluetooth y se llama Pan European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) o rastreo de proximidad con preservación de la privacidad paneuropea. El proyecto es una colaboración multinacional de investigadores y programadores de países europeos, en la que participa el Instituto Fraunhofer por Alemania. El sistema PEPP-PT protege la privacidad mediante la anonimización completa y el abandono del almacenamiento central de datos. En particular, este rastreo de contactos digitales será transnacional. El uso de tal aplicación sería un primer paso para aliviar las restricciones a la circulación y los viajes dentro de la Unión Europea. Así pues, la ejecución satisfactoria del proyecto sería también una noticia importante para Europa desde el punto de vista económico.

Un alivio paulatino

Para Alemania, este enfoque es una solución prometedora, por dos razones. En primer lugar, el PEPP-PT no utiliza datos sensibles de localización y deja la responsabilidad de la notificación al ciudadano, que puede actuar de forma anónima. Por lo tanto, no hay ninguna autoridad estatal u oficial que restrinja ex nunc las libertades personales. En segundo lugar, el riesgo de infección no se determina por el contacto hipotético, sino, de hecho, mediante casos comprobados, no importa dónde haya tenido lugar este contacto. Lo importante es si se ha observado o no la distancia mínima de 1,5 metros recomendada por los médicos. En países como Alemania, donde el virus ya se ha propagado a todas las regiones, ese sistema de alerta podría diezmar las nuevas infecciones de manera más selectiva.

Esta es también la conclusión a la que llegó la Academia Nacional de Ciencias Leopoldina en su informe sobre la pandemia de coronavirus. Una superación sostenible de la crisis es realista si los conocimientos sobre la infección y el estado de inmunidad de la población son más exactos, especialmente a nivel regional. La recopilación de datos de movimientos, según la variante PEPP-PT, permite la construcción de modelos dinámicos que pueden trazar el curso de la pandemia con una referencia local. Los datos así obtenidos ayudan a los expertos a hacer predicciones más diferenciadas y pronósticos a corto plazo sobre la extensión de la infección. Desde el punto de vista político esto es crucial, ya que de esta manera las medidas actuales y futuras son verificables, mejorando la evaluación de su eficacia. El rastreo voluntario puede apoyar la decisión de retirar las restricciones y, al mismo tiempo, ayudar a dar forma a la manera de lograrlo. El intercambio de datos ayuda a reconciliar el control de la pandemia con un retorno gradual a la normalidad.

La tercera vía de Europa en la práctica

Allí donde la ola de infección ya afecta a grandes zonas de un país, dos objetivos son importantes para combatir la propagación del virus: 1. reducir la tasa de infección mediante la cuarentena; 2. aliviar la carga de la infraestructura sanitaria optimizando la distribución de los recursos. Para lograr estos objetivos es indispensable tener acceso a datos sobre el comportamiento de la sociedad afectada. Estos datos permiten localizar fuentes específicas de infección y así asegurar la atención médica en los lugares necesarios. Cada Estado afectado reacciona de manera diferente a los desafíos.

En la región de Asia, donde el virus desencadenó primeramente grandes olas de infección, se aplicaron medidas contrarias a la concepción alemana de las libertades civiles. Esto redujo la percepción del rastreo de teléfonos móviles en Alemania a preocupaciones de protección de datos. Con el trasfondo de los ejemplos mencionados de China, Taiwán y Corea del Sur, estas preocupaciones son comprensibles. Por otra parte, no se trata de prohibir el rastreo de teléfonos móviles, porque esto excluiría a la tecnología como una herramienta susceptible de abuso. Sin embargo, el diseño del software es crucial, ya que se debe basar en los valores y las leyes correspondientes. Con su enfoque de distanciamiento social, Alemania ha puesto en sus ciudadanos la confianza necesaria para que asuman por sí mismos la responsabilidad de garantizar la observancia de las medidas de protección. La renuncia a tutelar a sus propios ciudadanos mediante un lockdown nacional estricto no es obvia, si se observa el panorama mundial. Esta política debe complementarse ahora con medidas tecnológicas que no impliquen enfrentar los derechos personales de los ciudadanos y su salud. Incluso en tiempos de crisis, Alemania está fortaleciendo la responsabilidad personal de sus ciudadanos y está buscando una solución que proteja simultáneamente la privacidad y utilice los datos en función del bien común. Esta es una señal importante no solo para su propia población, sino también una expresión de la concepción europea de los valores, aplicada al diseño de la digitalización con un carácter modélico.

