Existen diferentes tipologías de observación electoral, según su duración, alcance y origen. En cualquier caso, estas deben cumplir con los estándares y buenas prácticas internacionalmente reconocidos, incluyendo la aplicación de metodologías sólidas y técnicamente construidas. Este artículo repasa las principales claves del proceso de observación y las metodologías disponibles para el control de la elección.

Crónica de una elección

Es el viernes anterior a la jornada electoral. El país se despierta con la noticia de que un poco más de 2500 observadores ya están desplegados en todo el país para cubrir las elecciones. Alrededor de 2300 son observadores nacionales, el resto internacionales. También se informa que para estos comicios se llevarán a cabo dos observaciones específicas, una sobre la participación de las poblaciones indígenas, y la otra, sobre la población en situación de discapacidad. Algunos de los más jóvenes miran la noticia con sorpresa y curiosidad; otros, que ya han vivido muchos procesos electorales, la reciben con un aliento de tranquilidad: una vez más el país contará con una observación electoral rigurosa, que podrá contribuir a la confianza en el proceso electoral y sus resultados.

Es común que la ciudadanía identifique a las campañas políticas, candidatos/as y autoridades electorales como los actores principales de un proceso electoral. También, que reconozca como actores menos visibles, pero presentes, a las autoridades de vigilancia y control, y a las fuerzas militares en las diferentes funciones que muchas veces realizan y que van desde el apoyo logístico hasta la seguridad misma del proceso. El papel de la ciudadanía, en cambio, se percibe generalmente como tangencial o secundario.

Los ciudadanos usualmente son mirados desde afuera, como los extras de la función, a pesar de que en últimas son los que toman las decisiones en las urnas y definen los resultados electorales.

Así, los ciudadanos usualmente son mirados desde afuera, como los extras de la función. A pesar de que son los que en últimas toman las decisiones en las urnas y definen los resultados electorales, generalmente son considerados por esos «actores principales» como los receptores de la información y propaganda política; los sujetos de la pedagogía electoral, los pregoneros de las campañas, las barras bravas de las redes sociales. Sin embargo, no siempre es así. La ciudadanía organizada, si así lo decide, puede jugar también un rol clave en los procesos electorales: el de la observación electoral. Esta es una verdad aún lejana para muchos, pero, a partir del trabajo serio, comprometido y persistente de valiosos hombres y mujeres, cada vez va cobrando más fuerza en la región como una realidad ineludible.

¿Qué es la observación electoral?

No hay una sola definición de observación electoral, pero si revisamos las diferentes definiciones aportadas por organizaciones que apoyan o realizan estos ejercicios, podríamos establecer que la observación electoral es el conjunto de acciones y actividades realizadas de manera presencial por un grupo organizado de personas especializadas, extranjeras o nacionales, que a partir de la recolección sistemática, completa y exacta de información sobre un proceso electoral, elaboran análisis imparciales, objetivos y profesionales de la información recabada con el propósito de llegar a una opinión fundamentada sobre la calidad del proceso y el estricto cumplimiento de la legislación electoral.[1]

A partir de esta definición, se puede determinar que, de acuerdo con la nacionalidad de los observadores, existen dos tipos de observación electoral. Según el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), la más antigua es la observación electoral internacional, que se remonta al siglo XIX con las elecciones realizadas en 1857 en Moldavia y Valaquia, cuya organización contó con la vigilancia de una comisión integrada por representantes de Austria, Francia, Inglaterra, Prusia, Rusia y Turquía.

Actualmente, existe un número importante de organismos intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que efectúan observación electoral. En América Latina, lo hacen organismos intergubernamentales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Asimismo, organizaciones no gubernamentales con presencia internacional como el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL-IIDH), el Instituto Nacional Demócrata, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), el Centro Carter y el Instituto Internacional Republicano (IRI), entre otros, se han sumado a este esfuerzo.

Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil nacionales o locales no partidistas también han tenido un desarrollo importante, incluso a partir de trabajos conjuntos y coordinados a través de alianzas o plataformas de acción colectiva que cumplen con estándares rigurosos para contribuir a la confianza en los procesos electorales que observan.

[…] organizaciones de la sociedad civil nacionales o locales no partidistas también han tenido un desarrollo importante, incluso a partir de trabajos conjuntos y coordinados a través de alianzas o plataformas de acción colectiva que cumplen con estándares rigurosos para contribuir a la confianza en los procesos electorales que observan.

En América Latina, la observación electoral se remonta principalmente a la década de los ochenta, con las transiciones democráticas que se dieron a partir de la finalización de las dictaduras. Estos procesos de apertura democrática no solo contaron con observadores internacionales, sino también, y de manera gradual, con observaciones nacionales no partidarias (OENP) que han ido innovando en metodologías de monitoreo y consolidando sus alcances y credibilidad.

De manera general, se puede afirmar que tanto las observaciones nacionales no partidarias como las observaciones internacionales comparten como objetivos la ampliación, profundización y consolidación de la democracia, la transparencia e integridad electoral y la eliminación de prácticas relacionadas con las anomalías, irregularidades y delitos electorales.

Pero es necesario reconocer y destacar que el despliegue de observaciones electorales nacionales cumple objetivos adicionales a estos. En materia de participación ciudadana, es un ejercicio potente de control al poder político y de acción colectiva, con capacidad crítica, en torno a la promoción de la integridad electoral.

Indiscutiblemente, las OENP tienen unos radios de acción e impactos diferenciados frente a las observaciones internacionales, tales como el fortalecimiento de los procesos de capacitación para la ciudadanía en general, la ampliación de la información y conocimiento de los comportamientos electorales nacionales y subnacionales, la promoción activa de medidas que permitan una mayor inclusión de población tradicionalmente excluida de los procesos de toma de decisiones políticas y, finalmente —y quizás la más importante—, la apropiación de las jornadas electorales por la ciudadanía, que se vuelve un actor relevante en la valoración de sus propias elecciones y en la calidad de su sistema político y electoral.

Ello permite que, una vez finalizados los comicios, la sociedad civil tenga un lugar privilegiado en los debates que se abren sobre reformas políticas y electorales o sobre acciones de mejoras a la organización electoral, sistema de partidos y los sistemas de vigilancia y control, entre otros.

Estándares y buenas prácticas de la observación electoral

Para cumplir con su objetivo y finalidad, se ha reconocido la importancia de que las organizaciones nacionales e internacionales de observación electoral cuenten con declaraciones de principios y códigos de ética y de conducta,[2] que sirvan como parámetro para evaluar su trabajo. A través de estos, tanto las organizaciones como individualmente cada uno de los observadores asumen compromisos específicos relacionados con la neutralidad, independencia y profesionalismo del ejercicio de veeduría que realizan.

A modo de ejemplo, los miembros de la Red de Observación e Integridad Electoral – Acuerdo de Lima (RedOIE) acordaron, junto con las redes de África, Asia, Eurasia, Europa Central y Oriental, el Medio Oriente y África del Norte, la Declaración de Principios Globales para la Observación y Monitoreo No Partidario de Elecciones Realizado por Organizaciones Ciudadanas, suscrita en 2012 en las Naciones Unidas (Declaración de Principios Globales…, 2012).

Con base en esta Declaración, se han desarrollado un conjunto de buenas prácticas en la observación y monitoreo no partidario de las elecciones, que permiten que las organizaciones ciudadanas cumplan con este ejercicio bajo estándares de actuación rigurosos que contribuyen a la confianza ciudadana en los procesos electorales y sus resultados. Entre estas buenas prácticas se destacan las siguientes (Barrios 2020):

• Independencia e imparcialidad. Las observaciones nacionales no partidarias (OENP) deben ser políticamente neutrales, imparciales respecto de todas las organizaciones políticas y candidaturas, no discriminatorias e independientes del gobierno y de intereses privados.
  Esto supone que su único interés en los resultados electorales deriva en verificar que estos sean fruto de un proceso auténticamente democrático y sean reportados de manera transparente, exacta y oportuna.
  Mucho daño ha hecho en países fuera de la región la existencia de observaciones electorales creadas por partidos o gobiernos para procesos electorales específicos, a través de las cuales se busca la legitimación de comicios que no cumplen con los estándares de elecciones libres, periódicas, auténticas y justas. Las OENP deben ser ajenas y refractarias a estas prácticas.
• Ausencia de conflictos de interés. Las y los ciudadanos que se desempeñen como observadores electorales deben estar libres de cualquier conflicto de interés, sea este político, económico o de cualquier otra índole, que le impida desarrollar sus actividades bajo los principios anteriormente descritos.
  La independencia de las OENP no se circunscribe al actuar de las organizaciones, sino que requiere el compromiso individual de cada uno de los ciudadanos que participa en el ejercicio. Por esta razón, se recomienda que estos suscriban el Código de Ética y Conducta correspondiente.
• Transparencia en sus fuentes de financiamiento. Las OENP deben ser transparentes sobre su financiamiento, sin aceptar aquel que provenga de fuentes o prevea condiciones que le impidan manejar sus actividades de una manera imparcial, exacta y oportuna. Las fuentes de financiamiento deben ser públicas.
  Lo usual es que las fuentes de financiación de las OENP provengan de la cooperación internacional. Sin embargo, hay excepciones como México que, si bien provee recursos del Estado para la observación, estos son manejados a través de organismos internacionales, a fin de evitar cualquier suspicacia de falta de independencia e imparcialidad de las OENP frente las autoridades electorales o el gobierno en ejercicio. México es el único país en América Latina que tiene incorporado en el presupuesto de las autoridades electorales la financiación de la observación electoral local.
• Coordinación y cooperación con las autoridades estatales, en un marco de autonomía. Las OENP, en lo posible, deben trabajar en cooperación con las autoridades electorales, aunque de forma autónoma, sin obstaculizar los procesos o a los funcionarios electorales, los contendientes o los votantes.
  Esto supone que privilegien reunirse con entidades electorales y otras autoridades gubernamentales, así como con otros actores interesados en el proceso electoral, para buscar, recibir o difundir información, y ofrecer recomendaciones para mejorar los procesos electorales y políticos.
  Sin embargo, también es importante reconocer que hay ejercicios de observación electoral que se efectúan en contextos políticos incompatibles con este diálogo, debido a la falta de credibilidad de las autoridades electorales, o cuando las elecciones son mecanismos a través de los que se busca legitimar procesos poco confiables y transparentes.
• Generación de confianza. Las OENP deben ser actores que generen confianza a través del diálogo plural con todos los actores involucrados en el proceso electoral, sin excepción o privilegio alguno.
  Lo anterior implica que no se debe limitar o privilegiar el diálogo con uno de los sectores políticos en contienda, sino que este debe ser plural, abierto y transparente en las agendas de trabajo.
• Información al público. Las OENP deben difundir al público informes, declaraciones y comunicados con regularidad, que sean exactos, imparciales y oportunos, y que presenten observaciones, análisis, hallazgos y, cuando sea apropiado, recomendaciones para mejorar los procesos electorales.
  Uno de los aspectos más relevantes de este ejercicio es el de la presentación de recomendaciones parciales, de manera particular, cuando se está frente a observaciones de largo plazo, pues estas permiten incidir en el mejoramiento de la organización y el desarrollo de las elecciones.
• Carácter técnico del ejercicio. Las OENP deben desarrollar su observación electoral a través de ejercicios sistemáticos, procesos técnicos confiables y metodologías validadas y verificables.
  Este trabajo permite entregar información precisa, objetiva y técnicamente sólida que es fuente creíble de información, tanto para los diferentes actores del proceso electoral como para los medios de comunicación y la ciudadanía. Por ello, las OENP deben diseñar su plan de comunicaciones con la claridad de que no son ni opinadores ni analistas políticos.
• Formación técnica de los observadores. Las OENP deben contar con procesos internos de formación y capacitación de quienes realizarán la observación electoral en las distintas etapas. Una de las mayores responsabilidades que tienen estas organizaciones es la de que los observadores electorales conozcan el sistema político del país y las reglas que rigen su conformación.
  De esta forma, las OENP terminan siendo el principal vehículo, por la cercanía que tienen con la ciudadanía, de formación e información respecto de las reglas que rigen un proceso electoral. Asimismo, son uno de los medios más importantes para dotar de agencia a la ciudadanía.

Tipología de la observación electoral

Todo proceso electoral comprende tres etapas: la preelectoral, el día de la jornada electoral y la poselectoral, cada una de ellas con características diferenciadas que se deben tener en cuenta al planear el ejercicio de observación.

Para la observación de la etapa preelectoral resulta indispensable tener en cuenta que el desarrollo adecuado de los procesos electorales no depende únicamente de la correcta planeación logística de las autoridades electorales para el cumplimiento de las distintas etapas, ni de que los diversos actores involucrados se ajusten a las reglas previamente establecidas, sino de identificar los distintos factores de contexto que en una elección específica generan o pueden generar impactos significativos en la garantía de elecciones libres, periódicas y auténticas.

Asimismo, es indispensable establecer canales de comunicación efectivos, que posibiliten un diálogo permanente tanto con las autoridades electorales como con los distintos actores involucrados en el proceso electoral, entre ellos, las organizaciones políticas, organizaciones sociales diversas, la academia, los medios de comunicación y las distintas misiones de observación, nacionales o internacionales, que participen en el proceso electoral.

[…] es indispensable establecer canales de comunicación efectivos, que posibiliten un diálogo permanente tanto con las autoridades electorales como con los distintos actores involucrados en el proceso electoral

Por su parte, la observación del día de la jornada electoral depende de la capacidad de desplegar a observadores y observadoras electorales previamente capacitados y adecuadamente coordinados para la transmisión de información, a fin de que esta sea sistematizada. Dependiendo del alcance y la naturaleza del ejercicio a desarrollarse, se puede contar con observadores de puesto de votación, que dan seguimiento tanto a la apertura como al cierre en un mismo recinto, o itinerantes, que transitan de un puesto a otro y observan asimismo los perímetros que rodean los puestos de votación.

En cuanto a la observación de la etapa poselectoral, el elemento principal a tener en cuenta son las características, según el país en el que se observa, de la etapa de escrutinios o cómputo definitivo de los votos. Al tratarse de una etapa muy sensible, de la que dependen los resultados definitivos, es recomendable que en esta participen observadores con mayor experiencia y conocimiento de las reglas electorales.

El ejercicio de observación requiere de una definición clara de sus alcances y periodo de duración. A partir de ello, se puede optar por una observación electoral:

1. De largo plazo. Debido a su duración, esta es la observación más exigente, no solamente por los recursos humanos y económicos que implica, sino también por la capacidad técnica que requiere para monitorear las diferentes acciones y actividades comprendidas en el desarrollo de los certámenes electorales. Ello supone la combinación de diferentes metodologías de análisis y la conformación de equipos multidisciplinarios con habilidades específicas.
   Estas inician usualmente un año antes de las elecciones o con el inicio del calendario electoral. Por la presencia territorial y el despliegue que requieren, este tipo de observación únicamente suele realizarse por algunas observaciones nacionales.
   Los elementos de contexto referidos, que son necesarios para la observación de la etapa preelectoral, son fundamentales para este tipo de observación. A modo de ejemplo, desde la Misión de Observación Electoral (MOE) se ha avanzado en un análisis de riesgos, que toman en consideración no solo los aspectos puramente electorales, sino el contexto de violencia y conflicto que vive el país (MOE, 2022b).
2. De corto o mediano plazo. Esta es la más frecuente en las observaciones internacionales. Luego de una avanzada técnica que se lleva a cabo semanas o meses antes de las elecciones, tiene un despliegue más amplio los días previos a la jornada electoral. Su cierre formal queda en cabeza de un equipo técnico más acotado.
   Al igual que en la observación de largo plazo, su planeación y despliegue dependen en gran medida de los alcances y las características específicas de la observación a realizarse.
3. Especializada o con enfoques específicos. Se trata de ejercicios más acotados a temas específicos de observación, ya sea de procesos técnicos particulares como la comunicación social en las elecciones o el uso de tecnologías en los comicios, o de temas precisos como puede ser la participación de grupos o sectores sociales históricamente discriminados.
   En los últimos años, este tipo de observación ha surgido con mayor fuerza, precisamente para dar seguimiento a agendas más específicas que se consideran críticas para la democracia. A modo de ejemplo, distintas observaciones nacionales e internacionales se han enfocado en el análisis de la participación política de las mujeres en los distintos certámenes democráticos (MOE, 2022c).
   En muchas ocasiones, este tipo de ejercicios se han combinado con la realización de observaciones de largo, mediano o corto plazo, cubriendo, según el caso, distintas etapas del proceso electoral.

La observación electoral clásica, descrita hasta aquí, parte de la lógica de las etapas del proceso electoral y tiene como principal objetivo la verificación del estricto cumplimiento de las reglas electorales y la constatación de que sus resultados corresponden a la voluntad ciudadana.

En un primer momento, el mayor soporte técnico que tenían estas observaciones era la realización del conteo rápido, entendido como un ejercicio estadístico de verificación de resultados por los observadores electorales, a partir de una muestra técnicamente definida, con el propósito de contrastar sus hallazgos con los resultados electorales oficiales.

Posteriormente, dos temas fueron incluidos en esa observación clásica: el monitoreo a los medios de comunicación y a la financiación de las campañas. La veeduría sobre estos dio paso a ejercicios de observación especializados o específicos.

La última generación de observación electoral, en la que estamos ahora, ya no solo se rige por la tradicional separación de la observación en las tres etapas del proceso electoral, sino que incorpora objetivos específicos como los de inclusión, que por sus características requieren del desarrollo de novedosas metodologías.

Como ejemplo de esto, en las últimas elecciones celebradas en Colombia en 2022, la Misión de Observación Electoral Colombia adelantó, además de un ejercicio de observación electoral clásico, dos observaciones con enfoques específicos, a saber, la del ejercicio del derecho al voto de las personas trans (MOE, 2022a) y de personas con discapacidad psicosocial o intelectual (MOE Colombia, 2022), llevadas a cabo con ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a estos grupos poblacionales. Esto, bajo la premisa de que una democracia no lo es si todas las personas no tienen la posibilidad real de ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad y libres de toda discriminación.

Conclusiones

En todo caso, la definición del tipo de observación a realizarse depende de la respuesta a las preguntas básicas: ¿qué se quiere observar? y ¿por qué o para qué? A partir de ello se definen las características y el alcance del ejercicio de observación electoral a desarrollarse, el diseño metodológico y el despliegue territorial requeridos.

De ello deriva que los ejercicios de observación electoral pueden ser muy diversos, según la decisión de la organización que la lleve a cabo y los aspectos específicos que se pretendan observar. Pero, en cualquier caso, más allá del alcance o las características de la observación electoral, es indispensable tener en cuenta que se trata del ejercicio de un derecho político, de control social y de participación ciudadana. Por esto es, en sí misma, una acción positiva para la democracia y para el empoderamiento ciudadano, que permite que la ciudadanía se convierta en un actor principal de los procesos electorales, con un rol clave en el fortalecimiento de la democracia.

Referencias bibliográficas

Barrios, A. (2020). Observación electoral: De la participación ciudadana al control político. Bogotá: MOE, CAPEL-IIDH.

Declaración de Principios Globales para la Observación y Monitoreo No Partidario de Elecciones Realizado por Organizaciones Ciudadanas. (2012, abril 3). EODS.

Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y Código de Conducta para Observadores Internacionales de Elecciones. (2005, octubre 27). NDI.

MOE. (2022a). Informe de observación del protocolo de voto trans. Elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas. 13 de marzo de 2022.

MOE. (2022b). Mapa de riesgo por factores de violencia. Elecciones presidenciales (Corte 13 de mayo del 2022).

MOE. (2022c). Informe preelectoral de la participación de las mujeres en las elecciones presidenciales 2022.

MOE Colombia. (2022). Resultados observación con enfoque en los derechos de las personas con discapacidad. .

Páginas web de referencia

https://www.oas.org/es/sap/deco/

https://www.eeas.europa.eu/node/410608_es?s=4512

https://www.iidh.ed.cr/capel/misiones-de-observaci %C3 %B3n

https://www.ndi.org/what-we-do/elections

https://www.iri.org/what-we-do/election-integrity/

https://www.cartercenter.org/peace/democracy/index.html

https://www.ifes.org/

https://www.moe.org.co

Notas

[1] Definición propia, basada en las propuestas por idea Internacional, la OEA y el CAPEL-IIDH.

[2] Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y Código de Conducta para Observadores Internacionales de Elecciones. Acordada el 27 de octubre de 2005 en el marco de la ONU, entre otras, por la Asamblea Parlamentaria de la Unión Africana, el Consejo de Europa (PACE), la Asociación de Administradores Electorales de las Islas del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda (PIANZEA), el Centro Carter, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Comisión Europea.

La reivindicación en torno a la introducción del voto obligatorio tiene poca resonancia en la arena pública alemana. Si bien es verdad que el debate resurge de vez en cuando, principalmente debido a una caída en la participación electoral, ello no significa que se pueda hablar de una discusión pública intensa. En el debate sobre el voto obligatorio, tanto los partidarios como los opositores presentan, en primer lugar, argumentos basados en una comprensión normativa del Estado y la ciudadanía.

Los defensores argumentan, principalmente, sobre la base de un deber democrático que el ciudadano tendría que cumplir y que una democracia podría, a su vez, exigir. De ello se desprendería, además, una mayor legitimidad de los representantes electos y se fortalecería la igualdad de las elecciones. Más allá de ello, una serie de argumentos auxiliares por lo general se basan en la suposición de que una alta participación electoral es signo de una buena democracia.

Los opositores argumentan, de igual manera, a nivel moral, pero desde un ángulo sobre todo libertario. En este caso, se pone la libertad de elección en primer plano, o bien, la libertad frente al Estado, en la que se incluye asimismo la libertad de no participar en una elección, ya que nadie puede ser obligado a mostrar interés político. Al mismo tiempo, domina aquí el escepticismo de que la calidad de la democracia mejoraría con el voto obligatorio, puesto que la participación electoral solo puede ser el síntoma de un desarrollo crítico o en crisis y no ya la solución al problema.

Libertad frente al Estado

En principio, desde el punto de vista de la teoría democrática, existen buenos argumentos a favor y en contra del voto obligatorio. Ello no implica, de inmediato, que tales argumentos pudiesen resistir un control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional Federal. La libertad de votar también incluye la libertad de una decisión electoral negativa. En el caso del voto obligatorio, ello implicaría que el votante no podría abstenerse de participar en la elección, sino que sólo tendría la opción de emitir un voto inválido. Obligar a los ciudadanos a emitir votos (inválidos), solo se justificaría si se utilizase con un propósito legítimo como, por ejemplo, incrementar la aceptación de la democracia. Desde un punto de vista constitucional, que esto pudiera lograrse mediante el voto obligatorio es, como mínimo, dudoso.

Como todas las democracias, la alemana también se basa en normas, mecanismos y procedimientos en desarrollo. Estas difieren de un país a otro y no hay dos democracias iguales en el mundo. En la tradición alemana —sobre todo a partir de la experiencia de dos dictaduras en las que dicha obligatoriedad existió de facto—, el voto obligatorio es ajeno a la lógica de la Constitución. Si apareciesen síntomas de una crisis de la democracia, estos no podrían remediarse ni siquiera con el voto obligatorio, como puede observarse en algunos países que lo practican.

En muchos países democráticos con voto obligatorio, la obligatoriedad de este resulta de tradiciones culturales o históricas, o es una respuesta a un desarrollo o evento específico. Por lo tanto, el voto obligatorio tiene un contexto de justificación muy particular.

Cuando lo obligatorio «legitima»

En las dictaduras u otras formas autoritarias de gobierno, la obligatoriedad del voto sirve para pseudolegitimar a aquellos en el poder. En la RDA, por ejemplo, era habitual, al menos según las cuentas oficiales, que no solo se vieran obligados a acudir a las urnas casi el cien por ciento de los ciudadanos, sino que participaran, casi en igual número, en las elecciones para la lista del Frente Nacional.

Independientemente de la justificación, en Alemania el objetivo declarado para la introducción del voto obligatorio es el siguiente: aumentar la participación electoral. Una alta participación se equipara con una buena democracia. Se convierte, por así decirlo, en un sello democrático de aprobación. Con ello se generaría legitimidad, aumentaría la aceptación de la democracia y disminuiría el desencanto con la política. Además, se superaría la segregación social puesto que, en la actualidad, los votantes socialmente desfavorecidos se mantienen alejados de las urnas.

