El 2021 es especial para los países centroamericanos porque conmemora su bicentenario de emancipación de la corona española. El 15 de septiembre de 1821 en la Ciudad de Guatemala se proclamó en acto público la independencia de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Esta situación trajo consigo un nuevo orden y diversos desafíos para la región, a la que posteriormente se anexaron los territorios de Panamá y Belice.
Entre aciertos y desaciertos han transcurrido doscientos años de soberanía y un sinfín de experiencias que han marcado su andar. Se estima que en la actualidad la población de Centroamérica es superior a 60 millones de personas, y aproximadamente el cincuenta por ciento viven en condición de pobreza. Honduras y Guatemala son los países más pobres. De igual manera, es la región que presenta los mayores índices de violencia y criminalidad del continente americano, sobre todo en aquellos países denominados del Triángulo Norte centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, Centroamérica toda atraviesa distintas situaciones que ponen en entredicho sus gobiernos republicanos y sus sistemas democráticos, por ende, sus Estados de derecho.
Las sociedades avanzan cuando sus normativas jurídicas e instituciones son capaces de garantizar la voluntad popular y permitir el involucramiento ciudadano con libertad y seguridad. En este contexto, resulta oportuno reflexionar sobre el Estado de derecho en Centroamérica. A continuación se comparten algunos aspectos que caracterizan el acontecer sociopolítico de Guatemala y Honduras.
Guatemala
Guatemala sufrió por más de 36 años un conflicto armado que forjó un desprecio hacia el cumplimiento de la norma de derecho. Esto ahora es cosa del pasado. Sin embargo, sigue padeciendo problemas estructurales, entre ellos, la violencia y la pobreza, que tienen múltiples causas sociales e históricas, rastreables desde las heredadas de la colonia hasta las que han surgido en tiempos recientes. En la actualidad, por ejemplo, la inequidad y exclusión social han propiciado la emigración de muchos guatemaltecos en busca de mejores oportunidades laborales y de desarrollo humano.
Guatemala aún necesita fortalecer la participación ciudadana como punto clave en la construcción del Estado de derecho. Esto se vuelve más imperativo si se considera que es un país con una gran diversidad cultural, pero en el que muchos de sus ciudadanos viven en condiciones de marginación y sin poder satisfacer sus necesidades básicas. Todo esto facilita la irrupción de poderes paralelos al Estado, tales como el crimen organizado y el narcotráfico, o la proliferación de la corrupción en los estamentos gubernamentales y sociales. Esto sin duda es un riesgo para el Estado de derecho.
Sin embargo, a pesar de las limitaciones, se puede observar que la ciudadanía guatemalteca ha empezado a hacer valer sus derechos. Una muestra de esto son las protestas de 2015. Ante la apatía de muchos, decenas de jóvenes guatemaltecos se organizaron para manifestarse en contra de la corrupción y la impunidad que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron en sus informes. Esta lucha fue un fenómeno positivo que dio vida a nuevas organizaciones sociales con deseos de transformar su realidad a través de participación política y ciudadana.
Estas manifestaciones sociales significan la toma de conciencia de algo fundamental: el fortalecimiento del Estado de derecho es un deber de todo aquel que ejerce la función pública, pero en este esfuerzo cada ciudadano guatemalteco debe verse involucrado, ejerciendo los derechos y deberes políticos que el marco jurídico otorga. Esto solo se puede lograr si se adquiere conciencia de que el respeto por el Estado de derecho y la búsqueda de la paz empiezan por la educación de la niñez. Si la construcción de la ciudadanía no se comienza a temprana edad, las nuevas generaciones no podrán conseguir un país donde la defensa de sus derechos sea una prioridad.
Como conclusión de lo expuesto, hay que decir que la construcción de un Estado de derecho fuerte en Guatemala implica velar por estos puntos fundamentales: 1) formar una ciudadanía participativa, a través del fortalecimiento de los estándares de conciencia, información y formación política. 2) Implementar un servicio público profesional, meritocrático y de carrera, que gestione la institucionalidad pública efectiva. 3) Implementar un modelo de desarrollo y ejecución de programas de asistencia social y educación según las mejores prácticas del mundo.
