El meme es una unidad gráfica de sentido que podría resumirse en la mezcla de discursos e imágenes reconocibles que se «remixan», actualizan o modifican para dar lugar a un nuevo contenido, con un significado diferente.

Los memes son la expresión de la cultura pop en las redes sociales. Son unidades completas de sentido que permiten compartir emociones y opiniones de manera despersonalizada en las redes sociales. Se expresan de manera directa, generalmente irónica o simpática, para generar identificación y así invitar a la diseminación de ese análisis de una situación cotidiana o de actualidad.

Los memes se parecen a los dichos o chistes populares, cuya eficacia no está dada por la autoría, sino porque logran captar una opinión y expresarla en forma de parábola. Esa verdad parabólica toma su potencia del humor de situación. Anonimato y gracia facilitan su difusión en tiempos de corrección política y cancelación. La potencia del meme es que es más importante compartirlo que crearlo.

El poder de los memes

El meme es muy popular pero tiene sus detractores. Y este es el aspecto que relaciona esta expresión cultural con la comunicación política. El poder necesita ser tomado en serio para tener efecto, especialmente, cuando toma decisiones absurdas. Por eso, la política suele ver con desconfianza estas expresiones y las encuadra dentro de la hostilidad de las redes. Las elites acostumbradas al monopolio de la palabra condenan a quienes osan ejercerla sin su permiso. No es extraño que las principales críticas y teorías conspirativas provengan de la academia más tradicional y de la política reaccionaria a las redes sociales. Más allá del grado de insolencia que puedan tener estas expresiones, son expresiones del humor social. La anonimidad les da precisión quirúrgica para expresar eso que no detectan las encuestas en sociedades polarizadas y desconfiadas.

En tiempos de liderazgos que persiguen opiniones acusándolas indiscriminadamente de fake news, el meme es el desafío a la censura, un ejercicio de libertad, sobre todo del que comparte. Es la forma contemporánea de expresar que el rey está desnudo.

Fiel al espíritu de la cultura gamer, lo más importante no es el autor, sino el participante del juego, que, como tal, se compromete más en lo que lo hace parte activa. Lo que lo define como narrativa transmedia es esa construcción colectiva que va sumando comunidades y sentidos en la medida en que se comparte.

En el sistema de medios tradicionales, lo interesante solía estar disociado de lo importante. Lo importante adoptaba formatos serios y lo interesante quedaba librado a formatos frívolos. El desafío de la comunicación en red es hacer interesante lo importante. En ese sentido, la narrativa transmedia que propone el meme puede dar pistas para despertar el interés. No se trata de copiar un meme, sino de emular su narrativa simple y directa. La medida de éxito de un mensaje está en la atención que capta, que se mide en lecturas, pero sobre todo en su potencial diseminador, que se verifica en la multiplicación en redes personales. Más importante que proponer un mensaje es construir comunidad.

El meme incomoda porque es disruptivo, propone sentidos por fuera de lo canónico.

El origen del meme

La palabra meme viene de la biología. Esa contracción de las palabras gen y memoria designa la transmisión cultural espontánea de persona a persona, que decide qué expresiones se imponen y cuáles se extinguen, en un proceso de selección natural que no sigue ningún canon. Hay memes que solo florecen en ciertos contextos. Otros se repiten en las más distintas situaciones. El Homo ludens, evolución emocional de su antecesor racional Homo sapiens, domina el lenguaje universal de la cultura pop con sus imágenes icónicas y personajes inmortales. Su propagación es lo contrario a lo viral, que alude a un contagio compulsivo, indeseado.

El meme prolifera porque se desea, porque con gozo se comparte.

Fue en 1976, con la publicación de El gen egoísta, que el biólogo Richard Dawkins acuñó el concepto de meme como sinónimo de gen. El objetivo de Dawkins era explicar por qué algunos comportamientos son tan comunes entre los humanos, a pesar de que esos comportamientos no tienen una función evolutiva concreta. Para ello, el biólogo analizó los dos tipos de procesamiento de la información que utilizamos las personas: el genoma o sistema genético y el cerebro o sistema nervioso.

El primero explica por qué ciertas características físicas o genéticas se transmiten de generación en generación. El segundo, en cambio, se ocupa de procesar la información cultural aprehendida y de analizar la imitación y asimilación. Un aspecto interesante de la teoría de Dawkins es que, según su trabajo de investigación, para que un meme sobreviva debe contar con ciertos atributos que lo hagan diferenciarse de los demás y adquirir la potencialidad de reproducirse. Algo similar ocurre con los memes virales.

Narrativas digitales para la comunicación institucional y personal es parte de la colección Herramientas, editada por Infociudadana y la Fundación Konrad Adenauer en Argentina.

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Mucho se ha escrito desde 2016 sobre la llamada posverdad. Dada la novedad de lo que pueden hacer las nuevas tecnologías en la manipulación y distorsión de la realidad, de crear mentiras a escala global y creíbles, de las fake news y su viralización, específicamente en la política, parecería como si estuviéramos ante alguna nueva forma de acceso a la verdad, a mejores y más poderosas formas de mentir y distorsionar los hechos.

Pero el problema no es que se mienta a esa escala, sino que no hay referencia común a la búsqueda de la verdad. Se ha perdido la fe en los hechos, en la facticidad, porque la información circula desconectada de la realidad y la verdad se puede construir y deconstruir sin un mundo común que compartir.

El problema no es que se mienta, porque es algo que siempre existió en la política, sino que no haya distinción entre verdad y mentira. Asistimos a una nueva ceguera ante los hechos, porque la verdad se reduce a la impresión subjetiva de cada uno y se constituye en verdad suprema para cada uno, sin necesidad de confrontarla con la facticidad.

Dejar de creer en la verdad

El verdadero problema de fondo es que se deja de creer en la verdad, y la realidad queda desconectada de toda la información que circula. El verdadero problema son individuos que no pueden ver a los otros, sino solo a sí mismos encerrados en un subjetivismo ensordecedor que los incapacita para escuchar a los otros.

El problema más grave al que se enfrentan las democracias actuales, cautivadas y sumergidas en el tsunami informativo y el manejo de datos, es algo más profundo y complejo que el impacto de las nuevas tecnologías y del indigerible caudal de información que se produce continuamente. El problema es la desintegración de una cultura común, de una conciencia común de lo real y de mínimos éticos compartidos, todo ello sostenido en un individualismo cada vez menos capaz de comprender la vida junto a otros.

En uno de sus últimos ensayos, el filósofo Byung Chul Han (Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia, Taurus, 2022) analiza el impacto de la digitalización sobre la esfera política y los trastornos que se generan en los procesos democráticos. Tal vez una de las cuestiones más significativas de su análisis, que no aparece tan clara en analistas contemporáneos, es el cambio estructural de la esfera pública y el final de la acción comunicativa, debido al encierro narcisista de nuestro tiempo.

Cuando el smartphone se convierte en un «Parlamento móvil con el que se debate en todas partes y a todas horas», se crean enjambres digitales que publican permanentemente información privada, acelerando la desintegración de la esfera pública: «Produce zombies del consumo y la comunicación, en lugar de ciudadanos capacitados».

La crisis de la democracia es una crisis del escuchar

En un trabajo anterior, el filósofo describe la cultura narcisista en la que vivimos (La expulsión de lo distinto, 2019), enferma de igualitarismo y de un hiperindividualismo subjetivista que es incapaz de escuchar la voz de los otros. Asistimos al fin del discurso, porque el discurso es un movimiento de ida y vuelta. Cuando solo importa mi realidad, mi experiencia, mi visión y nada más, el otro desaparece y, con él, lo fundamental del discurso público.

«La expulsión del otro refuerza la compulsión autopropagandística de adoctrinarse con las propias ideas. Este autoadoctrinamiento produce infoburbujas autistas que dificultan la acción comunicativa». Y a medida que aumenta la autopropaganda, solo crece la escucha de uno mismo y nada más.

Un problema creciente en nuestros días es la incapacidad para separar mis opiniones de mi identidad. Al no poder distinguir a las personas de sus ideas, las personas «se aferran desesperadamente a sus opiniones porque, de lo contrario, su identidad se ve amenazada». En esta situación, Han entiende que cualquier intento de hacer cambiar de opinión a alguien está condenado al fracaso: «No oyen al otro o no lo escuchan… La crisis de la democracia es ante todo una crisis del escuchar».

Aunque la palabra empatía se ha puesto de moda, se la echa en falta, porque el culto al yo nos hace cada vez más sordos a la voz de los demás.

La crisis de la memoria individual y colectiva

Una crisis en la que poco se repara es la ruptura de las tradiciones y la fractura de la memoria individual y colectiva a la que asistimos. Una sociedad que corta y olvida sus raíces pierde sus relatos de sentido, su orientación y significado. La socialización de las nuevas generaciones no las conecta con sus raíces, sino con un caudal de información fugaz y atomizada. No solo hay un desprestigio de la historia, de la tradición y de las raíces culturales, sino que se vive de la novedad y de lo efímero, perdiendo la conexión con una cultura común y por lo tanto con mínimos valores compartidos.

Todos los que han hecho meritorias deconstrucciones, transformaciones y renovaciones de la herencia recibida, conocían muy bien el pasado y sabían sacar de él lo mejor para impulsarse hacia el futuro. Pero cuando se confunde deconstrucción con demolición y renuncia al propio suelo, se queda uno flotando en la nada, a merced de cualquier viento y sin orientación.

No es casual que el gran drama de nuestro tiempo sea la falta de sentido de la vida y el resurgir de manifestaciones fundamentalistas e identitarias que buscan compensar esa pérdida, que buscan atender esa nostalgia de un tiempo perdido y tal vez desconocido.

La reflexión necesaria en la democracia

Se necesita reflexión, profundidad de análisis del pasado y del presente, y recuperar la memoria para no quedar a la deriva. A su vez, la vida humana solo es posible con otros y para ello es necesario volver a verlos, reencontrarse, escuchar y salir del encierro narcisista para que la política sea de verdad búsqueda del bien común y no un espectáculo frívolo de las miserias humanas.

La crisis de la política actual es simplemente un reflejo de la crisis de la cultura occidental que viene hace tiempo olvidando sus raíces y sus valores fundamentales.

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English version

En Chile, el plebiscito del 4 de septiembre puso en evidencia el rumbo zigzagueante del país con respecto a su desarrollo democrático.

Un primer referéndum sobre el tema, en octubre de 2020, concluyó en la victoria del apruebo con un margen superior al esperado, un 78 % de aprobación frente a un 22 % de rechazo. La necesidad de un nuevo contrato social que regulara los aspectos negativos de un modelo neoliberal marcado por una fuerte desigualdad quedaba ampliamente ratificada. Sin embargo, en septiembre de 2022, menos de dos años después, el 62 % de los votos fueron para el rechazo, mientras que el apruebo solo obtuvo el 38 %.

Evolución democrática zigzagueante

Resulta evidente que no son plebiscitos comparables, puesto que el primero fue sobre la voluntad general de cambiar la Constitución de Pinochet (reformada por el expresidente Ricardo Lagos a inicios de la primera década del siglo XXI), cuando los ciudadanos respondieron con un claro sí. El segundo referendo, en septiembre de 2020, se refirió, en concreto, al nuevo texto constitucional propuesto y elaborado por la Convención Constitucional de Chile, designada para tal propósito entre 2021 y 2022. Aquí, la población dijo muy rotundamente no.

No cabe duda de que la exigencia de contar con una nueva carta magna persiste en la gran mayoría de chilenos. Sin embargo, las graves deficiencias en el trabajo de la Convención Constituyente dieron como resultado una derrota aplastante que hace apenas unos meses parecía imposible.

En esencia y a vista de pájaro, el resultado confirma el notorio movimiento pendular en el sistema político chileno: de la presidencia marcadamente izquierdista de Michelle Bachelet, Chile pasó a una marcadamente conservadora de Sebastián Piñera; luego de Piñera de regreso a Bachelet, de Bachelet de regreso a Piñera y, ya recientemente, de Piñera a la presidencia de Boric, más a la izquierda que la de Bachelet.

[Lee también: ¿Quién ganó el plebiscito en Chile?]

Recordemos que, en noviembre de 2021, Boric venció al diputado de derecha José Antonio Kast por un claro margen del 12 % (56 % a 44 %) y con una gran participación electoral del 56 %, la mayor en la historia del voto voluntario. Sin embargo, poco más de medio año después le siguió una derrota inapelable, esta vez con una participación electoral del 85 % debido al formato de votación obligatoria. Este nuevo y dramático giro es típico de la reciente historia democráticamente pendular de Chile y debe ser explicado.

Un amplio rechazo en todo Chile

Esta votación fue lapidaria no solo en su número, sino también en cuanto a su extensión geográfica, distribuida uniformemente por todo el territorio nacional. El rechazo triunfó en todas las regiones del país, desde Arica hasta Punta Arenas. Se esperaba que la Región Metropolitana de Santiago, la más poblada del país, fuera el bastión de la aprobación. Sin embargo, también triunfó el rechazo por más de 10 puntos porcentuales, el margen más bajo entre las regiones del país. Lo mismo aplica para Valparaíso, donde la izquierda venía de ganar elecciones por amplio margen y, sin embargo, el rechazo ganó con 58 % contra 42 %. El margen más amplio se observó en la región de Ñuble, tradicional bastión de la derecha, donde el recuento del rechazo alcanzó el 74 % de los votos.

El fenómeno se replicó a nivel de comunas o ayuntamientos. El rechazo triunfó incluso en las comunas más pobres, donde la derecha tiende a obtener peores resultados. Solo en ocho comunas ganó el apruebo, mientras que en el primer plebiscito de 2020 la situación fue la inversa, cuando el rechazo ganó en solo cinco comunas (Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, las más ricas, sumadas a Colchane, un municipio fuertemente impactado por la inmigración ilegal y La Antártica en Magallanes.

La sorpresa del rechazo

Cabe señalar que ninguna encuesta anterior vaticinó una victoria tan abrumadora. A pesar de que todas proclamaban ganadora la opción del rechazo, estimaban márgenes significativamente menores entre las dos opciones. En consecuencia, el resultado final con un margen tan amplio por el rechazo fue toda una sorpresa para la mayoría.

También debe precisarse que la paliza no significó que los ciudadanos de Chile dejaron de creer que era necesario cambiar las reglas del juego, que hasta la fecha habían favorecido a los más poderosos y al capital, sino que representó la negativa de la mayoría a la transformación radical promovida por una izquierda trasnochada.

Es innegable que el malestar de los ciudadanos de Chile por una sociedad que consideran que es injusta, que no genera beneficios proporcionales al esfuerzo, sino que les da ventajas a los privilegiados, se mantiene. La demanda por un nuevo contrato social no queda negada con el resultado del plebiscito. El rechazo es hacia el trabajo realizado por la Convención, no hacia la expectativa de un nuevo modelo de desarrollo con una mayor justicia social.

Diez razones que explican el resultado

Muchos analistas a lo largo de todo el espectro político chileno están buscando ahora las razones que explican la amplia diferencia a favor del rechazo. El rotundo fracaso del trabajo de la Convención Constitucional y, en parte, del Gobierno del presidente Boric, se debe a una combinación de factores que se pueden resumir en diez puntos.

Primero está lo que en Chile se llama maximalismo político. El grupo dominante dentro de la Convención Constitucional —esto es, la izquierda radical— buscaba alcanzar la transformación máxima con cada regla que elaboraba y no fue capaz de moderar sus expectativas. La búsqueda de una transformación profunda y la ausencia de un marco normativo claro generaron un texto que representaba a solo una parte de la población y provocó un fuerte rechazo en quienes esperaban una propuesta de transformación moderada.

Segunda razón: el radicalismo refundacional. El deseo de sentar las bases de nada menos que una nueva República fue consistente con el maximalismo que empujaba a llevar al límite el alcance de cada norma. La pretensión de revisar los símbolos patrios y eliminar la institución del Senado para crear la nueva Cámara de las Regiones son dos de varios ejemplos. Para buena parte de la población parecía que los miembros de la Convención estaban más preocupados por elaborar la antítesis de la Constitución de Pinochet que por construir un texto que apelara a la mayoría de Chile. Mientras los ciudadanos pedían dejar lo bueno y cambiar lo malo, ellos se enfocaron en borrar cualquier vestigio del orden anterior. Mientras las personas clamaban por menos delincuencia, una mejor salud y mayores pensiones, la Convención se enfocó en construir desde cero una nueva república a la medida de su ideología.

Violencia, exclusión y soberbia

El tercer punto supone la validación indirecta de la violencia. La legitimación post factum de la fuerza como herramienta política válida tuvo representación en los múltiples intentos de indulto de los autodenominados presos políticos del estallido social. Se trata de personas que cometieron delitos durante las protestas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019, que presionaron al Gobierno y al Parlamento para impulsar el camino a una nueva Constitución en Chile. La prioridad que le dio la Convención a su liberación dejó a sus miembros más cerca de los victimarios que de las víctimas de la destrucción y los saqueos.

Cuarta razón: la exclusión. La política de exclusión de facto de las minorías conservadoras y de centro, así como la política de no tramitar los proyectos de iniciativa popular, ampliamente apoyados por la ciudadanía, aumentó la brecha entre la Convención Constituyente y quienes pensaban diferente. Incluso se observaron comportamientos sectarios en los convencionales, señalaban ser los elegidos, sostener valores superiores y negaban a cualquiera que pensara diferente. Este tipo de conductas llevaron a la derecha a evaluar su permanencia en el órgano y le dieron argumentos a quienes señalaban que, en vez de construir la casa de todos, se estaba armando una construcción a la medida de la izquierda, incluyendo normativas que ponían cuesta arriba su reforma, tal como lo hizo Jaime Guzmán en la Constitución de Pinochet.

Comunicación y errores

Quinta razón: la soberbia. El éxito del referéndum inicial en octubre de 2020 y la derrota de la derecha en las elecciones generales de noviembre de 2021, embriagaron a la izquierda. La claridad de sus triunfos terminó nublando a sus líderes, quienes pensaron que el plebiscito ratificatorio era una carrera ganada. No supieron entender que la política es cada vez más dinámica y que la adhesión presente no es proyectable al futuro porque está sujeta al desempeño de quienes tienen la potestad de representar a los ciudadanos.

En vez de escuchar para disminuir los flancos que podrían poner en riesgo la aprobación del texto definitivo, cultivaron un narcisismo que no fue bien recibido por la gente, que incluso fue reconocido por los derrotados. Nunca se bajaron del pedestal, se alejaron de quienes les habían dado su apoyo y se encapsularon entre pares. La ausencia de autocrítica les impidió conectarse con la población y subestimaron el crecimiento constante del rechazo.

Mala comunicación

Sexto punto: desempeño comunicativo deficiente. El pobre desempeño de los constituyentes, desde la retórica extremista de la lingüista y activista mapuche Elisa Loncón hasta el lenguaje del abogado y locutor de radio y televisión Daniel Stingo, entre una larga lista de errores, terminaron por convencer a la población de que los constituyentes no tenían las habilidades necesarias para producir un trabajo a la altura de las expectativas de los ciudadanos. El historial de desaciertos dejó a los convencionales como actores de la campaña del rechazo; ellos se encargaron de generar el material que los promotores del rechazo sabiamente difundieron. El dossier de desaciertos fue un potente caldo de cultivo de las dudas de quienes antes votaron por el apruebo, pero ahora observaban con ojo crítico el desempeño de los convencionales y el producto de su trabajo.

Texto de mala calidad

Séptimo: un texto de mala calidad. Las dudas en torno a la calidad del texto final propuesto de la nueva Constitución cruzaron gradualmente las fronteras desde los campos del rechazo hacia quienes estaban a favor del apruebo. Cuestiones sustanciales, incluida la detección de errores en el texto final, calaron en la mayoría de los votantes de Chile. También contribuyó el gran número de artículos propuestos, muy por sobre el estándar internacional y con normas que se contradecían entre sí, entre otros aspectos técnicos. Las dudas iniciales sobre la calidad del trabajo de los convencionales se ratificaron para buena parte de la población, lo que sumado al punto anterior contribuyó de forma efectiva al contundente triunfo del rechazo.

Errores en la campaña

Octavo punto: errores en la recta final. Lo ocurrido durante el evento de aprobación en Valparaíso, donde el grupo Las Indetectables mostró a una persona que se descubría el trasero mientras otra extraía de allí una bandera chilena, lo que para este grupo representaría «abortar a Chile», generó un repudio transversal, más aún considerando que se trataba de un acto dedicado a la familia. Este tipo de hechos dejaron al apruebo en la vereda del extremismo de ultraizquierda, mermando el poco apoyo que le quedaba entre las personas que estaban a favor de cambios, pero menos radicales.

Noveno. Cabe destacar la buena campaña del rechazo, que estuvo alejada intencionalmente de los políticos tradicionales, incluyó varios mensajes constructivos y un discurso de integración en lugar de exclusión. El bando por el rechazo mostró la capacidad de detectar las dudas de la población, exacerbarlas y capitalizarlas. Los convencionales se encargaron de proveer un amplio material que fue cuajando las dudas de algunos y que se fueron convirtiendo en certezas. Al parecer, no se había elegido a las personas adecuadas y el producto de su trabajo no cumpliría con las expectativas.

Boric y el apruebo

Décimo y último punto: el apoyo y compromiso del gobierno de Boric con el apruebo terminó siendo contraproducente. El Ejecutivo arrastró al apruebo junto con la caída —a tan solo medio año en el cargo— de sus índices de popularidad. La apuesta por un despliegue ganador del Gobierno se convirtió en un lastre. La baja aprobación del Gobierno producto del aumento de los delitos de alta connotación, el pobre desempeño económico, problemas con las relaciones internacionales y los reiterados errores comunicacionales terminaron por impulsar al rechazo. Un ejemplo es el caso de la detención, en agosto, del líder del movimiento autonomista mapuche Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, a pocos días del referéndum. La ministra de Desarrollo Social de Boric, Jeanette Vega, tuvo que renunciar porque se filtraron llamadas de su jefe de gabinete al prófugo Llaitul.

Una oportunidad desperdiciada

Esté cúmulo de elementos terminó por sepultar el proyecto constitucional elaborado por la Convención en Chile que dilapidó una oportunidad única para cambiar el modelo de desarrollo del país respetando la democracia y el cauce institucional. A pesar de que en su trabajo se proponían avances interesantes en materia de género y medioambiente, por mencionar dos ejemplos, la borrachera transformadora y la constante búsqueda de la antítesis de la Constitución de Pinochet terminó por socavar la confianza en los redactores y su producto, y pavimentó el camino al aplastante triunfo de la opción conservadora.

Por último, cabe consignar que el resultado del referéndum del 4 de septiembre confirmó que el liderazgo político e ideológico de Michelle Bachelet es cosa del pasado. A pesar de que se jugó fuerte por el apruebo —fue la única de los expresidentes—, su apuesta fue derrotada de forma contundente. Esto demuestra que el modesto capital político que mantuvo más allá de su última presidencia ya no existe. Así las cosas, su anunciado regreso al país, tras finalizar su mandato como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debería acabar convirtiéndose en una anécdota más.

Tres alternativas para Chile

Después de este plebiscito, el desafío es claro. Consiste en dar continuidad al proceso y elaborar una nueva Constitución para cumplir con la voluntad popular que se manifestó con claridad a favor en el primer plebiscito de octubre. El desafío es hacerlo de mejor forma, con un trabajo prolijo orientado a elaborar una carta magna que represente a todos los chilenos. Los cuatro aspectos claves para que el proceso posterior finalice con éxito son:

Primero, la implementación de un liderazgo social ampliamente validado. A ojos de una mayoría de ciudadanos, ni el presidente, ni los partidos, ni el Congreso tienen la legitimidad necesaria para conducir el proceso en Chile. A diferencia de lo que sucedió durante el segundo y último gobierno de Piñera, cuando algunos de sus ministros se inclinaron por el rechazo mientras casi la mitad optaron por el apruebo, en el caso del Gobierno de Boric todo el gabinete estaba a favor del apruebo. Ello los deja en una posición complicada de cara al nuevo proceso, lo que se suma a la situación de los partidos y del Congreso, que se encuentran en sus mínimos niveles de confianza.

En segundo lugar, existirá la necesidad de una rearticulación, reorganización y renovación del compromiso de la centroizquierda y de la izquierda. Las tensiones entre el polo más a la izquierda, conformado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, y la ex-Concertación deberán resolverse si pretenden convertirse en una opción de mayorías. Una de las claves del triunfo del rechazo fue que los partidos de centroizquierda se desmarcaron o directamente criticaron el trabajo de la Convención llamando a votar rechazo.

El papel de la derecha

En tercer lugar, se necesita una definición más constructiva del papel de la derecha, tanto institucional como políticamente hablando. Los partidos de derecha estuvieron discretamente detrás del triunfo del voto por el rechazo, tras bambalinas. Ahora se atribuyen un triunfo que no les corresponde y utilizan el resultado para presionar al Gobierno sin tapujos. Queda por ver qué sucederá cuando tengan que asumir su rol político, tal como está ocurriendo ahora. Será importante saber el papel que jugarán cada partido y sus líderes. Hasta ahora, los principales partidos de derecha siguen a favor de un nuevo proceso constituyente, pero que tenga bordes y límites claros. La única excepción es la extrema derecha representada por Republicanos, que se marginaron de las negociaciones para un nuevo proceso constituyente. Abogan por la ratificación de la Constitución de Pinochet.

Los movimientos sociales

Cuarto aspecto: la relocación de los movimientos sociales. El papel de los movimientos sociales en el triunfo del rechazo fue más importante que el de los partidos conservadores, ya que resultó fundamental al influir en la opinión desde abajo, con voceros de perfil independiente. Queda por ver cuál será su relación con los partidos tradicionales y cómo se distribuirá su parte del poder. Ya existen algunos que manifestaron su intención de convertirse en partidos políticos, buscando seducir al elector de centro que está cansado del establishment.

