En el inicio del 2023 se aprobó la ley que habilita un nuevo proceso constituyente en Chile. Las fuerzas políticas consiguieron acordar luego de cien días de negociaciones el procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva carta magna.
Al respecto, las fuerzas políticas representadas en el Congreso se encuentran negociando los nombres de las personas que constituirán la Comisión de Expertos y el Comité de Admisibilidad, lo que debería quedar zanjado durante el presente mes de enero, pero ¿cómo podemos caracterizar y comprender el acuerdo institucional alcanzado para la redacción del nuevo texto constitucional?
El complejo sistema ideado buscaría evitar el sueño refundacional impulsado principalmente por las fuerzas de Apruebo Dignidad (PC más Frente Amplio), actualmente en la coalición del gobierno del presidente Boric. En efecto, la estrategia pretendía sustituir el proceso revolucionario, propio de la identidad de izquierda marxista-leninista, mediante un cambio de estructura social y política a través de un rediseño constitucional.
Dicho objetivo colisionó con la mayoría, como quedó en evidencia tras los resultados del plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre con el rechazo del 62 % de los votantes en un contexto de voto obligatorio.
Las expectativas refundacionales puestas en la Constitución han perdido sentido, en especial, porque la ciudadanía en general manifiesta menor credibilidad en que la solución a sus demandas (sociales y políticas) pasen por una discusión constitucional. En dicho escenario, el Gobierno se quedó sin narrativa y sin sustento para su programa; sin embargo, resolvió que un reimpulso del debate constitucional era un mal menor tras la situación política de su ideario luego del triunfo categórico del rechazo, aceptando así las condiciones que la mayoría de las fuerzas políticas fueron instalando para abrir el camino al nuevo proceso constitucional.
La nueva propuesta
La propuesta se sustenta en una voluntad popular, pero la circunscribe al respeto de doce principios que se sustentan en la tradición constitucional del país, los cuales deberán mantenerse en el nuevo texto.
En efecto, para ello se creó una instancia de expertos que contará con 24 integrantes, quienes serán nombrados por acuerdos políticos, 12 por la Cámara de Diputados y otros 12 por el Senado. Esta comisión deberá tener una representación paritaria (equidad de género) y se encargará de la redacción de un primer borrador constitucional.
Este borrador deberá ser presentado al Consejo Constitucional con un quorum mínimo de 3/5 alcanzado durante los tres meses de trabajo asignados (del 6 de marzo al 6 de junio de 2023). Los expertos, sin embargo, seguirán participando hasta el final del proceso constitucional, pero sólo con derecho a voz mientras sesione el Consejo Constitucional. Esto lo convierte en una suerte de comisión rectora del proceso.
Por otro lado, la función del Consejo Constitucional será presentar el texto definitivo de la Constitución. Es decir, podrá aprobar, reformar o incorporar nuevas normas al texto propuesto por la Comisión de Expertos, pero evidentemente no tendrá competencias transformadoras sustantivas de la institucionalidad chilena existente en la actualidad.
El Consejo Constitucional y el Comité de Admisibilidad
El Consejo estará conformado por 50 personas electas por la ciudadanía, de forma paritaria según distritos senatoriales. La elección está fijada para el próximo 7 de mayo y no está disponible a listas de independientes, ya que ellos sólo pueden participar en las listas propuestas por los partidos políticos. Se intenta así evitar la conformación del Consejo por personalidades díscolas, cuyas posiciones ideológicas pueden ser impredecibles, como sucedió con las listas del pueblo y otras en el pasado proceso constitucional.
A los 50 escaños del Consejo sumarán algunos reservados para pueblos originarios, los cuales tendrán directa relación con la proporcionalidad de personas que voten por candidatos de pueblos originarios. Si en la votación suman al menos 1,5 % del total, va a conformarse un escaño reservado. Con este sistema se espera que el Consejo alcance un total aproximado de 52 miembros. Es decir, la representación de los pueblos originarios será significativamente menor a la del proceso anterior, cuando tuvieron 17 escaños reservados, lo cual en retrospectiva fue una sobrerrepresentación.
