El presidente Lenín Moreno confirmó la muerte del equipo periodístico de Diario El Comercio, en manos de disidentes de las FARC.

Nos faltan tres, y nos faltarán tres por siempre. El dolor, la impotencia, la angustia y la desesperación nos invadieron a los ecuatorianos el pasado 26 de marzo, cuando conocimos sobre el secuestro de los tres colaboradores del Diario El Comercio. El equipo, conformado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, estaba en Mataje (Esmeraldas), frontera entre Ecuador y Colombia, realizando una cobertura periodística.

El Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho, grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue el responsable del asesinato de los tres ecuatorianos, quienes estuvieron en cautiverio por 17 días.

Hace muchos años que la frontera norte dejó de ser una zona de paz y se convirtió en un espacio propenso para el desarrollo de actividades de grupos irregulares colombianos. El narcotráfico y el contrabando no son ajenos a la cotidianidad de las comunidades fronterizas, esas poblaciones que hasta hoy no cuentan con los servicios básicos, que viven en la inseguridad recurrente y que están abandonadas a su suerte.

El presidente Lenín Moreno decretó cuatro días de luto, cuatro días que no alcanzarán para acallar las lágrimas, ni el dolor; cuatro días que no bastarán para olvidarlos, cuatro días en los que los ecuatorianos seguiremos preguntarnos por qué; cuatro días sin encontrar respuestas; cuatro días que no nos harán perder el miedo.

Hoy el desconsuelo y la zozobra es de todos, de todos los ecuatorianos capaces de reconocer que la factura del conflicto fronterizo, que no es nuestro sino de Colombia, la pagaron tres inocentes. Su muerte reivindica la importancia de la libertad de expresión para la sociedad y la garantía que debe dar el Estado ecuatoriano a cada uno de los periodistas que ejercen su labor, con el único afán de buscar la verdad, de informar y de dar a conocer la realidad al mundo.

Hoy desde Diálogo Político nos solidarizamos con las familias de Paúl, Javier y Efraín, y también con cada uno de los colegas de Diario El Comercio, desde esta plataforma hacemos fuerza para que el miedo no prevalezca y que la paz inunde nuevamente el territorio ecuatoriano.

Hasta siempre Paúl, hasta siempre Javier, hasta siempre Efraín.

Carla Bonilla | @CarliBonilla
Ecuatoriana. Periodista y comunicadora. Máster en Gerencia Política y Gobernabilidad

Nota del editor: El lunes 17 de abril, el mismo grupo guerrillero disidente volvió a realizar un secuestro en Ecuador, esta vez a una pareja, y divulgó una prueba de vida de los secuestrados. El gobierno ecuatoriano informó que se trata de Oscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vanesa Velasco Pinargote. Previamente, el presidente Lenín Moreno había dado un plazo de 10 días, que vencen el 26 de abril.

Ansias reeleccionistas, aspiración que ha marcado el camino de la vida política en las democracias latinoamericanas. A pesar de que nuestras constituciones nacionales hayan previsto limitaciones para esta figura, muchos mandatarios le han buscado la vuelta para ir por dos, tres y más periodos de gobierno.

Recientemente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó a la Comisión de Venecia [1] un informe sobre el tema. La respuesta fue clara: no existe el derecho humano a la reelección como tal y los límites de la reelección no restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos, ni de los electores. El informe señala, además, que en caso de modificaciones sobre la materia, estas deben hacerse vía reforma constitucional y solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros, no para el funcionario en el cargo.

Si bien para muchos esto es obvio, las dudas al respecto, propias del constante cuestionamiento del ser humano, pueden verse alimentadas por el demagógico discurso populista que postula lo contrario, cuyo fin no es más que el de debilitar instituciones democráticas. Y es que esta limitación a la reelección presidencial busca precisamente evitar que quienes ostenten el poder se perpetúen, al mismo tiempo que busca fomentar la renovación y la alternancia, es decir, la participación efectiva de los ciudadanos en la política de un país.

Erróneamente se afirma que la no reelección implica una discriminación. Para dar claridad sobre este punto es pertinente mencionar lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Gudman vs. México: «[…] La Corte ha sostenido que no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Asimismo, esta Corte ha distinguido entre distinciones y discriminaciones, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables, proporcionales y objetivas, mientras que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos […]».

Claramente, al poner límites a la reelección se busca proteger la democracia, evitar que los gobernantes se perpetúen en el poder y garantizar la igualdad de condiciones para quienes aspiren al cargo. Debemos considerar además el contexto histórico de nuestras jóvenes democracias, muchas de ellas antecedidas por gobiernos dictatoriales caracterizados por graves violaciones de derechos humanos.

Es una limitación que emana de un supuesto fáctico de ocupación del cargo (la Presidencia); no se está privando a la persona de ejercer sus derechos políticos, ya que siempre podrá participar de los asuntos públicos. No se le está excluyendo del ámbito político ni se le está limitando el acceso a cargos de elección. Se trata del cumplimiento una norma constitucional diseñada para una dinámica electoral que garantice la democracia, precisamente el sistema político orientado a mejorar el acceso a los derechos y libertades de sus habitantes.

«Una persona que se propone ser reelegida ha ejercido ya su derecho de ser elegida, por lo que los límites a la reelección o incluso la prohibición de la reelección no deben interpretarse a priori como una violación de un derecho humano. Si se reconociera la reelección como un derecho humano, esto implicaría que el contenido actual del derecho humano a la participación política es insuficiente para garantizar los intereses y expectativas legítimos» [2].

El informe de la Comisión de Venecia señala además que «abolir los límites a la reelección presidencial representa un paso atrás en términos del logro democrático, por lo menos en los sistemas presidenciales y semipresidenciales. Al eliminar una importante protección contra las distorsiones que podría producir una concentración de poder, abolir los límites a la reelección también plantea el riesgo de desvirtuar distintos aspectos del derecho humano a participar en la función pública».

Los cambios a las limitaciones de la reelección deben impulsarse pensando en la eficiencia del sistema político y en el fortalecimiento de un Estado de derecho con frenos y contrapesos que garanticen la transparencia y el control. Jamás deben plantearse respondiendo a intereses personales o sectarios que pretendan la imposición de una agenda ideológica. Cuando vemos a líderes mesiánicos proclamando que la continuidad de su gestión es la única vía para el progreso de un país, estamos ante señales alarmantes de autoritarismo.

Un mandatario comprometido con la defensa de los derechos humanos, simplemente debe cumplir con la obligación de velar por estos y no solo defender derechos que ocasionalmente podrían beneficiarlo. Debe ocuparse de que sus acciones no vulneren derechos de la ciudadanía, de que su gestión soporte el escrutinio público y garantice las libertades de sus habitantes, «la libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo, la libertad de expresión y la libertad religiosa (freedom of speech, freedom of religion, freedom from want and freedom from fear)” [3].

Debemos recordar a nuestros mandatarios que «Los derechos humanos son los derechos del otro» (Salvioli y Gómez, 2012).

Bibliografía

Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) (2018). Informe sobre los límites a la reelección. Parte I. Presidentes. Aprobado por la Comisión de Venecia en su 114.ª Sesión Plenaria. Venecia, 16 y 17 de marzo de 2018. ‹›.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (6.8.2008), Sentencia del caso Castañeda Gutman vs. México.

Salvioli, F., y Gómez, J (2012). «Derechos humanos, terrorismo y políticas públicas», en Ibáñez, J. et al. Terrorismo, cuerpos de seguridad y derechos humanos, pp. 35-159, Bogotá: Dirección Nacional de Escuelas de Policía.

[1] Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, órgano consultivo del Consejo de Europa.

[2] Informe de la Comisión de Venecia sobre reelección, inciso 83.

[3] Discurso pronunciado por Franklin D. Roosevelt de 1941 y que posteriormente inspiraría el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: WHEREAS […] the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed the highest aspiration of the common people (CONSIDERANDO […] que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias).

Christa Rivas | @RivasChrista
Paraguaya. Máster en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo. Miembro de la Red Humanista por Latinoamérica

Hannah Arendt en ¿Qué es la política? mencionaba que los mitos y leyendas que circulan en una sociedad, con el paso del tiempo se van convirtiendo en verdades indiscutibles.

Estas verdades no son criticadas y son altamente aceptadas por amplios sectores de la población. Aquellos que se atreven a criticarlas socialmente pueden ser mal vistos, ya que van contra grandes certezas sociales. En el caso boliviano es Guillermo Francovich quien pone en duda y da a conocer las certezas nacionales en Los mitos profundos de Bolivia. Entre esos mitos destacados se encuentra lo que en América Latina conocemos como la Revolución nacional del 9 de abril de 1952 que, junto con la revolución mexicana y la cubana, es parte importante de la historia de este continente.

Muchos allegados al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) olvidan que la Revolución nacional tuvo aspectos macabros y negativos: los campos de concentración —uno de los más famosos fue el de Curahuara de Carangas—, el exilio de los grandes pensadores bolivianos de ese entonces, por ejemplo, Jorge Siles Salinas y Roberto Prudencio Romencín (al cual entusiastas milicianos revolucionarios quemaron su biblioteca y destrozaron su domicilio), y la brutalidad del régimen revolucionario, con los milicianos de Ucureña, al mando de José Rojas, quienes serían los autores de la masacre de Terebinto.

Para gran parte de la población esos eventos están en un plácido lugar donde habita el olvido. Para los movimientistas, el olvido es terapéutico. Tal como lo mencionara Freud, el olvido borra de nuestra memoria los malos momentos y hace que nos quedemos simplemente con los buenos y románticos recuerdos. Por eso es necesario hacer un repaso por algunos críticos del proceso revolucionario.

Luis H. Antezana menciona: «Si, de manera clásica, imaginamos las posiciones ideológicas en una representación lineal, este eje nacionalista revolucionario es un eje oscilante, flexible, en la medida que sus extremos (nacionalismo, por un lado, y revolucionario, por el otro) tocan y se entremezclan con los ámbitos ideológicos de la derecha y la izquierda bolivianas. Sin embargo, el nacionalismo revolucionario no es una ideología de centro. Por su oscilación es una especie de operador ideológico, un puente tendido entre los extremos del espectro político boliviano, un arco —si se quiere— que comunica la extrema izquierda con la extrema derecha».

Silvia Rivera Cusicanqui nos dice: «Para los movimientistas —parientes pobres de la oligarquía y ansiosos de ser reconocidos como occidentales— había pues una tarea prioritaria: borrar a los indios de la memoria, a la vez que reformarlos hasta en lo más íntimo de sus conductas domésticas. Esta tarea fue retomada por la nueva inteligencia nacionalista, a partir del propio aparato estatal heredado».

H. C. F. Mansilla, al realizar un balance crítico sobre la revolución, concluye: «La Revolución nacional de abril de 1952 en Bolivia fue, en el fondo, innecesaria y superflua. Los efectos modernizantes generados por este proceso hubieran tenido lugar, más tarde o más temprano, bajo un régimen dominado por las elites tradicionales, como ocurrió en la mayoría de los países latinoamericanos. […] Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina. […] El análisis comparativo de lo alcanzado en naciones de América Latina y del tercer mundo nos muestra la poca originalidad teórica y la mediocridad fáctica del experimento iniciado en Bolivia en abril de 1952».

Salvador Romero Pittari mencionó: «La construcción policlasista del Estado nacional fue severamente desafiada por los hechos, aunque continuó desempeñando el papel de legitimar al gobierno del MNR. Desde los primeros días del régimen, el conflicto entre la facción derechista del partido y las demás, acusadas de hacer el juego al marxismo radical, produjo una ruptura y un primer intento de golpe.

Los sectores medios no constituían un todo homogéneo, ni en el partido ni fuera de él. Algunos se alinearon con la Revolución, otros se pusieron del lado de la oposición pero, a pesar de esas diferencias internas, resultaron mayoritariamente aventajados por las políticas del régimen».

Bolivia sigue bajo el influjo de la revolución de abril. El decreto supremo 21060 y La ley de Participación Popular no lograron cambiar los esquemas sociales nacidos en 1952. Esto posiblemente se deba a la inercia cultural. También es un reto para el Movimiento Nacionalista Revolucionario, de superar el pasado glorioso o simplemente hundirse cada vez más en su ocaso.

Jorge Roberto Márquez Meruvia | @JRMarquezM
Politólogo. Director de Gaceta Hoy y columnista de opinión de El Día de Santa Cruz de la Sierra, Los Tiempos de Cochabamba y El Diario de La Paz, Bolivia

El éxito histórico del Acuerdo de París debe acreditarse a las (pretendidas) contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de los países responsables por más del 95 % de las emisiones globales. Las NDC representan un esfuerzo significativo de los gobiernos nacionales para calcular el aumento estimado de emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) en las décadas futuras con el compromiso de reducir dichas emisiones para limitar el aumento de la temperatura mundial a un valor promedio de 2º C.

El Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA) de la Fundación Konrad Adenauer, con sede en Perú, en cooperación con el Instituto Internacional para la Sustentabilidad (IIS) llevan adelante el proyecto «NDC: ¿Qué significan para las grandes ciudades de América Latina?», con el fin de proporcionar información sobre la implementación del Acuerdo de París a los gobiernos nacionales y a los gobiernos de cuatro megaciudades en cuatro países seleccionados de América Latina, a fin de fortalecer el proceso de interlocución para alinear las NDC a los planes e iniciativas de cambio climático existentes de los gobiernos de esas ciudades, e identificar áreas de interés común.

Los países convocados presentaron ideas y estrategias diferentes para reducir las emisiones. En la abrumadora mayoría de los casos, las NDC fueron determinadas «únicamente» por los gobiernos nacionales. En varios países —hasta podría decirse que en la mayoría— hubo algún mecanismo de consulta, pero el compromiso a nivel subnacional fue casi inexistente, tal vez debido a la presión bajo la cual se formularon las NDC y, más importante aún, al hecho de que las decisiones que afectan a las futuras emisiones de carbono de cada país son de responsabilidad de los gobiernos nacionales: el mix energético, el porcentaje de renovables, normas de emisión, normas de combustibles, agricultura, utilización del suelo, políticas forestales y demás temas relacionados.

Así mismo, muchas otras decisiones son de responsabilidad de los gobiernos subnacionales y locales —tales como políticas de transporte, diseño urbano, gestión de residuos, códigos de eficiencia edilicia, comportamiento y prácticas del consumidor, entre otras—. En este sentido, las ciudades realizan un aporte fundamental al ayudar a los países a llegar a un acuerdo climático a nivel global. La mitad de la población mundial vive en ciudades, porcentaje que representa al 80 % en América Latina. Las ciudades concentran la mayoría de las construcciones edilicias, generan más del 80 % del PBI, son responsables por el 70 a 80 % del consumo energético y generan tres cuartos de la energía relacionada con las emisiones de GEI.

Las ciudades son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático debido a tal nivel de concentración de gente, activos y actividad económica. Y ese mismo nivel de concentración hace que sea más interesante y rentable centrar las medidas de mitigación (y adaptación) en las ciudades. Sin duda, existen otras razones que justifican el compromiso fundamental de las ciudades en los esfuerzos nacionales para reducir emisiones. La mayoría de los científicos e institutos de investigación se encuentran en las ciudades, que son la fuente de innovaciones y de donde también emanan ideas y prácticas; por lo tanto, deben encabezar las iniciativas climáticas. En realidad, muchas ciudades del mundo superan a sus contrapartes nacionales y promocionaron la agenda climática con más entusiasmo y energía como parte de su compromiso con la sostenibilidad y una mejor calidad de vida.

