El mero planteo de una reforma constitucional pone a la nación frente a un debate profundo sobre su diseño institucional, es decir, queda de manifiesto la trascendencia de esa institucionalidad para una sociedad. Sin embargo, el resultado puede apuntar a cambios peligrosos: ¿acaso esos momentos fundantes o refundantes del sistema político pueden fortalecer al autoritarismo en lugar de a la democracia?

Una pregunta importante que hoy ponemos Bajo la Lupa.

Participa

Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor de la Universidad Austral de Chile.

Bajo la Lupa es un pódcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

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Cada año, el 30 de julio desde 2013 se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esta fecha fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objeto de crear conciencia sobre la grave problemática que atenta contra la dignidad de las personas y promover acciones para combatirla.

Al hablar del delito de trata de personas nos referimos a un fenómeno antiguo. Es un problema viejo con un nombre relativamente nuevo, pues ya se hablaba desde hace mucho tiempo de trata de negros y trata de blancas. No fue sino hasta diciembre de 2000 que la comunidad internacional logró establecer una definición más precisa en el Protocolo de Palermo, complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este instrumento entró en vigor el 25 de diciembre de 2003.

La trata de personas es un fenómeno criminal creciente que afecta a millones de personas en todo el mundo. Desde 2003, el número de víctimas identificadas y de tratantes condenados aumentó a nivel global, así como en América Latina y el Caribe. Esto puede ser resultado de un aumento de los casos, de una mayor capacidad de las autoridades para detectar a las víctimas, o de ambos factores. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2022 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), la cifra de víctimas de trata de personas aumentó un 67,3% en México de 2020 a 2021.

La esclavitud invisible

Sin embargo, también existen víctimas invisibles, no contempladas en las cifras mencionadas. Me refiero, entre otras, a los médicos cubanos que, a través de las misiones médicas cubanas, se envían a diferentes partes del mundo en condiciones de esclavitud. En América Latina esto ha tenido gran espacio. Por ejemplo, en México el gobierno de López Obrador ha recibido a 700 médicos cubanos de las misiones, adscritos al IMSS Bienestar. Su trabajo se paga al régimen de Cuba, no a los médicos.

En México, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece que la esclavitud es el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y se ejercitan sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad.

Ahora bien, ¿qué sucede con los médicos cubanos contratados por el gobierno de México? Cuba envía a miles de trabajadores de la salud al extranjero todos los años. Los trabajadores ofrecen servicios en diversas comunidades, pero lo hacen bajo normas cubanas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión y de asociación.

Misiones cubanas

A los médicos contratados en las misiones cubanas se les prohibe, por ejemplo, participar en actos públicos o sociales sin autorización, emitir criterios o valoraciones ante la prensa, redes sociales, radio o televisión que comprometan la cooperación cubana, sostener relaciones de amistad u otros vínculos con personas que asuman posiciones hostiles o contrarias a la Revolución cubana, extender su presencia fuera de la localidad o país donde trabajen o residan una vez concluidas las razones que motivaron su estancia, conducir medios de transportes sin autorización y prestar otros servicios ajenos a lo establecido en su contrato o misión.

El esquema de «contratación» de estos médicos implica esclavitud, pues no se contrata a personas libres con derecho a negociar sus condiciones laborales. El pago se pacta y se paga entre gobiernos. Los médicos únicamente reciben un mínimo porcentaje que, además, se les retiene hasta que llegan a la Isla. La finalidad del régimen cubano, sin duda, es la explotación de estas personas. El gobierno de López Obrador está siendo su cómplice en este delito.

Como si esto no fuera suficiente, se considera desertores a los médicos que deciden no regresar a Cuba. Se enfrentan a un castigo político para frenar el éxodo por la fuerza. La «ley de los 8 años» estipula el periodo que deben esperar los desertores para volver a ver a sus familiares. Es la mayor inseguridad jurídica y estado de indefensión posible para los profesionales y técnicos de la salud que son usados como «moneda de cooperación».

Negocio y «cooperación»

De acuerdo con la organización Prisoners Defenders, las misiones cubanas constituyen la mayor partida de ingresos exteriores de Cuba desde al menos 2005. En 2018 representó entre el 40% y el 50% de su balanza de pagos en el extranjero. La venta de servicios por estas misiones (misiones internacionalistas) incluyen servicios médicos y de salud. También servicios de enseñanza, marinos, ingeniería, arte, música y arquitectura.

La Organización de las Naciones Unidas, la CIDH, Human Rights Watch, Human Rights Foundation y el Parlamento Europeo han acusado a Cuba de esclavitud por esta forma de operación con las misiones. El gobierno de López Obrador es cómplice de esta práctica abusiva del régimen cubano. Lo solapa en delitos como la trata de personas y en otras violaciones a los derechos humanos. No hay duda de que entre dictadores se entienden y se ayudan.

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Alemania en el verano de 2023. El clima social amenaza con envenenarse. En los programas de entrevistas vespertinos, expresiones como martillo calefactor ahora se analizan desde la izquierda y todo lo que no corresponde a la corriente principal se etiqueta como derechista y malvado.

Cada vez más ciudadanos se retiran en silencio. En conversaciones con la ciudadanía, a menudo escucho: «Pero yo no diría eso en voz alta». ¿Y los políticos? Evaden cada vez más el riesgo de un linchamiento digital, pasan cada palabra por el escáner de lo políticamente correcto y prefieren permanecer en la comodidad de la campana de «Me gusta» en Instagram.

Esta mezcla altamente tóxica de moralización, corrección política y control del lenguaje está alimentando una polarización cada vez mayor. Se forman campos que se enfrentan en forma irreconciliable e irrespetuosa. Con demasiada frecuencia, aquellos que piensan diferente se convierten en oponentes que deben ser destruidos. Aunque sea difícil de admitir: estamos en camino a los estándares estadounidenses. ¿Qué tiene eso que ver con ser conservador? Mucho. Pero una cosa a la vez.

Conservador moderno

Me calificaría a mí mismo como conservador, como conservador moderno. Para mí, el foco está en las personas, no en el colectivo y el Estado. El Estado está allí para la gente, no al revés. Cada persona es única, libre y autodeterminada. Las normas y valores socialmente establecidos regulan la buena convivencia de los individuos. Los valores cristianos como el respeto y la responsabilidad me dan la confianza para construir sobre sabias decisiones individuales. Este optimismo me protege de un estado de ánimo apocalíptico y de pretensiones absolutas. Me da la serenidad necesaria para no subirme en cada ola de indignación propia del espíritu de la época y no de pretender resolver cada problema con el dinero de los contribuyentes.

Me opongo a los intentos de clasificar a las personas según sus características y asignarles diferente valor. Rechazo una política ideológica que cree saberlo todo, ser siempre moralmente correcta y que cree poder imponer las decisiones a los golpes.

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Quiero vivir en un país donde tomemos a las personas como son y no como deberían ser. En regla general, las personas actúan en su propio interés y no en interés de un objetivo más elevado fijado por los políticos. De acuerdo con esto, la buena política establece los incentivos de tal manera que la búsqueda de los propios intereses conduzca al mismo tiempo a la meta socialmente deseada. Para la política climática, por ejemplo, esto significa que la mejor y más barata forma de lograr el objetivo es poner un precio a la emisión de gases de efecto invernadero. Regulaciones y prohibiciones a pequeña escala, tal como las prevé el Gobierno actual (coalición llamada semáforo, por los colores que remiten a los tres partidos que la integran), no solo son costosas e ineficientes, sino que a su vez conducen a espirales de intervención.

Intervenir desde el Estado

Las espirales de intervención implican que una primera medida política conduce a más intervenciones si la primera medida no funciona como se esperaba o si tiene efectos secundarios no deseados. El ejemplo más actual es el precio de la electricidad industrial planificado, que pretende amortiguar los efectos secundarios no deseados de las medidas de política energética pasadas (éxodo de la industria al exterior). Al final de la espiral de intervención, a menudo hay llamamientos morales bastante impotentes de los actores políticos, pidiendo a la gente que se comporte de una manera que se adapte a las medidas políticas. Pensemos en los diversos consejos respecto al ahorro y al tiempo de ducha que dan los políticos del Partido Verde en vista a las altas tasas de inflación y la escasez de energía.

Volví a tomar conciencia de esta importante conexión recientemente, cuando me reuní con la comisión política y programática en Cadenabbia. Realizamos un retiro de casi tres días en la residencia de verano de nuestro primer canciller federal en el Lago de Como. Cuando estábamos al final de las deliberaciones, en la legendaria cancha de bochas de Adenauer, tuve que pensar en su afirmación: «Toma a las personas como son, no hay otras». Hace décadas, Konrad Adenauer definió con precisión, a su manera, lo que constituye una política conservadora.

Conclusión: Los intentos de reeducación, conceptos políticos que van en contra de los deseos e intenciones de las personas, fracasan. Alejan a la gente de la política. Más aún: estos intentos conducen a las tensiones sociales descritas anteriormente, como las que estamos viviendo actualmente. Dividen a las personas en grupos, en buenos y malos, veganos y carnívoros, en personas que utilizan el lenguaje inclusivo y los que no lo hacen.

Solucionadores y no moralizadores

Mi experiencia como miembro del Bundestag y representante del distrito electoral es que los ciudadanos quieren solucionadores de problemas y no moralizadores. Quieren energía asequible y no ideología. Quieren más policía en la calle y no policía del lenguaje. Y quieren mejor educación, no reeducación. No quieren un giro a la derecha sino el Estado de derecho. No quieren desorden, quieren orden dentro de los límites. Y quieren un Estado de bienestar que promueva y exija. Todo aquel que pueda trabajar debe hacerlo. Tienen derecho a él quienes pagando sus impuestos hacen posible el Estado de bienestar. Todas estas cuestiones, por nombrar algunas, se desvanecen en el curso de las disputas dentro de la coalición de gobierno y la excitación virtual en tiempos de Twitter y compañía. Esto, a su vez, es agua para el molino de los partidos de protesta.

Los conservadores, por otro lado, miden las políticas en función de sus resultados. No se conforman solo con buenas intenciones. Siguen una ética de la responsabilidad, no una ética de la convicción. La ética de la responsabilidad parte del resultado. Para mí, esta es la barrera de seguridad de la política, que debe preservarse y no sacrificarse al espíritu de la época (Zeitgeist). Especialmente porque el espíritu de la época a menudo está caracterizado por minorías ruidosas y hay una mayoría silenciosa a la que no representa.

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Garantizar de manera sobria y objetiva que el Estado cumpla con sus tareas centrales; para mí, eso es política conservadora en el sentido más propio. El desafío inmediato es sopesar inteligentemente si es realmente tarea del Estado resolver un problema o si son las personas las que pueden encontrar las soluciones correctas bajo su propia responsabilidad. Konrad Adenauer definió una vez el propósito del Estado como «despertar, reunir, nutrir y proteger las fuerzas creativas del pueblo». Si nos tomamos esto a pecho, creo que el objetivo de la política conservadora, es decir, preservar lo que es bueno y dar forma al cambio necesario, se cumplirá automáticamente.

Artículo publicado originalmente en «Die Welt» el 3 de julio de 2023.

Traducción: Manfred Steffen, oficina KAS en Montevideo (versión no oficial)

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Tras ocho años sin encuentros multinacionales de alto nivel entre Europa y América Latina, culmina en Bruselas la cumbre sostenida por la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC). Los resultados, digámoslo claramente, no son para tirar cohetes. Más bien, reflejan fielmente el estado actual del orden internacional, donde la ineficacia del multilateralismo democrático se estrella contra las exigencias que imponen las autocracias, incluso las más pequeñas.

Reunión desigual y variopinta

Sesenta países se dieron cita en Bruselas: los 27 miembros de la Unión Europea y los 33 que integran la CELAC. Por un lado, un ambicioso esquema de integración que ya se ha consolidado, a pesar de las barreras culturales y las incontables guerras que han separado históricamente a sus integrantes. Por otro, una serie de países que no logran cooperar como un bloque, a pesar de sus enormes coincidencias lingüísticas y culturales.

Mientras el denso entramado institucional de la Unión Europea le ha permitido establecer incluso una unión monetaria, la CELAC carece de instituciones permanentes. Es, de hecho, otro de los clubes políticos que América Latina se da en función de las veleidades políticas de turno, el resultado de las iniciativas diplomáticas conducidas por los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Cuba para constituir un espacio en el que los Estados Unidos y Canadá no tuvieran voz ni voto.

Una presidencia acontecida

En todo caso, el gobierno de Pedro Sánchez convocó la cumbre en cuestión para realzar lo que en un inicio se previó como el flamante inicio de la presidencia española de la Unión Europea, la cual se extiende de julio a diciembre del presente año. Pero las cosas se complicaron a medio camino. El varapalo electoral sufrido por el PSOE en las elecciones autonómicas de mayo llevó a Sánchez, quien también preside actualmente la Internacional Socialista, a adelantar para el 23 de julio las elecciones generales en España y a concentrar su atención en dicha tarea.

Por ende, la proximidad de un eventual cambio de gobierno en La Moncloa ha dejado un tanto en el aire la propuesta española para presidir la UE así como la dirección política de la cumbre con la CELAC. Esta cumbre, a pesar de ser convocada por Sánchez, no se desarrolló en España. El presidente socialista incluso se ausentó en el segundo día para asistir a un mitin en San Sebastián, mientras europeos y latinoamericanos revelaban sus diferencias al redactar la declaración final de la cumbre en Bruselas.

Lo que estaba en juego

A la Unión Europea le interesaban fundamentalmente dos cosas. Por un lado, y en medio del alza del precio de los commodities, aproximarse a una región productora de materias primas que, no obstante, durante los últimos años ha sido mucho más mimada por China que por Estados Unidos o Europa. A pesar de que los europeos cuentan con una sólida tradición inversionista en América Latina, la oferta china se distingue por sus nulas exigencias políticas y sus planes de construcción de una notable infraestructura regional. Así pues, a la UE le tocaba mover ficha.

En segundo lugar, a la UE le interesaba que los países de la CELAC condenaran la invasión rusa a Ucrania. Un objetivo a todas luces complicado. A fin de cuentas, la CELAC fue creada para dejar fuera a los Estados Unidos, no para impedir que se acerquen China o Rusia, ni para promover la democracia en la región. Recordemos que dentro de esta organización se mueven a sus aires los tres gobiernos dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, socios de la Rusia de Vladimir Putin.

Obviamente, a los gobiernos latinoamericanos sí les interesa un incremento del comercio con Europa, pero en términos similares a los planteados por China y Rusia: sin monsergas democráticas, y sin aumentar las fricciones con Beijing y Moscú. Por eso en Bruselas no se podía hablar de democracia. Y por eso a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela que teóricamente tiene vedado su ingreso a suelo comunitario como consecuencia de sanciones impuestas por la UE, nada le impidió ser recibida con dos besitos por el presidente Sánchez.

Un estrecho margen de acuerdo

Todo en la cumbre hizo ver que los mandatarios a ambos lados del Atlántico están ahora mismo en frecuencias distintas. Mientras Europa insistía en algún tipo de condena a Rusia, varios presidentes latinoamericanos se explayaron en sus críticas al colonialismo, el extractivismo y el capitalismo. Y aunque ciertos temas de interés más particular se abordaron en reuniones paralelas y parciales, la declaración final expresa acuerdos de carácter muy general.

En el punto 31, el texto refleja cierta falta de concreción en materia de acuerdos comerciales, en tanto solicita «la ratificación de los acuerdos ya firmados y que se aplican en la actualidad», valora «positivamente los procesos en curso encaminados a la firma del acuerdo modernizado entre la UE y Chile y entre la UE y México en los próximos meses», y toma «nota de los trabajos en curso entre la UE y el Mercosur».

En el punto 15, quienes suscriben la declaración expresan su «profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania». Incluso si los europeos no lograron que la redacción condenara a Rusia, Nicaragua se rehusó a suscribirla, mientras otros países no dejaron de manifestar sus reservas al respecto. Eso sí: en ningún punto de la declaración se alude a las acciones dictatoriales y violatorias de los derechos humanos del gobierno nicaragüense.

¿Diálogo constructivo?

Del mismo modo, en el punto 11 la declaración de la cumbre expresa «la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba» y afirma que «la designación de nuevo de Cuba como Estado promotor del terrorismo y su mantenimiento en la lista han interpuesto obstáculos a las transacciones financieras internacionales con la isla». Asimismo, en el punto 40 los firmantes alientan «un diálogo constructivo entre las partes en las negociaciones dirigidas por Venezuela en Ciudad de México» (cursivas son mías).

En definitiva, si bien no faltan referencias muy generales en defensa de los derechos humanos, el medioambiente, los pueblos indígenas y afrodescendientes, o los acuerdos y principios programáticos de la ONU, a nadie se le escapa que la reversión autoritaria que experimenta el mundo entero parece diluir ciertos consensos que Europa y América Latina compartían con fervor hace un par de décadas.

