Se nos plantean tres preguntas: ¿quién es el ganador?, ¿qué es su partido?, ¿qué significa la elección de Arévalo para Guatemala y la región?

El ganador

Nació hace 64 años en Montevideo, Uruguay, en medio del periplo del segundo exilio al que fue forzado su padre, el expresidente guatemalteco Juan José Arévalo (1945-1951). Creció entre México y Sudamérica; regresó por un corto tiempo con su familia a Guatemala siendo adolescente, para después formarse como sociólogo en Jerusalén, Israel; y titularse como doctor en filosofía y antropología en Utrecht, Países Bajos.

Leyendo su hoja de vida, Arévalo puede ser considerado un académico, investigador y analista experto en paz y conflictos.  

Como servidor público, la carrera del hoy presidente se desarrolló entre el servicio exterior, 12 años repartidos en tres décadas (1988-2012); y, como diputado, ganó un curul por el Movimiento Semilla para el periodo 2020-2024.

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Como congresista propuso leyes en materia de salud y protección al consumidor, sin que prosperase ninguna de sus iniciativas. 

Aunque es uno de sus fundadores, sin Arévalo el Movimiento Semilla hubiese existido; y sin Semilla, Arévalo hubiese culminado una discreta carrera diplomática y política. Pero solo juntos han podido lograr la presidencia.

Semilla, la sorpresa

La victoria de Arévalo sorprendió a propios y extraños. Según un analista de su propio partido, en las proyecciones más optimistas esperaban ampliar de siete a nueve los diputados de su bancada en el Congreso. En enero, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llamó a elecciones generales, nadie imaginaba el escenario actual.

En el sistema de partidos guatemalteco, Semilla es un partido atípico. Usualmente los partidos políticos suelen ser de, es decir, literalmente pertenecen a los candidatos que se postulan como presidenciables.  Se trata de estructuras que no se cohesionan por una ideología o programa político, sino en torno a figuras caudillistas y su círculo de poder. En este sentido, Semilla ha sido distinto.

El nuevo partido oficial se ha esforzado en que se le reconozca como la expresión política de la indignación ciudadana de las protestas que hace menos de una década (2015) derrocaron al entonces presidente Otto Pérez Molina. En cuatro años, Semilla logró hacerse con el poder en Guatemala.

Su primer intento se dio en 2019, con el fallido intento de postular a la presidencia a —la hoy exiliada— Thelma Aldana. Como fiscal general fue una de las caras más visibles del derrocamiento de Pérez Molina. De aquellas elecciones, Semilla solo logró una bancada de siete diputados en 160, incluyendo al nuevo presidente.   

Arévalo y el Parlamento

En el Congreso, Arévalo y los suyos procuraron construir para sí una imagen de tecnócrata. No tuvieron mayor logro que el de denunciar consistentemente a los demás partidos que consideran como «grupos criminales disfrazados de partidos políticos que se han aliado entre sí y con el gobierno… logrando una aplanadora mafiosa y autoritaria con más de 105 diputados» (Semilla, Agenda de Trabajo Legislativo 2024-2028).  

Salvo uno, los legisladores de Semilla se mostraron siempre reacios a cualquier negociación con sus contrapartes en el Congreso. Al no apoyar iniciativas de otros, ninguna de las propias salió adelante. Tal papel en el Congreso permitió a Semilla perfilarse como un partido antisistema y le granjeó apoyo en clases medias y zonas urbanas del país. 

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La lectura de los partidarios del nuevo presidente, desde el embelesamiento que produce la victoria, es que el pueblo ha logrado que su candidato llegue al poder. Sin embargo, no debe olvidarse que Arévalo llegó al balotaje con solo el 12% de los votos válidos en la primera vuelta, y el que los votos nulos fueron más que los de la candidata más votada entonces. Es decir, el descontento ciudadano explica en gran parte que sea hoy presidente electo.

El apoyo masivo al nuevo presidente y a su partido llegó recién terminada la primera vuelta. En un intento desesperado el sistema judicial amenazó con cancelar el partido e impedir la participación de Arévalo en la segunda vuelta. La indignación generalizada llevó a los ciudadanos a votar tanto por el nuevo presidente como en contra de Sandra Torres, la candidata que representó el continuismo y los intereses de una clase gobernante deslegitimada. 

¿Qué le espera a Guatemala?

Arévalo y Semilla pretenden ser una leyenda política. El ganador tiene estirpe que le legitima por ser hijo del primer presidente electo democráticamente en un país de incontables dictaduras. Además, el partido nació como producto de la lucha popular en la plaza pública —el ágora, diría Arendt— y representa la lucha contra la clase corrupta. Finalmente, la leyenda busca ser aleccionadora: han vencido a una candidata que representaba el mal que aqueja al país. Se tiene un héroe, una moraleja y una promesa.

Sin embargo, la realidad es menos romántica.

A pesar del innegable logro de ganar la presidencia de la manera en la que lo hizo, el mayor reto del nuevo Ejecutivo será la gobernabilidad. Existen tres frentes en los que el nuevo gobierno debe batallar. 

Durante los últimos cuatro años Movimiento Semilla ha señalado de manera agresiva a las demás bancadas y ha juzgado de manera inmisericorde a los demás partidos políticos. Con una bancada de 23 escaños sobre 160, el partido del presidente no depende de sí mismo para impulsar leyes de su programa, aprobar el presupuesto o designar funcionarios de segundo nivel. Pero tampoco podrá justificarse como una pequeña bancada de oposición, sino que debe negociar con partidos a los que considera corruptos e incompetentes.

El segundo escenario para la gobernabilidad le pone frente al ejército mismo. Durante los últimos diez años, los militares han recuperado cada vez más poder en la frágil democracia guatemalteca. La llegada de Otto Pérez Molina en 2012 y la continuidad de gobiernos afines han permitido que oficiales del Ejército se reposicionen en instituciones civiles. Aunque hasta hoy el Ejército se ha mostrado respetuoso de los procesos democráticos y sus instituciones, aún tiene sectores que leen en clave de guerra fría la realidad del país.

Fortalecimiento de la democracia

Finalmente, Arévalo y Semilla tienen que enfrentarse a un sistema de justicia cooptado por el oficialismo que busca suspender el partido. Existe la posibilidad inédita de que antes de la toma de posesión el próximo enero, los funcionarios electos en el Ejecutivo y Legislativo asuman sin un partido. 

En lo que respecta a la región, la elección de Arévalo es una promesa para la democracia centroamericana. Es muy distinto a su admirado y autócrata vecino Bukele. El nuevo presidente del país más poblado de la región, cuyo programa defiende la pluralidad y los derechos humanos, puede modelar una forma alterna a la propuesta del autoritario vecino.   

El 14 de enero del 2024 habrá un cambio de autoridades en Guatemala. Según el calendario maya, será el día Imox, que significa día del cambio, el día en que se propone el orden para contrarrestar el desorden.

Ojalá sea un nuevo comenzar para el país y sus ciudadanos. 

[Lee el informe (en alemán) del Prof. Dr. Stefan Jost: „Wechsel und Zukunft“ – Die Hoffnung hat gesiegt]

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Las primera vuelta presidencial del 20 de agosto de 2023 en el Ecuador, se llevó a cabo en un ambiente de profunda incertidumbre. Después de que el miedo y la violencia marcaran la campaña presidencial y parlamentaria de Ecuador, y alcanzaran su punto cúlmine con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto. Con el 23,73 % de los votos, Noboa, candidato centroderechista de 35 años, ingresó sorpresivamente a la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el próximo 15 de octubre. Desde el correísmo, su adversaria será, como era esperado, Luisa González, triunfadora formal de la primera vuelta con el 33,26 % de los votos.

¿Qué se votó?

En las elecciones extraordinarias del 20 de agosto, necesarias después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera el Parlamento anticipadamente, además de los candidatos a la presidencia, se elegían los 137 representantes de la Asamblea Nacional por el período restante hasta el 2025. Ese año se elegirán, en el marco de elecciones ordinarias, un nuevo presidente y los miembros de la Asamblea Nacional.

Paralelamente a la elección también tuvieron lugar dos referendos. El primero, de alcance nacional, abordó la cuestión de si se debe o no seguir extrayendo petróleo en el Parque Nacional Yasuní. La mayoría de la población decidió no hacerlo. La segunda cuestión refería solo al distrito metropolitano de Quito, donde se debía decidir si se permitiría la minería en la región andina del Chocó. En este caso, la mayoría se expresó mayoritariamente contra cualquier tipo de actividad minera.

Los resultados en Ecuador

La sorpresa de la elección a la sombra de la violencia es claramente Daniel Noboa. Nadie contaba seriamente con el candidato de la alianza electoral Acción Democrática Nacional (ADN). Es hijo del empresario y tres veces candidato presidencial Álvaro Noboa. Es licenciado en administración pública y magíster en gobernanza y comunicación política. Le promete al país un nuevo rumbo más allá del esquema correísmo-anticorreísmo, apuesta por un relevo generacional y un futuro sin violencia.

El reconocido analista económico en Ecuador, Alberto Costa, atribuye el éxito de Noboa a que encontró las consignas correctas para la juventud y que se comprometió con alcanzar mejores oportunidades de formación profesional, creación de empleo y de emprendimiento.

Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana, única candidata mujer a la presidencia y representante del campo cercano al expresidente Rafael Correa, quien ha huido del país y ha sido condenado por corrupción, obtuvo 34 % de los votos. Esto sugiere que la mayoría ecuatoriana no quiere un futuro asociado al nombre y sistema de Rafael Correa. En las últimas tres elecciones, las alianzas partidarias asociadas a Correa no han registrado ganancias significativas en votos.

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Christian Zurita, sucesor del candidato asesinado Villavicencio postulado por el Movimiento Construye, obtuvo el tercer lugar con 16,5 % de los votos superando a Jan Topic, del Partido Social Cristiano, que alcanzó el 14,67 %. Como experto en el tema de la seguridad Topic centró su campaña en este tema y se le concedían buenas perspectivas de entrar en la segunda vuelta.

Otto Sonnenholzer, exvicepresidente del país, a quien muchos analistas habían dado más crédito, decepcionó con alrededor del 7,08 %, así como el candidato indígena Yaku Pérez con alrededor del 3,92 % de los votos.

Los candidatos restantes Xavier Hervas y Bolívar Amijos no llegaron a un 0,5 % de los votos.

Nueva Asamblea Nacional

También la composición del Parlamento trajo sorpresas. Con 38,39 % de los escaños, el partido Revolución Ciudadana será la bancada más fuerte. En comparación con la composición anterior, esta Asamblea Nacional será menos fragmentada.

La segunda fuerza, con el 22,74 % de los escaños, es el Movimiento Construye, del asesinado candidato Fernando Villavicencio. Le sigue la alianza partidaria Acción Nacional Democrática de Daniel Noboa con 14,3 % y el Partido Social Cristiano con 10,85 %. Si el joven Noboa fuera elegido presidente el 15 de octubre, una unión de las alianzas de centroderecha daría la oportunidad de lograr la mayoría absoluta en el Parlamento y así evitar el conflicto permanente entre los poderes Legislativo y Judicial que ha sido tan gravitante en los últimos años.

El desarrollo pacífico de las elecciones de ayer en Ecuador no debe ocultar la enorme violencia y tensa situación de seguridad que vive el país. Como ya se mencionó, Ecuador vivió una campaña electoral marcada por la inseguridad y el miedo. Tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia por 60 días. Como resultado, la policía estuvo más presente en las calles y se encargó al ejército asegurar los locales electorales. A pesar de la obligatoriedad del voto, muchos votantes estaban inquietos por los terribles acontecimientos de las últimas semanas. En consecuencia, el estado de ánimo el día de las elecciones era acalorado y marcado por una gran preocupación.

La violencia se extiende

Desde septiembre de 2022 hubo un total de 19 atentados políticos con nueve muertos. La violencia se extendió a las calles tras una ola de masacres en las cárceles en 2021 y 2022, ligada a una guerra entre bandas rivales por el poder e influencia vinculada al narcotráfico. Según estimaciones de InSight Crime, la tasa de homicidios aumentó un 86,3  % en 2022 y un 74  % en el primer semestre de 2023 (2). Concretamente, esto significa que ahora hay un promedio de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, y la tendencia va en aumento. En 2017 era de 5 por cada 100.000 habitantes. Desde el punto de vista estadístico, esto convierte a Ecuador en uno de los países más peligrosos de América Latina, con una tasa de homicidios más alta que la de México.

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En este contexto, tanto el gobierno actual como algunos valientes diputados y candidatos presidenciales (como el asesinado Fernando Villavicencio), tomaron medidas para hacer frente a la corrupción y a la violencia rampantes que azotan al país. Sin embargo, la consecuencia de esto es que las pandillas ecuatorianas, a menudo bien organizadas y conectadas en red, y sobre todo los cárteles de la droga que operan a nivel internacional, sienten que sus intereses comerciales están siendo perturbados, lo que a su vez contribuye a una mayor escalada de la violencia.

Esta elección fue entonces significativa en cuanto a si el país seguiría el ejemplo del candidato presidencial asesinado en su lucha contra la corrupción y el crimen, o si se entregaría al poder y la violencia del crimen organizado.

En este sentido el exministro de relaciones exteriores Juan Carlos Holguín destacó la valentía de Villancencio y llamó a seguir su ejempo. Andrea González, candidata a vice del político asesinado, remarcó en una entrevista con la CNN el alcance internacional del crimen y destacó que la situación solo se podría resolver con ayuda internacional.

Ecuador, un hub de drogas

En los últimos años, debido a circunstancias complejas, entre otras, la corrupción desenfrenada y la proliferación de modelos económicos criminales (tráfico de personas, minería y tala ilegales, contrabando de armas, etc.), Ecuador ha asumido una gran importancia estratégica para el narcotráfico mundial y se ha convertido en un centro logístico para la exportación de drogas, principalmente de cocaína. Los mercados de consumo tradicionales como los Estados Unidos, pero también los mercados de Europa y Asia que están surgiendo desde la perspectiva de los narcotraficantes se atienden cada vez más desde Ecuador. Por esta razón, el país ha ganado importancia para el crimen internacional. Mientras que en Ecuador en 2015 solo se incautaron alrededor de 60 toneladas de cocaína, la cantidad de esta droga incautada el año pasado fue de alrededor de 200 toneladas.

La inestabilidad política del país, su débil estructura institucional, la disputa permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, que paraliza al país y llevó en consecuencia a estas elecciones no programadas, refuerzan los desarrollos descritos. Las reformas que podrían generar cambios para lograr un progreso real en las áreas de alivio de la pobreza, creación de empleo y atención médica básica están ausentes o condenadas al fracaso.

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Las medidas tomadas por los gobiernos actuales y anteriores han tenido un éxito moderado o nulo, por lo que en los últimos años se han producido hechos de violencia sin precedentes, como masacres en las cárceles, que el Estado no tenía nada que contrarrestar. En muchos lugares ya no rige el Estado de derecho y la población ha perdido toda confianza en el Estado y en la política.

Esta incapacidad para satisfacer las expectativas de seguridad, trabajo y atención médica básica de las personas y, por lo tanto, las perspectivas de futuro, también ha exacerbado la situación, dejando a muchos jóvenes vulnerables al reclutamiento del crimen organizado.

¿Nuevo equilibrio?

El resultado de la primera vuelta en las elecciones parlamentarias y presidenciales extraordinarias en Ecuador tiene como resultado una nueva composición de la Asamblea Nacional, totalmente diferente a la de las elecciones de 2021. El nuevo equilibrio de poder hace posible que una coalición de centroderecha logre la mayoría absoluta en el Parlamento. Con esto se podría evitar el constante grave conflicto entre el Poder Legislativo y el Judicial de los últimos años, si Daniel Noboa lograra ser elegido presidente el 15 de octubre, y forjar las alianzas correspondientes.

La segunda vuelta decidirá en gran medida el futuro económico del país, ya que el riesgo país ha aumentado considerablemente por la situación general. Ecuador además enfrenta el desafío de pagar el servicio de su deuda externa para permanecer solvente y mantener el acceso al crédito en condiciones favorables.

