En Chile, el plebiscito del 4 de septiembre puso en evidencia el rumbo zigzagueante del país con respecto a su desarrollo democrático.
Un primer referéndum sobre el tema, en octubre de 2020, concluyó en la victoria del apruebo con un margen superior al esperado, un 78 % de aprobación frente a un 22 % de rechazo. La necesidad de un nuevo contrato social que regulara los aspectos negativos de un modelo neoliberal marcado por una fuerte desigualdad quedaba ampliamente ratificada. Sin embargo, en septiembre de 2022, menos de dos años después, el 62 % de los votos fueron para el rechazo, mientras que el apruebo solo obtuvo el 38 %.
Evolución democrática zigzagueante
Resulta evidente que no son plebiscitos comparables, puesto que el primero fue sobre la voluntad general de cambiar la Constitución de Pinochet (reformada por el expresidente Ricardo Lagos a inicios de la primera década del siglo XXI), cuando los ciudadanos respondieron con un claro sí. El segundo referendo, en septiembre de 2020, se refirió, en concreto, al nuevo texto constitucional propuesto y elaborado por la Convención Constitucional de Chile, designada para tal propósito entre 2021 y 2022. Aquí, la población dijo muy rotundamente no.
No cabe duda de que la exigencia de contar con una nueva carta magna persiste en la gran mayoría de chilenos. Sin embargo, las graves deficiencias en el trabajo de la Convención Constituyente dieron como resultado una derrota aplastante que hace apenas unos meses parecía imposible.
En esencia y a vista de pájaro, el resultado confirma el notorio movimiento pendular en el sistema político chileno: de la presidencia marcadamente izquierdista de Michelle Bachelet, Chile pasó a una marcadamente conservadora de Sebastián Piñera; luego de Piñera de regreso a Bachelet, de Bachelet de regreso a Piñera y, ya recientemente, de Piñera a la presidencia de Boric, más a la izquierda que la de Bachelet.
Recordemos que, en noviembre de 2021, Boric venció al diputado de derecha José Antonio Kast por un claro margen del 12 % (56 % a 44 %) y con una gran participación electoral del 56 %, la mayor en la historia del voto voluntario. Sin embargo, poco más de medio año después le siguió una derrota inapelable, esta vez con una participación electoral del 85 % debido al formato de votación obligatoria. Este nuevo y dramático giro es típico de la reciente historia democráticamente pendular de Chile y debe ser explicado.
Un amplio rechazo en todo Chile
Esta votación fue lapidaria no solo en su número, sino también en cuanto a su extensión geográfica, distribuida uniformemente por todo el territorio nacional. El rechazo triunfó en todas las regiones del país, desde Arica hasta Punta Arenas. Se esperaba que la Región Metropolitana de Santiago, la más poblada del país, fuera el bastión de la aprobación. Sin embargo, también triunfó el rechazo por más de 10 puntos porcentuales, el margen más bajo entre las regiones del país. Lo mismo aplica para Valparaíso, donde la izquierda venía de ganar elecciones por amplio margen y, sin embargo, el rechazo ganó con 58 % contra 42 %. El margen más amplio se observó en la región de Ñuble, tradicional bastión de la derecha, donde el recuento del rechazo alcanzó el 74 % de los votos.
El fenómeno se replicó a nivel de comunas o ayuntamientos. El rechazo triunfó incluso en las comunas más pobres, donde la derecha tiende a obtener peores resultados. Solo en ocho comunas ganó el apruebo, mientras que en el primer plebiscito de 2020 la situación fue la inversa, cuando el rechazo ganó en solo cinco comunas (Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, las más ricas, sumadas a Colchane, un municipio fuertemente impactado por la inmigración ilegal y La Antártica en Magallanes.
La sorpresa del rechazo
Cabe señalar que ninguna encuesta anterior vaticinó una victoria tan abrumadora. A pesar de que todas proclamaban ganadora la opción del rechazo, estimaban márgenes significativamente menores entre las dos opciones. En consecuencia, el resultado final con un margen tan amplio por el rechazo fue toda una sorpresa para la mayoría.
También debe precisarse que la paliza no significó que los ciudadanos de Chile dejaron de creer que era necesario cambiar las reglas del juego, que hasta la fecha habían favorecido a los más poderosos y al capital, sino que representó la negativa de la mayoría a la transformación radical promovida por una izquierda trasnochada.
Es innegable que el malestar de los ciudadanos de Chile por una sociedad que consideran que es injusta, que no genera beneficios proporcionales al esfuerzo, sino que les da ventajas a los privilegiados, se mantiene. La demanda por un nuevo contrato social no queda negada con el resultado del plebiscito. El rechazo es hacia el trabajo realizado por la Convención, no hacia la expectativa de un nuevo modelo de desarrollo con una mayor justicia social.
