De todas las empresas que China compró entera o parcialmente en América Latina entre 2017 y 2021 (por USD 44.400 millones), el 71% son del sector eléctrico. La cifra, que habla por sí sola, le pertenece al Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston (BU). Y ojo: la diferencia con el interés que tuvieron las corporaciones del resto de países por el rubro, que fue de solo 7%, es abismal.

La nueva apuesta de China en este lado del mundo es bastante clara: convertirse en el dueño de la luz. Una parte importante de ese camino ya ha sido pavimentada gracias a desembolsos multimillonarios, pues más que construir plantas o redes desde cero, los chinos prefieren entrar con activos consolidados. Para ello, han aprovechado los espacios que dejaron las empresas europeas —que ahora priorizan otros mercados— y el ocaso de firmas vinculadas al escándalo de corrupción LavaJato.

Así, la potencia asiática ha convertido a sus compañías estatales en voraces compradoras. Según la base de datos de BU, China ha entrado al sector eléctrico chileno con diez operaciones de M&A; con otras diez al mexicano; con tres al peruano y con nada menos que 112 al brasileño. Y esto es únicamente en el negocio de generación (la gran mayoría son hidroeléctricas). Otra historia —una más reciente— se está escribiendo en el eslabón final de la cadena: la distribución.

El negocio eléctrico

La distribución eléctrica es, en sencillo, el negocio de conectar la luz al usuario final. Está a cargo de empresas que compran energía a las generadoras y luego cobran el recibo de los consumidores. En Chile, una estatal china compró hace tres años las operaciones de Chilquinta Distribución y luego de la Compañía General de Electricidad (CGE), la mayor empresa del sector en su país. Con ello, llegó a controlar más de la mitad del reparto en el mercado sureño. En Brasil, que tiene un potencial eléctrico gigantesco, se calcula que la participación china en transmisión y distribución ha avanzado hasta el 12%.

Pero lo que parece ser una estrategia aplicada como espejo en distintos países del continente llegó en Perú a su momento cumbre en abril. Allí, la estatal China Southern Power Grid anunció la compra de los activos de la italiana Enel Distribución, con lo que el 100 % del reparto de electricidad de Lima Metropolitana (10 millones de habitantes) y más de la mitad del territorio del país quedarán en manos de firmas que controla el Partido Comunista chino (PCCh). El otro distribuidor de la capital peruana, Luz del Sur, pertenece a la también estatal china Yangtze Power desde 2019.

¿Qué hay detrás de ese «apetito energético»? Primero, una inteligente mirada financiera. En la mayoría de países, el negocio de repartir electricidad a hogares y pequeñas empresas (lo que se conoce como mercado regulado) es rentable casi por naturaleza. No hay que competir por la venta final, porque las zonas de reparto están separadas, y el precio lo pone el organismo supervisor con la consigna de asegurarle un margen de beneficio a la compañía. Rara vez la gente consume menos electricidad que antes.

Apetito energético

Por eso, tiene total sentido que los préstamos de gobierno a gobierno —la estrategia que China venía usando para ampliar su influencia en América Latina— hayan pasado a segundo plano frente a las inversiones directas en empresas eléctricas. Aquellos ofrecen un panorama de retorno más que dudoso. De hecho, muchos países del sur global están en riesgo de default y China es su primer acreedor. En cambio, en agosto del 2022, las acciones de compañías eléctricas en Perú eran una de las pocas alternativas de inversión financiera (4 de 267) que rendían más que la inflación. 

Pero las inversiones en electricidad no son moco de pavo. Para comprar una represa o una distribuidora se necesita mucho dinero, el que las estatales chinas han acumulado durante años de bonanza económica. El tema es que, tras pagos de diez cifras y en dólares, difícilmente estén dispuestas a solo sentarse a esperar que goteen las ganancias. En Perú, específicamente, asoman riesgos claros en el mediano plazo. ¿Quién podrá decir no a una exigencia de la potencia asiática?

Cuando Yangtze Power compró Luz del Sur, el regulador peruano de la competencia, Indecopi, puso como condición que esa distribuidora no pueda comprar energía a generadoras vinculadas a su grupo económico sin una licitación supervisada. Esto debido a que su matriz, la China Three Gorges, también es dueña de la tercera mayor hidroeléctrica del país (Chaglla) y de otras más pequeñas. Probablemente, Indecopi ponga una condición similar para la compra de Enel. ¿El detalle? Esta prohibición aplica solo hasta 2030.

Inversiones gigantes

Hasta entonces pasarán dos cosas: vencerán algunos acuerdos de suministro que tiene Luz del Sur con las generadoras para obtener la energía que reparte al mercado regulado y también los contratos de más de 1500 clientes libres con distintos proveedores de electricidad. En Perú, los clientes libres son empresas de alto consumo —mineras, cementeras, fábricas, malls, etc.— que no están obligadas a conectarse a la red general. Pueden comprar la energía, si les conviene, directamente a las generadoras.

A ello se suma que —como detalló la revista Semana Económica— Three Gorges y Yangtze Power tienen un agresivo plan a corto plazo para aumentar su capacidad de generación hasta triplicar su participación en ese segmento. Y se espera que grandes jugadores que compiten con ellos, como Kallpa, vendan y salgan del país. Se viene una reconfiguración en el sector y los chinos tienen las fichas bien posicionadas para aprovecharla. ¿Tienen una aspiración monopólica?

El gran riesgo es que, a partir del 2030, Luz del Sur le compre sin filtros a las hidroeléctricas chinas y, así, le cierre parte del mercado regulado a las demás generadoras. Si decide jugar en pared con la nueva dueña de Enel —cuya matriz, al final, la controla el mismo gobierno— el cierre sería extremo. Ello les daría, además, una posición mucho más fuerte para «robar» los clientes libres. Y podría, en el peor de los casos, desaparecer las fuentes de generación energética que no estén en manos chinas.

Actores del mercado eléctrico

Para evitar estos riesgos —que son graves— es que el mercado eléctrico se separa entre quienes producen la energía, quienes la transportan y quienes la conectan al usuario. La operación de empresas chinas tanto en generación como en distribución es algo que no se debió permitir desde el inicio en Perú. Y hoy que Indecopi tiene la potestad de bloquear la compra de Enel por la China Southern Power Grid, debería hacerlo.

Porque la realidad es que la planificación centralizada, con competencia «de mentiritas» y trato de favor hacia las empresas estatales, está en el ADN de las compañías públicas chinas. Si bien en su país no opera un sistema económico comunista en el sentido académico del término, al final del día las matrices y sus subsidiarias se alinean —porque son lo mismo— con la estrategia del PCCh. Y, tal como en siglos pasados corporaciones británicas y estadounidenses exportaron el capitalismo al mundo, es esperable que las firmas de la potencia asiática traten también de operar en América Latina con su propia lógica, estándares y prácticas.

En el fondo, el gran riesgo es terminar dándole el control casi total del interruptor de la luz a una potencia global, cuyas empresas estatales hoy operan como buques insignia de su modelo económico y de sus ambiciones geopolíticas. ¿Qué capacidad de negociación tendrán en un escenario como ese —que no parece tan lejano, si vemos al Perú como paradigma de la región— las instituciones de los países latinos para defender sus intereses nacionales o para plantarle cara a China?

Fuentes de algunos de los datos:

https://semanaeconomica.com/sectores-empresas/energia/luz-del-sur-se-refuerza-y-se-prepara-para-captar-mas-mercado-de-generacion

https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/ranking-rentabilidad-solo-cuatro-de-267-alternativas-de-inversion-superan-a-la-inflacion-rendimientos-instrumentos-de-inversion-mcf-ifel-bolsa-fondos-mutuos-depositos-afp-noticia/?ref=gesr

https://dfsud.com/america/chile-brasil-y-peru-concentran-la-presencia-de-china-en-el-mercado-de

https://www.bu.edu/gdp/2022/03/28/trends-in-trade-and-investment-china-and-latin-america-and-the-caribbean-in-2021/https://www.bu.edu/cgp/
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Roberto Izurieta es máster en ciencias de la comunicación, ciencias políticas y en campañas electorales. Dirige el Programa para América Latina en The Graduate School of Political Management de The George Washington University. Es especialista en campañas y gerencia política y ha trabajado en varias campañas electorales en Estados Unidos y en América Latina. Fue el primer latinoamericano ganador del premio Rising Star de la revista Campaigns and Elections. Fue jefe de comunicación del Gobierno ecuatoriano (1998-2000). Ha sido consultor político del gobierno de Guillermo Lasso y actualmente se desempeña como embajador del Ecuador en Chile.

Muerte cruzada

Ruth Hidalgo: ¿Cómo queda el Ecuador luego de la muerte cruzada, en términos de estabilidad democrática?

Roberto Izurieta: La muerte cruzada es constitucional y democrática, aceptada por la Corte Constitucional, la autoridad electoral y la mayoría de las fuerzas políticas, que ven en ella una nueva oportunidad de participación electoral. Hay que decir que el sistema electoral ecuatoriano tiene fallas que no resuelven el problema de la dispersión política del país. El Ecuador no tiene tradición partidaria. Es principalmente caudillista y por eso necesita reformas a la ley electoral que permitan subsanar esa debilidad. Por ejemplo, buscar incentivos a la agrupación partidaria en listas en las cuales los partidos participantes sumen sus votos y el candidato de esa lista sea el que más votos obtuvo en la lista. Este mecanismo se convierte en una suerte de primarias partidistas.

Otra medida que compensaría esa debilidad partidista y dispersión —muchos partidos y muchos candidatos— sería que la elección de asambleístas se dé en la segunda vuelta electoral. Eso ayudaría a los electores a prestar más atención a quiénes son los candidatos a la Asamblea, y conseguiríamos una Asamblea menos fraccionaria, lo cual ayudaría a la gobernabilidad.

Los partidos políticos

¿Qué se debería esperar de los partidos políticos en relación con su capacidad de respuesta ante nuevas elecciones?

Se debería esperar madurez política, que significaría no poner candidatos cuestionados o con procesos judiciales de por medio. Significaría buscar alianzas entre ellos para evitar la dispersión. El tener más de diez candidatos a la presidencia y unos cientos para la Asamblea en cada provincia significa que es la ciudadanía la que debe hacer el proceso de preselección, y eso es totalmente incorrecto. Los partidos políticos, si desean ser una fuente de representación e intermediación política, deben hacer ese trabajo y no darle más trabajo a los ciudadanos, que ya tienen sus vidas sumamente ocupadas.

¿Cuál debería ser la agenda del nuevo presidente?

El próximo período debería ser una transición que resuelva el enredo político que creó la Asamblea destituida. Fue un proceso interesante porque a nivel político (y en la Asamblea) existía una profunda crisis y debates, pero a la ciudadanía, en la calle, no le importaba ni le interesaban esos debates: quería que se fueran todos.

[Lee también: Santiago Basabe: «En el Ecuador no es ventaja estar en un partido»]

Por eso, la muerte cruzada fue la mejor opción, porque logró esa descompresión que, si bien era aire, estaba en una olla de presión (la Asamblea). Si no se daba la muerte cruzada, si no se abría una válvula de escape a ese aire enardecido, se podría haber dado una explosión que habría llegado a la calle. Por lo tanto, la muerte cruzada dio una salida política a un problema político y el próximo presidente(a) deberá canalizar y formalizar esa salida política, no aumentar la disputa.

Agenda de la Asamblea General

¿Y la próxima Asamblea Nacional? ¿Nuevos actores o los mismos?

Habrá de todo. Demasiado. Cuando son muchos los candidatos y no hay ni el proceso ni el tiempo para una verdadera selección, el resultado electoral se vuelve un proceso totalmente aleatorio. Esa es la pena.

¿Cuáles son los perfiles que tienen más oportunidad para llegar a la presidencia en este difícil contexto?

Seriedad. Los que busquen el show tendrán un poco de aire, pero no tracción. Pienso y aspiro que los que eviten el debate político y se concentren en las propuestas (y sin duda en el contraste de propuestas), podría tener más opciones. Digo que pienso y aspiro porque, como lo indiqué, cuando no hay un proceso ordenado, el resultado generalmente es cualquier cosa.

Un acuerdo nacional por candidatos únicos por tendencia, ¿posibilidad o utopía?

Es posible, y muchos países lo han logrado, por ejemplo, a través de incentivar los acuerdos para la creación de listas de partidos. La que tenga más partidos en su lista, tiene más votos porque cada partido suma (aunque sea poco, pero suma y no resta).

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La historia entre una niñera, una joven funcionaria que era la mano derecha del presidente Gustavo Petro y su antiguo escudero en campaña, Armando Benedetti, ha sido comparada con series como Juego de Tronos o House of Cards. Esta novela de la realidad política de Colombia tiene al país en vilo y parece que no deja tiempo para un análisis profundo. En este artículo analizamos los sucesos y el efecto que tiene en uno de los jugadores más relevantes del vecindario latinoamericano.

Entre escándalos y fuego amigo

Cada día ha traído un capítulo más escandaloso que el anterior. Como contexto de la crisis sobresale una tensa y dilatada discusión pública entre Petro y el fiscal general Francisco Barbosa.

Si hacemos un resumen apretado, el megaescándalo que ha puesto en jaque al Gobierno inició con las denuncias de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza en los sótanos de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia. Meza era la niñera de Laura Sarabia, jefa del gabinete de Petro. Meza fue acusada de robar dinero en efectivo de un maletín propiedad de Sarabia. De este dinero se desconoce su procedencia y destaca el abuso de usar recursos especiales como el polígrafo en una acción irregular. Posteriormente, se descubrió que el celular de la niñera había sido interceptado. A estos hechos quedó vinculado Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, quien fue jefe de campaña de Petro. El Niñeragate llevó a que el Presidente decidiera la desvinculación de sus cargos a Sarabia y a Benedetti.

Sin embargo, la historia tomó más relevancia cuando Benedetti, en dos entrevistas y unos audios revelados por la revista Semana, amenazó con sacar a la luz los trapos sucios de la financiación de la campaña de Petro: «Nos hundimos todos o nos vamos presos», decía mientras hablaba de 15.000 millones de pesos que asegura haber conseguido para apoyar la candidatura del actual presidente. El exembajador intentó bajar el tono en Twitter: «He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago».

Denuncias y acusaciones 

Configurados estos eventos, el daño a la credibilidad del Gobierno estaba hecho. Y aunque el presidente Petro ha intentado bajarle el tono, se han realizado tres denuncias penales en su contra ante la Comisión de Acusación del Congreso por el supuesto ingreso ilícito de 15.000 millones de pesos durante la época electoral. Adicionalmente, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral también adelantan investigaciones.

En un intento de transformar la implosión de su Gobierno en una oportunidad, el presidente ha buscado instalar una narrativa de «golpe blando» en su contra. En esta línea se han apuntado organizaciones internacionales como la Internacional Progresista, que expresan su solidaridad pero se desentienden de los hechos. No obstante, con esta cantidad de informaciones, es necesario leer el detrás de cámaras de los capítulos de esta historia. Más allá del escándalo, se puede observar un gobierno que ha perdido legitimidad y capacidad de maniobra para llegar al cambio que prometió.

Cuando el escándalo parecía opacarse con nuevas noticias, como el cese al fuego pactado por seis meses con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el hallazgo de cuatro niños indígenas perdidos en la selva, se presentó un hecho de sangre. Se trata de la muerte del teniente coronel Óscar Dávila, quien coordinaba labores de inteligencia para la Casa de Nariño y había sido salpicado en la interceptación del celular de la niñera de Sarabia. Gustavo Petro insistió de inmediato que se trataba de un suicidio. Sin embargo, a la fecha el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no ha publicado el informe de las causas de la muerte del oficial.

¿Qué tan golpeado está el gobierno Petro?

Esta es la tormenta más grave que enfrenta la administración del Pacto Histórico desde que inició hace menos de un año, pero no ha sido la única. En marzo, la Fiscalía abrió una investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente, para verificar las denuncias de la exesposa de este, Day Vásquez, acerca de la entrega de dineros de personas vinculadas al narcotráfico para la campaña presidencial.

Tanto Nicolás Petro como Benedetti manejaron la campaña presidencial en la Costa Atlántica de Colombia, donde aparece la sombra de estos recursos. En abril, Petro tuvo un remezón de su gabinete, al pedirle la renuncia a siete de sus ministros, que se sumaban a la salida de otros tres ministros en febrero por problemas internos relacionados con su agenda de reformas, especialmente la del sistema de salud. De tal manera que, de la amplia base con la que llegó a la Casa de Nariño, apenas quedan pocos.

[Lee también: Colombia, ¿un país en reforma?]

Ahora bien, este nuevo escándalo pone en riesgo la agenda de cambio prometida por el progresismo, pues los debates parlamentarios han sido aplazados, pese a la insistencia del mandatario. Como explicó la politóloga Silvia Otero en un análisis de BBC Mundo: «Lo que viene es control de daños: el Gobierno, dedicado a controlar las consecuencias de estas declaraciones de Benedetti; y eso, por supuesto, le quita maniobrabilidad». Algo que recuerda su paso por la alcaldía de Bogotá o la presidencia de Ernesto Samper con el proceso 8.000.  Es que el Petro de ahora se aleja cada vez más del Petro conciliador de sus primeros meses y se parece más al de la Alcaldía de Bogotá.

Desgaste

Para el profesor Yann Basset, de la Universidad del Rosario, aunque lo ocurrido no acaba con la gobernabilidad de Petro de por sí, lo afectará. «Su gobernabilidad viene con problemas de antes y tiene que ver con la estrategia del Gobierno. No ha podido consolidar una coalición o encontrar una forma de sacar adelante su agenda en el Congreso. No tiene mayorías y ese escenario de negociar congresista por congresista lo desgasta».

