Una nuevo forma de gobierno sorprende a Latinoamérica: el llamado modelo Bukele, promovido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En algunos países, como en el actual gobierno de Argentina, se ve con entusiasmo y admiración. Durante los últimos cuatro años, el salvadoreño logró disminuir sensiblemente los homicidios. Pasó de ser uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 106,3 homicidios cada 100 mil habitantes en 2015, a 2,3 en 2023. Incluso menos homicidios que en Costa Rica, considerada durante mucho tiempo una democracia estable y bastante segura en la región centroamericana.
El éxito del modelo salvadoreño radica en una política de seguridad punitiva en contra de las maras o pandillas, identificadas como las principales responsables de la violencia e inseguridad. El presidente Bukele ha expresado su «guerra contra las pandillas». Desde la implementación de la política, numerosas localidades han recobrado sus espacios públicos, la tranquilidad y la libre circulación de personas.
Estado de excepción dos años después
El Salvador vive desde hace dos años en un estado de excepción permanente. De acuerdo con diversas organizaciones sociales, permitió una constante violación de derechos humanos. La aplicación del estado de excepción desde el inicio fue acompañada de masivas redadas y detenciones de personas en diferentes lugares del país. La mayoría de ellos fueron señalados como integrantes o colaboradores de las maras. Los reportes elaborados por organizaciones sociales y medios independientes han denunciado que estas redadas constituyen en su mayoría, detenciones arbitrarias y han incluido allanamientos ilegales.
Desde que se decretó, el 27 de marzo de 2022, hasta inicios de 2024, se estima que más de 75 mil personas han sido detenidas. El gobierno reconoce que siete mil fueron detenciones arbitrarias. También se conocen denuncias públicas sobre maltratos, torturas, desapariciones y otras violaciones graves de derechos humanos. Las masivas detenciones han tenido como consecuencia un incremento exponencial de la población penitenciaria, aun cuando el presidente Bukele inauguró una mega cárcel en febrero de 2023 con capacidad para albergar cuarenta mil personas. Además, esto produjo una sobresaturación de los tribunales de justicia. El Estado ha pretendido subsanar esta situación con la aprobación de una disposición legal transitoria para realizar juicios colectivos. El primero se realizó de manera virtual a 492 personas acusadas de integrar maras.
En El Salvador, ciertamente, se redujeron los homicidios y se incrementó la percepción de seguridad. Pero en cambio elevó sustancialmente la cantidad de personas detenidas y enjuiciadas. La gran pregunta es: ¿las pandillas tenían más de 70 mil integrantes?
El proyecto detrás de la «guerra a las pandillas»
Nayib Bukele asumió su primer mandato como presidente de El Salvador en 2019. Antes había ejercido como alcalde en dos municipios importantes con el respaldo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Es uno de los dos partidos más importantes junto con Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Llegó a la presidencia como outsider autodenominándose el «dictador más cool». Durante su presidencia mantuvo altos niveles de popularidad, tal como se constató con los resultados de las elecciones efectuadas en febrero de este año, cuando fue reelecto a pesar de que la Constitución del país lo inhabilitaba.
La política de seguridad punitiva de Bukele es parte de su estrategia para apalancar un proyecto político personal y autoritario. Tiene como rasgos sobresalientes la concentración de poder y exaltación de la figura presidencial, especialmente a través del uso eficiente de las tecnologías de la comunicación, tal como se puede observar en el manejo de la imagen de Bukele y su constante presencia en las redes sociales.
Concentración del poder
También controla los demás poderes del Estado a través del Ejecutivo. Bukele logró imponer una bancada mayoritaria en el parlamento. A partir de allí, inclinó a su favor la balanza de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para nombrar al fiscal general. Este paso fue clave para aprobar y reformar leyes convenientes a sus intereses, así como para dar paso a su reelección presidencial.
La corrupción y baja transparencia en la gestión estatal está presente en la administración Bukele. Basta mencionar el secretismo con el que maneja el financiamiento para la construcción del llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega cárcel inaugurada a inicios de 2023. Además, el gobierno se negó a responder las denuncias de favoritismos y corrupción que involucra a la familia del presidente.
El estado de excepción supone la suspensión de garantías y derechos, de tal manera que hay muchas restricciones e incluso persecución en contra de periodistas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos. En ese contexto, se aplicó un instrumento jurídico que sanciona a los periodistas o cualquier persona que se refiera públicamente a las pandillas o maras, mientras que a los familiares de los detenidos no se les brinda información sobre su ubicación o su situación.
¿Un modelo exportable?
Los éxitos del modelo Bukele en su guerra contra las pandillas son evidentes. Se han traducido en un cambio real de las condiciones de seguridad y las percepciones de la población que antes sufría por la violencia y la criminalidad de las pandillas. El propio presidente se encargó de divulgar y promover esos resultados en todos los espacios posibles disparando sus niveles de popularidad entre los salvadoreños.
Otros gobiernos latinoamericanos, países donde la inseguridad y la violencia son problemas de primer orden para la ciudadanía, observan con mucha atención e interés a El Salvador. Funcionarios de alto nivel expresaron la posibilidad de implementarlo en sus países para frenar los altos índices de criminalidad. Como Ecuador y la ministra Patricia Bullrich en Argentina. En Centroamérica, Honduras ha emulado a su vecino salvadoreño con la aplicación del estado de excepción desde finales de 2022, aunque con resultados muy pobres en cuanto a la reducción de la criminalidad, pero con igual incremento de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
De una masacre diaria y un país controlado por las maras (bandas criminales) a una sociedad donde se cuida la vida. Una experiencia donde se cuida a la gente y el delincuente no es bienvenido. ¡Hacia allí vamos! pic.twitter.com/IPEVvWXyIv
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 23, 2024
Diversos análisis advierten tempranamente sobre los riesgos de implementar este modelo en otros países latinoamericanos. Eso solamente reforzaría las tendencias autoritarias, reforzaría el lado más opaco de las políticas de seguridad, pondría en riesgo las libertades y derechos ciudadanos, y comprometería la democracia sin garantías reales de éxito. En ese caso, se sacrificaría la democracia y derechos por seguridad, tal como ha sucedido en El Salvador.