Fuentes: Última consulta de datos para los enlaces de Internet mencionados: 14 de abril de 2020.

Traducción: Manfred Steffen

El desacuerdo entre el presidente populista de derecha, Jair Bolsonaro, y Sergio Moro culminó finalmente en la inmediata salida del gobierno de uno de los más importantes miembros del gabinete. De esa forma, en el plazo de una semana el presidente perdió al segundo ministro que gozaba gran popularidad y que además era la figura del gobierno en la lucha contra la corrupción y por mayor seguridad, aspectos con los que Bolsonaro logró, hasta ahora, ganarse a un sector del electorado clásicamente conservador.

En tiempos de por sí turbulentos y difíciles, Brasil se dirige hacia una verdadera crisis política. En solo 15 meses, ocho ministros dejaron el gobierno de Bolsonaro [1] y el índice de aprobación del presidente actualmente alcanza a solo 30 %, según la consultora Datafolha. Es significativo que los dos exministros hayan gozado hasta hace poco de índices de aprobación bastante más altos que el propio presidente (Mandetta, 64 %; Moro, 55%), según registró Datafolha. En algunas ciudades, la partida de Moro fue acompañada de fuertes bocinazos y furiosos caceroleos desde los balcones. En los medios de comunicación social, a principios de la tarde del viernes 24, bajo el hashtag #ForaBolsonaro, ya se habían registrado al menos un millón de tuits en las redes, expresando un amplio apoyo al exministro de Justicia. Moro goza de una reputación particularmente alta entre grupos de votantes que son fundamentales para Bolsonaro, desde los liberales económicos hasta los militares y los evangélicos. En vista de estos acontecimientos, el presidente podría verse pronto obligado a buscar acuerdos en el Congreso con actores del establishment político, que en realidad rechaza, para consolidar su administración y no poner en peligro su propia posición.

Con casi 60.000 personas infectadas en todo el país y más de 4.000 fallecidos hasta el 26 de abril, el sistema de salud brasileño alcanzó su límite de capacidad en muchos lugares. Asimismo, son completamente inciertas las consecuencias políticas, sociales y económicas que la crisis del COVID-19 tendrá finalmente para el Brasil. En cualquier caso, la turbulencia política descrita no ayudará a estabilizar la situación. Por ejemplo, la dimisión del ministro de Justicia provocó inmediatamente una nueva y fuerte devaluación del real brasileño frente a las principales monedas internacionales, como el dólar y el euro.

Respecto a sus planes futuros, Moro expresó que quería primero tranquilidad pero que seguiría disponible para su país. Ya hay muchas especulaciones en el Brasil sobre cuánto tiempo más permanecerá en el cargo el igualmente popular ministro de Economía Paulo Guedes, decisivo para impulsar la reforma de la seguridad social y las pensiones, y sobre si Moro podría incluso reaparecer en equipo con Mandetta en las próximas elecciones presidenciales, abriendo así la próxima campaña presidencial brasileña como resultado de los acontecimientos de los últimos días. También será interesante ver cómo se comportarán en el futuro los militares, que forman parte del gabinete de Bolsonaro y han expresado su preocupación por lo que está sucediendo. En cualquier caso, el Brasil no alcanza la tranquilidad necesaria en momentos en que, en parte debido a la crisis del COVID-19, el país necesitaría más que nunca una política unificada y eficaz.

Nota: [1] Ellos fueron: Sergio Moro (Justicia y Seguridad Pública), Henrique Mandetta (Salud), Osmar Terra (Ciudadanía), Gustavo Canuto (Desarrollo Regional), Gral. Floriano Peixoto (Secretaría General de la Presidencia), Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaría de Gobierno), Ricardo Vélez (Educación) y Gustavo Bebianno (Secretaría General de la Presidencia).