En junio termina el periodo legislativo en Colombia y en los próximos meses los congresistas estarán más enfocados en hacer campaña para alcaldes y gobernadores de cara a las elecciones territoriales de octubre. El panorama no es claro para el Pacto Histórico, pues con su coalición rota y una falta de liderazgos regionales, puede llegar al 2024 más debilitado.

La imagen del presidente ha ido cayendo. La última encuesta Invamer mostró que la aprobación pasó del 50 % en noviembre de 2022, al 33,8 % en mayo de este año. Pero hay unas cifras aún más preocupantes y es que la imagen del presidente y la vicepresidenta está también cayendo en favorabilidad para los jóvenes, según los resultados del estudio «¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia?».

Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, explicó en la presentación del informe que el 61 % de los jóvenes encuestados creen que el Gobierno no está cumpliendo con las promesas que realizó en la campaña electoral.

¿Todo bien en el vecindario?

El 6 de agosto de 2022, un día antes de la posesión presidencial, el periódico El País de España publicaba el artículo «Gustavo Petro marca la senda de la nueva izquierda latinoamericana». Aseguraba que «el mandatario de Colombia, y su vicepresidenta, Francia Márquez, abanderan un progresismo que incorpora la agenda ambiental».

Paradójicamente, el 5 de junio pasado, Día del Ambiente, Petro no habló de este tema en su Twitter. Sus tuits de los últimos días se han enfocado en defenderse, criticar medios de comunicación, enunciar los logros de su Gobierno y citar a movilizaciones en favor de sus reformas. Las detonaciones internas del Gobierno han erosionado su activismo internacional.

Si en la política interna la inestabilidad del Gobierno Petro ha afectado su imagen y agenda reformistas, el escándalo también lo ha alejado de la idea de convertirse en el gran líder de esta marea roja 2.0. Desde la falta de rumbo de la llamada paz total y la agenda de negociación con el ELN en Caracas, hasta la incertidumbre del futuro de sus reformas, disminuyen la relevancia de Colombia como actor regional.

Para Guillermo Tell Aveledo, decano de estudios jurídicos y políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas, a Petro se le juntaron sus problemas internos pero también el hecho de que ese lugar de líder de las izquierdas de América Latina se lo está disputando Lula da Silva.

Fue precisamente durante su viaje a Brasil, en el llamado retiro de presidentes sudamericanos, cuando estallaron las denuncias del Niñeragate. Quizá el escándalo, que se cocinaba a fuego alto en Colombia, quitó fuerza a la participación de Petro en la cumbre. Opacado por Lula, no brilló como líder de la izquierda del vecindario.

¿Un líder incómodo?

Gustavo Petro se había convertido en un activista en la región con sus intervenciones públicas, especialmente en Twitter, criticando la salida de Pedro Castillo en Perú o en peleas con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. 

Aveledo explica que el papel de Petro en lo relacionado con Venezuela sigue poniéndolo en el juego internacional, pues para Estados Unidos es importante el papel de mediador de Petro en las negociaciones venezolanas. Empero, en este punto hay otra nota que nos regresa al caso de las declaraciones de Benedetti sobre el financiamiento de su campaña. En algunos medios ha surgido una hipótesis de que los millones a los que se refiere el antiguo socio de Petro provinieron del chavismo, una narrativa de la que aún no hay pruebas, pero que puede poner en riesgo las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos.

Además, otra escena de lo ocurrido en Brasil evidencia que en materia internacional Petro también está perdiendo juego. Los asistentes firmaron el Consenso de Brasilia, a diferencia de la conferencia de Bogotá en abril pasado, que terminó con una solitaria declaración del canciller Álvaro Leyva, como relató La Silla Vacía.

Los escándalos le pasan factura al gobierno del cambio, que llegó al poder anclado en la promesa de lo nuevo, pero con viejas y denostadas prácticas.

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En la reciente Cumbre del Plástico en la sede de la UNESCO en París participaron 175 países y 1400 expertos. Se trató de generar un acuerdo para luchar contra la contaminación global con plástico. Pero a pesar de del tema, en América Latina ni los medios de comunicación ni los gobiernos le dieron mucha importancia.

Diálogo Político conversó con Clara Subirachs, participante de la conferencia. Es coordinadora de políticas públicas y empresas en Unplastify, una organización que busca minimizar el uso de plásticos descartables en América.

La contaminación en Latinoamérica

¿Por qué en Latinoamérica no hablamos del plástico y de la contaminación, en la prensa, por ejemplo?

Esta problemática se empezó a desarrollar más a gran escala recién en lo últimos años. Siempre se la abordó desde una perspectiva muy específica y no se tiene conciencia del gran problema que significa el plástico. Lo observamos en todos lados y ahora es más visible por las discusiones a nivel internacional y por las regulaciones que colocaron el tema en la agenda en los últimos años.

El encare antes era únicamente desde la perspectiva del reciclaje. Se suponía que con el reciclaje íbamos a solucionar el problema. Pero, si bien es una herramienta importante y hay que impulsar su desarrollo, no es suficiente. Hay que abordar el problema entendiendo su dimensión. Ya lo observamos en los océanos. Allí terminan anualmente 11 millones de toneladas, mientras la producción de plástico creció muchísimo y se planea que siga creciendo. No olvidemos que el plástico no se degrada. Se queda para siempre en el océano, convirtiéndose en microplástico que ya encontramos en los alimentos y en nuestro cuerpo.

Resumiendo, vemos un problema, pero no lo abordamos en su dimensión global. El problema es grande y requiere medidas urgentes y profundas.

[Lee también: Política y ambiente]

¿Cuál es la lucha de intereses con los países productores de petróleo? En la Conferencia de Paris participaron una gran cantidad de países y expertos, pero el tema no apareció en este lado del mundo.

Sin duda, hay una cuestión de intereses que se observó en París. La discusión quedó trabada en los primeros días y esto impidió avanzar en temas sustanciales. Viene de la mano con el tamaño de los productores de plástico que participan. Los grandes productores son más reticentes, e incluso se empieza a poner en duda el impacto ambiental del plástico, a pesar de toda la información disponible. Esto permite mantenerse en medidas más laxas. Muchos actores prefieren ir lentamente, tomar medidas que no los afecte tan directamente y persiste una puja de intereses por avanzar. Entonces, vemos avances pero constatamos mucha resistencia a tomar medidas concretas.

Negacionismo

¿Estamos frente a un negacionismo en el caso de la contaminación?

Sí, eso se vio en París y en el encuentro anterior que fue en Uruguay. Tal vez no sea negacionismo, pero sí posturas que minimizan el problema. Hubo discursos que ponían en duda el impacto del plástico en la salud o en el ambiente.

Se plantean medidas más laxas y hay resistencia a reducir la producción, que es lo que nosotras planteamos. Proponemos acompañar a los diferentes actores en el proceso, porque muchos dependen de la producción del plástico y no los podemos dejar afuera. Queremos pensar en medidas concretas y ambiciosas.

Frente a posturas que ponen en cuestión el problema, es importante difundir aún más la información, involucrando a organizaciones, plataformas y Estados.

¿Cuáles serían las medidas menos rigurosas de las que hablas?

Los objetivos y obligaciones contenidos en el tratado van desde reducir la producción al abordaje de la contaminación y el impacto del plástico en la salud. Ahí ya estás bajando el contenido de las obligaciones para los Estados, porque no se plantean medidas concretas. Se plantea el tema del reciclaje, que es importante, pero hoy en día se recicla un 9%. Es importante subir ese número.

Sin embargo, teniendo en cuenta la dimensión del problema, hay que considerar medidas más ambiciosas. Reducir producción y consumo, en forma gradual, acompañando el proceso para que no vaya en detrimento de los diferentes actores.

Otro enfoque es la economía circular, concepto muy relevante para este tema, pero muchas veces se la relaciona únicamente con el reciclaje. En realidad, la economía circular incluye también la reducción y el uso eficiente de los recursos. Es importante pensar en la transición en este sentido para minimizar el impacto del plástico en la economía, la salud, el ambiente.

La transición

Utilizaste la palabra transición. ¿Cómo sería y hacia qué?

Pensamos en ir hacia un sistema que reduzca la producción y el consumo de plásticos descartables. Hablamos de transición porque no será de un día al otro, por la cantidad de actores y de empleos involucrados. La dirección es hacia otros procesos de menor impacto ambiental que permitan un desarrollo sin la contaminación e impacto en todos los ámbitos como se ve ahora.

Utilizaste la palabra desarrollo, que muchos oponen a cualquier medida de protección del ambiente.

Ambiente y desarrollo se plantean por separado, pero en realidad están relacionados. Los sectores más vulnerables son los más afectados, son los que más viven la contaminación con plástico. Para pensar en desarrollo hay que pensar en calidad de vida. La presencia de plásticos en todos lados afecta la calidad de vida de las personas.

Pensando en el tratado, este debe contemplar a todos los países y sectores, para que todos puedan implementar lo que se resuelva. Por eso se habla de cómo garantizar el financiamiento para que todos los Estados puedan implementar las medidas, como garantizar la formación de capacidades humanas y tecnologías que permitan esta transición. Entonces, no es solo reducción, sino todas estas medidas que acompañen los diferentes sectores y países, teniendo en cuenta sus diferencias.

¿Cómo estamos en Latinoamérica?

¿En qué aspectos Latinoamérica está más atrasada? ¿Puedes subrayar dos o tres aspectos de particular urgencia?

En primer lugar, vemos que faltan regulaciones y políticas públicas para acompañar los procesos. Si bien es importante que las empresas que producen plástico se comprometan en la transición, y se piense en los incentivos, es importante que las regulaciones acompañen. Es importante que todos los actores se involucren para ver las dificultades y oportunidades. Es fundamental la articulación entre los actores.

También es fundamental seguir aportando conocimiento y hacerlo accesible. Por ejemplo, ¿qué alternativas al plástico descartable existen y qué se necesita para impulsarlas?

¿Alguna buena práctica en la gestión que sirva de ejemplo o inspiración?

Hay desarrollos auspiciosos. Hay empresas que fomentan retornabilidad de envases. Se trata de que la gente use varias veces el producto sin generar residuos.

Están reapareciendo emprendimientos a granel y sistemas de recarga. Se trata de ofrecer servicios sin generar residuos.

También se desarrollan alternativas al plástico para casos en que es indispensable el uso de ese tipo de envase. Hay empresas en la región y una sociedad civil crecientemente atentas a esto.

Unas veinte organizaciones de la sociedad civil de la región estuvieron presentes en la Conferencia de París la semana pasada. Hay dificultades, pero se está trabajando en el tema. El desarrollo y el combate a la contaminación con plástico van de la mano.

Reducir, reutilizar y reciclar

¿Volvemos a las erres de las que se habla hace tiempo?

Efectivamente se trata de reducir, reutilizar y reciclar, en la que reciclar es importante, pero no es la primera erre.

El problema de reducir es que va en contra de los intereses de la economía que está interesada en aumentar el consumo.

Es una discusión de fondo, no es solo la responsabilidad individual. Hay que repensar todo el sistema que fomenta el comprar y tirar, el descarte. Se trata de diseñar un sistema que promueva la retornabilidad y reducción, y que vaya de la mano con medidas concretas. Visto el nivel de contaminación, no podemos seguir así.

Hay que concretar estas ideas a nivel de gobiernos, empresas y actores, para ir a un sistema circular.

El descarte solo es posible si los costos asociados están externalizados.

Estos conceptos ya están, tenemos que concretar, hay que internalizar todos los costos. El plástico es muy barato porque nadie está asimilando los costos de la contaminación, el impacto en los mares, la pesca, el turismo. También la salud, que falta estudiar a gran escala.

Todos estos son costos de la contaminación y hay que buscar la forma y promover que se internalicen. Así se va a entender que el sistema no es redituable. Lo es solamente porque no se tienen en cuenta los factores que he citado.

Costos de la transformación

Un problema del reciclaje son los costos asociados al acopio y el traslado. Quemar petróleo para trasladar plástico no parece razonable.

Falta un sistema que contemple todo esto. Incluso en los países en que existe el sistema, el porcentaje de reciclaje sigue siendo muy bajo. A esto se suma que algunos tipos de plástico no son reciclables y que no se puede reciclar infinitamente. Al final del ciclo, hay que descartarlo.

Respecto a los costos de transporte, pueden hacer que no convenga.

Tenemos que identificar los lugares en los que no es necesario el plástico y allí eliminarlo gradualmente. Y si no se puede, desarrollar alternativas con menor impacto.

En algunos supermercados te ofrecen fruta pelada envuelta en plástico...

Es uno de los casos en los que se utiliza porque sí. Lo mismo pasa con las bolsas. Muchos usos de una sola vez son prescindibles: sorbete, plato, cubiertos.

Hay que eliminarlos o sustituirlos por alternativas reutilizables.

En muchos servicios gastronómicos te dan vajilla descartable cuando sería posible utilizar reciclable. Muchas veces las empresas piensan que es caro sustituir el plástico.

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Los problemas en materia ambiental están en directa relación con un sistema de vida basado en el crecimiento constante. Si bien la academia hace décadas advierte que ya alcanzamos los límites del uso de recursos en el planeta, el aumento en el consumo sigue siendo la medida del éxito.

La fragilidad de nuestro entorno solamente aparece en los titulares cuando se produce una catástrofe o una interrupción en el suministro. Apenas se logra restaurar la «normalidad», volvemos a olvidar la crisis y sus posibles aprendizajes. Sin embargo, los sacudones no se van a detener.

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Política y conflictos ambientales

Es ineludible repensar los modelos de desarrollo de nuestras sociedades e incorporar la materia ambiental a la agenda política. Está documentada la afectación de ecosistemas indispensables para la vida humana, y se prevén eventos climáticos extremos más frecuentes y más intensos. A largas sequías seguirán inundaciones, como se puede apreciar, por ejemplo, en regiones de Italia. Aumentará la frecuencia de los enfrentamientos por el acceso al agua escasa, como sucede en México. Las explotaciones de recursos como el litio requerirán de enormes cantidades de energía y agua. La política no debería correr detrás de los problemas. Aparecerán conflictos que no podrán ser solucionados con parches. Es necesario anticipar las crisis que vendrán.

[Lee también: Acuerdo de Escazú: luces y sombras de la política medioambiental regional]

Los partidos políticos deben llamar los problemas por su nombre y trabajar en estrategias sostenibles para enfrentarlos. Habrá crisis del agua, se agotarán recursos considerados infinitos y nuevas pandemias serán posibles. Si los problemas no son encarados a tiempo desde la institucionalidad política, si los partidos democráticos no son capaces de liderar, las propuestas autoritarias y populistas ganarán apoyo.

Claves para una política ambiental

Algunas claves para los partidos políticos y su aproximación a una gestión ambiental responsable:

• Gestión del riesgo
  El cambio climático se manifiesta con fenómenos climáticos extremos. Esto no debería ser una sorpresa. No es viable proponer políticas basadas en una disponibilidad de los recursos y una estabilidad climática que no existirán en el futuro. Los partidos políticos deben incorporar los escenarios de riesgo y de escasez como parte de su oferta electoral. El ahorro en la utilización de agua y energía debe ser parte de sus planes de gobierno. Para trabajar estos temas en forma sólida se recomienda incluir referentes en el tema.

• Costos ambientales
  La necesidad de internalizar los costos ambientales de los emprendimientos económicos no es una novedad. A medio siglo de la Conferencia de Estocolmo, ningún partido político puede desconocer los principios del desarrollo sostenible. El enfrentamiento entre economía y ambiente es estéril. No tiene sentido un emprendimiento que mejora el PBI a costa de daños en el ecosistema sobre el que se realiza. El desafío para los partidos políticos es congeniar la creación de actividad y empleo con la preservación de los servicios eco sistémicos de los que dependemos. Por ejemplo, la preservación de los humedales y los bosques ribereños no es una actividad idealista, sino que es parte de la planificación estratégica de la gestión de los recursos hídricos.

• Transición energética
  La energía proveniente de combustibles fósiles no es viable a mediano plazo. Los Acuerdos de París comprometen a los Estados con una dramática reducción de emisiones de gases invernadero. Esto implica un sostenido esfuerzo en el cambio de la infraestructura y también en los hábitos de consumo. En un futuro no lejano no será más posible utilizar vehículos con estos combustibles fósiles. Profundizar y acelerar la transición energética es parte ineludible de la agenda política.

• Ciudadanía
  Los partidos deben evitar la promesa fácil basada en falsos supuestos. El mundo será crecientemente complejo y disruptivo. El cambio climático provocará la aparición de enfermedades que afectarán cultivos y a personas. La mayor ocurrencia de eventos extremos pondrá a prueba costosas infraestructuras, por ejemplo, debido al aumento del nivel del mar. Estas situaciones exigen un intercambio maduro con la ciudadanía y no alcanza con votantes y consumidores. Se requiere de ciudadanos conscientes en el uso de los recursos, en particular, del agua y la energía. Los partidos deben alentar esta actitud y deben habilitar el debate constructivo entre los intereses a corto plazo y la responsabilidad respecto a las generaciones futuras.

• Diálogo con la ciencia
  Para poder implementar políticas sostenibles es necesario tener en cuenta el conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas. No es posible ni se espera que cada político sea especialista en temas ambientales y de energía. Por eso, el diálogo con la academia debe ser parte de la rutina de comisiones partidarias dedicadas al tema. El diálogo con la ciencia, a los efectos de acercarse a una política basada en evidencia, debe ser parte de la formación de los dirigentes políticos jóvenes. Esto aplica también a la actividad legislativa, que debe comprender siempre la participación de especialistas.