A la izquierda, habrá que ver qué pasa con movimientos como la Lista del Pueblo. Obtuvo un tremendo triunfo en la elección de convencionales, pero que se fue desmembrando en medio de escándalos y polémicas hasta desaparecer. Un caso icónico fue el de Rodrigo Rojas Vade, quien llegó desde las protestas hasta la Convención como presunta víctima del cáncer. Finalmente terminó renunciando cuando se destapó que toda su historia era una farsa.

Escenarios posibles

El escenario que se avecina para Chile y su sistema institucional es tan incierto que nada se puede predecir con certeza. Con el resultado del referéndum, la inestabilidad y la complejidad del sistema han aumentado. Habrá que observar la evolución poselectoral y la definición de una nueva hoja de ruta para, ahora sí, reemplazar la Constitución del dictador.

Las tres únicas cosas que están medianamente claras son

1. La Constitución actual actual está socialmente derogada.
2. El mandato para redactar una nueva Constitución sigue en pie.
3. Habrá que definir mejor los mecanismos de elección de una nueva Convención Constituyente que, esta vez, logre cumplir su misión siendo más equilibrada y participativa. Ésta debería actuar sin maximalismos políticos; integrando, no excluyendo; y con el foco puesto en mejorar lo que está mal y mantener lo que funciona bien sin tener que echar todo por la borda ni partir desde cero.

El optimismo inicial que indicaba que en septiembre los partidos serían capaces de llegar a un acuerdo para encauzar el proceso de elaboración de una nueva Constitución ha mutado a expectativas más realistas que hablan de un acuerdo dentro de este año. La demanda por una hoja en blanco se ha convertido en un consenso por una hoja que cuente con límites y bordes claros. La inclusión de un grupo de expertos o incluso de un árbitro versus una Convención formada solo por miembros elegidos por votación popular es otra muestra de que el proceso no será como el anterior. Lamentablemente, también evidencia que la incertidumbre es profunda, incluyendo elementos de fondo y de forma que ratifican que llegó para quedarse.

Un proceso incierto

Estamos frente a un proceso que no tiene nada definido: no tiene reglas, no tiene plazo y no tiene líder. Lo único que está claro es que existe el mandato popular de elaborar una nueva Constitución que permita cerrar definitivamente la transición del país hacia una nueva hoja de ruta que lo vuelva a colocar como el caso de éxito de la región en crecimiento, desarrollo y superación de la pobreza, ahora con un nuevo modelo definido por sus ciudadanos, no por la minoría dominante.

La amplia demanda por un nuevo contrato social que regule la relación entre el Estado y el mercado, buscando una mejor distribución de los recursos entre el capital y el trabajo, y haciendo buen uso de los recursos naturales y cuidando el medioambiente, exige que los actores políticos se pongan de acuerdo para cambiar el modelo de desarrollo. Veremos si son capaces de estar a la altura de las circunstancias.

Traducción al español: Juan Carlos Gordillo

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Versión en español

A zigzagging democratic evolution

The plebiscite of 4 September on the new constitution was not the first, but the second one in just three years. It manifested Chile’s zig-zag course with regard to its democratic development.

In October 2020, a first referendum on the issue ended with the win of “approve” with a higher margin than expected, obtaining 78% approval versus 22% rejection. In September 2022 though, 62% of the votes were for “reject”, while approval only obtained 38%. Obviously these were not comparable plebiscites, because the first was about the principal will to change Pinochet’s constitution (slightly reformed by former president Ricardo Lagos at the start of the 2000s). People answered with a clear “yes”. The second one this September was about the concretely proposed new constitutional text drawn up by Chile’s specifically appointed Constitutional Convention (2021-22). People said very clearly “no”. There is no doubt that the demand to have a new Magna Charta persists in a large majority of Chileans. Yet the serious shortcomings of the work of the Constitutional Convention resulted in a crushed defeat that just a few months ago seemed impossible.

In essence and in the bigger picture, the result confirms the notorious pendulum movement in the Chilean political system: from the strongly leftist presidency of Michelle Bachelet Chile passed to the strongly conservative one of Sebastian Piñera, from Piñera back to Bachelet, from Bachelet back to Piñera and recently from Piñera to strongly leftist Boric again.

We should remember that in November 2021 Boric won against the right-wing representative José Antonio Kast by a clear 12% margin (56% vs. 44%) with a respectable 56% voter turnout. Yet, slighlty more than half a year later, a disaster-like defeat followed, this time with a turnout of 85% due to the obligatory voting format. This new dramatic turn is typical of Chile’s recent pendulum-like recent democratic history, and this must be explained.

A broad rejection throughout the country

The vote was overwhelmingly clear not only in numbers, but also in the geographical evenness throughout the nation’s territory. The rejection triumphed in all the regions of the country, from Arica to Punta Arenas. It was expected that the Santiago Metropolitan Region, the most populous in the country, would be the bastion of approval, however, rejection triumphed here also by more than 10 percentage points, admittedly the lowest by region but still a very clear margin by otherwise often tight Chilean standards. The same is valid for Valparaíso, where the left obtained large voter segments, but the rejection nevertheless won by 58% to 42%. The largest margin was observed in the Ñuble Region, a traditional bastion of the right, where the rejection tally reached 74% of the votes.

The phenomenon was replicated at the community level. The rejection triumphed even in poor communities, where the right tends to obtain poor results. This confirms that it has not been a victory of specific parties. Only in eight districts approval won, while in the first 2020 plebiscite the situation was the opposite when rejection won in just five districts (Vitacura, Las Condes and Lo Barnechea, Colchane in Tarapacá and La Antártica in Magallanes). Approval only triumphed in the areas of the Valparaíso and Metropolitan regions. It should be noted that no previous survey estimated such an overwhelming victory, despite the fact that all of them proclaimed the rejection option the winner, yet anticipating significantly smaller margins between the yes and no options. Consequently, the outcome of the final huge margin of 24% for the reject came as quite a surprise.

Ten reasons for the result

Many across Chile’s entire political spectrum are now searching for the reasons of such a fiasco. The resounding failure of the work of the Constitutional Convention, and, in part, of the Government of President Boric is due to a mixture of factors. They can be summarized in ten points.

First there was – what in Chile is called – “Political Maximalism”. The dominant group in the Constitutional Convention, ie. the left, sought to reach the transformational maximum with each rule they elaborated, as they were not able to moderate their expectations. The search for a profound transformation and the absence of clear framework regulations generated a text that represented only part of the population.

Second reason: Re-foundational Radicalism. The desire to lay the foundations for not less than a “new republic” was consistent with maximalism. The claim to review national symbols and to eliminate the institution of the Senate to create the new “Chamber of the Regions” are two of many examples. Many Chileans said the convention members were more concerned with elaborating the antithesis of Pinochet’s constitution than with constructing a text that would appeal to the majority.

Third entails the indirect validation of violence. The post-factum legitimation of force as a valid tool in politics was represented in the many attempts to pardon the self-proclaimed “political prisoners of the social uprising” that had occurred in the form of street riots during the work of the Constitutional Convention. The will to get to a new start by insisting on a collective pardon for rioters positioned the conventionalists – in the eyes of the public – closer to the perpetrators than to their victims.

Fourth, exclusion. The policy of de facto excluding marginalized conservative and center minorities and of rejecting popular initiative bills widely supported by the citizenry increased the gap of the Constitutional Convention with those who thought differently. Sect-like behaviors were observed: we are chosen, we have superior values, those who think differently should not participate. At least this was the impression of a notable part of the public.

Fifth, pride. The success of the October 2020 initial referendum and the defeat of the right in the general elections of November 2021 made the victorious left drunken on their recent achievements. They failed to understand that politics remains dynamic and that adherence is subject to performance also and especially for those who have won. Instead, they cultivated a “narcissism” that was not well received by the public.

Sixth, poor communication performance. The poor performance of the constituents, starting with the extremist rhetoric of linguist and activist Elisa Loncón and ending with lawyer, radio and television host Daniel Stingo, among a long list of mistakes, ended up convincing the population that they did not have the necessary skills to generate work that was up to the citizens’ expectations.

Seventh, poorly written text. Doubts about the quality of the proposed final text of the new constitution gradually crossed the borders of the rejection versus approve camps. Substantial questions, including the detection of errors in the final text, permeated the majority of voters, as well as doubts about the number of articles it presented, among other technical aspects.

Eighth, last mile mistakes. What happened during the approval performance in Valparaíso where the group Las Indetectables showed a person who uncovered his butt while another extracted a Chilean flag from there, which means for this group “abort Chile”. The repudiation of the action was transversal, even more so considering that it was a family-dedicated act.

Ninth, in addition to what is described above, it is worth highlighting the good campaign of rejectionists consciously without traditional politicians, but with many constructive messages, including a discourse of integration instead of exclusion. The rejection camp showed the ability to detect the doubts of the population, exacerbate them and capitalize on them.

Tenth and finally, the support and commitment of the Boric Government with the approval camp ended up seriously backfiring. The executive dragged the approval down with its – already now, only half a year in its charge – low popularity. This low approval of the Government has been due to wide-spread insecurity problems and also to repeated miscommunications, such as in the case of the arrest of Mapuche autonomist and movement CAM (Coordinadora Arauco Malleco, „Wallmapu”) leader Héctor Llaitul on August 24, just a few days before the referendum. Boric’s minister of social development, Jeanette Vega, had to resign because calls from her chief of staff to fugitive Llaitul were leaked.

All this came despite noticeable progress in the proposed text of the new constitution. The Constitutional Convention, regardless of all problems, in 2021-22 was also a hub of debate for a wide variety of progressive ideas which would have made the country a forerunner in the Global South, and beyond that, move it closer to European models, while fighting against its notorious inequality problem. For example, Chile has been one of the few countries to propose for the first time to insert “neurorights” or “brain rights” in its constitution;  to introduce “linguistic rights” following UNESCO recommendations and debates; to include certain ecological rights; and to discuss the further enshrinement of human rights. Chile was also one of the first countries to make gender equality an absolute priority in the composition of the Constitutional Convention. All this was questioned at once by the negative outcome of the referendum.

Three alternatives for Chile

After this plebiscite, the challenge is clear. It consists in providing continuity to the process and develop a new constitution against all odds, but in more precise, ideologically and politically balanced and better communicated ways. The four key aspects for the further process to finish successfully are:

First, the implementation of a socially broadly validated leadership. In the eyes of a majority of citizens neither the President nor the parties, nor the Congress have the necessary legitimacy to lead the process. It is worth noting the role of civil society organizations that promoted the rejection. Contrary to what happened during the last Piñera II government, when some of Piñera’s ministers were inclined to reject but almost half opted for approval, in the case of the Boric Government the entire Cabinet squared with the contrary vote despite the Government’s pro-approve campaign. This accentuates the risk of a lame duck phenomenon over the coming years, especially with regard to the figure of the President himself.

Second, there will be the need for a re-articulation, re-organization and re-involvement of the center-left and the left. Some leftist parties were left on the path. Now the public wants to see how new pacts are built that allow the neglected ones to join forces in the face of the upcoming constitutional reform process 2.0. It will also be key to know whether the Government initiates a change of cabinet or if power remains distributed among the same actors.

Third, a more constructive definition of the role of the right is needed both institutionally and politically. The right-wing parties were behind the scenes of the triumph of the reject vote. It remains to see what will happen when they come on stage. It will be important to know the role that each party and its leaders will play, but it is intuited that after this vote the conservatives could even maintain the position of keeping the current constitution and abolishing the reform process.

Fourth, the relocation of the social movements. Their role in the triumph of the rejection was more important than that of conservative parties as it resulted to be fundamental, having influenced the opinion “from below”. It remains to be seen what their relationship with the political parties will be, and how their share of power will be distributed. The different social movements have already shown that they are not together in the process, following the vote count separately and not making any joint statement after their victory. On the left, we will have to see what happens with movements like the People’s List, which came into life in the process just to vanish shortly after, but which can give rise to new platforms.

Outlook

The scenario ahead for Chile and its institutional system is so uncertain that nothing can be predicted reliably. Sure is, that with the outcome of the referendum volatility and complexity in Chile’s system have increased. It will be necessary to observe the post-election evolution and the definition of a new roadmap.

The only three things that are moderately clear are that

1. the current constitution is socially abolished, as is the new text to reform it;
2. the mandate to draw up a new constitution is still standing: and
3. now it will be necessary to better define the mechanisms of how to elect a new Constitutional Convention that this time manages to fulfill its mission by being more balanced and participative. It should act without political maximalisms; by integrating not excluding; and with a focus on improving what is wrong and maintaining what is good in the existing model without throwing out the baby with the bathwater.

What the constitutional reform process positively did is to bring a variety of innovative and partly vibrant ideas to the table, envisioning a “new Chile” but eventually failing to integrate them into a convincing draft for legal and shared political realization. Overall, the problem was rather in the “How” than the “What”.

Last but not least, the outcome of the September 4 referendum confirmed that the political and ideological leadership of Michelle Bachelet orchestrated behind the curtains of the Boric Government is a thing of the past. Despite the fact that Bachelet played hard for approval, her preference was unmistakably defeated. This indicates that the modest political capital she had kept beyond her latest presidency no longer exists. Thus her announced return to the country after the end of her mandate as the United Nations High Commissioner of Human Rights on 31 August 2022 should end up becoming just an anecdote.

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Según la ONU, el cambio climático refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Algunos de estos cambios pueden ser naturales, pero otros se deben a la acción humana, en particular, desde que existe la masiva quema de combustibles fósiles. Esta quema fue el motor de la revolución industrial y de sus logros. El efecto colateral fue el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, llamados así porque atrapan el calor del sol y elevan la temperatura de la Tierra. Hoy no hay dudas de que las actividades humanas relacionadas como el transporte, la industria, la agricultura son el origen del aumento de estos gases.

El cambio climático se manifiesta en una mayor frecuencia, duración e intensidad de eventos climáticos extremos. Ejemplos de esto son las temperaturas récord en julio de este año, con sus secuelas de incendios y pérdidas de cosechas en varias regiones del mundo, mientras en otras hubo inundaciones y exceso de lluvias en otras. Esta situación desestabiliza el entramado social y coloca a la institucionalidad frente a desafíos enormes.

Las causas

Para poder conservar un clima que nos permita habitar el planeta, debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No solo los gobiernos y las empresas son las que deben adoptar medidas para bajar las emisiones de carbono. Todas las personas tenemos que implicarnos con acciones individuales y conjuntas para la mejora del ambiente. La solución no es única, y, por cierto, no será mágica, ni vendrá de los otros. Se requiere de políticas públicas adecuadas, pero también del esfuerzo personal, no solamente en consideración por las generaciones futuras sino también en interés propio. Esto implica decisiones de cada ciudadano en cuanto a sus hábitos de consumo. No podemos olvidar que cada bien o servicio que utilizamos implica algún gasto de energía y, por lo tanto, un impacto en el clima.

Recomendaciones

La ONU hace algunas recomendaciones para enfrentar los eventos extremos que vendrán. Así, se propone la planificación a largo plazo, la creación de sistemas de alerta temprana y trabajar en el suministro de agua y en infraestructuras resistentes al clima.

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Es destacable que entre las recomendaciones está la restauración de los ecosistemas. El mantenimiento, por ejemplo, de bosques y humedales es indispensable no solo para mitigar los efectos del cambio climático, sino para asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos de los que depende gran parte del bienestar humano.

«En las ciudades, la restauración de los bosques urbanos refresca el aire y reduce las olas de calor. En un día soleado normal, un solo árbol proporciona un efecto refrescante equivalente a dos acondicionadores de aire domésticos funcionando durante 24 horas». Resumiendo: es más barato conservar los ecosistemas, y lo que nos brindan, que sustituirlos.

Ciudadanos del mundo contra el cambio climático

Por otro lado, está lo que constituye la responsabilidad ineludible de cada habitante del planeta. Es necesario reducir dramáticamente el consumo de combustible, de energía, de empaque, de alimentos y bienes importados. No debemos olvidar la fabricación, almacenamiento y, fundamentalmente, que el traslado de cada bien implica un gasto de energía y un impacto sobre el clima. El consumo inteligente es parte de la ciudadanía global, responsable con el presente y con el futuro del planeta.

[Lee también: Los ecosistemas cambian: ¿la política se adapta?]

La sociedad industrializada y globalizada prometió el acceso inmediato e irrestricto a bienes, servicios y adelantos tecnológicos. Sin embargo, primero la pandemia y actualmente la guerra contra Ucrania, nos muestran límites claros y dolorosos. De pronto, se interrumpieron las cadenas de abastecimiento y comercio. Los adelantos tecnológicos no estuvieron disponibles en todos los lugares requeridos y se produjeron aumentos en los precios de las fuentes de energía. Las crisis nos mostraron que el bienestar de hoy puede desaparecer rápidamente.

Es desde la toma de conciencia de la propia fragilidad y de la responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas de un mundo globalizado que debemos actuar. El día de la lucha contra el cambio climático es solo una excusa para tomar conciencia, para sentirse responsable, para actuar. No hay mucho tiempo.

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Para avanzar en la construcción de democracias plenas debemos dejar de limitarnos a aceptar con resignación nuestras prácticas e instituciones actuales. No hay nada de natural ni de inexorable en la política tal como la conocemos hoy. Los intelectuales están convocados al foro para dejar su testimonio. Las ciencias sociales, en general, especialmente la ciencia política, están demasiado orientadas a buscar explicaciones sobre lo que existe y muy poco orientadas a elaborar soluciones. Hay que recuperar o, mejor dicho, seguir recuperando el espíritu crítico y volver a desarrollar la reflexión normativa.

Utopía democrática

En este documento se argumenta que la meta más importante para la humanidad es la construcción de órdenes democráticos realmente dignos de este nombre. El argumento se desarrolla en dos movimientos sucesivos. El primero se concentra en la muerte y resurrección de la utopía, y en su relativamente reciente fertilización cruzada con el realismo. El segundo argumenta que la democracia, en el sentido más exigente y noble del término, tal como la define Robert Dahl, sigue brillando por su ausencia, y que no hay ningún objetivo más importante que seguir intentando recorrer la escalera de la utopía democrática, aunque no sepamos a ciencia cierta si es o no, como la de Penrose, apenas una ilusión óptica.

No es fácil recorrer el camino a la utopía democrática. Es una escalera larga, con escalones angostos y esquivos. El primero es la instauración de poliarquías allí donde no ha sido posible aún. El segundo, la consolidación de estos regímenes políticos. El tercero, la generación de condiciones para que exista una igualdad política efectiva entre los
ciudadanos. El cuarto, el pasaje de dinámicas esencialmente adversariales a prácticas que combinen la competencia con la deliberación.

Publicación: Octubre, 2022

ISBN 978-9915-9490-2-4

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Cuando Donaldo Hernández, experimentado periodista de Nicaragua, y corresponsal de La Voz de América, empezó a recibir fuertes amenazas que también llegaban a sus familiares, supo que debía dejar el país para resguardar su vida. Esta misma decisión la tomó Octavio Enríquez, galardonado periodista de El Confidencial, que sufrió presiones judiciales e incluso la presencia policial en su casa como intimidación.

Ambos son parte de los más de 140 periodistas nicaragüenses que actualmente se encuentran en el exilio. La mayoría en Costa Rica, otros en Estados Unidos o Colombia.

Detenciones arbitrarias, acoso, amenazas de muerte, campañas de desprestigio son parte del control sistemático que ha establecido el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua, y que se han incrementado desde el proceso electoral de noviembre de 2021 en el que se consolidó un cuarto mandato consecutivo.

Según Reporteros Sin Fronteras, Nicaragua se ubica en el puesto 160 de 180 países en el análisis de este año. Está en la zona roja de clasificación, considerada muy grave debido a los ataques contra periodistas y medios.

Los amedrentamientos de Ortega-Murillo no solo son hacia la prensa, sino también a los políticos opositores, las ONG, fundaciones y toda la institucionalidad de la Iglesia. En recientes sucesos, la vicepresidenta justificó la suspensión de transmisiones de la cadena estadounidense CNN en Español, bajo la acusación de «injerencista». Y, por su parte, Ortega se refirió a la Iglesia católica como una «dictadura perfecta».

Esta ola de represión constante muestra cómo Nicaragua ha destruido las estructuras esenciales de la libertad de expresión y libertad de prensa, dejando un escenario de miedo, incertidumbre y de pérdida total de las bases democráticas.

Frenar a la prensa independiente

El diario La Prensa, decano del periodismo nicaragüense, dejó de circular en papel en agosto de 2021, luego de recibir allanamientos a sus instalaciones, hostigamientos y el exilio de todo el personal. Nicaragua es el único país del hemisferio occidental que actualmente no cuenta con un periódico impreso, de acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Para Octavio Enríquez, Nicaragua vive un «estado de terror»: «Hay un régimen que tiene la mentira como política oficial, entonces se vuelve un deber del periodismo resistir y mostrarle a la gente con hechos la verdad».

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Quienes aún permanecen en el país intentan seguir informando, pero con cautela porque temen que su destino sea igual al de los demás. Otros han optado por medios digitales desde el exterior. «Hay motivación y fuerza para seguir contando la Nicaragua que nos tocó vivir. Yo siempre digo que lo más sencillo hubiera sido quedarnos callados», asegura Enríquez.

Acceso a las fuentes

Pero, en este camino, una de las mayores dificultades que atraviesan los periodistas es el acceso a las fuentes. Según relata Donaldo Hernández, en Nicaragua ya no hay fuentes de información, pues economistas, sociólogos, historiadores, defensores de derechos humanos no pueden expresar libremente sus opiniones. «Muchos de los que han hecho un análisis a través de los medios de comunicación, hoy se encuentran encarcelados. Para nosotros, que estamos fuera, se complica bastante y lo que hacemos es retomar la información oficial y contrastarla con analistas que se encuentran en Costa Rica, Estados Unidos y España, para seguir informando».

«Lo más grave es privarle a la ciudadanía la información independiente. Los medios oficiales muestran que la economía está creciendo, que hay estabilidad en los productos de la canasta básica, que la migración no está aumentando. No reflejan la verdadera situación de los derechos humanos», añade Hernández.

Una maleta lista para volver

Hace un año y medio Octavio Enríquez decidió partir a Costa Rica. No lo hizo pensando que pasaría tanto tiempo lejos. «Los primeros meses prácticamente tenés una maleta hecha esperando a que algo pueda cambiar y luego te vas dando cuenta que no es tan fácil y que probablemente el retorno no será pronto».

«Creo que la actual generación de periodistas trabaja en el contexto más adverso que ha enfrentado la libertad de expresión en su historia reciente y no es sencillo. ¿Cómo se cubre un país con miedo?», se cuestiona.

Donaldo, por su parte, no pierde la esperanza de que un día pueda volver a Nicaragua. «Necesitamos una garantía mínima por parte del Estado para poder ejercer con libertad el periodismo y que se permita a la prensa independiente ingresar a las instituciones públicas, a las conferencias de la Presidencia, recibir información de los cuatro poderes del Estado, pero sobre todo es necesario que se deje de perseguir a los periodistas».

Hernández cree que tal vez puede haber una negociación que permita abogar ante el gobierno de Ortega para garantizar la libertad de prensa, aunque aún se ve lejana.

Narrar un «país fachada»

Por una fase previa de investigación y varias entrevistas virtuales, el periodista mexicano Otoniel Martínez, de TV Azteca, sabía de las presiones del régimen de Daniel Ortega. Pero quería conocer más. Por eso, desoyendo casi todas las voces que le decían que no era seguro, decidió viajar a Nicaragua. Lo hizo como turista y sin equipos profesionales, aunque con varias medidas de seguridad. Descubrió que la realidad era mucho peor de lo que le habían contado. «No hay forma de que un periodista que no sea amigo del régimen pueda tener un permiso para entrar a Nicaragua».

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En entrevista con Diálogo Político, Otoniel relata esta travesía compleja que le permitió revelar, con fuentes primarias, la situación de los nicaragüenses en lo que él ha denominado un país fachada.

«Fue un viaje entre la clandestinidad y la paranoia, porque lo que yo viví en esas dos semanas es lo que vienen viviendo –incluso peor– los nicaragüenses durante años. Es la dictadura oficial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y yo repito constantemente estos dos nombres porque son los únicos que se mencionan en los canales de televisión y en la radio. No hay otra figura política de la que se hable. Además, son los propios hijos del matrimonio presidencial quienes han tomado el control de los medios. Son dueños de televisoras y censuran a cualquiera que esté en contra».

«No me voy a callar»

El miedo fue la constante de esta arriesgada cobertura de Martínez, pero uno de sus objetivos era darle voz a la gente y mostrar su cotidianeidad, porque eso ya no lo pueden hacer muchos medios ni comunicadores por las amenazas y represiones.

«Después de la crisis de 2018, que dejó muertos y presos, yo sentía que debía documentar lo que está pasando ahora, voltear a ver las historias. Esa realidad del médico que no puede ejercer su profesión por culpa de la dictadura o la maestra que entre lágrimas me dice que por haber protestado ya no puede ser más maestra. Esa es la vida de muchos y no solo en Managua que es la capital, sino también en los otros departamentos a los que pude llegar y donde encontré voces valientes de nicaragüenses que me decían “yo no tengo miedo, no me importa que muestres mi rostro, no me importa que menciones mi nombre, yo no me voy a callar”».

A pesar de los riesgos que vivió, Martínez siente que era algo que tenía que hacer, porque hay realidades que no pueden ser ignoradas y no solamente por los nicaragüenses, sino por todos los latinoamericanos. «Lamentablemente, la radiografía de Nicaragua que yo muestro a través de este trabajo periodístico puede ser la realidad de muchos otros».

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Hace unas semanas la región más occidental de Cuba fue impactada por el huracán Ian. El fenómeno devastó la provincia de Pinar del Río y afectó también a La Habana. A las averías provocadas por la tormenta se unieron, en la tarde del 27 de septiembre, el colapso total del sistema eléctrico nacional. Durante varias horas, esa noche la Isla permaneció totalmente apagada. El impacto acumulado de años de falta de mantenimiento e inversión pública, así como de políticas fallidas en materia de energía, quedaron en evidencia. Expresiones todas de la incapacidad administrativa de un Gobierno ajeno a cualquier forma de escrutinio público, control ciudadano o alternancia.

