La crisis del coronavirus está llevando a la unión monetaria europea directamente hacia una nueva crisis existencial. Puede que de momento no sea obvio: incluso los países más afectados por la pandemia —ante todo Italia y España— se financian sin problemas en los mercados de bonos. Pero las apariencias engañan. La prima de riesgo italiana sigue siendo moderada, entre otras cosas, gracias a un nuevo programa de estabilización lanzado por el Banco Central Europeo, que se compromete a comprar deuda por valor de 750.000 millones de euros. Sin este cortafuegos la situación probablemente ya sería más crítica.

Cabe dudar de que Italia, ya fuertemente endeudada, sea capaz de financiar por sí sola los recursos que necesita para paliar los daños causados por la crisis del coronavirus. Se trata de evitar que la paralización económica forzosa lleve a la quiebra masiva de empresas sanas. De lo contrario, la tercera economía europea sufriría daños irreparables. Con su capacidad económica mermada, Italia sería definitivamente incapaz de saldar su ingente deuda, lo que eventualmente podría hacer peligrar su pertenencia a zona euro. Y es más que dudoso que la UE en su conjunto sea capaz de sobreponerse a tal terremoto.

Por lo tanto, hay mucho en juego. Italia y probablemente una serie de otros Estados europeos necesitarán ayuda. Los países del sur, pero también Bélgica, Irlanda y Luxemburgo, exigen que la lucha contra la crisis se financie con coronabonos, es decir, con la emisión de deuda conjunta. Esto resulta inaceptable para el gobierno federal de Berlín, pero también para los Países Bajos y otros Estados miembros. Para ellos, los coronabonos no son otra cosa que una nueva edición de los eurobonos que ya rechazaron decididamente durante la primera crisis del euro. Se oponen a una comunitarización de la deuda. En su lugar, recomiendan a Italia recurrir al mecanismo de rescate MEDE.

Mientras Europa está en llamas, se reavivan los debates de siempre. Los unos claman por la solidaridad, los otros entienden unión de transferencias. Pero siendo realistas, el euro solo puede sobrevivir si sus miembros están dispuestos a defenderse mutuamente en momentos de emergencia. Los instrumentos que ahora mismo se están planteando para combatir la crisis, en última instancia, tienen precisamente esta finalidad.

Klaus Regling, el director del MEDE señala que para que este fondo de rescate pueda prestar la ayuda necesaria, también tendría que recurrir a la emisión de deuda comunitarizada, con la garantía de todos los Estados de la eurozona. Asimismo, la responsabilidad de la deuda que el BCE va comprando en su empeño por salvar la situación, en último término también tendrá que ser asumida por los alemanes, ya que como socios del banco emisor tenemos nuestra tasa de corresponsabilidad en cuanto a los riesgos en el balance financiero del BCE.

¿Cuál puede ser la salida? Probablemente ni el MEDE ni los coronabonos sean la solución, pues ambos tienen importantes desventajas. Un crédito de rescate a cargo del MEDE sería difícil de asumir para los líderes políticos italianos y aumentaría aún más el nivel de endeudamiento. De recurrir a tal crédito, las condiciones tendrían que ser mínimas, lo que por otra parte iría contra de la finalidad del fondo de rescate. Los coronabonos, por otra parte, son políticamente tóxicos en el norte de Europa, al margen de que su creación sería compleja y que probablemente no llegarían a tiempo para hacer frente a la crisis del coronavirus.

De allí que urja encontrar soluciones alternativas. Hay algunas ideas sobre la mesa como, por ejemplo, la propuesta de la Comisión Europea de introducir un subsidio común por desempleo parcial o la condonación temporal de las cuotas de miembro de la UE de los países en crisis por el coronavirus, que plantea el economista Daniel Gros. Pero todas las soluciones tienen un denominador común: no hay alternativa a la solidaridad financiera entre los países europeos.

Artículo original publicado en el periódico Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, el 5 de abril de 2020.

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Cuando ocurre alguna desgracia en el mundo, por regla general, al cabo de poco tiempo se le recrimina a la Unión Europea, acusándola de haber fallado en algo. En el caso del coronavirus, inicialmente se acusó a los países miembros de no haber consensuado sus medidas contra la propagación de la infección; a continuación, surgió la controversia sobre la presunta falta de solidaridad. El expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, incluso llegó a advertir que la pandemia representaba un peligro mortal para la Unión.

¿No nos estaremos pasando un poco? Para analizar el papel que la Unión Europea puede jugar en esta crisis global hay que empezar por admitir que Bruselas prácticamente carece de competencias en materia de política sanitaria. No es titular de centros de salud ni de hospitales ni de laboratorios de ensayo. No tiene ni policía de fronteras propia capaz de imponer la prohibición de entrada a la UE que ella misma acaba de decretar.

La UE no es ningún Estado y la Comisión no es un Gobierno. Por lo tanto, no tiene sentido plantearles exigencias que solo un Estado nacional clásico puede satisfacer. Desde este punto de vista fue adecuado que inicialmente cada país procediera por su cuenta contra esta nueva enfermedad. Cuando se produce un foco de infección en el norte de Italia, es razonable reducir la vida pública en esta zona y que la vecina Austria cierre sus fronteras. Pero no es necesario que un país a gran distancia geográfica, poco afectado y con una bajísima densidad de población como Suecia asuma estas mismas medidas inmediatamente. Y no hace falta que para decidirlo se pierda un tiempo precioso convocando al Consejo en Bruselas.

Esto no quiere decir que la UE sea irrelevante en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias. Tiene importantes competencias en materia de política económica. Y las ha utilizado de forma rápida y adecuada. La flexibilización de las normas que rigen los subsidios estatales permite a los Estados miembros prestar una ayuda eficaz a sus empresas. La suspensión de las reglas presupuestarias facilita la obtención de los recursos necesarios para ello. También hay toda una serie de iniciativas de menor calado, pero muy útiles, como la compra conjunta de equipos de protección o la participación en el desarrollo de una vacuna o de tratamientos. Tampoco hay que olvidar que enfermos de COVID-19 de Italia y Francia fueron trasladados para su tratamiento a Alemania y a otros países. Una verdadera muestra de solidaridad en un tiempo de crisis, en el que las camas de UCI son un bien muy escaso.

Es una respuesta bastante satisfactoria teniendo en cuenta que se trata de una unión de 27 miembros y de una situación sin precedentes. Otros países que se vanaglorian de su grandeza y de su independencia no dan muestras de saber hacerlo mucho mejor. Pese a ello, Italia, Francia y España han vuelto a plantear, una vez más, el debate sobre la mutualización de la deuda. No parece viable a gran escala, en forma de corona o eurobonos. Pero la Comisión ha propuesto un fondo común de desempleo parcial avalado por fondos comunitarios. Estará dotado de 100.000 millones de euros, lo que no es poco, por mucho que en la crisis del euro las cantidades aportadas fueran aun más importantes.

No es fácil encontrar motivos objetivos que justifiquen esta medida. Incluso la endeudadísima Italia no encuentra por ahora obstáculo alguno a la hora de acceder a los mercados financieros. En esta misma semana se le han concedido varios préstamos a un tipo de interés muy por debajo del nivel de la crisis del euro. Por supuesto, ello se debe a la ayuda del Banco Central Europeo, pero no es previsible que esta ayuda se agote en un futuro próximo.

Es difícil no tener la impresión de que se trata de sacar provecho de estas horas bajas. El presidente francés Macron ha afirmado que lo que importa en este momento histórico no son cifras, sino muestras inequívocas de solidaridad europea. Este mensaje probablemente tenga buena acogida en Francia y en Italia, donde se sueña con la comunitarización de la deuda desde hace mucho tiempo. En Alemania o en los Países Bajos ocurriría lo contrario. Si sus contribuyentes volviesen a temer tener que financiar la deuda de otros países, ello socavaría la legitimidad de la UE. Y proporcionaría nueva munición a los populistas de derechas.

Hay que admitir que la realidad es esta: hace años que en la UE no hay consenso sobre la progresión de la integración, el brexit está muy lejos de estar solucionado, en el este de Europa el Estado de derecho se está desmoronando. Es una situación en la que Europa no se puede permitir una política de gestos simbólicos que sobrepasen sus capacidades. Las graves consecuencias de la pandemia se pueden combatir con los mecanismos financieros existentes, así como a través del nuevo presupuesto comunitario que se está negociando en estos momentos.

Artículo original publicado en Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung el 4 de abril de 2020.

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¿Por qué es importante reflejar y dialogar acerca de las políticas públicas?

La respuesta es bastante sencilla: para fortalecer la cohesión social. La cohesión social es el “pegamento” que preserva a una sociedad, y que distingue a una comunidad humana de una simple acumulación de personas.

La perspectiva de las políticas públicas permite, ante todo, ver al Estado en acción, haciendo —o dejando de hacer— cosas, con la participación de los ciudadanos. Sin embargo, en América Latina no ha existido suficiente debate e investigación relacionados con los fundamentos de este nuevo campo, sus elementos básicos, alcances, límites y lo que es más importante, su futuro, perspectivas y posibilidades de adaptación a nuestro medio latinoamericano en general y Centroamericano en particular. Este panorama se hace más complejo, sobre todo al tener en cuenta que en ninguno de nuestros países latinoamericanos se cuenta con una tradición formal a este respecto.

Esta propuesta, ha tomado prestada de otros campos, áreas y disciplinas, muchas herramientas siguiendo un beneficioso y moderno enfoque interdisciplinario. Pero, a la vez, mediante el necesario eclecticismo, ha logrado conformar su propio y particular campo de estudio e investigación-acción

ISBN: 978-99979-822-1-6

Publicación: Honduras, 2019.

Edita: Fundación Konrad Adenauer.

En el escenario internacional, la crisis del coronavirus ha unido a gobiernos y ciudadanos frente a la enfermedad. No en vano líderes de todo el mundo han elevado sus índices de aprobación en la opinión pública tras los respectivos manejos de crisis en sus países.

Sin embargo, Brasil sigue a contramano: en la novena economía del mundo, Bolsonaro se ha estancado en el 30% de apoyo desde finales de 2019, con críticas al aislamiento, participación en manifestaciones y la dimisión de su ministro de Salud, que ha dejado el cargo con más de doble de aprobación que el presidente.

Los gobiernos estaduales de derecha y de izquierda han asumido más visibilidad y autonomía, el Poder Judicial y el Congreso se han dispuesto a limitar las prerrogativas de la Presidencia que no respeten las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De parlamentarios a gobernadores, además de movimientos sociales conservadores que lo apoyaron en su elección en 2018, lo están abandonando y criticando sus acciones.

No obstante, pese al creciente aislamiento del presidente en el medio político, ningún líder en Brasil disfruta actualmente del mismo apoyo, lealtad y movilización constante como Bolsonaro. El último 19 de abril, día conmemorativo del Ejército en Brasil, se llevaron a cabo manifestaciones peatonales y motorizadas en las principales capitales del país en apoyo al presidente brasileño.

Convocadas por las redes sociales, y basadas en la narrativa de que la Presidencia es víctima de una gran colusión entre los poderes Legislativo y Judicial y la prensa, las manifestaciones de apoyo se han radicalizado. Las protestas iniciales a favor del régimen, solicitando el fin del aislamiento social, se vieron envueltas por peticiones minoritarias diversas, que incluyen la intervención militar, el cese del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal y la vuelta del Acto Institucional n.º 5 (AI-5) [1], con el objetivo de ampliar los poderes del Poder Ejecutivo federal.

Por supuesto, la Constitución brasileña prevé una respuesta jurídica para actos de este tipo. La apología de la dictadura es un crimen en este país y, como tal, no puede ser acogida como libertad de expresión —como la ha caracterizado Bolsonaro ante la prensa—. Además, la presencia del presidente en actos contra el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal puede ser caracterizada como un crimen de responsabilidad. O sea, una acción ilegal cometida por un agente político, toda vez que atenta contra la Constitución y el libre ejercicio de los poderes Legislativo y Judicial.

Al público extranjero puede sonarle rara la existencia de protestas a favor del régimen militar en una democracia consolidada. Bolsonaro y sus asesores más cercanos logran convertir cualquier tema en una guerra ideológica, lo que resulta en una movilización constante de sus seguidores. Además, a diferencia de sus vecinos latinoamericanos, Brasil no ha trabajado en la construcción de la memoria sobre la dictadura. No existen museos de la memoria, manifestaciones para recordar a los desaparecidos del régimen ni punición para los crímenes cometidos entre 1964 y 1985.

Actualmente, aún hay que prestar atención al sistema de salud brasileño, que sigue amenazado, desde los estados del norte de la federación hasta el sur. Se puede suponer que Brasil, en comparación con Alemania y otros países europeos, está semanas atrás en la diseminación del COVID-19. Además, como la población brasileña es joven, puede creerse que el curso de la enfermedad en muchos pacientes será leve y el virus, en muchos casos, no se detectará. Por último, la baja capacidad de testeo —una de las peores del mundo— agrega el desafío de enfrentar la subvaloración de casos positivos.

Aún no se puede predecir cuándo finalizará la crisis del coronavirus en Brasil. El colapso potencial del sector de salud y los impactos sociales y económicos tras la pandemia son la espada de Damocles que pende sobre el gobierno. Sin embargo, Bolsonaro, que pudo haber sorprendido con un fuerte liderazgo para enfrentar la mayor crisis de nuestra generación, le ha agregado la crisis política a la ecuación.