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Los partidos políticos son indispensables para la democracia. El avance del populismo y los liderazgos carismáticos no son una opción. Los partidos políticos tienen la legitimidad del voto y responden frente al electorado por su gestión.

Sin embargo, los partidos no solo se deben a sus votantes. Como gestores de la cosa pública, son responsables también del bienestar de las generaciones futuras. No es éticamente aceptable implementar políticas a costa de los que vendrán luego. Por ello, el desafío es grande, no hay tiempo que perder.

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El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva ha planteado una discontinuidad relevante con respecto a sus predecesores en su aproximación hacia Hispanoamérica, región que desde un punto de vista geopolítico convencional representa su primera y más cercana zona de influencia.

Revitalizar la Unasur

En el ámbito iberoamericano, el actual presidente brasileño y cofundador del Foro de São Paulo ha persistido no sólo en el intento de ejercer un liderazgo más nítido, extrovertido e incisivo que los demás mandatarios brasileños, sino también en la voluntad de respaldar un giro general hacia la izquierda. Ambos propósitos se vieron reflejados en la creación de  la Unión de Naciones del Sur (Unasur). Este es un esquema de cooperación regional sin propósitos demasiado claros, salvo el de fungir como un foro político donde Brasil ha terciado en los distintos conflictos internos regionales para, finalmente, terminar favoreciendo a los gobiernos afines ideológicamente.

Con miras a consolidar esa línea de política exterior, el presidente brasileño convocó a sus homólogos sudamericanos a una reunión en Brasilia, celebrada el martes 29 de mayo. Evidentemente, al tratarse de Sudamérica, el propósito fundamental era el relanzamiento de la Unasur, esquema que había caído en cierta mengua tras el retroceso de la primera marea rosa —de la que participaron Kirchner, Chávez, Mujica y Bachelet— y luego de ciertos escándalos vinculados a la construcción de su faraónica sede, el edificio «Néstor Kirchner» en Ecuador.

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La fecha y ubicación de esta reunión presidencial no sólo se pensó para revitalizar a la Unasur como eje de la política exterior brasileña hacia el resto del subcontinente. También sería una forma de ir alineando a una buena parte de los gobiernos que, al ser igualmente miembros de la Celac, participarán de la cumbre que tendrá lugar entre dicho organismo y la Unión Europea en Bruselas los días 17 y 18 de julio. Todo indica que el presidente brasileño aspiraba a llegar a dicho encuentro como líder destacado de América Latina, con las cosas atadas y bien atadas para ejercer de interlocutor regional ante el bloque europeo.

Paso en falso

Sin embargo, las cosas no salieron a pedir de boca para Lula Da Silva. Hay ciertos límites no deben ser sobrepasados. Si bien puede tolerarse que una potencia regional busque ejercer cierto liderazgo en su ámbito de influencia, e incluso que sus gobiernos de turno dejen entrever sus preferencias ideológicas, lo que no puede aceptarse en un «ecosistema regional esencialmente democrático» es que dichas preferencias condicionen la pauta a seguir en la política regional. Y mucho menos cuando estas conducen claramente hacia la progresiva aceptación de actores que, a todas luces, no sólo se apartan de las normas que rigen la convivencia democrática en la región, sino que además actúan denodadamente para su definitiva supresión.

Por tales razones, es preocupante que Da Silva no sólo haya invitado a Nicolás Maduro a esta reunión en Brasilia. Además, en una reunión bilateral previa, afirmó públicamente que el régimen chavista ha sido objeto de una «narrativa» malsana y falaz que lo calumnia y descalifica ante la comunidad internacional. Maduro —según aconseja el brasileño— tiene el deber de contrarrestar esta narrativa.

Lamentablemente, no se trata de un lapsus ni de un mero error desafortunado. Un examen cuidadoso del pasado permite constatar que los gobiernos de Lula Da Silva se han caracterizado por desplegar una línea de apoyo tan sistemático como sutil al chavismo. No han importado la deriva autoritaria de Chávez y Maduro, ni la dinámica depredadora, ni las masivas violaciones a los derechos humanos que han apadrinado. Estos desmanes propiciaron el mayor éxodo en la historia del continente americano, casi la cuarta parte de la población venezolana.

Controversia regional

Sin embargo, cabe destacar que este episodio no pasó por alto sin más. Las palabras de los presidentes Luis Lacalle de Uruguay y Gabriel Boric de Chile, cuestionando las declaraciones de su homólogo brasileño, merecen el mayor de los respaldos. Lacalle señaló con determinación que «si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que la democracia sea plena en Venezuela […], que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo».

Boric, por su parte, demostró que las afinidades ideológicas no deben traducirse en solidaridades automáticas, al señalar que el sufrimiento de los venezolanos «no es una construcción narrativa; es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria».

En suma, los presidentes de las dos democracias más ejemplares de Sudamérica aclararon que la tragedia venezolana no puede despacharse como un asunto meramente «narrativo». Se trata de una realidad que debe afrontarse. Y ambos nos recuerdan que o jeito brasileiro no puede dar para tanto como para hacer pasar por bueno o aceptable lo que en realidad es atroz.

¿Consenso de la cumbre Lula?

El paso en falso del presidente Lula permite entender por qué la declaración final de nueve puntos de esta cumbre, denominada Consenso de Brasilia, no menciona a la Unasur. Sí aparece la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) —organismo al que Lacalle hizo alusión explícita— en el punto 5, y señala el compromiso con la democracia y los derechos humanos (punto 2).

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El séptimo punto de la declaración contempla el establecimiento de un «grupo de contacto, encabezado por los cancilleres, para evaluación de las experiencias de los mecanismos sudamericanos de integración y la elaboración de una hoja de ruta para la integración de América del Sur, a ser sometida a la consideración de los Jefes de Estado». En definitiva, una forma velada de postergar la revitalización de la Unasur que Lula Da Silva buscaba con esta cumbre. Los demás puntos de la declaración no van mucho más allá, a decir verdad, de reproducir formalidades acordes con los usos diplomáticos de turno.

Si de construcciones narrativas se trata, la cumbre Lula sirvió para demostrar cómo la «narrativa democrática» del presidente uruguayo ha permitido apuntarse una notable victoria diplomática. Ante el enorme peso de Brasil, gigante cuyos argumentos excedieron en esta ocasión los límites de lo aceptable, se reivindica un vecindario sustancialmente democrático.

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Con más del 52 % de votos, Recep Tayyip Erdoğan logró su reelección en Turquía. Es un resultado que ya estaba signado desde el 14 de mayo, cuando el mandatario turco había obtenido un 49,5 % de votos previo al balotaje que tuvo lugar este domingo en el país.

¿Qué nos deja esta victoria, que parecía inesperada luego de la crisis financiera que atraviesa la nación mediterránea y las secuelas del terrible terremoto que lo azotara unos meses atrás? Para comprender este hecho político y su relevancia en el mundo, hay que entender el trayecto histórico de esta Turquía que se enfrentó en las urnas.

Turquía es la legataria del Imperio otomano, una potencia que en el Renacimiento amenazaba y a menudo postraba a grandes potencias europeas de la época. Desde Estambul, los herederos de Mehmet II se lanzaron a la conquista de un imperio que en su apogeo se extendía desde los Balcanes en Europa hasta el Norte de África. Era, efectivamente, un imperio multicultural donde los turcos eran tan solo una de tantas etnias que componían al Estado. Pero también era un imperio que, pese a la pluralidad de religiones en su seno, tenía una identidad islámica; en efecto, el sultán, líder del Imperio, aparte de ser cabeza del proyecto secular del Estado como tal, encabezaba el mundo musulmán con el título de califa.

Antecedentes históricos

Pero la derrota otomana en la Primera Guerra Mundial trajo aparejada la disolución del Imperio y el nacimiento de una Turquía secular. Bajo la figura de Mustafa Kemal Atatürk, el país procedió a una reinvención de la mismísima identidad turca: se secularizó el Estado, se abandonó el antiguo alfabeto turco (cuya grafía estaba emparentada con la árabe) y se dejó de lado pretensión alguna de imperialización o liderazgo regional o global.

El joven país se vio pronto inmerso en los vaivenes de la Guerra Fría y, debido a su miedo histórico a la potencia rusa, ingresó a la OTAN. Pese a ello, siempre tuvo una conducción política exterior ambivalente con Occidente y los Estados Unidos, sintiéndose a menudo abandonada o ignorada por el gigante norteamericano. El fin de la URSS y de la Guerra Fría podría haber conllevado el relegamiento de Turquía al margen de los intereses estadounidenses de no ser por los atentados del 9/11 y el ingreso de Estados Unidos en Medio Oriente.

¿Un partido liberalizador?

Ese es el clima en el cual floreció el AKP de Erdogan. Inicialmente un partido liberalizador y democratizante, el AKP era bien visto por Washington. Turquía se mostraba como la democracia musulmana funcional de Medio Oriente. En efecto, entre 2002 y 2005, fue la era dorada de la europeización en Turquía. Pero la postura de la Unión Europea a las tentativas de ingreso turcas, que Ankara interpreta como rechazo o desdén (cuando no ambas), sumada al repudio de la invasión de Irak por la inestabilidad que trajo aparejada (recordemos que allanó el terreno para el separatismo kurdo, miedo eterno del Estado turco) y la protesta turca por las actividades israelíes en la franja de Gaza alejaron más a Turquía de Estados Unidos y de Occidente en general.

La respuesta de Ahmet Davutoğlu, que encabezaba la cartera de Exteriores, fue de redefinir el rol de Turquía en la región: pasar de ser un país reactivo a la política exterior de los demás países y a la coyuntura internacional en general para pasar a ser un país con una política exterior asertiva de liderazgo regional (es precisamente a esta política de Davutoğlu que se le adjudica la denominación de neootomanización).

La guerra civil en Siria de la mano del recrudecimiento de la cuestión kurda y el intento de golpe de Estado en Estambul a manos de los seguidores de Fethullah Gülen (activista político-religioso que reside en Estados Unidos, que este país se negó a extraditar a Turquía) terminaron por profundizar el cisma entre los dos aliados de la OTAN.

El papel de Turquía

A partir de ahí hemos visto a Turquía tener un rol ambivalente en la región, ora derribando un avión ruso en el 2015 (ocasión donde Estados Unidos retiró los misiles Patriot de la frontera sirio-turca, generando sensación de abandono en Ankara), ora apoyando a Rusia tibiamente durante el actual conflicto de Ucrania (luego de haberse enfrentado indirectamente con esta, en ocasión del conflicto reciente de Nagorno-Karabaj).

La recién descrita es la Turquía de Erdogan, la Turquía que votó este domingo. Es una Turquía que no solo a nivel internacional es problemática, sino que internamente no ha estado libre de controversias. Las libertades de prensa se han visto marcadamente mermadas bajo el AKP y es de común conocimiento el triste caso del arresto de Deniz Yücel (periodista para el cual Turquía emitió una nueva orden de arresto luego de haberlo liberado hace años) como ejemplo de esto.

Las sucesivas reformas legislativas y constitucionales que llevó Erdogan adelante (y la presidencialización del país) han consolidado el poder del líder turco a expensas del resto de la sociedad civil, erosionando la institucionalidad del país. Por añadidura, el último gran embate al kemalismo que el actual presidente de Turquía realizó fue volver a convertir a la Santa Sofía, declarada museo desde la época de Atatürk, en mezquita, en un claro y deliberado rompimiento con uno de los legados más significativos del célebre fundador de la república turca.

El papel del nacionalismo

Kemal Kılıçdaroğlu, como su célebre homónimo Kemal Atatürk, buscaba dar un viraje a esta política. Su plataforma política planteaba un retorno a esa suerte de diplomacia pendular de la Guerra Fría, de una Turquía reactiva a la coyuntura internacional pero no conflictiva ni controvertida. Era un retorno a la Turquía secular, prooccidental, y a la apuesta por la Unión Europea y los derechos humanos.

No obstante, el resultado de la primera ronda electoral (que estuvo muy lejos de lo esperado por Kılıçdaroğlu y sus seguidores) llevaron a que el candidato radicalizase su discurso: consciente de no haber llegado con un mensaje percibido como tibio por el voto nacionalista, hubo de embanderarse con la causa antimigratoria y contraria a los refugiados sirios, mancillando así la impronta democratizante de su discurso. Pero un viraje tal no se puede concretar en meras semanas y no pudo competir contra Erdogan en los comicios.

Kılıçdaroğlu se dio cuenta en esos días de que el nacionalismo turco es la mayor fuerza política en el país y, por lo que parece, el voto a Erdogan habría acompañado este compromiso. Todo apunta a una continuidad de la línea neootomana, islamizante y autoritaria del mandatario turco.

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España siempre encuentra especial atención en América Latina. El pasado común y los vínculos sociales, políticos y económicos son imborrables. Y cuando de elecciones se habla, los cambios del tablero político son seguidos con interés.

España celebró elecciones autonómicas el domingo 28 de mayo. El Partido Popular (PP) ha sido el ganador. Obtuvo una ventaja de 3,4% sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El umbral entre uno y otro asciende los 761.000 votos.

El PP sumó más de siete millones de votos (31,53%) frente a los 6,2 millones del PSOE (28,11%).

Desde 2015 los populares no lograban una victoria similar. Ahora tendrán 23.375 concejales, frente a los 20.767 del PSOE. El panorama anuncia los vientos de la próxima elección general que será el 23 de julio.

Veamos las siete claves que recomienda la consultora española Nitid:

Siete claves

 1. Cambio de ciclo: Sánchez sale muy tocado de estas elecciones.  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es uno de los grandes derrotados de esta cita electoral. Se implicó a fondo en esta campaña con una gran presencia en las últimas semanas y las urnas le han dado claramente la espalda. Este resultado tendrá un gran impacto en los próximos meses a nivel nacional y abre un nuevo ciclo en la política española.

2. El PP le da la vuelta al mapa político. Los populares pueden recuperar plazas clave como los Gobiernos de la Comunidad Valenciana, La Rioja, Cantabria y Aragón, así como importantes ayuntamientos como Sevilla, Valladolid o Valencia con el apoyo de VOX. Además, el PP consigue la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, lo que supone un gran impulso para dos figuras clave del partido como Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.

Liderazgos en España

3. Feijóo consolida su liderazgo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, planteó la campaña como un plebiscito contra la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la estrategia le ha funcionado. Con este resultado, el líder popular consolida su liderazgo y afronta las elecciones generales con un contexto político muy favorable.

4. Debacle del PSOE, que pierde feudos simbólicos. Una noche muy difícil para Ferraz, que ha visto cómo sus peores pronósticos se van a cumplir con la pérdida de importantes feudos a nivel autonómico y nacional. Se inicia una nueva etapa para el PSOE en la que pasará a la oposición en una significativa cantidad de autonomías y municipios.

5. VOX crece y tendrá la llave en muchas comunidades y ayuntamientos. El partido de Santiago Abascal ha tenido un importante crecimiento tanto a nivel municipal —de 530 a más de 1.600 concejales— como autonómico —de 47 a 119 diputados regionales— y tendrá la llave de gobierno en sitios clave como la Comunidad Valenciana o Aragón, y en ciudades como Sevilla, Zaragoza o Valencia. 

¿Fin de Podemos y Ciudadanos?

6. Unidas Podemos cae en la irrelevancia. En solo 8 años, Podemos ha pasado de tener los gobiernos de Madrid y Barcelona a caer en la irrelevancia y a no jugar ningún papel clave. El partido, que en los últimos años ha tenido un rol decisivo en la política nacional, sufre un duro varapalo y obliga a replantearse su futuro.

7. El fin de Ciudadanos. Las pocas opciones que Ciudadanos tenía para poder sobrevivir pasaban por mantener la representación en el Ayuntamiento de Madrid de la mano de Begoña Villacís. Su mal resultado supone un golpe muy duro para el futuro de esta formación, que ha perdido más de 2.400 concejales en toda España, pasando de casi 2.800 a poco más de 380.

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Puede ser en Colombia o en España, en Estados Unidos o en Rusia. El nuevo guion para apoderarse del poder político y destruir las instituciones democráticas es evidente, predecible y eficaz. Es la operación maquiavélica más viable en este mundo donde los golpes militares, las guerras de invasión, las revoluciones violentas y la perpetuación en el poder son cada vez más repudiados por la conciencia ciudadana y universal.

El primer ministro británico Winston Churchill pronunció una famosa frase que sirve para legitimar a la democracia como el mejor de los sistemas políticos. Pero con su humor inglés dejó abierta una puerta a las debilidades de este sistema: «La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás».

En efecto, a nadie, o a casi nadie, se le ocurriría actualmente defender abiertamente a las tiranías contemporáneas, ni a las dictaduras de nuevo tipo, ni a los autoritarismos sin careta. Sin embargo, esos sistemas intentan continuamente resurgir porque aferrarse al poder absoluto, totalitario o populista es una de las tentaciones más enraizadas entre las ambiciones humanas. A esos regímenes se refería Churchill.

Entonces, como estos regímenes autoritarios son cada vez más repelidos por los ciudadanos conscientes y formados, los más listos han inventado una fórmula fraudulenta para disfrazar sus propósitos bajo la manipulación de las reglas del juego democrático. En resumen: usan la democracia para destruirla.

El guion reconocible

Los regímenes populistas, dictatoriales y hasta tiránicos de hoy no comienzan su andadura con un golpe violento. Se introducen en las dinámicas e instituciones del sistema democrático con un discurso demagógico apocalíptico.

Estos son algunos de los pasos del guion predecible. En primer lugar manipulan a los pobres, a los más vulnerables, presentándose como mesías, como salvadores. Aprovechan frecuentes casos de corrupción para sembrar la narrativa de que todos los partidos son corruptos, todos los políticos oportunistas y deshonestos y que todo lo anterior ha sido un fracaso.