El ruido de la turba

A raíz de esa situación, del 29 de septiembre al 2 de octubre estallaron en la ciudad de La Habana una serie de protestas populares. Estas se han multiplicado en las siguientes semanas, extendiéndose a otras zonas del país. Son manifestaciones en barrios tradicionalmente pobres y marginalizados, donde la falta de electricidad afecta el abasto de agua y gas y la conservación de la comida. Con una crisis económica estructural que lleva décadas, el acceso a alimentos y medicinas es agónico. Esto se ve agudizado por el efecto de la pandemia y el impacto de sanciones financieras externas. A las reivindicaciones focalizadas de luz, agua y alimentos se han unido, con creciente frecuencia, reclamos marcadamente políticos resumidos en el grito de libertad.

El proyecto Inventario ha contabilizado más de noventa protestas desde el 29 de septiembre al 13 de octubre de 2022. Ocurrieron en localidades de al menos diez provincias del país. Entre los elementos que han caracterizado esta ola se destacan su carácter barrial, territorialmente fragmentado, con reivindicaciones varias. Estas son estructuradas a través redes informales de solidaridad vecinal.

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Entre sus protagonistas destaca la presencia de mujeres y jóvenes. Se incorporan nuevos elementos al repertorio de las protestas como la realización de cacerolazos, el cierre de calles y la construcción de barricadas para llamar la atención de autoridades. Prueba del aprendizaje colectivo tras la represión de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 es que hay una menor exposición mediática de rostros. Se filman las espaldas, se evita mencionar nombres y perfiles personales de redes sociales.

Así se reprime en Cuba

La represión, siempre presente, ha tenido un patrón algo diferente. Inicialmente fue, aparentemente, menos explícita. Durante las dos primeras noches de protestas el régimen cortó totalmente el servicio de internet en la Isla. Durante alrededor de doce horas, incluso las páginas de diarios oficiales y los sitios gubernamentales se encontraban fuera de la web. Fue un claro intento de mitigar el impacto de las imágenes en tiempo real, dado el efecto dominó que la viralización de la protesta tuvo en julio de 2021.

Con el paso de los días y la multiplicación de espacios han aparecido las estrategias de siempre. Represión directa con el uso de militares movilizados vestidos de civil, detenciones arbitrarias, despliegue de fuerzas policiales en los territorios y el anuncio de los primeros procesamientos a manifestantes.

En las primeras reacciones públicas, las autoridades han aceptado en medios que la protesta por servicios básicos es legítima, aunque insisten en que debe ocurrir solo cuando los funcionarios no hacen su trabajo. Los voceros han comparecido en programas televisivos para mostrar como comprensible el malestar social luego de casi cien horas sin servicio eléctrico. Pero recuerdan en simultáneo que cortar una calle es delito. A medida que transcurren los días, la retórica punitiva ha ido aumentando. Se insiste en el carácter delictivo de conductas como el cierre de calles o el insulto a funcionarios públicos.

Atentados contra la revolución

El discurso oficial insiste una vez más en trasladar el conflicto nacional a la geopolítica, denunciando la «guerra mediática» y la responsabilidad del exilio y el gobierno norteamericano en los hechos. La campaña ha incluido el regreso a programas televisivos de denuncia de «atentados contra la revolución», columnas de opinión en medios oficiales destacando el carácter «marginal e indisciplinado» de las expresiones sociales, así como de los sujetos protagonistas de estas. Todo para desconocer la legitimidad de la protesta.

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La documentación y denuncia de violaciones a derechos humanos y represión de la protesta ha estado marcada por la intimidación. A la ilegalidad y el riesgo en el que operan las organizaciones de defensa de derechos humanos y los activistas, se ha unido la falta de acceso a internet y energía. Esto ha impedido la grabación y trasmisión de imágenes y videos de forma inmediata. La calidad del registro audiovisual, el anonimato de las personas que los graban, los testimonios y la precaución de los medios ante el auge de las fake news, dificultan su difusión. No obstante, hasta el momento, gracias a Justicia 11J conocemos de al menos dos decenas de detenciones, golpizas a jóvenes y amenazas a manifestantes. Se sabe del inicio de procesos penales por delitos como desorden público, desacato y resistencia. Probablemente en los siguientes días conoceremos más.

Las protestas se dan tras un año de represión y juicios ejemplarizantes que castigaron hasta con treinta años de cárcel a los manifestantes del 11 de julio, de los cuales 666 se encuentran en prisión a la fecha. Alrededor de 1000 personas han sido detenidas o procesadas en relación con protestas públicas en el último año y medio.

Este auge simultáneo de la manifestación social y la represión estatal se producen en un entorno marcado por la amenaza de un nuevo código penal que criminaliza el activismo e inhibe la acción ciudadana y la articulación social. Todo en el marco de la mayor ola migratoria del proceso revolucionario, que ya superó al éxodo del Mariel o la crisis de los balseros. Solo a Estados Unidos han llegado más de 180.000 cubanos en lo que va de 2022. Sin embargo, en la Cuba actual, la protesta parece haber llegado para expandirse y quedarse. Desde la precariedad y el temor, las y los cubanos están construyendo ciudadanía.

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En la avenida Bolívar de Caracas, puerta hacia el casco histórico y centro político de la capital de Venezuela, un colosal árbol de Navidad se despliega al pie de los viejos rascacielos donde se encuentran varios ministerios y el Consejo Nacional Electoral. Toda la vía está iluminada con decoraciones alusivas a la época, cuyo inicio decretó el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 1° de octubre, en festividad dirigida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien declaró que esto era una muestra de la alegría del pueblo venezolano ante las dificultades. En una transmisión directa en varias capitales de estado, ministros, gobernadores y alcaldes del Partido Socialista se unieron a esta ceremonia.

La superficial liberalización económica

El fin del año en Venezuela suele coincidir con un auge del consumo y el gasto familiar en torno a los bonos y aguinaldos de fin de año. Tras años de colapso económico, y en medio de una crisis humanitaria que ha llevado a millones a la emigración, algunas ciudades de Venezuela dan una apariencia de reactivación. La superficial liberalización económica, que ha incluido la liberalización del tipo de cambio y la suspensión de aranceles de importación, ha llenado los anaqueles, aun si estos bienes son inalcanzables para la mayoría.

Lujosos restaurantes, carros nuevos, casas reconstruidas, conciertos exclusivos, empiezan a brotar. Si se contrasta con los rigores de la peor época de crisis económica, el sistema parece decir «Venezuela se arregló».

Los venezolanos, dicen algunas encuestas, quieren cambio, pero no tienen esperanzas inmediatas de lograrlo; lo que, es más, no desean saber nada de política, democracia ni partidos. Para todos, incluyendo a algunos países vecinos, parece que es tiempo de olvidarse de la peor cara del sistema, despolitizarse, sobrevivir y no meterse en problemas.

La Tumba

A poco más de tres kilómetros de la avenida Bolívar está La Tumba, el nombre con el que popularmente se conoce a la torre que sirve de cuartel general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En sus sótanos, las celdas de detención que han sido expuestas por investigadores y presos políticos sobrevivientes, con métodos sofisticados de tortura, y que dan su sobrenombre al edificio. Su escalofriante referencia fue denunciada en el primer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), promovida desde el año 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en su resolución 42/25.

A finales de septiembre, un nuevo informe fue presentado por la misión, detallando nuevas facetas de la represión política y social en el país. En los reportes de años anteriores se habían establecido las prácticas de arbitrariedad policial y judicial, tortura, censura y coacción de que son objeto tanto grupos políticos como colectivos sociales y ciudadanos particulares.

La misión, compuesta por los abogados y expertos independientes en derechos humanos Marta Valiñas (Portugal), Francisco Cox Vial (Chile) y Patricia Tappatá Valdez (Argentina), ha entrevistado a cientos de víctimas, activistas, expertos y funcionarios. En este informe priorizaron la revisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las agencias de inteligencia policial y militar, y la situación de derechos humanos en el Arco Minero de la Orinoquia venezolana, en el sureño estado Bolívar.

Derechos humanos en Venezuela

La primera y desoladora conclusión es que la situación de los derechos humanos no solo continúa grave, sino que, pese a las advertencias de la misión en sus informes previos, permanece incesante, empeorando con la profundización autoritaria permitida por la pandemia. Esto se hace tanto más serio por cuanto, pese a los anuncios oficiales de justicia para las víctimas y procesamiento de algunos funcionarios involucrados en estas acciones represivas, la misión confirma que no se trata de hechos aislados, sino de un «plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno».

[Lee El fantasma del autoritarismo electoral]

Este aserto se refuerza con el juicio sobre los abusos en las regiones mineras del sur, donde pese al ambiente general de ilegalidad, impunidad y control del territorio por grupos criminales, se verifica la responsabilidad del Estado por acción u omisión. La presión de funcionarios que cohonestan o colaboran con intereses fácticos vinculados a la minería cuasi legal o ilegal, el contrabando de mercancías, así como con la trata de personas, han victimizado a los pobladores originarios de esas zonas.

Las reacciones han seguido las líneas políticas usuales. Los activistas en derechos humanos, blanco frecuente del hostigamiento oficial, han solicitado la renovación del mandato de la misión, con miras a la supervisión de las garantías civiles en el venidero ciclo electoral. El Gobierno ha repudiado el informe, calificándolo como un panfleto escandaloso, y cuestiona la legitimidad y métodos de la misión, idea que han repetido los partidos y grupos cooptados por el Estado. Los partidos políticos de oposición, también perseguidos y reprimidos, han reiterado las denuncias del informe, pero también han iniciado una triste competencia en medio de la precampaña electoral y la redefinición de su liderazgo. Se acusanentre sí de no ser suficientemente enérgicos con el informe y sus conclusiones sobre el régimen político.

La misión contra el secreto

La importancia de esta misión y su continuidad no pueden desestimarse. Entre los acuerdos parciales del Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria suscritos en el año 2021, se encuentra la creación de una comisión de la verdad que verifique los efectos del conflicto político en los derechos humanos. Aun si los resultados encontrados no producen directamente efectos judiciales, y pese a la contumaz obstrucción del Estado para con la misión, la relativa tolerancia con su trabajo permite caracterizar y definir más claramente a este sistema, registrando testimonios cruciales para su transformación.

Una eventual reforma política deberá pasar por la revisión de las voluntades, incentivos y mecanismos de esta represión, así como de la reivindicación de los derechos difusos y específicos de las víctimas. No en balde la Constitución venezolana, único documento que concita autoridad y legitimidad colectiva generalizada, tiene altísimas exigencias en su definición de la república y, particularmente, en su capítulo sobre derechos humanos.

[Lee Venezuela: perestroika sin glasnost]

Venezuela vive, es evidente, en un momento de estabilidad política. Sin embargo, se trata de una estabilidad política negativa, apalancada en su burbuja de prosperidad económica relativa y sostenida en su base con la continuidad de prácticas autoritarias. Las violaciones a los derechos humanos son, hoy, su secreto mejor guardado.

Esta constatación debe servir a la comunidad internacional para advertir de los costos morales de trabajar con el Gobierno venezolano sin que medien exigencias de reforma. Pero también debería servir para estimular a las fuerzas sociales, económicas y políticas comprometidas con las libertades en el país, y a los sectores reformistas desde el Estado, a unir esfuerzos a favor de un sistema que respete los derechos humanos de su población.

Con la tercera década del Siglo XXI empezó un nuevo superciclo electoral en América Latina. Son elecciones que tienen lugar en un contexto de crisis a nivel global y regional. La edición especial de Diálogo Político sobre Elecciones se dedica a este trascendental, para aportar el necesario contexto y análisis.  

¿Cuáles son las heridas aún sin cerrar del anterior superciclo electoral y qué nos deparará el actual? ¿Cómo es posible detener el avance del autoritarismo en América Latina o qué instrumentos de democracia directa pueden servirnos para reducir la brecha entre la política y los ciudadanos? Estas son algunas de las preguntas que ponemos Bajo la Lupa. 

Episodio 1/3 de la serie Elecciones

Participan:

Paola Bautista de Alemán. Preside el Instituto FORMA y la Fundación Juan Germán Roscio. Autora del libro «A callar que llegó la revolución» y directora de la revista «Democratización».

Salvador Romero Ballivián. Director del Programa Paraguay de IDEA Internacional, desde 2022.

Te invitamos a visitar la edición especial de Diálogo Político sobre Elecciones donde puedes leer, escuchar o descargar los artículos.

Escucha el episodio 2/3 y 3/3 de la serie Elecciones.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Guion: Raúl Gil | Rombo Podcasts

Edición de sonido: Pablo Fisher | Rombo Podcasts.

Acceso a la versión en portugués

Es necesario poner la lupa sobre este nuevo mapa político apuntalado por la derecha brasileña.

La (re)elección de los gobernadores

Dos palabras resumen las elecciones en los estados brasileños: reelección y derecha. De los 20 gobernadores que buscaban un nuevo mandato, 12 fueron reelegidos en primera vuelta, es decir, obtuvieron más del 50% de los votos válidos. Otros seis gobernadores, incluido el de Rio Grande do Sul —que dejó el poder en abril para intentar una candidatura presidencial que no se consolidó—, están en segunda vuelta, cuatro de los cuales pasan como favoritos.

Solo dos gobernadores en ejercicio perdieron la elección y sus estados tendrán una segunda vuelta: São Paulo y Santa Catarina. Otros siete estados no tenían gobernadores en ejercicio que disputaran la reelección. De estos, habrá segunda vuelta en Bahía, Mato Grosso do Sul, Pernambuco y Sergipe, mientras que la elección ya está definida en Ceará, Piauí y Amapá.

[Lee también: Presidenciales de Brasil: cinco claves imprescindibles]

En términos ideológicos, seis partidos de derecha conquistaron directamente ocho estados. El centro, con el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), fue reelegido en dos unidades federativas: el Distrito Federal, con inclinación a la derecha en la figura de Ibaneis Rocha, y en Pará, donde ganó Helder Barbalho con el apoyo del Partido de los Trabajadores (PT). La izquierda tiene cinco estados, con el PT dentro del trío de la región nordeste compuesto por Rio Grande do Norte, Piauí y Ceará.

El panorama para la segunda vuelta

Todavía hay doce estados sin un resultado. Hay un enfrentamiento directo entre partidos de derecha en Rondônia, con el actual gobernador, que en 2018 vivía bajo la lógica bolsonarista y ahora se enfrenta a un senador del actual partido del presidente (Partido Liberal, PL). Otros cinco estados tienen enfrentamientos entre izquierda y derecha. En Espírito Santo, donde Bolsonaro lidera la carrera presidencial, Renato Casagrande, del Partido Socialista Brasileño (PSB) compite por el poder contra el aliado directo de Bolsonaro (PL). En São Paulo, Fernando Haddad, quien se presentó a la presidencia en 2018 en lugar de Lula (PT), se enfrenta a un afiliado de Republicanos exministro del actual presidente.

En Santa Catarina, donde el actual presidente cosechó el 62% de los votos en la primera vuelta y su espacio político se dividió en cuatro candidaturas, el PT, que enfrenta fuertes resistencias, saltó a una inesperada segunda vuelta. En Bahia, después de que União Brasil —partido de derecha resultante de la fusión del Partido Social Liberal (PSL) bolsonarista con el partido Demócratas (DEM)— lideró toda la carrera con el exalcalde de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto, la fuerza del PT, que le dio a Lula el 70% de los votos en primera vuelta, puso al exsecretario Jerônimo Rodrigues en segunda vuelta con el 49,5% de los votos. Finalmente, en Sergipe, se producirá el enfrentamiento entre la derecha más moderada del Partido Social Democrático (PSD) y un candidato del PT, ya que el nombre del PL que lideraba la contienda fue impugnado por la justicia en vísperas de la elección.

Disputas pendientes

Aún hay disputas entre el centro y la izquierda en dos estados de la región nordeste. En Paraíba, el gobernador del PSB se enfrenta al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). En Pernambuco, el líder es de Solidariedade, disidente de la familia Arraes y del PT, cuyo grupo gobierna el estado desde hace años y ahora fue derrotado. Su oponente, la exalcaldesa de Caruaru, es del centrista PSDB.

Los enfrentamientos entre centro y derecha completan la lista. En Rio Grande do Sul, el exministro de Bolsonaro Onyx Lorenzoni (PL) pasó a la segunda vuelta con su inesperado liderazgo, pero se enfrenta a Eduardo Leite (PSDB), que superó al PT por menos de tres mil votos. En este estado, los votantes del PSDB y el PT tienden a unirse.

En Alagoas, el actual gobernador de centro (MDB) se enfrenta, con apoyo del PT, al candidato de União Brasil, por la derecha. Es respaldado por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (Partido Progresistas, PP). Su candidatura debe de recibir el apoyo de Bolsonaro, quien sostenía al expresidente Fernando Collor de Mello, que quedó en tercer lugar.

En Amazonas, el actual gobernador, del campo bolsonarista, se enfrenta al centro, en la figura de un exgobernador del MDB. Finalmente, en Mato Grosso do Sul, una elección extremadamente equilibrada con cinco nombres en la carrera, verá la maquinaria estatal controlada por el PSDB enfrentarse a un candidato apoyado nominalmente por Bolsonaro. No hay confrontaciones puras en la izquierda ni en el centro en la segunda vuelta.

Senado a la derecha

Las elecciones para el Legislativo realizadas en cada estado trajeron elementos relevantes. Cada uno de los 27 estados eligió un representante para el Senado. En 18 de ellos, las encuestas mostraban, en la semana electoral, candidatos a la cabeza con menos del 33% y un gran número de indecisos. En estos casos, hubo cambios de dirección en 11 asientos, prácticamente todos favorables al bolsonarismo. En lugares donde el actual presidente tenía cerca del 40% o más de la intención de voto, se confirmaron victorias, con destaque de exgobernadores elegidos en 2018 en el nordeste fuertemente de izquierda o centro.

[Lee también: Bolivia: 40 años de una democracia que aún se construye]

En total, el Senado tendrá una fuerte bancada de derecha. De los 81 nombres —una vez que dos tercios ya fueron elegidos en 2018 y tienen otros cuatro años por delante—, el PL tendrá 13 asientos, pero União Brasil (12) y Progresistas (7) planean una fusión que crearía la mayor fuerza de derecha en el país. La izquierda alcanza 13 sillas, destacándose PT (9).

Diputados a la derecha

El movimiento se repite en la Cámara de Diputados, donde las recientes reformas políticas han reducido el total de partidos efectivos de 16 en 2018, a alrededor de 9 en la actualidad. El volumen real de siglas bajó de 30, en 2018, a 19, si consideramos como unificadas las federaciones partidarias —asociaciones formales de partidos—. El PL (99) y el PT (80) tendrán las mayores bancadas, superando los pronósticos iniciales. União Brasil y Progresistas pueden superar los 105 parlamentarios. Siete partidos que no alcanzaron la cláusula de desempeño legal se quedarán sin recursos públicos, y sus 28 representantes electos son libres de buscar otros partidos sin ser sancionados por infidelidad.

Si se reelige como presidente, Bolsonaro tendrá un Congreso Nacional aparentemente más amigable a sus agendas. En caso de que gane, Lula deberá negociar un gobierno de centro. Queda por entender cómo funcionará la lógica de distribución de recursos presupuestarios para parlamentarios individuales en torno a la gobernabilidad. Esto se repite en los estados, y es importante observar el desafío de los gobernadores en relación con las asambleas legislativas y sus diputados federales en los estados, también electos el pasado 2 de octubre.

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É necessário dar destaque a este novo mapa político sustentado pela direita brasileira.

A (re)eleição dos governadores estaduais

Duas palavras resumem as eleições estaduais brasileiras: reeleição e direita. Dos 20 governadores que buscavam ser reconduzidos a mais um mandato, 12 foram reeleitos em primeiro turno, ou seja, obtiveram mais de 50% dos votos válidos. Outros seis governadores, incluindo o do Rio Grande do Sul, que deixou o poder em abril para tentar uma candidatura presidencial que não se consolidou, estão na disputa de segundo turno, sendo que quatro deles passaram para a segunda rodada em primeiro lugar.

Apenas dois governadores em exercício perderam a eleição, e seus estados terão segunda rodada: São Paulo e Santa Catarina. Outros sete estados não tinham governadores em exercício disputando a eleição. Desses, haverá segundo turno na Bahia, no Mato Grosso do Sul, em Pernambuco e em Sergipe, enquanto o pleito já foi definido no Ceará, Piauí e Amapá.

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Em termos ideológicos, seis partidos de direita conquistaram diretamente oito estados. O centro, com o MDB, foi reeleito em duas unidades federativas: no Distrito Federal, com inclinação à direita na figura de Ibaneis Rocha, e no Pará, onde Helder Barbalho venceu com apoio do PT. A esquerda tem cinco estados, com destaque para o PT no trio nordestino composto por Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará.

O panorama do segundo turno

Há ainda doze estados em aberto. Existe confronto direto de partidos de direita em Rondônia, com o atual governador que, em 2018 vivia sob a lógica bolsonarista e agora enfrenta senador do atual partido do presidente (PL). Outros cinco estados têm embates entre esquerda e direita. No Espírito Santo, onde Bolsonaro lidera a corrida presidencial, Renato Casagrande, do PSB, disputa o poder contra aliado direto de Bolsonaro no PL. Em São Paulo, Fernando Haddad, que disputou a presidência em 2018 no lugar de Lula pelo PT, enfrenta um filiado ao Republicanos que é ex-ministro do atual presidente.

Em Santa Catarina, onde o atual presidente colheu 62% dos votos em primeiro turno e seu segmento político se dividiu em quatro candidaturas, o PT, que sofre severas resistências, saltou para um inesperado segundo turno. Na Bahia, depois de o União Brasil, partido de direita fruto da fusão do bolsonarista PSL com o DEM, liderar toda a corrida com o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, a força do PT, que deu 70% dos votos a Lula em primeiro turno, colocou o ex-secretário Jerônimo Rodrigues em segundo turno com 49,5% dos votos. Por fim, no Sergipe, o confronto se dará entre a direita mais moderada do PSD e uma candidatura do PT, já que o nome do PL que liderava a corrida foi impugnado pela justiça na véspera do pleito.

Disputas pendentes

Há ainda disputas entre o centro e a esquerda em dois estados do Nordeste. Na Paraíba o governador do PSB enfrenta o PSDB. Em Pernambuco, a líder é do Solidariedade, dissidente da família Arraes e do PT, cujo grupo governa o estado há anos e agora foi derrotado. Sua adversária, ex-prefeita de Caruaru, é do centrista PSDB.

Completam a lista os embates entre centro e direita. No Rio Grande do Sul, o ex-ministro de Bolsonaro Onyx Lorenzoni (PL) passou para o segundo turno em inesperada liderança, mas enfrenta Eduardo Leite (PSDB), que ficou à frente do surpreendente nome do PT por menos de três mil votos. Nesse estado, o eleitorado do PSDB e do PT tendem a se unir.

Em Alagoas, o atual governador do centro (MDB) enfrenta, com o apoio do PT, candidato do União Brasil, à direita, respaldado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). Sua candidatura deve receber o apoio de Bolsonaro, que ancorava o ex-presidente Fernando Collor de Mello, terceiro colocado.

No Amazonas, o atual governador do campo bolsonarista enfrenta o centro, na figura de um ex-governador do MDB. Por fim, no Mato Grosso do Sul, uma eleição extremamente equilibrada com cinco nomes na disputa assistirá à máquina estadual controlada pelo PSDB em confronto com candidato nominalmente apoiado por Bolsonaro. Não há confrontos puros na esquerda ou ao centro para o segundo turno.

O Senado à direita

As eleições para o Legislativo, disputadas em cada estado, trouxeram elementos relevantes. Cada um dos 27 estados elegeu um representante para o Senado. Em 18 deles, as pesquisas mostravam, na semana do pleito, candidatos liderando com menos de 33% e grande número de indecisos. Nesses casos, ocorreram viradas em 11 unidades e praticamente todas favoráveis ao bolsonarismo. Em locais cujo líder tinha cerca de 40% ou mais da intenção de votos, vitórias se confirmaram, com destaque de ex-governadores eleitos em 2018 no Nordeste fortemente de esquerda ou centro.

No total, o Senado terá forte bancada à direita. Dos 81 nomes — pois dois terços haviam sido eleitos em 2018 e têm mais quatro anos de mandato pela frente —, o PL ficará com 13 vagas. Além disso, União Brasil (12) e Progressistas (7) ensaiam fusão que criaria a maior força de direita no país. A esquerda chega a 13 vagas, com o PT (9) se destacando.

Câmara dos Deputados à direita

O movimento se repete na Câmara dos Deputados onde as recentes reformas políticas reduziram o total de partidos efetivos de 16, após o pleito de 2018, para cerca de 9. O volume real de legendas caiu de 30, em 2018, para 19, se considerarmos unificadas as federações partidárias – associações formais de partidos. PL (99) e PT (80) terão as maiores bancadas, superando prognósticos iniciais. União Brasil e Progressistas podem ultrapassar 105 parlamentares. Sete partidos que não atingiram a cláusula de desempenho legal passam a ficar sem recursos públicos, e seus 28 eleitos estão livres para procurar outros partidos sem ser punidos por infidelidade.

Se reeleito como presidente, Bolsonaro terá um Congresso Nacional aparentemente mais afeito às suas agendas. Caso ganhe, Lula terá que negociar um governo de centro. Resta entender como funcionará a lógica de distribuição de recursos orçamentários para parlamentares individualmente em torno da governabilidade. Isso se repete nos estados, e é importante observar o desafio dos governadores em relação às assembleias legislativas e seus deputados estaduais, também eleitos no domingo.

«Un día encontrarás alguien que se obsesionará contigo. Lo más probable es que sea un demonio, pero algo es algo». La premonición pertenece a Comunismo Satánico, un grupo radical de Facebook con más de 2600 seguidores, entre ellos Fernando Sabag Montiel: la persona que intentó asesinar a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. Catálogo Paranormal, Centauro 996 y Conocimiento Oculto, por citar otras comunidades, completan la dieta digital del agresor.

