Noventa años atrás la generación de 1928 se preparaba para un golpe que sería definitivo y abonaría el terreno a la democracia. Un golpe sin militares ni violencia. Sin muertos ni heridos. Sin fanáticos ni sangre. Sin mentiras y con mucha seriedad. Un golpe en la conciencia de los venezolanos y las venezolanas que solo conocían un país gobernado por la bota militar y el fuete del guerrero; que solo recordaban un puñado de apellidos cuando pensaban en figuras dominantes de la política nacional; que solo sabían de la democracia moderna por cierta prensa aventurera que se atrevía a publicar esos avances que no llegaban a Venezuela.

Esa generación irrumpió con el estandarte de la libertad y el sueño de encaminar al país hacia un horizonte de posibilidades donde los civiles conducían los destinos de la nación y toda la fuerza material e intelectual fue puesta a la orden del progreso. Pero esa generación de jóvenes enamorados de la democracia, al igual que la actual generación de jóvenes luchadores que han protestado durante años contra el régimen que empobrece y oprime en este momento a nuestra sociedad, tuvo tropiezos y reveses. Sufrió la cárcel, la tortura, la clandestinidad y el exilio. Se reinventó para dar lo mejor. Aceptó la tempestad del destierro e hizo de esa condición un episodio para aprender y luchar.

Noventa años atrás, Rómulo Betancourt, un muchacho idealista nacido en Guatire el 22 de febrero de 1908, estaba en primera fila. Fue una figura principal en aquel levantamiento de las conciencias contra la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935). Líder estudiantil, lector voraz, inquieto, ansioso por aprender y participar, dirigente convencido de las ideas que se encontraban hacia la izquierda del espectro político y que terminó materializando en el programa de Acción Democrática, el partido que fundó.

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Mucho se ha escrito sobre Rómulo Betancourt. No queremos agregar una letra más a lo que ya es ampliamente conocido: su obra como constructor de la democracia venezolana y virtuoso estadista. Sí pretendemos sumar una breve reflexión sobre lo que fue su condición de político aguerrido que ante todas las adversidades imaginables se abrió paso luchando sin descanso y sin miedo para plantar la bandera de la democracia. Hoy, cuando la oscuridad reina en nuestro país, homenajear la vida de Betancourt es una necesidad imperiosa. Debemos aprender de aquel esfuerzo, aquel compromiso que puso al país primero, y aquella valentía que con gran carácter y determinación definió la época de mayor crecimiento y progreso que haya conocido nuestra historia patria.

Betancourt asumió su compromiso con Venezuela a temprana edad. Sufrió lo mismo que hoy lamentan los millones de jóvenes que están en más de cien países diferentes huyendo del régimen dictatorial y la crisis económica y humanitaria. Sin embargo, desde el exilio asumió con entereza un compromiso que mantuvo intacto hasta el día de su muerte: hacer de la democracia moderna una realidad para todos los venezolanos. Aprovechó el tiempo en el extranjero para organizar grupos, formarse políticamente e impulsar estrategias que arrinconaran al gobierno militar. Trabajando sin descanso y sin miedo, se fue labrando el largo camino hacia la democracia.

La política de aquellos tiempos también fue dura. Existían grupos criminales al servicio del poder y cúpulas económicas que se enriquecieron al calor de los favores hechos a la dictadura. Había miedo, terror en las calles. Mucha pobreza y mucha ignorancia. Los políticos eran perseguidos, torturados y varios de ellos fueron asesinados. La lista de desaparecidos todavía da vueltas en el recuerdo de las generaciones más viejas que la inmortalizaron en varios documentos, justamente para que nuestra memoria estuviera fresca y no viviéramos otra vez ese terrible episodio. Pero se ha olvidado. Nuestra memoria histórica lo ha dejado a un lado.

El silencio y la censura eran moneda corriente. A diferencia de ahora, cuando las redes sociales son una trinchera para informar al mundo sobre las atrocidades diarias, en las dictaduras militares de la primera mitad del siglo XX apenas existían algunos panfletos y el boca a boca para agitar las mentes y salir a la calle en defensa de lo que se creía justo. Ahí la voz de Betancourt y de muchos otros próceres civiles se levantó firme. Hicieron del miedo un combustible del cambio que comenzó en las mentes de todos los venezolanos.

Después del primer intento democrático entre 1945 y 1948, dirigido por Betancourt con mano firme, sorteando las embestidas de múltiples conspiraciones, vinieron diez años de exilio y resistencia. Pero el objetivo era claro y no hubo descanso hasta alcanzarlo. Se dejaron a un lado los egos, las mezquindades y la miopía que siempre amenaza a la clase dirigente. Los líderes civiles como Betancourt apostaron por un gran pacto que permitió construir una democracia sólida y ejemplar. Eso se hizo y Venezuela fue vitrina del mundo libre.

Tantos años después, cuando desgraciadamente nuestro país atraviesa las tinieblas de la dictadura, la clase política debe rememorar la lucha de aquel momento y traerla a los tiempos que cursan. La pelea contra los regímenes de fuerza tiene que ser inteligente, y necesita, por sobre todas las cosas, del coraje y la entereza de hombres y mujeres que pongan primero el bien común.

Así como a Betancourt no le tembló el pulso y expuso su vida numerosas veces para proteger la edificación de la democracia nacional, la lucha de hoy exige una unión con seriedad, coherencia y valentía, para rescatar la moral nacional y mover los cimientos de la sociedad en búsqueda de esa democracia posible.

Rómulo nunca tuvo miedo. Apostó siempre por Venezuela. Sus logros son nuestros logros. Su obra es nuestra obra. 110 años después se mantiene vivo el patrimonio monumental que fue su vida.

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De Betancourt se han escrito gran cantidad de páginas, disponibles en muchas librerías, bibliotecas y sitios en Internet. Existen documentales, trabajos de investigación y archivos que reproducen y reseñan su extenso legado como dirigente político e intelectual de número. Cualquier venezolano que se precie de ser demócrata debe conocer el pensamiento de Rómulo Betancourt. Y cualquier venezolano que diga amar a su país debe reivindicar la proeza de este referente dando un paso al frente y sumándose a la lucha, desde cualquier espacio.

110 años del nacimiento de este líder. Una reserva moral que recorre América Latina. Un grito valiente que se plantó contra las tiranías. Un prócer civil. Rómulo Betancourt le entregó su vida a Venezuela para enseñarnos a todos nosotros que la democracia sí es posible y que nuestro país, nuestro gran país, es tierra de hombres y mujeres libres. Y que con su esfuerzo pueden posicionarnos, nuevamente y para siempre, como una referencia de la región y el mundo.

Ángel Arellano | @angelarellano
Venezolano. Doctorando en Ciencias Políticas. Integrante del Centro de Formación para la Democracia

Dos tercios de los afiliados socialdemócratas decidieron apoyar a su dirigencia y dar luz verde a la formación de otra gran coalición con Angela Merkel (CDU). Triunfó el miedo a nuevas elecciones, alimentado por los alarmantes números de intención de voto del Partido Socialdemócrata. (Cortesía de eleccionesenalemania.com)

Las consecuencias de esta decisión impactan en el corto, mediano y largo plazo, no solo sobre el Partido Socialdemócrata (SPD) sino sobre todo el sistema político alemán. A continuación profundizamos en tres de estas.

1. El mayor desafío. Los resultados de las elecciones de septiembre de 2017 fueron muy duros tanto para el SPD como para la CDU. En conjunto perdieron 13 puntos respecto de 2013. El castigo electoral a la gran coalición fue leído por muchos como una señal para cambiar de rumbo, para darle un perfil más marcado a los partidos mayoritarios y para ofrecer alternativas. El fracaso de la coalición Jamaica (CDU, FDP, Verdes) los llevó a repensar la idea de una nueva gran coalición y, luego de muchas idas y vueltas, la concretaron.

Ahora bien, ¿y el mensaje de las urnas de septiembre pasado? ¿Cómo lograrán la CDU y el SPD para recuperar la confianza? ¿Alcanzará con el paquete de medidas que se propone en el contrato de coalición? ¿O será que el problema es de otra índole? ¿Tiene Alemania un problema de representación política? Las encuestas mencionadas previamente indican que de haber nuevas elecciones la gran coalición podría no llegar a obtener la mayoría. Es decir, a los dos partidos mayoritarios juntos les costaría obtener la mitad más uno de los escaños en el Bundestag. Increíble pero real. A partir del próximo 14 de marzo, cuando se vote la conformación del próximo gobierno, la recuperación de la legitimidad será el mayor desafío de conservadores y socialdemócratas. Mucho mayor aún que el de gobernar Alemania.

2. El nuevo dueño de la oposición. La nueva gran coalición presenta una externalidad que en un principio se quiso evitar y que el devenir de los acontecimientos ha vuelto inevitable: el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) será el nuevo líder de la oposición. Esta situación es una oportunidad de oro para los ultraderechistas, que se beneficiarán desde múltiples puntos de vista. AfD se adueña de la voz oficial de la oposición. Sus líderes serán quienes se enfrenten discursivamente al gobierno y en consecuencia a ambos partidos mayoritarios. En el Parlamento ocuparán puestos claves en las comisiones y tendrán intervenciones parlamentarias que les permitirán generar el contrapunto necesario para consolidarse como un actor protagónico del debate político alemán.

En otras palabras, el trabajo de contralor del gobierno que usualmente ejerce la oposición quedará en manos de AfD. Y con ello evitará un peligro importante, al menos durante el tiempo que dure la gran coalición: convertirse en una oposición testimonial y así perder su capacidad de control e influencia de la agenda pública. Una tarea que han demostrado manejar como verdaderos expertos.

3. El peligro para los partidos mayoritarios. Los ultraderechistas, además del tema del liderazgo de la oposición desde la visión parlamentaria, se benefician ampliamente desde el punto de vista simbólico. En efecto, su discurso crítico con los partidos políticos tradicionales se ve legitimado tras el acuerdo entre SPD y CDU. AfD tiene la chance de decir que es la única voz del cambio. Esto naturalmente fortalece su estrategia de capitalizar el descontento, algo que sostenemos en nuestro libro Factor AfD, publicado a principios de septiembre de 2017.

Los partidos mayoritarios, no obstante, han ganado algo de tiempo para intentar escapar de esta trampa. Ambos partidos se encuentran en un proceso de renovación, una verdadera oportunidad para intentar reconstruir la confianza del electorado a partir de la aparición de nuevas caras y nuevas ideas. Un proceso que puede desembocar en la reconstrucción de los difusos perfiles de ambas formaciones.

Por un lado, la CDU comienza a transitar el fin de una era. Muy posiblemente este gobierno sea el último con Angela Merkel al frente. La canciller ha recibido críticas internas tras las negociaciones con los socialdemócratas y su reacción fue rápida: incorporación de algunos díscolos al futuro gabinete y nombramiento de la nueva secretaria del partido, Annegrett Kramp-Karrenbauer. Ambas acciones dan cuenta del interés de Merkel por ordenar el partido y empezar a delinear el futuro a mediano plazo. En la CDU ha comenzado la sucesión.

Por otra parte, el SPD está prácticamente obligado a ofrecer un nuevo discurso a la población. El efecto Schulz, en lugar de llevar a la socialdemocracia a la cancillería, la llevó al 16 % de intención de voto. El problema de credibilidad que deja esta etapa es brutal. En este contexto, los nuevos (viejos) dirigentes del partido tienen la tarea de pensar, organizar y ejecutar una verdadera transformación. Hasta ahora solo se ha escuchado hablar de una profunda renovación organizativa y programática. Sin embargo, cuesta imaginar que esta sea posible si no se discute también una renovación personal y discursiva.

En conclusión, la nueva gran coalición, la cuarta de la historia y la tercera entre Merkel y los socialdemócratas, presenta desafíos inmediatos, peligros importantes y oportunidades a futuro. Si la dirigencia de ambos partidos está a la altura de estas tres cuestiones y, además, de gobernar Alemania, liderar el proceso de reforma en Europa y enfrentar los problemas de coyuntura, lo veremos en los próximos meses.

Franco Delle Donne | @fdelledonne
Argentino, residente en Alemania. Consultor en comunicación. Coautor del libro Factor AfD. El retorno de la ultraderecha a Alemania, creador del blog eleccionesenalemania.com. Colaborador en medios de Alemania e Iberoamérica

En Perú, el porcentaje de indígenas es más alto que en cualquier otro país de Sudamérica, con excepción de Bolivia. Sin embargo, los pueblos originarios siguen estando muy poco representados en las instituciones políticas del país.

La cantidad de personas de origen indígena en Perú no está clara. El censo del año 2007 arrojó el resultado de 15,7 % de la población, mientras el Instituto Indigenista Interamericano parte de 38,4%. La discrepancia enorme entre ambas cifras expresa el problema central de la representación de los pueblos indígenas en Perú. Porque, ¿cómo se puede representar políticamente en forma adecuada un grupo de habitantes si ni siquiera se conoce su tamaño?

En el censo de 2017, cuyos resultados finales todavía no están disponibles, se preguntó por primera vez por la autoidentificación de los ciudadanos. El cuestionario contenía las posibilidades de marcar un origen indígena o afroperuano. Sin embargo, hay que partir de la base de que, debido a la discriminación sufrida durante años, muchas personas temen identificarse como indígenas y prefieren marcar la opción de mestizo.

La protección de la población indígena estuvo prevista en la Constitución de 1920. El Estado reconoce allí explícitamente la existencia de los pueblos indígenas y se compromete a promover la cultura y el desarrollo de estos pueblos en diálogo con ellos. Con esto se les reconocen los mismos derechos que a los demás ciudadanos. Lo que faltaba era la definición exacta de la palabra indígena. La Constitución actual de 1993 habla de campesinos (habitantes del campo) y nativos (habitantes originales).

Desde 1979 se promulgaron leyes que garantizaban en forma completa el derecho al voto a la población indígena. Esto se refiere ante todo al derecho ilimitado al voto de los analfabetos. Sin embargo, el derecho al voto no significa que los implicados tengan siempre la posibilidad de hacerlo realmente. Porque no todos los habitantes del Perú tienen un documento de identidad. Esto se da no exclusivamente pero sí especialmente en la población indígena. A esto se suma el hecho que los centros de votación se encuentran a gran distancia de pueblos alejados y son además difícilmente alcanzables. Estas distancias no solamente geográficas sino también emocionales y de pensamiento llevan a que el discurso público preste solamente una atención marginal a los pueblos indígenas.

La cuota indígena

Una ley de 2006 compromete a comunidades y gobiernos regionales a una cuota electoral para representantes de pueblos originarios: 15% de los cargos políticos deben ser ocupados por indígenas (campesinos y nativos). Esta cuota no se cumple en forma consecuente. En el Congreso de la República no existe una cuota equivalente, por lo que la proporción de representantes indígenas es tradicionalmente muy baja. En este momento, de 130 congresistas solamente una se declara abiertamente indígena.