En vista del resultado de los referendos, el nuevo gobierno deberá hacer frente a una reducción en los ingresos del presupuesto general del Estado y desarrollar nuevas estrategias para reducir el déficit presupuestario y garantizar la sostenibilidad financiera del Estado.

Democracia en peligro

La campaña previa a estas elecciones presidenciales extraordinarias es también una señal de advertencia para el mundo. Una democracia débil o defectuosa, el declive de las instituciones estatales y la ausencia de un Estado de derecho que funcione, abren la puerta a estructuras criminales organizadas internacionalmente. Estas podrán entonces ganar poder e influencia a través de la corrupción y la fuerza bruta, poniendo la democracia aún más en peligro.

En función de los problemas expuestos, Ecuador es importante para la región, pero también para la comunidad internacional, especialmente en esta difícil situación. El tráfico de drogas opera internacionalmente y es violento. La cocaína ecuatoriana llega cada vez más a Europa y también a los puertos de Alemania. La política internacional debe reaccionar e, independientemente del resultado de la segunda vuelta electoral de octubre, no debe dejar al Ecuador solo en esta situación. Porque el apoyo internacional sigue siendo fundamental en estos tiempos para garantizar la supervivencia de la democracia tanto en Ecuador como más allá y contribuir a un futuro y desarrollo pacíficos.

Traducción: Manfred Steffen, oficina KAS en Montevideo

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La película Oppenheimer ha sido aclamada por la crítica gracias a su particular estilo técnico y la excepcional actuación del elenco. El éxito taquillero dirigido por Christopher Nolan muestra la vida del Dr. J. Robert Oppenheimer y su rol en el desarrollo de la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Nos pasea, con vértigo, en un viaje moral alrededor de las consecuencias de usar armas nucleares.

El filme permite conocer al protagonista desde que inició su educación en Europa sobre física cuántica, el ejercicio de la profesión académica en su natal Estados Unidos, hasta ser reclutado por el gobierno estadounidense para dirigir el Proyecto Manhattan, que se propuso construir la primera bomba atómica basada en uranio.

La decisión de desarrollar el proyecto Manhattan enfrentó a Oppenheimer a su primer aprieto moral. Por un lado, reconocer las implicaciones de construir un arma con tanto poder de destrucción y, por el otro, vencer a la Alemania nazi.

Debate moral y egocentrismo

Luego de tres años dirigiendo a los físicos más brillantes con el propósito de desarrollar la bomba atómica, la guerra cambió el objetivo de ataque. Ante las crecientes tensiones con la Unión Soviética, y la negativa de Japón a rendirse, el gobierno de Estados Unidos decidió usar la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Como se sabe, esto resultó en la derrota japonesa y el fin de la guerra.

Oppenheimer fue aclamado como un héroe nacional y apodado «padre de la bomba atómica». No obstante, horrorizado por la sangre en sus manos, el científico utilizó su nueva fama para abogar en contra de una escalada nuclear y a favor de la cooperación pacífica para controlar la carrera armamentística. Oppenheimer no tuvo éxito en esto. Años después se enfrentó a una vendetta política, que se apoyó en los viejos contactos que tuvo el físico con comunistas, para arruinar su carrera y su credibilidad pública.

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La película destaca el extremo patriotismo americano. Ante el auge de la Guerra Fría, la narrativa del excepcionalísimo estadounidense convenció a toda su población que derrotar al «enemigo» justificaba cualquier medio necesario. Por lo tanto, los estadounidenses celebraron con orgullo las violentas muertes de cientos de miles de japoneses civiles. Sin embargo, en tres horas de un filme que busca resaltar lo devastador e inmoral que fue lanzar la bomba, no se muestra la perspectiva de las víctimas japonesas en ningún momento. De cierta manera, Nolan cae víctima de algo que él mismo critica: el egocentrismo americano.

Armas nucleares en el siglo XXI

Desde 1945, el mundo no ha visto la detonación de otra bomba nuclear. Pero en la actualidad nueve naciones poseen armas nucleares, muchas de ellas capaces de una mayor destrucción que las arrojadas sobre Japón. Para su desarrollo, el Estado debe tener acceso a elementos radioactivos como uranio o plutonio, y a enormes recursos económicos y militares.

Rusia cuenta con la mayor reserva en el mundo, seguida de Estados Unidos, quien también alberga sus armas en otras naciones. Ambas naciones son responsables del 90 % de las armas nucleares. El resto pertenecen a Pakistán, India, Israel y Corea del Norte, así como a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: China, Francia y el Reino Unido. Durante el apartheid, Sudáfrica desarrolló sus propias bombas, pero decidió desmantelarlas voluntariamente en los años noventa en pos de la democracia.

El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) restringe la posesión de este tipo de armas. Fue ratificado por la mayoría de la comunidad internacional desde su entrada en vigor en 1970. Solo permite su tenencia a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero nunca fue firmado por Israel, India, Pakistán ni Corea del Norte. El tratado ha sido violado por Libia, país que detuvo el desarrollo de su programa de armas nucleares al igual que México, por temor a infringir derecho internacional y ser sancionado.

En 2017, la Asamblea General de la ONU aprobó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Este busca la estigmatización de las armas nucleares para eventualmente servir como un catalizador hacia el desmantelamiento de estas. A pesar de las intenciones pacíficas de la comunidad internacional, el tratado carece de eficacia por la falta de apoyo de las potencias relevantes.

La expansión nuclear de Irán

Desde los años setenta, las autoridades iraníes abogaron por una zona libre de armas nucleares en Medio Oriente, tras ratificar el TNP. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) denunció múltiples infracciones de Irán, como no reportar materiales nucleares importados, su producción, o no declarar suministros nucleares.

Con temor, ante la proyección de un Irán armado, los miembros del Consejo de Seguridad, junto con Alemania y la Unión Europea, crearon el Plan de Acción Integral Conjunto, en 2015. Este mecanismo amplía medidas de monitoreo y restringe el enriquecimiento del uranio hasta un 3,67 % de pureza, lejos del 90 % necesitado para crear bombas nucleares. Pero, en 2018, el presidente Donald Trump decidió reimponer sanciones que resultaron en el regreso de las actividades nucleares de Irán.

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Inspectores de la ONU descubrieron en Irán partículas de uranio con 83,7 % de pureza y un reactor de agua pesada en la ciudad de Arak, ideal para la producción de plutonio. Desde que estalló la guerra en Ucrania, Rusia formó una alianza con Irán gracias a su suministro de drones de ataque. Esto inquieta a líderes occidentales sobre cómo Rusia devolverá el favor. Además de proveer equipos de defensa militar, temen que Irán reciba apoyo técnico en el área nuclear y equipamiento necesario. Algunos analistas proyectan que Irán necesitaría aproximadamente un año para desarrollar una bomba nuclear.

La UE, junto a Joe Biden, han intentado renegociar un pacto con Irán, pero no han acordado condiciones satisfactorias. Ante el creciente apoyo ruso y el prometedor desarrollo de uranio puro, es imperioso que se tome la amenaza en serio y se encuentren formas de negociar. Si algo expone Oppenheimer es la responsabilidad de las potencias nucleares en la carrera armamentista y el peligro que sus rivalidades significan para el resto de la humanidad.

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El 21 de julio pasado, Latinobarómetro lanzó su último informe. Esta encuesta nos dice cómo medimos nosotros, los electores, en términos de democracia. El documento ilustra las preferencias con respecto a la forma de gobierno que defendemos o anhelamos.

Los resultados no son alentadores: si como sociedad latina y joven nos miramos al espejo, veremos pocos demócratas.

Si bien el apoyo a la democracia se mantuvo estancado en un 48%, son alarmantes los demás factores que reflejan el perfil de los ciudadanos y su bajo compromiso con los valores y las instituciones democráticas.

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Son los adultos, con un promedio de 60 años, quienes defienden la democracia: aquellos que pasaron por gobiernos autoritarios y vivieron los procesos de democratización durante su juventud en los años ochenta. Mientras que la juventud de hoy, nacida en democracia y con acceso a la información como nunca tuvieron los jóvenes, muestran mayor indiferencia al planteo de democracia o autoritarismo, junto con la preocupante y creciente simpatía hacia lideres autocráticos y populistas.

Paraguay, radicalismo y antisistema

Paraguay lidera el ranking de países que simpatizan con la posibilidad de un gobierno militar.

Esto ayuda a explicar un fenómeno insurgente: el controvertido excandidato presidencial Paraguayo Payo Cubas. El líder del partido Cruzada Nacional dedicó su campaña a hacer una abierta apología al autoritarismo y a la mano dura sin controles. Como resultado, obtuvo el 23% de los votos totales.

Entre sus propuestas en la campaña presidencial 2023, Payo Cubas destacó la necesidad de una reforma constitucional. Sería para, entre otras cosas, fusionar la policía nacional con las fuerzas armadas y tener así una policía militarizada. Sin ruborizarse, Cubas habló abiertamente de instaurar una dictadura. Usó la violencia física y verbal, no constituyó un partido formal, [1] incluyó en su lista de senadores a familiares y amigos.[2] Y utilizó constantemente expresiones xenófobas, solo por citar algunas de sus prácticas. Aun así, Paraguayo Cubas goza de una popularidad en ascenso. Todo le está permitido.

El candidato vivió en prisión domiciliaria por perturbación a la paz pública poco después de las últimas elecciones. Sin embargo, esto le ha servido para instalar un relato de perseguido político. Payo encarna la demanda de mano dura en medio del hastío de una sociedad insatisfecha con su débil democracia híbrida (79%, de acuerdo con Latinobarómetro).

Continuidad a pesar de la insatisfacción

Paraguay también sorprende con el siguiente dato: «Solo el 40% apoya la democracia, el 79% está insatisfecho con ella y hay un 39% de insatisfechos que no respaldan el régimen político. Pero a diferencia de los demás países de la región que han preferido la alternancia en el poder, los paraguayos eligieron continuidad», dice el Informe Latinobarómetro.

Este «destaque» de Paraguay tiene tres explicaciones rápidas:

• El sistema electoral sin balotaje, en el cual gana la primera minoría.
• La estructura, en gran parte clientelar, que le da a la ANR (Partido Colorado), el partido que más ha gobernado en la historia del país, un piso de 1.200.000 electores.
• La capacidad de la ANR de ser oficialismo y oposición al mismo tiempo.

Cuestiones que el informe de Latinobarómetro no menciona pero que los paraguayos las vivimos cotidianamente, sumándole a esto la falta de claridad, articulación y consenso de la oposición. La trillada frase Mejor malo conocido que bueno por conocer se suma a la lista de explicaciones de por qué sigue gobernando el mismo partido político.

Los desafíos

El desafío de la democracia es la velocidad, la rapidez en dar soluciones a los problemas del día a día de las personas. En ese sentido, se plantea una competencia desleal con los regímenes autoritarios disfrazados de inmediatez. Estos cuentan con la posibilidad de saltarse el debate y los mecanismos de control, sea por una mayoría aplastante, sea por sobornar legisladores o por doblegar el sistema de justicia.

El desafío de los demócratas hoy es transmitir con mayor fuerza y claridad las ideas que sustentan a la democracia y llamar a las cosas por su nombre. Los autoritarios se esfuerzan comunicacionalmente en mostrarse como democráticos. Pretenden mimetizarse y redefinir la democracia, limitándola a ser «lo que elige el pueblo», con mayorías obtenidas forzando los mecanismos de elección y de control, mientras alardean con ímpetu sobre la capacidad de respuesta rápida que pueden ofrecer a la ciudadanía, con un celofán de solidaridad y compromiso, pero con un interior marcado por las más clásicas practicas totalitarias y contrarias a un desarrollo real de la sociedad.

Notas:

[1] De hecho, se esfuerza en continuar con manejos «domésticos» y no institucionales de su nucleación política para disponer libremente, entre otras cosas, del subsidio electoral, inventando usos inviables, pero muy populares, como la construcción de un hospital en medio del Chaco.

[2] Su esposa es hoy senadora, así como un aliado conocido como Mbururú, acusado de abuso sexual a menores.

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María Eugenia Rinaudo es ecóloga y tiene una maestría en sistemas de vida sostenibles. Dirige el área de sostenibilidad de la Universidad EAN, Colombia. Trabajó con Brigitte Baptiste, experta en biodiversidad y exdirectora del Instituto Humboldt, institución de referencia en temas de ambiente.

¿Cómo llegas al tema de las transiciones?

No es suficiente la definición de sostenibilidad del Informe Brundtland desde la realidad del siglo XX. Debemos promover el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad para diferentes actores (comunidades, sectores productivos, territorio).

El tema de las transiciones socioecológicas surgió como metodología y marco conceptual para entender que la biodiversidad debería ser el centro de todo y el motor del desarrollo.

Respecto a la narrativa, se trata de entender la transición socioecológica como proceso de gestión de la biodiversidad en diferentes contextos sociales y ecológicos. La idea es hacer pequeñas intervenciones en procesos que, sumados, van a provocar cambios a mayor escala. Significa ir de lo micro a lo macro.

La ambiental y lo político

¿Hemos descuidado la incidencia de lo ambiental en lo político?

La sostenibilidad, como la contemplamos hasta ahora, ya no es suficiente. Nos toca pensar en transiciones con pequeñas intervenciones con el objetivo de desencadenar un cambio mayor.

La visión convencional de la sostenibilidad nos invita a pensar que, como parte de la generación actual, tenemos que pensar en las futuras y dejarles recursos naturales. Eso está bien porque habla de la perdurabilidad de los recursos. Sin embargo, no llega a generar un cambio cultural y ético, un cambio de chip sobre lo que significa la sostenibilidad.

El tema de las transiciones nos permite diseñar, implementar, impulsar estas pequeñas intervenciones en cualquier sistema: ecológico, político, económico, para diseñar futuros posibles. Y que estos futuros sean de todos, donde todos quepamos, donde haya diversidad, justicia, bienestar, vitalidad.

La idea es que el sistema perdure, no solamente un recurso en particular.

¿Cómo logramos congeniar diferentes escalas temporales? Hay cambios lentos y rápidos.

Esto debe ser inicialmente una trasformación cultural. No podemos intervenir en un sistema político si no cambiamos antes la cultura. La cultura y la política están relacionadas. En Latinoamérica predomina el corto plazo.

Tenemos un gran retraso. Por un lado, vemos planes de ordenamiento territorial que son de los años cuarenta. Por otro, vemos planes del comienzo del dos mil, pero de corto plazo. Esto confirma que si no cambiamos la cultura, la política seguirá siendo cortoplacista.

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Solemos hablar del gobierno, pero en todo el mundo las políticas que generan impacto sobre estas cosas deberían ser políticas de Estado. No de un gobierno o de un partido en particular. Participé en negociaciones internacionales y entiendo que hay que contemplar los acuerdos y las políticas domésticas, nacionales.

Cuando se plantea una política de Estado, esta refiere al país, no a un partido político. Esto también explica por qué a algunos países las va bien, y a otros, no.

Diálogo entre academia y política

¿Cómo mejorar la comunicación entre academia y política?

Hoy hay conciencia más amplia sobre lo que implica la interfaz política-ciencia. He podido apoyar a la IPBES y al IPCC, dos grandes plataformas intergubernamentales de ciencia política, una de biodiversidad y otra de cambio climático.

Hoy en día se redactan informes de 500 páginas que casi nadie logra leer en su totalidad. En estas plataformas se promueve el entendimiento de la interfaz ciencia política. Ofrecen entonces sumarios de 20 páginas dirigidos a policy makers con los hitos principales.

Es fundamental hacérselos llegar a los tomadores de decisión. No me refiero solamente a los del ámbito político, sino también a empresas, del sector privado. Porque finalmente tiene que haber una correlación muy fuerte entre la política pública y el sector privado.

Diálogo con lo empresarial

El nombre de tu universidad refiere directamente a lo empresarial. El interés del empresariado por lo ambiental es una buena noticia.

Yo trabajo de la mano con el sector privado. Acá tenemos la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que agrupa a todos los gremios y sectores empresariales del país. Dentro de la asociación hay diferentes cámaras: la de alimentos, la Fedemetal (metalmecánica, astillera y aeroespacial), y cada una agrupa diferentes empresas.