Estas agrupaciones, además, se arman de un programa bien hilado donde aparecen como la única alternativa para purificar y reinventar el sistema democrático que se ha corrompido, que no tiene alternativas, que no puede reformarse o renovarse si no es con el mesías y su partido de salvación nacional. Para ello, estos regímenes establecen el absoluto control de los medios de comunicación y del sistema educativo y cultural.

Los populismos exacerban el nacionalismo, el patrioterismo y la lucha de clases para destruir a todo el que se oponga al «bien del pueblo». Las masas despersonalizadas y enardecidas por la ilusión de que «ahora sí vamos a arreglarlo todo» votan convencidos de que el «bueno por conocer» es mucho mejor que «el malo conocido».

En definitiva, la solución para el votante parece ser la de escoger en las elecciones democráticas al «iluminado», al «hombre fuerte», al que parece que tiene las llaves del paraíso terrenal. Y, con él, entronizar al único «movimiento», al naciente partido o guerrilla reciclada en grupo político «no tradicional», porque dice el guion que todo lo tradicional es viejo, corrupto y acabado.

La promesa del hombre fuerte

Como «nadie escarmienta por totalitarismo, autoritarismo o populismo ajeno», las urnas se convierten en trincheras reivindicativas, en barricadas contra todo lo establecido. No se vota por el que tiene más mérito, más formación para servir o por el que más experiencia ha acumulado. Tampoco se vota por el que haya demostrado mayor integridad o por el que tenga el programa más coherente y realista.

Se vota por la utopía ilusionista. No por esas pequeñas utopías que nos empujan hacia delante a sabiendas de que, cada vez que creemos haberlas conquistado, se alejarán como el horizonte. Se vota por «el paraíso» de los pobres, aunque quien o quienes la enarbolan tenga historiales impresentables, autoritarios y violentos.

Y cuando estos personajes salen electos por métodos democráticos legitimados por una Constitución, en elecciones libres, plurales, competitivas y monitoreadas por la sociedad civil y auditores internacionales, comienzan a erosionar la democracia desde adentro.

El primer paso es «penetrar» los tres poderes del Estado de derecho colocando en ellos a personas «fieles» a la causa de la «limpieza» de las instituciones. No serán los mejores servidores públicos, ni los menos corruptos, sino los «incondicionales» que sean obedientes al «elegido». Y estos, desde dentro abren grietas, convierten la normal conflictividad en conflictos irreconciliables y atacan a las «antiguas instituciones tradicionales» para cambiarlas.

El golpe redentor

Una vez que el líder y sus seguidores han copado las instituciones democráticas y las han carcomido por dentro, casi imperceptiblemente asestan el golpe redentor para que las nuevas estructuras apoyen una reforma de la Constitución. Al mismo tiempo, se va trabajando a nivel de las bases para que las legítimas demandas se conviertan en violencia destructora de la sociedad civil, dividiendo a los compatriotas.

Finalmente se convoca a la redacción de una nueva Constitución y en ella se crean las estructuras que perpetuarán en el poder al líder, quién utiliza la propia democracia para destruirla.

Basta estar atentos a la evolución política de ciertos países para comprobar que este guion, diseñado para destruir la democracia utilizando mecanismos democráticos, se repite con leves matices. En esencia, los pueblos, por falta de educación cívica y política, se dejan arrastrar por estos cantos de sirena. Una y otra vez.

Esto ha pasado en países con pasado totalitario, donde tras un período democrático se regresó a otra variante de autoritarismo. Cuba ha experimentado dictaduras de derecha y de izquierda, populismos y este totalitarismo. Ojalá aprendamos de estas lecciones de la historia para que en el futuro no volvamos a chocar con la misma piedra… o con otras similares. Nunca más.

Publicado el 13 de mayo de 2023 en el portal de Latinoamérica21

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¿Por qué el autoritarismo y los ataques a las instituciones democráticas son tolerados? ¿Por qué un líder autoritario cree que no debe ser controlado por otros poderes del Estado?

¿Y por qué estos interrogantes son cada vez más recurrentes en cada vez más países? ¿Será que estamos frente a la moda del autoritarismo? Líderes como Nayib Bukele, de El Salvador, están marcando pauta. ¿Por qué?

… de momento, de lo que los salvadoreños parecen no darse cuenta es que es la democracia quien puede preservar su seguridad, entendida seguridad más allá del número de muertos violentos, su seguridad política, su seguridad económica, su seguridad ciudadana, sólo puede ser garantizada por una democracia que el bukelismo está desbaratando.

Ávalor Bermúdez-Valle

Toda esta discusión la ponemos Bajo la Lupa.

[Lee también: Vivir en la negación: intelectuales y populismo]

Sobre autoritarismo, hablan:

Alvaro Bermúdez-Valle, politólogo y exresponsable del Programa de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja en El Salvador.

María Isabel Puerta Riera, profesora adjunta en el Valencia College y autora del libro Crisis de la democracia: ¿en el umbral de la posdemocracia? (2021) y el DP Enfoque Así nos habla el Kremlin.

Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor de la Universidad Austral de Chile.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

En la madrugada del 17 de mayo de 2023, poco antes de culminar su segundo año de gobierno y en el marco de un proceso de juicio político en su contra por su presunta participación en un escándalo de peculado, el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo n.º 741 con el que disuelve la Asamblea Nacional del Ecuador por «una grave crisis política y malestar interno». En el fondo, se desarrolla una lucha de poder entre los poderes Ejecutivo y Legislativo desde que asumió el cargo, lo que restringe severamente la gobernabilidad del país. El Consejo Nacional Electoral debe fijar ahora una fecha para las nuevas elecciones a la presidencia y a la Asamblea Nacional, que deberán tener lugar en un plazo máximo de seis meses.

Disolución de la Asamblea Nacional

La muerte cruzada (o muerte mutua) consagrada en el artículo 148 de la Constitución de 2008 permite al presidente disolver el Parlamento prematuramente una única vez dentro de los primeros tres años de gobierno. Esta muerte mutua de los poderes Legislativo y Ejecutivo significa que obligatoriamente deberán desarrollarse nuevas elecciones para la Asamblea Nacional y para el cargo de presidente dentro de seis meses. Al utilizar la muerte cruzada, el presidente Lasso ha enviado una señal inequívoca a la Asamblea Nacional.

Un día antes, Lasso había defendido su inocencia en el Parlamento durante la vista del juicio político iniciado en su contra por su presunta participación en un escándalo de malversación de fondos. Inicialmente había un número suficiente de diputados dispuestos a votar en contra de su destitución. Sin embargo, el máximo representante decidió relevar de sus funciones a los 137 diputados y no participar en la incierta negociación sobre votos y concesiones éticamente cuestionables de cargos.

De acuerdo con el procedimiento establecido en la ley, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá ahora fijar elecciones parlamentarias y presidenciales anticipadas en un plazo máximo de siete días. En ellas se elegirán un nuevo presidente y nuevos diputados, que permanecerán en el cargo hasta el final del período legislativo actual en mayo de 2025. Según los anuncios iniciales, se espera que las elecciones anticipadas se realicen el 20 de agosto de 2023 y la segunda votación el 15 de octubre de 2023. Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el presidente puede emitir decretos que se consideran «económicamente urgentes», pero están sujetos a revisión por el Consejo Nacional Electoral. Este órgano actúa ahora como el único contrapeso del presidente.

Proceso electoral extraordinario

En aras de garantizar la convivencia hasta las elecciones, no es poco importante que el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Nelson Proaño, expresara su apoyo a la decisión del presidente ante la situación actual y afirmara que, en caso de enfrentamientos violentos, «actuaremos con decisión para proteger al país y a sus ciudadanos». Se trata de una declaración notable, en vista de la relevancia de las fuerzas armadas en la defensa del orden constitucional del país.

[Lee también: El harakiri de Guillermo Lasso]

Según las evaluaciones de las publicaciones en las redes sociales, la aprobación de la decisión de disolver el Parlamento supera el 70 % de la población. El presidente Lasso expresó en entrevista con CNN Español su convicción de que la aplicación de la muerte cruzada representa un buen escenario para evitar el regreso del expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción. Sin embargo, muchos observadores, incluidos actores cercanos al gobierno, se mostraron muy sorprendidos por la decisión del presidente. Otros expertos y analistas, en cambio, se muestran preocupados por escenarios futuros que puedan poner en riesgo la democracia del país.

Perspectivas electorales

En vista de la proximidad de las elecciones extraordinarias, se perfila un espectro electoral complejo que ejerce una enorme presión sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los partidos y movimientos políticos. Esto se debe a que estos últimos tienen que armar sus listas electorales a corto plazo hasta fines de mayo, con el partido Revolución Ciudadana, cercano al expresidente Rafael Correa, que logró posicionarse sólidamente como la fuerza líder en Ecuador en las elecciones regionales de febrero. Partidos como el Partido Social Cristiano (PSC) y el Pachakutik, que representa a la población indígena, se han visto gravemente debilitados debido a disputas internas.

Sin embargo, no se debe sobreestimar el estado de ánimo actual, ya que las fuerzas cercanas al correísmo aún están muy por debajo de sus valores históricos y es poco probable que obtengan más de un 38 % en las próximas elecciones. El regreso del correísmo al poder no se puede dar por hecho, pero tampoco se puede descartar.

Para tener una oportunidad real contra el bloque de la Revolución Ciudadana sería beneficioso un acuerdo de las fuerzas moderadas con un candidato o candidata común, así como una cooperación constructiva a largo plazo. El actual gobierno tendrá ahora alrededor de seis meses para trabajar lo mejor que pueda, en acuerdo con el Consejo Nacional Electoral y sin el estorbo de una Asamblea Nacional polémica que bloquea las reformas.

Las personas miran el futuro con temor

Nuevamente, la gente está sorprendida por una clase política en gran parte sin preparación, que ha logrado complicar aún más una situación ya difícil en el país. Muchos esperaban que el presidente hiciera lo que fuera necesario para que su administración durara, allanando el camino para elecciones ordenadas en 2025. Sin embargo, para ser justos, hay que decir que desde que asumió el cargo no ha podido hacer mucho. Pues la mayoría de los proyectos del gobierno estaban condenados al fracaso debido a un persistente bloqueo de una mayoría hostil en la Asamblea Nacional.

Si uno describiera la situación actual en el pequeño país andino, lo haría desde dos perspectivas. Por un lado, la de las personas que se encuentran en una posición económicamente ventajosa y disponen de tiempo para seguir la actualidad. Por otro lado, a los ojos de casi el 60 % de la población, que tiene que llegar a fin de mes con algo menos de 450 dólares estadounidenses al mes y para quienes palabras como parlamento y gobierno son, lamentablemente y con demasiada frecuencia, sinónimos de corrupción o incompetencia. No es casualidad que los índices de aprobación del gobierno y de la Asamblea Nacional, que ya estaban en 12,62 y 6,64 % respectivamente a fines de 2022, sigan cayendo.

Conclusión: la democracia está nuevamente bajo escrutinio

Además, la mayoría de la población teme por el futuro, ante una grave crisis de seguridad que se está sintiendo en casi todas partes. La delincuencia organizada y, en particular, los delitos relacionados con las drogas desempeñan aquí un papel importante. Ecuador es actualmente el sexto país más peligroso de la región. Sufre un aumento de 82 % en las muertes violentas entre 2021 y 2022, y más de 25 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, existe una situación incierta del mercado laboral que, en un contexto de falta generalizada de perspectivas, hace que cada vez más personas —se mencionan cientos de miles— decidan dar la espalda a su país y emigrar.

Una vez más, la democracia en Ecuador está bajo escrutinio. El legado del gobierno de Correa todavía pesa mucho en el país y se refleja sobre todo en la compleja y débil institucionalidad condicionada por la actual Constitución. La ausencia de partidos políticos reales y la inmanejable cantidad de más de 300 movimientos políticos sin ninguna estructura digna de mención, constitución democrática interna ni transparencia hacen casi imposible la participación política consciente de los votantes. Para un nuevo gobierno y un nuevo Parlamento que se sienta comprometido con la democracia, sigue siendo una tarea indispensable abordar con determinación las reformas políticas e invertir en educación política, profesionalización y transparencia, para crear un concepto de país a largo plazo en vez de perseguir la satisfacción política a corto plazo de las necesidades.

Versión abreviada del artículo original, publicado en el sitio web de la KAS Ecuador, en idioma alemán.
Traducción de Manfred Steffen, oficina KAS Montevideo.

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Hasta hace poco, se asociaba el litio principalmente a la fabricación de vidrio, medicamentos y cerámicas resistentes al calor. De las clases de secundaria tal vez recordemos que se trata del tercer elemento de la tabla periódica. Llamarlo oro blanco o sustituto del petróleo puede inducir a errores.

No se trata de un combustible, sino de un metal de color blanco blando y liviano. Por su elevado calor específico es excelente para la conducción de calor. Su elevado potencial electroquímico que lo convierte en un componente fundamental de las baterías eléctricas.

Antecedentes

El Acuerdo de París se firmó en 2015, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su objetivo es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del calentamiento global. Se trata de evitar que la temperatura global aumente más que 2 °C por encima de los niveles preindustriales.

Para aproximarse a estos objetivos es necesario dejar de utilizar combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural, el carbón y el lignito. La transición energética implica entonces la sustitución de estas fuentes por otras alternativas como la eólica, hidroeléctrica, solar, geotérmica y la biomasa.

Esta transición comprende la generación, la distribución y finalmente las tecnologías que permitan aprovechar dicha energía renovable. La disponibilidad de viento y sol no es constante, por lo que se dice que son fuentes intermitentes. Por otro lado, la necesidad de energía de parte de los usuarios varía fuertemente según la hora del día o la época del año. Uno de los aspectos clave en el proceso es, por lo tanto, el almacenamiento. Para esto se necesitan baterías, uno de cuyos componentes clave es el litio.

¿Dónde y cómo se obtiene?

El litio se encuentra en rocas o salares. Actualmente, el mayor productor mundial es Australia. Sin embargo, se calcula que en el llamado triángulo del litio (Argentina, Bolivia y Chile) se encuentra el 60 % de las reservas del planeta.

La producción del litio comprende perforaciones, bombeo y piletas para depositar la salmuera. Estas pueden ocupar cientos de hectáreas y el producto final (carbonato de litio – Li2 CO3) debe ser luego transportado para los diferentes usos.

Problemas de la minería

La extracción de litio es una actividad minera. Esto implica enormes cantidades de agua dulce en un lugar de precipitaciones extraordinariamente escasas y con un ecosistema frágil. El uso intensivo de agua pude alterar el ecosistema del salar y afectar la vida de los pobladores de la zona.

Otros factores críticos son: la utilización de sustancias como el ácido clorhídrico que, en caso de entrar en contacto con las napas, las podrían contaminar; la cantidad de energía para el bombeo; y el combustible necesario para el traslado del producto a los puertos para su transporte posterior a los lugares donde se fabrican las baterías.

Baterías

En las baterías se almacena la energía para su utilización posterior. Las de litio presentan ventajas porque se trata de un metal liviano y eficiente (menos peso y menos volumen). Sin embargo, aparte del litio, las baterías contienen otros metales como el cobalto, níquel y manganeso que también implican actividades mineras.

La eficiencia de las baterías comprende varios aspectos a resolver: el proceso de carga y el equilibrio con la vida útil, la eficiencia en equilibrio con la seguridad, el aumento de capacidad de carga y de ciclos, y finalmente, los problemas asociados a reutilización y disposición final de las baterías.

Perspectivas

La transición energética ocupa un lugar preeminente en la agenda mundial. Esto convierte al litio en un componente clave y coloca a los países con yacimientos del metal en el centro de la atención.

Con la aceleración de la transición energética, la demanda de litio aumentará. Se calcula que se multiplicará por 18 en 2030 y por 60 en 2050.

El triángulo del litio, y también Perú y México estarán en el centro de la atención. Las potencias mundiales ya compiten por posicionarse en dichos países con inversiones, tecnología y como compradores de la producción. Es esperable un recrudecimiento de la disputa entre China y Estados Unidos por el litio en América Latina.

El papel del Estado y de la inversión privada varía según el país. La gran pregunta es si la institucionalidad jaqueada por populismo, corrupción y polarización podrá resistir o mejor dicho encaminar las inversiones para bien de la población. La apuesta a un único producto nunca fue un camino de desarrollo sostenible. En un mundo interconectado, con cambios constantes y desafiado por la polarización creciente, es particularmente importante la diversificación energética.

La producción de litio puede ser una oportunidad para el continente. Sin embargo, hay que atender las dimensiones ambientales asociadas a la minería, en particular, el uso del agua. Por otro lado, hay factores externos que incidirán en la demanda y en los precios.

El litio no será por sí solo la solución a la transición energética y menos aún al cambio climático. Tampoco será únicamente a través de la explotación de este recurso que se desarrollará la economía del continente. Se trata de no repetir viejos errores respecto al extractivismo.

Se requiere de la política como ámbito de discusión de los procesos de toma de decisión sobre el uso del recurso, las inversiones, la infraestructura y la creación de un marco jurídico que asegure su explotación en forma sostenible.

El desafío es enorme y queda mucho por hacer.

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Fundamentalmente, existen dos tipos de maternidad subrogada: la altruista, en que la mujer no percibe retribución alguna, pues existe algún lazo familiar o de amistad, y la comercial, en que la gestante presta un servicio a cambio de una retribución económica.

En todos los casos existirá un contrato en el que se fijan las contraprestaciones de ambas partes, que siempre son muy exigentes para la gestante (reposo, alimentación, relaciones), así como las condiciones de entrega del bebe o de su eliminación.