Hasta el momento, ni de la teoría democrática ni de la investigación empírica se han extraído jamás indicadores inequívocamente fiables sobre la calidad de la comunidad democrática. Bien se trate de la confianza en las instituciones democráticas, de los órganos electos o de la satisfacción con respecto al sistema político (o incluso de su rendimiento económico), cada interpretación en torno a la aprobación de la democracia, o la desestimación de la crítica que se le adjudica, o la simple insatisfacción frente a ella, es imprecisa y, en el peor de los casos, es arbitraria. ¿Una satisfacción con respecto a la democracia del 66 % es alta o baja? ¿Cuánta confianza necesitan las instituciones? ¿Cuánta crítica puede soportar la democracia? Estas preguntas, por sí solas, dejan en claro que no existe un criterio objetivo para la legitimación de la democracia.

Lo mismo vale para la discusión sobre el nivel de participación electoral. El argumento de que una alta participación es un signo de una buena democracia y, por ende, de una democracia aceptable, ya fue refutado, de forma contundente, durante la República de Weimar. Allí, después de la crisis electoral de 1930, la participación electoral aumentó por encima del 80 %. En las últimas elecciones (relativamente libres) acontecidas el 5 de marzo de 1933, la proporción de votantes fue del 88,8%. Por el contrario, en los llamados dorados años veinte, los valores se situaron entre el 75 y el 80 %.

Aun cuando, durante el surgimiento del Partido Nacionalista Obrero Alemán (NSDAP, por sus siglas en alemán), tanto los no votantes como aquellos que cambiaron de partido desempeñaron un papel considerable, para 1933 aproximadamente «el 60% de los votos nuevos que obtuvo el NSDAP procedieron del campo de los no votantes» (Falter, 1991). En sentido inverso, no cabría calificar como un síntoma de crisis de la democracia la alta participación electoral de la década de 1970 en la República Federal Alemana, que alcanzó su punto máximo en 1972 con un 91,1 %.

Participación y democracia

Por sí solos, el incremento o la caída, así como el nivel de participación electoral, dicen poco sobre la democracia. Y, sin embargo, la disminución de la participación electoral a menudo se considera un síntoma de crisis democrática, mientras que el aumento de la participación electoral no lo es. Y esto sucede también en los estudios más recientes sobre teoría de la democracia, como el de Colin Crouch, quien incluso postula la transición a una posdemocracia.

Existen muchos síntomas sobre la crisis de la democracia. Sin embargo, la participación electoral es probablemente el peor indicador para graduarla. Además, la participación electoral varía significativamente. Por lo tanto, su papel principal consiste en proporcionar información sobre el interés de las personas en las elecciones y la importancia que consideran que estas tienen. Elevar la participación electoral al nivel de una teoría sobre la democracia no tiene sentido.

Voto obligatorio en el mundo

Los investigadores coinciden en que el voto obligatorio sin sanciones tiende a tener un impacto tenue. La obligación moral de acudir a las urnas (incluso legalmente formulada) no presentaría ningún problema debido a su carácter apelativo. Sin embargo, es poco probable que tuviese un efecto en el nivel de participación electoral. Por ende, habría que sancionar el voto obligatorio. Si se quiere aumentar la legitimidad del sistema democrático, la obligación sancionable correspondiente tendría que encontrar una amplia aceptación.

Varios países establecen sanciones, algunas de las cuales son drásticas, sin que, empero, lleguen a aplicarse. Estas penas van desde multas, pasando por la limitación de los derechos civiles (como la privación temporal del derecho al voto, la exclusión de cargos públicos o la prohibición profesional a participar en el sector público) hasta la publicación de las listas de no votantes, llegando a castigarse con la cárcel. En Alemania, un estudio (Klein, Ballowitz y Holderberg, 2014) indicó un nivel muy bajo de aceptación frente a la propuesta de la introducción del voto obligatorio sujeta a sanciones. Pero incluso sin sanciones, el rechazo a la obligatoriedad del voto es sobradamente superior.

Por lo tanto, su introducción probablemente encontraría una resistencia considerable. En qué medida se producirían los efectos positivos esperados quedaría en cuestión, pues la aceptación del voto obligatorio entre los no votantes potenciales es, de nuevo, significativamente menor que entre la población en su conjunto. (Klein, Ballowitz y Holderberg, 2014, p. 824)

Más aún, ni siquiera es posible descartar que la introducción del voto obligatorio sancionable disminuya la aceptación de la democracia en Alemania.

Los defensores del voto obligatorio no hablan de un nivel deseado de participación electoral específico, sino solo de su aumento. Tampoco realizan distinciones según los niveles electorales (federal, estatal, local, europeo). Hay otro argumento que los defensores de la obligatoriedad electoral subrayan con insistencia: si más personas participaran en una elección, la selectividad social disminuiría y la igualdad electoral aumentaría. Sin embargo, determinar a partir de qué grado se habría logrado una ecualización adecuada de la selectividad social queda abierto a la interpretación y, por tanto, es arbitrario. ¿Debe participar el 90 % o es suficiente si vota el 60%? ¿Y qué sucede si se dan efectos socioestructurales mínimos incluso con una baja participación electoral?

Según el argumento corriente, aquellos que no votan pertenecen, en mayor medida y con suma frecuencia, a grupos socialmente desfavorecidos. En tal sentido, Merkel y Petring (2008, pp. 8 ss.) ven en la exclusión social una razón para abstenerse de votar. En consecuencia, las personas con menos recursos (educación e ingresos) en particular, tienden a mantenerse alejadas de las elecciones con una frecuencia superior a la media. Este hallazgo es confirmado por Schäfer: «Si bien es más probable que los más ricos salgan a votar, muchas personas pobres se quedan en casa» (Schäfer, 2001, p. 139).

En términos generales, queda claro que una combinación de la estructura y configuración sociales influye en la probabilidad de que cierto grupo social acuda a las urnas. Por un lado, la educación, el género, los ingresos, la afiliación religiosa y sindical desempeñan un papel; por otro lado, el interés político, la satisfacción con la democracia, la afiliación partidaria y las normas electorales también afectan la participación electoral (Stövsand y Rossteutscher, 2019).

La redistribución del voto

Cualquiera que enfatice la reducción de las divisiones sociales como consecuencia de igualar la participación electoral, asume que, gracias a ello, los resultados electorales podrían ser modificados y, por lo tanto, también las decisiones políticas. En el fondo, resuena la consideración de que los partidos que trabajasen más fuertemente por la redistribución del voto obtendrían mejores resultados electorales. Esto supondría que habría diferencias significativas en las actitudes de los grupos de votantes socialmente desfavorecidos en comparación con los grupos más privilegiados. Sin embargo, solo al nivel de las conductas, ello puede demostrarse parcialmente. Siempre hay conductas en las que existen diferencias claras según la educación, pero para la mayoría de las conductas medibles, las diferencias entre las estructuras sociales son bastante pequeñas.

Uno de los hallazgos (Neu, 2021) a largo plazo de la sociología electoral es que la situación social, o bien, la estructura social en Alemania solo se puede utilizar para explicar el comportamiento electoral de unos pocos (pequeños) grupos de la población. En general, se parte de que la estructura social tiene una influencia menor en la decisión del voto.

Las investigaciones recientes no niegan que la posición en la estructura social influya en las preferencias partidarias y en el comportamiento electoral. Lo que hoy se argumenta es que cada ciudadano desarrolla determinadas preferencias políticas a partir de su experiencia cotidiana, y que las utiliza como criterio de selección en la decisión de su voto. (Schoen, 2014, pp. 207-208).

Aun cuando este hallazgo ha sido medido con frecuencia, existen dudas notables de que sea fiable. En todas las encuestas existe el problema de que el número registrado de no votantes está por debajo del número de no votantes de facto. Por lo tanto, en las encuestas, solo un número significativamente pequeño de encuestados admite no votar antes de una elección, en contraste con los resultados electorales posteriores. Así pues, en un estudio de Eilfort (1994, p. 139), solo un 71,5 % de los no votantes reales admitieron de facto ser no votantes. Los demás se describieron a sí mismos como votantes, expresando incluso sus motivos para votar. Aunque existiese un remedio, teniendo en cuenta la normativa de protección de datos, no es posible encuestar a verdaderos no votantes utilizando los padrones electorales. Por ende, los datos de las encuestas son la única fuente.

Precisamente, entre los no votantes existe un gran escepticismo de que las encuestas sean el instrumento de medición adecuado para capturar, no solo la extensión de los no votantes, sino también su composición. Dicho escepticismo parte de la evidencia de que los no votantes están menos dispuestos a participar en las encuestas (Caballero, 2005, p. 334).

Opinión de la ciudadanía

En las investigaciones más recientes del GLES y de la Fundación Konrad Adenauer ello ha quedado confirmado. En encuestas representativas poblacionales, un 5 % de los encuestados afirmaron que se abstuvieron de participar en las elecciones. Sin embargo, la participación electoral fue del 76,6 %. Este fenómeno es conocido desde hace mucho tiempo y tiene que ver con que casi todos los ciudadanos participan en las elecciones de forma emocional, aunque no necesariamente ello se traduce en la emisión de un voto físico. De tal forma que, durante las encuestas, los no votantes pueden proporcionar información sobre sus motivos para votar y el partido elegido, sin que ello desplace el hecho de que la acción específica no se llevase a cabo.

Este es un comportamiento que también se conoce en otros ámbitos en los que existe un alto estándar moral detrás de las acciones. La deseabilidad social lleva a los encuestados a suponer que votar cuenta con el respaldo social, así que disminuye la disposición a admitir frente a un entrevistador un comportamiento socialmente indeseable. Sin embargo, las lagunas en la memoria, los errores de juicio sobre el propio comportamiento y un cambio en las actitudes políticas también pueden conducir a que las personas participen en las elecciones.

La investigación acerca de la abstención electoral choca, además, con otro problema que podría ser descrito con el término sobreinformación. Existen indicios de que los votantes socialmente marginados admiten con mayor honestidad que se han mantenido alejados de una elección (Caballero, 2005, p. 336). Por el contrario, existen indicios de que aquellos que están bien integrados social, económica y profesionalmente tienden a sobrestimar su participación. Si es más probable que los votantes marginados digan que no votarán, ello aumentaría su proporción relativa en las encuestas. Como resultado, la estructura social real de los no votantes puede ser algo confusa.

Con todo, su extensión no puede modificarse mediante factores de ponderación, ya que nadie conoce la totalidad de los factores más relevantes a considerar (aparte de la edad y el sexo). En resumen: es posible que aquellos individuos clasificados como socialmente desfavorecidos se caractericen por una mayor honestidad en las encuestas y, por lo tanto, estén sobrerrepresentados.

Armin Schäfer ha publicado una serie de estudios en los que correlaciona la participación dentro del circuito electoral con la tasa de desempleo en la misma circunscripción (Schäfer, 2013; Schäfer, Vehrkamp y Gagné, 2015). Dentro de los distritos electorales urbanos, existe una clara conexión entre la participación electoral y la tasa de desempleo. Sin embargo, puesto que se trata de datos globales, no cabe establecer que esté basada, necesariamente, en el comportamiento individual. De todos modos, los resultados en general quedan fuera de cuestión.

No obstante, existe una conexión que no ha sido probada: cuanto menor es la densidad poblacional, mayor es la participación electoral. En regiones rurales escasamente pobladas, sin embargo, a menudo se esperaría observar otros estilos de vida y situaciones laborales que tiendan a mantener la tasa de desempleo a la baja como, por ejemplo, el modelo clásico del proveedor único o la red de asistencia de la familia cercana. Esto no quiere decir que allí no haya sectores socialmente desfavorecidos de la población, sino que no son cuantificados por la variable tasa de desempleo. Por lo tanto, allí la tasa de desempleo no tendrá un impacto significativo en la participación electoral, ya que es menos pronunciada. Otros estudios con un diseño de investigación diferente tampoco pueden confirmar la conexión entre el estatus social y la abstención electoral (Neu, 2012).

Simpatía por votar

Steinbrecher y Rattinger (2011, p. 85) enfatizan la relevancia de factores como la filiación partidista (simpatía por el partido), los intereses políticos y las normas electorales en el grado de participación. Dentro del análisis del grupo de contraste entre no votantes permanentes y votantes permanentes, estos últimos cuentan con fuertes lazos y simpatías partidistas, perciben grandes diferencias entre el SPD y la CDU y mantienen, asimismo, un alto nivel de aceptación de la norma electoral. Manifiestan un interés por la política superior a la media y están más satisfechos con el sistema político, con su influencia y con la situación económica actual (tanto la propia como la general).

En una encuesta reciente de la Fundación Konrad-Adenauer (Pokorny, 2022) preguntamos las razones por las que los votantes inscritos se mantuvieron alejados de las elecciones. En primer lugar, quedó de manifiesto que solo el 5 % se había declarado no votante. El desencanto con la política, que se expresa en la insatisfacción hacia la política, los políticos y los partidos, es un motivo clave. Sin embargo, incluso entre ese 5 % no se pudo señalar una tendencia fundamental hacia la abstención electoral. Aunque los no votantes se abstienen de rechazar al Estado, tampoco se muestran conformes con la política, por lo que queda invalidado el argumento, tantas veces discutido, de que los que se quedan en casa se conforman con todo.

Así pues, ¿cambiarían los resultados de las elecciones si los abstencionistas fuesen obligados a votar? Todos los datos sugieren que diferentes partidos podrían verse favorecidos por la participación de antiguos no votantes. No se aprecia una instrumentalización sistemática de un único partido o de una familia de partidos. Por ejemplo, en todas las elecciones desde 2013, la AfD ha podido movilizar a los abstencionistas (aunque en términos puramente cuantitativos fue la actividad cambiante de los exvotantes hacia otros partidos la responsable de sus éxitos electorales).

Este fenómeno ha quedado extensamente documentado durante décadas, especialmente entre los partidos jóvenes y de protesta, independientemente de su posicionamiento ideológico. Antes de la AfD, fue el partido de Los Piratas quien pudo registrar mayor afluencia de sufragios desde el campo de los no votantes. Pero incluso los partidos establecidos pueden beneficiarse de esto. En el año electoral 2017, fue la CDU en las elecciones estatales de Sarre, Renania del Norte-Westfalia y Schleswig-Holstein. No obstante, los efectos tan claros no son la regla. A menudo, todos los partidos se benefician, casi proporcionalmente, del aumento de la participación electoral y viceversa.

En general, la movilización de los no votantes tiene escaso impacto en el resultado de la elección. En un estudio de Kohler (2011), de todas las elecciones federales desde 1949 hasta 2009, solo las de 1994, 2002 y 2005 establecieron una probabilidad (baja) de que se podría haber formado un gobierno diferente si hubiesen participado más abstencionistas en las respectivas elecciones. «Por ende, no hay duda de que el gobierno que se formó habría surgido incluso si los no votantes hubieran participado». Esto se debe a que los abstencionistas están «uniformemente distribuidos» (Kohler, 2011).

Si se pregunta a los posibles no votantes sobre sus preferencias políticas, estas no difieren de las de los posibles votantes. Los abstencionistas, por lo tanto, no son un electorado de reserva para ningún partido. De acuerdo con el estado actual de la investigación, se puede afirmar con confianza que, si todos los no votantes fueran a las urnas, con toda probabilidad los resultados de las elecciones apenas cambiarían.

El partido de los no votantes

Hay que abordar otra falacia. Los abstencionistas, a menudo denominados el partido de los no votantes, no son exactamente eso, en ambos sentidos del término. No tienen preferencias políticas homogéneas y mucho menos son abstencionistas per se. Solo muy pocos (un 5 % estimado de la población votante) nunca votan. Este grupo no sería accesible siquiera con el voto obligatorio. Pero casi todos los demás votantes inscritos participan en las elecciones. Solo que no siempre participan en cada elección. Por lo tanto, los votantes son no votantes y los no votantes son votantes.

En general, los argumentos de quienes proponen el voto obligatorio parecen, al final, no ser válidos. Un cambio masivo en el sistema electoral, como lo sería la introducción del voto obligatorio, requiere una justificación muy convincente. Si los argumentos a favor o en contra de una introducción de la obligatoriedad del voto se equilibraran desde el punto de vista de la teoría democrática, surgirían dudas desde una perspectiva constitucional.

La estructura específica de la democracia alemana y la experiencia de dos dictaduras contradicen la introducción del voto obligatorio. La baja aceptación pública socavaría, en lugar de fortalecer, la legitimidad de la democracia. Las incertidumbres que existen con respecto a los no votantes y su composición social tampoco hablan a favor del voto obligatorio. El simple aumento de la participación electoral no parece suficiente como un fin en sí mismo.

Traducción: Juan Carlos Gordillo.

Este artículo analiza los mecanismos y herramientas posibles para el seguimiento de los resultados durante el día de las elecciones. Los autores repasan el rol del Estado como regulador y controlador de su operativa y las distintas posibilidades con las que cuentan la sociedad civil y los partidos políticos para monitorear las proyecciones el día D.

Entorno conceptual

El ejercicio responsable y profesional de la política requiere de herramientas técnicas que permitan contar con información oportuna para la toma de mejores decisiones de la clase política y, sobre todo, a la ciudadanía tener datos actualizados, técnicos, confiables y veraces sobre los asuntos de interés general.

En materia político-electoral, los focos grupales, encuestas y sondeos de opinión tienen una utilidad enorme, pues permiten medir percepciones ciudadanas sobre los temas de interés y, particularmente, sobre los actores políticos; y, por tanto, sobre eventuales candidatos. Estas herramientas, sin embargo, tienen una limitación y es que brindan información con validez temporal, pues, como dicen los técnicos en la materia, son una fotografía del momento que no nos alertan necesariamente de lo que va a suceder, más aún en sociedades volátiles y cambiantes, en que las percepciones cambian y la imagen de los políticos puede variar sustancialmente en cortos espacios de tiempo.

Con frecuencia escuchamos la frase «se equivocaron las encuestas», cuando candidatos, que aparecían como favoritos en sondeos de opinión, no acceden a los cargos o logran votaciones menores a las que avizoraban las encuestas. Sin negar el hecho de que una encuesta puede «equivocarse» (por distintos motivos técnicos, errores en el diseño de la muestra u otros), la encuesta no dice quién ganará una elección, sino cuáles serían las tendencias si la elección fuese el día en que se hizo la encuesta. Por ello, y ya en materia específica de resultados electorales, se han buscado mecanismos y herramientas técnicas que nos permitan contar con información en tiempo real, permitiendo que los ciudadanos y actores políticos accedan a resultados confiables, desde que se cierran los procesos electorales hasta que los entes electorales entregan la información oficial. Para ello, en la actualidad tenemos dos herramientas: el conteo rápido y la encuesta a boca de urna, también conocida como exit poll.

Definiciones preliminares

El conteo rápido y la encuesta a boca de urna son herramientas que permiten proyectar el resultado final de una elección antes de conocerlo oficialmente. Ambas herramientas tienen un objetivo común y central: brindar información de manera inmediata, previo a la información oficial que entregan los entes estatales. Si estas herramientas son aplicadas de manera adecuada, y el proceso electoral y los resultados son certeros, la consecuencia inevitable será que los tres resultados (exit poll, conteo rápido y conteo oficial) coincidan. Cuando esto sucede, se cumple un segundo objetivo, esto es, generar certidumbre, confianza y transparencia en el proceso electoral y sus resultados.

Exit poll y conteos rápidos en América Latina

En virtud de ello, la aplicación de estas mencionadas deben necesariamente ser ejercicios técnicamente concebidos, de modo que su rigurosidad garantice una correcta aplicación y, consecuentemente, contribuya a mejorar la credibilidad de los resultados. Tanto el exit poll como el conteo rápido son utilizados recurrentemente en los procesos electorales de América Latina. Existen criterios contrapuestos sobre la utilidad de estas herramientas, especialmente respecto a la encuesta a boca de urna. El hecho de que esta tenga por concepción técnica un margen de error mucho más grande que el de un conteo rápido, en ambientes electorales de alta polarización permite su uso también para dar una visión sesgada de la tendencia. Por eso, se insiste en que este tipo de ejercicio debe ser respaldado por una construcción técnica a toda prueba.

El conteo rápido es un ejercicio técnico bastante utilizado en América Latina y tiene un valor particular, puesto que, si bien la autoridad electoral lo hace para verificación interna, su ejecución por organismos de la sociedad civil es muy reconocida.

El conteo rápido es un ejercicio técnico bastante utilizado en América Latina y tiene un valor particular, puesto que, si bien la autoridad electoral lo hace para verificación interna, su ejecución por organismos de la sociedad civil es muy reconocida. Un ejemplo de esto son los ejercicios exitosos regionales de conteo rápido desarrollados por la MOE de Colombia, Participación Ciudadana en República Dominicana, Transparencia Perú, Justicia y Paz en Panamá y Participación Ciudadana en Ecuador, por citar algunos ejemplos.

En resumen, y antes de proseguir con un análisis más técnico, estas dos herramientas son muy importantes y positivas cuando tienen rigurosidad y pueden constituirse en elementos importantes de legitimación de resultados en los procesos electorales.

Características comunes

Más allá de las particularidades de cada herramienta, el conteo rápido y la encuesta a boca de urna tienen características y elementos que les son afines:

• Inmediatez. Esta característica es esencial, ya que el conteo y entrega de resultado oficial debe cumplir una serie de pasos, fases y etapas que demoran su entrega.
• No entregan resultados —competencia privativa de los entes electorales una vez concluido el conteo del cien por ciento de votos—, sino proyecciones de resultados, es decir, anticipan el que podría ser el resultado oficial una vez concluido el escrutinio.
• Están sujetas a un margen de error, ya que no se obtiene información del total de mesas de votación, sino de una parte de ellas —una muestra estadística— en el caso del conteo rápido, ni se encuesta al total de votantes (en el caso de exit poll). Al obtener información sobre una muestra, o sobre una parte del universo de votantes, el resultado puede diferir del resultado oficial. El margen de error debe ser declarado por la institución o empresa a cargo de la actividad: depende del tamaño de la muestra y, sobre todo, de la adecuada distribución territorial de esta (de los encuestados o de las mesas electorales seleccionadas).
• Como consecuencia del margen de error, cuando las diferencias entre dos o más candidatos están por debajo de este margen (ej.: el margen de error declarado es el 2 % y la diferencia entre dos candidatos es del 1,5 %), se produce lo que técnicamente se denomina empate técnico. Dado este supuesto, y a fin de evitar confusión en la ciudadanía o crear falsas expectativas entre los actores políticos, es aconsejable y responsable no difundir los datos numéricos (porcentuales), sino anunciar el empate.

Particularidades y diferencias

Además de las coincidencias y elementos comunes a ambas herramientas, existen diferencias sustanciales que es importante tener en cuenta, para una clara comprensión de la real utilidad, fortalezas, debilidades e incluso deficiencias de cada una.

• Fuente de información. En la encuesta a boca de urna la fuente de información es el propio votante, mientras que en el conteo rápido la fuente es el acta de escrutinio emitida por cada mesa electoral. Es decir, en la encuesta a boca de urna se consulta al votante, en el conteo rápido se consulta el acta.
• Rapidez. Ambas herramientas son muy ágiles y efectivas (en tiempos de entrega) frente al escrutinio oficial. Sin embargo, comparativamente, el exit poll es más rápido que el conteo rápido, valga la redundancia, ya que este último requiere que las mesas electorales cuenten los votos (en el caso ecuatoriano ello puede tomar alrededor de una hora), mientras que el exit poll, que consulta al votante una vez que ha emitido su voto, va alimentando la proyección de resultados lo largo de la jornada. Si bien por previsiones legales no se pueden presentar públicamente resultados antes de que se cierre la jornada, técnicamente, un exit poll permite contar con resultados confiables algunas horas antes del cierre de la jornada, dependiendo de variantes como las diferencias entre los candidatos. Mientras más corta sea la distancia entre los candidatos, mayor número de actas (o encuestados) se necesitará para contar con un resultado confiable. Es lo que técnicamente se denomina estabilización de la muestra.
• ¿Quién lo hace? Los exit polls suelen ser ejecutados por empresas comerciales (encuestadoras), que, en el caso ecuatoriano, deben estar debidamente acreditadas en el organismo electoral. La herramienta de conteo rápido, por su parte, suele llevarse a cabo por organizaciones ciudadanas dedicadas al control y la vigilancia electoral.
• Confiabilidad y certeza. Aunque ambas herramientas son altamente confiables si se las realiza de manera técnica, el conteo rápido ofrece una mayor certeza que el exit poll, debido a la fuente de información que nutre a un sistema y el otro. En el caso del conteo, uno toma las actas de escrutinio, en donde están los votos efectivamente emitidos y contados, mientras que en el exit poll se toma como dato lo que nos dice el encuestador. Mas allá de que existe la posibilidad de que el encuestado (votante) no diga la verdad (por temor o por voto vergonzante,) en elecciones pluripersonales con voto individual (como fue el caso ecuatoriano, por ejemplo, hasta 2019) existe incluso la posibilidad de que el encuestado no recuerde con precisión y detalle todos los votos que emitió. Si debe elegir, por ejemplo, cinco o seis dignidades en una elección pluripersonal, tiene que votar individualmente (sistema de listas abiertas), y entonces la posibilidad de recibir un dato inexacto aumenta. Por ello, el margen de error en un exit poll puede estar entre el 3 y 5 %, mientras que en el conteo rápido puede ser del 1,5 % o menos.