Traducción: Manfred Steffen

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La pandemia pone a la economía en jaque. En regiones con altos niveles de informalidad, mucha dependencia del comercio exterior o el turismo y deuda pública de proporciones los efectos pueden ser enormes. ¿Se puede hacer algo al respecto?

La economía no está ajena al coronavirus. El desempleo sube y se prevé un crecimiento de la pobreza. En Latinoamérica el impacto no será menor. Por un lado por los altos niveles de deuda de muchos de sus países, por otro por la informalidad en la economía que dificulta el desarrollo de estrategias para la asistencia de aquellos que más lo necesitan. La dependencia extranjera tampoco ayuda y los tiempos se acortan.

¿Cuál es la situación de la economía en América Latina durante la pandemia? ¿Qué se puede hacer y qué pasarén en los próximos meses?

Lo discutimos con dos analistas económicos de peso:

Marta Domínguez, investigadora económica egresada de la Universidad de Harvard y residente en Bruselas. @MartaDomnguezJ1

Agustín Iturralde, economista y director del Centro de Estudios para el Desarrollo. @Itu_Agustin

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Conducción y realización: Franco Delle Donne.

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En 1970, el politólogo John Mueller escribió un influyente artículo donde analizaba cómo las crisis internacionales dan un impulso de corto plazo a la aprobación presidencial. A este efecto de las crisis sobre la opinión pública lo denominó rally around the flag. El nombre hace mención a una práctica habitual en las carreras de Nascar, una de las competencias automovilísticas más populares de Estados Unidos. En dichas carreras, cuando sucede un accidente en la pista, la organización sacude una bandera amarilla y aparece un auto de la organización, el pace car, cuya función es neutralizar la competencia, ponerse al frente de todos los autos y fijar una velocidad máxima común hasta que el incidente se despeje de la pista. Esa metáfora procura ilustrar la existencia de determinados episodios críticos en la historia de un país que generan un realineamiento momentáneo de los respaldos detrás de su máximo líder.

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Eventos como el 11 de septiembre en Estados Unidos, el terremoto en Ecuador o la crisis de los mineros en Chile pueden ser dinamizadores de una recuperación de la legitimidad presidencial. Son episodios que demuestran la capacidad del poder político de hacer de una crisis un ropaje de consenso. Pero no todas las crisis son iguales en su impacto. No es lo mismo un escándalo, un accidente natural o una guerra. Las grandes crisis económicas generan conflicto político, tensión distributiva y, eventualmente, caída del liderazgo presidencial. Mientras, las crisis humanitarias son momentos excepcionales que activan la demanda de solidaridad global.

El efecto al que hacía mención Mueller, sin embargo, se circunscribe solo a eventos: a) internacionales; b) específicos, dramáticos y delimitados; c) que involucran al presidente o a la nación (por ejemplo, el pace car). Estas tres condiciones se cumplen en el proceso social que el mundo está viviendo. ¿Qué ha sucedido con los respaldos de los presidentes de América Latina durante esta crisis? ¿Acaso vimos aumentar los niveles de aprobación?

El efecto de la crisis en la opinión pública de la región

La pandemia provocó, hasta aquí, efectos desiguales en la aprobación de los gobiernos. Es que el incremento en la popularidad parece haber sido condicional a la respuesta que el poder presidencial generó ante la crisis. Las situaciones de grandes emergencias son una oportunidad, no un cheque en blanco para los mandatarios. Carter lo aprendió en la crisis de Irán, Johnson con Vietnam, Bush con Irak. La acción presidencial importa: las crisis pueden operar como mitos fundacionales de una gestión o ser el epílogo de un liderazgo.

En un primer grupo de países, el efecto rally around the flag parece haberse verificado: la emergencia sanitaria trajo aparejada una mejora sustantiva en la popularidad presidencial. Es el caso de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Bolivia. En otro conjunto de naciones —México, Brasil, Ecuador— se registran caídas en el nivel de apoyo a los mandatarios.