Nota:
[1] El AI-5 fue un decreto que caracterizó al período más duro de la dictadura militar brasileña (1964-1985), garantizando el poder de excepción a la Presidencia para decretar el receso del Congreso Nacional, la intervención de estados y municipios, revocar mandatos parlamentarios y de ministros del Poder Judicial.

Dentro de exactamente dos meses se cumplirá el 116.º aniversario del primer tratado firmado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuatro entonces (1904) jóvenes repúblicas. Sería bueno celebrarlo el próximo 12 de junio por las razones que, entre otras, se señalan aquí.

Frente a la adversidad, la historia suele ser fuente de inspiración y guía, tanto para las sociedades como para los individuos. Esto es particularmente así para aquellos espíritus que, ante la desolación, encuentran su refugio aunando fe y razón, convencidos de la capacidad de elevación y superación de la civilización humana. Estos son los signos distintivos de los pueblos optimistas y el Uruguay lo fue, lo es hoy y lo seguirá siendo.

Este tratado, tan primigenio como olvidado, fue suscrito en la capital brasileña de Río de Janeiro a impulsos de su insigne y recordado canciller, el barón de Río Branco, y se denominó Convención Sanitaria. Fue aprobado sin dilación alguna por los Parlamentos de los cuatro países y sus instrumentos de ratificación fueron intercambiados exactamente seis meses después, el 12 de diciembre de 1904, en el despacho del ministro de Relaciones Exteriores José Romeu, en Montevideo.

Atrás se había dejado el feroz fratricidio de la Triple Alianza y el objetivo primordial de los cuatro gobiernos era «salvaguardar la salud pública, sin traer inútiles obstáculos a las transacciones comerciales y al tránsito de viajeros».

Este avanzado convenio mercosuriano regulaba sobre los que hoy se llamarían principios de notificación temprana, regionalización y reconocimiento mutuo; sobre profilaxis terrestres, marítimas y fluviales, sobre sistemas de vigilancia sanitaria, sobre clasificación de navíos y tratamiento de buques, sobre puertos, pasajeros enfermos o sanos, sobre tripulación y carga. La convención tenía por finalidad específica «evitar la importación y diseminación […] de la peste de Oriente [1], el cólera asiático y la fiebre amarilla».

En ese crucial año nuestra república se hallaba envuelta en su última guerra civil y su gobierno atendía distintos frentes; en Argentina el general J. A. Roca, en su año final de gobierno, mantenía un cruento enfrentamiento con los trabajadores portuarios; el Paraguay se embarcaba en una revolución liberal armada; y Brasil, con su capital en Río de Janeiro, se enfrentaba ni más ni menos que a la Revolta da Vacina, un período de desobediencia y revuelta civil carioca contra una incipiente vacuna para la fiebre amarilla. Las tensiones y desmanes hicieron eclosión final en noviembre de ese año, dejando saqueos, 30 muertos y más de 110 heridos.

La empresa de combatir la fiebre amarilla tenía serias justificaciones en los cuatro países y nos basta el recuerdo del magistral cuadro de Juan Manuel Blanes (Episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires) para recordar las olas de dolor, impotencia y tragedia, particularmente urbana, que dicha enfermedad nos traía. Se estima que en 1857 el 10% de la población montevideana había perecido por esta causa; en Buenos Aires la epidemia de 1871 se había llevado a cerca de 15.000 almas; en Río de Janeiro, donde el mal era endémico, sus víctimas fueron 60.000 entre 1850 y 1908.

El esfuerzo diplomático era pues necesario y la preservación de la salud humana debía llevarse a cabo sin entorpecer el flujo de bienes, mercancías y personas. La Convención tiene a este respecto una marcada orientación cooperativa, abierta, práctica e integradora. Doce de sus cincuenta y tres artículos están destinados a garantizar franquicias, ofrecer reconocimientos mutuos y evitar restricciones innecesarias.

Este enfoque de apertura era conteste con una economía global en tendencia creciente y una sociedad y comercio abiertos. Por ejemplo, Argentina recibía 160.000 inmigrantes en 1904, encabezaba las cifras de exportaciones mundiales de alimentos y tenía un PBI per capita mayor que el de Francia o Alemania. La región estaba a la cabeza de la expansión y la atracción de inversiones, mayoritariamente inglesas. Era el primer ciclo de globalización. Las exportaciones mundiales globales mantenían una tendencia creciente hasta llegar en 1914 a un pico del 13 % del PBI mundial. Esta cifra luego cayó con la primera guerra mundial, la crisis de 1929 y el proteccionismo comercial que contribuyó a la segunda gran guerra. Aquel grado de apertura de la economía mundial solo se recuperaría en los años 1970 bajo los auspicios del GATT y el multilateralismo. Recordémoslo, sin comercio no hay crecimiento, sin crecimiento no habrá desarrollo. Comercio y crecimiento son condiciones no suficientes pero sí necesarias para atender las demandas del desarrollo, incluyendo la salud.

Ese era el contexto que rodeaba la Convención y que la explicaba en su intención de apertura y de conciliación de intereses entre proteger la salud y abrirse al mundo.

Dicha convención sanitaria entre nuestros cuatro países tenía varios antecedentes de tratados y acuerdos bilaterales, lo cual da también cuenta de nuestro activismo internacionalista.

Cabe destacar muy especialmente la creación de la Oficina Sanitaria Internacional en 1903, como fruto de la fuerte cooperación hemisférica existente. Fue esta oficina la precursora de la Organización Panamericana de la Salud y de la muy posterior Organización Mundial de la Salud. En la conferencia constitutiva, celebrada en Washington en diciembre de 1903, participaron no solo las más altas autoridades sanitarias de dicho país, sino también —en una demostración de liderazgo internacionalista— su secretario de Estado y su secretario del Tesoro. En nombre de Uruguay asistió activamente el Dr. Luis Alberto de Herrera, bisabuelo de nuestro presidente y encargado de negocios en dicho país. Por su parte, entre los acuerdos bilaterales de cooperación sanitaria celebrados por Uruguay figuran seis con Argentina, suscritos desde 1892 hasta 1901, así como uno trilateral junto al Brasil en 1899 y otro con Paraguay en 1901.

¿Por qué todos estos recuerdos, por qué todas estas evocaciones?

Pues bien, en estas inciertas horas todos tenemos el presentimiento del sacrificio y la angustia de lo desconocido. De alguna manera todos intentamos sondear el futuro, sabiendo que a esta grave crisis sanitaria le seguirá —particularmente si se prolonga— una muy fuerte recesión económica global, más importante que la acontecida una década atrás. Probablemente nada vuelva a ser como antes. Las consecuencias sociales también pueden ser graves. Nadie lo sabe con certeza, ni en qué grado, ni cuándo.

La cuarentena y el distanciamiento social son esenciales para luchar contra el coronavirus, la nueva fiebre amarilla, pero para sostener la economía mundial se necesita exactamente lo contrario.

Frente a estas horas de incertidumbre es por lo tanto necesario reafirmar valores, principios y enseñanzas. Entre estas está la convicción de que nadie es una isla. Ni las personas ni las naciones. Tanto a título individual como colectivo, y sobre todo en el campo internacional, se hacen necesarios la cooperación, la solidaridad y el diálogo. El proteccionismo, el nacionalismo económico, la erosión de los organismos y normas multilaterales que precedieron a esta crisis socavarán todo intento de reconstrucción del tejido económico, si no hay en su momento un liderazgo activo y un cambio profundo de mentalidad.

En el campo económico, al igual que en el campo sanitario, nos mostrarán que nadie es una isla. En el campo internacional, tanto la mitigación de los males actuales como la reconstrucción de la economía deberán consecuentemente fundarse en la cooperación, el multilateralismo y el derecho. No existirán otras bases más sólidas.

Entretanto, recordando al canciller José A. Mora Otero, decimos con él: «Es necesario afirmar una diplomacia estimulante y manantial de nuestras actitudes históricas […] [una diplomacia] que esté en un tránsito constante entre la vida y la historia […] asentada con profundos cimientos en la realidad, alerta a sus llamados, unida a los intereses vivos y materiales de la nación, será una diplomacia positiva y técnica; pero sabrá conservar libre, en su región cimera, un ámbito propicio a los esclarecidos designios y las inspiradas empresas que traen oleaje del pasado a la vida o adentran el presente en la historia. Diplomacia que trabaje con el fervor del artesano y las manos de unción que elevaron las líneas de las catedrales. En verticalidad».

[1] Peste bubónica, cuya bacteria había logrado ser aislada por Alexander Yersin, en Hong Kong, diez años antes.

Con la declaración del COVID-19 como una pandemia, el frenesí de medios, opinadores y analistas que durante varios años han sostenido el fin de la democracia moderna convergían en un nuevo clisé: el virus cambiaría nuestras vidas hasta hacerlas irreconocibles. Tras las primeras semanas del confinamiento doméstico en Occidente, las dificultades de su cumplimiento y el elevado número de casos en Europa y Estados Unidos, el pesimismo inicial se hacía una profecía autocumplida. La República Popular China habría aparecido manejando la crisis, aun frente a la emergencia de juicios negativos en su contra, como un Estado eficiente sobre una sociedad disciplinada. El autoritarismo global y su renovado auge parecían tener una victoria propagandística que era rápidamente aprovechada en democracias debilitadas para la concentración de poder, aun si era una victoria mellada por la realidad de la enfermedad y por la suspicacia ante su despliegue. Desde sociedades bajo sistemas autoritarios, podemos ser testigos de cómo se aprovecha la emergencia para continuar el ataque y la militarización de la sociedad.

Claramente, es prematuro asegurar qué países se verán más o menos afectados por esta cepa del coronavirus. Muchos factores jugarán un rol en su propagación y respuesta: el clima, las condiciones sanitarias estructurales, la situación social, las diferencias de clase. Ante ellas, epidemiólogos, virólogos, hacen enormes esfuerzos en conjunto con la planificación de políticos y funcionarios de toda índole que se nos quiere hacer ver como desbordados por la epidemia, a veces en medio de una polarización política trasladada de las redes a los hemiciclos virtuales y los gabinetes telemáticos. Esa sensación de desborde, especialmente frenético en sociedades abiertas en plena suspicacia posmoderna, nos hace olvidar las ventajas que tienen estructuralmente las democracias no solo para enfrentar la epidemia, sino también para gestionar sus consecuencias.

Es necesario admitir que parte del liderazgo de las grandes potencias democráticas ha aparecido como errático ante las cambiantes informaciones sobre el virus a inicios de año. También, la cooperación regional y global ha tenido enormes dificultades, tanto por presiones internas como por la toxicidad del debate internacional entre las grandes potencias. Así mismo, décadas de austeridad derivadas de orientaciones fiscales cautelosas pueden haber afectado sistemas sanitarios incluso en economías avanzadas, y las desigualdades no resueltas muestran efectos muy dramáticos entre las poblaciones más afectadas tanto por la enfermedad como por las consecuencias del confinamiento. Sin embargo, la superioridad de las instituciones democráticas estriba en aspectos propios de estos sistemas: lo socioeconómico, lo institucional y lo ideológico.

El primero de estos es la correlación entre prosperidad y democracia. Aunque en el último siglo los avances en salud pública han sido generalizados, es en los países bajo sistemas democráticos donde tal avance tuvo mayor expansión. La creación de sistemas de seguridad social, hoy puestos a prueba, son una garantía que existía apenas precariamente y como dádiva estatal antes de la expansión democrática de la posguerra, por lo que los índices de desarrollo humano muestran una mayor capacidad de resistencia social ante estos estragos que la de hace cien años. Por su parte, el desarrollo de sistemas de utilidad pública y servicios higiénicos, así como la expansión de la educación pública y de la telemática, posible por la innovación científico-tecnológica de sociedades democráticas, ayuda en la diseminación de información, la disminución de riesgos de contagio y en la mitigación de los efectos de la antigua severidad de medidas de confinamiento. Ciertamente, existen democracias muy populosas, especialmente en las economías emergentes del Sur global, donde esa es una realidad rezagada ante la realidad concreta de su desarrollo. También es cierto que existen aún poblaciones afectadas en sus avances históricos por los años de recalibramiento fiscal derivados de las reformas económicas de finales del siglo XX y los ajustes derivados de la crisis financiera global de 2008.

Aun en estos casos, sin embargo, la ventaja de las instituciones democráticas cobra urgente vigencia. La democracia es, esencialmente, un sistema en el cual los gobernantes son directamente responsables ante la sociedad por sus acciones, propósitos y decisiones. Si se reflejan carencias en la atención de la emergencia, así como en cualquier otro asunto de interés público, no solo pueden expresarse en la opinión pública, sino que pueden tener efectos sobre las decisiones de política pública y hasta la composición de los gobiernos, ya por el control parlamentario, medidas judiciales y decisiones del electorado. Además, en una sociedad democrática, una estructura de medios plural permite que el debate sobre políticas públicas, desde la agenda de formación de problemas al debate sobre sus alternativas y efectos, esté abierto a una miríada de experticias, intereses y puntos de vista.