Es una época sísmica para la región. La violencia simbólica que observamos en las redes sociales tiene un correlato en el territorio. Por recordar algunos acontecimientos: Jair Bolsonaro fue apuñalado en 2018 (debido a este tipo de sucesos, Lula da Silva ahora usa chaleco antibala), el equipo de seguridad de Gustavo Petro sufrió hace unos meses un ataque con armas de fuego y, semanas atrás, el expresidente Mauricio Macri denunció amenazas de muerte. La política está ingresando en un campo vidrioso, donde la palabra pierde la pulseada con la furia.

El reciente estudio de Data Reportal pone sobre la mesa unas métricas llamativas: de los cinco países que más horas diarias pasan en internet, tres son sudamericanos. El ranking es el siguiente: Sudáfrica, 10:04 h; Filipinas, 9:58 h; Brasil, 9:42 h; Colombia, 9:28 h; Argentina 9:23 h. Ergo: en dichas naciones, más de un tercio del día estamos enchufados a la web. ¡Sí, más que una jornada laboral estándar! Tan interesante como preocupante.

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El informe alumbra otro dato particular de escala global: el 60,1 % de las personas usan internet para buscar información. Esto quiere decir que nuestra percepción de la realidad está constituida, en buena medida, por los contenidos que circulan en el ciberespacio. Y la red es como el Jardín de las delicias del Bosco: está el edén, pero también el infierno. Uno puede firmar en change.org para defender la selva amazónica y, en el siguiente clic, ver la masacre del supremacista Brenton Tarrant en Christchurch, Nueva Zelanda (el video original del atentado, que grabó el asesino, fue visto unas 4000 veces antes de que Facebook lo bloqueara). El infinito digital también tiene su lado oscuro.

La manada digital

Los sudamericanos tenemos la sensación de que la ciberdemocracia aún no desembarcó en estas tierras. Pensamos que es un artificio del primer mundo. Hater, protección de datos, grooming, cámaras de eco o ciberdefensa forman parte —supuestamente— de un glosario lejano, que solo vemos en las películas noir de Netflix o en series como Carbono alterado. Pero no. Como muestran las estadísticas (y los hechos), estamos expuestos a dichos fenómenos.

En How Minds Change (2022), el periodista científico David McRaney recolecta diversos conceptos de la psicología social que pueden aplicarse a nuestra realidad. Uno de ellos es psicología tribal. Los humanos somos animales gregarios. Estamos dispuestos a sacrificar el yo para integrar, crear y/o salvar un grupo. Entre tener razón o tener grupo, nos quedamos con lo último. Este sentido colectivo llevado al extremo es lo que, por lo general, impulsa a los llamados lobos solitarios a cometer una atrocidad. Ellos sienten que están sacrificándose por una causa mayor: Alá, el mundo occidental, la patria, la pureza blanca, etcétera. Ese motivo supremo cohesiona a una comunidad (concreta o imaginaria), a la que el fanático aspira a formar parte y ser premiado simbólica o materialmente.

La lealtad a la manada no tiene techo. Y ahí reside el problema. Los sujetos estamos dispuestos a todo para ser aceptados, desde ponernos una remera o usar un hashtag hasta viralizar contenido violento o producir un atentado. Son todas señales —claramente, de diferente intensidad— que emitimos al rebaño. Deseamos ser sus mejores socios; incluso, a costa de nuestra subjetividad. De la mirada social depende nuestra autoestima. Como asegura la socióloga Brooke Harrington: «La muerte social es más aterradora que la muerte física».

Y el inconveniente en la ciberdemocracia es que, para optimizar nuestro tiempo y esfuerzo, el algoritmo nos reúne en barrios digitales, donde todos sienten, consumen o piensan parecido a nosotros. Gracias a él, descubrimos una cantante de trap en Spotify o un thriller político en Filmin.es. Pero, a su vez, si no rompemos la dieta informativa que nos propone a través de publicidad, posteos o sugerencias porcentuales («97 % de coincidencia»), nuestra visión del mundo se angosta y solidifica. Perdemos flexibilidad para pensar. Ingresamos en una especie de bucle autoconfirmatorio, del que cada vez nos cuesta más salir.

Mientras tanto…

Referéndum inflamable en Chile, balotaje cortante en Colombia, elección apocalíptica en Brasil: sin duda, la polarización atraviesa la región. ¿Qué relación tienen estos procesos electorales con la mentalidad de rebaño y el ciberespacio? Bastante. Las redes sociales son aceleradoras del enfrentamiento radical. Agudizan identidades preexistentes. Las mismas horas que le dedicamos al sueño, nos entrenan como seguidores de un colectivo determinado. Confirman sesgos, prejuicios, miedos y estereotipos. Nos acercan el material propicio para ser sus miembros ideales.

En simultáneo, perdemos la capacidad de escuchar visiones ajenas. Es lo que pasa cuando nos cruzamos en un grupo de WhatsApp con algún amigo del colegio que vota a la oposición y comparte un meme que ataca a nuestro imaginario. Nos electrifica. Nos pone a la defensiva. Como nuestros ancestros cuando cazaban, el cerebro se activa en modo lucha o huida: liberamos adrenalina (la hormona del riesgo), segregamos cortisol (la hormona del estrés), se nos tensan los músculos, transpiramos y aumenta la frecuencia respiratoria. Reaccionamos como si se nos apareciese un oso en el bosque.

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Esta endogamia digital impacta en nuestra convivencia cívica. La democracia es una disputa narrativa que, históricamente, se ordenó con el oficialismo desplegando un relato positivo (repaso de logros) y la oposición vertebrando un relato reactivo (crítico de la gestión).

Hoy, ese juego de roles es difuso. Tanto las fuerzas que ocupan la nave estatal como las que esperan en el llano optan por contrarrelatos: narraciones negativas que tienen como objetivo cardinal erosionar al adversario. En términos de Burke (1969), se construye identidad más por antítesis (rechazo de valores) que por simpatía (compartir valores).

Esta mecánica binaria atenta contra las narrativas maestras: las grandes historias que nos unen como país. Así, se fragmenta y tensiona el tejido social. ¿Resultado? Intolerancia ciudadana y sistemas políticos gaseosos.

Desde 2018, en Europa se aplica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En Sudamérica, ni siquiera hay un germen de debate al respecto. Mucho menos sobre el funcionamiento de los algoritmos y sus efectos en el debate público. Ocupados en las cuentas pendientes del pasado (pobreza, desempleo, corrupción estructural), nos olvidamos de los desafíos del presente. Deducimos que los problemas tienen edad. Y los más viejos tienen prioridad. Un enfoque diacrónico. Pero la época exige sincronía y, sobre todo, reflejos. Justamente, ahí se esconde el poder hoy en día, en la velocidad.

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Un 10 de octubre de 1982, Bolivia conquistó la democracia a través de la posesión de un gobierno constitucional presidido por Hernán Siles Suazo, de la Unidad Democrática y Popular (UDP), luego de años de administraciones militares. Fueron solo los primeros pasos, porque aún prevalecía la sombra de las dictaduras en medio de una profunda crisis económica y la incipiente institucionalidad política. En esta primera etapa fue clave la estructura partidaria que permitió llevar adelante reformas, sobre todo en la legislación electoral, para promover la imparcialidad al margen de los partidos.

Tiempo después, con la nueva Constitución Política y el nacimiento del Estado Plurinacional en 2009, en Bolivia se dio paso a una democracia más participativa e inclusiva, pero también a cambios discursivos que fueron empañando la convivencia social en el país.

Sin embargo, las amenazas al Estado de derecho han estado presentes constantemente en estas cuatro décadas y hacen mucho más complejo el desafío de consolidar una democracia de calidad.

Institucionalidad, participación y gobernabilidad

La construcción de la democracia debe ser entendida en dos niveles: el ámbito político institucional y la participación social, dice la politóloga e investigadora María Teresa Zegada, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). Zegada destaca cómo los acuerdos políticos de fines de los ochenta y principios de los noventa han promovido reformas, por ejemplo, para la transparencia en el Órgano Electoral y otras medidas como la rendición de cuentas en la propia gestión pública, además de espacios de mayor participación para los sectores sociales.

Sin embargo, aclara que «es preciso diferenciar, durante esta etapa, el alcance y relevancia de estos acuerdos institucionales de aquellos que propiciaban los partidos en momentos electorales, simplemente para acceder y/o mantenerse en el poder».

Los albores de la democracia en Bolivia tuvieron muchos tropiezos. Sin embargo, sirvieron para sentar las bases de la gobernabilidad, aunque también, como explica Zegada, se evidenció la «incapacidad de los partidos políticos de representar las contradicciones de una sociedad marcada por grandes necesidades sociales, fracturas históricas no resueltas, y con una cultura organizativa y política que, históricamente, desbordó al orden constituido».

Lo social-popular en Bolivia

Por otro lado, para entender la participación social es necesario volcar la mirada a las organizaciones sociales populares afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que objetaron al propio régimen democrático. El discurso que se manejó en ese entonces —y ha prevalecido hasta ahora— se refiere a la exclusión social a la que fueron sometidos los pueblos indígenas, lejos de la atención de quienes ostentaban el poder en la era republicana. En 14 años de gobierno de Evo Morales esta retórica fue constante.

«Hacia la crisis del 2019 se ponen en descubierto estas visiones y desde el MAS hay un discurso para enfrentar estas dos formas de democracia y fortalecer este segundo pilar debilitando el primero. En ese equilibrio inestable nos estamos moviendo hoy. Y, en realidad, la fórmula de esta complementación está en la propia Constitución, pero mientras los factores políticos incidan en esta confrontación va a ser muy difícil encontrar una salida», explica Zegada.

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Sin embargo, uno de los mayores embates que sufrió la democracia en los últimos años fue justamente el protagonizado por el MAS cuando el entonces presidente Evo Morales decidió facilitar su permanencia en el poder. El 21 de febrero de 2016, Morales perdió el referendo que buscaba modificar la Constitución para poder presentarse a las primarias de 2019 y a los comicios generales de 2020, con miras a extender su mandato hasta 2025. El margen fue estrecho: el no se impuso con un poco más del 51,3 % y el sí llegó al 48,7 %.

Aunque, un año después, el Tribunal Constitucional de Bolivia lo habilitó para seguir buscando una reelección indefinida, con el argumento de que ese «derecho humano» está contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos y que esta va por encima de la normativa boliviana que limitaba la reelección. Este rechazo a una nueva postulación de Morales en el referendo constituyó su primera derrota electoral en una década.

Consolidación accidentada en Bolivia

La consolidación de la democracia ha sido accidentada desde la visión de la politóloga Erika Brockmann y hay una gran dificultad para poder terminar de institucionalizarla. «Las instituciones importan, pero también los clivajes y fracturas históricas en la sociedad, que irrumpen con fuerza cíclica; estas, bien gestionadas, tienen un potencial transformador que no puede ser subestimado. La pretensión refundacional del Estado se basó en la promesa de cambio radical, a partir de la reforma total de la Constitución. Refundación que, según el Preámbulo de la CPE, hacía imperativo el desmantelamiento del andamiaje institucional del Estado colonial, neoliberal y republicano”.

En este contexto, no se puede dejar de lado la crisis poselectoral de 2019 que, desde las calles, presionó por la renuncia del presidente Evo Morales, quien posteriormente salió del país. Con la violencia en su máximo nivel, el 12 de noviembre de ese año la entonces senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia de Bolivia, respaldada por el Tribunal Constitucional, el que justificó la sucesión por la «grave situación social y política» que atravesaba el país.

Para el Movimiento Al Socialismo (MAS), las presiones de líderes opositores y la supuesta autoproclamación de Áñez, con respaldo del alto mando militar, son prueba suficiente de que se gestó un golpe de Estado. Por su parte, el argumento que respalda a la exmandataria dice que se respetó una sucesión constitucional ante las renuncias previas, que gobernó junto a una Asamblea Legislativa de mayoría opositora y se llamó a elecciones.

Brockmann dice que el gobierno de Áñez fue constitucional, transitorio, accidental pero fallido, por no haber asumido la gestión conforme a los términos que la circunstancia política demandaba. «En varios ensayos he sostenido esta posición y analizado la deriva de esta crisis incubada desde febrero del 2016 y que ha profundizado la polarización, tanto política como social. Pese al retorno del MAS con un respaldo mayoritario, persisten las interrogantes sobre el futuro y calidad de nuestra democracia».

¿Partidos en crisis?

La historia del país ha demostrado que no se ha establecido un sistema de partidos como tal, porque las organizaciones políticas tienen una vida efímera y poco institucionalizada, en gran parte, debido a que son las personas las que prevalecen como núcleo antes que cualquier fuerza.

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Sin embargo, el MAS juega un papel relevante en este escenario porque «se propuso desde el principio, pero con más decisión, fuerza y organización desde 2009, la instauración de un sistema político de partido hegemónico, que permitía la existencia de organizaciones políticas alternativas, siempre y cuando estas fueran débiles y sin posibilidades de poner en riesgo su reproducción en el poder. Por lo tanto, las elecciones y las campañas electorales sucedieron como formalidades destinadas a legitimar interna y externamente los comicios, pero no fueron verdaderos torneos de competencia equitativa y resultado incierto, sino todo lo contrario», explica el sociólogo y consultor político, Ricardo Paz.

En los últimos meses, las tensiones han sido más evidentes. Existen tres corrientes dentro del partido oficialista: el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales. Este último ha sido protagonista de fuertes cuestionamientos a la actual gestión de gobierno. Estas facciones se explican porque el MAS está activado para el 2025, año de las elecciones presidenciales.

Caudillismo y corporativismo

«No estoy optimista respecto de lo que vaya a pasar en el futuro por el sistema de partidos. Me parece que el caudillismo y el corporativismo son los dos elementos que impiden el desarrollo y la cristalización de un sistema político en Bolivia», añade Paz.

Por su parte, el analista político Róger Cortez considera que el peso fundamental de la democracia boliviana se encuentra en las luchas populares. «Los partidos políticos están prácticamente extinguidos y los dirigentes políticos han jugado un papel secundario porque, la mayor parte del tiempo, su rol ha sido lateral y han tenido que subordinarse a un fuerte mandato popular de carácter pacífico».

Cortez es optimista en que la participación social como espacio de preparación y acuerdo para la presentación y consenso de políticas públicas puede resolver conflictos actuales y en gestación. «El control social puede generar avances democráticos insospechados, partiendo con el cumplimiento y ampliación de las normas de plena transparencia de la información, para continuar hacia un carácter vinculante a sus decisiones».

El futuro de la democracia boliviana

El 10 de octubre de 1982 no garantizó que la democracia plena fuera instaurada inmediatamente en Bolivia. Ese complejo proceso de sanar y reconstruir develó la fragilidad de una sociedad herida por las dictaduras y la incapacidad o errores de los gobiernos de turno ante los desafíos de una nueva cultura de convivencia.

Erika Brockmann ve que en el panorama actual falta mucho por construir, porque «hay un proceso de inclusión y movilidad social muy importante que cambia la faz de la política en términos de pertenencia y demás, pero eso no se traduce en una democracia más institucionalizada».

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En esa misma línea, Ricardo Paz considera que la democracia boliviana aún está lejos de madurar. «Eventos y situaciones que creíamos superados hace tiempo, se repiten treinta y cuarenta años después, desmintiendo los aparentes progresos que pensábamos haber realizado. Es increíble que en 2022 sigamos luchando por restaurar la plena vigencia de la democracia y que nuestras reivindicaciones sean tan parecidas a las de 1978: árbitros electorales imparciales, transparencia y certeza de idoneidad en los escrutinios, equidad en el acceso a los medios de propaganda, independencia de la justicia respecto del poder político, en fin, pareciera que dimos vueltas en círculo».

Y es que la corrupción, la politización de la justicia, la violencia, el caos social son elementos de convivencia diaria para los bolivianos. Ante la pasividad o complicidad de quienes ostentan el poder.

Por eso, María Teresa Zegada hace énfasis en la responsabilidad de «excluir los antagonismos y el discurso funcional a intereses políticos para devolver la confianza ciudadana a las instituciones y a las formas organizativas de la sociedad» y que «se debe apostar a la vigencia del pluralismo social y político y a la interculturalidad como la ruta de resolución de las profundas grietas sociales que imposibilitan pensar en el futuro».

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Es bastante conocido que en el año 2018 se produjo un estallido social en Nicaragua de dimensiones nacionales y con multitudinarias marchas de protesta en contra del gobierno encabezado por Daniel Ortega. Las primeras expresiones de protesta fueron protagonizadas por grupos pequeños de personas que se sentían directamente afectadas por las reformas a la seguridad social, el acontecimiento catalizador del estallido.

La forma en que fueron reprimidos los protestantes, muchos de ellos personas de la tercera edad, por la policía y grupos de simpatizantes gubernamentales conocidos como grupos de choque, provocó que miles de personas se lanzaran a las calles de manera espontánea y autoconvocada.

Las movilizaciones no cesaron en todo el año y siguieron en 2019, hasta que la policía y fuerzas paramilitares organizadas por el Gobierno las frenaron a punta de violencia letal. Esta dejó como saldo más de 355 personas asesinadas, miles de heridos, centenares de personas encarceladas y miles de exiliados. Desde entonces hasta la actualidad, el movimiento social y las acciones colectivas han tenido un intenso recorrido.

De autoconvocados a movimiento cívico organizado

Los grupos autoconvocados tenían formas y composición diversas. Voces, mensajes y canales de comunicación distintos, eran autónomos, horizontales y con liderazgos propios. Compartían tres demandas que no han variado en el tiempo: justicia, libertades ciudadanas y cambio político democrático. En la medida en que las acciones colectivas se diversificaron, se volvieron multitudinarias y se extendieron por todo el país, los grupos autoconvocados comenzaron a adoptar formas más estructuradas de organización.

La convocatoria de Ortega a un diálogo nacional con la mediación de la Iglesia católica, en mayo de 2018, dio lugar a un proceso de estructuración del movimiento, particularmente de los grupos juveniles que fueron protagonistas principales de las protestas. Poco tiempo después, los diferentes actores y sectores participantes en ese diálogo conformaron la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). Meses más tarde, numerosas organizaciones y movimientos sociales dieron vida a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) como una plataforma amplia para sostener las acciones colectivas. En ambos espacios, los partidos políticos, actores tradicionales de la política, quedaron al margen. Algunos de ellos fueron abiertamente rechazados por su falta de credibilidad y legitimidad entre la población.

La unidad que no fue

Desde que iniciaron las protestas, en 2018, la ciudadanía en Nicaragua demandó a las organizaciones sociales y fuerzas de oposición un esfuerzo unitario que, hasta el momento, no se ha producido. Después de la conformación de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, ambas organizaciones promovieron la creación de la Coalición Nacional, en 2020, de cara al proceso electoral presidencial previsto para noviembre del año siguiente. La Coalición además integraba al movimiento campesino, una parte del movimiento juvenil, una organización vinculada con la antigua Contra, dos partidos políticos nacionales y un partido regional.

Sin embargo, la Alianza Cívica decidió abandonar la Coalición, en medio de tensiones y conflictos para conformar la Alianza Ciudadanos con el partido Ciudadanos por la Libertad. Las dos plataformas dieron espacio al resurgimiento del protagonismo de los partidos como actores políticos, junto con los actores emergentes de lo que se ha llamado la insurrección cívica de abril.

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Las dos alianzas comenzaron a preparar las condiciones para participar en la competencia electoral con candidatos y casillas propias, mientras la ciudadanía hacía una fuerte presión para que se unieran en un frente amplio de oposición. Desde la perspectiva de la opinión pública, entre las dos plataformas existía una especie de competencia, que generó muchas críticas, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por abrir espacios de diálogo y consenso entre ambas. Uno de los momentos más álgidos fue en mayo de 2021, cuando en medio de una intensa exposicion mediática, las dos organizaciones no lograron ponerse de acuerdo y solamente la Alianza Ciudadanos se inscribió para participar en las elecciones.

Malestar en la ciudadanía

El malestar de la ciudadanía en Nicaragua no se hizo esperar, pero se disipó cuando el Gobierno de Ortega decidió incrementar la represión y encarceló a siete candidatos presidenciales, líderes de partidos y organizaciones sociales, líderes juveniles, periodistas, empresarios privados y defensores de derechos humanos, entre otros. Además, inhabilitó a tres partidos políticos —dos de ellos integrantes de la Coalición y la Alianza Ciudadanos— para que no pudieran participar en los comicios, y decidió controlar todas las variables de la contienda electoral para asegurar la continuidad de Ortega en el cargo a toda costa.

Sin competencia justa, condiciones ni garantías, la ciudadanía decidió abstenerse de acudir a las urnas el día de las elecciones, a pesar de que Ortega mantuvo la persecución, los encarcelamientos y las amenazas contra personas vinculadas a organizaciones del movimiento social y la oposición. Una vez asegurada su permanencia en el poder, Ortega ha avanzado imponiendo un estado policial sobre los nicaragüenses.

La recomposición después de la represión

La fuerza y capacidad de movilización del movimiento ciudadano y de las fuerzas de oposición ha colocado en serios problemas a Daniel Ortega y ha elevado la contienda política al más alto nivel. Por esa razón, en 2018 ordenó ejecutar la Operación Limpieza, un plan que se extendió durante varios meses y consistió en descabezar el liderazgo del movimiento, además de frenar a toda costa las acciones sociales. En efecto, la operación logró golpear fuertemente a las organizaciones y sus liderazgos, así como contener las protestas. Pero el movimiento y la resistencia se mantuvieron en pie.

En 2021, Ortega ejecutó un plan similar a la Operación Limpieza, pero esta vez sin violencia letal. El repertorio de acciones represivas incluye encarcelamientos, juicios espurios, cancelación de personerías jurídicas de partidos políticos, persecución, secuestro, extorsión, destierro, amenazas, hostigamiento y vigilancia sobre activistas, líderes, periodistas y defensores de derechos humanos, así como la masiva eliminación de organizaciones sociales, la confiscación de medios de comunicación independientes y ataques contra la Iglesia católica.

[Lee también: Ortega: la búsqueda desesperada de legitimidad]

Todo ello ha provocado temor entre la ciudadanía y el exilio masivo. Nuevamente, el propósito es golpear al movimiento ciudadano y a las fuerzas de oposición, para eliminarlas. Es innegable que la represión los ha debilitado. Dentro del país es prácticamente imposible expresarse libremente, organizarse y menos todavía protestar.

Perspectivas

De esta manera, a pesar de la fuerza organizada que todavía existe, las posibilidades de realizar acciones colectivas son mínimas. Aún así, la ciudadanía ha adoptado un conjunto de pequeños actos de resistencia cotidiana y una corriente de descontento e insatisfacción se está acumulando nuevamente. En el exterior existen numerosas organizaciones activas con incidencia internacional, pero están fragmentadas y entre ellas persisten los conflictos y contradicciones.

La ciudadanía sigue demandando la unidad de las fuerzas de oposición, porque considera que es un paso necesario para una ruta de salida democrática a la crisis. En la medida que la represión de Ortega las ha golpeado a todas, hay mayor claridad y disposición en relación con esta demanda. El proceso de construcción de consensos es lento y complejo, en tanto los actores son diversos, así como sus perspectivas, posicionamientos ideológicos e intereses. No hay recetas ni soluciones mágicas, pero el punto de llegada es inevitable.

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Diálogo Político ofrece una traducción al español de la carta de principios de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) presentada en su 35 Congreso, que se desarrolló en septiembre de 2022.

La CDU se ve a sí misma como la fuerza que valora a las personas y las entusiasma para el mañana. Queremos hacer frente a los desafíos de la época con confianza, poder creativo y seguridad. La CDU quiere aportar seguridad en los nuevos tiempos para ganarse a la gente para el futuro. Queremos responsabilizarnos por el bien de todos y todas.

Hoy, como ayer, estamos construyendo sobre un conjunto de valores estables, por ser atemporales. La libertad, la solidaridad y la justicia siguen siendo los valores básicos de nuestra política en el siglo XXI, que nos guían en nuestra responsabilidad ante Dios y los seres humanos:

• Libertad para nosotros significa libertad en la responsabilidad por uno mismo, la comunidad y la naturaleza. Combina el desarrollo de las personas con el compromiso por el bien común y la responsabilidad entre las generaciones. Crea voluntad de buen desempeño y conduce a una amplia variedad de proyectos de vida, cuya diversidad respetamos y protegemos.
• La solidaridad es un mandamiento de amor al prójimo y corresponde a la naturaleza social del ser humano. Se basa en la reciprocidad y justifica tanto los derechos como las obligaciones. La solidaridad de la comunidad es necesaria allí donde los individuos y las pequeñas comunidades ya no lo logran por fuerza propia.
• En una sociedad justa, todas las personas pueden desarrollar sus capacidades y participar adecuadamente en ella: mujeres y hombres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, fuertes y débiles, exitosos y necesitados. Una sociedad justa aprecia los logros del individuo y asegura que lo que se gana se distribuya adecuadamente, también entre generaciones.

[Lee también CDU: La libertad no tiene precio]

Traducción de Manfred Steffen, redacción Diálogo Político. [Versión en español no oficial].

Acceso a la versión en portugués.

Luis Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro pasan a la segunda vuelta en Brasil. Su resultado inicial fue de 48,43 % y 43,2 % respectivamente. El mapa del país ya muestra una diferencia importante: el norte más a favor de Lula y el sur proclive a Bolsonaro. Estas son cinco claves imprescindibles:

1. El bolsonarismo es una fuerza, no una moda

Figuras emblemáticas del mundo bolsonarista fueron elegidas el pasado domingo. Los exministros de Bolsonaro: Damares Alves (Derechos Humanos), Ricardo Salles (Medio Ambiente), el general Pazuello (Salud), Marcos Pontes (Ciencia y Tecnología) y el vicepresidente, general Mourão, van a ser parlamentarios a partir del año que viene.