Si bien es actualmente la única, Tania Pariona, de la facción de izquierda Nuevo Perú, no es la primera representante indígena. Para el período 2001-2006 fue elegida la aymara Paulina Arpasi, en 2006-2011 los indígenas Hilaria Supa Huamán y María Sumire fueron parte del Congreso en representación de la Unión por el Perú, así como en 2011-2016 lo fue el awajún Eduardo Nayap. La cotidianeidad parlamentaria no fue fácil para estos diputados indígenas. Arpasi, cuya lengua materna es el aymara y no el español, fue objeto de ataques y burlas por sus errores gramaticales. Huamán y Sumire fueron impedidos de dar sus alocuciones en quechua con la excusa de que el idioma oficial del Congreso es el español. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución peruana de 1993, el quechua y el aymara son idiomas oficiales en la administración pública junto con el español.

Las mujeres indígenas no solamente están enfrentadas a mayores dificultades para participar en política. En un informe del 2013 las Naciones Unidas hablaron de una discriminación triple contra ellas por su condición de indígenas, pobres y mujeres.

A pesar de esto, desde 2006 existe en el Congreso una Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Los 31 miembros de esta comisión, que pertenecen a todo el espectro político, se comprometieron a trabajar por la protección de la multiculturalidad y etnicidad del Perú, así como de su diversidad biológica. La protección de los pueblos indígenas es, por lo tanto, solo una parte de las atribuciones de esta comisión. A pesar de esto, la comisión se convirtió en una especie de vocero de los intereses indígenas en el Congreso. La agenda de trabajo de la comisión se compromete a respetar y proteger los intereses de los pueblos y comunidades de afroperuanos, y habitantes de la región andina y amazónica, promoviendo salud, educación y justicia. De los proyectos de ley de la comisión presentados durante este período legislativo ante todo fueron promulgados los que se relacionan con la protección del ambiente. La población indígena es la que sufre en forma particular las consecuencias del cambio climático, la contaminación de los ríos y del suelo, así como la tala de los bosques.

También fuera del Congreso existen organizaciones sin fines de lucro de y en pro de los indígenas, como, por ejemplo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). AIDESEP trabaja a nivel nacional mediante una serie de programas para la protección de territorios, educación, acceso a la medicina y la promoción de una economía indígena estable. El programa regional de la asociación, ARPI, apoya a los pueblos de las regiones amazónicas centrales en la utilización sustentable de sus recursos naturales y la protección de los derechos humanos. Otras organizaciones promueven intereses indígenas a nivel local.

Escaso éxito de los partidos indígenas

La creación de partidos indígenas tuvo un éxito limitado en el Perú. El Movimiento Indígena de la Amazonía Peruana (MIAP) fue un partido político fundado por el pueblo ashaninka en 1995. En las elecciones comunales consiguió mandatos pero la falta de experiencia y de conocimientos fue un impedimento para un ejercicio eficiente del gobierno. En aquel momento, solamente 2,5 % de los indígenas tenían acceso a la formación universitaria y más de la mitad interrumpía los estudios escolares, medios o universitarios. El MIAP no estuvo en condiciones de enfrentar a políticos experimentados y el partido se disolvió unos años más tarde.

Los indígenas peruanos sufren lamentablemente la marginación de los procesos políticos. La falta de capacitación en los sistemas de conocimiento occidentales perjudica sus posibilidades de representarse, como lo muestra el ejemplo del MIAP. La ausencia o la mala representación empujan a los indígenas fuera del sistema, lo que a su vez reduce las posibilidades de una buena enseñanza intercultural y bilingüe. Por esta razón son tan necesarias las inversiones estatales que apunten a la participación social y, ante todo, a la enseñanza y desarrollo de la infraestructura. Esto también vale para la infraestructura digital. La calidad de las conexiones de internet en las áreas andinas y montañosas principalmente habitadas por indígenas es muy deficitaria. También tiene sus lados sombríos la vinculación de los grupos indígenas a la modernidad. Los idiomas originarios, las tradiciones y las formas de vida están en peligro de extinción. Frecuentemente los indígenas terminan viviendo en los llamados pueblos jóvenes, eufemismo para calificar los barrios pobres en las afueras de las ciudades.

El medioambiente tampoco debería ser dejado de lado. Los planes del gobierno de construir una carretera hacia la ciudad de Iquitos, hasta ahora solamente accesible por aire o por río, traerían ventajas a la población local. Pero activistas ambientales temen que los trabajos de construcción acarreen consecuencias catastróficas para la fauna y la flora, lo que tendría consecuencias negativas para la población indígena.

Los indígenas peruanos deben también combatir otra estigmatización. Durante la época del terrorismo, en los años ochenta y noventa, el grupo terrorista Sendero Luminoso se estableció en varios territorios indígenas, especialmente de los asháninka, donde incitó a la población local a la lucha armada contra el Estado. Personas que se oponían a las concepciones totalitarias y maoístas de Sendero Luminoso eran castigadas brutalmente con tortura y asesinato. Mientras la población indígena sufrió especialmente bajo el terror, los grupos indígenas eran vistos por ciertos círculos de las élites peruanas como cercanos a los terroristas. Estos prejuicios seguramente no constituyen condiciones favorables para la voluntad política de integrar a los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisión política.

Finalmente, se constata que las posibilidades de participación política de los pueblos indígenas están contempladas en la Constitución. Las leyes de cuota indígena sirven para la protección de sus derechos y deberían garantizar un cierto grado de participación política. Sin embargo, en la práctica los indígenas peruanos sufren de marginación y discriminación. El acceso a la enseñanza y la participación tanto pasiva como activa de los procesos electorales no son obvios.

Elecciones regionales y municipales 2018 como desafío

Para cambiar esto se necesita la voluntad y la acción política estratégica a largo plazo. Lamentablemente esto es difícilmente posible dada la cambiante coyuntura política peruana, los frecuentes cambios en los puestos ministeriales y la inestabilidad política general. La participación política de los pueblos indígenas es vista en el mejor de los casos como secundaria en tiempos de escándalos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht y de la constante amenaza de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Para el 7 de octubre de 2018 están previstas las próximas elecciones regionales y municipales, en las que serán designadas casi 13.000 autoridades, que tendrán influencia sobre las condiciones de vida de las poblaciones indígenas. En este sentido, los partidos y movimientos políticos están llamados a tener en cuenta especialmente los intereses de la población indígena en sus programas electorales y garantizar la participación política de políticos indígenas.

Sebastian Grundberger
Representante en Perú de la Fundación Konrad Adenauer

Flora Luise Hallmann

Estudiante de Filología Inglesa y Ciencia Política en la Georg-August-Universität Göttingen

Traducción de Manfred Steffen. Coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo

Versión original del artículo en alemán: clic aquí.

El 98,9% de los delegados presentes en el congreso de la CDU del 26 de febrero en Berlín han votado por la nueva secretaria general Annegret Kramp-Karrenbauer. La CDU es un partido que tiene la reputación de otorgar un gran valor a la armonía interna. Sin embargo, un 98,9% de los votos es incluso para la CDU un excelente resultado. Y este resultado tiene sus motivos.

Annegret Kramp-Karrenbauer era presidenta del estado federal de Sarre antes de ser designada como secretaria general. Aunque Sarre es un estado federal muy pequeño, el cargo de presidente es uno de los más altos en la función pública en Alemania y ella lo ha dejado para convertirse en la secretaria general de la CDU. Reemplazará a Peter Tauber, quien tuvo que dejar el cargo debido a cuestiones de salud.

En el idioma alemán existe la expresión soldado del partido. Es aquel que deja a un costado sus ambiciones y objetivos personales por el bien del partido. Annegret Kramp-Karrenbauer es, en el mejor de los sentidos, un soldado del partido. Por el bien de la CDU dejó el cargo de ministro presidente del Sarre y se inclinó por un trabajo difícil y que no siempre es bien reconocido. La secretaría general es la responsable directa del rumbo del partido.

Esta decisión es excepcional en Alemania. Dejar un cargo estatal para asumir una posición dentro de un partido es totalmente inusual. Por este motivo, este paso le hizo ganarse un gran respeto.

La segunda razón es que Kramp-Karrenbauer, como toda persona proveniente del Sarre, es una persona muy integradora. Su estado tiene una gran densidad de población y no existe otro lugar en Alemania, en el total de la población, que tenga más afiliados a instituciones o partidos. Por este motivo, los habitantes del Sarre están muy atentos a la idea de integración, porque se reúnen en todas partes: los amigos del enfrentamiento no van muy lejos.

Es exactamente esa expectativa que satisface Annegret Kramp-Karrenbauer. La CDU tiene 425.000 afiliados en Alemania y su partido hermano de Bavaria, la CSU, 140.000. Tan grande como el número de afiliados es la diversidad de opiniones. Una gran parte de estas opiniones se han visto reflejadas en el discurso de la principal candidata al cargo de secretario general. Esto también contribuyó al excelente resultado.

En el congreso también se decidió que la CDU trabaje en un nuevo programa de principios. Los programas electorales se deciden cada cuatro años, pero el programa de principios raras veces cambia, y el último tiene diez años.

Los principios de la política demócrata-cristiana no han cambiado en los últimos 70 años. Estos se nutren de tradiciones liberales, conservadoras y socialcristianas. Sin embargo, los objetivos que se quieren alcanzar deben ser revisados periódicamente. En un mundo que sigue girando, uno debe reflexionar sobre su posición. Si esto no se hace, el mundo habrá cambiado y la propia posición cambiará repentinamente.

La nueva secretaria general no solo va a moderar el camino hacia este programa de principios, sino que también lo conducirá y caracterizará. Ella ha dejado en claro que trae consigo la fuerza necesaria para hacerlo. El congreso del partido ha dejado en claro con su voto que eso es lo que se espera de ella.

Alemania cumple ahora doce años de gobiernos exitosos de la CDU. El país tiene un constante crecimiento económico, un bajo desempleo y es un socio respetado en Europa y el mundo. Bajo el gobierno de Angela Merkel, el país se ha desarrollado y ha superado difíciles situaciones. Es comprensible, sin embargo, que exista el deseo dentro de la CDU de renovar los contenidos y entusiasmar al partido.

No tengo dudas. La nueva secretaria general va a lograr ambas cosas. El 26 de febrero ella ha despertado al partido.

Vincent Kokert
Presidente de la CDU en el estado federal de Mecklenburg-Vorpommern, Alemania, y portavoz de la bancada en el Parlamento de este estado federal

Así lo dije en un foro, no tan reciente (aún no se destapaban los escándalos que hoy inundan los medios de comunicación, unos con exagerada presentación, otros muy objetivos y reales). En aquel escenario luego de debatir, analizar y reflexionar sobre este flagelo de la corrupción, llegué a esa conclusión.

Hoy, cuando hay pérdida de confianza de la ciudadanía hacia su dirigencia política, resistencia a políticas de gobierno y censura al aparato judicial pareciera que no hay escapatoria, que la gente quiere presentar su cuenta de cobro, pues la falta de credibilidad en las instituciones a eso ha llevado.

La primera cuenta y la más directa será expresada en las urnas en marzo para rechazar a la clase dirigente en las elecciones, por los escándalos, por la reforma a los tributos, por la pérdida de dimensión y jerarquía del Poder Legislativo, etcétera. Será entonces en marzo y «por ventanilla» ajustada esa cuenta. La segunda, en mayo, pues la gente quiere castigar… Ojo, ¿a quién o a qué?

¡Ojalá el remedio no resulte peor que la enfermedad!

Quiera Dios que la gente actúe en democracia, con serenidad, sensatez y conciencia; de lo contrario, decisiones al calor y envueltas en pasión colectiva pueden llevarnos a un salto al vacío. En poco, para recuperar prestigio de la institucionalidad, legitimidad y gobernabilidad es posible que parte del pueblo termine inclinándose por hacer una constituyente para aplicarla como el remedio de todos estos males.

Podremos hacer uno o dos experimentos de estos (no a la manera venezolana, que el Creador nos libre) pero, si no cambiamos la actitud de respetar a la sociedad y al Estado, de poco o nada puede servir.

Quizás educar y hacer cultura de buenos ciudadanos es lo que está fallando. Mientras tanto, estamos aún buscando un Estado que proporcione salud, educación, servicios públicos, en fin, cuando en otras latitudes del planeta ya hay un umbral muy superior del Estado para con la sociedad.

¿Cómo entender que mientras nosotros aún buscamos llevar energía a un hogar campesino o agua potable, en otros países la propuesta de política pública más importante es buscar la felicidad de la sociedad?

Aún estamos lejos… Tal vez, como decía el poeta Porfirio Barba Jacob, solo esperar levar anclas para jamás volver. O en que ya «nada nos pueda detener». Preocupante el escenario.

Jorge Hernando Pedraza | @JHPedraza
Abogado (Universidad Externado de Colombia), especializado en Gestión de Entidades Territoriales. Senador de la República por el Partido Conservador

Luego de dos años del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, en que los ciudadanos le dijeron no al régimen de Evo Morales de ir a otra elección nacional y tras la luz verde que le dio el Tribunal Constitucional Plurinacional el 28 de noviembre del año pasado para ser reelegido de manera indefinida bajo la excusa de la prevalencia de convenios internacionales sobre la Constitución Política del Estado, habilitando la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera para los siguientes comicios electorales generales, los ciudadanos salieron el 21F a las calles manifestando su malestar mediante un paro nacional, marchas y bloqueos. Más allá de los análisis exitistas y del redundante discurso de la victoria ciudadana en las calles contra el régimen es momento de bajar de la nube de la victoria pírrica y ver de manera fría el escenario político.

Según el índice de desarrollo democrático de América Latina (IDD-Lat), países como Venezuela y Bolivia son democracias y no dictaduras, pues existe división de poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. No son regímenes de partido único, existe una oposición (inerte e inútil) contra el gobierno constituido. Los ciudadanos salen libremente a protestar, incluso lo hacen frente al presidente en un evento como el Dakar, como lo hizo el piloto boliviano Leonardo Martínez pidiendo el respeto de la Constitución y el referéndum.

En Bolivia estamos bajo una tiranía muy inteligente, que utiliza la democracia a conveniencia y la ciudadanía utiliza formas de protesta muy convencionales como las de finales de los setenta del siglo XX. Parece que no nos damos cuenta de que el método de lucha no funciona. Si fuera efectivo, Nicolás Maduro hace mucho ya no sería presidente de Venezuela, debido al centenar de protestas en las calles contra su gobierno. Empero, teniendo el ejemplo del país caribeño, los bolivianos insistimos en las protestas tomando las calles con paros, marchas y bloqueos. Parece que una maldición estuviera sobre nosotros.