Por último, la democracia se sostiene ideológicamente en la creencia de la igualdad de los seres humanos y en la dignidad esencial de cada persona humana. En los antiguos regímenes, los problemas sanitarios y de higiene no solo estaban limitados en su comprensión por las carencias de la ciencia médica, sino que el valor de la vida humana estaba disminuido por una concepción trágica de su existencia. La democracia, al reconocer la valía de cada individuo, impone que la discusión sobre el bienestar de los particulares, en el derecho a una vida plena, sea no solo una garantía constitucional universal, sino una aspiración que hace de su reclamo una exigencia legítima de toda la sociedad. Ello implica robustas previsiones en materia sanitaria, así como en asistencia económica y educativa. En ese sentido, las decisiones de políticas públicas dentro de las democracias consolidadas y emergentes habrán de partir de la base de procurar lo necesario para la existencia humana, incluso en los sistemas donde esta aspiración no ha sido realizada a plenitud.

En ello radica la importancia de mantener las instituciones, reglas y comportamientos democráticos, aun durante la etapa más dura de la emergencia. Existe un riesgo importante de perder nuestra orientación democrática, y sus enemigos tradicionales y renovados no cesarán en aprovechar la oportunidad. El hiperpartidismo, el celo por el poder, las frustraciones por la ineficacia de la respuesta efectiva y el dolor por las pérdidas no deben distraernos del valor que, en la larga trayectoria de la historia humana, tiene la democracia contemporánea, que tanto ciudadanos como gobernantes debemos hacer valer ante el extraordinario reto de la reconstrucción.

La pandemia de COVID-19 ha hecho recrudecer un fenómeno que ya habíamos descrito en el área de la salud: la fragmentación de los discursos. Por fragmentación entendemos la divulgación de puntos de vista divergentes sobre una misma enfermedad o condición. Aunque no es nuevo, el fenómeno de la fragmentación se ha agudizado por la multiplicidad de plataformas y medios de comunicación. La fragmentación no es resultado solamente de perspectivas científicas diferentes. Es igualmente la expresión de intereses y pasiones encontradas.

El más claro ejemplo de esta fragmentación de discursos es el que se refiere al uso de las mascarillas para protegerse del COVID-19. Aunque pareciera perfilarse un casi consenso sobre la utilidad de las mascarillas para evitar la propagación y el contagio del coronavirus, la verdad es que las divergencias se mantienen entre autoridades sanitarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado recientemente unas recomendaciones, en las que afirma que «el uso extendido de las mascarillas por personas sanas dentro de una misma comunidad no está avalado por la evidencia científica actual». En un signo típico de fragmentación, la OMS dice «sí, pero no» cuando se trata de promover el uso de las mascarillas.

En muchos países asiáticos su uso es extendido y ahora obligatorio. El experto chino que lidera la campaña contra el COVID-19 dijo en una entrevista: «Este virus se transmite por gotitas y contacto cercano. Las gotas juegan un papel muy importante: tienes que usar una máscara, porque cuando hablas, siempre salen gotas de tu boca». Calificó de «tremendo error» de los países europeos el no adoptar la medida de uso obligatorio de mascarillas.

Otro tema que revela fragmentación de discursos en la pandemia es el que se refiere al uso terapéutico de la hidroxicloroquina en casos de COVID-19, medicamento prescrito originalmente para la malaria y la artritis reumatoide. Uno de los principales promotores de su uso ha sido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras que su propio asesor médico, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas, es más prudente y afirma que se debe esperar a que haya resultados concluyentes antes de recomendar este medicamento para el coronavirus.

¿Qué hay detrás de la fragmentación?

La fragmentación de los discursos es propia del avance de la ciencia. Pero no solamente es la razón la que explica este fenómeno. Los intereses económicos y políticos, e incluso las emociones, juegan un papel importante en la explosión fragmentaria que observamos en plena pandemia.

La búsqueda de la verdad científica es un proceso que no siempre va en línea recta. A veces hay retrocesos y movimientos laterales, hasta que se llega a la verdad. Y la verdad no es siempre definitiva, como lo han demostrado los avances en la física y en la misma biología. La verdad científica se va construyendo, se revisa y hasta puede cambiar con el tiempo. Así que la fragmentación de discursos es propia del progreso de la ciencia.

La fragmentación, sin embargo, es en ocasiones el resultado de intereses no científicos. La polémica entre la OMS y otras autoridades sanitarias sobre la efectividad del uso de las mascarillas no es un solo un problema de evidencia científica. La OMS actúa con extrema prudencia a la hora de hacer recomendaciones, no tanto por respeto a la ciencia, sino para mantener un delicado equilibrio burocrático-político en el seno de una organización multilateral donde deben conciliarse los intereses divergentes de gobiernos de variado signo político e ideológico. Y de allí las críticas que se le han hecho a la OMS, que tardó en declarar la pandemia, lo que sirvió de justificación para la laxitud de ciertos países como Italia y España ante la emergencia sanitaria.

El caso de Trump es aun más significativo. El presidente de los Estados Unidos ha articulado su zigzagueante discurso sobre la pandemia de COVID-19 en torno a la idea de que la economía de su país tiene que volver a la normalidad lo más pronto posible. Primero no le dio importancia al coronavirus. Después dijo que para el domingo de Pascua la gente ya podría volver a las iglesias. Ahora ha insistido sobre el tratamiento con hidroxicloroquina pues, según él, «no hay nada que perder». Si funciona, bien; si no funciona, pues nada, a otra cosa, repite Trump. Contradice abiertamente a sus propios asesores médicos, haciendo que la fragmentación sea más evidente. Pero la racionalidad de Trump no tiene nada que ver con la ciencia, sino con su interés de ganar las elecciones presidenciales el próximo mes de noviembre. Él intuye que una caída brutal de la economía por varios meses pondrá en peligro la posibilidad de su reelección.

¿Qué hacer ante la fragmentación?

Lo primero es reconocer la fragmentación. Cuando estemos ante una divergencia de puntos de vista sobre un asunto tan delicado como la pandemia COVID-19 debemos entender qué motiva el discurso de una autoridad o un interlocutor. ¿Hay una base científica claramente explicada que sustente su posición? ¿En su discurso es capaz de reconocer que no sabe, es decir, que da muestras de honestidad intelectual?

Un discurso de tipo absolutista es probablemente motivado por intereses no científicos y pasiones del ego o políticas. ¿Se debe descartar un discurso de este tipo? No siempre, pero sí se debe analizar con prudencia, sin asumir que es la verdad última. Por ejemplo, en el caso de la hidroxicloroquina hay opiniones autorizadas como la del médico y profesor francés Didier Raoult, quien aboga por su uso regular cuando se presenten los primeros síntomas de COVID-19. Pero todavía estamos lejos de un consenso científico al respecto.

Hoy los lectores disponemos de herramientas digitales para investigar cuáles son las motivaciones que están detrás de lo que podemos definir como la fragmentación interesada. Lo hemos visto en el caso del cambio climático, en el que el escepticismo promovido por sectores como las corporaciones petroleras y algunos políticos conservadores está vinculado a intereses económicos.

Reconocer la fragmentación, investigar sobre las motivaciones de los interlocutores y una sana duda metodológica son algunas de las estrategias de desfragmentación para navegar con más claridad por los discursos contradictorios en tiempos de pandemia.

La pandemia del coronavirus dejará consecuencias. Muchos se preguntan sobre su impacto en cuestiones que van más allá de la cuestión sanitaria. La economía, el medioambiente, las relaciones internacionales y los problemas sociales son solo algunas de las áreas en las que esta pandemia dejará su huella. La política también se incluye en esta lista. En especial, los gobiernos y sus líderes y lideresas.

En este escenario destacan los Ejecutivos. Para bien o para mal están en el centro de la escena. Son quienes toman las decisiones que afectan a millones de personas. Pero lo que es aún más importante: están a cargo de gestionar una de las crisis más importantes en mucho tiempo, tal vez, como expresó la canciller Angela Merkel, la más grande desde la segunda guerra mundial.

Se trata de una prueba enorme para la población y para los gobiernos. Y la pregunta para estos últimos es: ¿Están preparados para gestionarla? Algunos están demostrando que sí, con aciertos y errores, prima el sentido de responsabilidad. Otros se han equivocado gravemente. Entre ellos, ciertos líderes populistas que, en nuestra región y en el mundo, están mostrando fuertes falencias. ¿Es posible que el populismo salga herido de muerte tras la pandemia? ¿O en realidad hay que poner el ojo en otros factores para determinar el impacto político de ella?

La negación

El discurso populista se autodefine como la alternativa a lo establecido. En cierto sentido se arroga el derecho de ser la voz de los desoídos, de los que por alguna razón se sienten excluidos. Su discurso político gira en torno a esos conceptos fundamentales: la gente, la elite o el enemigo y la voluntad general (Mudde, 2019). Dentro de esa lógica se edifican como representantes del sentido común y, por consiguiente, ignoran o minimizan instituciones democráticas propias del sistema político. Todo pasa por una lectura reduccionista y simplificada de la agenda pública. O, como dicen en sus discursos, «de los problemas de la gente».

La pandemia puso a prueba a algunos líderes populistas que han llegado a los gobiernos de sus respectivos países en los últimos años. Parecía una gran oportunidad para demostrar su accionismo, su fortaleza ejecutiva, su capacidad resolutiva. Sin embargo, muchos de ellos han fracasado.

En todo el globo líderes populistas como Donald Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro sufren las consecuencias del coronavirus y ven cómo su desempeño impacta negativamente en su imagen. Incluso algunos ponen en riesgo la estabilidad política, como podemos ver en Brasil. Los tres optaron por subestimar la crisis. Creyeron que negando los hechos los estaban evitando. Supusieron que culpando a la prensa, a la histeria colectiva o a la ciencia podrían generar anticuerpos en sus poblaciones. Craso error. Por solo mencionar el ejemplo de Estados Unidos, la negativa de Trump a tomar medidas preventivas puso a su país en el primer lugar de contagiados por el coronavirus y además de muertos por esa causa. Algunos de sus críticos recuerdan irónicamente su eslogan electoral America first.

El comportamiento irresponsable también llegó desde líderes como Andrés Manuel López Obrador, quien pese a estar en las antípodas ideológicas de los mencionados anteriormente, decidió postergar las medidas y con ello poner en riesgo a los mexicanos que dependían de su decisión política. Ante esa actitud los aparatos estatales y los gobiernos regionales, empero, se activaron y promovieron acciones de protección demostrando así la existencia de ciertos contrapesos en pos de actitudes menos perjudiciales. Algo que se ha visto en México, pero también en el caso brasilero.

Cuestión moral

Estados Unidos ya supera los 31.000 fallecidos por COVID-19. Veinte mil más de los que mencionamos en el podcast, grabado apenas ocho días atrás. Trump ha hablado de 100.000 para cuando pase la pandemia. Nadie sabe si se trata de una estrategia comunicacional para amortizar el número y con ello forzar una valoración positiva para cualquier cantidad que se ubique por debajo de ese techo. O bien, si el presidente norteamericano se ha sentido obligado manifestar que todavía posee algún tipo de control de la situación.

Lo cierto es que su presidencia, al igual que la del resto de los países, ocupa la total centralidad en este momento. La politóloga Esperanza Casullo, profesora de la Universidad Nacional de Río Negro y autora del libro“¿Por qué funciona el populismo? lo explica en este episodio del podcast.

Líderes como Donald Trump «acaparan la respuesta a la crisis, hablan mucho, dan muchas conferencias de prensa, dicen muchas cosas, no tienen un discurso basado en una cuestión más tecnocrática como sí hemos visto en otros presidentes o presidentas», desarrolla Casullo. Sostiene no obstante que ese componente populista no necesariamente implica un mejor o un peor manejo de la crisis ni de su impacto en las valoraciones de la opinión pública: «Hemos visto que hay presidentes que parecen ser más eficaces y más concentrados en la tarea de la administración diaria del Estado en la emergencia y otros que no. Y no creo que eso se explique a partir de si son populistas o no son populistas».

Escucha nuestro podcast sobre este tema:

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La estrategia elegida por Trump ha estado marcada por el encuadre de economía vs salud. Un dilema muy complejo que cuando se lo lleva al debate público genera preguntas inevitables: ¿Cuál es el precio de una vida humana? ¿Cuántas estaríamos dispuestos a sacrificar para salvar a la economía? ¿A quién escuchar a la hora de establecer prioridades?

Otros líderes de corte populista como Johnson en el Reino Unido y Bolsonaro en Brasil han optado por posiciones similares y con ello pospuesto demasiado tiempo el llamado a la cuarentena. Apostaron por una construcción de inmunidad a partir de la infección de la población, incluso poniendo en serio peligro a aquellas personas de los grupos de alto riesgo.

Sin embargo, en la misma línea naciones con gobiernos no populistas también optaron por esa estrategia, como es el caso de los Países Bajos. Allí el primer ministro Mark Rutte, del Partido Liberal, demoró la cuarentena y cuando la decretó lo hizo con carácter no obligatorio quedando su cumplimiento bajo la decisión de la ciudadanía.

La pandemia y la democracia

El accionar de los gobiernos populistas ha sido dispar. Al igual que lo fue el de Ejecutivos no populistas. Y es, en este sentido, que es muy difícil concluir que el daño político que cause la pandemia solo recaerá en los populistas. También es igual de difícil determinar si ese perjuicio sólo afectará temporalmente la popularidad de algunos líderes o si será el fin de sus carreras políticas.

