Cómo el crecimiento económico de principios del siglo XXI no derramó en una disminución de la pobreza, pero sí en la profesionalización del clientelismo político y el abuso partidario de los planes sociales. Escrito por Alejandra Gallo y Martín Dinatale.

Un análisis forense del sistema electoral de Cuba al calor del histórico proceso electoral 2017/2018 a partir del cual los Castro abandonan, luego de más de cinco décadas, la presidencia del Consejo de Estado. Escrito por Leandro Querido.

Análisis e interpretación exhaustiva de los datos ofrecidos por la encuesta del grupo de investigación global The Worlds of Journalism aplicada en la Argentina. Editado por Infociudadana y la KAS.

Repasa algunos hitos de la comunicación pública de la Argentina del siglo XXI, especialmente los que involucran al gobierno nacional, los periodistas y los medios a partir de una investigación documental y periodística.

Junto a un grupo de ciudadanos estamos promoviendo la reforma constitucional conocida como Vivir Sin Miedo, para mejorar la seguridad pública.

Sucede que Uruguay atraviesa una crisis en materia de seguridad. Hay un incremento de la violencia, cada vez hay más delincuencia y cada vez los delincuentes se animan a más.

Las respuestas tradicionales —las cosas que se vienen haciendo hasta ahora— no resultan suficientes, se necesitan nuevos instrumentos y por ello los cambios que promovemos en esta reforma.

Se necesita nada más y nada menos que poner orden.

Para ser claros:

• Esta reforma que promovemos no va contra ningún derecho, va contra la delincuencia.
• Esta reforma genera nuevos instrumentos para proteger los derechos humanos de los uruguayos que todos los días son agredidos por una delincuencia creciente y descontrolada.

¿Acaso que se cumplan las penas es ilógico? ¿O lo ilógico es que los jueces fijen una pena y, por una cantidad de beneficios liberatorios como la libertad anticipada, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, entre otros, la pena no se termine cumpliendo?

Por eso, la reforma propone que los que cometan los delitos de violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio con circunstancias agravantes especiales y con circunstancias agravantes muy especiales, trata de personas y delitos de tráfico de estupefacientes, cumplan la pena en su totalidad y no reciban beneficios liberatorios por los cuales recuperan la libertad antes de tiempo.

La base de cualquier sistema penal es que la pena se cumpla y no sea perforada por institutos que lo que hacen es generar sentido de impunidad. Por eso promovemos el cumplimiento efectivo de las penas.

Otro cambio proyectado en la reforma es la creación de una pena de reclusión permanente revisable. Sucede que existen delitos tan aberrantes que justifican una severa respuesta de la sociedad.

Esta pena se aplicaría a los que violan o abusan y matan a un menor de edad, a los sicarios —los que matan a cambio de un precio— y a los homicidas múltiples. Este tipo de delincuentes suelen tener personalidades psicopáticas que hacen extremadamente difícil o imposible su recuperación.

Hoy, este tipo de sujetos que han cumplido su pena de prisión, a pesar de no estar rehabilitados, recuperan la libertad y conviven con el resto de la sociedad. El proyecto prevé que este tipo de delincuentes permanezcan treinta años recluidos, y recién cumplido ese plazo podrán recuperar su libertad, solo si se demuestra su rehabilitación. La sociedad tiene el derecho a protegerse de esos individuos probadamente peligrosos.

Un tercer cambio propuesto es la habilitación para que se puedan realizar allanamientos en horas de la noche. Es sabido que muchos delincuentes usan casas para la venta de droga, como las denominadas bocas de pasta base. Estos delincuentes sacan provecho de la especial protección que actualmente brinda la Constitución al hogar, para evitar de ese modo la acción policial.

El proyecto de reforma constitucional prevé habilitar que por ley se establezcan las condiciones para que un juez pueda, cuando haya sospecha fundada, ordenar allanamientos para combatir la delincuencia en horas de la noche, como ya lo puede hacer durante el día.

La prohibición de allanamientos en horas de la noche data de la Constitución de 1830. Otros países, que compartían con el nuestro esa cláusula, la han flexibilizado. En su origen, esta disposición era una garantía frente al poder de la autoridad, frente a los posibles abusos del poder de turno. Hoy esas garantías las brinda el Estado de derecho y un Poder Judicial independiente. Lo que nosotros planteamos es que esas garantías se den y que así como se puede allanar de día con orden de juez, se pueda allanar de noche, también con orden de juez, y esa garantía evitará la posibilidad de abusos.

Las propias autoridades judiciales y del Ministerio Público han reconocido que Uruguay es de los pocos países que no ha flexibilizado esta disposición y ha quedado rezagado en la materia.

Finalmente, otro cambio es la creación de una segunda fuerza que ayude a la policía, la creación de una Guardia Nacional compuesta por efectivos militares.

Considero que muchas de las críticas a esta propuesta obedecen a prejuicios ideológicos.

Los problemas de seguridad —las emergencias en general— no pueden abordarse desde la ideología. El miedo que sienten los honestos, frente a los delincuentes, no tiene ideología. Las víctimas, en tanto víctimas, no tienen ideología, y los delincuentes cuando delinquen no tienen ideología. Las respuestas a esos problemas tampoco tienen que tener ideología.

En la situación de crisis en la que nos encontramos, debemos usar todos los recursos del Estado para cuidar a los uruguayos. Y en eso consiste esta propuesta, generar un nuevo cuerpo que sirva de equilibrio, complemente y coordine con el Ministerio del Interior, recurriendo a efectivos militares porque ellos están calificados, poseen disciplina, tienen una estructura jerarquizada, están instruidos en el manejo de armas y ya están a disposición del Estado. Podemos recurrir a ellos sin demora. Además, ya cumplen tareas típicamente policiales en la Prefectura Nacional Naval, en la Policía Aeroportuaria y en la guardia perimetral de varios establecimientos carcelarios.

Incluso, el propio Gobierno les ha ido dando algunas funciones típicamente policiales. En noviembre de 2018 se aprobó la ley 19677, por la cual se encomendó a las fuerzas armadas la realización de tareas de vigilancia, así como de apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en una «zona fronteriza» de 20 kilómetros, a excepción de los centros poblados. En criollo: les dieron funciones de policía a todas las fuerzas armadas. El Gobierno ha demorado en reglamentar esta ley porque, en los hechos, si lo hace, nos termina dando la razón, termina utilizando militares en funciones de policía.

Pero hay más elementos en este sentido. Es bueno recordar que en 2011, por decreto 212/011, se efectuó el pasaje de efectivos militares directamente a la policía, es decir, pasaron de una fuerza a la otra.

Se trata entonces de usar adecuadamente los recursos del Estado. Esos efectivos recibirán la formación intensiva previa para sus nuevos cometidos y estarán, en esas tareas, sujetos a las reglas que se establecen en la Ley de Procedimiento Policial.

Este modelo de fuerzas de seguridad con organización militar, complementariamente y en paralelo a la policía civil, ya existe con notable eficacia y prestigio institucional en España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Chile, entre otros países. Se plantea un diseño que existe —y con éxito— en muchos países. Nada tiene que ver el modelo aplicado en México y Brasil, ejemplos que son utilizados para criticar nuestra propuesta. Más allá de la diferencia en la realidad de esos países, allí hubo una sustitución de fuerzas y no una complementación como la que proponemos nosotros.

Somos plenamente conscientes de que además de estos cambios hay que hacer otro conjunto de cosas: hay que mejorar las políticas de rehabilitación, las políticas sociales, las políticas penitenciarias, las políticas de contención y prevención. Estamos de acuerdo en que se mejoren todas esas políticas. Pero también hay que hacer lo que la reforma propone.

La reforma no impide que se hagan todas las demás cosas que hay que hacer y que si no se han hecho es porque quienes debían hacerlas no han sabido o no han querido hacerlas. Pero solo la reforma asegura hacer esta otra parte del trabajo necesario.

No se necesita reforma para tener un sistema carcelario adecuado. No se necesita reforma para tener una política de rehabilitación eficiente.

Si no las tenemos es porque quienes tenían la responsabilidad y la obligación de implementarlas, no las hicieron y pusieron sus prioridades en otro lugar.

En cuanto al diseño jurídico de la reforma, es importante señalar que, por el modelo utilizado, se asegura su aplicación inmediata y preceptiva.

Por lo expresado, esta reforma no limita ningún derecho. No es regresiva. Lo que hace es proteger los derechos humanos del ciudadano uruguayo de a pie que se juega la vida todos los días y que siente miedo porque hay un Estado que no cumple el primer y fundamental cometido: dar seguridad, cuidar a sus habitantes.

Los cambios que proponemos en la reforma son parte de la solución. Las otras cuestiones que se necesitan hacer, se pueden y se tienen que hacer y no requieren de reforma constitucional alguna.

La reforma que proponemos es la única propuesta real y concreta para cambiar la realidad que padecemos. Votar el sí el 27 de octubre es la manera de asegurar el cambio en seguridad.

N. de R.: El plebiscito fue aprobado por la Corte Electoral luego de comprobar la validez de 400.000 firmas de ciudadanos que apoyan la iniciativa, que exceden el 25% del padrón electoral necesarias para habilitar tal instancia. La campaña por la reforma lleva el título Vivir sin Miedo y su principal impulsor es el senador del Partido Nacional, Dr. Jorge Larrañaga.

Para decirlo de forma anticipada: no se puede tratar el tema de dos redes transnacionales de producción y comercio de café en el siglo XIX de una forma tan exagerada. Por supuesto, se debe atribuir un peso mucho mayor a los actores en el negocio guatemalteco-alemán y cubano-alemán de café. Pero el arte real de la historia consiste en la presentación de la interacción a nivel de actores y estructuras, de hábitos, disposiciones individuales y colectivas, estímulos de decisión y acción, por un lado, y de las condiciones estructurales y los contextos funcionales, por otro lado. La presente comparación muestra los factores disparatados de los que el gran negocio a veces depende, y el rol que juegan el lugar correcto, pero también el tiempo y el destiempo y los contextos funcionales globales, indeterminables, en palabras metafóricas, los movimientos giratorios de la machina mundi que se deben dar para alcanzar el éxito social y económicamente sostenible.

El comercio del café siempre ha sido un negocio global. Los lugares de producción y de principal consumo están a gran distancia y requieren redes comerciales transnacionales. Estos vínculos y conexiones han cambiado a lo largo de la historia, tanto en calidad como en geografía. Sus actores recurrieron a múltiples estructuras de apoyo de carácter familiar, local, regional y nacional, cuya calidad dependía y variaba según las grandes coyunturas económicas, sociales y políticas. El gran negocio del café requirió mercados globales, inversiones, tecnologías y medios de comunicación que no existían antes de la mitad del siglo XIX. El negocio del café encontró condiciones diferenciadas de producción, incluyendo no solo las particularidades climáticas y geológicas, sino también el clima de negocios y la disponibilidad de un número suficiente de trabajadores. Este negocio transformaba a los actores involucrados, los volvía ricos o los hacía permanecer pobres y tuvo impactos en la infraestructura y la estructura social del país de origen.

El café se producía tanto en Cuba como en Guatemala y desde allí se transportaba a Alemania. Sin embargo, realizar un análisis comparativo entre Guatemala y Cuba en cuanto a la participación alemana en el cultivo y la comercialización del café en el siglo XIX tiene sus dificultades. El tema se ha analizado de forma exhaustiva en Guatemala, gracias a una buena base documental —como ejemplo, puede hacerse referencia a los dos libros de Regina Wagner sobre la historia del café guatemalteco y sobre los alemanes en Guatemala—, mientras que se encuentran menos descripciones en Cuba, por lo que solo podemos arrojar algunas luces sobre el escenario cubano.

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Los granos de café, originarios de Etiopía y que se distinguen en más de ochenta variedades, se habían establecido desde finales del siglo XVII como un lujo de la clase alta en Europa, a causa de su efecto estimulante. En el siglo XIX, el café también se abrió paso en la sociedad no burguesa y se convirtió gradualmente en una bebida popular y común. Los granos de café se comercializaban inicialmente en Ámsterdam y fueron los holandeses quienes intentaron cultivar esta planta en Java y Ceilán. Un francés, el Chevalier de Clieu, trajo el café en 1723 a Martinica, una isla de las Antillas Menores, donde en 1726 se dio la primera cosecha y en 1778 ya existían más de 16 millones de plantas de café.

El cafeto suele alcanzar una altura de cinco a diez metros, pero por lo general se poda de modo que se convierta en un arbusto que florece en el tercer año y que flora con suficientes cerezas de café en el quinto año para que la cosecha valga la pena. En los siguientes 25 a 30 años, un arbusto produce por lo menos uno a dos kilos de café comercializable. Las plantas de café prefieren lugares iluminados, pero no deben ser expuestas a la luz solar directa, por lo que se combinan en las zonas tropicales con plantas de sombra, como el árbol de mango, que cuenta con una amplia corona, o el plátano, cuyas amplias hojas son igualmente favorables.

El café migró rápidamente de Martinica, a través de Guadalupe, a Santo Domingo en La Española (República Dominicana) y a Jamaica. Desde La Española llegó a Cuba en 1748, pero pasó ahí relativamente desapercibido hasta el momento en el que los inmigrantes franceses de Santo Domingo, que habían huido de la gran revuelta de esclavos entre 1791 y 1793, comenzaron a cultivar café en mayor cantidad y provocaron un auge de café en Cuba, a saber, en las regiones alrededor de Santiago de Cuba, Trinidad y La Habana-Matanzas. El antiguo Cafetal La Isabelica, cerca de Santiago, es hasta hoy un testimonio todavía bien conservado de este auge del café. La casa patronal de la plantación está bien conservada. Muebles originales del siglo XVIII dan una impresión del estilo de vida lujoso de los antiguos propietarios de la plantación.

