La reforma judicial de México busca someter a los jueces a elección popular. Ha generado controversias en el país y una fuerte oposición por parte de sindicatos y gremios vinculados al sistema de justicia. Abundan las voces críticas con el proyecto que impulsa el partido Morena bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para conocer los alcances de la reforma y los principales aspectos a tomar en cuenta, conversamos con Laurence Pantin. Es doctora en ciencia política y maestra en periodismo. Se desempeñó como responsable del servicio de prensa de la Embajada de Francia en México y como reportera del diario Reforma. También fue corresponsal en México para varios medios franceses y estadounidenses. Se ha especializado en independencia judicial, gobierno judicial, consejos de la judicatura, transparencia y corrupción en el poder judicial. Actualmente es la directora de la Fundación para la Justicia.
¿Cuáles son las razones que esgrimen quienes promueven que los jueces sean electos por votación popular?
—Lo que mencionan, como justificación para esta reforma judicial, es la necesidad de aumentar la legitimidad de los jueces. La necesidad de democratizar el Poder Judicial y la justicia. Lo interesante allí es que, hablando de la experiencia internacional, en particular en Bolivia y en Estados Unidos, se ha demostrado que el hecho de someter a los jueces a votación popular no necesariamente aumenta su legitimidad porque los jueces tienen que responder ahora a incentivos. Y tienen que adoptar prácticas propias de los políticos. Esto no necesariamente va en el sentido de aumentar la confianza ciudadana a en ellos. De hecho, hay que recordar que, en el mundo entero, y en México en particular, los políticos no necesariamente tienen una mayor confianza ciudadana que los jueces.
Captura política
Si el juez se debe a sus electores, la lógica de intereses cambia y se parecerá a la lógica de la representación política, en la que el gobierno y los parlamentarios responden a sus distritos y electores. Entonces, ¿cuánto cambiaría la independencia judicial?
—Esta reforma es un intento por capturar políticamente a los más altos cargos judiciales, pero también a los más bajos.
En muy pocos países se eligen a los jueces y cuando se hace es para ciertos niveles, no para todos. La reforma de México plantea renovar todos los juzgadores, desde el nivel federal y los de la Suprema Corte, hasta los jueces de apelación. Esto haría de México el único país donde todos los juzgadores son nombrados por voto popular.
En Estados Unidos se eligen algunos jueces estatales en algunos estados, y de hecho cada vez menos estados tienen este método de elección porque se ha ido reduciendo con el tiempo. Y en Bolivia solamente los jueces de más alto nivel son electos. En Suiza solo eligen los jueces de paz en algunos cantones, que son mediadores, no realmente personas que emitan sentencias.
La reforma mexicana se trata de una captura política de los jueces porque en el contexto actual sabemos que Morena tiene un gran apoyo popular y busca que sus aspirantes sean elegidos.
Funcionamiento tramposo
¿La reforma plantea otro punto importante?
—Además del tema del voto popular, se plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial completamente independiente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, para que investigue posibles actuaciones indebidas y sancione a los funcionarios judiciales. ¿Por qué podría ser una buena idea? Porque significaría procesos abiertos y transparentes, que es el problema del sistema disciplinario actual, un sistema muy opaco.
Sin embargo, el dictamen que se aprobó en comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hace unos días sigue teniendo problemas porque no establece realmente esa independencia entre la investigación y la resolución. Además, la primera instancia es una comisión de tres magistrados que también están en el Pleno de segunda instancia formado por cinco magistrados. Es decir: se mantiene la mayoría de quienes sancionan en primera y segunda instancia.
Jueces contra la reforma
El paro de funcionarios judiciales ha encendido una alarma sobre la concentración de poder en el en el oficialista partido Morena.
—Desde la Fundación para la Justicia que tengo el honor de dirigir y otras organizaciones unidas en el colectivo La justicia que queremos apoyamos este paro porque consideramos que no viene de la cúpula del Poder Judicial, sino de la base.
La Suprema Corte de Justicia está viviendo horas complejas porque dentro de su Pleno de once ministros, tres de ellos son personas muy cercanas al Poder Ejecutivo. Hay una división muy fuerte al interior de la Corte. Por eso decidimos apoyar a los trabajadores en los juzgados y tribunales federales.
Me parece que los argumentos son justificados porque lo que dicen es qué pasaría con los derechos laborales de las personas que trabajan actualmente en el Poder Judicial porque se plantea la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial que tienen como propósito garantizar ciertos derechos laborales de los funcionarios.
Pero más allá de esto, lo que está en juego es la independencia judicial y la posibilidad de tener una división efectiva de los poderes.
Autocracia electoral
Se habla de “democracia hegemónica”. ¿Eso es efectivamente lo que sucede o es el tránsito hacia un ambiente más autoritario?
—En un evento, el académico Edgar Rubalcaba mencionó que lo que está pasando en México se asemeja a una autocracia electoral. Sea cual sea el nombre que utilicemos para describir lo que está pasando. Me preocupa muchísimo.
Hay que ver el contexto justamente en que se está presentando esta reforma judicial; de reelección de Morena y de alta popularidad presidencial. Por eso, la razón de esta reforma, más allá de democratizar el Poder Judicial, es su captura política.
Desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador se ha atacado a la justicia y esto se ha intensificado en el último año y medio.
Lo que nos demuestran estos cambios es un intento por parte del Poder Ejecutivo de, por un lado, concentrar más el poder y por el otro, eliminar cualquier tipo de contrapeso que pueda todavía existir en nuestro país. Efectivamente, esto nos acerca a otros países de la región que han conocido este declive democrático.
Hay que recordar que la relatora especial de Naciones Unidas expresó mucha preocupación con respecto a esta reforma. Hubo pronunciamientos por parte de múltiples actores en el ámbito judicial, también por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