Incluso, todavía no sabemos el impacto que tendrá en el Estado de derecho de algunas naciones cuyo gobierno ha aprovechado la situación de excepción para restringirlo fuertemente, como es el caso de Hungría y las medidas de Viktor Orbán.

El escenario que se viene no será sencillo. Además de la recesión económica, se reforzarán las fuerzas políticas antidemocráticas que intentarán beneficiarse del difícil contexto. También habrá una reconfiguración de las relaciones internacionales que aumentará la incertidumbre frente al mundo que viene.

Y, pese a todo, esta situación también puede convertirse en una oportunidad para reforzar la solidaridad, fortalecer la cooperación entre países y defender los valores democráticos. Una chance para explorar formas de tener una sociedad más justa para todos.

Nota: Mudde, Cas (2019). The far right today. Cambridge: Polity Press.

La llegada del COVID-19 cambió al mundo entero. Su ubicua presencia modificó todo tipo de agenda de gobierno que se haya planeado para el 2020. En apenas tres meses, el virus penetró en cada país a una velocidad inusitada que jerarquizó la figura de los líderes de cada país en la región. La mayoría de ellos vieron incrementar de manera exponencial su imagen frente a la opinión pública, pero sería un pecado mortal creer que se trata de números reales y representativos.

Cada uno de los presidentes de la región le imprimió su propio sello al liderazgo de la gestión de la crisis, lo que los impulsó ante la ciudadanía que, en una situación como la que estamos viviendo, dejó de lado las diferencias y se ordenó detrás de ellos. La pandemia, a la cual muchos líderes enfrentaron desde los hechos y desde el discurso como una guerra, tuvo el mismo efecto que un conflicto bélico: la unidad detrás del líder.

Frente a esto, la mayoría de los mandatarios vieron cómo sus niveles de imagen positiva de cara a cada sociedad dieron saltos abruptos de entre 10 y 30 puntos, según el caso, debido a su rápido y eficiente accionar. Según Ipsos, el ranking de aprobación en el manejo de la crisis lo encabezan Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández, con el 62%. El argentino lleva apenas cuatro meses y medio de gestión, mientras que el uruguayo poco más de 40 días, por lo que sus altos números también se explican a partir de la ventaja de no arrastrar desgaste en el poder.

No son así los casos de Martín Vizcarra, Iván Duque y Sebastián Piñera, ya que los mandatarios de Perú, Colombia y Chile gobiernan hace bastante más tiempo e incluso llegaron al mes de marzo con niveles bajos de aprobación por diversos conflictos; principalmente el presidente de Chile, quien ostentaba una aprobación de gestión por debajo del 10%. Sus respectivos manejos de crisis alcanzaron niveles de aprobación por encima del 50%, lo que los reubicó frente a la ciudadanía de otra manera y les dio una nueva oportunidad. Hasta el propio Donald Trump, pese a subestimar al virus y convertir a Estados Unidos en el país con más fallecidos y contagiados, fortaleció su base electoral y alcanzó casi un 50 %, a pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Las excepciones a la regla son dos: Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador. La irresponsabilidad en el manejo inicial de la crisis —argumentado en no detener la economía por el virus— caló de manera profunda tanto en Brasil como en México y, pese al intento tardío de dar marcha atrás y otorgarle al COVID-19 la magnitud que merece, la aprobación en el manejo de la crisis no supera el 15% en ambos casos.

Más allá de la actitud que toma la ciudadanía frente a una crisis y la necesidad que nace de apoyar al líder y refugiarse en sus decisiones, quienes fortalecieron su imagen tienen dos factores en común: convocaron a la oposición para tomar medidas de manera consensuadas y, salvo errores puntuales, tuvieron un buen manejo de la comunicación de crisis. En términos políticos, entendieron que no era tiempo de división; desde el lado comunicacional leyeron a la perfección de qué se trata el nuevo contrato que se genera, en un contexto extraordinario como este, entre el líder y sus representados. Se transformaron en los voceros oficiales, comunicaron siempre y lo hicieron de manera fluida, transmitiendo tranquilidad, con mensajes simples y un lenguaje claro. Utilizaron a la comunicación para sostener el tejido comunitario y dotar de certidumbre a la población, algo indispensable en un escenario cargado de pánico y desazón.

Pese a esto, descansar en el éxito y enamorarse de las encuestas positivas sería el peor error que puedan cometer los distintos líderes. Se enfrentarán a sociedades con índices de pobreza y desempleo muy superiores a los que ya mostraban, dificultad para reactivar la economía y conflictos sociales que se irán incrementando a medida que los gobiernos no den respuestas. El manejo de la poscrisis del coronavirus puede ser aún más complejo que el de la propia crisis, ya que esta causará recesiones que pueden ser letales para cualquier gestión si no se toman medidas a tiempo.

El dilema inicial que se planteó en muchos países entre economía o salud expuso a los que optaron por la economía, como Jair Bolsonaro o Andrés López Obrador. Con el dinamismo con el que avanza la crisis, esa disyuntiva quedó obsoleta: hoy los gobiernos deben complementar los dos conceptos, ya que, cuando termine la guerra contra el virus —e incluso antes también—, la economía estará devastada y los líderes podrían pasar del apogeo a la decadencia en muy poco tiempo.

Ante el miedo global y las informaciones falsas relacionadas con el COVID-19, el secretario general de la ONU pidió este martes solidaridad global y confiar en los científicos y en las instituciones que siguen «un liderazgo receptivo, responsable y basados en evidencias».

Al mismo tiempo, António Guterres lanzó una nueva iniciativa que busca «inundar internet con hechos y ciencia» para combatir el reguero desinformación sobre la enfermedad.

Su objetivo es combatir los peligros que entraña otra peligrosa epidemia que está íntimamente relacionada con la pandemia del coronavirus COVID-19: la de la desinformación y las noticias falsas.

En un mensaje en video publicado este martes, António Guterres indicó que, en un escenario mundial marcado por las incertezas y el miedo, las personas necesitan «saber qué hacer y a dónde acudir en busca de consejos».

«Este es el momento de la ciencia y la solidaridad. Sin embargo, se extiende a nivel mundial una epidemia de desinformación. Proliferan los consejos de salud perjudiciales y los falsos tratamientos médicos. Las ondas radiales se llenan de falsedades. Las descabelladas teorías conspirativas contaminan internet. El odio se vuelve viral, estigmatizando y vilipendiando a personas y grupos», recalcó.

Como posible diagnóstico a esta epidemia recetó un mundo unido donde la vacuna consiste «en la confianza» y, ante todo, confiar en la ciencia.

Aplauso para los comunicadores….

El secretario general aprovechó el mensaje para felicitar a los periodistas y a las personas que comprueban la veracidad de las historias, ante la enorme cantidad de noticias y mensajes en las redes sociales engañosos.

…y tirón de orejas para las empresas de redes sociales

Al mismo tiempo, destacó la necesidad de que las compañías a cargo de estas redes hagan un mayor esfuerzo para erradicar el odio y las informaciones dañinas sobre el COVID-19.

De igual modo, pidió confianza en las instituciones, sustentada «en un Gobierno y un liderazgo receptivo, responsable y basados en evidencias», y en cada uno de nosotros al afirmar que «el respeto mutuo y la defensa de los derechos humanos deben ser nuestra brújula para navegar esta crisis».

Estar informados para combatir la desinformación

Para contrarrestar el reguero de informaciones falsas en internet, «un veneno que pone aún más en peligro nuestras vidas», el secretario general anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa de respuesta en el ámbito comunicativo con la que pretende «inundar internet con hechos y ciencia».

Publicado originalmente en Noticias ONU, el 14 de abril de 2020.

La crisis del coronavirus también es valorada como un momento en el que la democracia y la autocracia muestran su forma de lidiar con una pandemia. Antes de esto, ejecutivos de empresas extranjeras en la República Popular China ya se maravillaban con la rapidez y eficacia con que la nomenclatura del Partido Comunista podía adoptar y aplicar decisiones. En cambio, veían a la democracia como lenta y engorrosa. ¿El curso de la pandemia de COVID-19 y la forma en que está siendo manejada por varios Estados realmente muestra una superioridad del modelo autoritario y autocrático sobre el modelo libre y democrático?

El exministro de Relaciones Exteriores de Alemania Joschka Fischer (partido Bündnis90/Grüne) respondió recientemente en una entrevista con el periódico Die Welt a la pregunta sobre qué podemos aprender de China en el mundo libre frente a la crisis. «Nada», fue la respuesta de Fischer. Y lo justificó con el hecho de que allí se utilizan métodos de un Estado policial para impedir que los científicos comuniquen sus hallazgos e intercambien información libremente. Finalmente, China intenta mantener a su población en un estado de sumisión con control total, como era costumbre en épocas del antiguo imperio. Las nuevas tecnologías hacen posible hoy el control total de las personas. El uso de estas tecnologías será lo que diferencie el mundo libre del que no lo es.

La aplicación de estas tecnologías en una democracia se tratará fundamentalmente en dos aspectos: rendición de cuentas y posibilidad de apelación. El sistema de puntuación social que se utiliza en China para reprender a las personas por infringir las normas, por ejemplo, mediante prohibiciones de realizar viajes, justamente no incluye estos dos puntos. Si fuera posible para los ciudadanos en China presentar una apelación («ese de la foto no soy yo») y protestar contra las decisiones automatizadas, las cosas se verían diferentes. Mientras esto no esté garantizado, no se podrá —a pesar de reconocer la validez de mantener el orden público— aprobar la restricción de los derechos civiles que sucede en la República Popular, y mucho menos aplicar la tecnología como se hace allí.

¿Pero qué sucede ahora en la crisis del COVID-19? Si liberáramos los datos sobre nuestros movimientos, entonces se nos podría informar —por ejemplo, mediante un brazalete— si estamos en las proximidades de un brote pandémico o si estamos cerca de personas con temperaturas corporales elevadas. Esto constituye un desafío para las democracias, pero el problema puede ser resuelto. En una hora tan fatídica como la de una pandemia, ciertos datos sanitarios se convertirán en un bien público durante un cierto período de tiempo, determinado por el Parlamento y acompañado de un animado debate. En una sociedad libre, las personas no sufren ningún perjuicio si comparten su paradero y ciertos datos, como la temperatura corporal y los latidos del corazón, a fin de salvaguardar un bien mayor, a saber, la salud y la integridad del prójimo.

La crisis actual es exigente en cuanto a las medidas a tomar. Muchas de estas, como el subsidio por enfermedad y las subvenciones a todos los ciudadanos habrían sido impensables en los Estados Unidos hasta hace poco. Pero la crisis actual obliga a repensar y corregir cosas antes intocables y que moraban en el santuario de las convicciones ideológicas. Por lo tanto, no es correcto decir que solo los regímenes no democráticos son capaces de rápidamente tomar decisiones.

En consecuencia, después de esta crisis, la gente en el mundo libre deberá admitir que en tiempos normales tiende a ser demasiado lenta y a rehuir la innovación y el cambio.

El virus por sí mismo no discrimina, pero nosotros humanos seguramente lo haremos, formados y animados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo. Judith Butler

El dolor y la incertidumbre generados por el COVID-19 no han dado tregua, y nos han acompañado a lo largo de estas semanas a través de diferentes historias, las propias, sin duda, pero también las de aquellas noticias sobre lo que sucede fuera de nuestras familias y lugares de origen.

Es así como aún nos asombra la aparición y diseminación del virus en China, y la manera masiva y rápida en la que este se esparció por el mundo ante la incredulidad de personas y gobiernos: ¿cómo reponernos del luto nacional que se vive en España e Italia, o pasar por alto las terribles imágenes de lo que ocurre en Ecuador?

Pocas respuestas para estas preguntas. Pocas certezas en medio de un entorno que día a día nos demuestra que aún queda un largo tramo antes de que la situación pueda, si es que esto es posible, volver a una mediana normalidad.

El coronavirus, por desgracia, no cobra solamente vidas a causa de sus efectos en la salud; un caso que demuestra la forma en que la pandemia se manifiesta de múltiples maneras es el de Lorena Quaranta, doctora italiana que fue estrangulada y asesinada por su novio, acusándola falsamente de contagiarlo del virus, mostrándole con esta atrocidad al mundo que el machismo y la violencia contra la mujer no descansan ni durante la pandemia y que, ni por asomo, se trata de un hecho aislado.

El feminicidio es también una pandemia invisible que acecha cotidianamente a las mujeres. En febrero de este año, ONU Mujeres informaba que 14 de los 20 países que conforman América Latina son considerados los más peligrosos para las mujeres, adolescentes y niñas, a pesar de que en casi todos se han implementado leyes para tipificar los delitos de violencia contra las mujeres (con excepción de Cuba y Haití): este es el marco social en el que aparece la pandemia COVID-19, con impactos e implicaciones diferentes para las mujeres y los hombres.

Los organismos internacionales, como el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), hace notar que muchas de las medidas que se toman para mitigar las consecuencias del virus pueden tener un efecto desproporcionado en relación con las mujeres y las niñas, y, en algunos casos, pueden exacerbar la violencia en su contra.