Los propietarios de las plantaciones de café eran en su mayoría de ascendencia española o francesa, por lo que sin duda no se puede hablar de un desempeño comercial exclusivamente alemán en el cultivo de café en Cuba. Las pocas plantaciones alemanas de café en Cuba estaban ubicadas en segmentos económicos muy diferentes. Cerca de Matanzas, donde ya vivían algunos alemanes, se encontraba la plantación de café El Fundador, que pertenecía a un alemán. Además de café, aquí se cultivaban plátanos, piñas, maíz, tubérculos y frutales. Cuando en primavera de 1839 tres científicos, el botánico alemán Eduard Otto (1812-1885), el zoólogo Johannes Gundlach (1810-1896) y el botánico e investigador de moluscos Ludwig Pfeiffer (1805-1877) visitaron la plantación, encontraron al propietario en condiciones bastante precarias. Solo tenía un par de zapatos, poco vestuario, una espada y algunos caballos. Algo más acaudalados eran los propietarios de la plantación Chimborasso, en la costa sur, que también pertenecía a emigrantes alemanes. Eran amigos del cónsul alemán en La Habana y en ocasiones hospedaban a algunos europeos que pasaban su tiempo en Cuba con juegos de azar y borracheras. En Chimborasso había 80.000 cafetos que producían hasta seis libras de café, lo cual era excepcional. Además, se cultivaron naranjas y bananos, piñas, frutales y otras frutas. Naranjos y agaves formaban las fronteras entre los diferentes segmentos de café.

En Artemisa, cerca de La Habana, se encuentran los restos de la plantación de café Angerona, que fue fundada en 1813 por Cornelio Souchay, originario de Alemania. Esta es la segunda plantación de café cubana más grande de su época (1828). Souchay nació en 1784 en Hanau, cerca de Fráncfort del Meno. Había completado su formación en negocios en Bremen y se estableció en La Habana después de una escala en Baltimore en 1805. Él, hijo de un orfebre hugonote y una mujer de Hesse, contaba con una red familiar angloalemana exitosa que operaba desde Londres y Manchester y tenía una fuerte presencia en Fráncfort. Empleado como escribano en La Habana, pronto poseía como socio silencioso un 25 % de la conocida compañía Antonio de Frías y Compañía, que hacia afuera comerciaba con harina americana, pero en realidad estaba profundamente involucrada en el comercio ilegal de esclavos. Después de alcanzar rápidamente una riqueza considerable, eventualmente adquirió las tierras cerca de Artemisa, de las que emergió la plantación de café. Souchay murió en 1837, sin hijos y soltero. Su relación con Ursula Lambert, una esclava liberada en Haití, que había huido a Cuba y desde 1822 había asumido el papel de la señora informal de la casa en Angerona, no se deja reconstruir con precisión. Las investigaciones publicadas hablan de un «amor feroz». Por supuesto, la historia del alemán y su belleza negra también ha inspirado la imaginación de la posteridad. Pero eso es folclore. La plantación fue transferida posteriormente a la familia de Souchay y administrada por su sobrino.

En tiempos de Cornelio Souchay trabajaban alrededor de 450 esclavos en Angerona. Cultivaron aproximadamente 800.000 plantas de café en 500 hectáreas. En el suelo común alrededor de La Habana, de color rojizo y ferruginoso, que sobre todo en la temporada de lluvia es fácil de trabajar, se cultivaron granos de arábica, cuyo sabor se caracteriza por la intensidad, baja acidez y sabores terrosos, ahumados. El empleo de esclavos en la plantación de café se deja reconstruir bien, sobre la base de los planos de planta y los restos arquitectónicos, al igual que la nueva combinación de tecnología moderna con la organización del trabajo basada en la esclavitud. Al lado de las ruinas de la casa patronal clasicista, de una torre de vigilancia y algunos edificios residenciales y agrícolas se encuentran restos en parte de ladrillo de las antiguas viviendas de los esclavos, una enfermería, un molino de agua, grandes almacenes, un herrería y una carretería, cárceles para esclavos, espacios cavernosos para el procesamiento posterior de los granos de café, así como un cementerio algo apartado de los asentamientos. La frontera entre el área de los esclavos y el refugio de Souchay, que también incluía la residencia de Ursula Lambert —una construcción baja frente a la casa patronal— está marcada por una pared con un portón de hierro.

La esclavitud fue abolida por ley en Cuba en 1886. Era común en las plantaciones de café a inicios del siglo XIX y ello permitió que estas fueran económicamente rentables, en primer lugar. En este caso, el sistema de la segunda esclavitud, la esclavitud en las plantaciones, encajó casi perfectamente en la lógica de la explotación capitalista de la época. El cuidado laborioso de los cultivos de café así como la demanda laboral irregular y mucho mayor en el ciclo de cosecha fueron resueltos casi sin resistencia por la mano de obra esclava y la explotación intensificada por intervalos de los trabajadores a bajo costo y con castigos draconianos. No es de extrañar, entonces, que la disminución y la abolición de la esclavitud en el Caribe como resultado de las sanciones y los disturbios llevaran a una reducción significativa de la producción de café y, a largo plazo, al colapso de la economía de plantación.

En el momento de la muerte de Cornelio Souchay, en junio de 1837, más del 60 % de los esclavos que vivían en Angerona pertenecían al grupo de los así llamados bozales. Se trataba de esclavos raptados directamente de África occidental y oriental que fueron traídos al Caribe. Aunque la trata con esclavos fue prohibida en 1820 y obstaculizada aún más por restricciones legales en 1835 y 1845, entre 1820 y 1878 los comerciantes hispanocubanos de esclavos, los llamados negreros, trasladaron a casi un millón de esclavos de contrabando a Cuba. Sin embargo, el incremento de precio causado por la prohibición hizo que desde la década de los 1830 las plantaciones aprovecharan la descendencia de los esclavos, práctica que perdió sentido en 1870 por la Ley de Vientre Libre, que declaró libres a los hijos nacidos de esclavas. Los niños habían sido empleados en las plantaciones desde la edad de los cinco años. En vista de los ciclos reproductivos cortos, Souchay podía permitirse el lujo de ciertas prácticas paternalistas y mejoró las condiciones de mujeres con niños. De esta forma, los edificios de piedra situados en el asentamiento de los esclavos de Angerona estaban reservados para las familias con hijos, mientras que los otros esclavos vivían en barracas de madera, donde eran encerrados durante las noches.

El aumento del costo de adquisición de esclavos disminuyó en Angerona las perspectivas de beneficios del cultivo de café. A esto se sumó la primera crisis de sobreproducción, desencadenada en 1832 por la exportación de café de América del Sur. Souchay, que por medio de su red familiar mantenía amplias relaciones comerciales, se vio obligado a vender su café a un precio menos favorable. La propiedad seguía produciendo después de su muerte. El ya mencionado botánico Eduard Otto, que estuvo en la plantación de abril a septiembre de 1839 para escapar de la fiebre amarilla que se propagaba en La Habana, describe los alrededores de Angerona como un jardín de flores. Las plantaciones se enfilaban por una longitud de más de siete kilómetros, «separadas por nada más que magníficas hileras de palmas reales, grandes árboles del pan, naranjos y setos de limón».

A la residencia del nuevo propietario, André (Andreas) Souchay (1812-1853), sobrino del fallecido Cornelio, conducía una avenida de cuatro hileras de palmeras. La casa en sí, «un palacio como no lo tiene ninguna otra plantación en Cuba», estaba cómodamente amueblada. En la plantación había otros alemanes: aparte del propietario y su esposa hubo tres capataces, un carpintero y un médico. Además aún vivían aquí cerca de 400 esclavos, incluyendo a sus hijos, que tenían que trabajar desde el amanecer hasta alrededor de las 19.00 horas, excepto domingos y feriados. Había también una gran cantidad de animales de granja. Los Souchay incluso eran dueños de una casa de verano en El Taburete, a una altura de 452 metros y a dos horas de distancia de Angerona, donde el aire era saludable y fresco.

Sin embargo, la descripción eufemística de Angerona por el naturalista alemán no puede esconder el hecho de que los discursos locales sobre la esclavitud en 1837 se dieron con mucho menos compasión que antes. En sus relatos sobre la vida y el tratamiento de los esclavos, los describió como seres vagos, astutos, maliciosos, vanidosos y gobernados por sus instintos, que interpretarían la bondad como debilidad y que solo se dejaban manejar por un trato severo. Según él, los esclavos soportaban las flagelaciones habituales con indiferencia e insensibilidad. Finalmente, Eduard Otto llegó a la conclusión de que los negros querían y debían ser tratados de manera estricta pero justa.

Karl von Schlitz (1822-1885) visitó Angerona en 1845 bajo el seudónimo de Carl Heinrich Graf von Goertz. En este tiempo había todavía 320 esclavos que, según sus palabras, eran «los mejor cuidados, más trabajadores y tranquilos de la isla». Las memorias de su viaje, publicadas siete años después, también reflejan sus conversaciones con André Souchay:

Diez años de experiencia [le habrían enseñado a Souchay] que el carácter del negro es tan bajo que uno estaría buscando en vano motivos morales en sus acciones. La moral es totalmente subdesarrollada, más bien todos sus actos son resultado de sus instintos animales o de cálculos astutos del beneficio propio. […]. No hay entre los negros ninguno que no haya recibido aún el látigo, pero también no hay ninguno que no lo hubiera merecido.

Aunque Angerona había quedado al margen de las revueltas de esclavos en Cuba desde 1837 hasta 1843 y en las dos siguientes décadas permaneció en un silencio sepulcral, las conexiones internas del sistema de esclavitud comenzaron a aflojarse, por lo que parte del trabajo en las plantaciones quedó sin realizarse.

Según las estimaciones de Alexander von Humboldt, en 1822 existían en Cuba cerca de 900 plantaciones de café con 54.000 esclavos. Una publicación más reciente habla de 2.000 plantaciones cinco años más tarde, dentro de las que sin duda se contaron también las pequeñas y muy pequeñas. Pero después de dos huracanes en 1844 y 1846 que devastaron la región alrededor de La Habana y Matanzas, la producción de café se derrumbó en 1848, con excepción de los restos en Oriente y Trinidad. Las causas —aparte de los fenómenos naturales— fueron una paralización de las ventas por la «miseria de la pobreza masiva» en Europa como efecto secundario de la primera industrialización, y los aranceles protectores estadounidenses sobre el café cubano en respuesta a los aranceles españoles. También en Angerona, el café comenzó la retirada. Ya en la década de 1840, parte de la producción consistía en azúcar. A mediados de esa década, la producción de la plantación fue de dos a tres mil quintales de café y de dos mil a dos mil quinientos quintales de azúcar. En 1863 se producía exclusivamente azúcar.

En 1886, el año de la abolición de la esclavitud, la plantación estaba aún en posesión de la familia Souchay, que se había mezclado en su tercera generación en Cuba con los criollos. No se sabe dónde fueron las ganancias de la plantación. Posiblemente fueron absorbidas por la red comercial global de la familia Souchay o se invirtieron en inmuebles. Tampoco se sabe qué pasó con los esclavos de esa plantación después de su liberación. Es posible que hayan permanecido en la plantación, arrendando o comprando pequeñas parcelas para la subsistencia, que trabajaran como jornaleros temporeros o que migraran a las ciudades. En todo caso, la casa patronal se quemó en la Guerra de la Independencia entre Cuba y España (1895-1898). Los descendientes de la familia abandonaron la propiedad y se mudaron a La Habana, donde encontraron apoyo. Sus hijos ocuparon allí posteriormente puestos intermedios en el comercio y el servicio público.

El auge del café en Cuba resultó ser no más que un episodio que no dejó impulsos macroeconómicos más allá. Era demasiado efímero y temprano en la línea de tiempo de la primera ola de globalización para ello. Además, las ganancias de la esclavitud en las plantaciones se invirtieron en bienes inmuebles urbanos, terrenos, fábricas, barcos, acciones y operaciones de crédito, o fueron transferidas a Europa, de manera que no estuvieron al alcance de inversiones en el propio lugar de producción. Por lo tanto, la relación funcional sistémica de la economía de plantación fue inhibida o bloqueada en su desarrollo. Dicho de manera metafórica: el café cubano apenas fue tocado por los giros de la rueda mundial, del engranaje de la machina mundi.

Cuando las condiciones para el comercio mundial mejoraron a consecuencia del crecimiento industrial, las mejores condiciones de mercado y nuevos medios de comunicación y transporte como telégrafos, ferrocarriles (ferrocarril de Panamá en 1855) y barcos de vapor, el auge del café en Cuba ya había pasado a la historia. Ya no podía beneficiarse de la globalización que se impuso a mediados del siglo XIX. Por el contrario, fue aplastado por la masa de café más barato de América del Sur y América Central. Tampoco llevó —con algunas excepciones— a una fusión social de inmigrantes alemanes y elites cubanas. Por un lado, porque participaban muy pocas personas del negocio del café; por otro lado, porque el estatus social de las familias criollas en Cuba debido al largo dominio colonial y la constante afluencia de funcionarios españoles no pesaba tanto. El número de alemanes que emigraron a Cuba fue bajo, sus conexiones fueron redes de diáspora. Aquellos que querían quedarse en Cuba fueron asimilados por generaciones, pero sin mejorar su condición social. La riqueza creada por el auge del café desapareció o se desplazó. Sus protagonistas recurrieron en lo posible al azúcar, que se había establecido en Cuba al mismo tiempo que el café y que lo iba a superar por mucho en importancia.

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El café llegó a Centroamérica desde el este, proveniente de las Antillas Mayores. Su consumo en Guatemala está documentado desde 1743. La producción y exportación de café empezaron a inicios del siglo XIX. Desde la década de 1830, el café había alcanzado cierta importancia económica en Centroamérica, es decir, en el momento aproximado que marcó el vértice del boom cafetero cubano. Costa Rica tuvo un papel pionero, seguido de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Sin embargo, la exportación de café comenzó en cantidades considerables a partir de 1853 y reemplazó gradualmente a la cochinilla como principal producto de exportación. La historia del cambio económico estructural de Guatemala desde la cochinilla, el colorante índigo y el algodón hacia el café sucedió al mismo tiempo que la historia de la emancipación de Gran Bretaña y su imperio económico hacia nuevas dependencias globales de los Estados Unidos y de Alemania, que se sintieron a partir de 1871.

Estos cambios estructurales económicos fueron acompañados por una migración masiva que comenzó después de 1848 e hizo que hasta 1913 más de 4 millones de alemanes emigrasen. Aunque Guatemala se benefició de este suceso inicialmente en una medida muy limitada —en 1860 solo vivían ahí unos 100 alemanes, en 1880 eran 221 y en 1892 ya habían alcanzado 1008—, el país ofrecía a los emigrantes oportunidades casi ideales para trabajar. El clima del departamento de Alta Verapaz es templado y lluvioso y les recordaba la primavera en Alemania. Las perspectivas de buenas ganancias en el negocio del café también fueron un gran atractivo.