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La conversación pública en torno a la irrupción de Threads como competencia de Twitter estuvo dominada por la rivalidad entre los magnates de los dos grandes emporios tecnológicos mundiales, Mark Zuckerberg y Elon Musk, respectivamente.

Durante semanas, la conversación pública ha girado en torno a la rivalidad entre ambos, al exitoso lanzamiento de Threads el pasado 5 de julio, en la historia de las aplicaciones tecnológicas y la interfaz casi idénticas de las dos redes sociales.

Incluso la disposición de estos emperadores digitales de protagonizar un combate enjaulado en el Coliseo Romano, al estilo de los espectáculos de artes marciales mixtas, es una idea que podría parecer ridícula, pero nunca se sabe cuando los negocios se mueven al ritmo de los clics.

Quizás debido a la capacidad humana de adaptarse a situaciones adversas, es posible que en el surgimiento de Threads haya pasado desapercibido el grave problema contemporáneo que golpea al debate público en democracia, como significa el «calentamiento global» de la plaza pública debido justamente a las redes sociales.

Era una ocasión oportuna para introducir en el debate el papel de aplicaciones como Threads en la comunicación —en el sentido de instrumento para poner en común algo— y en la verdad de la información, como lo expone con sencillez Guadalupe Nogués: «Hay un mundo real ahí afuera que parece comportarse con reglas propias y en el que ocurren cosas. Eso que ocurre son hechos, hechos reales. No existen los hechos alternativos». Pero, en estas semanas, casi nada de ello fue motivo de interés.

Y era una ocasión oportuna también para reafirmar que Google, Facebook, Twitter y, ahora Threads, son empresas publicitarias, un carácter muy legítimo, por supuesto, pero una condición que impide que sean un instrumento a cabalidad de información y de comunicación en la vida social.

Primer round para Zuckerberg

Si la pelea de fondo fuera la competencia de hoy entre Thereads y Twitter, podría decirse que la red social de Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, uno de los conglomerados de tecnología y redes sociales más relevantes del mundo, va ganando la competencia, aunque está lejos de levantar el trofeo.

La novel red social ganó en términos de marketing; las buenas expectativas del negocio que dejan las más de 10 millones de suscripciones en las primeras siete horas de vida o 100 millones en cinco días, reflejan el entusiasmo del estreno, una buena cosecha por la irritación que provoca la gestión errática de Musk en Twitter, que se amplifica en las voces de la corrección política.

Se trata de un número sorprendente de seguidores si se considera que todavía no aterrizó en los países de la Unión Europea por las leyes reguladoras del bloque que chochan con la estrategia empresarial de Zuckerberg en múltiples aspectos.

Irrupción y desafío

El momento de la irrupción de Threads coincide con malas proyecciones de Twitter: baja de usuarios activos, caída de anunciantes y pérdida de valor de la compañía. Además, medidas controvertidas como la introducción de un muro de pago que limita la cantidad de publicaciones que se pueden leer en las cuentas no verificadas.

En un momento desafiante para Twitter, surge un competidor de envergadura. Meta pergeñó la nueva red social desde su aplicación Instagram, que la alimentará y le permitirá potenciar su torta publicitaria. Y aprovechará la sinergia del conglomerado, que incluye, además, a Facebook y WhatsApp, para capturar a cada vez más usuarios.

El buen arranque de Zuckerberg no debería obnubilar otros aspectos a considerar en los próximos rounds. Por ejemplo, el efecto que puede tener el hecho de que Threads es una mera imitación de Twitter y no ofrece a los usuarios ninguna experiencia de comunicación nueva, como en su momento lo hizo TikTok con los videos cortos y en formato vertical.

La periodista Lidia Polgreen, integrante del equipo de opinión de The New York Times, en un reciente episodio de un pódcast de su diario, hizo hincapié en un aspecto de las redes sociales —por lo menos de Twitter— que muchas veces se pasa por alto: la expectativa que hubo en sus inicios de que alentara una conversación pública virtuosa, una posibilidad que el transcurso del tiempo convirtió en una ilusión.

La distracción tecnológica

La colega Polgreen, como tantos usuarios idealistas sobre las redes sociales, ignoraron que las «máquinas maravillosas» que las sustentan, «en lugar de secundar» las intenciones de los navegantes digitales, «se dedican a captar y monopolizar nuestra atención».

El perspicaz análisis de James Williams revela la esencia de plataformas digitales como Threads, que siguen mostrando despiadadamente el enfoque de las redes sociales como instrumentos de persuasión, dirigidos más hacia consumidores que hacia ciudadanos.

Ello significa que están diseñadas específicamente para manipular el comportamiento de los usuarios con el propósito de captar la atención y servirse de ella.

En la economía de la atención que rige en el negocio virtual, los anuncios no son una excepción, sino la regla o, por lo menos, se hace difusa la separación entre la información y el mensaje publicitario.

William, estratega de Google durante diez años y que renunció desencantado, advierte en su libro Clics contra la humanidad. Libertad y resistencia en la era de la distracción tecnológica sobre dos peligros latentes: a corto plazo, la disminución de «la capacidad de hacer lo que queremos hacer»; a largo plazo, impedimentos para «vivir las vidas que queremos vivir».

Se pierde cierto sentido de la libertad si se navega en internet en busca de determinada información u opinión y el internauta se desvía enredado en un laberinto de hilos, en foros muy alejados de su foco de atención inmediata.

Es un error creer que la actitud de dejarse llevar por las ventanas que se abren en las redes sociales es resultante del uso de la libertad humana, pues son aberturas de la pantalla que, como el flautista de Hamelín, buscan hipnotizar nuestra atención.

¿Conversación saludable?

Nada de esto supone demonizar a los inventores de las redes sociales. Creer que se trata de mentes maquiavélicas con el objetivo de hacer el mal, solo sirve para banalizar el problema.

Pero, es evidente que aplicaciones como Threads no animan una conversación saludable para la convivencia democrática, pues producen un ruido ensordecedor que no permite escucharse con atención.

Una plaza pública genuina para un medioambiente democrático saludable exige un respeto por la atención verdadera del usuario, alejada de la cultura del clickbait y con vocación por la verdad como la define Nogués.

Las redes sociales pudieron haber sido una hermosa herramienta democrática, una gran autopista para la construcción de una ciudadanía a la altura de un mundo interconectado y globalizado. A la vez que necesita las raíces que ofrece la nación, para hacer efectiva la autonomía humana, se requieren deberes más allá de las fronteras.

Parecería que ni Zuckerberg ni Musk están interesados en involucrarse en estas cuestiones.

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El hidrógeno verde (o limpio) es una energía renovable que promete. Para producirlo hay que descomponer el agua: oxígeno, por un lado, e hidrógeno, por el otro. El método más común es la electrólisis, que requiere del uso intensivo de una segunda fuente de energía y, por supuesto, de disponibilidad de agua. Para que el ciclo sostenible sea completo, desde luego, esa segunda fuente de energía también debe ser renovable (solar, eólica, etc.). Hablamos, por tanto, de procesos de producción complejos con entornos que tengan un potencial renovable e inversiones  a largo plazo que permitan innovar en la construcción de plantas de producción, así como en almacenaje y transporte.

América Latina tiene, en principio, un potencial enorme para la producción de hidrógeno verde. Aquí se concentran, según la FAO, casi un tercio de las reservas mundiales de agua potable. Además, el costo de la mano de obra sería competitivo y existe capacidad instalada suficiente para la producción de otras energías limpias complementarias (como la solar o la hidroeléctrica). Todos esos activos conjuntos, si se orientan hacia la producción del hidrógeno verde, harían la diferencia. Siguen faltando, sin embargo, una estructura productiva consistente y un mercado regulado y articulado. Para superar ambos obstáculos es necesario que haya inversores (públicos o privados) realmente decididos.

Proyecto pionero en Chile

Después de la pandemia de la covid-19, Chile se puso a la cabeza y en 2021 comenzó el H2Magallanes, un proyecto pionero en América Latina. Después vinieron 62 iniciativas parecidas en 13 países de la región. En muchos casos, aunque no en todos, se trata de inversiones foráneas. Recientemente, Argentina, un país necesitado de divisas, aprovechó el boom del hidrógeno verde para organizar un foro global en San Carlos de Bariloche. Allí, su Gobierno anunció que enviaría próximamente al Congreso una ley del hidrógeno. La aprobación de un instrumento así es un paso significativo que da seguridad jurídica a los inversores, una condición fundamental para empezar a operar.

Otro indicador es la reciente visita de Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a cuatro países latinoamericanos (Brasil, Argentina, Chile y México). En julio habrá una cumbre euro/latinoamericana y en el trasfondo están el nunca ejecutado tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur y una propuesta europea (la Global Gateway), que pretende competir con la iniciativa china de la Franja y de la Ruta. El hidrógeno verde pesa, en ese marco, más de lo que se piensa. La guerra de Ucrania ha encarecido el precio de la energía en Europa (sobre todo del gas), lo cual afecta a la competitividad de sus empresas y al poder adquisitivo de la población.

¿Convergencia de intereses?

Ahí es donde los intereses de Europa y de América Latina parecieran converger. El mantra que se repite en medios e informes, casi sin espacio para visiones alternativas, es que los países latinoamericanos deberían aprovechar la coyuntura y sus fortalezas para producir y exportar hidrógeno verde hacia Europa. Contemplada desde una perspectiva europea, la transición al hidrógeno verde podría ser rápida. La infraestructura que se utiliza ahora en Europa para transportarlo y almacenarlo es cara y el contaminante gas natural licuado proveniente de Estados Unidos (que ha sustituido al gas natural ruso) podría reutilizarse para importar el hidrógeno verde producido en América Latina.

Hoy por hoy, independientemente del potencial regional, en América Latina no solo faltan regulación e inversiones, sino también certificaciones, infraestructuras, capacidad exportadora, investigación, personal cualificado y evaluaciones de impacto ambiental consistente. Las carencias por la aún escasa producción de hidrógeno verde son tales que hace un par de años, en la Bolsa de São Paulo, fue creada una cartera para atraer inversiones hacia empresas que estén desarrollando cualquiera de los ámbitos necesarios para el despegue.

Inversión privada y regulaciones

La inversión privada, de hecho, presenta en este ámbito los mismos problemas estructurales que en otros sectores: básicamente falta volumen, estrategia, institucionalidad y sobra capital riesgo. Los Estados latinoamericanos, mientras tanto, no invierten lo suficiente y sus estrategias nacionales no difieren demasiado de los diagnósticos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, la Cepal, la Agencia Internacional de Energías Renovables o algunos lobbies, todavía embrionarios. Todo ello ha facilitado el interés de inversores no europeos. Estados Unidos, por ejemplo, con una producción muy subvencionada desde 2022, comienza a mirar hacia América Latina.

Argentina ya tiene firmado, por otra parte, un memorándum de cooperación con Japón. Asia Pacífico es en este momento la región del mundo en la que se producen mayores volúmenes de hidrógeno verde y en la que los planes a largo plazo son más consistentes y detallados. Japón, Australia y Corea del Sur tienen proyectos orientados hacia objetivos estratégicos fijados para mediados del siglo que incluyen la creación de cadenas de suministro globales y asimétricas, al estilo de las que existen ahora mismo para los hidrocarburos. China y Singapur tienen intenciones parecidas. La India, Indonesia y Tailandia también se están abriendo a producir a gran escala. Hay un mercado internacional en gestación.

Perspectivas para América Latina

Pese a ello, en América Latina sobra prospectiva empresarial y falta reflexión estratégica. Casi nadie se pregunta, por ejemplo, si una eventual cooperación regional o subregional podría resultar preferible a insistir en iniciativas nacionales más limitadas y vulnerables a todos los niveles. Tampoco se cuestiona la exportación, que se asume como lógica e inevitable. Pocos se plantean que la transición energética, que es la que realmente nutre la creciente demanda global de hidrógeno verde, tiene su origen en las cuotas internacionales de contaminación negociadas cada año en las COP de las Naciones Unidas.

¿Podrán nuestros países seguir negociando en ese mercado si comienzan a exportar energías limpias a gran escala? ¿No podrían nuestras economías absorber el hidrógeno verde? Para países primario-exportadores, como los sudamericanos, esa posibilidad quizás resulte interesante. La energía producida tiene potencial como combustible agrícola no contaminante y de bajo costo. Además, puede ser utilizado como componente de fertilizantes ecológicos, que podrían dejar de importarse, con los consiguientes beneficios.

¿Conviene entonces seguir reproduciendo, incluso bajo una matriz energética sostenible, inercias rentistas que, históricamente, han tendido a retroalimentar la dependencia económica y la desigualdad social en América Latina? Sería bueno empezar a discutirlo.

Publicación original: portal Latinoamérica21, el 4 de julio de 2023.

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Andrés Malamud es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, donde dirige el Doctorado en Política Comparada. Obtuvo su licenciatura en ciencia política en la Universidad de Buenos Aires y su doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia. Ha sido investigador visitante en Alemania y Estados Unidos, y profesor en universidades de Argentina, Brasil, España, Italia, México y Portugal. Ha integrado el comité ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y es secretario general de la Asociación Portuguesa de Ciencia Política.

Política por WhatsApp

Adriana Amado: ¡Hola! Lo contacto por una entrevista para Diálogo Político, para hablar un poco de las tendencias en Latinoamérica.

Andrés Malamud: Encantado. ¿Puede mandarme las preguntas por escrito y pelotear a partir de las respuestas? Vamos por acá que estoy entre avión y avión.

Adriana Amado: ¡Gracias! La primera pregunta es por los ciclos izquierdas/derechas en Latinoamérica. Los líderes de izquierda recientemente electos parecían reabrir un nuevo ciclo. ¿Qué percibe en estos procesos?

Andrés Malamud: El ciclo de izquierda en América Latina se apoyó en dos pilares: la insatisfacción con el ciclo previo de neoliberalismo y el boom de las commodities. Hoy el neoliberalismo no asusta y con las commodities no alcanza.

Adriana Amado: Pero en la región también venimos de decepción política de un largo periodo. ¿Canalizan esa decepción a izquierda y derecha los outsiders?

Andrés Malamud: Sí. En toda América Latina los sistemas de partidos crujen, y en algunos países como Chile, Perú, Ecuador se disolvieron. Los outsiders que creen nuevos partidos marcarán el rumbo de sus países. Los que no creen instituciones solo contribuirán al naufragio.

Adriana Amado: ¿Cuáles son las causas de la disolución de los partidos? ¿El fenómeno que se percibe en Latinoamérica es el mismo que se ve en otras partes del mundo o es particular en la región?

Andrés Malamud: Es un fenómeno global. Los partidos que hoy gobiernan Francia e Italia no existían hace quince años. La globalización y su crisis tendieron a centrifugar las sociedades y descongelar los sistemas de partidos.

Latinoamérica y sus líderes

Adriana Amado: Los liderazgos en Latinoamérica no dejan sucesión. ¿Eso no es particular en la región?

Andrés Malamud: Algunos dejan sucesión. A veces esa sucesión fracasa, como ocurrió con Dilma Rousseff. A veces traiciona, como hizo Lenín Moreno a Rafael Correa en Ecuador. Y a veces decepciona, como es el caso de Alberto Fernández. Pero ese concepto de la sucesión es un resabio caudillista: en las democracias plurales al sucesor lo elige el pueblo, no el gobernante.

Adriana Amado: …Siempre y cuando los partidos escuchen al pueblo, cosa que no parece en países en que los partidos resisten las primarias, aun siendo «obligatorias» como en Argentina.

Andrés Malamud: ¿Por qué resisten? ¿En qué sentido?

Adriana Amado: Me refiero a que, de hecho, resuelven las candidaturas sin intervención del voto, por eso decía que no parecen escuchar a la ciudadanía.

Andrés Malamud: ¡Ah! No resisten las primarias: las usan estratégicamente. Evalúan si conviene dispersar o unificar candidaturas en función del adversario que encuentran. La ciudadanía no pide competencia interna, sino soluciones.

Adriana Amado: ¿Eso se relaciona con la aparición de «solucionadores» mágicos y su éxito electoral?

Andrés Malamud: No, el uso estrella de las PASO (las primarias abiertas y obligatorias en Argentina) es anterior a la aparición de Javier Milei (candidato a presidente por La Libertad Avanza).

Adriana Amado: Bueno, hoy encarna él esa idea del candidato salvador, pero ¿no hay una cultura de eso, no solo en Argentina sino también en Latinoamérica?

Andrés Malamud: ¿Y Trump? Los latinoamericanos votan como el resto del mundo: si los que están no resuelven, que vengan otros.

Outsiders y política

Adriana Amado: ¿Es decir que no sería un tema ni regional ni de izquierdas o derechas, sino una tendencia global? Y, en ese caso, ¿qué características tendría?