La primera preocupación es que, en este aislamiento social por razones sanitarias, las mujeres de todas las edades están obligadas a permanecer en sus casas, y esto ha incrementado notablemente el peligro para ellas, a la luz de los datos que existen respecto de la violencia en razón de género:

• La Organización Mundial de la Salud estima que el 35 % de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual de un compañero sentimental o violencia sexual de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas.
• Se estima que de las 87.000 mujeres que fueron asesinadas globalmente en el 2017, más de la mitad (50.000, 58 %) fueron asesinadas por sus parejas u otros familiares.
• De acuerdo con las estadísticas de la ONU, Brasil concentró un 40 % de los asesinatos a mujeres ocurridos el pasado año, y Centroamérica fue la región más afectada por este delito.
• En México ocurren diez feminicidios diariamente y entre los años 2015 y 2019 se calculan 3.200 asesinatos de este tipo.
• En Bolivia, la fiscal Mirna Arancibia confirmó que se «ha incrementado la violencia familiar o doméstica por encima de otros delitos como el robo a la propiedad privada». Alertó también de que «la convivencia obligatoria está generando que exista más violencia intrafamiliar».
• En Colombia, durante el período de aislamiento obligatorio se han registrado 1.221 reportes de violencia intrafamiliar. A su vez, el director general de la Policía Nacional señaló que hubo un aumento de 39 % en llamadas por violencia doméstica.
• En México, al día 7 de abril de 2020, la Secretaría de Gobernación anunció que las llamadas de auxilio durante la contingencia se incrementaron en 25 % en el rubro de violencia intrafamiliar, mientras que la demanda hacia la Red Nacional de Refugios subió un 60 %.

Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a los países adoptar medidas contra lo que llamó «un estremecedor repunte» de la violencia de género, y sentenció: «Los derechos y las libertades de las mujeres son esenciales para lograr sociedades fuertes y resilientes. Juntos podemos y debemos prevenir la violencia en todas partes, desde las zonas de guerra a los hogares de las personas, mientras trabajamos para vencer el COVID-19».

No podemos continuar ignorando el llamado a la acción que nos mandata el momento: evitemos a toda costa que esta pandemia sea, además, feminicida.

La COVID-19 puso en el centro del escenario a todos los Estados del mundo. Algunos gobernantes han tomado decisiones duras para la ciudadanía, como la restricción de la circulación, que forzó cambios en la vida cotidiana y los hábitos de consumo. La sociedad acompañó estas medidas y, a pesar de las limitaciones individuales, el acatamiento fue alto. Esto muestra que los Gobiernos tienen legitimidad para administrar durante la crisis, aunque el sistema político esté atravesando hace años una profunda crisis de representación.

Las posiciones políticas suelen redefinirse en todo contexto de crisis. Tanto las del oficialismo como las de la oposición. En esa redefinición se generan debates sobre qué rol debe ejercer cada actor. Sobre esto quiero detenerme. ¿Contribuye a nuestro sistema político criticar a nuestros representantes en este contexto? ¿Cuáles son sus implicancias?

Algunos creen que no se deben exponer los errores del Gobierno de turno, porque eso lo debilita y le resta capacidad para enfrentar un momento difícil. Por otro lado, están los que quieren que al Gobierno le vaya bien, pero consideran que las críticas sanas y constructivas son una herramienta de control institucional a la que no se debe renunciar ni siquiera en los momentos de crisis. En este análisis no tomo en cuenta a los fanáticos de ambos polos: los que defienden o atacan todo lo que hace el Gobierno de turno.

La diferencia entre ambas posiciones, los que defienden el apoyo irrestricto al Gobierno durante la crisis y los que creen en el control institucional, es fundamental. Es la misma que existe entre una democracia y una dictadura, en la que no hay pluralidad de voces ni se acepta el funcionamiento de los partidos políticos que deben representar a las distintas expresiones de la ciudadanía.

Escuchar y corregir

El viernes 3 de abril, miles de jubilados hicieron colas en los bancos y quedaron expuestos a contagiarse de COVID-19. Fue producto de una mala planificación de los cobros de asignaciones y pensiones. Los jubilados son, como bien sabemos, el principal grupo de riesgo en esta pandemia. Este es un buen ejemplo sobre el debate acerca de la crítica en momentos de crisis. En algunos ámbitos políticos y académicos, se discutió si debía criticarse este error del Gobierno o no. Para muchos, el cuestionamiento debilitaba el liderazgo presidencial y no fomentaba la unidad. Otros, en cambio, creían que había que visibilizar estas malas decisiones para que el Gobierno pueda reconocerlas y, a partir de ello, mejorar su accionar.

Una discusión similar se planteó el lunes 6 de abril, cuando una investigación de La Nación reveló que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación había comprado alimentos para comedores y merenderos a precios superiores a los del mercado minorista. Y por encima de los precios máximos fijados por el mismo Gobierno.

Son solo dos ejemplos concretos, pero es en ejemplos como estos donde se definen los valores democráticos.

La democracia permite combinar la naturaleza de sociedades plurales que votan distintos partidos para tener múltiples expresiones en los ámbitos de discusión. El Congreso es, por eso mismo, el ámbito democrático por excelencia, y tiene una función de control institucional que puede hacer valer incluso en momentos de crisis. Esto me lleva a preguntarme: ¿qué incentivo tiene el Gobierno para mejorar, si la oposición no marca sus errores? ¿Pueden ser los contextos de emergencia una oportunidad para avanzar con medidas extraordinarias que no tengan la crisis sanitaria como objeto específico? ¿Qué le pide la ciudadanía a la clase política y a sus representantes institucionales?

Personalmente, creo que necesitamos un presidente fuerte y legitimado para enfrentar la crisis. Y que todos los Gobiernos y partidos políticos —importante distinción no muy entendida en nuestro país— deben trabajar juntos con ideas y propuestas. La unidad es muy importante para enfrentar esta situación que sufren con mayor dureza los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero también creo que la oposición debe marcar los errores graves, como los que se cometieron con el pago de las jubilaciones y la compra de alimentos. Exponer estos casos, solicitar explicaciones y ofrecer propuestas es la mejor contribución que la oposición puede realizar durante esta crisis.

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La pandemia del coronavirus dejará consecuencias. Muchos se preguntan sobre su impacto en cuestiones que van más allá de la cuestión sanitaria. La economía, el medio ambiente, las relaciones internacionales y los problemas sociales son solo algunas de las áreas en las que esta pandemia dejará su huella. La política también se incluye en esta lista.

Se trata de una prueba enorme para la población y para los gobiernos. Y la pregunta para estos últimos es: ¿Están preparados para gestionarla? Algunos están demostrando que sí, con aciertos y errores, prima el sentido de responsabilidad. Otros se han equivocado gravemente. Entre ellos, ciertos líderes populistas que, en nuestra región y en el mundo, están mostrando fuertes falencias. ¿Es posible que el populismo salga herido de muerte tras la pandemia? ¿O en realidad hay que poner el ojo en otros factores para determinar el impacto político de ella?

El presidente es uno de los pocos que vio disminuir su popularidad en medio de la pandemia de COVID-19. Incluso el presidente Trump logró aumentar su popularidad y alcanzó un 49 %, el más alto desde el comienzo de su mandato, superando el porcentaje de desaprobación. Bolsonaro, quien comenzó su gobierno hace poco más de un año, ve que sus números se derriten gradualmente. Asumió con un 40 % de aprobación y ahora está en el 30 %. La desaprobación aumentó del 20 % al 36 %.

En medio de una fábrica de crisis diarias, casi todas provocadas por sus propios comentarios, Bolsonaro comienza a escuchar rumores de juicio político. Si ello ocurriera, se haría cargo del gobierno el vicepresidente general Mourão, con quien la relación siempre ha sido algo problemática. Pero, ¿es este realmente un escenario posible en medio de una pandemia? No.

Actualmente, todos los líderes políticos y sociales del país están unidos en la búsqueda de un único objetivo: enfrentar al coronavirus y sacar a Brasil del escenario en el que se encuentra. Ya está claro que entraremos en recesión, así como toda la economía mundial, pero cómo nos afectará dependerá de los esfuerzos que se realicen ahora. No hay espacio, no importa cuándo comience una propagación de ideas sobre cómo destituir al presidente, para este tipo de debate en el Congreso, forma obligatoria de un impeachment. Una alternativa sería la impugnación de la multa impuesta en 2018 por el Tribunal Superior Electoral (TSE); sin embargo, esto requeriría una amplia investigación sobre los posibles delitos cometidos en las últimas elecciones. Además, está el obstáculo de las campañas para alcaldes y concejales, el próximo octubre. El TSE, en este momento, está más ocupado en cuidar que se realicen estas elecciones, que en una ruptura, en un momento ya problemático.

La elección municipal, que tendrá lugar en seis meses, es uno de los principales obstáculos para un posible juicio político a Bolsonaro. A partir de julio, cuando comiencen las convenciones de los partidos, los congresistas se centrarán en sus bases electorales, ya sea postulándose para alcalde o apoyando a sus aliados. No será hora de pensar en un proceso tan agotador y profundo. Y después de este período, será fin de año.

Es necesario construir un escenario que haga posibles factores favorables al juicio, que son: manifestaciones populares, recesión económica, fragilidad política en el Congreso y un escándalo que justifique la apertura del proceso. Además, vale la pena recordar que los dos presidentes brasileños que sufrieron el impeachment tenían en ese momento una bajísima aprobación de la opinión pública: Fernando Collor de Mello un 9 % y Dilma Roussef un 8 %. Bolsonaro todavía disfruta del 30 %, muy por encima de lo necesario para que el Congreso se atreva a navegar en esas aguas, pero en una clara curva descendente que, a mediano plazo, puede amenazar su estancia en el Palacio de Planalto.

Diariamente, en las principales capitales brasileñas hubo cacerolazos contra el presidente, y está claro que la economía no va bien: recientemente el desempleo aumentó y las perspectivas irán empeorando en los próximos meses. La fragilidad política de Bolsonaro en el Congreso sigue siendo relativa, ya que todavía reúne a un puñado de legisladores leales a su base, aunque mucho menos que hace un año.

Finalmente, una sombra que lo persigue desde antes de su toma de posesión es el escándalo de corrupción que involucra a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, y a sus exempleados, algo que hasta hoy no se ha aclarado. De todos modos, todos estos ingredientes aún no han formado la tormenta perfecta.

Ha llegado el momento de superar una enfermedad que está afectando la vida de millones de personas en todo el mundo. Deben descartarse las disputas políticas, así como las ideologías torpes, que solo obstaculizan la batalla contra COVID-19. Después de que ganemos la batalla, será hora de poner la democracia a trabajar nuevamente, con la gente en las urnas. Por lo tanto, Bolsonaro no debe ser acusado en el curso de 2020.

Pero 2021 es otra historia y un año en política equivale a un siglo. Todo puede cambiar.

Por fin, quédate en casa.

En la actualidad muchas miradas se dirigen a Asia; también en la Fundación Konrad Adenauer. Esto tiene que ver, aunque no solamente, con el manejo de la crisis del coronavirus. Anteriormente, muchos observadores veían a Asia, y especialmente a la República Popular China, como un auto en la vía rápida de la autopista. Su éxito económico y el ataque al liderazgo tecnológico de los Estados Unidos, combinado con un avance militar y geoestratégico en la región, más aún a través de la iniciativa de la franja y la ruta de la seda, han dado un nuevo impulso a la cuestión del sistema.

¿Puede un sistema autoritario y no democrático convertirse en el número uno del mundo? ¿Puede incluso servir de ejemplo para otras partes del mundo? ¿Tiene el modelo occidental, y especialmente el europeo, alguna posibilidad de sobrevivir a esta embestida? ¿Es China un actor más responsable que los Estados Unidos bajo el presidente Trump? ¿Cómo repercute la competencia por el liderazgo mundial, sobre todo en nuestra sociedad y en nuestra prosperidad? ¡Y ahora, además de todo, COVID-19! Sin embargo, pronto quedó claro que no bastaba con reducir la cuestión a China. En particular, desde otras partes de Asia ya acusan a Alemania de haber reducido el continente a China y de haberse perdido otras novedades importantes.

Las enseñanzas son complejas

Comencemos, sin embargo, con la República Popular dirigida por el Partido Comunista, que evidentemente supo de la propagación de un nuevo tipo de virus durante varias semanas, pero que por diversas razones lo encubrió, lo ocultó e incluso se retrasó en cumplir las obligaciones internacionales con la OMS, que había recibido advertencias desde Taiwan ya en diciembre, y reaccionó tardíamente. La República Popular que reaccionó entonces con vehemencia, aislando completamente una región habitada por 60 millones de personas, restringió la movilidad en general, aplicó drásticamente medidas de higiene e implementó registros para la vigilancia electrónica. El régimen se atrincheró y comenzó a propagar su gestión de la crisis como exitosa, tanto como para poder apoyar a otros países menos eficientes en la gestión de las suyas. Al mismo tiempo, la expulsión de los periodistas occidentales contribuyó a que fuera imposible verificar de manera independiente las afirmaciones chinas y las narrativas relacionadas. Donde se logró perforar el control de las noticias, rápidamente quedaron en evidencia los déficits: por ejemplo, cuando los equipos de protección suministrado a España resultaron ineficaces. Justamente es la censura rigurosa la que provoca una desconfianza fundamental en la información china.