El general Pazuello fue el responsable de la cartera de Salud en la pandemia. Hubo una política oficial contra el uso de mascarillas, además de la fabricación a escala industrial de dióxido de cloro por el Ejército. Pazuello fue uno de los candidatos a diputado más votados en Río de Janeiro, con el doble de votos que el ex secretario de Salud de la ciudad, Daniel Soranz, un centrista cuya plataforma electoral fue haber llevado vacunas a los cariocas.

Ricardo Salles nunca había estado en la Amazonia antes de ser ministro de Medio Ambiente y afirmó no creer en el cambio climático. Salles tuvo más del doble de los votos que Marina Silva, exministra de la cartera y activista medioambiental.

Los exministros de Bolsonaro ganaron las elecciones, con abultadas votaciones, a pesar de los malos resultados de las políticas públicas. La ciencia y tecnología sufrió recortes de presupuesto en los últimos cuatro años y la deforestación de la Amazonia creció. Eso indica una identidad política muy fuerte. Además, los electores del lado bolsonarista consumen noticias en sitios web, televisión, diarios y grupos de WhatsApp que hacen propaganda a favor del Gobierno.

En cuatro años, Bolsonaro puso de pie un ecosistema de comunicación en Brasil y armó un grupo político bajo su liderazgo carismático. Ese grupo se compone de tres bases sólidas: el militarismo, el conservadurismo religioso y la alianza con las oligarquías regionales.

Bolsonaro exalta los valores militares de jerarquía y orden, y es apoyado por la familia militar, compartiendo una versión ultraconservadora del cristianismo con el sostén político de oligarquías regionales, organizadas en partidos de centroderecha en el Congreso.

2. Lula es más grande que la izquierda

Lula obtuvo un 48 % de los votos en la primera ronda de la disputa presidencial. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, los partidos de izquierda no alcanzaron al 30 % de los escaños. De hecho, si Bolsonaro llega a ganar la presidencia en el balotaje, la izquierda no tendría votos suficientes en el Congreso para frenar ninguna propuesta de cambio de la Constitución presentada por él.

La izquierda tendrá un problema de recambio generacional. Liderazgos que podrían haber emergido para el futuro no tuvieron viabilidad electoral, como los de Fernando Haddad (en San Pablo) y Marcelo Freixo (en Río de Janeiro): ambos coleccionan tres derrotas en  elecciones en la última década. Manuela D’Ávila (en Río Grande del Sur) prefirió no competir ante una probable derrota.

Las victorias electorales del Partido de los Trabajadores (PT) en disputas estatales se resumen en la región nordeste de Brasil, la única de las cinco regiones del país donde la izquierda es predominante. De hecho, la delantera de 12 millones de votos que Lula sacó a Bolsonaro en el nordeste fue lo que desequilibró la balanza final y hace que Lula llegue con ventaja al balotaje.

3. La centroderecha fue diezmada

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que lideró la centroderecha entre 1994 y 2014, se volvió un partido pequeño y cedió el campo de la derecha a Bolsonaro. El PSDB de 2023 será irrelevante en el rumbo de las decisiones tomadas en Brasilia.

El PSDB fue perdiendo espacio político en los últimos años a medida que fue abandonando su identidad. El partido votó alineado con el Gobierno de Bolsonaro en la mayoría de las votaciones en el Congreso. Más de la mitad de los parlamentarios del PSDB apoyaron incluso la propuesta de Bolsonaro del voto con papeletas, cuyo origen es la teoría de la conspiración bolsonarista de que las urnas electrónicas no son fiables.

En esta elección el PSDB consiguió solamente 13 diputados federales, en comparación con 1998, que fueron 99, durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso. El PSDB tampoco consiguió elegir senadores. Por primera vez en su historia el PSDB no tuvo candidato propio a la presidencia de la República, y apoyó a Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), quien obtuvo el 3,8 % de los votos nacionales.

4. Las encuestas fallaron en Brasil

Los encuestadores subestimaron la votación de Bolsonaro, aunque hayan estimado con más éxito el voto (cuantitativo) de Lula.

Hay un debate sobre las razones de la diferencia de las últimas encuestas con el resultado final de la primera ronda. Puede que sea un problema con las muestras, con datos desactualizados del Censo de 2010 (último realizado). Puede que haya habido una migración rápida de votos de candidaturas pequeñas a Bolsonaro, un movimiento no captado por las encuestas en los días previos a la elección. O puede que haya habido más votos vergüenza (aquellas personas que ante una encuesta no admiten por quién votarán) beneficiando a Bolsonaro.

De todas maneras, los encuestadores tendrán que revisar metodologías para la segunda vuelta y saber comunicar su función a la sociedad. Hoy por hoy en Brasil mucha gente mira las encuestas y no les cree.

5. Un Congreso dominado por la derecha 

Los partidos de la derecha (con un historial de alta adhesión a las agendas de Bolsonaro en el Congreso) tendrán más del 60 % de los escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado. Eso es suficiente para aprobar las legislaciones que se propongan en un posible segundo gobierno de Bolsonaro.

En el escenario de victoria de Lula, el Congreso podría ser, en principio, más hostil y exigiría mayor negociación para cooperar con el Gobierno. Unescenario donde el Congreso obstruya a Lula tiene que ser tomado en cuenta en los cálculos, pese a que miembros de estos partidos ya lo hayan apoyado en sus gobiernos anteriores.

La cuestión es que el sistema de incentivos en la relación entre Congreso y Ejecutivo cambió. Antes, partidos de centroderecha apoyaban a los Gobiernos del PT a cambio de controlar parte del presupuesto federal de Brasil mediante la administración de ministerios y empresas públicas. Pero esto ya no será así.

En 2021, los parlamentarios aprobaron una medida que obliga al Gobierno a destinar una parte del presupuesto a los diputados y senadores para que ellos ejecuten pequeñas obras alrededor del país, casi como si fueran miembros del Poder Ejecutivo. La maniobra se hizo con poca transparencia, razón por la cual el caso se conoce como presupuesto secreto.

Acesse a versão em espanhol.

Luis Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro passam para o segundo turno. Seus resultados iniciais foram 48,43% e 43,2%, respectivamente. O mapa do Brasil já mostra uma diferença importante: o norte mais a favor de Lula e o sul inclinado para Bolsonaro. Aqui estão cinco pontos-chave.

1. O bolsonarismo é uma força política, não é uma moda passageira

Figuras emblemáticas do mundo bolsonarista foram eleitos. Os ex-ministros de Bolsonaro Damares Alves (dos Direitos Humanos), Ricardo Salles (Meio Ambiente), General Pazuello (Saúde), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e o Vice Presidente General Mourão serão parlamentares a partir do ano que vem.

O General Pazuello foi o responsável pela saúde na pandemia. Houve uma política oficial contra o uso de máscaras, além da fabricação em escala industrial de cloroquina pelo Exército. Pazuello foi um dos candidatos a deputado mais votado no Rio de Janeiro – com o dobro da votação do ex-secretário de saúde da cidade Daniel Soranz, um centrista cuja campanha exaltava o fato dele ter trazido vacinas aos cariocas.

Ricardo Salles nunca havia ido à Amazônia antes de virar Ministro do Meio Ambiente e já afirmou que não acredita em mudanças climáticas. Salles teve mais de o dobro de votos de Marina Silva, ex-Ministra da pasta e ativista ambiental.

Ex-ministros de Bolsonaro venceram eleições, com grandes votações, apesar do mal resultado de políticas públicas. A Ciência e Tecnologia teve cortes de gastos nos últimos quatro anos e o desmatamento da Amazônia aumentou. Isso mostra uma identidade política muito forte e também que os eleitores do lado bolsonarista consomem notícias em sites, televisões, jornais e em grupos de Whatsapp que fazem propaganda a favor do governo.

Bolsonaro, em 4 anos, colocou de pé um ecossistema de comunicação e armou um grupo político sob sua liderança carismática. Esse grupo se compõe do tripé militarismo, conservadorismo religioso e aliança com oligarquias.

Bolsonaro exalta os valores militares de hierarquia e ordem, tem o apoio da “família militar”, comunga de uma versão ultraconservadora do cristianismo e tem suporte político de oligarquias regionais, organizadas em partidos de centro-direita no Congresso.

2. Lula é maior que a esquerda

Lula fez 48% dos votos no primeiro turno da disputa presidencial. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, os partidos de esquerda não chegam a 30% das cadeiras. De fato, em caso de vitória de Bolsonaro, a esquerda não tem votos suficientes no Congresso para vetar nenhuma proposta de emenda à Constituição que Bolsonaro possa apresentar.

A esquerda terá um problema de passagem de bastão geracional. Lideranças de esquerda que poderiam emergir para o futuro não se viabilizam eleitoralmente, como Fernando Haddad (em São Paulo) e Marcelo Freixo (no Rio de Janeiro) – ambos colecionam 3 derrotas em eleições nesta década. Manuela D’Ávila (no Rio Grande do Sul) preferiu nem concorrer no diante de uma provável derrota.

As vitórias eleitorais do PT a governos estaduais se resumem à região Nordeste – a única das cinco regiões do país onde a esquerda é predominante. De fato, a dianteira de 12 milhões de votos que Lula teve sobre Bolsonaro no Nordeste foi o que desequilibrou a balança no final e fez Lula chegar com vantagem ao segundo turno.

3. A centro direita foi dizimada

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que liderou a centro-direita entre 1994 e 2014, virou um partido pequeno e cedeu o campo da direita a Bolsonaro. O PSDB de 2023 será irrelevante no rumo das decisões tomadas em Brasília.

O PSDB foi perdendo espaço político nos últimos anos à medida que foi perdendo sua identidade. O partido votou alinhado com o governo Bolsonaro na maioria das votações no Congresso. Mais da metade dos parlamentares do PSDB apoiaram inclusive a proposta de Bolsonaro de voto impresso – originada da teoria da conspiração bolsonarista de que as urnas eletrônicas não seriam confiáveis.

Em 2022, o PSDB elegeu apenas 13 deputados federais. Como comparação, foram 99 em 1998, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso. O PSDB tampouco elegeu nenhum Senador. Pela primeira vez na história o PSDB não teve um candidato próprio à Presidência da República. Apoiou Simone Tebet, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que teve 3.8% dos votos nacionalmente.

4. As pesquisas falharam em captar o voto em Bolsonaro

Os institutos de pesquisa subestimaram a votação de Bolsonaro, ainda que tenham acertado o voto em Lula.

Há um debate sobre as razões da diferença das últimas pesquisas com o resultado final do primeiro turno. Pode ser um problema com as amostras, com dados desatualizados do Censo de 2010 (último realizado). Pode ter havido migração rápida de votos de candidatos menores a Bolsonaro – movimento não captados pelas pesquisas nos dias anteriores à eleição. Pode ter havido mais voto envergonhado em Bolsonaro do que o previsto.

De toda forma, os institutos de pesquisa terão que rever metodologias e saber comunicar sua função à sociedade. O retrato de ontem é que muita gente olha para esses institutos e não acredita neles.

5. O Congresso é dominado pela direita

Os partidos da direita -com histórico de alta adesão às agendas de Bolsonaro no Congresso- terão mais de 60% das cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado. Isso é o suficiente para passar a agenda legislativa do interesse de um possível segundo governo de Bolsonaro.

No cenário da vitória de Lula, o Congresso deve ser -em princípio- mais hostil e demandaria maior barganha para cooperar. Umcenário em que o Congresso obstrui Lula tem que ser levado em conta, ainda que membros desses partidos também já tenham apoiado os governos de Lula no passado.

A questão é que o sistema de incentivos na relação entre Congresso e Executivo mudou. Antes, partidos de centro-direita apoiaram os governos do PT em troca de controlar parte do orçamento federal via administração de Ministérios e empresas estatais. Isso mudou.

Em 2021, os parlamentares conseguiram aprovar uma medida que obriga ao governo destinar uma parte do orçamento que deputados e senadores passaram a tocar pequenas obras por todo o Brasil – quase como se fossem membros do poder Executivo. A manobra foi feita com pouca transparência, por isso o caso ficou conhecido como “orçamento secreto”.

Hace justo un año abordábamos el éxodo venezolano en dos episodios de nuestro podcast. Entonces, los datos oficiales establecían en cinco millones los ciudadanos venezolanos que se habían visto obligados a salir de su país a causa de la emergencia humanitaria y la crisis política. Hoy son casi 7 millones de esta ola migratoria, y la sangría no se detiene. Dos millones y medio están en Colombia, país que en 2021 aprobó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos, para tratar de resolver su situación de irregularidad y favorecer su integración. 

[Lee El éxodo venezolano en Colombia]

Ahí fue cuando nació Bitácora Migratoria, un proyecto con el cual el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer buscan apoyar la implementación de esa política migratoria. Por qué nace el proyecto de Bitácora Migratoria, en qué momento del desarrollo del Estatuto nos encontramos y en qué afecta a su aplicación el cambio gobierno en Colombia son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa. 

Participa:

Ronal Rodríguez, coordinador general de la Bitácora Migración del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.

La web del proyecto Bitácora Migratoria está disponible aquí: https://bitacoramigratoria.co/

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Guion: Raúl Gil | Rombo Podcasts

Edición de sonido: Pablo Fisher | Rombo Podcasts.

[Descarga el libro Florecer lejos de casa. Testimonios de la diáspora venezolana]

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció recientemente lo que se esperaba de él hace más de un año: que irá a la reelección en 2024. Con este anuncio, el presidente más popular del continente americano se acerca al panteón de líderes latinoamericanos que eludieron las Constituciones de sus países para gobernar por más tiempo y asienta las bases para sumarse a la extensa lista de caudillos que la región ha parido desde el siglo XIX.

En septiembre del año pasado, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que él designó pocos meses antes le retribuyeron el favor autorizándolo a ser reelecto, pese a que está expresamente prohibido por los artículos 88, 152, 154, y 248 de la Constitución. Los juristas argumentaron que la no reelección es «atar la voluntad popular» y «una excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica».

En aquel momento publiqué una columna afirmando que todo era una movida de Bukele para retener el poder. Los magistrados fueron escogidos por Bukele luego de que el presidente usara su mayoría en la Asamblea Legislativa para destituir a los miembros la Sala Constitucional y al fiscal general en mayo de 2021. Dada la evidente subordinación política del Poder Judicial al presidente, lo esperable es que la Corte Suprema nunca ponga límites temporales a Bukele.

El presidente entiende muy bien de tiempos. En ese momento, Bukele tuvo la delicadeza de omitir su opinión sobre la reelección, lo que le permitió identificar críticos y sopesar los desafíos a su movida. Esperó un año para anunciar su intención de postularse para el período 2024-2029. Y lo hizo con una puesta en escena estudiada, mientras celebraba la independencia del país el pasado 15 de septiembre. «Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Por primera vez tenemos libertad de verdad. Ahora sí tenemos soberanía y lo hemos demostrado», dijo desde la residencia oficial, en cadena de radio y televisión, en una ceremonia donde también estuvieron las cabezas de los otros poderes del Estado.

De no haber una crisis mediante, Bukele sería reelecto hasta tocando el ukelele. Desde que asumió como presidente en junio de 2019, su popularidad nunca ha bajado de 75 % y suele estar sobre el 85 %: en julio una encuesta Gallup reveló una aprobación de 86 %, el mismo porcentaje que un sondeo del diario La Prensa Gráfica le otorgó un mes antes.

Además de despejar límites temporales a su mandato, Bukele lidera un gobierno que solo en formas es democrático. Si bien se celebran elecciones, el presidente controla los tres poderes del Estado y ha politizado a los militares y la policía. La fachada democrática probablemente no se caiga mientras Bukele se mantenga popular.

Actualmente, el gobierno se encuentra en una lucha sanguinaria contra las pandillas. A fines de mes el país cumplirá seis meses en régimen de excepción, lo que ha permitido encarcelar a más de 50.000 personas sin orden de detención y bajo el criterio arbitrario de policías y militares. Se estima que más de 70 de estos detenidos ya murieron sin haber enfrentado a la justicia.

Tradición regional

Bukele presume de novedad: es joven, tuitero y legalizó las criptomonedas como medio de pago. Pero es también parte de una larga tradición latinoamericana conocida como continuismo, en donde el presidente de turno busca cambiar, eludir o reinterpretar la Constitución para retener el poder.

Según mis datos, recolectados tanto de biografías presidenciales como de Constituciones, entre 1945 y 2021, 36 presidentes de todos los países latinoamericanos (excepto México) y bajo todos los regímenes políticos —democracias, semidemocracias y dictaduras— intentaron extender su mandato en 48 ocasiones. Tuvieron éxito en 35 oportunidades.

Históricamente, al continuismo no le ha ido bien en El Salvador. El último que se reeligió fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien fue inducido a renunciar por un levantamiento militar y civil en 1944, mientras que a Salvador Castañeda lo sacaron con un golpe militar en 1948 cuando trató de extender su mandato.

Aun cuando muchos presidentes que extienden su mandato terminan mal, prófugos de la justicia como el ecuatoriano Rafael Correa, en la cárcel como el peruano Alberto Fujimori, o renunciando forzadamente como el boliviano Evo Morales, los que logran gobernar varios años tienden a dejar una huella muy fuerte en sus países.

Muchos se transforman en caudillos. Este concepto se usó inicialmente para describir a los líderes autoritarios de gran poder político y militar que gobernaron o se opusieron a los gobiernos tras las independencias en la región. Pero los hombres fuertes nunca han dejado de existir en América Latina —es cosa de ver a los actuales dictadores Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela—, siempre a costa de sabotear el progreso de sus países.

Quiebres democráticos

Frecuentemente, estos caudillos lideran quiebres democráticos. Eso es lo que ocurrió en Argentina, Honduras, Perú y Venezuela, cuando pasaron de ser semidemocracias a dictaduras bajo Juan Domingo Perón, Tiburcio Carías Andino, Alberto Fujimori y Hugo Chávez, respectivamente. Esa es, precisamente, la dirección en la que está llevando su país el presidente Bukele.

¿Cuál es el perfil de estos líderes? En un estudio que pronto publicaré en la revista Journal of Politics, muestro que los presidentes con una personalidad más dominante y con poca experiencia política son más propensos a tratar de retener el poder más allá de lo que dice la Constitución.

En un estudio precedente, examiné la potencial relación causal entre los cinco grandes factores de la personalidad —apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo— de los presidentes y sus intentos de continuismo. Encontré que los líderes que tienden a ser más abiertos a la experiencia, más neuróticos y menos responsables son más propensos a tratar de retener la jefatura de gobierno. Asimismo, los presidentes están más inclinados a tratar de extender sus mandatos cuando tienen fuertes poderes legislativos, lideran nuevos partidos, la reelección inmediata está prohibida y las altas cortes no son completamente independientes. Casi todas estas variables contextuales han estado presentes en el caso de Bukele, facilitándole el camino para atornillarse en el poder.

Publicación original en Latinoamérica21, el 18 septiembre de 2022.

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El artículo estudia la evolución de la democracia directa en América Latina desde la reinstauración de los regímenes democráticos; en particular, del referéndum. La primera sección muestra la progresiva extensión de la democracia directa. La segunda explora las oportunidades y los riesgos del referéndum en la región. La conclusión reflexiona sobre el alcance y las implicaciones de las descalificaciones a la democracia directa.

Introducción[1]

La democracia directa —en particular, su principal instrumento, el referéndum— como mecanismo por el cual la ciudadanía interviene de manera directa en la definición de asuntos públicos ocupa un lugar complejo en la historia y el debate de la democracia. Considerada hoy como un factor enriquecedor de la vida democrática, aunque no exenta de riesgos, fue históricamente objeto de una mirada recelosa.

En efecto, la democracia moderna, esbozada en la segunda mitad del siglo XVIII, tuvo una raíz representativa, liberal y republicana. La desconfianza ante la participación directa, masiva y permanente de la población constituía el patrón común. Desprendida de esta visión restrictiva, de tintes elitistas, el acceso a la ciudadanía se reservó a un segmento reducido. Aun para ese núcleo, la selección del mandatario era indirecto.

En ese ambiente la democracia directa se consideraba, en el mejor de los casos, una peculiaridad aplicable en ámbitos locales, o una práctica excepcional para cuestiones trascendentales como la pertenencia nacional de una región. En un registro menos cargado, una conjunción atípica de circunstancias desembocaba en una consulta popular. Entre 1900 y 1980 se contabilizan 38 referendos en América Latina (Welp, 2010, pp. 26-27).

En el peor de los casos, se asociaba con autoritarismos con base popular y voto controlado desde el gobierno, una reputación sulfurosa proveniente de los plebiscitos de Napoleón III para consolidarse a partir de una relación con el pueblo que excluía a las instituciones. Gabriel García lo imitó en la aprobación de la Constitución de Ecuador en 1869 mediante uno de los primeros plebiscitos latinoamericanos. En registros distintos, el guatemalteco Jorge Ubico organizó una consulta en 1935 como alibi para continuar en el poder y, en Haití, François Duvalier lo hizo para asentar una dictadura vitalicia y hereditaria.

[…] el referéndum constituyó una figura idealizada para superar las insuficiencias de la democracia.

A contramano, el referéndum constituyó una figura idealizada para superar las insuficiencias de la democracia. A principios del siglo XX, Ostrogorski lo reivindicó para profundizar el debate, alcanzar mejores decisiones, frenar la rigidez de los partidos y su ambición de ofrecer respuesta a todas las cuestiones colectivas (Ostrogorski, 1979, pp. 256-261).

Incluso tras la Segunda Guerra Mundial se mantuvo como un mecanismo poco común. El único líder democrático que recurrió al referéndum de manera periódica fue Charles de Gaulle. En América Latina, simbolizó a la democracia uruguaya, que entre 1958 y 1971 organizó cuatro plebiscitos de reformas a la Constitución.

Desde fines del siglo XX, la democracia directa ha ganado relevancia en América Latina, convertida en la región más acogedora para sus distintos mecanismos. El referéndum es el más llamativo, por el potencial involucramiento del conjunto de los ciudadanos, sus rasgos electorales, el carácter dramático de una contienda que dirime entre dos opciones por diferencia de un voto; mas no el único. Las legislaciones han incluido la iniciativa legislativa ciudadana, el presupuesto participativo, la consulta previa a comunidades sobre la explotación de recursos naturales, el cabildo, etcétera.

Estos mecanismos fueron reivindicados como idóneos para profundizar la democracia, incentivar la participación ciudadana, profundizar el debate sobre asuntos relevantes, acercar al Estado y la ciudadanía. Reflejaron igualmente la desconfianza creciente frente a las instituciones y los representantes. Paralelamente, persistió la sospecha de que podían ser utilizados, o directamente manipulados, desde las esferas gubernamentales, para acrecentar el poder de los mandatarios, debilitar las instituciones y paradójicamente empobrecer la democracia. Esa doble lectura identificó el punto de tensión de la democracia directa en América Latina (Altman, 2010, pp. 9-34; Lissidini, 2015; Serdült y Welp, 2008).

Este texto estudia la evolución de la democracia directa, en particular del referéndum, en América Latina desde la reinstauración de los regímenes democráticos. La primera sección muestra la progresiva extensión de la democracia directa. La segunda explora sus oportunidades y riesgos. La conclusión reflexiona sobre el alcance y las implicaciones de las descalificaciones de la democracia directa.

La expansión y extensión del referéndum y la democracia directa

Cuando se abrió el cauce democrático en América Latina en 1978, la democracia directa, en especial el referéndum, rara vez formaba parte de las Constituciones, de raigambre representativa. Progresivamente se ha integrado como una dimensión novedosa e importante de la democracia, en términos legales y prácticos (Zovatto, 2014, pp. 13-70). En efecto, 13 países han organizado un referéndum al menos una vez (El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, ninguno). Más de 60 referendos nacionales se han celebrado desde 1978.

[…] 13 países han organizado un referéndum al menos una vez (El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, ninguno). Más de 60 referendos nacionales se han celebrado desde 1978.

En la década de 1970 hubo tres experiencias dispares: el plebiscito uruguayo de 1971, efectuado bajo parámetros democráticos, el chileno de 1978, de talante autoritario y, ese mismo año, en la transición ecuatoriana. La junta militar sometió a consulta la aprobación de una Constitución, redactada por una comisión nombrada por ella, o la reforma de la Constitución de 1945, elaborada por otra comisión también designada por el régimen. En una modalidad excepcional, los votantes debían elegir entre dos textos en lugar de votar sí o no. Privilegiaron el nuevo proyecto.

En la década de 1980 hubo nueve referendos, concentrados en el Cono Sur. Se prolongó el uso por gobiernos autoritarios, confirmando que consultas y elecciones no indican en sí mismas el carácter democrático de un régimen y dependen del contexto político e institucional.

Chile organizó tres, el país que más recurrió al referéndum en esa década. En 1980 se aprobó la Constitución, en un escenario sin garantías para la oposición y, en 1988, los electores pusieron fin a la continuidad de Augusto Pinochet en el poder, abriendo paso a la democratización. Los militares uruguayos prepararon un plebiscito en 1980. La oposición pudo promover el rechazo y el árbitro contó imparcialmente los sufragios. La victoria del no allanó la ruta a la reinstauración democrática.

Las nacientes democracias incursionaron en el terreno, a menudo desprovistas de especificaciones jurídicas claras, y, por lo tanto, con cierta incertidumbre legal, institucional y política. En 1984, Argentina celebró el referéndum no vinculante sobre el acuerdo fronterizo del Beagle con Chile.

En la última década del siglo XX se duplicó el número de consultas (20), lideradas por Uruguay (7), por el activismo del Frente Amplio y los sindicatos como freno para el empuje del liberalismo económico. Su éxito quitó fuelle al gobierno de Luís Alberto Lacalle. La victoria presidencial de Tabaré Vásquez, líder del Frente Amplio, en 2004 contrajo el uso del referendo.

La década se cerró con una evolución que puso un sello al principio del siglo XXI. En 1999, en Venezuela, el triunfante gobierno de Hugo Chávez organizó un referéndum para convocar a una asamblea constituyente y otro para aprobar la Constitución elaborada en el intervalo. La experiencia tuvo como precedente el referéndum peruano de 1993 sobre la Constitución elaborada por la Constituyente preparada por Alberto Fujimori para intentar dar un derrotero democrático al autogolpe del año previo.