Aprobación presidencial (febrero-marzo 2020)

Alberto Fernández en Argentina, Iván Duque en Colombia y Martín Vizcarra en Perú fueron los mandatarios que obtuvieron mayor incremento en sus niveles de aprobación. En menor rango que los anteriores, pero también mejorando positivamente la opinión respecto a sus gobiernos, están Jeanine Añez en Bolivia y Sebastián Piñera en Chile. Beneficiados ante la opinión pública, estos líderes constituyen un colectivo diverso. En esta oportunidad, su posición ideológica o partidaria no explica el resultado. En el análisis parece haber tres variables que ayudan a comprender la variación en la popularidad: la apreciación temprana de la crisis, la velocidad de la actuación y el alcance de las medidas de aislamiento.

En el grupo de los presidentes que vieron erosionados sus niveles de aprobación se encuentran Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México y Lenin Moreno en Ecuador. Uruguay constituye una excepción en nuestro relevamiento: Lacalle Pou asumió la presidencia el 2 de marzo, está transitando periodo de asunción con la opinión pública y todavía no se pueden medir los efectos que esta crisis provocará en su gobierno. En cuanto a Paraguay, no fue posible encontrar suficientes estudios de opinión para incorporarlo al análisis.

Variación en la aprobación presidencial (febrero-marzo 2020)

La pandemia supuso una prueba de fuego para los liderazgos presidenciales de la región. En general, en aquellos países que decretaron la cuarentena con cierta anticipación (Argentina, Colombia, Perú), sus mandatarios vieron aumentar su popularidad drásticamente. Fernández, Duque y Vizcarra registran crecimientos en su aprobación de más de 20 puntos porcentuales. En el dilema entre salud y economía, las sociedades parecen haber percibido que los gobernantes eligieron minimizar el costo humanitario.

Chile emerge, en este contexto, como una excepción. Piñera dispuso medidas de aislamiento social segmentadas para no paralizar la actividad productiva, y la estrategia le dio resultado. La crisis sanitaria opacó a la crisis política y permitió un repunte de la imagen presidencial, que pasó del 9 % al 21 %. En aquel país se dice que la pandemia provocó muertes, contagios y un resucitado (por el presidente).

Los tres mandatarios que ante la pandemia sufrieron caídas en sus niveles de apoyo (Bolsonaro, López Obrador y Lenin Moreno) tienen un denominador común: reaccionaron tarde a al Covid-19 y tomaron medidas de aislamiento limitadas. En Brasil, la crisis de salud se tradujo en una crisis política. Bolsonaro subestimó abiertamente el desafío planteado por el coronavirus y hoy está en soledad: parte de su gabinete, el Congreso y los gobernadores exigen que el presidente declare la cuarentena general. Aislado y debilitado, la aprobación del mandatario brasilero cayó 10 puntos porcentuales y su horizonte asoma complicado. Aunque aún ostenta un núcleo de apoyo duro —alrededor de un tercio de la opinión pública—, la reciente renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro, escenifica la precariedad de un liderazgo presidencial en estado de descomposición.

Por su parte, AMLO venía con altos niveles de aprobación pero sufrió con la pandemia la mayor caída registrada en el año y medio que lleva al frente del gobierno de México (15 %). En su afán de llevar tranquilidad a la sociedad y de morigerar el daño en la economía, López Obrador retrasó las medidas de aislamiento social. El desenlace no fue el esperado: el presidente perdió la narrativa de la crisis y apareció actuando detrás de los acontecimientos. Hoy México registra más de 1300 muertes y AMLO es muy criticado por la gestión de la pandemia.

Lenin Moreno estableció el toque de queda cuando el virus ya se había expandido en su territorio, lo cual supuso un duro golpe para su presidencia. Cuando intentó responder a la crisis, el COVID-19 ya había hecho colapsar el sistema sanitario, especialmente de Guayaquil. Ecuador es hoy el país de América Latina con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes (33,8).