Pero las comparaciones actuales no refieren solamente a China: ¿no parece también que Taiwán, Corea del Sur, Singapur e incluso Vietnam son más exitosos que nosotros en la superación de la crisis? ¿Fueron más coherentes, sus líneas de decisión (cadenas) fueron más cortas y eficaces, su uso de la tecnología de punta fue superior a nuestro enfoque (demasiado) sensible con la protección de datos?

¿Fueron mejores en la prevención y aprendieron más de las crisis previas? ¿El predominio de los valores comunitarios en tiempos de crisis tiene ventajas sobre el individualismo que rige en Occidente?

En todo caso, en Asia se dispone de mucha más experiencia y, por consiguiente, se es más cauteloso respecto a epidemias, como lo demuestran todos los informes. Desde el comienzo del milenio, el MERS y el SARS dejaron su huella, y en la región el dengue y otras epidemias pertenecen más a la cotidianeidad que aquí. En muchas ciudades asiáticas el uso de máscaras, especialmente en medios de transporte muy frecuentados, forma parte de la normalidad. Lo comunitario se valora tanto que la gente tiende a comportarse de manera pragmática, a seguir las directrices de las autoridades y a no poner el interés individual por encima de todo lo demás.

Si Taiwán advirtió de un nuevo virus ya en diciembre, y a partir del 30 de diciembre comenzó a realizar controles especiales entre los pasajeros procedentes de Wuhan, la propia República Popular había aislado grandes regiones en enero, y Vietnam inició medidas como el cierre de escuelas a principios de febrero con solo 16 personas infectadas, ¿cómo puede explicarse la opinión, hasta hace poco prevaleciente aquí, de que el problema obviamente tenía poco que ver con nosotros? ¿Arrogancia occidental? ¿Habría pasado esto, se preguntan algunos, si el virus hubiera aparecido por primera vez en los Estados Unidos? Así es que tenemos la nueva experiencia de que como alemanes y europeos en otras partes del mundo se nos percibe repentinamente como factor de riesgo y se experimenta que justamente personas provenientes de Estados Unidos y Europa regresan a China porque se sienten más seguros allí…

El tema de la tecnología de las comunicaciones y su uso, merecen atención especial, incluso más allá de la crisis actual. Es inevitable conectarlo con los debates actuales sobre big data e inteligencia artificial. El rastreo de las personas infectadas es posible y se utiliza con éxito a través de aplicaciones, el reconocimiento facial ayuda a identificar posibles cadenas de infección y contacto, los algoritmos reconocen conexiones que pueden permanecer ocultas al análisis humano, la riqueza de los datos obtenidos sirve para mejorar los servicios y proporciona ventajas tecnológicas que son difíciles —si acaso— de alcanzar.

El reciente libro de Kai-Fu Lee sobre la competencia entre China y Estados Unidos, las superpotencias en materia de inteligencia artificial, muestra lo que es posible y esperable. Entre las veinte empresas tecnológicas más valiosas del mundo, nueve se encuentran en China. Este país produce dos veces y media la cantidad de patentes en materia de inteligencia artificial que produce Estados Unidos y en su sistema universitario se gradúan tres veces más especialistas en computación. El hecho de que Europa —incluida la República Federal de Alemania, potencia exportadora de alta tecnología— desempeñe un papel casi irrelevante, constituye un efecto colateral preocupante. También es necesario reflexionar en forma especial sobre la falta de posibilidad de los llamados países en desarrollo, de mantenerse o por lo menos ponerse al día.

En Asia, en todo caso, todos estos procesos se basan en una gran aceptación de los usuarios: la seguridad se valora más que la protección de la privacidad; los mismos patrones aplican a la prevención del delito y a la atención sanitaria. El reconocimiento facial es una herramienta exhaustivamente utilizada. Así pues, es posible que las ciudades inteligentes puedan surgir antes y más rápidamente en Asia que en Europa, cuyas soluciones de hoy parecen ser de ayer y provocan ceños fruncidos fuera del continente. También en los países democráticos los sistemas de cibersalud brindan la oportunidad, en tiempos de crisis, de abordar antecedentes sanitarios y grupos de riesgo de manera selectiva, rápida y masiva, y de organizar eficazmente la distribución de los bienes esenciales.

El alto nivel de confort y los beneficios que tales aplicaciones aportan a los consumidores también se encuentran claramente agrupados en el WeChat chino: como en un programa miles and more, se recompensa al usuario permanentemente por su uso de datos. La autodeterminación informativa desaparece poco a poco sin que uno sea realmente consciente de ello. Y al mismo tiempo, un sistema totalitario tiene a su disposición mecanismos de vigilancia con los que George Orwell difícilmente se habría atrevido a soñar.

El futuro de la globalización

Sin embargo, la crisis actual también está poniendo a prueba la globalización en su conjunto, y en particular las cadenas de suministro mundiales están siendo cuestionadas. ¿Cuánta autonomía estratégica se necesita a nivel nacional y en qué áreas? El examen del desempeño de la Unión Europea y de su cohesión constituyen un tema aparte e inquietante, que sin duda está en lo más alto de la lista de cosas que deberán tratarse después de finalizada la crisis actual. ¿Cuáles son los bienes esenciales que sería mejor producir en casa para que estén efectivamente disponibles en tiempos de crisis? ¿Qué empresas nacionales deberían tener y conservar qué competencias y qué está dispuesto a hacer el Estado por ellas si no pudieran mantenerse frente a la guerra de precios? ¿Cómo se puede reforzar nuestra resiliencia en su conjunto cuando se trata de amenazas a la seguridad no tradicionales? De todos estos temas habrá que ocuparse.

Justamente, para un país dependiente de las exportaciones como Alemania se trata de una cuestión particularmente explosiva en un momento en que los Estados Unidos parecen apostar a un cierto desacoplamiento, es decir, al abandono de la integración económica, y es visto como oponente estratégico por competidores de China. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos, al igual que en el negocio de Irán (o Nordstream II), nos hicieran la pregunta: ¿están con ellos o con nosotros? A pesar de nuestra conocida dependencia total de la política de seguridad del socio transatlántico, se oye en los círculos industriales que bastantes empresas alemanas, en vistas a los negocios y las expectativas de futuro, dirían entonces, con dolor en el alma: entonces con los chinos…  Que la República Popular aparezca ahora para algunos como ganadora de esta crisis se debe notoriamente a algo más que una sofisticada propaganda de la crisis y al homenaje de políticos europeos como el presidente serbio Aleksandar Vučić, visto a menudo como aparentemente ingenuo.

Nos preocupa, y esto también va más allá de la crisis del coronavirus, que no parece que estemos preparados estratégicamente para todos estos debates. Alemania y Europa están reaccionando en lugar de actuar y, cuando lo hacen, es en forma tímida y tardía. Cambiar esto es la tarea de una política responsable y con visión de futuro. Y es el cometido de una institución como la Fundación Konrad Adenauer asesorar sobre esto.

Traducción: Manfred Steffen

Imagina que decides dejarlo todo. Que por alguna razón piensas que debes irte. Puede ser que quieras explorar nuevos horizontes, buscar nuevas oportunidades. Pero también puede ser que te sientas en la obligación de hacerlo, bajo presión. Por cuestiones económicas, por cuestiones políticas.

En América Latina esta es la realidad de muchos. Cientos de miles dejan su país y se trasladan a otras latitudes, a países vecinos, a otros continentes incluso. Para conocer esta situación en detalle hemos hablado con un experto, especialista en movilidad y migraciones. Se trata de Pablo BÍderbost. Politólogo, profesor de la Universidad de comillas de Madrid.

Estadísticas sobre migración en la región:

Organización Internacional para las Migraciones.

Agencia de la ONU para los refugiados.

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Fundación Konrad Adenauer

Las amenazas a la democracia en varios países han sido recurrentes en los últimos años. El tema ganó más notoriedad después del lanzamiento de los libros Cómo mueren las democracias, de Steven Levistky y Daniel Ziblat, y El pueblo contra la democracia, de Yasha Mounk. En esencia, estos trabajos alertan sobre el surgimiento de líderes políticos que actúan para debilitar las reglas formales e informales que históricamente han construido democracias en todo el mundo. La evidencia presentada en estos trabajos es convincente, sobre todo porque muchos gobiernos continúan atacando a este tipo de régimen político.

Sin embargo, la conmoción de la pandemia del coronavirus se ha convertido en una ventana de oportunidad inesperada para el llamado populismo de derecha en varias partes del mundo. La democracia como régimen político, y su apoyo en la sociedad, ha estado disminuyendo en todo el mundo desde mediados de la década de 2000, como lo demuestran las encuestas anuales de Freedom House y, en América Latina, el Latinobarómetro. La crisis causada por el virus aparece como un ingrediente explosivo en este contexto.

Ante el temor a la infección y la muerte, las personas han reducido aún más su interacción con la esfera pública y la política, lo que abre el espacio para la tiranía de la mayoría, según lo definido por Tocqueville. No menos importante, el pacto hobbesiano extremo aparece al acecho con la disyuntiva autoritaria siempre tentadora: ¿defensa de la vida o mantenimiento de las libertades?

Como nos recuerda un viejo enfoque de las políticas públicas: las respuestas gubernamentales siempre están listas esperando que un problema sirva como justificación. Por supuesto, la pandemia plantea un enorme desafío: es necesario tener un fuerte aislamiento social y esto depende, en cierta medida, de un gobierno más fuerte que en situaciones normales. Por lo tanto, combatir la COVID-19 requiere un gobierno fuerte y controles y equilibrios al mismo tiempo, pero esta situación excepcional puede ser la oportunidad que los líderes políticos autoritarios aguardan para inclinar la balanza de poder a su favor.

El debilitamiento de la democracia ya es un objetivo de líderes como Trump, Recep Erdogan, Viktor Orbán, Duterte, Andrzej Duda, Putin y, por último, pero no menos importante, Bolsonaro, solo para nombrar los más representativos y, con la crisis del coronavirus, son acompañados por Benjamin Netanyahu y los casos de Jordania y Tailandia.

En Hungría, con las medidas aprobadas esta semana, la libertad de expresión ha aumentado sus restricciones con la posibilidad de encarcelamiento si el gobierno decide que se está dando noticias falsas acerca de la diseminación del virus. Los ciudadanos que se consideren un obstáculo en la lucha contra la propagación del virus también pueden ser arrestados sin un proceso judicial. La instrumentalización de estas medidas subvierte valores básicos de la democracia, como la libertad de prensa, y expande la escalada autoritaria en curso en ese país. En los últimos días, la prensa mundial ha destacado este movimiento, por lo que vale la pena enfatizar cómo se ha concebido e implementado.

En los Estados Unidos, la crisis se ha politizado con Trump responsabilizando a los demócratas por expandir lo que se creía que era una amenaza infundada sobre la propagación del virus y poniendo énfasis en decir que es un «virus chino». Además, el Departamento de Justicia solicitó más poderes para eliminar la protección legal para los solicitantes de asilo y para detener indefinidamente a las personas. Algo similar ya había sucedido después del 11 de septiembre y resultó en una disminución de las libertades civiles y una invasión de la privacidad en nombre de la seguridad nacional. Para empeorar las cosas, tales medidas no fueron revocadas posteriormente por la administración Bush y los abusos contra las libertades y los derechos civiles continuaron consagrados en la Ley Patriota.

En Serbia y Turquía, el gobierno ha actuado para desinformar a la sociedad basándose en la afirmación de la superioridad genética de sus poblaciones que, así, quedaría protegida contra la infección.

En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu autorizó a las agencias de seguridad a rastrear a los ciudadanos que usan sus teléfonos celulares con la misma herramienta utilizada para controlar a los terroristas. El Gobierno ha determinado que las personas pueden ser encarceladas por hasta seis meses si desafían las reglas de aislamiento. En Filipinas, el presidente Duterte, con el apoyo del Congreso, recibió poderes de emergencia que, en la práctica, lo despojan de todos los lazos para gobernar sin la colaboración necesaria con el Parlamento.

La pregunta que queda por responder es si, después de la crisis humanitaria causada por el virus, ¿dará marcha atrás la reducción de la democracia en estos países?

Esta crisis también puede ser una oportunidad para socavar el poder de los líderes autoritarios, ya que no les permite continuar con la táctica de responsabilizar a otros, sean chinos, mexicanos, la prensa o cualquier otra persona. Al mismo tiempo, esta reducción en legitimidad y popularidad puede ser el estímulo para duplicar la apuesta y reducir las libertades democráticas con la justificación de que un gobierno fuerte, sin controles y equilibrios que reduzcan su autonomía, está en mejores condiciones para enfrentar la crisis. Teniendo en cuenta la información reportada en todo el mundo, este sigue siendo un juego indefinido pero, si la reacción de las instituciones políticas y la sociedad es débil, los ataques a la democracia son muy probables y tenderán a intensificarse.

En este sentido, la justificación médica del aislamiento social ha servido como un incentivo contra la libertad de reunión, un valor fundamental de la democracia. Lo mismo ocurre con el derecho de ir y venir. En varios países como Bolivia, Serbia y Macedonia las elecciones se han cancelado o pospuesto, un debate que promete calentarse en Brasil, en vistas de las elecciones programadas para octubre. Esta ya fue una decisión tomada en el Reino Unido. A pesar de los riesgos de mantener el calendario electoral, no hay garantía de que esto no sea un medio para que los líderes políticos con un sesgo autoritario busquen expandir su poder y ajustar sus plazos de suerte para que les sean favorables, como parece ser la situación en Bolivia.

