La corrupción jaquea las democracias. «La ciudadanía está dispuesta a negociar ciertos derechos a cambio de un gobierno que prometa mejoras», afirma Luciana Torchiaro.
Torchiaro es consejera regional para América Latina y El Caribe de Transparencia International. En entrevista exclusiva para Diálogo Político analiza los desafíos que la corrupción en un contexto de debilidad institucional.
¿Qué variaciones encontraron en la percepción de corrupción?
—Lamentablemente no solo no encontramos mucha variación entre los resultados que arroja el índice este año con respecto al año pasado, sino con respecto a los últimos cinco años. La región está estancada en una puntuación de 43 en una escala de cero a cien, en donde cien es considerado más limpio y cero es considerado más corrupto. Esto nos ubica también como región, a 22 puntos detrás de la Unión Europea, que es la región que lidera este ranking. Es decir que los problemas que tenemos en materia de corrupción son bastante dramáticos.
¿Afirmarían que el problema de la corrupción en América latina no está asociado a una corriente determinada? ¿Podemos descartar el tema ideología vinculado a la corrupción?
—Descartamos que el problema sea de carácter ideológico. Tiene que ver con las instituciones democráticas, que en América Latina y el Caribe no son fuertes ni transparentes. Además, en los últimos años se ha acentuado una tendencia autoritaria. Corrupción ha habido históricamente en América latina y en todo el mundo, tanto en gobiernos de izquierda como de derecha.
Herramientas digitales
Se discute con intensidad sobre implementar más herramientas digitales para controlar a los gobiernos. ¿Qué iniciativas ven ustedes en la región y en el mundo?
—La pregunta puede ser muy abarcativa. ¿Te refieres al control ciudadano?
Efectivamente, refiere a la rendición de cuentas a partir del uso de plataformas digitales.
—Creo que la pandemia nos ha dejado bastantes lecciones respecto del poder que tiene la tecnología y del poder que tienen los datos para que los ciudadanos, los periodistas, puedan reclamar la rendición de cuentas. Lamentablemente, a pesar de toda esa moda todavía persistente del e-government, muchas veces la información disponible en los portales de los gobiernos no es completa, no es comprensible, ni es oportuna.
El periodismo, la gente vinculada a la tecnología y la sociedad civil han jugado un papel muy importante estos años en digerir esos datos, en armar plataformas para que la sociedad pueda exigir la rendición de cuentas. Por ejemplo, en Argentina nuestro capítulo hizo un observatorio sobre la compra y contrataciones de vacunas. Allí la ciudadanía realmente podía acceder a una información entendible. Se trataba de un tema muy sensible, particularmente durante la pandemia. Se pudieron identificar patrones de irregularidades en el sistema y, a partir de ahí, hoy podemos atacar con recomendaciones concretas.
La tecnología tiene un papel fundamental hoy en día, sobre todo, para que los ciudadanos como usuarios podamos exigir la rendición de cuentas. Y agrego una cosa más. Hoy en día también es importante el rol que puede tener la tecnología en el cruce de bases de datos a la hora de investigar corrupción, así como la inteligencia artificial para digerir esos datos y analizar mejor los casos específicos.
Control de los gobiernos
¿Algún otro ejemplo vinculado a la tecnología en el control del gobierno en términos de transparencia?
—Por ejemplo, en Colombia, nuestro capítulo ha trabajado con la entidad electoral para monitorear el financiamiento de la política. Se trata de una caja muy negra de corrupción en la región. Se ha puesto a disposición del público toda la información respecto al financiamiento de campañas.
En México tuvimos un papel muy importante en la digitalización de las declaraciones juradas de los políticos, que hoy en día son abiertas. Eso es muy importante porque permite a la ciudadanía conocer mejor a los candidatos e identificar conflictos de interés. Definitivamente, la tecnología es una herramienta aliada que deberíamos utilizar más.
Los recursos públicos
El uso de los recursos públicos más bien de voluntad de juntar la normativa con el poder de las instituciones. ¿Puede destacar un hito del año pasado en materia legislativa o de reglamentación vinculados a Transparencia?