Desde la ANDI y a través de nuestra universidad hemos logrado encaminar asuntos relacionados con la sostenibilidad como concepto paraguas. Esto abarca la economía circular, el cambio climático, el agua, la biodiversidad. Nosotros apalancamos estos temas desde un punto de vista académico con el sector privado, pero sin dejar de lado a la comunidad.

Creo que se trata de una tríada: el Estado en el nivel de la política pública, el sector privado con las empresas y la gobernanza desde el punto de vista de la comunidad. Porque la gente, la que vive en el territorio, está conectada y depende de los recursos naturales, por lo que debe estar involucrada en estos procesos que son bastante dinámicos.

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Desde mi experiencia veo que la academia se abre y el sector privado requiere de procesos de sostenibilidad. Y esto no es por greenwashing. Hay empresas que ya tienen una estrategia de sostenibilidad hace años, pero necesitan verificar si van bien. Quiero ver si lo que hago tiene un propósito claro o es solamente un lavado verde. Ahí nosotros como universidad, como actor neutral, entramos a hacer una revisión académica y damos un diagnóstico en el que mostramos aciertos y fallas, y damos recomendaciones sobre cosas a mejorar.

La economía y la sostenibilidad

La necesidad de crear fuentes de trabajo es muy grande. ¿Eso puede entrar en colisión con un manejo sostenible de los recursos de esa región?

A veces la urgencia por fuentes de trabajo no permite tener en cuenta the whole picture. Habría una oportunidad desde la academia para llamar la atención sobre el hecho de que una inversión beneficiosa a corto plazo puede traer problemas a largo plazo.

Esto es un desafío para todos. Mi foco está en la investigación y la gestión, la apropiación del conocimiento.

Hay un link directo entre la biodiversidad y la energía. Con el programa EKLA de la KAS estamos llevando a cabo el diplomado Transiciones energéticas en América Latina y el Caribe.

Hay unos treinta participantes de diferentes países con perfiles profesionales que van desde gobiernos locales, sector privado, proyectos propios, no todos asociados a temas de energía, pero sí interesados en la mitigación. El encare es regional, basado en experiencias y visiones para impulsar la generación de conocimientos y un banco de proyectos. Se trata de identificar oportunidades y limitaciones para la transición energética en la región.

La transición urgente

¿Nos dará el tiempo para la transición?

Me considero una persona positiva. Tenemos retos por delante, grandes. Y siento que se están haciendo pequeñas cosas para sembrar el futuro, ante todo a nivel local.

Los autores Arturo Escobar y Jorge Riechmann trabajan en el diseño de transiciones. Coinciden que no sucederá a nivel internacional. No habrá una decisión global que nos permita, que nos obligue a dar ese gran paso. Por el contrario, llegará a partir de pequeñas transiciones, que se dan en territorios y comunidades y países. Si recogemos esas buenas prácticas, las replicamos y hacemos más fuertes, notorias, visibles, quizá podamos generar un cambio.

Pero reconozco que en el camino vamos a perder mucho. Ya estamos perdiendo especies; y, cuando perdemos una especie, no es solo el bichito o la plantita, es la trama de la vida. Perdemos la conexión de una especie con otra. Ya estamos teniendo estás pérdidas de vida en el planeta. Pero todo puede ser peor y podemos llegar a ese colapso, a ese escenario ingobernable. Queremos evitar llegar a ese nivel extremo.

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Soy enfática en decir que esto no es un tema de los ambientalistas, de los biólogos. Es un tema de todos, empezando por la política pública, el sector empresarial, el artístico, el de la medicina. Es un tema de todos los ciudadanos.

Necesitamos una ciudadanía que, sin perder lo local, tenga una visión global y también proyectada hacia el futuro. Si en una generación rompemos todo, ¿qué le dejamos a los que vienen después?

Hay cambios irreversibles. No hay multa ni penalización que arregle el problema.

Hay que comunicar las malas noticias generando un impacto positivo en la persona. No necesitamos ser apocalípticos para generar un cambio en la ciudadanía. Es necesario comunicar la noticia triste, pero acompañarla de algo que dé esperanza. Se perdió una especie, pero en tal comunidad la gente está haciendo el esfuerzo por mantener esta otra especie.

La sostenibilidad se alcanzará a partir de pequeños cambios inspiradores.

Lecturas recomendadas

Jane Goodall y Douglas Abrams, 2022, El libro de la esperanza.

Jorge Riechmann, 2019, Otro fin del mundo es posible, decían los compañeros. Sobre transiciones ecosociales, colapsos y la imposibilidad de lo necesario.

Arturo Escobar, 2012, Más allá del desarrollo, Revista de antropología social, 21.

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Allá por mayo en una columna dijimos «Ganó Milei». Sin bola de cristal, ni tarot, simplemente observando que ya por aquel entonces, en el prólogo de la contienda, el León venía instalando el marco conceptual de la elección. Dolarización, Banco Central, portación de armas, venta de órganos, etc. Todas propuestas de Milei sobre las que los demás candidatos tuvieron que opinar, de manera reactiva, sin lograr imponer agenda propia ni temas que entusiasmaran.

Sí, para sorpresa de muchos, ganó Javier Milei, pero ¿ganaron sus propuestas? ¿O ganó la radicalización sobre la moderación? ¿Ganó la bronca? ¿Ganó la decepción generalizada? ¿Ganaron los gritos fuertes frente a la incertidumbre? En nuestros estudios de estos meses vimos de manera reiterada que la atención hacia el libertario no tenía que ver con sus propuestas, mayormente rechazadas. Entonces, ¿qué pasó?

[Leer también: El estado del peronismo 50 años después]

Al momento de cerrar esta columna [13 de agosto en la noche], con el 90 % de las mesas escrutadas, Milei sorprende con un 30 % de los votos. Doble sabor amargo para quienes esperaban que Juntos sería la fuerza más votada y Massa el candidato individual con más apoyo. A nivel nacional, el mapa se va pintando de violeta, imponiéndose en 16 distritos. Vamos con algunas primeras reflexiones de domingo a la medianoche.

Escenarios

1. Milei llegó a las PASO sin aparato propio, sin control de distritos, con magros resultados en las elecciones provinciales de este año, con excepción de La Rioja y Chubut. Mientras tanto, desde las otras tres esquinas del cuadrilátero se disputaron la elección entre Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Los dos últimos estando en gestión, con más recursos, con territorio, con apoyos, con victorias previas (electorales o de otros tipos). Se esperaba que los grandes espacios jugaran como una desventaja obvia para Milei. Sin embargo, billetera no mata galán.

2. En este ida y vuelta de pensar entre la moderación o la radicalización, en el tono de la campaña, si hablaban más fuerte o más suave, si caminaban hacia el futuro con un faro detrás o una Tasser por delante, en Juntos nunca se enteraron de que la sociedad también los tenía en capilla a ellos. La mala gestión de Alberto no diluyó el recuerdo de la crisis de Macri; simplemente se acumularon las frustraciones. En esta elección Juntos le habló a la sociedad como si nunca los hubieran conocido antes, como si todo fuera un tema de forma y de tono. Pero, en realidad, ¿de qué se trataba esta elección? El electorado estaba mirando la película por otra plataforma. Entonces, si lo conocido viene decepcionando desde hace rato, ¿por qué no probar algo distinto?

3. ¿De dónde sacó los votos el León? De varios lados. Es un voto políticamente transversal, con hincapié en los de menos de 30, despolitizados y desideologizados. Un trumpismo criollo. En muchos barrios populares, históricamente votantes del peronismo, optaron por Milei. Hay cansancio con el peronismo y no hay otras opciones que entusiasmen.

Abstención

4. Para finalizar, el dato que sigue preocupando a todo el sistema político es que en estas elecciones nacionales se verificó una mayor abstención (en las PASO presidenciales de 2019, la participación estuvo en un 76,40 % y este domingo fue de un 68,5 %, 8 puntos menos), tal como ocurrió en los comicios provinciales previos. Es la señal de fastidio con las peleas interminables. Habría que repasar las estrofas de Charly en «Cerca de la revolución»: «Cerca de la revolución / el pueblo pide sangre… / Yo estoy cantando esta canción / que alguna vez fue hambre… / Lo que fue hermoso, será horrible después / No es solo una cuestión de elecciones / No elegí este mundo…».

Tiempo atrás, analizábamos lo que ocurría dentro de los distintos espacios y veíamos con estupor que por ganar la batalla podían perder la guerra. Con los candidatos definidos, veremos cómo empieza a moverse el tablero a partir de mañana. ¿La casta tendrá miedo? Los argentinos vamos a estar mirando el país desde el borde del trampolín olímpico, esperando a octubre, a ver si bajamos la escalera para saltar desde el borde o damos un paso adelante, cerca de la revolución.

Artículo publicado originalmente en Perfil el 14 de agosto de 2023.

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El golpe y su contexto

El 26 de julio de este año el general Abdourahamane Tiani dio un golpe contra el presidente de Níger, Mohamed Bazoum, declaró la ley marcial y se autoproclamó líder del país, a la cabeza de una junta militar.

Las razones todavía no son claras. Los golpistas declararon que lo removieron por la inseguridad y la situación económica que atravesaba el país. Muchos analistas señalan que, sin embargo, Bazoum —que había sido elegido presidente el 2 de abril de 2021— estaba buscando deponer a Tiani, ante lo cual el militar habría decidido empuñar las armas.

Pero este conflicto, que a primera vista podría parecer un asunto estrictamente interno y distante de Occidente, apunta hacia una posible internacionalización.

¿Guerra proxy?

Muchos analistas ven en el conflicto una posible escalada a una guerra proxy.

¿Qué es una guerra proxy? Es un conflicto donde actores extranjeros se inmiscuyen en los asuntos internos de un Estado para librar indirectamente una contienda entre ellos. Basta pensar en conflictos como Vietnam (1955-1975) o Corea (1950-1953) durante la Guerra Fría, que enfrentaron indirectamente a los Estados Unidos con la Unión Soviética y China.

En el caso de Níger, ya hay una constelación de actores que apoyan a uno u otro bando, que va adquiriendo una clara fisonomía. Por un lado, la Cedeao (organización internacional integrada por los países de África occidental y liderada por Nigeria) ordenó «el despliegue de sus fuerzas para restablecer el orden constitucional» al presidente depuesto y comunicó a la junta de Tiani que, en caso de no restablecer el statu quo, intervendrán en el país.

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No es extraña esta decisión, ya que para Nigeria es vital preservar la paz en Níger, como veremos más adelante. Asimismo, el miedo a un contagio autoritario impone a los países democráticos de la Cedeao enfrentarse a Níger so pena de que, de no hacerlo, bien podrían envalentonarse las facciones golpistas dentro de los países.

La Cedeao podría ganar el apoyo de Francia, país que tiene tropas en Níger y que manifestó públicamente su apoyo a las medidas tomadas por la Cedeao, y por Estados Unidos, que también tiene tropas en Níger y que, de verse atacadas, invariablemente intervendrían. El ultimátum venció el pasado 6 de agosto.

El otro bando en pugna

Por otro lado, están Mali y Burkina Faso, Estados suspendidos también de la Cedeao a causa de sus propios golpes militares, que apoyaron inmediatamente a la junta militar de Níger, manifestando que una intervención para restablecer a Bazoum sería tomada como una declaración de guerra. Asimismo, la empresa militar privada rusa Wagner, que opera también en Níger, declaró su apoyo a la junta militar.

Lo llamativo del rol que juegan Wagner y Rusia en el país africano es que no se presenta, como en muchas otras ocasiones, como una influencia reconocida o percibida solo por politólogos o analistas. Muchos de los nigerinos que apoyan a la junta militar han salido a las calles ondeando la tricolor rusa, reconociendo en el Kremlin y en Wagner sus mecenas contra lo que ellos perciben como un neocolonialismo francés consagrado en una dependencia estructural. La división democracia-autoritarismo no solo se vería plasmada en las alianzas y alineamientos de los Estados, sino en la población misma.

Implicaciones internacionales

La ubicación geoestratégica de Níger supone un problema significativo para Europa. La guerra en Ucrania afecta los suministros de petróleo y gas a Europa, acelerando la reconversión de la matriz energética y el encarecimiento de los precios de energía.

Nigeria, situada al sur de Níger, posee vastas reservas de gas que tiene proyectado transportar a los Estados árabes del norte de África y desde allí podrían ser llevados a Europa. Pero, para llegar al Norte de África, cualquier oleoducto o gaseoducto tendría que pasar sí o sí por Níger. La presencia de un gobierno antagónico a Nigeria o, peor aún, una inestabilidad política resultante de una guerra civil imposibilitarían cualquier proyecto de ese estilo.

En la misma línea, Níger es uno de los proveedores más importantes de uranio para la Unión Europea. Si bien posee un 5% del uranio mundial, Níger ha llegado a ser el proveedor de un 25% del utilizado en el Viejo Continente. En efecto, si consideramos nuevamente la actual crisis energética que atraviesa Europa y la renuclearización de su matriz energética, el uranio de Níger es crucial para tal proyecto.

Inestabilidad

Un dato crucial a no perder de vista es que en Níger opera el grupo terrorista conocido como Provincia de África Occidental del Estado Islámico (Iswap, por sus siglas en inglés, no vinculado a ninguno de los dos bandos en pugna). Hasta ahora, el gobierno de Níger había sido clave en el combate a este grupo armado cooperando con Occidente en la persecución de los terroristas. Pero el golpe militar presagia el fin de esta colaboración y la reducción de la capacidad operativa de las acciones antiterroristas.

Todo golpe de Estado trae aparejada inestabilidad política, más aún si existe una alta probabilidad de que se convierta en una guerra civil. Pocas cosas hay que favorezcan tanto a una insurrección armada como el caos en el gobierno central. No solo eso, el golpe en Níger podría ser un peligroso catalizador para futuras catástrofes políticas en la región.

La inestabilidad política tiende a generar más inestabilidad política. No podemos olvidar que los golpes en Guinea, Mali y Burkina Faso tuvieron lugar en los últimos tres años. Una revitalización del terrorismo islámico en la región podría llevar a un incremento de las actividades de otros grupos ajenos al Iswap, como Boko Haram.

Níger y Latinoamérica

Para América Latina, el conflicto en Níger se presenta como distante y bastante irrelevante, por dos razones. En primer lugar, Níger no tiene vínculos comerciales significativos con la región. En segundo lugar, su único nexo diplomático es con Cuba, un autoritarismo cerrado que carece también de nexos económicos relevantes con el resto de la región.

[Leer también: Usar la democracia para destruirla]

¿Por qué entonces América Latina tendría que detenerse a ver lo que ocurre en Níger? Como se mencionó, la región africana viene experimentando una seguidilla de golpes de Estado que han hecho zozobrar y caer a democracias nacientes en la región. Todo parecería apuntar a que el miedo al efecto contagio sería justificado, y que el triunfo de golpistas en países vecinos a menudo envalentona a aquellos actores con poder y nulas convicciones democráticas.

¿Acaso una región como Latinoamérica, donde la democracia ha perdido apoyo social y los gobiernos autoritarios han ganado terreno, no debería mirar con detenimiento cómo se están desplomando otras democracias en el mundo?

Perspectivas futuras y posibles amenazas

No es necesario ser un observador político particularmente avezado para darse cuenta de que, por la importancia de Níger, es posible que haya una reacción, si no internacional, al menos regional. Hay demasiado en juego para los países de la Cedeao como para hacer la vista gorda a este episodio.

Por otra parte, una escalada de esta crisis en África Occidental acarrea el riesgo de involucrar a potencias extraafricanas. Basta recordar que el presidente francés Emmanuel Macron anunció que no toleraría un ataque a la misión diplomática francesa o a cualquier presencia del país galo en Níger. Un ataque a la embajada francesa, una bala perdida a un soldado americano o una incursión cargada de aventurismo político por Wagner amenazan con hacer de esta guerra local un conflicto internacional.

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A partir de las lecciones aprendidas y de la investigación académica que ha fundamentado el
crecimiento de la Escuela de Formación Política (EFP) de la Fundación Konrad Adenauer en Perú, llega Caja de herramientas para la formación política estratégica, obra que busca contribuir con los partidos políticos, presentándoles los fundamentos teóricos, las reflexiones y los ejemplos prácticos identificados en la EFP.