La situación política era favorable para inversiones económicas. En 1871, un gobierno liberal llegó al poder en Guatemala, apoyado por fusiles americanos y el respaldo de los productores de café, e inició una larga era liberal que duró hasta 1944. Ello generó excelentes condiciones para que inversores solventes y financieramente fuertes con conexiones en los mercados europeos de café pudieran adquirir tierras en cantidad suficiente para ser rentables y esperar que las plantas de café crecieran y maduraran. Había suficiente tierra a disposición; por un lado, porque había suficientes terrenos baldíos; por otro, a través de la redistribución. A causa de la ley promulgada en 1877 sobre la privatización de las tierras comunales, decenas de miles de agricultores indígenas perdieron sus medios de vida. El despojo de tierras afectaba especialmente a la población indígena en el altiplano occidental y en la provincia de Alta Verapaz.

Desde 1876, las autoridades de los gobiernos locales pudieron satisfacer las necesidades de mano de obra de las plantaciones de café a través del reclutamiento forzado en las comunidades indígenas. Los indígenas cayeron en una relación de dependencia similar a la esclavitud. Cada crédito y cada transgresión extendieron su deuda de trabajo, que creció al infinito y se transfirió a sus hijos. Legalmente, el sistema se basaba en la esclavitud de personas libres cuya libertad de movimiento estaba restringida. Dados los bajos salarios que se pagaban en las fincas, el truco según Helmut Schmolck, que había emigrado alrededor de 1910 y trabajaba como contador en una finca de café, consistía en el hecho de que:

[…] las personas siempre estaban endeudadas. Gracias a este sistema, la finca siempre tenía trabajadores y podía disponer de ellos. Solo cuando alguien conseguía dinero de algún lado o alguien saldaba sus deudas, se podía ir. Fue una especie de servidumbre encubierta, tal vez necesaria, porque la gente de otra forma no hubiera llegado a trabajar.

Aparte de contar con tierras y mano de obra, el éxito económico del negocio del café dependía en gran medida de la capacidad de los productores para trasladar su producto de forma rápida, segura y económica a los consumidores. Los pequeños puertos Mariel hacia el estrecho de Florida y Batabanó hacia el Caribe en el sur estaban a unos 30 y 60 kilómetros de distancia de la plantación de café Angerona. Aun así, los caminos de terracería representaron un obstáculo, sobre todo en temporada de lluvias, cuando las bestias de carga se hundían hasta el torso en el barro. A pesar de que Cuba ya en 1837 disponía del primer tren de vapor en América Latina (Habana-Bejucal), que en 1844 fue ampliado a San Antonio y Batabanó, lo que acortó la distancia entre La Habana y Artemisa a menos de la mitad, esta aceleración del transporte no podía detener el fin del auge del café. Su tiempo en Cuba había terminado irrevocablemente. La relación global se había roto; metafóricamente hablando, la machina mundi zarpó hacia otro puerto.

Mucho más que en el caso de Cuba, en Guatemala se emplearon nuevos medios de transporte, lo que redujo los costos de transporte y, por tanto, el precio del café. Inicialmente la ruta del café pasó por la costa atlántica y el lago Izabal hacia Livingston y de allí a los puertos de Belice. Con la finalización del ferrocarril de Panamá en 1855, el café podía ser transportado alternativamente a la costa del Pacífico, del puerto San José a través de Panamá a la costa del Atlántico y desde ahí con barcos de vapor y barcos de vela a Europa. Como resultado del programa de infraestructura de los gobiernos liberales, a partir de 1871 se ampliaron los puertos y se instalaron líneas ferroviarias para aumentar las exportaciones. Estas se quintuplicaron entre 1871 y 1884. En 1895 se completó el tren de Verapaz, que transportaba el café de las fincas de café alemanas en Alta Verapaz a Panzós, desde donde pasaron regularmente barcos con poco calado sobre el lago de Izabal y Río Dulce hacia el Caribe, a Livingston. Así surgió una ruta que evitaba el desvío por el Canal de Panamá y bajó todavía el costo de transporte. Al conectar las regiones guatemaltecas de cultivo de café con los puertos de México, a partir de 1908, el transporte se aceleró aún más y llegó a Europa antes de la cosecha brasileña, lo que resultaba en ventajas significativas de venta. Un intenso tráfico marítimo a Europa completó la conexión comercial. Desde 1870, la HAPAG operaba una línea naviera directa a Centroamérica. Más tarde también lo hizo la compañía naviera Kosmos, de Hamburgo.

A partir de 1866 había cables transatlánticos permanentes para telégrafo, que habían sido colocados desde la Great Eastern. En 1900 comenzó a operar el primer cable de la compañía de cable alemán-atlántica entre Emden y Nueva York. Dentro de los continentes, la conectividad de cables había avanzado mucho, por lo que ahora existían conexiones de comunicaciones rápidas que facilitaron el comercio y el mercado de valores. Los nodos del comercio de café de Guatemala, el cultivo, la financiación y el transporte estaban en ese momento en gran parte en manos alemanas. A pesar de que en 1913 únicamente 170 de las 1830 plantaciones de café en Guatemala eran propiedad de alemanes, 80 de ellas en el departamento de Alta Verapaz, estas representaban el 36 % de la producción nacional de café. La participación alemana en la exportación del café, sin embargo, era del 55 %.

Este desarrollo fue asegurado por el respaldo de representantes diplomáticos, contratos e influencia política. Ya en 1847, Hamburgo, Bremen y Lübeck habían firmado contratos con Guatemala que regulaban, bajo la cláusula de la nación más favorecida, las condiciones para el comercio entre las tres ciudades hanseáticas y Guatemala de forma beneficiosa. Hamburgo ya contaba con un consulado general en Guatemala desde 1841, que fue dirigido por Rudolf Klee (1803-1853), quien en 1830 se había emparentado por casamiento con la poderosa familia criolla Ubico (Guillén de Ubico Perdomo). De esta familia nació más tarde el Napoleón de Centroamérica, que gobernaría el país de forma dictatorial entre 1931 y 1944. Tales conexiones contribuyeron a la estabilización de las relaciones de poder autoritarias en Guatemala, porque juntaron el capital, el poder y la experiencia. Sin embargo, la integración de los alemanes en Guatemala variaba mucho según las diferentes regiones. Había colonias alemanas relativamente autárquicas, así como familias de inmigrantes alemanes que se habían vinculado con la oligarquía local, desde donde surgieron alianzas político-económicas transnacionales que contaban con un capital social que facilitaba establecer nuevas relaciones comerciales y perdurar en momentos de crisis política.

Cuarenta años después de los contratos de 1847, el Imperio alemán y la República de Guatemala firmaron un nuevo acuerdo el 20 de septiembre de 1887, en el que se establecieron arreglos generosos de comercio y propiedad, condiciones de nación más favorecida y libre circulación hasta su vencimiento en 1915. Con el tiempo, la confianza había crecido y había servido para que los productores alemanes de café se arraigaran en Guatemala.

También el clima de negocios se había desarrollado de manera positiva. En la década de 1880, la importancia de los lugares tradicionales para el comercio de café, Londres y Ámsterdam, se redujo significativamente a favor de los nuevos puntos de venta al por mayor internacional de café, Le Havre y sobre todo Hamburgo. En vista del repentino crecimiento de la demanda, el porcentaje del café producido en Sudamérica y Centroamérica en el comercio mundial alcanzó a un 90 %. Ante estas condiciones favorables, los inversores alemanes en Guatemala fueron capaces de comenzar a entrar a la producción y al comercio del café a un nivel económico completamente diferente y con un respaldo político mucho mayor que en Cuba. Metafóricamente, el giro de la rueda de la modernización había llevado a la machina mundi a la posición correcta. El lugar y el momento eran correctos y las relaciones funcionales globales y las economías regionales demostraron ser favorables.

Independientemente de ello, se necesitaba de actores insistentes y con capacidad de imponerse que disponían de las redes y el capital y que tenían una mentalidad comercial racional que se centraba en la productividad y la rentabilidad. Conocimientos especializados, perseverancia, un pensamiento empresarial, inquietud por experimentar e ingenio se combinaban en el caso de los empresarios alemanes con una base suficiente de capital y la predisposición para invertir. Estos factores no resultaron por sí solos, sino que fueron la conditio sine qua non para el éxito empresarial. Únicamente podían surtir efecto en el contexto de condiciones sistémicas y estructurales favorables, con tierra comprada a bajo precio, la suficiente disponibilidad de mano de obra, los impuestos moderados, la venta asegurada, los medios globales de comunicación y transporte en desarrollo y con la integración política y social de sus representantes tanto en el país de origen como en el país de acogida.

Entre los grupos familiares alemanes más conocidos que se dedicaban al café guatemalteco se encontraba la ya mencionada familia Klee. Karl Rudolf Klee ya había llegado a Guatemala en 1830 y fundó con un socio inglés una empresa comercial que al principio se dedicó a operaciones bancarias y más tarde adquirió plantaciones de café. Erwin-Paul Dieseldorff (1866-1940), mayista y escritor de Hamburgo, estableció plantaciones de café y se convirtió en el mayor propietario de tierras en Guatemala. Jugó un papel decisivo en la construcción del Ferrocarril Verapaz que conectaba Cobán con la costa atlántica. Otro alemán, Richard Sapper, se encontraba en Guatemala desde 1884, donde adquirió grandes plantaciones de café. Era hermano del antropólogo, lingüista y geógrafo Karl Sapper (1866-1945), que era amigo de Dieseldorff y junto a este realizó numerosas excavaciones en Centroamérica.

La familia de banqueros de Hamburgo de apellido Nottebohm fue de particular importancia. El hijo mayor del fundador de la empresa, Carl Friedrich Wilhelm Nottebohm (1836-1915), se lanzó plenamente al negocio de América. En los Estados Unidos de América, la familia participó en el comercio de petróleo y en América Central y el Caribe comerciaba con maderas finas y tabaco, y en Guatemala, específicamente con café. La empresa participó con éxito en la prefinanciación de las cosechas de café de Guatemala en forma de operaciones a plazo.

En el mercado de café de Hamburgo, las cosechas de café se compraban por un precio fijo antes de ser cosechadas. Si el precio del café subía en el ínterin, el distribuidor obtenía grandes ganancias. Si ocurrían desastres imprevistos, él asumía el riesgo. La ecuación era simple: minimización del riesgo frente a la maximización del beneficio. Estas operaciones a plazo, realizadas en el muelle Sandtor de Hamburgo, eran al final relaciones comerciales transatlánticas basadas en el beneficio mutuo, de las cuales los cafetaleros predominantemente alemanes en Guatemala y los comerciantes se beneficiaron por igual. El capital corporativo de los comerciantes de café de Hamburgo creció exorbitantemente, lo que se ha demostrado utilizando el ejemplo de los Nottebohms.

Entre 1894 y 1907, cuatro hermanos de la familia se establecieron en Guatemala y aprovecharon para sus compras la serie de quiebras de propiedades rurales causada por la crisis de sobreproducción de 1897. De esta forma se volvieron poderosos propietarios de plantaciones, de manera que controlaron los eslabones importantes de la cadena de valor en el comercio del café.

Una breve mirada hacia el futuro

Este desarrollo fue interrumpido por la Primera Guerra Mundial, que llevó a la expropiación de empresas alemanas y plantaciones de café en Guatemala. Pero las viejas redes comerciales lograron recuperarse y en el proceso el gobierno guatemalteco usó el capital alemán a propósito en contra del capital norteamericano para evitar la inminente dependencia de los Estados Unidos. Las expropiaciones a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fueron más graves porque la tierra de los alemanes había sido distribuida en la década de 1940 por una reforma agraria. Esta fue revertida en la década de 1950 —después de un golpe de estado organizado por la CIA—, sin embargo, los conflictos sobre la propiedad alemana expropiada se prolongaron hasta 1959. La mayoría de los casos fue resuelta de manera informal entre las familias alemanas y el gobierno de Guatemala, a menudo mediante el pago de sobornos y muy probablemente con apoyo de las redes familiares. No obstante, la colonia alemana ya no alcanzó la misma expansión territorial y hegemonía económica que antes.

Al comparar las condiciones sociales y laborales que regían en las plantaciones de café cubanas y guatemaltecas del siglo XIX, se encuentran solo pocas diferencias, a pesar de que los empleados tenían un estatus jurídico diferente. Las opciones de vivienda, alimentación, vestuario y los ritmos de trabajo fueron parecidos. Las diferencias en la descripción de la población indígena de Guatemala en comparación con los esclavos cubanos son igualmente menores. Después de las reformas liberales de la década de 1870, que privaban a la población indígena de sus fuentes de ingresos y dieron lugar a la servidumbre por deudas, se describía a los indígenas habitualmente como poco dispuestos a trabajar, sin alma y pasivos, de modo que solo la fuerza o la «educación» al trabajo prometía algún resultado. Pero, a diferencia de las descripciones de los esclavos del Caribe, los indígenas de Guatemala fueron vistos como más bien inofensivos y dóciles. Al menos no causaban problemas, aparte de no llegar a trabajar.

Ambas narraciones fueron discursos coloniales de autojustificación, en los que no se describían las características individuales de las personas, sino que se optó por una clasificación grupal y conveniente. El sistema guatemalteco de servidumbre por deudas difiere poco en su función del sistema de esclavitud. En ambos casos, el objetivo era concentrar la demanda masiva de mano de obra, especialmente en el ciclo de cosecha y más allá de él, para asegurar el cuidado de las plantas de café y sus cultivos concomitantes, así como el procesamiento de la cosecha. Entre los administradores de las plantaciones y los trabajadores existía una relación de dependencia paternalista, la cual no excluía agresiones y actos de violencia.

El ya mencionado Paul Dieseldorff, cafetalero de la finca Santa Margarita en Alta Verapaz, aconsejó a los futuros emigrantes alemanes clemencia:

El administrador debe esforzarse por una buena relación con los trabajadores, para que vean en él no solamente el señor estricto, sino también un amigo que aconseja y ayuda. El indio de Alta Verapaz debe ser tratado como un niño. El administrador debe ser determinado y enérgico para reforzar su autoridad. Debe tener claro sus puntos de vista de antemano y no debe cambiar sus decisiones con frecuencia. Por otro lado, también debe ser amable y justo para ganarse el corazón de su gente.

