Si los banquetes y regalos decembrinos no nos apartaron de lo esencial, quizás hayamos dedicado algún tiempo en estos días a recordar el sentido originario de la Navidad. Nos reunimos con familiares y amigos. Meditamos en el valor del perdón y la misericordia. Recargamos así las baterías para entrar de lleno en el año nuevo.
Sin embargo, no todos pueden reincorporarse a una vida normal, ni gozar del amor y la misericordia del prójimo. Tal es el caso de los presos políticos, quienes al luchar por la libertad de todos terminan siendo injustamente privados de la suya propia. El castigo que sufren se extiende a los familiares y amigos de las víctimas. Son obligados a lidiar con el dolor de la separación forzada y los vejámenes de los perpetradores. Y aunque ningún régimen político está enteramente a salvo de estas prácticas, el asunto es mucho más grave allí donde el problema de la democracia no es su imperfección, sino su ausencia. En Iberoamérica, las situaciones más graves en este sentido seguramente se viven en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Cuba lidera la estadística
El régimen comunista que rige a Cuba desde hace más de seis décadas es el que mantiene en prisión a una mayor cantidad de presos políticos en el hemisferio occidental. De acuerdo con la organización Prisoners Defenders para finales de año un total de 1.063 personas se mantenían privadas de su libertad por distintas razones de orden político. Entre los principales cargos para imputar a los detenidos figuran desórdenes públicos, desacato, atentado, sedición o sabotaje, e incluso la de peligrosidad social predelictiva.
La cifra de presos políticos en Cuba se disparó desde el segundo semestre de 2021, luego de que en julio tuvieran lugar las mayores protestas que se recordaban por décadas en el país. En dicha ocasión, los resultados de la deficiente gestión gubernamental de la pandemia del covid-19 motivaron levantamientos populares por toda la isla. La respuesta oficial fue una intensa represión que derivó en un creciente número de detenidos. Pasaron de ser 150 en mayo de 2021 a 955 en diciembre del mismo año.
Presos políticos en Venezuela
Según indica Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, el actual régimen venezolano mantiene a 255 personas encarceladas por razones políticas. Esto luego de que el pasado 18 de diciembre se permitiera salir de la cárcel a 28 presos. Esta excarcelación es un resultado parcial de la negociación política que en sitios tan diversos como México, Barbados o Catar protagonizan los gobiernos de Caracas, Washington y la oposición venezolana. A cambio de que los EE. UU. liberasen a Álex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, éste último hizo lo propio con 10 prisioneros estadounidenses y 18 venezolanos. De los estadounidenses excarcelados, 4 fueron detenidos por razones políticas (incluyendo 2 militares acusados de participar en una operación para derrocar a Maduro). Mientras, los otros 6 estaban imputados por delitos de distinta naturaleza y eventualmente continuarán su proceso penal en EE. UU.
Entre los 18 venezolanos excarcelados se cuentan, fundamentalmente, sindicalistas y estudiantes que aún no han recuperado su libertad plena. Continúan sometidos a un incierto proceso judicial y bajo régimen de presentación quincenal. Según Alfredo Romero alrededor de 16.000 personas han sido arbitrariamente detenidas en Venezuela por motivos políticos desde las protestas de 2014. Muchas de ellas permanecen aún en ese limbo jurídico que las coacciona en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Nicaragua y la expatriación
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, a finales de octubre de este año se contabilizaban en dicho país 91 presos políticos, de los cuales 17 son mujeres y 64 hombres. Pero a esta cifra hay que añadir el hecho de que en febrero de este año unos 222 presos políticos fueron excarcelados y deportados a los Estados Unidos. Si bien la excarcelación redujo la cifra de privados de libertad, las personas deportadas fueron despojadas de su nacionalidad nicaragüense y expropiadas de sus bienes en el país.
La persecución política en Nicaragua destaca además por su particular saña contra la Iglesia Católica, la cual registra 740 ataques del sandinismo desde las protestas del 2018 (con 275 correspondientes al 2023). Varios sacerdotes fueron arrestados, encarcelados y expatriados. El caso más reciente es el del obispo Isidro Mora, capturado el pasado 20 de diciembre.
Mercosur presiona a Bolivia
En Bolivia, según informa la Global Human Rights League, para el 31 de octubre de 2023 se contabilizaban unos 279 presos políticos. Entre estos figuran casos como el de la expresidenta Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión. La oposición política ha venido promoviendo cabildos para impulsar la posibilidad de una ley de amnistía. Pero dicha posibilidad es rechazada por el oficialismo, que considera terroristas a buena parte de los detenidos.
No obstante, algunas opciones podrían abrirse ahora con la reciente incorporación plena de Bolivia al Mercosur. Esta fue acordada en la cumbre de Río de Janeiro del pasado 7 de diciembre, pero sujeta al cumplimiento del Protocolo de Ushuaia y los estándares democráticos del bloque sudamericano, con los cuales ningún país miembro debe mantener presos políticos. Cabe recordar que el incumplimiento de dichos estándares frustró, en 2017, el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur.
En definitiva, la situación continúa siendo preocupante en varios países de la región. Es mucho lo que la comunidad hemisférica puede hacer para ayudar a mejorarla.
