En el Ecuador, el febrero pasado, una nueva Asamblea Nacional fue electa. Tomó posesión el 14 de mayo pasado y le toma la posta a un cuerpo legislativo que deja muchos temas inconclusos y bastante mal sabor en lo que se refiere al ejercicio de la política.
El nuevo Legislativo se estrena bien. En términos de paridad, está presidido por una mujer líder amazónica, con larga trayectoria en el activismo social y cuya presencia, para muchos, está significando un mensaje casi karmático de resarcimiento, si pensamos que fue perseguida y encarcelada por el régimen de Correa y fue precisamente su hermana quien la posesionó. En los avatares del mundo político, ese mensaje parecería reivindicar ese adagio de que la vida da las vueltas y, en política, más.
No se puede dejar de destacar, además, que —también por primera vez— la Asamblea está presidida por el partido que representa a los indígenas en el Ecuador. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik es —para sorpresa de todos— la segunda fuerza política ecuatoriana. Este partido, fundado por el movimiento indígena del Ecuador y sus aliados, logró su mejor resultado legislativo en su historia: 27 curules, 22 más que en el 2017, lo cual sin duda es un hito histórico de representación legislativa para ellos, que llegan además con su propia agenda y van a trabajar por ella.
La composición actual de la Asamblea Nacional es compleja, a la luz del cambio de la metodología de asignación de escaños (D’Hont por Webster). Como consecuencia de esto, el partido que representa al correísmo ostenta 48 escaños, la Izquierda Democrática 18, el Partido Social Cristiano 19, el partido de gobierno CREO 12 y una lista de independientes inició con 13 y ahora ya son 20. Una configuración variopinta que hará difícil la gobernabilidad a futuro y complica al Ejecutivo.
Tareas pendientes
Con esta realidad numérica, salta a la vista que la primera gran tarea que tiene el Legislativo es generar consensos para construir una agenda que viabilice la aprobación de leyes pero que, al mismo tiempo, acuerde con el gobierno para que, en un ejercicio de colegislación responsable, este último pueda cumplir las ofertas de campaña que pasan por reformas de ley o iniciativas del Ejecutivo. En ese sentido, algunos analistas ya auguran negros nubarrones en el espectro de la gobernabilidad, porque tal como están distribuidas las fuerzas políticas es un hecho que habrá mayorías móviles que se irán configurando para proyectos puntuales.
Por otro lado, el estrenado Legislativo tiene la obligación de recomponer la imagen de un poder del Estado que está bien venido a menos, a golpe de actos de corrupción y desafueros: esa fue la herencia que recibió de los que se fueron.
La Asamblea saliente
De hecho, la Asamblea saliente estuvo marcada por la polémica y ha sido la legislatura peor evaluada de los últimos años, con un 2 % de aceptación. En términos de agenda legislativa, únicamente se aprobó un 33 % de los asuntos, que incluían un conjunto de 90 leyes que supuestamente iban a ser sancionadas y, al final, se aprobaron únicamente 30.
En términos de fiscalización, se recibieron 34 pedidos de juicio político pero solo 9 fueron aprobados y pasaron al pleno para resolver la censura y destitución de los funcionarios.
Respecto a corrupción, la Asamblea saliente estuvo marcada por varios escándalos, con 54 legisladores procesados o investigados por actos de corrupción relacionados con cobro de diezmos, reparto de hospitales, carnés de discapacidad, etc. Hoy por hoy, hay varios exlegisladores presos y alguno que otro prófugo de la justicia.
Oportunidades para la nueva Asamblea
Así las cosas, la nueva Asamblea tendrá oportunidades para hacer la diferencia en varios aspectos: en lo político, llegar a consensos de modo que se planteen líneas transversales de trabajo que pongan como pivote el bien común y sobrepasen las ideologías; en lo técnico, comprometerse a generar productos legislativos de calidad; y en lo ético, mantenerse alejada de actos de corrupción.
Tienen el reto de recobrar la confianza de la ciudadanía, cumplir lo ofrecido en la campaña electoral y realizar las tareas que dejaron pendientes sus antecesores. Hay leyes que quedan pendientes y en tapete, como la de Contratación Pública o la reforma a la Ley de Transparencia, entre otras.
Por lo tanto, todo el Ecuador tiene los ojos puestos en la gestión de la nueva Asamblea y de sus miembros; dependerá de ellos que, por fin, se dignifique el ejercicio de la política. Y eso solamente pasará si se comprometen a legislar para el pueblo y no para intereses de partidos o movimientos políticos. Vamos a ver si eso es posible.
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