Desde hace casi dos años, el denominado caso Convenios se ha transformado en uno de los escándalos más significativos de la política chilena. Estalló tras un reportaje en junio de 2023 del medio chileno online Timeline. Allí se revelaban traspasos de dinero irregulares entre el Estado y la Fundación Democracia Viva. Sin embargo, con el tiempo, parece haber un entramado más profundo y sistemático: la existencia de una red de traspasos directos de fondos estatales a fundaciones con vínculos políticos, sin procesos de licitación ni controles adecuados.
Estas fundaciones de izquierda, muchas de reciente creación, recibieron miles de millones de pesos para ejecutar programas públicos, pese a carecer de experiencia o capacidad técnica. A la fecha, la investigación abarca más de 50 fundaciones y suma más de $14 mil millones involucrados (aproximadamente 16,4 millones de dólares), en al menos once regiones del país, afectando a ministerios, seremis y gobiernos regionales.
Fenómeno internacional
Lejos de ser un escándalo exclusivo de Chile, este episodio parece ser uno más de un patrón observable a nivel internacional. En La galaxia rosa, Sebastian Grundberger documenta cómo distintos gobiernos de la nueva izquierda en América Latina y Europa han desarrollado redes de poder que operan bajo una apariencia progresista.
Estas redes transnacionales —como el Foro de São Paulo o el Grupo de Puebla— combinan partidos políticos, ONGs, medios, centros académicos y fundaciones, muchas de ellas financiadas directa o indirectamente con recursos públicos. Un caso paradigmático fue la Fundación CEPS, núcleo intelectual de Podemos en España. Recibió más de 7 millones de dólares del gobierno de Hugo Chávez. En Bolivia, Ecuador o Nicaragua proliferaron fundaciones que operaban como brazos del oficialismo para hacer propaganda, distribuir beneficios o formar cuadros.
España y el PSOE
Actualmente lo que tiene a Pedro Sánchez en la cornisa es el escándalo desatado tras un informe de la Guardia Nacional que revela que dos de los más cercanos del mandatario español –del PSOE– habrían estado durante años envueltos en el cobro de comisiones ilegales por contratos de obras públicas (620 mil euros aproximadamente).
La llamada Operación Delorme reveló un esquema de corrupción que comenzó con contratos inflados de mascarillas durante la pandemia y se extendió al cobro de comisiones por contratos de obras públicas, el uso de empresas pantalla para el blanqueo de capitales, y presuntas irregularidades incluso en las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a liderar el PSOE. Están involucradas figuras clave como el exministro José Luis Ábalos, el asesor Koldo García y el ya exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán. Se ven implciados en grabaciones filtradas y serán juzgadas por diversos delitos, incluyendo cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y malversación.
A esto se suma la apertura de investigaciones judiciales que involucran a su esposa y hermano, así como al fiscal general del Estado. Aunque Sánchez ha negado toda responsabilidad y ha descartado su renuncia, el patrón de descomposición institucional es cada vez más evidente.
Estas organizaciones comparten una lógica común. Habitan la zona gris entre lo público y lo privado. También invocan causas nobles. Y, ante el descubrimiento, reaccionan de manera similar: deslegitiman cualquier fiscalización como persecución ideológica.
El caso chileno: financiar campañas
En Chile, la arquitectura paralela que permitió estas maniobras tuvo un punto de inflexión en 2022. En ese entonces, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda modificó la glosa presupuestaria para eliminar el requisito de experiencia previa. Este aparente tecnicismo abrió la puerta a convenios directos con fundaciones sin licitación ni control técnico.
Entre los casos más controvertidos de nuestro país destaca el de la Fundación Procultura. No sólo por los montos involucrados o las irregularidades administrativas, sino por la profundidad de sus vínculos con el entorno presidencial. Su director, Alberto Larraín –amigo de confianza de Boric–, aparece en escuchas reconociendo el desvío de fondos a actividades proselitistas: “Gasté esta plata en la campaña de Boric”. Es imputado por delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas.