El mismo Dieseldorff inspiró las leyes contra la vagancia del general Ubico de 1934, en las que se abolió oficialmente la servidumbre por deudas, pero se estableció el trabajo forzado de la población indígena bajo absoluta arbitrariedad de los dueños de las fincas, que llegó hasta el asesinato impune de trabajadores. La investigación ha señalado la transferencia de experiencias entre la legislación colonial alemana y Guatemala. Pero también es posible compararla con la legislación represiva sobre la esclavitud del siglo XIX. Un propietario de esclavos podría comprar, vender y alquilar sus esclavos. Un cafetalero guatemalteco no podía hacer eso con sus trabajadores. Sin embargo, se le permitió castigarlos o violentarlos, tanto antes como después de la abolición legal del trabajo de servidumbre, es decir, hasta bien entrado el siglo XX. Aunque las leyes sobre esclavos en Cuba restringían el castigo físico, en la práctica esto quedó casi sin efecto. Nuevamente, ambos sistemas solo muestran diferencias mínimas.

***

La producción de café se desplazó en el siglo XIX geográficamente y en el eje de tiempo desde el Caribe hacia la región de América del Sur y Centroamérica, a causa del cambio de las condiciones de producción y venta, las características climáticas, también con vista al clima de negocios y los grandes ciclos económicos. «Todo tenía su tiempo», también los giros de la rueda de la machina mundi, para seguir con la metáfora de este proceso de modernización global, que estableció las condiciones individuales de éxito o fracaso económico. Lo que era demasiado temprano para uno, venía justo a tiempo para otro. El tiempo y el lugar beneficiaron a la ubicación guatemalteca. La relación funcional era la adecuada y el engranaje de la maquina giraba. Con la aparición del mercado mundial se activó una demanda significativamente mayor, procedimientos de control de riesgos en la producción de café y la aceleración del transporte a través de comunicaciones mejoradas. La producción y el comercio de café en el siglo XIX se basaron en una organización de trabajo que se diferenciaba entre Cuba y Guatemala, sobre todo por su marco legal. Adicionalmente, en Guatemala participaban muchos más empresarios alemanes que también se habían unido a las élites nacionales en mayor medida. Pero ambos sistemas fueron similares, especialmente en los métodos de producción a gran escala y en la organización del trabajo, así como en el trato de aquellos que sostuvieron esta producción en las plantaciones o fincas de café.

En la investigación se ha discutido de forma controversial y en muchas facetas la contribución de la trata de esclavos y la esclavitud en las plantaciones a la acumulación inicial de capital, argumentando que la urbanización y la industrialización tardía de España en el siglo XIX se beneficiaron especialmente de las transferencias de estas ganancias. Pero no solo hubo una secuencia temporal y la gran separación espacial entre la esclavitud y el capitalismo, sino también una simultaneidad.

El sistema de la segunda esclavitud, es decir, la esclavitud en las plantaciones del siglo XIX, siguió, mientras duró, la lógica de la utilización capitalista global, de la misma manera que las fincas de café en Guatemala basadas en el trabajo forzado. Una gran similitud se encuentra incluso en las descripciones peyorativas de los esclavos cubanos y los trabajadores agrícolas indígenas guatemaltecos, ya que en ambos casos se trata de la autojustificación de un sistema de explotación. Este sistema fue global y no conocía fronteras nacionales. A veces era más rígido que otras. Adquirió su fuerza de la relación asimétrica entre países productores y consumidores, del margen entre los más bajos costos posibles de producción y transporte, por un lado, y una creciente demanda y un elevado precio de venta, por el otro lado. Con ello, el sistema reprodujo sus estructuras de incentivos. Pero eso no fue un problema exclusivamente cubano o guatemalteco.

Mientras los así llamados barones del café de Hamburgo celebraban su prosperidad en la Elbchaussee, al mismo tiempo las miedjes, las limpiadoras alemanas de café, clasificaban los granos de café en las cintas transportadoras en el muelle Sandtor en Hamburgo, aun en la década de 1930, por un salario de miseria, como si el tiempo se hubiera detenido.

Las próximas primarias en realidad no funcionarán como tales, al menos para las candidaturas presidenciales, porque no hay pelea entre precandidatos dentro de las principales fuerzas partidarias. De hecho, las encuestadoras de todas las orientaciones políticas coinciden en que casi el 85% del electorado elegirá entre estas dos opciones partidarias: Juntos por el Cambio (Mauricio Macri/Miguel Ángel Pichetto) y el Frente de Todos (Alberto Fernández/Cristina Fernández de Kirchner).

En ese contexto de polarización, una vez más, se puso el acento en el carácter obligatorio de las PASO en la Argentina. Según la Ley de Presupuesto se desembolsarán 3000 millones de pesos sólo para el operativo de los comicios, sin contar los aportes obligatorios del Estado a los partidos políticos.

En las elecciones próximas intervendrán varios factores. Por ejemplo, el voto joven. Sólo en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral, los nuevos votantes —a partir de los 16 años de edad— son más de 500.000 jóvenes y representan el 6 % del padrón bonaerense. También los extranjeros tendrán un rol especial. En el mismo distrito de Buenos Aires hay unos 700.000 extranjeros habilitados para votar. En este sentido fue crucial el mensaje del presidente representante de Venezuela, Juan Guaidó, en los últimos días pronunciándose a favor de mantener en la Argentina el rumbo de ratificación de la República.

Otro eje es el posicionamiento de los gobernadores provinciales. Siguiendo el cronograma electoral, la mayoría de las provincias ya han elegido gobernador y en la mayoría de esas elecciones triunfaron fórmulas peronistas. El ejemplo más claro es el de Santa Fe, donde Omar Perotti logró recuperar ese bastión para el PJ al ganarle al actual gobernador Miguel Lifschitz, socialista, luego de doce años. Perotti se pronunció a favor de la candidatura Fernandez/Fernández de Kirchner. Otros gobernadores irán en estas PASO nacionales con boletas cortas, es decir, presentando candidaturas provinciales y municipales pero no nacionales y dejando en libertad de acción a sus votantes. Es el caso del referente cordobés, Juan Schiaretti, una provincia que representa casi el 8 % del electorado total.

Por otra parte, cabe preguntarse cómo impactará el resultado electoral sobre una economía que no termina de recuperarse, y viceversa. En ese sentido, el impacto del efecto China sobre el mercado doméstico en las horas previas a las elecciones y la suba del dólar, como ocurrió en todos los países emergentes pero especialmente en la Argentina, podría profundizar el malestar de los votantes respecto de la inflación de dos dígitos y la caída del empleo.

En cuanto a lo que vendrá, la Fundación Mediterránea señaló que un triunfo holgado en las urnas de la fórmula Fernández/Fernández de Kirchner generaría una suba del dólar y de las tasas, pero especialmente un parate en la toma de decisiones de inversión. En cambio, un triunfo de Macri/Pichetto o una derrota pero por escaso margen podrían afectar menos en este último sentido, aunque este último escenario también generaría turbulencias en los mercados.

El libro colectivo Nuevas campañas electorales en América Latina editado por la Fundación Konrad Adenauer constituye un valioso esfuerzo analítico sobre de la reciente coyuntura electoral en América Latina, y recoge buena parte de las novedades de las últimas campañas electorales diversos países de la región. El libro, constituido por quince capítulos escritos por autores de diferentes nacionalidades y trayectorias académicas, aporta un panorama variado sobre causas (en algunos casos profundas, y en otros, más superficiales) de los cambios electorales en el continente. Este aporte es bienvenido, en particular en la época de cambio electoral que experimentan las democracias latinoamericanas, desde el giro a la izquierda de principios de siglo, hacia un panorama más fragmentado e incierto que ha cambiado el mapa electoral en muchos países.

En dicha medida, el libro constituye un esfuerzo por ubicar al lector interesado en una coyuntura de transición, entre el giro a la izquierda y una restauración parcial de gobiernos y líderes de signo contrario. Este contragiro tampoco implica una restauración completa de principios y programas neoliberales (como sucedió durante el llamado consenso de Washington), porque viene asociado a ciertas novedades, que el libro recoge en buena medida. A modo de síntesis general, creo conveniente destacar cuatro aspectos sobre los que el libro constituye un aporte para la investigación sobre el comportamiento electoral.

En primer lugar, las campañas electorales son un asunto muy importante en la actividad política. Ampliamente definidas, constituyen el conjunto de acciones que los políticos llevan a cabo para competir electoralmente. Los capítulos abordan distintos aspectos de las campañas recientes, tanto a nivel nacional como subnacional. Estos aportes permiten observar la enorme diversidad que hay en el continente en términos de modalidades de campañas electorales, en las técnicas utilizadas y en los públicos a las que apuntan. En particular, aparece sistemáticamente el uso de las nuevas tecnologías en las campañas electorales. Nadie duda sobre las bondades comunicacionales que dichas tecnologías pueden tener, y por ello la extensión de su uso. Sin embargo, un asunto pendiente, y de enorme importancia, es estimar la magnitud de su utilización medida en votos. En ese sentido, no es lo mismo su uso en un sistema político estable, con partidos históricos y un sistema de partidos institucionalizado, como podría ser el uruguayo, que en sistemas fluidos que no han alcanzado estructuración, en donde el margen para la irrupción de outsiders y el discurso antipolítico es mucho mayor.

En segundo lugar, la presencia de outsiders no es una novedad en América Latina, pero podría haber experimentado un incremento durante los últimos años, que en ocasiones ha venido asociado a la creación de partidos políticos como instrumentos coyunturales para competir electoralmente. El libro analiza los casos de Duque en Colombia, de Bolsonaro en Brasil o Alvarado en Costa Rica, mostrando que es un fenómeno que crece propiciado por sistemas de partidos fluidos e inestables. De todos modos, no todos los outsiders son iguales, y hay quienes han elegido crear sus propios partidos e invertido en construir estructuras y programas coherentes (en su momento, Macri fue un outsider de este tipo en Argentina), mientras otros se han erigido más en una novedad comunicacional (como los casos de Bolsonaro o Alvarado). El desafío de estos experimentos será, en todo caso, saber cómo lograrán sortear los desafíos de la gobernabilidad cuando su ascenso ha estado motivado precisamente por el derrumbe de los sistemas de partidos.

En tercer lugar, existen algunas novedades programáticas. El cambio de signo ideológico en algunos países ha venido acompañado de ciertos guiños al nacionalismo y a políticas proteccionistas y moralmente conservadoras, a la vez que de importantes recursos destinados a obra pública e inversión social, que no forman parte del recetario tradicional del consenso de Washington. Y esto se vincula a su vez, con un cuarto y último punto.

Existe una novedad, que perfectamente podría ser leída también en clave de cierta continuidad del período del giro a la izquierda, que es el uso deliberado de la tensión ideológica como instrumento de competencia política y electoral. Esto, que había sido explotado hábilmente por partidos y candidatos de izquierda, comenzó a ser utilizado también por candidatos y partidos desafiantes, con un alto grado de éxito. En materia programática, la polarización entre principios opuestos parece haber tenido rendimiento electoral. Parece claro que la estrategia de polarizar ideológicamente la competencia ha dado frutos en algunos casos, llevando la tensión ideológica a niveles a veces incompatibles con la gobernabilidad. Este punto parece constituir un duro desafío para las democracias latinoamericanas en el futuro próximo.

En suma, los capítulos del libro abordan novedades de un ciclo electoral en América Latina desde el análisis de las campañas electorales, pero constituyen un aporte más amplio al estudio del cambio político en las democracias de nuestra región. Es de esperar que se repitan publicaciones similares en el futuro.

Ficha técnica

Nuevas campañas electorales en América Latina
Fundación Konrad Adenauer
Montevideo: KAS, 2018
ISBN 978-9974- 8706-0-4

Hay una profunda crisis social y humanitaria que ha sumergido al 94 % de los venezolanos en la pobreza, dejando a las poblaciones más vulnerables totalmente desamparadas. Todos los días aumenta el número de niños en las calles, mientras los adultos mayores colapsan buscando las medicinas para la tensión. La escasez casi absoluta de psicofármacos para tratamiento de trastornos emocionales y de medicamentos para enfermedades crónicas como el cáncer y el VIH-sida, junto con el aumento del desempleo, han empujado a miles de venezolanos al borde de la desesperación, convirtiéndose en los principales factores detrás de crecimiento del 400 % en el número de suicidios. Por su parte, la violencia continúa su tendencia ascendente liderada por los grupos de la muerte de los organismos de seguridad del Estado, que disparan primero y después vuelven a disparar.

Hay también una profunda crisis migratoria, que ha llevado a cuatro millones de venezolanos a huir del país. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), solo en marzo, abril y mayo de 2019 cerca de 500.000 venezolanos han migrado, en lo que es catalogado como el «éxodo más grande en la historia reciente de América Latina». Si no se producen pronto cambios significativos en el país, esto podría ser solo el comienzo. De acuerdo con el estudio Latinobarómetro, durante el 2018 más de 15 millones de venezolanos consideraron mudarse a otro país.

Esta situación de crisis migratoria también se conjuga con el crimen para abusar de quienes desesperados huyen en busca de oportunidades. Así, la trata de personas, el trabajo forzoso, la servidumbre y la prostitución han aumentado en 300 % en los últimos cuatro años, de la mano de las migraciones forzosas.

La crisis migratoria también genera una fuga de talentos. Según un estudio hoy es más fácil conseguir un venezolano con estudios de tercero o cuarto nivel (es decir, universitarios, magíster o doctorado) en cualquier parte del mundo que en Venezuela. La migración de personas altamente calificadas afecta a todos los sectores de la sociedad y a la economía. Sin embargo, en ninguno es más notorio que en la industria petrolera. La crisis petrolera sobrepasa claramente las capacidades técnicas disponibles. La estatal PDVSA, responsable de más del 90 % de las exportaciones venezolanas, produce hoy, según datos de la OPEC, un cuarto de lo que producía en el año 2000, en lo que representa «el peor desplome [de producción] de las últimas tres décadas».

La crisis petrolera agudiza aún más la crisis económica de un país que, sumergido en hiperinflación y escasez, ha perdido entre 2013 y 2018 más de la mitad de su riqueza, tras la caída del 52 % de su producto interno bruto.