A pesar de las razones obvias por las cuales las ciudades deben comprometerse con la agenda climática, no hay un entendimiento cabal de la relación entre las estrategias de las ciudades sobre la mitigación y adaptación al cambio climático y políticas relevantes a nivel nacional. No se comprende bien cómo y por qué las ciudades participan en políticas climáticas, ni tampoco cuál es el efecto de las políticas (vinculantes o no vinculantes) de instancias superiores de gobierno. Aunque los académicos identifican un efecto positivo, la mera existencia de políticas climáticas internacionales o inclusive nacionales no garantiza planes y medidas a nivel local. Todavía faltan pruebas empíricas por país sobre las vinculaciones existentes entre las políticas de cambio climático a diferentes niveles. [1]

Si se considera la perspectiva nacional, hay varias razones de peso que justifican una mayor participación entre los gobiernos nacionales, los gobiernos locales y grupos de interés acerca del cambio climático. Las autoridades locales representan la instancia de implementación de las políticas a nivel nacional, y deben garantizar que los mandatos esbozados a escala nacional se lleven a cabo y cumplan su cometido de forma significativa a escala local. Las medidas a escala urbana son importantes de por sí y brindan una dimensión de innovación social y técnica imposible de lograr a una escala mayor, dado que representan el medio por el cual se llevan a cabo el aprendizaje y la gran difusión de las innovaciones exitosas.

La acción local también aporta una percepción esencial a la hora de comprender la dimensión económica de la política de cambio climático: un vehículo para la identificación de la interacción de incentivos e intereses a diferentes niveles gubernamentales, para observar y entender los costos directos locales y los beneficios de la acción, incluyendo a los cobeneficiarios locales, los ganadores y perdedores locales de las opciones planteadas por las políticas específicas… Las pruebas o percepciones de quién gana y quién pierde y el peso de los cobeneficios vinculados a las políticas climáticas pueden variar significativamente en escala local comparadas a la experiencia nacional total.

Todo esto plantea una gama de oportunidades para la acción local que no existe a nivel más amplio. Por lo tanto, lo más conveniente sería que los gobiernos nacionales se centraran en mecanismos para empoderar y facilitar a los gobiernos locales y a los grupos de interés, de modo tal que el cambio climático estuviera presente en todas las instancias, desde las decisiones cotidianas hasta las decisiones de planeamiento urbano de gran envergadura con implicaciones a largo plazo para el futuro. [2]

El informe

Se delinearon dos tipos de actividades con el objetivo mencionado: una de fondo, para lograr entender más cabalmente los objetivos específicos y mecanismos de cumplimiento de las NDC, especialmente a nivel de las ciudades. En este sentido, el proyecto analizó los planes de acción climática de las ciudades (seleccionadas) para evaluar si y cómo se adecuan/complementan los objetivos de las NDC. El otro grupo de actividades se dedica a los procesos y busca promover el diálogo entre los dos niveles de gobierno para identificar brechas, superposiciones y complementariedades potenciales de las iniciativas climáticas a nivel nacional y de ciudades. A pesar de que el esfuerzo fue significativo, valió mucho la pena, dado que el objetivo de los gobiernos nacionales y de las ciudades de todos los países del mundo, sean ricos o pobres, es coordinar esfuerzos debido a la conciencia en todas las instancias de gobierno de los enormes desafíos que existen para cumplir el Acuerdo de París basados en sus propios conocimientos y capacidad de llevar a cabo una agenda tan difícil.

El proyecto incluye los siguientes países y (mega)ciudades de América Latina: Brasil y Río de Janeiro, México y Ciudad de México, Argentina y Buenos Aires, Perú y Lima. Aunque San Pablo es más grande que Río, y a pesar de que Río no es la capital federal, se la incluye en la selección porque cuenta con una avanzada agenda climática y lecciones que otras ciudades pueden aprender y compartir. Se realizaron visitas de campo y se organizó un taller local en cada una de las ciudades. Para concluir, se llevó a cabo un taller al final del proyecto con representantes de las cuatro ciudades y de los cuatro gobiernos nacionales en Río de Janeiro.

Descarga el informe completo aquí.

[1] Heidrich, O., Reckien, D., Olazabal, M., Foley, A., Salvia, M., Hurtado, S.de G., Orru, H., Flacke, J., Geneletti, D., Pietrapertosa, F., Hamann, J.J-P., Tiwary, A., Feliu, E., Dawson, R. J. (2016). «National climate policies across Europe and their impacts on cities strategies», Journal of Environmental Management, n.º 168, pp. 36-45.

[2] Corfee-Morlot, J., Kamal-Chaoui, L., Donovan, M.G., Cochran, I., Robert, A., Teasdale, P-J, (2010). «Cities, Climate Change and Multilevel Governance». OECD Environment Working Papers n.º 14. París: OECD Publishing, 124 pp., ‹http://dx.doi. org/10.1787/220062444715›.

EKLA-KAS | @EKLA_KAS
Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer

La fuerte debilidad institucional presente en Perú ha impedido visualizar problemas tan evidentes como el cambio climático. En este contexto, la nueva Ley Marco de Cambio Climático representa un halo de esperanza para cumplir de forma eficiente y eficaz con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y por las contribuciones nacionales presentadas ante la secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas.

Si la intención es enfrentar el cambio climático, necesitamos considerarlo una realidad sustentada en datos. El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha presentado cifras que muestran, por ejemplo, que el 67% de los desastres en el Perú están relacionados con fenómenos climáticos o que 5,5 millones de peruanos están expuestos a precipitaciones muy intensas.

La nueva Ley Marco de Cambio Climático en Perú marca un hito a nivel de Latinoamérica, al ser la primera de su tipo entre los 193 países que suscribieron el Acuerdo de París. Tiene entre sus principales ejes fortalecer el rol de ente rector del MINAM, permitiéndole articular con los diferentes organismos responsables de políticas públicas que incluyan la variable climática. Asimismo, la elaboración del análisis de riesgo climático y vulnerabilidad de las inversiones públicas y privadas sujetas al Sistema Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de tal forma que sean más sostenibles, lo cual implica el involucramiento de los gobiernos regionales, que deberán incluir estrategias ambientales cuando ejecuten sus proyectos. Del mismo modo, prevé la creación de una comisión multisectorial de alto nivel que definirá el rumbo de la acción climática del Perú.

Finalmente, este dispositivo normativo permitirá cumplir con la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), que proceden principalmente de la deforestación de la Amazonía, que en 2017 perdió una superficie boscosa de alrededor de 143.000 hectáreas, equivalente a unos 200.000 campos de fútbol, talados en su mayoría para hacer cultivos a gran escala y minería ilegal en ríos.

Sobre el particular, se suscitan algunas interrogantes: ¿el Estado considerará como prioritario efectivizar los planes y estrategias referidas a la mitigación y adaptación de cambio climático? ¿Acaso la sociedad civil podrá exigir el cumplimiento jurídico de este dispositivo legal basándose en la inercia estatal por luchar contra el cambio climático? Lo cierto es que ahora contamos con una nueva norma jurídica y, sobre todo, una herramienta de exigibilidad legal, en especial, para las poblaciones más vulnerables.

Kathleen Zegarra | @Kath_zegdel
Abogada especialista en políticas públicas. Miembro del Instituto de Estudios Social Cristianos (IESC), de Lima, Perú. Consultora en desarrollo sostenible y cambio climático. Docente universitaria.

El sistema político brasileño se mueve entre el fuerte intento de imponer un Estado democrático de derecho, por un lado, y el desprecio total a las instituciones políticas por otro. Lamentablemente la configuración del sistema político ya está avalada y la desconfianza social sumada a la emergencia de la antipolítica son marcas de un Estado ya desgastado y en proceso de gradual falencia.

Hacer un análisis de la coyuntura brasileña es difícil, por varias razones. Por ejemplo, es muy difícil explicar cómo un país tan rico, con dimensiones continentales, ampliamente diverso, multicultural, religiosamente tolerante, pueda comportar contradicciones políticas tan profundas y propias del subdesarrollo de antaño y brechas sociales que mantienen a gran parte de su población marginada y rehén de la violencia del narcotráfico. Otra razón que dificulta el análisis es su propia historia, llena de conflictos militares, golpes de Estado, renuncias forzadas y hasta muertes en sospechosas circunstancias de presidentes a lo largo de su historia, a las que se podría sumar el suicidio de Getulio Vargas.

Los últimos cinco años han sido años muy difíciles e inestables para la política brasileña. Las manifestaciones masivas de 2013 en todo el país hicieron temblar las bases de toda la clase política. Una ciudadanía hasta ese momento mórbida daba una clara advertencia: «El proceso democrático brasileño no es suficiente». Ya en 2014 y 2015 la operación anticorrupción Lava Jato ponía ante la justicia y en la cárcel a rostros poderosos de la vida nacional: empresarios, banqueros, parlamentarios, exgobernadores, exministros y hasta un expresidente, Luis Inácio Lula da Silva, baluarte de la izquierda latinoamericana. En 2016, el Congreso Nacional destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, en un proceso cuya legitimidad fue al menos dudosa, y a mediados de marzo de este año la ejecución a balazos de una concejala de Río de Janeiro, activista de los derechos humanos y crítica de la intervención militar en su ciudad, dejaba asqueada no solo a la opinión pública brasileña, sino a analistas y políticos alrededor del mundo. Estos elementos son parte del dilema democrático brasileño. Finalmente, aun siendo una democracia, los muchos factores acumulados podrían generar en Brasil un estallido social con serias consecuencias para el sistema político.

Todos estos fenómenos de constante desgaste institucional han provocado el surgimiento de grupos políticos radicales que tienen poco compromiso con la democracia y con el orden republicano.

La condena contra el expresidente Lula por el Supremo Tribunal Federal (STF) ocurrida este 4 de abril respalda la hipótesis del dilema. Un día antes de la sesión del colegiado de jueces, varios generales en actividad y de la reserva se manifestaron en contra del expresidente. Estas manifestaciones alarmaron a los analistas por el intento explícito de presión a la Corte, que nos remonta a un militarismo de los años setenta y ochenta en la región e incentivan a los movimientos ultraderechistas. Hasta los medios de comunicación históricamente de oposición al Partido de los Trabajadores desestimaron las declaraciones de los militares, así como también lo hizo el decano de la Suprema Corte, que defendió la institucionalidad y el respeto al orden democrático.

En términos objetivos, estos acontecimientos confirman que el rechazo del STF a salvar a Lula agudiza la polarización política y social de Brasil porque, independientemente de las controversias políticas y judiciales, el expresidente aún es el líder político más popular del país. El dilema ahora es entre seguir y respetar el proceso judicial dentro de la institucionalidad o seguir el camino de la contestación en todas sus formas.

El sistema político brasileño tiene un diseño que incentiva el conflicto y la no gobernabilidad, con el Poder Legislativo más fragmentado del mundo, con decenas de partidos sin ninguna ideología, parlamentarios infieles que cambian de partido constantemente, además de coaliciones incompatibles en el nivel regional y nacional. Estos son algunos de los elementos que manifiestan el desastre que es parte del campo político.

El país presenta conflictos muy profundos. El Gobierno parece insistir en el desgaste, haciendo fuerza en contra del Supremo Tribunal Federal y cooptando parte del Legislativo para aprobar su agenda de reformas estructurales. Sin embargo, parece haber una salida al dilema democrático que puede atemperar el riesgo de un empeoramiento de la situación.

El proceso electoral será fundamental para ofrecer una válvula de escape institucional y apaciguar el país. Si bien las elecciones no son suficientes para la existencia de la democracia, ellas son intrínsecamente necesarias. Dado el contexto, las elecciones del 7 de octubre de este año serán un punto de no retorno en la historia brasileña.

Brasil tiene hasta el momento tres caminos claros: el primero es uno que proponga una verdadera reflexión y reformas al sistema político; aunque no sea a través de un gobierno de coalición, este camino buscará la moderación y la convergencia con sectores moderados del nuevo Legislativo, impulsando reformas con el apoyo de la opinión pública. Otro camino es un gobierno tradicional de coalición, tanto de centroizquierda como de centroderecha, que puede resistir el mandato emparchando ciertas legislaciones y que hasta puede traer cierta estabilidad, pero que no buscará discutir los problemas de fondo. Y el camino más tenebroso es la radicalización y el populismo al estilo Trump, que ya está presente en el escenario electoral, distanciado de la convergencia y en búsqueda del conflicto para mantenerse. Este tipo de camino lleva a más inestabilidad.

Independientemente de lo que elijan los brasileños en octubre, no hay dudas de que ello tendrá consecuencias tanto para el proceso político de ese país como para la región. El debate del dilema democrático permanecerá hasta entonces. ¿La solución vendrá con la reflexión y las reformas? En tiempos de crisis, ¿prima la moderación o la radicalización? ¿Reforzaremos las instituciones o daremos paso a nuevos populismos? ¿La institucionalidad es moldeable al antojo de los poderosos? ¿El proceso democrático es sustituible? Las respuestas a estas cuestiones zanjarán por cierto tiempo tal dilema.

Tito Olavarría | @OlavarriaTito
Estudiante de Ciencia Política. Especializado en procesos y sistema político brasileño. Coordinador del Grupo de Estudios Presidenciales de la Universidad Católica de Temuco, Chile

El próximo 8 de abril más de 6 millones de ciudadanos húngaros están llamados a las urnas en unos comicios que prometen ser decisivos para el futuro del país y, en consecuencia, para la Unión Europea. Unas elecciones en las que el actual primer ministro Viktor Orbán, al que las encuestas otorgan un 40 % de los votos, parte como favorito frente a una oposición fuertemente dividida.

En las elecciones legislativas del próximo domingo los húngaros elegirán 199 diputados. Hungría cuenta con un sistema electoral mixto, que fue reformado por el propio Orbán en 2011 y prevé la elección de 106 diputados en pequeños distritos electorales uninominales y los 93 restantes en una circunscripción nacional única a partir de listas confeccionadas por los partidos. De los resultados finales sale elegido el primer ministro.

El modelo que defiende Orbán para Hungría es el de la democracia iliberal. Él mismo afirmó en 2014 que «el nuevo Estado que estamos construyendo es un Estado iliberal. No rechaza los valores fundamentales del liberalismo, pero no hace de esta ideología el elemento central de la organización del Estado». Hoy, la democracia iliberal está cerca de asentarse en un país plagado de corrupción y con los medios de comunicación y organizaciones sociales fuertemente controlados por el Gobierno.

En este contexto, la Alianza de Jóvenes Demócratas, Fidesz, partido de Orbán, articula su discurso sobre la crítica a la inmigración y a los refugiados, a los cuales vincula con el terrorismo, el auge de la criminalidad y la pérdida de identidad nacional. Orbán amenaza con que Hungría se llenará de refugiados si pierde las elecciones. Asimismo, identifica dos enemigos culpables de esta lacra: la Unión Europea y el multimillonario húngaro George Soros, dueño de la Universidad Centroeuropea (CEU), que Orbán intentó cerrar el año pasado. Por su parte, el resto de las formaciones políticas apenas han sacado a relucir el tema de la inmigración en la campaña, ni se han atrevido a criticar abiertamente las medidas de Orbán en este sentido, ya que en buena parte de la población es reacia a la inmigración.

El gran competidor de Fidesz en estos comicios es el Movimiento por una Hungría Mejor, Jobbik. Se trata de un partido nacionalista y fuertemente euroescéptico, que basa su ideario en el antiliberalismo, la xenofobia y el racismo, y que clama defender a los «verdaderos húngaros». Jobbik se situó como tercer partido en las elecciones europeas de 2009 y hoy ya es el segundo a nivel nacional. Las encuestas le otorgan en torno a un 18 % de los votos. La aparición de Jobbik en el escenario político, y su situación en la extrema derecha, explica también la progresiva radicalización del discurso de Fidesz para así retener todos los votos posibles.

El resto de la oposición se encuentra muy fragmentada y no es previsible que ninguna coalición pueda arrebatarle la mayoría a Fidesz. En tercer lugar estarían los socialistas, divididos entre el Partido Socialista Húngaro (MSZP) y la Coalición Democrática (DK). Les siguen los verdes, agrupados en los partidos Diálogo (Párbeszéd) y la Política puede ser Diferente (LMP). En último lugar aparecen los partidos Juntos (Együtt) y Momentum, creados a través de organizaciones civiles. Todos estos partidos identifican a Fidesz como su competidor y, unánimemente, prometen una vuelta a la democracia si ganan las elecciones.