La maternidad subrogada es legal en Ucrania, Georgia, India, Rusia y algunos estados de Estados Unidos. Y es a estos lugares donde acuden los demandantes de varios países, por la permisividad que allí existe y donde se ha denunciado como nueva forma de esclavitud normalizada con mujeres pobres. A su vez, las diferencias en la regulación que tienen los diferentes países crean problemas para el reconocimiento de la filiación de los hijos en los países de origen de los padres que contratan a una mujer como subrogante.

Entre los expertos en bioética y en derechos humanos, así como en organizaciones feministas, hay un amplio consenso en rechazar esta práctica. Pero lo cierto es que las noticias sobre personas famosas que recurren a los vientres de alquiler crean cierta aceptación o legitimación social, y hasta se la aplaude. El foco de relatos periodísticos suele ponerse en la historia de quien desea tener un hijo, pero poco se habla del lado más vulnerable de estas historias: las mujeres que subrogan y los hijos.

El Comité Internacional de Bioética (Unesco) pide la abolición de la maternidad subrogada comercial. Y el Informe anual de la Unión Europea sobre derechos humanos y democracia en el mundo (2015) la condena explícitamente y recomienda su prohibición en los países miembros.

Motivos para la regulación

Los motivos esgrimidos para legalizar y reglamentar la maternidad subrogada son: plantearla como un derecho de las parejas a poder acudir a contratos de común acuerdo para lograr tener un hijo, así como la libertad de las partes que acuerdan y la necesidad de regular una práctica extendida de la que solo se benefician quienes pueden acceder a ella por sus posibilidades económicas. Es legítimo el deseo de ser padres, y humanamente comprensible, pero la pregunta fundamental es si puede considerarse que exista derecho a alquilar un vientre.

Si bien ya existía la práctica, el perfeccionamiento y creciente universalización de las técnicas de fecundación in vitro (FIV) la ha potenciado, porque ha motivado el horizonte de demandas, por las posibilidades que ofrece a parejas homosexuales de hombres y a hombres solos. Y comienzan a aparecer también casos de mujeres que, pudiendo quedar embarazadas, no desean pasar por ese proceso y buscan una sustitución para evitar cambios físicos y estéticos, o limitaciones laborales y profesionales.

Reacciones de colectivos feministas

El manifiesto del colectivo feminista español No Somos Vasijas expresa que: «La maternidad subrogada es un hecho social que cosifica el cuerpo de las mujeres y mercantiliza el deseo de ser padres-madres». Insisten en que «las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial». Se la rechaza totalmente porque se sirve de «la desigualdad estructural de las mujeres» para construir un «nicho de negocio que expone a las mujeres al tráfico reproductivo».

Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay, afirmó en una entrevista que la ley parece tratar a la mujer gestante de «mero recipiente», cuando la realidad es que «en todos estos procesos no hay recipientes: hay cuerpos, hay afectos, hay sensibilidades, hay complejidad, hay problemas de salud, hay muchas cosas que entran en juego».

Derechos de los niños

La principal razón esgrimida es la cosificación de los niños, porque se los convierte en la contraprestación pactada en un contrato mercantil. Son los adultos los que pactan quiénes serán sus padres y cuál será su identidad. Además, se pueden imponer en el contrato ciertas características. Y, de no cumplirse estas, podrá realizarse un aborto selectivo (si se desea un varón o una niña, o si se sabe de una discapacidad).

No es el interés superior del niño lo que prima. Con la adopción se busca poner remedio a una situación de abandono, se defiende el derecho del niño. En cambio, en la maternidad subrogada la motivación es inversa, porque priman los deseos de los adultos sobre los derechos del menor.

Derechos de la mujer gestante

El objeto de este tipo de contratos no es el útero sino la mujer, porque lo que se alquila es a toda la persona: su cuerpo, su vida emocional y su bienestar. Existe la duda razonable de si estos contratos —aun donde son legales— tienen validez. Porque la dignidad humana impediría alquilar el cuerpo humano y entregar a un niño como contraprestación de un contrato.

Los contratos suelen imponer limitaciones graves a la libertad de las mujeres subrogantes: controles médicos exhaustivos, prohibición de relaciones sexuales, dietas específicas, para garantizar que el producto final sea satisfactorio. Los contratos pueden rescindirse por inadecuación del producto o por causas sobrevenidas, como el divorcio de los contratantes, y se puede imponer el aborto contra la voluntad de la gestante.

Se condena a las mujeres a vivir un embarazo en la indiferencia emocional, sin reparar en las secuelas físicas y psicológicas que le acarrean. Y aun cuando estuviera limitada a la forma altruista y con estrictos controles, siempre hay un contrato que supone riesgos para la parte más vulnerable, legitimando culturalmente la cosificación de las mujeres y de los hijos.

Individualismo que erosiona los derechos humanos

Una sociedad donde se asume dogmáticamente sin reflexionar que «cada uno es dueño de su propio cuerpo», puede habilitar a graves injusticias. Quien está en una relación asimétrica de poder y en situación de vulnerabilidad podría aceptar que es debido a su libertad que puede alquilar su cuerpo o vender sus órganos. La defensa de los derechos humanos impide que alguien permita que otros atenten contra su dignidad. Pero, lamentablemente, muchos discursos de actores políticos —por izquierda o por derecha— asumen sin reparos una filosofía y ética hiperindividualista de origen ultraliberal, donde se confunden deseos individuales con derechos y donde se presentan abiertos atentados a la dignidad humana como actos de libertad, compasión y empatía. La verdadera compasión es proteger la parte más débil, no presentarla como libre cuando se la está instrumentalizando.

[Lee también: ¿Derechos humanos o deseos individualistas?]

Cada uno es dueño de su vida, pero el respeto por la dignidad humana impide que otros nos esclavicen, nos compren o vendan. O puedan disponer de nosotros como si fuéramos bienes de consumo. Aunque uno decida vulnerar su propia dignidad, eso no les da derecho a otros a disponer de un ser humano. Este es el fundamento de los derechos humanos: que no existen vidas humanas menos valiosas que otras.

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Cuando se revisa cualquier ranking de calidad de democracia, libertad de expresión, corrupción, Uruguay aparece entre los primeros lugares ya no de Latinoamérica, sino del mundo. Desde Argentina siempre se ha visto como un territorio hermanado antes que separado por el Río de la Plata.

De ser uno de los destinos favoritos para el veraneo de los argentinos, después de la pandemia se convirtió en un lugar donde las principales empresas de tecnología han decidido instalarse. Y al que muchos argentinos fueron a buscar una segunda nacionalidad y un lugar donde proteger sus ahorros de las cada vez más severas restricciones cambiarias que obstaculizan cuestiones tan elementales como facturar servicios argentinos al exterior.

Para tratar de entender por qué Uruguay se convirtió en una meca para muchos argentinos, María Eugenia Estenssoro escribió con la periodista Silvia Naishtat el libro Laboratorio Uruguay que intenta explicar por qué dos países hermanados por algo más que la geografía y el mate, con procesos históricos cercanos, tomaron caminos políticos tan diferentes.

Diálogo Político conversó con Estenssoro, periodista posgraduada en la Universidad de Columbia, que ha sido legisladora de la ciudad de Buenos Aires y senadora nacional.

Uruguay como espejo

¿Qué buscaban dos periodistas al mirar a la Argentina desde el espejo de Uruguay?

Mirar la Argentina desde la otra orilla, con un poco de perspectiva. Estamos cumpliendo los cuarenta años de gobiernos democráticos ininterrumpidos, momento en que la mayoría de los países latinoamericanos nos encaminamos por la senda democrática después de décadas de inestabilidad. Lo titulamos Laboratorio Uruguay, porque, de todos los países que regresaron a la democracia, Uruguay es el experimento más exitoso de la región. La conclusión a la que llegamos es que ello se debe a esa calidad institucional que tiene los mejores índices económicos y sociales que hacen que, después de cuarenta años, sea un país mucho mejor de lo que era cuando salió de la dictadura.

¿Eso derriba un poco ese mito de que la riqueza de los países está en la extensión y las riquezas naturales?

Uruguay tiene el ingreso per cápita más alto de la de la región, de 17.000 dólares por habitante. El doble de Argentina, México, Brasil, los grandes países latinoamericanos que tienen recursos humanos, empresariales, naturales y científicos más abundantes que el pequeño Uruguay. Lo hemos llamado el pequeño gigante porque con mesura y con acuerdos entre izquierda y derecha, muestra que lo importante no es tener ni las pampas más fértiles ni minería o petróleo. Si bien tienen un buen sector agrícola, sobre todo ganadero, que hoy genera muchos dividendos para el país, con recursos más limitados que Argentina han logrado un índice de pobreza del 10 %, comparado con el 40 % de nuestro país. En la economía del conocimiento ya no importa tener una fábrica gigantesca de autos porque el valor mayor está en el desarrollo digital.

Rol de la previsibilidad

En el libro se mencionan ejemplos de argentinos que decidieron instalar allí sus empresas. ¿Cuánto influye el entorno más tranquilo y con más previsibilidad de Uruguay?

Sí, la palabra es previsibilidad. Con Silvia Naishtat, en el año 2017 escribimos el libro Argentina innovadora donde llamamos generación dorada a esos emprendedores que habían creado los unicornios tecnológicos más destacados en Latinoamérica. Con un sistema científico con tres premios Nobel y de una calidad que destaca, podíamos abrazar la economía de la innovación como hicieron Israel, Corea del Sur o Irlanda y multiplicar por tres o cuatro nuestro nivel de vida en veinte años. Pero la Argentina hizo todo al revés y terminó expulsándolos.

Lo comparamos con la fuga de cerebros de los años sesenta, cuando la dictadura de Onganía expulsó a los científicos de la universidad. Ahí descubrimos que Manuel Sadosky, el padre de la informática en la Argentina, entonces había traído la computadora Clementina de superconductores para hacer investigación del mundo digital que comenzaba. Terminó en Montevideo con un grupo de matemáticos, donde creó la primera carrera de informática de Latinoamérica, la segunda en el continente después del MIT. Eso podría haber sido en la Universidad de Buenos Aires, pero fue en la Universidad de la República, que tuvo esta temprana carrera de informática. Hoy, la industria del software pone a Uruguay como el mayor exportador per capita de software del mundo.

La cultura política en Uruguay

En los escalafones de medición de democracia, Uruguay siempre está en los primeros puestos. ¿Qué tiene su cultura política?

En el índex de democracia de The Economist Intelligence Unit Uruguay figura en el puesto 11.° mundial entre las democracias plenas, junto con los países escandinavos; en América, por encima de Canadá, un país muy democrático y estable, y por encima de Estados Unidos, que está en el puesto 30.°. Argentina es calificada como una democracia imperfecta. Uruguay también figura en el puesto 14.° como uno de los países con menor corrupción en el mundo. Hay una relación entre corrupción y calidad democrática.

También tiene los partidos más longevos del mundo. El partido Blanco y el Colorado son de 1836. El Frente Amplio es una coalición de partidos de izquierda que tiene cincuenta años, que respetan la pluralidad. En Uruguay no hablan de nación sino de república y no hablan de pueblo sino de ciudadanos. El día de la patria es el Día de la Constitución, el 18 de julio, no el de la independencia como en Argentina. Es una sociedad horizontal, donde se respeta la pluralidad. Argentina, en cambio, aunque tenemos una Constitución con la misma raíz, triunfó la tradición más nacionalista y católica donde el líder está por encima de la ley por el hecho de que representa al pueblo.

Una república laica y liberal

Argentina ha exacerbado la exclusión del otro político y parece que Uruguay integra mejor a los contrincantes políticos. ¿Encontraron alguna explicación de eso?

Uruguay es una república laica y liberal. Hay un acuerdo en lo que establece la Constitución, que, como la argentina, es liberal porque acepta la libertad por encima de todo: la libertad para disentir, cuestionar ideas, armar un partido político. Entiende que nadie tiene que tener demasiado poder, por lo que hay tres poderes que se controlan unos a otros y donde los ciudadanos son quienes ejercen el poder. Eso es algo que no prendió demasiado en la mayoría de los países latinoamericanos, donde hubo siempre una influencia muy fuerte de la Iglesia, del Ejército y de sectores conservadores.

Un ejemplo de esto es que, a finales del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento conoció en Estados Unidos a un joven José Pedro Varela, ambos interesados en la educación. Sarmiento se convirtió en su mentor y volvieron en el mismo barco al Río de la Plata. Varela, a los treinta años, hizo la reforma educativa y creó la educación pública, laica y gratuita en Uruguay. Sarmiento, presidente de la república unos pocos años después, no logró sancionar la ley por la oposición de la Iglesia en las provincias conservadoras.

Recién durante el gobierno de Julio A. Roca, el Congreso argentino votó la ley 1420 que sancionó la educación pública que hoy todo el mundo considera una piedra fundacional del país. Ahí el Vaticano cortó relaciones con la Argentina por un tiempo. Algo similar ocurrió con el divorcio, que Uruguay logró sancionar a principios del siglo XX con el simple requisito de la voluntad de la mujer. Argentina recién en 1987. Muchos de los cambios sociales y políticos se atrasan por la influencia de la Iglesia o los militares con apoyo de sectores civiles. Uruguay es una sociedad tremendamente laica porque, como república plural y de iguales, no puede haber una religión que prime sobre el resto. Creo que esa cultura los ha hecho más democráticos.

Decidieron irse juntos como una señal

¿Qué podemos aprender de Uruguay los países que tenemos esos procesos democráticos tan demorados?

Primero tenemos que aprender de los presidentes responsables de esta transición exitosa. Principalmente, de la importancia de que los partidos estén por encima de las personas. Mujica era un presidente con una historia muy fuerte, con inclinaciones un poco más nacionales y populares. Sin embargo, en el Frente Amplio también estaba la línea de Tabaré Vázquez, otro expresidente más socialdemócrata. Tienen referendos y plebiscitos para decidir las cosas importantes. Por ejemplo, vimos abrazarse a José Mujica y Julio María Sanguinetti en plena pandemia cuando dejaron el Senado juntos. Esa foto no fue espontánea, sino que decidieron irse juntos como una señal de dos enemigos acérrimos en los años sesenta y setenta que aprendieron a ser adversarios y colegas que se respetan.

Mujica era un guerrillero tupamaro que se escapó tres veces de la cárcel en la que estuvo doce años preso. Sanguinetti fue ministro de gobiernos que democráticamente combatieron a los tupamaros, que pacificó el país en los años ochenta y dictó una amnistía para los expresos políticos guerrilleros y para los militares. En dos oportunidades, el Frente Amplio con Mujica convocó plebiscitos para derogar la amnistía que se le había dado a los militares y en las dos ocasiones la sociedad dijo que no. Ellos podrían odiarse y, sin embargo, escribieron un libro de conversaciones para que las futuras generaciones sepan que el diálogo republicano es la base de la democracia.

Sobre todo, esperanza

¿Hay otra mirada de ese pasado que todavía sea razón de divisiones en Argentina?

Otra cosa que podemos aprender de los uruguayos es que el dolor y las divisiones del pasado sirven para aprender, no para mantenernos más separados. Ellos salen de doce años de dictadura con esa decisión y por eso se los ve juntos a los cinco presidentes en una foto muy linda. Mucha gente nos recordó esa foto de 2016 con cinco expresidentes de distintos partidos juntos: Julio Sanguinetti, Luis Lacalle padre, Tabaré Vázquez, Jorge Batlle y José Mujica.

Tabaré Vázquez era presidente y creían que había posibilidad de encontrar petróleo en el mar, recurso del que Uruguay carece. Se hizo una conferencia de prensa convocando a los expresidentes de los otros partidos también y explicó que todos habían gobernado Uruguay y que tenían mucha experiencia para aportar. No trató de apropiarse de este gran descubrimiento como si fuera un logro de un solo gobierno. Los uruguayos no encontraron petróleo, pero todos recuerdan con un enorme cariño la última vez que vieron los cinco expresidentes en una foto juntos. Eso da confianza y estabilidad. Pero, sobre todo, da esperanza.

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ChatGPT ha emergido en el debate público como un suceso disruptivo, desatando reflexiones sobre las amenazas de la inteligencia artificial (IA) a la democracia y a la economía global. Para el imaginario colectivo, inspirado en la cinematografía de la década de 1950, la IA se presenta en forma de robots humanoides que, en polos opuestos, atenderían servilmente o desafiarían catastróficamente a la humanidad. Sin embargo, la convivencia con los avances tecnológicos ha sido tan natural que la llegada del futuro en forma de una página web ha superado los planes políticos para crear normas que regulen su funcionamiento. En este contexto, la aparición de ChatGPT se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre la formación de los tomadores de decisiones frente a los incesantes avances tecnológicos.

Pensamiento crítico para todos

Dos hitos históricos nos han llevado a este momento. El primero fue la democratización de internet en los años noventa. El segundo, la democratización de los smartphones y de las redes sociales al final de la primera década de los años 2000. En algunos años podremos ver con certeza si ChatGPT se convierte en un tercer hito: la democratización de la IA.

En contraste con las innegables oportunidades brindadas por estos procesos democratizadores, el desarrollo de la IA se ha visto opacado por el fenómeno de la desinformación extendida por las fake news y, más recientemente, por los deepfakes (videos, imágenes o voz manipulada por IA que parecen reales). Los efectos de este fenómeno amenazan la autonomía de las decisiones políticas de las personas y, por consecuencia, la democracia.

Ante la certeza de que la IA seguirá desarrollándose y sus (in)imaginables efectos en la sociedad, urge que las regulaciones se basen en principios éticos como la garantía de los derechos fundamentales y la seguridad de las personas. ¿Están listos los actores políticos para asegurar el bienestar y la protección de las personas en un mundo que se transforma vertigosamente?