El margen de error en un sondeo a boca de urna (exit poll) puede estar entre el 3 y 5 %, mientras que en el conteo rápido puede ser del 1,5 % o menos.

Normativa y temas sensibles

Cada Estado emite una normativa en la que regula el uso de estas herramientas. En unos casos puede constar en las leyes electorales del país, mientras que, en otros, suele emitirse normativa reglamentaria para cada proceso. En muchos sistemas se opta por ambos mecanismos. Por un lado, normas y principios generales, constantes en la ley, los mismos que son desarrollados de manera reglamentaria en normativa secundaria que el ente electoral emite para cada proceso.

En el caso ecuatoriano, por ejemplo, existen normas generales en el Código de la Democracia, sobre observación electoral en general (Título II «Observación y participación», arts. 128 ss.). Y además se emite normativa puntual a través de reglamentos que expide el Consejo Nacional Electoral en cada proceso. En esta reglamentación, se diferencian por un lado la observación electoral y conteos rápidos, y por otro las encuestas y exit polls que realizan las empresas comerciales encuestadoras. Se regula la parte operativa de la inscripción, registro, tamaño de la muestra, margen de error, forma de presentar los resultados y demás detalles técnicos.

[…] el tema que suele generar más polémica es la pretensión de que el ente electoral revise (y autorice, en algunos casos) los resultados que se expondrán al público.

En la regulación de estos procesos, en ciertos países, el tema que suele generar más polémica es la pretensión de que el ente electoral revise (y autorice, en algunos casos) los resultados que se expondrán al público. La justificación es que el efecto social que estos resultados generan, amerita que el ente electoral mantenga sobre ellos un nivel de control. De parte de los entes privados y ciudadanos que llevan adelante estas actividades se alega que la exigencia de someter los resultados a revisión de los entes electorales limita la libertad de acción de empresas y veedores, pues quedaría a discreción de la autoridad electoral la posibilidad de que los resultados se hagan o no públicos, atentando contra la transparencia y el derecho a la información de los ciudadanos.

Este es quizá uno de los temas más sensibles que deben resolver las legislaciones. El objetivo final debe estar orientado a generar regulaciones estrictas, que den certeza y seguridad al ejercicio de estas actividades, sin que impliquen una excesiva intervención de parte de los entes electorales que limite la acción de los veedores y la libertad de información de los ciudadanos.

Conclusiones

En la actualidad, estas herramientas son medios de apoyo para la generación de información, pero no suplen el conteo oficial, sino que lo complementan.

Estos mecanismos deben ser implementados de manera técnica y profesional, y deben ser leídos, utilizados y comprendidos por los destinatarios (opinión pública, actores políticos) con conocimiento e información precisos sobre sus expectativas, fortalezas, debilidades y limitaciones.

Para una adecuada implementación es fundamental cuidar algunos detalles técnicos como el tamaño, diseño y distribución (geográfica) de la muestra. La sociedad no es homogénea; el pensamiento, ideología e idiosincrasia son diferentes en lo urbano y en lo rural, en la sierra y en la costa, varían de acuerdo a la edad, género y otras características. Por tanto, un diseño muestral adecuado, que garantice que cada sector esté representado en la muestra y que el peso de cada sector frente a la totalidad de la muestra sea el adecuado, es indispensable para disminuir los márgenes de error.

Es indispensable llevar adelante estas actividades con absoluta responsabilidad, no solo en el diseño muestral y en la ejecución, sino en la presentación de resultados. Temas como el margen de error y la posibilidad de empates técnicos deben ser manejados con extremo profesionalismo. Caso contrario, la emisión de resultados no verificados, no confiables, o que estén dentro de los márgenes de error (empate técnico), resultaría altamente contraproducente, abonando a la desconfianza y al caos social.

Por los efectos que generan estas herramientas y por el impacto de los resultados sobre todo en el campo político, su implementación debe ser regulada por los Estados.

Por los efectos que generan estas herramientas y por el impacto de los resultados, sobre todo en el campo político, su implementación debe ser regulada por los Estados, tanto respecto a quien puede implementarlo cuanto en las características técnicas (tamaño y distribución de la muestra, márgenes de error y empates técnicos).

En los años 1990, América Latina lideró en el mundo la adopción de leyes de cuotas de género. Hoy avanza en la transición hacia la paridad. ¿Qué impacto han tenido estas medidas en la representación política de las mujeres?

Tras la innovadora Ley de Cupo aprobada en 1991 en Argentina, y con el impulso de las recomendaciones emanadas de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas (Beijing, 1995),[1] para 2001 otros diez países de América Latina habían aprobado leyes de cuotas (Archenti y Tula, 2008). Luego de una década de aplicación de leyes de cuotas y de resultados dispares en cuanto a alcanzar la igualdad en la representación política entre hombres y mujeres, se estableció una nueva meta: la paridad. El concepto de democracia paritaria fue introducido en la normativa regional en 2007, con la aprobación del Consenso de Quito  en la Décima Conferencia Regional de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) Y en 2015 se aprobó en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria.

Aunque tanto las leyes de cuotas como las de paridad apuntan a alcanzar la igualdad de género en la representación política, y ambas se aplican en la conformación de las listas electorales, conceptualmente y en la práctica son diferentes (Aguirrezabal Quijera, 2021). En este artículo se revisa el proceso de adopción de leyes primero de cuotas y luego de paridad, en América Latina, y se reflexiona sobre las diferencias entre estos dos tipos de medidas, y se evalúa su efectividad para aumentar las tasas de representación política de las mujeres en la región.

Las leyes de cuotas

La cuota de género se basa en el concepto de acción afirmativa, tal como está definido y validado en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1979). Es una medida temporaria, que busca corregir las desventajas y discriminaciones que histórica y actualmente sufren las mujeres en un sistema político diseñado por y para hombres. Funciona asegurando que un porcentaje mínimo de las candidaturas en las listas electorales partidarias sean ocupadas por mujeres. Su naturaleza temporaria está dada por el hecho de que «estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato» (CEDAW, art. 4.º, inc. 1.º). Es decir, según fue aclarado por el Comité de la CEDAW en 2004, en su recomendación general n.º 25, la temporalidad de las cuotas no refiere a la delimitación de un plazo de finalización fijado a priori, sino que dejan de ser relevantes cuando la desigualdad que se intenta corregir desaparece.

La cuota de género es una medida temporaria, que busca corregir las desventajas y discriminaciones que histórica y actualmente sufren las mujeres en un sistema político diseñado por y para hombres.

En suma, la cuota busca efectivizar la igualdad política entre mujeres y hombres, generando igualdad de condiciones en el punto de partida de la competencia electoral, más allá de la igualdad de oportunidades prometida por la universalización de los derechos políticos a elegir y ser elegido/a.

Efectividad de la cuota

Los estudios comparados sobre la aplicación de la cuota señalan la importancia de que las leyes incluyan ciertas condiciones para asegurar su efectividad (Archenti y Tula, 2008; Franceschet, Krook y Piscopo, 2012). Por un lado, es necesario un mandato de posición, que estipula cómo se ha de aplicar el porcentaje de la cuota. En este sentido, es fundamental que la cuota se aplique a lo largo de las nóminas de candidaturas (tanto titulares como suplentes), en vez de aplicarse globalmente a la lista, ya que esto último permitiría ubicar a todas las candidatas en los últimos lugares, que generalmente no son exitosos. Por otro lado, también es importante que existan sanciones por incumplimiento, para que los partidos políticos asuman el compromiso real de aplicar las medidas, y estas no queden en la letra muerta.

Aun cuidando estos aspectos, los estudios que evalúan el impacto de la adopción de estas leyes en los países de América Latina han mostrado que la efectividad de las cuotas está mediada, además, por las propias características del sistema electoral y el sistema de partidos (Archenti y Tula, 2008, 2014; Franceschet, Krook y Piscopo, 2012). En este sentido, los rasgos más relevantes son:

• La magnitud de distrito, o cuántas bancas están en disputa en cada distrito electoral.
• El sistema de elección; por ejemplo, si las bancas se ganan por votación mayoritaria o se distribuyen según un criterio de representación proporcional.
• En el caso de los distritos plurinominales, donde se disputa más de una banca, el tipo de lista usado; es decir, si la lista de candidaturas es cerrada y bloqueada o abierta, lo que define si el/la votante puede o no borrar o cambiar el orden de las candidaturas.
• El grado de competencia legislativa, o cuántos partidos o sectores con chances de ganar bancas compiten en la elección.

Al respecto, los estudios comparados muestran que las leyes de cuotas tienden a ser más efectivas en sistemas electorales con distritos plurinominales grandes, donde los escaños se asignan según un criterio de representación proporcional y la competencia legislativa es baja, es decir, las bancas se reparten entre un número limitado de partidos o sectores.

Hecha la ley, hecha la trampa

No obstante, aun cuando estas condiciones se cumplan, la experiencia latinoamericana con las cuotas ha mostrado que lo que fue pensado como un piso mínimo para el acceso de las mujeres, en muchos casos, se convirtió en un techo de cristal. Numerosos estudios revelaron cómo la continuada resistencia de las dirigencias masculinas partidarias a compartir el poder llevó al desarrollo de una serie de prácticas informales y estrategias deliberadas que les permitían saltar las obligaciones de las leyes de cuotas aprobadas. Estas prácticas incluían:

• La aplicación minimalista de la cuota (lo que implica incluir la mínima cantidad de candidatas y ubicarlas en los lugares más bajos posibles según la ley).
• El desacato directo, aprovechándose de órganos de contralor electoral débiles.
• El uso de candidatas florero, en muchos casos, sin carreras ni experiencia política previa, que no disputarían el liderazgo masculino, como las llamadas mujeres de en Argentina (Marx, Borner & Caminotti, 2007).
• Pactos de complicidad con candidatas que, ni bien fueron electas, renunciaban al cargo en favor de sus suplentes varones, como en México (Piscopo, 2011) y Uruguay (Johnson, 2015).
• El acoso o violencia política para obligar a mujeres electas a renunciar, llegando en algunos casos extremos hasta el asesinato, como pasó en Bolivia (Krook y Restrepo Sanin, 2016).

[…] la experiencia latinoamericana con las cuotas ha mostrado que lo que fue pensado como un piso mínimo para el acceso de las mujeres, en muchos casos, se convirtió en un techo de cristal.

Ante estas dificultades, diversos actores buscaron readecuar la legislación de cuotas, en procesos de reforma iterada (Krook, 2009). Actores clave en estos procesos fueron los movimientos feministas, las propias mujeres políticas y, en el caso de algunos países, como México y Costa Rica, la justicia electoral (Llanos y Martínez, 2016, pp. 28-29). De esta manera, se fue ajustando la legislación para eliminar cualquier escapatoria que permitiera que los partidos no cumplieran con la intención de la ley. Aun así, el hecho de que en la mayoría de los casos el porcentaje de la cuota era un 30 % y los partidos aplicaban la cuota de forma minimalista, significaba que, aun con leyes reformadas, difícilmente la región llegaría al 50 % de representación de hombres y mujeres en cargos públicos.

El avance hacia la democracia paritaria

Ante este panorama de persistente resistencia y avances estancados, en varios países de América Latina se empezó a reivindicar ir más allá de la cuota y fijar como horizonte la democracia paritaria, que se había definido políticamente por primera vez en la 1.ª Cumbre Europea «Mujeres en el Poder» (Atenas, 1992). En términos conceptuales, la paridad trasciende el foco procedimental de la cuota, en tanto implica resignificar la propia democracia como modelo de convivencia social. Va mucho más allá que una medida de ajuste temporal del sistema electoral, aunque, al igual que la cuota, es una medida de justicia social y de reconocimiento del aporte que hacen las mujeres en todas las esferas de la vida social y humana.

La paridad, al igual que la cuota, es una medida de justicia social y de reconocimiento del aporte que hacen las mujeres en todas las esferas de la vida social y humana.

La democracia paritaria requiere reconceptualizar el sistema de representación. A diferencia de la cuota, bajo el concepto de la paridad las mujeres dejan de ser concebidas como una minoría que requiere de derechos especiales de representación dentro de un sistema político hegemónico masculino. Es decir, la paridad de género no es un mecanismo que interviene en un sistema existente, sino que debe considerarse un componente integral e ineludible de la democracia consolidada o de calidad. Así se define en la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria aprobada por el Parlatino:

[…] se entiende por Democracia Paritaria al modelo de democracia en el que la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres son ejes vertebradores de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo. Son sus fines:

a.  El establecimiento de un nuevo contrato social y forma de organización de la sociedad por el cual se erradique toda exclusión estructural, en particular, hacia las mujeres y las niñas.

b.  Un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública y privada.

Su puesta en marcha y consolidación implica la evolución hacia relaciones equitativas de género, así como otras relaciones para igual goce y disfrute de derechos, como etnicidad (indígenas y afrodescendientes), LGTBI, discapacidad, estatus socioeconómico, entre otras (artículo 5).

En términos prácticos, la Norma Marco busca ser un referente para los Parlamentos nacionales de la región para la puesta en marcha de reformas institucionales y políticas que promuevan y garanticen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todas las esferas de toma de decisiones.

Aplicación de la paridad

En cuanto a su aplicación, a diferencia de la cuota, la paridad no se basa en un porcentaje fijado arbitrariamente, sino que surge automáticamente del hecho de que las mujeres constituyen la mitad de la ciudadanía. Partiendo de este hecho indiscutible, la única distribución legítima de cargos entre mujeres y hombres es 50/50. Pero en su aplicación en la etapa de conformación de la oferta electoral, donde no todos los lugares en la lista tienen la misma chance de resultar electos, la paridad también requiere de un mandato de posición. Así, la paridad vertical implica la distribución equitativa 50/50 de candidaturas masculinas y femeninas de forma alternada y secuencial a lo largo de las listas electorales.

Sin embargo, como se evidenció en el caso de Costa Rica, donde la primera aplicación de la paridad en las elecciones nacionales de 2014 arrojó una tasa de mujeres electas menor a la resultante de la última elección con cuota de 40 %, la aplicación efectiva de las normas paritarias también está condicionada por el sistema electoral y el sistema de partidos. Ante la persistencia de la brecha entre las tasas de representación masculina y femenina en algunos de los países latinoamericanos que primero adoptaron la paridad, se planteó la necesidad de incorporar otras dimensiones en su aplicación, que van más allá del criterio de la paridad vertical (Llanos y Martínez, 2016; Freidenberg, 2021).

Así, se definió la paridad horizontal como requisito aplicable a las candidaturas presentadas en distritos uninominales, o a las candidaturas que encabezan listas en distritos plurinominales (también llamada paridad transversal). Estas reformas, que se han adoptado en Costa Rica, Bolivia, México y Ecuador, obligan a cada partido político a cumplir globalmente con la paridad de género en sus candidaturas. Es de suponer que este tipo de exigencia tendería a hacer que los partidos políticos cultiven candidatos y candidatas igualmente viables en todos los distritos, lo que fortalecería su propia competitividad.

Finalmente, existen casos donde se combinan diferentes criterios para garantizar no solamente la paridad en la oferta electoral, sino también en la composición final del órgano electo. Así, en la elección a la Convención Constituyente en Chile en mayo de 2021, por un lado, se requería la paridad vertical en las listas de candidaturas, y, además, la obligatoriedad de encabezar todas las listas con mujeres. Pero, por otro lado, se aplicó la paridad de resultados en cada distrito y en la Convención toda, lo que implicó sustituir la persona electa por la siguiente en la lista del género opuesto cuando como resultado de la votación no se alcanzaba la paridad.

Impacto de las cuotas y la paridad en América Latina

¿Cuán efectivas han sido las leyes de cuotas en la región? ¿El pasaje de la cuota a la paridad implicó un aumento mayor de la representación femenina? Para medir el impacto que tuvieron estas leyes, en el gráfico 1 se presentan los datos de la presencia de mujeres en los Parlamentos de 14 países latinoamericanos que aprobaron leyes de cuotas entre 1991 y 2015, siete de los cuales hoy día tienen leyes de paridad aprobadas y aplicadas. Si se compara la tasa de representación parlamentaria femenina hoy con la resultante de la última elección anterior a la adopción de la ley de cuotas, es evidente que estas medidas han generado un aumento significativo de la presencia femenina. También queda manifiesto que la paridad en general tiene un impacto mayor que la cuota. Las excepciones más visibles son Honduras y Panamá, que ni siquiera llegan a un 30 % de parlamentarias, a pesar de tener leyes de paridad aprobadas. En estos casos, la explicación se encuentra en el hecho de que la paridad es aplicable únicamente en las elecciones primarias (Panamá) o los partidos tienen válvulas de escape (Freidenberg, 2021, p. 55) que permiten el incumplimiento en la práctica.

Porcentaje de mujeres en la Cámara baja o única del Parlamento

Nota: Entre corchetes se indica la fecha de aprobación de las primeras leyes de cuotas [C] y de paridad [P].

Fuente: Elaboración propia con datos de la Clasificación Mundial de Mujeres en el Parlamento de la Unión Interparlamentaria (UIP).

Estos datos demuestran claramente la mayor efectividad de la paridad como mecanismo para erradicar la brecha entre la representación política de mujeres y hombres. No obstante, el hecho que no se llega a la paridad numérica en todos los Parlamentos donde existen leyes paritarias, alerta al hecho de que, al igual que la cuota, la efectividad de la paridad es mediada por las características del sistema electoral en el que se aplica y el grado de compromiso real de todos los actores implicados en su implementación.

Además, la experiencia de estos países señala que, para el logro de la igualdad sustantiva de género en la esfera pública, es importante la incidencia articulada de diferentes actores: las propias mujeres políticas, organizadas en coordinaciones intra e interpartidarias; los órganos de contralor electoral comprometidos con la promoción de la igualdad de género; partidos políticos y dirigentes aliados que muestran un compromiso real con la paridad de género en los espacios de decisión política; y la vigilancia y denuncia de los casos de incumplimiento desde el movimiento social feminista.

Actualmente, las encuestas de opinión pública muestran que en América Latina las tasas de confianza en los partidos políticos y Parlamentos están en niveles muy bajos y el valor de la propia democracia como sistema de convivencia y gobernanza está fuertemente cuestionada en algunos países de la región. En este escenario, la adopción de leyes de paridad representa un aporte fundamental en la construcción de una nueva forma de política más inclusiva y diversa, que tiene el potencial de resignificar y fortalecer las instituciones y prácticas de la democracia representativa.

Referencias

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Piscopo, J. M. (2011). Gender quotas and equity promotion in Mexico. En A. Crocker (ed.), Diffusion of gender quotas in Latin America and beyond (pp. 36-52). Nueva York: Peter Lang.

Notas

[1] La Plataforma de Acción Mundial insta a los Estados partes a: «Adoptar medidas, incluso, cuando proceda, en los sistemas electorales, que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que los hombres» (art. 190b); y a «Examinar el efecto diferencial de los sistemas electorales en la representación política de las mujeres en los órganos electivos y examinar, cuando proceda, la posibilidad de ajustar o reformar esos sistemas» (art. 190d).

Los riesgos autoritarios que se ciernen sobre el planeta, en especial, sobre Latinoamérica, conducen a una reflexión que sugiere senderos prácticos para salvar la democracia constitucional.

La crisis global de la democracia que afecta a Latinoamérica obedece a causas políticas, sociales, culturales y antropológicas. El talante democrático de la ciudadanía se ha debilitado engendrando una circunstancia cultural en la cual los regímenes autoritarios son tolerados socialmente y se aprovechan de las elecciones como medios para alcanzar el poder y posteriormente destruir la democracia. Urge comprender las características que configuran el autoritarismo electoral de nuestros días para revertirlo desde sus raíces culturales y antropológicas y para lograr que la lucha por rescatar y mantener la democracia sea una batalla de toda la ciudadanía y no un mero asunto de elites sociales.

El fantasma del autoritarismo y el homo democraticus

Es por todos conocida la regresión universal de la democracia. Utilizando análogamente la expresión de Marx y Engels en El manifiesto comunista, un fantasma recorre el mundo: el fantasma del autoritarismo. La ciencia política ha advertido reiterada y consistentemente este fenómeno desde hace, por lo menos, una década. En todas las latitudes existen causas políticas, sociales, económicas, culturales e incluso antropológicas que configuran entornos en los que es difícil preservar consolidada la democracia. Quedan lejanos los años inmediatos a la caída del Muro de Berlín en los que se presumía que la democracia constitucional se había establecido perennemente como sistema político en el marco del fin de la historia y de la muerte de las ideologías (Fukuyama, 1992).

Aunque abunda literatura científica que describe la situación enunciada en el párrafo anterior, en este artículo conviene referir algunas ideas que sirvan de contexto al contenido que desarrollaré posteriormente.

La idea central, de la cual derivarán las sucesivas, tiene carácter antropológico (Bautista de Alemán, 2021b). Aunque sea difícil establecerlo cuantitativamente, es advertible un vaciamiento universal del concepto de ciudadanía, que se traduce en un desapego generalizado por los sistemas democráticos. En el ciudadano —el homo democraticus, como tiene por nombre la controversial estatua de Donatas Motskus en Riga (Latvia)— se ha diluido la cualidad esencial de demócrata. La ciudadanía democrática se ha venido convirtiendo gradualmente en un estatus pasivo e inercial. Preocupa que prevalezcan una suerte de individualismo e indolencia respecto de la democracia que desarticulan a los ciudadanos —desconectándolos unos de otros— e impiden tejer sólidas redes de resistencia ante los aluviones autoritarios que están a la orden del día.

La segunda idea es de índole cultural. Un homo democraticus languideciente se proyecta tal cual como es sobre la cultura de la nación a la que pertenece.[1] De hecho, conforma esa cultura. La constituye. Es imposible que la falta de compromiso de los ciudadanos por la democracia no se traduzca en condiciones culturales adversas para la supervivencia de la propia democracia. El debilitamiento de la democracia a nivel antropológico se convierte fácilmente en una falencia sistémica y, por lo tanto, en el caldo del cultivo de regímenes autoritarios marcados por la anomia y la tolerancia a la injusticia (Pérez Perdomo, 2019). Y en esto cobra especial importancia la despolitización que inunda las artes, los medios de comunicación, las redes sociales e, inclusive, los sistemas educativos, entendida esta como la pérdida de conciencia personal y colectiva de la radical importancia de lo político y de la política para la vida humana buena (Mounk, 2018).

El debilitamiento de la democracia a nivel antropológico se convierte fácilmente en una falencia sistémica y, por lo tanto, en el caldo del cultivo de regímenes autoritarios.

La tercera idea guarda relación con la erosión del Estado de derecho y la autocratización de las judicaturas. Una vez proyectado sobre la cultura el desapego a la democracia que caracteriza al homo democraticus se debilitan las instituciones, incluyendo los sistemas de justicia. La falta de valoración positiva sobre la democracia permea rápidamente a las instituciones (Gessen, 2021). En este sentido, las instituciones también comienzan a perder cualidad democrática y a funcionar más por las opiniones generalizadas de la ciudadanía que por las prescripciones constitucionales y legales. Son penetradas por la seducción del autoritarismo, que responde en su raíz tanto al homo democraticus menguado como al quebranto de la cultura de la democracia. En consecuencia, las instituciones del Estado constitucional también pierden habilidad para sostener la democracia y para resistir los delirios autoritarios.