Andrés Malamud: El ascenso de los outsiders tiene varios ejemplos: tecnócratas como Emmanuel Macron (Francia) y Rafael Correa (Ecuador), orcos como Donald Trump (Estados Unidos) y Jair Bolsonaro (Brasil), doctrinarios como Javier Milei (Argentina) y Pedro Castillo (Perú) 😂

Adriana Amado: Ahí estamos. ¿Ahí nos quedaremos? 🤔

Andrés Malamud: La historia no se detiene…

Adriana Amado: ¡Muchas gracias!

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China, a dos décimas de entrar oficialmente en deflación, observa preocupada que podría no cumplir con su modesto objetivo de crecimiento del 5% para 2023. Sus exportaciones de mayo se hundieron un inesperado 7,5%. Y las importaciones, que habían caído un 7,9% en abril, volvieron a retroceder otro 4,5%. Cabe destacar, además, que mientras las exportaciones chinas hacia Europa y Estados Unidos están en caída libre, las ventas del gigante asiático a Rusia subieron un 114%. China es ahora, por tanto, el primer mercado de exportación del gas y petróleo rusos, mientras que la importación de bienes estadounidenses en China ha retrocedido casi un 10%.

La posibilidad real de sanciones contra China, bien por su cada vez más estrecha relación con Rusia o por un conflicto en Taiwán, hace que Pekín priorice proteger sus reservas internacionales de divisas preservando su superávit comercial. Frente al dólar, solo este año, el yuan chino ha sufrido una depreciación del 6% desde niveles máximos alcanzados en enero de 2023. Es decir, si las exportaciones caen, también lo harán las importaciones, lo que impactará negativamente sobre América Latina y otras economías. Y eso es preocupante para nuestra región por las expectativas depositadas en la demanda china. 

Durante los cinco primeros meses de 2021, según estadísticas oficiales chinas, el comercio total chino con América Latina creció interanualmente un 45%. China, entonces, estaba en plena recuperación pospandemia. Pero por la política del covid-0 y otros factores, el comercio chino con América Latina se desaceleró bruscamente durante los cinco primeros meses de 2022, creciendo tan solo un 12,5%. Y este año 2023, tomando también como referencia los meses de enero a mayo, el frenazo comercial bilateral se materializó con un ascenso muy moderado en torno al 3%. Por tanto, el crecimiento de los intercambios chinos con América Latina ha pasado del 45% al 3% en sólo dos años.   

Desaceleración en Perú

La tendencia es general. Perú ha sufrido una desaceleración notable del crecimiento de sus exportaciones a China. Durante los cinco primeros meses de 2021, estas habían crecido un 58,4% interanual, pero este año solo han aumentado el 0,16%. Chile también ha reducido su aumento, del 40% al 8%, de 2021 a 2023. Brasil lo hizo del 32,6% al 3,3%. Y otros países latinoamericanos, como Colombia (-16,1%), Uruguay (-31,2%) o México (-1,96%) incluso han visto retroceder significativamente sus exportaciones hacia China este año 2023.

No obstante, hay algunas excepciones, más vinculadas a razones geopolíticas o de seguridad alimentaria que estrictamente económicas, lo cual también revela algunas de las nuevas tendencias del comercio actual con China. Honduras, al calor político del establecimiento de relaciones diplomáticas, ha triplicado sus ventas hacia el gigante asiático. Argentina, cuyas exportaciones hacia China son sobre todo materias primas alimentarias (mucho menos sensibles a los shocks económicos), ha mantenido el crecimiento de sus exportaciones prácticamente sin cambios desde 2021. Pero la tónica general es la de una desaceleración brusca de las exportaciones latinoamericanas hacia China.

Las probabilidades de que la coyuntura en China pueda mejorar a corto plazo son escasas. Los indicadores del consumo chino ahora mismo presentan sus peores registros de las últimas décadas. El empleo urbano registrado, que no incluye las zonas rurales, cayó por primera vez desde 1962. El desempleo juvenil, por otra parte, está en niveles máximos superiores al 20%. Antes de la pandemia, en 2019, esta cifra apenas superaba el 10%. Las ventas minoristas en China, con un descenso del 0,2% durante 2022, registraron su segundo peor dato desde 1968. Y la renta per cápita disponible, con un alza inferior al 3%, está en sus peores niveles desde finales de los años ochenta.

Rol de la inversión china

Estos datos, obviamente, desincentivan la importación de bienes para consumo. Por tanto, sin el impulso del consumo o de las exportaciones, China solo podría recurrir a la inversión para crecer (que, en este país, es esencialmente pública). Sin embargo, la deuda explícita de las administraciones locales, según estimaciones del FMI, se ha duplicado en tan solo cinco años. Y el endeudamiento a través de vehículos de financiación de los gobiernos locales (LGFV) ya equivale al 50% del PIB. La confianza del consumidor, en mínimos históricos durante lo más duro del covid-0, agravó los problemas dentro de sectores sobredimensionados como el inmobiliario. Según China Index Academy (CIA), en 2022, las cien primeras promotoras inmobiliarias chinas redujeron sus ventas un histórico 41,3%.

Este esquema seguirá estrechando los márgenes de inversión pública para estimular la economía. La menor demanda externa, por razones geopolíticas, puede atascar todavía más el motor del crecimiento. E infligir un daño mayor al empleo, de seguir cayendo las exportaciones. En este contexto, con un yuan claramente a la defensiva, las importaciones quedarán reducidas al mínimo imprescindible. Y el círculo vicioso lo cierran un consumo doméstico e inversión privada sin robustez suficiente como para tirar del crecimiento en China.

El modelo económico chino, fuertemente intervenido por el Estado, comienza a hacer visibles sus fallas en un contexto actual de estrés global, desconfianzas mutuas con el mundo occidental e intensa competición estratégica con Estados Unidos. América Latina tiene que asumir que el esquema de una China de crecimientos desbocados, demanda voraz y crédito fácil, vigente durante más de dos décadas, da muestras de haberse agotado.

Publicado originalmente por Cadal el 4 de julio de 2023.

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En el segundo aniversario de las mayores protestas de la joven historia de Cuba, me cuesta escribir en tono conmemorativo. Otros lo harán, recordando los eventos de aquellas jornadas. Pero lo sucedido el 11 y, en menor medida, 12 y 13 de julio de 2021 no es solo materia para la memoria. Sus efectos sobre la vida de los cubanos se prolongan, dentro y fuera de la isla. Hablar del 11J es hacerlo en presente continuado, atravesando varias dimensiones de la realidad y su análisis.

La rebeldía popular. El 11J fue el corolario de un despertar de la ciudadanía —más desigual, pobre y vocal— conectada por el acceso a internet, a tono con estallidos de protesta globales. Le precedieron movimientos y manifestaciones opositores, LGBT, animalistas, activistas del mundo artístico. Tuvo un himno en la icónica canción Patria y Vida, síntesis de identidades y demandas, viralizada como lema de protesta dentro y fuera del país. Pese al reflujo posterior, durante 2022 y 2023 siguen produciéndose protestas populares, que combinan formatos y reclamos varios, en distintas partes del país. Algo se quebró, a nivel psicosocial, en quienes experimentaron —por breve tiempo y pese a la represión— el sabor de la libertad.

Protesta y represión

El terror gubernamental. Sorprendido por el rechazo de un pueblo al que consideraban sometido, la respuesta desde el 11J ha sido la represión. Casi 1900 personas detenidas hasta la fecha —incluidos adolescentes, afrodescendientes, youtubers—, con condenas que llegan hasta los 20 años por salir a una plaza y gritar una consigna. Un Código Penal y Ley de Prensa que criminalizan cualquier acción cívica o comunicación autónoma. La postergación de prometidas leyes de manifestaciones y asociaciones. El ambiente de intimidación y abuso que cada semana arroja a prisiones a algún ciudadano inconforme. Cuba convertida en una inmensa cárcel.

El éxodo masivo. La estampida —en aviones, balsas en el estrecho de la Florida y trochas en la selva del Darién— de alrededor de 400.000 personas, un récord en la historia nacional, con destino principal a Estados Unidos y, en secundario, España y otros países. Una marea humana que desgarra familias, despojando al país de su mano de obra más joven y calificada cuando enfrenta una crisis demográfica. Crisis derivada, causal y estructuralmente, de la desesperanza que provoca un modelo represivo e ineficaz; no las sanciones que —como sucede en Venezuela o Nicaragua— son añadido posterior a los eventos endógenos.

Desprestigio y rechazo

El desprestigio de los gobernantes. A diferencia de la era de Fidel Castro, donde el carisma del gobernante confluía con el adoctrinamiento para producir niveles apreciables de adhesión al sistema, la situación ha cambiado. Se palpa en las calles, en las desangeladas convocatorias oficiales, en los sondeos de opinión. El régimen e instituciones políticos aparecen con niveles bajos de aceptación ciudadana, por detrás de las Iglesias, la prensa independiente e, incluso, de los silenciados activismos opositores.

La indulgencia de los demócratas. Pese al panorama antes expuesto, los gobiernos y sociedades democráticas aún no sintonizan sus posturas con la realidad insular. Los silencios y eufemismos siguen marcando la pauta. Salvo Lacalle y en menor medida Boric, ningún presidente latinoamericano ha referido a la grave situación de crisis, represión y éxodo. AMLO, Lula, Francia Márquez —yendo más allá de lo que la lógica diplomática obliga— legitiman vergonzosamente una dictadura en la cual opositores como ellos no habrían podido llegar al poder, sino a la cárcel. La academia regional, pese a la situación de los intelectuales y artistas cubanos, sigue confundiendo tiranía y utopía al hablar de Cuba.

Desde Europa, el Parlamento Europeo condena la represión sin fin, pero Joseph Borrell viaja a la isla prometiendo inversiones y créditos, mientras elude hablar de derechos humanos y desestima las mismas sanciones que pondera para Bielorrusia. Incluso dentro de Estados Unidos, el único país que ha mantenido una postura de condena al autoritarismo, círculos de lobbystas y empresarios ligados al Partido Demócrata apuestan por retomar una normalización iniciada, en condiciones muy diferentes, en la era Obama.

Abrazo de dictadores

El abrazo de los dictadores. Además de su continuo apoyo y concertación con las dictaduras hermanas de Nicaragua y Venezuela y su acercamiento con el régimen iraní, La Habana ha estrechado (de modo acelerado y ruidoso) sus vínculos con Rusia y China, tanto en la esfera económica como de seguridad. Visitas de autoridades, firma de convenios y apoyo diplomático mutuo marcan la agenda. El tránsito a un capitalismo autoritario, dirigido por la misma elite que declara su lealtad al comunismo, está en marcha con asesoría rusa y guardianes chinos. La operación tiene un doble objetivo: chantajear a potenciales socios (Estados Unidos y Europa) en pro de una mejoría de relaciones diplomáticas y apoyo económico, reforzar el vínculo orgánico con las potencias autocráticas (Rusia, China) con las que comparten cosmovisión del orden global y local.

El terror de Estado sigue enseñándose contra la rebeldía popular, dejando como saldo una mayor cantidad de presos políticos que la suma de todo el continente. El abrazo con Putin y Xi envalentona a los autoritarismos del sur global, ante la confusión e indulgencia de los demócratas. El quiebre de una economía que no se reforma con espejismos de normalización, de la mano de los enchufados y bodegones del nuevo capitalismo autoritario. Todo eso es hoy, en el plano real, el legado de aquel 11J en que los cubanos descubrieron, en masa y sin mesías, el sabor de la libertad. Pero hay, en otro plano, una herencia y reflexión importantes.

El universo simbólico de lo político

Los humanos somos, como nos definió Aristóteles, animales políticos. Y lo político es un universo de símbolos, ideas y valores. El símbolo que la propaganda de la dictadura regala a sus defensores (sean izquierdistas nostálgicos, políticos cínicos o empresarios inescrupulosos) debe ser destruido. Porque no se corresponde con nada real: hay en Cuba tanta o más pobreza, desigualdad y opresión que en sus vecinos. Más que en el pasado contra el que se hizo la revolución. Esa palabra, revolución, debe dejar de ser usada como maquillaje de un régimen orwelliano. En cuanto a las ideas, no habrá renovación real y perdurable en las izquierdas democráticas latinoamericanas mientras no corten el cordón umbilical afectivo, formativo y organizativo con las instituciones y agentes cubanos; algo que el Foro de San Pablo encarna de modo prístino.

Por último —pero no menos importante— en el mundo de los valores, lo sucedido el 11J nos recuerda que la gente, en ninguna época y en ninguna parte, porta el chip de la servidumbre. Pero que, a la vez, todos vivimos bajo la amenaza del despotismo. Tengo familiares y amigos a los que el exilio y la cárcel me impide abrazarlos, gente que descubrió la luz de la libertad desde el milagro de la acción. Ni yo ni nadie deberíamos mirar nuevamente al lado, justificar nuestro silencio con no sé qué utopía falsa y miserable. La historia no tiene más sentido que la autorrealización humana. Y como dijo una vez Camus, uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen.

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Acesse a versão em espanhol.

Em 23 de junho de 2023 a Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou uma resolução “instando a Nicarágua a parar com as violações aos direitos humanos, liberar os presos políticos e respeitar a liberdade religiosa”. O Brasil votou a favor da resolução, porém nos dias anteriores trabalhou para suavizar o texto, diminuindo as acusações contra a ditadura nicaraguense.

O presidente brasileiro Luiz Inácio “Lula” da Silva tem um histórico de declarações amistosas ao ditador Daniel Ortega. Lula já disse que “não pode interferir na decisão do povo” e comparou o ditador Ortega com a primeira ministra alemã Angela Merkel.

Esse texto se dedica a enumerar possíveis fatores que expliquem o comportamento de Lula, um líder democraticamente eleito, sobre a ditadura da Nicarágua. Além disso, vamos olhar os custos associados desse comportamento para Lula e para o Brasil.

Ideologia

O primeiro fator, óbvio, é ideologia: Lula é um homem de esquerda. A esquerda lhe dá comunidade e uma visão de mundo. São poucos os que conseguem desafiar a visão de mundo que a comunidade impõe. Por isso, os regimes da Nicarágua, Cuba ou Venezuela nunca foram chamados de “genocida” por Lula ou pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

A ideologia sempre guiará as ações e visões de mundo de cada um de nós, em menor ou maior grau. O sujeito que faz política pensando estar completamente apartado de uma ideologia é um tolo ou está escondendo seus valores. A questão é quando sua ideologia faz você justificar assassinatos, estupros e tortura.

Lula quer ser um líder global

Lula tem uma grande ideia sobre si mesmo. Ele disse certa vez que “não era mais um homem, mas sim uma ideia”. Cabe olhar para os políticos, sem exigir-lhes que sejam sobre humanos. É compreensível que o sujeito que saiu da miséria e virou presidente tenha ilusões de ser onipotente. O problema é não haver assessores para lhe trazerem de volta à realidade.

Com essa ideia sobre si mesmo, os movimentos de Lula parecem indicar um desejo de ser reconhecido internacionalmente, talvez inclusive com um Nobel da Paz: as assíduas viagens internacionais e a tentativa de mediar a guerra na Ucrânia são dois exemplos. Depois de encontro com o papa Francisco, Lula anunciou que pedirá a libertação do bispo Rolando Álvarez, condenado a mais de 26 anos de prisão pela ditadura de Ortega.

Em 2018, o ativista argentino Adolfo Pérez Esquivel recomendou Lula para o Nobel da Paz por seu trabalho pelo combate à fome. Resta saber se a percepção de amplos setores de que Lula trabalha para justificar os assassinatos de Ortega ajudam ou atrapalham sua pretensão ao prêmio.

O papel do Brasil no mundo

Lula expandiu o número de Embaixadas brasileiras pelo mundo em suas presidências anteriores. A ideia é que o Brasil é uma potência emergente merece ter um lugar maior no sistema internacional. O maior ativismo na América Latina, onde Lula busca se posicionar como líder, é parte desta macro visão sobre o Brasil no mundo.

Uma hipótese é que a diplomacia brasileira evite críticas diretas à ditadura de Ortega para tentar uma mediação. Esse raciocínio ainda tem que explicar por que Ortega cederia poder. Se não conseguir explicar isso é pensamento mágico. O tempo dirá.

Parte da macro visão de Brasil como potência emergente é, também, uma irritação de Lula e da esquerda com a dupla moral de democracias ocidentais liberais. Formuladores de política externa ligados ao PT costumam lembrar episódios em que países do Ocidente liberal violaram o direito internacional, como a invasão americana do Iraque em 2003. Ademais, os Estados Unidos incluiram a Índia de Narendra Modi, um governo que promove censura e ódio contra minorias étnicas, em sua “cúpula das democracias”. Em política, o poder e o interesse sempre encontram uma maneira de se sobrepujar à ideologias e valores morais. É a vida como ela é.

Os custos associados

Em política uma ação sempre: 1) leva a uma reação; 2) tem um custo, e; 3) é uma escolha a uma alternativa que foi preterida.

Lula provavelmente acredita que os custos associados à percepção geral de que ele é amigo de um ditador que persegue padres é baixo. É possível que ele ache que os críticos na mídia e na sociedade civil iriam criticá-lo de qualquer forma, logo não devem ser ouvidos.

