América Latina es «la región con más homicidios en el mundo», afirma el informe Riesgo Político en América Latina de 2024. Incluso donde solía haber buenos niveles de seguridad, como Ecuador, Chile y Uruguay, la violencia e inseguridad aumentó. Según explica el estudio, el deterioro de la seguridad en la región se debe al desarrollo del crimen organizado y narcotráfico.
Además, el Banco Interamericano del Desarrollo informó que Latinoamérica tiene una tasa de 18 homicidios cada cien mil habitantes. Esa cifra es tres veces superior al promedio mundial, que es de 5,6 entre la misma cantidad de personas. Además, el 50% de estos delitos se asocia al crimen organizado.
Juan Pablo Luna, politólogo especializado en narcotráfico, explica en entrevista con Diálogo Político que es «utópico» pensar en soluciones. En Política criminal y desarrollo fallido en América Latina contemporánea, estudio que publicó con Andreas Feldmann, explora los dilemas normativos que el crimen organizado le genera al Estado y explica por qué es un problema estructural.
Diferentes escalas
¿Cuáles son las diferencias entre el micro y el gran narcotráfico?
—El gran narcotráfico tiene que ver con la producción y logística internacional y el lavado de dinero a gran escala. Esta actividad es fuertemente intensivas en capital. Está operada por grandes redes internacionales, a veces con derivados locales. Opera en torno a enclaves funcionales; puertos, aduanas, fronteras, sistema financiero. Usualmente no generan violencia y es poco visible para la población.
El microtráfico se da sobre todo en sectores populares y marginales. Es una actividad que requiere de cierto control territorial y, por lo tanto, es más intensiva en coerción. A nivel local se da competencia entre bandas que disputan violentamente el territorio o que tienen situaciones de control territorial mediante la corrupción de autoridades. No necesariamente genera altas rentas ni requiere de una inversión de capital tan elevada. Mucho de lo que vemos hoy tiene que ver con la disociación entre ambos.
¿En qué situaciones pueden cruzarse?
—A veces no se cruzan. Cuando un país se vuelve un puerto de acopio de mercadería se requiere contratar gente que la cuide. En estos casos pueden generarse articulaciones entre las bandas locales y las que necesitan asegurar su cadena logística. Eso también genera pagos en mercadería que luego entra en el microtráfico.
Entonces las noticias sobre incautaciones de droga en Europa, por ejemplo, ¿son solamente la punta del iceberg?
—Absolutamente. Ese tipo de narcotráfico no genera noticias. El mercado ilegal, no solo el narcotráfico, es capaz de generar crecimiento en las economías latinoamericanas cuando la plata entra al sistema financiero a sectores como la construcción y el comercio, por ejemplo. Pero el origen delictivo de esos recursos no se ve. Lo que a la política le complica la vida y a la sociedad le preocupa es la violencia del microtráfico, por eso es más visible.
Pactos
¿Podría existir el narcotráfico sin acuerdos de silencio con actores estatales?
—No. El crimen organizado no funciona sin acuerdos tácitos o implícitos con la política y agentes del Estado. Hay una política de protección a estos mercados. Muchas veces los políticos están comprados por los operadores de este negocio. Puede que no sean políticos de gran nivel, sino actores estatales que se encargan de mirar qué pasa en los puertos, la frontera y el sistema financiero.
La Policía es una de las instituciones estatales más cercanas a los actores del narcotráfico, con más riesgo de cometer actos corruptos. ¿Cómo puede el Estado fortalecer esta institución para evitarlo?
—La Policía es clave en la supervivencia democrática latinoamericana. Hay que invertir en control civil y en tecnológica que permita generar mejor análisis de cómo funcionan estos mercados. En toda América Latina hay actores ilegales que se mueven rapidísimo. Los Estados tienen muy poca capacidad de seguirles el paso. También es importante dignificar la carrera policial. Ser policía es probablemente una de las últimas opciones laborales. Mejorar su reclutamiento y formación es sumamente relevante. Hay que apostar a tener policías más profesionales. También las aduanas, las unidades de análisis financiero. Hay distintas tuercas y tornillos en la institucionalidad para controlar mejor esta actividad.
¿Soluciones?
¿Cómo puede mejorar el control financiero?
—Ninguno de nuestros estados tiene la capacidad de generar inteligencias sobre las grandes operaciones financieras del crimen organizado. Siempre se habla de ir tras la huella del dinero como una forma de bajar los incentivos. Eso supone invertir en tecnologías de investigación y análisis de datos.
¿Ese es el punto clave?