El giro produjo un desplazamiento geográfico desde Uruguay hacia la región andina, marcado por la llegada de partidos y líderes con un mensaje de ruptura del statu quo (Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador). Utilizaron el referéndum para consolidar y legitimar su proyecto. La convocatoria sistemática de referendos desde el mando presidencial —dicho de otra manera, desde arriba— puede asociarse con riesgos de retroceso en la calidad de la democracia (Lissidini, 2015, pp. 149-157). A través de referendos se aprobaron constituciones con poderes adicionales para el presidente, incluyendo la reelección, así como con más instrumentos de democracia directa, muchos susceptibles de ser activados por la ciudadanía.

La década del 2000 registra 18 referendos, con Bolivia al frente (4), en el esfuerzo por canalizar institucionalmente un conflicto áspero, con ribetes de crisis de Estado. Eso explicó que el armazón jurídico para las consultas se construyera de manera ad hoc. El último, en 2009, durante la gestión inicial de Morales, aprobó la nueva Constitución.

En esa década se estrenó una modalidad específica de referendo: el revocatorio presidencial, excepcional en la legislación mundial para ese nivel. Se aplicó en 2004 en Venezuela contra Chávez y en Bolivia en 2008 contra Morales. Ambos salieron airosos frente a las oposiciones. El mexicano de 2022 tuvo como singularidad que fue incentivado desde el oficialismo, con la reticencia opositora.

En la década de 2010 se contrajo a diez la cantidad de referendos nacionales. El motor precedente se agotó, en simultáneo al debilitamiento de los gobiernos de Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro, de Morales y Correa. El alto relieve político de los referendos perdió nitidez, como en el peruano sobre la devolución de aportes del FONAVI o el paraguayo sobre el voto en el exterior.

El patrón geográfico permaneció en los Andes, donde a menudo los referendos han generado controversias rudas en contextos de polarización. Ecuador lideró la cantidad de referendos en el período. Paradójicamente, el primero apuntaló a Correa (2011) y el último (2018) le cerró la opción del retorno a la presidencia. Destacan igualmente los dos de 2016: el colombiano sobre el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), perdido por el gobierno y que complicó su implementación, y el boliviano, que vetó otra reelección de Morales, aunque el gobierno forzó una solución favorable para sus intereses a través del Tribunal Constitucional.

El referéndum es poco utilizado en América Central. Solo el de Costa Rica en 2007 sobre el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos polarizó y se saldó con un margen estrecho. América del Norte permanece refractaria en el nivel nacional. En México, lo estrenó Andrés M. López Obrador. El Cono Sur, con la excepción uruguaya, se muestra circunspecto. La disminución de los referendos nacionales a la mitad en la década de 2010 los desligó de las ataduras circunstanciales con un proyecto ideológico concreto, porque los regímenes que lo promovieron como una forma de gobernar se han debilitado (en el extremo, Nicolás Maduro, que en la práctica canceló el revocatorio en 2016 y en 2022). Empero, el referendo continúa a disposición de los gobiernos, si bien estos saben que, dada la tendencia a la personalización de las consultas, un resultado adverso lastra la gestión. Y, con menos frecuencia, o con más trabas, también está al alcance de la sociedad, por lo que su utilización se vuelve parsimoniosa.

[…] el referendo continúa a disposición de los gobiernos, si bien estos saben que, dada la tendencia a la personalización de las consultas, un resultado adverso lastra la gestión.

La participación en los referendos

La participación en los referendos comparte una constante: es en promedio inferior a la de las elecciones presidenciales, que marcan el pico. La ciudadanía los asume como procesos intermedios (tipo legislativos, locales) que, salvo una coyuntura excepcional, la movilizan menos. Mencionado el factor general, tres grandes razones inciden en la concurrencia.

Influyen la cultura política y los niveles habituales de participación. Países con elevado promedio tienen más probabilidades de que los referendos también movilicen, como Bolivia o Brasil (participación en los referendos de 80,5 % y 76,2 %, respectivamente). La situación es contraria donde hay un bajo índice de participación general. Emblemático fue el referéndum sobre el acuerdo de paz en Colombia, el país menos participativo de América Latina (37,4 %).

En segundo lugar, impacta el interés que ciudadanos y actores políticos conceden a un asunto. Si lo perciben relevante, con posiciones contrastadas, se incrementa la participación. Así, el referéndum costarricense de 2007 sobre el TLC con Estados Unidos convocó a 59,2 % y el chileno de 2020 de convocatoria a una asamblea constituyente (51 %, superior a las presidenciales de 2013 y 2017).

[…] impacta el interés que ciudadanos y actores políticos conceden a un asunto. Si lo perciben relevante, con posiciones contrastadas, se incrementa la participación.

La percepción opuesta aumenta la abstención, más todavía si hay pocas discrepancias. En la consulta guatemalteca de 2018 sobre el diferendo limítrofe con Belice, 95,8 % aprobó la iniciativa, pero solo acudió el 26,6 %. En una categoría parecida encajan el referéndum para ampliar el Canal de Panamá y el paraguayo de 2011 sobre el voto en el exterior.

Por último, la simultaneidad con la elección presidencial crea una dinámica de participación: la gente acude a sufragar por el mandatario y, de paso, dirime el plebiscito. La figura, común en Uruguay, se presenta en contadas oportunidades en otros lugares. La separación de fechas realza las preguntas, a costa de una menor asistencia.

Oportunidades y riesgos

La democracia directa y, en concreto, el referéndum, han adquirido legitimidad. Han llegado para quedarse. Se incorporan en un número cada vez mayor de constituciones, sin que se observen retiros, si bien, a veces, pueden caer en un progresivo abandono o se elevan los requisitos para activarlos, en especial, los de iniciativa popular.

Constituyen una ventana fresca para la participación ciudadana y la oportunidad para que la ciudadanía defina una política pública o una reforma constitucional o legal. Se consideran una manera democrática de zanjar una controversia tras un debate en profundidad. Sin duda, enriquecen la calidad de la democracia siempre y cuando se rodee de instituciones con fortaleza para encuadrarlos y brindar garantías a los actores y ciudadanos.

En contrapartida, el referéndum es un medio. En sí mismo no mejora la política propuesta. También entraña una paradoja que nace de su característica central: la intervención directa y definitoria de la ciudadanía. El resultado de una elección se percibe como transitorio: crea una mayoría circunstancial y la siguiente podría arrojar preferencias opuestas; en el intervalo, el debate entre ganadores y perdedores continúa, al grado de que la deliberación aparece como un rasgo inherente del régimen. La oposición reivindica como un logro legítimo si bloquea una medida con la cual discrepa, aunque formara parte del núcleo de la plataforma del oficialismo. En cambio, pretender debatir o negociar el resultado de una consulta, incluso resuelta por un puntaje mínimo, aparece espurio y antidemocrático.

[…] pretender debatir o negociar el resultado de una consulta, incluso resuelta por un puntaje mínimo, aparece espurio y antidemocrático.

Tal vez la principal debilidad del referéndum provenga del hecho de que la ciudadanía rara vez responde a la pregunta; existe una pendiente natural para que se pronuncie sobre el convocante, más si es el presidente quien lo pone en juego y demuestra interés en el resultado. El referéndum se convierte en el termómetro de aprobación, en el sí o no a su gestión. Las preguntas se desplazan a un lugar secundario. Los simpatizantes se inclinan por el sí, los opositores por el no, incluso por encima de su simpatía por los temas (LeDuc, 2003). Cierta evidencia empírica indica que los resultados de los referendos pueden predecirse a partir de la popularidad del gobierno, ligada en cierto modo al tiempo de gestión; dos variables, a priori, independientes de las preguntas (Franklin, Van der Eijk y Marsh, 1995, pp. 101-117).

En Panamá, en 1992, los populares temas de la reforma constitucional, incluyendo la eliminación de las fuerzas armadas o la creación de la Defensoría del Pueblo, fueron insuficientes frente a la voluntad de sancionar al presidente Guillermo Endara. El mismo destino corrió el referéndum guatemalteco de 1999: primó la impopularidad del presidente Álvaro Arzú sobre la puesta en aplicación de los acuerdos de paz que pusieron punto final a la sangrienta guerra civil.

A la inversa, en el referéndum ecuatoriano de 2011, pese a la disparidad de sus asuntos, hubo apenas 5,5 puntos de distancia entre la pregunta más y menos respaldada. Ante todo, los votantes apoyaron a Correa. El resultado sirvió para quebrar frenos a la concentración del poder, arrinconar a la oposición, fisurar los equilibrios y contrapesos institucionales, en especial, judiciales. La combinación de democracia directa, reforzamiento presidencial y debilitamiento institucional constituye uno de los cócteles peligrosos del referéndum latinoamericano.

El referéndum sobre la autonomía departamental en Bolivia, en 2006, confirmó estas vinculaciones. La correlación territorial de la votación para los constituyentes del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y el no a la autonomía departamental, planteado por el presidente Morales —votación en la misma jornada— superó el 90 %.

El referéndum plantea igualmente un doble desafío a los partidos. A diferencia de las elecciones, en un referéndum, los partidos no necesariamente son los actores centrales. De hecho, su convocatoria puede reflejar la voluntad del presidente para esquivar sus resistencias, establecer un vínculo directo con la población o buscar una legitimidad más allá de la partidaria. Fue el caso de las consultas convocadas por presidentes que llegaron al poder tras la renuncia de sus antecesores y ellos mismos tenían vínculos distendidos con las principales organizaciones (Carlos Mesa en Bolivia, 2004, o Martín Vizcarra en Perú, 2018).

En segundo lugar, la consulta puede partir transversalmente a los partidos y desarrollarse al margen de las divisiones habituales del juego político (gobierno y oposición, izquierda y derecha, para citar las comunes). Así, en el referéndum uruguayo de 1992 sobre las privatizaciones, el Partido Colorado no pudo presentar un frente común.

Por último, el referéndum reduce las opciones y las oportunidades de la negociación partidaria, la posibilidad de concesiones recíprocas para arribar a consensos mínimos. El sí y el no pulverizan las posiciones intermedias. En la medida que el asunto planteado provoque posturas contrapuestas sustentadas por actores políticos con gravitación, esto arrastra al conjunto de la sociedad. La polarización es inducida por el propio mecanismo. Tras el resultado, la división y la fractura permanecen. Si un referéndum arroja mayorías contundentes, suele indicar la limitada importancia acordada al asunto y, eventualmente, se acompaña de una baja participación.

En la medida que el asunto planteado provoque posturas contrapuestas sustentadas por actores políticos con gravitación, esto arrastra al conjunto de la sociedad.

Conclusión: las ambiguas descalificaciones de la democracia directa

Para la democracia directa, los años 2016 y 2017 marcaron una fecha crítica: los británicos dejaron la Unión Europea, los colombianos rechazaron el acuerdo de paz con la guerrilla, los turcos adoptaron el sistema presidencial para favorecer a Recyp Erdogan. De pronto, las credenciales democráticas del referéndum se volvieron sospechosas y turbias.

Pasaron al banquillo de los acusados la posverdad, las manipulaciones de las redes sociales, la falta de un idóneo conocimiento de los temas en disputa por parte de franjas extensas de la ciudadanía. Las críticas al referéndum apuntaron al carácter volátil del voto, a veces sujeto a factores frívolos como el clima en la jornada electoral, el seguimiento de las consignas de los partidos, al hecho de que los electores se dejan llevar por la simpatía o antipatía por el gobierno.

Varias de esas razones —aunque sonaron novedosas por la mezcla con las noticias falsas y la manipulación de algoritmos— tienen, en realidad, raíces lejanas alrededor de la incompetencia del ciudadano promedio, la clarividencia de las élites y actualizan consideraciones esgrimidas en el pasado para acotar el derecho del voto. Reaparecen en repetitivos ciclos (Instituto para la Iniciativa y el Referéndum Europa, 2007, p. 69). Circulaban a principios del siglo XX (Ostrogorski, 1979, p. 258). Las premisas que cuestionan la democracia directa pueden extenderse sin inconvenientes a las elecciones y a la democracia misma. La descalificación del referéndum por el resultado que arroja, socava la base misma de la democracia.

Ni los referendos, las elecciones o la democracia presuponen —lamentablemente— decisiones siempre «correctas», encaminadas al avance de sus principios, orientadas al bien común, aunque la educación ciudadana se construye sobre la necesidad de fomentar esos comportamientos y de otorgar al ciudadano los instrumentos para que actúe con espíritu crítico y autonomía. Su fundamento, más sencillo y limitado, implica que, dentro de ciertas reglas preestablecidas de común acuerdo, cada ciudadano decide según sus principios, valores e intereses, y la preferencia mayoritaria (una opción en el referéndum, un candidato o un partido en una elección) se aplican al conjunto, dentro de límites igualmente acordados y que, en la época contemporánea, corresponden sobre todo al Estado de derecho.

La democracia implica aceptar esa decisión de la mayoría, aun a riesgo de que esté equivocada o se adopte por malos motivos. Riesgo inevitable, reseñado desde la probablemente más antigua consulta de la que queda un registro (en un contexto evidentemente no ceñido a parámetros democráticos ni de respeto de derechos). Según el evangelio de San Mateo, Pilato consultó al pueblo: «¿A quién quieren que les suelte: a Barrabás o Jesús llamado el Cristo?». Antes de la respuesta, hubo una campaña insidiosa: «Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes de que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús». El resultado lo contrarió, pues conocía que Jesús fue «entregado por envidia»; insistió: «¿Por qué? ¿qué mal ha hecho?». Sin embargo, ante la insistencia de la multitud, dejó seguir el curso del clamor, liberó a Barrabás y entregó a Jesús.

Bibliografía

Altman, D. (2010). Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en América Latina ¿mecanismos de control político o políticamente controlados? Perfiles Latinoamericanos, 18(35), 9-34.

Franklin, M., Van der Eijk, C., y Marsh, M. (1995). Referendum Outcomes and Trust in Government: Public Support for Europe in the Wake of Maastricht. West European Politics, 18(3), 101-117.

LeDuc, L. (2003). The Politics of Direct Democracy: Referendums in Global Perspective. Toronto: University of Toronto Press.

Instituto para la Iniciativa y el Referéndum Europa. (2007). Guía de la democracia directa en Suiza y más allá. Ginebra: Instituto para la Iniciativa y el Referéndum Europa.

Lissidini, A. (2015). Democracia directa en América Latina: avances, desafíos y contradicciones. En A. Minnaert y G. Endara (coords.). Democracia participativa e izquierda (pp. 121-190). Quito: Friedrich Ebert Stiftung.

Ostrogorski, M. (1979). La démocratie et les partis politiques. París: Seuil.

Romero Ballivián, S. (2021). Elecciones en América Latina. La Paz: IDEA Internacional, Tribunal Supremo Electoral.

Welp, Y. (2010). El referendo en América Latina: diseños institucionales y equilibrios de poder. Nueva Sociedad, 228, 26-42.

Welp, Y., y Serdült, U. (2008). Armas de doble filo: la participación ciudadana en la encrucijada. Buenos Aires: Prometeo.

Zovatto, D, (2014). Las instituciones de la democracia directa. En A. Lissidini, Y. Welp y D. Zovatto (comps.). Democracias en movimiento: mecanismos de democracia directa y participación en América Latina (pp. 13-70). México: UNAM, IDEA Internacional.

Notas

[1]    El texto se basa en el capítulo «Democracia directa en América Latina: el referéndum», en Romero Ballivián (2021). Allí se presentan más ejemplos nacionales y referencias bibliográficas que, por razones de formato, no se incluyen en este artículo.

El artículo analiza las características del superciclo 2021-2024 y el contexto regional en que este tiene lugar, junto con las principales tendencias de las elecciones presidenciales del período 2019-2022. Se destacan el voto castigo a los oficialismos, los ciclos políticos más cortos, la hiperpolarización tóxica, la amenaza de populismo, el uso del balotaje, la alta fragmentación y la contaminación informativa.

Superciclo electoral latinoamericano 2021-2024

Con el inicio de la tercera década del siglo XXI arrancó un nuevo superciclo electoral en América Latina. La totalidad de los países, con la excepción de Bolivia (cuyas elecciones presidenciales tuvieron lugar en 2020), renovarán sus presidentes y congresos por voto directo. Estas elecciones tienen lugar en un contexto —global y regional— de tiempos nublados, aquejado por múltiples crisis: la pandemia de covid-19 —que aún no termina—, la invasión rusa a Ucrania y sus negativas consecuencias, la desaceleración económica con riesgo de recesión, el aumento del costo de vida, de la energía, de la inflación, de los tipos de interés, y la amenaza de una crisis alimentaria, entre otras.

Estas múltiples crisis han profundizado las desigualdades y la pobreza, aumentado la desconfianza de la ciudadanía en las elites y agudizado el malestar social en las calles (protestas) y en las urnas (voto castigo a los oficialismos). Todo ello ha parido una agenda de nuevos temas —protección al medio ambiente, digitalización, equidad de género, inclusión, dignidad y lucha contra la desigualdad, entre otros—, la demanda de liderazgos políticos renovados y empáticos y la necesidad de renegociar los contratos sociales. Frente a estos cambios culturales y a esta nueva agenda de demandas de una sociedad que cambió con fuerza durante los últimos años, sobre todo la juventud, las élites tradicionales se han visto sobrepasadas, pues no han sabido interpretar y reposicionarse.

Por razones de espacio, el presente artículo se concentrará en el análisis del superciclo 2021-2024 y en las tendencias electorales que emergen del período 2019-2022. En la tabla 1 se observa el intenso maratón electoral que tendrá la región durante el mencionado cuatrienio.

Tabla 1. Calendario de elecciones presidenciales del superciclo 2021-2024

¿Qué es el superciclo electoral y en qué contexto transcurre?

El superciclo electoral 2021-2024 es el conjunto de elecciones que tienen lugar en un periodo de cuatro años, en que 17 países de América Latina (con excepción de Bolivia por las razones arriba señaladas) celebrarán elecciones presidenciales y legislativas, subnacionales y locales, con las que se renovarán o confirmarán las autoridades políticas de esos países y sus efectos en la reconfiguración del mapa político latinoamericano.

El actual tiene lugar en uno de los momentos más complejos desde el regreso de la democracia a la región (1978) signado por el impacto socioeconómico de la pandemia, la erosión de la confianza en la democracia y el deterioro de la calidad de las instituciones. A continuación, se resumen tres contextos, en perspectiva regional, en los que se llevan a cabo las elecciones del superciclo electoral.

Contexto económico: reactivación débil, alta inflación y tensiones sociales

La región se encamina hacia otra década perdida (2014-2023). El último pronóstico del FMI de julio de 2022 proyecta que América Latina crecerá un 3 % en 2022, pero caerá al 2 % en 2023, convirtiéndose en la región del mundo con peor desempeño. Entre los factores que afectan de manera combinada el anémico crecimiento económico se destacan las restrictivas condiciones macroeconómicas globales —la inflación, la subida de tasas de interés y contracción monetaria, el aumento del precio de las materias primas, así como el de las medicinas y los combustibles—, y las demandas internas para sostener niveles de consumo y bienestar. En materia de inflación, el FMI sostiene que América Latina experimentará en 2022 y 2023 la tasa más alta en 25 años, proyectando un 12,1 % y 8,7 % promedio, respectivamente.

Estos pronunciados desbalances económicos están teniendo un severo impacto sobre los indicadores sociales. La pobreza en 2021 ha subido al 32,1 % y la extrema a un 13,8 %, o sea, el equivalente a 201 y 86 millones de personas, respectivamente (PNUD, 2021). Esto significa que los avances en materia de reducción de la pobreza conquistados en la década pasada fueron borrados de un plumazo y nos encontramos en los mismos niveles de pobreza de 2008, pero con un nivel de pobreza extrema que nos retrotrae treinta años, a 1990.

Contexto institucional: erosión democrática y debilitamiento del Estado de derecho

En materia institucional, la democracia se encuentra en un franco proceso de erosión desde hace poco más de una década. La pandemia supuso un acelerador al paulatino deterioro político-institucional que se venía observando. Además, sirvió de pretexto para que varios líderes populistas la usaran de excusa para poner en marcha poderes de emergencia, con el fin de concentrar poder de manera ilegítima y suprimir ilegalmente derechos y libertades básicas de la población (IDEA Internacional, 2021). La democracia enfrenta a nivel global y regional un nuevo tipo de autoritarismo. En nuestros días, las democracias ya no mueren como consecuencia de los tradicionales golpes de Estado —si bien estos aún tienen lugar en algunos países—, sino por el deterioro gradual y permanente de sus pilares básicos, llevado a cabo, desde el interior del régimen, por gobernantes electos.

En nuestros días, las democracias ya no mueren como consecuencia de los tradicionales golpes de Estado […], sino por el deterioro gradual y permanente de sus pilares básicos.

De acuerdo con el informe de Freedom House, mientras que en 2005 un 46 % de la población del mundo vivía en países libres, hoy es solo un 20,6 %. Según el informe de The Economist Intelligence Unit, el 44 % de los países empeoraron su calificación democrática promedio en 2021 respecto al 2020.

Los últimos tres años (2019-2021) han sido aún más difíciles para las democracias latinoamericanas. Según The Economist, América Latina es la región del mundo que registró la caída más pronunciada en comparación con el año anterior, pasando de un puntaje de 6,09 a 5,83; descenso que ocurre por sexto año consecutivo.

Cultura política: desconfianza generalizada en las élites y las instituciones democráticas

En nuestra región existen dos grandes encuestas que le toman el pulso a la opinión de los ciudadanos: el Barómetro de las Américas (BA) y el Latinobarómetro (LB). En ambas, el apoyo a la democracia está descendiendo en los últimos años, del 69 % en 2008 al 62 % en 2021 (BA) y del 63 % en 2010 a 49 % en 2020 (LB). El mayor escepticismo se traslada a la satisfacción con la democracia, que se ubica en el 43 % en 2021 frente a un 59 % en 2010 (BA). Asimismo, el 73 % de los encuestados en 2020 afirmaban que «se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio» (LB).

Otros tres datos suman una mayor preocupación. El primero, mientras en 1995 solo un 16 % de los latinoamericanos afirmaban que les daba igual vivir o no en una democracia, para 2021 este porcentaje había escalado al 27 % (LB, 2021). El segundo, según la misma fuente, el 51 % de la población (era 44 % en 2002) dice no importarle que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve sus problemas. Y el tercero, la crisis de credibilidad está afectando no solo a las instituciones democráticas tradicionales, sino también al régimen en general y a la confianza interpersonal. La confianza en los partidos políticos continúa en su piso más bajo: 13 %; la del Congreso es 20 %; la del Poder Judicial es de apenas 25 %; la del Ejecutivo tocó en 2020 el punto más bajo, 32 %; y la confianza en las instituciones electorales también ha venido cayendo y se ubica en apenas el 31 % (todos datos del LB).

La confianza en los partidos políticos continúa en su piso más bajo: 13 %; la del Congreso es 20 %; la del Poder Judicial es de apenas 25 %; la del Ejecutivo tocó en 2020 el punto más bajo, 32 %.

A este complejo y desafiante escenario regional latinoamericano debemos agregarle otros factores agravantes, tales como la maldita corrupción, la debilidad del Estado de derecho, el aumento de las economías ilegales y el crimen organizado, los altos niveles de violencia y de homicidios, y la nueva crisis migratoria, entre otros; factores todos estos que influyen de manera importante en los procesos electorales del actual superciclo.

Tendencias político-electorales 2019-2022 en América Latina

Este análisis de tendencias principales abarca las elecciones presidenciales que tuvieron lugar entre 2019 y 2022, período que comprende el fin de un superciclo, la pandemia del 2020 y los dos primeros años del actual superciclo. Estos cuatro años abarcan las seis elecciones prepandémicas de 2019: El Salvador, Panamá, Guatemala, Bolivia, Argentina y Uruguay.

Las presidenciales bolivianas de 2019 se anularon por graves irregularidades y se repitieron con normalidad en 2020. En ese año, en pleno pico de la crisis sanitaria, también se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en República Dominicana.

En 2021 inició el presente superciclo, con una intensa agenda de cinco elecciones presidenciales: Ecuador, Perú, Chile, Honduras y la farsa electoral nicaragüense perpetrada por la dictadura de Ortega-Murillo.

En 2022 hay tres elecciones presidenciales calendarizadas. Dos de ellas, Costa Rica y Colombia, se celebraron en el primer semestre; la restante tendrá lugar en Brasil, en octubre.

A continuación, se analizan las siete principales tendencias político-electorales de la región correspondiente al cuatrienio 2019-2022.

Tabla 2. Voto castigo a los oficialismos 2019-2022

1. Voto castigo a los oficialismos

Los oficialismos han sido repetidamente castigados en las urnas. Desde 2019 a la fecha (agosto de 2022) se han celebrado 14 elecciones presidenciales. Si se excluye la farsa electoral nicaragüense, en todas ellas hubo un voto castigo a los oficialismos, esto es, el partido o candidato del partido gobernante fue derrotado en las urnas (tabla 2).

2. Menos reelección, más alternancia y ciclos políticos más cortos

La reelección presidencial se ha vuelto esquiva para los presidentes latinoamericanos, y la alternancia ha conllevado al acortamiento de los ciclos políticos. Entre 2019 y 2022 ningún presidente que buscó su reelección consecutiva la obtuvo (Mauricio Macri en Argentina y Evo Morales en Bolivia, ambos en 2019, no lo lograron). Por otra parte, el voto castigo generalizado a los oficialismos trajo una mayor alternancia y un nuevo ciclo político.

[…] en Sudamérica se está produciendo un giro de signo ideológico, con un regreso de la izquierda, aunque en etiquetas distintas.

En efecto, en Sudamérica se está produciendo un giro de signo ideológico, con un regreso de la izquierda, aunque en etiquetas distintas. De las últimas cinco elecciones presidenciales sudamericanas (Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y Colombia) en cuatro ganó la izquierda y únicamente en Ecuador lo hizo la centroderecha. Solo en cuatro países sudamericanos (Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay) quedan gobiernos de derecha, mientras que seis (Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Venezuela) son de izquierda, si bien con importantes diferencias entre ellos. Un triunfo del expresidente Lula Da Silva en Brasil —que lidera las encuestas—, profundizaría este giro de gobiernos progresistas.