Um risco associado à postura amistosa com um ditador que persegue padres é endossar a visão de muitos evangélicos brasileiros tem sobre a esquerda: que ela é ateia e pesegue cristãos. Os evangélicos são aproximadamente 30% da população e se tornaram um eleitorado obrigatório.

Na campanha presidencial 2022, o então Presidente Jair Bolsonaro, preferido entre evangélicos, cobrou de Lula sobre seu posicionamento sobre a perseguição de cristão na Nicarágua. Esse tema era muito frequente também em sites de notícia voltados a esse segmento. Ou seja, falar bem de Ortega não ajuda a aproximar Lula e o PT dos evangélicos – que quase deram a vitória a Bolsonaro.

Um segundo risco associado a perder tempo e gastar capital político em não criticar crimes contra a humanidade de uma ditadura de esquerda na América Central é que essa geografia é pouco importante para os interesses econômicos do Brasil. Uma estratégia diplomática que faria mais sentido seria buscar convergências políticas e regulatórias com os vizinhos sul-americanos para facilitar bilionários investimentos em infra-estrutura que a região precisa. É do interesse do Brasil e de suas empresas que os vizinhos tenham bom desempenho econômico. A Nicarágua é irrelevante nesse quadro.

O «soft power» brasileiro

O terceiro risco é a percepção de que Lula associa sua marca à de Ortega. A mera sugestão de que o Brasil está se alinhando ao autoritarismo de Ortega e seus amigos não traz nenhum benefício ao soft power brasileiro. A Nicarágua votou contra moção da Assembléia Geral das Nações Unidas que condenava a invasão russa à Ucrânia. O regime de Ortega votou junto com a própria Russia, além de Belarus, Coreia do Norte, Síria, Mali e Eritreia.

O quarto risco associado é que quando Lula critica somente o autoritarismo de Bolsonaro, que tentou dar um golpe de estado, mas cala sobre a ditadura de Ortega, a mensagem que ele passa aos que não votaram nele é a de que ele usa a palavra “democracia” quando lhe convém. Isso diminui o poder da sua palavra e desvaloriza a crítica de Lula e do PT ao autoritarismo de Bolsonaro, pois pode passar a impressão ao público de que o PT é seletivo em sua crítica aos inimigos da democracia.

Se Lula e o PT criticam somente os inimigos da democracia que são de direita (como Bolsonaro), mas calam sobre ditadores de esquerda, o público pode achar que “democracia” é um conceito morto, um slogan publicitário apenas. O risco é que nas próximas eleições brasileiras o eleitorado não preste muita atenção quando a esquerda apontar para os perigos autoritários da direita bolsonarista.

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Acceso a la versión en portugués.

El 23 de junio de 2023, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución «instando a Nicaragua a poner fin a las violaciones de los derechos humanos, liberar a los presos políticos y respetar la libertad religiosa». Brasil votó a favor de la resolución, pero en los días previos trabajó para suavizar el texto, disminuyendo las acusaciones contra la dictadura nicaragüense.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene un historial de declaraciones amistosas hacia el dictador Daniel Ortega. Lula ya dijo que «no puede interferir en la decisión del pueblo» y comparó al dictador Ortega con la primera ministra alemana, Angela Merkel.

Este texto está dedicado a enumerar los posibles factores que explican el comportamiento de Lula —un líder elegido democráticamente— frente a la dictadura nicaragüense. Además, examinaremos los costos asociados a este comportamiento para Lula y para Brasil.

Ideología

El primer factor es la ideología: Lula es un hombre de izquierdas. La izquierda le da una comunidad y una visión del mundo. Hay pocos que puedan desafiar la visión del mundo que impone la comunidad. Por eso, los regímenes de Nicaragua, Cuba o Venezuela nunca han sido calificados de genocidas por Lula o por el Partido de los Trabajadores (PT).

La ideología siempre guiará las acciones y las visiones del mundo de cada uno de nosotros, en menor o mayor grado. Quien hace política pensando que está completamente desvinculado de una ideología es un necio o está ocultando sus valores. La cuestión es cuando tu ideología te hace justificar el asesinato, la violación y la tortura.

Lula quiere ser un líder mundial

Lula tiene una gran idea de sí mismo. Una vez dijo que «ya no era un hombre, sino una idea». Vale la pena mirar a los políticos, sin exigirles que sean sobrehumanos. Es comprensible que el tipo que salió de la miseria y se convirtió en presidente tenga ilusiones de ser omnipotente. El problema es que no hay asesores que lo devuelvan a la realidad.

Con esta idea sobre sí mismo, los movimientos de Lula parecen indicar un deseo de ser reconocido internacionalmente, tal vez incluso con un premio Nobel de la Paz. Los asiduos viajes internacionales y el intento de mediar en la guerra de Ucrania son dos ejemplos. Tras reunirse con el papa Francisco, Lula anunció que pedirá la liberación del obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por la dictadura de Ortega.

En 2018, el activista argentino Adolfo Pérez Esquivel recomendó a Lula para el Nobel por su labor en la lucha contra el hambre. Está por ver si la percepción de amplios sectores de que Lula trabaja para justificar los asesinatos de Ortega ayuda o dificulta su pretensión al premio.

El rol de Brasil en el mundo

Lula amplió el número de embajadas brasileñas en todo el mundo durante sus anteriores presidencias. La idea es que Brasil, como potencia emergente, merece un mayor lugar en el sistema internacional. El mayor activismo en América Latina, donde Lula busca posicionarse como líder, forma parte de esta visión macro de Brasil en el mundo.

Una hipótesis es que la diplomacia brasileña evita la crítica directa a la dictadura de Ortega para intentar mediar. Este razonamiento todavía tiene que explicar por qué Ortega cedería el poder. Si no puede explicarlo, se trata de pensamiento mágico. El tiempo lo dirá.

Parte de la visión macro de Brasil como potencia emergente es también una irritación de Lula y de la izquierda con el doble rasero de las democracias liberales occidentales. Los responsables de la política exterior vinculados al PT suelen recordar episodios en los que países del Occidente liberal violaron el derecho internacional, como la invasión estadounidense a Irak en 2003. Además, Estados Unidos incluyó a la India de Narendra Modi, un gobierno que promueve la censura y el odio en contra de minorías étnicas, en su «cumbre de democracias». En política, el poder y los intereses siempre encuentran la manera de anular las ideologías y los valores morales. Así es la vida.

Los costos asociados

En política, una acción siempre lleva a una reacción, tiene un costo y es una opción a una alternativa que se ha dejado de lado.

Lula probablemente cree que son bajos los costos asociados a la percepción general de que es amigo de un dictador que persigue a los sacerdotes. Puede pensar que los críticos de los medios de comunicación y de la sociedad civil le criticarían de todos modos, por lo que no hay que hacerles caso.

Un riesgo asociado a esa postura amistosa hacia un dictador que persigue a los sacerdotes es respaldar la opinión que muchos evangélicos brasileños tienen de la izquierda: que es atea y persigue a los cristianos. Los evangélicos son aproximadamente el 30 % de la población y se han convertido en un electorado obligado.

En la campaña presidencial de 2022, el entonces presidente Jair Bolsonaro, preferido entre los evangélicos, cargó contra Lula por su posición sobre la persecución de cristianos en Nicaragua. Este tema también fue muy frecuente en los sitios de noticias dirigidos a este segmento. En otras palabras, hablar bien de Ortega no ayuda a acercar a Lula y al PT a los evangélicos (que casi le dan la victoria a Bolsonaro).

El segundo riesgo asociado a perder tiempo y capital político en no criticar los crímenes contra la humanidad de una dictadura okupa en Centroamérica es que esta geografía es poco importante para los intereses económicos de Brasil. Una estrategia diplomática que tendría más sentido sería buscar convergencias políticas y normativas con los vecinos sudamericanos para facilitar las multimillonarias inversiones en infraestructuras que necesita la región. A Brasil y a sus empresas les interesa que sus vecinos obtengan buenos resultados económicos. Nicaragua es irrelevante en este panorama.

El soft power brasileño

Un tercer riesgo es la percepción de que Lula asocia su marca a la de Ortega. La mera sugerencia de que Brasil se está alineando con el autoritarismo de Ortega y sus amigos no beneficia en nada al soft power brasileño. Nicaragua votó en contra de una moción de la Asamblea General de la ONU que condenaba la invasión rusa a Ucrania. El régimen de Ortega votó junto a la propia Rusia, así como Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, Mali y Eritrea.

El cuarto riesgo asociado es que cuando Lula critica sólo el autoritarismo de Bolsonaro, que intentó dar un golpe de Estado, pero guarda silencio sobre la dictadura de Ortega, el mensaje que transmite a quienes no lo votaron es que utiliza la palabra democracia cuando le conviene. Esto disminuye el poder de su palabra y devalúa las críticas de Lula y del PT al autoritarismo de Bolsonaro, ya que puede dar la impresión al público de que el PT es selectivo en sus críticas a los enemigos de la democracia.

Si Lula y el PT critican solo a los enemigos de la democracia que son de derechas (como Bolsonaro), pero guardan silencio sobre los dictadores de izquierdas, el público puede pensar que la democracia es un concepto muerto, solo un eslogan publicitario. El riesgo es que en las próximas elecciones brasileñas el electorado no preste mucha atención cuando la izquierda señale los peligros autoritarios de la derecha de Bolsonaro.

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Si hay un tema recurrente en las propuestas de reforma política en el Perú, ese es el de la bicameralidad. La Constitución de 1993 instaló un Congreso unicameral. En los últimos treinta años, más de medio centenar de iniciativas de reforma constitucional han planteado, sin éxito, restablecer la bicameralidad. Recientemente, se votó por quinta vez en el pleno del Congreso. Faltó un voto.

Tarea difícil

Las reformas constitucionales requieren de mayoría absoluta y ratificada mediante referéndum o por dos tercios de votos en dos legislaturas consecutivas. En Congresos con una fragmentación creciente como las legislaturas peruanas, lograr esa mayoría es una tarea difícil. A ello se suma que los partidos son débiles y poco cohesionados, por lo que las votaciones son imprevisibles.

La bicameralidad se ha propuesto también desde comisiones que se conformaron para reformas políticas en el 2001, 2004, 2016 y 2019.  No se trata de un tema coyuntural, sino uno muy relevante en el diseño del sistema político.

¿Por qué insistir? El unicameralismo ha mostrado múltiples falencias en el ejercicio de las funciones parlamentarias.

El Congreso unicameral de 130 congresistas, elegidos en 27 circunscripciones, es uno de los más pequeños en la región en relación con la población y su territorio. El número de congresistas respecto a la población es sustancialmente menor al que históricamente ha tenido el Perú. Por este motivo, hay un problema de subrepresentación y desproporción entre representantes y representados en las circunscripciones del país.

En la función legislativa, se introdujo una segunda votación, transcurrida una semana de la primera, a fin de compensar la reflexión y deliberación que garantiza una segunda cámara. En la práctica, se exonera de esta segunda votación con altas mayorías.

La inconstitucionalidad recurrente

Si el presidente no está de acuerdo con la norma aprobada puede observarla. El Congreso puede insistir en el texto original por mayoría absoluta de votos. El unicameralismo ha incrementado el número de leyes aprobadas por insistencia. Entre 2020 y 2021, el Congreso complementario aprobó 100 leyes por insistencia. El nuevo Congreso aprobó 82, entre 2021 y 2023. Estos números superan los registrados en los periodos anteriores.

La falta de consenso, y a veces la premura, ha colocado al Tribunal Constitucional en la posición de revisar la inconstitucionalidad de las leyes. Actúa en los hechos como cámara revisora de la constitucionalidad de las leyes. Un tema común a varias de estas sentencias de inconstitucionalidad ha sido la vulneración de la prohibición de presentar iniciativas que generen gasto, prevista en la Constitución para garantizar el principio de equilibrio presupuestal.

[Lee también: De vuelta al debate: ¿nueva Constitución en medio de la crisis en el Perú?]

El bicameralismo no solo se ha vinculado a la idea de una mayor deliberación, sino a un mejor control político. Con ello, la idea de frenos y contrapesos se fortalece no solo a nivel de controles interorgánicos sino intraorgánicos.

Se ha señalado que el Congreso no tiene legitimidad para hacer reformas constitucionales.  Es bien conocido que los Congresos tienen baja aprobación ciudadana. De acuerdo con el Observatorio de Democracia y Gobernabilidad de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas (PUCP), con base en las encuestas de Ipsos, el Congreso peruano ha registrado picos de desaprobación en distintos periodos. Así, en diciembre de 2005 registró 6% de aprobación. En agosto de 2008, 9%. En febrero de 2011, 11%. En junio de 2014, 9%. En setiembre de 2018, 11%. Sin embargo, en tales periodos se aprobaron diversas reformas constitucionales como el voto para militares y policías. 

Argumentos en contra

Contra la bicameralidad se ha señalado también que una segunda cámara cuesta mucho dinero. Al respecto, hay evidencia en el Perú de que dos cámaras no necesariamente cuestan más. En cualquier caso, los dictámenes sometidos a votación han considerado colocar un tope expresado en un porcentaje sobre el presupuesto anual.

Se ha argumentado que no es un buen momento para aprobar la bicameralidad por la desaprobación ciudadana, las denuncias contra los congresistas, el blindaje recibido por sus colegas y la acumulación de poder que ha adquirido en estos últimos años. La paradoja es que son justamente los argumentos del descontento hacia el Congreso los que fundamentan el retorno a la bicameralidad.

Finalmente, se critica la posibilidad de que los actuales congresistas postulen al Senado, pues esto importaría una reelección encubierta. El Perú aprobó por 85% de votos en un referéndum la prohibición de la reelección parlamentaria inmediata. La reforma constitucional se aprobó en el contexto de la crisis entre el Ejecutivo y Legislativo que aqueja al sistema político desde 2016. Se trata de una contrarreforma, pues en el Perú no hay carreras políticas. El promedio de reelección fue de 20%. Esta alta renovación se justifica por la alta volatilidad electoral.

Restablecer la reelección parlamentaria debería ser una de las reformas mas urgentes. La supuesta reelección encubierta estaría en manos de los electores, quienes finalmente deciden si premian o castigan la gestión de los representantes.  

¿Qué tipo de bicameralidad?

El diseño de la bicameralidad es incongruente y parcialmente asimétrico. Así, la última propuesta recoge la fórmula de la Comisión para la Reforma Política para elegir al Senado con dos criterios: una parte por circunscripción nacional, y la otra, con un representante por cada departamento del país. Para la Cámara alta se exige 45 años de edad o haber sido congresista o diputado anteriormente. Para la Cámara de Diputados se exige una edad de 25 años.

Será necesario definir si el periodo de los senadores y diputados será de cinco años, en coincidencia con el periodo presidencial. En el pasado, algunas constituciones habían previsto mecanismos de renovación parcial en alguna de las cámaras. En el diseño vigente, el Congreso se elige de manera simultánea con el presidente de la República, en la fecha prevista para la primera vuelta.

El Senado compartiría funciones legislativas y de control político, pero se encargaría de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República, entre otros altos funcionarios. 

El diseño del Senado es clave en la tarea de mejorar la representación, la deliberación y el desarrollo de una carrera política.

Un Congreso bicameral es insuficiente para solucionar los problemas de la democracia peruana, pero corregiría los límites del unicameralismo ya descritos.

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Rodrigo Chaves obtiene inéditos porcentajes de popularidad a un año de asumir la presidencia de Costa Rica. En un continente signado por el rechazo a los gobernantes, a los partidos políticos e incluso a las instituciones democráticas, esto amerita una mirada atenta.

Diálogo Político entrevistó a Eugenia Aguirre, licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica e investigadora principal del proyecto Observatorio de la Política Nacional de la Escuela de Ciencias Políticas de la misma universidad.

Orientación del gobierno

¿Hacia dónde apunta el gobierno de Rodrigo Chaves? ¿Cuál es su ubicación ideológica?

En Costa Rica, hablar de izquierda y derecha como brújula de posicionamiento ideológico es desconocer cómo se han construido las identidades políticas.

Lo que tendríamos que preguntarnos respecto a dónde va el gobierno de Rodrigo Chaves es respecto al origen de su candidatura y pensar quién es. Nos encontramos con una persona que estuvo desvinculada del país más de treinta años, como funcionario del Banco Mundial.

Llega el momento en el que se propone el objetivo de ser presidente. En términos de la ciencia política, no es un outsider puro. Estuvo en el gobierno de Carlos Alvarado como ministro de Hacienda unos meses (entre 2019 y 2020).

En el Observatorio de la Política Nacional vemos esto como parte del fenómeno que llamamos partidos sin candidatos y candidatos sin partido. Él quería llegar a la presidencia de la República. Pero como en Costa Rica los partidos son los vehículos exclusivos para llegar al poder, tuvo que buscar una casa que lo recibiera. Ese recibimiento se lo dio el Partido Progreso Social Democrático, de muy reciente formación.