La cuarta idea alude a la regresión universal de la democracia que fue señalada anteriormente. El declive de la democracia es global. La crisis del homo democraticus y de la cultura de la democracia es un virus que parece expandirse sin encontrar vacunas de neutralización. Actualmente están en entredicho las ideas mismas de la democracia liberal y del gobierno representativo. Vladimir Putin y su intento de invasión a Ucrania han demostrado que la sumatoria informe —mal digerida— de las desconsolidaciones democráticas singulares de las naciones libres con la existencia de enclaves autoritarios previamente prestablecidos puede derivar con velocidad insospechada en resquebrajamientos del orden mundial;[2] un orden que —después de la segunda guerra mundial y de la caída de la URSS— debería ser indubitablemente de democracia constitucional y de respeto pleno de los derechos humanos. Y todo esto sin hacer mención del problema más severo que acecha hoy en día a la democracia liberal: el crimen organizado como elemento de corrupción moral que traba eficaces redes de solidaridad autoritaria entre las potencias dictatoriales del mundo mientras las buenas intenciones de las democracias del orbe caminan macilentamente y los mecanismos del derecho internacional público son insuficientes para proteger oportunamente la libertad.

Este es, pienso, parte del panorama antropológico y cultural que acoge el recorrido del fantasma del autoritarismo por el mundo.

El fantasma del autoritarismo electoral

En este apartado del artículo me corresponde examinar la naturaleza seudoelectoral del fantasma del autoritarismo o, lo que es lo mismo, en qué consiste el fantasma del autoritarismo electoral.

Una de las características de la democracia constitucional de nuestros días es que ha perdido capacidad de defenderse a sí misma de actores desleales. Me refiero a actores desleales en los términos clásicos con los que Juan Linz conceptualiza la expresión. Son actores políticos que de manera abierta expresan sus convicciones antisistema, antidemocráticas e inconstitucionales. Pero nunca superan el umbral de la legalidad formal y se cobijan cínica y malamente en la libertad de expresión, la tolerancia y el pluralismo político. Actores, en síntesis, que emplean el instrumental jurídico y de derechos humanos de la democracia para conspirar en contra de la democracia. Como ejemplo de estos actores podemos traer a colación a Hugo Chávez, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele cuando eran candidatos presidenciales. Nunca ocultaron sus intenciones autoritarias, pero tampoco salieron formalmente de la legalidad establecida para competir democráticamente por el poder.

Esta pérdida de capacidad de defensa ante los actores desleales a la democracia amerita algunas reflexiones que nos ayudarán a definir mejor la naturaleza del autoritarismo electoral.

La primera es que estos actores desleales encarnan el sentir antisistema y antipolítico del homo democraticus fatigado de la democracia. Los reflejan como un espejo fiel de la realidad profunda de las conformaciones sociales. Por eso, los actores desleales a la democracia son populares y carismáticos, y cuentan con altísimos niveles de aceptación (especialmente en periodos de campañas electorales).

La segunda es que estos actores desleales emplean el voto y la ruta electoral como sus principales elementos de lucha. El desprestigio (e inviabilidad) de la ruta armada para asaltar el poder y los altos niveles de popularidad de estos personajes hacen que para ellos el mejor negocio para satisfacer sus pretensiones autoritarias sean las elecciones. Los autócratas del siglo XXI son radicalmente electoralistas y, por lo general, se sienten muy cómodos ante episodios electorales controlados por ellos mismos.

Los autócratas del siglo XXI son radicalmente electoralistas y, por lo general, se sienten muy cómodos ante episodios electorales controlados por ellos mismos.

Pero en este particular debe hacerse una precisión. Para entender mejor a los líderes autoritarios de hoy hay que desdoblarlos en dos tiempos: el autócrata candidato y el autócrata jefe de Estado o jefe de Gobierno. El primero utiliza el marco de la democracia libre y verdaderamente competitiva para ganar elecciones. Pero es característico del autoritarismo electoral que, una vez que el autócrata conquista el poder y se convierte en jefe de Estado o jefe de Gobierno, intenta inmediatamente socavar las reglas de la democracia. Corrompe el sistema electoral y le resta o priva de competitividad.

La potencial corrupción del sistema electoral viene aparejada del intento de destruir la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Y esta es la tercera reflexión sobre el «éxito» de los actores desleales al sistema de libertades y la vulnerabilidad de la democracia. El fantasma del autoritarismo electoral requiere la simultánea perversión de las Administraciones electorales y de las judicaturas (Matheus, 2022). Porque un sistema electoral amañado requiere de jueces que lo alcahueteen según la voluntad del régimen autocrático imperante. Por eso, no es accidental que en Latinoamérica los ejemplos referidos anteriormente de Hugo Chávez, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele hayan logrado o estén intentando cooptar a los órganos electorales y a los máximos tribunales de justicia. En este sentido, el fantasma del autoritarismo supone el desmantelamiento gradual del Estado de derecho (Matheus, 2019b) y la corrupción de los jueces.

La cuarta reflexión es, quizás, la que más reta los intelectos o más cuesta asimilar de manera racional. El fantasma del autoritarismo electoral es prueba fehaciente de que la autocracia encuentra sus raíces profundas en las entrañas de las sociedades. Los líderes autoritarios de hoy pueden ganar elecciones y pueden desmantelar gradualmente las instituciones del Estado de derecho porque el homo democraticus que prevalece así lo tolera o así lo consiente. O, en el mejor de los casos, porque a ese homo democraticus prevaleciente no le supone ninguna preocupación la muerte de la democracia constitucional. Quiere vivir (o sobrevivir) en lo privado, al margen de las controversias políticas y partidistas que le resultan banales. Se verifica una huida de lo público que convierte la arena política y la lucha electoral en un campo descubierto por el cual campean impunemente los actores desleales a la democracia.

Los líderes autoritarios de hoy pueden ganar elecciones y pueden desmantelar gradualmente las instituciones del Estado de derecho porque el homo democraticus que prevalece así lo tolera o así lo consiente.

La quinta y última reflexión es sobre un fenómeno que podemos llamar la presunción democrática. Cuando aparece el fantasma del autoritarismo electoral (y de la autocracia en general) suele ocurrir que las élites políticas, intelectuales, empresariales, sindicales, comunicacionales, etcétera, subestiman la potencia destructiva de los modos autocráticos incipientes y sobrestiman la capacidad de resistencia de las instituciones democráticas preestablecidas. Se generalizan expresiones —poniendo de ejemplo el caso venezolano, que es el que me resulta más familiar— como las siguientes: «Hugo Chávez no es el autócrata que pinta ser o no podrá cumplir el proyecto autoritario que pretenden implementar». O expresiones como esta: «El liderazgo de Chávez es grande, pero Venezuela no es Cuba y en este país será imposible desbaratar la democracia». Se trata de una cierta incredulidad o de un estado de negación ante la eventual pérdida de la libertad y de la justicia. Ello trae como consecuencia que, en ocasiones, se creen clichés sobre la radicalidad o moderación con los que se juzga el autoritarismo electoral en su trajinar histórico: su lucha por el poder, su logro del poder y su mantenimiento a toda costa en el poder; y también ocasiona que, por miedo, se profundicen estructuras de censura y autocensura entre los medios de comunicación que impiden denunciar con realismo y con apego a la verdad la erosión de la democracia, la violación de los derechos humanos, la carencia de autonomía de las instituciones y el deterioro de los sistemas electorales.

Conclusiones

Habiendo analizado el rebrote global del autoritarismo y la crisis antropológica que lo hace posible, y habiendo reflexionado sobre algunas características del autoritarismo electoral, paso ahora a unas breves conclusiones, asociando cada una a sugerencias prácticas para la actuación en el rescate de la democracia:

1. La regresión universal de la democracia es un fenómeno cultural con raíces antropológicas. Por eso, la lucha actual por la democracia es necesariamente una lucha por la cultura y de pedagogía ciudadana, que debe mover a los ciudadanos a revalorizar los órdenes democráticos como las opciones realistas para vivir en libertad y con justicia social.

2. Conviene prestar atención a la arista antropológica de la crisis de la democracia (Bautista de Alemán, 2021a). El fantasma del autoritarismo que recorre el mundo ha pretendido crear en la práctica un hombre nuevo: el homo democraticus con alma autoritaria o sometido interiormente a la injusticia. Los luchadores democráticos, por el contrario, tenemos la obligación de liberar la conciencia de ese homo democraticus para que su identidad sea de genuino demócrata. Es decir, para que anhele vivir en democracia verdadera y sea capaz de comprometerse, en cuanto ciudadano activo, con ejercicio de los deberes asociados a la ciudadanía. Se trata de propiciar la vuelta a la política, la repolitización auténtica de las sociedades y que los ciudadanos asuman su condición de homo politicus que desea ser homo democraticus. La resistencia más cierta y prolongada en el tiempo en contra del fantasma del autoritarismo son hombres y mujeres que asuman la ciudadanía —según la clásica teoría de Jellinek— como un estatus activo.

3. Es importante desmontar la presunción democrática y hacer pedagogía de humildad colectiva en los pueblos. El declive global de la democracia demuestra que ninguna nación está predestinada por fuerzas históricas ni por el azar a vivir permanentemente en democracia. Todo lo contrario. La enseñanza práctica de Jefferson sigue más vigente que nunca: «El precio de la libertad es la eterna vigilancia». Una vigilancia que comienza en el alma del homo democraticus y continúa en las élites, las instituciones y las relaciones internacionales.

4. Sobre el uso de las elecciones para debilitar o derrotar los autoritarismos electorales quiero señalar lo siguiente. Como ha enseñado Andreas Schedler (2013, pp. 141 ss.), el poder de las elecciones en contextos autoritarios está en la doble circunstancia de movilizar a la ciudadanía hacia verdaderas aspiraciones democráticas y en colocar a los regímenes autocráticos en coyunturas (Matheus, 2019c) de errores de cálculo que les haga perder el poder (Haggard y Kaufman, 2016). Es algo como lo logrado por el PAN en México, en la procura de la transición democrática en ese país. En todo caso, la clave en el uso de las elecciones está en tener plena conciencia de la naturaleza del fantasma autoritario al que se enfrenta (Matheus, 2019a), hacer que la ciudadanía participe de esa conciencia, decir la verdad de las situaciones al margen de lo que se exprese en los aparatos oficiales de propaganda y, lo más importante, lograr que la lucha electoral no sea solo de los partidos y élites sino de toda la sociedad.

5. Finalmente, el realismo sobre los tiempos del cambio político y sobre los itinerarios de democratización. El camino a la democracia puede ser largo y gravoso. La perseverancia en la lucha democrática es un aspecto esencial del ejercicio cívico, colectivo, de la virtud de la fortaleza. Los pueblos deben luchar mientras persistan el fantasma del autoritarismo y las condiciones que lo hacen posible. Pero la verdadera madurez del homo democraticus se encuentra en entender que la democracia no solo hay que conquistarla e inaugurarla, sino consolidarla bajo el signo —ya mencionado— de la perenne vigilancia. Vivir en democracia es un privilegio ganado por el esfuerzo y heroísmo compartido de los ciudadanos. Y de esta manera, una vez más, cobran vida las palabras que presiden el edificio del Ayuntamiento de Hamburgo: Libertatem quam peperere maiores digne studeat servare posteritas.[3]

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Notas

[1] Al respecto cabe traer a colación la idea de Platón que Eric Vöegelin denomina principio antropológico, que refiere que la impronta cultural de un orden político es la misma impronta del alma del tipo humano que prevalece en ese orden político. Para Platón, la «ciudad es el hombre escrito en letras mayúsculas» (Vöegelin, 2006).

[2] Sobre Putin y su incidencia en la regresión universal de la democracia puede consultarse Gessen (2012).

[3] En castellano: «Que la posteridad trate de conservar con dignidad la libertad que engendraron los antepasados».

Los pasados 9 y 10 de septiembre, la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Alemania llevó a cabo su trigésimo quinto congreso nacional, el primero que se hace de forma presencial en tres años. Más de mil delegados de todo el país se dieron cita en la sajona ciudad de Hannover para discutir reformas a sus estatutos y comenzar formalmente los trabajos para definir un nuevo manifiesto programático.

La CDU es el gran referente mundial para los partidos humanistas, demócrata-cristianos, populares y de centro-derecha. Fundado en junio de 1945, a lo largo de su historia ha tenido liderazgos muy importantes e inspiradores, como Konrad Adenauer (el fundador del partido), Ludwig Erhard (padre del milagro económico alemán de la posguerra), Helmut Kohl (gran impulsor de la reunificación alemana) o Angela Merkel (quien gobernó Alemania durante dieciséis años). Actualmente, la CDU se encuentra en un proceso de renovación, después de pasar a la oposición tras las elecciones del año pasado.

Friedrich Merz

En una parte de su discurso, el nuevo líder de la CDU, Friedrich Merz, hizo una reflexión acerca de la identidad cristiana del partido. Merz aseguró que esto va más allá de la religión específica que pueda tener cada uno de sus militantes o dirigentes, sino que está relacionado con la imagen que tienen de la persona, como ser libre y responsable, poseedora de una eminente dignidad. Pero, además, tiene que ver con que, a decir de Merz, “en algún lugar de nuestro interior sentimos que hay una autoridad superior a la nuestra, y que quizá en este mundo sólo damos las penúltimas respuestas, y no las definitivas. Pero eso no nos debilitará en nuestra lucha y en nuestros esfuerzos por hacer todo lo posible por lograr una sociedad donde merezca la pena vivir, una sociedad más libre”.

La anterior deliberación tiene consecuencias muy hondas. Frente a esa izquierda dogmática que pretende responder mediante su ideología a todas las preguntas que abruman al ser humano, el demócrata-cristiano se presenta como alguien cauteloso, como alguien prudente, como alguien que sabe que la política no es el espacio para definir al hombre, sino el ámbito donde las diferentes concepciones sobre éste pueden dialogar en libertad y con respeto.

Identidad cristiana

Otro destacadísimo alemán, Joseph Ratzinger, insistía en que el Estado no constituye la totalidad de la existencia ni abarca toda la esperanza humana, porque el hombre y su esperanza van más allá de la acción política: esto le quita un peso al político. Así, para el ilustre Papa bávaro, la fe cristiana se constituye en un antídoto contra el totalitarismo, porque cuando la fe es una esperanza superior decae, vuelve a surgir el mito del Estado divino, porque el ser humano no puede renunciar a la plenitud de la esperanza (véase la homilía del entonces Cardenal Ratzinger en Bonn, el 26 de noviembre de 1981).

Frente a la política mitológica, dos ilustres alemanes, uno desde el pensamiento y otro desde la acción, pero ambos desde una identidad cristiana, proponen una política racional y realista. Una política que no pretende crear modelos de ingeniería social o de felicidad utópica que después se impongan sobre la ciudadanía, sino una política que sabe sus límites, que apela a la mesura, que es consciente de lo que puede y de lo que no puede conseguir, pero que no pierde la esperanza de trabajar todos los días para generar un conjunto de condiciones que permitan a cada persona, en libertad, construir su futuro.

Esta visión reivindica la razón, pero no una razón tiránica capaz precisamente de diseñar mitos políticos, sino una razón que no cierra la posibilidad de ser iluminada por la fe para entender que los paraísos terrenales no existen, que la expectativa superior del hombre excede este mundo, que la esperanza mítica de un orden de cosas óptimo, inmanente y autárquico sólo puede conducir al ser humano a la frustración.

Responsabilidad individual

Por eso Friedrich Merz insistió también en que cada persona es responsable por sí misma. Que no se puede pensar la política desde colectivismos arcaicos donde la libertad se atomiza y la responsabilidad desaparece, como ocurre hoy, por ejemplo, con las políticas identitarias que reducen al individuo a su pertenencia a un determinado segmento de la población.

A partir de tales reflexiones, sólo queda desear éxito al proceso de renovación que, con valentía y sin exentar riesgos, ha emprendido la CDU alemana. Porque su éxito será también, en buena medida, el de todos aquellos partidos que han decidido tomarla como referente indispensable.

Publicación original: Revista La Nación, 27 de septiembre de 2022.

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Simón Pachano es uno de los politólogos más prestigiosos de Ecuador. Cuenta con una extensa carrera de estudio sobre el sistema político de su país y, en especial, sobre el rol de los partidos políticos. Ante la actual crisis de representatividad que vive la región y los giros políticos que van marcando el mapa, lo hemos convocado para conversar.

Pachano es doctor en ciencia política por la Universidad de Salamanca y ejerce como profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ecuador. Es columnista del diario El Universo de Ecuador, desde donde semanalmente analiza la política ecuatoriana y latinoamericana.

Ruth Hidalgo: En lo regional, Colombia elige su primer presidente de izquierda. Venezuela sigue bajo el régimen de Nicolas Maduro, el socialismo gobierna en la mayoría de los países de Latinoamérica y ante la posible elección de Lula da Silva en Brasil, Ecuador parece ser la excepción en liderazgo de la derecha latinoamericana. ¿Cómo entender el actual momento político de Latinoamérica?

Simón Pachano: Creo que en parte el momento político podría ser calificado como un nuevo giro hacia la izquierda, no tanto porque la gente, los votantes, giren hacia la izquierda, sino porque los candidatos de esa tendencia son los que triunfan. Es lo que ya sucedió en el anterior giro según las encuestas; por ejemplo, la de LAPOP, donde se veía que la gente no es que se volvía de izquierda, se mantenía mayoritariamente en el centro, pero votaba a candidatos de la izquierda. ¿Por qué ocurrió esto? Fundamentalmente porque la gente está votando en contra de los partidos gobernantes entonces. A los gobiernos de derecha les tocó mal momento [económico], y ellos son los que estarían pagando las consecuencias.

¿América Latina hacia la izquierda?

Existen estudios que evidencian una tendencia en Latinoamérica de inclinación hacia la izquierda. ¿Considera que esta tendencia ideológica es real? ¿La sombra socialista recupera fuerza en los ciudadanos?

Yo creo que no. Considero que igual que en el giro anterior, no es un giro de la ciudadanía. Es de los gobiernos, de los políticos. Incluso, muchos de esos gobiernos que se dijeron de izquierda, creo que no son de izquierda. Por ejemplo, Kirchner, tanto Cristina como su difunto esposo, no se les puede considerar de izquierda. Sí que hay sectores de la izquierda que los apoyan, pero no creo que ni ellos ni sus gobiernos fueron de izquierda. Lo mismo el padre Lugo, en Paraguay, que se consideró de izquierda y no tuvo nada de gobierno de izquierda.

Hay que tener cuidado en diferenciar qué es cada uno de los gobiernos. Hay tipos de izquierda muy diferentes. Es muy diferente la izquierda chilena de la Concertación, esa que gobernó en el giro anterior, a la de Hugo Chávez. Es muy distinta la del Frente Amplio en Uruguay, incluso la de Lula, que fue un gobierno de centroizquierda, a la de Chile. No son lo mismo. Se diferencian los otros gobiernos que tenían una retórica muy radical, como la de Rafael Correa (y más retórica que hechos), por lo que hay que hacer esa salvedad.

Divorcio de las nuevas élites

A pesar del aparente respaldo en las urnas, estos gobiernos han perdido gran aceptación y popularidad en sus países. ¿Cómo ha visto el inicio del gobierno de Gabriel Boric? ¿Qué significa el revés sufrido por el resultado al plebiscito del pasado 4 de septiembre?

Creo que significa un divorcio de élites, entre la de Boric y la izquierda más radical en Chile. Ambas fueron quienes protagonizaron el llamado estallido del año 2019 y que la ciudadanía dijo «sí está muy bien, cambiemos la Constitución, vamos a una convención constitucional —como se llamó allá—. Hagamos una nueva Constitución y quitémonos la de la dictadura». Pero la convención se fue a un extremo que no es el que quiere la sociedad chilena, como quedó demostrado. Ahí hubo un divorcio muy claro y Boric, en la votación del 4 de septiembre del referéndum sobre la nueva Constitución, quedó con una votación cercana a la que obtuvo en la primera vuelta. Entonces, eso hace ver que el tema hay que tratarlo con más cuidado. No es el viraje de la ciudadanía, sino un viraje de los políticos; y, en este caso, a ellos les resultó mal.

[Lee también: ¿En qué se diferencia la nueva «ola progresista» en Latinoamérica?]

Crisis peruana

El caso peruano también merece un análisis profundo y es que, tras pasar por abruptos y repetidos cambios de mandatarios, se elige a Pedro Castillo y su gobierno parece perpetuar la crisis política, pasando por constantes cambios en su gabinete e incluso atravesando dos procesos de vacancia presidencial en el Congreso. ¿Cuál cree que es la raíz de esta crisis y qué salidas le quedan al Perú?

Me parece que la elección de Castillo es resultado de una crisis de extensa duración que tuvo la política; no de la economía, que siguió funcionado con piloto automático, como dicen allá. Esta crisis venía desde hace mucho tiempo y tiene que ver primero con la polarización entre el fujimorismo y el antifujimorismo, y la destrucción de los partidos políticos durante el régimen de Fujimori (fue un suicidio, igual que en Ecuador).

Todo eso se ha ido manifestando a lo largo de estas décadas. Es lo que ha dado lugar a que los presidentes sean muy débiles, a que no cuenten con mayorías en el Congreso y que además estén permeados totalmente por la corrupción. Todos los expresidentes, exceptuando el último interino, están procesados. Algunos han guardado prisión, otros están prófugos y uno de ellos se suicidó. Es una crisis mucho más grave y, sumada a la pandemia, generó condiciones para que en las últimas elecciones se fragmentara a tal punto la votación que cualquiera podía llegar a la Presidencia. Ahí sí no hubo ningún cambio, ni viraje de ninguna manera. Además, Pedro Castillo ha demostrado que no está capacitado para ser presidente. Es una persona que no estaba preparada. Ahí es donde se ve la necesidad de la profesionalización de la política.

Los errores de la política

En el contexto regional, ¿cree que esta tendencia de regresar a regímenes de izquierda se debe a errores cometidos por los gobiernos de centroderecha y de derecha? ¿Considera que ha habido falta de conexión con la gente e incremento en las brechas de desigualdad? ¿Qué errores estarían siendo castigados?

Sí, por supuesto que hay muchos errores de esos gobiernos, al igual que hubo errores de los gobiernos de izquierda. Recordemos también el impacto de la crisis agudizada por la pandemia. Este es un factor que no se puede dejar de lado, pero evidentemente hay una fuerte carga de responsabilidad en los gobiernos de derecha que no se preocuparon de aspectos fundamentales como la desigualdad y los niveles de pobreza. El caso colombiano y el chileno son muy ilustrativos. Colombia y Chile están entre los países más desiguales de América Latina; tienen indicadores económicos buenos en términos de crecimiento e inversión, pero en términos de igualdad son países muy deficitarios y eso les pasó factura. Justamente esto llevó a que la gente se volcara a las calles en esos dos países.

Relaciones entre Colombia y Ecuador

En Colombia, las pasadas elecciones estuvieron marcadas por el incremento en la participación, especialmente la juvenil, que dio como resultado el primer gobierno de izquierda y la primera vicepresidenta mujer y afrocolombiana. Como país vecino, ¿qué agenda bilateral deberán tener Colombia y Ecuador? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades?

Esta pregunta tiene dos componentes diferenciados. Uno es la llegada de la izquierda y de sectores que estuvieron excluidos históricamente en Colombia. Eso es un elemento muy importante y positivo para la democracia, porque tradicionalmente estuvo excluido todo un sector de izquierda que pareció que iba a tener cabida en la política colombiana a los comienzos de los noventa, cuando incluso se convocó la Constituyente para elaborar la Constitución del 91, cuando tuvo un papel importante el grupo que provenía del desmovilizado M-19. Sin embargo, esto se frustró. Hubo incluso el problema de asesinatos de dirigentes sociales y políticos. Por lo tanto, esto constituyó un cambio significativo que puede ser muy positivo para Colombia.

Por otro lado, mucho va a depender de cómo lleve Gustavo Petro su presidencia. Es decir, hasta dónde puede llegar si él es capaz de comprender lo que acaba de suceder en Chile con lo del referendo. Petro sabrá actuar con más tino; debe ver que son sociedades donde no se puede implantar un programa radical. No se pueden saltar etapas en países que han tenido una larga tradición conservadora de cambios muy graduales, que están acostumbrados a esto y que no aceptan transformaciones drásticas. Por otra parte, Colombia tiene instituciones fuertes, que pueden frenar cualquier posibilidad de radicalización de Petro.