Privar a la sociedad del derecho de elegir a sus líderes ya es dramático, pero instrumentalizar las elecciones para extender la permanencia en el poder es un intento contra la democracia. Las elecciones también pueden servir para reducir las posibilidades de derrota si el titular es mal evaluado por la población, como es el caso del presidente polaco Andrzej Duda. Allí, las noticias informan que se mantendrán las elecciones programadas para mayo, lo que obstaculizará la campaña de la oposición ante las restricciones al movimiento de personas.

En muchos países, la escena de las calles ocupadas por militares, policías, tanques y otros tipos de armas se ha vuelto común. Con las calles despejadas y la metáfora de la guerra de que debemos luchar contra el virus, tenemos una asociación favorable para buscar legitimar el uso de la fuerza y las medidas represivas. Las acciones implementadas por los gobiernos para dispersar las reuniones, sacar a las personas de las calles, el toque de queda, el arresto de opositores, etc., pueden ser necesarias, pero también pueden ser peligrosas. No sería demasiado recordar que, en Chile, donde había multitudes que protestaban contra el gobierno, ahora solo queda el ejército, luego de la declaración de estado de catástrofe.

No es casualidad que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierta que, después de la pandemia de salud, una epidemia de medidas autoritarias puede extenderse si no se elimina la vigilancia estatal de la sociedad que está siendo intensificada en ese momento. La pérdida o reducción de la capacidad de vigilancia de la sociedad en ese momento no pasa desapercibida para los líderes políticos adversos a la democracia.

En Brasil, hasta ahora, los arrebatos autoritarios del presidente Bolsonaro también buscan aprovechar la política de crisis para reducir la democracia y los controles institucionales sobre su poder político. Afortunadamente, sus iniciativas más recientes han sido rápidamente rechazadas por el Poder Judicial (su intento de enmendar la Ley de Acceso a la Información), el decreto del estado de emergencia ha sido monitoreado de cerca por el Congreso nacional y la prensa continúa combativa en el seguimiento de las medidas de su gobierno. El presupuesto de guerra a ser aprobado en el Congreso Nacional también será auditado por el Parlamento. Pero las actitudes del presidente, antes y después de la crisis del coronavirus, indican que un gobierno fuerte es más útil para reducir el alcance de la oposición política que para propósitos correctos de aislamiento social. Y eso solo se suma a la incertidumbre sobre su voluntad de reducir el tamaño de la democracia en el país.

Dado que Bolsonaro usa el método del globo sonda, la mención de que el estado de sitio por el momento no estaba en el radar es una fuerte evidencia de que esta salida ya puede estar en su agenda como una solución al problema de su pérdida de autoridad y creciente aislamiento político, aunque su promulgación dependa del Congreso. En línea con su proyecto autoritario, sus partidarios promueven videos para poner al ejército en la calle.

La sociedad debe permanecer vigilante. En varios países, la experiencia más reciente no es alentadora: la COVID-19 ha abierto una ventana de oportunidad para atacar y debilitar la democracia. Necesitamos asegurarnos de que la democracia en Brasil no quede infectada y eso tenga consecuencias futuras. Este es también uno de los mayores desafíos que tenemos por delante.

La orden entró en vigencia el 16 de marzo, originalmente por una duración de dos semanas, pero ha sido ampliada hasta el 12 de abril. A ello se suman otras disposiciones, como la compra de 1,4 millones de kits para pruebas de detección del COVID-19. Al momento de escribir estas líneas, jueves 2 de abril, la cifra oficial de infectados llega a 1,414, con 55 fallecidos.

A lo anterior se añaden disposiciones económicas de una dimensión inédita, algunas ya dictadas, como la concesión de un subsidio de subsistencia a más de 2,7 millones de familias, y otras, recién anunciadas, como parte de un plan que a través de la acción conjunta del Banco Central de Reserva y del Gobierno busca evitar la quiebra en cadena de las empresas y proteger el empleo. Las medidas contempladas son una combinación de subvenciones, garantías para préstamos y alivios tributarios, entre otras, por más de 25.000 millones de dólares. El paquete representa en total el 12 % del PIB. Está claro que el buen manejo macroeconómico de las últimas décadas confiere a las autoridades un gran margen de maniobra para afrontar la hora actual.

En general, más allá de determinados errores y de algunas polémicas entre especialistas, la actuación gubernamental goza de gran respaldo. Una reciente encuesta de la empresa Ipsos Perú arroja un apoyo masivo de la población al presidente, cuya popularidad ha dado un salto de espectacular, pasando de 53 % a 87 %.

Una vez más, como señalan varios analistas, se comprueba que al mandatario le sientan bien las situaciones de emergencia y crisis, pues en ellas demuestra dotes de liderazgo que comprenden la determinación para tomar decisiones duras y una buena capacidad de comunicación exhibida en sus conferencias diarias en el palacio de Pizarro.  Muy atrás quedan sus deficiencias evidenciadas en tiempos más ordinarios que, es verdad, han sido escasos durante sus dos años de gestión hasta ahora.

En las redes, siempre dadas a la hipérbole, las muestras de reconocimiento lindan en no pocas ocasiones con la adoración, aunque, al mismo tiempo, no están ausentes las expresiones de rechazo de los adversarios políticos y de los críticos mediáticos habituales, cuya exasperación parece aumentar en paralelo a la subida de los índices de popularidad del mandatario, hasta alcanzar, en algunos casos, casi niveles de apoplejía.

Mientras tanto, el nuevo Congreso, elegido el 26 de enero, se instaló, por coincidencia, el primer día de la cuarentena. Su configuración muestra una gran dispersión de fuerzas, con 9 bancadas; la más numerosa es la de Acción Popular, con 25 parlamentarios sobre un total de 130. La del fujimorismo es de solo 15 miembros, lo que representa una gran caída respecto de la que fue elegida en 2016, con 73 legisladores.  El histórico APRA, del fallecido expresidente Alan García, no logró pasar la valla electoral por primera vez en su historia.

Dos grupos llaman la atención: uno es el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), también con 15 integrantes, que es el brazo político de una curiosa secta local denominada Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y que mezcla el judaísmo, el cristianismo y el culto a su fundador, ya fallecido, Ezequiel Ataucusi. El otro es Unión por el Perú, partido liderado en su momento por Javier Pérez de Cuéllar, nada menos, pero que terminó convirtiéndose en un vientre de alquiler o vehículo electoral para aspirantes a la presidencia; uno de ellos fue Ollanta Humala, en 2006, y ahora es el hermano de este, Antauro, quien purga una condena de 19 años en prisión por  conducir una sangrienta asonada en 2005 y que mantiene la ideología radical, también producción original peruana, pergeñada por el padre de ambos, Isaac, a base de marxismo, militarismo, reivindicación étnica y reminiscencias fascistas.

El presidente Vizcarra no cuenta con una representación propia. Parece poco probable que vuelva a vivir los niveles de enfrentamiento que tuvo con el Parlamento anterior. Sin embargo, han surgido controversias respecto de iniciativas legislativas que el Gobierno desaprueba, y que indican que la relación entre ambos poderes no será necesariamente siempre armoniosa; menos aún ante la perspectiva de las elecciones generales del próximo año, que parece ya estar incitando a los partidos a posicionarse respecto de temas políticamente rentables y a algunos congresistas a buscar un mayor protagonismo.

El concepto de amistad cívica (civic friendship) proveniente del mundo anglosajón. Hace referencia a un ingrediente clave de la vida pública desarrollado por Aristóteles hace aproximadamente 2400 años. Para el filósofo griego, para poder prosperar, las sociedades necesitan leyes e instituciones justas, jueces honestos y gobernantes prudentes, pero especialmente necesitan concordia, amistad cívica, sin la cual la vida pública no funciona.

Antes que nada, aclaremos que la palabra amistad en Aristóteles no tiene el sentido corriente que hoy le damos, por lo que no significa que entre todos los ciudadanos compartan un afecto personal. No son los amigos que elijo, sino con los que tengo un destino común. Según Aristóteles, la amistad política o amistad cívica es la amistad que se desarrolla en el contexto de la ciudad, y en la cual no se precisa una relación de proximidad y reciprocidad tan fuerte como con la amistad basada en la virtud o el bien.

Amistad (filía en griego) es el fundamento de la política para Aristóteles: «Todo es obra de la amistad, pues la elección de la vida en común la supone» (Política, 1281 a). Y la amistad implica la virtud, en cada uno y en las relaciones con los otros, por lo que la verdadera política presupone necesariamente la ética, la cual implica a su vez un modo de ser «por el cual el hombre se hace bueno y por el cual realiza su función propia» (Ética a Nicómaco, 1106-20). En filosofía política la tradición clásica entiende que la política no es un mero asunto de leyes, reglamentos, derechos, fórmulas y técnicas, sino que tiene como fondo la ética, el ejercicio de la excelencia en la búsqueda del bien común.

Para Aristóteles la amistad es anterior a la política, pero la polis no es posible sin la amistad. Y es que la política es el espacio de lo público, que se constituye en un espacio de todos, que interesa a todos y que afecta a todos. En la plaza pública se habla de lo que concierne a todos y se apela a la razón de todos. Este espacio es participable por todos y transparente a todos. En este espacio hay normas, leyes, reglas de juego que hay que respetar para el buen funcionamiento de la vida en común. Pero sin los valores compartidos que la hagan posible, puede llegar a convertirse en puro formalismo sin contenido. Además, como no todos entendemos lo mismo por bien común, se necesita cada vez más una ciudadanía formada y con pensamiento crítico capaz de deliberar acerca de los fines hacia los cuales nos encaminamos como comunidad política.

La amistad cívica es la de los ciudadanos de un Estado que se saben miembros de una comunidad que comparte un destino común y, por ello, deben cultivar aquellas virtudes cívicas que hacen al bien querido por todos, respetando las legítimas diferencias y los derechos fundamentales.

La filósofa española Adela Cortina escribe al respecto que, a pesar de las enemistades que existan entre ciudadanos, es más lo que los une que los que los separa, donde la mano intangible de la amistad cívica une los bloques de todo el edificio social. «Junto a la mano invisible del Estado y la presuntamente invisible del mercado, es necesaria la mano intangible de la amistad entre ciudadanos que se saben artesanos de una vida común».

En sociedades cada vez más plurales y complejas, donde la cultura común ya no es un presupuesto, se necesita reforzar unos mínimos valores comunes que hagan posible la convivencia y la construcción del bien común. Por ello hoy es cada vez más necesario que hablemos de la importancia de la ética en la vida política, donde el reconocimiento de las diferencias sea un factor de progreso y se promueva una auténtica cultura del encuentro y del diálogo que enriquece a todos. El exacerbado individualismo posmoderno ha olvidado que los problemas de los otros son también mis problemas y que los desafíos comunes reclaman amistad cívica.

La pérdida del sentido

La mayoría de nuestros problemas no están en el plano politológico en su comprensión contemporánea, tan reducido a cuestiones sociológicas y pragmáticas, como si todos los problemas políticos fueran cuestiones de gestión administrativa o resolución de conflictos. Muchos ya no apelan a cuestiones éticas que todos deberían respetar naturalmente, sino que ponen su esperanza en querer solucionarlo todo judicialmente, o en manos de «expertos».

Pero la experiencia cotidiana en muchos ámbitos muestra un drama más hondo: el desprecio de unos hacia otros, y no por razones ideológicas o económicas, sino ya solo por una suerte de resentimiento existencial, de vacío insoportable, de criticar por criticar, de atacar por atacar. Y así, quienes se desprecian mutuamente reclaman para sí derechos que no respetan para los otros. Se confunden deseos individualistas con derechos, pero no importan los derechos de los otros, solo los propios. Y los deberes que son inseparables de los derechos no parecen interesar demasiado.

La ausencia de valores, de un fundamento donde apoyar la vida en común, es el drama de Occidente anunciado por Nietzsche hace ya más de un siglo: «El hombre moderno cree experimentalmente a veces en este, a veces en aquel valor, para abandonarlo después; el círculo de los valores superados y abandonados es siempre muy vasto; constantemente se advierte más el vacío y la pobreza de valores; el movimiento es incontenible —si bien se ha intentado frenarlo con gran estilo—. Finalmente, el hombre se atreve a una crítica de los valores en general; reconoce el origen; conoce demasiado para no creer más en ningún valor; he aquí el pathos, el nuevo escalofrío… Esta que les cuento es la historia de los dos próximos siglos. Describo lo que sucederá, lo que no podrá acontecer de manera diferente: el advenimiento del nihilismo» (F. Nietzsche, Fragmentos póstumos, 1885-1889).