Las negociaciones respecto a su participación en ese partido no son tranquilas, sino bastante turbulentas. El compromiso era transaccional, no ideológico.

La relación con el sistema político

¿Cuál fue su relación con el sistema político, tomando en cuenta que se trata de un actor nuevo?

Pues en este primer año lo hemos ido conociendo a él y a su planeamiento de gobierno. Al principio fue bastante difuso. Era una narrativa orientada al libreto populista contra una elite corrupta asociada a ciertos partidos políticos que tienen dominado el país. Y él venía a ser esa voz del pueblo, esa reivindicación de lucha más cotidiana de las personas, ir al supermercado, lo que tiene que ver con el bolsillo de la gente.

Con el sistema político es una relación turbulenta, se podría decir distante. Desconoce muchísimo —él personalmente— de cómo se hace la política en el país. Esto ha sido uno de los elementos más disruptivos.

Posteriormente se estructuró una agenda más amplia respecto a reforma del Estado, transformación del sistema tributario y venta de activos estatales. Pero en la narrativa, continúa apelando a ser una figura nueva en la política nacional que viene a corregir lo que históricamente no se ha hecho bien.

Si revisamos para atrás, lo que más sorprende es que en este país siempre se apostó al punto medio. Siempre se nos comparó con Uruguay, en esa media cancha en la que jugamos, no a los extremos. Y, de pronto, tenemos una persona que desconoce cómo se hace esa política. El mejor ejemplo de eso es —y esto está bien documentado— cuando frente a un movimiento del sector agropecuario al que se le unen otros sectores en solidaridad, él califica esa protesta, esa marcha, como chop suey, un plato de la cocina china que es una mezcla de cosas. Con estas comparaciones trata de deslegitimar constantemente a estos movimientos. Porque en su naturaleza continúa siendo un outsider.

Las alianzas

¿Cómo construye sus alianzas?

En términos de las alianzas que ha tenido que construir para gobernar, es muy interesante porque, al menos en el Legislativo —al que llegó muy debilitado, con solo 10 de 57 curules—, se alió con un partido tradicional y uno nuevo en lo económico.

Las agendas han sido difusas; las prioridades cambian todas las semanas. Un día es la educación es un problema, otro día lo es la agenda sobre seguridad, y otro día, la salud pública. Entonces, ¿qué ha hecho? Sobre lo económico, ha encontrado buenos aliados en la Asamblea Legislativa representados en el PUSC, el Liberal Progresista, Partido Nueva República, donde hay acuerdo sobre temas económicos. Donde no vemos más programa es en el resto de las agendas públicas. Todos sabemos que gobernar no es solamente ocuparse de lo económico.

Ha tenido obstáculos importantísimos respecto a la formación de sus cuadros, que es consecuencia de cómo ejerce el poder. Es el gobierno que más rotaciones ha tenido en el gabinete en la vida republicana de este país. En consecuencia, lo que entrega a la gente no está tan claro.

Por esa desconexión con el sistema político, recurre al discurso de la culpa, la corrupción, las élites. Recurre a la vieja narrativa de que él viene a resolver todo lo que las élites dejaron mal. Para ilustrar esto: él habla de ticos con corona. Nuestra conclusión desde el Observatorio de la Política Nacional es que no le ha venido a quitar la corona a estos ticos, sino que las ha pasado de unas cabezas a otras. Las coronas están cambiando de lugar, lo que evidencia problemas en las cúpulas.

Aprobación inédita

De acuerdo con algunas encuestadoras, Rodrigo Chaves tiene una aprobación por encima de 65%. ¿Qué lo hace tan popular?

La aprobación actual llama la atención porque en los últimos dos gobiernos, es que después de la luna de miel posterior a la elección, baja la valoración con la gente. La excepción fue durante la pandemia, como en todo el continente.

En este caso, la luna de miel ha sido inusualmente larga (ver info de CIEP). No tenemos las explicaciones profundas, porque es un fenómeno de ahora, que está ocurriendo todavía. Lo atribuimos a la comunicación directa que el presidente ha escogido con la gente. Todas las semanas, como hacen AMLO y otros, se pone frente a la cámara y recurre a formas de lenguaje y a figuras narrativas que lo identifican con la gente.

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Un ejemplo: tiene a un ministro en la conferencia al que le está pidiendo explicaciones sobre un tema y él le dice: «No, esto no lo entiende la señora de Purral». Purral es un asentamiento informal, y él dice que la señora de allí tiene que entender. Esto lo maneja muy bien. Esa comunicación directa hasta ahora le ha facilitado todo. Ha recorrido el país entero, lo que le ha ayudado a mantener sus bases electorales.

Otro elemento es el discurso del enemigo, la persona que vamos a castigar, a judicializar. Hay un menú de enemigos y salta de uno a otro, haciendo alarde de su mano dura. Eso le ha permitido mantenerse vigente y mantener el personaje —al final es un personaje— que va a salvar a Costa Rica.

Junto a eso, está probado que hay muchísima dinámica respecto a manejo masivo de redes sociales, pago de troles, campañas de desprestigio. Hay una continuidad de cómo fue su campaña electoral.

El estilo del presidente Rodrigo Chaves

¿Cómo es que funciona esto? En Costa Rica es fuerte la cultura ciudadana.

Acá existe el mito del tico promedio. Y la gente de las barriadas lo quiere. Cabe preguntarse cómo conectó tan profundamente con la gente.

En la segunda vuelta, Rodrigo Chaves se enfrentó al hijo del caudillo José María Figueres y decía: «Yo me identifico con ustedes. Mi papá fue el chofer del papá de mi contrincante». Después se supo que esto no era verdad.

¿Cuál es la importancia de la corrupción en Costa Rica?

Funcionó el discurso anticorrupción, pero es un discurso que no se ha trasladado a políticas o cambios estructurales relacionados con los vacíos para luchar contra la corrupción.

Hay un ataque a lo judicial, constante. Dice: «Yo respeto lo que dice la Sala Constitucional», y en otras entrevistas añade: «pero si pudiera hacer una constituyente mañana lo primero que haría es intervenir el Poder Judicial». Eso lo dijo hace poco. Ahí se despiertan las alarmas respecto a la instrumentalización de la justicia. En Costa Rica esto está muy protegido institucionalmente, pero preocupa un poco su insistencia.

Otra víctima de ese discurso —lo que a la gente parece gustarle— es la prensa. Que está vendida. Respecto a un sector, que son los canales y medios tradicionales, usa el calificativo de prensa canalla.

Esto es sorprendente en Costa Rica, ¿no?

Sí. Es que llegó en una coyuntura particular. Los partidos que podían hacerle frente pusieron a personajes nefastos. Es una coyuntura muy específica.

Ojalá esto sea como un pequeño desliz de la historia democrática de nuestro país y volvamos a la lógica más democrática del diálogo, de la construcción, de cómo se hace la política, que es sin violencia, donde no hay enemigos, sino adversarios políticos.

Rol de la sociedad civil

¿Cómo es la relación del presidente Rodrigo Chaves con la sociedad civil?

Con la sociedad civil no hay relación, es nula. Su legitimidad es la electoral. No es una persona que haya militado y construido su perfil a partir de eso. Es él solito, con los ministros nombrados por él, con renuncias forzadas. Es ahí donde hay que prestar atención: hasta dónde llega ese estilo, pues tenemos una reserva democrática importante según los distintos estudios que se han realizado al respecto.

EL discurso populista en este país tiene un límite. Tenemos esa reserva democrática por ahí guardada.

¿Cuán intensa es la colaboración con los partidos que lo apoyan?

Los partidos que se han mostrado más cercanos en lo legislativo son el PUSC, Nueva República, de corte cristiano, que tiene a la cabeza a Fabricio Alvarado, quien en 2018 casi llegó a ser presidente. También en algunos temas el Partido Liberal Progresista.

Respecto a los acuerdos, en el primer año se puede decir que no se manifestó una oposición legislativa fuerte. Fue un primer año de acomodo de fuerzas puesto, pero percibo que hay mucho temor, también, al presidente. Porque si haces algo que va en contra de lo que él dice que hay que hacer, en su conferencia te va acusar públicamente.

Entonces, el control político legislativo, tarea fundamental en la democracia, ha sido complejo con este Presidente al frente.

¿Existe la posibilidad de que una democracia tan consolidada derive en un régimen autoritario?

Es una coyuntura. No me preocupa que esto derive en un régimen autocrático, con reelección consecutiva ilegítima. La preocupación gira más en torno a la polarización y el discurso del malestar.

Si algo ha puesto a prueba este presidente es que la institucionalidad goza de buena salud. Él ha empujado los asuntos constitucionales al límite, pero los frenos y contrapesos han funcionado. El tema es qué viene después y qué haces con ese cultivo de malestar de la gente.

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Con el regreso del Partido de los Trabajadores al poder, el Foro de São Paulo volvió a reunirse en Brasil. Se trata de un retorno a casa, luego de que durante el período bolsonarista el Foro decidió, al parecer, trasladar temporalmente su centro de operaciones a otras latitudes.

Retorno a casa

La fundación del Grupo de Puebla en julio de 2019 parece haber estado motivada por tales circunstancias. De hecho, esta nueva instancia radicada en México ha venido asumiendo, bajo el benévolo patrocinio de Andrés Manuel López Obrador, una parte del protagonismo que durante las últimas décadas correspondió a su predecesor brasileño. Pero ahora, al calor de una segunda «marea rosa», y con el regreso de Luiz Inácio Lula Da Silva al Palacio de Planalto, el ya tradicional foro de las izquierdas latinoamericanas vuelve a hacer de Brasil el epicentro de su actividad política.

Difícilmente podría ser de otro modo, si consideramos que Lula fue, junto con Fidel Castro, el principal fundador del Foro de São Paulo en los años noventa del siglo pasado. Al arribar a su tercer período presidencial, y considerando las prisas que hoy le apremian en razón de su avanzada edad, Da Silva parece más determinado que nunca a ejercer una influencia regional con un sesgo notoriamente ideológico, iniciativa por la que trabajó con ahínco durante sus dos primeros mandatos presidenciales pero que se vio truncada a su salida del poder.

En este sentido, el Foro de São Paulo representa una herramienta importante a la que el mandatario brasileño no pretende renunciar. Por tales razones, el retorno de Lula es también el retorno del Foro. Pero, ¿se trata de un proyecto de raigambre incuestionablemente democrática?

Por todos los medios

La fundación del Foro de São Paulo refleja bien los dilemas que hasta el día de hoy siguen acompañando a esta organización. Por un lado, vemos a Lula Da Silva, un luchador social proveniente del mundo sindical que se enfrentó durante años a un régimen dictatorial y militar, hasta convertirse democráticamente el presidente de su nación. Por otro lado, encontramos a Fidel Castro, un carismático guerrillero que tras encabezar el derrocamiento del régimen dictatorial de Fulgencio Batista se convirtió en un redomado autócrata de vocación estalinista.

No obstante, sus distintos caminos no les impidieron entenderse de maravilla para crear una organización en la que esa polémica cohabitación persiste en el tiempo hasta convertirse en una marca de la casa. Lo que realmente importa a todos dentro de este matrimonio es consolidar una hegemonía continental de izquierdas, donde los más respetuosos de la democracia cierran un ojo ante los desmanes que cometen sus colegas más brutales. De ahí que el Foro no sólo haya contemplado impasiblemente la deriva autoritaria protagonizada por varios de sus miembros y allegados, sino que incluso llegue al punto de celebrarlas. ¿Pasó algo distinto en la última reunión?

El documento base

El XXVI Foro de São Paulo tuvo lugar entre el 30 de junio y el 2 de julio de este año. Se reunieron en esta oportunidad unos 270 representantes de 57 organizaciones distintas, entre partidos políticos, ONG, centros de investigación y demás entidades de la izquierda latinoamericana. El espíritu de la reunión había quedado previamente plasmado en el Documento Base que se publicó dos semanas antes.

En el primer punto de dicho documento se reconoce «un cambio favorable en la correlación de fuerzas [para las izquierdas], signado por rebeliones populares en casi todo el continente», mientras que en el séptimo punto se declara sin sonrojo que «A la firmeza y avances de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se han sumado victorias electorales».

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En otras palabras, las dictaduras de izquierda de la región representan la consolidación de los objetivos compartidos por los miembros del Foro, quienes en el decimosegundo punto afirman que «la historia nos ha enseñado que solo la unidad en la diversidad de las fuerzas políticas de izquierda, los movimientos sociales y populares y la intelectualidad progresista nos permitirán enfrentar al imperialismo norteamericano».

A la luz de los hechos, la unidad a la que se hace referencia no distingue entre demócratas y autócratas, y así parece quedar ratificado en el último punto del documento, donde a modo de conclusión se insta a construir «la más amplia unidad en la diversidad de los partidos, los movimientos sociales, populares y la intelectualidad progresista y de izquierda al interior de cada organización, país y de continente» [las cursivas son del autor].

Sin concesión alguna

En los días previos a la celebración del XXVI Foro de São Paulo, el presidente Da Silva habría manifestado su interés en que dicha reunión concluyera con una resolución condenatoria de los crímenes cometidos por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Está claro que un gesto de este tipo, incluso sin incluir declaraciones similares contra las autocracias que rigen a Cuba y Venezuela, habría significado un paso adelante. La realidad, sin embargo, es que el XXVI Foro de São Paulo culminó sin emitir ninguna declaración condenatoria con respecto a las dictaduras de izquierda en países que en conjunto privan brutal e injustamente de su libertad a más de 1.400 presos políticos.

Por el contrario, el FSP ratificó la solidaridad con dichos regímenes, tal como quedó plasmada en el vigésimo punto del Documento Base. En este se condena «el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba y su inclusión en la espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo», al igual que «las medidas coercitivas y sanciones unilaterales contra Venezuela y Nicaragua».

Lula, por su parte, no sólo siguió defendiendo la normalización de las relaciones entre los gobiernos democráticos del hemisferio y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, sino que además se permitió señalar, en la víspera de esta nueva reunión del Foro, que «Venezuela tiene más elecciones que Brasil». Con ello, según el mandatario brasileño, se evidenciaría que el concepto de democracia «es relativo», lo cual haría muy cuestionable que al régimen venezolano se le califique como antidemocrático.

Lavar la cara al autoritarismo

Paradójicamente, mientras Lula exigía públicamente que la salida de Maduro se produjera por vía electoral, instancias administrativas controladas por este último en Venezuela inhabilitaron, mediante un turbio procedimiento, a María Corina Machado durante 15 años para ejercer cualquier cargo de elección popular. La medida se publicó justamente cuando Machado se convirtió, con toda claridad, en la principal candidata de la oposición venezolana.

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En definitiva, la realidad está a la vista de todos: los miembros del Foro de São Paulo que se desempeñan dentro de los parámetros de la democracia terminan siempre respaldando, por activa y por pasiva, a los que ejercen el poder autocráticamente, ayudando así a lavarles la cara ante el mundo entero. Una organización de este tipo constituye un riesgo evidente para la estabilidad democrática del continente.

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Este documento explica el universo transnacional (estatal, gubernamental, paraestatal y no gubernamental) en el que se agrupan y operan los políticos y el activismo en el mundo, pero poniendo especial atención en América Latina. Su abordaje privilegia la relación de estas formas políticas transnacionales con los objetivos políticos nacionales de quienes las practican, en un contexto de retroceso democrático y de auge de nuevos proyectos autoritarios. Finalmente, lo que se observa es un mapa heterogéneo, fragmentado y en constante tensión.

Resumen

El texto se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se caracteriza la situación en términos teóricos e históricos. En segundo lugar, se abordan estas redes transnacionales dividiéndolas en tres grandes grupos. Primero las gubernamentales. Se entienden como espacios utilizados para consolidar el poder de líderes y proyectos políticos e ideológicos particulares, más allá de las funciones formales que deben cumplir y, posiblemente, cumplan. Segundo, las redes transnacionales políticas (divididas en redes de activismo y redes partidarias). Y tercero, las redes políticas transnacionales informales. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.

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Los Estados latinoamericanos siguen siendo actores centrales de la vida nacional. Incluso, con mayores cuotas de poder. Son además el eje de la disputa por el acceso al poder entre las diferentes elites y grupos sociales y políticos. Paradójicamente, y en forma simultánea, el Estado nacional continúa sin resolver problemas que se originan en la agenda global. Y, en cambio, puede empeorarlos significativamente (como se vio en los encierros diversos durante la pandemia).

Activismo transnacional

En la búsqueda de fortalecer su poder e influencia, los Estados profundizaron su activismo transnacional, que adquirió diferentes formatos y representaciones. Esto se tradujo en una creciente red de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, formales e informales, destinadas a influir en lo que ocurría fuera de las fronteras de los países (pero que luego se manifestaba dentro de las fronteras nacionales).