Después de ocho años de crecimiento, las lecciones aprendidas adquieren un sentido más trascendental: contribuir con cerrar la brecha encontrada en el 2015 sobre cómo generar espacios de formación política desde las organizaciones políticas.

Círculo virtuoso desde la educación política

Formación política desde la práctica

Antes de empezar con la lectura (y el trabajo), el lector entra en una zona de advertencias sobre algunos aspectos de esta obra. Ante el reto consciente de saber que poco se ha escrito sobre la formación política desde la práctica, esta obra busca convertir ese desafío en una oportunidad.

En realidad, se ha convertido en varias oportunidades que se explican a continuación. Ante todo, resulta sustancial comprender que la formación responde, como se intenta retratar en estas páginas, a la necesidad del momento político. Por ello, cada institución (incluso en el mismo momento temporal) debe ajustar sus espacios formativos a la estrategia política y al contexto de la organización.

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Reflexión y aprendizaje

En relación con el ámbito de reflexión y los límites de esta obra, en un campo tan practicado y mencionado en la literatura política como la necesidad de la formación de los políticos, pero poco desarrollado desde la academia, existe aún un gran espacio para reflexionar desde una mirada más holística sobre cómo reducir brechas a partir de la educación política. Si bien este documento incluye algunas reflexiones al respecto, cabe destacar que se centra en la formación para la acción política desde la práctica, y no en la educación política de las personas. En esta misma dirección, otra de las puertas que deja abierta para el futuro es profundizar en el uso de metodologías ágiles en la planificación e implementación de las estrategias formativas; aunque se incluyen algunas herramientas y recomendaciones, hay mucho espacio para la innovación en los partidos políticos.

No hubo ni hay sorpresas. La gran pregunta es si estamos aprendiendo de la crisis actual y si nos estamos preparando para las futuras. Porque si hay algo seguro es que vendrán eventos extremos, cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Recientemente, el secretario de las Naciones Unidas advirtió que comenzó una nueva era.

Las señales son potentes

Temperaturas pico y prolongadas sequías en varios países de Europa, inundaciones en regiones de Latinoamérica, Nueva York oscurecida por el humo de los incendios en Canadá, y estampidas de miles de turistas y residentes huyendo de los incendios en Grecia y Hawai. Hoy vivimos lo que se anunció hace por lo menos medio siglo.

Todo esto sucede ahora, simultáneamente, y se puede verificar en tiempo real en las redes y los medios. En parte, se trata de fenómenos climáticos cíclicos, pero parece evidente que tienen algo que ver con la continua depredación de los ecosistemas y el aumento de las emisiones de gases invernadero. Es esperable que esto provoque angustia, discusiones, asignaciones de culpa, especialmente en países que disfrutan de un régimen democrático. En cambio, sí sorprende la sorpresa respecto a estos eventos.

Cuidar las fuentes

La sequía en Uruguay es tal vez la más grave de su historia y aparece en las portadas de medios de todo el mundo. Hace semanas que vemos fotos de las reservas de agua descendiendo continuamente. La falta de lluvia se agrava por problemas, muchos de ellos endémicos, como la pérdida de una cantidad significativa del agua producida por desperfectos en las cañerías. Otro factor es el consumo diario de agua, que —a pesar de la información disponible y de los llamados a la población— se mantuvo prácticamente igual, por encima de los 500.000 metros cúbicos en plena sequía.

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Sin embargo, el factor clave es el cuidado de las fuentes, en este caso, del río Santa Lucía, del que proviene el agua potable de Montevideo. El propio exalcalde de Municipio de Aguas Corrientes (Partido Nacional) expresaba: «La verdad se conoce; al río lo han masacrado, primero con el monte nativo, posteriormente con otras obras».

Respecto al marco jurídico, el artículo 47 de la Constitución del Uruguay establece que «la protección del medioambiente es de interés general» y que «la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico».

Comisiones de cuenca, instrumento de participación

Existe además en el país el instrumento de las comisiones de cuenca. Si bien estas tienen carácter consultivo, constituyen un ámbito de participación de la ciudadanía en la discusión y en los procesos de toma de decisión.

Su propio nombre comprende un concepto clave: cuenca. El arroyo o río no es, como se afirma en algunos ámbitos, agua desperdiciada que corre al mar. Por el contrario, constituye un complejo y rico sistema que comprende el cuerpo de agua, los afluentes, las nacientes, las aguas subterráneas, los humedales, los montes ribereños y la fauna que habita el lugar.

Por su diversidad, las cuencas son resilientes; es decir, pueden absorber daños o situaciones de estrés y adaptarse a nuevas circunstancias. Sin embargo, también son frágiles. La tala de los montes ribereños para obtención de leña y el desecado de los humedales para urbanizaciones dejan el cuerpo de agua sin la zona buffer, es decir, sin protección. La forestación en las nacientes también afecta la recarga de los acuíferos. La extracción descontrolada de agua y sedimentos altera el caudal. Los vertederos municipales a cielo abierto, frecuentemente cercanos al cuerpo de agua o en la planicie de inundación, pueden ser el origen de problemas de contaminación. Todo esto sucede diariamente, a los ojos de todo el mundo.

La sequía y la consiguiente escasez de agua potable nos enfrenta a límites concretos. Por un lado, demuestra que la política respecto al agua potable debe contemplar todos los componentes y sus interacciones. Cada descuido respecto a un factor puede desequilibrar al conjunto y provocar una crisis. Sin embargo, generalmente prevalece la utilidad económica a corto plazo.

Cuidar los ríos

La mejor estrategia —y, por lejos, la más barata— es cuidar los ríos en su conjunto, teniendo el foco en la cuenca y en todos sus componentes. Por otro lado, la sequía nos interpela respecto al uso del agua, el industrial y también el privado, el de cada ciudadano y cada ciudadana en su vida privada.

No alcanza, y por cierto no alcanzará en el futuro, con esperar la lluvia. El cambio climático y sus eventos extremos, el aumento explosivo de uso de agua dulce y el creciente impacto de actividades productivas en las cuencas, todo esto, constituye un contexto altamente explosivo.

[Leer también: Los ecosistemas cambian: ¿la política se adapta?]

Frente a las crisis siempre hay quien la niega, o quien afirma que todo se va a arreglar de alguna forma. Ni esto ni la asignación de culpabilidad conduce a ningún lado. La única forma de encarar esta crisis y las que vendrán es con un esfuerzo colectivo de acuerdos políticos más allá de fronteras partidarias. Ese esfuerzo debe comprender los hábitos de consumo, de uso de la energía, de nuestras actitudes como ciudadanos de un planeta finito.

Los eventos extremos ya suceden y serán cada vez más intensos y frecuentes. Afectarán infraestructuras, cosechas, vías de transporte, suministro de alimentos y agua. La cuestión es si vamos a esperar a que sucedan los desastres para luego intentar arreglarlos. O si vamos a adoptar estrategias precautorias que disminuyan los riesgos y aseguren el funcionamiento de una sociedad cada vez más interrelacionada y, por ende, interdependiente. En un mundo globalizado, los problemas locales rápidamente se pueden extender y convertir en crisis globales.

Diálogo y más diálogo

• Para encarar los desafíos pendientes se deberá lograr una detección temprana de problemas y la diseminación de información basada en evidencia. Esto requiere de un diálogo constante entre la academia y la política.
• La magnitud de los problemas locales en el contexto de un aumento de eventos climáticos extremos requiere de una cooperación internacional. Los acuerdos internacionales respecto a la reducción de emisiones y manejo sostenible de ecosistemas deberían ser vinculantes, más allá de coyunturas particulares.
• En el futuro serán cada vez más frecuentes los procesos de toma de decisión en contextos de crisis. Es ineludible el diálogo con la ciudadanía y los grupos que representan intereses particulares. Pero la decisión —y, por tanto, la responsabilidad final— recae en los partidos políticos que tienen la legitimidad del voto para administrar los bienes comunes.

La sequía es una oportunidad para aprender que la democracia y su institucionalidad dependen de una eficiente administración de los conflictos derivados de la escasez. Necesitamos una fuerte institucionalidad, una ciudadanía alerta e informada y un diálogo respetuoso entre todas las partes.

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El asesinato del candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio debe marcar un antes y un después en la región latinoamericana.

Fernando Villavicencio está muerto. Fue asesinado en un acto de campaña, a solo diez días de las elecciones presidenciales del Ecuador. Asesinado a balazos, a sangre fría, después de que había prometido enfrentarse al crimen organizado y después de que había confrontado a las mafias desde el periodismo.

Las balas que le quitaron la vida no solo impactaron su cuerpo. Son balas que deben increpar a todos quienes estamos comprometidos con la democracia, las libertades y el Estado de derecho en América Latina.

Las imágenes que se viralizaron del incidente recuerdan los peores tiempos de la narcopolítica en la región. Esta es la cúspide de un proceso de degradación paulatina de la seguridad ciudadana, la cooptación de espacios políticos por el crimen internacional y la evidencia de la cada vez menor capacidad de muchos Estados para garantizar la seguridad de quienes ejercen bajo amenazas constantes sus derechos democráticos.

Defender el espacio democrático

La muerte de Fernando Villavicencio es un llamado a todos quienes se identifican como demócratas. Ante cada ataque a la política responsable, debe primar la defensa común del espacio democrático. Es también un llamado a enfrentar la ilegalidad, junto a las instituciones estatales y con toda la fuerza de la ley. Y, finalmente, un llamado a la formación de valores democráticos a los jóvenes y ciudadanos.

Ecuador está entre los países donde ha crecido la indiferencia de la sociedad con el sistema democrático. En el último reporte de Latinobarómetro (2023), casi cuatro de cada diez ciudadanos estaba a favor de la democracia y a la misma cantidad de personas esto le era indiferente. Si estas cifras siguen empeorando en gran parte de la región, y si los Estados democráticos no logran proteger a sus ciudadanos, el autoritarismo quedará a la vuelta de la esquina como alternativa, con sus supuestas soluciones fáciles y su destrucción del tejido democrático y social.

Konrad Adenauer decía que «a la larga, el derecho siempre ha sido más fuerte que la violencia y seguirá siéndolo en el futuro».

Desde Diálogo Político comunicamos nuestra convicción de que solo desde el Estado de derecho y la democracia se pueden construir países seguros para todos. Para esto, la realidad de Ecuador exige la unidad de los demócratas. Deseamos que la muerte de Fernando Villavicencio, a cuyos seres queridos extendemos nuestra solidaridad en estos horribles momentos, sea el punto de inflexión que la región tanto necesita.

Consejo de Redacción de Diálogo Político

Sebastian Grundberger
Kristin Langguth
Ángel Arellano
Manfred Steffen
Fabiola Chambi
Julio Castillo López
Gabriel Pastor
Rodrigo Melgar
Yaldimar Ruiz

Se aproxima un nuevo ciclo electoral en Venezuela signado por la incertidumbre, la falta de condiciones electorales y el evidente desinterés de gran parte de la comunidad internacional sobre la prolongada e irresoluta crisis venezolana. Junto con esto se evidencia una nueva oleada emigratoria, que parece originarse por la combinación de condiciones socioeconómicas adversas y una desesperanza en torno a posibles mejoras individuales o la ausencia de una perspectiva de cambio democrático dentro del país.

Me detendré brevemente en las tres aristas mencionadas, para luego presentar tres posibles escenarios electorales para 2024. En primer término, lo que define este tiempo, en relación con elecciones, es la incertidumbre. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) piden elecciones presidenciales en 2024. El régimen de Nicolás Maduro a través de varios referentes ratifica que sí las habrá y los principales actores opositores están activados desde ya con unas primarias de cara a escoger un candidato unitario. Todos parecen estar de acuerdo, pero no hay calendario ni fecha definidos. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE, ente oficial que organiza los comicios) está acéfalo por decisión reciente del propio chavismo y, por tanto, inoperativo hasta nuevo aviso.

[Lee también: Venezuela: ¿se abre un nuevo capítulo para la oposición?]

A esta falta de decisiones que ayuden a trazar una hoja de ruta, se suma la falta de condiciones electorales. Están sobre la mesa un conjunto de recomendaciones que hizo una misión de observación electoral de la UE en 2021, pero no hay anuncios de si estas efectivamente se incorporarán al sistema y al próximo proceso electoral. Están, además, las inhabilitaciones contra un grupo de candidatos opositores. Son medidas administrativas, en su gran mayoría reñidas con la Constitución, pero constituyen de facto impedimentos reales para que un aspirante inscriba su candidatura ante el CNE.

Elecciones y sanciones

Tanto las condiciones como las inhabilitaciones forman parte de taciturnas negociaciones a tres bandas: gobierno de Maduro y gobierno de Joe Biden (con canales directos de comunicación entre Washington y Caracas); gobierno de Maduro y representantes de la Plataforma Unitaria, una suerte de herencia de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que llevó a la oposición a su triunfo más importante en las elecciones legislativas de 2015.

No hay aún un acuerdo claro y refrendado por todos los actores involucrados sobre cómo construir la ecuación. El chavismo plantea que no irá a elecciones con sanciones. Esto significa que primero Estados Unidos debería levantar restricciones económicas y comerciales, principalmente a Petróleos de Venezuela. El Consejo de Seguridad Nacional —que lleva la vocería en este caso, más que el Departamento de Estado— plantea un proceso paulatino de levantamiento de sanciones a cambio de mejores condiciones para que los opositores participen en 2024.

[Lee también: Derechos humanos: Venezuela no se arregló]

Todo esto ocurre en medio de un cada vez más notable desinterés de la comunidad democrática internacional sobre el devenir de Venezuela. Estados Unidos, UE y Canadá siguen presionando por elecciones, pero sin encontrar eco entre países de América Latina.

Colombia y Argentina, que en determinados momentos asomaron intenciones de jugar un papel más activo, han pasado a ser invitados en las iniciativas de otros. Esto quedó en evidencia en la reunión de Bruselas, al margen de la cumbre UE-CELAC, donde la voz cantante entre los jefes de Estado en ese petit comité la tuvo el francés Emmanuel Macron.

Brasil, entretanto, con el regreso de Lula da Silva y su abordaje sobre Venezuela, parece más enfocado en sacar rédito interno para sí (por ejemplo, con el tema energético) y para la internacional anti-EUA que en construir una salida democrática que favorezca a los venezolanos.

Posibles escenarios 2024

1) Unos comicios no competitivos. El chavismo sabe que si abre cualquier compuerta de libre elección esto se revertirá en su contra y, por tanto, antes de las elecciones, usando diversos artilugios descabeza cualquier opción política con chance de ganarle. Finalmente concurre, como en 2018, una oposición leal que no pondrá en riesgo la continuidad de Maduro en el poder.

2) Unos comicios semicompetitivos. Como parte de su proceso de negociación con EUA y la UE, el chavismo accede a quitar inhabilitaciones a algunos actores opositores y no a otros, con el fin de dividir a sus adversarios. Y abre la puerta para que algunos líderes nacionales independientes se presenten en los comicios, sabiendo que un voto disperso le podría mantener en el poder como la principal minoría.

3) Unos comicios competitivos. En este momento es el escenario menos probable, y necesariamente debería estar precedido de un quiebre o fisura en el estamento político-militar. La transacción planteada por la Casa Blanca de condiciones electorales a cambio de quitar sanciones funciona. La candidatura más votada en las primarias de la oposición se inscribe en las elecciones presidenciales. Esto consolida una sólida movilización ciudadana que tiene un objetivo claro: elecciones. En el transcurso de esa campaña electoral, diversos gobiernos de América Latina le ofrecen protección o asilo a quienes saldrán del poder, como garantía de que acepten los resultados.

¿Habrá elecciones?

Mi pronóstico es que sí habrá elecciones en 2024. El régimen de Nicolás Maduro, como cualquier autoritarismo que concurre a unos comicios, hará todo lo que esté a su alcance para perpetuarse en el poder. Por tal razón, veo con más posibilidades los escenarios 1 o 2, según transcurran las negociaciones con Washington.

Un elemento preocupante, en cualquier caso, es que tal vez muchos países y organismos internacionales —agotados por la falta de salidas democráticas— terminen validando como legítimas unas elecciones que no lo sean del todo, básicamente para pasar la página en relación con Venezuela y terminar asumiendo que, a fin de cuentas, Nicolás Maduro ocupa el poder después de que tuvieron lugar unas elecciones.