—Creo que seguimos igual en el sentido de que tenemos muy buenas normas que no se implementan por falta de voluntad política. Como la corrupción evoluciona permanentemente, entonces, aunque tengamos normas tenemos que modernizarlas. Por ejemplo, Chile ahora tiene una nueva estrategia nacional anticorrupción. Un país que es percibido como uno de los menos corruptos del mundo está discutiendo muy seriamente una ley de beneficiarios finales, es decir, una ley que permita acceder a información sobre quiénes son los dueños finales de las empresas. Esto puede realmente generar un cambio en el país porque va a permitir identificar el posible lavado de dinero de la corrupción o la evasión fiscal, e incluso el crimen organizado. Creo que en Chile podemos tener un avance legislativo interesante a ser tenido en cuenta.
Por otro lado, todavía no se concretó, pero en Colombia se está discutiendo un proyecto de ley para garantizar la protección de denunciantes. Vemos entonces en dos países diferentes lo que podríamos calificar de avances concretos.
Protección de denunciantes
¿La protección de denunciantes es algo similar a los programas de protección de testigos?
—En América Latina denunciar corrupción es muy difícil, porque implica que nos enfrentemos al poder. Hay gente muy poderosa, no existen las garantías, los canales no son seguros y eso desmotiva concretar la denuncia. Abundan los casos en los que los denunciantes reciben amenazas de represalias e incluso de muerte. Cuando decimos denunciantes nos podemos referir a propios funcionarios públicos que denuncian una irregularidad dentro de su institución o a un ciudadano o ciudadana común, como nosotros, los que estamos aquí hablando.
Parece existir una correlación de la institucionalidad con la transparencia y la percepción de corrupción. Llama la atención el caso de Cuba, con una valoración de 42 puntos.
—Nosotros mismos nos hicimos esa pregunta hace un par de años. ¿Por qué Cuba, siendo una dictadura, tiene un puntaje de 42, cuando otras democracias tienen puntuaciones inferiores? Incluso vemos la distancia que existe entre Cuba y Venezuela, que también es una dictadura. Venezuela tiene 13 puntos. Llegamos a la conclusión de que Cuba es un régimen consolidado, muy cerrado, en donde el Estado no solo tiene el monopolio de la fuerza, lo que sucede en otros países con el crimen organizado.
En Cuba el partido controla todo, incluso la aplicación de la ley. Los indicadores que recoge nuestro índice tienen mucho que ver con la implementación de la ley. En Cuba la ley se implementa, es la ley del partido. Esto sucede también por la opacidad del país. Los casos no salen a la luz como en otros países. Entonces, la verdad que sí tiene un puntaje relativamente alto en comparación con los demás países y otras dictaduras de la región.
¿Cómo está la región?
Intentamos poner el ojo en Latinoamérica y desde ahí observar las problemáticas del mundo. Parece que, si sacamos a Estados Unidos y Canadá, el puntaje da muchísimo más bajo. ¿Entonces cómo evalúas el promedio de la región?
—Canadá y Estados Unidos están bastante bien, Canadá tiene 76, Estados Unidos 69 y eso nos coloca un poco para arriba. Si quisiéramos focalizarnos solamente en América Latina y el Caribe tendríamos un puntaje inferior, sin duda. La situación es dramática.
Entonces, tan mal no estamos, porque estamos en el promedio mundial.
—Como región, América Latina y el Caribe estaría por debajo de ese promedio y, como decía al principio, a 22 puntos de la Unión Europea. Eso es muchísimo. Tenemos países muy chiquitos que tienen puntajes muy buenos; por ejemplo, Barbados con 69, Bahamas con 64. Esos países pequeños angloparlantes del Caribe también suben bastante el promedio.
Metodología utilizada
¿Puedes explicar en forma simple cómo funciona la metodología que emplean? ¿Qué es lo que están midiendo y cómo lo están midiendo?