—Son varios. Yo no creo que esto tenga mucha solución. No quiero ser pesimista, pero me cuesta mucho no serlo. Si bien el paradigma de legalización de los mercados ilegales no logró terminar con estos negocios, el paradigma de persecución y lucha solo generó subir los márgenes ganancia. No tenemos estrategias probadas que logren reducir la corrupción y la violencia que genera el narcotráfico.
Una de las soluciones en boga es el modelo Bukele, sumamente problemático, porque termina con la democracia. Solo conocemos el marketing oficial, hay mucho que no sabemos sobre lo que pasa hoy en El Salvador. El problema es que, mientras este modelo es cada vez más efectivo para ganar elecciones y sumar liderazgo a quienes tienen una posición débil, como Noboa en Ecuador, los sectores democráticos, que debieran contar con alternativas de política pública para este tema, no la han encontrado.
Si la solución no es tan evidente y la producción de droga subsiste porque se compra, ¿debería haber mas control en el consumo?
—Hay mucho que hacer respecto a la prevención del consumo. Pero la especie humana siempre ha consumido drogas y es muy difícil eliminarlo. Hay múltiples mercados ilegales, si no es la droga, es otra cosa. Cuando en Colombia se apretó más la producción de cocaína, varias de las bandas empezaron a moverse al mercado de la minería ilegal de oro. Obviamente la droga es muy relevante por la cantidad de dinero que genera. Yo creo que es difícil, utópico, pensar que podemos terminar con los mercados ilegales. Se pueden coordinar para que sean menos dañinos para la población.
Corrupción y crimen
Respecto a la coordinación, ¿los políticos tienen que asumir que deben tranzar con los narcos para tener paz relativa?
—El caso más pacífico en América Latina, con menos violencia homicida, es Argentina. Tiene un tercio de los homicidios, cada 100 mil habitantes, comparado a Uruguay. Salvo en Rosario, donde los homicidios están disparados, en el resto de Argentina hay una coordinación policial del mercado ilegal. La política delega la gestión de esos mercados a la Policía, que pone ciertas condiciones a las bandas para mantener baja la violencia. Eso genera otros delitos, por ejemplo el robo de autos; la policía libera zonas para que las bandas operen esos mercados. En Rosario la Policía perdió la capacidad de coordinación. Si se fragmenta, las bandas empiezan a tener más poder relativo y aumenta la violencia. En el caso europeo o estadounidense también se coordina a quién perseguir, pero no hacen parte del sistema a la corrupción policial.
¿Qué políticas puede tomar un Estado para evitar ser un país de tránsito?
—Controlar los puertos, aduanas, bancos. En América Latina hay países que tenían buenas condiciones, como Costa Rica, Chile y Uruguay, pero empezaron a tener problemas al ser puertos de operación de las bandas. Los puertos chilenos y uruguayos tienen muy buena reputación en Europa, tradicionalmente pasó menos droga que por otros. Pero la mejor reputación hace que los embarques sean menos revisados en Europa y lo hace más atractivo para las bandas. Cuanto más exportan los países, más fácil es pasar embarques de droga.
Problema estructural
En Política criminal y desarrollo fallido en América Latina contemporánea conciben al narcotráfico como un problema de desarrollo. ¿Cómo se explica?
—Hay una masa en América Latina que tiene muchos problemas para insertarse en los mercados legales. Ven pocos retornos de su inversión educativa y terminan insertándose en ambientes laborales bastante precarios. En ese contexto, de informalidad e ilegalidad hacen mucha plata en comparación a lo que podrían hacer en el mercado legal. A esa gente le cambia la vida. Los mercados legales tienen poca capacidad de incorporar socialmente a sectores importantes de la población. Por lo tanto la actividad ilegal se vuelve atractiva como vehículo de movilidad social.
¿De qué trata el trilema que plantean en la investigación?
—Es una idea de Benjamin Lessing que argumenta que no se pueden bajar la corrupción, violencia y narcotráfico al mismo tiempo. Investiga las estrategias de mano dura que se implementan en Brasil, México y Colombia, y observa que la violencia aumenta porque se rompen los pactos de protección y eso genera inestabilidad en el mercado ilegal. Cuando el Estado reacciona con mano dura, el policía comprado por la banda, que pasa información de los operativos del Estado, puede cobrar más caro en un contexto de más persecución.
En Brasil, por ejemplo, el gobierno habilita que las bandas gobiernen las periferias. Hay un pacto de gobernanza criminal. Hay actores más eficientes que el gobierno para controlar ciertos territorios. Implica asumir que el Estado no tiene tanto poder ni legitimidad. El trilema sirva para perder la inocencia, hay dilemas normativos complicados.