¿Qué mal sufrimos entonces? La respuesta es simple: la apolítica. En doce años el régimen se ha empeñado en hacernos pensar que el quehacer político es execrable. Activistas y plataformas ciudadanas parece que le han tomado la palabra al Gobierno y sus protestas, tal como lo mencionó el rector de la Universidad Mayor de San Andrés en una multitudinaria manifestación en defensa del referéndum, es que la movilización no es política y que esto es una muestra del empoderamiento ciudadano. Olvidaba generosamente que el ciudadano goza de derechos políticos y debe ejercerlos. Lamentablemente, la masa en las calles no goza de representación política y esto es muy conveniente para Evo Morales y el Movimiento al Socialismo.

Carlos Mesa Gisbert menciona en Presidencia sitiada: memoria de mi gobierno que Gonzalo Sánchez de Lozada utilizó la paradoja del objeto inamovible y la fuerza irresistible para explicar los sucesos que pasaron en febrero y octubre de 2003. El 17 de octubre se dio el choque de la fuerza irresistible contra el objeto inamovible, donde la fuerza quebró al objeto. A partir de ese momento se configuró el actual escenario político boliviano. La fuerza irresistible tenía representación política: Evo Morales y el Movimiento al Socialismo; el objeto inamovible era Gonzalo Sánchez de Lozada y la cúpula del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Tal escenario es muy lejano hoy. Los partidos políticos de la oposición no logran cautivar a la multitud descontenta, tampoco logran generar una propuesta diferente a la gubernamental. La alianza opositora Unidad Demócrata se encuentra conformada por Unidad Nacional (perteneciente a la Internacional Socialista) y el Movimiento Demócrata Social (partido socialdemócrata).

Al no existir una propuesta diferente, el escenario político boliviano se resume en la lucha de la izquierda revolucionaria en el poder contra la izquierda deslactosada. El Estado es un botín político, la administración pública está en expansión a costa de la población y la ciudadanía descontenta, sin representación política, parece esperar una propuesta liberal que no existe en el sistema político.

Jorge Roberto Márquez Meruvia | @JRMarquezM
Politólogo. Director de Gaceta Hoy y columnista de opinión de El Día de Santa Cruz de la Sierra, Los Tiempos de Cochabamba y El Diario de La Paz

El principal dirigente de uno de los gremios más poderosos de la Argentina es investigado judicialmente por maniobras sospechosas en el manejo de fondos de la obra social gremial. En respuesta, convocó a una marcha en contra de las reformas económicas de Mauricio Macri, con apoyo del sector peronista que quiere a Cristina Kirchner de vuelta en el poder.

El miércoles 21 de febrero el presidente del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Hugo Moyano, logró paralizar por un puñado de horas la ciudad de Buenos Aires con una movilización. No logró el apoyo de otros sindicatos fuertes que componen la Central General de Trabajadores de Argentina, aunque sí sumó adhesiones sociales como la del Movimiento Barrios de Pie y otros gremios enfrentados al gobierno de Mauricio Macri que promueven el reagrupamiento del peronismo detrás de la figura de la expresidenta Cristina Kirchner, mirando hacia las elecciones presidenciales del próximo año.

Entre esos apoyos que granjeó Moyano destaca el de los funcionarios bancarios que están discutiendo por estos días los aumentos salariales de 2018 y haciendo paros de hasta 48 horas. También el de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que pelean con la gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal, las subas paritarias de este año y que, antes de sentarse en la mesa de negociación, ya amenazaron con que no empezará el ciclo lectivo de este 2018.

El sindicato de camioneros creció de forma importante al compás de la gestión del ex presidente Néstor Kirchner y fue favorecido por el traspaso de afiliados que pertenecían a otros gremios. En cambio, con la expresidenta Cristina Kirchner la relación no fue tan cercana; mientras dirigió la CGT, Moyano organizó varias marchas en contra de las políticas de aquella administración. Sin embargo, las alianzas se han venido recomponiendo.

Moyano está siendo investigado por supuesto lavado de dinero, ya que su patrimonio declarado no corresponde con sus ingresos declarados, por supuestos desvíos de dinero de la obra social del gremio de camioneros (hoy en quiebra), y por su eventual vinculación con la empresa postal OCA, de la que se investiga si su dueño es un testaferro del mismo Moyano. El dirigente anunció que denunciará al gobierno de Mauricio Macri ante la Organización Internacional del Trabajo por persecución política. Ante esa institución también se presentará sin el respaldo de otros sindicatos.

Las diputadas nacionales Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Paula Olivetto denunciaron a Moyano ante la justicia por recientes amenazas, luego de que estas presentaran ampliaciones a las investigaciones en las causas abiertas en la justicia contra el sindicalista. Estas legisladoras son tres pilares fundamentales de Cambiemos, la fuerza política gobernante.

Desde el Gobierno se informó que la movilización del miércoles 21 de febrero le costó al país unos 4.800 millones de pesos argentinos (aproximadamente 240 millones de dólares), el equivalente al pago de 3 millones de asignaciones universales por hijo (AUH). También se desestima la persecución política. Lo cierto es que, si bien esta movilización se realizó en momentos en que la imagen de los sindicalistas está por el piso debido a muchos casos de corrupción y al encarcelamiento de dirigentes gremiales de diversos sectores; el tema económico crece como preocupación en los hogares argentinos, ya que la inflación desde que comenzó este año está por encima de todas las proyecciones oficiales que se habían efectuado. Sin duda, el rumbo futuro de la economía será el eje sobre el que se irán armando y desarmando las futuras alianzas políticas argentinas.

Alejandra Gallo | @alegalloinfo
Periodista. Escribe para el diario El Cronista y trabaja en los programas Le doy mi palabra y Esta Semana, de Radio Mitre, de Buenos Aires

Seis de la mañana de un sábado en Caracas. Ligia Torres vive en una populosa comunidad del oeste capitalino y se dispone a bajar las empinadas escaleras que separan su humilde casa de la avenida principal para llegar al mercado municipal a cielo abierto que se coloca en la calle. Justo ahí la comida parece ser «más económica».

Ligia, como la mayoría de los venezolanos, devenga salario mínimo integral, que es de Bs. 797.510. Con eso debería poder cubrir sus necesidades básicas y las de su hijo menor, pero la realidad es otra.

Hoy el cartón de 30 huevos en el mercado cuesta Bs. 510.000. El huevo es la proteína más económica y nutriente en comparación con la carne de ganado, que cuesta Bs. 350.000 (4 unidades de bistec) el kilo, o el pollo, que cuesta Bs. 300.000 el kilo, o el pescado, que cuesta Bs. 250.000 (5 filetes) el kilo.

Ligia se enfrenta a la realidad de muchos venezolanos: debe hacer magia para distribuir sus gastos entre comprar comida, pagar servicios, transporte y ahorrar. Todo no lo puede hacer. En septiembre del 2017 su salario mínimo integral era de Bs. 325.544 y un cartón de huevos de 30 unidades costaba Bs. 30.000. Hoy en día su salario integral es de Bs. 797.510 y el famoso cartón de huevos cuesta Bs. 510.000, es decir, el 63 % de su sueldo mensual. El aumento del salario mínimo integral entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 fue de 245 %, mientras que el del cartón de huevos fue de 1.700%. Así como ha aumentado este rubro, pasa con el resto de los productos básicos como la harina de maíz, los cereales, la leche, el queso, entre otros, que están sujetos a una variación de precios descontrolada a la que el Gobierno le hace llamar guerra económica.

Actualmente, Venezuela se encuentra en hiperinflación, un fenómeno económico que no puede atribuirse solo a la manipulación ni especulación de precios; se trata también del aumento de la liquidez monetaria, de la destrucción del aparato productivo, la merma de importaciones, la caída en las exportaciones petroleras, las expropiaciones injustificadas de empresas productoras. Sobran los ingredientes para tener una economía colapsada.

El gobierno de Nicolás Maduro ha divagado entre excusas y arenga política para justificar un modelo económico fracasado, donde el único condicionante, el control, ha terminado siendo el combustible perfecto para un aumento desmesurado de precios sobre los productos de primera necesidad para el consumidor.

Estómago y bolsillo sometidos a la encrucijada de las colas y la escasez, hoy han sido arrastrados a las consecuencias de la hiperinflación. Una vez, en el sector de Colina Suave de la parroquia El Junquito en Caracas, la Sra. Beatriz mostraba los talones de sus pies agrietados por la resequedad, luego de más de ocho horas de cola para comprar harina de maíz y salsa de tomate.

El presente es duro y trágico para la familia venezolana. Un estudio reciente realizado por las universidades más destacadas del país —la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello— señala que un 51 % de la población vive en pobreza crítica, más del 80 % de los venezolanos son víctimas de la pobreza por ingreso, y todo esto es producto de la hiperinflación. La desigualdad se agudiza y se extiende. El fenómeno inflacionario ha destruido a la clase media y, lo que es peor, ha sometido al pueblo venezolano a la dieta de una o dos comidas al día.

Marialbert Barrios | @MarialbertBs
Licenciada de Estudios Internacionales. Diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Circuito 1 Caracas (Catia-La Pastora-El Junquito) y al PARLASUR por la UNIDAD-Primero Justicia

El año en curso se presenta agitado para Latinoamérica. Representa, para al menos seis países de la región, una oportunidad de renovación y esperanza; pero también será un año en que reinará la incertidumbre: la ira de los electores contra la política tradicional y una exigencia de cambio dominan el panorama político. Así, los resultados son difíciles de predecir y se deja abierta la posibilidad de sorpresas negativas para la región.

Este ciclo electoral sin duda podría trastocar el escenario en la región. Los candidatos que capten mejor ese sentimiento y logren estar en sintonía con el sentir ciudadano serán los más competitivos. Aun cuando el riesgo de tener sorpresas malas es elevado.

Los fenómenos de corrupción están arraigados en la región y persisten. Es una situación con la que deben enfrentarse las propuestas que plantean ideas renovadoras y de transformación. Tendremos discursos reiterativos descalificando a la clase política tradicional.

Lo más negativo es la alta valoración social que tiene hoy la figura del outsider, en la que caben empresarios, militares, comediantes y deportistas, gracias a un electorado impaciente que está harto realmente del tradicionalismo de la dirigencia política latinoamericana.

La dinámica política será clave para determinar de qué modo evoluciona la región, con riesgos serios de que la tendencia positiva se ralentice o, en algunos países, descarrile. La figura del outsider surge tan atractiva que hasta algunos políticos tradicionales quieren ser vistos como tales porque les da popularidad.

La elección de nuevos mandatarios y la renovación de poderes legislativos o gobiernos locales terminarán redibujando radicalmente el mapa político regional. Y existe cierta posibilidad de que el calendario electoral incluya un par de fechas sorpresa si prospera el llamado de la oposición hondureña a repetir los comicios presidenciales en ese país centroamericano o si la crisis política en Perú se traduce en la destitución del presidente.

Aun más sorpresiva sería la materialización en Cuba de un nuevo presidente en 2018. Se sabe que el proceso que determinará el sucesor de Raúl Castro en abril de este año será muy diferente al del resto de países de la región, pero será un aderezo más al ya complicado panorama político regional.

A mediados de diciembre pasado, la victoria de Piñera en Chile confirmó el sofocamiento de los gobiernos de izquierda en el poder, y esto repercutió en beneficio de los partidos de derecha. Ocurrió un fenómeno de alternancia que podemos ver repetirse en otros países de la región.

El convulsionado 2018 inició el 4 de febrero en Costa Rica, donde los candidatos que partieron como favoritos no llegaron a la segunda ronda. Pocos días antes de la elección, un 40 % de los que estaban seguros de votar todavía no tenían candidato, un claro reflejo del descontento de los ciudadanos con los partidos políticos, en un país que identifica a la corrupción como el principal problema nacional.

Tres semanas después será el turno de los paraguayos para acudir a las urnas. La contienda presidencial se perfila como un choque entre el Partido Colorado, que ha gobernado al país en buena parte de los últimos setenta años, y la alianza de centroizquierda integrada por el Partido Liberal y el Movimiento Guasú. Por el momento, el candidato oficialista —conocido popularmente como Marito y vinculado al ala más conservadora del Partido Colorado— es el favorito.

Colombia celebrará elecciones legislativas en el mes de marzo pero los comicios presidenciales previstos para el 27 de mayo son los que centran la atención del país y la región. Todo parece indicar que habrá que esperar a junio, mes de la probable segunda vuelta, para conocer la identidad del próximo inquilino de la Casa de Nariño.
Ciertamente, no hay un claro favorito para los comicios que serán decisivos para el futuro de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La participación del ex grupo guerrillero le da a estas elecciones una connotación especial. En Colombia queda mucho camino por recorrer; seguramente veremos el surgimiento de alianzas y, en la medida que eso pase, los temas de la economía y la corrupción irán ganando importancia.

Las elecciones mexicanas, a disputarse el 1 de julio tampoco tienen un claro favorito, aunque por el momento el izquierdista López Obrador marcha por delante en casi todos los sondeos. Este ya estuvo bastante cerca de llegar a Los Pinos en dos ocasiones: en 2006 Felipe Calderón lo derrotó oficialmente con una diferencia de nada más que 0,56 %, y en 2012 también llegó segundo por detrás de Enrique Peña Nieto.

Su principal rival podría terminar siendo Ricardo Anaya, el candidato del Frente por México, la insólita coalición integrada por el conservador PAN y el izquierdista PRD que apuesta por capitalizar la voluntad de cambio que parece primar en un sector importante del electorado mexicano. A lo que se añade el apoyo de importantes sectores empresariales así como el temor que despierta un potencial «Chávez mexicano».

El 7 de octubre será la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil y la más que probable segunda vuelta se celebrará el día 28 del mismo mes. Y la primera gran decisión de esos comicios correrá por cuenta de la justicia local. Efectivamente, el resultado de la apelación de Lula da Silva en contra de su condena por corrupción determinará si el hombre que encabeza todos los sondeos podrá participar en los comicios. Unas elecciones brasileñas con Lula como candidato serían radicalmente diferentes a unas elecciones sin él. Nada está claro en el gigante del sur.

Finalmente, Venezuela es la gran incógnita de este calendario electoral. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el país celebrará elecciones presidenciales en 2018, «como manda nuestra Constitución», y se fijó la fecha del 22 de abril.

El mal momento que atraviesa la dividida oposición venezolana hizo que el mandatario optara por adelantar la elección una vez más. Sin embargo, los principales partidos opositores acordaron no participar en las elecciones presidenciales de abril ante la falta de condiciones electorales, decisión que eleva las tensiones políticas y amenaza con profundizar la crisis que enfrenta el país suramericano agobiado por una desbocada inflación de cuatro dígitos y una severa escasez de alimentos y medicinas.

La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática anunció este 21 de febrero a través de un comunicado al gobierno que «no cuenten con la Unidad para avalar unas elecciones fraudulentas, las cuales fueron convocadas por una írrita Constituyente y sin las condiciones electorales democráticas para que los venezolanos ejerzan libremente su derecho al voto».