—Efectivamente, a veces hablamos de los números y no se sabe de dónde surgen. Nuestro índice se compone de 13 fuentes que miden indicadores de gobernanza, nivel de soborno de un país, acceso a la información, nivel de impunidad, ejercicio de derechos políticos y civiles. Las fuentes son de prestigio como, por ejemplo, el Banco Mundial, Freedom House, Work Justice Project. Nosotros compilamos la opinión de analistas externos a Transparencia Internacional y armamos el índice. Su virtud es que cubre 180 países de todo el mundo. Con esto disponemos de los instrumentos de mayor cobertura a nivel internacional para medir corrupción. A partir de 2012 nos permite comparar la evolución en el tiempo. Resumiendo, los datos del índice no son nuestros; no se trata de una encuesta de opinión, sino que son datos agregados.
El informe dice que dos tercios de los países están por debajo de 50. Provocativamente, ¿puede ser que el índice exija demasiado o estamos en una situación de decadencia en términos de democracia y de transparencia?
—Medir corrupción no puede hacerse de forma perfecta. Por un lado, estamos investigando sobre conductas criminales; por otro lado, disponemos hay muy poca información sobre estos temas. Comparar tantos países en un periodo de tiempo tan largo, de una forma cien por ciento rigurosa, es imposible.
Pero este índice realmente sí nos da un panorama muy cercano a la realidad de lo que está sucediendo en los países. Cuando se comparan los resultados de este índice con otros instrumentos para medir corrupción —por ejemplo, con encuestas de opinión—, se ve que hay una correlación.
Por otro lado, el factor democracia que mencionabas… La verdad es que quizás el caso de Cuba sea muy anómalo. Constatamos una correlación, a nivel internacional y en la región, entre el nivel de democracia y el nivel de percepción de la corrupción.
Países más preocupantes
Sacando del mapa los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿cuál o cuáles son los otros casos que Transparencia Internacional ve con preocupación en cuanto a su acelerado incremento de la corrupción?
—Hoy nos preocupa bastante Ecuador. Como todos sabemos, en las últimas semanas la violencia ha crecido exponencialmente. El país está sufriendo por el crimen organizado en la región y sus instituciones se encuentran fuertemente debilitadas. Ecuador tiene 34 puntos, lo que indica problemas de corrupción estructurales. Podríamos hablar de una infiltración del crimen organizado en las instituciones de justicia. Recordarán este año algunas sentencias a favor de criminales.
Otro país que nos preocupa es Argentina, que también ha tenido un bajón bastante importante de ocho puntos desde 2019. Evidentemente, en los últimos años los esfuerzos no han sido suficientes. También hay debilidad del Poder Judicial y la injerencia del Ejecutivo. Esto impide avanzar con los casos. También es una barrera para la implementación de la ley.
Inversiones dudosas
¿En qué medida la ciudadanía estaría dispuesta a tolerar inversiones de procedencia dudosa si estas implican fuentes de trabajo y mejoran los indicadores económicos? Un ejemplo sería el boom de la construcción.
—La ciudadanía está preocupada por muchas cosas: falta de empleo, inflación, situación económica. Mi percepción es que la ciudadanía está dispuesta a negociar ciertos derechos, cierto nivel de democracia, a cambio de un gobierno que prometa mejorar los índices de desocupación o, como en el caso de Bukele, bajar el nivel de violencia.
Mi opinión muy personal es que mucha gente sí estaría dispuesta a tolerar inversiones de procedencia dudosa si estas implican una mejora. Creo que sí, porque el nivel de desesperación de la gente en la región es muy alto y cuando uno tiene que pensar en comer, prioriza el corto plazo y no lo que en inglés llamamos el big picture. Posiblemente esto esté sucediendo en la región con el ascenso de los populismos y de estas figuras que prometen soluciones muy rápidas a problemas muy grandes, con poca discusión, con mucha discrecionalidad, con inversiones de procedencias dudosa, etcétera. Creo que constituye uno de los grandes desafíos de la región en este momento.