Publicación: Julio, 2023

ISBN 978-9915-9490-5-5

La ex primera dama, Sandra Torres, y el hombre que dejó en ridículo —una vez más— a las encuestadoras, Bernardo Arévalo, competirán por la presidencia de Guatemala en un balotaje el próximo 20 de agosto. El voto nulo superó a todos los candidatos: un 17,39% de los guatemaltecos escogieron estáaopción antes que la boleta de cualquier postulante.

Perfil de Sandra Torres Casanova

Tras dos derrotas en sendos balotajes en 2015 y 2019, Sandra Torres, líder de UNE, va por una tercera oportunidad. Ganó la elección con solo 15,78% de los votos y esta vez enfrentará al sorprendente Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951), quien cosechó un 11,8%. Tercero quedó el candidato del gobierno, Manuel Conde, con un módico 7,84%.

Sandra Julieta Torres Casanova tiene 67 años y en 2003 fundó el partido UNE (Unidad Nacional de la Esperanza). Este partido llevó a la presidencia a su exesposo, Álvaro Colom Caballeros, cuatro años más tarde. Es el mismo partido que hoy encabeza, y con el que intentará finalmente convertirse en la primera mujer en alcanzar la presidencia del país. Torres ya compitió en 2015 y 2019, cayendo derrotada en la segunda vuelta ante el comediante Jimmy Morales, primero, y ante el actual presidente Alejandro Giammattei, hace cuatro años.

Sandra, como se la conoce en Guatemala, es una mujer activa. Más allá de su tenacidad en la competencia por la presidencia, ocupó con autoridad e intensidad su rol de primera dama entre 2008 y 2011, apoyando programas de protección social que tenían como objetivo reducir la pobreza y la desnutrición. Ferviente creyente, agradeció a Dios y dijo: “Vamos a ganar, contra quien sea”.

Perfil de Bernardo Arévalo

Bernardo Arévalo arrasó en la capital del país triplicando a su rival del balotaje (Torres consiguió la victoria en los distritos rurales). El Tío Bernie se burló de encuestadores y analistas, que no lo tenían siquiera en su radar hasta que se conoció el primer resultado oficial. No es un novato en esto de la política. Su padre, Juan José Arévalo, presidió Guatemala tras la segunda guerra mundial. Su mandato dejó un grato recuerdo en la memoria colectiva de los guatemaltecos. Fue además embajador en España y viceministro de Relaciones Exteriores.

El uruguayo César Bernardo Arévalo de León nació durante el exilio de su padre en Montevideo, en 1958. Pasó parte de su infancia entre México y Chile, hasta que se mudó a Guatemala cuando tenía 15 años. Actualmente es diputado nacional y jefe del bloque que conforman los cinco diputados del partido Semilla, una fuerza abiertamente de izquierda que nació durante las manifestaciones de 2015 contra la corrupción que se saldaron con la caída del presidente Otto Pérez Molina, por fraude aduanero.

Una campaña tan turbulenta como sorpresiva

Si hubiese que definir la elección a presidente en una palabra, esta sería desconcertante. Es que hace solo 60 días, los analistas garantizaban una paridad entre dos mujeres: Sandra Torres y Zury Ríos, hija del exgeneral dictador Efraín Ríos Montt, acusado y condenado en 2013 por el genocidio de 1.600 indígenas en el norte del país entre 1982 y 1983. Pero a inicios de mayo todo cambió: una encuesta del diario Prensa Libre colocaba como líder en la intención de voto con un 23% al «candidato de TikTok», el derechista y outsider Carlos Pineda, quien apalancó su campaña a través de esa plataforma social y cosechó en poco tiempo el voto joven, con un mensaje simple y directo.

Sin embargo, dos semanas más tarde, y a un mes de que los guatemaltecos concurrieran a las urnas, un amparo de sus rivales encontró eco en la Corte de Constitucionalidad. Esto determinó que hubo errores en la asamblea donde fue postulado y dio por terminado el sueño presidencial del hombre de los videos divertidos. Fue el tercer candidato en quedar excluido de la contienda, y se sumaba así a otro candidato de derecha rechazado por la Corte, Roberto Arzú.

Novedades de último momento

Así las cosas, la última semana traería más y más novedades. El último sondeo previo a le elección se conoció el jueves 22 de junio. En él se daba ganadora a Sandra Torres con un 21,3% (finalmente obtuvo un 15,78%), seguida por Edmon Mulet (13,4% vs. 6,72%), Zury Ríos y Manuel Conde. El candidato que competirá en el balotaje con Torres aparecía octavo, con un modesto 2,9% de intención de voto (el domingo obtuvo un 11,8%).

Todo esto sin mencionar las idas y vueltas de los candidatos, los cambios en sus estrategias políticas y de medios, y la cancelación de dos foros (Canal Antigua y Guatevisión) diez días antes de la elección. Y hablamos de foros porque los candidatos se negaron a realizar un debate abierto para discutir ideas. Sólo se los pudo juntar en foros durante los cuales exponían sus ideas sin interrupciones ni cuestionamientos de ningún tipo.  

El voto nulo y el mal menor

Todo este revuelo terminará por consolidar en el Ejecutivo a un presidente, en principio, débil. Ni Sandra ni Bernardo obtuvieron un caudal de votos significativo y, más allá de lo que ocurra en dos meses en el balotaje, no haber podido superar el 20% de los votos en un escenario de baja participación los colocará en una posición muy endeble al momento de asumir su nuevo rol.

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Estaban habilitados 9.361.060 de guatemaltecos para votar. Sin embargo, solo un 60,38% de ellos concurrieron a las urnas, en un país donde el voto no es obligatorio. Ese dato está en caída libre desde 2015, el año de la llamada primavera democrática, durante la que miles de personas salieron a la calle en contra de la corrupción.

Rabia silenciosa

El diario El País de España tituló su columna del domingo 25 «Las elecciones de la rabia silenciosa». Y así fue. La sensación que dejan los datos procesados es que el hartazgo de los ciudadanos llegó a un límite que los llevó a votar nulo (mayoritario, con un 17,39%) o directamente a quedarse en sus casas, desilusionados con la oferta electoral. Pero hay un dato aun más preocupante que convierte esta elección en la más pesimista y con menores esperanzas de cambio de los últimos años. Más de la mitad de los ciudadanos de entre 18 y 30 años no pudieron votar porque prefirieron no inscribirse en el Registro Electoral. 

Según el pulso no escrito en ninguna encuesta, los más jóvenes preferían a Carlos Pineda. No está claro si porque apoyaban sus propuestas, porque se trataba de un personaje que llegaba por fuera de la política, o simplemente porque les caían bien sus videos en las redes sociales. Lo cierto es la baja de Pineda por parte de la Corte provocó una rabia aun mayor entre los votantes. El candidato caído en desgracia militó intensamente el voto nulo y parece que su prédica surtió efecto. Bastaban unos pocos minutos para descubrir que los comentarios en Facebook y en YouTube de las principales cadenas de TV eran, en su mayoría, un llamamiento a la rebelión electoral.

Es la corrupción, estúpido

La versión 2023 de la célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton en la exitosa campaña que llevó a su jefe a la presidencia en 1992, se actualiza hoy, en otro contexto y con otro foco.

En un país con datos macroeconómicos que serían la envidia de muchos de sus vecinos latinoamericanos, Guatemala se debate entre una pobreza estructural y una corrupción en aumento.

En lo que va del 2023, la inflación acumulada es de un 1,2%, mientras que la cotización del dólar se mantiene cerca de los 8 quetzales desde hace más de 20 años. El PIB del país pasó de 311.000 millones a 513.000 millones de quetzales (controlando por la inflación), con un crecimiento anual promedio de 3,6%. Tras la baja por el covid, el PIB volvió a repuntar en 2021, con una suba del 8%. Según las proyecciones del Banco Mundial, Guatemala crecerá este año un 3,8%, con un desempleo de tan solo 3%.

El mismo informe del Banco Mundial indica que las remesas generan más ingresos que los empleos formales. El monto de remesas en quetzales equivalió a 1,5 veces el de los empleos formales a nivel nacional.

Rol de la pobreza en Guatemala

La contracara, como se dijo, está en la pobreza. Esta llegará al 54,6% a finales de 2023, y está estancada entre el 50% y el 60% desde hace años. El hambre, además, amenaza a nada menos que 4,6 millones de ciudadanos.  

En su último informe, Transparencia Internacional, la única organización no gubernamental a escala global dedicada a combatir la corrupción, dio a conocer el Índice de percepción de la corrupción 2022 en el mundo y Guatemala se ubicó en el lugar 150 de 180 países. Con apenas 24 puntos está, según el mismo informe, entre los 26 países que han alcanzado mínimos históricos en cuanto a la corrupción. Desde 2017, diez países —entre los cuales se encuentra Guatemala— han registrado un descenso significativo en las puntuaciones.

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Seis de cada diez ciudadanos de Guatemala habilitados para votar participaron en la primera vuelta presidencial el 25 de junio. En números, votaron 5.490.240 de las 9.356.796 habilitadas. Si bien hubo un considerable porcentaje de electores (60%), los votos se diluyeron en una amplia oferta de 22 candidatos.

El balotaje se realizará el 20 de agosto entre dos candidatos que apenas sumaron un 27% del apoyo electoral. Por un lado, la ex primera dama, Sandra Torres, que, en este, su tercer intento como candidata, obtuvo 15% de los votos. Con ello, obtuvo un desempeño menor al 18% que logró en 2014 y al 25% de 2019. Por el otro, el diplomático y diputado Bernardo Arévalo, quien se estrenó como candidato y alcanzó el 12%. ¿Qué nos dice este resultado del momento político que vive Guatemala? ¿Cuáles son los escenarios previsibles? Analizaremos las claves que nos ayudan a comprender la elección del país más poblado de Centroamérica.

Abstención y voto nulo

Los votos nulos fueron los que más contaron al final del día. El 17% de los guatemaltecos protestaron a través de la papeleta. Y aunque el número esté lejos del 50% que exige la ley para declarar nulo el proceso electoral, ha sido un fuerte llamado de atención a la dirigencia política.

Los dos candidatos que enfrentan la recta final hacia el balotaje tienen el desafío de conectarse con un electorado descontento y que desconfía de las capacidades e intenciones de su clase gobernante.

Por primera vez en la historia reciente del país, el voto nulo fue superior al rendimiento electoral del candidato más votado en primera vuelta presidencial.

Votos nulos y votos a candidato más votado en primera vuelta Guatemala 1995-2023

Es posible explicar el voto nulo a partir de la decepción generalizada hacia el sistema democrático. Para muchos ciudadanos ha sido frustrante que después del movimiento cívico de protesta que llevó a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en 2015, el resultado de los siguientes procesos electorales (2015 y 2019) diera paso a gobiernos continuistas con posiciones políticas e ideológicas similares a las del derrocado presidente. Igualmente, ha influido el que no se haya disipado la percepción incesante de corrupción, y la persecución a periodistas, fiscales y jueces que participaron en el proceso de derrocamiento a Pérez Molina.   

Por otro lado, también jugó un papel importante el llamado a anular el voto de diversos líderes políticos que fueron inhabilitados participar en las elecciones. Esto alimentó el hartazgo. Candidatos presidenciales de izquierda como Thelma Cabrera y Jordán Rodas, y de derecha como Roberto Arzú y Carlos Pineda, éste último líder en los sondeos de opinión antes de su exclusión del proceso electoral, fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral. Las razones esgrimidas por la justicia fueron de índole administrativa. Estas figuras pedían a los electores anular el voto por tratarse de un proceso que consideraban viciado y que pretendía favorecer al oficialismo.

El tercer intento de Torres

Desde el regreso a la democracia en 1985, las ideologías pesan poco en Guatemala. Partidos caudillistas sin bases ni programas políticos han gobernado sucediendo sus características, aunque cambien sus nombres. Pero nunca en un balotaje se encontraron dos partidos de izquierda.

El partido de Sandra Torres, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ya ha estado el gobierno nacional (2008-2012). Su candidata se autorreconoce como socialdemócrata y centrista, aunque sus propuestas y discurso ha sido más inclinados hacia la centroderecha con un componente conservador en lo social.

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Cuando Torres se desempeñaba como primera dama asumió un liderazgo inusitado, erigiéndose como coordinadora del «Consejo de Cohesión Social», un gabinete paralelo en el que se tomaban decisiones discrecionales sobre los programas sociales. Tal papel granjeó a Torres un apoyo electoral que reside entre la población rural y pobre que se benefició de esos programas sociales. Y, por otro lado, de la antipatía entre la población principalmente urbana que resiente de la discrecionalidad, falta de transparencia con la que se manejó la ex primera dama. En los dos intentos previos a la presidencia, Torres fue derrotada en la segunda vuelta.

La ¿nueva? izquierda

Luego está Bernardo Arévalo, quien lidera el partido Movimiento Semilla, que nació del movimiento de protesta que derrocó a Pérez Molina. Desde sus inicios, la organización se ubicó en una posición de centroizquierda. En el pasado proceso electoral de 2019, Semilla obtuvo el 5% de los votos, lo que le permitió una bancada con 7 de las 160 diputaciones a la Cámara. Su electorado está conformado principalmente por población urbana y de mayor escolaridad.

La bancada de Semilla ha sido señalada de ser poco pragmática en cuanto a tejer alianzas con otros partidos de oposición e incluso afines ideológicamente. Han luchado por ser reconocidos como un movimiento anticorrupción con propuestas técnicamente sólidas, aunque no han resultado políticamente viables. 

En 2015 y 2019 los balotajes fueron definidos en contra de Sandra Torres. ¿Es este un elemento que le da cierta ventaja al Movimiento Semilla? Es posible. Ambos perfiles son muy diferentes entre sí y esto habilita al contraste entre las dos opciones.

El TSE rescata la institucionalidad

La jornada electoral ha dejado una sorpresa esperanzadora para la democracia guatemalteca. De momento, el Tribunal Supremo Electoral ha salido librado del proceso. 

Previo a las elecciones, la institución electoral había sido percibida como corrupta por gran parte de la población. Recientes reportes de prensa nacionales e internacionales dieron cuenta de supuestos sobornos para favorecer a candidatos del oficialismo o afines a este. Pero la ciudadanía ha dado credibilidad al resultado de las elecciones, en las que el candidato del oficialismo quedó fuera de la carrera presidencial. El temido fraude no sucedió y un TSE que se percibía cooptado por el oficialismo, ha ganado credibilidad.

Para el próximo gobierno serán cruciales las decisiones que permitan o no regresar a jueces, periodistas y funcionarios que se han exiliado durante los dos últimos gobiernos alegando persecución estatal, definirá al nuevo gobierno de Guatemala. 

Retos de gobernar Guatemala

A partir del próximo enero, los partidos de Torres (UNE) y Arévalo (Semilla) se convertirán en la segunda y tercera fuerza en el Congreso, con 28 y 23 diputaciones, respectivamente. Compartirán el liderazgo con el oficialista Vamos, que conserva 41 curules. De momento es una incógnita si estas organizaciones serán capaces de pactar en el futuro para lograr acuerdos de país o si prevalecerán los intereses políticos con miras a minar la gobernabilidad del próximo Ejecutivo.

El partido vencedor tendrá que enfrentarse en el Legislativo a partidos políticos que han conformado lo que en el país se denomina el «pacto de corruptos», un bloque político que ha legislado para garantizar impunidad a funcionarios y exfuncionarios del país.

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Iniciamos una serie de tres episodios sobre izquierda autoritaria en Latinoamérica.

¿Cómo un presidente consigue eliminar los mecanismos de control en un país? ¿Cuál es el camino hacia la clausura del diálogo democrático, de la oposición, de los otros poderes del Estado? ¿Que posibilidades legitimadoras tiene un gobierno cuyas transformaciones desembocan en el autoritarismo?

Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en esta serie especial de Bajo la Lupa sobre «Izquierda autoritaria en América Latina. Un breve recorrido histórico, para reflexionar sobre el presente».

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político.

Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

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Suele decirse que América Latina es el continente de la desigualdad. Lo es, desde luego. Pero, también, es tierra de dictaduras. Las excolonias del norte (Estados Unidos y Canadá) tuvieron un desempeño democrático sensiblemente mejor al de las excolonias del sur (América Latina).

Han sido muy pocos los países de América Latina que, en esta tierra de dictaduras, lograron construir sistemas democráticos dignos de ese nombre. Uruguay es uno de los casos más destacados. Fue considerado, en los años 1950, la Suiza de América. Durante la última década, ha sido frecuentemente señalado, pese a sus defectos, como una rara «historia de éxito democrático» en la región.

El contraste entre Uruguay y el promedio de América Latina es llamativo.

A pesar de ser un caso de éxito, la historia de la democracia uruguaya conoce de tropiezos y desastres. Uruguay no quedó al margen de la ola de dictaduras que asolaron la región desde comienzos de la década del sesenta a mediados de los setenta. Una regla general de los quiebres de la democracia en la región durante este lapso fue la participación de los militares.