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Del otro lado de la regulación de la IA están los usuarios de estos desarrollos tecnológicos. Según su educación, podrán comprender o no la información que reciben. Además, deberán compararla y verificarla para tomar decisiones informadas. Dos mil años más tarde, las palabras de Sócrates «el conocimiento os hará libres» realza la urgencia del pensamiento crítico como una competencia básica frente a un mundo cada vez más saturado de información. La desinformación tiene antídoto: políticas públicas efectivas que promuevan el pensamiento crítico en la educación de las personas.

Formación política en tiempos de IA

La constante transformación tecnológica pone en cuestión si la formación de los políticos se ha transformado a la misma velocidad. Los partidos políticos tienen larga experiencia construyendo espacios formativos sobre sus propuestas políticas. En las últimas décadas, el foco se ha puesto en la comunicación política para ganar campañas. Una vez logrado el objetivo, se requieren competencias para la toma las decisiones. El surgimiento de ChatGPT es un catalizador para desafiar el enfoque de los procesos de formación política y reflexionar sobre qué principios y conocimientos se están construyendo estas competencias.

¿Cómo regular aquello que no se comprende? A los conocimientos políticos tradicionales se suma la necesidad de discutir fundamentos éticos para proteger los derechos humanos y la seguridad. Se trata de promover la transparencia y evitar sesgos que, en última instancia, puedan poner en riesgo la vida de las personas. Esta reflexión está estrechamente relacionada con los conocimientos científicos que les permitan a los políticos tomar decisiones cada vez más complejas. La ciencia de los datos y el análisis de la big data para la generación de las políticas públicas requiere conocimientos sobre métodos estadísticos. Tiempos desafiantes requieren medidas disruptivas. Con los avances en el desarrollo de IA, los políticos también deben comprender el funcionamiento del machine learning y el deep learning.

Impacto en las economías nacionales

El siguiente paso para la política es imaginar el impacto de la IA y las nuevas tecnologías en las economías nacionales. La tarea estará en generar políticas públicas que no solo cierren brechas, sino que tomen ventaja de la tecnología para generar crecimiento. Para atender cualquier desafío político futuro, además del pensamiento crítico, los políticos deben aprender a aprender. Las competencias se entrenan, y en este caso, la curiosidad es un elemento clave para investigar sobre los nuevos desarrollos tecnológicos, comprender la dimensión de su uso a partir de la experimentación y reflexionar sobre sus impactos en las personas.

Si reflexionamos sobre conocimientos específicos, este texto quedaría desfasado en semanas. A la aparición de ChatGPT le ha seguido AutoGPT, y seguro en semanas aparecerán nuevas herramientas. Reflexionar e implementar espacios formativos sobre principios y competencias es un intento para que tanto este artículo como el perfil de los políticos pueda responder a los tiempos cambiantes.

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En un hecho sin precedentes en la vida política ecuatoriana, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional. Activó el mecanismo constitucional de la muerte cruzada, lo que implica la destitución de 137 legisladores. En un tiempo no mayor a seis meses, Ecuador tendrá nuevas autoridades presidenciales y legislativas, escogidas en elecciones anticipadas.

Muerte cruzada

La «muerte cruzada» es una figura de la Constitución de Montecristi (2008), inspirada por el proyecto político de Rafael Correa, quien gobernó al país entre 2007 y 2017. La figura fue concebida con un carácter disuasivo. Es decir, como un mecanismo para un escenario extremo de bloqueo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa confrontación marcó gran parte de la vida política desde el regreso a la democracia, a fines de la década de los setenta.

La muerte cruzada equivale a un homicidio-suicidio. En el caso de Guillermo Lasso, el presidente disolvió este miércoles 17 de mayo a la Asamblea Nacional, en la que no tenía mayoría. Sin embargo, al mismo tiempo, el Ejecutivo se hizo un harakiri. Ahora se apresta a dejar el cargo a fines de 2023, acortando en dos años su mandato legítimo.

Lasso, un connotado exbanquero, llegó a la presidencia del Ecuador al tercer intento y se posesionó en mayo de 2021 para un gobierno de cuatro años. En teoría, podría postularse para una sola reelección, prevista en la Constitución ecuatoriana. Pero, en la práctica, el desgaste de su administración y el descenso de sus cifras de aceptación y credibilidad hacen poco probable que este escenario se concrete. El partido CREO, su organización política, tampoco es una fuerza electoral con peso significativo. La actual coyuntura y las últimas elecciones seccionales la han dejado tremendamente debilitada.

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Salida anticipada

«Guillermo Lasso terminó mordiendo la rosca envenenada. Mandó a la casa a los asambleístas y él se va también de manera anticipada. Llamó a muerte cruzada, al no tener certeza de si tenía los votos en la Asamblea para salvarse del juicio político», advirtió el analista Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito y concejal. Ricaurte militó en Pachakutik, organización que constituye el brazo político del movimiento indígena y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Pachakutik llevó al Legislativo 27 asambleístas gracias a la fuerza de arrastre de su candidato presidencial Yaku Pérez, quien estuvo a punto de pasar al balotaje en 2021. No llegó a segunda vuelta presidencial, pero abrió el camino al mayor número de curules captado por Pachakutik en casi 30 años de historia. Pachakutik se dividió en dos tendencias frente al juicio político contra Lasso. El ala más radical, leal al líder indígena que preside la Conaie, Leonidas Iza, planteaba la censura y destitución de Lasso. En cambio, el ala mestiza de Pachakutik reunió 11 votos para bloquear la censura y destitución del presidente. Yaku Pérez, figura moderada del partido y  quien le permitió tener la representación alcanzada en la asamblea, salió del partido por desacuerdo con el radicalismo del líder indígena Leonidas Iza.

Ricaurte es crítico de los legisladores que habrían buscado pactar con el Ejecutivo prebendas a cambio del voto favorable a la permanencia del Gobierno. Lasso, dice Ricaurte, habría recibido «pedidos y extorsiones infinitas» por parte de los asambleístas.

Descontento popular

Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, tiene unas condiciones favorables en estas elecciones anticipadas. No solo acaba de salir triunfante en las elecciones seccionales de febrero pasado, cuando captó las principales alcaldías y prefecturas. También capitalizó el descontento popular frente a la pobreza y la inseguridad, logrando convencer a los electores en la jornada de febrero votar en contra de las ocho preguntas de la consulta popular que impulsó el gobierno de Lasso. De esas preguntas, seis eran sobre políticas para gestionar la crisis de seguridad. La más importante buscaba posibilitar la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de terceros países por delitos vinculados al crimen organizado. Esto obliga a las otras alternativas electorales a generar espacios de coalición.

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El correísmo a la espera

En las elecciones de febrero, el correísmo también ganó la mayoría de puestos en el organismo estratégico que desarrolla los procesos para nombrar a las Cortes de Justicia, las autoridades de control, la Fiscalía y la Contraloría. En un mensaje en sus redes sociales, Rafael Correa criticó el argumento de «grave conmoción política e interna» invocado por Lasso para recurrir a la muerte cruzada.

«Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna. Tan sólo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria», dijo Correa.

Rafael Correa no puede ser candidato presidencial para el futuro proceso electoral, por tener una sentencia ejecutoriada en su contra en relación con un caso de sobornos y pagos irregulares de contratistas privados. De acuerdo con la sentencia, los recursos habrían financiado gastos de campaña del grupo político de Correa.

¿Cuál es el proceso y qué tiempo tomarán las elecciones anticipadas?

Fuente: ICARE inteligencia comunicacional

¿Quiénes vienen?

Los nombres del futuro candidato del partido de Revolución Ciudadana para las presidenciales ya se barajan. Mientras tanto, la centroizquierda y la centroderecha se atomizan entre una decena de presidenciables. La incapacidad para deponer aspiraciones personales, que se evidenció en las candidaturas de las seccionales de febrero pasado, podría reeditarse en el proceso electoral próximo.

De la actual fragmentación política hay un ganador aparente y es el movimiento que dirige Correa, con un núcleo duro de cerca del 20% de los votantes.

Conclusiones

En vista del escenario actual, las fuerzas democráticas del centro deberían entrar en conversaciones profundas, analizar la situación con calma y patriotismo democrático para buscar alianzas que permitan estabilizar la democracia y sus instituciones.

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En el último tiempo son muchas las interrogantes que surgen sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) y el impacto que puede tener en nuestras vidas, en la democracia y en la humanidad. La gran parte de la responsabilidad es atribuida a los creadores de las tecnologías emergentes. En efecto, ellos son los autores de su desarrollo y, por ende, su acción es decisiva y prioritaria. Pero, del otro lado, también están los usuarios, aquellos que usan o mal usan la IA con diversos propósitos.

La IA es una herramienta con muchas potencialidades. Entonces, es el momento de plantearnos cómo podemos contribuir todos a darle forma. Para evitar que distorsione los cimientos de nuestra estructura social y desdibuje nuestros valores y principios éticos.

A lo largo de los años se han entrenado máquinas que utilizan la IA con diversos fines para tomar decisiones autónomamente. Vemos herramientas de machine learning que permiten la automatización o semiautomatización de funciones y que representan un gran impacto para la industria, la agricultura, la farmacéutica y otros sectores. Soluciones que facilitan el trabajo repetitivo y que generan más eficiencia en la productividad.

Nuevas herramientas

Sin embargo, también han surgido nuevas herramientas, como ChatGPT, con capacidades cognitivas que, a través de la recolección de datos, crean contenidos desafiando a la inteligencia humana. Asimismo, se han diseñado otros algoritmos para la creación de arte, arquitectura, música, periodismo… que ponen en riesgo el ejercicio de muchos oficios y profesiones. De hecho, se estima que la inteligencia artificial reemplazaría a unos 300 millones de puestos de trabajo en el mundo. Y a futuro es probable que muchas carreras desaparezcan, pero también surgirán otras, acordes a los avances de la tecnología y las demandas de la población global.

Recientemente, se han hecho públicas algunas peticiones y declaraciones a nivel académico y científico, a fin de pedir un receso a los avances de la IA. Otras exigen que su desarrollo debe tener como centro al ser humano. También se pide transparencia en el uso de algoritmos para conocer con certeza cuál podría ser el impacto en los individuos. Son acciones que recaen fundamentalmente en los creadores de inteligencia artificial.

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Igualmente, hay gran preocupación por los sesgos de las herramientas de IA, que muchas veces representan las miradas de los programadores que participan en el entrenamiento y desarrollo. En su mayoría son hombres, anglosajones y de países desarrollados. Para reducir los sesgos, se requiere más inclusión en la comunidad técnica e integrar la diversidad de visiones y realidades de las poblaciones, incluyendo a minorías, latinos, afro, mujeres, grupos étnicos; así como sus idiomas, tradiciones, historia y culturas. Una IA sesgada no representa la visión global en donde nos desenvolvemos, y puede activar más discriminación y dañar la cohesión social.

Los nuevos usuarios de inteligencia artificial

A los usuarios digitales también les recae una gran responsabilidad. Sí, todos aquellos que hacen uso de estas mismas herramientas, pues habrá muchos que actúan de manera prolija y correcta pero, desafortunadamente, también habrá otros que aprovechen los atributos de la IA para fines perversos: desinformar, manipular, plagiar, hostigar, delinquir, vigilar o espiar. Con ello se afecta drásticamente la integridad de los contenidos, la deliberación, la seguridad y la privacidad de las personas, los derechos humanos y otros, con la agravante de que en la era digital todas estas malas prácticas pueden tener una nefasta repercusión y un gran alcance.

Hoy más que nunca se requiere reforzar la ciudadanía digital y una alfabetización que incorpore los conceptos referidos a la IA: su uso, sus beneficios y sus riesgos. La herramienta puede per se tener grandes cualidades, pero su esencia se puede desvirtuar en función del uso que le den los usuarios digitales.

Rol de la sociedad civil

En este sentido, la participación de múltiples actores también es imperativa. La sociedad civil tiene un rol relevante para hacer incidencia, identificar evidencia basada en las prácticas y sensibilizar sobre la utilización de las tecnologías emergentes. La academia debe investigar sobre el impacto y el alcance de la IA. Y los gobiernos deben permanecer atentos para que las regulaciones y las estrategias nacionales se den en un marco de conocimiento y experiencia empírica, sin afectar la innovación. Es vital apostar por más ciencia y tecnología en todos sus ámbitos, para que los países latinoamericanos también estén en condiciones de lograr generaciones de programadores y entrenadores de IA.

La inteligencia artificial nos plantea nuevos desafíos. Es crucial saber adaptarnos, incluso reinventarnos, si es necesario. No se trata de alarmarnos ni de rechazar la tecnología. Nuestro entorno digital requiere la sabia y responsable intervención de los creadores y usuarios de IA. Y, también, por supuesto, cada vez será más relevante la participación de múltiples actores que contribuyan a darle forma.

En este Día de Internet es preciso reforzar la necesidad de velar por un ecosistema que resguarde la integridad y los valores de la humanidad, y la IA debiera ser un gran aliado.

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En gran parte del mundo occidental continuamos buscando salidas concertadas a la invasión rusa a Ucrania. Y seguimos pregonando una paz que a veces pareciera ser un valor absoluto, incluso superior a la libertad. Al hacerlo, estamos subestimando, ¿y acaso empeorando?, los peligros a los que están expuestas las democracias que luchan constantemente por su subsistencia. No solo se trata de Ucrania, que está pagando un precio caso, sino de otros países, como Taiwán, acechados por potencias autocráticas, iliberales y expansionistas.

La «moderación» frente a los dictadores

Las recientes visitas de Emmanuel Macron y Lula da Silva a Xi Jinping han renovado las esperanzas de los sectores autodenominados moderados en Europa y América Latina por lograr un fin a la guerra en Ucrania que deje satisfechos a ambos lados. Sin embargo, esto es solo un oxímoron luego de las atrocidades cometidas en suelo ucraniano.

Procurar una paz negociada no implica otra cosa que legitimar la actitud expansionista de Vladímir Putin que, algunos sectores temen, sería infinita de otra manera. En esto se desconocen las continuas derrotas militares rusas y el consiguiente debilitamiento del gigante euroasiático que se potenció desde febrero de 2022. A fin de cuentas, estas tentativas dejan al descubierto un miedo irracional frente una Rusia que no es capaz de llevar adelante sus objetivos, pero que se hace como si lo fuera.

En segundo lugar, y si se quisiera hacer el ejercicio contrafáctico de que Rusia continúa siendo una superpotencia, los defensores de la paz absoluta enfrentan la imposibilidad de dar ejemplos en los que una estrategia semejante haya funcionado alguna vez.

En esos momentos, el orden global estaba explícitamente amenazado por un dictador con ansias de ampliar el territorio de sus dominios; que llegó a someter a pueblos ajenos, aunque ello violase las normas internacionales; y frente al cual, sin embargo, también hubo voces dubitativas que llevaron a una guerra sin precedentes. Finalmente, prevalecieron quienes se mantuvieron firmes en torno a los principios de la libertad y la democracia.

Entre la condena y la cooperación

Estas pocas líneas son capaces de demostrar que no hay nada que ganar negociando con dictadores. No siempre es necesario ir al campo de batalla, pero sí es preciso hacerles frente para evitar su expansión. Para esto hay diferentes formas de aumentar su aislamiento en el concierto de naciones democráticas: sanciones económicas, potenciar las voces disidentes internas, denunciar sus crímenes contra la humanidad.

Ejemplo de esta estrategia es lo que prometió en campaña Joe Biden respecto al Mohammad Bin Salman, el dictador saudí disfrazado en su rol monárquico. Sin embargo, dio marcha atrás tan pronto el costo económico de sancionar a Rusia se hizo muy grande. Algo similar ocurrió con sectores democráticos en la Unión Europea en junio de 2022, cuando consiguieron reconocer que la represión china contra los uigures en el ocupado Turkestán Oriental representaba un grave riesgo de genocidio.

Sin embargo, un mes después, miembros de esos mismos sectores confraternizaron con los líderes chinos en el marco del Tercer Diálogo de Alto Nivel sobre Medioambiente. Esto pareció demostrar que los genocidios no son tan importantes como bajar las emisiones de carbono, dado que en pos del clima no hay dictador al cual se le rechace una cumbre. Este el basamento axiológico de los «moderados», que los lleva en estos casos a una virtual situación de tolerancia respecto a crímenes contra la humanidad, bajo la excusa de que hay cosas más urgentes con las que lidiar.

La necesidad de reflexionar la «moderación»

¿Cuál es el precio humano de bajar el nivel de los gases de efecto invernadero en la atmósfera? ¿Cuánto sufrimiento se debe tolerar para poder comprar el petróleo a unos dólares menos el barril? ¿Cuánto sacrificio vale para aplacar a un dictador? El hecho de que tengamos que hacernos estas preguntas en 2023 habla de lo desorientado que está Occidente, no solo en su academia y medios masivos, sino sus políticos y diplomáticos.

Sin embargo, un «moderado», empecinado por terminar el conflicto con Rusia a cualquier costo, podría argumentar que se deben hacer pequeños sacrificios en pos de un bien mayor cuando la guerra ocurre a miles de kilómetros de casa. ¿Será por eso que son los vecinos de Ucrania los más empeñados en lograr una victoria ucraniana? ¿O que son Corea y Japón los que más alertan por la expansión china?

«¿Qué expansión?», suelen preguntarse los intelectuales occidentales que inmediatamente responden con frases como rivalidad sistémica, pelea hegemónica o potencia ascendente. Mientras tanto, en Taiwán, a tan solo 150 kilómetros de la costa china, los civiles están aprendiendo autodefensa, practicando tiro y haciendo simulacros de emergencia.