De producirse este último resultado (triunfo de Lula), se daría un escenario regional inédito: las seis principales economías de la región (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú) estarían gobernadas por líderes de izquierda.

3. Hiperpolarización tóxica

Todos los principales informes sobre calidad de la democracia expresan su preocupación por una peligrosa tendencia a la hiperpolarización. En el último lustro se observa un debilitamiento del centro político como campo ideológico y el paso a segunda vuelta de candidatos que representan a los extremos ideológicos. Este fenómeno suele ir acompañado de una hiperfragmentación que permite que candidatos marginales se destaquen en sus mensajes y pasen a competir en la segunda vuelta, como ocurrió en Perú en 2021, cuyo balotaje fue disputado entre los dos candidatos que representaban los extremos de entre 18 alternativas electorales.

[…] se observa un debilitamiento del centro político como campo ideológico y el paso a segunda vuelta de candidatos que representan a los extremos ideológicos.

Esta hiperpolarización tóxica representa una grave amenaza para la calidad de la democracia, por múltiples motivos; en especial, porque los candidatos extremistas tienden a impulsar medidas antidemocráticas y a cuestionar la institucionalidad y los procedimientos del proceso electoral y del sistema democrático. De igual modo, la polarización extrema puede generar niveles peligrosos de violencia política, verbal o física. En estos contextos hiperpolarizados, los candidatos derrotados tienden a no aceptar los resultados, denunciar fraudes inexistentes y comenzar campañas de ataque y desprestigio a las instituciones electorales.

Este fenómeno de ataques cada vez más fuertes, ilegales e infundados, a los organismos electorales y a sus integrantes de la región, vía los Ejecutivos o los partidos de oposición, para deslegitimarlos y debilitarlos, es una peligrosa tendencia que viene ganando fuerza en un número importante de países, entre los que destacan Brasil, México y Perú.

4. Amenaza de populismo

Con mayor frecuencia se observa la irrupción de candidatos populistas que se caracterizan por dividir la sociedad en campos de batalla: nosotros versus ellos. Ese ellos suele ser descrito como una élite, casta o clase social a la cual se asocian todos los males del país (antiestablishment), buscando caricaturizar a los oponentes y apostar por la polarización extrema.

Quienes apelan al populismo corroen las bases institucionales y organizacionales de la representación y privilegian las relaciones directas con los seguidores, con tintes mesiánicos, personalistas y con potencial deriva autoritaria.

Desde esta premisa, la política se interpreta en clave conflictiva permanente y enfrenta modos irreconciliables de entender el mundo. Quienes apelan al populismo corroen las bases institucionales y organizacionales de la representación y privilegian las relaciones directas con los seguidores, con tintes mesiánicos, personalistas y con potencial deriva autoritaria. El populismo puede adoptar cualquier ideología política: hay casos de populismo tanto de derecha como de izquierda.

5. Uso creciente del balotaje y reversión del resultado

La mayoría de los países que contemplan la segunda vuelta han recurrido a esta en los últimos tiempos y también, con mayor frecuencia, se produjo la reversión del resultado de la primera vuelta. En América Latina, 12 países tienen regulado el balotaje: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay, si bien con diferencias importantes. De la última elección presidencial celebrada en cada uno de estos países, en ocho de ellos hubo necesidad de ir a una segunda vuelta para definir al presidente: Brasil (2018), Chile (2021), Colombia (2022), Costa Rica (2022), Ecuador (2021), Guatemala (2019), Perú (2021) y Uruguay (2019). Las excepciones fueron: Argentina y El Salvador en 2019, y Bolivia y República Dominicana en 2020.

Desde el inicio de la tercera ola democrática en la región a finales de la década de 1970, en 58 elecciones hubo necesidad de ir a segunda vuelta. En 39 de ellas (67 %) se confirmó el vencedor de la primera vuelta y en 19 casos (33 %) hubo reversión de resultado. De los últimos siete balotajes que hubo en la región (Guatemala 2019, Uruguay 2019, Ecuador 2021, Perú 2021, Chile 2021, Costa Rica y Colombia 2022), en cinco de ellos (83 %) —con la excepción de Perú 2021 y Colombia 2022— hubo reversión de resultado.

6. Fragmentación y presidencialismo coalicional

La falta de confianza ciudadana hacia los partidos y la creciente personalización de la política han acentuado la crisis en la mayoría de los sistemas de partidos latinoamericanos. Consecuencia de todo ello, el número de partidos y de candidatos a la presidencia se ha venido incrementado considerablemente. Por ejemplo, en las recientes elecciones presidenciales de Costa Rica (2022) hubo 25 candidatos presidenciales, de los cuales 14 obtuvieron menos de 1 % de los votos. Algo similar ocurrió en Ecuador 2021 y en Perú 2021, donde se presentaron 16 y 18 candidaturas presidenciales, respectivamente.

Los Congresos también se caracterizan por un mayor nivel de fragmentación y los presidentes que llegan con partidos minoritarios deben construir amplias coaliciones para gobernar. El resultado que se deriva de esta situación es preocupante: los mandatarios que no tienen mayoría propia suelen conformar coaliciones volátiles, con poca coincidencia programática, que terminan produciendo frecuentes divisiones en las coaliciones gobernantes, fuertes choques entre poderes e inestabilidad ministerial y gubernamental.

[…] los mandatarios que no tienen mayoría propia suelen conformar coaliciones volátiles, con poca coincidencia programática, que terminan produciendo frecuentes divisiones en las coaliciones gobernantes.

Los dos ejemplos actuales más claros —pero no los únicos— son Lasso en Ecuador y Castillo en Perú. En este último país, ya hubo dos intentos de remover al presidente Castillo en menos de un año de gobierno.

7. Creciente contaminación informativa en las campañas

Las fake news, las campañas de desinformación y la contaminación informativa están en ascenso. Estas tácticas son utilizadas por los candidatos, pero también por los gobiernos para intervenir en las elecciones de otros países.

Las redes sociales están teniendo una importancia y una presencia cada vez mayor. Sus efectos en la política, las elecciones y la democracia son tanto positivos como negativos. Un número cada vez mayor de personas se está informando sobre la política y las propuestas de los candidatos a través de las redes sociales. Por otro lado, su creciente uso ayuda a horizontalizar la comunicación política y hacerla de doble vía.

Sin embargo, existen graves y crecientes riesgos cuando las redes sociales son utilizadas de manera incorrecta para desinformar, dividir y generar odio. En efecto, cuando los mensajes transmitidos vía redes sociales son mayoritariamente negativos —con emociones de ira, miedo y desconfianza—, reproducen la polarización y generan efectos de cámaras de eco (diálogo entre propios). Esto impide el diálogo político constructivo y sus efectos sobre los procesos electorales y la democracia son muy adversos.

Conclusiones

La democracia en América Latina muestra signos de resiliencia y de deterioro. Los próximos años se presentan complejos y desafiantes. Hay que prepararse para enfrentar tiempos recios.

Latinoamérica ha sido la región más castigada por la pandemia de covid-19, que ha dejado una herencia envenenada en materia de desarrollo humano. En términos económicos estamos a las puertas de otra década perdida. La desconfianza ciudadana generalizada hacia las élites, las instituciones y el sistema político en su conjunto ha debilitado la democracia y ha permeado las relaciones interpersonales y las organizaciones sociales.

La democracia sufre además el asedio de líderes populistas y autoritarios que, una vez que llegan al poder por elecciones, la corroen desde dentro. Como consecuencia de todo ello, la crisis político-institucional y de gobernanza que aqueja a nuestras democracias es una de las más desafiantes desde el inicio de la tercera ola democrática hace ya 43 años (Sahd et al., 2022). De ahí la importancia de fortalecer no solo la legitimidad de origen, sino también la legitimidad de ejercicio, como prescribe la Carta Democrática Interamericana.

[…] la crisis político-institucional y de gobernanza que aqueja a nuestras democracias es una de las más desafiantes desde el inicio de la tercera ola democrática hace ya 43 años.

Para ello, la región debe poner prioridad en tres ámbitos. Primero, mantener y fortalecer la resiliencia electoral para garantizar la legitimidad de origen, como se hizo durante la pandemia, cuando pese a los monumentales desafíos, los países de la región tuvieron la capacidad de seguir celebrando elecciones con altos estándares de bioseguridad e integridad electoral. Para ello es crítico blindar a los organismos electorales de los crecientes ataques provenientes del Ejecutivo, así como de partidos políticos oficialistas o de oposición.

Segundo, recuperar la confianza en las élites y las instituciones, abriendo nuevos canales de escucha, diálogo y participación ciudadana. Es preciso reimaginar el papel del ciudadano, agregándole a su condición de elector otras dimensiones de carácter participativo y deliberativo que le permitan tener un protagonismo, mayor y más frecuente, en los procesos de toma de decisión y en la elaboración de políticas públicas.

Y, tercero, acompañar a la democracia con un Estado moderno, robusto y estratégico, y una gobernanza eficaz, para estar en condiciones de dar resultados concretos y oportunos a los problemas reales de la gente. Tal como advertíamos con Sergio Bitar, en 2021:

La gobernabilidad democrática es la condición esencial para la superación de la crisis y la realización de las reformas necesarias en América Latina. Los acuerdos amplios y mayoritarios son indispensables para evitar la polarización política y la consiguiente paralización de la acción pública. La hiperpolarización tóxica conlleva el riesgo de caer en un autoritarismo o populismo, ya sea por una demanda de orden a toda costa o la creencia de que existen soluciones fáciles a temas complejos. Por eso se necesita ensayar nuevos mecanismos, diálogos y participación permanente a todo nivel, que garanticen la inclusión de una ciudadanía empoderada (p. 5).

Por su parte, a nivel regional es necesario poner al día y reforzar los mecanismos de protección de la democracia, para que complementen y apoyen a aquellos existentes a nivel nacional. La prioridad debe estar puesta en la actualización y fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana y en generar un nuevo consenso regional, de ancha base política, a favor de la defensa de la democracia, procesos electorales con integridad, respeto a los derechos humanos y libertad de expresión, y plena vigencia del Estado de derecho.

Esta es la agenda que América Latina necesita poner en marcha con urgencia y brújula en mano, dirigida a repensar la democracia representativa, revalorizar la política, acelerar la innovación política-institucional, fortalecer los mecanismos de participación y deliberación ciudadana, e incorporar de manera inteligente las nuevas tecnologías digitales en la política, todo ello con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en la política, sus instituciones y líderes y, al mismo tiempo, fortalecer la gobernanza de las sociedades complejas del siglo XXI.

En resumen, no hay tiempo que perder. Los mandatarios deben aprender a gobernar en contextos de alta complejidad, incertidumbre y volatilidad, a producir resultados rápidamente para dar respuesta a las altas expectativas y nuevas demandas de una ciudadanía cada vez más empoderada y exigente, y recuperar la confianza perdida. Caso contrario, como se está observando en varios países de la región, la frustración ciudadana arriesga dar lugar a una nueva ola de protestas sociales, aumento del riesgo político y la inestabilidad, crisis de gobernabilidad y mayor deterioro o, peor aún, retroceso democrático. Y para ello, como bien aconsejaba Albert O. Hirschman, hoy más que nunca es preciso poner foco en lo posible más que en lo probable.

Bibliografía

Bitar, S., y Zovatto, D. (2021, febrero 9). América Latina: los cambios postpandemia. IDEA Internacional.

Corporación Latinobarómetro. (2021). Informe Latinobarómetro 2021. Santiago de Chile.

Freedom House (2022, febrero). Freedom in the World 2022. The Global Expansion of Authoritarian Rule.

Fondo Monetario Internacional (FMI). (2022, julio). Actualización de las perspectivas de la economía mundial: Un panorama sombrío y más incierto.

IDEA Internacional. (2021). El estado de la democracia en las Américas 2021: Democracia en tiempos de crisis. Estocolmo: IDEA Internacional.

IDEA Internacional. (2021). Global Monitor of covid-19s Impact on Democracy and Human Rights [Monitor global del impacto de la covid-19 sobre la democracia y los derechos humanos].

Lupu, N., Rodríguez, M., y Zechmeister, E. (eds.). (2021). Pulse of Democracy. Nashville: LAPOP.

Sahd, J., Zovatto, D., Rojas, D., y Fernández, M. P. (eds.). (2022). Riesgo Político América Latina 2022. Santiago: Centro de Estudios Internacionales, Universidad Católica de Chile.

The Economist Intelligence Unit. (2022). Democracy Index 2021: The China Challenge. Londres.

Los sistemas electorales de América Latina sufren una reforma constante y, por lo general, los partidos políticos asumen el diseño del sistema electoral como una atribución exclusiva. Uno de los componentes del sistema electoral refiere al modo en que elegimos el Parlamento y los cuerpos colegiados que componen el Poder Legislativo en los niveles nacional, regional y local.

Hablar de elecciones implica recordar que los procesos electorales están compuestos por distintas etapas, agrupadas en tres grandes fases: la fase preelectoral, la jornada de votación y la fase poselectoral. Por lo general, la campaña electoral y la jornada de votación (etapas a las que los medios de comunicación suelen dar toda su cobertura), resta atención a etapas del proceso a las que hay que dedicar tiempo de análisis y reflexión desde la ciudadanía, no solo desde lo académico o político.

Si la fase preelectoral, que se da entre el inicio del calendario electoral y la jornada de votación, no tiene algo de nuestra atención (con excepción de la campaña electoral), ¿qué balance hacemos del proceso de formación de la legislación electoral? ¿Son los partidos políticos las únicas partes con potestad para definir las reglas de juego electoral dada su condición de contendientes? En realidad, la sociedad civil tiene que poder controlar y participar del debate parlamentario, especialmente en lo que respecta a lo electoral, porque no es un detalle menor el de diseñar el sistema con el que se escogen los representantes.

América Latina deposita mucha fe en los sistemas electorales para proveer de previsibilidad al sistema político, y esto lo demuestra la intensa tradición reformista de la región.

Desde 1978 todos los países latinoamericanos han cambiado algún aspecto de su sistema electoral, lo que habla de una búsqueda permanente por maximizar los beneficios de los partidos y lograr una mayor eficiencia del sistema político.

Pero las reformas no siempre alcanzan el objetivo propuesto. En algunos casos donde se implementaron sistemas mixtos y voto preferencial, se debilitó el vínculo entre ciudadanos y representantes, y se fragmentó la oferta electoral, debilitando además a los partidos sin mejorar la calidad de la representación.

Los sistemas electorales tienen un impacto en el sistema político, sobre todo en lo relativo a la composición de los poderes legislativos y la capacidad para gobernar de los partidos o coaliciones políticas. Generan certidumbre y las condiciones para que las preferencias de la ciudadanía se trasladen a resultados concretos. Sin embargo, la aritmética electoral y la legislación por sí mismas no aseguran una representación justa de la ciudadanía, pues interactúan con otros factores que pueden maximizar o anular los efectos pretendidos (Molina, 2000).

En contextos no democráticos, por ejemplo, los sistemas electorales por lo general son mayoritarios.[1] Los sistemas mayoritarios no producen necesariamente efectos perniciosos, pero combinados con la falta de reglas de juego claras, la criminalización de la disidencia y un campo institucional inclinado a favor del oficialismo, anulan por completo la posibilidad de que independientes o minorías obtengan representación.

De manera que, dado que las circunstancias políticas y otros factores (como la magnitud de los distritos o el diseño de circunscripciones electorales), también tienen un peso importante en la determinación de los resultados, el propósito es entender qué sistema genera las mejores condiciones en cada contexto, tomando en cuenta todos los factores. Lo cierto es que el sistema electoral perfecto no existe. Así como la Constitución de Estados Unidos consagra el derecho a la búsqueda de la felicidad, tenemos el derecho a la búsqueda del mejor sistema electoral, cada uno con ventajas y desventajas.

Tipos de sistema electoral

Los sistemas electorales suelen categorizarse según la fórmula electoral que utilizan, es decir, según el cálculo aritmético que convierte votos en curules. Bajo esa concepción, se clasifican a grandes rasgos en mayoritarios, proporcionales o mixtos. El mayoritario adjudica los escaños al partido más votado, el proporcional distribuye los cargos según la proporción de votos por organización, y el mixto combina el uso de fórmulas mayoritarias para elegir una parte de los cargos, y fórmulas proporcionales para la otra parte.

Dentro de estas tres categorías hay distintas fórmulas a tomar en cuenta. Los sistemas de representación proporcional buscan reducir disparidades entre la proporción de votos de un partido y los escaños que le corresponden, reproduciendo la proporción de votos recibida por partido en la composición del Legislativo. Por eso suelen usarse listas partidarias nacionales o regionales, pero también sucede que se utilice el componente proporcional de una fórmula para compensar resultados en distritos uninominales mayoritarios. El voto preferencial, como el utilizado en Colombia, también cumple ese objetivo, pues los electores ordenan a los candidatos según sus preferencias en distritos plurinominales. Si suena familiar es porque este es el tipo de sistema más utilizado en América Latina.

De 19 países latinoamericanos, siete usan exclusivamente el método D’Hondt en forma pura para la Cámara baja (Argentina, Chile, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana), uno usa el método Webster (Ecuador, recientemente adoptado) y el resto hace uso de distintas fórmulas bajo los métodos D’Hondt, Hare y mayoritarios o de mayorías relativas (en este último caso: México, Haití y Venezuela) (Reformas Políticas en América Latina, 2021).

Mientras que el sistema de representación proporcional garantiza que todos los sectores relevantes sean representados, puede reducir la posibilidad de lograr mayorías claras en el Legislativo y aumentar la fragmentación de partidos legislativos.

Mientras que el sistema de representación proporcional garantiza que todos los sectores relevantes sean representados, puede reducir la posibilidad de lograr mayorías claras en el Legislativo y aumentar la fragmentación de partidos legislativos, lo cual suele dificultar la gobernabilidad.

Los sistemas mayoritarios hacen uso de distritos uninominales, donde gana quien tenga más votos (mayoría relativa) y, en el caso de haber distritos plurinominales, se suele utilizar el sistema de voto en bloque por partido. Este sistema garantiza más que el proporcional la gobernabilidad, si la entendemos como la existencia de mayorías que permitan adoptar una agenda legislativa definida y coherente frente las preferencias del electorado, pero en detrimento de las minorías.

Los sistemas mixtos son una combinación del proporcional y el mayoritario como, por ejemplo, el sistema mixto-alemán utilizado en Venezuela hasta el año 2007, cuando se elegían 60 % en cargos nominales y 40 % en cargos por lista. Este sistema, también denominado de representación proporcional personalizada, «permitía la compensación-vinculación en el momento de la adjudicación de cargos, que consistía en restar a la lista el número de candidatos ganadores por elección nominal. De manera que el partido político que obtenía más votos nominales no podía obtener la mayoría de los votos lista, compensando y resguardando la representación de las minorías» (Repilloza et al., 2020, p. 116).

Aun cuando el sistema de representación proporcional personalizada es reconocido como uno de los modelos que garantiza una distribución justa de escaños, la interacción con otros factores en el caso venezolano (2005) resultó en una Asamblea Nacional sin oposición efectiva. Mediante la creación de las morochas y la movilización de sus bases, el chavismo participó en los comicios con dos plataformas legales diferentes, con lo que anularía el efecto de compensación y se aprovecharía de su mayoría circunstancial en las urnas para sobre-representarse en el Parlamento. Esto una vez más habla de la necesidad de ejercer contraloría sobre factores distintos a las fórmulas de distribución de escaños adoptadas.

Control ciudadano sobre otros factores intervinientes

El análisis del resto de los factores no puede estar divorciado de las fórmulas. Entenderlas nos da una ventaja para participar del debate sobre su adopción y efectos, pero podemos convenir que el debate sobre qué fórmula ofrece mejores condiciones es uno que ni siquiera la ciencia política ha podido zanjar, dada la variedad de contextos y resultados que se dan. Las fórmulas son el principal factor que determina la distribución de escaños, pero su naturaleza dificulta el debate en el ámbito ciudadano y los partidos políticos pueden aprovechar eso a su favor. Esto no implica que no se pueda ejercer contraloría en otros aspectos.

Además de las fórmulas utilizadas, hay que pensar en el tipo de lista usado en distritos plurinominales, que atienden más que nada a la capacidad que otorgan al elector de elegir con mayor o menor flexibilidad entre partidos y candidatos. Las listas cerradas y bloqueadas no admiten cambio alguno, por lo que el elector solo puede votar a una lista con un orden fijo de candidatos. Las cerradas y desbloqueadas sí permiten cambios por medio del voto preferente. Y las abiertas permiten no solo ordenar a los candidatos por los que se vota, sino que permiten votar por estos en diferentes listas partidarias.

A las listas abiertas se les atribuye como ventaja que permiten al ciudadano votar por candidatos más que por partidos, con lo cual el elector puede expresar preferencias en distintos niveles, sin seguir líneas partidarias; pero también se les atribuyen desventajas y es que pueden exacerbar el personalismo, marginando a los partidos políticos, cuyo rol institucional también es indispensable.

En el caso de Ecuador —que tiene la más reciente reforma electoral de la región—, las reformas han sido utilizadas por la clase política con fines cortoplacistas y para maximizar los beneficios de los partidos. Durante la reforma del año 2020, se sustituyeron las listas abiertas por listas cerradas y bloqueadas, lo que juega a favor de los partidos. Además, se cambiaron el método de adjudicación de escaños de D’Hondt a Webster (ambos proporcionales) y la cantidad de circunscripciones electorales de baja magnitud (con pocos cargos para elegir). La circunstancia política imperante, expresada en términos de correísmo versus oposición, provocó un incremento significativo en la fragmentación del sistema de partidos legislativos que dejó sin mayorías claras a la Asamblea Nacional y al nuevo oficialismo (CREO). Aun así, esta reforma deshizo cambios implementados previamente por el correísmo con los que maximizaba sus beneficios. En Ecuador, la discusión ciudadana en torno al sistema electoral debe tomar un nuevo cariz.

Las circunscripciones electorales

Otro factor es el diseño de circunscripciones electorales, un proceso que debe seguir criterios técnicos. Estas pueden ser plurinominales (se elige más de un cargo) o uninominales (se elige un solo cargo). Generalmente, en América Latina los países hacen uso de las unidades político-territoriales, como los departamentos, estados o provincias, para constituir estos circuitos. Aunque fuera de la región, el caso de Estados Unidos ofrece lecciones en perspectiva comparada de las que América Latina puede tomar nota para prevenir prácticas parecidas en el futuro.

Cada diez años, después del censo nacional, se actualizan los distritos electorales en los que se eligen los representantes a la Cámara baja del Congreso de Estados Unidos. Tanto la pandemia como el contexto político de los últimos tres años configuraron un escenario fatídico para la democracia: los dos partidos del país, pero sobre todo el Republicano, incurrieron más seguidamente en la práctica del gerrymandering, desatando la judicialización del proceso en algunos distritos (FiveThirtyEight, 2022). En términos simples, se trata de una estrategia en la que se diseñan los distritos electorales sin tomar como referencia criterios técnicos, sino políticos. Es decir, las líneas de los circuitos se dibujan en razón de las tendencias históricas de votación de cada comunidad, y no lo de que tienen en común desde el punto de vista histórico, geográfico o demográfico. Todo se hace de forma que se diluya el voto opositor y el oficialista se acumule desmesuradamente en cada distrito, asegurándose la mayoría de los cargos en juego.

El gerrymandering se hace por dos vías: packing y cracking. El primero hace referencia a la estrategia de agrupar a todos los electores de oposición en un solo distrito, de manera que se convierta en una circunscripción opositora segura, donde la mayoría de los cargos van a la disidencia. De esta manera, se remueven los votos de oposición del resto de los distritos, donde el oficialismo tiende a ganar la gran mayoría de los curules. El segundo distribuye a los electores de oposición entre todos los distritos de manera que siempre sean minoría, diluyendo su poder de elección y haciendo mucho menos probable que gane cargos en alguno de ellos. Efectivamente, los electores no eligen a sus políticos, sino que los políticos eligen a sus electores.

Por una decisión de 2019, las cortes federales están muy limitadas de intervenir en el proceso de redistritación. Lo único que deben cumplir los partidos es que cada distrito debe tener un número aproximadamente igual de electores; en muchos casos, deben ser «razonablemente compactos» y los legisladores no pueden diluir la influencia de sus electores basados en su raza. Sin embargo, nada previene que basen el diseño de los distritos electorales en la votación histórica por partido.

A modo de ejemplo, antes de las elecciones parlamentarias de 2010 en Venezuela se practicó el gerrymandering por ambas vías (packing y cracking). En el Distrito Capital se formó un distrito que agrupaba a las parroquias La Vega y El Paraíso (de tendencia opositora) y las de Caricuao, Antímano y Macarao (de tendencia oficialista). Cada grupo de parroquias (la división político-territorial más pequeña en Venezuela) antes conformaba un circuito cada una, en la que se elegía a un diputado, pero el circuito nuevo elegiría dos diputados nominales, tras diluir el caudal de voto opositor (gerrymandering por medio de cracking) (Repilloza et al., 2020).

Rediseño de distritos y herramientas

¿Está la sociedad civil a merced de los partidos que implementan estas tácticas? La respuesta es no, mucho menos con las potencialidades que ofrece la tecnología para alcanzar otras instancias y ayudar a diseñar mejores distritos. Hoy día hay distintas plataformas, denominadas herramientas de comunidad de intereses, por medio de las que se pueden enviar aportes para el diseño distrital, que ayudan a articular las cosas que tienen en común distintas comunidades (problemas o características geográficas, demográficas o económicas únicas), y a diseñar la forma en que deberían dibujarse las líneas. Herramientas como districtr.org y representable.org cumplen estas funciones (DemoTech, 2021).