Promedios, máximos, mínimos y rangos de aprobación presidencial (febrero-marzo 2020)

Aquí evaluamos el respaldo del que disponen los gobiernos para afrontar la crisis. Algunos líderes de la región actuaron rápido y obtuvieron mejoras en sus niveles de popularidad. Para otros, la emergencia sanitaria se tradujo en una caída de su legitimidad. Estos tienen motivos para preocuparse, pero aquellos no se pueden relajar: los resultados son circunstanciales. La evidencia histórica ha demostrado que todos estos aumentos decaen a medida que pasa el tiempo. Esta es la primavera de un suceso crítico, la captura de un instante, no necesariamente la marca de su época.

«La política de los cristianos no siempre es una política cristiana. Con demasiada frecuencia la política social no ha sido más que el vagón ambulancia de la política económica. Todos hablan de apretarse el cinturón, pero solo manipulan el cinturón del vecino».

Norbert Blüm

Fabricante de herramientas, gerente general y presidente de la Organización de Trabajadores Demócrata-Cristianos (CDA), ministro federal, doctor en Filosofía, Blüm fue el único ministro que formó parte del Gobierno federal de Helmut Kohl en forma ininterrumpida desde 1982 hasta 1998.

En Norbert Blüm, el canciller federal Helmut Kohl encontró un ministro de Trabajo y Asuntos Sociales resuelto, popular, influyente y valiente, firmemente arraigado en la doctrina social cristiana y el movimiento obrero católico («marxista con el corazón de Jesús»); como presidente de muchos años de las Comisiones Sociales de la CDU y de la influyente organización regional del partido en el Estado federado de Renania del Norte Westfalia, pertenecía al grupo de los pesos pesados políticos del partido. Fue el único ministro que formó parte del gobierno federal bajo Helmut Kohl en forma ininterrumpida desde 1982 hasta 1998.

Juventud y formación

Norbert Sebastian Blüm nació el 21 de julio de 1935 en Rüsselsheim, en la región del Rheingau. En 1943, su padre, un mecánico automotriz y conductor de buses, huyó con la familia de los bombardeos de su natal Hessen a Schafhausen, cerca de Alzey, en la región del Palatinado. Ahí, Blüm inició su vida escolar. Después de finalizar la escuela en Rüsselsheim, se formó como técnico en máquinas y herramientas en la empresa Adam Opel AG, en la que trabajó hasta 1957.

Norbert Blüm participó activamente en diferentes organizaciones juveniles de la iglesia: fue monaguillo y perteneció a los Scouts de San Jorge, una asociación alemana de scouts católicos. Con ellos viajó por toda Europa. Se ganó su sustento trabajando como obrero de la construcción, camionero, mozo, en la construcción de carreteras en Grecia y en un taller de artesanía de hierro forjado en Turquía.

Después de rendir su bachillerato, entre 1961 y 1967 estudió germanística, filosofía y teología católica en las universidades de Bonn y Colonia. Uno de sus profesores en la universidad de Bonn fue el teólogo fundamental Joseph Ratzinger, posteriormente papa Benedicto XVI.

Democracia cristiana

En 1950, Norbert Blüm ingresó a la CDU. Desde 1966 trabajó a tiempo completo para las Comisiones Sociales de la CDA, primero como asesor de política social y editor de Soziale Ordnung, la revista mensual de la CDA. Solo dos años después ascendió a gerente general de las Comisiones Sociales de la CDA; de 1977 a 1987 fue su presidente federal.

En los años 1970, Blüm formaba parte del círculo de políticos de oposición más prominentes de la CDU. En los años 1972 a 1981 y 1983 a 2002 Norbert Blüm fue miembro del Parlamento Federal alemán. Desde 1982 hasta el año 2000 formó parte de la directiva de la CDU alemana.

Después del cambio de gobierno el 1 de octubre de 1982, el nuevo gobierno federal bajo Helmut Kohl, liderado por la Unión Demócrata-Cristiana, declaró como su objetivo prioritario impulsar un cambio fundamental en la división del trabajo entre el Estado y el mercado. Algunas palabras claves de este cambio de estrategia en la política regulatoria eran: más mercado, más autoayuda, menos Estado y, no menos importante, la consolidación del presupuesto federal. Este programa de gobierno tuvo importantes consecuencias para la política social. Había que reducir el gasto social; además se iniciaron reformas institucionales para enfrentar los efectos del cambio demográfico y sus consecuencias económicas.