Con el propósito de resguardar los principios constitucionales que establecieron las fuerzas políticas del rechazo, se creó el Comité Técnico de Admisibilidad, el cual estará compuesto por un equipo paritario de abogados con al menos 12 años de experiencia profesional, presentados por la Cámara y ratificados por el Senado por 4/7. Este comité velará por el respeto a los principios establecidos en el artículo 154 del acuerdo constitucional que establece los límites constitucionales impuestos en el acuerdo constituyente. Es decir, si los expertos no eran suficiente garantía de ello, se instauró un comité técnico-jurídico de confianza del Congreso para tales fines.
Doce principios relevantes
¿Cuáles son los principios que buscan cautelar de manera estricta y que son parte fundamental del acuerdo político para este nuevo proceso constitucional?:
- Chile es una república democrática;
- el Estado de Chile es unitario y descentralizado;
- la soberanía tiene como límite los derechos humanos;
- se reconoce a los pueblos indígenas;
- Chile es un Estado social y democrático de derecho;
- se establecen los emblemas nacionales;
- Chile va a tener tres poderes separados;
- Poder Legislativo bicameral;
- respeto a los organismos autónomos como el Banco Central, la justicia electoral, el Ministerio Público y la Contraloría;
- respeto al derecho a la vida;
- derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos;
- consagración de cuatro estados de excepción constitucional, incluido el estado de emergencia.
Estos doce principios resultarían relevantes principalmente porque habrían sido cuestionados, relativizados o mal definidos en el texto rechazado. Al respecto, pareciera que no hay demasiado espacio para transformaciones sustantivas en la morfología del país como la exhibida en el proceso anterior. En especial, se erradica la posibilidad de reconocer principios como el derecho de autogobierno y autodeterminación a los pueblos originarios, o la propia relativización de los cimientos de la República tras desdibujar el ordenamiento institucional sustentado en la división de los tres poderes del Estado. El Legislativo (con sus dos cámaras), el Judicial y el Ejecutivo fueron relativizados en su capacidad, composición y contrapeso en el texto anterior.
La labor del Consejo
Al respecto, pareciera que la labor del Consejo Constitucional consiste en explorar la posibilidad de incorporar nuevos derechos sociales (hoy no reconocidos por la actual Constitución) y muy posiblemente presentar una reforma administrativa que permita una mayor descentralización efectiva del país en materia política y económica como áreas principales de acción.
Para ello, el Consejo Constitucional tendrá cinco meses para presentar la propuesta definitiva, trabajo mancomunado entre los 24 expertos y los propios consejeros (estos últimos con derecho a voz y voto), los cuales iniciarán su trabajo el próximo 7 de junio, debiendo entregar el documento final el 7 de noviembre.
La ciudadanía en Chile tendrá un mes para informarse de los alcances de la propuesta, para luego rechazarla o aprobarla el 17 de diciembre de 2023. Esta fecha será clave para establecer el fin de la discusión respecto a la legitimidad del actual orden constitucional del país, ya que se aprecia que, en las actuales circunstancias, la mayoría de las fuerzas políticas no estarían por abrir un nuevo proceso constitucional, incluso si se impusiera la opción rechazo.
Sabemos que en tiempos de posverdad las realidades cambian con gran rapidez. Sin embargo, hasta el momento todo parece indicar que existe un amplio consenso, por diversas razones, entre las fuerzas de gobierno y oposición, entre derecha e izquierda, entre la ciudadanía y los partidos políticos de que la discusión acerca de la legitimidad de la carta constitucional expira luego de este proceso constitucional en curso.
Perspectivas
Cabe señalar que quienes promovieron una refundación del país por medio de una discusión constitucional tampoco están por mantener la estrategia en el corto plazo, ya que observan que electoralmente no estarían en condiciones de instalar con éxito esa estrategia.
En consecuencia, el país está enfrentando un nuevo proceso constitucional con menos expectativas e interés que el anterior, pero con una clara voluntad de mantener institucionalmente cierta estabilidad, sustentada en la tradición política y social del país e interesada en cerrar la discusión constitucional. Esta se venía gestando desde hace décadas, tras un aumento en el cuestionamiento del proceso de transición a la democracia que había vivido Chile, asunto que habría servido de plataforma política para el fortalecimiento del movimiento estudiantil y posterior creación de partidos políticos que hoy conforman el Frente Amplio.
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