Diez razones que explican el resultado
Muchos analistas a lo largo de todo el espectro político chileno están buscando ahora las razones que explican la amplia diferencia a favor del rechazo. El rotundo fracaso del trabajo de la Convención Constitucional y, en parte, del Gobierno del presidente Boric, se debe a una combinación de factores que se pueden resumir en diez puntos.
Primero está lo que en Chile se llama maximalismo político. El grupo dominante dentro de la Convención Constitucional —esto es, la izquierda radical— buscaba alcanzar la transformación máxima con cada regla que elaboraba y no fue capaz de moderar sus expectativas. La búsqueda de una transformación profunda y la ausencia de un marco normativo claro generaron un texto que representaba a solo una parte de la población y provocó un fuerte rechazo en quienes esperaban una propuesta de transformación moderada.
Segunda razón: el radicalismo refundacional. El deseo de sentar las bases de nada menos que una nueva República fue consistente con el maximalismo que empujaba a llevar al límite el alcance de cada norma. La pretensión de revisar los símbolos patrios y eliminar la institución del Senado para crear la nueva Cámara de las Regiones son dos de varios ejemplos. Para buena parte de la población parecía que los miembros de la Convención estaban más preocupados por elaborar la antítesis de la Constitución de Pinochet que por construir un texto que apelara a la mayoría de Chile. Mientras los ciudadanos pedían dejar lo bueno y cambiar lo malo, ellos se enfocaron en borrar cualquier vestigio del orden anterior. Mientras las personas clamaban por menos delincuencia, una mejor salud y mayores pensiones, la Convención se enfocó en construir desde cero una nueva república a la medida de su ideología.
Violencia, exclusión y soberbia
El tercer punto supone la validación indirecta de la violencia. La legitimación post factum de la fuerza como herramienta política válida tuvo representación en los múltiples intentos de indulto de los autodenominados presos políticos del estallido social. Se trata de personas que cometieron delitos durante las protestas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019, que presionaron al Gobierno y al Parlamento para impulsar el camino a una nueva Constitución en Chile. La prioridad que le dio la Convención a su liberación dejó a sus miembros más cerca de los victimarios que de las víctimas de la destrucción y los saqueos.
Cuarta razón: la exclusión. La política de exclusión de facto de las minorías conservadoras y de centro, así como la política de no tramitar los proyectos de iniciativa popular, ampliamente apoyados por la ciudadanía, aumentó la brecha entre la Convención Constituyente y quienes pensaban diferente. Incluso se observaron comportamientos sectarios en los convencionales, señalaban ser los elegidos, sostener valores superiores y negaban a cualquiera que pensara diferente. Este tipo de conductas llevaron a la derecha a evaluar su permanencia en el órgano y le dieron argumentos a quienes señalaban que, en vez de construir la casa de todos, se estaba armando una construcción a la medida de la izquierda, incluyendo normativas que ponían cuesta arriba su reforma, tal como lo hizo Jaime Guzmán en la Constitución de Pinochet.
Comunicación y errores
Quinta razón: la soberbia. El éxito del referéndum inicial en octubre de 2020 y la derrota de la derecha en las elecciones generales de noviembre de 2021, embriagaron a la izquierda. La claridad de sus triunfos terminó nublando a sus líderes, quienes pensaron que el plebiscito ratificatorio era una carrera ganada. No supieron entender que la política es cada vez más dinámica y que la adhesión presente no es proyectable al futuro porque está sujeta al desempeño de quienes tienen la potestad de representar a los ciudadanos.
En vez de escuchar para disminuir los flancos que podrían poner en riesgo la aprobación del texto definitivo, cultivaron un narcisismo que no fue bien recibido por la gente, que incluso fue reconocido por los derrotados. Nunca se bajaron del pedestal, se alejaron de quienes les habían dado su apoyo y se encapsularon entre pares. La ausencia de autocrítica les impidió conectarse con la población y subestimaron el crecimiento constante del rechazo.
Mala comunicación
Sexto punto: desempeño comunicativo deficiente. El pobre desempeño de los constituyentes, desde la retórica extremista de la lingüista y activista mapuche Elisa Loncón hasta el lenguaje del abogado y locutor de radio y televisión Daniel Stingo, entre una larga lista de errores, terminaron por convencer a la población de que los constituyentes no tenían las habilidades necesarias para producir un trabajo a la altura de las expectativas de los ciudadanos. El historial de desaciertos dejó a los convencionales como actores de la campaña del rechazo; ellos se encargaron de generar el material que los promotores del rechazo sabiamente difundieron. El dossier de desaciertos fue un potente caldo de cultivo de las dudas de quienes antes votaron por el apruebo, pero ahora observaban con ojo crítico el desempeño de los convencionales y el producto de su trabajo.