La Fiscalía detectó pagos sin respaldo, boletas falsas, triangulación de recursos y contrataciones encubiertas de operadores políticos. Procultura habría sido un canal para financiar, entre otras cosas, la candidatura presidencial de Gabriel Boric y la campaña del Apruebo en 2022.
El caso llegó al corazón del poder. La investigación incluyó la interceptación de más de 40 líneas telefónicas que alcanzaron al propio presidente Boric. Aparece en una conversación con Josefina Huneeus, exesposa de Larraín, donde se habría coordinado una defensa común y solicitado información sobre Irina Karamanos, la expareja del presidente. También figura involucrado Miguel Crispi, hasta hace unas semanas jefe del Segundo Piso de La Moneda y exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, cargo clave en la relación entre fundaciones y gobiernos regionales. Avaló la reasignación de fondos públicos para que el gobierno de la Región Metropolitana firmara un contrato de más de $1.800 millones con Procultura. Otros nombres del oficialismo que aparecen en chats filtrados o declaraciones son Víctor Ramos (actual subsecretario del Interior), Diego Ibáñez (diputado FA), Sebastián Balbontín (excandidato RD) y Claudio Orrego (actual gobernador de la Región Metropolitana).
Captura del Estado
La gravedad del caso no radica únicamente en los hechos delictivos, sino en el patrón institucional que revela. El corazón del problema es el uso de fundaciones como vehículos para sostener redes políticas, distribuir empleos y canalizar recursos públicos hacia fines ideológicos o electorales. No es sólo corrupción administrativa, sino una forma de captura del Estado que debilita su legitimidad y erosiona la democracia.
Ante la evidencia, el Frente Amplio optó por un libreto predecible: acusar lawfare, denunciar espionaje y desviar la atención hacia los métodos más que hacia los hechos. La filtración de los llamados telefónicos fue leída por el partido de gobierno como un ataque político, no como una señal de alerta institucional. El relato se convirtió en una operación defensiva.
En paralelo, la confianza en la democracia se desploma. Según la última encuesta CEP, sólo el 44% de los encuestados afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Un 34% sostiene que le da lo mismo vivir en democracia o bajo un régimen autoritario. Las consecuencias de este deterioro no son abstractas. De hecho, tiene consecuencias tangibles: menor inversión, peor crecimiento económico, debilitamiento del Estado frente al crimen organizado, y una ciudadanía más cínica y resignada frente al poder.
Paradoja moral
El escándalo representa un retrato descarnado del oficialismo y del uso instrumental que en ocasiones han hecho del Estado. Revela, además, que el partido que prometió cambiar la política ha replicado —en algunos casos profundizado— las prácticas que venía a erradicar. Una forma organizada de consolidar hegemonías políticas a través del control del aparato estatal, la captura de fondos públicos y la ocupación de espacios sociales con operadores ideológicos. Y cuando se les confronta, apelan al victimismo, acusan montajes, deslegitiman a jueces y fiscales.
Lo verdaderamente paradójico es que esta red no fue obra de una vieja clase política aferrada al poder, sino de una generación que llegó prometiendo hacer las cosas distintas. De una coalición que se presentó como moralmente superior, que aún hoy se comporta como si tuviera el monopolio de la ética pública. Demostraron no sólo no tener estándares más altos, sino una temeraria falta de escrúpulos para apropiarse de recursos destinados a los más pobres. Sin pudor y sin autocrítica. Sin ninguna mención en la última cuenta pública de Boric. Ni un gesto de reconocimiento ni una reflexión sobre el daño causado.
Lo que estamos viendo no es el fin de una promesa, sino su inversión más cínica. En nombre de la justicia social se justificó el financiamiento irregular; en nombre de la participación ciudadana, se montaron estructuras paralelas; en nombre de la nueva política, se repitieron los peores vicios de la vieja. Pero con la arrogancia de quienes todavía se creen superiores. Y esa mezcla —corrupción con coartada moral— es quizás la más peligrosa de todas.
