La reforma de la justicia en Bolivia no es solo una quimera sino un fracaso. El 2009 la Constitución dispuso la elección de autoridades de las altas cortes a través del voto popular cada seis años. Desde entonces, la polémica y la desconfianza han marcado los tres procesos. Aunque en el último, los resultados parecen trazar una nueva perspectiva.
Estados Unidos, Suiza y Japón aplican este inédito método a nivel local, pero solo Bolivia lo hace como elección universal y además de forma obligatoria. El 2025, México planea seguir este camino.
La consigna fue que exista respaldo popular, pero los resultados en los dos primeros procesos validaron una percepción contraria. En 2011, un 57% de los votos se contabilizó entre blanco y nulo, y en 2017 ese porcentaje se incrementó a un 65%. Sin embargo en 2024, a pesar de las críticas al Órgano Electoral, la polarización política y la desinformación, la tendencia cambió. Los votos válidos llegaron al 64% y la participación fue del 82%, de los 7,3 millones de bolivianos habilitados para sufragar. ¿Qué sucedió? Probablemente la urgencia de darle una nueva cara al sistema judicial o decisiones políticas pensadas en torno a los comicios generales de 2025. Lo que no es seguro es que los méritos de los candidatos hayan pesado mucho, pues la deficiente difusión informativa uno de los señalamientos previos al proceso.
No se trata solo del momento del sufragio y la compleja boleta de votación con rostros desconocidos, en su mayoría, sino de las fases previas. ¿Cómo llegaron ahí los candidatos? ¿Qué intereses se mueven alrededor? ¿Quiénes se benefician con esos cargos?
Cuestionada independencia
El Congreso en Bolivia es conocido como Asamblea Legislativa Plurinacional. Los candidatos son preseleccionados por dos tercios de esta instancia, la mayoría oficialista, lo que abre una ventana de desconfianza en este proceso. Hay hechos puntuales que demuestran cómo se movieron las piezas para favorecer a determinados intereses políticos, con interpretaciones antojadizas de las leyes, por ejemplo para permitir o no ciertas candidaturas o para alargar sus propios mandatos. Decisiones polémicas que los alejan más de los principios de idoneidad de la justicia.
Al final, el voto ciudadano resulta utilitario para legitimar previamente una decisión política de la mayoría oficialista.
Con miras a 2025
En el contexto actual, esto cobra especial relevancia debido a las elecciones presidenciales del próximo año, en medio de una feroz disputa entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales por mantenerse en el poder y consolidar el liderazgo del partido de izquierda. No han dudado en manipular el sistema a su favor.
Por otro lado, hay un movido bloque opositor que comienza a cobrar relevancia para la disputa de la Presidencia, pero aún sin consolidar a un único líder. De hecho, días previos a las elecciones judiciales una estrategia difundida en redes sociales por legisladores de la oposición identificó a quienes consideraban “candidatos azules” o afines al gobierno y promovieron el voto útil en favor de los estaban fuera de esta lista.
A pocas horas de las elecciones, una pregunta generalizada: ahora, ¿por quién vamos a votar? Es una duda legítima que refleja no solo la deficiente difusión de los méritos de los candidatos. También la reflexión final de a quiénes responden y cuántos de ellos puedan favorecer al partido de turno dejando de lado a la población que les confió su voto.
Las elecciones de este año fueron particularmente complejas y mantuvieron el nivel de incertidumbre en la población. Los comicios se realizaron de manera parcial. Pues en cinco departamentos se determinó suspender el sufragio. Se escogieron a 19 de 26 magistrados, entre titulares y suplentes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. Queda pendiente completar los cargos restantes en una votación complementaria.
Con miras a los comicios de 2025, la nueva estructura de las altas cortes de justicia podría revertir el escenario y emitir nuevas sentencias para favorecer al mejor postor. La democracia se sustenta en los contrapesos, pero estos son irreales cuando se han transgredido todas las líneas de separación de poderes y tienen luz verde para las arbitrariedades.
¿Llegará la añorada reforma?
No solo es la falta de independencia. También la corrupción con la que operan los administradores de justicia, el escaso presupuesto, la falta de formación de los jueces y fiscales, la excesiva carga judicial e incluso la forma en que los ciudadanos han naturalizado a este sistema fallido.
Según el World Justice Project, Bolivia está en el puesto 131 de 142 países del ránking de cumplimiento de la ley. Y, de acuerdo con datos recientes de la encuesta Ipsos, en las principales ciudades, el 85% de la población confía poco o nada en el sistema de justicia.
Los problemas siempre estuvieron presentes, pero nunca habían calado tan hondo. En este punto, no se pueden maquillar el sometimiento, la desconfianza y la corrupción.
Un caso que estremeció al país y escaló a nivel internacional, mostrando la podredumbre del sistema, se conoció en 2022 cuando se develó, con lujo de detalles, cómo operaba un consorcio de jueces, fiscales y abogados para cambiar “cárcel por casa” a delincuentes sentenciados y prontuariados a cambio de 3.500 dólares y una botella de whisky. Además, con un trámite exprés, con blindaje de legalidad gracias a las habilidades corruptas de estos operadores de justicia.
Por los resultados hasta ahora, o mas bien la ausencia de ellos, no es muy lógico pensar que la elección popular pueda cambiar el rumbo de la Justicia. Y, peor aún, que se considere un modelo exportable. Sin embargo, la esperanza está. Lo esperan quienes han sido olvidados en indefinidas detenciones preventivas, las víctimas de sentencias politizadas, los que peregrinan buscando atención. Todos los que piden justicia y hasta ahora han tenido a este sistema como verdugo.