Respecto a las relaciones entre Colombia y Ecuador, estas han sido bastante bien llevadas a lo largo del tiempo, salvo pequeñas excepciones, como cuando se permitió que grupos armados colombianos entraran a territorio ecuatoriano. Pero evidentemente no ha habido mayores problemas en ese sentido. Lo que tienen que acordar ahora los dos países es una política conjunta de combate al narcotráfico. Y es Ecuador quien debe tomar la iniciativa, porque es quien se ve afectado por la producción y el tráfico de narcóticos desde Colombia hacia el mundo. Una de las salidas es por Ecuador. Por lo tanto, este debe ser un tema esencial, casi eje de las relaciones colombo-ecuatorianas, aparte de los asuntos económicos y demás que han venido funcionando relativamente bien.

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En vísperas del XX Congreso del Partido Comunista Chino, a celebrarse en octubre próximo, Xi Jinping refuerza su estrategia dirigida al fortalecimiento de una nueva etapa del socialismo con características chinas.

Como lo refrendaba la resolución del Comité Central del PCCh emitida el pasado noviembre de 2021, el partido es el motor de la historia y de los logros del país. Sin embargo, las aspiraciones de Xi para extender su mandato por otro período se enfrentan no solo a los cuestionamientos internos de la élite política del partido, sino, además, a las consecuencias económicas de la pandemia de covid-19, las implicaciones de la postura del régimen chino frente a la invasión de Ucrania, y las crisis de Hong Kong, Taiwán y los uigures.

China aspira a cerrar la brecha para posicionarse como la nación más poderosa, tanto política como económicamente. Mientras, las grandes potencias occidentales enfrentan la amenaza iliberal que erosiona sus democracias. Sin embargo, el camino de Xi no está del todo resuelto a su favor, considerando los efectos que a lo interno sigue teniendo su férrea política en el manejo de la pandemia, y las repercusiones locales de esta, que han generado desasosiego entre la población, además de severas consecuencias económicas.

Complejidad administrativa del modelo chino

Una nación con las características demográficas que presenta China se traduce en grandes retos para el control político. El modelo chino se justifica en la complejidad cultural de su población por lo que en el desarrollo de su sistema político este ocupa un lugar relevante. La centralización político-administrativa está atravesada por el dominio ideológico del partido, sin importar que existan partidos menores o satélites, cuya labor es más de relevo que de influencia política. En otras palabras, una estructura fundamentada en el poder centralizador del PCCh, donde coexisten el socialismo con características chinas y una economía de mercado socialista.

[Lee también: La apuesta de China por el declive de Rusia]

El sistema de gobierno local está compuesto por 34 territorios de nivel superior, 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios y 2 regiones administrativas especiales (Tibet, Uigur de Xinjiang, Mongolia, Hui de Ningxia y Zhuang de Guangxi), se reproduce un mecanismo jerarquizado de control político donde conviven los poderes locales con las estructuras administrativas centralizadas bajo la vigilancia del partido. Un modelo de gestión política donde las autoridades locales interactúan con los niveles de autoridad central en un complejo entramado burocrático de 333 prefecturas, 2862 condados o distritos y 41.636 municipalidades.

Gráfico: República Popular China: divisiones administrativas y disputas territoriales

Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 3.0,

¿Democracia en lo local?

Ahora bien, mientras desde Occidente observamos un patrón que antagoniza con la noción de democracia como forma de gobierno electo por el pueblo mediante un proceso competitivo, en China la democracia popular presenta rasgos diferentes. Se trata de un sistema de cooperación y de consulta política pluripartidistas bajo el control del Partido Comunista Chino, en el que los ciudadanos desarrollan prácticas democráticas que incluyen la participación en asuntos locales.

Sin embargo, aun cuando hay quienes consideran que estas son suficientes como expresiones democráticas, a su vez reconocen que no se reproducen en los niveles superiores del sistema, tratándose entonces de una práctica circunscrita al ámbito subcentral. Especialistas como John Keane rechazan la descripción autoritaria del régimen chino pero reconocen que la membresía del PCCh solo representa el 7 % de la población del país, lo que denota un sistema que no guarda relación alguna con la democracia, desde el punto de vista de la participación y representatividad.

Se trata entonces de un modelo político que perpetúa la idea de un país bajo dos sistemas, un régimen socialista de partido único que promueve la noción de democracia tutelada.

Oficinas de calle

Según su marco jurídico, el sistema de autogobierno comienza con los comités de residentes. El nivel más bajo de gobierno es la oficina de calle, que tiene bajo su responsabilidad el monitoreo de comunidades residenciales y que, a su vez, reporta al gobierno municipal. Estos comités se consideran como una extensión del PCCh, una característica transversal en las expresiones de autogobierno y participación política que observamos. En un sistema que privilegia el control centralizado de la participación, con capas jerárquicas de poder que se van reduciendo hasta llegar a las élites que controlan el sistema.

Uno de los rasgos distintivos del sistema político chino es su aversión a la competitividad electoral. Es un régimen que permite la participación y deliberación local, mientras reserva el control de las decisiones políticas para las élites del PCCh. Es una versión (cuestionable) de democracia localista como mecanismo de protección de los cimientos del sistema de partido único de élites, una suerte de válvula de escape para las aspiraciones de participación y deliberación. Esto ha llevado a plantearse la idea de la democracia china como un modelo que hace concesiones a nivel local donde se generan niveles aceptables de satisfacción, sin que sea necesario expandirlo hacia los niveles superiores.

La democracia como espejismo

El debate sobre si la democracia en China es una creación legítima pasa por alto el uso de medidas descentralizadoras que, en procura de una desconcentración administrativa, aspiran a responder a coyunturas financieras y fiscales periódicas.

[Lee también: China: cuando el pragmatismo cambia]

A los avances y retrocesos en los procesos de descentralización se les suman los cambios demográficos, producto del acelerado crecimiento económico. Esto se refleja en el abandono de zonas rurales en busca de mejores oportunidades en las grandes ciudades, y en el subsecuente incremento de la pobreza.

En este escenario resulta conveniente aproximarse a la democracia local china como una experiencia que reduce la participación y la deliberación políticas al ámbito local, para limitar las decisiones políticas nacionales al espacio controlado por las élites del PCCh. El reconocimiento de su naturaleza no democrática, por tratarse de un régimen de partido único sin elección directa ni participación plural, está acompañado además de la convicción de que la participación y deliberación política local genera satisfacción suficiente y que hace innecesaria la aspiración de democratización aguas arriba del régimen político en China.

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El uso de militares en labores de seguridad pública en México inició en enero de 2007 por la escalada de violencia que se vivía entonces debido a la expansión del crimen organizado. La estrategia del Gobierno federal (nacional) inició en el estado de Michoacán, y los presidentes Felipe Calderón (Partido Acción Nacional) y Enrique Peña (Partido Revolucionario Institucional) tuvieron presencia militar en muchos estados y municipios a petición de los gobiernos locales, con miras a contener y recuperar zonas en donde el crimen organizado empezó a tener control.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se creó la Guardia Nacional, que, en la reforma que se aprobó en mayo de 2019, se indicaba que debía ser civil y con mando civil, aunque transitoriamente podía ser conformada por elementos de las fuerzas armadas (teniendo hasta el 24 de marzo de 2024 como plazo para hacerse completamente civil). Sin embargo, en septiembre de 2022 se introdujeron dos iniciativas que están cambiando el panorama.

Nuevo horizonte en la seguridad pública

La primera iniciativa fue presentada por el presidente López Obrador y en los hechos militariza cien por ciento la Guardia Nacional. Esta propuesta ya está aprobada y establece lo siguiente:

• La integración central de la Guardia Nacional es de carácter militar. Las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública se delegan prácticamente por completo en la Secretaría de la Defensa Nacional.
• El titular de la Defensa Nacional tiene facultad de ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
• El cuerpo militar en la Guardia Nacional no pierde su esencia porque se prevé que las sanciones administrativas sean juzgadas en el fuero militar.
• Se establece la obligación de la Guardia Nacional de auxiliar a la Fuerza Armada Permamente en el ejercicio de sus misiones cuando así lo disponga la persona titular del Poder Ejecutivo Federal (el presidente de la República).
• Propone que la Guardia Nacional intervenga (sin solicitud previa) en cuestiones de seguridad pública a estados y municipios.

Para lograr todo esto se hicieron modificaciones a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y su Ley de Ascensos y Recompensas porque el presidente sabía que no lograría la mayoría calificada (2/3 del Congreso de la Unión).

La reforma, aprobada y publicada el 9 septiembre del presente año, ha sido señalada por organismos internacionales que incluso han solicitado al gobierno de México un plan de retiro «ordenado, inmediato y verificable» de los militares de las tareas de seguridad en el país; pero no modifica la Constitución, aunque atropella aspectos suscritos expresamente en la Carta Magna, por lo que seguramente será la Corte la que tenga la última palabra.

Reformar la Constitución

Existe una segunda iniciativa presentada por el PRI también a inicios de septiembre que sí es de carácter constitucional, por lo que su proceso de aprobación es más largo y complejo (se debe aprobar por dos tercios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y debe ser aprobada por la mitad más uno (17) de los Congresos locales) y lo que aborda es:

• Prorrogar hasta el año 2028 el acompañamiento militar dentro la Guardia Nacional y no hasta el año 2024 como estaba planteado.
• Retoma temas que habían sido eliminados de la propuesta original del presidente López Obrador como evaluaciones e informes al Congreso, además la conformación de una comisión bicameral para tales efectos.

El problema que subyace con esta segunda iniciativa no es sólo que lleva la reforma de la administración de la seguridad a la Constitución, sino que en junio del presente año la oposición conformada por el PAN, el PRI y el PRD firmó una moratoria constitucional. Este es un documento en el que los partidos se comprometieron a no hacer modificaciones a la Constitución durante los últimos años del mandato de López Obrador. El PRI ha sido parte del bloque opositor y está cayendo en una gran contradicción que puede devenir en un reacomodo en las fuerzas y equilibrios políticos.

Propuesta que divide

La iniciativa presentada por el PRI además de romper el compromiso adquirido al firmar la moratoria constitucional ha dividido profundamente a dicho partido, ya que en la Cámara de Diputados votó con el bloque del Gobierno logrando la mayoría calificada que se requiere pero en el Senado de República, al no alcanzar los votos necesarios, pospusieron la discusión y votación.

En la actualidad, y luego de estas iniciativas que trastocan el armado de la conducción de la Guardia Nacional mexicana, la militarización de la seguridad pública es un hecho legal pero todavía no constitucional. Sin embargo, si se analiza el presupuesto asignado para la militarización (221.000 millones de pesos, equivalentes a 10.900 millones de dólares) frente al presupuesto que tienen todas las policías municipales (122.000 millones de pesos, equivalentes a 6.020 millones de dólares), es evidente que en la práctica se está implementando.

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Las redes sociales no responden a las viejas reglas de planificación de campañas. Por eso, el mundo digital despierta recelo en los políticos y sus consultores.

De todas, TikTok es la más desconcertante. No la pueden acusar de agresiva como a Twitter, porque allí todo es humor. No pueden recelar del impacto de la desinformación porque en TikTok nadie se toma nada en serio (solo 7 % accede a noticias por ahí). Tampoco pueden atribuirle esa manipulación que sospechan de Facebook, aun cuando no encontraron pruebas ni cuando la plataforma abrió sus archivos a la investigación de Cambridge Analytica. Menos probable es que puedan encontrar algo en lo poco que se conoce del algoritmo de la aplicación china.

Que desde la pandemia esa aplicación siga siendo la más instalada en los teléfonos despierta la codicia de los equipos de campaña. Pero en esos mil millones de usuarios es difícil encontrar votantes. Esas comunidades no son equivalentes a audiencias estables: solo 0,1 % usa TikTok en exclusividad.

El idioma de TikTok

Las redes sociales no son medios, sino lenguajes que no se aprenden de un día para otro. La mayoría de la sociedad es políglota: quien usa TikTok no abandona Facebook ni YouTube y los combina con el resto de plataformas. En cambio, la política suena en ellas como el esperanto, que mezcla un poco cada lengua sin que se entienda totalmente en ninguna.

Los supuestos éxitos de José Antonio Kast en Chile, o Rodolfo Hernández en Colombia, remedan algunos formatos de la red, pero resultan como los tíos que se cuelan en el karaoke. Hasta sus videos con más participación (engagement) representan cifras exiguas al lado de las que logran cuentas particulares.

Según Herranz y Sidorenko, en el libro Narrativas digitales, en TikTok predominan los «contenidos dinámicos en torno al entretenimiento, con grandes cantidades de estímulo visual, exigencia creativa, rapidez de producción y de consumo de contenidos. En otras palabras, comunicación efímera y muy estimulante en lo audiovisual». ¿Se animará la política a hablar en TikTok?

El infinito en quince segundos

TikTok es una aplicación de microvideos que vino a confirmar cuánto valora la brevedad el mundo digital. Otras aplicaciones copiaron inmediatamente formatos de hasta un minuto, pero TikTok es el reino de los 15 segundos. Una eternidad en internet, donde la atención a un mensaje no supera los 6 segundos.

Si bien la publicidad lleva más de un siglo condensando ideas en medio minuto, lo hace con fines deliberados con una estética producida. En las cuentas de TikTok predominan los mensajes sin finalidad aparente, grabados en el baño, el auto o en otros lugares miserables. Paradójicamente, un estudio de Nielsen para la empresa china muestra que los usuarios valoran que sea un ambiente auténtico, genuino, sin filtros. Más de la mitad dicen que pueden ser ellos mismos y confiar en que los demás también. Nadie dice esto de la publicidad política.

El triunfo del absurdo

TikTok puede mostrar el un video de fabricación de calzado de lujo al lado de los secretos de un zapatero remendón; influenciadoras patrocinadas por marcas de moda seguidas de cincuentonas que se mofan de su menopausia. El menú está lleno de eso que la elite bien pensante llama cuerpos no hegemónicos, discursos estereotipados y demás exquisiteces intelectuales. En la plataforma conviven niñitos que hacen sus gracias con adultos rayando en las obscenidades.

Mientras la política sigue posando para fotos con sonrisas que nadie cree, los videos de Tiktok se crean para provocar la carcajada de quienes los ven. La diferencia entre el retoque de la fotografía política y los filtros de la aplicación es que estos son siempre explícitos y están disponibles para cualquiera.

El mensaje es que no hay mensaje

TikTok premia el absurdo. La cuenta más popular es de un migrante senegalés que vive en Italia, que se convirtió en un icono de estos tiempos imitando el emoji que extiende las palmas hacia adelante. 150 millones de seguidores aman ese gesto de perplejidad de Khaby Lame ante las tonterías que circulan en la red.

Khaby es un verificador de los videos de DIY (‘hágalo usted mismo’) más absurdos con el lenguaje del cine mudo. Su mérito es reírse desenfadadamente de la red con sus usuarios. Esta es una pista de por qué los políticos que han logrado más éxito en esta red han sido los outsiders que vienen con el mismo espíritu de desacralizar el sistema.

La copia es lo auténtico

La narrativa de TikTok es parásita: se nutre de otros audios y videos que se ponen a disposición para que sean editados, doblados, comentados con tanta facilidad como sofisticación. Se trata de la narrativa transmedia, basada en la colaboración en red. Desafiando al mundo de los derechos de autor, en TikTok todo el mundo está deseoso de ser copiado, editado, reutilizado.

Esa mitad de la población latinoamericana de menos de 31 años, que se ha criado siendo gamer antes que espectador, solo entiende de participación. El desafío que hace TikTok a los consultores de campaña es que ya no son los directores de orquesta, sino como esos DJ que crean nuevos sonidos con músicas de otros.

El reino del humor y del amor

Cada año, la Emojipedia confirma que los emoticonos preferidos son las caritas felices y los corazoncitos. TikTok ha hecho de esa parte gozosa de la red su mercado, dentro del que cabe incluso la guerra de Ucrania. Cuentas que hasta febrero de 2022 se dedicaban a la moda, las recetas o los videojuegos, se convirtieron en cronistas fiables de sus tristes circunstancias gracias al vínculo emotivo que tenían con su comunidad.

Para muchas personas, lo que ofrece el ambiente digital es el estado de bienestar que tienen a su alcance en estos tiempos. TikTok es la aplicación donde se pasa más tiempo: unos 95 minutos diarios en promedio, según el informe de julio de 2022 de WeAreSocial, más que YouTube (74 minutos).

Apostar al algoritmo

El algoritmo de TikTok tiene algo de máquina tragamonedas, donde la emoción, la carcajada, es la ganancia eventual que invita a renovar la apuesta. También las vistas responden a la lógica casino más que al número de seguidores. A veces, un creador descubre que su promedio de cientos de vistas se multiplicó a millones. La tómbola convierte en estrellas a seres ignotos y anima a otros a intentarlo.

Cuando Instagram copió esa lógica y equiparó en exposición la gracia de un ser anónimo con las fotos de las celebridades, las Kardashian se quejaron públicamente. No entendían que sus millones (de seguidores y de facturación) fueran para el algoritmo lo mismo que una publicación cualquiera.

Es gracioso que el recelo que tiene la política con TikTok se parece bastante al de las Kardashian. La democratización quizás no consistió en que todos accedieran a la atención, sino en que cualquiera pudiera obtenerla. En Tik Tok, los políticos no solo compiten con los outsiders que no temen al ridículo, sino con ciudadanos que tratan con gracia hasta las cuestiones más severas, como la señora que hace una crítica al modelo educativo y obtuvo 90.000 vistas en su cuenta, y le regaló más de un millón al señor copió un fragmento en su Twitter.

Si, como definió Alessandro Baricco, el término bárbaros, «nos había servido para resumir la irritante diversidad de gente a la que no lográbamos entender ni domar», se entiende que para una política que no habla el lenguaje de las redes, estas representen la barbarie.

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Sobre Angela Merkel se ha escrito mucho. La excanciller alemana (2005-2021) ha sido una de las figuras políticas más importantes en lo que va del siglo XXI. Sin embargo, no abundan biografías y literatura en español sobre su paso por el gobierno de Alemania, la principal economía europea. En ese vacío de textos que ayuden a comprender un personaje estelar, cuya influencia marcó el mundo tal y como lo conocemos, el libro Angela Merkel: crónica de una era, de la periodista española Ana Carbajosa nos trae un aporte valioso.

Al grano

La biografía es audaz, creativa, se lee rápido y provee una batería de datos relevantes tanto para el que se está desayunando con la política alemana como para quienes han venido siguiendo el pulso durante los dieciséis años de Merkel en el poder.

Carbajosa tiene la virtud de ser periodista y abogada, lo que se evidencia en una escritura estructurada que privilegia las frases cortas y la síntesis. Además, ha sido corresponsal internacional en una diversidad de países. Ella va al grano. La obra se lee rápido, lo que se agradece en tiempos de tantas publicaciones necesarias sobre el cada vez más amplio universo temático de la humanidad. Habla sobre «una política distinta» de su biografiada:

Merkel ni siquiera tiene cuenta de Twitter. En tiempos de Tik Tok, de frases cortas, de la incansable competencia por la enésima ocurrencia en la red y de líderes efervescentes y mercuriales, la sobriedad merkeliana se ha convertido en un activo muy potente. Sus intervenciones son predecibles y aburridas. Merkel no da titulares. Pero cada frase tiene su porqué. Ese estilo, que en principio podría suponer una debilidad, se convirtió en una formidable fortaleza, especialmente durante la pandemia, cuando el mundo descubrió que tenía sed de una líder como ella. (p. 244)

[Escucha el pódcast El camino de Angela Merkel]

Un rasgo esencial para comprender el legado de Merkel es su praxis política asociada al cambio de opinión en momentos claves. La autora se pregunta «¿Flexibilidad? ¿Oportunismo? ¿Adaptación a los tiempos?» (p. 15). Son estas las interrogantes que la impulsan a descifrar el desempeño de la canciller.

Merkel es la líder que ha sabido leer a los alemanes como pocos. Esa manera de gobernar, pragmática y ausente de dogmas, con los cinco sentidos puestos en las encuestas de opinión y el sentir ciudadano, es precisamente lo que muchos le reprochan. La acusan de ir a remolque de la opinión pública, en lugar de abanderar los principios y las ideas estratégicas que deberían guiar al país. (p. 64)

Cualidades de la canciller

¿Cuál ha sido el método Merkel? ¿Cómo se implementa con éxito ese triunfo de la razón sobre la pasión en la que habitualmente está sumergida la política? Para examinar en detalle las cualidades de la excanciller, Carbajosa cita la opinión de Wolfgang Schäuble, colega de Angela Merkel en la CDU y quien fuera su ministro de Finanzas (2009-2017), y luego presidente del Bundestag (2017-2021).

La canciller federal tiene una inusual capacidad para almacenar todos los hechos y las informaciones. Es extraordinariamente inteligente, tiene una increíble fuerza intelectual, también física y psíquica. Sin olvidar que tiene una paciencia interminable. Ella jamás abandona la mesa de negociaciones. (pp. 127-128)

En la búsqueda de una mirada amplia sobre la figura de Merkel, la escritora suma una variedad de opiniones. Entre ellas la de Javier Solana, ex secretario general de la OTAN (1995-1999), una organización que con la invasión de Rusia a Ucrania ha cobrado más protagonismo que nunca. Solana —que, al igual que Merkel, es físico de profesión— explicó la síntesis de la orientación política que percibió en la líder:

Ella cree en la Unión Europea. Es una democristiana muy social, le preocupa el bienestar social, es una democristiana clásica a lo [Ruud] Lubbers. Es muy muy austera en todo. En el vivir, en la palabra. Quiere hacer cosas por la sociedad. Es más social que algún socialdemócrata. (p. 217)

Callar y pensar

Venerar el silencio es una facultad de la que Angela Merkel se ha declarado fan. La autora refiere una exposición hecha en 2013 por su biografiada:

«El silencio es una rareza en nuestra sociedad. Pensar mientras hablas no es tan fácil. Antes de empezar a hablar es necesaria una fase de silencio. El silencio es necesario para después hablar con inteligencia». (p. 136)

[Lee también: Angela Merkel según los autores de Diálogo Político]

El libro está organizado en una introducción y nueve capítulos. Comienza reseñando los orígenes de la familia y la vida de Merkel en la República Democrática de Alemania bajo la órbita de la Unión Soviética y el restrictivo orden de entonces. Narra su inicio en la actividad política, el ingreso a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el ascenso hasta ocupar el cargo más importante de su país.

Mención especial tienen la descripción panorámica del método Merkel, la opinión de la líder sobre el resurgimiento de la extrema derecha en Alemania y el feminismo. La gravedad histórica hizo que Angela Merkel terminara su mandato justo cuando el mundo atravesaba por su mayor prueba de fuego, gestionar la crisis que produjo la pandemia del coronavirus. La actualidad del libro permite mirar los primeros pasos de su gobierno ante un desafío que hizo tambalear a la humanidad.

Ficha técnica

Angela Merkel. Crónica de una era
Ana Carbajosa
Ediciones Península
Septiembre, 2021
320 páginas
ISBN: 978-8411000062
Disponible aquí

En las últimas semanas, al menos 14 periodistas de Cuba fueron obligados por la Seguridad del Estado a dejar su colaboración con medios independientes. Varios fueron forzados al exilio. Esta arremetida contra los medios es apenas el último capítulo de un año terrible en términos de represión del régimen cubano.

Durante este año, después de las mayores protestas populares en seis décadas, acaecidas los días 11, 12 y en menor medida 13 de julio de 2021, han sido encarceladas, juzgadas y condenadas alrededor de mil personas. La criminalización de la protesta, los juicios sin garantías y las penas ejemplarizantes incluyeron condenas de privación de libertad de más de 25 años.

En el mismo período, el régimen aprobó más regulaciones restrictivas respecto al uso de redes sociales y un nuevo Código Penal que criminaliza el activismo y busca inhibir cualquier posibilidad de articulación ciudadana. En noviembre de 2021 violó los derechos de asociación y manifestación a partir de la campaña de estigmatización en medios oficiales de la iniciativa Archipiélago y la negativa a autorizar la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de ese mes.

Exilio en vez de retorno

También durante este año se ha violado el derecho al retorno de las activistas Anamely Ramos y Omara Urquiola; y ha forzado al exilio a artistas como Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet. Esto por solo mencionar algunos casos. Decenas de miles de personas, incluyendo activistas, periodistas y artistas, han utilizado la migración para huir de condiciones de insoportable precarización de la vida, pero también de un régimen que ha dejado clara la imposibilidad de construir diálogos, aceptar las diferencias y buscar salidas políticas a las múltiples crisis que enfrenta. Un régimen que ha decidido cerrarse aún más ante la pluralidad y diversidad de la sociedad cubana.