[Lee también: Kohl y la grandeza política]

Los riesgos del cambio económico impulsado, de la baja en las tasas de crecimiento y la progresiva individualización de la sociedad en los años de 1970 y 1980, implicaron un enorme desafío para el Estado social alemán. Por esta razón, el canciller federal Helmut Kohl explicó los objetivos de la coalición de gobierno en sus declaraciones gubernamentales de octubre de 1982 y mayo de 1983. Se refirió expresamente al legado de la era Adenauer y anunció un rediseño de la política económica y social con el propósito de ponerle fin a las exigencias exageradas al Estado y a los sistemas de seguridad social. Argumentaba que el pasado había demostrado que un orden económico era más exitoso en la medida en que el Estado se mantenía al margen y concedía libertades a los ciudadanos. El Estado debía reducirse a «lo medular de sus funciones». La «renovación de la economía social de mercado» —según el objetivo del gobierno de Helmut Kohl— debía contribuir al desarrollo «de libertad, dinamismo y autorresponsabilidad». El esfuerzo y la responsabilidad individual debían volver a valer la pena, y el canciller recordó que era necesario obtener ganancias para poder financiar las inversiones.

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

Para el gobierno de Kohl, el político social Norbert Blüm tenía un importante peso político-electoral. En su ministerio, Blüm encontró un gran número de colaboradores comprometidos, competentes y unidos por un espíritu de cuerpo. Al ministro Blüm y el Ministerio de Trabajo los unía la tarea y la visión de mantener un equilibrio social, ajustar la política social a los nuevos desafíos económicos y demográficos, consolidarla y posicionarla contra los ataques de la propia coalición, la oposición y los sindicatos.

La filosofía de la política social de Blüm estaba orientada —con todos los principios generales— en objetivos pragmáticos. En términos ideológicos tenía una fuerte influencia del jesuita y especialista en ética social cristiana Oswald von Nell-Breuning. En la concepción de Blüm, el Estado social era la piedra angular del ordenamiento liberal y democrático de la República Federal de Alemania. «No comenzamos esta política social desde cero», sostuvo en un discurso ante la bancada de la CDU/CSU en el Parlamento Federal en 1983, «sino que hacemos política social con un sistema existente. Solo los ideólogos hacen política social desde la mesa de dibujo. Quien quiera hacer una política social cercana a la vida real, no puede dar la impresión de que puede poner todo de cabeza; tiene que tomar lo existente como punto de partida». Blüm, quien también era miembro del sindicato IG-Metall, tuvo que soportar a veces duras críticas por sus decisiones en materia de política social, previsional y laboral, entre otras por el seguro de cuidados permanentes (Pflegeversicherung), elaborado por él y su subsecretario Bernhard Worms. Este seguro era controversial pero necesario, ante los desarrollos demográficos, sociales y familiares.

Por lo demás, Blüm también luchó en forma consecuente por el respeto a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Así, por ejemplo, en 1987 en Chile, donde criticó sin ambages la dictadura militar del general Pinochet.

Retiro a la vida privada

El retiro de Norbert Blüm de la contingencia política se produjo paso a paso. En 1999 entregó la presidencia de la CDU de Renania del Norte Westfalia. En 1999/2000, su lealtad y amistad con Helmut Kohl se vio expuesta a una dura prueba por el escándalo de las donaciones a la CDU y las infracciones a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, hasta que llegó a un abrupto fin. En el congreso nacional del partido del año 2000 ya no se presentó como candidato a vicepresidente federal; en el año 2002 salió del Parlamento federal alemán.

Después de su retiro del escenario político, Blüm escribió, entre otros, varios libros infantiles y se desempeñó como publicista.

El 23 de abril de 2020, Norbert Blüm falleció a la edad de 84 años en Bonn.

Publicación original en el sitio web de la KAS, el 24 de abril de 2020.