El futuro de América Latina se disputa entre la lucha en las calles como un factor clave y la lucha en las urnas, por lo que se viene un año de gran intensidad que marcará la deriva política regional.

Eduardo Rengifo | @edrengifo
Licenciado en Geografía. Movimiento Primero Justicia, Venezuela

Los ecuatorianos legitimaron al Gobierno de Lenín Moreno cuando el domingo 4 de febrero votaron mayoritariamente por el sí en la consulta popular.

El primer domingo de febrero de 2018 debería marcar un hito en la historia democrática del Ecuador, después de que los ecuatorianos le dieran la oportunidad al gobierno de Lenín Moreno para restablecer la democracia en el país y unificarlo, esto a través del rotundo apoyo a las preguntas planteadas en la consulta popular.

A nivel político, el mayor logro fue el respaldo del 64,2 % de la población a la eliminación de la reelección indefinida, con lo cual el expresidente Rafael Correa no podrá ser candidato a esa dignidad nunca más, sin que esto implique su completa desaparición en la arena política. Además, el 73,7 % de los ecuatorianos votó a favor de la muerte civil de toda persona condenada por actos de corrupción, con lo que no podrán participar en la vida política, y también perderán todos sus bienes, lo cual refleja el hartazgo de la población frente al caudillismo de Correa y a la forma de su gobierno de utilizar los fondos públicos.

Si bien los resultados de la consulta le dan a Moreno la legitimidad que necesitaba, también le plantean un escenario complejo, y es que el presidente deberá garantizar el cumplimiento de lo expuesto en la consulta pero también entender las demandas ciudadanas, esas que quedaron entrelíneas. Una de ellas es alejarse de todo lo que representa el correísmo, lo que implicará un cambio inmediato, y el primer paso debería ser la renovación de su gabinete, dejando fuera a varios de sus ministros e incluso a algunos de sus asesores más cercanos.

Pero además, y quizá más importante, Moreno deberá alejarse del modelo económico heredado de Correa, aquel que plantea el endeudamiento como solución e impulsa el exagerado gasto público. En este ámbito es donde el Gobierno deberá dar un cambio radical y demostrar, más allá del discurso, si tiene o no las intenciones de dejar a atrás el proyecto de la Revolución ciudadana.

En el ámbito económico, y con el apoyo de la población a la pregunta 5 —que planteaba la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos—, el Gobierno deberá cancelar o replantear al menos ciertas concesiones entregadas a empresas para esta actividad, lo cual podría implicar un importante costo.

La sociedad también votó a favor de recobrar la institucionalidad y de devolver la independencia de poderes que tanto le hace falta a la democracia ecuatoriana. El 63 % de la población dijo sí a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), dando paso a una integración transitoria de este y otorgándole la facultad de evaluar la labor de ciertos funcionarios como el fiscal, el procurador y el contralor. En este sentido, Moreno deberá jugar bien sus cartas y nominar a gente proba para la conformación transitoria del Consejo; caso contrario le podría resultar muy caro dar un paso en falso al nombrar a personas cercanas a su círculo.

Respecto al tema del Consejo de Participación Ciudadana, Moreno tendrá otra batalla que pelear, y es que este 6 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Corte IDH una solicitud de medidas provisionales a favor de los actuales miembros del CPCCS, «con la finalidad de que ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros […] y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos».

Sin embargo, la Corte de Derechos Humanos negó las medidas provisionales y ahora será la Asamblea Nacional la que tramite la integración del Consejo Transitorio para así cumplir con el clamor ciudadano evidenciado en la votación en la consulta popular.

Carla Bonilla | @ CarliBonilla
Periodista y comunicadora. Máster en Gerencia Política y Gobernabilidad

Rápida aproximación a la situación actual de Alemania, en medio de tratativas políticas, consultas internas y necesidad de alianzas en la principal potencia de Europa.

Dado que Alemania tiene un sistema parlamentario, en el cual un partido político necesita haber obtenido como mínimo el 5 % de los votos para entrar al Bundestag, y es resorte exclusivo de dicho Parlamento elegir al canciller federal, se plantea una cuestión de trascendental importancia con relación al ejercicio del poder: para ser elegido canciller se necesita contar con la mayoría en el Parlamento, circunstancia muy poco probable debido a la forma de distribución de los escaños, y ello repercute en la necesidad de alianzas políticas.

En el contexto que se vive en estos días de febrero, el invierno parece estar recalentado por roces políticos y escenarios muy difusos en las calles del país germano.

Las últimas elecciones, en septiembre de 2017, dejaron un Parlamento multicolor, que hacen imperioso un acuerdo entre el oficialismo (Unión Demócrata Cristiana, CDU) y otro partido con suficiente presencia en el Parlamento que le permita una mayoría estable, si quiere evitar un gobierno en minoría, algo inédito en Alemania, donde hasta ahora se ha privilegiado el consenso.

Han pasado casi cinco meses sin que se encuentre cómo sentar las bases de la nueva administración. El presidente federal, figura que rara vez interviene en asuntos políticos internos, y que actualmente es Frank-Walter Steinmeier, miembro del SPD, es quien habría llamado a dialogar a las dos grandes fuerzas partidarias con el fin de que reflexionaran sobre la conveniencia de formar alianza y dar el voto de confianza para gobernar.

El panorama muestra a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) cuestionándose internamente la continuidad de la estructura actual que la representa, luego de las críticas recibidas a las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno (principalmente por las políticas sobre refugiados). La oposición está encabezada por un Partido Socialdemócrata (SPD) —hasta hace pocos días liderado por Martin Schulz— en recaída, quiebre y renovación, luego de que su líder expresara públicamente su rotunda negativa a formar la Gran Coalición (GroKo) y mucho menos a integrar el gabinete con el partido de Angela Merkel. El acuerdo logrado entre ambas fuerzas políticas (CDU-SPD) y el trascendido de que Schulz aspiraba la cartera de Relaciones Exteriores provocaron una enorme controversia interna en el partido y obligaron a Schulz a renunciar a la presidencia y a excluirse del proceso.

Por estos días se habría llegado a un acuerdo inicial para formar gobierno, con el reparto de cargos ministeriales, pero esto todavía está pendiente de la aprobación por voto de los afiliados del SPD, así como del congreso de la CDU.

El Partido Socialdemócrata, que ha sufrido la peor elección desde 1949, convocó a todos sus afiliados para decidir el 4 de marzo sobre el destino de la Gran Coalición. Alrededor de 500.000 afiliados están habilitados para aprobar o negar que el partido forme coalición con el oficialismo.

Por otro lado, la CDU organiza un congreso partidario para el próximo 26 de febrero, ocasión en la que sus miembros deberán aprobar el estatuto de la coalición.

Tampoco se puede dejar de lado el fantasma de nuevas elecciones frente a un eventual fracaso de este proceso. Ello significaría el avance de Alternativa para Alemania (AfD) en el Parlamento: algunas encuestas le dan una intención de voto del 20 % para esa eventualidad.

Con la dimisión de Schulz, la presidencia del SPD hasta las elecciones internas del 22 de abril será ocupada por el alcalde de Hamburgo, Olaf Scholz, de quien ya se sabe que sería el ministro de Finanzas del próximo gobierno de coalición, si esta finalmente consigue los votos necesarios.

A todo esto, la progresiva escalada de la derecha dura y las voces que hablan de un reemplazo de la actual canciller, hacen que el mundo esté expectante al resultado de la consulta interna de los dos partidos de la Gran Coalición.

Jerónimo Franco Trigo
Argentino. Abogado. Practicante en el Equipo para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer en Berlín

Diariamente familias enteras huyen buscando refugio en naciones vecinas. Colombia vive una crisis que comienza a ser atendida con ayuda de la OIM y la ONU. Brasil también ha anunciado medidas que buscan paliar la emergencia social en el fronterizo estado de Roraima. ¿Está preparada la región para la diáspora venezolana?

Muchos de quienes emigramos de Venezuela en los últimos años hemos venido denunciando sistemáticamente una crisis regional producto del éxodo de cientos de miles de personas que huyen de la crisis económica. El colapso ha ocasionado una desbandada de venezolanos que era impensable hace apenas un lustro.

La destrucción del aparato productivo, la escasez de productos básicos, el hambre, la falta de medicamentos e insumos para atender a los enfermos y el ambiente hiperinflacionario que pulverizó al bolívar expulsan diariamente a familias enteras que corren buscando refugio en naciones vecinas. Refugio. Los venezolanos que huyen no son inmigrantes ordinarios que cruzan la frontera persiguiendo nuevos horizontes. No. O por lo menos no en el sentido optimista de esa frase. El caos los impulsa a correr, cruzar trochas y caminos de tierra, ríos y quebradas, selvas y bravas mareas caribeñas abandonando todo. Con la promesa de nada. Obligados espiritual y materialmente a iniciar de cero sus vidas, donde quiera que lleguen, si es que llegan. Cientos han muerto en el camino.

Pongamos en contexto el tema. A principios de siglo, con el ascenso del chavismo al poder, una diversidad de empresarios, emprendedores y profesionales venezolanos abandonaron el país buscando un sitio más agradable para sus proyectos. Luego de la reelección de Hugo Chávez en 2006 se inició un proceso de migración ascendente hacia Estados Unidos y Europa como principales destinos. Posterior a 2011, esta línea se incrementó notoriamente y a partir de 2013 comenzó a registrar números sorprendentes. A mediados de 2017 se hablaba de más de 2.500.000 venezolanos en el exterior. En enero de 2018 hay investigadores con información —extraoficial claro— que elevan ese número a más de 3.000.000. Aproximadamente 37.000 cruzan diariamente la frontera con Colombia, y buena parte no regresa.

Colombia, el principal vecino, ha expresado que no quiere llegar a considerar a los venezolanos como refugiados por el contexto diplomático que esto pudiera derivar. Sin embargo, el hermano país abrió el primer centro de atención transitoria para venezolanos, un albergue gestionado por la Cancillería, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Alcaldía de Villa del Rosario (Norte de Santander). Los 2219 kilómetros de frontera están repletos de caminos que dan un abanico de oportunidades al contrabando y al tráfico de personas, como ya se ha visto en la frontera con el estado de Roraima en Brasil y también en las islas del Caribe que rodean a Venezuela. El éxodo no se detiene.

El presidente Juan Manuel Santos anunció el 8 de febrero una serie de medidas para intensificar los controles migratorios, reforzar la seguridad en la frontera con más de tres mil agentes (Operación Esparta) y crear centros de asistencia para atender las necesidades más urgentes de los recién llegados, especialmente de niños y niñas. En esa misma línea, el presidente Michel Temer firmó una medida provisional que articula el trabajo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para abordar la «emergencia social» decretada por el estado de Roraima. Datos oficiales confirman que en 2017 al menos cincuenta mil venezolanos entraron a Brasil por Roraima y solo en enero de 2018 se registraron diez mil ingresos más.

La crisis venezolana puede arrastrar a Colombia, un país con una economía más diversificada y pujante, con similitudes culturales e históricas, pero con marcadas diferencias institucionales. No son países iguales. Es verdad que en las décadas de los ochenta y noventa millones de colombianos migraron a Venezuela huyendo del conflicto con las FARC, el ELN y los grupos paramilitares. Pero también es cierto que eso no sucedió en un par de años, como sí está pasando en el caso venezolano. Otro dato relevante es que más de cuatro millones de colombianos-venezolanos aún viven en Venezuela y pueden estar deseando regresar, como muchos lo han hecho. ¿Dónde hospedar tantas personas? ¿Dónde emplear tanto recurso humano? ¿De dónde saldrá el servicio de salud y la asistencia social, educativa y de servicios básicos? Colombia es un país que ha avanzado mucho y todos los indicadores así lo demuestran, pero tiene retos como cualquier otro. En la actualidad su economía enfrenta una desaceleración. El desafío de tener a un Estado fallido como vecino puede colapsar a la República de Colombia y convertirse en un ciclón que impacte fuertemente en todo el vecindario. Las ciudades y pueblos del Roraima brasileño también lo viven. Aparte, se han evidenciado brotes xenofóbicos en Panamá, Perú, Ecuador y República Dominicana.

No obstante, en la región quedan gobiernos que no han reconocido públicamente la crisis migratoria producida por el colapso venezolano, aun cuando en sus territorios el número de ciudadanos venezolanos recién llegados se ha disparado superando cualquier pico histórico: Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Uruguay, República Dominicana y Ecuador.

Comparemos con un caso fresco en la memoria del mundo: la guerra civil siria es uno de los eventos con mayor número de desplazados en la historia reciente. Aproximadamente 6000 sirios escaparon diariamente de su país. Desde 2011 hasta la actualidad más de cinco millones de personas huyeron, ocasionando una tremenda crisis de refugiados para la Unión Europea, un bloque de 28 países donde están varias de las economías más desarrolladas del mundo. ¿Qué razones hay para que la masa de venezolanos que escapan de una guerra no declarada, pero igual de sangrienta, no generen una crisis igual o peor en América Latina? ¿Está preparada la región? ¿Qué acciones se están tomando para abordar esa situación? Colombia se apegó a la ONU… ¿y el resto? ¿Quién habla de este tema?

Queremos que este terrible episodio termine transformándose en una oportunidad para que Colombia, Brasil y los vecinos territoriales y del Caribe puedan añadir mano de obra de todos los pelos al desarrollo de sus economías, salvando a los venezolanos y salvando a la región. ¿Es posible que el liderazgo político latinoamericano se lo plantee?

En todas las regiones del mundo se suceden las agitaciones sociales, variadas y de menor o mayor grado. Nuestra región de Latinoamérica claramente no es la excepción. Bolivia es considerado uno de los países más proclives a esta tendencia.

Bolivia ha estado atravesando nuevamente por un periodo agitado, cargado de protestas sociales. Los reclamos se agudizaron principalmente desde que se oficializó la intención del presidente Evo Morales de postular nuevamente como candidato a pesar de las restricciones constitucionales. Luego las protestas tomaron otro cariz a causa de la promulgación de un polémico Código Penal.

El sector salud fue el primero en pronunciarse en relación con este tema. Con más de 40 días de paro, huelgas de hambre y marchas, los médicos y otros trabajadores de este campo pedían la anulación del nuevo Código Penal. Finalmente, con anuncios de más acciones, nuevos sectores sumándose a la demanda y en el contexto del Rally Dakar, que visibilizaba al mundo la situación de conflicto de Bolivia, el presidente tomó la decisión de pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación del Código Penal.

Este ejemplo de la coyuntura boliviana pareciera darnos una respuesta a la pregunta de si las protestas sociales tienen algún sentido e impacto. Indudablemente, las protestas sociales han demostrado tener una considerable influencia en el devenir de las sociedades; en algunos casos más del que se quisiera, puesto que con un carácter rutinario terminan siendo perjudiciales tanto para la gobernabilidad como la realización de la vida cotidiana. Sin embargo, la historia muestra que se han ganado su lugar como un ejercicio ligado a la libertad de expresión y como un mecanismo que promueve el funcionamiento institucional.