Por último, pero no por ello menos importante, Venezuela atraviesa una profunda crisis política.

En este punto quisiera detenerme para contar una breve anécdota personal. Al finalizar una presentación en un seminario sobre la crisis venezolana en Berlín, en el que analicé entre otras cosas el artículo 233 de la Constitución venezolana [1], un participante hizo un interesante comentario. Para ello se levantó y sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño libro, muy fácil de reconocer: un ejemplar azul de la Constitución de Venezuela de 1999. Con la Constitución en mano comenzó a leer palabra por palabra, tal y como lo había hecho yo minutos antes, el artículo 233. Sin embargo, al finalizar su intervención había sucedido algo extraordinario: su análisis contradecía radicalmente al que yo había presentado.

No tiene importancia quién tenía y quién no la razón. Incluso quizás sea imposible determinarlo. Lo realmente interesante del pequeño malentendido es que ilustra perfectamente la profundidad de la crisis política venezolana. Lo que sucedió durante ese seminario fue una reproducción a mínima escala de lo que sucede todos los días en las calles de Venezuela: dos personas que partieron del mismo punto, desarrollaron la misma forma de argumentar luego de leer detenidamente la misma fuente, llegaron a conclusiones no solo diametralmente distintas, sino incluso contrapuestas. Un fenómeno que solo es posible gracias a que hoy ni las palabras ni los hechos significan lo mismo para los venezolanos.

En este sentido, puede definirse la crisis política venezolana como la ausencia total de instituciones, en su amplio sentido sociológico (es decir, normas y valores compartidos), que permiten tomar decisiones que gocen de validez y legitimidad en toda la comunidad sobre las que ellas rigen o gobiernan.

La crisis política venezolana trata de la ruptura de los consensos mínimos que anteceden al mismo juego político, una crisis preconstitucional, del espíritu de las leyes o de lo que el politólogo Robert Dahl denominó la sombra de la teoría política: los supuestos y axiomas fundamentales que no han sido explícitamente formulados pero que aun así, en su versión abstracta e indeterminada, son compartidos por todos los actores.

Ahora bien, si como se ha descrito, la crisis venezolana responde a un complejo e interdependiente círculo vicioso, se desprende que cualquier solución parcial es por definición insuficiente para resolver la crisis [2], pero también que algunas soluciones parciales pueden, resolviendo uno de los eslabones de la crisis, incidir negativamente en los demás. Así, por ejemplo, mientras una intervención militar extranjera podría generar un cambio de gobierno, produciría también una profundización de la crisis migratoria y de la fuga de talentos, por no mencionar las consecuencias sobre la crisis humanitaria.

La crisis venezolana requiere una solución integral solo posible de alcanzar a partir de «un diálogo nacional inclusivo [que permita construir un] modelo de desarrollo político, económico y social sostenible» Kurtenbach (2019, p. 9). Sin embargo, esa solución integral o modelo de desarrollo solo puede alcanzarse a largo plazo. Por consiguiente, la pregunta central que se desprende es ¿entonces, por dónde comenzar en el corto plazo?

Para evitar que cualquier diálogo se estrelle nuevamente contra incomprendidas expectativas maximalistas de los actores de gobierno y de oposición, es necesario reconstruir acuerdos políticos mínimos. Reconstruir el espíritu, no solo de las leyes, sino incluso de la nación. Cualquier intento de negociaciones debe por tanto iniciar por la reconstrucción de un lenguaje común, sobre el significado de las palabras, de los compromisos y especialmente de lo que está en juego, Venezuela.

Notas:

[1] Artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: «Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período».

[2] Kurtenbach, Sabine (febrero de 2019). «Venezuela – Wahlen allein reichen nicht (Venezuela. Elecciones solas no son suficientes)», GIGA Focus | Lateinamerika, n.º 1.

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Se viene el primer episodio de nuestro Podcast.

Escuchalo en:

Fue parte de su estrategia electoral, y funcionó: designar a un enemigo, construir una narrativa de campaña que lo señale como culpable de los males de la nación, azuzar a sus huestes en contra de ese nuevo enemigo, utilizar el miedo como herramienta, radicalizar a los votantes, obtener el triunfo.

Lo más grave es que, en efecto, funcionó, y sigue funcionando.

Donald Trump ha hecho de la demagogia un recurso constante, ya fuera como candidato, ya sea como presidente, y ese continuo ataque en contra del otro, del migrante, del diferente, tuvo el fin de semana pasado consecuencias que cobraron la vida, hasta el momento, de 29 víctimas durante dos tiroteos en espacios públicos, en contra de población indefensa.

Los estados de Texas y Ohio fueron los sitios elegidos por quienes arguyen una «invasión» que desplaza y sustituye a la «población blanca», según el texto redactado por uno de los asesinos, en El Paso, quien además señaló su intención de matar a «la mayor cantidad de mexicanos» que fuera posible.

Si bien estas declaraciones chauvinistas y xenófobas no son ajenas en algunos sectores de la vida pública estadounidense, el que tengan en la autoridad electa democráticamente un impulso desde el propio discurso político contribuye de manera lamentable a fomentar y reforzar argumentos simplistas, falsos y que ponen literalmente en la mira a un grupo racial inserto de manera plena en la vida pública.

Nada diferente, en el fondo, a ese nacionalismo que ha sido la base de no pocas alternativas populistas, que lindan ya con el fascismo y que ponen en jaque los valores democráticos del pluralismo, la diversidad, la tolerancia y el respeto por el otro.

Tampoco nada distinto a narrativas de gobierno que, siempre desde las campañas, apelan a los sentimientos más básicos del electorado para sumirlo en una postura donde solo existen motivos irreductibles, donde no hay puntos medios, donde el todo o nada destruyen la naturaleza dialógica y consensual de la política.

Y puede ser un grupo racial, un sector de la sociedad, un segmento de la población, una minoría o incluso una mayoría pacífica: para el demagogo y para el fascista lo importante es limitar la realidad a dos extremos irreconciliables para radicalizar y señalar culpables, la lógica del amigo y enemigo, la dialéctica del vencedor y la víctima, el discurso del opresor y el oprimido.

Cuando esa estrategia triunfa, las posturas se recrudecen y se tornan irreconciliables.

La legitimidad electoral lleva a que el líder mesiánico y su grupo asuman —también en una estrategia clara del populismo— que portan la representación de todo el pueblo, y que en nombre de ese supuesto todo tienen derecho a decidir, como si el resto no importara o fuera prescindible.

Y como la realidad es siempre y por fortuna compleja y múltiple, cuando los resultados no son lo que el populista esperaba, señala como culpable a ese grupo y utiliza la tribuna pública para continuar su discurso de descalificación y denuesto.

Si es en la Hungría de Orban, el culpable es George Soros. Si es en la Francia de Le Pen o en la Alemania de AfD, los culpables son los migrantes. Si es en el México de López Obrador, los culpables son los opositores, lo que él llama «la mafia»; si es en Venezuela, el culpable es «el imperio» o la «oligarquía».

Siempre un culpable único: la reducción de la realidad a una expresión simplista.

Tarde o temprano, ese continuo señalamiento hallará una mente torcida que se asuma como portadora de una solución: y en los Estados Unidos de Trump, esta mente fue la de asesinos que decidieron atentar contra lo que consideran —porque lo han escuchado, porque se los han repetido, porque la gente que quizá admire se los ha señalado una y otra vez— el mal que es causa de todos los males de su país.

El discurso del odio es, precisamente eso: odio. Y el odio, como los sentimientos básicos del ser humano, huye de la razón para ser solamente instinto.

La responsabilidad de candidatos y gobernantes en la construcción de ese mundo maniqueo donde solo cabe el pensamiento único es clara, tiene consecuencias y genera heridas colectivas que pueden devenir espirales de violencia crudas e impredecibles.

Como los grandes temas de nuestro tiempo, la migración, la convivencia entre diferentes, la pluralidad y la diversidad deben asumirse con un alto sentido de la dignidad humana: esa que es propia de cada mujer y cada hombre por el solo hecho de ser; esa que debe protegerse y defenderse, sobre todo entre los más débiles; esa que nos hace iguales en derechos y obligaciones; esa que no puede sacrificarse por ningún motivo, mucho menos por una campaña electoral.

Es lamentable y trágico lo ocurrido en Texas y Ohio. Tan trágico y lamentable como constatar que el odio tiene adeptos y seguidores, así como azuzadores que lo disfrazan mediante mercadotecnia para ganar algunos votos.

Y en este gran movimiento feminista nos encontramos, en la revolución sociocultural que las mujeres venimos impulsando, desde las primeras sufragistas hasta las pibas que hoy militan en la calle, todas somos parte. Porque somos mujeres, somos amigas, mamás, hijas, primas, hermanas, cuñadas, tías. Sin distinción de bandera política, el feminismo nos une desde las entrañas, mejor dicho, desde el útero.

Somos feministas, porque luchamos por la igualdad de derechos entre mujeres y varones. Y desde cada lugar que hoy nos toca representar, impulsamos una real perspectiva de género en cada una de las políticas públicas en las que intervenimos. Y lo militamos en este espacio político, porque nos da el lugar y la oportunidad de pasar de la agenda del deber ser a la agenda de los hechos. Porque erradicar la violencia de género y conquistar nuestros derechos son objetivos tan reales y necesarios, que nos obligan a aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente sin ideologías políticas. Y la actual gestión no ha mirado para otro lado, sino que está poniendo foco, dedicación y esfuerzo para lograr esos cambios socioculturales profundos.

Y los avances que el feminismo está consiguiendo se explicitan, por ejemplo, en el campo de la política pública nacional, ya que el año pasado se lanzó el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD1) 2018-2020, impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), https://www.argentina.gob.ar/inam con el compromiso de hacer de la igualdad una política de Estado traducido en acciones concretas y resultados visibles; mediante la búsqueda de la autonomía de toma de decisiones, la autonomía física, la autonomía económica y la transformación cultural (interrelación entre autonomías).

Desde el 2017, la implementación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), promociona las decisiones libres e informadas, el acceso efectivo a métodos anticonceptivos y lineamientos institucionales de abordaje del abuso sexual y embarazos forzados. En 2017 también, a través de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (ley n.º 26485, 2009), se lanzó el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019, el cual cuenta el eje de actuación orientados a la prevención, y el eje de atención integral de las mujeres en situación de violencia de género.

Vale la pena destacar que empujamos y nos inspiramos para diseñar acciones por la Ley Micaela (ley n.º 27499, 2019) la cual establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las funcionarias y todos los funcionarios en todos sus niveles y jerarquías en los poderes. Esta ley lleva el nombre en honor a Micaela García, joven entrerriana de 21 años, víctima de un femicidio y, paradójicamente, luchadora activa y comprometida con organizaciones sociales que persiguen terminar con la brecha de desigualdades entre mujeres y hombres. A Micaela la mató un asesino que gozaba de libertad condicional (por otros dos crímenes) otorgada por un juez que desoyó el informe negativo del servicio penitenciario.

Apoyamos y fomentamos la Ley Brisa (ley n.º 27452, 2018), de reparación económica para las niñas, niños y las y los adolescentes huérfanas y huérfanos de madres por causa de femicidios, proyecto inspirado en el caso de Brisa Barrionuevo, una niña de 3 años cuya madre fue asesinada a golpes y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa, por su marido. La ley se aprobó por el Congreso el 4 de julio de 2018, y el decreto que la reglamenta se firmó en septiembre del mismo año.

Nos ponemos de pie, para contarles que el 23 de noviembre de 2017 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (ley n.º 27412, 2017); y este año tenemos las primeras elecciones nacionales con listas intercaladas uno y uno entre mujeres y hombres. Además, se aprobó la Ley de Privación de la Responsabilidad Parental (Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, ley n.º 27363, 2017), que priva de la patria potestad a los femicidas condenados, la Ley Educar en Igualdad (Ley n.º 27234, sancionada en 2015, implementada en 2016), que trabaja la temática de violencia en los establecimientos educativos.

Desde todos los espacios —nacionales, provinciales y locales— y todos los lugares de toma de decisión a los que tenemos acceso, defendemos enérgicamente la Ley de Educación Sexual Integral (ley n.º 26150, 2006) como espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños, las niñas y las y los adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad.

En la Provincia de Buenos Aires (PBA) también pudimos avanzar en la agenda de género. La línea telefónica y gratuita *144 de asistencia a las víctimas de violencia de género llegó a nuevos territorios para acompañarnos y asistirnos con más de 13.000 intervenciones desde 2016. Se creó la red de Hogares de Protección Integral, con más de 49 hogares que brindan alojamiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos/as; se convenió con otras organizaciones de la sociedad civil para hacerle frente conjunto a la violencia; se llegó a 18.000 empleadas y empleados públicos bonaerenses con capacitaciones y asistencias técnicas. Se creó del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, que ha capacitado a más de 2000 mujeres emprendedoras. Y en el punto de la autonomía política se propuso en más de la mitad de los cargos designados de jueces, fiscales, defensores oficiales, se pasó del 32 % al 52 % de cargos ocupados por mujeres.

En la Ciudad de Buenos Aires se creó el Sistema de Indicadores de Género, por el cual se recolectan datos estadísticos y de gestión con una perspectiva sistémica de las autonomías de género (de acuerdo a CEPAL), con el objetivo de visibilizar la situación diferenciada entre varones y mujeres. Y además de todos los dispositivos existentes (hogares, refugios, etc.), la Ciudad creó un número telefónico gratuito de denuncia y contención frente al acoso en el transporte público (Línea Acoso *22676), y se ampliaron las licencias por paternidad. Un dato a tener en cuenta es que hoy se brinda asistencia a varones que hayan ejercido la violencia a mujeres, para romper con el círculo de violencia de género. Entre otras muchas cosas.

Este mes, en uno de nuestros encuentros de mujeres, brindamos porque una de nuestras compañeras participó y empujó desde adentro la decisión de hacer el primer informativo de temas de género en la Televisión Pública Nacional, un programa llamado Con Vos Propia.

Y como gran hito de este gobierno, debatimos abierta y pluralmente la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el Congreso Nacional. Porque estuvo la voluntad y se llevó a cabo. Fue un paso firme, y sin vuelta atrás para la evolución de la sociedad: hablar de lo que necesitábamos hablar.