Golpes de Estado en América del Sur (1960-1980)

Golpe y militares

Suele decirse que los golpes de Estado formaron parte de una operación política de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y de su lucha contra la expansión de los sistemas comunistas. Es cierto que los militares fueron actores decisivos en los golpes de Estado. También es cierto que muchos de ellos pasaron por la Escuela de las Américas, operada por el ejército de los Estados Unidos, instalada en Panamá en 1946, y que en esta «escuela» se enseñaban técnicas de contrainsurgencia y doctrinas anticomunistas.

Entre los golpistas que pasaron por esa institución figuran, por ejemplo, Rafael Videla (Argentina), Hugo Banzer (Bolivia), Manuel Contreras (Chile), Efraín Ríos Montt (Guatemala), Jaime Lasprilla (Colombia), Manuel Antonio Noriega (Panamá), Roberto d’Aubuisson (El Salvador) y Vladimiro Montesinos (Perú). La Revolución cubana, por cierto, alimentó el temor a la expansión del comunismo y puso en alerta a las fuerzas armadas de la región.

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Sin embargo, decir que la ola de golpes de Estado de los años sesenta tuvo como causa central la influencia de los Estados Unidos es una exageración. La ciencia política estructural-funcionalista, en la que descollaron los trabajos de Gabriel Almond y Sidney Verba, explicó las dictaduras (y las democracias) a partir de las características de la cultura política de cada país. Los alemanes, que padecieron el nazismo, saben bien que no hay oferta autoritaria que pueda arraigar sin una demanda.

Eugenio Tironi tuvo el coraje de hacer una afirmación similar para el caso de la dictadura chilena. Dicho en otros términos, no alcanza ni con la participación de la CIA ni con militares anticomunistas para explicar las dictaduras. Hay que tener la valentía intelectual de tomar nota de los procesos estrictamente domésticos.

50 años del golpe en Uruguay

Uruguay es un buen ejemplo. No se puede explicar el golpe de Estado en Uruguay como consecuencia de una operación geopolítica norteamericana.

El quiebre de la democracia fue el corolario de un largo proceso de desgaste, que empezó con la crisis económica de mediados de los años cincuenta, que siguió con la instalación de un foco guerrillero en 1963, que continuó durante esa misma década con la aceleración de la inflación y la crisis financiera, y se profundizó con la intensificación de las protestas estudiantiles y sindicales. En ese proceso, el prestigio del sistema político se derrumbó, entre problemas acumulados y denuncias de corrupción.

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A comienzos de la década del setenta, una parte de la ciudadanía pedía mano dura, pero otra parte lisa y llanamente quería simplemente vivir en paz. Los militares se legitimaron combatiendo la guerrilla y prometiendo «orden» y «desarrollo».

El golpe de Estado ocurrió en cámara lenta.

Caída y regreso de la democracia

El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry disolvió las cámaras del Parlamento con apoyo del Ejército. Pero antes, en febrero, los militares ya habían logrado perforar las instituciones y avanzar hacia el poder. Se opusieron a la designación de un nuevo ministro de Defensa. Solamente la Marina se opuso a la asonada (desplegaron naves apuntando hacia la Ciudad Vieja de Montevideo).

Los militares tomaron medios de comunicación, instalaron nidos de ametralladoras y movilizaron tanques. El presidente aceptó la insubordinación y retrocedió frente al poder militar. Aunque también hubo civiles que colaboraron, la columna vertebral del régimen autoritario fue la corporación militar.

El proceso de transición a la democracia tuvo su momento más importante en el Pacto del Club Naval (agosto de 1984), cuando el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica, pese a la negativa del Partido Nacional que no quiso participar en las conversaciones, negociaron convocar a elecciones en noviembre de ese mismo año. Julio María Sanguinetti resultó electo. El resto es historia.

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Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y Costa Rica, Rodrigo Chaves, han llamado la atención de periodistas y académicos por su flagrante empleo de la comunicación populista. Al mismo tiempo, ambos han recurrido a performances de masculinidades hegemónicas desde el inicio de sus carreras políticas. En este ensayo, nos preguntamos: ¿cómo convergen el machismo y el populismo en la política centroamericana? Nuestro argumento es que entender la política centroamericana contemporánea exige precisamente enfocarse en la interacción entre estos dos elementos.

Tanto Bukele como Chaves fueron acusados de actos de violencia contra mujeres previo a ser candidatos presidenciales. En septiembre de 2017, Bukele fue denunciado por la exsíndica Xochitl Marchelli, quien alegó que el entonces alcalde de San Salvador la llamó «bruja» y le arrojó una manzana durante una sesión del concejo municipal. Fue hasta marzo de 2019, pasadas las elecciones presidenciales, que un tribunal de violencia machista absolvió a Bukele.

Denuncias y respuestas

Por otra parte, Chaves recibió denuncias de acoso sexual durante su función en el Banco Mundial. Las acusaciones incluían «conductas indeseadas de carácter sexual» tales como sugerencias de realizar orgías con seis especies de animales distintos e intentos de besos. En 2019, Chaves fue sancionado por «conducta inapropiada». Esto incluyó un descenso a un puesto no gerencial y la inelegibilidad para una promoción o un aumento salarial durante tres años. Renunció dos días después, pero las víctimas de igual manera elevaron el caso a un tribunal administrativo. Este encontró que las conductas de Chaves eran propias del acoso sexual y que había sido un fallo de la institución no clasificarlas como tal desde el principio.

A pesar de las similitudes en las acusaciones en su contra, como candidatos optaron por estrategias contrastantes en relación con este tema durante sus campañas electorales. Bukele omitió hablar de esta situación casi por completo en plataformas digitales. Su discurso populista se enfocó más bien en denunciar a «los mismos de siempre», en alusión a los partidos tradicionales de El Salvador. De hecho, un 43 % de sus publicaciones de Facebook durante este periodo invocaron a sus antagonistas preferidos mediante la clásica dicotomía de ellos vs. nosotros.

Además de esto, Bukele no hizo alusión a temas de género durante su campaña, tales como el aborto o el matrimonio igualitario. Estos habían sido centrales en elecciones presidenciales recientes en gran parte de América Latina. Ya electo presidente, Bukele aclaró su postura sobre el tema del aborto en una entrevista con el cantante Residente: «No estoy a favor del aborto. Nos daremos cuenta de que es un gran genocidio». En casos de violación, afirmó que no tenía sentido «castigar al inocente» pero que «a los violadores deberíamos colgarlos».

¿Género como tema electoral?

En contraste, el género sí fue un tema central en el discurso electoral de Rodrigo Chaves en Costa Rica. Desde el principio de la campaña, en 2021, convocó a conferencias de prensa para intentar «desmentir» la cobertura que se le dio a la sentencia en su contra. La clasificó como un «circo mediático» y esto dio paso a una de sus frases más distintivas de su campaña: «la prensa canalla». Chaves eligió así a su «enemigo» electoral.

Cuando el periódico La Nación reportó los acontecimientos del Banco Mundial, Chaves lo catalogó como «el peor periodismo que uno se puede imaginar». Constantemente reiteró que la cobertura negativa era parte de un complot para evitar su inminente ascenso al poder. Además aseguró ser el único candidato capaz de «acabar con la fiesta» de la prensa. Afirmó que los medios estaban claramente controlados por las élites del país. A lo largo de la campaña, su discurso evolucionó hasta proclamar que los medios de comunicación del país tenían «más poder que algunos diputados» y que eran capaces de «quitar y poner presidentes». Del total de sus publicaciones en Facebook durante el periodo de campaña, una de cada cinco contenía ataques a los medios. (En contraste, solo un 5 % de las publicaciones de Bukele tenían ese propósito.

La igualdad en el discurso

Chaves interpretó la igualdad de género desde ese imaginario populista. Por ejemplo, afirmó durante la campaña: «Jamás imaginé que mis contrincantes iban a ser capaces de usar algo tan noble como la imagen de la mujer y la lucha por la igualdad de las mujeres con fines politiqueros» y «La igualdad de género es hoy en día uno de los valores más importantes de las sociedades y donde todos los tipos de agresión se deben denunciar y se les da el manejo adecuado». En otra ocasión, publicó un video en el que afirmó: «Mujeres de Costa Rica, tenemos un compromiso firme para darles más oportunidades, más igualdad y más paridad».

Durante un debate electoral, Chaves reafirmó su oposición al aborto y prometió proteger «la vida desde la concepción». Una vez electo presidente, propuso cambios en la norma técnica del aborto terapéutico que hicieron del consentimiento conyugal un requisito para que una mujer embarazada pudiera abortar aun cuando su vida corriera riesgo.

Proteger la vida

El género es poco estudiado como una variable del populismo, en buena medida porque las mujeres son posicionadas como una parte intrínseca del «pueblo». Sin embargo, los casos de Bukele y Chaves demuestran que el género es un factor determinante para entender la comunicación populista en Centroamérica. Aunque Bukele optó por evitar hablar explícitamente del tema, una constante de su performance presidencial ha sido presentarse como el modelo del amor romántico. Su masculinidad tradicional ha sido crucial en la construcción de su figura política populista, aunque usualmente no se refiera al tema de manera explícita.

Chaves, en cambio, hizo de las denuncias en su contra una estrategia para reforzar su imagen como opositor a las élites. Así, instrumentalizó el tema de la igualdad de género como parte de su campaña populista. Dicho de otro modo, Chaves se valió de la cobertura por las denuncias de acoso sexual en su contra para desarrollar una de sus estrategias electorales más efectivas: deslegitimar y atacar a la prensa.

En un contexto de transiciones políticas regionales, la intersección entre populismo y machismo es una clave crucial para entender la tensión entre la igualdad de género y la pérdida de derechos humanos que parecían adquiridos. Esta disputa se realiza en la arena político-electoral y trasciende al istmo centroamericano. Un análisis similar podría aplicarse a los comentarios de índole sexual y explícitamente violentos en contra de las mujeres, realizados por Trump y Bolsonaro en otras partes del continente.

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El presidente estadounidense Joe Biden cruzó el ecuador de su administración con la polarización política inalterable y el partido gobernante dividido en dos bloques. Estas circunstancias explican el estrepitoso fracaso en cumplir su compromiso de campaña de terminar de raíz con la dura política hacia los migrantes de su antecesor Donald Trump.

Es cierto que pudo limar las peores aristas antiinmigrantes del anterior gobierno republicano. Sin embargo, a 19 meses del final de su gestión, se terminó refugiando en reglas jurídicas severas y un control fronterizo defensivo que debilitan su voz humanista.

En las semanas previas al final del Título 42, que desde la época de Trump permitía expulsar a migrantes por el covid-19, una inédita multitud se agolpó a lo largo del río Bravo. Desde allí, persistió en el intento de avanzar hacia territorio estadounidense para alcanzar un puesto de control o tener la osadía de esquivarlo y no morir en el intento en los alambrados de púas y la valla metálica de cuatro metros de alto.

Nuevas restricciones

Los caminantes eran conscientes de que a partir del viernes 12 de mayo empezaba a regir un conjunto de restricciones draconianas que se harían sentir mucho más los dispositivos de seguridad a lo largo de la frontera sur.

Con la enorme presión a lo largo del territorio limítrofe entre Estados Unidos y México, el gobierno demócrata lanzó una advertencia. «Estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar irregularmente es ilegal», afirmó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.

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La excepción son los extranjeros que puedan demostrar fehacientemente ante el Departamento de Seguridad Nacional un «miedo creíble de persecución o tortura». De esto depende que se presenten los casos ante un juez. Se trata de un proceso contaminado de enorme discrecionalidad y que muchas veces resulta injusto. Porque se imponen decisiones en función de la capacidad de recursos de la Administración para procesar el trámite migratorio.

En ese sentido, es notoria la prioridad del enfoque de la inmigración irregular como una amenaza de seguridad. Esto lo demuestra la tendencia al alza del presupuesto de control fronterizo, independientemente del color político del gobierno federal, en comparación con las prioridades de las políticas de acogida específicas.

Barrera policíaca y control punitivo

Expiró el Título 42, por el cual se expulsaron unos 2,8 millones de migrantes de la frontera sur de Estados Unidos. Entonces cobró vida exclusiva el Título 8, una regla federal de décadas, expeditiva en la expulsión de extranjeros que ingresen al país sin una visa ni toda la documentación en regla.

El Título 8 es de por sí más punitivo que la regla aplicada durante la emergencia de la pandemia. No solo porque habilita la expulsión acelerada a quienes llegan sin autorización, sino porque los deportados no pueden volver durante cinco años. En caso de ser descubiertos intentando otro ingreso ilegal, son castigados con cargos criminales.

Se agregaron medidas modernas, como iniciar la solicitud de asilo ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, mediante la aplicación móvil CBP One. Es un procedimiento propio de una Administración ágil, pero, en la práctica, supone un perjuicio a los migrantes, dada su mayor vulnerabilidad económica y social. En muchos casos, esta herramienta puede convertirse en un nuevo escollo en el respeto al derecho humano del refugio.

En los hechos, la evaluación completa en torno al asilo y el riguroso examen de «miedo creíble», conforman dos poderosos hándicaps que torpedean el procedimiento de los trámites migratorios de quienes se congregan en la frontera sur del país.

Trámites migratorios en tránsito

Es cierto que ahora se abre la posibilidad de empezar el trámite en países de tránsito hacia Estados Unidos. Sin embargo, a priori, hay razones para el escepticismo, debido a las dudosas posibilidades del buen destino de los expedientes lejos de Washington. La experiencia empezará en oficinas en Colombia y Guatemala, con la meta de llegar a 100 sucursales migratorias desperdigadas en otros países de la región.

Además, llueven críticas al programa que beneficia a las poblaciones de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que obtienen 30.000 autorizaciones por mes. Esta cifra es ridícula en comparación a las salidas de migrantes de estos países que huyen de la penuria, la violencia o algún tipo de persecución que pone en riesgo la propia vida.

Los migrantes provenientes de estos cuatro países que no puedan convencer a los oficiales estadounidenses de que son víctimas de la persecución, serán expulsados a México. El resto, serán enviados a su tierra de origen.

¿Más de lo mismo?

Aunque Biden mitigó las aristas más inhumanas y atemorizantes de Trump, falla en el propósito de desalentar la llegada de migrantes de países pobres y en conflictos. No puede ufanarse de darle un tiro de gracia como prometió durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca. En el fondo se resguardó en el enfoque tradicional basado en la disuasión.

Suele achacarse a los republicanos la aplicación de mano dura contra los migrantes cuando están en la principal posición de poder. Pero, en ese sentido, los demócratas no se han quedado atrás, como demuestran las cifras de deportaciones de la presidencia de Barak Obama.

Una deshumanización

Las discordias políticas en Washington y la falta de unidad del Partido Demócrata en el contexto de unas elecciones primarias en puerta, pueden dar motivos o justificaciones para que Biden, en búsqueda de la reelección, haya borrado su prístino plan migratorio y continúe con la tradición de sus antecesores en la materia. Se trata de un asunto electoral de más sensibilidad doméstica que la guerra en Ucrania.

Resulta sobrecogedor el olvido fáctico de la arquitectura jurídica y ética en torno a la acogida al semejante, después de las atrocidades que fracturaron la condición humana durante el siglo XX.

El avance de las categorías jurídicas del asilo o el refugio y una hospitalidad asentada en la ley dieron ciertas garantías a un mundo como la casa de todos. Hoy esto parece en cuestión en la corriente migratoria signada por el desamparo.

Aunque sin referencia a ningún caso, la próxima directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ami Pope, acaba de advertir sobre la profunda desconsideración a los inmigrantes que se constata en el mundo.

Alertó que en los últimos años la política ha hecho una «instrumentalización de personas que se encuentran en situaciones desesperadas» y cuya «vulnerabilidad» alimenta una conversación pública absolutamente «deshumanizante». Pope planteó la necesidad de cambiar la manera de abordar la migración y recordó que el principal objetivo reconocido es que los extranjeros «tengan la oportunidad» de una solicitud justa en los procesos migratorios.

No puede acusarse al presidente Biden de ahondar el andamiaje de opresión contra los extranjeros que llegan a la frontera con México. Pero no está de más recordarle que, cuando se habla de inmigrantes, «estamos hablando de seres humanos», como bien expresó Pope. Este mensaje no se percibe para nada en sus medidas punitivas.

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Hace 50 años, Juan Domingo Perón regresaba definitivamente a su país. Luego fue elegido presidente por tercera vez con el mayor porcentaje de votos de la historia argentina posterior a 1945. Tras unos pocos meses en el cargo, fallecería. Dejó el lugar a su esposa, quien ejercía la vicepresidencia.

Perón se inscribe en una lista de varios líderes de movimientos políticos de base popular en la América Latina del siglo XX. Haya de la Torre en Perú, Cárdenas en México, Vargas en Brasil, Velasco Ibarra en Ecuador, Paz Estenssoro y Siles Suazo en Bolivia, son figuras de esa lista. Sin embargo, todos ellos solo han quedado en los libros de historia, mientras que el proyecto de Perón sigue vigente, más allá de los desgastes estructurales lógicos.