Las protestas sociales tienen una innegable relación con el derecho a la libertad de expresión. De cierta manera, estas manifestaciones públicas aportan a la plena de realización de este derecho y por ende al modelo democrático. El derecho a la libertad es una de las condiciones mínimas en toda democracia, puesto que representa la capacidad de generación de diálogo a partir del disenso y comprensión de otras perspectivas. Cabalmente, las protestas sociales son ejercicios en los que se expresan públicamente los disensos y reclamos, y por ello configuran un vínculo inquebrantable con la libertad de expresión.

Otro de los principales aspectos que dan razón de ser a las protestas sociales es la capacidad de impulsar el funcionamiento institucional. Algunos académicos (Machado, Scartascini y Tommasi, 2009) señalan que los ciudadanos escogen medios no convencionales, como marchas y bloqueos de calle, a la hora de expresar sus inconformidades o preferencias debido a la ineficiencia de las instituciones de su país. Otros postulados complementan esta teoría sosteniendo que los ciudadanos optarían por estos caminos no institucionales como modo de reclamar que sus instituciones operen de manera eficiente. Para esta concepción, las protestas sociales no están en contra del Estado de derecho, como algunos gobiernos argumentan en situaciones complicadas donde se desestabiliza la comodidad del sistema; por el contrario, son medios por los cuales la ciudadanía exige la aplicación del Estado de derecho, mediante la demanda de un correcto funcionamiento de las instancias de gobierno.

En conclusión, las protestas sociales se han ganado un lugar como ejercicios relacionados a la libertad de expresión y como mecanismos que promueven el funcionamiento de sus instituciones. Si bien no todas las protestas logran sus cometidos o no necesariamente son las más razonables, ante la falta de instituciones y mecanismos eficientes, en Bolivia y en casi toda región se han convertido en motores de importantes cambios sociales. Mientras no pierdan efectividad debido a la rutinización o porque hayan cruzado la línea de atentar contra la vida de las personas, son manifestaciones con un gran potencial, como se ha demostrado en innumerables ocasiones. Actualmente son las redes sociales el medio preferido.

Más allá del poco interés que alguien diga tener por la política, existe un momento en que se presenta dentro de sí la inevitable pulsión por manifestarse en respuesta a una situación, acción o intención en particular que se esté generando en torno o desde las instancias de gobierno. Por ello, a lo largo de la historia los movimientos de protesta han sido piezas fundamentales para la consecución de grandes logros como el fin de la esclavitud, el voto universal, la caída de dictaduras y la ampliación de derechos humanos y políticos.

Camilo Quiroga Velasco | @CamiloQuirogaV1
Politólogo, Universidad Católica Boliviana, con mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Juan Pablo Chamon | @ChamonJp
Politólogo. Director de proyectos de LIBERA Bolivia

La guerrilla del ELN amenaza la paz en Colombia.

Es más fácil hacer la guerra que la paz. Eso pareció comprobarse el sábado 27 de enero en Barranquilla, cuando en una macabra jornada, que recordó las horas oscuras que Colombia ha estado tratando de dejar atrás, estalló una bomba en una de las estaciones de policía de la ciudad. El resultado: 5 muertos y 41 heridos, en un ataque que ensombrece la idea de avanzar en la concreción del proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de los preparativos del popular carnaval que se celebra cada año en ese lugar del Caribe.

Aunque inicialmente se creyó en una retaliación de grupos de narcotraficantes por ciertos avances que se han hecho en su contra, posteriormente la tesis de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estuvo detrás del acto terrorista tomó fuerza, y con ello la desazón, la polarización y la necesidad de reflexión. Veamos algunos aspectos.

Colombia concretó su proceso de paz con las FARC pero esto no significa que el posconflicto haya iniciado por completo. Por ello es mejor hablar aún de posacuerdo y recordar que la concreción de la paz en todo el territorio nacional, en términos ideales, será una tarea que insumirá al menos tres décadas.

El país está en plena campaña presidencial para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos, el líder que contra muchísimos pronósticos logró concretar el acuerdo con las FARC y quien obtuvo el premio Nobel de la Paz entre otros reconocimientos, pero esto no implica que bajo su mandato se hayan eliminado las desigualdades sociales, la existencia de grupos posparamilitares, de narcotraficantes y enemigos de la convivencia pacífica y los derechos humanos.

Las elecciones son el escenario ideal para que la polarización se extienda, cuando los candidatos intentan seducir a su electorado y marcar diferencias con sus rivales. Está claro que la contienda presidencial se definirá en buena medida entre un sector de derecha que se define como contrario al proceso de paz (liderado por el expresidente Álvaro Uribe) en posible alianza con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de centroizquierda con candidatos como el negociador de paz Humberto de la Calle (Partido Liberal) y su ahora socia la exministra Clara López, sumados a la novedosa coalición de la exsenadora Claudia López, Jorge Robledo (Polo Democrático) y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Y más allá otros nombres, como el izquierdista y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro y, claro está, Rodrigo Timochenko Londoño en nombre de las FARC, por el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

El ELN, la segunda guerrilla más antigua de Colombia y quizás la más terca, al menos aceptó una tregua en los meses pasados mientras se explora una agenda de negociación en Ecuador. La bomba de Barranquilla, como sucede en todos los eventuales procesos de paz, es una lánguida demostración de fuerza de una guerrilla sin la cual la paz en Colombia estaría incompleta, pero con la que es mucho más difícil negociar que con las FARC debido a su estructura descentralizada, sus vínculos con las mafias y su fanatismo. El ELN no va a terminar de sentarse a negociar mientras no se sepa quién va a ser el próximo presidente. Al menos el grueso de exmiembros de las FARC se mantienen firmes en su posición de seguir avanzando en la paz, mientras Timochenko ha advertido: «Aprendimos de los errores y aciertos del castrochavismo».

Por estas razones debemos recordar que la paz es compleja, y que el paso de una mera paz negativa a una paz positiva, como lo han señalado estudiosos de la resolución de conflictos como Johan Galtung, requiere trabajo continuo y tesón. Ante la terquedad del ELN, por ahora es un alivio saber que la clase política y la sociedad colombiana en su conjunto rechazaron el ataque. ¿Será el último?

José Alejandro Cepeda | @sinclair_simon_
Periodista y politólogo

Una transformación radical en su mensaje, su imagen pública y el tono de su discurso convierten a Andrés Manuel López Obrador en una alternativa de gran atractivo y poco a poco suma adeptos que en otro tiempo fueron sus detractores.

Lejos ha quedado la imagen de aquel Andrés Manuel López Obrador beligerante, impertinente, encerrado en sus razones y amurallado tras las paredes del rechazo a las instituciones democráticas.

Aquel personaje turbio y oscuro, emblema del populismo en México, mutó para convertirse en un precandidato ameno y sonriente, abierto a la pluralidad, al que piensa diferente, y ha transformado a su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en un partido atrapa-todo donde cabe cualquiera que quiera sumarse a un proyecto que puntea en las encuestas desde hace varios meses.

¿Cambio real o estrategia de campaña? Es decir: ¿estamos frente a un otrora crítico de los procedimientos de la democracia, descalificador de los medios de información que no le fueran afines y portador de propuestas demagógicas que, de pronto, se convierte en la única esperanza real de transformación?

Hay varios argumentos que podrían sostenerse para responder de forma positiva a ese cambio.

Existe un hartazgo manifiesto frente a los partidos que han pasado por la presidencia de México en los últimos doce años, el PAN y el PRI, hoy protagonistas de alianzas con otras fuerzas políticas que buscan aglutinar el apoyo disperso en beneficio de dos candidaturas, la de Ricardo Anaya y la de José Antonio Meade, respectivamente.

Hay también una percepción de que al no haber tenido aún oportunidad de gobernar, López Obrador «merece» estar al frente del Ejecutivo federal.

Otro aspecto, uno de los más redituables, es que, como partido político, Morena ofrece espacios de participación y nombramientos de gabinete frente a un probable triunfo a todos aquellos que, sin sitio para participar en sus propios partidos, encuentran una puerta abierta o, si se quiere, la posibilidad de proseguir su carrera política.

Y es que han sido precisamente esas alianzas las que han reducido tanto en el PAN como en el PRD los espacios para que los de casa puedan competir por algún cargo de elección popular. A esto se suma, además, la falta de democracia interna en uno y en otro, lo que convierte a sus dirigencias en repartidoras de candidaturas: los beneficiados avanzan, los desfavorecidos saltan a Morena.

López Obrador ha recibido por igual a senadores del PAN que del PRD, ex dirigentes del PRI, legisladores y liderazgos de todos colores, e incluso en últimas fechas ha sido señalado por dos expresidentes del Acción Nacional como un personaje que ya no es «un peligro para México».

Es muy probable que esta sea la estrategia que mayores réditos le traiga a una campaña que, en aras de sumar, acepta a quienquiera que se acerque: políticos y también actores, intelectuales, académicos, miembros de la sociedad civil, empresarios… La cave está en ofrecer una imagen que es absolutamente distinta a la que López Obrador construyó durante más de treinta años de carrera política: de ser un sujeto de choque a ser un articulador de intereses dispersos y diversos, que se reúnen en torno a su proyecto para fortalecer su candidatura presidencial.

Hay en todo esto un dejo de perversidad que no debe pasarse por alto. Las propuestas de López Obrador siguen ancladas en ese nacionalismo que linda entre el más claro populismo y una política de ideas irrealizables o, al menos, que trastocarían el sistema económico nacional.

Algunas muestras de esto son: la apuesta por que México consuma solo lo que produce, es decir, lo que ha llamado la autonomía alimentaria; un centralismo que deposita exclusivamente en el presidente las tareas de seguridad nacional, así como los nombramientos de diversas instituciones –contrapesos– hoy en manos de comités técnicos, que pasarían al titular del Ejecutivo; la cancelación de reformas clave en este sexenio, como la energética y la educativa, que son fruto del acuerdo político más complejo y grande del siglo XXI mexicano.

Nada de esto es obstáculo, no obstante, para seguir sumando adeptos. Lo más preocupante es que a finales del año pasado, en una conferencia en Washington y ante la pregunta de cómo lograr estos cambios en caso de no contar con la mayoría del Congreso, López Obrador señaló que aquello no importaba, pues el país ya tenía suficientes leyes y solo faltaba quien las hiciera cumplir.

El mensaje implícito es: una presidencia fuerte que se imponga, en lugar de un equilibrio de poderes capaz de construir acuerdos o evitar excesos de una y otra parte. A esto habría que sumar, sin duda, su propuesta de que erradicar la corrupción no requiere de un marco de leyes sino más bien del ejemplo del gobernante: si el presidente no es corrupto, «por contagio» ninguna parte del sistema lo será.

El cambio de estrategia de López Obrador es quizá la maniobra más astuta de su carrera política, no solo por las simpatías que ha despertado sino, sobre todo, porque esa suma de apoyos puede traducirse en legitimidad a un proyecto populista de nación.

Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional, Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista Bien Común

Max Roser, economista de la Universidad de Oxford, publicó en su sitio web oneworldindata.org un interesante análisis titulado «The short history of global living conditions and why it matters that we know it».

La cuestión parece sencilla: en seis gráficas Roser intenta demostrar que en los últimos doscientos años la humanidad ha progresado. El análisis gira en torno a seis temas principales: pobreza, alfabetización, salud, libertad, población y educación.

Ahora bien, más allá de las gráficas y los números científicamente recabados por el matemático cabe igualmente preguntarse: ¿estamos realmente mejor que antes?, ¿hemos evolucionado?, ¿hemos desarrollado todo nuestro potencial?, ¿podríamos estar mejor?, ¿qué tan lejos estamos del colapso?

Y la única respuesta que se me ocurre es: no todo es tan sencillo.

Si vemos aisladamente cada uno de estos puntos podemos descubrir cientos de matices que no pueden quedar por fuera si queremos entender dónde estamos parados.

La alfabetización es real. Hoy más gente sabe leer y escribir, y eso por sí solo significa un enorme avance, pero ello no siempre se traduce en que tengamos una educación de calidad masificada. Esta, aunque existan muchas excepciones, sigue siendo de acceso limitado.

El campo de la salud es de los que más ha evolucionado con el paso del tiempo. La calidad de vida ha mejorado notoriamente y las personas viven más. Pero en la actualidad nos enfrentamos a nuevos problemas en el campo de la salud que antes eran desconocidos y que son propios de la forma y del estilo de vida de nuestra generación.

El incremento de la población parece no tener límites y en las últimas décadas se ha dado de manera exponencial. Esto significa un problema cuando el crecimiento se da en los segmentos que no tienen cubiertas las necesidades más básicas como la vivienda o la alimentación y cuando no hay una política pública adecuada para atender esta realidad.

¿Podemos afirmar que disminuyó la pobreza? Quizá en términos absolutos haya más personas por encima de la línea de pobreza que antes, pero no creo que debamos atender el asunto de esta forma. Repasemos algunos datos: según el Banco Mundial en 2013, 2.200 millones de personas vivían con menos de tres dólares diarios; el 42,5 % de la población de América del Sur vivía por debajo de la línea de pobreza en 2012. De acuerdo con el informe Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del secretario general de las Naciones Unidas, 767 millones de personas vivían en 2017 con menos de 1,90 dólares diarios. También se desprende del informe que en el año 2016 el 10 % de los trabajadores del mundo vivían con sus familias con menos de 1,90 dólares diarios. En ese mismo año, solo el 45 % de la población mundial estaba amparada por un sistema de protección social.

Los datos son alarmantes por sí solos, pero el análisis se agrava cuando los contrastamos con los últimos datos sobre la riqueza mundial. Según el Banco Mundial, en 2016 menos de cien personas controlaban la misma cantidad de riqueza que los 3.500 millones más pobres, y según el índice de Gini, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. El secretario general de Naciones Unidas reveló en su informe que en 2015 las corrientes de recursos hacia los países menos adelantados ascendió a USD 48.000 millones, esto es, menos que las fortunas individuales de las seis personas más ricas del planeta. Asimismo, solo seis países (Alemania, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia) cumplieron la meta fijada de transferir el 0,15 % de su ingreso nacional bruto a los países menos desarrollados.

Naturalmente que hay más riqueza, pero el verdadero problema es su distribución: unos pocos individuos concentran la mitad de la riqueza mundial.

