El trabajo de las comisiones de la Convención Constitucional ha terminado. En estos momentos Chile espera los últimos acuerdos de las comisiones de armonización y normas transitorias, tras los cuales se debiera entregar el documento definitivo de la Constitución el próximo 17 de junio. Es momento de analizar algunas claves de este proyecto y la coyuntura.
La Convención
El país vive el corolario de un proceso que se inició el 15 de noviembre de 2019 tras el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Este camino institucional se abrió luego del denominado estallido social que dejó en evidencia la incapacidad del Estado para canalizar las demandas expresadas de manera pacífica y violenta a lo largo de todo el país.
Recordemos que el 25 de octubre de 2020, en plena pandemia, se materializó la consulta ciudadana para la propuesta de una nueva Constitución, cuya voluntad manifestó rotundamente (casi un 80 %) su preferencia por reformar la vigente (en dicha ocasión votó aproximadamente el 50 % del padrón electoral).
Posteriormente, vinieron las elecciones para instalar una Convención Constituyente en 2021 donde se eligieron 155 constituyentes, mayoritariamente de izquierda e independientes. La propuesta de Constitución que estos entregaron debe ser aprobada o rechazada por la ciudadanía el próximo 4 de septiembre.
A tres meses del plebiscito
La radiografía actual nos indica que el apruebo y el rechazo a la propuesta de Constitución están casi empatados, aunque persiste una leve inclinación hacia el rechazo. En efecto, según la encuesta CADEN, las preferencias se han ido igualando y el apruebo ha llegado a estar a tres puntos del rechazo (42 % apruebo versus 45 % rechazo).
El país pareciera seguir dividido en posiciones bastante maniqueas e irreconciliables. Estas pueden verse modificadas en el lapso de los tres meses que restan para el plebiscito. Sin embargo, pareciera un hecho que el constituyente no ha conseguido representar a las distintas sensibilidades políticas del país y presentar un acuerdo de unión.
En tal sentido, resulta complejo afirmar que Chile está por superar la crisis institucional que dio origen al proceso de reforma constitucional. Gane el apruebo o gane el rechazo, existen algunos contenidos de la propuesta constitucional que mantienen una alta controversia entre actores políticos y ciudadanos.
Claves del proyecto
Estas son algunos detalles de los temas más controversiales que propone el proyecto de Constitución que emanó de la Convención Constituyente:
- El papel del indigenismo en materia administrativa, por ejemplo en referencia a las cuotas en las instituciones del Estado y regímenes jurídicos diferenciados.
- Reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones, lo cual significa una concentración de poder en el Congreso de diputadas y diputados.
- Trasformación del poder judicial por un sistema de justicia. Esto se hace extensivo al Ministerio Público.
- Fin a la excepción constitucional de emergencia, especialmente utilizado para el empleo de las fuerzas armadas en momento de violencia en la Macrozona Sur.
- Varios asuntos de contenidos que no necesariamente debieran estar a nivel constitucional, como el derecho al aborto, la preferencia por Latinoamérica en materia de política exterior, la revisión de las concesiones mineras y portuarias, entre otros.
- Lo que más valora la ciudadanía del texto constitucional es el cambio del principio de subsidiariedad por el de solidaridad, expresado en una Constitución que reconoce derechos sociales como la educación pública laica y gratuita «financiada con aportes basales de forma permanente, directa, pertinente y suficiente», además de la salud y vivienda, entre otros.
Esto explica que cada vez sea más clara la necesidad de seguir creando puentes de entendimiento con posterioridad al plebiscito, ya que muy posiblemente se requieran reformas o modificaciones al actual texto propuesto en materias tales como el sistema de gobierno y contrapesos, el sistema judicial (ex poder judicial), y algunos principios constitucionales como la igualdad ante la ley, entre otros asuntos.
Boric y el apruebo
El 1 de junio fue la primera cuenta pública del presidente Boric, quien lleva menos de tres meses gobernando y cuya aprobación cayó como nunca se había visto desde el retorno a la democracia, en 1990, hasta un 36 %. Sin embargo, tras este primer discurso a la nación se ha conseguido revertir la tendencia e identificar que la propuesta de cambios estructurales está estrechamente vinculada a la opción apruebo en la propuesta constitucional. Con esto Boric obtuvo un incremento de aprobación a 44 %. El secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, ha sido explícito en el vínculo entre los cambios y la nueva Constitución, ya que advierte que, de no ganar el apruebo, algunas reformas estructurales serían inconstitucionales en el marco de la Constitución actual en Chile.
Desde que asumió la actual administración, la agenda ha estado enredada en asuntos de seguridad pública por el violento conflicto en la Macrozona Sur de Chile. También por el aumento de crímenes violentos (entre estos, los homicidios) a lo largo del país y la demostración de fuerza de bandas dedicadas al narcotráfico, lo que significado dejar en evidencia un aumento en el uso de armas de fuego.
A lo señalado, debemos mencionar el fuerte aumento de la inflación pospandemia y efectos de la guerra en Ucrania. Todas razones que explican la baja en la adhesión al Gobierno, en particular, por la falta de respuesta clara en estas materias. Ello porque el Ejecutivo había comunicado que no utilizaría más a las fuerzas armadas en excepciones constitucionales para contrarrestar o mitigar la violencia en la zona centro sur del país, y que el cuerpo de Carabineros sería «refundado».
Es decir, la ciudadanía vio en esas directrices una débil respuesta del Gobierno frente a la violencia e inseguridad que ha estado presente en la agenda del país, situación a la que el gabinete se ha ido ajustando, pero con costos en materia de apoyo ciudadano.
Gobierno y Constitución
No obstante, tras el discurso, el Gobierno pareciera haber retomado la agenda, volviendo a proyectar su voluntad de transformación. De hecho, el discurso presidencial se enfocó en ejes que nos hacen recordar su programa. En tal sentido, ha sido una nueva renovación de promesas de cambios las que han conseguido un nuevo aire para el Ejecutivo y, por extensión, para el apruebo de la Constitución.
En efecto, el Gobierno comprometió el envío de una reforma tributaria al Congreso, para con ello tener capacidad de financiar un sistema de pensiones garantizadas e impulsar el fondo universal de salud, propuestas que en sí significan cambios en la columna dorsal del modelo de desarrollo que Chile conoce desde la Constitución de 1980.
En consecuencia, todo apunta a que el Gobierno y la propuesta constitucional están indexadas una de otra. Y tras la cuenta pública del 1 de junio, el presidente Boric ha sabido nuevamente empatizar con el electorado que espera las grandes transformaciones.
Las incertidumbres principales están, primeramente, en las consecuencias de una nueva decepción del electorado debido a que el Congreso está altamente fragmentado y no se aprecia fácil un acuerdo en estas materias, especialmente cuando existen fundadas dudas respecto de la capacidad de recaudación de una nueva reforma tributaria (recordemos que la anterior fue en 2017). También, en un virtual triunfo del rechazo o uno del apruebo pero por muy poca diferencia. Ello muy posiblemente debilitaría al Gobierno y sus propuestas de transformación luego del plebiscito de septiembre.
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