Publicación original en el portal de CADAL, el 31 de julio de 2023

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En América Latina existen grandes sectores de la población que, debido a características inherentes a la diversidad humana, enfrentan desigualdades estructurales que se traducen en exclusión e impiden, anulan o reducen el goce o ejercicio pleno de sus derechos humanos. Mientras que «la asimetría en la distribución de recursos, servicios, privilegios y responsabilidades, prestigio y poder» explican la situación de desigualdad de poblaciones en histórica vulneración, la consecuencia directa en la realidad de estas comunidades, grupos sociales y colectivos es que reciben un trato desfavorable en comparación con el resto de los miembros del entorno al que pertenecen. La discriminación entra en juego limitando oportunidades y accesos y determinando la manera en que personas de estos colectivos participan en la sociedad. Este es el caso de los pueblos indígenas.

Discriminación socioeconómica de pueblos indígenas

En Latinoamérica hay 54,8 millones de indígenas, que constituyen casi el 30% de las personas en pobreza extrema. Entre algunos indicadores socioeconómicos que ilustran su situación, se conoce que su tasa de informalidad laboral es de 82,6%, 31,5 puntos porcentuales más que la de las personas no indígenas. Las probabilidades de que tengan un sueldo son 12,4 puntos porcentuales menores que las de sus homólogos no indígenas.

En la educación también enfrentan una situación de desigualdad, puesto que el 31,7% de la población ocupada indígena en la región no ha tenido ninguna formación, frente al 12,8% de los no indígenas. Y menos del 30% han tenido educación intermedia y avanzada, frente a más del 48% de los no indígenas (CEPAL, 2020). Su profunda vinculación con el ambiente también se ha visto afectada por la situación de degradación ambiental en sus territorios, que impide la obtención de medios de subsistencia tradicionales. Esto también se traduce en situaciones agudas de inseguridad alimentaria para estas poblaciones.

Subrepresentación política de los pueblos indígenas

Esta situación de desigualdad socioeconómica también tiene su correlato a nivel político, puesto que las personas indígenas tienen, además de desfavorables indicadores socioeconómicos, una situación de subrepresentación en las posiciones de toma de decisiones. En América Latina, su origen étnico-racial impacta en la posición que estas personas ocupan dentro de la estructura social y política. La discriminación y la exclusión permiten que un grupo dominante mantenga y justifique su exclusión social y económica, pero también política.

[Lee también: Desarrollo sostenible y pueblos indígenas]

Esta situación no ha sido ajena a los debates en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En la Asamblea General celebrada en República Dominicana en 2016, tras 17 años de negociación, este cuerpo político interamericano adoptó la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADIN). Aunque no tiene rango de convención, la DADIN es el primer instrumento en la historia de la OEA que promueve y protege los derechos de los pueblos indígenas en las Américas.

Un año más tarde, en 2017, la Asamblea General aprobó también el Plan de Acción para la Implementación de la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas (2017-2021), el cual tiene como objetivo principal contribuir al pleno reconocimiento, ejercicio y disfrute de los derechos los pueblos indígenas en el plano nacional, así como en el plano hemisférico, mediante el apoyo de la OEA y otras instancias del sistema interamericano.

I Reunión de la DADIN y Mecanismo de Seguimiento

Dos acciones de los Estados miembros de la OEA merecen ser reconocidas. Por un lado, y en vista de las dificultades para avanzar más rápidamente en la implementación de los contenidos del Plan de Acción, la Asamblea General de la OEA decidió en 2021 extender la duración del Plan y continuar animando a los Estados miembros, la Organización y otras instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para avanzar en su implementación. Por otro lado, en 2023 y después de siete años de aprobada la DADIN, los Estados lograron reunirse en La Antigua, Guatemala, del 20 al 22 de marzo de 2023 para evaluar la viabilidad de un mecanismo de seguimiento de la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, al igual que del Plan de Acción.

Esta primera reunión de la DADIN convocó a autoridades de política pública para pueblos indígenas, representantes de pueblos indígenas y funcionarios públicos de las Américas, además de funcionarios de organismos y cooperación internacional. Tuvo dos principales objetivos: por un lado, conocer los avances y los desafíos de los Estados miembros en la implementación del Plan de Acción 2017-2021 de la Declaración y, por el otro, analizar la posibilidad de crear un mecanismo de seguimiento institucional en el marco de la OEA.

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La reunión fue exitosa en producir un documento para el funcionamiento de este mecanismo, denominado Documento de Consenso sobre la creación del Grupo de Trabajo para la Implementación del Plan de Acción, el que fue analizado del 21 al 23 de junio en Washington DC, cuando se celebró la 53 Asamblea General de la OEA. En la Resolución Ómnibus sobre Derechos Humanos, considerada por los Estados miembros, se estableció un grupo de trabajo de seguimiento a la implementación de la DADIN, que tendrá la función de diseñar y luego operativizar el proceso de seguimiento. Se espera que próximamente los países designen a sus representantes en este mecanismo.

Retos del proceso de seguimiento

Este proceso no deja de enfrentar algunos retos, de los cuales es válido resaltar al menos dos. En primer lugar, el desafío de una plena representación de los actores que deben ser parte del proceso de designación, que harán los Estados, de las personas participantes de ese Grupo de Trabajo. El mandato que se consideró en la Asamblea General establece que los Estados deberán «presentar candidaturas de expertos al más alto nivel, y encomendar a la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad a convocar a la presentación de candidaturas de las organizaciones legítimas de los pueblos indígenas». La elección se realizará sobre la base de una terna y los nombramientos respectivos para integrar el Grupo de Trabajo.

El segundo reto es de naturaleza práctica, a saber, las dificultades en la identificación de recursos para operativizar los trabajos de este grupo de trabajo. Tenemos claro que para lograr resultados que impacten las realidades de comunidades históricamente excluidas o subrepresentadas es clave invertir en programas, proyectos y políticas que ayuden a traducir compromisos en la cotidianeidad. Sin embargo, no siempre es fácil identificar y acceder a esos recursos.      

Superar estos retos va a requerir una combinación de creatividad, para cumplir con el trabajo que se necesita en una situación de recursos limitados, y mucha voluntad política para mover la agenda, invertir en acciones concretas y, también, rendir cuenta sobre los avances e impactos de este proceso en la realidad cotidiana de los pueblos indígenas en las Américas. Más allá de estos retos, cumplir con este mandato no puede ser más relevante, considerando la situación de discriminación y exclusión que los pueblos indígenas de las Américas aun enfrentan.

* Las opiniones son personales. No representan a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Publicación original en Agenda Estado de Derecho, el 8 de agosto de 2023.

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El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido en 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Se conmemora la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la ONU, en 1982.

Los pueblos indígenas ante la crisis global

Actualmente se constata un incremento en la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Estas han salido a la palestra internacional reclamando no solo sus derechos, sino también con propuestas de conservación de sus territorios y con proyectos socioproductivos para la gestión integral de sus tierras comunitarias.

De los 2.011 millones de hectáreas en América Latina, los pueblos indígenas ocupan alrededor del 20% (404 millones de hectáreas). Los gobiernos han reconocido los derechos colectivos de tenencia sobre unos 277 millones de hectáreas, aproximadamente dos terceras partes. Más del 80% del área ocupada por pueblos indígenas (330 millones de hectáreas) son «zonas forestales y, en su conjunto, las áreas indígenas representan alrededor de la tercera parte del área forestal total de Latinoamérica. Los territorios indígenas están, en algunos casos, sobrepuestos o colindantes con las áreas protegidas (47%)».

Escenario desafiante

El escenario sigue complejo luego de la crisis sanitaria del covid-19, de la crisis ambiental y climática y de la crisis económica galopante a nivel internacional. Sin embargo, los pueblos continúan sus luchas territoriales para demostrar que es posible instaurar nuevos sistemas de desarrollo con identidad y con armonía respecto a los recursos naturales.

Muchos pueblos indígenas han desarrollado iniciativas para la conservación de la biodiversidad. Otros están dedicados a la restauración de los ecosistemas y, con ello, al cuidado y gestión de la seguridad y soberanía alimentaria, premisas que forman parte de sus cosmovisiones y formas de vida sostenibles.

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Lo cierto es que los pueblos y comunidades indígenas siguen reclamando atención de los gobiernos. Se requiere el incremento e implementación de políticas publicas diferenciales y con beneficios directos hacia ellas y ellos. Se requiere también de la asignación de presupuestos públicos para ejecución de estos proyectos. Si bien la cooperación internacional ha respaldado muchas de estas iniciativas, es necesario que los gobiernos inviertan y retribuyan la labor y rol que cumplen los pueblos indígenas en el marco de la gestión integral de sus territorios.

Según el informe del Programa Mundial de Medio Ambiente (PNUMA) El estado de la financiación para la naturaleza 2022, la financiación destinada a soluciones basadas en la naturaleza asciende actualmente a US$ 154.000 millones de dólares al año. No obstante, esta cifra es inferior a la mitad de los US$ 384.000 millones anuales que se necesitarán en 2025 para alcanzar los objetivos en materia de cambio climático, biodiversidad y degradación del suelo.

Destacada participación de jóvenes indígenas

En este contexto es importante señalar que este año la celebración global del 9 de agosto a nivel internacional está dedicada a celebrar y reconocer a los jóvenes indígenas del mundo. Así, es importante mirar a la Juventud Indígena como agente de cambio para la libre determinación.

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Hay que reconocer que la protección de los territorios indígenas es fundamental para enfrentar la crisis ambiental y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los efectos del cambio climático inciden directamente en las formas de producción, en la alimentación y en la vida de la población en general. Son las y los jóvenes indígenas que, con mayor crudeza, enfrentan la crisis del cambio climático, porque se ven obligados a migrar, a dejar sus tierras y territorios. Quienes se quedan y afrontan cómo va cambiando la Madre Naturaleza, también se confrontan con la pérdida de su idioma y su cultura, entre otros efectos.

Juventud involucrada

El involucramiento directo de la juventud indígena es esencial para la defensa de los pueblos indígenas. Por ello es vital reconocer su papel dentro de las comunidades y generar los recambios generacionales en los liderazgos para garantizar una continuidad en el cuidado y gestión del territorio.

La revalorización del idioma, de la cultura, de las costumbres es un proceso de empoderamiento colectivo e individual cuando se reflexiona sobre las raíces. Allí los jóvenes son claves para recibir ese conocimiento y para responsabilizarse de transmitirlo a las generaciones futuras. A pesar de que por mucho tiempo se ha vivido discriminación y vergüenza, hoy se puede mencionar que estos procesos de empoderamiento territorial y cultural están dando frutos positivos. Muchos jóvenes utilizan hoy las redes sociales u otros medios de comunicación alternativos para comunicar la cultura de sus padres, las historias de sus abuelos, cómo se vivía en las comunidades y cuáles son sus retos.

Retos y soluciones locales

Los pueblos y comunidades indígenas han pasado de un rol de víctimas a protagonistas, construyendo y aportando a políticas públicas, debatiendo a nivel internacional soluciones locales desde los conocimientos tradicionales, recuperando y revitalizando idiomas, culturas, cosmovisiones, formas de enfrentar la contaminación y la degradación del suelo por deforestación, entre otras problemáticas.

La recuperación de semillas, la limpieza y cuidado de ríos con plantas, la reforestación con especies nativas, entre otras iniciativas, han generado un diálogo de saberes en las comunidades con los sabios o ancianos indígenas, las mujeres y los jóvenes, ya que es muy necesario el respeto y transmisión de los conocimientos para preservar la cultura y gestión de los recursos naturales en las comunidades.

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Por último, se tiene evidencia de que «los pueblos indígenas gestionan alrededor del 40% de todas las áreas protegidas terrestres y los ecosistemas terrestres intactos desde el punto de vista ecológico del mundo. Las tasas de deforestación tienden a ser menores en las tierras de los pueblos indígenas que en los bosques que las rodean, en particular, en las áreas protegidas, debido a factores culturales, los conocimientos tradicionales, una sólida gobernanza, las políticas de incentivos» en diversos ámbitos.

Por todo ello se debe reflexionar sobre políticas públicas que respondan a las necesidades reales y se implementen con pertinencia cultural y respeto, en el marco de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

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La estrategia de los autoritarismos latinoamericanos de desarrollar un conjunto de medios propios les ha permitido a algunos gobiernos latinoamericanos asegurarse un canal para reproducir sus mensajes sin mayores filtros.

¿En qué medida los medios públicos sin autonomía del poder de turno han disminuido la pluralidad y fortalecido los autoritarismos? ¿Qué ventajas y desventajas podemos identificar y cómo se podrían evitar esos efectos negativos para el Estado de derecho? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa.

Participan

Adriana Amado, profesora universitaria, presidenta de Infociudadana y miembro del consejo editorial de Diálogo Político.

Belén Amadeo, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y especialista en comunicación política.

Laura Tedesco, profesora e investigadora en la Saint Louis University de Madrid, experta en estudios latinoamericanos y liderazgo político.

María Isabel Puerta Riera, profesora del Valencia College, autora del libro Crisis de la democracia: ¿en el umbral de la posdemocracia? (2021) y del DP Enfoque Así nos habla el Kremlin. 

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Leadership: Six studies in world strategy es el más reciente libro de Henry Kissinger, el famoso ex secretario de Estado de los Estados Unidos. En esta ocasión, el nonagenario diplomático se alejó de la fórmula de sus libros World order y Diplomacy, en los cuales discurrió extensamente sobre el orden internacional y el sistema westfaliano, para centrar su análisis en las personas icónicas que encabezaron a los Estados nación tan protagónicos de sus otras obras: los líderes.

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Comparto la opinión del autor de que hay una tendencia a invisibilizar el accionar humano en el devenir de la historia, atribuyéndole una cualidad casi accesoria en una suerte de avance inexorable y fatídico, cuando la realidad demuestra que no es así. El Reino Unido posiblemente no habría enfrentado el embate del nazismo sin Churchill, Mandela fue invaluable en la lucha contra el Apartheid y la independencia pacífica de la India no habría sido concebible sin Gandhi a la cabeza.

La premisa

Kissinger señala que los líderes son figuras atípicas. Los políticos comunes esperan a gestionar a las crisis luego de que estas tengan lugar, cuando cuentan con más información sobre los hechos, pero también cuando ya pasó el momento para tomar decisiones significativas. Los líderes, en cambio, son aquellos que tienen la visión para prever qué pasará y cuál será el curso de acción correcto, y actúan en ese delicado momento donde la información es escasa, pero cuando se pueden alcanzar los mayores logros.

El autor destaca que hay dos tipos de líderes a través de la historia: los estadistas y los profetas.

Los estadistas son aquellos que encauzan los cambios a los que se enfrenta la sociedad que lideran. Si bien no necesariamente son quienes desatan la marea del cambio, saben remontar su ola, navegando las aguas con destreza y cuidado, atemperando las cosmovisiones a menudo conflictivas y disonantes en la sociedad. Ellos entienden las limitaciones del entorno en el cual se encuentran insertos y se plantean un proyecto que pueda sobrevivir a las adversidades. Su foco está puesto en la superación de las transiciones y las épocas turbulentas y en la perduración del país que encabezan.

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Los profetas, por otro lado, son los originadores del cambio. A menudo revolucionarios, son aquellos que portan el estandarte de una transformación radical del orden o sociedad que los engendró. A diferencia de los estadistas, no buscan mantener el precario balance del statu quo, sino que procuran acabar con el statu quo de raíz y dirigir a su país a una nueva era.

Lo interesante de estos dos tipos de liderazgo que propone Kissinger es que no son incompatibles per se y, a menudo, los grandes líderes de la historia han alternado entre una y otra modalidad. ¿Cómo? En parte engendrando cambios, en parte encauzándolos con sabiduría y viceversa. El libro trata precisamente sobre figuras como las descritas anteriormente: individuos que se animaron a dar su impronta y su viraje al entorno en el que se encontraban y que cambiaron, con su conducción, la trayectoria de su país.

Los protagonistas

Kissinger centra su análisis en seis figuras: el canciller alemán Konrad Adenauer, el presidente francés Charles de Gaulle, el presidente egipcio Anwar al-Sadat, el presidente estadounidense Richard Nixon, el presidente de Singapur Lee Kuan Yew y la primera ministra británica, Margaret Thatcher.