A nivel europeo, no conviene olvidar que Fidesz pertenece al Partido Popular Europeo, PEE, un partido que defiende la democracia representativa liberal como modelo político. Las críticas de este partido hacia la política de Orbán han sido constantes, pero no van más allá de llamadas telefónicas o mensajes en Twitter. Y es que, aunque muchos critican la permisividad del PPE con el líder húngaro, Fidesz cuenta con 12 eurodiputados, lo que le permite al PPE tener una holgada diferencia con la Alianza de Socialistas y Demócratas.

El pulso de Orbán a la Unión Europea ha sido constante. En octubre de 2016 celebró un referéndum nacional —ilegal— sobre si la Unión Europea debería tener capacidad decisoria en la asignación de cuotas de refugiados. En abril de 2017 compareció en el Parlamento Europeo, donde fue criticado por su nueva ley educativa, las trabas impuestas a las ONG, su política contra la inmigración y el mencionado referéndum. Por su parte, Hungría ha ido tejiendo apoyos en países también contrarios a la política migratoria de la Unión Europea como Austria o Polonia, que comparte su misma visión y se ha convertido en su gran aliado dentro del club de los veintiocho.

En definitiva, la posible victoria de Fidesz en los comicios del 8 de abril puede legitimar la política de Orbán y conducir definitivamente a Hungría hacia una democracia iliberal. Esto no gusta en Bruselas, ya que se teme que este modelo pueda extenderse a otros países de Europa Central y del Este.

María Maseda Varela | @maria_masedav Estudiante del Doble Grado en Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (Madrid). Becaria de la Fundación FAES

Dos meses después de una sorpresiva primera vuelta, Costa Rica celebró su segunda ronda electoral.

Los costarricenses debimos elegir entre dar continuidad al gobierno del Partido Acción Ciudadana, plasmado en la candidatura de Carlos Alvarado, o buscar una vez más el cambio, esta vez representado por el partido Restauración Nacional y su candidato Fabricio Alvarado. Esta peculiar dicotomía entre un continuismo progresista y un cambio conservador dio lugar a una serie de particularidades que, bien podemos afirmar, hacen historia en la democracia costarricense.

El veredicto soberano del 1 de febrero había dejado, por primera vez, fuera de la segunda ronda electoral a las dos fuerzas políticas tradicionales: Liberación Nacional (nueve veces en el poder) y la Unidad Social Cristiana (tres veces en el poder).

La jornada transcurrió con normalidad para los estándares de fiesta democrática que tiene nuestro país. Los resultados no pueden ser analizados sin mencionar el factor que posicionó a las dos fuerzas políticas ante el escrutinio de los costarricenses: La sonada opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario.

El apoyo del PAC a la opinión de la Corte IDH y su interpretación que la consideró vinculante, y la resistencia del PRN alegando que la postura de la Corte IDH iba en detrimento de la familia y los valores fue lo que generó el caudal político para que ambas fuerzas se midieran en una segunda vuelta. Y este fue el eje de campaña durante dos largos meses de posturas antagónicas que causaron crispación en la población, una división marcada por la confrontación de dos modelos de sociedad que —penosamente hay que admitirlo— se defendieron con agravios, con violencia verbal hacia ambos candidatos y hacia sus simpatizantes.

Una característica típica de una segunda ronda es la sumatoria de las fuerzas electorales vencidas en la primera vuelta. Y este fue precisamente el primer paso de los candidatos en su estrategia de campaña. Fabricio Alvarado, aprovechando la disconformidad de los sectores civiles con el gobierno saliente, logró interesantes pero al final superficiales adhesiones; entre ellas, la más relevante, del excandidato a la presidencia por Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti, así como de su equipo económico. Sumó también a los sectores conservadores del país, la parte estructural del Partido Unidad Social Cristiana (alta dirigencia, comité ejecutivo, entre otros). Se percibía en su momento como un equipo de lujo, hasta se mencionaban como las mejores mentes en sus distintas áreas.

Por su parte, en el Partido Acción Ciudadana fueron más cautelosos con sus adhesiones, situación que curiosamente les favoreció. El respaldo más importante fue el de Rodolfo Piza, excandidato del Partido Unidad Social Cristiana, acompañado por una parte de su equipo económico, además del apoyo de los sectores progresistas del país representados por el Partido Frente Amplio.

Ambos candidatos propusieron un gobierno de unidad nacional. Sin embargo, esta idea fue mejor comunicada y transmitida por Carlos Alvarado, quien además de tomar una prudente distancia del actual gobierno (y sus escándalos de corrupción) se mostró como el candidato más preparado y serio para llevar adelante un plan de gobierno, y además presentó a la ciudadanía el acuerdo que lo unía a los sectores que lo apoyaban, lo que dio coherencia a su campaña. De hecho, el principal ataque que acertó en el punto débil de Fabricio fue la evidencia de que el partido Renovación Nacional no había presentado una hoja de ruta para gobernar el país, lo que sumado a la carencia de fundamentos en las adhesiones recibidas puso en duda la capacidad de esta novel fuerza política para conducir el país.

Avanzando la contienda electoral se vio otra particularidad de Costa Rica: la altísima cantidad de debates en medios de comunicación. Fabricio Alvarado optó por asistir únicamente a los debates más relevantes en aspectos de rating y cercanía con el día electoral, y sustituyó sus debates cancelados con visitas a comunidades en su nicho rural. Mientras tanto, Carlos Alvarado apelaba más a su nicho joven, con acceso a herramientas de las redes sociales, donde se potenció. Supo capitalizar el contexto sembrando dudas sobre la preparación de Fabricio Alvarado, quien se negó a debatir con él.

Un Carlos Alvarado que se mostró sólido y que supo moderar su perfil progresista tanto al conformar su equipo como al mostrar su perfil católico, frente a un Fabricio que con humildad reconocía su poca preparación académica como consecuencia de las necesidades y la falta de oportunidades pero que no moderó en lo absoluto su mensaje conservador.

Más allá de vencedores y vencidos, los resultados marcan la historia del país: Costa Rica hoy tiene en Carlos Alvarado (38) al presidente más joven de los últimos 124 años y como vicepresidente a la primera mujer afrodescendiente en ocupar este puesto en América Latina, Epsy Campbell. Costa Rica redujo el abstencionismo de la primera vuelta en 1,33 puntos contra todo pronóstico desalentador que daba un domingo de Pascuas. De las siete provincias, la que alcanzó mayor participación fue Cartago, allí donde se dieron los márgenes porcentuales más favorables para el PAC; los lugares con mayor abstención fueron nuevamente las provincias costeras, lugares en donde el PRN sacó sus mejores resultados. La gran área metropolitana junto con Guanacaste le dieron una cómoda victoria de 60 %-40 % al PAC. Un resultado muy diferente a lo que anunciaban las encuestadoras.

Los desafíos ahora son varios: en materia económica, resolver el déficit fiscal del 6 % es apremiante, la inseguridad creciente, el combate a la pobreza, entre otros. Todo ello con una Asamblea Legislativa en donde el oficialismo tiene tan solo 10 de 57 bancas.

El sonado gobierno de unidad nacional empieza a tener luz en la conformación del gabinete. El PAC plantea ceder el 49 % de este a los partidos de oposición con representación parlamentaria, siempre y cuando estos formen parte de un acuerdo país y acompañen la aprobación de una reforma fiscal, la modificación del reglamento de la Asamblea Legislativa y proyectos de infraestructura.

Tal como lo aseveró Otton Solís, líder y fundador del PAC, su partido está en deuda con Costa Rica. Hoy tienen la valiosa oportunidad política y moral de saldarla.

Ojalá que el llamado a la unidad que hicieron los principales actores políticos sea también un llamado a la entereza y la valentía necesarias para adoptar las medidas que lleven a Costa Rica por un camino de libertad en todas las dimensiones, que empiece a cerrar las brechas que nos dividen y nos permita llegar al Bicentenario honrando la solidez de nuestra democracia.

Juan José Díaz Quintana | @jotadiazquin
Analista político. Miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Gerente general de Lex Group Consultores

Con 26 años salió en defensa de Rosa Parks, y lideró el boicot a los autobuses segregacionistas en Montgomery, en la más profunda Alabama. Con 34 condujo la marcha sobre Washington que abrió el camino hacia la más profunda transformación de la legislación estadounidense sobre derechos civiles de la historia. Con 35 recibió el Premio Nobel de la Paz. Con 36 se puso al frente de sus hermanos afroamericanos de Selma en la lucha por el pleno ejercicio de sus derechos políticos y electorales. A los 39 años, con solo 39 años, lo mataron. Se llamaba Martín Luther King.

Martin Luther King se dirige a una multitud desde los escalones del Lincoln Memorial donde pronunció su famoso discurso «I Have a Dream» durante la marcha del 28 de agosto de 1963 en Washington DC, EUA

Era un pastor de la Iglesia baptista. Y, cincuenta años después de su asesinato en Memphis, el 4 de abril de 1968, resuenan todavía las proféticas palabras que pronunció la víspera en su último discurso: «Llegaremos como pueblo a la tierra prometida… No tengo miedo a ningún hombre. ¡Porque mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor!». Se llamaba Martín Luther King.

Se llamaba, y se llama: su pensamiento sigue resonando, en 2018, con la misma vigencia y claridad, y tanto en la concepción como en la expresión: los seres humanos odian porque tienen miedo, pero las personas únicamente temen a quienes no conocen. Nuestro desafío, así pues, como mujeres y hombres —tal y como afirma en su último libro, ¿Adónde vamos? Caos o comunidad—, es aprender a vivir todos juntos, como hermanos, o perecer todos separados, como estúpidos. No se trata de elegir entre no violencia y violencia. Se trata de elegir entre no agredir o no vivir. El poder no es el problema del hombre. El desafío del hombre es que el poder provenga del amor y se instale en el amor.

El mismo año 1964 en el que obtuvo el Premio Nobel, Martín Luther King publicó un libro que se llamaba ¿Por qué no podemos esperar?, en respuesta a quienes, en plena campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses, le pedían «paciencia» al movimiento de los derechos civiles. Más de medio siglo después, las interrogantes, especialmente para quienes asumimos el compromiso con el servicio público como demócratas de inspiración cristiana, son levemente distintas, pero igual de exigentes: ¿qué estamos haciendo?; ¿qué no estamos haciendo?; ¿a qué esperamos para hacer efectivo el sueño que tuvo Martín Luther King?

Enrique San Miguel Pérez
Doctor en Historia y en Derecho. Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones, URJC, Madrid

Desde hace al menos dos años, en Venezuela no hay acceso a información oficial del sector salud. No se publica el Boletín Epidemiológico y el Ministerio, desde el 2017, no presenta la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional, tal como exige nuestra Constitución.

Dada esta situación, y el creciente número de denuncias respecto a este sector, este año la Organización Médicos por la Salud, junto con la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, publicó, por quinto año consecutivo, la Encuesta Nacional de Hospitales. Esta encuesta, en formato digital, busca hacer un diagnóstico real de la situación hospitalaria, por medio de información que suministra el propio personal médico de cada centro de salud. Fue realizada en 104 centros de salud de 22 estados del país, con excepción de Amazonas y Delta Amacuro. A continuación un recuento de los resultados más importantes.

Hospitales sin medicamentos

Uno de los indicadores más preocupantes de los resultados de esta encuesta es el aumento, con respecto al año anterior, de la cantidad de hospitales que reportan escasez de medicamentos. Para este 2018, el 88 % de los hospitales registrados indican que no cuentan con el stock adecuado de medicamentos e insumos para poder atender todas las patologías que puedan presentarse. Es preocupante porque esta encuesta registra hospitales tipo III, IV y V, que deberían ser capaces de atender todas las patologías, en todo momento.

A su vez, este resultado concuerda con una encuesta similar realizada por la Sociedad Venezolana de Cardiología, que revela que solo el 5 % de los hospitales en todo el territorio nacional tienen los medicamentos necesarios para tratar una enfermedad coronaria aguda, mejor conocida como infarto; y teniendo en cuenta que las condiciones cardiovasculares son la primera causa de muerte en el país, que casi ningún hospital del país pueda atender a alguien con esta condición es bastante preocupante y es un indicativo claro del nivel de crisis que estamos viviendo en el sector salud y la importancia de que el Gobierno venezolano acepte un canal humanitario.

Laboratorios inoperativos

Sin duda alguna, el indicador más importante este año es el que refleja la inoperatividad de los laboratorios. Este estudio muestra que la totalidad de los hospitales registrados reportan que el servicio de laboratorio está inoperativo o presenta fallas en su funcionamiento; esto quiere decir que ningún hospital, en todo el territorio nacional, es capaz de brindar el servicio completo, a toda hora, todos los días de la semana.

Dicha situación de inoperatividad de los laboratorios de los hospitales se traduce en que los pacientes no se pueden realizarse allí exámenes básicos como una hematología, en cualquier momento; y mucho menos, los hospitales de Venezuela tienen capacidad para realizar estudios más complejos como, por ejemplo, los relativos a enfermedades como VIH, tuberculosis, hepatitis, etc.

Esta cifra alarmante no se limita al servicio de laboratorio en sí, sino que ha afectado también a los bancos de sangre; al no haber reactivos para estudiar estas enfermedades, tampoco se pueden hacer los estudios necesarios para la sangre que es donada; hoy en día, si un paciente necesita una transfusión, las probabilidades de no contar con el suministro de sangre necesario son bastante altas.

Comida en los hospitales

El colapso de otros sectores como, por ejemplo, el de alimentación ha afectado directamente la capacidad de atención de los hospitales.

La nutrición o la dieta de un paciente es una parte fundamental de su tratamiento y, según la Encuesta Nacional de Hospitales 2018, el 96 % de los centros hospitalarios del país no prestan servicio de nutrición o este tiene fallas, y 66 % de los servicios pediátricos no cuentan con fórmulas para recién nacidos. Esto quiere decir que casi ningún hospital del país puede garantizar que el paciente reciba la alimentación adecuada, según su patología o condición clínica, aun siendo parte fundamental de su recuperación o tratamiento.

Este índice es también responsabilidad del Gobierno nacional, que no ha actuado ante la crisis del sector salud que afecta directamente a los más vulnerables, que pierden la vida en los hospitales del país porque no cuentan con una atención médica pública de calidad.

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Hospitales sin agua y sin camas

Los hospitales tampoco escapan de la realidad de los otros servicios públicos. El 79 % de los centros asistenciales no cuentan con un servicio regular de agua, lo que afecta no solo a la salubridad del centro de atención, sino particularmente a ciertos tratamientos que requieren de un servicio de agua constante y en óptimas condiciones, como, por ejemplo, las diálisis.

El 53 % de los pabellones o quirófanos de todo el país se encuentran cerrados o con fallas, lo que se traduce a la mitad de los hospitales del país. Además, el 59 % de las camas no están completamente operativas.

Todas estas cifras no son más que un reflejo de un sistema de salud que colapsó. Por desidia; por falta de inversión; pero, sobre todo, por anteponer las ideologías políticas a los problemas de la gente. Hoy en día peligran miles de vidas venezolanas porque los hospitales no cuentan con plantas eléctricas, y cada vez son más frecuentes los recortes de energía debido al colapso del sistema eléctrico. También corren peligro los pacientes con enfermedades crónicas que necesitan de transfusiones de sangre regulares para poder vivir, o los que requieren un medicamento y no tienen acceso a él.

Además de la situación hospitalaria, por la falta de políticas públicas de salud coherentes, en las dos últimas décadas estamos viendo en Venezuela la reaparición de enfermedades como el sarampión y la difteria, que habían sido controladas. Asimismo, la malaria, de la cual fuimos pioneros en su control, hoy en día se ha extendido a todo el territorio nacional.

Los resultados de esta encuesta no son más que un reflejo numérico de la grave crisis en la que se encuentra el sector salud en Venezuela. Son cifras que al final se traducen en muertes innecesarias y revelan un sistema que es absolutamente incapaz de prestar un servicio adecuado y óptimo. Es un reflejo de las prioridades de un gobierno que no prioriza los problemas ni la vida de los venezolanos.

Desde los espacios que nos sean posibles, nosotros haremos todo por denunciar y exigir un sistema de salud de primera calidad, que sea capaz de dar soluciones a la gente y que no tenga ningún sesgo político.

