El fallo judicial de la Corte Suprema argentina que ratifica la condena a Cristina Fernández de Kirchner significa un parteaguas en la historia desde la recuperación democrática. Terminó el supuesto de que los presidentes no deben ir presos, como el caso del expresidente Carlos Menem. Su situación judicial por hechos de corrupción quedó en un limbo hasta que falleció. ¿La Argentina pasó, ahora, a otra etapa?
Dicha decisión judicial es también un mensaje al sistema político: los tiempos de la política no pueden marcar la agenda del Poder Judicial. Ya no importaría de quién se trate, ni si se está o no en año electoral. También representa una señal al poder económico. La corrupción siempre involucra dos lados de un mostrador, incluyendo empresarios, como en la causa Cuadernos. Además, implica un mensaje hacia el propio poder. Existen sospechas sobre el funcionamiento de la justicia federal, en general, y de los tribunales de Comodoro Py, en especial, por su posible connivencia, en muchas oportunidades con intereses políticos y los servicios de inteligencia.
Seguramente, ahora se reinstalará el debate acerca del número de integrantes que debería tener la Suprema. Hace un par de semanas el senador nacional salteño Juan Carlos Romero —filo oficialista— presentó un proyecto de ley para expandirla a siete miembros. Eso abriría la posibilidad de una negociación entre el oficialismo y la principal oposición para repartirse los nuevos cuatro cargos y licuar la unanimidad de criterio que tienen los actuales tres jueces. Sin embargo, desde el gobierno dieron orden de no alentar esa modificación por ahora. Confían que, al ganar las elecciones de medio término en octubre, tendrán un músculo legislativo mucho más fuerte para establecer ese intercambio.
Candidata inhabilitada
Con la condena, Cristina Kirchner sale de la cancha electoral. Quedó impedida de ocupar cargos públicos —alguno de por vida—, pero no de la cancha política. Por lo tanto, en el corto plazo, hasta la elección nacional del 26 de octubre, ganará centralidad para el adentro del peronismo que la fortalecerá en su conflicto con su ahijado político, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país.
Luego de conocerse el fallo, dirigentes díscolos manifestaron que la decisión de la Corte implicaba una proscripción, y que era una decisión más política que judicial.
De este modo, ella tendrá más poder para incidir en las listas de candidatos de la provincia de Buenos Aires, que representa casi el 40% del padrón electoral nacional. Sin duda fijará los parámetros de cómo será la campaña electoral del kirchnerismo. Ya lo había empezado a hacer hace pocos días, cuando anunció su candidatura a diputada provincial por una de las ocho secciones electorales de dicho distrito.
Pero claro, al quedar inhabilitada de por vida para competir electoralmente, pierde margen de maniobra estratégica. Por ejemplo, debe archivar su sueño de volver a la Presidencia en 2027, una aspiración que llegó a expresar al compararse con el regreso de Lula da Silva al poder. Aunque su situación judicial es bien diferente. Eso despeja parte de la incógnita: ese lugar podría disputarse entre personajes como Kicillof o Sergio Massa, excandidato presidencial en 2023.
Libertad versus kirchnerismo
La intencionalidad política de Kirchner, de nacionalizar la campaña electoral provincial de Buenos Aires, coincide con la intención estratégica del presidente Javier Milei. Siempre deseó que el debate electoral se radicalizara con su antagonista perfecta —derecha versus izquierda—, licuando el espacio para terceras opciones moderadas. Así, la disputa se convierte en una cuestión de vida o muerte. Ya lo expresó el vocero presidencial, que fue candidato a diputado local en Buenos Aires: “Esto es libertad versus kirchnerismo”.
Ahora, el oficialismo deberá reanalizar las motivaciones de su público potencial y recalibrar la estrategia discursiva. Si con Cristina presa y excluida de regresar a algún cargo se diluye el temor hacia ella, eso se convertirá en un problema estratégico. Milei debería recordarle a su público que el kirchnerismo seguirá existiendo, sea quien sea el candidato que lo represente.
La preeminencia interna de la expresidenta dependerá de su capacidad de conducción —que no es menor— y de la posibilidad de que aparezcan líderes alternativos o renovadores. Pero, sobre todo, de cómo procesen sus votos esta nueva circunstancia. Si Kirchner conservara el favor popular, aunque no pueda ser candidata, le será muy difícil a sus eventuales herederos ser los protagonistas indiscutidos de la nueva fase. En todo caso, dependerán de si Cristina ejerce su pulgar hacia arriba o hacia abajo.
¿Fin del liderazgo?
Luego del fallo, se debatió sobre las condiciones de prisión para la expresidenta. Ayer, el Tribunal Oral Federal N° 2 decidió habilitar la prisión domiciliaria, que estuvo en el debate público por los posibles abusos que podrían darse en estas circunstancias. Por ejemplo, por la posibilidad de que el departamento de Kirchner en el barrio Constitución se convierta en un comando de campaña, donde podría asomarse al balcón a dar discursos a sus militantes. La decisión del tribunal impone el uso de la tobillera electrónica y habilita un listado de personas que podrán visitarla.
De todas formas, la resolución fue contraria al pedido de los fiscales del juicio. Por lo visto, pesaron los argumentos de la defensa: su edad —72 años— y el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022.
Si se excede, el juez a cargo puede quitarle la opción domiciliaria para enviarla a una cárcel común. Este detalle judicial no es menor porque existen algunos temores respecto a la movilización permanente que hagan los sectores políticos que adhieren a su liderazgo. Además, se suman otros detalles de orden público, como la afectación a los vecinos del domicilio de la expresidenta.
La condena judicial marca un nuevo escenario político, pero no el fin del liderazgo de Cristina Kirchner. Como ha ocurrido en otras etapas de la política argentina, la imposibilidad legal no equivale, necesariamente, a la irrelevancia política.