El autor sigue a estas célebres personalidades de la historia a través de los momentos que los pusieron a prueba. Konrad Adenauer tuvo que enfrentar la ardua tarea de encabezar una Alemania recientemente restaurada a la personería jurídica y reinsertarla como una nación legítima y ecuménica en un mundo que todavía la veía como un paria internacional.

De Gaulle no sólo tuvo que lidiar con los oscuros años de la guerra y el exilio, sino por añadidura con la crisis que postró a la Cuarta República francesa y llevó a la Constitución que dio a luz la Quinta República. Nixon tuvo que enfrentar una desescalada histórica al dar marcha atrás al involucramiento estadounidense en Vietnam y luego encaminó su país a una reconciliación histórica con la China de Mao.

Sadat tomó las riendas de Egipto tras la muerte de Nasser, tuvo todavía que lidiar con los efectos de la debacle de la Guerra de los Seis Días y terminó logrando la restitución del Sinaí y un acuerdo de paz con Israel. Lee Kuan Yew tuvo que encabezar los primeros pasos de Singapur como nación independiente luego de que se quebrase el proyecto de unión con Malasia, le dio una identidad nacional a la ciudad-Estado y la convirtió en una potencia económica en su región. Y Thatcher tuvo que presidir sobre la reconfiguración del Imperio Británico, enfrentando los desafíos de la Guerra de las Malvinas/Falkland, la cuestión de Hong Kong y los atentados del IRA, a la vez que encauzaba a su país hacia una reforma económica.

Desafortunadamente oportuno

El libro de Kissinger no podría haber llegado más oportunamente. Es precisamente en estos momentos, en un contexto de guerra y crisis climática, en que el futuro es incierto y la decisión correcta, no inmediatamente aparente, cuando brillan los líderes.

La invasión rusa a Ucrania pone de relieve la vigencia de esta premisa. En una guerra donde un error de cálculo podría llevar al incremento de la muerte de civiles inocentes o, en el más siniestro de los casos, a una escalada nuclear, se requiere el coraje y la sabiduría de un líder para tomar las decisiones correctas y evitar que una agresión impune se imponga sobre la pasividad internacional.

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Caída libre, una preciosa canción de la banda de rock and roll de Uruguay La Trampa, comienza diciendo que «la mala suerte no es verdad». Por cierto, la canción no habla de política. Pero, seguramente por desviación profesional, siempre que la escucho pienso en los enormes problemas que tiene la democracia en nuestra región. La mala suerte no es verdad. Nuestros problemas políticos no deben ser atribuidos a los caprichos de la diosa fortuna. En verdad, hace al menos medio milenio, desde que Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe, que lo sabemos: «A fin que no se desvanezca nuestro libre albedrío —escribió—, acepto por cierto que la fortuna sea juez de la mitad de nuestras acciones pero que nos deja gobernar la otra mitad». Para explicar su argumento la comparó con esos ríos que pueden inundar llanuras y derribar árboles, a menos que, «en las épocas en que no hay nada que temer […], se tomen precauciones con diques y reparos».

Aprender de los errores

Ni las dictaduras ni la inestabilidad política derivan de la mala suerte. Tampoco son consecuencia de alguna conjura internacional o de la desigualdad económica. El contexto geopolítico importa. La estructura social también. Pero no explican nuestra peripecia. Si tuviéramos sistemas políticos maduros, mejores instituciones, mejores ideas, mejores prácticas, podríamos manejar mejor tanto el impacto de los vaivenes de la política internacional como las tensiones derivadas de la desigualdad. Aunque nos cueste admitirlo, nuestros padecimientos políticos son, en última instancia, nuestra propia responsabilidad. Solamente tendremos democracias estables si aprendemos de los errores del pasado.

El aprendizaje no es inevitable. Una tragedia no necesariamente deriva en una lección aprendida. Apenas genera, en todo caso, la oportunidad de aprender. Por otro lado, una tragedia tampoco es imprescindible para desatar un proceso de evolución cognitiva. En términos coloquiales: es posible aprender «por las malas». Pero también es posible —además de preferible— hacerlo «por las buenas». El aprendizaje, además, no es definitivo. Lo ganado se puede perder.

Aprender, o no, tampoco es cuestión de suerte. Para aprender, hay que hacer un esfuerzo cognitivo. Algo de esto también decía Maquiavelo. Para poder alcanzar sus objetivos políticos (conquistar el poder y mantenerse en él), el Príncipe tenía que aprender la técnica, estudiando ejemplos del pasado y la experiencia de sus contemporáneos. Por cierto, para Maquiavelo el aprendizaje era un proceso individual y exigía tomar distancia de la moral. Como veremos en seguida, un proceso cabal de evolución cognitiva es social y exige poner en el centro criterios morales.

Evolución cognitiva

Esta visión respecto del aprendizaje está inspirada en la teoría social de la evolución cognitiva de los órdenes sociales elaborada, a lo largo de su brillante y extensa carrera académica, por el profesor Emanuel Adler. Como puede leerse en su obra World Ordering, los órdenes sociales pueden aprender, modificando el conocimiento de fondo (background knowledge) que informa, y al mismo tiempo limita, las prácticas. El conocimiento de fondo es un saber compartido por quienes se ocupan de los mismos asuntos, en sus términos, por la comunidad de práctica. Y la dinámica de ese conocimiento de fondo, sin perjuicio de la existencia de emprendedores y líderes, es un proceso social.

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La evolución de las prácticas puede ser captada, retenida y reproducida por las instituciones. Esta teoría nos ofrece una excelente oportunidad para volver a pensar sobre los problemas políticos de la región. Nuestros países tienen que terminar de entender que, justamente, la única forma de construir democracias estables es poner en marcha procesos de aprendizaje como los teorizados por Adler. Nuestros sistemas políticos, las comunidades de práctica democrática de cada país, deben plantearse el desafío de desatar procesos de evolución cognitiva. Desde luego, el aprendizaje será más rápido si cada país logra tomar en cuenta las trayectorias y lecciones de sus vecinos. En ese sentido, la trayectoria política del Uruguay ofrece algunas experiencias que pueden ser de especial valor.

Uruguay, pacto y democracia

La democracia de Uruguay destaca en el concierto regional y mundial. Desde luego, algunos factores contextuales facilitaron la instauración de la democracia. Como tantas veces se ha señalado, es más fácil construir democracias en sociedades homogéneas que en sociedades divididas por clivajes sociales, étnicos o religiosos. Pero como explica Arend Lijphart hace casi medio siglo, también es posible construir órdenes democráticos en sociedades fragmentadas (v.g. Suiza, Bélgica, Países Bajos). Pero esto requiere el desarrollo de un conocimiento de fondo sofisticado, capaz de generar prácticas e instituciones funcionales al contexto. A este tipo de democracias, Lijphart las llamó, primero, democracias consociativas y, más tarde, democracias de consenso.

Hace 150 años, la sociedad uruguaya era demográficamente pequeña y homogénea. Pero estaba profundamente dividida por razones políticas. Había dos bandos en pugna: de un lado, los colorados; del otro, los blancos. Tan profunda era la división que se llegó a hablar de ambas identidades como patrias subjetivas dentro de la patria objetiva delimitada por las fronteras. Entre los colorados, en el poder desde 1865, y los blancos, en la oposición, hubo décadas de guerras civiles. Fue tan intensa la confrontación, tanta sangre se derramó, que un escritor de le época se refirió a Uruguay como la tierra purpúrea. Poco a poco, aprendieron a pactar, a reconocerse mutuamente y a distribuir espacios de poder. El proceso de democratización es consecuencia de este aprendizaje. La sangre derramada entre la Guerra Grande (1839-1851) y la Paz de Aceguá (1904), que puso fin a la última guerra civil, no explica el exitoso proceso de instauración de la democracia. Fue el telón de fondo, el enigma, el problema a resolver.

Respetar las minorías

La solución fue reflexiva, cognitiva, un cambio en el conocimiento de fondo. La comunidad de práctica democrática en Uruguay, elaboró, asimiló e institucionalizó nuevas ideas. La más importante de todas: que la democracia no es solamente el gobierno de la mayoría, sino un régimen que respeta a la minoría hasta el punto de permitirle, llegado el caso, convertirse en mayoría, y pasar a ejercer el poder.

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Una vez que se comprende que la democracia depende, en última instancia, del conocimiento de fondo compartido por sus practicantes, queda más en evidencia que nunca el papel de intelectuales y expertos. Nuestro mundo, el de quienes trabajamos en la esfera del saber, puede contribuir con los procesos de evolución cognitiva de los órdenes democráticos o conspirar contra ellos. La democracia no depende solamente de nosotros. Pero también nos precisa.

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Juan Luis Manfredi es catedrático Príncipe de Asturias (Georgetown University). Profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte Periodismo y Relaciones Internacionales. Docente en la Facultad de Comunicación (Cuenca) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Toledo). Académico del Observatorio para la Transformación del Sector Público, en el campus de ESADE Madrid.

Adriana Amado: Gracias por aceptar esta conversación por WhatsApp sobre el orden mundial. ¿Qué puede decir de la diplomacia global a un año y medio de inicio de la guerra de Ucrania?

Juan Luis Manfredi: Más de 500 días de guerra nos sirven para saber que el statu quo de 1945 (Yalta y las zonas de influencia), 1978 (Helsinki y la inviolabilidad de las fronteras) y 1989 (Berlín y la caída del Muro) ha sido barrido. El sistema político y diplomático que venga después, sea desglobalización, sea posguerra fría, inaugura un nuevo desorden global 🤷🏼‍♂️

Adriana Amado: ¿Nuevo desorden global? 🤨

Juan Luis Manfredi: 🗽🪆🇪🇺 🇨🇳 La incertidumbre no ha hecho más que empezar. 2024 será un año decisivo, porque habrá un ciclo electoral relevante: Estados Unidos, Taiwán, Rusia y Ucrania, así como el Parlamento Europeo o México eligen a sus nuevos líderes políticos. Estos son los llamados a firmar la paz y gestionar la desglobalización.

Rol de los bloques económicos

Adriana Amado: ¿Qué impacto tiene este contexto en los bloques económicos?

Juan Luis Manfredi: Ahí reside una de las grandes paradojas. Occidente se ha cohesionado aún más y ha atraído a nuevos actores (Catar, Corea del Sur). Sin embargo, otros países han hecho valer su fortaleza económica. Arabia Saudí domina la conversación sobre el petróleo y las energías globales. India compra más petróleo ruso que nunca. China comercia con Rusia y ha comprado empresas y materias primas.

Adriana Amado: ¿Sirven las sanciones económicas?

Juan Luis Manfredi: Las sanciones económicas han funcionado, sí, pero no en una única dirección. Rusia es un mercado emergente, sin grandes capacidades, pero interesante para India y China, que aprovechan su oportunidad. Por su parte, la UE y Estados Unidos han acelerado una cierta política industrial de corte local, una vuelta a la idea de que la seguridad principia en la economía y la industria.

Adriana Amado: ¿La guerra exageró ciertos alineamientos de Latinoamérica hacia el eje asiático?

Juan Luis Manfredi: Veo dos elementos convergentes. Por un lado, determinados liderazgos en la región están anclados en un discurso populista, que gusta del toque antiestadounidense y antieuropeo. Es una estética anticolonial, muy fuera de su tiempo, pero que tiene su público. No ofrece soluciones, pero sí articula una narrativa poderosa. Por el otro, Estados Unidos y la UE no se han interesado por la región en la posguerra fría. No aparece como prioridad. No tiene un lugar principal en la conversación pública. Apenas se le dota de recursos diplomáticos. Que el Mercosur y la UE no tengan un acuerdo de libre comercio es solo una muestra de esta dejadez.

Rusia y China ocupan espacios

Adriana Amado: Dice el dicho que cuando el gato no está… 🐀🐀🐀

Juan Luis Manfredi: Rusia y China han aprovechado el espacio. Porque esta es la única lección de estrategia que se repite: cuando algún actor internacional pierde el interés por una región, otro aparece con energías renovadas. En el plano práctico, sobre todo desde China, se ha impulsado un intercambio comercial sin relaciones políticas o sin interferencias. Este consenso de Beijing interesa a muchos de los líderes de la región, que no quieren saber nada de democracia, Estado de derecho o libertades públicas 🗽

Adriana Amado: Ocurre que para cierta dirigencia latinoamericana (y española también, agreguemos) parece más importante el rechazo al imperio que asocian a Estados Unidos que el respeto a la democracia 🤨

Juan Luis Manfredi: El imperialismo ha colmado buena parte del pensamiento de estas élites. Pero el mundo ha cambiado mucho. Tanto como para pensar bien con quién queremos comerciar, relacionarnos e interactuar en las próximas generaciones.

El futuro, ¿con o sin democracia?

Adriana Amado: ¿A quién beneficia un bloque de democracias debilitadas?

Juan Luis Manfredi: Sin democracia, el futuro de la región pasa por depender de las inversiones chinas. Es otro tipo de imperio, pero persigue los mismos fines: extraer materias primas, agradecer a las élites y olvidarse de la clase media. No le veo la ganancia. La UE más que Estados Unidos debe recuperar ese impulso para converger en lo económico con fines políticos, de transición energética y digital, de inclusión y vulnerabilidad. Hay mucho trabajo pendiente, pero hay buenos liderazgos en la región 🌎

Adriana Amado: Muchas gracias por el cierre optimista. 🙏🏻

Juan Luis Manfredi: Soy kantiano, ergo, optimista desinformado. 🤭

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El término progresista sigue usándose de forma genérica en la opinión pública. Con una connotación positiva desde las izquierdas, en contraposición (también simplificadora) a la opción de derecha etiquetada como reaccionaria. Los recientes eventos electorales de la política española, entre otros, reviven estos usos donde un error conceptual acompaña una intencionalidad política. Un tema lo suficientemente relevante como para animar su discusión.

El sentido de una idea

Progresismo, en tanto narrativa y cosmovisión, remite a la idea de progreso, concebida como proceso de cambios paulatinos y sostenidos en el tiempo que provee innovaciones (técnicas, culturales, productivas, morales) favorables a la existencia humana. Enmarcados por la Modernidad como época y la Ilustración en tanto movimiento intelectual, las nociones de progreso y progresismo remiten a una filosofía de la historia y un sentido de la existencia humana (individual y colectiva) preñadas de esperanza y optimismo.[1]

Al ubicar el fenómeno dentro de un mapa de cosmovisiones sociales, podemos identificar sus contenidos. Si la polaridad politica contrapone democracia y autocracia (según los principios organizativos del poder); la polaridad ideológica diferencia izquierdas y derechas  (a partir de concepciones distintas del desarrollo y justicia sociales); la polaridad cultural diferencia ciertas posturas que consideran naturales las jerarquías entre naciones, clases, razas, géneros, religiones y culturas de aquellas que buscan  ampliar el progreso de capacidades y libertades de los distintos sujetos, individuales y colectivos.

Ser progresista supone apostar a lo secular, la diversidad y el pluralismo como atributos y horizontes deseables de la evolución social, dentro y fuera de Occidente. Sin impulsarla mediante una ingenieria social revolucionaria, sin resistirla con la violencia reaccionaria, siendo ambas legados de los totalitarismos, de izquierda y de derecha, del siglo XX.

La realidad del cambio

Ser progresista pasa por reconocer la legitimidad de nuevas demandas sociales, así como la confianza de la acción pública para convertirlas en derechos y empoderar (sin desprecio de sujetos o agendas tradicionales) a sujetos preteridos y/o emergentes. Así, el progresismo habita diversas corrientes ideológicas y actores políticos. Se trata de una noción transideológica, que debe evaluarse por la correspondencia entre promesas y realizaciones, pues las ideologías (en tanto conjuntos de ideas y valores que orientan nuestra percepción y transformación política del mundo),[2] deben ser siempre reconocidas en su diversidad y evaluadas en su concreción.

Los progresos en materia de derechos y capacidades no son monopolio de una ideología particular. Derivan de la acción y consensos logrados en un marco democrático.