José Manuel Olivares | @joseolivaresm
Médico. Diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Vargas, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social

La propalación de unos videos que evidencian la compra de votos de congresistas por al menos un ministro y aliados suyos, forzó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República. El primer vicepresidente Martín Vizcarra lo ha reemplazado.

Según una encuesta publicada recientemente, el nuevo mandatario del Perú era un desconocido para el 80 % de sus compatriotas. Ello, a pesar de que, con motivo de la puja de los últimos meses en torno a la destitución de su antecesor, su nombre y su rostro aparecían frecuentemente en los titulares y las portadas de los medios.

Esto es otro claro indicativo de que la política y la mayoría de la población van por vías paralelas. No es una buena noticia, obviamente, pero, al mismo tiempo, explica por qué las calles no se han llenado en estos días de legiones de manifestantes bajo el grito de «¡Que se vayan todos!». Más allá de una jornada de protesta no muy concurrida en Lima, la agitación se ha visto sobre todo en el mundillo habitualmente exaltado de las redes, las columnas de opinión y en las declaraciones de algunos pretendientes apurados al trono republicano.

Sin duda, la seguidilla de escándalos de corrupción que alcanzan a casi todos los partidos genera el rechazo que se refleja en los sondeos; no obstante, al mismo tiempo existe cierta resignación, cuando no cinismo, ante lo que después de todo es moneda corriente, literalmente, en buena parte de la administración pública. Dicho esto, no puede descartarse que en algún momento se dé un escenario de fuertes movilizaciones si al desprestigio de la clase política se suma una caída pronunciada de la economía o algún acontecimiento grave en el terreno social que encienda los ánimos.

Entretanto, sin embargo, todo indica que Martín Vizcarra gozará de un período de gracia o de tregua. Sus primeros gestos han sido acertados tanto para con el Congreso como para con el público. Naturalmente que el cese del fuego se prolongue en lo inmediato dependerá de la composición de su nuevo gabinete que, según se ha anunciado, será conformado tras la Semana Santa. Las conminaciones al jefe de Estado para que nombre o no nombre ministros identificados con tal o tal bando político, así como las especulaciones sobre los escogidos, están a la orden del día en las redes y en los medios. Cuando se desvele el misterio habrá inevitablemente reacciones de rechazo entre los políticos y opinantes por una u otra designación. El punto es que Martín Vizcarra se las ingenie para evitar que lleguen al grado de tormenta. Por lo demás, como han señalado varios analistas, tendrá que construir una sólida popularidad, como una manera de compensar la falta de un partido propio que lo respalde en el Congreso.

En cuanto a Pedro Pablo Kuczynski, lo que probablemente resuma mejor su interrumpida gestión es el dicho «No todo lo que brilla es oro». El lujo prometido en términos gubernamentales no fue tal. Ni siquiera en materia económica, que es —o era— el lado fuerte del exmandatario. Si a ello se suma su increíble desenvoltura ante lo que debe ser el comportamiento de un alto funcionario respecto de sus actividades privadas, el resultado es una gran decepción entre los que creyeron en él. La justicia determinará si, además del conflicto de interés en el que a todas luces incurrió cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo en los primeros años de este siglo, también cayó en corrupción. Mientras tanto, se suma a la galería de los últimos mandatarios que tienen que vérsela con la justicia tras dejar Palacio de Gobierno.

Francisco Belaunde Matossian | @fbelmat
Abogado. Analista político internacional en TVPerú. Profesor universitario

Para hacer realidad la coalición que buscará reemplazar al gobierno actual de México, queremos superaremos obstáculos impuestos por el PRI, que se ha mantenido inmerso en el proceso electoral participando en persecuciones políticas y el uso faccioso de las instituciones.

Estamos cerca de volver a hacer historia en la vida democrática de México ante la posibilidad de ganar la elección a través de una coalición como las que se han construido en Alemania y en Chile.

El registro electoral se volvió una realidad después de meses, a pesar de la presión y el desprestigio mediático. La unión de tres fuerzas políticas habrían de dar por terminado un régimen autoritario de forma definitiva.

«Por México al Frente», nombre con el que se registró nuestra coalición, se conforma por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fundado en 1989, considerado la tercera fuerza en nuestro país, Partido Movimiento Ciudadano (MC) fundado en 1998, ambos con una ideología política de izquierda, y el nuestro, el Partido Acción Nacional (PAN), fundado en 1939 desde los principios del humanismo político, encabezado por Ricardo Anaya.

Han sido muchos los momentos en los que la izquierda y Acción Nacional hemos caminado juntos en defensa de la democracia y la libertad, en alianzas, vivencias, entre muchas coincidencias, la lucha para acabar con dos peligros para la democracia mexicana: el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el populismo de Andrés Manuel López Obrador.

El camino hacia las elecciones se torna turbio y repleto de obstáculos, que han sido impuestos por las instituciones del gobierno mexicano dirigido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este se encuentra vinculado a persecuciones políticas, vigilancia, calumnia mediática, acusaciones de guerra sucia para incidir en la contienda electoral.

Por otro lado, existe un registro en donde, al menos durante los cuatro primeros años, el actual Gobierno gastó poco más de 34.000 millones de pesos en publicidad sobre el propio Gobierno. Un gasto que no es controlado por ninguna dependencia, consecuencia total de la ausencia de leyes, asunto que no promueve el pleno respeto al derecho a la información pública.

El descontento social y la ausencia de credibilidad política ha determinado que la ciudadanía se permita ser persuadida por líderes de perfiles mesiánicos, como López Obrador, un promotor de propuestas simplistas, un redentor, polarizador, radical que solo genera división entre clases y se distingue por la intolerancia y poca capacidad de diálogo.

Mientras tanto, en el país se vive con importantes índices de inseguridad y violencia, que resaltan en la historia moderna mexicana.

Las trabas no se han hecho esperar y las acciones para defender la democracia tampoco: en reunión con el embajador de Estados Unidos de América, se entregó una carta para la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que se acusa al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de utilizar a la Procuraduría General de la República, órgano del Poder Ejecutivo Federal en México que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal, de golpear políticamente y tratar de desprestigiar a un aspirante a la Presidencia de la República opositor al gobierno actual.

El Instituto Nacional Electoral, organismo autónomo que busca que los procesos se ejerzan libres, equitativos y confiables, ya solicitó que se apliquen medidas cautelares y se ordene a ambos funcionarios que se abstengan de utilizar recursos públicos con fines político-electorales, de difundir videos y documentos relacionados con el caso de Ricardo Anaya Cortés y de realizar todo tipo de comunicados, boletines de prensa, ruedas de prensa o entrevistas sobre el tema.

Estamos a semanas de ser parte del ejercicio democrático más grande en muchos años. Este 1 de julio, 87.159.497 mexicanas y mexicanos iremos a las urnas para elegir al próximo presidente de México; elegiremos también a 500 diputados, 128 senadores Y serán 30 estados de la República los que celebrarán elecciones locales, además de ocho gubernaturas y una jefatura de Gobierno.

Las nuevas generaciones tenemos dos grandes retos: dignificar la política y exigir el respeto y autonomía de las instituciones que han perdido su rumbo y ponen en riesgo la vida democrática de México. No podemos permitir esta circunstancia. Anhelamos paz, anhelamos oportunidades y desarrollo.

Nada detendrá la sólida voluntad y convicción de la coalición Por México al Frente para lograr la transformación que nuestro país necesita. ¡El México que queremos!

Mishelle Miranda | @mirandamish
Comunicóloga. Diplomada en Políticas Públicas y Género por Flacso México, en Marketing Político por el ITAM y en Gestión Parlamentaria por el INAP. Dirigente nacional de Mujeres Jóvenes del Partido Acción Nacional de México

La participación política es el sostén de una democracia; la pregunta es qué tipo de participación. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la participación electoral, la situación en Chile es preocupante para el sistema político.

Hoy en día, los jóvenes tienen mayor confianza en las redes sociales y en las organizaciones sociales que en los partidos políticos (Moreira, 2010). Los jóvenes parecen estar completamente ajenos a la vida política y mostrar un claro desinterés por la participación política tradicional (votar o participar en un partido político).

En Chile, los jóvenes entre 18 y 24 años son los más ausentes en las urnas, sobre todo a partir del año 2012 con el voto voluntario (Contreras y Morales, 2014). Su participación en las elecciones y en los partidos políticos es inferior a la participación de los adultos e incluso inferior a las generaciones de jóvenes de los años noventa (Morales, 2011). Sin embargo, es posible observar que mientras la participación política tradicional disminuye, formas menos institucionales de participación aumentan. Los jóvenes parecen estar informados y tener preocupaciones sociales y políticas pero las aplican de una forma diferente (Dalton, 2016).

Los jóvenes hacen el esfuerzo de contactar directamente a los políticos, trabajan en grupos sociales y políticos en sus comunidades y hacen activismo por internet (Andersson, 2017). Por otra parte, participan más de movimientos sociales que se han caracterizado por una alta aprobación social y una gran capacidad para influir en el proceso de toma de decisiones (Silva, 2015). La paradoja de los movimientos sociales actuales es que aparecen en un contexto económico de crecimiento y de estabilidad política. Esto se debe a que los movimientos sociales ya no responden a demandas sociales concretas, sino que son más bien una crítica al modelo político y económico en el país y por eso se los reconoce como movimientos ciudadanos (Tarrow, 2004).

Este cambio en el comportamiento político de los jóvenes se explica por una nueva conceptualización que hoy en día estos tienen de la ciudadanía. ¿Qué significa ser un buen ciudadano? Claramente la respuesta a esta pregunta no es la misma que aquella que darían los jóvenes en los años noventa.

La globalización, la tecnología, los mayores niveles de educación y el acceso a la información han provocado un cambio, y ya el ser ciudadano no tiene el mismo significado que tenía antes (Inglehart, 1997). Es así como Norris (1999) explica que esto se debe al crecimiento de un ciudadano crítico, que defiende los valores democráticos y que está dispuesto a exigir más derechos. En este sentido está involucrado políticamente y busca más y mejor democracia a través de formas innovadoras de participación, a diferencia del ciudadano cooperador que se basa en los deberes establecidos por la sociedad.

Asimismo, la literatura reconoce en las sociedades modernas una tercera visión de ciudadanía, que reconoce el ciudadano escéptico, quien también es crítico pero con la percepción de que las cosas no pueden cambiar. El caso particular de Chile muestra precisamente este fenómeno: un ciudadano crítico que aumenta históricamente desde los años noventa, particularmente entre los jóvenes. La figura 1 muestra las proporciones de estas tres visiones de ciudadanía en Chile, comparando adultos y jóvenes (entre 18 y 29 años).

Figura 1. Proporción de tipos de ciudadanos en comparación jóvenes y adultos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de World Value Survey 2013.

El gráfico es claro en mostrar que los jóvenes no necesariamente son más críticos con el sistema político. Los adultos pueden ser incluso aún más críticos, pero la mayor proporción de ciudadanos críticos hace que la confianza en que el sistema puede cambiar esté mucho más presente entre los jóvenes chilenos. Esto representa un claro desafío para el sistema político chileno, particularmente a nivel de la democracia representativa. El ciudadano crítico exige nuevos espacios de participación política y una mayor influencia en los espacios de toma de decisión. ¿Cómo hacen frente los partidos políticos a este nuevo ciudadano y cómo construimos espacios de participación política para todos? Estas y otras preguntas son las que hacen de la situación actual de Chile un punto de inflexión en la historia democrática del país y de la región.

Referencias

Andersson, Erik (2017). «Young People’s Political Participation: A Public Pedagogy Challenge at the Municipal Level». Young, vol. 26, n.º 2, pp. 1-17.

Contreras, Gonzalo, y Morales, Mauricio (2014). «Jóvenes y participación electoral en Chile 1989-2013. Analizando el efecto del voto voluntario», Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 12, n.º 2, pp. 597-615.

Dalton, Russell (2016). The good citizen. How Younger Generation is Reshaping American Politics. 2.ª ed. California: Congressional Quarterly Press.

Inglehart, Ronald (1997). Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press.

Morales, Mauricio (2011). «Identificación partidaria y crisis de representación. América Latina en perspectiva comparada». Revista de Ciencias Sociales, vol. 17, n.º 4, pp. 583-597.

Moreira, Carlos (2010). «Movimientos populares y luchas sociales en Uruguay. Interseções, vol. 12, n.º 2, pp. 283-300.

Norris, Pippa (1999). Critical Citizen. Oxford: Oxford University Press.

Silva, Eduardo (2015). «Social Movements, Protest, and Policy», European Review of Latin American and Caribbean Studies, n.º 100, pp. 27-39.

Tarrow, Sidney (2004). El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza.

Camila Carvallo | @camicarvallo
Psicóloga y cientista política. Estudiante de doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

Varias elecciones en el curso de este año podrían cambiar la relación de fuerzas políticas en la región. El desencanto de muchos ciudadanos latinoamericanos con la oferta de los partidos de todas las orientaciones políticas desafía las posibilidades de los partidos de centro de sacar provecho de esta situación.

¿Disgusto con la democracia a pesar del crecimiento?

La imprevisibilidad y la relevancia de políticos antisistema son manifestaciones de un descontento con la oferta de los partidos de todas las orientaciones políticas. La izquierda que mantuvo el poder político por mucho tiempo aprovechó el boom de las materias primas para dirigir las ganancias de las exportaciones hacia programas sociales y otros subsidios, de los cuales sacaron provecho muchos ciudadanos latinoamericanos que salieron de la pobreza. Pero la izquierda dejó escapar estos años de boom y no realizó las reformas estructurales que garantizaran un crecimiento inclusivo y sostenible. El enriquecimiento personal de algunos de estos gobernantes, como se puede observar por ejemplo en Argentina con el clan Kirchner, ha contribuido a desacreditarlos.

La cuestión es si los partidos del centro en América Latina logran proponer alternativas políticas satisfactorias para una gran parte de la población y si logran poner en marcha cambios en la economía de mercado sin olvidarse de los miedos de un nuevo descenso social de la clase media formada en los últimos diez años. Un ejemplo que anima en este sentido es el gobierno del presidente Mauricio Macri, del partido Propuesta Republicana (PRO) en Argentina desde 2015. Al contrario que su predecesora populista de izquierda Cristina Fernández, él intenta el resurgimiento de un discurso democrático que busca encontrar un consenso. A pesar de algunas reformas económicas dolorosas, Macri logró ganar las elecciones parlamentarias en 2017, lo que lo va a ayudar en la segunda mitad de su presidencia. Si su gobierno logra generar un auge económico persistente, esto no solamente contribuirá a su propia carrera profesional, sino que puede decidir si el nuevo camino de Argentina servirá como modelo para toda la región.

En lo que refiere al estado de la democracia, la región es muy ambivalente. Por un lado, todavía es la región más libre fuera de Europa y Norteamérica. Según el informe de Freedom House, este año solamente Cuba y ahora también Venezuela no son libres aunque también en Nicaragua la democracia empeoró en los últimos años. Según el Latinobarómetro, más de la mitad de los latinoamericanos prefieren la democracia a cualquier otro sistema. Pero esta cifra está bajando desde 2010. También el porcentaje de los que están felices con la democracia en su país descendió en los últimos años y hoy se ubica en solo 30 %. Incluso en Uruguay, el mejor país en este sentido, solo el 57 % de la población está contenta con el sistema democrático en el país. En Brasil, solamente uno cada diez habitantes prefiere este sistema.

Solo con factores económicos es casi imposible explicar esta tendencia. Después de dos años de estancamiento o retroceso económico, la región volvió en 2017 a un crecimiento de 1,2 %, según datos del FMI. Se supone que subirá a un 1,9 % en 2018. Países importantes como Brasil y Argentina se salvaron de la recesión, mientras que Venezuela sigue en depresión. En los últimos años este país perdió un tercio de su fuerza económica y la inflación pronosticada asciende a 2500 % para 2018. Sin embargo, muchos aspectos van en la dirección correcta y la población lo nota. Según el Latinobarómetro, 54 % —el porcentaje más alto desde 1995— dicen que les alcanza el dinero hasta el final del mes. A pesar de que el 44 % afirman que no les alcanza, lo que constituye una cifra demasiado alta, se nota el desarrollo positivo.