Las imágenes de represión de las protestas, los discursos criminalizadores de los medios oficiales, la criminalización de los pobres, los negros, las madres han sido una constante en la denuncia de organizaciones de derechos humanos y de los opositores políticos. Un periodismo independiente cada vez más profesional ha puesto esas imágenes, denuncias y análisis en casi todas las plataformas existentes. Una persona mínimamente interesada está hoy más cerca de saber qué pasa en Cuba que hace dos décadas. Frente a esto, es recurrente la pregunta de qué tiene que pasar para que cierta izquierda ponga los ojos sobre Cuba.

Visión mitificada

La mayor parte de la izquierda tradicional en la región mantiene una visión mitificada de la Revolución cubana. La imagen de una pequeña isla del Caribe capaz de proveer salud y educación a sus ciudadanos tiene calurosa acogida en líderes y movimientos sociales latinoamericanos. La pregonada excepcionalidad de un pequeño país que construye el socialismo a 90 millas de la superpotencia alimenta el antimperialismo regional.

La disputa sobre Cuba sale siempre de los márgenes nacionales para trasladarse a una disputa geopolítica. Las izquierdas en el poder durante este año se han visto atrapadas en esa visión tradicional, quizás con la excepción, cauta y reciente, del presidente chileno Gabriel Boric.

[Lee Un año del 11J en Cuba]

Con características diversas, las izquierdas en el poder han utilizado el tema Cuba en sus agendas nacionales. Ya sea para reforzar sus posiciones independientes frente a Estados Unidos, para contentar sus militancias radicales o para alimentar sus redes de servicios y clientela partir de la cooperación médica o cultural.

Ni Andrés Manuel López Obrador, ni Gustavo Petro, ni Alberto Fernández han condenado la represión del Estado cubano. Tampoco lo ha hecho Lula, candidato delantero en la campaña presidencial de Brasil. En todos los casos se han mantenido o intensificado la cooperación, la solidaridad y la legitimación del régimen.

Alfombra roja

México tendió la alfombra roja al presidente cubano en su momento de mayor cuestionamiento, ofreciéndole un lugar de honor en su celebración patria. El primer viaje que hizo el nuevo canciller colombiano fue a Cuba, para ratificar el rol de esta en las conversaciones de paz, y sirvió para pedir que Estados Unidos retirara a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo. Alberto Fernández defendió hace apenas unas semanas al Gobierno cubano en la cumbre de la CELAC, mientras aprovechaba para pedir el levantamiento de «todos los bloqueos».

Más allá de los gobiernos, los movimientos sociales y colectivos académicos que se reivindican de izquierda mantienen un discurso y posicionamiento similar. La ausencia de pronunciamientos de condena de entidades como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, reconocido por su constante apelación a las diversidades sociales y el pensamiento crítico, es ilustrativa.

El etiquetado elusivo de Cuba como un «asunto complejo», difícil de entender, imposible de conocer, es empíricamente falso. Cuba es cada día un país más parecido a Latinoamérica, incluso en el repertorio de la protesta social, sus causas y las demandas de sus ciudadanos.

Si alguien personifica la postura lamentable de cierta izquierda sobre Cuba, es Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta el pasado 31 de agosto. Víctima de la represión, exiliada, política socialdemócrata y primera mujer presidenta de Chile. Durante su mandato, Cuba ha vivido uno de sus mayores ciclos de activismo y protesta social.

Ciclo de protestas

En este ciclo se incluyen las protestas de artistas y activistas contra la censura por el decreto 349, la huelga de hambre del movimiento San Isidro, las protestas del 27 de noviembre de 2020 y el 27 de enero de 2021, las condenas injustas y desmedidas a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, la represión del 11 de mayo de 2019 a los colectivos LGBTIQ+, la detención arbitraria y limitación de movimiento a periodistas y activistas. Durante su mandato el país ha enfrentado una aguda crisis sanitaria y la mayor ola migratoria de su historia, que no deja de desangrar al país. Casi 200.000 cubanos han abandonado la isla en los últimos 11 meses, y al menos 178.000 han ingresado a Estados Unidos. El éxodo no parece detenerse.

[Lee Mujeres y democracia: cinco miradas sobre un mismo desafío]

Tras el estallido social del 11 de julio de 2021, cuando ya muchas voces públicas se habían alzado, el día 16 de julio Michelle Bachelet emitió un breve comunicado en el que expresaba: «Es especialmente preocupante que haya personas supuestamente retenidas en régimen de incomunicación y personas cuyo paradero se desconoce. Todos los arrestados por ejercer sus derechos deben quedar libres sin demora […]. Insto al Gobierno a abordar los reclamos de los manifestantes a través del diálogo y a que respeten y protejan plenamente los derechos de todas las personas». En el mismo comunicado pidió el fin de las sanciones a Cuba, «dado su impacto negativo en los derechos humanos, incluido el derecho a la salud». Fue todo.

El silencio frente a la represión

A pesar de esto, de lo significativo de las protestas y del saldo de la represión que mantiene hoy a cientos de personas privadas de libertad por manifestarse, Michelle Bachelet no incluyó luego a Cuba en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2021. Sin guardar debida proporción, aludió incluso a protestas ocurridas —sin mayores traumas— en la democrática Europa y a eventos remotos del Sur global. Señaló, incluso, las graves situaciones de Nicaragua y Venezuela, pero nada más sobre Cuba. Ni lo cualitativo ni lo cuantitativo provocaron reflexión pública alguna de la alta comisionada.

Durante todo ese tiempo, una coalición de organizaciones de derechos humanos de la región se mantuvo dirigiéndole comunicaciones, en público y en privado, sobre la crisis en la Isla. Con posterioridad, una delegación de activistas cubanos, varios de estos con una postura ideológica progresista, se reunieron con ella. El silencio y la frialdad de Bachelet contrastó con el respeto dialógico sostenido hacia ella por sus interlocutores.

Las justificaciones esgrimidas por funcionarios de la ONU y simpatizantes de la expresidenta, de que estaba en marcha una política de gestiones discretas, se han visto contrariadas por los hechos. A la postre, Cuba no apareció siquiera en el discurso de despedida de su cargo.

Sea por nostalgia de militancias pasadas, por compromisos de sus formaciones políticas o por temor al chantaje del gobierno cubano y sus redes de simpatizantes, personajes como Michelle Bachelet continúan su vergonzoso silencio, sus susurros incómodos, sus lugares comunes. Semejantes actitudes, en el momento actual, adquieren ya ribetes de complicidad activa para con la represión. No hay argumento ideológico, técnico, jurídico, programático o, mucho menos, ético, que las justifique.

El proyecto político de Ortega para Nicaragua necesita una legitimidad mínima que la ciudadanía no le otorgó en las urnas en noviembre del 2021, y la comunidad internacional tampoco, con sus muestras de rechazo por las condiciones en las que se efectuaron esos comicios y sus resultados. Así, Ortega inició un nuevo período presidencial con un enorme déficit que necesita subsanar para darle estabilidad a su proyecto y recomponer sus relaciones con la comunidad internacional.

En esas condiciones, tiene urgencia de encontrar otras fuentes de legitimidad. Dos de esas fuentes son el sector privado y la Iglesia católica; ambos distanciados desde el estallido social del 2018. La estrategia que ha seguido para plegarlos a sus posiciones han sido la represión y el chantaje, mientras sobre el resto de la sociedad nicaragüense ha impuesto un estado policial revestido de legalidad con la aprobación de un conjunto de leyes que restringen gravemente derechos ciudadanos fundamentales, contraviniendo la Constitución Política del país.

Garrote y zanahoria con los empresarios

Con los empresarios, particularmente el gran capital, Ortega mantuvo relaciones de colaboración cercana desde antes de 2018. Entre ellos se estableció una alianza que llamaron el modelo de diálogo y consenso, de tal manera que, además de hacer negocios conjuntamente, los empresarios tenían una posición privilegiada para influir directamente en la definición de las políticas económicas. Esa alianza se ratificó en 2014 con las reformas que se hicieron a la Constitución en ese año.

El modelo funcionó bien hasta que Daniel Ortega decidió de manera unilateral realizar una reforma a la seguridad social en abril de 2018. La medida afectaba a miles de cotizantes y pensionados, personas de la tercera edad la mayoría de ellos; además, significaba un fuerte incremento para los empleadores. La gremial empresarial se pronunció inmediatamente rechazando la reforma, mientras que en las calles se produjeron las primeras protestas encabezadas por personas jubiladas que fueron agredidas por simpatizantes del gobierno. Esa fue la mecha que encendió el estallido social y abrió la crisis sociopolítica.

La alianza entre empresarios y Gobierno no se ha restablecido hasta ahora, de manera que Ortega ha decidido utilizar tanto el garrote como la zanahoria para atraerlos de nuevo. En el 2021 mandó a apresar, juzgar y condenar a varios empresarios privados. Estos se encuentran en la cárcel conocida como El Chipote, donde son sometidos a torturas y malos tratos, igual que los demás 205 prisioneros políticos que hay en Nicaragua.

Política tributaria en Nicaragua

Ha impuesto una política tributaria altamente impositiva que ineludiblemente llevará a las empresas y negocios al colapso en el mediano plazo. Además, durante las últimas semanas han intervenido empresas, modificaron varias leyes que afectan a las cámaras, federaciones y confederaciones gremiales del sector privado, así como otros organismos sin fines de lucro, y generan un fuerte sentimiento de inseguridad jurídica.

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Al mismo tiempo, ha buscado intermediarios como Dante Mossi, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la entidad financiera que se ha convertido en la principal fuente de fondos para el Gobierno. Mossi ha defendido públicamente a Ortega y ha pedido que se suspendan las sanciones que le han impuesto. En meses pasados, Mossi llegó a Nicaragua para sostener una reunión con empresarios privados, en la que les ofreció acceso a fondos provenientes de préstamos para actividades económicas. La mayor parte del sector no se muestra dispuesto a restablecer el acuerdo con Ortega, por mucho que hay empresarios que, por interés o por temor, sí lo quieren. Así, la ansiada legitimidad desean los Ortega-Murillo no les llega por ese lado.

La confrontación con la Iglesia de Nicaragua

Las relaciones entre Daniel Ortega y la Iglesia católica nunca han sido buenas. En la década de los ochenta, durante la Revolución sandinista, tuvo momentos álgidos como el agravio contra el papa Juan Pablo II en 1983, cuando visitó al país. A lo largo de esa década, el Gobierno sandinista persiguió y tomó represalias contra sacerdotes abiertamente opositores. Esas tensiones se mantuvieron aun después de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perdió las elecciones en 1990. Un ejemplo de ello fue la famosa parábola del cardenal Miguel Obando en 1996, previo a las elecciones presidenciales de ese año, que selló la segunda derrota electoral consecutiva de Daniel Ortega.

Años más tarde, Obando y Ortega establecieron una relación cercana, que —se rumora— estaba motivada por el chantaje político y se mantuvo hasta la muerte del primero en 2018. Como resultado, el principal protegido de Obando, Roberto Rivas, fue nombrado presidente del Consejo Supremo Electoral, facilitando las condiciones para que Ortega regresara a la presidencia en 2007 y se reeligiera consecutivamente en 2011 y 2016.

Mientras tanto, las tensiones con la Conferencia Episcopal eran evidentes, sobre todo a raíz de una carta pública que los obispos nicaragüenses dirigieron a Ortega en 2014, donde se refirieron a diferentes temas que preocupaban a la población, entre ellos, las necesarias reformas políticas. Con el estallido social de abril de 2018, Ortega le pidió a la jerarquía católica que mediara en el proceso de diálogo que se inició en mayo de ese año; sin embargo, la falta de voluntad del Gobierno y la posición firme de la Iglesia terminaron por tensionar nuevamente las relaciones entre ambos y dieron lugar a numerosos ataques y agresiones de parte del Gobierno.

Escalada de ataques

Desde inicios de 2022, los ataques escalaron los niveles de violencia. Uno de los más relevantes fue la expulsión del representante de El Vaticano en febrero; a eso han seguido ataques contra templos católicos, sacerdotes, organizaciones y medios de comunicación religiosos. De acuerdo con una recopilación realizada, entre abril de 2018 y mayo de este año han ocurrido 190 ataques de diferente tipo que incluyen vigilancia, cercos policiales, expulsión de sacerdotes, agresiones y amenazas, entre otros.

El episodio más reciente se dirigió contra uno de los obispos más reconocidos del país, Rolando Álvarez, quien fue sitiado por la policía durante más de dos semanas en la curia de su iglesia, literalmente secuestrado con una operación ejecutada en horas de la madrugada junto a varios sacerdotes que lo acompañaban, y trasladado a la capital para recluirlo en casa de su familia sin orden judicial ni justificación hasta la actualidad. Más de diez sacerdotes también han sido encarcelados, dos de ellos condenados en juicios irregulares por delitos de orden común, mientras sobre los demás no hay acusación formal.

El Vaticano se ha pronunciado sobre la situación en dos ocasiones. La segunda vez a través de una declaración del papa donde expresa su preocupación y llama al diálogo. Otras autoridades religiosas, particularmente de Latinoamérica, han expresado su solidaridad. Mientras tanto, la población en Nicaragua, mayoritariamente católica, se siente profundamente agraviada. De la Iglesia, Daniel Ortega tampoco ha logrado conseguir la legitimidad que busca.

Prisioneros políticos: secuestrados y torturados

En la actualidad, en Nicaragua hay más de 205 personas prisioneras políticas; un grupo importante de ellas se encuentra en El Chipote, una cárcel que originalmente se construyó como centro de detención preventiva y ha sido convertida en una prisión de máxima seguridad. Ese grupo está sometido desde hace más de un año a tratos crueles y torturas que se han extendido a sus familiares, quienes sistemáticamente denuncian que no reciben alimentación suficiente, no les permiten visitas regulares, libros, llamadas telefónicas, permanecen con las luces encendidas las 24 horas, o bien, en la oscuridad; tampoco reciben atención médica ni medicamentos y cuatro mujeres se encuentran en aislamiento total. Eso sin contar con que han sido enjuiciados y condenados en procesos totalmente irregulares en los que no se les ha permitido la defensa.

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Días atrás, presionado por el descontento que provocó con los ataques a la Iglesia y las denuncias de los familiares, el Gobierno de Daniel Ortega los exhibió públicamente por primera vez desde su detención en 2021 con el pretexto de unas «audiencias informativas» que no existen en los procedimientos legales. Con horror, la sociedad nicaragüense y el mundo pudieron observar que las denuncias de los familiares se quedaban cortas frente al estado de desnutrición, deterioro físico y psicoemocional que ya presentan a causa de las torturas. La reacción ha sido de rechazo total a la exhibición, dolor y alarma por su situación.

El cálculo político de Daniel Ortega y Rosario Murillo parece haber fallado en los tres casos. Así, siguen sin lograr la legitimidad que necesitan y, más bien, han incrementado los niveles de descontento entre los nicaragüenses y el más amplio rechazo de la comunidad internacional.

Una función de la política es administrar expectativas diferentes y a veces contrapuestas. El acceso a los servicios ecosistémicos es un buen ejemplo de posibles conflictos entre diferentes intereses. Una laguna, por ejemplo, puede ser un excelente lugar para deportes náuticos y pesca, para abrevar ganado, para obtener agua potable o para construir hoteles o viviendas a lo largo de sus costas. Sin embargo, según el destino que quiera darse al agua de la laguna, será necesario un manejo diferente. Esto comprende al agua, a los humedales costeros, los afluentes y toda el área de la cuenca. Aunque esto no sea evidente, urbanizaciones o actividades agropecuarias cercanas al agua pueden afectar irreversiblemente su calidad para uso humano.

Estos resultados negativos, por cierto indeseados, no son inmediatos. Por el contrario, se manifiestan en forma diferida. A corto plazo un determinado emprendimiento significa crecimiento económico, fuentes de trabajo directas y crecimiento en la zona. Sin embargo, es posible que a mediano o largo plazo las consecuencias de esa actividad afecten otros usos de los ecosistemas. Esto presenta un problema a los tomadores de decisión de la política. ¿Cómo incorporar eventuales consecuencias negativas de un emprendimiento en los procesos de toma de decisión?

El agua potable

Nuestra vida y nuestros hábitos de consumo se basan en supuestos. Así como todos los días sale el sol, saldrá agua potable de la canilla, habrá verduras frescas en el mercado y podremos dar un apretón de manos o un abrazo a nuestros seres queridos. Últimamente, el cambio climático y la pandemia de covid-19 nos mostraron que los supuestos en que se basa nuestra normalidad pueden tambalear. El entorno que consideramos seguro y que aparentemente siempre nos proveerá de lo que necesitamos puede cambiar rápida e inesperadamente. «Los extremos se caracterizan por el hecho de ser imprevistos», afirma el investigador Reimund Schwarze, de la Asociación Helmholtz. Necesitamos estar preparados para nuevos e inéditos desafíos.

Volviendo al ejemplo de la laguna: ¿nos sirve analizar el problema? Las causas del colapso pueden incluir el exceso de materia orgánica o la contaminación resultante de diferentes actividades en la costa o la cuenca. Una sequía o la disminución del caudal por extracciones directas o de los afluentes pueden agravar el fenómeno. Este deterioro de la calidad del agua implica la necesidad de incorporar costosos procesos de potabilización mediante filtros u otros sistemas. En el peor de los casos, la laguna en su totalidad puede dejar de ser apta para su función de proveer agua potable. Actividades que a corto plazo resultaron económicamente beneficiosas pueden generar costos importantes para mitigar los resultados imprevistos. El gran desafío es incorporar dichos costos desde el comienzo.

La descrita discordancia entre la escala temporal de los procesos ecológicos y la escala de la organización social vinculada a los procesos de toma de decisiones constituye un desafío enorme a la política. Por un lado, está la presión por mostrar resultados en forma de actividad económica. Por el otro, están los efectos no deseados de dichos emprendimientos sobre los ecosistemas.

Control ciudadano sobre los ecosistemas

El sistema democrático republicano permite, luego de un período de gobierno, que el soberano se exprese mediante el voto. Entonces, los políticos serán premiados o enviados a la oposición por los electores. La decisión electoral se tomará con base en la valoración de los logros del ejercicio del cargo, en el caso de Uruguay, durante los últimos cinco años. Las consecuencias a largo plazo y sus costos probablemente no sean tomados en cuenta.

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El problema es que los cambios en los sistemas socioecológicos son relativamente lentos, por lo que escapan a la capacidad de percepción humana. La vida humana se desarrolla en cierta escala temporal. No estamos adaptados para ver en detalle procesos naturales demasiado rápidos, por ejemplo, el movimiento de las alas de un picaflor. Algo similar sucede con los procesos lentos. No somos capaces de percibir el continuo deterioro de una laguna, de un bosque, de una playa. Esto es un desafío para los procesos de toma de decisión.

¿Cómo incorporar estos lentos cambios, tal vez de décadas o siglos, en procesos de decisión que deben ser tomados urgentemente? ¿Cómo evaluar la gestión política teniendo en cuenta las consecuencias a largo plazo de decisiones positivas a corto plazo?

Desafío a los partidos políticos

No hay recetas infalibles para evitar las consecuencias negativas en los ecosistemas por actividades económicamente redituables a corto plazo. Los estudios de impacto ambiental y las instancias de participación ciudadana que comprenden son un importante paso adelante. Sin embargo, las urgencias sociales y las de los políticos obligados a mostrar resultados concretos, atentan contra su eficacia. Esto lleva a descartar los riesgos y finalmente a externalizar los costos asociados.

Los partidos políticos están llamados a cambiar esta forma de funcionamiento si pretenden seguir siendo los protagonistas de los procesos de toma de decisión de lo público. Para esto deben incorporar en sus propuestas electorales estos problemas y las propuestas de solución. Pero fundamentalmente deben asumir el liderazgo, lo que implica a veces iluminar un camino tortuoso y lleno de escollos.

El cambio climático ya no es una amenaza: es una realidad comprobable. Los ríos en Europa, el derretimiento de los glaciares, las inundaciones en Asia son ejemplo de estos eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. Ponen a prueba la infraestructura, la seguridad de los ciudadanos y la disponibilidad de bienes y servicios de los ecosistemas.

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Lo que ayer era obvio, mañana puede que no lo sea más. Debemos aprender a navegar la incertidumbre. El éxito de los partidos políticos no puede basarse en promesas que cada vez más serán desafiadas por un clima cambiante y a menudo hostil. Es imperioso un sinceramiento. El tiempo transcurre, nos esperan desafíos difíciles. Las promesas de bienestar a corto plazo que no contemplen esto tendrán cada vez más las patas cortas.

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286 años. Según un informe de ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), es ese el tiempo necesario para que, al ritmo actual, las mujeres tengan los mismos derechos y protecciones legales que los hombres en el mundo. En cuanto a la representación parlamentaria, habría que esperar cuatro décadas para que esta sea equitativa.

Ante estas cifras alarmantes, cabe preguntarse cuál es el rol de la falta de paridad en la representación política en la actual crisis de legitimidad de la democracia en América Latina.

Democracia y equilibrio

En ámbito internacional, la Declaración de Atenas (1992) reconoció que la representatividad femenina en el sistema político no es solo un objetivo a ser perseguido por la democracia, sino que es condición sine qua non de esta. Se considera que, sin paridad, el sistema político es incapaz de responder a las necesidades de toda la ciudadanía. A nivel regional, el Consenso de Quito (2007) estableció la paridad como horizonte para las democracias latinoamericanas.

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En esa clave, el ejercicio de la ciudadanía significa, más que el derecho político a elegirse, la efectivización del derecho de representación. Por último, aunque la paridad se centra en lograr la representación igualitaria de mujeres y hombres en las instituciones políticas, implica también erradicar los obstáculos estructurales y culturales que dificultan el acceso de las mujeres a la toma de decisiones.

Con estas cuestiones en mente, preguntamos a cinco colaboradoras de Diálogo Político: ¿cómo podremos llegar al indispensable equilibrio en la representación en las instituciones democráticas de la región?

Testimonios

Fabiola Chambi, Bolivia

Si bien el dato de que faltan casi tres siglos para que se pueda alcanzar la igualdad de derechos es escandaloso y real, sería una falacia decir que las mujeres están estancadas, porque sí hay un camino avanzado.

La pandemia, la guerra y las crisis han golpeado a todos, pero para las mujeres han significado un retroceso histórico que está lejos del entendimiento de las políticas gubernamentales.

Aún vivimos en un mundo de hombres. Hay incomodidad y rechazo cuando una mujer llega a un cargo jerárquico. Hay machismo disfrazado como bromas de socialización. Hay cuotas femeninas solo por llenar la lista. Hay desigualdad y se la mira con normalidad.

Hay caminos que cuestan más, y esos son por los que transitan las mujeres.

Adriana Amado, Argentina

Si la participación pública de mujeres y hombres dista de ser equitativa en las instituciones democráticas, tampoco lo es en el espacio público donde no hay barreras de género para participar.

Las plataformas digitales permiten que cualquier persona pueda hacer escuchar su voz con idénticas herramientas, sin importar su rango, género o edad. Y, aun así, la participación en redes sociales sigue siendo mayoritariamente masculina (54 %). Esa diferencia se agranda en las redes profesionales, donde las mujeres somos menos del 44 %, como YouTube, LinkedIn y Twitter. La preferencia femenina supera el 57 % en TikTok y en Instagram Shop, y es más del 76 % en Pinterest.

Tomar la voz ya no es una decisión de editores o contratantes, sino de animarnos a usar herramientas a nuestra disposición, como muchas otras que a diario llevan la mirada femenina a las cuestiones públicas y políticas.

Johanna Cilano Pelaez, México

Algunos desafíos de la representación política de las mujeres tienen que ver con la violencia política, la exclusión de derechos y la necesidad de avanzar a una representación sustantiva.

Especialmente en contexto autoritarios como el cubano, el diseño de un Parlamento paritario lo ubica muchas veces entre los países de la región con mayores logros de inclusión en el tema, cuando en realidad el poder del Parlamento es simbólico y las mujeres se encuentran excluidas del círculo del poder, mayormente masculino y militar. Además, la existencia de un partido único, una ideología oficial y la criminalización del activismo y las disidencias limitan el ejercicio de derechos a mujeres opositoras políticas o activistas de la sociedad civil.