El regreso de Perón

Perón volvió a la Argentina en un marco tremendamente complicado, tanto político como económico. Era tiempo de la Guerra Fría y la crisis del petróleo. Las tensiones internas dentro de su movimiento se habían exacerbado, incrementadas por la presencia de grupos guerrilleros de izquierda que ponían en jaque la vuelta a la democracia. Perón —ya con severos problemas de salud— no logró contener las contradicciones internas del peronismo y le costó ser la síntesis de una amplia diversidad.

Una frase de cabecera de Perón era «la organización vence al tiempo». En buena medida, eso hizo que un proyecto que nació personalista se convirtiera en una fuerza permanente, con la preeminencia de diferentes liderazgos a lo largo de las décadas (Menem, los Kirchner). La supervivencia del movimiento pudo superar con éxito la muerte del líder. Ahí se puso en juego la rutinización del carisma, como postulaba Weber, ya que este no se transmite ni se hereda.

Etapas del movimiento peronista

El peronismo, un movimiento poco institucionalizado y con poco apego a las reglas formales del juego político, cuenta por ello con cierta flexibilidad para adaptarse al signo de los tiempos. Por eso, Perón tuvo una primera etapa claramente estatista redistribucionista y luego viró a una fase desarrollista. Muchos años más tarde, el movimiento se orientó a reformas promercado en las presidencias de Menem, para después volver a una etapa más clásica, de alta intervención del Estado en la economía, con los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner.

A partir de esta descripción histórica, se puede decir que con la fase kirchnerista —que cubre los últimos 20 años— el proyecto adquirió otras características. Néstor Kirchner quiso reconfigurar la discusión política e ideológica en la Argentina hacia un esquema clásico de izquierda-derecha, al que la sociedad históricamente nunca había adherido. El movimiento se orientó a una izquierda nacional y popular. Ese intento de quiebre de las coordenadas predominantes en el siglo XX hizo que hubiera un flujo de pases entre fuerzas. Radicales y referentes de izquierda históricos confluyeron con el kirchnerismo, así como hubo peronistas que dejaron el Partido Justicialista y ahora militan en distintos partidos dentro de la principal coalición opositora (Juntos por el Cambio), varios de ellos en el partido que creó el expresidente Mauricio Macri, Propuesta Republicana (PRO).

Desde el regreso a la democracia en 1983, el peronismo ha gobernado 28 de los últimos 40 años.

La coyuntura actual

La coyuntura de este 2023 es inédita, ya que es la primera vez que un gobierno peronista está concluyendo su mandato con una crisis económica importante, más grave que la recibió en 2019, además de profundos conflictos entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta —y líder del espacio— Cristina Kirchner (CFK).

El cuadro actual hace que exista una fuerte demanda de cambio político y económico.

En 1999, al finalizar los mandatos de Menem, la Argentina tenía problemas económicos pero mantenía la estabilidad con muy baja inflación. En 2015, cuando concluyeron las presidencias de CFK, la economía estaba ya con muchos problemas, pero no en una crisis.

La situación actual del movimiento que creó Perón es muy complicada, por dos tipos de factores, unos estructurales y otros de estilo de liderazgo. Entre los estructurales se pueden contar los siguientes:

1. La fragmentación de su base social: la estructura ocupacional del mundo va mutando a mucha velocidad hacia puestos de servicios individuales, inestables y volátiles. Al modificarse el mundo laboral, todos sus fundamentos se resienten.
2. La fragmentación del sindicalismo: como fruto del factor anterior, la representación gremial sufre el mismo proceso, más compartimentado que nunca. Ergo, la famosa columna vertebral del movimiento hoy está quebrada y quizá ya no haya cirugía que la recomponga.
3. La supremacía de la virtualidad sobre la territorialidad: el peronismo nació en un contexto de lógica federal que va perdiendo espacio en una sociedad ganada por vínculos volátiles y efímeros —o líquidos— que relativizan el predominio clásico del siglo XX.

Rol del kirchnerismo

Entre los factores relativos al liderazgo se podrían citar los siguientes:

1. El éxito cultural del kirchnerismo hacia adentro y afuera del peronismo. Para muchos cuadros políticos, sobre todo en las franjas más jóvenes, el peronismo que vivieron es el de Néstor y Cristina, con toda su impronta de retorno a un pasado glorioso. Se diferencia de la etapa menemista, cuya narrativa central era cómo la Argentina se integraba a la nueva etapa de la historia. El kirchnerismo, en cambio, logró que sedimentara un relato asociado a las supuestas banderas tradicionales del movimiento, con una adherencia simbólica afectiva que explica la persistencia de su núcleo duro electoral.
2. Dicha sedimentación cultural e ideológica genera grietas que parecen irreconciliables hacia adentro de la confederación peronista, además de la dificultad de captar votantes de segmentos blandos y volátiles que no se sienten interpelados por semejante apelación militante.
3. Para que exista una religión hacen falta un mesías, un evangelio y evangelistas. El kirchnerismo reúne los tres factores: el liderazgo de Cristina, la principal líder del espacio, al mismo tiempo que le pone un techo difícil de romper, posee un relato significativo para su núcleo duro y tiene una masa militante no desdeñable.

Perspectivas inciertas

El predominio kirchnerista está claramente en una etapa de desgaste, como ya se visualizó en la elección legislativa de 2021, en la que se constató un mayor nivel de abstención. De las últimas cinco elecciones nacionales —posreelección de CFK en 2011—, el peronismo perdió cuatro, y podrían ser cinco contando la próxima presidencial. Sin embargo, para que se genere una renovación interna debe haber un liderazgo alternativo. Por el momento, este no se ve.

Muchas predicciones sobre el futuro del peronismo se basan en una simple extrapolación del pasado, en medio de un proceso histórico donde las constantes de la política argentina se están reescribiendo. Las divisiones peronistas van en progreso en los últimos 25 años. El proceso de fragmentación que ya sufrió el radicalismo, tarde o temprano le iba a pasar al movimiento de Perón, con sus peculiaridades. Algo nunca ocurre… hasta que pasa.

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El más reciente informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) da cuenta de que, entre los seis países cuyos ciudadanos acumulan la mayor cantidad de solicitudes de asilo en el planeta, tres están bajo efecto de la guerra (Afganistán, Ucrania y Siria) y tres bajo dictaduras de izquierda (Venezuela, Cuba y Nicaragua).

El asilo es una solicitud que hace una persona que salió de su país por causas extremas vinculadas a la persecución y a la violación de los derechos humanos. El asilo es un derecho regulado por normas internacionales basadas en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esto pone a Latinoamérica bajo la lupa de la discusión global sobre la crisis de migrantes y refugiados. Y, oh casualidad, los regímenes de fuerza —ahora más consolidados en un vecindario con desafíos importantes al mantenimiento de su democracia— son aquellos que siguen como vacas sagradas para una familia de izquierda que mira a otro lado ante la violación de derechos por sus aliados.

El escandaloso incremento del movimiento migratorio y el salto en el número de solicitudes de asilo político en la región ameritan una discusión seria. En tanto, es de recibo la relevancia mundial que Latinoamérica ha ganado gracias al flaco favor de las izquierdas autoritarias.

La responsabilidad de las desviaciones revolucionarias en América Latina debe ser acuñada a todas las organizaciones que están en su órbita. Porque, desde el acompañamiento o desde la omisión, siguen compartiendo la mesa con los autócratas que expulsan refugiados y asilados de forma vertiginosa.

Los números del asilo

Unos 2,6 millones de nuevas solicitudes de asilo se registraron en el mundo durante el 2022. Venezolanos (264.000), cubanos (194.700) y nicaragüenses (165.800) concentraron el 24 % de las solicitudes. En el caso de los venezolanos y los cubanos, esto es tres veces mayor que las solicitudes de asilo contabilizadas en 2021. El Acnur asegura que es una tendencia en alza. Si bien no todas las personas perseguidas en sus países realizan formalmente el trámite, la cantidad de solicitudes oficiales muestra un panorama alarmante.

¿Qué razones han disparado la demanda de asilo? «Persecución, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos y eventos que alteraron gravemente el orden público». ¿No es este el repertorio de reclamos de las distintas disidencias a los regímenes de izquierda en Latinoamérica? ¿Cómo ha actuado la familia progresista en la región? De momento, atrincherada en la relativización de la anulación de las libertades en estos países, el achaque a Estados Unidos de todos los males de la humanidad, y la convalidación de las dictaduras en espacios de intercambio regional como el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, Unasur o cumbres presidenciales que intentan lavar la imagen de estos actores al homologarlos como mandatarios legítimos.

En este contexto, es especialmente simbólica la reaparición de Lula da Silva como principal referente de la izquierda regional. Aprovechando su impronta como primus inter pares entre los jefes de Estado del hemisferio, el presidente brasileño orienta una política exterior que omite críticas al régimen de Nicolás Maduro (la famosa construcción narrativa) y habla de fortalecer la democracia que lidera Daniel Ortega. Aunque algunas voces han sido críticas con este proceder, como la de Gabriel Boric, en su mayoría los partidos y coordinadoras internacionales afines a ese espectro político han enmudecido.

Continente de asilados

Desde el recrudecimiento de la represión contra la disidencia y el descalabro de las condiciones de vida en los países bajo gobiernos autoritarios de izquierda, América ha incrementado sostenidamente su participación como continente emisor de asilados. El siguiente gráfico muestra que el año 2018 marcó un antes y un después en una realidad que va en aumento.

Refugiados por región (2013-2022)

En Latinoamérica no escasean los informes sobre violación de derechos humanos y persecución política. Las pruebas no solo están a la vista y resisten cualquier búsqueda en Internet, sino que han sido denunciadas por organismos de todos los palos y colores. Sin embargo, hay una reticencia sistemática en parte importante de la dirigencia política que prefiere hacer la vista gorda antes de condenar lo evidente.

En su informe, el Acnur es categórico respecto de lo registrado en 2022: «Más de dos de cada cinco nuevas solicitudes de asilo fueron presentadas por personas nacionales de América Latina y el Caribe, principalmente de Cuba, Nicaragua y Venezuela. […] Aunque la mayoría de las personas forzadas a huir desean regresar a casa, esto únicamente debe realizarse en condiciones de seguridad y dignidad en caso de que se alcance la paz duradera».

Esta realidad, que es imposible omitir, debe interpelarnos como ciudadanos de este hemisferio en cuanto a exigir a nuestros representantes y dirigentes una condena férrea de los sistemas represivos que están dañando la vida de tantas personas.

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En 1991, cuando el socialismo realmente existente colapsaba (en doble condición de bloque geopolítico y modelo), la Asociación Latinoamericana de Sociología realizó su Congreso en una Cuba desconectada de los aires de la perestroika. Centroamérica iniciaba entonces con el fin de las guerras civiles y la celebración de procesos electorales, sus esperanzadoras transiciones. Una década después, en 2003, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) organizó su conferencia anual en una Habana testigo de la ola represiva de la llamada Primavera Negra. Sin embargo, entre ambos momentos, la democracia parecía extenderse por toda la región.

Desde entonces, Clacso se ha convertido en la mayor entidad de centros de investigación de ciencias sociales de América Latina.

Autoritarismos consolidados

A inicios del siglo XXI no existía otro régimen autocrático en América Latina. Hugo Chávez llegó al poder como un presidente electo y Venezuela estaba en el tránsito de una democracia frágil a un autoritarismo competitivo. Hoy, además del cubano, existen dos regímenes clasificados como autoritarios según cualquier criterio de la teoría y ciencia política: Nicaragua y Venezuela.

En Nicaragua han sido cerrados centros de investigación progresistas que desarrollaban agendas de cuidado a poblaciones vulnerables, ambientalistas, feministas, indigenistas. En Venezuela, las universidades públicas han sido reducidas a la indigencia material y financiera, mientras las privadas han recibido presiones del poder.

Por otro lado, la región sigue amenazada por el avance autoritario. Desde la derecha, los casos como El Salvador y Guatemala viven acelerados procesos de degradación democrática que los llevan al umbral autoritario. Esto encuentra eco en candidatos como el argentino Javier Milei, entre otros, quienes apuntan la retórica antisistema a nuevos (y peligrosos) niveles. Sin embargo, hasta la fecha, las únicas autocracias plenas pertenecen a la familia de izquierda radical.

Dobles estándares

La degradación autocrática ha ocurrido mientras una entidad como Clacso, surgida para defender a académicos exiliados por dictaduras (en aquel momento de derechas), y que formalmente se estructura para potenciar el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, condona o calla frente a las dictaduras revolucionarias. Hay además un sesgo evidente. Se emiten frecuentes pronunciamientos para denunciar, como corresponde, violaciones a los derechos humanos en países latinoamericanos, siempre y cuando se trate, en su inmensa mayoría, de gobiernos de derecha.

En Clacso molestan los errores de imperfectos de gobiernos de centroderecha, pero se enmudece ante los horrores de los regímenes autoritarios. Se protesta cuando ha habido problemas con la libertad académica o la situación política bajo los gobiernos de Iván Duque en Colombia o Sebastián Piñera en Chile, pero se ignora lo que pasa bajo los regímenes de Cuba y Venezuela.

Este silencio, sostenido durante al menos cuatro administraciones de Clacso, no solo condena a la sociedad y a la academia de esos países a ser víctimas de la insolidaridad de sus pares regionales. También afecta a la propia academia latinoamericana. Establece un sesgo en el cual la institución que a través de su directiva debe cobijar una pluralidad de enfoques, objetos y sujetos de investigación, establece una alianza con regímenes que reprimen y proscriben, en nombre del «socialismo», la libertad académica consagrada global y regionalmente.

Tolerancia sin reciprocidad

Semejante tolerancia, sin embargo, no es correspondida. La academia crítica que permanece en Cuba, Nicaragua o Venezuela, así como los intelectuales exiliados de esos países, no recibe la atención requerida dentro de la agenda oficial del Consejo de Clacso. Mientras esto ocurre, los académicos legitimadores del autoritarismo pueden participar a través de las estructuras y convocatorias oficiales. Maquillan poder popular, justicia social y desarrollo sostenible al hablar de casos que en realidad combinan régimen autoritario con capitalismo de Estado.

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La libertad académica hace posible que puedan expresarse incluso autores e investigadores de sociedades democráticas que, al apoyar al castrismo, chavismo y orteguismo, promueven narrativas autoritarias, como de hecho sucede por ejemplo en Argentina, México, Brasil y Colombia. Lo ideal sería aprovechar esas participaciones para confrontar, argumentalmente y sin violencia, con las narrativas filotiránicas, sin excluir del debate al otro (etiquetado como de centroderecha o conservador) como sucede en foros y publicaciones auspiciados por Clacso.

Los defensores de la complicidad académica con estas dictaduras pueden alegar, pretendiendo realismo, que en el mundo existen muchos regímenes autoritarios en los cuales se realiza producción científica. Sin embargo, no es lo mismo establecer relaciones con los biotecnólogos o astrónomos de una autocracia, por cuanto se trata de una actividad científica cuyo método y objeto no dependen directamente de los contextos y contenidos políticos, como hacerlo en el campo de las ciencias sociales. Un régimen autoritario puede proveer condiciones para potenciar las ciencias naturales o exactas y sus desarrolladores también pueden ser víctimas del control político. No obstante, el objeto de su investigación no está directamente atravesado por los fenómenos de censura a libertad académica, como sí pasa en las ciencias sociales.

Pensamiento científico vs. propaganda política

Cuando hablamos de convenios entre las academias de ciencias sociales de Cuba y sus pares de Rusia, China, Corea del Norte e Irán, encontramos que estas son, en sí mismas, extensiones de Estados autoritarios. En el caso de la relación de la directiva de Clacso con la academia oficial cubana y sus silencios ante la situación en Venezuela o Nicaragua, la contradicción es doble.

Por un lado, la naturaleza divergente de las partes (en Latinoamérica se trata de ciencias sociales que deben producir una reflexión rigurosa y sistemática sobre el orden social y político). Por otro, la contraposición entre pensamiento científico y propaganda política. No son equivalentes la relación pragmática que se establece entre los académicos oficiales de regímenes autoritarios con una academia afincada en países donde, formalmente, la libertad rige como principio ordenador del saber científico.

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Latinoamérica ha visto proliferar espacios académicos sesgados ideológicamente, donde son políticamente controlados e incumplidos los principios de libertad académica. Por la nueva derecha radical, se han hecho virales discursos antiintelectuales de medios, liderazgos y movimientos antiliberales, críticos de las minorías y los derechos humanos. Desde la izquierda, la academia sigue reproduciendo narrativas que idealizan y legitiman las dictaduras. En esta última dirección, Clacso, la red de instituciones de ciencias sociales más grande del continente, es eco de la negación del pluralismo y da cabida a discursos que reproducen la propaganda política con disfraz académico.

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