Acá vemos que los avances realizados por el colectivo de mujeres en su conjunto, y con su capacidad de acción real, se ve aplicado en estas nuevas herramientas de políticas públicas. Probablemente todo este camino recorrido, toda esta lucha y lo que para nosotras y las que vienen dando pasos firmes en construir una sociedad más justa e igualitaria, ha sido difícil y doloroso. En unos años, el día de mañana, para las mujeres de las próximas generaciones serán derechos conquistados incuestionables.

En Cambiemos hay lugar para todas las acciones feministas, para aquellas que hace años vienen levantando las banderas y para aquellas que se fueron sumando con el devenir de esta historia. Estudiamos y nos preparamos con las compañeras académicas que nos enseñan a contextualizar el movimiento, a deconstruirnos y reinventarnos todos los días. Escuchamos los reclamos de las pibas en las calles, de nuestras colegas día a día, de nuestras amigas de lucha y de las que no luchan, de todas. Estamos en el mismo barco: el de la igualdad real de trato y oportunidades.

Hoy contamos con espacios de debate de género, espacios exclusivos para mujeres, espacios compartidos con varones, espacios para promover el mensaje por medio de capacitaciones y formación de líderes, espacios para tomar decisiones con perspectiva de género. Ejercemos el derecho de libre pensamiento y libre acción. Somos plurales y no solo nos respetamos en los pensamientos de cada una, sino que atravesamos los contextos y decidimos transitar unidas este camino feminista, este camino laboral, este camino de vocación de servicio.

Queremos ser impecables en lo que decimos: somos mujeres en red que en su actividad política deciden aplicar y fomentar la perspectiva de género, con el objetivo de una sociedad más justa e igualitaria.

Y sobre nuestra agrupación La Generación [1] podemos decir que hoy tiene una presidenta mujer. Porque creemos que es la mirada que hay que darle a la política de hoy, una mirada de pluralidad, de inclusión de todas las perspectivas, una mirada de diversidad. Es para nosotras y nosotros un compromiso ineludible promover más perfiles de nuestras dirigentes mujeres, darnos más visibilidad, porque si hay algo que tenemos de sobra son mujeres preparadas, decididas y convencidas que este es el camino. Solo resta que tengamos más voz, más visibilidad y condiciones iguales de mostrar todo lo que tenemos para dar.

Si hubiera aún alguna duda sobre lo feministas que somos, a todas y todos les abrazamos y abrimos nuestros corazones para que juntas y juntos sigamos empujando la misma lucha. No caigamos en peleas dignas del sistema que nos quiebra como colectivo, porque nuestro objetivo es el mismo en todos los partidos políticos, en todos los territorios, en toda América Latina.

Acá estamos. Siempre sororas, siempre de pie, siempre juntas y organizadas. @chicaenpolítica

Nota:
[1] La Generación es una agrupación de actividad política, jóvenes sub-40, que milita dentro del partido Cambiemos.

En la historia se pueden encontrar muchas mujeres importantes que han logrado grandes éxitos que han cambiado a nuestra sociedad. Una de ellas fue Rosalind Franklin, química inglesa, que en los años cincuenta descubrió la estructura helicoidal del ADN. El descubrimiento incluso fue honrado con un premio Nobel. Pero este no fue otorgado a Rosalind Franklin, sino a dos hombres, Francis Crick y James Watson, que robaron los resultados de sus investigaciones y las publicaron con sus nombres. En este contexto cabe también mencionar al doctor James Barry, quien era mujer. Ella se escondió tras una identidad masculina para estudiar medicina, que en estos días era un privilegio de los hombres. Barry realizó una de las primeras cesáreas exitosas, cirugía que iba a salvar muchas vidas en el futuro.

Hoy en día, las mujeres ya no tienen que esconderse o vestirse como hombres para participar. No es necesario decir que las mujeres desempeñan un papel importante y que hacen una contribución importante a la sociedad; ya es un consenso que nadie negaría. Este consenso también existe en el contexto de los procesos de paz en los que las mujeres tienen un papel significativo. Existen varios estudios que han mostrado los efectos positivos de la inclusión de mujeres. Es decir que cuando se incluyen a mujeres en las negociaciones de paz, el acuerdo tiene un 35 % más de probabilidades de durar al menos 15 años. Pero, ¿cómo es posible?

El Council of Foreign Relations, un think tank independiente de los Estados Unidos, ha analizado no solamente los beneficios de dicha inclusión sino que también ha estudiado la mayoría de los procesos de paz y cómo las mujeres los han influenciado. Sus resultados son impresionantes.

Una primera observación es el hecho de que las mujeres muchas veces tienen un acceso diferente a la información debido a su distinto papel en la sociedad. En la mayoría de los conflictos las mujeres no han formado parte de las estructuras típicas del poder sino de los grupos más vulnerables de la sociedad. Por ende, saben exactamente cómo el conflicto afectó a las distintas partes de la población. Consecuentemente, tienen un enfoque más inclusivo e integral de la construcción de paz y amplían la agenda en las negociaciones. Mientras que los hombres se enfocan más en las políticas duras como poder y el rol del ejército, las mujeres incluyen temas blandos como agendas sociales, la educación, la salud o cambios sistémicos, cuales son esenciales para lograr paz a largo plazo.

Además, por no formar parte de las estructuras de poder, las mujeres generan más confianza durante los procesos de paz por su neutralidad. Están vistas como mediadoras honestas, confiables y altamente interesadas en poner fin al conflicto. Estas características les facilitan llegar a un consenso y resultados más duraderos y estables. Al mismo tiempo, les da un poder de influencia sobre la opinión pública y de movilización de la sociedad para formar parte de los procesos y comunicar sus intereses. Eso resulta en procesos de paz más incluyentes y participativos.

Sin embargo, las mujeres representaron solamente el 9 % de los negociadores, 3 % de los mediadores y 3 % de los testigos y firmantes en los principales procesos de paz entre 1992 y 2017. Esta disparidad entre el ideal y la realidad, entre otras cosas, nos da pistas de por qué tantos acuerdos firmados han fallado en el pasado.

Las mencionadas arriba son solamente algunas de las muchas ventajas de la inclusión de mujeres. Teniendo en cuenta que hay más, es aún más sorprendente que las mujeres sigan estando poco representadas en los procesos de paz. Se plantea entonces la cuestión de cómo se puede aumentar la participación de mujeres. Como siempre, no hay una sola respuesta ni una fácil. Se necesitarían cambios fundamentales e institucionales. Ya se ha dicho que las mujeres frecuentemente no forman parte de las redes de poder y que son altamente afectadas por el conflicto. Eso sí puede servirles para mediar en las negociaciones, pero al mismo tiempo les dificulta obtener el acceso a estas.

Muchas mujeres están viviendo las consecuencias del conflicto y están luchando por su supervivencia. En esta situación es poco probable que ellas mismas busquen la participación. Por ende, el Gobierno, igual que las organizaciones internacionales y otros grupos importantes, debería involucrar mucho más activamente a las mujeres, no solamente en las negociaciones y procesos de paz, sino en todos los contextos de la toma de decisiones. El resultado siempre debería ser una representación de todos los intereses de la sociedad. Consecuentemente, las mujeres, que son un 50,4 % de la población, necesitarían tener esta misma representación en el proceso. Aparte de eso, se debe tener en cuenta que no solamente las mujeres sino también otros grupos marginales y minoritarios son fundamentales para lograr una paz duradera y estable. Ante los buenos resultados ya logrados por mujeres con una representación tan baja, solamente nos podríamos imaginar los buenos resultados que habría con una representación más alta y amplia.

De hecho, este acuerdo manifiesta otra vez las grandes desigualdades en términos de prosperidad e ingresos en Sudamérica. Países de rentas altas y economías crecientes como Brasil, Argentina y Uruguay (miembros del Mercosur) se encuentran en una fase distinta que, por ejemplo, Perú o Bolivia, que se identifican como países de renta media/baja o economías emergentes.

En ese contexto, no se debe olvidar que la Unión Europea lleva a cabo proyectos de cooperación al desarrollo en varios países en Sudamérica y en toda América Latina. Esas actividades no representan una contradicción con el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, sino que se complementan y se dan la mano.

A través de sus proyectos de desarrollo en América Latina la Comisión Europea aspira a crear asociaciones y cooperaciones flexibles. Es decir, que colabora tanto con países de rentas más altas como con países de renta media o baja. Pero, por supuesto, se llevan a cabo diferentes medidas para asegurar que nadie se quede atrás (no-one is left behind). Principalmente, esos proyectos van dirigidos a fomentar la fuerza económica y fortalecer la responsabilidad propia de esos Estados a largo plazo. En el marco de una estrategia para, este programa regional de la UE está abierto a todos países de América Latina y tiene previsto gastar aproximadamente 925 millones euros en el periodo 2014-2020. El dinero viene del llamado Development Cooperation Instrument (DCI). Además, existen programas de cooperación bilaterales con Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay, financiados por el DCI y el European Development Fund (EDF).

El caso de Paraguay ilustra muy bien la realidad de Sudamérica: es un país de enormes desigualdades en términos de prosperidad, donde una gran parte de la ciudadanía se queda atrás aunque la economía está creciendo constantemente. Paraguay es miembro del Mercosur, pero eso no significa que ya cuente con una economía robusta de la que todos los ciudadanos se beneficien. Por eso, la UE y Paraguay tienen en conjunto programas de cooperación al desarrollo, que buscan este país esté mejor preparado para el futuro. En otros casos, como Brasil, existen programas conjuntos con la UE, especialmente para el women empowerment (fortalecimiento de los derechos de la mujer) y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Otro ejemplo de un proyecto realizado en conjunto con la UE es el apoyo a la reincorporación de excombatientes de las FARC en Colombia. En mayo de 2018 la Comisión Europea celebró un contrato con el presidente colombiano para este proyecto, por 15 millones de euros a través del Trust Fund (fondo fiduciario) de la UE. Las actividades comenzaron en Bogotá en agosto de 2018. Con este proyecto se consigue el mantenimiento de la paz dentro del país. De esta manera, se crean las condiciones para un desarrollo estable y un futuro seguro para los colombianos.

Estos dos casos son la prueba de que la cooperación al desarrollo realizada por la UE en América Latina y los acuerdos de libre comercio no se excluyen, sino que se completan.

A fin de cuentas, el acuerdo Mercosur-UE es una gran oportunidad para los 275 millones de habitantes en Sudamérica y para los 500 millones de ciudadanos europeos. Pero no debemos perder de vista a los países que no serán beneficarios de este acuerdo. Y tampoco olvidar los desafíos a los que muchos ciudadanos en América Latina, incluso en los Estados miembros del Mercosur, enfrentan día tras día. Por eso, la cooperación al desarrollo es un componente importante para el futuro. Para que nadie quede atrás. Tampoco los tres de cada diez sudamericanos.

Argentina y Uruguay celebran las elecciones presidenciales el mismo día. A pesar de que sus agendas políticas son diferentes, ambos países comparten la preocupación por Venezuela como tema de referencia en el que se arman y desarman debates.

Hace un par de meses mirábamos en un análisis sobre las internas en Uruguay la situación de Venezuela como tema importante en la agenda política. Ganó un espacio gigantesco, avanzando hasta posicionarse como una instancia en la que los contrastes son o no aceptados. Así de polarizante. En la otra orilla del Río de la Plata también se habla de Venezuela todos los días. Y aunque Argentina y Uruguay tienen problemas, desafíos y fortalezas diferentes, siguiendo su configuración institucional, social y cultural propia, comparten la preocupación por lo que sucede al norte del sur, donde la ola migratoria y la terrible crisis humanitaria muestran con cientos de miles de testimonios la crueldad de la dictadura. Justamente ha sido este último término, dictadura, el que más controversia ha traído.

El FA, ahora sí

La prensa uruguaya abrió el lunes 29 de julio de 2019 con un giro importante en el discurso del gobernante Frente Amplio. Tres de sus voceros más destacados dijeron, por primera vez, fuerte y claro, que el gobierno de Nicolás Maduro era una «dictadura». Sin comas ni tachaduras. Dictadura. Los protagonistas del viraje: Danilo Astori, exvicepresidente y ministro de Economía del gobierno; José Mujica, expresidente; y Daniel Martínez, actual candidato a presidente de la coalición progresista. Foro de San Pablo mediante, pues el FA suscribió el acuerdo del bloque regional de izquierda que apoyó al «gobierno constitucional de Maduro».

La bisagra fue el Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Este hito marcó un antes y después de la crisis. Nadie en el mundo de los partidos de izquierda pudo salir a criticar, con argumentos sólidos y relevantes, el crudo anuncio de la expresidenta chilena.

La palabra dictadura en Venezuela

No faltaron analistas y opinadores que adjudicaron el cambio de apreciación y el uso de la palabra dictadura, tan evitada por la dirigencia frentista para el caso venezolano mientras todas las alarmas estaban encendidas contra gobiernos de otro signo como el de Jair Bolsonaro en Brasil, al escenario electoral vigente, en el que los progresistas corren con la popularidad más baja desde que el FA llegó al gobierno nacional en 2005 [1] y la migración caribeña, principalmente de ciudadanos venezolanos y cubanos, sigue en ascenso. Si Venezuela y Cuba son las hechuras de un socialismo posible, ¿por qué la gente huye en estampida? Una pregunta que cada tanto despierta a tirios y troyanos. ¿Por qué ahora y antes no? ¿En qué cambia esto?

La consideración de estos máximos referentes del FA tiene un peso importante en la brújula del gobierno. Sin embargo, no hay indicios de que la política exterior de Tabaré Vásquez tenga ajustes antes del término de su mandato: Uruguay apuesta por la neutralidad participando en dos de las tantas instancias abiertas al diálogo Maduro-Guaidó: el Mecanismo de Montevideo (junto a México como principal socio) y el Grupo Internacional de Contacto (en sociedad con la Unión Europea).

#SraCristinaLeCuentoQue

La vecina Argentina también vive el suspenso del debate sobre Venezuela. El gobierno de Mauricio Macri ha sido uno de los actores clave contra el régimen de Nicolás Maduro en el plano internacional. No obstante, la oposición a Cambiemos, liderada por la expresidenta y ahora candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que antes había reivindicado el «proceso revolucionario» venezolano, también tuvo una vuelta de tuerca en su perspectiva. Menos repentino que el caso uruguayo y más gradual. Desde hace unos meses la distancia entre el sector peronista de la exmandataria y el gobierno de Maduro se ha acrecentado, al menos en lo que a discursos y tuits respecta. Acomodos estratégicos de una candidatura que ha tenido muchas sorpresas para las elecciones de octubre.