¿En serio creemos que todo eso ocurre porque Estados Unidos no deja que China le robe su lugar como superpotencia? ¿O será que los taiwaneses están de verdad preocupados por sus vidas? La falta de empatía que demuestra el mero hecho de formular esta pregunta es indicativo del derrumbe axiológico de una parte del otrora liberal Occidente.

Ya no es solo Lula que está contento con fotografiarse junto a Xi para denostar a Estados Unidos y alegrar a sus amigos del Foro del São Paulo. Un europeo liberal como Macron se presta a lo mismo.

Para los que no tienen problemas con apostar con vidas ajenas, todos los caminos parecen llevar a Beijing. ¿Qué pasaría si fueran nuestras propias vidas las que estuvieran sobre la mesa? ¿Seríamos tan tolerantes?

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Precisemos conceptos. Defino como intelectuales al grupo social integrado por académicos, escritores y afines que se ocupa de la producción y difusión de conocimientos y opiniones, con vocación de incidencia pública. Por populismo aludo a una expresión personalista y antiliberal, ideológicamente diversa, democrática por origen y autocrática por deriva, de la política contemporánea.

El contexto de mi reflexión es el de una Latinoamérica poblada de «nuevos» gobernantes que en realidad son viejos políticos integrados al sistema, autodenominados progresistas. Mandatarios como como Lula, AMLO y Petro, cuya ejecutoria en el poder ha desencantado a intelectuales que tempranamente apoyaron la alternativa al neoliberalismo, pero hoy buscan justificar su decepción. En otras regiones del mundo, estas alegaciones de desencanto las repiten intelectuales antes afiliados al populismo reaccionario de corte xenófobo y confesional.

Entre lo preferible y lo detestable

Algunas negaciones son vinculadas al conocimiento (episteme). «No podía saberse», convenciéndonos de que los actos del gobierno actual no guardan relación alguna con rasgos e ideas de su pasado. Cuando, justamente por no ser outsiders, la prensa y la academia de esos países guarda memoria y perfiles de quiénes eran los antiguos opositores. De ahí que concebirlos como republicanos posliberales, comprometidos en las democracias pluralistas y el Estado de derecho, y opuestos a los autoritarismos globales y regionales, solo puede ser fruto de la ignorancia, real o fingida.

Esta clase académica e intelectual repite que «no podemos estar peor», como si los errores u horrores del presente fuesen por decreto inferiores a los del pasado. Evitan contrastar su credo con la realidad. Claro que las democracias latinoamericanas arrastran un legado de desigualdad, corrupción y violencia que explica históricamente (sin justificar normativamente) la irrupción del populismo. Pero los datos revelan que la degradación institucional y administrativa de los redentores populares hipoteca, a la vez, las libertades políticas y la justicia social. Ahí están Cuba y Venezuela para recordarlo. A veces, mientras buscamos lo deseable, toca elegir (Aron dixit) entre lo preferible y lo detestable.

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Quizá una opción sería, al elegir entre alternativas polarizantes, como las que enfrentaron recientemente Colombia o Brasil, preguntarnos: ¿cuál de estas, una vez empoderada, puede realizar mejor las transformaciones necesarias sin sacrificar las libertades? ¿Quién confrontará frenos sociales y contrapesos institucionales si revela una pretensión despótica? ¿Cómo evaluarlos prospectivamente según el criterio clásico que clasifica a los gobiernos por el número y objetivos de quienes mandan, así como por los efectos colectivos de su accionar?

Confusión entre ideología y moral

La negación epistémica se nutre de alegaciones políticas. Al lamentar que el gobernante X «no es distinto a los de antes», la política se reduce a un carrusel con malas versiones de lo mismo, algo doblemente falaz. Primero, porque siempre puede compararse el saldo de los populistas con sus antecesores y competidores, arrojando resultados distintos en varios rubros (algunos peores, otros mejores). Segundo, porque para alguien autodefinido como progresista es complicado sostener que las cosas seguirán siendo, per se, más o menos iguales. ¿Dónde queda, entonces, la posibilidad misma de la transformación?

Otras negaciones apelan a la moralidad, propia o ajena. El «no me arrepiento de apoyarlo» es el maquillaje de la irresponsabilidad ilustrada de quien reconoce que erró en sus predicciones (incluso previsibles) pero no se hace cargo del análisis. El «no tienen derecho a juzgarme»contrapone el derecho propio al error con la capacidad de examinar la coherencia de una postura intelectual fallida. Estas negativas se hermanan con alusiones ideológicas del tipo «no es verdaderamente de izquierda» o «no es peor que la derecha».

Semejantes alegatos reúnen varios problemas. Confunden ideología y moral. Lo ideológico, campo de cosmovisiones diversas que remiten a ideas, valores y programas sociopolíticos, se erige en sinónimo de jerarquía axiológica. Con un bando, la izquierda, que posee el cómodo asiento de clase principal autoproclamada como moralmente solvente. En el último siglo, izquierda y derecha acumulan una variedad de posturas y resultados virtuosos y perversos. La primera atesora luchas sociales contra la explotación y por la igualdad, y un saldo nefasto de regímenes autoritarios con innumerables vidas arrasadas y utopías truncas. La segunda preserva el orden y alternativamente se encauza en regresiones reaccionarias (fascismo y dictaduras militares) y tendencias reformistas (en lo social y político) de la mano de la democracia cristiana y los liberales.

Obviar la realidad

Refugiado en la superioridad moral, semejante idealismo escamotea los hechos. Las tres dictaduras plenas de Latinoamérica pertenecen hoy a la izquierda revolucionaria. Hace décadas las dictaduras eran casi todas de derecha. Hoy, los (viejos y nuevos) movimientos sociales pueden existir y prosperar bajo distintos partidos que gobiernan dentro de democracias liberales.

¿Cómo sostener aún, como lo hace una mayoría de intelectuales, que el futuro le pertenece, en exclusiva, a un polo izquierdista donde confluyen auténticos demócratas progresistas y criminales con verborrea emancipadora? Y, a contrapelo, ¿cómo ofrecer una crítica a aquellos dogmas que no confunda ideas liberales y conservadoras con derivas reaccionarias y autoritarias de cierta nueva derecha? En suma ¿cómo fortalecer una centralidad política, civil e intelectual, en tanto espacio de encuentro de una pluralidad de identidades y discursos comprometidos con la democracia y la justicia?

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Los humanos somos animales con la capacidad de superar instintos e inercias. Errar y corregir, evaluando el entorno y nuestros actos, es muestra de nuestra peculiar condición como especie. No se trata de machacar con el tono inquisitorial de «se los dijimos». Para superar el populismo y reformar la democracia es preciso el concurso de grandes mayorías, incluidos, por supuesto, quienes apoyaron la demagogia justiciera y hoy se alarman por sus resultados.

La sostenida indulgencia de un sector, democrático y de izquierda, de intelectuales en la región hacia los llamados dirigentes «progresistas», trasciende el impacto concreto al propio gremio. Siendo personas que atesoran formación educativa, a menudo pagada por la misma sociedad a la que influyen, información científica y prestigio profesional deberían ser más reflexivos con las consecuencias prácticas de su filiación y opinión. Es responsable estar más abiertos a la reflexión honesta e informada del costo colectivo de sus elecciones individuales. No seguir insistiendo en evasiones epistémicas, ideológicas, políticas o morales.

Sin negaciones espurias

Una academia y espacio de intelectuales donde en nombre del pensamiento crítico se proscribe de facto el pluralismo de ideas, no es plausible. Nuestra región tiene países en los que 45 millones de ciudadanos padecen dictaduras sostenidas bajo el mantra del antiimperialismo y la justicia social. Otros tantos millones de personas son gobernadas por populistas aspirantes a tiranos. Son sociedades de capitalismo periférico, que no resuelven su añeja deuda social y lidian con polarización y desinformación. He ahí tareas para enfrentar, sin negaciones espurias.

El autor dedica este artículo a Rodrigo. Para él, amistad y acicate.

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Plebiscito y Asamblea Constituyente

En octubre de 2019, durante el gobierno del liberal-conservador Sebastián Piñera, en lo que entonces se consideraba un país económica y políticamente estable, se dieron manifestaciones en algunas ocasiones violentos, el llamado estallido social. Las demandas de más justicia social y las críticas a la élite política se hicieron más fuertes. La relativa calma recién volvió cuando el gobierno respondió al pedido de reformas sociales y una nueva constitución. La actual se remonta a los días de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

En un primer referéndum, en octubre de 2020, casi el 80 % de la población chilena votó por la elaboración de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Sus integrantes fueron elegidos directamente por el pueblo en mayo de 2021 y se les otorgó un plazo de un año para redactar una nueva Constitución.

Sin embargo, lo que comenzó con grandes expectativas resultó más difícil de lo esperado, y en los meses siguientes el apoyo de los chilenos al proceso constituyente decayó en forma continua. En retrospectiva, se puede decir que la Constitución propuesta tenía fallas desde el principio y que intentaba cimentar una determinada visión política del mundo en vez de encaminar las reformas tan importantes para el país.

En particular, puntos como la abolición del Senado, la restricción de los derechos del Tribunal Constitucional y la ponderación desproporcionada de los votos de la población indígena provocaron resistencia en la mayoría de los chilenos. También se criticó la falta de experiencia política de los miembros electos de la Asamblea Constituyente.

El segundo plebiscito

En julio de 2022, finalmente se aprobó el proyecto de Constitución, que tardó un año en redactarse, y en septiembre del mismo año se llevó a cabo un referéndum en el que el 62 % de los chilenos votaron en contra del nuevo sistema de reglas.

Luego de una ardua lucha, los representantes del gobierno y de la oposición, con base en una ley aprobada por el Parlamento en enero de 2023, decidieron un nuevo proceso constitucional con la participación del Congreso. A diferencia del primer proceso, esta vez se encargó la redacción a una comisión de expertos, ya que, después de todo, una de las críticas a la anterior convención constituyente había sido la falta de experiencia de sus integrantes en las áreas de política y derecho constitucional.

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La Comisión de Expertos quedó conformada por 12 mujeres y 12 hombres, entre los cuales 21 son juristas. Estos fueron seleccionados por los partidos políticos y confirmados por el Congreso y el Senado, con algunas críticas públicas de que los criterios de selección no habían sido transparentes. La comisión comenzó a trabajar en marzo de este año y tiene plazo hasta el 6 de junio para redactar un primer borrador de la Constitución, que se presentará al Consejo Constitucional para su revisión y aprobación una vez que esté completo.

Los elegidos

Justamente, este Consejo Constitucional fue elegido el 7 de mayo en elección obligatoria para todos los chilenos. Al igual que la Comisión de Expertos, comprende 50 miembros con representación paritaria de hombres y mujeres. Además, hay un escaño adicional para uno de los candidatos indígenas.

A diferencia de las elecciones de mayo de 2021, el pasado domingo los ciudadanos no debían votar por el candidato de un distrito electoral, sino por el de la región en la que residen —de modo similar a las elecciones al Senado—. De esta forma, la Región Metropolitana de Santiago tendrá cinco puestos en el Consejo Constitucional. Además, los candidatos están unidos en alianzas electorales que constituyen un total de cinco listas: Partido de la Gente, Todo por Chile, Partido Republicano de Chile, Unidad para Chile y Chile Seguro.

La tarea del Consejo Constitucional es discutir y votar el proyecto de la Comisión de Expertos, para lo cual tiene cinco meses.

El tercer órgano en el proceso constitucional es un Comité Judicial, cuya tarea es revisar el borrador completo. Luego, la población decidirá nuevamente en diciembre de 2023 a favor o en contra de la ley básica recién redactada.

Falta de interés

Llama la atención que el interés por el proceso constituyente haya decaído. Como lo expresó la periodista Ana María Sanhueza: los chilenos le han dado la espalda al segundo proceso constituyente. Según la encuesta Pulso Ciudadano de abril de este año, casi el 48 % de la población tiene poco o ningún interés; 22,3 % moderadamente y solo 29 % mucho interés por el actual proceso constitucional. Las razones son múltiples: por un lado, reina cierto cansancio constitucional, que se remonta al mal desarrollo del último proceso, en el que inicialmente la población había puesto grandes esperanzas. Por otro lado, la gente actualmente está ocupada con otros problemas, especialmente el aumento de la tasa de criminalidad en el país. Cuestiones como la migración irregular, el impacto económico de la pandemia y la guerra en Ucrania también juegan un papel que no debe subestimarse.

En este contexto, es significativo que los candidatos al Consejo Constitucional hayan centrado mayoritariamente sus discursos en el tema de la seguridad. A diferencia del proceso constitucional anterior, en el que la educación, las pensiones y la salud eran el foco, hubo un cambio de tema. En 2021, muchos ciudadanos sintieron que la desigualdad social era el principal problema del país, pero ahora es la delincuencia y la consiguiente falta de seguridad. En este sentido, la nueva Constitución pierde importancia, ya que no da una respuesta directa a los problemas que más preocupan actualmente a los chilenos.

Resultado electoral y su significado político

El derechista Partido Republicano es el claro ganador con el 35,42 % de los votos emitidos y 23 representantes electos en la Asamblea Constituyente. En casi todas las regiones del país, el partido liderado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast emergió como claro ganador. Todos los otros partidos y alianzas participantes quedaron como perdedores.

La alianza de centroderecha Chile Seguro, integrada por los partidos tradicionales Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y el liberal Evópoli, quedó muy por debajo de las expectativas y obtuvo solo el 21,07 % de los votos (11 escaños). También es decepcionante el resultado de la alianza de gobierno de izquierda Unidad para Chile, que recibió solo el 28,57 % de los votos (16 escaños) y, por lo tanto, tuvo un desempeño incluso peor que en el referéndum de septiembre de 2022.

Particularmente grave es el resultado de la alianza electoral Todo por Chile, liderada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). No obtuvo ninguno de los cinco escaños esperados, a pesar de haber presentado candidatos destacados, conocidos a nivel nacional y con experiencia, como Carmen Frei y Andrés Zaldívar. El resultado significa otra amarga derrota para la Democracia Cristiana chilena. El partido rico en tradición ha perdido su orientación política en los últimos años y se hunde cada vez más en la insignificancia política.

Papel crucial

Con este resultado, el Partido Republicano jugará un papel crucial y decisivo en la redacción de la nueva Constitución. Con 23 representantes en el Consejo Constitucional, el partido derechista puede bloquear cualquier iniciativa de otros partidos. Se requiere una mayoría de dos quintos para rechazar las iniciativas constitucionales. Por ello, la capacidad de trabajo de la nueva Asamblea Constituyente depende en gran medida de la voluntad de los representantes del Partido Republicano de responder a las propuestas constitucionales de los demás partidos (en especial, de la alianza de centroderecha Chile Seguro) y de hacer acuerdos.

En esta constelación, el Partido Republicano y Chile Seguro lograrían la mayoría de tres quintos necesaria para la aprobación de la nueva Constitución. Sin embargo, hasta ahora, los republicanos no han mostrado esta voluntad de acuerdo. Habrá que esperar, por lo tanto, que el Partido Republicano sea capaz de asumir responsabilidades y distanciarse de las posiciones políticas extremas.

Ocaso del centro político

El principal perdedor de las elecciones es claramente el centro político. Ningún candidato de los democratacristianos fue elegido para el Consejo Constitucional, y los socialdemócratas solo lograron seis candidatos dentro de la alianza gobernante de izquierda Unidad para Chile. Los once representantes restantes de la Alianza de Izquierda representan a los partidos de izquierda radical de dicha alianza. Como resultado, la polarización política en Chile se agudiza significativamente. En este sentido, llama la atención que más del 20 % de los chilenos invalidaron su voto o votaron en blanco. Esto significa que una gran parte de los votantes de centro no se sintieron representados por ninguna fuerza política.

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Los nuevos movimientos políticos que se formaron en gran medida a partir de desafiliaciones de la Democracia Cristiana (como Amarillos por Chile o Demócratas) aún no tienen el estatus de partido político y, por lo tanto, no pudieron presentarse a las elecciones. También se aprecia una pérdida de influencia entre los partidos de derecha moderada. Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli han sido hasta ahora considerados los principales representantes de las posiciones liberal-conservadoras. Este rol será asumido, al menos temporalmente, por el Partido Republicano durante la convención constituyente.

Conclusiones

En forma análoga al referéndum de septiembre de 2022, la elección del 7 de mayo fue claramente una elección de protesta. El gobierno de Boric fue castigado políticamente con un resultado aún peor que el del referéndum del 4 de septiembre de 2022. Según las últimas encuestas, el descontento de los chilenos con el gobierno de Boric ronda el 65 %.

El aumento de la delincuencia, el empeoramiento de la inflación y la ambivalencia del gobierno a la hora de impulsar las reformas necesarias en las políticas de salud y pensiones provocan un creciente rechazo. La mayoría de los chilenos ven el experimento político del gobierno de izquierda de Boric como un fracaso y buscan una alternativa que localizan en el otro extremo (derecha) del espectro político.

En este sentido, sería deseable que los representantes electos del Partido Republicano con responsabilidad conviertan la victoria electoral en voluntad de compromiso y consenso, busquen el diálogo con los representantes moderados de la alianza liberal-conservadora Chile Seguro y de esa forma logren conjuntamente elaborar una Constitución moderna y acorde a los tiempos que corren.

Si el Partido Republicano se apega a consignas y propuestas populistas, existe el riesgo de que el referéndum del 17 de diciembre de 2023, cuando los chilenos vuelvan a votar la nueva Constitución, sea nuevamente rechazado. Las consecuencias para la gobernabilidad del país otrora considerado un modelo de democracia en América Latina (durante el gobierno de la Concertación de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y el primer gobierno de Michelle Bachelet) serían devastadoras.