Justamente en el país con el descontento más alto con la democracia, Brasil, el porcentaje de los que les alcanza el dinero hasta el final del mes es de 68 %, el más alto de la región. El índice de desarrollo democrático Bertelsmann Transformation Index de 2016 lo llama síndrome brasileño. Este se puede transferir también a otros países: una sociedad civil más y más democrática y segura de sí misma gracias a nuevas clases medias no acepta que los políticos gasten sus impuestos de una manera ineficiente, no ofrezcan servicios públicos suficientes y se enriquezcan a costa de otros.

Muchos ciudadanos de la región reconocen a la corrupción como un problema importante de la sociedad; en algunos casos, como Brasil, incluso como el problema más relevante. En este país comenzó el escándalo del soborno relacionado con la empresa Odebrecht, que ahora está presente en casi todos los países de América Latina. El consorcio constructor «invirtió» 785 millones de dólares durante años en diferentes países del subcontinente para conseguir contratos importantes del Estado. En Brasil, el escándalo fortalece las investigaciones del caso Lava-jato que empezaron en el 2014 enfocadas en la compañía petrolífera estatal Petrobras. La justicia está decidida a poner fin a estas actividades. No solamente el antiguo jefe de la empresa, Marcelo Odebrecht, sino también políticos importantes como el expresidente del Parlamento Eduardo Cunha y el expresidente Lula están en prisión o recibieron condena. El Parlamento, del cual la mitad de sus miembros están acusados por corrupción, impidió hasta ahora el proceso contra el presidente Temer.

También en otros países el escándalo tiene consecuencias políticas y penales para sus protagonistas. En Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta tuvieron que dimitir y se les dictó prisión preventiva. El antiguo vicepresidente de Ecuador Jorge Glas está en la cárcel. Mientras tanto, el gobierno en Caracas intenta impedir las investigaciones similares a las de otros países. Debido a sus contactos con Odebrecht, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski solo pudo mantenerse en su puesto con dificultad a finales del 2017. Pero es posible que este escándalo le haya costado a Perú un punto porcentual de su crecimiento económico en 2017. A pesar de todo hay que notar que es poco probable que la política en América Latina sea más corrupta en los últimos años que antes. Más bien, la diferencia es que actualmente estas faltas son descubiertas. Los políticos corruptos de hoy en día ya no pueden estar seguros de que nadie lo note y el traslado desde el palacio presidencial directamente a la cárcel ya no es imposible. Todo esto puede causar agitación pero, a largo plazo, será una bendición para el Estado de derecho latinoamericano.

Determinante también hacia fuera

La mencionada ola progresista del 2000 al 2015 tuvo también una influencia en el papel internacional de Latinoamérica. Los gobiernos de izquierda en estos años retiraron a muchos de estos países del club de los defensores de un orden mundial multilateral y fuerte, del comercio libre y de los valores de la democracia liberal. No lo hicieron solamente a través de tendencias autocráticas y de dirigismo económico hacia adentro. Estos gobiernos también practicaron un proteccionismo hacia afuera y se sintieron más cercanos a Estados poco democráticos como China y Rusia que a los Estados occidentales. Ello quedó en evidencia no solamente con palabras sino también con hechos, como por ejemplo negocios de armas y sus votos en las Naciones Unidas. Es evidente que esto va en contra del interés alemán de mantener un orden mundial que cumpla con las reglas, una economía mundial conectada y un fortalecimiento del sistema liberal-democrático.

Pero algunos cambios en los gobiernos en los últimos años significaron cambios satisfactorios en este sentido. Argentina, por ejemplo, que en muchos casos internacionales impedía acciones, se convirtió en un actor constructivo. La actual presidencia argentina del G20 simboliza este cambio. Otros actores, como los miembros de la Alianza del Pacífico, cumplen este papel positivo —en el comercio, en cuestiones de democracia y protección de los derechos humanos y en la prevención del cambio climático— desde hace ya varios años.

La ironía de todo esto es que justo en el momento en el cual más Estados latinoamericanos van por este camino otra vez, el potente Estado del norte del continente, que es el punto de referencia de este camino, se convierte en un actor en el que es difícil confiar. La elección de Donald Trump dejó confundidos a muchos gobiernos al sur del río Bravo, especialmente al vecino México. Entretanto, se puede observar que muchos países sudamericanos no quieren desviarse de su línea, que trata de buscar soluciones multilaterales. Ponen su mirada en Europa y en Alemania.

Cuando en los próximos meses las personas en el sur de América caminen hacia las urnas, decidirán en primer lugar lo que pasará en sus países. Sin embargo, al mismo tiempo decidirán en qué medida su país va a influir y participar en los asuntos internacionales. En un tiempo en el no abundan socios constructivos a nivel internacional, vale la pena interesarse por las elecciones latinoamericanas, también en Berlín y Bruselas.

Sören Soika
Trainee de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay

«En una república, sobre los asuntos en los que no decide la ley, decide el voto»

El Uruguay se ha visto sacudido por el protagonismo de una Comisión de Ética (Jutep) que cuestiona contrataciones estatales de funcionarios que tengan relaciones familiares con jerarcas políticos y comportamientos al frente de organismos públicos.

Constitución, artículo 10: «Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.»

Señas de identidad: ¿qué se quiso que fuera?

Uruguay suscribió en Caracas, Venezuela, en 1996, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC). En 1998 creó la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado. Fue intención del legislador que asumiera funciones de perito auxiliar de la justicia penal pero sin facultades de investigación. En 2008 pasó a denominarse Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), manteniendo las funciones y cometidos asignados. Entre estos nos encontramos con frases del estilo de: «propiciar políticas públicas», «asesorar al Poder judicial», «recibir y registrar declaraciones juradas», «actuar como perito auxiliar», «promover la transparencia», etcétera.

No cabe duda de que su valor fue siempre el de una junta asesora y herramienta para la toma de decisiones, no más que eso. Tal es así que, en los hechos, la Junta no ha hecho aportes significativos, yo diría ninguno, hasta este 2017, cuando por influjo de la onda expansiva del escándalo por la conducta del vicepresidente de la República Raúl Sendic, obtuvo protagonismo emitiendo fallos condenatorios desde el punto de vista ético en forma pública. Luego, encadenados, los casos de los intendentes opositores Bascou y Caram y el senador oficialista Leonardo de León, que involucraron nepotismo e inconductas financieras, vieron cómo se generaban informes o comentarios públicos de dicha Junta, que actuaba casi como un tribunal popular.

Una ola de purismo ético comenzó a invadir medios de comunicación y redes sociales, lo que decantó en una opinión pública sensibilizada. Dígase lo que se diga, no fue al revés.

Muchos periodistas y legisladores empezaron a buscar debajo de las piedras situaciones donde descubrir algún pariente convenientemente ubicado en algún cargo público.

Quis custodiet ipsos custodes? (¿quién vigila a los vigilantes?)

Quienes integran la Jutep son nombrados por el presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores otorgada por 3/5 de votos del total de sus componentes. O sea que tienen un origen eminentemente político. Responden funcionalmente al Poder Ejecutivo. No son funcionarios de carrera, no tienen la obligación de tener un currículo técnico ni antecedentes profesionales. Son, en un sentido laxo, personal de confianza, teniendo toda la aspiración de que esa confianza responda a una posición ética confiable.

Ricardo Gil Iribarne, su presidente, es un exmilitante de un grupo del MLN (exguerrillero), sin experiencia pero valoradamente autodidacta en el tema. Existe la sospecha de que la actividad que lo absorberá será lo relacionado a lavado de dinero, aunque la corrupción es la estrella hoy.

En sus comunicados, además, la Jutep dobla la apuesta. Condena también aquellas designaciones de familiares en cargos de particular confianza (no sometidos a carrera administrativa) que no tiene impedimentos legales de hecho pero, según Gil Iribarne, «no quedan bien».

Y aun mas, ya adelanta pasos para sugerir cambios en las funciones y objetivos de la Jutep, para poder darle un carácter vinculante, haciendo que sus decisiones sean ya no solo recomendaciones, sino normas de por sí obligatorias.

La ética de la Jutep, ¿nueva fuente de derecho?

La Jutep, además de los dictámenes mencionados, emitió un comunicado exhortando a cortar de plano con todo lo que se parezca al nepotismo. Gil Iribarne ha repetido muchas veces que hay cosas que «son legales, pero no están bien».

En otro comunicado, y a raíz de consultas concretas sobre la situación del consuegro del presidente Vázquez, en forma genérica expresó que «al igual que para la inmensa mayoría de los ciudadanos», el organismo considera «inaceptable» las contrataciones de familiares por jerarcas de distintos organismos públicos. Y anunció que los casos que no sean corregidos serán publicados para conocimiento de toda la sociedad.

Recientemente «sugirió», motu proprio, al presidente de la República Tabaré Vázquez que la contratación de su consuegro estaba fuera de ese «círculo virtuoso ético de lo que está permitido, pero no está bien». El asunto se decidió de un modo inquietante. Un gobernante elegido por el pueblo, aun en contra de su criterio y opinión, cedió ante el organismo y cesó al funcionario, aunque de facto no viola ninguna ley.

Surgen entonces algunas preguntas o razonamientos:

• Hay jerarcas, sobre todo intendentes blancos, que defienden el derecho a aplicar su criterio en la contratación de personal de confianza, justamente porque necesitan eso, confianza.
• Ese «no está bien», ¿según quién? ¿Según Gil? ¿Con que autoridad ética hace Gil una divisoria de aguas entre lo que está bien y lo que está mal?
• Dado el origen político de las designaciones de los integrantes de la Jutep, ¿deben los jerarcas elegidos por el pueblo, pertenecientes a una oposición (cualquiera que sea), dejar en manos de alguien designado por el poder de turno (su rival político) el cuestionamiento al único recurso defensivo que poseen, políticamente hablando, que es nombrar a gente de su confianza?
• Cuando la ética de la Jutep choque contra el criterio de un gobernante elegido (siempre en la tesis de que el hecho es legal), ¿cuál debe primar? ¿El mensaje técnico de la Junta que ha estudiado (suponemos) el caso con objetividad o el discernimiento de quien tiene la legitimidad del voto detrás de sí?

Son preguntas importantes, sobre todo para quienes profesan una adhesión a los principios republicanos y democráticos que temen a los iluminados (ya los padecimos) y creen que, en una república, sobre los asuntos que no decide la ley, decide el voto.

¿El gobierno es ético, legal o ambos?

La soberanía recae en toda su plenitud y existe radicalmente en la nación, según nuestra Constitución, y ella protegerá sus derechos con leyes, que debemos observar con la tranquilidad de que no seremos objeto de persecución por hacer lo que la ley no prohíbe. El artículo 10 de nuestra Constitución es claro al respecto: los ciudadanos (jerarcas incluidos) no están obligados a hacer lo que la ley no obliga. Importa a los efectos de una administración de Gobierno lo dispuesto por el aparato normativo de un país en su escala piramidal más conocida (Constitución, leyes, decretos, resoluciones, etc.).

Entonces, en primer lugar, un Gobierno debe ser legal y es deseable que sea ético. Si no es legal, los medios para perseguirlo están a disposición de todos: un cuerpo de leyes que permite denunciar delitos ante un Poder Judicial independiente. Si no es ético, existen los medios a disposición de los ciudadanos para hacer lo mismo, perseguirlo o incluso hacerlo caer, tanto por medio de consultas populares, plebiscitos, referéndums o elecciones. O sea que el instrumento inapelable, supralegal y decisivo de estos procesos solo está en poder de cada ciudadano… se llama voto.

Gustavo A. Calvo
Analista politico. Integrante de «Mesas» de En Perspectiva (www.enperspectiva.net). Columnista digital

La falta de regulación en los montos que los gobiernos federal y local invierten en publicidad incide en la calidad de la prensa mexicana, lo que a su vez atenta contra la objetividad e imparcialidad de uno de los pilares de la democracia.

La noticia circuló en la edición del New York Times del 25 de diciembre pasado. Un reportaje de Azam Ahmed en la primera plana del afamado rotativo estadounidense daba cuenta del dinero que el gobierno mexicano destina a publicitarse en medios impresos y televisivos nacionales.

La información que difundía la nota fue traducida y publicada al día siguiente en el periódico Reforma y, a partir de ese momento, mereció toda suerte de críticas, desmentidos, aclaraciones y réplicas de los medios señalados como principales beneficiarios de los dos mil millones de dólares que durante los últimos cinco años ha dedicado el gobierno de Enrique Peña Nieto a promover su imagen.

Como los días que corrían eran feriados, la nota tuvo poca atención fuera del llamado círculo rojo, y la gravedad de sus revelaciones no trascendieron ni alcanzaron a profundizar en un debate sin duda urgente y necesario para la democracia mexicana: la calidad de sus medios de información.

El tema se remonta a los tiempos de la presidencia imperial, de la dictadura perfecta del siglo XX mexicano, que entre sus estrategias autoritarias incluía el control y sometimiento de periodistas e informadores, ya fuera mediante el monopolio del papel, el otorgamiento de frecuencias de transmisión o la intimidación directa, velada o a través de la autocensura, que se ejercía contra toda crítica que rebasara los márgenes de lo aceptable.

Es decir, los medios podían reportar las cosas negativas al Gobierno, incluso hacer señalamientos y exigencias, pero todo ello debía respetar ciertos límites y, por supuesto, jamás tocar a la figura presidencial. En resumen, una simulación que permitía presumir una prensa libre pero siempre supeditada a la voluntad última que se ejercía desde el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación.

La transición democrática fue poco a poco abriendo paso a una actitud más laxa y tolerante frente al periodismo de investigación, pero el daño dejó secuelas: un régimen de más de cincuenta años había acostumbrado, tanto a los medios como al público, a la información incompleta o presentada con la intención de agradar al gobernante, para así granjearse los millonarios montos de publicidad que desde entonces el Gobierno asigna sin criterio alguno de transparencia o regulación.

Señala, al respecto, el columnista Sergio Sarmiento (Reforma, 27 de diciembre de 2017), que esto ha permitido en México se dé un fenómeno único en el mundo democrático, y es que existan tan solo en la Ciudad de México 23 periódicos, una tendencia en aumento que va contra la reducción de los medios impresos y la proliferación de los electrónicos a nivel global.

Estos últimos, si bien han tenido de cinco años a la fecha un crecimiento que no depende —o depende menos— de la publicidad oficial, se han convertido en el espacio donde el verdadero periodismo de investigación se desarrolla y avanza con revelaciones, hallazgos o reportajes que están cambiando el modo de ejercer esa profesión clave y determinante como contrapeso a los tres poderes de la Unión.

La falta de transparencia en la asignación de recursos ha llevado también al uso de los medios como vehículos de difamación, de ataque, de filtraciones que perjudican a adversarios o a la construcción de historias que, con base en supuestos y no en información real, intentan sembrar duda respecto de la reputación e inclusive difamar a opositores y críticos que se postulen a cargos de elección popular.

A esta situación que acontece en el nivel nacional habría que añadir, además, la de la prensa local, dependiente en mayor medida incluso de los presupuestos de los gobiernos estatales y, además, sometida en su afán de investigación por la autocensura que se practica en temas relativos al narcotráfico; las consecuencias de no hacerlo se pagan con el asesinato, que hasta enero de este año y durante el actual gobierno federal ha cobrado la vida de 40 periodistas a manos del crimen organizado.

El principio de solución para el caso del dinero público destinado a la prensa mexicana pasa por una nueva regulación, una ley de propaganda gubernamental que, si bien por acuerdo de los partidos representados en el Congreso debió promulgarse desde abril de 2014, ha sido rechazada o postergada reiteradamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y no parece que en medio de una contienda electoral tenga posibilidades de aprobarse en el corto plazo.

La claridad y transparencia en el uso de recursos para la publicidad por el Gobierno es, sin duda, una de las tantas condiciones para garantizar el correcto funcionamiento del sistema político mexicano, que solo se logra a partir de una prensa libre, responsable, construida sobre los criterios de veracidad, objetividad e imparcialidad que deben caracterizar a todo medio de información en una democracia.

Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional, Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista Bien Común.