Texto de mala calidad
Séptimo: un texto de mala calidad. Las dudas en torno a la calidad del texto final propuesto de la nueva Constitución cruzaron gradualmente las fronteras desde los campos del rechazo hacia quienes estaban a favor del apruebo. Cuestiones sustanciales, incluida la detección de errores en el texto final, calaron en la mayoría de los votantes de Chile. También contribuyó el gran número de artículos propuestos, muy por sobre el estándar internacional y con normas que se contradecían entre sí, entre otros aspectos técnicos. Las dudas iniciales sobre la calidad del trabajo de los convencionales se ratificaron para buena parte de la población, lo que sumado al punto anterior contribuyó de forma efectiva al contundente triunfo del rechazo.
Errores en la campaña
Octavo punto: errores en la recta final. Lo ocurrido durante el evento de aprobación en Valparaíso, donde el grupo Las Indetectables mostró a una persona que se descubría el trasero mientras otra extraía de allí una bandera chilena, lo que para este grupo representaría «abortar a Chile», generó un repudio transversal, más aún considerando que se trataba de un acto dedicado a la familia. Este tipo de hechos dejaron al apruebo en la vereda del extremismo de ultraizquierda, mermando el poco apoyo que le quedaba entre las personas que estaban a favor de cambios, pero menos radicales.
Noveno. Cabe destacar la buena campaña del rechazo, que estuvo alejada intencionalmente de los políticos tradicionales, incluyó varios mensajes constructivos y un discurso de integración en lugar de exclusión. El bando por el rechazo mostró la capacidad de detectar las dudas de la población, exacerbarlas y capitalizarlas. Los convencionales se encargaron de proveer un amplio material que fue cuajando las dudas de algunos y que se fueron convirtiendo en certezas. Al parecer, no se había elegido a las personas adecuadas y el producto de su trabajo no cumpliría con las expectativas.
Boric y el apruebo
Décimo y último punto: el apoyo y compromiso del gobierno de Boric con el apruebo terminó siendo contraproducente. El Ejecutivo arrastró al apruebo junto con la caída —a tan solo medio año en el cargo— de sus índices de popularidad. La apuesta por un despliegue ganador del Gobierno se convirtió en un lastre. La baja aprobación del Gobierno producto del aumento de los delitos de alta connotación, el pobre desempeño económico, problemas con las relaciones internacionales y los reiterados errores comunicacionales terminaron por impulsar al rechazo. Un ejemplo es el caso de la detención, en agosto, del líder del movimiento autonomista mapuche Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, a pocos días del referéndum. La ministra de Desarrollo Social de Boric, Jeanette Vega, tuvo que renunciar porque se filtraron llamadas de su jefe de gabinete al prófugo Llaitul.
Una oportunidad desperdiciada
Esté cúmulo de elementos terminó por sepultar el proyecto constitucional elaborado por la Convención en Chile que dilapidó una oportunidad única para cambiar el modelo de desarrollo del país respetando la democracia y el cauce institucional. A pesar de que en su trabajo se proponían avances interesantes en materia de género y medioambiente, por mencionar dos ejemplos, la borrachera transformadora y la constante búsqueda de la antítesis de la Constitución de Pinochet terminó por socavar la confianza en los redactores y su producto, y pavimentó el camino al aplastante triunfo de la opción conservadora.
Por último, cabe consignar que el resultado del referéndum del 4 de septiembre confirmó que el liderazgo político e ideológico de Michelle Bachelet es cosa del pasado. A pesar de que se jugó fuerte por el apruebo —fue la única de los expresidentes—, su apuesta fue derrotada de forma contundente. Esto demuestra que el modesto capital político que mantuvo más allá de su última presidencia ya no existe. Así las cosas, su anunciado regreso al país, tras finalizar su mandato como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debería acabar convirtiéndose en una anécdota más.
Tres alternativas para Chile
Después de este plebiscito, el desafío es claro. Consiste en dar continuidad al proceso y elaborar una nueva Constitución para cumplir con la voluntad popular que se manifestó con claridad a favor en el primer plebiscito de octubre. El desafío es hacerlo de mejor forma, con un trabajo prolijo orientado a elaborar una carta magna que represente a todos los chilenos. Los cuatro aspectos claves para que el proceso posterior finalice con éxito son:
Primero, la implementación de un liderazgo social ampliamente validado. A ojos de una mayoría de ciudadanos, ni el presidente, ni los partidos, ni el Congreso tienen la legitimidad necesaria para conducir el proceso en Chile. A diferencia de lo que sucedió durante el segundo y último gobierno de Piñera, cuando algunos de sus ministros se inclinaron por el rechazo mientras casi la mitad optaron por el apruebo, en el caso del Gobierno de Boric todo el gabinete estaba a favor del apruebo. Ello los deja en una posición complicada de cara al nuevo proceso, lo que se suma a la situación de los partidos y del Congreso, que se encuentran en sus mínimos niveles de confianza.