Pero el pasado no desapareció. Sigue ahí, latente. Los años de gobiernos kirchneristas, amigos esenciales del socialismo de Chávez y Maduro, no se borraron del registro. Menos en una sociedad tan digitalizada. ¿«Memoria» líquida, diría Zygmunt Bauman?

Cristina Fernández criticó a Mauricio Macri por los efectos de su política económica actual y, en el marco de la presentación de su libro autobiográfico en la ciudad de Mendoza deslizó esta frase: «Sorry, con la comida estamos igual que Venezuela». Increíble comparación que devino en una hemorragia de comentarios en redes sociales, tanto de argentinos que recordaban la camaradería chavista de la época de Néstor Kirchner y Cristina Fernández como de los emigrantes venezolanos que daban cuenta del abismo entre la realidad argentina y el caos de Venezuela. #SraCristinaLeCuentoQue fue la etiqueta tendencia en Twitter para distanciar la hambruna ocasionada por el régimen de Maduro, con abundancia de cifras y conclusiones del informe Bachelet.

Venezuela, Bachelet mediante

El ejercicio de la flexibilidad es a la política lo que la política es al poder: todo. No es extraño un giro en las posiciones ni una reingeniería que busque un posicionamiento estratégico distinto. En la carrera electoral se acomodan las piezas. Venezuela como tema no es la excepción. Es una noticia constante. Que empuja la opinión. Vibra en las calles con su diáspora incalculable. Que exige solidaridad por su crisis devastadora. En ese contexto, el informe Bachelet se inscribe como una marca que distancia el ayer del ahora, y que ha servido para el reajuste de la plaza política, por lo menos en lo que a Venezuela respecta, a todas luces la crisis más terrible en toda la región.

Con estos cambios sustantivos de posiciones en la campaña electoral rioplatense, ¿habrá espacio para una iniciativa colectiva coordinada en torno a la defensa de los derechos humanos? ¿Es posible un apoyo a la oposición venezolana que lucha contra la adversidad del régimen y todas las atrocidades registradas por la alta comisionada de la ONU? ¿Es ingenuo pensarlo o realmente viable? Son preguntas que nos deja esta vuelta de tuerca. Para buscar una solución regional a un problema regional, hay que consensuar una definición. El reconocimiento de la dictadura de Venezuela, por referentes del espectro político en Argentina y en Uruguay que antes miraban a otro lado, es un avance en favor de la democracia y del aislamiento del gobierno de Maduro.

Notas

[1] Un detalle de las encuestas de opinión que siguen la carrera presidencial uruguaya se puede conseguir en la aplicación móvil Voto Uy, disponible para descarga gratuita en iOS y Android.

Por momentos, la paz parece un escenario tan lejano que solo funciona como un eco motivador para tratar que las cosas sean de otra manera. Pero muchas veces ese objetivo se materializa, y viejas enemistades se hacen a un lado para que se dé otra forma de relacionarse. Un lugar donde la armonía corre al miedo.

El Institute for Economics & Peace es un think tank que se ocupa de realizar anualmente el Índice de la Paz Global (IPG). A un concepto tan abstracto como lo es el de la paz, lo identifica en la práctica con la idea de libertad negativa. De esta manera, habrá mayor paz mientras haya menos violencia o miedo de violencia. Las categorías del índice son tres: conflictos internacionales o domésticos en marcha, protección y seguridad (lo que en ingles sería societal safety and security), y militarización (que en su criterio contempla entre otras cosas el porcentaje del GDP destinado a gastos militares y el número de personal militar por cabeza).

Con esta óptica, nuestra región se ubica con una calificación de 2,411 (donde 1 es lo peor y 5 lo mejor), en el cuarto puesto de las nueve regiones que analiza el IPG; la mejor Europa con 1,666. Si comparamos con el año anterior, la caída en un 0,018 refleja que estamos peor y únicamente tres países lograron mejorar sus mediciones.

El sustancial proceso de paz en Colombia con las FARC sigue sumando positivamente a la región, haciendo que con Chile y Uruguay (estos dos los mejores de Sudamérica con un 1,634 y 1,711 respectivamente) compongan los únicos países que mejoraron su desempeño durante el último año. Aun así, la violencia en Colombia se expande de tal forma que con su 2,661 ocupa el peor lugar detrás de Venezuela.

La crisis venezolana, donde dos sujetos proclaman ostentar el título de presidente, aumentó la inestabilidad política a nivel regional. Por otra parte, los 4 millones de venezolanos que han abandonado sus hogares por la crisis humanitaria representan un gran desafío para los países receptores. Pero la propia violencia intrínseca del régimen de Maduro explica que con un 2,671 Venezuela ocupe el fondo del ranking sudamericano.

Entre los cinco países del mundo que más cayeron en el IPG se encuentra un sudamericano: Brasil. Cayendo un 0,112 y manteniendo con un 2,271 la antepenúltima posición en el ranking regional, la categoría que más se deterioró fue la de los conflictos en marcha a nivel doméstico. El aumento de los enfrentamientos entre grupos organizados se sumó a la gran polarización entre fuerzas políticas que subsistió a la elección presidencial y ha generado un ambiente menos pacífico en el país. De igual modo, esto también abarca el ataque a figuras políticas y el enfoque más duro que la administración Bolsonaro le ha dado a las fuerzas de seguridad.

Pese a los indicadores de Colombia, Venezuela y Brasil, Sudamérica es la mejor región del mundo en términos de militarización y conflictos en marcha. Eso es algo que vale la pena mantener, y el acuerdo con las FARC simboliza tanto el cierre de una etapa como la esperanza que se abre cuando se da lugar a la paz. El desafío está puesto en mantener ese progreso y dar vuelta las situaciones de Brasil y Venezuela.

Publicado en el portal Análisis Latino, de CADAL, el 23 de julio de 2019.

Desde cuándo anunciar la candidatura hasta un tuit oportuno relacionado con hechos fuera del ámbito político: el timing lo es todo. Este anglicismo refiere al manejo del tiempo y no solo pensando en la organización de los mensajes, sino en captar las oportunidades para poder abarcar temas que escapan a la planificación de campaña.

En la vida pública el timing es de extrema importancia. La misma acción puede tener efectos diferentes dependiendo del momento en el que se haga, y hoy, con la rapidez con la que suceden los hechos en el escenario mediático, todavía más.

El timing es la elección del momento pertinente para plantear un tema o una acción al electorado, que puede tener que ver con fechas especiales o con saber captar cuál es la preocupación de un momento determinado para medir la relevancia de nuestro mensaje. Por ejemplo, en la mayoría de los países de Latinoamérica —y para la mayoría de los electores— un mensaje que llegue a la hora de un partido de la selección nacional no tendrá demasiado alcance.

La campaña, por lo tanto, necesita estar pendiente de los elementos contextuales: cosas que a priori pueden parecer ajenas al ámbito político harán que un mensaje pierda fuerza o que se genere el ambiente propicio para darlo. No estar atento podría herir la campaña o hacer que se pierdan oportunidades propicias para salir con fuerza con un asunto de interés.

¿Cuál es la clave, entonces? En primer lugar, y como en cada una de las acciones de la campaña, es fundamental conocer al electorado para entender qué temas le preocupan y en qué momentos estará dispuesto a recibir los mensajes del candidato. En segundo lugar, tener muy clara la coyuntura y aprovecharla a favor de la campaña, para salir de forma rápida y acertada cuando haya que hacerlo.

En este período no solo se dejaron de escuchar las recomendaciones internacionales sino que se denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, se dejaron de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana y se negaron solicitudes de visita de mandatarios independientes y de la Comisión Interamericana.

En este contexto, el pasado 4 de julio se presentó el resumen del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Desde el punto de vista de los adversarios y críticos al régimen de Nicolás Maduro, el informe es lapidario. El trabajo desarrollado por la alta comisionada y su equipo técnico fue respaldado por 190 organizaciones que trabajan por garantizar los derechos humanos en Venezuela.

La oficina de la alta comisionada ha emitido tres informes respecto a la situación de Venezuela. Según el comunicado de las ONG venezolanas «sus informes (haciendo énfasis en el resumen publicado el 4 de julio) recogen, de manera rigurosa y respetuosa, las voces de cientos de víctimas dentro del país y migrantes forzosos, venezolanos que han tenido que huir del país por razones políticas o para sobrevivir».

No obstante, los adeptos a la Revolución bolivariana lo analizan de manera muy diferente. La economista Pascualina Curcio describe el trabajo como un texto «repleto de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de errores, omisiones y falsedades […]. El informe en cuestión adolece de la rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la América entera».

Al momento de presentar el informe, la alta comisionada indicó: «El Estado de derecho en Venezuela está erosionado. Mi oficina ha documentado ataques contra oposición, defensores de derechos humanos, desapariciones y asesinatos extrajudiciales».

También denunció el uso repetido de «fuerza excesiva y letal contra manifestantes» y «ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas».

El reporte acusa al gobierno de Nicolás Maduro de «graves vulneraciones de derechos» y documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La respuesta oficial del régimen venezolano se centró en presentar hasta 70 observaciones al resumen de informe.

No obstante, más allá del debate generado por estas observaciones del gobierno venezolano, dos temas resaltan como los grandes ausentes en el documento presentado el 4 de julio: 1) violaciones a los derechos humanos ambientales que están sucediendo en Venezuela; 2) derechos electorales y proceso comicial de 2018.

Alejandro Álvarez Irragori, especialista en gestión social del ambiente, con énfasis en temas relacionados con derechos humanos ambientales y coordinador de la organización Clima21, en un análisis publicado sobre el informe de la alta comisionada, sostiene que este «pudo ser más explícito y contundente en temas de violaciones a los derechos humanos ambientales que están sucediendo en Venezuela […]. Por ejemplo, pudiera haber indicado que en el país no hay garantía de la calidad del agua que se suministra a la población y que, según la información disponible, en el país no se están realizando las prácticas normales para garantizar la calidad del agua».

Por otra parte, se indica que también se excluye del informe que «el uso del mercurio en la minería es generalizado, a pesar de que fue prohibido por decreto presidencial, y que el gobierno venezolano firmó (pero no ha ratificado) el Convenio de Minamata». Y que, a causa de ello, existe evidencia de que una gran cantidad de personas, «incluyendo mineros, habitantes de comunidades cercanas a las minas y comunidades indígenas, mujeres en edad fértil y niños, están gravemente afectados por la exposición a este elemento y sus compuestos derivados».

También se señala como una omisión significativa que «la acción del Gobierno es en muchos casos contraria al compromiso nacional y responsabilidad global de mitigación del cambio climático y que el país no cuenta con un plan nacional de adaptación al cambio climático […]. El Ejecutivo nacional mantiene una política de segregación y exclusión por razones políticas. A través de las mismas se coarta el derecho a la participación a personas, comunidades y especialistas en la toma de decisiones relacionadas con actividades que pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, incluyendo efectos sobre la salud y otros derechos humanos».

Por otra parte, los integrantes de organizaciones de la sociedad civil venezolana que trabajan temas de transparencia electoral reclamaron la ausencia de menciones específicas a la violación de los derechos humanos de los venezolanos en lo referente a la participación política.

En este sentido, recuerdan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21, el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles dejan claro que el derecho al voto también es un derecho humano.

Sin embargo, la omisión en este caso encuentra dos atenuantes: en el resumen del informe se indica que «es política de Estado disminuir la democracia» y, por otra parte, antes de presentar su informe la alta comisionada fue enfática al señalar que el problema político de Venezuela se resolvería a través de negociaciones promovidas por Noruega, conversaciones que aún en están en marcha y en donde el derecho al sufragio libre y las garantías para la participación política son el tema central.

El 22 de julio de 2012, agentes del servicio de inteligencia del régimen cubano (G-2), cumpliendo órdenes de los dictadores de la isla, asaltaron el auto en que viajaban el líder opositor Oswaldo Payá y el activista Harold Cepero, provocándoles la muerte, en un atentado que aún hoy permanece impune. Al cumplirse el séptimo aniversario de este asesinato, desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC) junto a la iniciativa ciudadana Cuba Decide y la organización Un Mundo Sin Mordaza convocamos a una jornada de homenaje a todos los mártires de la democracia en América Latina.

Según datos recopilados por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por diversas entidades independientes, el autoritarismo en la región ha asesinado a 593 personas en Nicaragua desde abril de 2018, 6856 en Venezuela y 7730 en Cuba desde 1959. Esta herencia trágica de represión, pobreza, hambre, éxodo y muerte es la que han cosechado los aliados del castrismo criminal, en Caracas primero y Managua después.

Cuando se fundó nuestra Red en 2014, se hizo con el convencimiento de que ningún país está vacunado contra el germen funesto del extremismo. Por ello, consideramos que era fundamental reunir a jóvenes activistas de toda la región para que contribuyeran con el fomento de una cultura política de la democracia en las nuevas generaciones. En nuestras filas tenemos a representantes de distintas ideologías, quienes incluso compiten a nivel nacional en sus países, pero que encuentran punto de consenso cuando se trata de la democracia republicana como sistema ideal para un verdadero Estado de derecho.

Los actos fueron celebrados en Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos, Holanda, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Organizados por la membresía de JuventudLAC junto a la diáspora de los países víctimas, así como aliados, voluntarios y activistas, se envió el mensaje de que existe una juventud solidaria y determinada a luchar por sus derechos.

Junto a la jornada, se presentó iniciativa ante autoridades electas para promover la adopción del 22 de julio como el Día para la Conmemoración de las Víctimas del Comunismo. Es primordial que las nuevas generaciones conozcan los horrores que las dictaduras comunistas han provocado en los países en que han estado o están aún en el poder. El conocimiento de los hechos es necesario para poder realmente avanzar hacia una democracia plena en el continente. Al igual que el fascismo, el comunismo es una doctrina totalitaria que sigue amenazando la paz social, toda vez que se aprovecha del desconocimiento para reclutar nuevos adeptos en su agenda extremista.

Durante sesenta años, la dictadura castrista ha significado el sufrimiento del pueblo cubano y los demócratas no podemos permitir que se pretenda legitimar a los verdugos de una nación hermana.