El círculo cercano a la expresidenta sabía a priori que la presentación de este y otros proyectos de ley tenía que ver más con dejar la imagen de una Michelle Bachelet gobernando hasta el último día, tratando de concretar su programa, que con generar cambios reales.

Cinco días antes de concluir su Gobierno, Bachelet firmó un proyecto de ley para crear una nueva Constitución. Sumado a ello, días previos al 11 de marzo presentó otros proyectos de ley que eran relevantes para su sector. Distintos actores de la coalición oficialista criticaron duramente esta línea de acción, y entre otros argumentos llamaron a no personalizar lo realizado por la coalición de Gobierno llamada Nueva Mayoría. Sin dudas, llama la atención qué motivó a la expresidenta a realizarlo, entendiendo que no existían espacios legislativos para que tuvieran un resultado exitoso.

Pero hay puntos clave que deben analizarse, que pueden orientarnos a las respuestas que tratamos de encontrar.

No existió un debate previo entre los partidos políticos oficialistas o sus parlamentarios, en el diseño del proyecto. Los partidos oficialistas dijeron públicamente que no fueron invitados a trabajar en la construcción del proyecto; lo que es más delicado, que no supieron del contenido antes de su firma. Históricamente, las diferentes gestiones han tenido un trabajo detallado y exhaustivo, que se cataloga como trabajo prelegislativo, para generar un trámite en las Cámaras más eficiente. Lamentablemente, como fue la tónica en otros proyectos de ley, este no tuvo un tratamiento previo.

La nueva Constitución fue uno de los tres pilares programáticos en la campaña de Michelle Bachelet el año 2013; los otros dos fueron educación y una reforma tributaria para financiar la gratuidad. El proceso para diseñar una nueva Carta Fundamental se basó en un trabajo participativo, donde las personas se autoconvocaban a reuniones que se podían realizar en cualquier lugar, llamados cabildos ciudadanos (CC). Los participantes debían enviar los resultados de este diálogo a través de internet al portal habilitado para ello. Surgieron distintos problemas en la sistematización de la información otorgada, respecto de su calidad y veracidad. Otro punto altamente criticado fue el sesgo socioeconómico, ya que el 25 % de los CC fueron realizados en las comunas con mayor nivel de ingresos y de la Región Metropolitana, elitizando la discusión.

Los resultados de los diferentes CC estuvieron a mediados de 2017 y, hasta ese entonces, la expresidenta no tomó decisión alguna sobre qué hacer con la información consolidada. En su momento, dijo que estudiaría la viabilidad de enviar un proyecto, que la fórmula la decidiera el próximo Gobierno. Esta inactividad llamó la atención en distintos momentos, ya que se trataba de una propuesta pilar para el Gobierno.

Este tema tampoco parece, por el momento, ser relevante para la ciudadanía. Las dos últimas encuestas de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, ante la pregunta «¿cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno?», apenas el 2 % dijeron que debería ser la reforma constitucional en octubre, y un 5 % en agosto de 2017.

Entonces, ¿qué motivó a Michelle Bachelet a enviar el 5 de marzo el proyecto sobre nueva Constitución? Pareciera que los estrategas de su Gobierno diseñaron un plan de comunicaciones para afrontar las últimas semanas, con el objetivo principal de generar un «legado» de su figura como presidenta. En sus líneas de acción se encontraba no solo viajar por gran parte del país —visitando seis de nuestras quince regiones—, sino además presentar mensajes presidenciales en temas de alta importancia que generarían debate.

El círculo cercano a la expresidenta sabía a priori que realizar estas acciones tenía que ver mucho más con dejar la imagen de una Michelle Bachelet gobernando hasta el último día, tratando de concretar su programa, que con generar cambios reales en estos temas. A contrapunto, no tomó decisiones acerca de dos temas que tenían repercusiones inmediatas y estuvieron en agenda por meses, como es el cierre del penal Punta Peuco —donde se encuentran parte de los procesados por violaciones a los derechos humanos en el régimen cívico militar de Pinochet—, que en su momento dijo que cerraría. Así como también la solicitud de renuncia del director general de Carabineros, quien encabezó la institución policial durante los más graves casos de corrupción, con una cifra multimillonaria. Tal vez esta decisión estratégica tuvo relación con la negativa extensa de su coalición a defender el legado de Bachelet, o con la carencia de liderazgos para la elección presidencial de 2022, cuando ya muchos piensan en su retorno. Los partidos de la excoalición gobernante se encuentran en un estado crítico, y es tierra fértil para una nueva aventura electoral. En suma, pareciera esto una acción enmarcada en una estrategia política no sincerada para consolidar lo hecho por la expresidenta.

Ignacio Imas Arenas | @imasarenas
Cientista político. Magíster en Comunicación. Consultor

Las elecciones generales en Italia del pasado 4 de marzo han dejado un resultado claro, aunque no definitivo. También aquí se ha materializado una dinámica electoral que cuestiona el tradicional eje izquierda-derecha a favor de una contraposición entre europeístas y euroescépticos.

Ninguna coalición ha sido capaz de conseguir una mayoría de escaños suficiente para poder formar un gobierno en autonomía. Por esta razón, se harán necesarios pactos poselectorales en el Parlamento, bajo la supervisión del presidente de la Republica, Sergio Mattarella.

El problema que se plantea es cuáles pueden ser tales pactos. Las soluciones existen, pero no parecen fáciles de conseguir. La razón es que estas últimas elecciones reflejan la consolidación de una dinámica observable en otros países de la Unión Europea, por ejemplo en Francia: la crisis de la integración europea favorece el surgimiento de un nuevo cleavage electoral, capaz de atravesar las coaliciones y los partidos tradicionales según líneas que van más allá del eje izquierda-derecha. La nueva confrontación sería más bien entre globalistas y nacionalistas, es decir, entre los que quieren más integración europea y los que en cambio piden su ralentización. En este contexto, aparecen tres escenarios posibles.

En primer lugar, se podría conformar una coalición de europeístas, a través de un acuerdo de gran coalición entre la coalición más votada, la centroderecha de Matteo Salvini y Silvio Berlusconi, y el Partido Democrático de centroizquierda. Esta primera opción parece especialmente difícil. Por un lado, esta sería la opción favorita de Berlusconi, que en las últimas semanas habría dado garantías a los demás gobiernos europeos para el mantenimiento del compromiso europeísta en caso de victoria de la centroderecha. Por el otro, es altamente improbable que el europeísta Partido Democrático acepte un acuerdo poselectoral con una coalición que incluye a La Lega de Salvini, formación explícitamente critica de la Unión.

En segundo lugar, el movimiento político más votado, el Movimiento 5 Estrellas, está intentando convencer a varios sectores del Partido Democrático para que proporcione un apoyo externo que permita la formación de un gobierno liderado por Luigi Di Maio, joven líder del Movimiento. En estos últimos días, el mismo Di Maio está rebajando su retórica antieuropeísta, garantizando que el objetivo de su Movimiento no sería la salida de Italia de la Unión, sino una serie de reformas de las instituciones europeas. Esta opción podría ser facilitada por la situación de debilidad del Partido Democrático, que ha visto dimitir a su líder Matteo Renzi tras alcanzar tan solo un 18 % de los votos, su mínimo histórico. Sin embargo, el grupo dirigente del Partido considera demasiado arriesgado un acuerdo de gobierno con el Movimiento 5 Estrellas, desde su fundación muy crítico con la centroizquierda italiana y no muy confiable en términos de credenciales europeístas.

Por último, cabría la posibilidad de que se formase una coalición poselectoral de euroescépticos formada por La Lega de Matteo Salvini y el Movimiento 5 Estrellas de Luigi di Maio. Esta opción sería la más novedosa para la política italiana y europea, pero también la que contiene un mayor número de incógnitas. Varios sectores de la sociedad están presionando a La Lega y al Movimiento para que formen un gobierno propio. La razón es que juntos acaparan el 50 % de los votos de los italianos, lo cual le podría proporcionar una amplia legitimidad para gobernar. Sin embargo, esta opción no resulta de fácil actuación por, al menos, dos razones. En primer lugar, los dos movimientos representan a electorados en parte unidos por la crítica a Europa, pero también diferentes. Esto se puede observar viendo cómo La Lega consigue la gran mayoría de sus votos en el norte de Italia, mientras que el Movimiento se hace, fundamentalmente, con los votantes del sur. En segundo lugar, para poder llevar a cabo este tipo de gobierno La Lega debería romper la coalición de centroderecha con la que, junto a Forza Italia, se ha presentado a los electores.

A pesar de estas dificultades y de las promesas de Salvini de no romper los acuerdos con Forza Italia y la centroderecha, el pacto La Lega-5 Estrellas sigue siendo el que tiene mayor probabilidad de éxito. Ambos partidos comparten la crítica al manejo de la crisis por parte de la Unión Europea. Ambos piden unas reformas de las instituciones europeas que dejen más márgenes de maniobra al gobierno italiano en la gestión de la economía y de los migrantes. Además, la naturaleza relativamente posideológica de ambos podría permitirles formar un gobierno alrededor de algunas cuestiones específicas, por ejemplo, impuestos, pobreza y gestión de los flujos de refugiados. Sería este un intento populista por excelencia, es decir, basado en un discurso posideológico que intente reunir a los resentidos de vertientes ideológicas y territoriales diferentes (derecha-izquierda, sur-norte) pero mancomunadas por una crítica parecida a las instituciones europeas.

Sería un ejemplo más de ese nuevo nacionalismo que está caracterizando a varias democracias europeas. Después de cinco años de gobierno europeísta de centroizquierda, los italianos parecen preferir algo diferente. Tanto Salvini como Di Maio están en estos días prometiendo que, en caso de gobierno euroescéptico, Italia no saldría ni de la Unión Europea ni de la OTAN. Sin embargo, desde Bruselas se mandan señales de preocupación frente a una hipótesis de gobierno que podría dar alas a los movimientos euroescépticos de toda Europa, aumentar el aislacionismo de algunos países miembros y, en definitiva, ralentizar o paralizar la integración entre Estados europeos.

Andrea Betti | @AndreaBetti1909
Doctor en Relaciones Internacionales, Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Pontificia Comillas, ICAI-ICADE, Madrid

La democracia representativa, protagonista en Colombia

Colombia llevó a cabo sus elecciones legislativas el pasado domingo 11 de marzo, y ratificó dos cosas: primero, que el país posee una democracia electoral estable que lo ha protegido en sus horas más oscuras; y, segundo, que el grueso del electorado se identifica con el centroderecha como la zona del espectro ideológico preferente.

El contexto de esta contienda electoral ha estado rodeado por el fin de la era del gobierno de Juan Manuel Santos, la implementación del proceso de paz con la guerrilla de las FARC y la necesidad de atender enormes desafíos en términos de desarrollo, medioambiente, seguridad, cooperación internacional y educación. Aunque todos esos temas no salieron a flote como se debiera, la polarización aún existente entre una centroizquierda tendiente a defender los acuerdos de paz y un centroderecha crítico a estos, aún permea las conciencias políticas. Al menos las de los electores, pues en Colombia la abstención ronda todavía el 50%.

Como ganadores con sus curules respectivos en el Senado se impusieron el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe (19), Cambio Radical de Germán Vargas Lleras (16), el Partido Conservador (15), seguidos del Partido Liberal (14) y el Partido de la U (14), cercanos al actual gobierno. Continúa la Alianza Verde, que respalda la candidatura de Sergio Fajardo (10), el Polo Democrático (5), la Coalición Lista de la Decencia (4) y el grupo religioso Mira (3), con lo cual vemos que hacia la izquierda los apoyos son mucho menores.

En la Cámara de Representantes (que representa a las regiones en el sistema bicameral colombiano), el ganador fue el Partido Liberal (35), seguido del Centro Democrático (32), Cambio Radical (30), Partido de la U (25), Partido Conservador (21), Alianza Verde (9), Mira (3), Polo Democrático (2), Opción Ciudadana (2), Lista de la Decencia (2), Colombia Justa Libres (1), Coalición Alternativa Santandereana (1) y Movimiento Alternativo Indígena y Social (1), lo que, a pesar del repunte liberal, ratifica la tendencia descrita.

Presidenciales: candidatos propios y alianzas

Con estos resultados, que además fueron complementados por dos consultas internas que arrojaron como ganadores a Iván Duque por el Centro Democrático y a Gustavo Petro de Colombia Humana, se consolida el panorama de una posible segunda vuelta en la elección presidencial que se avecina, que puede llegar a enfrentar desde el centroderecha al propio Duque o a Germán Vargas Lleras con Petro, el hombre fuerte de la izquierda populista en el país. El resto de candidaturas, la del liberal y exnegociador de paz Humberto de la Calle, la de Sergio Fajardo de la Alianza Verde y otras menores, tendrán que hacer cuentas precisas de si continuarán en el partidor o si estarán dispuestas a unirse o a endosar sus votos ante el balotaje. Es necesario advertir algo: la jornada electoral estuvo empañada por la ausencia de tarjetones para la consulta interna de la derecha en varias ciudades, y estos errores técnicos son inadmisibles, más en momentos históricos como los que atraviesa la nación.

Las FARC: avances y retrocesos

Por su parte, la denominada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común no obtuvo un comienzo halagador en su debut partidista electoral, con poco más de 85.000 votos. Los candidatos a Senado y Cámara no pasaron el umbral necesario pero, de acuerdo con lo pactado en el acuerdo de paz, tendrán cinco curules en cada una de las salas del Congreso colombiano, y serán una voz representativa de la izquierda en los años venideros. Su misión será defender su acuerdo de paz, terminar de estructurar un programa y un partido e intentar ganarse al electorado, que sigue mirando con desconfianza a los exguerrilleros.

Hay que sumar a estas vicisitudes la renuncia de Rodrigo Timochenko Londoño a su candidatura presidencial, tras una serie de abucheos públicos y un infarto que lo mandó directo al quirófano. Las FARC, que se apresuraron sin duda, se quedaron sin candidato. Pero si bien la vieja guerrilla no la tiene fácil, hay que advertir en una perspectiva general que estas elecciones fueron de las más pacíficas que se registran en las últimas décadas, y que el país está en mora de implementar el acuerdo de paz, lo cual, a pesar de las críticas severas del uribismo, es difícilmente irreversible. Por eso, como ha ocurrido en diversos lugares del mundo donde ha existido una negociación con actores armados, las expectativas deben mirarse en el mediano y el largo plazo, no en el calor de la inmediatez.

Ya veremos quién es el próximo presidente de Colombia y cómo se comporta el proceso representativo de un país aún joven pero con futuro, aún violento pero con posibilidades de reconciliarse. Por ahora, una parte importante es que la democracia electoral todavía se presenta como una posibilidad de solucionar las diferencias y no necesariamente de ahondarlas.

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon_
Colombiano. Periodista y politólogo

El pasado 8 de marzo, en la celebración del Día Internacional de la Mujer, durante un acto realizado en el Palacio Legislativo presentamos el Centro de Formación para Mujeres Políticas.

Como senadora de mi país, Uruguay, pero también como ciudadana y principalmente como mujer, siento el compromiso y la obligación de ayudar a empoderar a muchas mujeres para que se animen a participar en la actividad política. Me encanta poder asistir a las mujeres uruguayas, darles herramientas para generar los cambios necesarios para el progreso de nuestro país.

El progreso de las mujeres es el progreso de todos. Por esta razón es fundamental formar a nuestras mujeres para que se involucren en la actividad política y participen. Dar prioridad y formar a las mujeres no es una opción, es una necesidad.

Estoy convencida de que hay que escuchar a la gente y estar cerca de ella, y por eso durante los años 2016 y 2017 recorrí casi todo el país. En cada lugar donde fui me encontré con una gran cantidad de mujeres, de todas las edades, de todas las condiciones, con distintas realidades y todas nos fueron diciendo que querían ayudar, que querían participar. Pero muchas de ellas nos expresaron su temor porque no se sentían seguras ni preparadas para participar y activarse políticamente. Esta realidad nos llevó a preguntarnos ¿qué podemos hacer para ayudar a que más mujeres se involucren en política?