La política latinoamericana (en sus dimensiones legales, institucionales y de provisión), muestra que los avances progresistas de beneficio concreto para las sociedades se han producido en países donde las agendas de gobierno y oposición, aunque guiadas por ideologías distintas, convergían en un entorno democrático.

Progresismo en América Latina

Si evaluamos la realización de elecciones libres y justas (condición básica, aunque no suficiente, para el progreso de la política democrática),[3] los casos de mayor vulneración son tres autocracias revolucionarias (Cuba, Nicaragua y Venezuela), acompañadas por populismos conservadores (El Salvador, Guatemala) sacudidos por el personalismo, la violencia criminal y la fragilidad institucional. Gobiernos como los de Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay, con diversa orientación ideológica, han mantenido una calidad adecuada en esos procesos de elección popular.  

El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo (causa progresista emblemática) fue conseguido en Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Colombia (2016), Ecuador (2019), Costa Rica (2020) y Chile (2022).[4] Al aprobarse, gobernaban fuerzas de izquierda en los tres primeros países. En los otros cuatro lo hacían formaciones de centro y derecha. Los eventos recientes de criminalización de la comunidad y el activismo LGBT en Venezuela y Cuba coinciden con la homofobia de aquellos liderazgos y movimientos iliberales de la derecha latinoamericana estrechamente aliados al fundamentalismo religioso.

En materia de política pública, en la coyuntura de crisis sanitaria desatada por el covid-19,[5] los países se distinguieron en cuanto a formas (punitivas o no) de control de los movimientos humanos y la transparencia en el monitoreo de la gestión gubernamental. Siendo el derecho a la vida un criterio esencial para evaluar el progreso, los países punteros en cobertura de vacunación (Argentina, Cuba, Chile, Panamá, Uruguay) poseían, menos la isla caribeña, gobiernos de origen y desempeño democráticos.

Lo político, antes que lo ideológico, parece marcar el horizonte de posibilidad del progresismo realmente existente. Claro que puede usarse el termino entrecomillado, como identificador de agendas y alianzas (geo)políticas particulares (la Internacional Progresista, por ejemplo) pero sin que ello equivalga a endosar la narrativa que identifica palabra y contenido.

Una ruta posible

En una entrevista reciente, un periodista interrogaba a Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, sobre su postura ante una idea de lo progresista identificada «como concepto político y asociada a la izquierda». A lo cual el presidente contestó: «Me gusta la palabra progreso, y de allí me gusta la palabra progresista […]. No sé si la tiene comprada, alquilada, en usufructo o en comodato».[6] Tiene razón el mandatario. Como sucede con los derechos humanos, el progresismo realmente existente es un fenómeno transideológico.

Dentro de un contexto nacional y global intrínsecamente plural, los liderazgos, movimientos y programas políticos deben evaluarse con apego a sus realizaciones, no a supuestos normativos autorreferentes. El saldo del último siglo (en términos de libertad, equidad y prosperidad) de las izquierdas y derechas revela que ninguna polaridad puede presumir, a priori y monopólicamente, la encarnación del progreso humano. Este cobra vida en el cruce, dinámico y a ratos conflictivo, de agendas nacidas desde diversos ismos, que hacen de la deliberación, el gradualismo, el consenso y el pluralismo medios para una sociedad mejor. Seguir usando el termino progresismo, afirmativa o peyorativamente, como denominación de una sola polaridad política, es una trampa evitable, de la cual podemos liberarnos. Y así liberaremos, de paso, al propio progresismo.

Notas:

[1] Gabriel Zaid, Cronología del progreso, Debate, Mexico, 2016.

[2] Freeden, M., Tower, L., y Stears, M. (Eds.) The Oxford Handbook of Political Ideologies. NY: Oxford University Press, 2013.

[3] Ver al respecto los indicadores de Freedom House https://freedomhouse.org/report/freedom-world y del Proyecto Reformas Políticas en América Latina https://reformaspoliticas.org/elecciones/

[4] https://es.statista.com/grafico/18091/paises-donde-es-legal-el-matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo/ y https://distintaslatitudes.net/interiorlatam/decir-si-quiero-fuera-de-una-capital

[5] https://www.as-coa.org/articles/cronologia-rastreando-el-camino-hacia-la-vacunacion-en-america-latina y https://es.statista.com/grafico/24335/vacunacion-contra-el-coronavirus-america-latina/

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La política se ha subido a la tendencia de la ya taquillera película Barbie. En España, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz fueron los protagonistas de esta cruzada rosa, en medio de una fuerte contienda electoral. A otros como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, no les fue tan bien, pues un polémico video con montaje del filme fue borrado de las redes sociales ante la avalancha de críticas. Tal vez el mundo plástico de la muñeca más famosa no es para todos, o no todos entienden lo que significa ser parte de él.

Abstraída por la perfección de Barbiland, la tierra de la supremacía femenina, una Barbie estereotípica, interpretada por Margot Robbie, comienza a tener pensamientos mundanos como la muerte o la celulitis.

En esa misma aventura, el hallazgo de Ken, el just Ken de los memes, caracterizado por Ryan Gosling, le permite a Barbie mirar de frente un nuevo y sorprendente mundo.

Poder, política y plástico

Con una aguda sátira, el filme se esfuerza en sus significados, a veces demasiado. Cuenta con escenas de lúcidos diálogos que no exigen más que una escucha atenta para comprender su hondo contexto social. Cuando un afligido y realista Ken devela su apego al poder absoluto y necesidad de aceptación; cuando se gesta el retorno de las Barbies con una revolución basada en estrategia y votos; cuando la Barbie presidenta se da cuenta de que no se puede volver al absolutismo femenino porque otros merecen tener voz en una nueva forma de gobierno. Ahí está la política en esta controvertida película.

Hay muchas formas de entender Barbie más allá de su afán por profundizar en los roles de género y calificarla como buena o mala, osada o tibia. El talento e ingenio de Greta Gerwing como directora de una película genuinamente artificial encuentra réditos al mostrar una sociedad en la que no encajamos todos y en la que algunos cambios son urgentes. Barbie es casi un manifiesto político. ¿Somos capaces de cuestionar el sistema y mover las estructuras? ¿Cómo lo hacemos?

El mundo que logra reconstruir Barbie carece de absolutismos y es prometedor, pero no se erige mágicamente. Los consensos suceden alrededor del diálogo, el recurso más valioso para defender las prácticas democráticas. Un final coherente para un espectador que, sin pensarlo, fue rehén de la política.

No solo un estereotipo

Las referencias políticas de Barbie sobrepasan el live action de Gerwing y se remontan a sus inicios hace 64 años, cuando fue presentada por primera vez. Desde ese momento dio pie a una verdadera revolución cultural, política y social. El concepto de la muñeca que se ve como una «mujer real» capaz de lograrlo todo en una sociedad capitalista donde ella encaja muy bien, ha impactado a muchas generaciones.

No es casual que la Barbie astronauta haya salido al mercado en 1965, cuatro años antes de que Neil Armstrong llegara la Luna, un paso significativo que reforzaba el concepto con el que su creadora, Ruth Handler, dio vida a la muñeca: «Tú puedes ser lo que quieras…». Una osadía feminista para esa época, que alejaba a las niñas del rol impuesto de ser madres como privilegio irrenunciable.

Una mirada al futuro

La popularidad de Barbie también inspiró la creación de muñecas que reforzaran sus propias culturas, en sociedades como las musulmanas, donde es imposible pensar en un referente de esas características.

Es verdad que ese estereotipo de belleza perfecta y símbolo de la cultura occidental han mantenido siempre a Barbie bajo críticas, polémicas y prohibiciones. Ser visionaria y autónoma no fue suficiente; por eso en los años ochenta se introdujeron las Barbies con diversidad racial.

¿Por qué sigue importando el lugar que ocupa Barbie en el siglo XXI? Porque no es solo una muñeca de plástico.

Más allá de la millonaria recaudación y la marea rosa cubriendo las salas de cine, la innovadora y sugestiva narrativa de Greta Gerwing para Barbie está motivando debates públicos con fuerte carga política y social. Un zoom in hacia las sociedades en su más crudo estado, y donde a veces la distopía nos supera.

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México se ha consolidado como un país en donde el populismo de izquierda logró conquistar el poder e influenciar en varias latitudes desde la conformación del Grupo de Puebla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en una elección democrática en 2018 con gran apoyo popular. Desde el poder intentó, a través de estrategias legislativas, legales y comunicacionales, incrementar su influencia para que la presidencia volviera a ser un poder central y hegemónico frente a un poder Legislativo y Judicial ajustado a su medida. Hasta cierto punto logró su objetivo, gracias a la mayoría legislativa que obtuvo y a la designación de un presidente de la Suprema Corte afín a su voluntad.

Esto no es algo nuevo. México ha sido un país muy presidencialista durante décadas. Recién en 1997 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió su hegemonía. El primer Congreso donde el presidente de la República no contó con la mayoría legislativa para hacer reformas unilaterales. Este fue el inicio de la alternancia que en el año 2000 consolidó Vicente Fox cuando por primera vez un partido opositor, el Partido Acción Nacional (PAN), ganó la presidencia.

Federalismo en picada

Durante los primeros tres años de gobierno, López Obrador inició una cruzada contra los contrapesos de poder, colonizándolos o ahorcándolos. Colonizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos poniendo (a espaldas de la ley) a una dirigente de su partido Morena al frente de la institución. Ahorcó a la Comisión Reguladora de Energía al quitarle presupuesto. Además dejó vacantes parte de sus direcciones por proponer personas que no pasaron la examinación del Senado. Mediante una reforma se eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Así, cada contrapeso ha sido atacado o disminuido, y la presidencia ha conseguido aglutinar más atribuciones y centralizar el poder en detrimento del federalismo.

Nacimiento de una coalición

Para 2021 el poder de López Obrador se vio reducido al perder la mayoría absoluta de dos tercios en el Congreso. Esto le impide hacer reformas constitucionales. La oposición se alió en un proyecto que se llamó «Va por México» y, aunque no logró arrebatarle la mayoría simple (la mitad más uno de los votos de la Cámara de Diputados), el bloque opositor tuvo más votos que el bloque del gobierno.

Ahora, después de la exitosa experiencia de la elección de 2021 y del intento del presidente López Obrador de desmantelar la autoridad electoral, que se vio frustrado por la participación de los partidos políticos con la sociedad civil, se ha conformado el Frente Amplio por México. Esta coalición reúne a los tres principales partidos de oposición y a más de 250 asociaciones civiles.

¿Quiénes conforman la alianza partidaria contra Morena y la práctica populista de AMLO? Son tres partidos: el PAN, partido humanista fundado en 1939, que representa la principal fuerza de oposición actual en México; el PRI, por muchos años hegemónico en México; y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989 como una escisión del PRI con la suma de las principales fuerzas de izquierda. Además, se sumaron a la plataforma más de 250 asociaciones civiles como el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México, Unidos por México, etc.

¿Cómo elegir un candidato?

Por primera vez en la historia de México se hará una elección primaria en donde participarán los tres partidos mencionados junto con las asociaciones civiles. Para ello, se conformó un Comité Técnico Organizador que funge como autoridad electoral para la elección primaria. Está constituido por siete personas independientes con experiencia como autoridad electoral y seis representantes de los tres partidos políticos (dos por cada uno).

El proceso tendrá tres fases: una primera etapa, que ya inició, de registro de aspirantes a coordinar el Frente Amplio. Fueron aceptados trece candidatos. Cada uno debe reunir 150.000 firmas de apoyo, suscritas en una plataforma digital (www.frenteampliopormexico.org.mx). Quienes cumplan con ese primer requisito pasarán a una segunda etapa, cuando se hará un primer foro para discutir y analizar la visión de cada aspirante.

Se hará un primer estudio de opinión pública que mostrará las tres candidaturas con mayor apoyo popular para la siguiente etapa. Con los tres electos se harán cinco foros temáticos regionales y se llevarán adelante dos procesos: un segundo estudio de opinión pública y una votación de todas las personas que se registraron dentro de la plataforma digital (sin importar a quién apoyaron inicialmente al registrarse). El candidato con mayor apoyo, tanto en el estudio de opinión como en la consulta directa a los inscritos, será el responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México. El resultado final se sabrá a inicios de septiembre.

Expectativa y participación

Además del proceso para elegir a la o el representante del Frente, se realizan mesas de trabajo para construir la plataforma electoral y el programa de gobierno. Cada partido registrará su propia plataforma. Y también se registrará un programa conjunto en donde se enunciarán las principales causas por las que el Frente está unido. Con este proceso no solo se rompe un paradigma de arquitectura político-electoral en México. También se demuestra que, ante una amenaza autoritaria, se pueden sumar las diferentes fuerzas políticas que construyeron la democracia y las instituciones de México.

Hasta el momento, el proceso ha generado una gran expectativa y participación social. Lo que en un inicio parecía un proyecto utópico, ha tomado forma y ha despertado la esperanza de cambio. Los partidos que históricamente habían sido rivales hoy se han unido ante la amenaza de un populismo autoritario. Han dejado atrás las diferencias para hacer un programa conjunto de rescate de las instituciones, las libertades ciudadanas y los derechos.

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La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, conocida como ONU Mujeres, publicó su informe anual sobre la proporción de mujeres en cargos políticos en cada país del mundo.

El año 2023 nos demuestra que diversas naciones latinoamericanas destacan en términos de paridad de género en sus legislaturas, pese a su volatilidad política y económica. Establecen un ejemplo para otras regiones sobre la importancia de procurar representación equitativa y evidencian que no es un concepto únicamente alcanzable para Europa Occidental.

Ministras a cargo de «temas de mujeres»

Globalmente, únicamente el 9,8 % de jefes de Gobierno son mujeres, mientras que solo dos países (Honduras y San Marino) también tienen una jefa de Estado. Aunque esto constituye un evidente caso de infrarrepresentación, muestra un avance respecto al último reporte en 2021, donde se trataba de 6,7 % de mujeres ocupando esta función.

La cifra es más favorable en el caso de ministerios, pues mujeres ocupan casi un cuarto (22,8 %) de los cargos. Colombia (50 %), Chile (58,3 %) y Nicaragua (62,5 %), así como el estado africano Mozambique (55 %), destacan entre las naciones no europeas que alcanzan, o incluso superan, la paridad en sus secretarías de Estado.

Debe señalarse que la mayoría de las ministras se asignadas a instituciones relacionadas con familia, igualdad y asuntos sociales. Por otro lado, hombres dominan áreas típicamente asociadas con temas «masculinos», como economía y defensa. Esta discrepancia presenta un peligro para la equidad de género a largo plazo, pues promueve un mensaje erróneo sobre las reducidas capacidades de las mujeres.

América, la región con mayor paridad legislativa

El 26,5 % de legisladores en cámaras bajas o únicas en el mundo son mujeres. Mientras que el Medio Oriente, el norte de África y el Pacífico fallan en alcanzar siquiera un 20 % de paridad, América supera a Europa con un 34,9 % de participación femenina.

Aun drásticamente por debajo del ideal 50 %, la cifra posiciona al continente como líder en igualdad legislativa. Contrastando expectativas, este ranking no es gracias a los progresistas norteamericanos Canadá y Estados Unidos. Por lo contrario, los porcentajes de ambas naciones se posicionan tan solo en el promedio de la región.

De forma similar, Uruguay, usualmente reconocido como líder en democracia, estabilidad política y progreso social, decepciona al lograr solo un 26 % de involucramiento de mujeres en su Asamblea General. Finalmente, Brasil, cuya cámara baja es una de las más grandes en el mundo, obtiene la puntuación más baja de la región y el lugar 129 en el mundo.

Por otra parte, Estados latinoamericanos usualmente asociados con el crimen, las tendencias autoritarias y el bajo respeto a los derechos humanos ocupan tres de los cuatro primeros puestos. Cuba, Nicaragua y México, junto a Ruanda, Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda, son las únicas naciones en 2023 que cumplen con una división equitativa en su cámara baja o única. Asimismo, Costa Rica, Bolivia y Argentina les siguen de cerca.

Leyes de cuotas y su efectividad

Las leyes de cuotas son disposiciones legales diseñadas para promover la distribución equitativa entre hombres y mujeres en los puestos gubernamentales de elección. Su implementación ha sido controversial entre distintos grupos. Se argumenta que actúa en contra del concepto de meritocracia, al no elegir a la persona más calificada independientemente de su género. Sin embargo, en vista de la baja representación de un grupo tan importante en la sociedad, las leyes de cuotas son a menudo la manera de asegurar paridad más eficientemente, en especial, en la rama legislativa.