Finalmente, es necesario comentar algunos aspectos en relación con la libertad. Uno de los avances más importantes al final del siglo XX fue la erradicación de los totalitarismos y fascismos que llevaron al mundo a las guerras mundiales y marcaron el pulso de la guerra fría. Si bien es cierto que el mundo no se encuentra sumergido en una guerra de alcance global (aún), el clima de tensión entre las grandes potencias va en aumento; la carrera por el armamento nuclear ha alcanzado niveles alarmantes. Este panorama se ha visto intensificado por el ascenso al poder de líderes populistas con una fuerte impronta autoritaria, que han manifestado impunemente su intención de seguir incrementando sus arsenales nucleares y no han reparado en expresar su voluntad de ponerlos en funcionamiento.

En el año 1947 un grupo de científicos participantes del Boletín de Científicos Atómicos crearon el Doomsday Clock o reloj del Apocalipsis. «Es un símbolo que representa cuán cerca o lejos estamos de una catástrofe global […]. Cuán cerca o lejos estamos de destruir la vida en la Tierra como la conocemos», declaró a la BBC la directora Rachel Branson. El 25 de enero pasado, en Washington, las manecillas del reloj fueron ajustadas, marcando que estamos «a dos minutos de la medianoche».

Cuando hace unos años Stéphane Hessel llamó a indignarse, dejó en claro algo fundamental: cada generación debe buscar sus motivos para indignarse.

La brecha entre los ricos más ricos y los pobres más pobres; el altísimo porcentaje de la población que aún vive con menos de dos dólares diarios; la miseria estructural en la que siguen inmersos algunos países subsaharianos; el analfabetismo y el aislamiento de comunidades enteras en la era de las comunicaciones; la profunda crisis de los inmigrantes desplazados por guerras fratricidas; la radicalización de los enfrentamientos religiosos e ideológicos que han puesto de rehenes a poblaciones enteras, condenándolas a una vida de refugiados sin demasiadas esperanzas; la xenofobia; la polarización ideológica; el ascenso de los nacionalismos europeos; la corrupción política que amenaza como un cáncer las instituciones de por sí endebles de Latinoamérica; el fracaso absoluto de los organismos internacionales a la hora de actuar como contrapeso de las grandes potencias bélicas; el mundo polarizado; los de acá contra los de allá… La lista de motivos es larga y cada segundo que pasa nos acerca un poco más a la medianoche del mundo y nos obliga a salir de la inacción en la que estamos.

Quizá hace doscientos años el mundo estuvo cerca del colapso, pero hoy en día la humanidad camina con un pie al borde del abismo, y es posible que lleguemos más temprano a la hora fijada para el final.

Diego Silveira Rega |

Venezuela es un país que no está preparado para envejecer. Los ancianos son los grandes olvidados de la crisis venezolana.

«La verdad es que esta conversadita me ha caído muy bien. ¿Qué nos queda? Decirles lo que nos pasa y soltarlo pa fuera… Es una tragedia tan fuerte que ya es mucho para mantenerlo callado», nos cuenta con un nudo en la garganta Zenobia Pérez, de 81 años.

Los adultos mayores han pasado a ser uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad venezolana. No escapan a la escasez de productos básicos y medicamentos, a la galopante inflación, a la inestabilidad económica y, mucho menos, a los altos índices de delincuencia. Hay aproximadamente cinco millones de personas mayores de 55 años —edad desde la que pueden empezar a recibir pensiones del Gobierno— y el veinte por ciento de ellas no tienen otro tipo de ingreso.

Si no «trabajaste» lo suficiente en Venezuela, vas a depender exclusivamente de una pensión que solo cubre el diez por ciento de las necesidades básicas.

El ingreso de un adulto mayor pensionado al cierre de 2017 era de 177.507,44 bolívares, más 53.252,23 bolívares por concepto de pago del bono especial de guerra económica, un total de 230.759,67 bolívares. A razón del dólar paralelo que rige los precios de los alimentos y medicinas en Venezuela en la actualidad, la pensión está en 1,6 dólares mensuales.

«Mi pensión no me alcanza; si como, no compro mis medicinas. Trabajé toda la vida pensando que cuando me jubilara viviría dignamente. Jamás pensé que no pudiera comer bien ni tener atención médica. Al contrario, siempre pensé que me alcanzaría hasta para ir a una playa. Hoy los viejos en Venezuela no vivimos dignamente», expresa Josefina Lugo, de 71 años de edad.

Si las personas de la tercera edad no tienen hijos que les ayuden, no pueden vivir con lo que perciben por concepto de pensión. «Nada más mis medicinas del mes sobrepasan lo que me pagan por la pensión. Estoy cansada de depender de mis hijos después de vieja», manifiesta Cristina González, de 79 años.

El peor escenario ocurre en las familias que se van del país y dejan a los viejos sanos tirados en una casa hogar. Eso es prácticamente abandono. Esta coyuntura exige repensar nuestros valores y en especial la condición humanitaria del Estado venezolano, sobre la atención a personas que dieron todo por el país durante su vida útil y productiva, y que hoy merecen envejecer con dignidad.

Las preguntas recurrentes a nuestros adultos mayores se centran en: ¿cómo hace usted para alimentarse con sus ingresos de pensión y/o jubilación?, ¿compra sus medicinas o las obtiene de algún organismo del Estado?, ¿considera que existen espacios de atención integral al adulto mayor?, ¿cree que su situación mejorará?

Las respuestas están marcadas por la jocosa creatividad del venezolano o por el silencio. Solo en Caracas más de 51.000 habitantes de 60 años y más padecen algún tipo de discapacidad; de ellos, el 59 % son mujeres. Es una realidad compleja y que se agudiza con el pasar del tiempo.

Nuestros adultos mayores están sometidos a deficiencias en la calidad nutricional, a la falta de una atención geriátrica integral y de medicinas, a la recreación negada y viven constantemente preocupados y angustiados por no tener sus necesidades cubiertas. Esto se traduce en una disminución del promedio de vida; muchos no llegan a los 75 años.

Pero, además, los adultos mayores aparecen hoy como un grupo poblacional que va adquiriendo cada vez mayor importancia dentro de la pirámide poblacional nacional. Esto supone una enorme cantidad de personas que requiere de atenciones especiales y costosas, lo que con un sistema efectivo de seguridad social no sería un problema. Hay que tomar acciones hoy para prevenir. A pesar de que la Constitución venezolana establece en sus artículos 80 y 86 que el Estado garantizará la atención integral de los ancianos y los beneficios de la seguridad social en favor de su calidad de vida, la tendencia indica que esto no será así.

La seguridad social es una garantía consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No obstante, el cumplimiento de este precepto es una tarea pendiente en un país donde aún no se llega al punto de cumplir con el mandato constitucional de que la pensión sea automática al llegar la edad correspondiente, sin necesidad de tener las cotizaciones.

En 2015, Help Age International realizó un estudio en el que se midieron cinco variables basadas en las mejores condiciones para envejecer. Venezuela resultó ser el peor país de Latinoamérica y de todo el continente americano. Solo fue superado por Honduras a nivel mundial.

La solidaridad del venezolano se hace notar. Aún encontramos personas que compran medicinas de más para luego donarlas y hay quienes realizan donaciones independientes, con lo que se logra ayudar a quienes no cuentan con el apoyo familiar o del Estado. Cuando no, la única salida es salir a la calle, patear y orar para conseguir la medicina. Es complicado.

Los adultos mayores que utilizan glucómetro necesitan cintas reactivas para colocar las gotas de sangre, que se consiguen pero a precios elevados. Ellos han tenido que optar por una prueba casera e imprecisa: ponen su orina en un vaso y lo colocan en un lugar donde haya hormigas, esperan cinco minutos y, si las hormigas se acercan, consideran que tienen el azúcar alta.

Adicionalmente viven el viacrucis de conseguir dinero en efectivo. Son innumerables las denuncias por el trato que reciben los adultos mayores en los bancos. Solo se les permite sacar diez mil bolívares, que se pagan con billetes de baja denominación; con eso no se toman ni un café en una panadería.

En las sedes bancarias es común la respuesta: «No tenemos efectivo». Nos encontramos frente a un alto nivel de indolencia y el nivel de maltrato es muy elevado. «Es una miseria lo que recibimos y, para remate, sacar los churupitos del banco es toda una tragedia», afirma muy molesta una maestra jubilada de nombre Tomasa Álvarez.

Cada vez vamos a tener más adultos mayores y no estamos preparados para ello. Es urgente que se implementen nuevos planes de atención. De lo contrario, el problema que se vive hoy no tendrá solución. Nuestros ancianos merecen pasar sus últimos años de vida tranquilos y en paz.

Ellos merecen alimentarse de manera balanceada, tener centros geriátricos con médicos, enfermeras y personal especializado, ir a espacios donde recrearse, tener medicinas al alcance. Ese es el reto hoy para quienes gobiernan y aspiran a transformar Venezuela. ¿Es mucho pedir para quienes pasaron la vida trabajando para echar para adelante a Venezuela?

Eduardo Rengifo | @edrengifo
Licenciado en Geografía. Movimiento Primero Justicia, Venezuela

El domingo 4 de febrero Costa Rica celebró una vez más el orgullo de su pueblo: la democracia. Una vez más se demostró su civismo en una jornada pacífica, sumamente ágil, donde se hizo presente el espíritu del Pura Vida. Sonidos, colores y el entusiasmo unidos con un mismo objetivo: la elección de nuestro presidente para los siguientes cuatro años.

Costa Rica, tercer país más democrático de América Latina, [1] posee un terreno altamente irregular, con una particularidad geográfica conocida como depresión tectónica: un amplio y extenso círculo montañoso encierra el centro del país, donde se encuentran la capital y las tres provincias más urbanizadas, que constituyen el Gran Área Metropolitana (GAM). El lector se preguntará qué relevancia tiene esto con una elección política. Pues muchísima.

Lo que vimos en esta campaña presidencial, carente de temas de fondo, podría ser considerado fuera del orden normal. Los asuntos económicos —complejos para muchos electores—, las propuestas de infraestructura de interés amplio para los vecinos de determinada comunidad, la solución a los problemas de seguridad que angustian a las familias cada día cuando sus hijos salen de casa y quedan orando para que regresen con bien…, ejes temáticos que son considerados como los comunes en las campañas presidenciales costarricenses, brillaron por su ausencia.

Fueron reemplazados en una etapa prematura de la campaña por un escándalo de corrupción conocido como el cementazo. ¿Cómo? Sí, un escándalo por cemento, por la módica suma de 31,5 millones de dólares, que involucra a bancos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y hasta la Casa Presidencial.

Sin duda alguna, un caso de esta magnitud es un elemento distorsionador de una campaña, pero su temprana exposición a la luz pública hizo que los partidos políticos y sus candidatos se prepararan para enfrentar y dar la cara ante los costarricenses. De este escándalo se benefició un candidato en particular, Juan Diego Castro, figura que con un fuerte discurso anticorrupción enfocó su propuesta de mano dura contra lo que él mismo denominó la clase política costarricense, atacando principalmente a los dos partidos tradicionales de Costa Rica (PLN y PUSC) y al partido oficialista (PAC).

Quienes seguimos la política ya hemos escuchado este discurso de otredad en varios países y sabemos de su potencial de éxito. Sin embargo, y a pesar de un amplio crecimiento en las encuestas (que atemorizaba a muchos), las tendencias de preferencias electorales se reestructuraron a partir de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre matrimonio igualitario. En las dos semanas previas a las elecciones el ambiente respondía más a un referéndum sobre lo expresado por la Corte IDH que a una campaña presidencial. Este hecho catapultó al candidato de Restauración Nacional Fabricio Alvarado, un evangélico que dos días antes era el único diputado representante de ese partido minoritario.

El resultado de estas elecciones nos deja un bipartidismo debilitado y resulta más que claro que la política tiene que evolucionar, tiene que alcanzar a una población que se ha sentido abandonada por la alternancia de los dos partidos tradicionales: Liberación Nacional y PUSC, ninguno de los cuales logró meterse a la segunda ronda —de hecho, no lograron ganar en ninguna de las siete provincias—. Las opciones de cara al 1 de abril son Carlos Alvarado, candidato del PAC, actual partido de gobierno con un perfil progresista, y Fabricio Alvarado, del conservador Partido Restauración Nacional, que hoy tiene 14 de las bancas en el Legislativo, superado únicamente por el Partido Liberación Nacional con 17.

El voto de la zona rural fue determinante. Las provincias costeras, consideradas zonas rurales y más alejadas de la realidad y de los espejismos del valle central, tuvieron una alta preferencia por la propuesta nueva (Fabricio Alvarado) y al mismo tiempo un altísimo abstencionismo: se presentaron dos realidades alternas, el PAC se valió del GAM para lograr ser el segundo partido más votado a nivel nacional, pero en esas zonas que se han sentido abandonadas por los gobiernos anteriores, donde más golpea la pobreza, del otro lado de las montañas, fuera de la depresión tectónica, se dio un voto protesta, un voto de quienes quieren una nueva esperanza y que casualmente votaron por un partido religioso, en este caso evangélico.

Es otra lección que nos deja esta instancia: los políticos no pueden dejar de lado la realidad del tico que no reside en el valle central. Los sectores abandonados necesitan ser atendidos con soluciones concretas, como supieron leer muy bien tanto Carlos Alvarado como Fabricio Alvarado.

El resultado electoral configura un reclamo, con históricos niveles de abstención que llegó a casi el 50 % en algunas provincias, precisamente las que presentan menores niveles de desarrollo.

¿Qué podemos esperar para estos dos meses de campaña hacia la segunda vuelta? Primero, que por fin podamos escuchar propuestas para solucionar los problemas que agobian al país, y segundo, alianzas que no piensen solo en sumar los votos que han obtenido los candidatos del tercer y cuarto lugar —PLN y PUSC, respectivamente— por gobernabilidad y la articulación con la Asamblea Legislativa. Alianzas que deberán hacerse con mucho cuidado de no sumar pesos muertos que recuerden al electorado la deuda que tiene la clase política con la ciudadanía y el escándalo del cementazo.

[1] Según el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, IDD Lat (Polilat-Fundación Konrad Adenauer, 2015).

Juan José Díaz | @jotadiazquin
Analista político. Miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Gerente general de Lex Group Consultores

Mes y medio después de unas elecciones que no despejaron la nebulosa del sistema político catalán, Cataluña continúa en la encrucijada.

El 21D no despejó las dudas respecto al futuro de la soberanía catalana ni sirvió para mover la balanza a favor de ninguno de los dos bandos. Pese a convertirse en el partido más votado, Ciudadanos no pudo formar gobierno ante la coalición independentista en los comicios de diciembre. Fue la primera vez que un partido no nacionalista ganaba las elecciones autonómicas en escaños y votos; sin embargo, nada pudo hacer ante la mayoría absoluta conseguida por los tres partidos secesionistas que juntos agruparon el 47,5 % de los votos. Una vez más, los acuerdos poselectorales volvieron a tener la última palabra en decidir el futuro de la región. No obstante, hoy el independentismo también se encuentra dividido en una encrucijada por decidir quién será el nuevo presidente de la Generalitat, cuestión que mantiene bloqueada la política catalana. Por un lado, los que apoyan la investidura del ex president Carles Puigdemont, quien hoy se encuentra «exiliado» en Bélgica, y por otro, los defensores de Oriol Junqueras, en prisión desde hace tres meses. Pero, después de tantas semanas de confusión y desconcierto, ¿qué opción resulta menos absurda: gobernar Cataluña desde Bruselas o desde la cárcel?