De allí, y junto a un grupo de compañeros y compañeras, surgió la idea de crear este espacio de formación y capacitación para empoderar a muchas mujeres con herramientas concretas y darles la confianza que a veces falta, para que se animen participar en la actividad política de nuestro país.

Cuando las mujeres están empoderadas, pueden exigir sus derechos, ejercer liderazgos, aprovechar oportunidades de educación y empleo, y esto redunda, sin duda alguna, en beneficio para nuestra sociedad, desde el punto de vista humano pero también económico.

Hay una cosa que nos queda clara y entendemos plenamente: las mujeres podemos y debemos ser protagonistas de los cambios, y más en un país como el nuestro, donde el 52 % de la población somos mujeres. Por eso debemos participar, cada vez más, como actores decisivos en la política. Porque, como decía Bachelet, «cuando una mujer entra en política cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en política cambia la política». Esto es así, las mujeres humanizamos la política.

Adicionalmente, las mujeres generamos nuevos temas pero también incorporamos nuevas maneras de dirigir, de dialogar y de negociar, y además buscamos incluir, no excluir, porque creemos en el consenso y en la inclusión más allá de la supremacía del ego, porque somos las generadoras y fortalecedoras de valores, como los familiares.

Estoy convencida de que, si queremos crear economías más fuertes y eficientes y mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental empoderar a las mujeres. Debemos animarnos a dejar nuestras propias huellas.

Las tres herramientas vitales para empoderarnos son la formación, el trabajo y el liderazgo. Ellas nos ayudan a formar nuevas generaciones de mujeres líderes.

Este centro que acabamos de presentar busca darles a las mujeres herramientas: oratoria, técnicas de negociación, liderazgo, comunicación política, historia política del país, funcionamiento del Estado, economía, a través de talleres que comienzan en abril de este año.

Un elemento a destacar es que no se trata de un centro de formación solo para mujeres del Partido Nacional. Este centro es de todas y para todas, está abierto para mujeres frenteamplistas, coloradas, independientes, del Partido de la Gente o las que no tienen partido y se sienten lejos de ellos. Las puertas están abiertas para todos y todas, y ojalá que se arrimen muchas personas. Y, si logramos que una mujer más se involucre en la actividad política, habrá valido la pena todo este esfuerzo.

Por último, reivindico nuestra condición femenina. Las mujeres somos diferentes y debemos defender y ejercer nuestra diferencia. En un mundo hostil y cada vez más violento, por nuestra propia condición de género, estamos más capacitadas en el manejo de los afectos, estamos más dispuestas a cuidar, pero también a humanizar la política, que tanta falta nos hace. Estoy convencida de que seremos portadoras de una nueva cultura, más humana e inclusiva. Se debe notar la política de las mujeres y para eso vamos a formarnos.

Finalmente, desde mi experiencia, les hago un llamado a las mujeres para que no acepten los obstáculos que surgen en la actividad política solo por el hecho de ser mujeres. Con el coraje que surge de las entrañas, y con la seguridad de estar formadas y preparadas, las invito a transformar los obstáculos en oportunidades y desafíos, y a animarnos a cambiar nuestra mirada, sobre todo nuestra impronta del país, para hacer de él el mejor lugar para educar a nuestros hijos, para crecer y para vivir.

Verónica Alonso | @Veronica_Alonso
Uruguaya. Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad ORT) y magíster en Integración y Comercio Internacional (Universidad de Montevideo). Senadora por el Partido Nacional

En este y en el próximo año varias elecciones podrían cambiar la relación de fuerzas políticas en la región. Todavía no se puede decir si los partidos del centro podrán sacar provecho del desencanto de los proyectos populistas de izquierda. Pero los partidos de los extremos sí podrían sacar ventaja de la corrupción y la mala gestión.

América Latina se encuentra en una etapa de cambios políticos que comprende señales que dan ánimo y otras que traen incertidumbre. La llamada oleada progresista presente en el subcontinente desde el 2000 y que hizo llegar al poder gobiernos populares de izquierda en Caracas, Buenos Aires, Brasilia, La Paz, Quito y Managua se viene debilitando desde el año 2015. En noviembre de ese año, el candidato a la presidencia liberal-conservador Mauricio Macri logró llegar al poder en Argentina. En agosto del 2016 hubo un proceso de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y a finales del 2017 en Chile el expresidente y empresario Sebastián Piñera ganó las elecciones. Todos estos acontecimientos hacen presumir el inicio de un nuevo movimiento político que se aleja de las fuerzas de izquierda.

El 2018 demostrará si este desarrollo se volverá realidad o no. Con razón se puede hablar de un año lleno de elecciones importantes. En total tendrán lugar once elecciones en ocho países. En seis casos se trata de elecciones presidenciales (esto no incluye la «elección» del sucesor de Raúl Castro como jefe del Estado de Cuba). Las elecciones tanto en países pequeños como en los dos líderes de la región —Brasil y México— marcarán la tendencia para los próximos años. Varias de las elecciones en este año tan importante están caracterizadas por diversos aspirantes y resultados casi impredecibles.

Más fácil de pronosticar es el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela, que deberían tener lugar en diciembre de 2018. Pero el gobierno de Nicolás Maduro y las autoridades electorales sometidas a él se beneficiarán del desacuerdo en la alianza de oposición Mesa de Unidad Democrática (MUD) al adelantar las elecciones al mes de mayo. A pesar de que Maduro llevó un país que en el pasado era rico a una crisis humanitaria, la victoria electoral probablemente será suya gracias a los medios controlados por el Estado y a la creatividad para acosar a la oposición y su electorado.

El inicio del maratón electoral fue en Costa Rica, con una primera vuelta electoral el 4 de febrero. En la segunda vuelta electoral —a principios de abril— se enfrentarán Carlos Alvarado, el candidato del partido del actual gobierno, y Fabricio Alvarado. Este último se posicionó en la primera vuelta electoral contra una toma de posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Su victoria en la primera vuelta electoral muestra un crecimiento preocupante de fuerzas conservadoras y muy orientadas a una interpretación literal de la Biblia que se hacen notar también en otros países de la región.

Algo ya no tan común en Latinoamérica se podrá observar probablemente en Paraguay en abril, cuando dos candidatos de partidos tradicionales se enfrenten en las elecciones presidenciales: Mario Abdo Benítez, hijo del antiguo secretario privado del dictador Stroessner y que representa la derecha del Partido Colorado, y Efraín Alegre, candidato del Partido Liberal, que tiene una alianza con el expresidente de izquierda Fernando Lugo derrocado en el 2012.

Con particular interés la región y el mundo van a dirigir su mirada a las elecciones presidenciales en Colombia que probablemente terminarán con una segunda y decisiva vuelta en junio. La Corte Constitucional Colombiana declaró que los próximos tres gobiernos estarán ligados al tratado de paz de 2016 con las FARC. Sin embargo, dependerá de las próximas elecciones qué tan decidido el futuro gobierno concretará este tratado de paz y cómo seguirán las negociaciones con el ELN, segundo grupo guerrillero en importancia. Los aspirantes para la presidencia no podrían ser más diferentes entre sí, y van desde los candidatos críticos del tratado de paz del entorno político del expresidente Álvaro Uribe hasta Humberto de la Calle, quien negoció dicho tratado de paz.

En la segunda mitad del año siguen los dos pesos pesados de América Latina: primero México el 1 de julio, cuando probablemente se podrá observar una lucha entre tres aspirantes que se decidirá en la primera vuelta con mayoría relativa. Según encuestas, a la cabeza está Andrés Manuel López Obrador quien quiere después de una carrera profesional como alcalde de Ciudad de México y varias derrotas en las elecciones presidenciales, por fin vivir en Los Pinos. Hasta qué punto el populista llevará el país a la izquierda después de una victoria es una pregunta abierta que no solamente preocupa a la industria. Un oponente prometedor es Ricardo Anaya, cuyo conservador Partido Acción Nacional (PAN) tiene una alianza poco común con su antiguo contrincante, el partido de izquierda PRD. El candidato del partido del Estado, PRI, José Antonio Meade, dispone de un aparato con mucho poder detrás de sí, a pesar del descontento con el gobierno actual, y todavía no se ha dado por vencido.

En Brasil, según las encuestas, son el expresidente Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Jair Bolsonaro quienes van a la cabeza. Si estos dos candidatos llegaran a la segunda vuelta electoral en octubre, Brasil podría elegir entre un político viejo sin plan para el futuro e involucrado en varios casos de corrupción y un populista de derecha —mejor dicho, un extremista de derecha— que adora la dictadura militar brasileña. Si la candidatura de Lula no fuera posible por los procesos legales contra él aún pendientes (su condena por corrupción ha sido confirmada en segunda instancia hace pocos días atrás pero él tiene la posibilidad apelar nuevamente), se presentaría una constelación nueva que daría una posibilidad a un candidato moderado del centro.

Antes de que el electorado argentino pueda decidir en el 2019 sobre una muy determinante reelección de Mauricio Macri, el panorama político en América Latina podría haber cambiado ya significativamente.

Sören Soika
Trainee de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay

Traducción de Alessandra Herdeg. Practicante en la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo

Ayer fue el Día de la Mujer. Este año la prensa —sobre todo la española— le ha dedicado especial centimetraje a la fecha. Se ha promovido con fuerza una huelga para reivindicar nuestros derechos y exigir igualdad. Los artículos son interesantes, las posturas ocupan distintos espectros de radicalidad y todas invitan a la reflexión.

Comparto con ustedes tres ideas que me han surgido sobre esta fecha.

Primero, la relación entre conciliación y redes de solidaridad. Anne-Marie Slaughter escribió el ensayo Las mujeres no lo pueden tener todo (The Atlantic, 2012). El título era —y es— sugerente, sobre todo viniendo de quien fue directora de Políticas Públicas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y logró escalar importantes posiciones de poder.

Slaughter describe su itinerario personal y concluye que las redes de solidaridad son fundamentales para que las mujeres podamos congeniar nuestras metas profesionales con las personales. El testimonio honesto de quien fuera decana de la Escuela Woodrow Wilson en la Universidad de Princeton me reafirmó una idea sobre la que he venido reflexionando especialmente este año, cuando estoy dedicada a mi tesis doctoral y es mi esposo quien ha estado al frente de los asuntos del hogar. La conciliación es posible cuando los maridos apoyan, cuando los hijos comprenden, cuando los compañeros de trabajo valoran, cuando las organizaciones multilaterales ofrecen oportunidades para el crecimiento académico y profesional a familias enteras, cuando la sociedad como un todo —con naturalidad— se vuelca a apoyar y cuando nosotras, libres de cualquier complejo de superioridad, pedimos ayuda con humildad y sabemos agradecer.

Esto me lleva a la segunda idea: los tiempos de la mujer. Hace unos días leí una frase acuñada por el rey Fernando de Aragón, quien estuvo casado con una gran mujer de Estado: Isabel La Católica. Decía el rey: «El tiempo y yo, contra tres». La frase, que alude al ejercicio de la prudencia en la acción política, funciona para explicar lo que quiero referir. Para nosotras el tiempo es distinto. El ciclo de nuestra vida fértil nos impone —sí, la naturaleza nos impone— unos itinerarios distintos. Si no queremos renunciar, debemos dedicar tiempo a la construcción de redes de solidaridad que luego nos permitan contribuir con esplendor en nuestros ámbitos de desarrollo profesional. Cuando hablo de dedicar tiempo me refiero a proteger el noviazgo, cuidar el matrimonio, atender a los hijos, acompañar a la familia extendida y cultivar las amistades. Sé que es difícil —he estado ahí—, pero el tiempo invertido en levantar nuestro refugio potenciará la fuente de energía que tendremos en el futuro, cuando las circunstancias nos permitan estar más tiempo fuera del nido y contribuir en nuestros ámbitos profesionales. El peor enemigo de esta idea, que no pretende ser universal, es la mentalidad inmediatista y acelerada de nuestros tiempos. La sociedad ofrece la ilusión de que se puede tener todo, de una vez, de manera inmediata. El deseo de conciliar nos obliga a entender que nosotras vamos al ritmo de nuestra vida y en la medida en que los empresarios, el Estado y la sociedad lo comprendan, será más sencillo avanzar sin renunciar. Por eso: el tiempo y nosotras, contra tres.

La tercera idea se refiere al futuro: la familia como escuela de solidaridad que promueve la conciliación. Como les comenté, este año mi familia y yo estamos en Alemania dedicados a mi tesis doctoral. Dedico al menos ocho horas diarias al estudio y mi marido, con desprendimiento y a su manera, se ocupa de las labores del hogar y de los niños. Ha sido una experiencia extraordinaria. Los niños (tenemos tres: dos varones y una niña) ven cómo mamá va a la oficina y papá trabaja desde la casa, mientras es el capitán que lleva a buen puerto las exigencias del hogar. Vivimos en una armonía no muy ordenada, debo confesar, pero marcada por la entrega al otro. Cuando nuestros hijos crezcan, especialmente los varones, verán con naturalidad que su esposa quiera crecer profesionalmente y quizás incluso la animen para que sea así. El testimonio de vivir en familia, ser parte de una red de solidaridad, entregarse al otro y gozar sus triunfos, sacrificarse en las cosas pequeñas, es nuestra contribución a una sociedad más abierta a la verdadera conciliación, aquella que nos permite ser mujeres íntegras capaces de ofrecer nuestros mejores aportes al país.

Estas tres ideas pueden parecer muy lejanas a la realidad de nuestra querida Venezuela. Sin embargo, quisiera pensar que no está tan lejos ese país en donde habremos superado la miseria y los debates cobrarán este talante. Donde las mujeres dormirán tranquilas porque sus hijos van a la escuela, porque sus maridos las respetan y tienen un empleo digno, porque sus padres no se mueren por falta de medicinas, porque ellas mismas pueden —y deben— trabajar sin desatender el hogar. En fin, donde la vida confronta sus dificultades naturales y existe un horizonte abierto de posibilidades.

Paola Bautista de Alemán | @paoladealeman
Licenciada en Comunicación Social, UCAB. Magíster en Ciencia Política, Universidad Simón Bolívar, Caracas. Directora de la Fundación Juan Germán Roscio y vicepresidente de la Asociación Civil FORMA

Al igual que en el 2016 y el 2017, el pasado 2 de marzo, en el marco de un evento denominado 2M, el senador Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional de Uruguay, presentó una serie de propuestas con medidas concretas y posibles de ser implementadas por el gobierno durante el transcurso de este año.

El documento se divide en dos partes. La primera presenta un conjunto de ideas que han sido elaboradas por los equipos técnicos del sector Todos. Abarcan grandes temas de la vida nacional como por ejemplo las tarifas públicas, pero también otros que, sin estar entre los de mayor importancia para la opinión pública, no dejan de ser preocupantes, como es el caso de los accidentes de tránsito.

En la segunda parte del documento se propone brindar apoyo en el Parlamento a tres proyectos de ley que han sido planteados por legisladores de otros partidos, dando así un primer paso en el camino cada vez más necesario de tender puentes hacia los demás partidos.

A continuación se presenta un brevísimo resumen sobre cada una de las medidas propuestas.

1. Efectivo cumplimiento del artículo 41 de la Ley General de Educación

La medida consiste en exigirle al gobierno del Frente Amplio el efectivo cumplimiento del artículo 41 de la ley 18437, promulgada por el presidente Vázquez en 2008, que dispone, por un lado, el fortalecimiento de «la gestión de los centros educativos públicos», concentrando la carga horaria «de los docentes en un centro educativo» y fomentando «su permanencia en el mismo». Por otro lado, la ley manda que cada centro educativo público disponga «de fondos presupuestales para el mantenimiento del local, la realización de actividades académicas y proyectos culturales y sociales de extensión». Una década después, ninguno de estos mandatos se ha cumplido.

2. Enfrentar la epidemia de muertes y lesiones causadas por el tránsito

Según el documento, el año pasado murieron 470 uruguayos en siniestros de tránsito. Eso significa más de un muerto por día. Hubo además 27.794 lesionados, es decir, algo más de 3 cada hora, a lo largo de todo el año. Los accidentes son la primera causa de muerte entre menores de 40 años.