En la época del crepúsculo del deber (Lipovetsky), donde nos despedimos de los grandes relatos (Lyotard), donde la cultura ha perdido el sentido de los fuertes valores que eran la referencia para orientar la vida y el pensamiento, se vive en un mar de incertidumbres (E. Morin). Como profetizó Nietzsche a finales del siglo XIX, la crisis del tiempo que le sucede es de una profunda crisis de fundamentos, de una crisis metafísica, antropológica y ética. Nietzsche, con su estilo demoledor, llega a un callejón sin salida y su resumen del nihilismo es «la muerte de Dios», es decir, la pérdida del suelo en el que se sostenía la cultura occidental. Es algo mucho más amplio que un postulado de ateísmo, como comúnmente se cree; es la constatación de la pérdida de la dimensión de trascendencia, la anulación de todos los valores tradicionales, la pérdida de todos los ideales. Y así lo describe Heidegger en Caminos del bosque: «El nihilismo, considerado en su esencia, es más bien el movimiento fundamental de la historia de Occidente. Este revela un curso tan profundamente subterráneo, que su desarrollo no podrá determinar sino catástrofes mundiales».

¿No sucederá también que la política reducida en su horizonte y desfundamentada se encuentra necesitada de nuevas raíces, de un fundamento que le dé sentido y credibilidad?

Construir la amistad cívica

La respuesta más fuerte contra la crisis política parece ser la construcción de la amistad cívica, la recuperación de la ética en la política; no solo en la práctica, sino también en la teoría y en la educación, así como en los discursos, que están cada vez más vacíos de ideas y de valores. En un momento histórico donde relativistas y fundamentalistas huyen del diálogo para replegarse en sus propias visiones dogmáticas y subjetivistas, donde el pensamiento simple tiende a la polarización social y al emocionalismo narcisista, atreverse a hablar de ética, de la responsabilidad ante los otros, no es solo una acción contra la corriente, sino un compromiso político real en la búsqueda del bien común y del fortalecimiento de la democracia.

La comunidad política es auténtica cuando existen vínculos reales y solidarios, que, en medio de las diferencias, van más allá de una superficial tolerancia o de respetar las leyes, porque se realiza como construcción colectiva de un nosotros que solo es posible desde la confianza en las personas y en las instituciones, desde una verdadera amistad cívica que no pierde de vista el bien común.

La nación sobrevivió gracias al coraje irreductible de las residentas, mujeres paraguayas que se convirtieron, de madres y jefas de hogares, en brazos fuertes e inagotables para acompañar a la disminuida población masculina a levantar la producción. Fue esa tenaz resistencia la que empujó e hizo crecer casi desde la oscuridad al Paraguay, la que hizo restituir la confianza herida por las cruentas atrocidades de una contienda bélica desigual e injusta.

El Paraguay se irguió, restauró sus instituciones, con mucha confusión y apasionadas internas, generadas por las consecuencias de la guerra. En ese clima denso, de inestabilidad casi permanente, el país debió prepararse para enfrentar un nuevo conflicto regional, la única guerra internacional del siglo XX en América del Sur, esta vez con Bolivia. Y otra grave herida se produjo, que puso a prueba el heroísmo en el combate y la templanza para superar las tensiones interiores derivadas de tantas turbulencias soportadas. Esto último no fue posible. La vida institucional se quebró y la inestabilidad política interna se adueñó del Paraguay, hasta que emergió una dictadura de 35 años que clausuró las libertades públicas. La democracia quedó postergada, los poderes de Estado fueron dominados por una monolítica estructura que desde las fuerzas militares sometió a la ciudadanía a los rigores de un régimen autoritario.

Esta situación duró hasta el 3 de febrero de 1989, cuando desde el mismo corazón de la dictadura surgió un movimiento revolucionario que le puso fin. Se inició, desde entonces hasta la fecha, un largo ciclo de transición a la democracia. En este periodo de 31 años, el más extenso en la historia política del Paraguay de vigencia plena de las libertades públicas, de alternancia en el poder sin traumas, aún no está consolidada la democracia. Aquella matriz cultural autoritaria permea las instituciones republicanas —aunque, justo reconocerlo, cada vez con menos intensidad—, sostenida por los intereses de poderes fácticos que, en el afán de mantenerse, asedian la continuidad y progreso del sistema democrático.

Este breve relato del pasado no tiene, ni pretende tener, el rigor de un análisis histórico, sino que era necesario para describir en pocas líneas los impactos de una guerra que, 150 años después, aún arrastra efectos que han demorado la recuperación definitiva del país. Es cierto que no todo lo que nos pasa es atribuible a secuelas indirectas de aquella terrible contienda; es mayor la responsabilidad de las actuales generaciones pero, desde el fondo de nuestras debilidades, se anidan esos episodios tristes, que pueden ser perdonables, en razón del tiempo y las nuevas realidades, mas no borrados de la memoria, para que esos hechos, bajo otras circunstancias, no vuelvan a renacer.

Emociona cuando un joven o una persona adulta uruguaya, cualquiera fuere su pensamiento o ideología, lo primero que dice al saludar es: «perdón hermano paraguayo por lo que hicimos un siglo y medio atrás»; también lo hacen argentinos o brasileños, aunque con menos frecuencia, y estos signos caracterizan la emergencia de tiempos distintos.

Ciento cincuenta años después los paraguayos y nuestros vecinos ya no pensamos en las disputas del siglo XIX, sino que anhelamos integrarnos para reducir nuestras asimetrías, para encontrar más los intereses convergentes que aquellos que puedan retornarnos a las tristes épocas vividas. Para restituir la confianza recíproca, aceptemos nuestras debilidades y fortalezas, sin mirar el espejo retrovisor, pero sin olvidar lo que en un momento fuimos. Para caminar juntos hacia nuestros mejores destinos.

¿Solidaridad europea? ¡Los europeos la viven!

En las últimas semanas fuimos testigos de muchos actos de solidaridad en toda Europa: la Torre Eiffel fue iluminada con la tricolor italiana, la orquesta del Teatro Nacional de Serbia tocó Bella ciao en un videocollage de músicos individuales, miles de personas en Alemania cantaron desde el balcón el Himno a la alegría, que expresa los ideales de libertad, paz y solidaridad de la UE. Todas las noches a las nueve en punto se aplaude a los médicos, enfermeras y todos los que luchan en primera línea contra la emergencia. Gracias a las redes sociales, mensajes como estos se difunden rápidamente y demuestran la fuerza de la creatividad humana, uniendo a la gente a través de la generosidad y el altruismo.

Los dos caras de la digitalización

En este momento, internet y las redes sociales son, al mismo tiempo, una bendición y una maldición para nuestras sociedades. Por un lado, las conferencias y reuniones universitarias tienen lugar en línea, el Parlamento Europeo realiza votaciones por correo electrónico y los jefes de gobierno europeos debaten por videoconferencia. Por lo tanto, parece que se están superando los desafíos de la democracia, la administración pública y la tecnología. Estamos viendo la e-governance en acción.

A pesar de esto, la vida social se mudó y está limitada al interior de nuestros hogares. Con sus instrumentos multimedia, internet nos ayuda a organizar nuestra rutina diaria en la cuarentena. Usamos aplicaciones para hacer compras, para mantenernos en forma, para seguir nuestras series preferidas y para hablar con amigos.

Pero también hay otra cara de la moneda. En la web circulan peligrosas noticias falsas sobre COVID-19. Absurdas teorías de conspiración están de moda, e incluso para los expertos en comunicación es cada vez más difícil distinguir entre el relato objetivo de los hechos y la propaganda de los Estados autoritarios. En este sentido, hace una semana la UE acusó a Rusia de crear a propósito confusión, pánico y ansiedad con una campaña masiva de desinformación desde los medios de comunicación estatales rusos. Según un documento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE): «El objetivo general de la desinformación es agravar la crisis de salud pública en los países occidentales… de acuerdo con la estrategia más amplia del Kremlin de subvertir las sociedades europeas». Sin embargo, es interesante notar que, la semana pasada, la mismísima Rusia lanzó la campaña «Desde Rusia con amor», con ayuda destinada a Italia en la lucha contra el coronavirus. Que el mal caiga sobre aquel que piense mal…

La doble cara de la ayuda internacional

No solo llegaron médicos, expertos y suministros médicos desde Moscú. También Cuba y China enviaron personal y materiales médicos para ayudar a los hospitales sobrecargados de Lombardía y otras regiones más afectadas por el coronavirus. El apoyo cubano no sorprende, la isla caribeña envía médicos para ayudar a muchos países. De hecho, se trata de una estrategia diplomática que la dictadura castrista ha seguido durante años y también representa una importante fuente de ingresos. En 2014, por ejemplo, Cuba recibió muchos elogios por su contribución a la lucha contra el ébola en África.

Sin embargo, más cerca de la estrategia rusa está la ayuda de Beijing. Esta política de poder blando tiene como objetivo limpiar la reputación del régimen autoritario, poner de relieve la falta de solidaridad de los socios europeos y subrayar la capacidad propia para gestionar la crisis.

Individualismos nacionales

El accionismo ruso y chino debería hacernos reflexionar. El 26 de marzo, dos semanas después de su discurso ante el Parlamento, Von der Leyen tuvo que reconocer que la familia europea a nivel intergubernamental estaba lejos de estar unida y ser solidaria: «Cuando Europa realmente necesitaba que estuviéramos ahí unos para otros, muchos inicialmente se preocuparon exclusivamente de ellos mismos. Cuando Europa realmente necesitaba un espíritu de todos para uno, demasiados respondieron sólo para mí mismo. Y cuando Europa necesitaba realmente mostrar que esta Unión no existe solo cuando todo está bien, demasiados se negaron a compartir lo que tenían».

De hecho, en lugar de una gestión de crisis en común en la lucha contra la COVID-19, hemos visto en las últimas semanas que un virus, que no conoce fronteras, ha provocado el cierre de fronteras en toda Europa. El accionismo nacional, sin coordinación a nivel europeo, no solo ha causado colas de decenas de kilómetros, sino que también ha hecho retroceder el espíritu común de la integración europea. Sin querer criticar las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales, necesarias para aplanar la curva de contagio, también habría sido necesaria una acción europea para compartir la carga, organizar la ayuda y evitar el caos comunicativo y logístico en el mercado común.

Actualmente, se ha reabierto el debate entre los líderes de los países de Europa del Norte y del Sur. Mientras que sobre todo en Italia, en España y en Francia se desea encontrar un instrumento de deuda común en beneficio de todos los Estados miembros para relanzar la economía, von der Leyen comparte las preocupaciones de Alemania, los Países Bajos, Austria y Finlandia, que no quieren compartir ningún riesgo con los gobiernos más endeudados. Encontrar un acuerdo entre estas posiciones opuestas parece difícil…

«Necesitamos trabajar juntos como nunca antes»

Por supuesto, también hay ejemplos positivos de solidaridad europea desde sus Estados miembros: el 19 de marzo, por ejemplo, un avión llegó a Italia con materiales sanitarios y equipos para asistencia respiratoria donado por Alemania. Además, Alemania fue el primer país europeo dispuesto a recibir en sus hospitales a pacientes italianos y franceses. Francia y Alemania donaron millones de máscaras a Italia, seguidas de ropa y equipo de protección de otros países miembros. Incluso Albania, país candidato a la UE desde el 24 de marzo, también ha enviado médicos y enfermeras a Italia.

Se necesitan entonces más ejemplos como estos, con más coordinación, más pensamiento y más acción proeuropea en la gestión de crisis, o, en las palabras de von der Leyen: «Incluso si tenemos que permanecer más lejos de lo normal, tenemos que trabajar juntos como nunca antes».

En apenas unos meses se cumplirá el cincuentenario del fallecimiento del escritor bordelés François Mauriac, democristiano de Le Sillon de Marc Sangnier y después gaullista, siempre cristiano antes que escritor, premio Nobel de Literatura en 1952. Unos meses antes de morir publicó sus Nuevas memorias interiores. Y ante la angustia de la muerte inminente escribía: «creo en el alma, en mi alma, y por consiguiente en la de cada criatura humana. No creo estar jugando cuando escribo la palabra gracia que significa amor».

La voz de la gracia, «el hilo con el que Dios tira de nosotros», según Evelyn Waugh, la voz que dice que «la bondad es nuestra vida», resonó el sábado 28 de marzo de 2020 en una Plaza de San Pedro de Roma vacía, mientras el papa Francisco, el primero latinoamericano, bendecía urbi et orbi, y se enfrentaba al sufrimiento, al dolor y a la muerte con el coraje sencillo y decidido de los humildes. Un anciano llamaba a armarse en la oración. Igual que, cuando el 15 de febrero de 1959 Giulio Andreotti fue nombrado ministro de Defensa, su amigo Giorgio La Pira le instaba a la creación de un instituto de estudios sobre «el arma nuclear de la oración».

Un arma al alcance de todos los seres humanos. Hermanos invencibles e indestructibles. Decía Fernando Sebastián que para entender a Cristo había que instalarse en la inmortalidad. Y eso exige vivir de verdad y en la verdad. «Esta verdad de la que procede toda poesía», añadiría el autor de El desierto del amor. La poesía de un mensaje de emancipación fraterna. Hoy como siempre, pero como nunca, nos salvamos todos unidos.

Leo a François Mauriac mientras contemplo, también vacía, la calle Fuencarral de Madrid: «Se diría que Dios ya no necesita a los hombres de letras, y esto es lo que acaba por ocurrir cuando los hombres de letras creen que no necesitan a Dios». Calles y plazas están vacías. Pero nuestra vida es más auténtica y está más plena de gracia y de verdad que nunca. Somos y seremos mejores de lo que éramos. Cuando todo se vacía, la vida, nuestra vida, se llena.