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Hace dos años Chile vivió un eufórico momento constitucional. Fue producto del denominado estallido social del año 2019, cuando el país se vio envuelto en una serie de violentas protestas que se prolongaron por más de un año y que crisparon el ambiente político, social y económico del país.

Ese proceso constitucional se legitimó con una contundente participación en el plebiscito de entrada, que alcanzó 80% de aprobación en octubre de 2020. Luego hubo un proceso de campaña que incorporó nuevas reglas electorales para el sistema político chileno, como lo fue la paridad, la incorporación de listas de independientes que competían en igualdad de condiciones que las listas de los partidos políticos y un alto número de escaños para pueblos originarios. El resultado fue la elección de 155 constituyentes que tenían un año de plazo para redactar una nueva Constitución.

Un poco de historia

La composición de ese órgano estuvo muy cargada a la izquierda, con 101 representantes entre los de oposición (en ese entonces al gobierno de Sebastián Piñera) e independientes. Los protagonistas fueron los miembros de la Lista del Pueblo, 37 representantes de la derecha y 17 de los pueblos originarios. Siendo ese el panorama, no existía ningún tipo de equilibrio para llegar a acuerdos y los planteamientos de los sectores de derecha o incluso hasta de centroizquierda no eran considerados.

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La Convención Constitucional se tornó un espacio de refundación del Estado de Chile y eso fue perturbando a los chilenos y chilenas, quienes durante un año vieron en este órgano una serie de consecutivos escándalos y ridiculeces. Tal fue el caso de un constituyente que salió electo por haber fingido que padecía una tremenda deuda producto del cáncer, personas que asistían disfrazadas, se desnudaban, cambiaban la letra del himno nacional o votaban de manera remota desde la ducha de su casa. Ese era el ambiente en la Convención Constitucional. A su vez esto se graficaba en la redacción de un texto maximalista y partisano que poco a poco fue teniendo más y más detractores. Este contexto, entre el ridículo en el espacio público y la mala calidad jurídica del texto, le valieron que se popularizara el nombre de circo constitucional.

El primero en levantar fuertemente la voz y remecer el ambiente político y ciudadano respecto de lo que estaba pasando en la Convención Constitucional fue el Movimiento Amarillos por Chile, en febrero de 2022. Desde entonces, la opción del rechazo al texto constitucional comenzó a convocar no solo a sectores de derecha, sino a parte del centro político.

El rechazo y la grieta

El 4 de septiembre del 2022, los chilenos rechazaron la propuesta de nueva Constitución con un 62% en una elección de voto obligatorio. Sin embargo, la clase política tenía la convicción de que Chile debía tener una nueva Constitución, ya que el pueblo así lo había decretado en el plebiscito del año 2020. Por lo tanto, se instaló que la idea colectiva de una nueva carta magna no debía fracasar.

Se creó la Mesa de Diálogo Constitucional, compuesta por todos los partidos políticos con representación parlamentaria con excepción del Partido Republicano, que se autoexcluyó de ese proceso. Luego de algunos meses, los acuerdos de esa mesa fueron contundentes y transversales. El nuevo proceso constitucional tendría 12 principios bases (los denominados bordes), un Comité de Expertos integrado por 24 personas designadas por los partidos políticos y ratificados por el Congreso, un Comité Técnico de Admisibilidad que cumpliría el rol de árbitro del cumplimiento de las bases y un Consejo Constitucional de 50 miembros electos mediante elecciones con voto obligatorio. A este marco de trabajo se le llamó el Acuerdo por Chile.

El tibio entusiasmo

Luego del Acuerdo por Chile, las encuestas marcaron una tendencia distinta a la efervescencia del primer proceso. Lo constitucional pasó a un segundo plano, posicionándose como una baja prioridad entre las preocupaciones de los chilenos, en un contexto en que la delincuencia ha tomado la agenda mediática. Las expectativas en la nueva Constitución cayeron de manera significativa y en distintas encuestas se reflejó que un nuevo texto no mejoraría ni la confianza en las instituciones, ni la calidad de vida de las personas, ni la situación del país o personal.

El Comité de Expertos inició su trabajo en enero de este año y durante los primeros meses preparó un borrador de trabajo para los futuros consejeros constitucionales con el fin de tener un primer sustento con las reglas que se establecieron.

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En paralelo, se inició la carrera por la elección del Consejo Constitucional, la cual iniciada la campaña se centró en temas más allá de lo propiamente constitucional. Hasta el mismo presidente Gabriel Boric señaló a través de su cuenta de Twitter que esta parecía más una campaña presidencial. Los temas de seguridad y delincuencia fueron los elegidos por los candidatos de los sectores de derecha, y hacia la izquierda, los elegidos fueron las garantías de los derechos sociales. Tanto así, que la Cámara de Diputados se pronunció para que el Gobierno se involucrara en algún tipo de campaña informativa, cosa que no ocurrió.

Lectura de los resultados

El domingo 7 de mayo fueron las elecciones para el Consejo Constitucional. Se realizaron por circunscripción, es decir, con candidatos por cada una de las 16 regiones del país, al igual que en el Senado. Fue una elección con voto obligatorio y paridad.

Las cinco listas se conformaron de la siguiente manera: 1) Partido Republicano, 2) Chile Seguro, 3) Partido de la Gente, 4) Todos por Chile, 5) Unidad para Chile. En un intento por definir estas listas dentro del eje derecha-izquierda, se ubicarían a la derecha las listas 1, 2 y 3, y a la izquierda las listas 4 y 5, aunque por cierto con posiciones hacia el centro.

El resultado dio un contundente triunfo a la derecha chilena y en especial al Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, quien fue contrincante de Gabriel Boric en las pasadas elecciones presidenciales. Este partido obtuvo 23 de los 50 escaños, lo cual, aparte del amplio triunfo, tiene un elemento relevante: ellos no firmaron el Acuerdo por Chile y se han desmarcado siempre de la idea de hacer una nueva Constitución. Esto ha puesto en tensión los días posteriores a la elección.

Luego, la lista Unidad para Chile, la lista del Gobierno, obtuvo 16 escaños. Y la lista Chile Seguro, también de los sectores de derecha y centroderecha, obtuvo 11 escaños. Los grandes perdedores fueron la lista Unidad para Chile, que iba representada por los partidos de la ex-Concertación que hoy están en la coalición de gobierno y el Partido de la Gente. Ninguna de estas obtuvo escaños.

Conclusiones

Con los elementos que tenemos podemos sacar algunas conclusiones preliminares. La primera es que los chilenos le dieron un apoyo contundente a un sector político de derecha que se asocia con el restablecimiento del orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley. Lo segundo es un rechazo a la gestión del gobierno y a su primera propuesta constitucional asociada con la refundación del Estado chileno y con la validación de la violencia por varios sectores políticos del país.

Lo tercero es un golpe duro para el socialismo democrático, que hoy, además de encontrarse derrotado, sigue perteneciendo al gobierno en una posición incómoda. Y cuarto es el vacío en la representación del centro político, que se muestra como un desafío de construcción o valoración para partidos que recién nacen, como Amarillos por Chile o incluso para descolgados de otros sectores que han visto en el resultado de esta elección el vivo impacto de la polarización política en el país.

Perpleja. Así quedó una parte importante de América Latina cuando veía que Chile, un país referente de la región, estaba ad-portas de echar todo por la borda tras el violento 2019. Perpleja ha quedado también al ver el resultado del domingo, con una abrumadora mayoría de la derecha comandada por el Partido Republicano. De la refundación de Chile, al regreso a sus bases más conservadoras.

¿Qué lecciones deja el «caso chileno» para Latinoamérica? Lo primero, y más evidente, es que los discursos refundacionales de una izquierda latinoamericana tienen corta duración. Los ciudadanos quieren resultados, no promesas ideológicas. La promesa refundacional no ha resultado en Chile, tampoco en Colombia, menos en Perú. Estas izquierdas han llegado al poder no por el atractivo de ideas señeras o propuestas identitarias, sino por el voto de castigo que han sufrido prácticamente todos los oficialismos desde 2019 a la fecha, donde las principales economías eran gobernadas por derechas.

Hemos entrado en ciclos políticos más breves y volátiles. Es probable que la casi segura derrota del kichnerismo en Argentina y el ciclo electoral 2024-2025 muestre un regreso de la derecha al poder, en desmedro de la marea rosa 2.0.  Un eventual triunfalismo de la derecha sería la peor consejera, como lo fue para la izquierda. América Latina es hoy la expresión del voto de castigo y ávida de resultados, que ni la economía ni el aparto estatal pueden ofrecer. La elección constitucional, sin duda, fue también un voto de rechazo al gobierno.

Chile bipolar

 El «Chile bipolar», como ha sido llamado por algunos, refleja la creciente apatía ideológica y la volatilidad del votante promedio, que rápidamente quita el apoyo al gobierno de turno si no le ofrece resultados en seguridad, economía, salud o hace frente a la crisis migratoria. La «luna de miel» que gozaban los gobiernos en el pasado ya no existe y la popularidad de los presidentes se desploma con velocidad. Mayor fragmentación política, bajísimos niveles de confianza en los gobiernos, ciudadanos impacientes, estados sin margen fiscal y coaliciones políticas frágiles son un cóctel perfecto para perder apoyo ciudadano.

Quien ofrece gobernabilidad tiene hoy el respaldo ciudadano. Suena lógico, pero casi nadie lo logra. Y ahí es donde aparece la tentación autoritaria encarnada por Bukele en El Salvador y López Obrador en México. Uno ofrece seguridad, con impresionantes resultados, pero concentrando poder, el otro, con propaganda política y programas sociales millonarios a costa del desmantelamiento institucional. Golpe bajo para las democracias, vistas como indolentes e incapaces frente al crimen y la economía.

Gobernabilidad amenazada

Una última lección. Polarizar hoy lleva al triunfo electoral, pero no alcanza para gobernar o conducir un proceso político. El gobierno de Boric no sería sostenible sin el regreso de las fuerzas moderadas de la antigua Concertación y el Partido Republicano no podrá repetir la estrategia «de minoría» en un proceso donde será amo y señor. Petro en Colombia no tiene ninguna chance de gobernabilidad si se radicaliza y Lula sabe bien que la vendetta política puede terminar jugándole en contra. Ahí las fuerzas moderadas seguirán jugando un rol vital; aun cuando en el ciclo actual sean poco atractivos electoralmente.  

El «caso chileno» demuestra que los proyectos ideológicos son una nostalgia del pasado. Es una lección para la izquierda latinoamericana refundacional, pero también para una derecha triunfalista. Latinoamérica hoy está de mal humor, desconfiada y busca rápidos resultados para sus urgencias, sin importar el color político.

Publicado originalmente en Diario Financiero

¿Democracia iliberal? ¿Qué es? De acuerdo con Wikipedia, refiere a un «sistema de gobierno en el que, aunque se celebren elecciones, los ciudadanos no tienen conocimiento de las actividades de quienes ejercen el poder real debido a la falta de libertades civiles. Por tanto, no es una sociedad abierta».

¿Cuánto de esto hay en América Latina? ¿Qué tan iliberales se han convertido algunas democracias en esta región?

Personas que ejercen su derecho a no estar de acuerdo. A pensar y proponer una alternativa. A señalar y criticar los atropellos del poder. Un régimen autoritario no tolera esa actitudes. Y el problema es que ese tipo de regímenes están creciendo en el mundo. ¿Cómo han conseguido consolidarse algunos movimientos autoritarios en Latinoamérica? ¿Qué impacto tienen en la calidad democrática de la región? ¿Se puede hacer algo al respecto? Estas son preguntas que hoy pondremos Bajo la Lupa.

Participa

Armando Chaguaceda, politólogo, historiador y autor del libro La otra hegemonía. Autoritarismo y resistencias en Nicaragua y Venezuela y del DP Enfoque Entre la geopolítica y las ideas. Reflexiones para una renovación democrática.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Acceso a la versión en portugués.

El 15 de abril, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se encontraba en Pekín para una visita de Estado al emperador chino Xi Jinping. En una entrevista, Lula criticó a Estados Unidos y a la Unión Europea por «alentar la guerra». En los días posteriores, hizo varias declaraciones en las que equiparaba al agresor Rusia y a la agredida Ucrania. Después, el canciller ruso Sergei Lavrov visitó a Lula en la residencia presidencial de Brasilia. Junto al ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, Lavrov dijo que Brasil y Rusia «tenían la misma visión» del mundo.

Tres razones explican el comportamiento de Lula y sus declaraciones sobre Rusia-Ucrania: 1. la tradición diplomática brasileña de no alineamiento; 2. el intento de ampliar el alcance diplomático de Brasil; 3. su ideología y visión del mundo, que es la misma que parte de la izquierda brasileña.

Tradición de no alineamiento

La tradición diplomática de Brasil ha sido de no alineamiento desde la década de 1940. Pocos gobiernos han cambiado eso. El de Jair Bolsonaro (2019-2022) fue uno de estos, alineado con Donald Trump y su movimiento reaccionario.

En la década de 1940, Getulio Vargas negoció ventajas económicas y equipamiento militar para luchar junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1990, Fernando Henrique Cardoso se implicó a fondo en la diplomacia tanto con Sudamérica como con Estados Unidos, en una estrategia bautizada como de independencia participada.

Durante la mayor parte de su historia Brasil ha intentado aumentar su autonomía. Dada esta tradición diplomática, el país no adopta sanciones unilaterales. Históricamente, sigue las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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El no alineamiento y la necesidad económica explican la postura de Brasil de no sancionar a Rusia, siguiendo la postura de los socios fundadores de los BRICS, China, India y Sudáfrica. Matias Spektor, uno de los más influyentes investigadores brasileños de política exterior, escribió recientemente que se trata de un comportamiento racional de los Estados emergentes y que estos no recuerdan con nostalgia el orden unipolar liderado por Estados Unidos. Para ellos, el orden multipolar puede aportar más ventajas.

Brasil no se indispone con Rusia, con la vista puesta también en su relación con China, que promete inversiones multimillonarias. Como dijo el exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers, China ofrece un aeropuerto, Estados Unidos ofrece una conferencia.

Ideología

Hay varias capas. Lula cree que el gobierno estadounidense ha urdido un complot con el juez de la operación Lava Jato Sergio Moro para encarcelarlo. Lula ha citado esta teoría de la conspiración en entrevistas recientes. Es un hecho que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) espió a la entonces presidenta Dilma Rousseff y a la mayor empresa del país, Petrobras, lo que no genera buena voluntad en el mundo lulista con Washington DC.

Por muy pragmático que sea Lula (su formación es sindicalista, nunca fue un militante socialista o comunista), es el líder de un partido de izquierdas y muchas personas de la izquierda brasileña son antiamericanas porque tienen una mentalidad de Guerra Fría y todavía culpan a Estados Unidos de apoyar el golpe de Estado de 1964 y el régimen que duró 21 años.

El sociólogo Celso Rocha de Barros, que escribió un libro sobre la formación del Partido de los Trabajadores (PT), señala que parte de la izquierda tiene la idea de que Rusia, en la guerra, representa a los países emergentes del sur global frente a un aliado de la OTAN. El sitio web Brasil247, un portal de noticias que apoya al PT y al gobierno de Lula, repitió la propaganda oficial rusa de desnazificación de Ucrania.

Alcance diplomático

En sus dos primeros mandatos (2003-2009), Lula intentó ampliar el alcance de Brasil. El país comenzó a participar en el BRICS y en el G-20. Brasil pasó de tener 90 embajadas a 129 en todo el mundo, incluidas las de Afganistán y Corea del Norte, que fueron cerradas por falta de condiciones de seguridad. Lula y su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorim, también intentaron negociar un acuerdo con Irán en 2009 sobre el enriquecimiento de uranio, pero fracasaron.

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Ahora, Lula desea tener un rol en la guerra; sin embargo, las declaraciones de Lula y su asesor Amorim fueron un desastre de opinión pública.

El periodista Serguei Monin, de Brasil de Fato, el único medio brasileño que tiene un corresponsal para Rusia, dijo a Diálogo Político que ningún periódico brasileño tiene un corresponsal en Rusia desde 2018, lo que refuerza las visiones del mundo traídas por los medios occidentales. Un diplomático brasileño retirado señaló que los medios brasileños miran bastante hacia el Occidente y que era fácil predecir que la percepción sería que Brasil se estaba alineando con Rusia.

Mi análisis

Puede que Lula y Amorim quieran que Brasil medie en la guerra, pero la operación fue un desastre de relaciones públicas. Además, hubo un despilfarro de recursos y energía. Brasil no tiene capacidad material para mediar en nada en Europa del Este. ¿Cuántos especialistas en Rusia y Ucrania hay en el cuerpo diplomático? Brasil debería centrar su energía diplomática en Sudamérica y en el cambio climático, temas en los que es fundamental.

Sobre la opinión de una parte de la izquierda brasileña que apoya la invasión rusa, es irónico, ya que Putin es el líder de un régimen militar personalista, antiliberal y financiado por la oligarquía. A eso lo llamábamos fascismo en los años veinte del siglo pasado. Lula llama fascista a Bolsonaro. De hecho, tanto la izquierda latinoamericana como la extrema derecha occidental adoran a Putin. La izquierda mira a Putin y ve resistencia a los Estados Unidos. La extrema derecha mira el discurso de superioridad de la nación y etnia rusa.

Si no fuera por estadounidenses y europeos, Bolsonaro probablemente habría podido dar el golpe que quería. Un riesgo para la diplomacia de Lula es que no puede organizar tantos elementos al mismo tiempo.

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