Se le propone al gobierno desarrollar un Plan Nacional de Emergencia Vial, que incluya: a) una estrategia nacional de educación vial; b) un plan de actualización de señalización y normativa; c) un plan nacional de desarrollo de infraestructura segura, y d) un plan nacional de respuesta médica. A su vez, entre otras medidas, se propone: dotar a UNASEV de independencia técnica y presupuestal, dándole carácter de unidad ejecutora (hoy funciona dentro de Presidencia de la República) y crear, dentro de la Policía Nacional de Tránsito, un cuerpo especializado en atender los lineamientos impartidos desde la UNASEV.

3. Legítima defensa policial

En el año 2016, Lacalle Pou presentó un proyecto de ley proponiendo modificar el artículo 26 del Código Penal, para introducir una presunción simple a favor de los funcionarios policiales. No es una solución de gatillo fácil. Lo que se hace es invertir la carga de la prueba, en coherencia con los principios generales del derecho penal. Se presume que el policía actuó en legítima defensa, pero se admite prueba en contrario para evitar excesos.

La aprobación del proyecto permitiría dotar a la policía de mayor protección jurídica. En la actualidad, el funcionario policial que repele un ataque con su arma reglamentaria debe probar que actuó en legítima defensa. Eso puede ser difícil y da lugar a interpretaciones. El sentimiento de desprotección es tal que los policías esperan a estar en grave peligro antes de responder. Mientras ellos están así de inhibidos, los delincuentes se vuelven cada vez más violentos.

4. Organizar la próxima ronda de consejos de salarios pensando en todos los uruguayos

La ronda 2018 de los consejos de salarios será la más grande desde la vuelta a la democracia. En las negociaciones estarán involucrados más de 170 grupos y subgrupos, y las decisiones tendrán consecuencias sobre 1.623.151 trabajadores.

Las medidas en este sentido consisten en: a) encomendar al Consejo Superior Tripartito la elaboración de un acuerdo marco en el que se fijen criterios para gestionar conflictos (el documento debería establecer pasos y procedimientos, libremente acordados, para la aplicación de medidas tales como la interrupción de tareas y los cortes de vía pública); b) presentar pautas salariales tempranas y precisas, que ayuden a reducir los tiempos (la experiencia enseña que, cuanto menos precisos sean los lineamientos, más compleja se volverá la discusión); c) exigir el estricto cumplimiento de plazos; d) encomendar al MTSS que provea los medios materiales necesarios para que los 170 grupos puedan reunirse a en forma ágil y sin verse entorpecidos por carencias de infraestructura; e) encomendar al Consejo Tripartito la elaboración de un informe final de carácter público, en el que se evalúe la calidad de las negociaciones cumplidas, se cuantifiquen los conflictos y las pérdidas generadas por ellos y se hagan recomendaciones.

5. Plan de respuesta global a la crisis del agro

Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2016 desaparecieron 6.177 empresas agropecuarias. Eso significa casi dos empresas por cada día del año, mayoritariamente pequeñas. Al cierre de 2017 estaban cotizando en el BPS 12.578 empleados agropecuarios menos que un año antes. A su vez, las inversiones en el sector agropecuario promovidas por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) fueron en 2017 la mitad que en 2016 y casi la tercera parte que en 2014.

El 83% de las empresas ganaderas, y el 50% de las agrícola‐ganaderas, no están logrando un resultado que les permita cubrir la canasta básica que publica el semanario Búsqueda (74.000 pesos por mes). La deuda del agro con el sistema bancario, que era de 400 millones de dólares en el año 2005, superó los 2.400 millones a fines del 2017. También está creciendo la deuda agropecuaria vencida. Estos datos no incluyen la deuda acumulada con proveedores.

Frente a la situación, el documento propone dos medidas de carácter estructural, a lograr progresivamente, y un paquete de medidas inmediatas. Las dos medidas estructurales son la reducción del déficit fiscal y la superación del aislamiento comercial del país. Las medidas inmediatas son: libre importación de combustible, reducción de costos de la energía eléctrica, alivio impositivo (se propone que el impuesto al patrimonio pueda descontarse del impuesto a la renta) y plan de mejoramiento de la seguridad rural.

6. Terminar con los precios abusivos de la nafta y el gasoil

Se propone la libre importación de combustibles; compromiso de alineamiento de precios por el Poder Ejecutivo, que deberá obligarse a fijar precios dentro de un rango centrado en el precio promedio de la región o en el precio de paridad de importación; fortalecimiento del rol de la URSEA; habilitación de estaciones de servicio de bandera blanca; apertura del mercado de distribución y transporte; y un conjunto de medidas relativas a ANCAP que incluyen concentrarse en el negocio fundamental, abandonar las funciones de contralor y cambiar su política de precios.

7. Terminar con los precios abusivos de la energía eléctrica

Al igual que ocurre con los combustibles, las tarifas eléctricas son caras en términos comparativos, por este motivo el documento propone cuatro líneas de acción dirigidas a mejorar el funcionamiento del sector eléctrico. Estas son: a) transparencia de información; b) concentrar a UTE en su negocio fundamental; c) separar los roles institucionales y d) ordenamiento fiscal.

También se propone aprobar una Ley de Fortalecimiento de la URSEA, asimilándola a órganos de contralor como el Tribunal de Cuentas; convertir a la URSEA en único proponente preceptivo de tarifas ante el Poder Ejecutivo; otorgar a una URSEA fortalecida potestades tales como la de auditar las cuentas de UTE (sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas) y determinar qué información se hará pública; trasladar a la URSEA el rol de comprador único en el marco de la ley 16832 (Ley de Marco Regulatorio), lo que le permitirá determinar en forma independiente las necesidades de potencia y energía para satisfacer la demanda, y hacer llamados, subastas u otros mecanismos parejos para todos los generadores.

8. Creación de un grupo de trabajo que avance en el diseño de una regla fiscal

El diseño de una regla fiscal es complejo. Requiere una metodología clara, recursos humanos altamente calificados y tiempo de trabajo. Para lograr el objetivo, Lacalle Pou propuso un enfoque metodológico que abarca once dimensiones diferentes: cobertura institucional, tipo de regla a emplear, metodología para calcular la variable objetivo, objetivo numérico a alcanzar, forma de ajuste al ciclo económico, mecanismos de cálculo para medir impacto factores extraordinarios, cláusulas de salida ante escenarios extraordinarios, participación de especialistas independientes, articulación con el proceso presupuestario, consecuencias ante incumplimiento y compromiso político que sustente la regla.

El documento aporta algunos lineamientos para definir estos temas y propone la urgente creación de un grupo de trabajo que incluya funcionarios del gobierno y técnicos presentados por los partidos políticos con representación parlamentaria.

9. Reformar el mecanismo de PPP para responder a la emergencia de infraestructura

A casi siete años de aprobada la Ley de Participación Público Privada (PPP), solo se ha iniciado una obra vial. Las razones por las cuales las PPP no han funcionado en esta materia son muchas: complejidad del mecanismo, burocracia innecesaria, resistencias sindicales, etcétera.

Para sortear los obstáculos que hoy existen, el documento propone: a) concentrar obras para atraer a grandes empresas (que son las únicas que tienen espalda para ejecutar PPP); b) separar lo grande de lo urgente (y resolver lo urgente mediante procedimientos tradicionales, en los que sí pueden participar empresas medianas y pequeñas); c) modificar la ley 18786 (Ley de Participación Público‐Privada), con el propósito de concentrar competencias en OPP, modificar los topes de contratación y mejorar la estructura de incentivos.

Las tres propuestas compartidas con el resto de los partidos políticos de oposición son las siguientes:

10. Aprobar el proyecto de ley sobre vivienda popular presentado por Asamblea Popular

El 23 de julio de 2015, el diputado Eduardo Rubio, de Asamblea Popular, presentó un proyecto de ley titulado Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. Desde ese día, el proyecto ha avanzado lentamente a lo largo del proceso legislativo.

Se propone apoyar el proyecto de Rubio con algunas modificaciones y comprometer al presidente Vázquez a que promueva dentro de su fuerza política un rápido trámite legislativo del proyecto.

11. Aprobar el proyecto de ley sobre custodia de zonas fronterizas presentado por el Partido Independiente

El 8 de enero pasado el Poder Ejecutivo promulgó un decreto que encomendó a las fuerzas armadas «tareas de vigilancia en las zonas de frontera», pero el decreto no les otorga a estas ninguna potestad para hacer uso de la fuerza, ni siquiera cuando sean objeto de agresiones. El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, presentó en febrero un proyecto de ley que aspira a resolver este problema.

Al igual que en el punto anterior, el sector de Lacalle Pou compromete sus votos en apoyo a la iniciativa e insta al presidente Vázquez a que instruya a su bancada parlamentaria en el mismo sentido.

12. Aprobar el proyecto de ley sobre portabilidad numérica presentado por el Partido Colorado

Los usuarios de teléfonos celulares en nuestro país tienen libertad para elegir un prestador de servicio de telecomunicaciones pero tienen dificultades para cambiarlo. Sabido es que el teléfono celular se ha convertido en una herramienta de trabajo y por lo tanto se ha vuelto necesario garantizar que si el usuario «se va» de una empresa, pueda llevarse su número con él.

En esta última medida se vuelve a comprometer el voto de los legisladores de sector Todos en apoyo al proyecto de ley presentado por el senador Amorín Batlle, del Partido Colorado.

Nicolas Martinelli | @Ni_Martinelli
Uruguayo. Abogado. Diputado nacional suplente por el departamento de Montevideo. Miembro del sector Todos, del Partido Nacional

Rusia quiere volver al pasado glorioso y mostrarse como potencia en la carrera armamentista. Emprende nuevas iniciativas nucleares de largo alcance. Vladimir Putin presentó estos avances sin dejar claro qué uso les dará en el futuro. «Antes de que tuviéramos los nuevos sistemas de armamento, nadie nos escuchaba. ¡Escúchennos ahora!».

El oso ruso despierta

Estos últimos días hemos asistido a dos muestras de expresividad que ponen de manifiesto la excelencia en lo que hemos siempre denominado el séptimo arte o arte de la actuación. El cine, o por lo menos la industria que representa parte de él, ha premiado a sus mejores exponentes con un show mediático a la altura de años anteriores, además de filtrar mensajes éticos y morales como muestra de sus supuestos principios y su sensibilidad. De igual manera, apenas 48 horas antes, asistimos a una puesta en escena digna de Hollywood, solo que tuvo lugar 9000 kilómetros hacia el este. Vladimir Putin ha anunciado un paquete de armas de última generación. Las manifestaciones de alarma no se hicieron esperar: «la vuelta de la guerra fría», «una escalada militar», «peligro de guerra», «otra Corea del Norte» fueron algunas de las frases que los analistas dejaron escapar.

El armamento y la realidad

Putin señala en primer lugar que se trata de prototipos. Es decir, que no hay una producción estable de estos: 1) Sarmat (también llamado Satán 2) es un sistema pesado de misiles intercontinentales, puede cargar ojivas nucleares y tiene un alcance ilimitado. 2) Un misil crucero de vuelo impredecible con una generación nuclear dentro, también con alcance ilimitado. 3) Vehículos subacuáticos no tripulados de propulsión nuclear, son silenciosos, de gran maniobrabilidad y «prácticamente invulnerables». 4) Kinzhal: sistema de misiles hipersónicos de lanzamiento aéreo (Daga) invulnerables a los sistemas actuales de defensa antiaérea y aérea. 5) Avangard: sistema de misiles estratégico con unidad hipersónica planeadora, «un tipo completamente nuevo de arma» capaz de maniobras laterales de miles de kilómetros. 6) Sistema de armas láser: Putin aseveró que su país había dado un paso notable también en la creación de armas láser. «Esto ya no es una teoría o un plan, ni siquiera el comienzo de su producción. Se ha suministrado un sistema láser de combate a las tropas desde el año pasado», aseguró.

Relativizando a Putin, no hubo pruebas de la existencia de estas armas, solo las declaraciones del premier. Por otro lado, expertos occidentales aseguran que desde hace tiempo los rusos están estudiando y probando las tecnologías necesarias para estas armas, de factible fabricación.

El entorno del anuncio

Vladimir Putin está en campaña electoral. El 18 de marzo buscará permanecer en el poder. Los rusos mantienen una percepción fuerte de volver a convertirse en el corto plazo en la potencia de antaño. Putin prometió un futuro de «brillantes victorias» si es reelegido en estos comicios, que según todos los sondeos ganará con una mayoría abrumadora. Ese pasado glorioso, atenazando cada mente rusa, es la mejor arma de seducción del presidente. Ese camino no puede recorrerse si no se es una potencia militar.

Donald Trump ha anunciado lo que quizás sea el mayor apoyo económico a la militarización en la historia de los Estados Unidos. China ha multiplicado varias veces el presupuesto militar y su proyecto espacial por ahora es un éxito. Putin no puede permitirse perder pie ante un mundo que se está convirtiendo en una mesa de tres patas (USA, China, Europa).

Si bien Rusia ha suministrado armamento a terceros por 15.000 millones de dólares en 2017 (ingresos que aprovecha), las sanciones económicas, la creciente autosuficiencia energética de Europa en desmedro del gas ruso (aún Alemania y Austria son demandantes) y los gastos militares derivados de intervenciones en Siria exigen un cuidado en el gasto hasta que eche raíces la recuperación económica que asomó en el tercer trimestre del 2017. Por ello, no es creíble una producción en serie de estas armas en el corto o mediano plazo.

¿Hacia donde va el oso ruso?

No podemos dejar de tomar en serio lo anunciado por el líder de una potencia mundial, pero tampoco podemos dejar de ver el entorno en que se hace, mostrando más una vocación política que militar.

Putin busca un golpe de efecto hacia adentro, dejando en evidencia el liderazgo que cada ruso quiere ver en su gobierno, harto ya de escuchar los desplantes de Trump y de sentir el temor del tigre asiático. Hacia el exterior, no cabe duda de que la opinión pública internacional se ocupará de este tema por semanas, se acrecentará su protagonismo (aun después de ganar las elecciones) y lo mantendrá en la primera fila junto a los temas urticantes sobre los que hay que tomar decisiones hoy en día (Siria, Irán, Turquía, Iraq, Palestina, Venezuela, las sucesiones en el poder en Oriente Medio este año, etc.).

Resumiendo, podemos decir que hay algo de verdad en estos anuncios. También mucho mito. Pero, sobre todo, son golpes con efecto mediático que alimentan colateralmente reacciones no deseadas. Algunas interrogantes:

• ¿Putin cree que Trump no aceptará el reto de una carrera armamentista? (La ultima acabó con la URSS).
• ¿Putin cree que Europa se alejará del levantamiento de sanciones ante un peligroso vecino bravucón?
• ¿Putin cree que Xi Jinping (que presentó ante la Asamblea Nacional Popular un proyecto de incremento del 8,1 % en su presupuesto de defensa) potenciará el poderío militar en la frontera?

Desde nuestra perspectiva, en el corto plazo no preocupa tanto que alguien apriete el botón rojo como sí preocupa que los niveles intermedios en armamento (capaces de fogonear invasiones, intervenciones militares y dar de comer al terrorismo) invadan el mercado mientras estos señores de la guerra, irresponsablemente, alimentan sus egos imperiales.

Misiles de alcance ilimitado, sistemas de radares y detección supracontinental, ojivas de bajo rendimiento para misiles de mediano alcance se harán más accesibles a países de porte medio ante esta nueva carrera armamentista. Los celos y esfuerzos defensivos de las potencias crearán un nuevo nivel de armamento sofisticado solo para amenazarse, cuando el armamento que realmente hace posible las guerras y los atentados está al alcance de cualquier persona.

El mundo no es un lugar seguro. No es culpa de los anuncios de Putin. Estos son solo un síntoma de una enfermedad que lleva siglos. Hay una enorme desproporción entre lo que defendemos y los medios con los que lo defendemos. Peor aún, hay una imposibilidad real de dar marcha atrás. Es poco probable la destrucción de las armas que se han creado. La humanidad convivirá con el monstruo que lentamente ayudó a nacer.

Gustavo A. Calvo
Analista politico. Integrante de «Mesas» de En Perspectiva (www.enperspectiva.net). Columnista digital