Voltear la mirada es también dejarles que exporten su fórmula de miseria, como lo hicieron con el chavismo, destruyendo de paso al que era el país más rico e institucional del continente. Conmemorar a quienes combatieron con valor a estos regímenes es un gesto de justicia y necesidad que contribuirá con exponer la oscura realidad de este eje del mal.

Entre el 25 y el 28 de julio, la extrema izquierda bajo el nombre socialismo del siglo XXI se estará reuniendo en Caracas, desde donde confecciona su agenda del terror y desestabilización. Por ello, la jornada y nuestra petición no trata únicamente de conocer el pasado, sino también el presente que vivimos, y sobre esa base lograr un futuro libre del yugo opresor.

En su discurso frente al Parlamento Europeo previo a su elección, Ursula von der Leyen habló del cambio demográfico, la globalización de la economía y la digitalización del trabajo como grandes temas del presente, y subrayó el cambio climático como desafío ineludible. «Ya experimentamos este cambio en forma concreta», señaló y anunció que trabajaría para convertir a Europa en el primer continente neutral en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El énfasis de Ursula von der Leyen en los temas ambientales es alentador y desafiante. La presidenta electa, primera mujer en ocupar este cargo, se comprometió concretamente a llevar adelante el compromiso de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y lograr hasta el 2030 bajar al 50 % respecto al nivel de 1990. Se trata de un objetivo ambicioso pero indispensable si se pretende contrarrestar los efectos asociados al aumento de la temperatura del planeta. No hay que olvidar que el cambio climático no se limita al aumento de la temperatura promedio. Significa ante todo mayor frecuencia, intensidad y duración de eventos climáticos extremos. Estos eventos, en gran parte imprevisibles, provocan grandes daños en la infraestructura y la economía en general, por lo que constituyen un desafío inédito por su gravedad y dimensiones globales.

La declaración de von der Leyen no pasó desapercibida en los ámbitos científicos. La prestigiosa revista Nature encabezó su boletín al día siguiente de la elección con la noticia del compromiso climático. La novel presidenta también anunció un Green Deal for Europe a ser implementado en los primeros cien días del ejercicio de su cargo. Europa se convertiría hasta el 2050 en el primer continente neutral en cuanto a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica una reconversión de la matriz energética, cambios profundos en los modos de producción y transporte, pero también en la forma de consumo de los ciudadanos europeos.

El cambio climático no podrá ser encarado en forma aislada por cada país. Por el contrario, implica voluntad política y acción coordinada a nivel planetario. El compromiso europeo anunciado por Ursula von der Leyen constituye un paso más allá del Acuerdo de París, de carácter voluntario, ya que pretende anclar en leyes los compromisos asumidos. La Unión Europea es una propuesta de pensar y actuar globalmente, más allá de intereses particulares y egoísmos nacionalistas. Hoy está desafiada por el descontento de parte de la ciudadanía, que se expresa en votos a propuestas populistas y nacionalistas.

¿Podremos recoger el guante desde el continente americano? ¿Podrán por ejemplo el Mercosur y la OEA colocar el desafío similar en su agenda y asumir compromisos concretos a nivel continental? La urgencia del problema sugiere que esto es prioritario. La crisis climática constituye un enorme desafío, pero tal vez también sea una oportunidad de mostrar que juntos somos más fuertes.

Esta realidad ha vuelto a poner en el tapete el debate sobre la necesidad de deshacerse del sistema de las PASO (primarias abiertas obligatorias y simultáneas). Veamos algunos argumentos recurrentes para clarificar la cuestión:

1. «Es un gasto de dinero innecesario». Tener una democracia tiene sus costos. Por lo tanto, primero deberíamos debatir cuánto gasto es razonable para asegurar reglas de juego equitativas para todos los actores.
2. «Como casi no se usa a nivel presidencial, no tiene sentido mantenerlas». Las reglas generan una oportunidad de mayor democracia interna de los partidos y coaliciones. Esta la tercera elección presidencial y la quinta nacional. En 2015, dos de las tres principales fuerza las utilizaron. No sirve sacar conclusiones sobre su validez solo a partir del nivel presidencial.
3. «¿Por qué tenemos que ir a votar a unas internas que no me interesan?». Es un buen punto, porque quizá la primera gran reforma sea quitar el voto obligatorio (como sucede en Uruguay), lo cual despejaría parte del fastidio ciudadano. Si bien existe voto obligatorio por normativa constitucional (consagrada en la reforma de 1994), es un aspecto que podría reverse.
4. «A los candidatos los tienen que elegir los afiliados de cada partido. Este sistema destruye a los partidos políticos». Durante mucho tiempo la queja era que las cúpulas partidarias manejaban los aparatos vía clientelismo y prebendas, y eso anulaba a quienes con buena imagen en la opinión pública pero poca estructura territorial pretendían competir con éxito, y provocaba además que estos últimos se fueran yendo de los partidos tradicionales. Por otro lado, los partidos pequeños, sin estructura, no podían afrontar todos los costos de realizar una primaria abierta a nivel nacional, en un país con 2.800.000 kilómetros cuadrados. El sistema de las PASO vino a subsanar esas deficiencias.
5. La reforma que dio lugar a las PASO no fue solo un cambio en las reglas de juego sobre la elección en sí, sino también una modificación sobre el entorno en el cual se da la competencia: se prohibió el libre pautado de avisos publicitarios en medios electrónicos y se lo reemplazó por espacios asignados por el Estado a cada competidor; quedaron fuera de la regulación los medios gráficos, la vía pública y las redes sociales (ya que son vehículos que funcionan por fuera de la reglamentación pública, a diferencia de las concesiones del espacio radioeléctrico). De esta manera se quiso quitarle peso al presupuesto de que dispusiese cada jugador, intentando que la competencia fuera más equitativa. Pese a esa modificación, el fenómeno de cancha inclinada no se morigeró.

A partir del repaso de los argumentos habituales contrarios a las PASO, vale apuntar las siguientes advertencias:

1. No hay sistema electoral perfecto: todos adolecen de algún atributo, ergo no dejarán contento a todo el mundo.
2. Cualquier reforma electoral debe ser muy meditada: no se deben sacar conclusiones apresuradas o lineales, ya que muchas veces la sociedad y los actores políticos tardan en asimilar los beneficios de reglas nuevas. Los efectos de estas pueden ser complejos y no tan evidentes. Por eso es necesario recurrir a los especialistas y académicos para valorar distintos puntos de vista, y no dejarse llevar simplemente por el estado de ánimo coyuntural del electorado.
3. Una reforma electoral no debería ser anulada solo porque los «clientes» no «usan» algunas reglas.
4. Una modificación de las reglas debe contar con suficiente consenso para que el sistema no pierda legitimidad.

Como se sugirió más arriba, quizá una pequeña modificación (la no obligatoriedad del voto) quite presión sobre la necesidad de una reforma imperiosa y pueda tomarse una decisión más sólida y desapasionada fuera del momento electoral.

La encíclica papal Laudato Si, del año 2015, nos invita a preocuparnos seriamente del cuidado de la casa común, nuestro planeta. El avance notable de las externalidades negativas de la producción, sumado al cambio climático, ha generado deterioros que son considerados por los científicos como irreversibles para el ecosistema y nuestra convivencia con nuestro entorno. El papa Francisco hace un llamado al trabajo colaborativo y sustentable, no tan solo de los Estados, sino también de los privados y, desde luego, de cada una de las personas. Es aquí donde la ética de la responsabilidad con las generaciones futuras y la vida humana se vuelve un tema central del debate.

Chile, a fines de este año, organiza y preside la COP25 que viene a consolidar el trabajo realizado en Katowice, Polonia (COP24). La conferencia de las partes firmantes del Acuerdo Marco sobre Cambio Climático es el foro internacional dedicado al medioambiente que tiene mayor relevancia en la gobernanza mundial respecto a esta problemática. Es una instancia de dialogo y debate entre los Estados miembros, en donde se discuten las principales agendas y diseño de políticas que buscan mitigar los efectos del calentamiento global.

Luego de la Conferencia de París en 2015 (COP21), donde los países se comprometieron a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a combatir el aumento de temperatura del planeta, se ha llegado a la conclusión de que faltan más actores en la mesa de las soluciones, en tanto el problema medioambiental es del tipo suma cero.

En teoría de juegos existe la categoría de juegos no cooperativos, en que la ganancia o la pérdida de los participantes se equilibra con exactitud con la pérdida o ganancia de otros participantes. Si tuviésemos que llevar este tipo de juego al escenario del cambio climático, nos daríamos cuenta de que existen dos opciones polares y antagónicas, a saber: 1. todos los actores involucrados tienden a cooperar para salvar el planeta; o 2. no cooperan y el planeta se destruye y, por consiguiente, la especie humana.

Con base en lo anterior, se hace imperativo que los Estados cooperen. La agenda medioambiental, en el estado actual del problema, es fundamentalmente multinivel y global. No es suficiente el trabajo aislado de cada uno de los agentes contaminantes ni tampoco la cooperación de algunos. La lógica cooperativa que se encuentra detrás del calentamiento global hace que entidades públicas, entidades privadas y de la sociedad civil (eje horizontal) estén alineadas en un proyecto global y una agenda donde tanto los países desarrollados (norte) como los subdesarrollados y en camino al desarrollo (sur) (eje vertical), sean los promotores del cambio.

En Chile se ha ido avanzando, de acuerdo con el desafío de la COP25. El país se encuentra en la fase de diseño de la ley marco de cambio climático, la cual contempla una etapa de participación ciudadana que está en curso. La norma tiene como objetivo transitar hacia un desarrollo productivo bajo en emisiones de gases contaminantes hasta alcanzar la neutralidad de estas, aumentando la resiliencia y dando cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado. La fecha límite establecida para conseguirlo es el año 2050.

De esta forma se instala un imperativo ético. El cuidado del medioambiente es una tarea que nos compromete a todos, en lógicas horizontales y verticales, como fue descrito. Chile ha tomado el desafío y esperamos que los países de la región se sumen a la revolución de nuestras conductas respecto a nuestra convivencia con el planeta.

Adicionalmente, según la organización no gubernamental Foro Penal, en Venezuela existen 630 presos políticos de los cuales muchos son torturados y obligados a hacer confesiones falsas.

El Estado uruguayo, liderado por el presidente Tabaré Vázquez del Frente Amplio, ha mostrado su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades. La última acción en esta línea fue el pasado 27 de junio de 2019, cuando el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, retiró a la delegación de Uruguay de la 49 Asamblea General de la OEA, celebrada en Medellín, haciendo alusión a temas procedimentales. Sin embargo, esta actuación en el leguaje diplomático se reconoce claramente como un apoyo político.

El 29 de junio de 2019, días después de este suceso que marcó la historia diplomática del Uruguay, el mundo conoció de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, quien se encontraba detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acusado de estar involucrado en acciones conspirativas contra el régimen de Maduro y que, según la autopsia oficial, murió por un edema cerebral severo debido a una insuficiencia respiratoria. Se ha podido conocer que el capitán tenía 16 costillas rotas y además mostraba quemaduras en su cuerpo y claras señales de tortura.

En un comunicado de prensa, identificado con el número 78/19, la cancillería uruguaya expresa: «El Uruguay expresa su consternación ante la noticia del fallecimiento, este sábado 29 de junio, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido por fuerzas de inteligencia del gobierno venezolano el pasado 21 de junio y hace llegar a sus familiares sus más sinceras condolencias. Las dudosas circunstancias que rodean la muerte del capitán Acosta Arévalo, ocurrida presuntamente a causa de graves heridas sufridas mientras se encontraba bajo custodia de dichos servicios de inteligencia, exigen una inmediata y exhaustiva investigación que asegure los más altos estándares de imparcialidad, independencia y objetividad, que garantice sin dilaciones, el castigo de los responsables».

Se puede distinguir en este comunicado de prensa del Estado uruguayo una posición distinta, respecto al contexto de crisis de Venezuela, a la que ha venido mostrando durante los últimos años de apoyo al régimen de Maduro.

En otras ocasiones se han conocido asesinatos y torturas del Estado venezolano pero el gobierno del Frente Amplio nunca antes había condenado estas acciones. Este comunicado podría significar una nueva mirada, un giro importante para la política exterior uruguaya en cuanto a Venezuela, o simplemente podría ser una posición coyuntural relacionada con una situación específica. No obstante, cabe preguntarse: ¿el asesinato del capitán Acosta ha sido el límite para que el gobierno del Frente Amplio retire el apoyo al régimen de Maduro?

«Unidos íntimamente, luchamos contra tiranos que intentan profanar nuestros más sagrados derechos». José Artigas.

Corría el año 2008 y habían pasado cuatro años desde el nacimiento de Facebook, Mark Zuckerberg aún no estaba en el top 10 de los hombres más ricos del mundo y en Estados Unidos iniciaban las elecciones presidenciales número 56.

Todos se imaginaban unas elecciones tradicionales, iguales a las que habían vivido hasta ahora, suponían que el principal diferencial entre candidatos sería que uno de ellos era afrodescendiente, algo que hasta el momento era impensable para alguien que aspirara llegar a la Casa Blanca.

El color de piel de Barack Obama no fue el único elemento que sobresalió. El uso de sus redes sociales, hasta ese momento tan desconocidas en procesos electorales, fue clave y marcó el inicio de una nueva forma de hacer política.

Hoy, once años después, la comunicación digital política juega un papel determinante en campañas electorales y gobiernos. Este e-book está dedicado al análisis del tema, en cinco capítulos con claves y experiencias de uso y aplicación fácil.

Las referencias aquí relacionadas aluden a casos latinoamericanos, nuevos conceptos como el de comunicación transmedia y otros como el social listening y la analítica, estos últimos usados como herramientas predictivas y de entendimiento de la comunidad digital frente a un candidato u otro.

El autor es consciente de que cada campaña debe tener una estrategia digital diferente, que depende de factores como el candidato, el territorio, el público, entre otros, por lo que no pretende entregar un manual sobre cómo se debe hacer una campaña digital, sino poner a disposición del lector su conocimiento y experiencia para aplicarlos en campañas y gobiernos.

Este e-book está disponible gratuitamente aquí.

Ficha técnica

Claves para entender la comunicación digital política. Apuntes, experiencias y aprendizajes
Juan Sebastián Delgado Gil
Bogotá: EstratégiK Consultores, 2019 [e-book]