En Estados Unidos también se utilizan los denominados sistemas de información geográfica (GIS), software especializado en el diseño distrital. Los más populares son Arcgis y Maptitude, pero son privados y no gratuitos. Más recientemente, International IDEA y Perludem lanzaron la Electoral Redistricting App (ERA), un tipo de GIS gratuito para ayudar a los organismos electorales, la sociedad civil y académicos a involucrarse en el diseño de distritos electorales. Estas herramientas son muy útiles para democratizar el debate en torno a este proceso que no debe pasarse por alto.

Un elemento a considerar y que está íntimamente relacionado con las circunscripciones electorales plurinominales es el umbral para ser electo: mientras más cargos se elijan en un distrito y más bajo sea el umbral, más proporcional es el resultado, por lo que también los partidos políticos minoritarios tienen más probabilidades de obtener representación.

Una práctica nociva que también tiene que ver con el diseño de distritos electorales es el denominado malapportionment, la creación de circunscripciones en las que el número de representantes a elegir no se corresponde con el número de habitantes. Por ejemplo, dos distritos uninominales en los que se elige un solo cargo en cada uno, pero hay 2.000 habitantes en uno y 20.000 en el otro.

La provincia de Santa Cruz en Argentina ilustra bien este caso. El sistema electoral hace uso de un sistema mixto: representación proporcional por método D’Hondt y mayoritario simple con doble voto simultáneo. La legislatura provincial está compuesta por 24 diputados: 14 electos a razón de uno por municipio, independientemente de su población, y 10 a través de un distrito único. El sistema beneficia ampliamente al partido más grande y debilita mucho la proporcionalidad, dado que hay niveles elevados de distorsión entre el porcentaje de votación obtenido y las bancas ganadas. Mientras en 1997 (las últimas elecciones antes de la reforma electoral) la oposición obtuvo un 32 % de los votos y el 33 % de las bancas, en 1999 el oficialismo obtuvo el 66,6 % de las bancas con el 51 % de los votos, y la oposición con el 46 % obtuvo el 33 % de las bancas, tendencia que se mantiene hasta la actualidad.

Conclusiones

Proponer reformas a nuestros sistemas electorales no es una prerrogativa exclusiva de los partidos por ser canalizadores de la participación política y la oferta electoral.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden proponer cambios muy específicos y poco complejos que pueden modificar significativamente la forma en que elegimos a nuestros representantes.

Por lo general, la observación electoral es vista como un instrumento de la cooperación internacional, pero en cada país de la región hay organizaciones con amplia experiencia en el tema electoral, que ejercen observación nacional ciudadana de procesos electorales y están en terreno permanentemente. La observación electoral doméstica, que sin duda ha venido cobrando importancia y llamando la atención de académicos y organismos electorales por igual, es una figura clave en la promoción de la calidad de todas las etapas de los procesos electorales, incluida la mejora de la representación política.

Con base en todo esto, podemos esbozar los detalles de dos elementos para construir modelos de evaluación de ciertos aspectos de la representación para organizaciones de la sociedad civil en cada contexto nacional, una prueba que permita evaluar ciertas características del sistema para mejorarlos y lograr que produzcan poderes legislativos más representativos. El trabajo en conjunto con los partidos políticos puede potenciar la consecución de ese objetivo.

• Flexibilidad para elegir: las listas abiertas confieren mucha más libertad a los electores para elegir entre candidatos, pero pueden generar problemas de gobernabilidad importantes. Las listas cerradas y desbloqueadas, por otro lado, ofrecen flexibilidad por medio del voto preferencial y garantizan que el voto permanezca dentro de los partidos o coaliciones, garantizando mayor coherencia en el resultado y competitividad intrapartidaria.
• Comunidades de interés: este es un término clave para entender cómo debe darse, con la participación de la sociedad civil, la construcción de distritos electorales que realmente atiendan a criterios técnicos (geográficos, sociales, históricos y económicos) y respondan a las necesidades de los ciudadanos que agrupan. Proteger la comunidad de interés también pasa por considerar que la magnitud de los distritos se corresponda con la representación que obtienen en la legislatura.

Aunque indudablemente las fórmulas de distribución de escaños deben priorizar la proporcionalidad, en sí mismas no generan poderes legislativos representativos ni mejoran la calidad de la representación. Solo estos dos elementos abarcan variados aspectos de la participación política que se pueden abordar desde la sociedad civil y hablan de la imperante necesidad que hay de ver más allá de las fórmulas en la construcción de nuestros sistemas electorales.

Referencias bibliográficas

DemoTech. (2021, marzo 2). Ingeniería electoral: redistribución de distritos en Estados Unidos. [webinar].

FiveThirtyEight. (2022, julio 19). What Redistricting Looks Like in Every State.

Molina, J. E. (2000). Los sistemas electorales de América Latina. Cuadernos de CAPEL, 46.

Reformas Políticas en América Latina. (2021). Sistema electoral.

Repilloza, E., Querido, L., Delgado Valery, J., y Delgado, J.E. (2020). Así se vota en Venezuela. Buenos Aires: Transparencia Electoral, Dunken.

Notas

[1] Vale la pena aclarar que en contextos autoritarios (i. e. Cuba, Nicaragua y Venezuela), las elecciones son utilizadas para promover una narrativa que relativiza conceptualmente la democracia para intentar legitimar a la dirigencia a nivel interior y exterior y para repartir espacios de poder entre aliados dentro de la burocracia estatal.

Este artículo se centra en la disciplina partidaria, el transfuguismo y la participación y proliferación de candidatos independientes en el contexto de crisis de los partidos tradicionales.

Los últimos períodos electorales en América Latina se desarrollaron en un contexto de desintegración del tejido social y partidario. Las crisis socioeconómicas, la fragmentación y desafección partidaria, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, el debilitamiento de las instituciones democráticas y la polarización de la ciudadanía son algunos de los fenómenos que se han dado en la región y que impactan en los procesos electorales. Sin embargo, la coyuntura varía a lo largo del continente, desde regímenes autoritarios sin competencia ni alternancia, a regímenes democráticos capaces de canalizar las preferencias de la ciudadanía mediante elecciones.

¿Cuáles son algunos de los síntomas de la crisis de representación? Puntualmente, este artículo se centra en la disciplina partidaria, el transfuguismo y la participación y proliferación de candidatos independientes en el contexto de crisis de los partidos tradicionales. En este sentido, es necesario hacer precisiones conceptuales respecto del transfuguismo, que aparece como un concepto menos desarrollado si se lo compara con conceptos más estudiados y presentes en la literatura como el de disciplina partidaria.

El transfuguismo tiene su origen en las democracias parlamentarias europeas y se refiere al cambio de grupo o fracción legislativa de uno de sus miembros durante su mandato. Esto no quiere decir, sin embargo, que el transfuguismo sea un fenómeno exclusivo del parlamentarismo. Por el contrario, este fenómeno está presente también en los sistemas presidencialistas, a pesar de que las causas, etapas e implicancias pueden variar de sistema a sistema (Morán-Torres, 2017).

En los sistemas presidencialistas como los latinoamericanos, el tránsfuga no solo suele ser un candidato electo o en ejercicio de sus funciones que cambia de color político, sino que también puede ser un aspirante que no se ve beneficiado por la selección interna de candidatos que realiza su partido y por ello busca presentarse con otro partido o de manera independiente para garantizar su candidatura. En otras palabras, generalmente el político tránsfuga en América Latina se desvincula del partido al que pertenece, antes de las elecciones, para tener una plataforma con la que competir por un cargo.

[…] generalmente el político tránsfuga en América Latina se desvincula del partido al que pertenece, antes de las elecciones, para tener una plataforma con la que competir por un cargo.

Debate y preocupación

A medida que esta práctica se populariza, aumentan los debates acerca de su legitimidad y las preocupaciones por erradicarla. Quienes buscan eliminar el transfuguismo relacionan este fenómeno con el debilitamiento del sistema de partidos y la ruptura entre el candidato y la ideología y base electoral del partido. Indudablemente, deslegitimar a los partidos políticos como mediadores entre la ciudadanía y las instituciones afecta la calidad democrática y de la representación (Petri y Vargas, 2010). La proliferación de nuevos candidatos y partidos implica la multiplicación de los programas electorales y posiciones políticas, que a su vez se puede traducir en mayor fragmentación del sistema de partidos e incluso puede estar relacionado con un fenómeno común en la región: los liderazgos personalistas sin vínculos programáticos.

El debate gira en torno a la siguiente pregunta: ¿limitar o erradicar el transfuguismo implica necesariamente o en alguna medida limitar los derechos políticos de los ciudadanos, particularmente el derecho a elegir y ser elegido y el de libre asociación? Los partidos son los vehículos del sistema político para traducir preferencias ciudadanas en representación o resultados concretos y la libertad de asociación es un derecho político necesario en democracia. ¿Prohibir el transfuguismo implica limitar también las opciones de los electores y elegidos? (Morán-Torres, 2017).

[…] ¿limitar o erradicar el transfuguismo implica necesariamente o en alguna medida limitar los derechos políticos de los ciudadanos, particularmente el derecho a elegir y ser elegido y el de libre asociación?

Determinar en qué punto este fenómeno transgrede la calidad de la representación o el compromiso de un candidato con un programa electoral es lo que hace difícil regularlo legalmente o condenarlo moralmente. Por ejemplo, no es lo mismo cambiar de partido político durante una campaña electoral para tener mayores oportunidades de conseguir una candidatura que hacerlo en el ejercicio de funciones en un cargo público, sobre todo si el cambio implica un cambio de posición significativo sobre ciertos contenidos programáticos por los que los electores votaron.

El transfuguismo político en América Latina

A pesar de que prohibir el transfuguismo podría limitar los derechos políticos de los ciudadanos, países como México, Brasil, Perú y Colombia intentaron regular la práctica. México, por ejemplo, estableció mediante una reforma electoral en 2014 que los diputados y senadores que se presenten a una elección consecutiva deben postularse por el mismo partido con que lo hicieron la primera vez cuando resultaron electos y ejercieron funciones en el gobierno, a menos que se haya producido la renuncia o perdido la militancia antes de concluida la mitad del mandato. Asimismo, se buscó limitar el transfuguismo desde las candidaturas, permitiendo que un candidato solo pueda ser postulado por el partido al que pertenece (Morán-Torres, 2017). Por otro lado, en Colombia y Perú también se limitó el transfuguismo, exigiéndole a los legisladores que quieran postularse por un partido distinto que renuncien a su afiliación partidaria meses antes de la elección: doce en el caso de Colombia y un año antes en el de Perú (Morán-Torres, 2017). Sin embargo, todavía no hay una doctrina desarrollada acerca del transfuguismo.

La motivación del legislador o candidato que cambia de partido o se presenta como independiente es clara: acceder a la candidatura en vistas de obtener el cargo. Sin embargo, es válido preguntarse qué factores inciden en el transfuguismo. Petri y Vargas, en un análisis del transfuguismo en América Central, desarrollan dos categorías de factores explicativos: los factores político-institucionales, que comprenden el sistema electoral, el procedimiento de designación de los candidatos dentro de los partidos (qué tan propensos son a la personalización) y el diseño institucional-reglamentario del Parlamento (incluyendo las modalidades de conformación de los bloques); y los factores socioculturales como los cambios de orientación ideológica del candidato, la institucionalización de los partidos políticos y la identificación de los electores con las etiquetas partidarias, la influencia de los medios de comunicación, las características del sistema de partidos y la tolerancia o ausencia de restricciones al transfuguismo (Petri y Vargas, 2010).

Un revés en la región

En cuanto a la institucionalización de los partidos e identificación con las etiquetas partidarias, puede argumentarse que se está sufriendo un revés en la región. Actualmente hay una tendencia a la desafección partidaria, que comprende un mayor desalineamiento y debilitamiento del vínculo entre electores y partidos (Ruiz Rodríguez, 2021). Esta tendencia es un síntoma de la crisis de las instituciones, ya que uno de los factores que determina la confianza en los partidos es la eficacia del gobierno. En otras palabras, la ruptura de los vínculos entre los partidos y sus electores es una manifestación más de la crisis de las instituciones, aunque es necesario aclarar que, en los casos de Guatemala, Costa Rica, Perú y Uruguay durante el período 2004-2012, la eficacia gubernamental no puede explicar de manera efectiva la identificación partidaria. La caída en la identificación partidaria también responde, en algunos casos como Argentina o Venezuela, a las crisis económicas (Morales Quiroga, 2011).

Con respecto al caso argentino podemos traer el término utilizado para denominar transfuguismo: se trata de borocotización, en referencia a Eduardo Borocotó, un médico outsider de la política que en 2005 integró una lista de candidatos a diputados nacionales del partido PRO de Mauricio Macri y que luego de acceder a la banca se pasó al partido kirchnerista que gobernaba el país en aquel entonces. Los casos más recientes fueron los de los diputados nacionales Beatriz Ávila, Antonio Carambia y Pablo Ansaloni que ingresaron a través de la lista de la coalición opositora Juntos por el Cambio en 2019 y que luego de asumir se integraron al bloque oficialista del Frente de Todos.

Ahora bien, la relación entre identificación partidaria, institucionalización y volatilidad electoral no siempre es predecible. En el caso de Chile, por ejemplo, de 2004 a 2012 se evidencia un nivel bajo de identificación con los partidos, acompañado por una alta institucionalización del sistema de partidos y una baja volatilidad. Esto puede deberse a que, a pesar de que la identificación siempre se pensó en términos programáticos, en verdad esta puede ser de dos tipos: por convicción o por transacción, dependiendo de si se construyen vínculos programáticos con los electores y si hay clivajes sociales que definen a los partidos.

[…] la relación entre identificación partidaria, institucionalización y volatilidad electoral no siempre es predecible.

Identificación por transacción

La introducción de esta nueva categoría de identificación (la identificación por transacción) implica que puede haber institucionalización partidaria sin la existencia de lazos programáticos con los electores. De la misma manera, puede haber una alta identificación partidaria en contextos institucionales inestables y proclives a las relaciones clientelares. Por ejemplo, Paraguay tiene un alto nivel de identificación partidaria que convive con un índice de volatilidad por sobre la media latinoamericana. Esto puede deberse a que la identificación por transacción es un resguardo más débil (respecto de la identificación por convicción) ante la volatilidad (Morales Quiroga, 2012).

Por más que sea necesario un estudio comprehensivo acerca de los efectos de las distintas combinaciones entre institucionalización e identificación partidaria sobre el transfuguismo, puede desarrollarse una hipótesis. En contexto de baja institucionalización e identificación partidaria puede aumentar la volatilidad electoral, las posibilidades de realineamiento y la entrada de nuevas etiquetas partidistas. La débil institucionalización e identificación partidaria no solo otorga mayores incentivos al transfuguismo, sino que es un factor central en el surgimiento de candidaturas personalistas, usualmente outsiders, que se insertan en escena con la promesa de mejorar el sistema político.

En suma, la institucionalización del sistema de partidos suele vincularse con la identidad partidaria. Sin embargo, al analizar las categorías de identidad partidaria —por convicción y por transacción—, se vuelve evidente que no siempre puede hacerse una relación lineal entre la identidad partidaria y la institucionalización. En este contexto surgen cuatro escenarios fundamentales: baja institucionalización con alta identificación partidaria; baja institucionalización con baja identidad partidaria; alta institucionalización con alta identidad partidaria; y alta institucionalización con baja identidad partidaria.

El contexto de baja institucionalización e identidad partidaria es el más favorable para el transfuguismo, pero además es más común en democracia que bajo otros sistemas. Los factores condicionantes del transfuguismo como el sistema electoral, el procedimiento de designación de los candidatos dentro de los partidos y el diseño institucional-reglamentario del Parlamento, las características del sistema de partidos y la tolerancia o ausencia de restricciones al transfuguismo, no son concebibles sin antes evaluar la posibilidad de que se compita en elecciones libres y transparentes, con reglas de juego que permitan a los ciudadanos elegir y ser elegidos a cargos públicos. En definitiva, en contextos democráticos hay mayores incentivos para el transfuguismo que en los no democráticos.

Transfuguismo en democracias y autoritarismos

Siguiendo esta línea argumentativa, el transfuguismo es mucho menos probable hoy en día en países como Nicaragua y Venezuela. Durante las elecciones generales en Nicaragua en noviembre de 2021, se encarceló a los miembros de la oposición, incluyendo los aspirantes a la presidencia. Asimismo, a pesar de que en noviembre de este año habrá elecciones municipales, el 4 de julio el régimen de Daniel Ortega despojó a cinco alcaldes de sus cargos (Infobae, 2022). En este contexto, es muy baja la probabilidad de escindirse del Frente de Liberación Nacional para presentarse como candidato independiente o como candidato por la oposición si el costo político y personal es tan alto. En el caso venezolano, el transfuguismo ha estado estrictamente limitado a la oposición, en parte por la misma razón. En la Nicaragua autocrática de Daniel Ortega y su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional se utiliza el término zancudismo para retratar a la oposición colaboracionista, aceptada y promocionada por el gobierno de izquierda y que obtiene prebendas del régimen.

Por otro lado, México ejemplifica cómo el tipo de régimen incide en el transfuguismo. Durante la mayor parte del siglo XX, México estuvo gobernado por el Partido Revolucionario Institucional y contaba con una baja competitividad electoral. Durante este régimen privó una fuerte lealtad y disciplina partidaria que evitó el transfuguismo. Sin embargo, con la transición política y la apertura gradual del régimen se eliminaron las medidas que prohibían las escisiones o rupturas con el partido y aparecieron los tránsfugas, entre quienes se encontraban los miembros fundadores del Partido de la Revolución Democrática («PRD), que buscaron un cambio en el sistema político. Por lo tanto, los tránsfugas incluso tuvieron una buena reputación en México por ser una clave del cambio político que llevó a la alternancia del poder. Sin embargo, hoy en día el transfuguismo volvió a tomar una connotación negativa en México e incluso se promulgaron medidas para erradicar la práctica (Ríos Vega, 2009).

En las democracias como la chilena, que fue considerada en los primeros años del siglo XXI como una democracia con altos niveles de institucionalización y bajos niveles de identificación partidaria, no hay datos concretos acerca del transfuguismo. Sin embargo, pudo observarse un fuerte desapego a las instituciones y partidos tradicionales chilenos en los comicios de 2021. Estas elecciones, en las que se eligieron los representantes que participarían en la Convención Constituyente, se llevaron a cabo en un contexto de fuerte conflictividad social y descrédito del Gobierno tras las protestas de 2019. Los reclamos de estas protestas no fueron capitalizados por ningún partido (Ruiz Rodríguez, 2021), por lo que no sorprende que los candidatos independientes hayan logrado casi un tercio de los cargos (BBC News Mundo, 2021).

Asimismo, la demanda por un nuevo liderazgo que se diferencie de la derecha gobernante tuvo su expresión más clara en la elección del presidente Gabriel Boric, perteneciente al partido Convergencia Social fundado en 2018, quien incluso compitió por la presidencia con el candidato independiente Sebastián Sichel. Es necesario remarcar que siguen registrándose continuidades en el sistema de partidos chileno, particularmente, la coordinación entre partidos para lograr resultados en las elecciones. Esta lógica de coaliciones se ve reflejada en el caso de Boric, cuyo partido pertenece a la coalición de izquierda Frente Amplio.

Puede determinarse, por lo tanto, que Chile mantiene ciertos rasgos o costumbres del sistema de partidos, como la tradición de formar coalición para presentarse a elecciones. El cambio principal observado en 2021 deviene del hecho de que Chile no tiene niveles altos de identificación partidaria a pesar de que los partidos tienen cierta estructuración programática: el sistema de partidos chileno no pudo lidiar o representar las demandas sociales de un gran sector del electorado hasta que estallaron las protestas en 2019. Esta búsqueda de representación política se tradujo en el cambio de color político de la presidencia. Sin embargo, es necesario recalcar que, por más que los partidos tradicionales se enfrentan a una dificultad para mantener su base de apoyo y protagonismo en un contexto en que las demandas de ciertos sectores de la sociedad buscan verse representados en la política, la sociedad chilena permanece polarizada y el Parlamento sigue en manos de la derecha, los integrantes independientes que dominan la Constituyente han caído en la desacreditación ciudadana rápidamente y la luna de miel de Boric ha sido muy corta, como lo reflejan las encuestas de aprobación de gestión e índices de popularidad.

Transfuguismo y la fortaleza institucional

En el caso peruano, no solo tiene bajos niveles de identidad partidaria como Chile, sino también una débil institucionalización del sistema de partidos. En las elecciones de 2016 triunfó Pedro Pablo Kuczynski con un discurso antipartido político. Sin apoyos partidarios fuertes, debió renunciar luego de varios pedidos de vacancia. Con su sucesor Martín Vizcarra la situación no se tranquilizó y la crisis volvió a emerger. El triunfo de Pedro Castillo en las elecciones en 2021 no acabó con la inestabilidad. A un año de su gobierno, el denominador común es la falta de confianza en los ministros designados, expresada por un Poder Legislativo fraccionado y disperso, la renuncia de muchos ministros y los pedidos de vacancia que de a poco ganan apoyos aprovechando la crisis que se ha dado en el seno del partido de gobierno Perú Libre. En suma, cinco presidentes recientes de Perú han estado implicados en causas de corrupción, escándalos que se ven acompañados por la creciente desconfianza del electorado ante los partidos políticos, un débil sistema de partidos que da lugar a un Congreso extremadamente dividido.

En relación con los bajos niveles de identidad partidaria, es necesario considerar que durante las últimas dos décadas el clivaje o línea de conflicto no ha sido el eje izquierda-derecha sino el eje fujimorismo-antifujimorismo. En otras palabras, Perú no tiene una división entre partidos programáticos de izquierda y derecha, ya que el clivaje de la sociedad gira en torno a la figura del expresidente Alberto Fujimori. Por otro lado, actualmente, el sistema de partidos peruano podría estar ante un incierto proceso de mutación o de redefinición de esta principal línea de conflicto, lo que podría conducir a una redistribución de ese voto entre otros partidos y candidaturas (Morales Quiroga, 2012).

Otra característica fundamental de las elecciones en Perú es que se dan en un contexto de débil institucionalización del sistema de partidos y altos niveles de volatilidad, lo que torna impredecibles los resultados electorales. Por ejemplo, para las elecciones de 2021 participaron veinticuatro partidos por la presidencia. Los actores no se mantienen en el tiempo, hay altos niveles de personalismo y precariedad organizativa, lo que favorece el transfuguismo (Ampuero et al., 2020). Igualmente, es necesario recordar que Perú promulgó leyes que limitan el transfuguismo electoral.

El caso opuesto al peruano es el de Uruguay, que cuenta con altos niveles de estructuración programática, identificación partidaria e institucionalización del sistema de partidos. A diferencia de los casos mencionados anteriormente, en Uruguay las elecciones no se realizaron dentro de un contexto de inestabilidad o conflictividad social, sino en un contexto estable y de crecimiento económico que dio a lugar a la implementación de medidas para sostener los niveles de empleo (Embajada Abierta, 2019).

Conclusiones

A modo de conclusión, el contexto electoral en América Latina está atravesando desafíos vinculados a la crisis institucional —particularmente, de los partidos tradicionales—, el surgimiento de nuevos partidos y candidatos independientes, el aumento de la polarización de los partidos y los ciudadanos y nuevos escenarios de conflictividad social. Y dada esta coyuntura es válido preguntarse cómo estos cambios impactan en incentivos al transfuguismo, que es un fenómeno controvertido, pero poco estudiado en el caso de los presidencialismos latinoamericanos.

Al hacer énfasis en los casos chileno y peruano, se ejemplifican las principales causas de la alta institucionalización democrática y baja identificación partidaria en el primer caso, y débil institucionalización democrática e identificación partidaria en el segundo. En el caso de Perú, el contexto favorece la llegada de candidatos outsiders o independientes que buscan partidos también nuevos o en desuso a los que llaman vientres de alquiler. Los escenarios electorales no encuentran partidos que se sostengan en el tiempo, dada la alta volatilidad y la fragmentación electoral que es favorable al surgimiento de nuevos personalismos.

Por otra parte, en el caso chileno, la combinación de una baja identificación partidaria con un alto nivel de institucionalización implicó una masa de electores con nuevas demandas que no fueron capitalizadas en primera instancia por ningún partido, pero que encontraron cierta representación en un partido de centroizquierda e izquierda y ciertos candidatos independientes, por lo que ser tránsfuga no cuenta con los mismos incentivos que en otros países.

Los partidos políticos siguen siendo los canalizadores de las preferencias ciudadanas y, hoy en día, sin ellos no es posible la preservación del sistema democrático.

De hecho, el desmontaje de la democracia en Nicaragua y Venezuela fue precedido por una crisis de partidos tradicionales, en las que el transfuguismo y la proliferación de «independientes» funcionales a la consolidación de los giros autoritarios fue la regla. Las dictaduras prácticamente proscriben la disidencia y estimulan la división dentro de sectores de oposición, a la vez que el partido oficial se confunde con el Estado y su estructura burocrática. En Nicaragua, los partidos de la oposición fueron intervenidos por la autoridad electoral para poner directivas aceptadas y promovidas por Ortega y, además, veintiocho diputados de la oposición fueron expulsados del Congreso en 2016.

Los partidos políticos de América Latina tienen el desafío de volver a asumir el rol institucional que deben ocupar en contextos democráticos para preservar el único sistema de gobierno capaz de responder efectivamente a los ciudadanos a la vez que ofrece garantías para dirimir los asuntos públicos en paz y mantiene las libertades individuales. No es una tarea fácil en este contexto caracterizado por la pospandemia y la crisis económica, pero es en estos momentos complejos cuando deben aparecer las capacidades institucionales relacionadas con el liderazgo, la responsabilidad y la innovación. La estabilidad política que demandan y necesitan los ciudadanos en cada rincón de América latina así lo requiere.

Referencias bibliográficas

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Embajada Abierta. (2019, octubre 30). Las elecciones en Uruguay 2019.

La policía de Nicaragua tomó las alcaldías opositoras: destituyó a sus autoridades y las reemplazó por aliados del dictador Ortega. (2022, julio 4). Infobae.

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