Honduras
Han transcurrido doscientos años desde la independencia, en los cuales no ha sido posible consolidar un sistema republicano estable e incluyente. Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística indican que aproximadamente el 59 % de la población vive en condición de pobreza, situación que convierte a Honduras en el país más pobre y vulnerable de la región. Por otra parte, atraviesa diversos problemas sociales relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Su ubicación geográfica hace que sea un puente idóneo entre los carteles de la droga de Colombia y México. En el terreno político prevalece además una situación de inestabilidad jurídica, injerencia entre poderes del Estado y polarización social. Estas condiciones propician altos niveles de violencia y corrupción en todos los estratos de la sociedad.
Está previsto para noviembre de 2021 un nuevo proceso de elecciones generales, en que se designará a las autoridades del periodo constitucional 2022-2026; por lo tanto, el bicentenario de independencia coincide con nuevos retos y oportunidades en ese camino por consolidar el Estado de derecho y la democracia. El gobierno entrante deberá hacer frente a problemas históricos y desafíos de un mundo cada vez más cambiante y exigente.
Las cifras macroeconómicas del país denotan la necesidad de promover políticas públicas que permitan inclusión y desarrollo. Esto vendría a disminuir los altos índices de emigración de los que son partícipes los hondureños. Durante los últimos años la población se ha visto inmersa en procesos de migración irregular (caravanas de migrantes) debido a la carencia de una vida digna en sus propios territorios.
Por ello, Honduras deberá retomar el camino que inició hace doscientos años y fortalecer el Estado de derecho asumiendo algunas tareas prioritarias que aún permanecen pendientes: garantizar la independencia de poderes, la democracia participativa, la seguridad jurídica, el funcionamiento de instituciones inclusivas y la justicia social, entre otras. En este escenario, es importante el involucramiento ciudadano en la búsqueda de consensos y políticas públicas que promuevan la dignidad y el bien común.
Hacia el futuro
Si la ciudadanía no es capaz de hacer prevalecer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, ¿qué garantía se tendrá en los años venideros en la construcción del Estado de derecho? Centroamérica no puede continuar con ese círculo vicioso donde el ciudadano se siente alejado del Estado, porque el Estado está lejos del ciudadano, y por consiguiente sobresalen los intereses particulares.
El Estado de derecho requiere de una economía social y sostenible del mercado. Es decir, una economía competitiva que se adapte a los procesos de vanguardia y promueva los derechos fundamentales de las personas. Una economía que ayude a potenciar la ubicación geográfica, diversidad cultural y riqueza natural que caracteriza a sus territorios.
Para ello se necesita una economía que respete la dignidad de las personas y el medio ambiente. Durante doscientos años ha quedado en evidencia que la práctica de una economía excluyente únicamente ha propiciado pobreza e inestabilidad en la región, por lo tanto, resalta la necesidad de un modelo económico que brinde oportunidades y bienestar para todos.
Las estadísticas son reflejo de la desigualdad y la brecha social existentes, lo que obedece a conflictos históricos y aún pendientes de resolución. Esto se traduce en altos flujos de emigración, violencia y criminalización (con mayor intensidad en los países del Triángulo Norte), donde las autoridades gubernamentales han olvidado aquellos principios que promueven los derechos fundamentales de las personas.
No obstante, en el pasado han existido esfuerzos importantes por luchar contra la corrupción y la impunidad en la zona. Destacan los casos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que pusieron en evidencia el daño que los flagelos antes expuestos generan en los sistemas de Estado de derecho y que por décadas han permanecido en estas naciones. Sin embargo, la misma inestabilidad jurídica por la que atraviesan estos países ha impedido todo intento de consolidación de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas.
De igual manera, el bicentenario de la independencia refleja que el Estado de derecho, como un sistema de partidos políticos y régimen electoral, ha sido endeble al momento de hacer prevalecer la democracia y gobernabilidad. Por ende, los ciudadanos tendrán la obligación en los años venideros de luchar por una región más justa e independiente.
Es importante preguntarse ¿serán los Estados centroamericanos capaces de brindar incentivos para trabajar, progresar e innovar? ¿Será posible que sus instituciones promuevan el Estado de derecho pleno y la dignidad de los centroamericanos? En concordancia con estos aspectos, resulta importante que las naciones centroamericanas retomen esfuerzos y trabajen en unidad. A medida que pasa el tiempo se percibe mayor división entre países y esta condición abona muy poco para el crecimiento regional.
El bicentenario de independencia se convierte en una oportunidad de nuevas reflexiones para una sociedad que merece un futuro mejor.
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