Desde España, observamos América Latina con las lentes del realismo mágico como la región de lo insólito y lo excepcional. Sin embargo, parecemos no darnos cuenta de que nosotros mismos habitamos la tierra de lo absurdo. Nada parece sorprender ya en una historia sin final que se lleva el premio de la tergiversación. Ni la mejor película de Almodóvar podría reflejar el clima de ambigüedad que se respira hoy en la sociedad catalana. La pugna por el establecimiento y liberación de una identidad en Cataluña se presenta como un perfecto ideal romántico que suena mucho más seductor en la teoría que en la práctica. A la larga lista de tácticas ilegítimas y metanarrativas exaltadas se ha sumado la proposición de formar un Govern simbólico desde Bélgica y otro efectivo en Barcelona. Sin embargo, el dilema de la investidura mantiene a los catalanes en una encrucijada con dos estrategias opuestas. ¿Renunciar a ciertos objetivos con el fin de recuperar el poder y gobernar legítimamente o seguir apelando a las emociones y a los discursos identitarios para aumentar la polarización? Y es que, como hemos visto a lo largo de toda la historia, en la cuestión catalana los sentimientos siempre se han situado por encima de la razón. El poder judicial del Gobierno central impide el retorno político de Puigdemont, presidente de una nación que nunca llego a ser y héroe de una gesta defensora de la autodeterminación de los pueblos. ¿Aceptar la normativa y formar gobierno o seguir batallando con argucias por su propio marco legal? Esta es la disputa de los secesionistas.

El colmo del surrealismo fue la creación de un nuevo territorio ficticio bautizado como Tabàrnia, que defiende la independencia conjunta de las provincias de Tarragona y Barcelona. Este proyecto —que rápidamente se hizo viral en las redes sociales— pretendía mostrar al independentismo tendencioso que clama representar la identidad catalana que no toda la sociedad civil comparte su afán soberanista. Los defensores de esta causa debieron pensar: ¿y si ellos lo hacen, por qué no nosotros? Incluso eligieron a su propio presidente sin destellos de ningún tipo de oposición, al contrario de lo que sucede en la facción nacionalista. Además, este territorio se mantendría fiel al rey español pero con su propio escudo, bandera y emblema, que ya ha seleccionado: Acta est fabula, lo que viene a significar «la función ha terminado, acabemos el teatro». Y es que efectivamente, la interminable cuestión catalana se asemeja ya a una obra teatral. El separatismo denuncia que Tabàrnia nace de la frustración por no haber conseguido derrotar la causa nacionalista en las elecciones de diciembre y lo consideran algo intrascendente. Por su parte, los promotores de esta causa lanzan la premisa de que si una región posee el derecho a proclamar su independencia, las ciudades —e incluso las vecindades— también. Y así es España, el país de lo absurdo; donde lo irracional nos parece mundano y ya no nos sorprendemos ante nada. Sin embargo, seguimos buscando lo excepcional en las mariposas amarillas de García Márquez sin darnos cuenta de que hemos desarrollado en este país nuestro propio realismo imaginario.

Castellar Granados | @castegranados
Estudiante de Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación, Universidad Pontificia Comillas. Fue becaria de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo, en 2017

Los votantes ecuatorianos, tras una campaña signada por la crispación y las amenazas del pasado, nos han dado una lección institucional a todos los latinoamericanos.

Durante la ola democratizadora de los ochenta, y en pleno auge liberal, las nuevas democracias latinoamericanas enfrentaron convulsas transiciones. La crisis económica heredada de las malas políticas autoritarias, la reactancia de élites desplazadas, sumada a la deuda social tras décadas de regresión, amenazaban a los nuevos gobiernos. También, la memoria de la fragilidad democrática de la posguerra, o de su carácter incoado en muchos países, traía consigo la necesidad de apuntalar a las jóvenes instituciones.

Tomó fuerza entonces, entre los académicos proclives a la reforma del Estado influyentes en los procesos de revisión constitucional, la noción según la cual debían reducirse los períodos constitucionales y promover la reelección inmediata, con el fin de que los nuevos presidentes tecnocráticos pudiesen dar continuidad a sus reformas y salvaguardarse de la supervisión electoral, dada la ventaja que la ciencia política había demostrado para los incumbents. El argumento era que no podía dejarse la suerte de una política de reforma al azar de un sucesor que podía desmontarla; era mejor la continuidad.

La ironía era aún mayor por cuanto las presidencias eternas de los caudillos decimonónicos, y los llamados al «sufragio efectivo, no reelección» fueron las banderas de los movimientos democratizadores radicales de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. América Latina es el continente de las repúblicas, y de los «señores presidentes», que aprovecharon la debilidad institucional y el riesgo social prevalente para imponer constitucionalmente su largo dominio, en esa tendencia tan nuestra al formalismo vacuo.

Pero la tecnocracia no cree en la historia: con una lectura descuidada y academicista de las reelecciones en sistemas parlamentarios y el presidencialismo estadounidense, se fue reimponiendo la reelección como norma casi general, con la Argentina menemista y el Perú de Fujimori como puntas de lanza. Era el fin de la historia, y las instituciones de la democracia liberal eran su propio contrapeso. Ya no perpetuábamos personalismos, sino que reelegíamos demócratas sin escándalo.

Al llegar la ola rosa del socialismo populista en la década del 2000, estas reformas alcanzaron a estos movimientos, y allí donde había débiles límites institucionales se impuso la nueva reelección: siguiendo a la Venezuela chavista, los socialistas del siglo XXI empujaron esta barrera en Bolivia, Nicaragua, y Ecuador, derribando la tímida muralla que establecían los límites a las reelecciones consecutivas, mientras se creaban verdaderas dinastías en Brasil y Argentina. Pero no era Este un problema circunscrito a los populismos de izquierda: sin reiterar los casos peruano y argentino en los 1990, la Colombia de Uribe y Santos ha sido testigo de una puja en torno a la reelección.

¿Por qué es la reelección un riesgo para la democracia? Porque socava el principio de elecciones competitivas de manera tal que el récord es absolutamente abrumador a favor de los presidentes que optan por la reelección, incluso mediata. En nuestra tradición presidencial y centralista, los hilos de poder manejados desde el palacio, los recursos y el reconocimiento público son tan asimétricos que difícilmente un competidor puede hacerse con el poder. Solo la muerte, la destitución o la renuncia truncan la perpetuación. Sí, se ha superado la inestabilidad dogmáticamente vinculada a las frágiles democracias de antaño, multiplicando la potencia de las modernas presidencias que pueden tender a una mayor concentración de poder y competencias. Si el poder corrompe, el poder prolongado lo hace por más tiempo.

En ese sentido, la apuesta audaz del presidente Lenin Moreno para recuperar «el mandato de la Constitución de Montecristi» tiene un significado trascendental. No es un movimiento reaccionario —en el sentido de estar liderado por sectores implícitamente opuestos al exmandatario Rafael Correa—, sino que intenta fortalecer los orígenes democráticos de la Revolución ciudadana evitando su deriva personalista. La feroz oposición del expresidente Correa, acaso uno de los más exitosos y económicamente sensatos mandatarios de la ola rosa, recordó que el problema no era de gestión, sino del rescate de principios políticos y republicanos. La alternabilidad no implica el abandono de políticas públicas correctas, sino el evitar el enquistamiento de élites que pronto podrían olvidar sus propias lecciones. La prevención frente a las prácticas autoritarias del exmandatario no debe pasar desapercibida.

Al separar el legado revolucionario moderado del movimiento político de 2007 de su fundador, Moreno y los ecuatorianos no solo han mostrado madurez, sino que han dado la oportunidad a que emerja un nuevo pluralismo anclado en sus propios valores. Los demócratas latinoamericanos debemos saludar este hecho, no solo porque se trata del fin pacífico de una eventual dinastía autoritaria de un signo contrario al nuestro, sino por el carácter intrínsecamente riesgoso de la reelección. Es momento de un nuevo reformismo político.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas

El diálogo y la construcción de consensos son el mandato derivado de la expresión del 65,73 % del padrón electoral que dijo presente en las urnas este domingo 4 de febrero.

3.322.329 costarricenses fueron convocados a las urnas. De ellos, 31.864 residentes en el extranjero. En disputa estaban la presidencia y vicepresidencias de la República y 57 escaños del Parlamento unicameral.

La oferta electoral fue variada. Trece partidos políticos disputaron la presidencia y 25 la presencia en la Asamblea Legislativa.

Los resultados preliminares, con un 90 % del total de las juntas receptoras de votos escrutados arroja que por tercera vez en la historia política del país, segunda de manera consecutiva, la población escogerá al titular del Poder Ejecutivo en una nueva ronda electoral prevista para el primer domingo de abril, que en esta oportunidad coincide con el Domingo de Resurrección, celebración religiosa central de la comunidad cristiana, especialmente católica.

En la elección legislativa se proyecta la conformación de un Parlamento integrado por siete bancadas, dos menos que la actual, con un peso político relativo similar, donde una vez más el Partido Liberación Nacional, la fuerza político-partidista más longeva de las existentes, será la primera minoría con 17 de los 57 escaños electos.

¿Qué explican estos resultados proyectados?

Temas extracampaña incidieron y determinaron la dinámica y el rumbo seguido por el proceso electoral, formalmente iniciado el 4 de octubre del año 2017. El resultado no fue la excepción.

Durante los primeros tres meses de campaña, la corrupción fue el tópico en torno al que giró el proceso político-electoral, reflejado en un hecho concreto: la asignación de créditos del Banco de Costa Rica, entidad del sistema bancario estatal, a un empresario que pretendió entrar en el mercado de la importación de cemento, dominado por dos grandes empresas de capital transnacional, y las posibles redes de tráfico de influencias suscitadas en torno al hecho, que llegaron a salpicar a los tres supremos poderes de la República y a actores políticos provenientes de distintas fuerzas partidistas, entre ellos candidatos en la presente contienda.

Ese primer tema implicó el ascenso en las encuestas de Juan Diego Castro, una persona autocalificada de outsider que, mediante una negociación política con el minoritario Partido Integración Nacional, sin representación en la presente Asamblea Legislativa, asumió su representación como candidato presidencial.

No obstante, en enero, a menos de un mes de la celebración de los comicios, otro acontecimiento puntual marcó de manera definitiva el rumbo y desenlace de los comicios, al menos en esta primera fase. Concretamente, el día 9 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en la ciudad de San José dio a conocer el contenido de su respuesta a la opinión consultiva efectuada por el actual Gobierno de Costa Rica en torno a dos temas sensibles: la figura del matrimonio de personas del mismo sexo y el cambio de identidad por razones de género.

En ambos tópicos, el criterio de la mayoría de los integrantes de la Corte fue favorable a su impulso, exhortando a las autoridades públicas del país a adoptar las medidas y los ajustes jurídicos e institucionales necesarios para su debida materialización.

Esto generó una reacción de indignación en un sector mayoritariamente conservador de la sociedad costarricense, que fue capitalizada de manera directa por el candidato Fabricio Alvarado, representante de un partido de corte religioso, del que hoy es su único diputado en la Asamblea Legislativa, portador de un discurso duro de oposición a estos temas. Muestra de esto fue su crecimiento de 3 % en diciembre a 17 % en la intención de voto marcado en distintos estudios de opinión.

La adopción del tema como eje de la campaña opacó los otros tópicos de la agenda político-electoral, incluido el de la corrupción, y derivó en un escenario de polarización social, entre adeptos y opositores al tema.

Un efecto indirecto de este alineamiento lo constituyó el crecimiento experimentado en el mes de enero de la candidatura del oficialista Carlos Alvarado quien, sin centrar su discurso alrededor de estos temas, se convirtió en la expresión político-electoral de los segmentos afines a la recomendación de la Corte, al haber expresado de manera directa y clara su posición favorable al llamado matrimonio igualitario y al cambio de identidad de género.

Derivado del escenario monotemático con tendencia a la polarización, los restantes candidatos con posibilidades de al menos entrar a una segunda ronda electoral fueron perdiendo fuerza conforme avanzaba el calendario electoral.

En el actual contexto sociopolítico costarricense, signado por la pérdida creciente de fidelidad partidaria y una tendencia a la alta volatilidad electoral, aunado a la ausencia de abordaje real de otras temáticas de interés nacional durante la campaña, entre los que destacan tópicos como la generación de empleo, propuestas para enfrentar un incremento de indicadores de inseguridad ciudadana o para el desarrollo de infraestructura y ordenamiento del transporte vial, entre otros, contribuyó a elevar el nivel de indecisos a un 36 % del total de personas dispuestas a emitir el voto, tan solo a una semana de la realización de los comicios y a aumentar el abstencionismo, que pasó de un 31,8 % registrado en las elecciones nacionales de febrero de 2014 a un 34,27 % en esta oportunidad.

En ese sentido, los resultados electorales fueron una expresión del predominio asumido por los temas antes citados, al colocar a los dos candidatos de apellido Alvarado en la II ronda de abril. El candidato afín a las posturas de corte conservador se ubica en el primer lugar con un 24,79 % del total de votos a falta del escrutinio del 10 % de juntas receptoras de votos restantes.

El candidato favorable al establecimiento de la figura jurídica del matrimonio igualitario obtuvo el 21,76 % de la votación registrada con el 90 % de las mesas contabilizadas.

Por primera vez desde su surgimiento a la vida política costarricense en 1951, el Partido Liberación Nacional no disputará de manera directa la presidencia de la República. En esta ocasión se ubicó como tercera fuerza más votada, con un 18,65 % de la votación registrada a falta del 10% de mesas por escrutar.

En cuarto sitio se sitúa el Partido Unidad Social Cristiana, con un 16,06 %, cifra superior a la obtenida cuatro años atrás pero insuficiente para colarse en la segunda ronda. El Partido Integración Nacional de la mano del candidato Castro quedó relegado a una quinta posición con un 9,48 %. Más abajo se ubicaron los restantes ocho partidos que disputaron la elección presidencial.

En la otra elección registrada, la legislativa, el voto duro del Partido Liberación Nacional se manifestó, colocándose en la proyección de escaños alcanzados como la primera de las minorías, con 17 curules, uno menos que la obtenida en 2014.

El segundo lugar será para el Partido Restauración Nacional del candidato Fabricio Alvarado, con una proyección de 14 curules, 13 más que su actual presencia en el Congreso.

Le seguirían los Partidos Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana con una estimación de 9 curules.