En segundo lugar, existirá la necesidad de una rearticulación, reorganización y renovación del compromiso de la centroizquierda y de la izquierda. Las tensiones entre el polo más a la izquierda, conformado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, y la ex-Concertación deberán resolverse si pretenden convertirse en una opción de mayorías. Una de las claves del triunfo del rechazo fue que los partidos de centroizquierda se desmarcaron o directamente criticaron el trabajo de la Convención llamando a votar rechazo.
El papel de la derecha
En tercer lugar, se necesita una definición más constructiva del papel de la derecha, tanto institucional como políticamente hablando. Los partidos de derecha estuvieron discretamente detrás del triunfo del voto por el rechazo, tras bambalinas. Ahora se atribuyen un triunfo que no les corresponde y utilizan el resultado para presionar al Gobierno sin tapujos. Queda por ver qué sucederá cuando tengan que asumir su rol político, tal como está ocurriendo ahora. Será importante saber el papel que jugarán cada partido y sus líderes. Hasta ahora, los principales partidos de derecha siguen a favor de un nuevo proceso constituyente, pero que tenga bordes y límites claros. La única excepción es la extrema derecha representada por Republicanos, que se marginaron de las negociaciones para un nuevo proceso constituyente. Abogan por la ratificación de la Constitución de Pinochet.
Los movimientos sociales
Cuarto aspecto: la relocación de los movimientos sociales. El papel de los movimientos sociales en el triunfo del rechazo fue más importante que el de los partidos conservadores, ya que resultó fundamental al influir en la opinión desde abajo, con voceros de perfil independiente. Queda por ver cuál será su relación con los partidos tradicionales y cómo se distribuirá su parte del poder. Ya existen algunos que manifestaron su intención de convertirse en partidos políticos, buscando seducir al elector de centro que está cansado del establishment.
A la izquierda, habrá que ver qué pasa con movimientos como la Lista del Pueblo. Obtuvo un tremendo triunfo en la elección de convencionales, pero que se fue desmembrando en medio de escándalos y polémicas hasta desaparecer. Un caso icónico fue el de Rodrigo Rojas Vade, quien llegó desde las protestas hasta la Convención como presunta víctima del cáncer. Finalmente terminó renunciando cuando se destapó que toda su historia era una farsa.
Escenarios posibles
El escenario que se avecina para Chile y su sistema institucional es tan incierto que nada se puede predecir con certeza. Con el resultado del referéndum, la inestabilidad y la complejidad del sistema han aumentado. Habrá que observar la evolución poselectoral y la definición de una nueva hoja de ruta para, ahora sí, reemplazar la Constitución del dictador.
Las tres únicas cosas que están medianamente claras son
- La Constitución actual actual está socialmente derogada.
- El mandato para redactar una nueva Constitución sigue en pie.
- Habrá que definir mejor los mecanismos de elección de una nueva Convención Constituyente que, esta vez, logre cumplir su misión siendo más equilibrada y participativa. Ésta debería actuar sin maximalismos políticos; integrando, no excluyendo; y con el foco puesto en mejorar lo que está mal y mantener lo que funciona bien sin tener que echar todo por la borda ni partir desde cero.
El optimismo inicial que indicaba que en septiembre los partidos serían capaces de llegar a un acuerdo para encauzar el proceso de elaboración de una nueva Constitución ha mutado a expectativas más realistas que hablan de un acuerdo dentro de este año. La demanda por una hoja en blanco se ha convertido en un consenso por una hoja que cuente con límites y bordes claros. La inclusión de un grupo de expertos o incluso de un árbitro versus una Convención formada solo por miembros elegidos por votación popular es otra muestra de que el proceso no será como el anterior. Lamentablemente, también evidencia que la incertidumbre es profunda, incluyendo elementos de fondo y de forma que ratifican que llegó para quedarse.
Un proceso incierto
Estamos frente a un proceso que no tiene nada definido: no tiene reglas, no tiene plazo y no tiene líder. Lo único que está claro es que existe el mandato popular de elaborar una nueva Constitución que permita cerrar definitivamente la transición del país hacia una nueva hoja de ruta que lo vuelva a colocar como el caso de éxito de la región en crecimiento, desarrollo y superación de la pobreza, ahora con un nuevo modelo definido por sus ciudadanos, no por la minoría dominante.
La amplia demanda por un nuevo contrato social que regule la relación entre el Estado y el mercado, buscando una mejor distribución de los recursos entre el capital y el trabajo, y haciendo buen uso de los recursos naturales y cuidando el medioambiente, exige que los actores políticos se pongan de acuerdo para cambiar el modelo de desarrollo. Veremos si son capaces de estar a la altura de las circunstancias.
Traducción al español: Juan Carlos Gordillo
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