Ruth Hidalgo, Ecuador

Para llegar al objetivo de la representación paritaria entre hombres y mujeres es indispensable promover ambientes habilitantes para la participación de las mujeres. Esto pasa necesariamente por normativas que obliguen a los partidos a contar con estructuras formales de promoción femenina, por la visión de los gobernantes en contar con mujeres y por una sociedad que entienda que la democracia mejora con más mujeres participando.

Kristin Langguth, Alemania

En primer lugar, debe haber un cambio cultural en la sociedad. En segundo lugar, la conciliación de la familia y el trabajo son especialmente importantes para hacer más compatible y eficaz el compromiso político para las mujeres. En tercer lugar, debe quedar claro que las democracias siguen siendo dirigidas por los partidos.

Por lo tanto, los partidos tienen la responsabilidad de diseñar las estructuras internas de manera que se garantice la participación de las mujeres.

Desde Diálogo Político continuaremos promoviendo el aporte de las mujeres y el debate sobre su participación en la política y en todas las instancias de la vida social.

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La reforma político-electoral

Como cada presidente en cada sexenio, el pasado jueves 28 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados de México su iniciativa de reforma político-electoral, en la que se prevén cambios a 18 artículos constitucionales.

A pesar de ser el tipo de iniciativa que se esperaría de un Ejecutivo con amplia mayoría en el Poder Legislativo, su apuesta por retirar el financiamiento público ordinario [1] a los partidos políticos, además de convertir al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reduciría el presupuesto y las facultades del actual órgano electoral.

De acuerdo con la iniciativa, el nuevo INEC tendría que reducir de once a siete sus consejeros electorales; se aprovecharían las tecnologías de la información, como el voto electrónico. Y, a nivel legislativo, se desaparecería a los legisladores plurinominales (cuya función es garantizar representación a los partidos minoritarios). En cuanto a la propaganda gubernamental, se propone ampliar las excepciones para su difusión, además de obligar a cada estación de radio y canal a destinar treinta minutos diarios durante los procesos electorales.

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La razón de fondo es «abaratar» la democracia, dado que la impresión de boletas con candados de seguridad, entre otros aspectos de blindaje electoral creados especialmente por y para México, tienden a elevar sus costos. Se estima que la discusión de la reforma se realice en el verano de 2023, de acuerdo con el diputado Hamlet García, quien aseguró que Morena ya inició los trabajos de difusión del Parlamento Abierto. No obstante, dados los antecedentes de la fallida iniciativa de reforma eléctrica, su aprobación sigue siendo improbable.

Formación cívica en México

No obstante, los mecanismos pedagógicos continúan centrándose en la instrucción de conceptos u opiniones más que en el aprendizaje práctico-moral que regule los comportamientos de manera duradera.

Hasta el año 1993, el sistema de educación cívica y ética de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en las escuelas primarias estaba enfocado a sustentar un profundo sentimiento nacionalista que posteriormente fue reformado por el de una ciudadanía nacional, a través de un enfoque que apela a un tipo moral de adaptación a las leyes.

Pero, a partir de 2008, el programa se orientó hacia el desarrollo de ocho competencias cívicas y éticas, a saber: conocimiento y cuidado de sí mismo; autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, respeto y aprecio de la diversidad; sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad; manejo y resolución de conflictos, participación social y política; apego a la legalidad y sentido de justicia, y comprensión y aprecio por la democracia.

Aunque la visión se ha transformado, aún queda un gran trabajo pendiente respecto a la gestión pedagógica del saber práctico en la formación cívica a cargo de los docentes, conforme al estudio realizado a México por la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá.

En la actualidad, el INE responde a ocho atribuciones en lo federal y lo local, más las que los recientes tratados internacionales como el T-MEC le mandatan. Entre esas ocho principales se encuentra la de educación cívica, la cual segmenta a diversos grupos de edad con la finalidad de familiarizar tempranamente a niñas y niños en la materia electoral.

Si bien el INE y la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizan convenios de educación para su difusión conjunta, la realidad es que, al tratarse de un órgano constitucional y una secretaría de Estado, su acercamiento ha quedado a expensas de ideales políticos que en la actualidad restan presupuesto a las diversas atribuciones nacionales que ostenta el INE además de organizar elecciones.

Participación ciudadana y realidad social

Existen demasiadas expectativas en torno a la participación ciudadana. Conocemos oportunamente lo que se esperaría de ella en un sistema de representación democrática, es decir, un espacio político en el que todas las personas tienen la libertad de expresar sus criterios de acuerdo con un orden mínimo de respeto a los derechos de cada persona.

Sin embargo, para que la participación ciudadana opere oportunamente, existen principios básicos que deben ser asegurados, como la igualdad, la libertad y la seguridad. En un país como México, asolado por la violencia general y particularizada hacia mujeres y periodistas, resulta difícil imaginarse que exista un sentido de pertenencia a una comunidad donde las personas se desarrollen y confíen unas en otras.

Se trata de una reproducción constante de la violencia en cuyo caso se expresa un juego de dominación de los unos contra los otros. Por lo tanto, si la fuerza hace la justicia, ¿qué incentivo existe para participar en el orden establecido más que la obtención de algún bien o beneficio expresado de manera individual? Es necesario reforzar una formación cívica que muestre con hechos la utilidad de una resolución de conflictos que eleva la calidad de vida de quienes se suscriben a ella en comunidad.

La responsabilidad de los partidos políticos

Los principales interesados en atender el problema sistemático de la poca confianza en la representación de partidos deberían ser precisamente los partidos políticos. La reciente reforma política plantea recortes importantes al financiamiento público ordinario y la posibilidad de que esos gastos se financien a través de aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

Ante la eminente pregunta de si abrir la puerta del financiamiento de partidos completamente a privados asegurará los principios de confianza e igualdad en un país profundamente desigual y cooptado por el narcotráfico, surgen otras preguntas más.

Es bien sabido que la misión de un partido político es ganar elecciones, pero, para ganarlas, depende de una base cognoscitiva mínima de sus votantes para entender una cultura política.

En México, de acuerdo con el último estudio, Reflexiones sobre la participación ciudadana en México, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) del INE, la ciudadanía en secciones rurales acude en mayor proporción a las urnas (64,5%). Esto contradice la teoría de la modernización probada empíricamente en Europa y Estados Unidos, y deja como única razón el clientelismo electoral de dinero por votos ejercido por los partidos políticos en las poblaciones rurales de México.

Pensando de manera sostenible, se podría reflexionar si los pagos a operadores políticos y, a su vez, la compra de votos e incluso los tiempos oficiales de comunicación en época de campaña podrían ahorrarse en gran medida si de entrada las personas tuvieran clara la utilidad de su voto.

Conclusiones

En la disputa por la reciente iniciativa electoral, la discusión se centra en el aspecto financiero como parte de una ideología de austeridad que poco repara en la integralidad del entramado democrático.

Los actores involucrados, SEP e INE, deben, por una parte, reformular su pedagogía y, por otra, no sacrificar su atribución en la formación cívica, en detrimento de una supuesta austeridad. En tanto, los partidos políticos deben vislumbrar su responsabilidad en la formación de una cultura política que trascienda la propaganda realizada con fines electorales o la formación interna de sus cuadros.

Esto implica que, previo a debatir sobre el financiamiento público ordinario a partidos, se debería pensar en las ventajas de establecer el uso etiquetado de presupuesto a la difusión de una cultura democrática. Una eficiente formación cívica a nivel nacional requerirá de la cooperación de todos los actores democráticos involucrados.

El financiamiento a partidos no es el factor que convierte a la democracia en un sistema costoso, sino la falta de una formación cívica que encubre y fomenta prácticas clientelares con dobles costos para la sociedad.

Nota:

[1] Es decir, todo aquel que comprende los gastos para conseguir la participación ciudadana en la vida democrática; la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer; el gasto de los procesos internos de selección de candidatos; sueldos y salarios del personal; arrendamiento de muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares; la propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática. Fuente: Instituto Nacional Electoral.

Publicado el 5 de septiembre de 2022 en el blog de la KAS, oficina México

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Como todas las potencias que buscan una hegemonía global, China necesita un relato para hacer amigables sus pretensiones expansivas. Estos discursos son importantes, ya que, para legitimar el dominio por fuera de sus fronteras, no alcanza solo con misiles y billetes (aunque estos sean imprescindibles).

El relato chino

Podemos ordenar en tres grupos los ejes principales del relato chino. Primero, China es un país emergente, que sufrió grandes humillaciones y que está luchando contra la pobreza, lo cual la hace parte del sur global. En segundo lugar, China busca un mundo pacífico, donde la cooperación sea la llave de una prosperidad para todos, sin importar las diferencias (la «Ruta de la Seda»). El tercer eje es asimilar China a toda Asia.

Detrás de estas ideas, traducidas en diplomacia y negocios, China intenta sostener la expansión global de sus intereses y, sobre todo, la propia seguridad nacional y el control de su hinterland.

En su momento, Gran Bretaña tuvo facilidades para esto, beneficiada por su condición insular. La Unión Soviética aprovechó la coyuntura refundacional luego de 1945 para construir su cortina de hierro. Estados Unidos contó con que a fines de siglo XIX y principios del XX aún era posible hacer cosas que hoy son impensables (o lo eran, antes de la invasión a Ucrania).

Aun así, las potencias de cada época no dejaron de tener contratiempos en sus patios traseros. Los chinos tampoco la tienen fácil.

El barrio no es lo que era

El relato chino empezó a mostrar fisuras demasiado pronto cuando la Ruta de la Seda se topó con inesperados activismos sociales en Camboya, Myanmar, Sri Lanka y Malasia, azuzados por las consecuencias ambientales, sociales o la corrupción que dejó a su paso.

Filipinas logró derrotar al gigante asiático en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, por reclamos en el Mar de la China meridional. Vietnam no dudó en enfrentar militarmente a China para dirimir pleitos en la misma zona. India también le plantó cara en choques que arrojaron varios muertos en la zona de Cachemira. El gobierno indio, además, eludió reafirmar la posición de «una sola China». Mientras tanto, se mantiene en el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD), una alianza militar liderada por Estados Unidos con la que realizó ejercicios militares muy cerca de la frontera (de facto) con China.

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Japón apoyó públicamente a Taiwán, Australia consolidó su posición como referente regional de la alianza militar que busca contener a China, mientras que el nuevo presidente surcoreano rompió con la política de su antecesor y sumó más misiles norteamericanos a su arsenal.

Avanzar sobre las Islas Salomón fue importante para China, sumar apoyos en Timor Oriental y Brunéi también, pero son socios menores al lado de Indonesia, un país de 272 millones de habitantes, miembro del G20, decisivo en la ASEAN y que no está dispuesto a subordinarse a los intereses chinos.

No solo es la economía

Muchos de los países que rodean a China no solo son económicamente poderosos (a diferencia del patio trasero norteamericano). También poseen milenarias tradiciones, a veces imperiales, fuertes identidades étnicas y religiosas y una tradición de desconfianza con los chinos que el mero poder económico no logra desactivar. Wuhan solo aumentó los resquemores.

Como muestra se puede tomar nuevamente a Vietnam, uno de los pocos países comunistas del globo y que, a pesar de eso, ha preferido ser socio privilegiado de Estados Unidos antes que un aliado de su camarada chino.

Toda esta diversidad (y aún hay más) es difícil de comprender con miradas paternalistas o anteojeras ideológicas y eso puede inducir al error de considerar a la región como un simple apéndice del liderazgo chino.

Asia, un desafío y una oportunidad

La influencia china ha tenido dificultades para implantarse en su zona de influencia inmediata. Paradójicamente, su relato ha sido más aceptado en América Latina, empujada por dirigentes políticos ávidos de inversiones pero también por élites culturales, académicas y artísticas que depositan en China la esperanza anacrónica de un nuevo round contra el liberalismo y el capitalismo luego de la Guerra Fría.

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Sin embargo, la aceptación naif del relato chino también trae problemas. Entre estos esconde la evidente asimetría de la relación, presentándolo como un gigante bueno que viene a ayudar a la región en nombre de una victimología que une a los países emergentes. Al mismo tiempo, elude las dificultades de China para elaborar acuerdos transparentes y que respeten las normas de los países que negocian en esas desiguales condiciones.

Sobre todo, oculta que Asia es mucho más que China y que en ese continente hay otros potenciales socios dispuestos a generar alianzas comerciales y geopolíticas que ayuden a diversificar una dependencia que, más temprano que tarde, se volverá difícil de manejar (como todas las dependencias).

América Latina tiene una gran oportunidad si logra saltar dos murallas. Primero la china, que trata de oscurecer al resto de Asia en función su propio franchising. Después la ideológica nuestroamericana, que pretende convencernos de que el país gobernado por el Partido Comunista es la vía para subirnos al autobús del progreso social y la bonanza económica, volviendo a imponer discusiones que parecían saldadas luego de la caída del Muro de Berlín..

«Los precios de la energía podrán estar subiendo, pero la libertad no tiene precio». Estas claras palabras del presidente del partido, Friedrich Merz, y la demanda al Gobierno actual de un curso claro y estricto enmarcaron la 35ª congreso federal de la CDU. El congreso, que se desarrolló de manera presencial por primera vez en tres años, se considera como una etapa en la renovación de la CDU. Se discutieron bases programáticas y se dejó claro al público que la CDU vuelve a estar a la altura de su voluntad de asumir la responsabilidad del Estado en el futuro.

Los casi mil delegados decidieron cambios en los estatutos del partido, aprobaron una nueva carta de valores básicos, votaron la cuota femenina y un año de servicio civil obligatorio. En su discurso de apertura, el líder del partido, Merz, enfatizó que Alemania actualmente no necesita nada más urgente que un liderazgo y un rumbo claro respecto a la guerra de agresión rusa en Ucrania y la garantía de la seguridad energética. Y constató que justamente ahora el país tiene uno de los gobiernos más débiles de todos los tiempos.

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Además de fuertes críticas a la coalición del semáforo (llamada así por los colores de los tres partidos que la integran), Merz también reconoció los errores cometidos por la CDU en los últimos 16 años de participación en el gobierno, como el estado de la Bundeswehr (fuerzas armadas) y la fuerte dependencia de Alemania del gas ruso.

Nuevas bases programáticas

Los debates sustantivos del congreso giraron principalmente en torno a dónde quiere encontrarse el partido en el futuro: como el partido del centro de la sociedad. Tras la derrota en las elecciones al Bundestag el año pasado, la CDU se esfuerza por modernizarse y definir claramente las posiciones que la diferencian de otros partidos. Con este propósito, los delegados votaron una carta de principios, que brinda pautas para las bases programáticas, que serán desarrolladas por diez comisiones especializadas para principios de 2024. Los capítulos acordados brindan pautas claras respecto a la educación, la protección del clima, la equidad intergeneracional y la fortaleza económica, entre otros temas.

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El presidente de la comisión encargada de la elaboración del nuevo programa, Carsten Linnemann, enfatizó que el partido no debe reinventarse a través de un nuevo programa político, sino reflexionar sobre sus convicciones básicas. Como partido popular, la CDU debe reconciliar cada vez más las «posiciones socialcristianas, liberales y conservadoras» y representar a un electorad.

Seguridad para Alemania

La seguridad ciudadana a través de mayor presencia policial, siempre enfatizada por la CDU en programas electorales y debates, en los últimos meses incluye también la cuestión de la seguridad energética y la seguridad social en Alemania. El partido está tratando de presionar a la coalición gobernante mediante la votación de una moción que incluya una asignación para gastos energéticos de mil euros para los hogares más pobres y el establecimiento de un tope de precios para las necesidades básicas de electricidad y gas. Según el presidente del partido, el Gobierno federal parece carecer de un plan para evitar la inminente crisis energética. También la exigencia de mantener operativas las plantas de energía nuclear tiene como objetivo quitar a los ciudadanos el temor de pasar frío en su propio hogar en invierno.

Cuota femenina

Un punto controvertido del programa fue la votación de la cuota interna para las mujeres. Luego de un polémico debate y del alegato del líder del partido, que confrontó a los delegados con la pregunta de si el partido ya no se atrevía a dar un pequeño salto hacia adelante, la cuota se decidió por un escaso margen. Finalmente 559 delegados votaron a favor, 409 en contra y 11 se abstuvieron.

La propuesta presentada por el líder del partido Merz puede entenderse como un acuerdo entre las dos posiciones. A partir de 2023, el 30 % de los miembros en las direcciones a nivel de distrito deberán ser mujeres. Esta participación aumentará al 40 % en 2024 y al 50 % en 2025. Este reglamento expirará en 2029.

Un salto hacia adelante

En su papel aún desacostumbrado de oposición, el partido ha estado buscando respuestas a la multitud de puntos críticos en los últimos meses. No hay duda de que la paz en Europa se ha visto severamente afectada, principalmente como resultado de la guerra provocada por la invasión rusa a Ucrania. La CDU, una vez más, enfatiza expresamente que se están tomando medidas demasiado vacilantes de apoyo a Ucrania con armamento. Según todas las encuestas, este rumbo decidido del partido da a los ciudadanos la impresión de que la Unión vuelve a asumir un fuerte papel de liderazgo. Desde las elecciones federales de octubre de 2022, no solo ha aumentado el índice de aprobación en casi un 3 %, sino que también ha triunfado en las elecciones de los estados federados de Schleswig-Holstein y Renania del Norte-Westfalia.

En vistas a las elecciones en Baja Sajonia el próximo 9 de octubre, el congreso del partido también se utilizó como impulso a la CDU de Baja Sajonia con su principal candidato, Bernd Althusmann. Tomando como ejemplo la raza equina hanoverana, la CDU de Baja Sajonia ahora se esfuerza por dar un salto hacia adelante (#Weiterspringen) en la carrera por el puesto de primer ministro en ese estado federado.

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«Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos». A los 21 años, la entonces princesa Isabel de York ofreció un discurso radiofónico, premonitorio de lo que sería su conducta ejemplar durante sus 70 años y 214 días de monarca constitucional en el Reino Unido. Fue el 21 de abril de 1947. Cinco años después se convirtió en reina.

Isabel II, fallecida el jueves 8 de septiembre a los 96 años, se ganó en un lugar prominente en la historia mundial. Fue la reina que gobernó durante más tiempo en la historia británica.

El diario The Washington Post, a horas de anunciado el deceso, resumió muy bien el gran legado de la monarca británica: «Gran Bretaña está de luto por una vida de servicio y deber».

Monarca y defensora de las instituciones

El reconocimiento que líderes del mundo han dado a Isabel II no supone una defensa per se al régimen de la monarquía constitucional, sino a su papel de jefa de Estado y a su actitud de servidora pública resiliente. Su fallecimiento llega en momentos de una fuerte erosión de la confianza en los gobernantes y una opinión pública estupefacta ante un ambiente contaminado de incertidumbre y zozobra.

Su reinado ofreció a Gran Bretaña continuidad y estabilidad. Desde la era que se abría con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la arquitectura institucional europea, atravesó la tensionada Guerra Fría, hasta el malogrado siglo XXI, signado por la irrupción del populismo y el brexit, la pandemia de covid-19, las inestabilidades geopolíticas de la mano de China y Rusia, y las disrupciones a la economía y el comercio.

Entre la tensión y el conflicto

La monarca asumió con temple una vida intensa, moldeada por la responsabilidad heredada. Contribuyó a restituir la unidad angloirlandesa y a atemperar a más no poder un conflicto que empezó antes de que naciera y que se extendió a fuego hasta la década de 1990. Del mismo modo, escudriñó las disputas rupturistas de otras regiones celosas de una identidad propia.

Su reinado comenzó en época de guerras convencionales por tierra, mar y aire, y antes de la tecnología del teléfono rojo y la diplomacia de la Guerra Fría. La larga vida de palacio le brindó la posibilidad de convertirse en un personaje privilegiado para seguir de primera mano todas las vicisitudes del mundo. Estas fueron las trasformaciones radicales que vivió en primera fila: el declive definitivo del Imperio británico, el avance de los Estados Unidos como primera potencia del mundo, la construcción y derrumbe del Muro de Berlín —y todo lo que ello significó para el ajedrez global —, la guerra contra el terrorismo yihadista, el avance de China y un mundo bipolar en ciernes, y la reciente invasión rusa a Ucrania.

Demasiados acontecimientos afectaron el sentido británico de las cosas, pero Isabel II supo sortearlos con relativo éxito. Se distinguió por su estilo propio, de bajo perfil o poca exposición pública sobre los asuntos políticos domésticos más importantes, y una viva presencia internacional.

La roca de la institución

Como comentaba en estos días un editorial de Wall Street Journal, «sus puntos de vista personales sobre las cuestiones políticas importantes de su reinado, desde la crisis de Suez hasta el brexit, permanecieron desconocidos durante muchos años después de los acontecimientos y, en ocasiones, hasta el día de hoy». Esto refiere un enorme mérito, si se pone en perspectiva el desenvolvimiento del mundo líquido de hoy, donde es muy difícil evitar los reflectores mediáticos y quedar enredado en la lógica del espectáculo de la información o el envoltorio del escándalo, como les ocurrió a sus hijos y a algunos nietos.

Quizás por la maestría de la experiencia que le dio sobrevivir a 15 primeros ministros británicos, 14 presidentes estadounidenses y siete papas, o por un modo genuino de entender el ejercicio del poder, Isabel II supo «estar presente en el ojo público sin atraer los titulares de los tabloides».

El halo anticuado que envolvía a la reina, reforzado por protocolos dinásticos y andares palaciegos, no proyectaron, sin embargo, una figura demodé. Muy por el contrario, en cada momento supo ganar popularidad en su pueblo.

La sobriedad y hábitos clásicos se reflejaron en su vestimenta inmaculada que, con los años, se convirtió en complemento perfecto para su desenvolvimiento mesurado en el espacio público. Las palabras del presidente estadounidense Joe Biden fueron: «La reina Isabel II fue una estadista con una dignidad y constancia inigualables».

El mundo vive hoy la pérdida de una líder que supo surcar con entereza y sin aspavientos las aguas embravecidas del abismo insondable que es la historia.

Acceso a la versión en portugués.

Independencia o golpe

Este 7 de septiembre Brasil celebra los 200 años de su independencia. En lugar de desfiles en memoria de la fecha histórica, el presidente Jair Bolsonaro ha convocado a un acto en favor de su gobierno, en la playa de Copacabana. Habrá buques de la armada en el mar y aviones de la fuerza aérea en el aire. Es momento de reflexionar sobre la militarización de la escena política brasileña.

La escena que Bolsonaro organiza es evidencia de que él utiliza a las fuerzas armadas para proyectar el poder. En distintas ocasiones, a lo largo de los últimos cuatro años, el debate político brasileño ha gravitado alrededor de la discusión sobre si habría o no posibilidad de un golpe de Estado. Esa permanente tensión perjudicó la imagen de los militares y los involucró en disputas políticas, como si fueran una facción y no una institución de Estado. Sin embargo, los militares se han beneficiado mucho en los últimos años, ampliando su accionar en distintas áreas del gobierno y aumentando su participación en el presupuesto nacional.

Las redes de seguidores del presidente Bolsonaro piden un golpe militar liderado por él y que cierre la Corte Suprema de Justicia.

El 7 de septiembre del 2021, Bolsonaro dio un discurso a una multitud en el centro de San Pablo y prometió no cumplir las sentencias dictadas por un juez de la Corte. El vicepresidente, general Hamilton Mourão, acompañó a Bolsonaro en el acto. Aquella fue una escena sin precedentes en la historia brasileña. Mientras tanto, en Brasilia, se temía que camioneros pro Bolsonaro echaran sus camiones contra el palacio de vidrio de la Corte Suprema de Justicia.

El fantasma de la intervención militar

El temor a un golpe ha estado presente en el debate político brasileño desde las elecciones de 2018, cuando el excapitán del Ejército fue elegido, habiendo elogiado a la dictadura (1964-1985).

En las manifestaciones pro Bolsonaro siempre ha habido grupos que piden un golpe de Estado. Desde el comienzo de su gobierno, esos reclamos se fueron haciendo más explícitos.

En mayo de 2020, al comienzo de la pandemia, Bolsonaro convocó una marcha en Brasilia frente al cuartel general del Ejército. Montaba a caballo mientras sus seguidores pedían la clausura de la Suprema Corte y del Congreso. Antes de la marcha, Bolsonaro hizo un vuelo rasante en un helicóptero militar. Le acompañó el ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva.