[Lee también: Más mujeres, mejor democracia]

Su ejecución puede variar, dependiendo del resultado y la drasticidad deseada. Algunos países como Colombia, Argentina y Nicaragua únicamente implementan leyes que especifican el porcentaje de mujeres que deben estar presentes en listas de candidaturas, pero no dictan quién debe ser elegido. Otros, como Uruguay, han pasado leyes que hacen obligatoria la participación de ambos sexos en todas las listas de candidaturas en elecciones locales, regionales y nacionales. Sin embargo, al no especificar un porcentaje, esta norma se cumple fácilmente con la elección de una sola mujer y no conduce necesariamente a una efectiva elección paritaria.

En otras naciones, se implementan cuotas en el ámbito ejecutivo, como en el Perú, donde las candidaturas para presidencia, primera y segunda vicepresidencia deben contener al menos una mujer y un hombre.

Finalmente, existen leyes de cuota que decretan un 50 % para cada sexo en sus cámaras, como en Costa Rica y México, cuyos sistemas de elecciones uninominal y plurinominal hace posible lograr este objetivo.

Paridad legislativa

No obstante, Cuba, que ha alcanzado la segunda participación de mujeres más alta en el mundo en su cámara única, lo ha logrado sin implementar ninguna ley de cuotas. Asimismo, Nicaragua ha conseguido paridad legislativa únicamente aplicando leyes que prescriben la igualdad en listas de candidaturas, no en las elecciones mismas. Mientras las leyes de cuotas pueden ser una manera efectiva de impulsar a un país en la dirección correcta, bajo las circunstancias adecuadas no son necesarias para la representación igualitaria de ambos sexos.

Es importante mencionar que este nivel de paridad no siempre se refleja en las legislaturas locales, donde tiende a existir incluso más discrepancia entre ambos sexos. Asimismo, la representación de mujeres en la legislatura no necesariamente significa que sus derechos hayan avanzado de manera proporcional. No debemos olvidar que muchas de estas naciones aún se enfrentan a graves casos de feminicidios, diferencias salariales de género y sociedades machistas.

No obstante, la paridad legislativa es uno de los pasos más importantes en la lucha hacia la igualdad de género, pues se necesita representar y escuchar a las mujeres en todos ámbitos de la política. El hecho de que gran parte de América Latina haya implementado las medidas necesarias para avanzar en el involucramiento de las mujeres en la política debe celebrarse.

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Un informe reciente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) recoge un mapa con los principales flujos migratorios de periodistas forzados al exilio por motivos de seguridad. En Latinoamérica, los países que han sido identificados con la mayor movilidad de periodistas en huida son Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Tres de estos se encuentran bajo autoritarismos de izquierda (Cuba, Nicaragua y Venezuela), uno más, bajo un autoritarismo de derecha (El Salvador), y el quinto (Honduras), con un alarmante clima de violencia contra periodistas.

Si bien las naciones mencionadas no son las únicas con problemas en el libre ejercicio de la prensa, acceso a la información y transparencia, son las que RSF identifica como principales emisoras de periodistas refugiados. Esta realidad se ha extendido a la par del autoritarismo. Es decir, a mayor cantidad de autoritarismos y mayor influjo de las potencias autoritarias en nuestra región, mayor cantidad de presión contra el periodismo independiente. El mapa de libertad de prensa de RSF (2023) es útil para mirar la tendencia de las restricciones a los medios de comunicación en el mundo. En este, la mancha de color rojo oscuro muestra cómo esta variable se encuentra directamente vinculada a países autoritarios y democracias frágiles.

Periodistas en el exilio

Para RSF, el panorama en los autoritarismos de izquierda está caracterizado por la asfixia a la crítica y la investigación. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha despojado de por vida a varios periodistas de su nacionalidad, ha cerrado medios de comunicación y anulado la crítica y el escrutinio de la administración pública. En Venezuela, el chavismo ha instalado dos décadas de restricción a la libertad de expresión y una hegemonía estatal. Por otro lado, Cuba «sigue siendo el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa».^[1]

En otro punto del espectro político está El Salvador, aunque con similares pretensiones restrictivas. «Desde que accedió a la presidencia, en junio de 2019, el presidente Nayib Bukele ataca y amenaza a los periodistas no afines a su gobierno. El ejercicio periodístico está marcado por el acoso a medios críticos y la criminalización de la cobertura sobre seguridad pública y pandillas. El uso de trolls refuerza la narrativa oficial y la información sobre asuntos públicos es confidencial desde la pandemia».^[2]

[Lee también: Julia Gavarrete: «No existe independencia de poderes en El Salvador»]

En Honduras, la débil institucionalidad y hechos de violencia contra periodistas es la constante más alarmante. El reporte indica que «la prensa hondureña vive un lento descenso al infierno desde hace más de una década, tras el golpe de Estado de 2009. El país sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo en el continente americano, lo cual crea un clima de autocensura y miedo en la prensa».^[3]

A estas situaciones preocupantes se le debe sumar Bolivia, donde se han reportado solicitudes de asilo de periodistas de esa nacionalidad en países como Estados Unidos, o Guatemala, donde se evidencia una creciente tensión contra la prensa crítica.

Hacia dónde van

¿Cuáles son los principales países de acogida? De acuerdo con el mapa de RSF, los periodistas y medios exiliados de Venezuela huyen principalmente a Colombia y a Europa, especialmente a España. Aunque también existen diversos medios exiliados en los Estados Unidos. Por otro lado, los periodistas y medios de Nicaragua, El Salvador y Honduras huyen principalmente a Costa Rica. En el caso de Cuba, como ha sido tradición desde hace varias décadas, los comunicadores se exilian mayoritariamente en los Estados Unidos.

[Lee también: Erosión de los medios: señales para la democracia]

Los periodistas y medios en el exilio operan desde estos países de acogida e intentan desarrollar una labor, muchas veces marcada por sacrificios logísticos, operativos y económicos, enfocada en la denuncia e investigación contra las restricciones de las libertades, la denuncia de la violencia y los abusos de las autoridades estatales. Si bien la digitalización ha amplificado la voz del periodismo independiente, las serias limitaciones del ejercicio en los países marcados en este mapa de RSF evidencian una región con serias complicaciones. La condena a la limitación de la libre información hace un llamado a la denuncia de esta realidad y la consecuente solidaridad democrática.

La libertad de prensa es a la democracia lo mismo que la sangre al cuerpo. El estado de la libertad de expresión dice mucho de la salud institucional y la pluralidad de un país. Esto en América Latina es particularmente importante, una región mayormente democrática, pero con serios problemas de libertad de prensa, periodistas asilados y medios de comunicación en el exilio.

Notas:

^[1] Citas tomadas de RSF (2023). Clasificación mapa global.

^[2] Ídem.

^[3] Ídem.

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Los resultados de las elecciones generales del pasado 23 de julio en España dejan más dudas que certezas. El nuevo Parlamento tendrá una enorme complejidad aritmética que vuelve muy complicada la conformación de pactos y coaliciones de gobierno mínimamente estables y duraderas.

Las encuestas previas, así como los resultados de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, auguraban una clara victoria del Partido Popular encabezado por Alberto Núñez Feijóo. También, abrían la puerta a la posibilidad de lograr la mayoría absoluta junto con Vox, partido conservador ubicado a la derecha del PP, con el que ya gobiernan en diferentes ciudades y comunidades autónomas. Pero la realidad ha sido muy distinta.

El PP y su laberinto

Ciertamente el partido más votado fue el PP, que obtuvo 136 de los 350 escaños. Sin embargo, sus opciones de obtener una mayoría parlamentaria que pueda investir a Feijóo como presidente del gobierno parecen remotas. Esto en parte se debe al desplome de Vox, que con una campaña errática y fuera de foco bajó de 52 a 33 escaños. La suma de ambos está lejos de los 176 diputados necesarios para conformar una mayoría parlamentaria. Ningún otro partido ha mostrado interés en sumar con el PP.

Ante esta situación, el actual presidente, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, se ha dado a la tarea de intentar formar nuevamente gobierno. Para eso necesita el apoyo de socios con los que, sin embargo, ha gobernado hasta ahora.

Por un lado, Sánchez deberá renovar el apoyo de Sumar, la nueva marca electoral de Podemos, partido situado en la izquierda más radical e ideologizada, que rechaza el régimen monárquico, reivindica el comunismo, y que ha sido un permanente apoyo internacional de regímenes como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua o Irán, y se ha mostrado también favorable en algunos casos a las posiciones rusas en la invasión a Ucrania.

Los acuerdos del PSOE

Asimismo, Sánchez necesitará el voto de los herederos políticos de ETA, hoy aglutinados en Bildu, y del Partido Nacionalista Vasco. Además, tendrán también la llave de su investidura los independentistas catalanes que en 2017 provocaron una crisis de Estado al declarar ilegalmente la secesión de aquella región.

Carles Puigdemont, líder de Junts, se encuentra prófugo de la justicia de España y, a pesar de eso, de él depende que Pedro Sánchez se mantenga en el gobierno. Su partido ha dicho que exigirá un referéndum para la independencia de Cataluña a cambio de apoyar a Sánchez. Es posible, sin embargo, que matice esta posición.

La estrategia del nacionalismo catalán siempre ha sido ir ganando espacios paulatinamente, por lo que no debe descartarse su voto favorable (o al menos su abstención) a la investidura de Sánchez a cambio, quizá, del indulto al mencionado Puigdemont y de nuevas cuotas de autogobierno.

De no lograr los anteriores apoyos, lo más probable es que se repitan las elecciones. Esto ya ha ocurrido en los dos procesos anteriores. Tras las elecciones de 2015 ningún partido pudo formar gobierno, por lo que en 2016 se llevaron a cabo nuevos comicios, lo mismo que en 2019. Esta opción no debe descartarse, ya que las exigencias de los posibles socios de Sánchez no lucen fácilmente satisfechas.

Crispación y confrontación

Que la gobernabilidad de España esté en manos de partidos que rechazan expresamente el orden constitucional y que incluso buscan romper la unidad del Estado español no es una buena noticia. Augura cuatro años más de polarización social y política.

Hace varios años que los dos grandes partidos de España, el Popular y el Socialista, no alcanzan acuerdos básicos en asuntos fundamentales para la estabilidad del país, como sí ocurrió años atrás con la transición a la democracia.

Así las cosas, se estima una nueva legislatura llena de crispación y confrontación, donde los socios radicales de Sánchez posiblemente empujen una agenda política alejada de la moderación y el sentido común.

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El 30 de junio, el diario estatal Wiener Zeitung, considerado el más antiguo del mundo, publicó su última edición impresa, luego de la decisión de cierre asumida por el Parlamento de Austria. Su historia se resumió en estas cifras: «116.840 días, 3.839 meses, 320 años, 12 presidentes, 10 emperadores, 2 repúblicas, 1 periódico».

El ocaso de los medios en los últimos años ya no es una novedad por la dinámica global que exige transformaciones urgentes a diferentes industrias. Factores como la reducción de las pautas publicitarias, el descenso de las ventas, el incremento en los costes de producción, la pandemia, los fallidos modelos de negocios, la irrupción de las plataformas digitales, las audiencias con más desconfianza y mayor dependencia de las redes sociales, la censura y las presiones políticas crearon escenarios complejos para la supervivencia y continuidad.

Esta situación, generalizada en el mundo, ha sido calificada como una tormenta perfecta por el presidente del diario boliviano Página Siete, Raúl Garáfulic, que el 29 de junio también anunció el cierre de sus ediciones impresa y digital. La explicación simple fue que los gastos fueron superiores a los ingresos y se quedaron sin recursos para seguir operando.

Sostenibilidad de los medios

Según el informe Digital News Report, del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, el 2023 crecerá la preocupación de los medios por su sostenibilidad. Factores internos y externos condicionan la sostenibilidad, como la creciente inflación y las restricciones de los gastos en los hogares. En la encuesta, en 46 países, menos de la mitad de los líderes de medios (44 %) afirman tener confianza en las perspectivas de negocio para este año. Casi la misma cantidad muestran incertidumbre (37 %). Alrededor de una quinta parte (19 %) expresan poca confianza.

Cuestión de sobrevivencia

Los cambios en la pauta publicitaria, principal pilar de los medios por muchos años, ha acelerado su declive. Las grandes empresas ya no invierten en la difusión tradicional como antes. Estas ahora encuentran en las redes sociales opciones económicamente más estratégicas y efectivas en el alcance.

Pero también están las prácticas cuestionadas respecto al financiamiento del Estado que dispone de presupuesto público para favorecer a medios afines a su línea política y restringe el apoyo a los considerados independientes o críticos al gobierno de turno, con presiones que incluso llegan a los sectores privados para evitar inversiones.

Este contexto profundiza el debate sobre una relación compleja. ¿Hasta qué punto un medio puede depender del Estado? ¿Cómo se sobreponen los valores del periodismo a las presiones económicas y políticas? ¿Qué debe hacer un medio para convertirse en una empresa sostenible?

Los medios no pueden depender del Estado ni de las grandes empresas privadas ni de las suscripciones digitales. Es un error pensar que un solo modo de financiación es la respuesta a los dilemas de hoy. La diversificación oportuna de los modelos puede hacer la diferencia entre dar un salto al vacío o subirse al tren que sigue su marcha.

Por mucho tiempo, el diario estadounidense The New York Times se ha visto como un referente de la transformación digital, una guía de acceso libre para que los medios sigan su exitoso camino con números que desafían la misma crisis de la industria: más de un millón de suscriptores digitales en 2022 y una previsión de crecimiento de 15 millones de abonados de pago a finales de 2027 desde los casi 10 millones actuales.

Las noticias que quieren las audiencias

Ciertamente, The New York Times hay uno solo y, por más inspiradores que sean sus logros, cada medio debe encontrar su propia forma de subsistencia haciendo frente a las presiones del poder con la prevalencia de los valores del periodismo. La sostenibilidad no sigue recetas, puede ser más un proceso extenso de prueba y error.

En la industria de los medios son difíciles las predicciones. Pero las tendencias ayudan a mirar el futuro y plantear estrategias más allá de lo inmediato con productos que se vuelvan imprescindibles. ¿Qué quieren realmente las audiencias y cómo consumen las noticias?

La creatividad en las narrativas sigue siendo un desafío para lograr fidelidad o, más bien, comunidad. La preocupación por la monetización aún se mantiene.

Según el Digital News Report, «el porcentaje de personas que entra al sitio web específico de un medio de comunicación para leer las noticias ha disminuido en todo el mundo del 32 % en 2018 al 22 % en 2023. Mientras que el acceso a través de redes sociales ha aumentado en la misma proporción». TikTok nuevamente marca preponderancia con el interés de captar a una audiencia más joven.

El periodista español y director de Prodigioso Volcán, Mario Tascó, asegura que no solo se trata de identificar las tendencias sino ver a qué escenario nos vamos a enfrentar. «Pensar en el futuro puede ser una manera de superar la planificación cortoplacista y no es un asunto solo de medios, sino para todas las industrias».

Se trata de ver las señales y que los medios estén donde las audiencias buscan las noticias.

Democracia debilitada

El cierre de un medio, sin importar su línea editorial o cómo se autodefina, es una mala señal para la democracia. No es casual que en gobiernos con fragilidad institucional y fenómenos autoritarios haya más medios que cierran o se trasladan a otros países para continuar con sus periodistas desde el exilio. No solo son amedrentamientos o detenciones. También la censura y restricciones se traducen en leyes polémicas, controles impositivos, restricciones a la información pública y politización de la justicia, entre otros.

A esto se suman los discursos de polarización que se han disparado en los últimos años. Reconfiguran un escenario social más propenso a la confrontación, en el que la labor de los medios también se ha visto comprometida.

A pesar de la sobreabundancia de generación de contenidos en diferentes plataformas, los medios aún mantienen fortaleza en la instauración de la agenda informativa, el debate público y la construcción de imaginarios colectivos. Por eso, ellos son imprescindibles para garantizar las libertades y consolidar la democracia.

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