Esto confirma a quien resulte ganador en la segunda vuelta que una vez más la negociación y la articulación de acuerdos con distintas bancadas serán necesarios para cristalizar una buena parte de su agenda de gobierno, así como para el acometimiento de temas de gran urgencia nacional como el combate al déficit fiscal, proyectado en un 8 % al concluir el presente año.

Paradójicamente, en medio de una sociedad marcada por la polarización en torno a aspectos sensibles de su identidad cultural, nuevamente el diálogo y la construcción de consensos son el mandato derivado de la expresión del 65,73 % del padrón electoral que dijo presente en las urnas.

El reto está lanzado y la segunda ronda abre opciones de lo que será nuevamente un final de cierre imprevisto.

Sergio Araya Alvarado
Politólogo. Coordinador de Proyectos del Área Política para Costa Rica de la Fundación Konrad Adenauer

El golpe fracasado del 4 febrero de 1992 y el segundo intento también fracasado en noviembre de 1992 dejaron sangre y muertos de los que no se habló más. Fueron tapados por el lodo de la retórica populista que, usando disfraz de «izquierda», lo convirtió en épica liberadora de Venezuela.

Un 4 de febrero, pero de hace 26 años, buena parte de la sociedad venezolana volvía a la experiencia casi esotérica de creer en el gendarme como solución a todos los problemas y poco más. La democracia pasaba por un momento difícil y aquel atentado selló la vuelta al pasado primitivo de metralla y personalismo.

Ese día todos entraron en acción: los militares golpistas, los medios de comunicación, los políticos que sabían y no hicieron nada, los políticos que no sabían y no hicieron nada, los políticos que intentaron hacer algo, el presidente que salvó su pellejo con audacia ante las cámaras, los conspiradores, los no conspiradores, los oportunistas y los pocos defensores de la institucionalidad.

Luego de la intentona, y mediante un desliz con propósito, a Hugo Chávez, el menos exitoso de la operación, lo enfocaron las cámaras para salvar su desastre. El único preso que dio rueda de prensa después del crimen. Él fue detenido, pero el golpe ya se había dado en la mente de millones de televidentes.

El golpe fracasado del 4 de febrero de 1992 y el segundo intento también fracasado en noviembre de ese año dejaron sangre y muertos de los que no se habló más. Fueron tapados por el lodo de la retórica populista que, usando disfraz de «izquierda», lo convirtió en épica liberadora.

¿Qué pasó aquel 4 de febrero de 1992? ¿Qué nos sucedió a los venezolanos? Los hechos de antes, durante y después están relatados con lujo de detalles en el que considero el único libro recomendable para revisar el caso con objetividad, La rebelión de los náufragos, de Mirtha Rivero. Todavía se consigue en varias librerías venezolanas y está disponible en tiendas online.

Entender ese instante de nuestra historia reciente ayuda a dar contexto a la desgracia que hoy vivimos como país.

[Lee también: Latinoamérica frente a la crisis en Venezuela]

El Chávez preso tuvo todos los privilegios posibles. Todos los que, por supuesto, no tuvieron ninguno de los encarcelados por su régimen. En su breve estadía como prisionero pudo armar, junto a colaboradores y devotos de la misma religión militarista, un plan para seguir en la escena pública y retomar el clic en la mente de las masas. Paso a paso, grano a grano. La historia se fue contando con los ajustes del caso para disfrazarlo de Robin Hood en un mundo de atroces criminales de cuello blanco. Negó su simpatía por el comunismo, negó su proyecto socialista. Solo se habló de una cosa: Constituyente, Constituyente, Constituyente.

Los aliados internacionales aparecieron. Cuba en el mapa. Algunos no lo recibieron, como el líder y fundador del progresista Frente Amplio de Uruguay, el general Líber Seregni, pues aunque militar y de izquierda, no toleraba la condición golpista de aquel mesías. Ejemplo que no siguió ninguno de sus discípulos.

Chávez llegó al poder y puso en marcha su plan. Creó un mito sobre el 4F. Este se hizo vital porque, como empuje a la reescritura de la historia, hasta su faraónica tumba tiene el símbolo gigante de esa operación fracasada en los hechos pero victoriosa en el corto plazo.

El resto ya lo sabemos. Las cenizas de Venezuela.

¿Cuánto colabora la ratificación de la candidatura de Lula, por el PT, a incrementar la percepción de ineficacia de las instituciones en la lucha contra la corrupción? Simplificar o subestimar los efectos demostraría una ceguera total.

Desde hace tres años, Brasil mantiene una profunda crisis institucional, iniciada con las investigaciones a Petrobras que derivaron en la multimillonaria red de corrupción del caso Lava Jato y devinieron en la polémica destitución de la presidenta Dilma Rousseff, a solo días de comenzar los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Hoy, este gran Estado sufre un nuevo remezón político tras la ratificación y aumento de la condena por corrupción del carismático expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, complicando la candidatura del gran favorito para ganar los comicios de octubre de este año, según las encuestas.

Hay quienes miran con esperanza la señal que envían los tribunales de Brasil, por generar un mínimo indicio de la existencia de una justicia igualitaria, mientras otros contemplan con horror el accionar del Partido de los Trabajadores (PT), que ratificó la candidatura de Lula llamando a sus adherentes a desobedecer la condena judicial y aumentando la tensión.

La corrupción es una de las enfermedades más graves de Latinoamérica, que tiñe casi todo el mapa de rojo, de acuerdo con el informe anticorrupción de Transparencia Internacional. Junto con África, nuestra región es el territorio de más alta percepción de corrupción. Brasil no está exento; ha sido testigo recurrente de prácticas antiéticas. La opinión pública, si bien está lejos de avalarlas, parece tolerarlas al preferir políticos que, a pesar de estar envueltos en escándalos de corrupción, reportan algún tipo de beneficio a la comunidad local.

Conocido es el caso de Adhemar Pereira de Barros, influyente político brasileño de los años sesenta, quien aseguraba «Adhemar rouba, mas faz», es decir, roba pero gestiona. A pesar de este lema, su candidatura, cual Robin Hood, consiguió gran apoyo popular para ser gobernador de San Pablo, demostrando una especie de compensación del elector.

A más de 50 años, el efecto Adhemar persiste en la sociedad. Lula, pese a ser condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, sigue manteniendo un amplio apoyo popular gracias a la herencia de las medidas económicas implementadas en su gobierno, que transformaron a Brasil en la octava potencia económica del mundo y permitieron la salida de la extrema pobreza a más de 20 millones de personas.

Manuel Villorria (2007) señala que la ciudadanía latinoamericana tiene, por regla general, una visión de las instituciones como altamente afectadas por la corrupción, y de los gobiernos, como entes altamente ineficaces en la lucha contra la corrupción, cuando no directamente propulsores de esta.

Ahora bien, ¿cuánto colabora la ratificación de la candidatura de Lula por el PT a incrementar la percepción de ineficacia de las instituciones en la lucha contra la corrupción? Simplificar o subestimar los efectos demostraría una ceguera total. Los dichos de una de las instituciones políticas más importantes del país configuran una realidad ciudadana permisiva frente a las malas prácticas. Hacer vista gorda a estos hechos parece estar justificado sobre todo si el PT no cuenta con un candidato que se acerque a la potencia electoral de Lula, quien, hasta fines del 2017 ostentaba un 34 % de adhesión y hacía presumible un hipotético aplastante triunfo de llegar a participar en segunda vuelta.

Brasil lo tiene todo: grandes reservas de recursos naturales, desarrollo del capital humano y un gran potencial económico. Esperemos que también tenga el coraje de medir a todos con la misma vara. Solo así superará el lastre de la corrupción. Gran parte de la solución está en manos de los tribunales locales, que tienen procesos abiertos a decenas de parlamentarios por hechos no menos graves que los del expresidente Lula. Si a este proceso se suman otros, se aclararán las legítimas dudas y desconfianzas respecto a la seriedad y oportunidad de la sentencia, alejando la posibilidad de que el proceso responda únicamente a pirotecnia política para impedir legalmente el entonces eventual ascenso de Lula al poder.

Karla Muñoz Ramírez | @KarlaMura
Administradora pública. Docente de la Universidad de Concepción, Chile

El cielo plomizo obligaba a tener encendidas siempre las luces del despacho, a pesar de que las puertas blancas del gran ventanal estaban abiertas de par en par. Un otoño típico, pensó Mariano. Por la puerta se dibujó la figura de Soraya y un inmediato: «Buen día, ¿todo bien?».

Mariano: —Parece que sí. Va a llover hoy. ¿Pudiste averiguar algo? Ya es martes y el sábado no quiero sorpresas.
Soraya: —Sí, Rivera está atado, acordamos cuatro medidas que ellos quieren, y ya está.
Mariano: —¿Y Podemos? Iglesias es inescrupuloso.
Soraya: —No tiene donde apoyarse. Alicia Díaz no lo puede ver y Pedro Sánchez fue descabezado.
Mariano: —¿Y Alicia? Sánchez está moviéndose bastante con las bases.
Soraya: —No le da el tiempo. Seguramente a Pedro lo tengamos enfrente el año que viene pero ahora ella queda sola y se van a abstener.
Mariano: —¿Segura?
Soraya: —Sí, segura. ¿Qué hacemos nosotros?
Mariano: —Lo que hay que hacer: nada.

Este diálogo de un presidente y su número dos, en un martes 25 de octubre de 2016 es totalmente ficticio. Pero bien pudo ser cierto y refleja una estrategia política de uno de los más infravalorados y subestimados de los protagonistas de la política española de los últimos treinta o cuarenta años: Mariano Rajoy.

El dominó de los demás se cae

Presidente del Gobierno, al mando de un Partido Popular de derechas, acusado de actos de corrupción y con una impronta de político de carrera, sin carisma y con una imagen emparentada con estereotipos del pasado, llegó a diciembre de 2015 con una serie de reformas económicas y del aparato estatal tan exitosas como impopulares.

El termómetro del votante siempre es más sensible en su bolsillo, así que Rajoy tenía una mayoría relativa que no le permitía ser investido presidente. De diciembre a junio de 2016, el imaginario de la gente, de los políticos y hasta del propio rey ensayó diferentes fórmulas.

Se llegó a ofrecer el cargo a Pedro Sánchez, líder del segundo partido, el PSOE, pero tampoco pudo reunir los votos necesarios. Discursos, reuniones y ensayos de posibles alianzas quedaban en la nada, pues los números no cerraban. Los cuatro partidos, agrupados de dos en dos, no lograban una mayoría para tener un nuevo presidente.

Mariano Rajoy no dijo ni hizo nada. Solo esperó.

Un junio soleado y muy caliente fue testigo de una segunda elección general para destrabar la situación. La aguja se movió a favor de Mariano Rajoy. Más de 700.000 votos se agregaron a su bolsa y la oposición temió que, si hubiera una nueva elección, el PP terminaría llevándose una mayoría «por cansancio».

Como fichas de dominó fueron cayendo los dirigentes del PSOE, encerrados en una crisis de identidad grave y sin idea de cómo hacer con Mariano. Era el diablo, así que no se podía acordar con él. Entonces, luego de despedir a su líder (Sánchez) por la puerta de atrás, ganó fuerza la idea de abstenerse (¿o debí decir lavarse las manos?).

De junio a octubre, Mariano, otra vez, no hizo nada. Solo esperó.

Podemos se hundió en una discusión dialéctica-estratégica-política que, como suele pasar con los partidos verticales marxistas, se saldó con descabezar a uno de los bandos. El PSOE se preparó para cambiar de tema, concentrarse en sus gobiernos regionales y… abstenerse.

Mariano, el sábado 29 de octubre de 2016, logró los votos para ser presidente nuevamente. ¿Su estrategia? Esperar y no hacer nada.

Cataluña y… esperar

El Partido Popular es irrelevante en Cataluña. Eso ya es sintomático de una lejanía tal que las acciones de un gobierno central en un área que es considerada territorio apache se parecen más a tiros por elevación que a medidas concretas.

En algún momento del 2012 la agenda de conversaciones entre Rajoy y Arthur Mas dejó de concentrarse en un pacto fiscal que salvara a los catalanes de una pésima gestión económica y que el Banco Central sacara las castañas del fuego, para enfocarse exclusivamente en la independencia de un territorio autónomo español.

¿Oportunismo de Mas? ¿Delirante excusa para escapar hacia adelante? ¿Toma de conciencia de un líder sobre los sentimientos y destino de su pueblo? Solo Mas lo sabe. Lo cierto es que en febrero, abril y setiembre del 2012, rodeado de cordialidad, concurrió a La Moncloa para solicitar un pacto fiscal diferencial para Cataluña que Rajoy una y otra vez negó. La última vez, bajando la escalinata y en medio de una persistente llovizna, se despediría con un «acepta el pacto fiscal o atente a las consecuencias».

Arthur Mas adelantó las elecciones en Cataluña para ampliar su mayoría y empezó a fogonear la idea independentista hasta transformarla en único tema del día en Barcelona.

Comenzó entonces un largo camino de recortes presupuestales, propuestas de referéndum, marchas y contramarchas, diadas multitudinarias y el incendio de la pradera en Cataluña. Carles Puigdemont, su forzoso sucesor luego de pulseadas internas entre independentistas, continuó echando gasolina.

Rajoy, más allá de una retórica nacional única española, no actuó. Esperó.

Pero Puigdemont no es Mas, y tomó esa inacción como luz verde a un gobierno paralelo en Barcelona, preparando el terreno para la utópica aventura. Se constituyeron comités de gobierno catalanes en pueblos chicos. Se reformaron de hecho los planes de estudio en escuelas y secundarios. Se dictaban clases solo en catalán abandonando la bilingüística legal, los mossos de squadra se adoctrinaban como independientes de la policía española. Se preparaba un referéndum que sería tomado como legitimador de una independencia.

Todo eso sucedía ante la paciente mirada y espera de don Mariano. Luego llegó el inevitable momento del mazazo.

Represión de referéndum, el artículo 155 y nuevas elecciones

Si Ciudadanos hubiera tenido solo algunos miles de votos más, hubiera salido todo bien para Madrid. Pero no fue así y Rajoy volvió a elegir su mejor estrategia.

Puigdemont fue imputado y está fuera de España. Los independentistas dudan de qué es más importante: Puigdemont o la independencia.

30 de enero de 2018… Puigdemont

Puigdemont (mensajes filtrados):

«Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos, a mí».
«El plan de Moncloa triunfa, solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque, si no, el ridículo histórico es histórico»

Mariano Rajoy ha esperado y solo ha dado una única señal: «Nadie puede ser investido estando en el exterior. Si Puigdemont pisa España, será detenido».

Ahora solo debe esperar que otro dominó empiece a caer.

Gustavo A. Calvo
Analista politico. Integrante de «Mesas» de En Perspectiva (www.enperspectiva.net). Columnista digital