En marzo de 2021, en un hecho sin precedentes, Bolsonaro reemplazó al ministro de Defensa y a los comandantes de las tres fuerzas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El ministro Azevedo e Silva escribió en una nota que «preservó a las fuerzas armadas como institución de Estado». Los comandantes reemplazados dijeron a Bolsonaro que no participarían de una «aventura golpista».

En julio de 2021, el diario O Estado de São Paulo reveló que el general Braga Neto, el nuevo ministro de Defensa, había amenazado al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, con que, si la propuesta de voto con papeleta impresa no era aprobada por la Cámara baja, no habría elecciones en 2022. El militar negó el contenido de la nota. El diputado, no. El día en que se votaba la propuesta, Bolsonaro ordenó que tanquetas del Ejército hicieran un desfile frente a la sede del Congreso.

Las fuerzas armadas se expanden

La necesidad de imprimir las papeletas de votos es parte de la teoría conspirativa, difundida por Bolsonaro —y por militares de alto rango—, de que el sistema electrónico de votación brasileño da espacio al fraude.

Siempre con la amenaza implícita de contar con el control de las fuerzas armadas, Bolsonaro entró en una disputa con la Corte Superior Electoral. Esta cedió e incorporó a las fuerzas armadas en el grupo que supervisa  la seguridad de las urnas electrónicas. Los militares echaron mano de los mismos argumentos falaces para cuestionar la seguridad del sistema de voto electrónico.

Desde 2018, las fuerzas armadas expandieron su radio de acción en políticas públicas que antes eran manejadas por civiles. En distintos momentos del actual gobierno, los generales han estado al frente de temas como:

• Control de la deforestación en la Amazonia.
• Gestión de la pandemia.
• La empresa estatal de petróleo (Petrobras) y la de energía eléctrica (Eletrobras).
• Ministerios que cuidan de la minería y del diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
• La entidad federal que cuida la biodiversidad (ICMbio) fue dirigida por un capitán de la Policía Militar.
• La agencia reguladora de medicinas (Anvisa) estuvo a cargo de un almirante de la Armada.
• En la Secretaría de Deportes estuvo un oficial militar.
• El Ministerio de Infraestructura estuvo siempre bajo el control de un egresado del Instituto Militar de Ingeniería.

Hacia 2020, el Brasil de Bolsonaro tenía más militares en el gabinete que la Venezuela de Nicolás Maduro.

Los años de Bolsonaro han sido buenos para los militares. En medio de una reforma de las jubilaciones que licuó beneficios para los civiles, los militares y los policías mantuvieron sus beneficios, y los oficiales de las fuerzas armadas recibieron un aumento de 40% en sus sueldos. Además, mientras áreas como salud y educación sufrieron recortes debido a la restricción fiscal, el gasto público con proyectos militares creció.

No habrá golpe

Las señales emitidas por las fuerzas armadas son ambiguas: por un lado, coroneles y generales ponen en duda la seguridad del sistema de votación; por otro, dicen a los diarios, casi siempre off the record, que no apoyarían un golpe.

En las élites políticas y empresariales, el apoyo explícito a un golpe es minoritario y restringido a un grupo que financia movimientos de apoyo a Bolsonaro. Sin embargo, en agosto, empresarios y banqueros firmaron la Carta por la Democracia, leída en la Universidad de San Pablo. El documento también contó con la firma de entidades tradicionalmente de izquierda, como sindicatos y gremios estudiantiles.

A diferencia de 1964, cuando el golpe militar fue apoyado masivamente por empresarios y gobiernos extranjeros, en 2022 la presión internacional se da en sentido contrario, sobre todo por parte de los Estados Unidos.

El escenario más probable es que, en silencio, el comando de las fuerzas armadas negocie con Lula en caso de que este regrese a la presidencia. La principal demanda militar probablemente será mantener ventajas jubilatorias para la familia militar y la financiación de proyectos considerados estratégicos para ellos.

Traducción: Lívia Prado, oficina Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer.

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La convivencia civilizada ha sido sacudida por la guerra de Rusia contra Ucrania. Nada justifica la sistemática destrucción de un país y el sometimiento brutal de sus pobladores.

En Europa y en el mundo democrático reafirmamos la paz como única forma de resolver los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Solo en el marco del respeto mutuo, aun en la discrepancia, estaremos en condiciones de enfrentar estos desafíos.

Desde hace 60 años trabajamos por la democracia, el Estado de derecho, la descentralización y la economía social de mercado, desde nuestras oficinas locales y los programas regionales, en múltiples formatos de capacitación y discusión. En nuestro día, reafirmamos el compromiso con la paz y la convivencia.

Hoy más que nunca se comprueba la vigencia del pensamiento de Konrad Adenauer: «La libertad compromete. Para nosotros solo hay un camino: el del Estado de derecho, la democracia y la justicia social. Solo hay un lugar para nosotros en el mundo: del lado de los pueblos libres».

Actividades del Día de la KAS 2022

Para celebrar nuestro día hemos previsto una variedad de debates y presentaciones sobre el futuro de Europa y nuestra especial responsabilidad asociada con este.

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A las 18.00 horas de Alemania [GMT +2], Friedrich Merz, presidente de la CDU de Alemania y de la bancada parlamentaria CDU/CSU, y la presidenta de la República de Moldavia, Maia Sandu, debatirán sobre la cohesión del mundo democrático frente a la guerra rusa en Ucrania. Estarán en debate la efectividad de las medidas tomadas hasta ahora y las opciones futuras para la UE y sus socios.

Usted puede informarse aquí sobre las diversas actividades del programa del Día de la KAS.

También podrá participar de las actividades por livestream o vía Zoom. Acceda a los links respectivos en la agenda disponible en la página web principal de la Fundación Konrad Adenauer.

La transmisión se realizará en idiomas alemán e inglés.

La obvia respuesta es un inapelable rechazo con un 61,87% versus un 38,13% del apruebo. En el plebiscito otaron 12,9 millones de electores. Es decir, el 85,3% del padrón electoral. Esto solo es comparable al porcentaje de participación que puso fin a la dictadura militar en 1989. Un dato clave: la opción rechazo ganó en todas las regiones, incluso en la región metropolitana (Santiago) y Valparaíso. En estas dos, según distintas encuestas, había posibilidad de que se impusiera la opción apruebo. No fue así.

Momento de prudencia

La lectura política debiera ser más prudente y analizar el contexto por el que atraviesa Chile. No hay espacio para triunfalismos, como se señaló desde casi todas las veredas del rechazo después de conocidos los resultados de los comicios.

Los distintos actores políticos de la opción contraria al apruebo se han puesto frente a los micrófonos para intentar capitalizar la victoria. Durante la campaña, no se habían dejado ver, por lo que no se puede sostener la tesis de que los vencedores son los partidos de oposición al Gobierno.

Tampoco ganaron los extremos que no buscan acuerdos mayoritarios y buscan instaurar constitucionalmente sus propias miradas de mundo. Esta razón, por la que muy posiblemente quedarán aislados si no cambian de postura y actitud, no permitirá alcanzar un acuerdo nacional en materia constitucional.

El alma nacional

La tarea de negociar no será fácil para el gobierno derrotado. Como advertimos, los partidos oficialistas fueron precisamente los actores claves en la articulación de los contenidos de la propuesta constitucional rechazada. En especial, de la perspectiva indigenista y plurinacional, las incertidumbres en materia de propiedad privada y los lineamientos en seguridad pública. Estos elementos podrían entenderse como lejanos a lo que el cardenal Raúl Silva Henríquez, en el contexto de una búsqueda de la democracia perdida en Chile, denominara el alma nacional de Chile, la que a su juicio se conforma por una certeza u orden jurídico, por la libertad de las personas y la fe del pueblo. Tres elementos no observados en el texto constitucional.

En concreto, el alma nacional no habría estado en sintonía con la perspectiva refundacional, la cual desafía las libertades. El proceso constituyente se sustentó en una intolerancia expresada en el desinterés por ampliar los acuerdos y consensos; el desprecio a la historia de nuestro orden jurídico que puso fin al Senado y al Poder Judicial, sumado a la irrelevancia y prescindencia de normas que mitigan la violencia, como la desaparición del estado de emergencia del texto constitucional vigente, el cual permite al Gobierno de turno utilizar a las fuerzas armadas en materia de violencia política o social, apoyando las labores de seguridad pública. Todos estos elementos son claves para comprender el triunfo del rechazo.

Plebiscito: riesgos y percepciones

Desde una mirada integral a la propuesta de Constitución, la mencionada plurinacionalidad habría sido percibida como un principio que significaba un alto riesgo a la unidad del pueblo de Chile, siendo en sí misma una amenaza al orden jurídico de la República, a las libertades e igualdad de todos ante la ley, y un corte con la idiosincrasia popular. En definitiva, sería el reconocimiento de once pueblos en el territorio de Chile con sus respectivos principios de autodeterminación y autogobierno, una de las razones por las que se habría apreciado que el texto constitucional creaba las bases para la deconstrucción de la República, proponiendo una nueva morfología en el poder que no reconocía el alma nacional.

¿Una nueva oportunidad?

Pasada la página del plebiscito, si asumimos la necesidad de un nuevo acuerdo nacional, Chile tendría una nueva oportunidad para hacerlo. Ahora más transversal y mayoritaria. Para ello se requiere que ningún actor político crea que por si solo puede interpretar y proponer una propuesta constitucional. Solo así aprenderemos del proceso constituyente recién vivido. ¿Quién ganó la elección del plebiscito de salida? Podría responderse que el pueblo y su anhelo de unidad nacional.

Todo lo señalado no significa que la crisis de representatividad y desconfianza en las instituciones haya sido superada. En este momento resulta fundamental que el Gobierno del presidente Gabriel Boric pase de una posición de derrota a transformarse en un actor que conduzca la negociación política por un camino de gran entendimiento nacional. Esto muy posiblemente le signifique una tensión en el bloque oficialista, ya que el Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio fueron los artífices ideológicos de la propuesta constitucional.

Otro gran desafío es que el Congreso consiga legitimar una propuesta de proceso para el acuerdo nacional que se requiere. Parece fundamental no olvidar el alto nivel de impopularidad que mantiene dicha institución. Por tanto, en una acción colaborativa con el Poder Ejecutivo, se debería establecer un mecanismo de consulta al soberano para que tenga la decisión final respecto al diseño institucional por el que debe transitar el acuerdo nacional.

Segunda etapa

En consecuencia, el proceso no ha terminado con el plebiscito de salida. Por el contrario, este recién se iniciará en una segunda etapa que, esperamos, pueda sacar las lecciones del proceso que ha concluido. Ello a pesar del cansancio de los electores por un frecuente llamado a las urnas y los costos económicos asociados a esto, ya que pareciera de vital importancia que los ciudadanos sigan activos y movilizados hasta conseguir una institucionalidad que signifique un amplio acuerdo nacional en materia constitucional.

En ese sentido, los movimientos que han acompañado el proceso, surgidos desde la sociedad civil, tales como Amarillos por Chile, entre otros, desde ahora son doblemente responsables de colaborar y apoyar el camino de entendimiento nacional. Ello mientras los partidos políticos se adaptan y ajustan a los nuevos tiempos y las instituciones vuelvan a recuperar la fe pública. Esa sería la mejor y casi única estrategia de salida de la crisis institucional y de representatividad en el país.

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Acesse a versão em espanhol.

Independência ou golpe

No dia 7 de setembro de 2022, o Brasil comemorará 200 anos de independência. Em vez de desfiles lembrando a data histórica, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma manifestação a favor de seu governo na praia de Copacabana, com navios da Marinha no mar e aviões da Aeronáutica rasgando os céus.

A cena que Bolsonaro está organizando para o 7 de Setembro mostra que ele utiliza as Forças Armadas para projetar poder. Em várias ocasiões, ao longo dos últimos quatro anos, o debate político brasileiro girou em torno à possibilidade de um golpe de Estado. Essa tensão permanente, prejudicou a imagem dos militares, envolvendo-os na disputa política como se fossem uma facção e não uma instituição de Estado. Porém, os militares foram amplamente beneficiados nos últimos anos, ampliando sua atuação em diversas áreas do governo e sua fatia no orçamento federal.

As redes de apoiadores do Presidente convocam para o 7 de Setembro com slogans a favor de um golpe militar que seria liderado por Bolsonaro e fecharia a Suprema Corte.

No 7 de Setembro de 2021, Bolsonaro discursou para uma multidão no centro de São Paulo e prometeu não mais cumprir ordens judiciais de um dos juízes da Corte. O vice-presidente, General Hamilton Mourão, acompanhava Bolsonaro naquele ato sem precedente na história da democracia brasileira. Em Brasília, naquele dia, havia o temor de que caminhoneiros pró-Bolsonaro invadissem o palácio de vidro do Supremo Tribunal Federal.

O fantasma da intervenção militar

O temor de um golpe permeia o debate político brasileiro desde a vitória de Bolsonaro em 2018, quando o ex-capitão do Exército foi eleito, mesmo elogiando a ditadura (1964-1985).

As manifestações pró-Bolsonaro sempre contaram com grupos pedindo um golpe de Estado. Esses pedidos foram ficando mais explícitos desde o início de seu mandato.

Em maio de 2020, no início da pandemia,Bolsonaro convocou um ato em Brasília, em frente ao Quartel General do Exército. Ele desfilou a cavalo e seus apoiadores pediam que ele fechasse a Suprema Corte e o Congresso. Antes do ato, Bolsonaro sobrevoou a manifestação em um helicóptero militar acompanhado do então Ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva.

Em março de 2021, Bolsonaro trocou o ministro da Defesa e os Comandantes das três forças – Exército, Marinha e Aeronáutica, fato inédito. O ministro Azevedo e Silva escreveu em carta que “preservou as Forças Armadas como instituição de Estado”. Os comandantes demitidos disseram a Bolsonaro queria uma “aventura golpista”.

Em julho de 2021, o jornal O Estado de São Paulo noticiou que o general Braga Neto havia ameaçado o presidente da Câmara de Deputados Arthur Lira, de que se o voto impresso não fosse aprovado, as eleições de 2022 não aconteceriam. O militar desmentiu o jornal. O deputado, não. No dia da votação pelo voto impresso, Bolsonaro mandou veículos militares para um desfile em frente ao Congresso.

Forças Armadas empoderadas

A necessidade de imprimir os votos é parte da teoria da conspiração difundida por Bolsonaro de que o sistema eletrônico de votação é fraudulento. Vários militares de alta patente já difundiram essa desinformação.

Sempre com a ameaça velada de ter o controle das Forças Armadas com ele, Bolsonaro entrou em uma disputa com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que capitulou e incorporou as Forças Armadas em um grupo para supervisionar a segurança das urnas. Os militares usaram os mesmos argumentos sem base nos fatos para questionar a segurança das urnas.

Desde 2018, as Forças Armadas expandiram seu raio de atuação em políticas públicas antes controladas por civis. Em diferentes momentos do atual governo, generais estiveram à frente de assuntos como:

• Controle do desmatamento na Amazônia;
• Gestão da pandemia,
• A estatal do petróleo (Petrobras) e a da energia elétrica (Eletrobras)
• Ministérios que cuidam da mineração e da articulação do poder Executivo com o Congresso.
• O órgão federal que cuida da biodiversidade (ICMbio) foi dado para um capitão da Polícia Militar,
• A agência reguladora de remédios (Anvisa) esteve com um Almirante da Marinha,
• A Secretaria de Esportes para um oficial militar,
• O ministério da Infraestrutura esteve sempre sob o controle de um egresso do Instituto Militar de Engenharia.

Em 2020, o Brasil de Bolsonaro tinha mais militares no ministério do que a Venezuela de Nicolás Maduro.

Os anos Bolsonaro foram bons para os militares. Em meio a uma reforma da previdência que cortou benefícios para civis, militares e policiais mantiveram seus benefícios e os oficiais das Forças Armadas tiveram aumento de 40% do salário. Ademais, áreas como saúde e educação sofreram cortes devido à restrição fiscal, enquanto que os gastos com projetos militares cresceram.

Sem clima para um golpe

Os sinais emitidos pelas Forças Armadas são ambíguos: de um lado coronéis e generais colocam em dúvida a segurança da urna eletrônica, mas por outro lado dizem a jornais, quase sempre off the record,que não apoiariam um golpe.

Nas elites políticas e empresariais, o apoio explícito a um golpe é minoritário – restrito a um grupo que financia movimentos de apoio a Bolsonaro. Contudo, em agosto, empresários e banqueiros assinaram a Carta Pela Democracia, lida no pátio da Universidade de São Paulo – documento que também foi assinado por entidades tradicionalmente de esquerda, como sindicatos e movimento estudantil.

Diferente de 1964, quando o golpe militar foi apoiado em peso por empresários e por governos estrangeiros, em 2022 a pressão internacional foi contrária, sobretudo por parte dos Estados Unidos.

O cenário base é que, silenciosamente, o comando das Forças Armadas vai negociar com Lula, em caso de que ele volte à presidência. A principal demanda militar provavelmente será manter vantagens previdenciárias para a “família militar” e o financiamento para projetos considerados estratégicos para eles.

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«No sé si nuestra sociedad será bolchevique o fascista. A veces me inclino a creer que lo mejor que se puede hacer es preparar una ensalada rusa que ni Dios la entienda», decía el astrólogo en el libro Los siete locos, de Roberto Arlt (1929). Bastantes calendarios después, Juan Domingo Perón sacó tal designio de la ficción y construyó una fuerza política que incluyó desde socialistas, radicales y laboristas hasta conservadores y militares simpatizantes del Eje. El peronismo, un aparato de poder inédito en el país.

La elasticidad del peronismo se mantiene hasta hoy. En el Frente de Todos, nombre de la coalición gobernante en Argentina, comparten techo identidades de orígenes disímiles: nacionalistas, progresistas, neoliberales, conservadores y exguerrilleros, por citar algunas. Todo un movimiento catch all.

Claro que, a lo largo de la historia, esa versatilidad produjo conflictos. Por ejemplo, en los años sesenta y setenta, cuando la fuerza estaba proscripta y su líder exiliado, la palabra de Perón era interpretada por las organizaciones guerrilleras y, al mismo tiempo, por la burocracia sindical. Según sus intereses, cada bando moldeaba las líneas que emitía el caudillo desde la España franquista. Aprovechaban la distancia y los vacíos de aquel sistema comunicacional para legitimarse en Argentina. Perón lo sabía. Y no se oponía. Obviamente, también tenía sus ambiciones.

Hoy no existe el verbo de Perón como brújula. El Gobierno carece de un centro semántico. Cristina Fernández fue esa terminal de sentido durante bastante tiempo, pero sus problemas judiciales y la merma de su popularidad la desplazaron a un segundo plano. Alberto Fernández lo intentó, pero su circularidad y su obediencia hacia la vicepresidenta se lo impidieron. Queda Sergio Massa, el hasta hace poco socio menor de la alianza, que asumió a principios de agosto como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. Más corto: un superministro.

Un insider al rescate

Sergio Massa es la sinécdoque del peronismo. Como pocos dirigentes del espacio, sintetiza la plasticidad del movimiento. Dio sus primeros pasos en la UCeDé (partido ultraliberal fundado Álvaro Alsogaray), luego se mudó al justicialismo, acto seguido creó el Frente Renovador para enfrentar a Cristina Fernández y, años después, se alió con ella para ganar las elecciones presidenciales de 2019. Sin duda, una trayectoria zigzagueante.

Lejos de la indiferencia, la sociedad le cobró esa metamorfosis permanente. Hoy, la mayoría de los estudios demoscópicos lo posiciona como uno de los políticos peor valorados del país. Según la consultora Giaccobe & Asociados, Massa arribó al ministerio de Economía con un 68,1% de imagen negativa y un 9,1% de imagen positiva. Números que ponen de relieve el divorcio.

No obstante, algún optimista podría ver pragmatismo en vez de oportunismo. Massa trae sentido común, diálogo y acuerdos. De hecho, esta es una de las hipótesis para explicar las reacciones positivas del mercado ante su desembarco. Al fin, alguien que viene a coser el sistema. Un insider para acomodar la casa. Paradojas de la política: el palacio lo abraza, la calle lo rechaza.

El peronismo es competitivo cuando tiene pulido el vértice superior de su pirámide. Es un dispositivo que se ordena desde las alturas (no desde el llano). Su eficacia descansa en dos activos de hormigón: autoridad del líder y lealtad del resto. Sin ellos, la diversidad se convierte en contradicción, la unidad en faccionalismo y el músculo social en caos. Invirtiendo el aforismo de Perón: «El tiempo vence a la organización».

Entre la mitología y una realidad inflamable

—Ocúpese de esa mujer, coronel —ordena el presidente provisional Eduardo Lonardi.

—Disculpe, mi general. No he comprendido bien. ¿Qué significa ocuparme? En circunstancias normales, sabría qué hacer, pero esa mujer…ya está muerta —responde sorprendido Moori Koenig.

—No queremos que esa mujer se convierta en una santa. Conviértala en una muerta como cualquier otra —interviene categóricamente Pedro Eugenio Aramburu, otro de los artífices de la autodenominada Revolución libertadora que, en septiembre de 1955, derrocó a Perón.

El diálogo pertenece a Santa Evita, la serie dirigida por Rodrigo García (2022) —basada en el libro homónimo de Tomás Eloy Martínez (1995)— que narra el secuestro del cadáver de la representante de los descamisados. Una producción cinematográfica que mezcla realidad con ficción, hechos con visiones, historia con literatura, para dotar de una trama creíble y coherente a uno de los misterios más oscuros de la Argentina reciente.

Pero más allá de su ingeniería, el gran trabajo del hijo de García Márquez pone sobre la mesa una cuestión esencial: sea por atrocidades ajenas o necesidades propias, el peronismo siempre vivió amarrado a los mitos. Ha cruzado la historia argentina con un relato que basculó entre lo mágico y lo verídico. En ese maridaje se encuentra una de las claves de su longevidad. Fórmula narrativa que primos regionales, como el APRA peruano, el MNR boliviano o el varguismo brasileño, no pudieron fraguar.

El problema es que ese mecanismo fantástico e hiperbólico colisiona contra el ajuste que exige el presente (y el FMI). Por citar algunas estadísticas preocupantes: se espera que el 2022 cierre con una inflación cercana al 100%; el dólar libre orilla los 290 pesos (tiene una brecha cambiaria con el dólar oficial que ronda el 100%); y una deuda externa que representa el 32,1% de su PBI. Tiempo de arreglar las cuentas. Y, en política, épica no conjuga con orden.  

Este plot posibilista incomoda a Cristina Fernández. Cercada por las cifras de pobreza, desempleo y desigualdad, su narrativa acampa en la esfera judicial, lejos de la cocina de la gestión. Con el pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la causa Vialidad, el kirchnerismo entró en una pulseada contra la justicia. Siempre debajo del paraguas teórico del lawfare. A todo o nada. Un conflicto filoso para la democracia criolla que, además, contuvo la respiración cuando un fanático intentó asesinar a la expresidenta en la puerta de su domicilio. Por suerte, el magnicidio no se concretó. Hubiese sido una tragedia para todo el país.

Frente a esta realidad inflamable, Massa intenta inyectarle gris a la gestión. Teje y reteje redes con todos los actores que Cristina Fernández y sus seguidores critican diariamente: sector agropecuario, empresarios, Estados Unidos y organismos multilaterales. Son dos fuerzas que actúan en simultáneo: una centrípeta que acerca y otra centrífuga que aleja. ¿El resultado? Un Estado paralizado.

Un país déjà vu

Argentina no se baja de la cornisa. Otra vez, vértigo. El atentado contra la vicepresidenta es una prueba fehaciente del momento delicado que atraviesa la nación austral. A la crisis económica se añade una tensión social y política inédita desde el regreso a la democracia en 1983. Más que nunca, se necesita liderazgo y templanza para bajar la temperatura y no volver a la época más sombría.

El país continúa estaqueado a problemas del siglo XX. Rondan pocas propuestas ante los desafíos actuales. Mucho menos, un proyecto vertebrador y aspiracional; solo retazos para sortear el día a día. La crisis como estilo de vida. Argentina se ha convertido en un país déjà vu, donde la gente tiene la extraña sensación de que ya sufrió la mayoría de los problemas. Algo de cierto debe haber. Como expresaba el ingenio de Borges: una patria que «tiene todo el pasado por delante».

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